El Parlamento Europeo,

–  Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y en particular sus artículos 121, apartado 2, y 136,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 18 de mayo de 2016, sobre las recomendaciones específicas por país para 2016 (COM(2016)0321),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 28 y 29 de junio de 2016 (EUCO 26/16),

–  Vista su Resolución, de 25 de febrero de 2016, sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2016(1),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 7 de abril de 2016, titulada «Semestre Europeo 2016: Evaluación de los progresos realizados en la aplicación de las reformas estructurales, prevención y corrección de los desequilibrios económicos, y resultados de los exámenes exhaustivos en virtud del Reglamento (UE) n.º 1176/2011» (COM(2016)0095),

–  Vistos los informes de la Comisión titulados «Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2016» (COM(2015)0690, «Informe sobre el mecanismo de alerta de 2016» (COM(2015)0691) , y «Proyecto de informe conjunto sobre el empleo» (COM(2015)0700), la recomendación de la Comisión sobre una Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro (COM(2015)0692), y la propuesta de la Comisión, de 26 de noviembre de 2015, de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la creación del programa de apoyo a las reformas estructurales para el período 2017 a 2020 (COM(2015)0701),

–  Visto el informe de los cinco presidentes, de 22 de junio de 2015, titulado «Realización de la Unión Económica y Monetaria en Europa»,

–  Vista su Resolución, de 24 de junio de 2015, sobre la revisión del marco de gobernanza económica: evaluación y retos(2),

–  Vista su Resolución, de 1 de diciembre de 2011, sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas(3),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de enero de 2015, titulada «Aprovechar al máximo la flexibilidad que ofrecen las actuales disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento» (COM(2015)0012),

–  Visto el Reglamento (UE) 2015/1017 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2015, relativo al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, al Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión y al Portal Europeo de Proyectos de Inversión, y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1291/2013 y (UE) n.º 1316/2013 — el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas(4),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de noviembre de 2014, titulada «Un Plan de Inversiones para Europa» (COM(2014)0903),

–  Visto el Libro Verde de la Comisión, de 18 de febrero de 2015, titulado «Construir una Unión de los Mercados de Capitales» (COM(2015)0063),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 17 de junio de 2015, titulada «Un sistema de imposición de las sociedades justo y eficaz en la Unión Europea: cinco ámbitos de actuación fundamentales» (COM(2015)0302),

–  Vista sus Resoluciones, de 5 de febrero de 2013(5) y 15 de septiembre de 2016(6), sobre la mejora del acceso de las PYME a la financiación,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y las opiniones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, de la Comisión de Desarrollo Regional y de la Comisión de Cultura y Educación (A8-0309/2016),

A.  Considerando que las previsiones de primavera de 2016 de la Comisión señalan unos índices de crecimiento del 1,6 % para la zona del euro y del 1,8 % para la Unión en 2016;

B.  Considerando que Europa sigue experimentando un importante déficit de inversiones y que es necesario incrementar la demanda interna y corregir los desequilibrios macroeconómicos, al tiempo que se fomentan las inversiones en la Unión;

C.  Considerando que el desempleo en general, y el desempleo estructural en particular, en la Unión sigue siendo uno de los principales retos a los que se enfrentan los Estados miembros, ya que se encuentra en la actualidad en un nivel muy elevado (10,5 millones de parados de larga duración en la Unión); que, aunque las cifras hayan mejorado ligeramente en comparación con los años anteriores, las tasas de desempleo juvenil y de desempleo general en los países de la periferia europea aún son mucho más elevadas que la tasa media de toda la Unión;

D.  Considerando que la caída de los precios del petróleo y el lento crecimiento económico a comienzos de 2016 parecen ser factores adicionales que han contribuido a la disminución de la tasa de inflación a niveles inferiores a cero;

E.  Considerando que los acontecimientos políticos, como el resultado del referéndum del Reino Unido y las relaciones con Rusia, así como la incertidumbre en lo tocante al desarrollo económico mundial, han contribuido a inhibir aún más la inversión;

F.  Considerando que los flujos de refugiados hacia los Estados miembros también han dificultado la inversión en los Estados miembros;

G.  Considerando que el porcentaje de aceptación de las recomendaciones del Semestre Europeo a los Estados miembros por parte de estos es similar al correspondiente a las recomendaciones unilaterales de la OCDE (29 % y 30 % respectivamente en 2014);

H.  Considerando que, en su Resolución sobre el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2016, el Parlamento Europeo acogió con satisfacción la mejor combinación de políticas al tiempo que destacó la necesidad de prestar una atención especial a la zona del euro; que, por otra parte, destacó la importancia del aumento de las inversiones, de las reformas sostenibles y de la responsabilidad fiscal con el fin de promover mayores niveles de crecimiento y la recuperación en Europa;

Los retos de Europa en el contexto de la desaceleración económica mundial

1.  Toma nota con preocupación de que la economía de la Unión crecerá menos de lo esperado según las previsiones económicas europeas de primavera de 2016, ya que se espera que el PIB de la zona del euro aumente en tan solo un 1,6 %, para alcanzar el 1,8 % en 2017;

2.  Destaca que los retos de la Unión están relacionados con el deterioro del entorno internacional, la incapacidad para aplicar reformas sostenibles y las divergencias entre los resultados económicos y sociales de distintas zonas de la Unión; destaca la necesidad de mejorar el crecimiento, la cohesión, la productividad y la competitividad; considera que la falta de inversiones sostenibles y las deficiencias en la realización del mercado único están privando a la Unión de su pleno potencial de crecimiento;

3.  Se congratula de que la Comisión se centre en sus recomendaciones específicas por país de 2016 en las tres principales prioridades para el refuerzo del crecimiento económico: apoyar la inversión en innovación, crecimiento y creación de empleo, proseguir unas reformas estructurales equilibradas desde el punto de vista social, y fomentar unas finanzas públicas responsables; subraya, sin embargo, que la Comisión debería esforzarse más para impulsar la sostenibilidad presupuestaria en consonancia con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, recurriendo plenamente al mismo tiempo a sus cláusulas de flexibilidad, de conformidad con la Comunicación de la Comisión de 13 de enero de 2015 (COM(2015)0012);

4.  Reconoce la importancia de la coherencia entre los instrumentos de la política de cohesión y el marco más amplio de la gobernanza económica, con el fin de apoyar los esfuerzos de recuperación que se requieren para lograr el cumplimiento de las normas del Semestre Europeo; destaca, no obstante, que la legitimidad de la política de cohesión se deriva de los Tratados y que esta política es la expresión de la solidaridad europea, dado que sus objetivos principales son el refuerzo de la cohesión económica, social y territorial en la Unión mediante la reducción de las disparidades entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones, la financiación de las inversiones relacionadas con los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y un mayor acercamiento de la Unión a sus ciudadanos; considera, por tanto, que las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE con una buena gobernanza económica deben aplicarse de forma razonable y equilibrada, pero solo como último recurso, y que se ha de informar sobre sus efectos; recuerda, por otra parte, que la aplicación de esas medidas siempre ha de estar justificada, ser transparente y tener en cuenta la situación económica y social del Estado miembro de que se trate, con el fin de evitar que se limiten las inversiones regionales y locales, que son absolutamente esenciales para las economías de los Estados miembros —especialmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes)—, toda vez que maximizan el crecimiento y la creación de empleo y estimulan la competitividad y la productividad, en particular en épocas de fuertes presiones sobre el gasto público; remite, por lo que respecta a los casos de los dos Estados miembros objeto de las decisiones del Consejo de 12 de julio de 2016 que provocaron sanciones en el marco del procedimiento de déficit excesivo sobre la base del artículo 126, apartado 8, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), a la propuesta de la Comisión de 27 de julio de 2016 y la decisión ulterior del Consejo de 8 de agosto de 2016, de anular las multas que se habrían podido imponer, habida cuenta de las solicitudes motivadas de los Estados miembros, de la difícil situación económica, de los esfuerzos de reforma de ambos países y de su compromiso de cumplir las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento; considera, en este contexto, que la propuesta de suspender parcialmente los compromisos de 2017 para los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE), en el marco de las medidas que vinculan su eficacia a una buena gobernanza económica, debe tener en cuenta la opinión del Parlamento, que se expresará durante el Diálogo Estructurado;

5.  Celebra la constancia del enfoque de la Comisión consistente en limitar el número de recomendaciones, así como sus esfuerzos por racionalizar el Semestre abordando esencialmente ámbitos prioritarios clave de importancia macroeconómica y social a la hora de fijar los objetivos políticos para los dieciocho próximos meses; reitera que ello facilita la aplicación de las recomendaciones sobre la base de la gama amplia y significativa de los criterios de referencia económicos y sociales existentes; subraya que la reducción del número de recomendaciones también debería traducirse en una mejor orientación temática; destaca la necesidad de reducir las disparidades económicas y de lograr una convergencia al alza entre los Estados miembros;

6.  Apoya plenamente los esfuerzos realizados para garantizar una mayor asunción nacional de responsabilidades en lo que se refiere a la formulación y la aplicación de las recomendaciones específicas por país como un proceso de reforma continuo; considera que, para reforzar la asunción nacional de responsabilidades y fomentar la aplicación efectiva de las recomendaciones específicas por país, y dado que las autoridades locales y regionales deben aplicar más de la mitad de esas recomendaciones, estas deben articularse claramente en torno a prioridades bien definidas y estructuradas a escala europea, en su caso con la implicación de los Parlamentos nacionales y de las autoridades locales y regionales; reitera que, habida cuenta del reparto de poderes y competencias en varios Estados miembros, la aplicación de las recomendaciones específicas por país podría mejorar con la participación activa de las autoridades locales y regionales, y apoya, a este fin, la propuesta relativa a un código de conducta sobre la participación de las autoridades locales y regionales en el Semestre Europeo, sugerida por la Comisión de Desarrollo Regional; pide a los Estados miembros que garanticen un verdadero control democrático de sus programas nacionales de reforma en sus Parlamentos nacionales respectivos;

7.  Subraya que la larga crisis económica europea ha puesto de relieve la necesidad imperiosa de facilitar la inversión en ámbitos como la educación, la innovación, y la investigación y el desarrollo, reforzando al mismo tiempo la competitividad de la Unión mediante la realización de reformas estructurales sostenibles destinadas a impulsar la creación de empleo de calidad y la aplicación de políticas presupuestarias responsables destinadas a crear un entorno más propicio para el empleo, las empresas (especialmente las pymes) y la inversión; toma nota del impacto del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) tras un año de funcionamiento; destaca la importancia de reforzar la utilización del FEIE en las regiones menos desarrolladas y en transición, así como el carácter realmente complementario de sus inversiones, al tiempo que se intensifican los esfuerzos por desarrollar plataformas de inversión, también a escala regional;

8.  Subraya que las tasas de desempleo aún demasiado elevadas, y especialmente los altos niveles de desempleo juvenil, muestran que la capacidad de creación de puestos de trabajo de calidad sigue siendo limitada en varios Estados miembros, y hace hincapié en que es necesario seguir actuando, en consulta con los interlocutores sociales y de conformidad con las prácticas nacionales, para incrementar la inversión en competencias, hacer que los mercados de trabajo sean más incluyentes y reducir la exclusión social y las crecientes disparidades en lo tocante a ingresos y riqueza, conservando al mismo tiempo una buena gestión presupuestaria; observa que las medidas de apoyo destinadas a facilitar el acceso a la financiación, especialmente para las pymes, son esenciales para abordar efectivamente el problema de las persistentes tasas elevadas de desempleo en muchos Estados miembros;

9.  Destaca que la situación económica actual, que combina un exceso de liquidez con unos tipos de interés en el límite inferior cero, perspectivas de debilidad en la demanda, y una inversión y un gasto limitados en los hogares y empresas, requiere la aplicación de la nueva combinación de políticas presentada por la Comisión para generar crecimiento; observa que la política monetaria por sí sola es insuficiente para estimular el crecimiento cuando no existen inversiones y reformas estructurales sostenibles;

Prioridades y objetivos de las recomendaciones de 2016

10.  Señala que la Comisión ha recomendado que tres Estados miembros salgan del procedimiento de déficit excesivo; conviene con la Comisión en que los grandes y persistentes superávits de la balanza por cuenta corriente señalan una necesidad de estimular la demanda y la inversión, y en particular la inversión a largo plazo, con miras a superar los desafíos futuros en materia de transporte y comunicaciones, economía digital, educación, innovación e investigación, cambio climático, energía, protección del medio ambiente y envejecimiento de la población; pide a la Comisión que continúe alentando unas políticas presupuestarias responsables y sostenibles que respalden el crecimiento y la recuperación en todos los Estados miembros, prestando mayor atención a la inversión y a un gasto público eficaz y apoyando las reformas estructurales sostenibles y equilibradas desde el punto de vista social;

11.  Observa que se necesitan nuevas medidas para incrementar las oportunidades de financiación, especialmente para las pymes, y reducir los préstamos no productivos en la zona del euro y de conformidad con la legislación de la Unión, con objeto de mejorar la solidez de los balances de los bancos e incrementar así la capacidad de los bancos para conceder préstamos a la economía real; destaca la importancia de completar poco a poco y realizar la unión bancaria y de desarrollar la unión de los mercados de capitales con el fin de crear un entorno estable para la inversión y el crecimiento y evitar la fragmentación del mercado financiero de la zona del euro;

12.  Destaca que, hasta la fecha, la inversión se ha quedado rezagada y no ha logrado generar un crecimiento sostenible e incluyente en la Unión ni contribuir a la mejora del entorno empresarial; considera que la política monetaria debe ir acompañada de unas políticas presupuestarias adecuadas destinadas a mejorar el crecimiento en la Unión, en consonancia con las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, incluidas sus cláusulas de flexibilidad; observa que las inversiones por parte de las administraciones de los niveles subestatales han disminuido considerablemente en los últimos años pero representan, no obstante, aproximadamente el 60% de la inversión pública en la Unión; destaca la necesidad de que los instrumentos de la política de inversión, como el FEIE y los Fondos EIE, estén debidamente combinados y sean complementarios con el fin de reforzar el valor añadido del gasto de la Unión atrayendo recursos adicionales de los inversores privados; subraya, por tanto, que en el programa de apoyo a las reformas estructurales (SRSP) se debe implicar a las autoridades locales y regionales cuando se elabore el proyecto de reforma estructural en cuestión;

Respuestas políticas y conclusiones

13.  Destaca la necesidad de mejorar la capacidad global de la Unión para crecer, crear y mantener puestos de trabajo de calidad y luchar así contra las altas tasas de desempleo creando un marco regulador que apoye el crecimiento; considera que la migración podría contribuir a compensar los efectos negativos del envejecimiento de la población, en función de la capacidad de los Estados miembros para utilizar mejor las competencias de los migrantes y adaptar los sistemas de gestión de la migración laboral a las necesidades del mercado de trabajo;

14.  Destaca la importancia que revisten los sistemas educativos incluyentes que fomentan la innovación y la creatividad y enseñan competencias pertinentes para el mercado laboral, y especialmente la formación profesional; observa que debe mantenerse un equilibrio adecuado, evitando una carrera de mínimos en lo tocante a salarios y normas laborales, entre los costes económicos, sociales y humanos, de conformidad con los valores europeos de solidaridad y subsidiariedad, prestando al mismo tiempo atención a la inversión en capital humano, la investigación y el desarrollo, la modernización de los sistemas educativos y la formación profesional, incluyendo el aprendizaje permanente; considera que se necesitan políticas bien concebidas para promover la innovación, la investigación y el desarrollo con el fin de fomentar la productividad, generar un crecimiento sostenible constante y hacer frente a los retos estructurales actuales, colmando así la brecha de innovación con otras economías;

15.  Pide a la Comisión que otorgue prioridad a las medidas encaminadas a reducir los obstáculos al aumento de los flujos de inversión y del comercio que surgen a escala de la Unión debido a la falta de claridad por lo que respecta a las estrategias que deben seguirse, en especial en los siguientes ámbitos: energía, transportes, comunicaciones y economía digital; toma nota de las repercusiones sobre los préstamos de los bancos, a raíz de la adopción de la unión bancaria y a escala nacional, que acarrean la complejidad de los sistemas jurídicos, la corrupción, la falta de transparencia en el sector financiero, la burocracia obsoleta, la inadecuada digitalización de los servicios públicos, la inadecuada asignación de los recursos, la existencia de obstáculos al mercado interior en los sectores de la banca y los seguros, y unos sistemas educativos desfasados con respecto a las necesidades del mercado laboral y la realización del mercado único;

16.  Lamenta, por lo que respecta a la Estrategia Europa 2020, primer programa de la Unión en el que se incluyó el objetivo de luchar contra la pobreza, que no se vaya a alcanzar el objetivo de reducir la magnitud de la pobreza en la Unión; considera que el objetivo de luchar contra la pobreza debe incluirse ya en la fase de elaboración de las políticas de la Unión;

17.  Hace hincapié en la importancia de evitar una presión fiscal excesiva sobre la mano de obra, puesto que el elevado nivel impositivo disminuye los incentivos para que las personas inactivas, los desempleados, las personas que representen la segunda fuente de ingresos familiares y los trabajadores con salarios bajos vuelvan a encontrar empleo;

18.  Toma nota del debate en curso entre la Comisión y los Estados miembros sobre la metodología para el cálculo de la brecha de producción;

19.  Señala que deben realizarse esfuerzos para eliminar los obstáculos a la inversión que aún existen en los Estados miembros y permitir una combinación de políticas más adecuada, orientada hacia políticas que promuevan el desarrollo sostenible, incluida una atención real al gasto en investigación y desarrollo; considera que el apoyo público y privado a la investigación y a las instituciones de enseñanza superior son factores cruciales para una economía europea más competitiva, y que la debilidad o la inexistencia de esta infraestructura coloca a determinados países en una situación de clara desventaja; destaca que no existe una receta ideal unitaria para la política de la Unión en materia de innovación, pero que para colmar la brecha existente en la Unión entre innovación y capacidad será necesario adoptar en los Estados miembros políticas en materia de innovación suficientemente diferenciadas que se basen en los éxitos ya obtenidos;

20.  Celebra el Acuerdo alcanzado en la Conferencia sobre el Clima (COP21) celebrada en París en diciembre de 2015, y exhorta a los Estados miembros y a la Comisión a que lo apliquen;

Contribución por sectores al Semestre Europeo 2016

Política social y laboral

21.  Considera que el Consejo y la Comisión deben aspirar a que los procesos de consolidación presupuestaria vayan acompañados de medidas que ayuden a reducir las desigualdades, y destaca que el proceso del Semestre Europeo debe contribuir a dar respuesta a retos actuales y emergentes, garantizando así una economía más eficaz; señala que la inversión social en capital humano deberá ser una medida complementaria esencial, puesto que el capital humano es uno de los factores de crecimiento y un motor de competitividad y desarrollo; pide que las importantes reformas estructurales defendidas en la recomendaciones específicas por país vayan acompañadas de una evaluación de impacto social de sus efectos a corto, medio y largo plazo con objeto de entender mejor sus consecuencias sociales, económicas y para el empleo, en particular su repercusión en la creación de puestos de trabajo y en el crecimiento económico;

22.  Subraya que el desempleo, y en particular el desempleo juvenil, sigue siendo un problema muy importante para las sociedades europeas y que, según la Comisión Europea, el desempleo ha seguido bajando progresivamente pero continúa por encima de los niveles de 2008, con 21,2 millones de desempleados en abril de 2016 y enormes diferencias entre los Estados miembros; señala la necesidad de llevar a cabo una evaluación cualitativa y cuantitativa del empleo creado, a fin de evitar aumentos de las tasas de empleo debidos simplemente al empleo precario o a la disminución de la fuerza de trabajo; señala que, a pesar de dar resultados en cuanto a capacidades y conocimientos, los sistemas de educación y formación de algunos Estados miembros no obtienen buenos resultados a nivel internacional y presentan déficits crecientes de competencias, lo que contribuye a que el 39 % de las empresas sigan teniendo dificultades para hallar personal con las competencias requeridas; insiste en que en las recomendaciones específicas por país debe concederse una mayor prioridad a solucionar los desequilibrios estructurales del mercado laboral, incluidos el desempleo de larga duración y la inadecuación de las cualificaciones, y subraya la necesidad de seguir invirtiendo y mejorando los sistemas educativos y de formación y de proporcionar a la sociedad los instrumentos y las capacidades necesarios para readaptarse a las variables demandas del mercado laboral;

23.  Señala que, entre 2008 y 2014, el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social en la Unión aumentó en 4,2 millones, llegando a un total de más de 22 millones (el 22,3 %); observa que la Comisión ha declarado que «la mayoría de los Estados miembros todavía se enfrentan a una crisis social aguda, legado de la crisis»; pide que la Comisión y los Estados miembros redoblen sus esfuerzos para reducir la pobreza, la exclusión social y las crecientes desigualdades a fin de abordar las disparidades económicas y sociales entre los Estados miembros y dentro de sus sociedades; opina que combatir la pobreza y la exclusión social y reducir las desigualdades debe ser una de las prioridades recogidas en las recomendaciones específicas por país, pues es fundamental para lograr un crecimiento económico duradero y un ritmo de aplicación sostenible desde el punto de vista social;

24.  Recuerda que, como ha afirmado el Parlamento, unas reformas responsables desde el punto de vista social deben basarse en la solidaridad, la integración, la justicia social y una distribución justa de la riqueza, es decir, un modelo que garantice la igualdad y la protección social, proteja a los grupos vulnerables y mejore las condiciones de vida para todos los ciudadanos;

25.  Está convencido de que el crecimiento económico debe garantizar un impacto social positivo; acoge con satisfacción la introducción de tres nuevos indicadores de empleo clave en el cuadro de indicadores macroeconómicos; reitera su llamamiento para que estos indicadores se consideren del mismo nivel que los indicadores económicos existentes, garantizando así que se evalúen mejor los desequilibrios internos y haciendo más eficaces las reformas estructurales; pide, a este respecto, que, para evitar una aplicación selectiva, sea posible utilizar estos indicadores para realizar análisis exhaustivos a fin de comprender mejor la relación causa-efecto de las políticas y acciones; propone que en la elaboración de las recomendaciones específicas por país se introduzca el procedimiento de desequilibrios sociales para evitar una carrera de mínimos en términos de normas sociales, partiendo de un uso eficaz de los indicadores sociales y de empleo en la supervisión macroeconómica; opina que la equiparación de los indicadores de empleo y económicos tendría que ir acompañada de una revalorización equivalente del papel que desempeña el Consejo EPSCO en el Semestre Europeo;

26.  Considera que la introducción de los tres indicadores de empleo demuestra que la Estrategia Europea de Empleo, incluidas las orientaciones para las políticas de empleo, desempeña un papel importante en el proceso de gobernanza económica de la Unión, pero que es necesario redoblar los esfuerzos, en especial a través de la introducción de indicadores sociales;

27.  Reconoce que la Comisión ha empezado a trabajar en el establecimiento de un pilar europeo de derechos sociales, pero le recuerda que debe presentar los resultados de la consulta y seguir adelante con nuevas medidas eficaces para lograr una Unión más estrecha y más justa, y que debe desempeñar un papel de más importancia a la hora de atajar la desigualdad; destaca, a este respecto, el Informe de los cinco presidentes, que pide una mayor convergencia económica y social, pero reconoce que no existen soluciones válidas para todos los casos; considera, a este respecto, que las distintas políticas comunes deben adaptarse a los distintos Estados miembros; considera que las medidas europeas también deben abordar las desigualdades y las diferencias de ingresos en el interior de los Estados miembros y deben hacer más que limitarse a atender la situación de quienes pasan más necesidades;

28.  Reconoce que el Semestre Europeo actualmente se centra más en los resultados en materia social y de empleo; pide a los Estados miembros, con el debido respeto de sus competencias, que tomen medidas urgentes para garantizar trabajos dignos con salarios dignos, el acceso a rentas mínimas adecuadas y la protección social (que ya ha reducido la tasa de pobreza del 26,1 % al 17,2 %), así como unos servicios públicos de calidad, y aboga por el desarrollo y el establecimiento de un verdadero sistema sostenible de seguridad social; pide a la Comisión que ofrezca a los Estados miembros apoyo y un intercambio de buenas prácticas para mejorar la capacidad administrativa en los planos nacional, regional y local, pues es fundamental para dar un nuevo impulso a las inversiones a largo plazo y garantizar la creación de empleo y un crecimiento sostenible;

29.  Destaca que el establecimiento y la gestión de los sistemas de seguridad social son una competencia de los Estados miembros que la Unión coordina pero no armoniza;

30.  Reconoce que la fijación de salarios es una competencia de los Estados miembros que debe respetarse, en consonancia con el principio de subsidiariedad;

31.  Toma nota de que el desempleo juvenil ha disminuido, pero señala que sigue estando en niveles increíblemente elevados con más de cuatro millones de menores de veinticinco años desempleados en la Unión, 2 885 000 de los cuales se encuentran en la zona del euro; lamenta que, más de tres años después del comienzo de la Iniciativa de Empleo Juvenil, los resultados de su aplicación sean tan desiguales y, en ocasiones, ineficaces; pide a la Comisión que presente en octubre de 2016 un análisis exhaustivo de su aplicación que constituya la base para continuar con el programa;

32.  Recuerda que en muchos Estados miembros las prestaciones de desempleo disminuyen año tras año, a consecuencia, entre otras cosas, del desempleo de larga duración, por lo que aumenta el número de personas que vive por debajo del umbral de la pobreza y exclusión social; pide que se garanticen unas prestaciones de desempleo adecuadas que les permitan vivir con dignidad y que se tomen medidas para integrar gradualmente a estas personas en el mercado laboral;

33.  Destaca que los desequilibrios en los sistemas de pensiones se deben fundamentalmente al desempleo, la devaluación salarial y la precarización del empleo; solicita, por tanto, reformas que garanticen una financiación adecuada para hacer posible que el primer pilar de las pensiones sea firme y garantice unas pensiones dignas, como mínimo absoluto a un nivel superior al umbral de pobreza;

34.  Recuerda una vez más que la libre circulación de las personas es fundamental para mejorar la convergencia y la integración entre los países europeos;

35.  Observa el aumento de las recomendaciones (a cinco Estados miembros) sobre los sistemas de renta mínima, pero, teniendo en cuenta que las grandes desigualdades en materia de renta no solo perjudican a la cohesión social, sino también al crecimiento económico sostenible (como han declarado recientemente el FMI y la OCDE), pide a la Comisión que cumpla la promesa hecha por el Presidente Juncker en su discurso inaugural de proporcionar una renta adecuada a todos los europeos a través de un marco europeo de renta mínima para cubrir los costes de subsistencia, respetando las prácticas nacionales y el principio de subsidiariedad;

36.  Expresa su preocupación ante el aumento de las desigualdades de ingresos, asociado, en parte, a la insuficiencia de las reformas del mercado laboral; pide a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen medidas que mejoren la calidad del empleo a fin de reducir la segmentación del mercado laboral, combinadas con medidas para aumentar los salarios mínimos a un nivel digno y fortalecer la negociación colectiva y la posición de los trabajadores en los sistemas de fijación de sueldos para reducir la dispersión salarial; advierte de que, en las últimas décadas, la dirección de empresas se ha llevado una parte mayor de los beneficios económicos, mientras que los salarios de los trabajadores se han estancado o reducido; considera que esta dispersión excesiva de los salarios aumenta las desigualdades y perjudica a la productividad y la competitividad de las empresas;

37.  Expresa su preocupación ante el hecho de que el desempleo de larga duración siga siendo elevado —10,5 millones de personas en la Unión— y recuerda que la integración en el mercado laboral de las personas en situación de paro prolongado es crucial para garantizar la sostenibilidad de los sistemas de protección social, así como para su confianza en sí mismos; lamenta, por tanto, la inacción de los Estados miembros por lo que se refiere a la puesta en práctica de la recomendación del Consejo relativa a la integración de las personas en situación de paro prolongado en el mercado laboral; reitera su petición a la Comisión de que apoye los esfuerzos por brindar oportunidades de formación permanente incluyentes para trabajadores y solicitantes de empleo de todas las edades y de que tome medidas cuanto antes para mejorar el acceso a la financiación de la Unión y movilizar recursos adicionales siempre que sea posible;

38.  Considera que la protección social, que incluye las pensiones y servicios como la atención sanitaria, los cuidados infantiles y los cuidados de larga duración, siguen siendo esenciales para lograr un crecimiento equilibrado e integrador, contribuir a una vida laboral más duradera, crear empleo y reducir las desigualdades; pide, por tanto, a la Comisión y a los Estados miembros que fomenten políticas que garanticen la suficiencia, la adecuación, la eficacia y la calidad de los sistemas de protección social a lo largo del ciclo vital de las personas, y que garanticen una vida digna, hagan frente a las desigualdades e impulsen la inclusión con el objetivo de erradicar la pobreza, sobre todo en el caso de los excluidos del mercado laboral y los grupos más vulnerables;

39.  Recuerda los obstáculos y las barreras, físicas y digitales, que siguen encontrando hoy en día las personas con discapacidad; espera que el Acta Europea de Accesibilidad lanzada por la Comisión pueda aplicarse pronto y centrarse en acciones concretas y eficaces para favorecer la inclusión y el acceso;

Mercado interior

40.  Acoge con satisfacción el gran número de recomendaciones específicas por país que apoyan un mercado único integrado que funcione correctamente, como las oportunidades de financiación e inversión que apoyan a las empresas, y en particular a las pymes, y contribuyen a la creación de empleo, la administración electrónica, la contratación pública y el reconocimiento mutuo, incluido el reconocimiento mutuo de cualificaciones; subraya que la garantía del cumplimiento es clave para que se perciba el impacto de estos ámbitos políticos; considera fundamental, en este sentido, que la Comisión preste la máxima atención posible, en el contexto de las recomendaciones específicas por país, a la introducción de reformas a largo plazo que tengan una repercusión importante, sobre todo en materia de inversiones sociales, empleo y formación;

41.  Afirma que el mercado único es la columna vertebral de la economía de la Unión y hace hincapié en que un mercado único participativo y dotado de una gobernanza reforzada que fomente la mejora de la regulación y la competencia es un instrumento fundamental para impulsar el crecimiento, la cohesión, el empleo y la competitividad y mantener la confianza de las empresas y los consumidores; pide en consecuencia a la Comisión que observe los progresos de los Estados miembros y reitera la importancia de la inclusión formal del pilar del mercado único en el Semestre Europeo para que sea posible la observación continua de los indicadores del mercado único, lo que permitirá el seguimiento y la evaluación sistemáticos de los progresos de los Estados miembros en relación con las recomendaciones específicas por país;

42.  Acoge con satisfacción la determinación de la Comisión para encarar la falta de coordinación fiscal en la Unión y, en particular, las dificultades a que se enfrentan las pymes como resultado de la complejidad de las diferentes normativas nacionales en materia de IVA; pide a la Comisión que evalúe la viabilidad de una mayor coordinación y, en particular, la posibilidad de que exista un planteamiento del IVA simplificado en el mercado único digital;

43.  Condena las barreras aún existentes o creadas que obstaculizan un mercado único integrado que funcione correctamente; llama la atención, en particular, sobre la transposición y la aplicación parciales de la Directiva sobre servicios por muchos Estados miembros, y pide a la Comisión que haga cumplir más eficazmente aquello a lo que los Estados miembros se han comprometido en el marco del Derecho europeo; recuerda el compromiso de la Comisión de recurrir, en caso necesario, a los procedimientos de infracción para garantizar la plena aplicación de la legislación sobre el mercado único de bienes y servicios y en la esfera digital;

44.  Señala que el sistema de reconocimiento de las cualificaciones profesionales descansa en los principios de confianza mutua entre los ordenamientos y de comprobación recíproca de la calidad de las cualificaciones; observa que se necesitan más medidas para aplicar mejor el reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales; destaca que resulta esencial una observancia adecuada y una mejora de la legislación, dada la fragmentación del mercado único, que restringe la actividad económica y la oferta para los consumidores, y considera que esos dos principios deben aplicarse a todos los sectores empresariales y a la legislación presente y futura; acoge con satisfacción el ejercicio de inventario de cualificaciones y profesiones reguladas, que creará una base de datos pública interactiva que podrá servir de ayuda a los planes de acción nacionales de los Estados miembros;

45.  Lamenta que las recomendaciones específicas por país continúen señalando en la contratación pública deficiencias como la falta de competencia y de transparencia, y que 21 Estados miembros aún no hayan transpuesto plenamente el paquete legislativo, lo cual ha llevado a la distorsión del mercado; pide a la Comisión que actúe con rapidez para garantizar que los Estados miembros cumplan sus obligaciones legales incoando los procedimientos de infracción necesarios; pide a la Comisión que verifique sistemáticamente, de forma eficiente y transparente, que los procedimientos administrativos no supongan una carga desproporcionada para las empresas ni obstaculicen la participación de las pymes en la contratación pública;

46.  Apoya a los Estados miembros en sus esfuerzos de modernización de los servicios de la administración pública, en particular mediante la administración electrónica, solicita una mejor cooperación transfronteriza, la simplificación de los procedimientos administrativos y la interoperabilidad de las administraciones públicas, en beneficio de todas las empresas y los ciudadanos, y pide al mismo tiempo a la Comisión que, cuando la digitalización de los servicios públicos sea financiada con cargo al presupuesto de la Unión, lleve a cabo controles eficaces sobre la adecuación del uso de los fondos;

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47.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a los Presidentes del Consejo, de la Comisión, del Eurogrupo y del BCE, así como a los Parlamentos nacionales.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0058. (2) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0238. (3) DO C 165 E de 11.6.2013, p. 24. (4) DO L 169 de 1.7.2015, p. 1. (5) DO C 24 de 22.1.2016, p. 2. (6) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0358.