El Parlamento Europeo,

–  Vista la Comunicación de la Comisión relativa al empleo en las zonas rurales y a colmar el déficit de puestos de trabajo (COM(2006)0857),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y las opiniones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0285/2016),

A.  Considerando que las zonas rurales suponen más del 77 % del territorio de la Unión Europea y que, en ellas, un gran número de puestos de trabajo, a menudo no deslocalizables, están vinculados a la agricultura y a la industria agroalimentaria;

B.  Considerando que la agricultura y la industria agroalimentaria representan el 6 % del PIB de la Unión Europea, 15 millones de empresas y 46 millones de puestos de trabajo;

C.  Considerando que en muchos países europeos el número de agricultores se ha ido reduciendo de manera considerable durante las últimas décadas en las zonas rurales, al igual que sus ingresos y los de otros trabajadores del sector agrícola, y que ha seguido disminuyendo el empleo agrícola en esas zonas; que entre 2005 y 2014 decrecieron casi en una cuarta parte (-23,6 %) los insumos del trabajo agrícola en la UE-28(1)a;

D.  Considerando que si bien la agricultura sigue siendo el uso principal de la tierra en Europa, tan solo representa una pequeña parte de la población activa de las zonas rurales; que la diversificación del uso de la tierra en las zonas rurales, que combina una función económica productiva con funciones de uso residencial y ocio y de protección y conservación de la naturaleza, representa un importante desafío en términos de desarrollo y empleo en las diversas regiones rurales de la Unión; que, si bien algunas regiones registran en los últimos años una inversión demográfica de sus flujos migratorios negativos y un aumento de la población que desea vivir en el campo, lo que genera en muchos casos un fenómeno de periurbanización, también existe una tendencia descendente en las regiones mucho menos prósperas, donde el aislamiento constituye un problema y el apoyo al desarrollo y el empleo resultan más complicados;

E.  Considerando que muchas zonas rurales se enfrentan a una serie de retos, como unos bajos ingresos, una tasa demográfica negativa, una falta de puestos de trabajo y un alto nivel de desempleo, un desarrollo lento del sector terciario, una falta de capacidades de transformación de los productos alimentarios, unas competencias reducidas y un capital limitado;

F.  Considerando que más de nueve de cada diez europeos consideran que la agricultura y las zonas rurales son importantes para su futuro;

G.  Considerando que los ingresos por unidad de trabajo de las actividades agrícolas son relativamente bajos, lo que constituye un motivo de preocupación;

H.  Considerando que la crisis económica ha afectado a toda Europa, pero a las zonas rurales más que a ninguna otra;

I.  Considerando que, frente a la actual crisis económica, la Unión ha hecho del empleo una de sus prioridades fundamentales, especialmente a través del FEIE, y que, en este sentido, debe mejorarse la eficacia de la PAC y reafirmarse su legitimidad como uno de los instrumentos principales de acción europea destinados al mantenimiento y la creación de empleo y competitividad en las zonas rurales, sobre todo en el sector agrario; que, en este contexto, es necesario evaluar en qué grado influye la PAC en la creación y el mantenimiento del empleo en las zonas rurales;

J.  Considerando que es de vital importancia mantener los dos pilares de la PAC, ya que el primer pilar evita la salida de las explotaciones pequeñas y familiares y mantiene el empleo del sector agrario, y los fondos del segundo pilar garantizan la creación de empleo en otros ámbitos, como el turismo, la transformación de alimentos y demás sectores conexos;

K.  Considerando que la agricultura europea afronta una serie de retos relacionados con la producción de alimentos y la seguridad alimentaria, el medio ambiente, la biodiversidad, la sostenibilidad, la energía y el cambio climático, y que es fundamental reforzar la relación entre la sociedad y la agricultura, desarrollar soluciones innovadoras para responder a dichos desafíos, asegurar la resiliencia y la competitividad del sector y replantearse los objetivos de una auténtica política pública en interés de todos, siendo este uno de los aspectos más destacados de la integración europea;

L.  Considerando que durante demasiado tiempo se ha prestado una atención insuficiente al cambio de enfoque de la agricultura hacia la reterritorialización —ese necesario vínculo entre la producción y el empleo en un determinado territorio— y que es nuestro deber apoyar la agricultura como una actividad básica llevada a cabo por hombres y mujeres en las zonas que habitan, al objeto de garantizar unas zonas rurales dinámicas y con abundante empleo; que dicho cambio de enfoque contribuirá asimismo a un equilibrio sano entre los desarrollos urbano y rural;

M.  Considerando que la agricultura urbana y periurbana desempeña un papel creciente y suscita un interés cada vez mayor y que se registra un cambio en el modelo de consumo que combina varios elementos, entre otros, una huella medioambiental mínima, una producción local de alta calidad y el reconocimiento del valor del trabajo realizado por los pequeños productores y los productores regionales;

N.  Considerando que los fundamentos de la última reforma de la PAC han permitido reorientar y repartir de un modo más equitativo las ayudas entre los Estados miembros y los distintos sectores agrícolas, y han confirmado la función económica y de estabilización social de la PAC en lo que respecta a las explotaciones agrícolas y las regiones rurales;

O.  Considerando que, pese a que algunos estudios hayan revelado que los pagos directos a través del primer pilar no crean directamente empleo, estos desempeñan un papel esencial a la hora de mantener puestos de trabajo y la presencia de los agricultores en el territorio; que, de retirarse este apoyo político, el 30 % de los agricultores europeos se verían obligados a cesar su actividad y abandonar el sector agrario; que estos pagos mantienen vivas las pequeñas explotaciones agrícolas y las zonas rurales;

P.  Considerando que el apoyo mediante el pago directo a los agricultores de las zonas periféricas con explotaciones en terrenos menos favorecidos o marginales es esencial no solo para garantizar la presencia de estos agricultores en el territorio y que perciban un salario digno, sino también para asegurar la protección de estas tierras y su atractivo para el turismo;

Q.  Considerando que el principal objetivo del primer pilar de la PAC reformada es la seguridad del abastecimiento alimentario, que ayuda a mantener el empleo agrario existente, y que hay un requisito en favor de garantizar una distribución más equitativa de los pagos del primer pilar para maximizar la repercusión positiva de este apoyo;

R.  Considerando que la experiencia sobre el terreno indica que son posibles otras vías de desarrollo agrario que permiten lograr mejores resultados en cuanto a la calidad de los alimentos y el rendimiento agronómico, socioeconómico y medioambiental; que es importante apoyar y fomentar la diversidad de los sistemas agrícolas, y que las pequeñas y medianas explotaciones, que por regla general tienen un mayor grado de diversificación, innovación y flexibilidad, se organizan mejor en forma de grupos de productores y cooperativas agrarias y benefician a las comunidades donde se ubican, lo que respalda la economía rural, clave para el desarrollo de la agricultura europea;

S.  Considerando que la crisis actual demuestra que, en el marco de una política agrícola común orientada al mercado, es esencial mantener una organización común de los mercados agrícolas y definir nuevos instrumentos de regulación adaptados a fin de garantizar la estabilidad de los precios y el mantenimiento del empleo y de la renta agrícolas;

T.  Considerando que los agricultores europeos operan en un mercado cada vez más global, por lo que están más expuestos a la volatilidad de los precios que otros sectores

U.  Considerando que el actual sistema de pagos de la cadena de suministro de alimentos no garantiza una distribución sostenible del valor añadido y, a menudo, conduce a que las ganancias de los productores primarios no sean suficientes siquiera para cubrir sus costes;

V.  Considerando que las zonas rurales, en comparación con las urbanas, suelen caracterizarse por unos niveles de desempleo estadísticamente más altos y unas rentas de sus residentes significativamente más bajas, así como por unas infraestructuras menos atractivas y un menor acceso a los servicios, cuyos costes de prestación son elevados debido a una inferior densidad de población y a una menor accesibilidad;

W.  Considerando que la creación de empleo en las zonas rurales debe formar parte de una política sostenible adaptada a los territorios específicos y conlleva el mantenimiento y fomento de las actividades agrarias y las relacionadas indirectamente con los sectores agrícola y forestal y las actividades rurales, las cuales traban un vínculo social y de solidaridad entre los distintos agentes y fomentan la mejora del medio ambiente;

X.  Considerando que el futuro de las zonas rurales no depende exclusivamente de la evolución del sector agrario, sino que también está vinculado a la diversificación y el mantenimiento de otras actividades económicas, como la silvicultura, la artesanía y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas y de capacidades de producción integrada, el turismo rural, las actividades recreativas, educativas y deportivas (equitación, por ejemplo) y la utilización sostenible de los recursos agrícolas y silvícolas (incluidos los residuos) para la producción de energía renovable o de biomateriales y productos basados en procesos ecológicos; que existe una necesidad de políticas locales descentralizadas vinculadas a aspectos socioeconómicos y a la identidad y cultura rurales, y de un auténtico sistema territorial, que busque sinergias y el aprovechamiento conjunto de los recursos rurales mediante planteamientos colectivos e intersectoriales, incluido el uso de otros fondos de la UE para estimular el desarrollo y el empleo rurales, al tiempo que se asegura que se cuenta con infraestructura rural;

Y.  Considerando que es fundamental a tal efecto poner el acento en el gran número de empleos dependientes de la ubicación y de actividades específicas agrícolas, como la silvicultura, que no pueden deslocalizarse y conllevan servicios alimentarios y no alimentarios, tales como la conservación y gestión del paisaje y de las aguas;

Z.  Considerando que conviene apoyar sobre todo a las pequeñas explotaciones familiares, en otras palabras, a los agricultores que, de manera individual o colectiva, gestionan sus explotaciones de una forma responsable, independiente y eficaz y son capaces de resolver los problemas ajustando sus decisiones o métodos de producción y diversificando sus actividades con miras a adaptarse a los constantes cambios estructurales en el sector agrícola;

AA.  Considerando que el potencial de las mujeres que trabajan en una empresa o que gestionan una empresa en las zonas agrícolas y rurales debe ser examinado, registrado y promovido en todas las políticas de la Unión y no penalizado por ninguna de ellas, ya que esta es la condición necesaria para que las mujeres puedan ser artífices del desarrollo y la innovación, ayudando a todo el sector a superar la crisis; que las mujeres deben implicarse en los planes de desarrollo del sector a escala local y regional, de modo que estos puedan aprovechar sus necesidades, experiencias y enfoques y que, por lo tanto, las mujeres deben contar con las competencias necesarias para participar activamente en su concepción;

AB.  Considerando que en 2010 solo el 7,5 % de los agricultores tenían menos de 35 años y que más de 4,5 millones de gestores de explotaciones agrícolas sobrepasa los 65 años, y que los artículos 50 y 51 del Reglamento (UE) n.º 1307/2013 en el marco de la PAC incluyen disposiciones para apoyar el relevo generacional en el sector agrario;

AC.  Considerando que en muchos Estados miembros las mujeres del mundo rural tienen un acceso restringido al mercado laboral tanto en la agricultura como en otros sectores y que sufren una brecha salarial mayor que en otros ámbitos, a pesar de que su función es extremadamente importante para el desarrollo y la vida social de las zonas rurales y, en particular, de las explotaciones agrícolas que han diversificado sus actividades (ofreciendo turismo rural, productos de calidad, actividades recreativas, educativas y deportivas, y otros servicios); que la iniciativa empresarial femenina puede constituir un importante pilar del desarrollo sostenible de las zonas rurales desde los puntos de vista social, económico y medioambiental; que el acceso desigual a la tierra es un factor que limita las oportunidades de las mujeres a la hora de desarrollar un negocio en el sector agrícola; que, de media, el 29 % de las explotaciones agrícolas europeas están gestionadas por mujeres;

AD.  Considerando que el número de variedades cultivadas de un modo industrial es pequeño; que las variedades y razas locales contribuyen al mantenimiento de la biodiversidad y de los medios de subsistencia en las regiones y de la producción local;

AE.  Considerando que es necesario hacer más atractivo el entorno rural para las nuevas generaciones, favoreciendo una formación que apueste por la innovación y la modernización profesional y tecnológica;

AF.  Considerando que el marco universal que proporcionan los sistemas de evaluación de la sostenibilidad para la agricultura y la alimentación (SAFA) fue desarrollado por la FAO;

AG.  Considerando que el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) puede destinarse a la formación profesional y la adquisición de competencias en los distintos ámbitos de actividad de las zonas rurales;

En el marco de la PAC actual

1.  Pide a todos los Estados miembros que faciliten a los jóvenes agricultores perspectivas a largo plazo para afrontar la despoblación del medio rural, apliquen una estrategia global de relevo generacional y, para ello, hagan pleno uso de todas las posibilidades que ofrece la nueva PAC a la hora de apoyar a los jóvenes agricultores y a los nuevos operadores, también de fuera del entorno familiar, en particular mediante las ayudas a los jóvenes agricultores del primer y el segundo pilar, y faciliten el establecimiento y el emprendimiento de los nuevos operadores mayores de cuarenta años; señala asimismo que estas medidas deberían completarse y ser compatibles con las disposiciones de las políticas nacionales (sobre el uso de la tierra, la fiscalidad, la seguridad social, etc.), incluido el apoyo en virtud de los artículos 50 y 51 del Reglamento (UE) n.º 1307/2013;

2.  Señala que la gran mayoría de pagos directos de la PAC van a parar a las explotaciones agrícolas más ricas, de forma que en 2014 apenas el 13 % de los beneficiarios recibió el 74 % de los gastos en concepto de pago directo de la PAC; opina que esto no contribuye a la creación de empleo en el sector agrario, puesto que las pequeñas explotaciones tienen un mayor nivel de intensidad de mano de obra y el 53 % de los trabajadores agrícolas lo hace en explotaciones de dimensiones económicas reducidas; aboga por una distribución mejor de los pagos de la PAC en favor de los pequeños agricultores;

3.  Anima a los Estados miembros a que redoblen su apoyo a las pequeñas y medianas explotaciones, en particular haciendo un mayor uso del pago redistributivo; les pide asimismo que establezcan acuerdos que favorezcan a las empresas organizadas de un modo eficiente y a aquellas que utilicen los instrumentos jurídicos de agrupamiento de empresas;

4.  Considera que la PAC debe tener más en cuenta los territorios con desventajas geográficas (áreas de montaña, territorios de ultramar, zonas ultraperiféricas o sensibles desde el punto de vista medioambiental), ya que el mantenimiento de la agricultura es un vector esencial para un desarrollo económico, social y medioambiental centrado en el empleo; afirma, no obstante, que la PAC debe considerar asimismo las nuevas dinámicas de periurbanización y prestar apoyo a los territorios periurbanos por lo que respecta a las restricciones asociadas a sus particularidades;

5.  Recuerda que los Estados miembros han utilizado profusamente la posibilidad de conceder pagos no disociados que, al hacer posible el mantenimiento y el desarrollo de la producción en un lugar determinado, garantizan el empleo en las zonas desfavorecidas, y pide a los Estados miembros que incrementen el peso de este tipo de apoyo a los agricultores en activo, lo hagan más flexible y lo utilicen en mayor medida en favor de un mejor abastecimiento de proteínas vegetales en la Unión, una materia prima para la que depende de importaciones de terceros países; sugiere además que el nivel del pago no disociado voluntario podría modularse en función del nivel de empleo del cultivo de que se trate, de forma que se apoye más las producciones que utilicen más mano de obra;

6.  Señala que, en el período de programación actual y de conformidad con el programa de desarrollo rural, se prevé una ayuda específica para el cultivo de variedades locales y la cría de razas locales, a fin de promover el empleo regional y apoyar la biodiversidad; pide a los Estados miembros que introduzcan mecanismos mediante los cuales las agrupaciones y organizaciones de productores y agricultores que cultivan variedades locales y crían razas locales puedan recibir ayudas específicas;

7.  Insiste en que la necesaria aplicación de la dimensión medioambiental de las ayudas directas debe tener lugar en un marco de sostenibilidad y viabilidad de las explotaciones y contribuir al mantenimiento y la creación de nuevos puestos de trabajo, entre otros ámbitos, en la conservación de la biodiversidad, el agroturismo y la gestión del medio rural, por ejemplo de fincas rústicas y residencias históricas; insta a la Unión a que vele por la simplificación y la aplicación sencilla, completa y sin dificultades de la normativa medioambiental; resalta que la dimensión medioambiental no debe conducir a una reducción o abandono de la producción agrícola, que es especialmente sensible en las zonas montañosas y periféricas;

8.  Considera que, ante el fenómeno de la mortalidad excesiva de las abejas domésticas registrado en varios Estados miembros de la Unión y dado el papel que desempeña este polinizador en la seguridad alimentaria y la economía de muchos sectores vegetales, la Unión debería ayudar más a este sector, adoptando una auténtica estrategia europea de repoblación de abejas; añade que esta acción no requeriría grandes inversiones, si bien generaría muchos puestos de trabajo, tanto mediante una diversificación de las actividades en las explotaciones agrícolas existentes como a través de la creación de nuevas explotaciones agrícolas especializadas que, según estimaciones de los expertos, serían viables con 200 colmenas y cuya principal vocación sería la cría de reinas seleccionadas y de enjambres y, después, la producción de miel, de la que la Unión es gravemente deficitaria; indica que este enfoque, que se apoya en varias estrategias europeas —en materia de innovación, integración social y creación de empleo— está en perfecta consonancia con la voluntad de reorientar la política agrícola común y el desarrollo de la agricultura hacia una mayor sostenibilidad;

9.  Señala que, a fin de mantener los empleos en las explotaciones, el sector debe adoptar nuevas herramientas de gestión de riesgos y aumentar la utilización de instrumentos como las organizaciones de productores en el marco de la OCM única y en el segundo pilar para responder mejor a la volatilidad y las exigencias del mercado global; considera que las medidas de mercado y las medidas excepcionales de gestión de crisis y de riesgos previstas por la OCM única y en el segundo pilar deberían aplicarse de forma mucho más rápida y activa, con la necesaria adaptación del apoyo presupuestario de la Unión a la situación específica de las regiones ultraperiféricas y de montaña y de otras regiones con retos de competitividad, para reducir las repercusiones negativas de las reducciones de precios sobre los ingresos; señala que la aplicación de medidas contra la crisis no ha permitido alcanzar plenamente los objetivos y que debería tener más en cuenta las infraestructuras y las capacidades existentes en los Estados miembros; alienta a la Comisión a que, a la luz de las recientes crisis, desarrolle sistemas de intervención más rápidos y eficaces, capaces de prevenir los efectos más negativos;

10.  Pide a la Comisión que utilice plenamente el potencial de las medidas excepcionales previstas en los artículos 219 a 222 del Reglamento (UE) n.º 1308/2013;

11.  Considera que, para desempeñar su función de red de seguridad, los precios de intervención deben ajustarse periódicamente en función de la evolución de los precios de coste, de modo que repercutan directamente sobre los ingresos de los productores y el mantenimiento de su actividad, así como sobre el empleo; pide a la Unión que establezca herramientas de prevención, similares al Observatorio del mercado europeo de la leche, en todos los grandes sectores de producción a fin de realizar un seguimiento de los mercados, lo que contribuiría al control de la producción y aseguraría una respuesta ante las crisis mediante herramientas de gestión del mercado flexibles y reactivas, que se pondrían en marcha cuando fuera necesario;

12.  Reconoce que las cadenas de suministro cortas que unen a los agricultores con los productores locales pueden estimular la creación de empleo rural, y destaca que los sistemas de calidad, las indicaciones geográficas y la agricultura orgánica suponen una oportunidad de desarrollo del sector agroalimentario y la posible creación de empleos rurales y que, como tal, no solo debería protegerse sino ampliarse en aras de la creación de nuevos puestos de trabajo y la preservación de la cultura y la identidad regionales; subraya la necesidad de garantizar un mejor acceso a mercados más amplios para esos productos y de introducir medidas de calidad, promoción y protección que optimicen su comercialización e inclusión entre los productos turísticos generales de una zona geográfica determinada; recuerda, a la luz de las propuestas legislativas en fase de debate, que estas repercusiones positivas se basan en la confianza que deposita el consumidor, que no debe debilitarse mediante modificaciones que pudieran percibirse como un detrimento de la calidad; resalta, además, que los procesos de obtención de esos certificados de calidad son onerosos y han de simplificarse;

13.  Recomienda que los Estados miembros hagan un mayor uso de la prioridad 6 del segundo pilar relativa al mantenimiento y la creación de empleo, y de las medidas de transferencia de conocimiento y de formación profesional continua (incluido el aprendizaje y la formación en el puesto de trabajo y el reciclaje de los trabajadores agrícolas), de modo que estos puedan ser destinados a otras actividades rurales, así como de las medidas de asesoramiento y ayuda a la gestión con el fin de mejorar los resultados económicos y medioambientales de las explotaciones agrícolas; pide a la Comisión a los Estados miembros que aseguren el apoyo a la formación para ayudar a los agricultores y a los trabajadores agrícolas y del medio rural a aumentar su versatilidad y ser capaces de diversificar sus actividades e iniciativas, así como que respalden la innovación;

14.  Señala que los programas actuales de desarrollo rural están mucho menos centrados en los proyectos sociales de defensa del empleo que los de la programación anterior, 2007-2013, debido a las medidas elegidas por los Estados miembros en sus programas de desarrollo rural y a la disposición de menos fondos para las medidas que actúan directamente sobre el empleo; reclama por ello más flexibilidad en la aplicación de la política rural;

15.  Considera que es necesario simplificar la aplicación de la política de desarrollo rural, adoptar enfoques más coherentes de tipo multifondo, y evitar los controles administrativos y financieros demasiado puntillosos impuestos por los servicios de los Estados miembros y de la Comisión;

16.  Pide a los Estados miembros que difundan mejor el potencial del segundo pilar de la PAC para la diversificación de las actividades en las zonas rurales (como, por ejemplo, el turismo rural o la producción de energía renovable);

17.  Recuerda que el factor de riesgo inherente a la innovación no se tiene suficientemente en cuenta ni en las políticas nacionales ni en las de la Unión, lo que representa un obstáculo a la innovación y la creación de empleo, en especial para muchas partes interesadas que no disponen de la solvencia financiera suficiente para llevar a cabo sus proyectos innovadores;

18.  Resalta que el desarrollo rural y la creación de empleo van de la mano y pide, en consecuencia, a los Estados miembros y a las regiones que maximicen el potencial de las autoridades locales y regionales, que están más familiarizadas con los desafíos y las oportunidades de su entorno, para lograr los objetivos del segundo pilar y respetar las prioridades de la PAC, también el fomento de la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico; recuerda la posibilidad de concentrar el desarrollo rural y los programas operativos en la creación y el mantenimiento del empleo y en la mejora de los servicios rurales, y pide a la Comisión que les ayude a conseguir dicho objetivo; insiste en la adaptación de los modelos de economía colaborativa en el medio rural con vistas a incrementar el empleo, elevar la eficiencia de las actividades agrícolas y reducir los gastos;

19.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que apoyen a las empresas y las cooperativas de la economía social, incluida la agricultura social(2), con objeto de fomentar la integración social y el empleo en las zonas rurales; toma nota de las acciones emprendidas en el marco de la iniciativa en favor del emprendimiento social y pide a la Comisión que fomente la contribución de la economía social al desarrollo rural a través de un plan de acción para la economía social;

20.  Resalta que debe hacerse un mayor hincapié sobre el apoyo al desarrollo demográfico y al trato favorable a las familias en las zonas rurales con el fin de respaldar a las familiar y facilitarles la conciliación de la vida familiar con la profesional, también en relación con cuestiones asociadas al mercado laboral y el desarrollo económico de las zonas rurales;

21.  Subraya la necesidad de promover medidas y políticas activas que pongan de relieve el papel positivo que tiene la migración a la hora de impulsar el crecimiento económico y fomentar la cohesión social en las zonas rurales;

22.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen políticas de fomento de las zonas rurales a través del desarrollo del turismo que, si se estructura e incentiva de forma adecuada, puede constituir un motor del crecimiento cultural, social y económico de zonas que poseen importantes recursos naturales, paisajísticos, culturales y agroalimentarios; destaca que el desarrollo turístico de las zonas rurales y la diversificación de las actividades agrícolas (para englobar actividades didácticas, culturales y recreativas) constituyen también un incentivo para que las nuevas generaciones se hagan cargo de las campañas, con un espíritu de iniciativa y empresa orientado a la innovación y la promoción de los productos tradicionales;

23.  Hace hincapié en la importancia capital de las sinergias entre todos los ámbitos políticos del mundo rural, con el apoyo del Feader y otros fondos europeos, a la hora de abordar el reto del empleo en las zonas rurales y devolver a la producción agraria un papel reconocido como vertebrador del desarrollo territorial; señala que los fondos del segundo pilar podrían utilizarse como un instrumento financiero dinámico para crear mayores sinergias con fuentes y programas de financiación alternativos, haciendo posible el acceso a los mismos en las zonas rurales al objeto de aumentar la conectividad, la competitividad, la diversificación económica y el apoyo al emprendimiento, teniendo en cuenta la preservación de la cultura e identidad rurales;

24.  Subraya que las explotaciones pequeñas regentadas por su propietario se encuentran bajo una presión cada vez mayor debido a la adquisición de tierras de cultivo por parte de inversores; pone de relieve que la conservación de las zonas de cultivo y el acceso a la tierra son esenciales para la creación y ampliación de las empresas agrícolas y el mantenimiento del empleo en las zonas rurales; señala que el informe de la Comisión sobre las necesidades de los jóvenes agricultores de noviembre de 2015 revela que la disponibilidad de tierras para comprar y arrendar constituye el principal problema de los jóvenes agricultores y los nuevos operadores en el sector agrario; pide, por tanto, a los Estados miembros que compartan las mejores prácticas y los instrumentos de desarrollo para facilitar el acceso a la tierra en las zonas rurales con altas tasas de desempleo, por ejemplo, el uso y gestión participativos de los terrenos agrícolas de acuerdo con las prácticas nacionales, o la creación de sistemas de gestión e información de los terrenos no utilizados o que podrían utilizarse para la agricultura, cuyos servicios podrían utilizar de forma prioritaria los agricultores jóvenes y las mujeres;

25.  Considera importante que los programas de desarrollo rural favorezcan más las relaciones entre el mundo rural y el urbano, a fin de estimular la cooperación y ofrecer oportunidades a las empresas implantadas en las zonas rurales, que son indispensables para el desarrollo de dichas zonas y la creación de empleo; opina que, en la relación entre mundo urbano y el rural, los pueblos tienen una importancia considerable ya que brindan acceso a los servicios básicos a los residentes en las zonas rurales de los alrededores y que, a tal fin, los Estados miembros deben fomentar los servicios en los pueblos en el marco de sus políticas territoriales;

26.  Pide que se adopten normas vinculantes en materia de pago justo en la cadena de suministro de alimentos entre los productores, los mayoristas y los transformadores de alimentos, para garantizar que los agricultores reciban una parte adecuada del valor añadido, suficiente para que puedan llevar a cabo una agricultura sostenible;

27.  Destaca que el sector de la silvicultura, hoy insuficientemente explotado en Europa, constituye un auténtico yacimiento de empleo que conviene fomentar más en sus distintas formas en todo el sector de la madera; añade que la Unión acusa un importante déficit de abastecimiento de madera, que exige inversiones en las infraestructuras necesarias para el desarrollo de dicho sector;

28.  Hace hincapié en que el acceso a la tierra es fundamental para el establecimiento y la ampliación de una empresa agrícola; señala que el acceso a la tierra es el mayor problema que afrontan los jóvenes agricultores para crear una empresa agrícola;

Respecto al futuro de la PAC después de 2020

29.  Resalta que los procedimientos de la PAC deben simplificarse y disponer de fondos suficientes, mantenidos como mínimo al nivel actual al objeto de reflejar el gran valor añadido europeo de esta política, para poder desempeñar de forma eficaz su papel a largo plazo en favor del empleo, como parte de una agricultura y silvicultura europeas diversificadas, impulsando el desarrollo sostenible y el atractivo de las zonas rurales; destaca que la política de desarrollo rural, que permite actuar de forma más directa y eficaz sobre la reducción de la exclusión social entre los habitantes de las zonas rurales y el aumento del empleo y el dinamismo de dichas zonas, debe reforzarse de modo progresivo, sin poner en peligro el apoyo del primer pilar, que deberá reorganizarse para garantizar, entre otras cosas, un mejor funcionamiento y una mayor estabilidad de los mercados, indispensable para afianzar los ingresos de la agricultura, el modelo agrario europeo y la seguridad alimentaria, y velar por que las zonas rurales mantengan su atractivo (con un énfasis en la calidad de vida) en comparación con las áreas urbanas;

30.  Hace hincapié en que la PAC debe otorgar gran importancia a los instrumentos de modernización e inversión que garantizan la competitividad de los sectores económicos localizados en las zonas rurales (como las industrias agroalimentaria, energética, de transformación y de servicios, y los sectores sociales) de manera sostenible, respetando la normativa medioambiental, lo que asegura el mantenimiento del empleo; señala, además, que estos instrumentos permiten también una reducción continua de las diferencias en el desarrollo agrícola y rural entre los Estados miembros y entre las regiones;

31.  Destaca la importancia del sector turístico como fuente de ingresos para los agricultores (como las vacaciones en granjas); insta a los Estados miembros y a la Comisión a que instauren programas que apoyen la inversión y el emprendimiento; considera importante apoyar a esas explotaciones agrícolas mediante campañas de turismo;

32.  Toma nota de las medidas de simplificación de la PAC aplicadas hasta la fecha, aunque pide a la Comisión que siga elaborando y aplicando medidas dirigidas a introducir proporcionalidad y flexibilidad en relación con la disminución de la carga administrativa de la PAC y el aumento de la productividad en la explotación;

33.  Destaca que hay limitaciones con respecto a lo que puede conseguirse en el marco de la PAC, dado que su principal objetivo es la seguridad del abastecimiento alimentario, y que para abordar de manera eficaz los numerosos retos que afectan a la creación y conservación del empleo en las zonas rurales será necesario un planteamiento transversal más amplio tanto a escala regional como de los Estados miembros;

34.  Pide a la Comisión que respalde un modelo de agricultura europea competitiva y sostenible basado en un modelo de explotación familiar, diversificado y multifuncional que conceda prioridad al empleo arraigado en el territorio y retribuido de manera justa, con especial hincapié en los territorios con desventajas específicas, tal como las reconoce el artículo 349 TFUE y, en la producción de alimentos y de productos no alimenticios, y que vele por la seguridad alimentaria y la protección de la salud;

35.  Pide a los Estados miembros que elaboren herramientas de observación y regulación territorial, a fin de disponer de un mejor conocimiento de los mercados de bienes raíces y poner fin a los fenómenos a gran escala de concentración o acaparamiento de tierras y medios de producción;

36.  Subraya la necesidad de favorecer el desarrollo, la comercialización y la venta de productos agrícolas de alta calidad; pide que se lleven a cabo iniciativas que abran nuevos mercados y que se introduzcan programas operativos de productos y campañas de comercialización a fin de garantizar la diversificación de los productos y la competitividad de la cadena alimentaria europea;

37.  Considera que la PAC debe tener en cuenta todas las formas de agricultura europea y todas las zonas rurales, incluidas las más desfavorecidas y frágiles (como las zonas de montaña y las regiones ultraperiféricas), en aras de asegurar el mejor uso posible de todos los recursos; opina que esto comporta la recuperación para su uso de tierras abandonadas;

38.  Señala que la diversificación de la agricultura y los segmentos de mercado regionales aumentan y garantizan el empleo en las zonas rurales; pide que se lleven a cabo iniciativas para apoyar la diversificación de las explotaciones agrícolas (por ejemplo, la comercialización directa de los productos agrícolas) y de la economía rural en general (por ejemplo, facilitando el cambio de la actividad agraria a otros sectores);

39.  Considera que los fondos de la futura PAC deberán contribuir en mayor medida a la ralentización de la pérdida de explotaciones agrícolas de pequeño y medio tamaño y de empresas agrupadas en organizaciones de productores que, al gozar por lo general de una mayor diversificación, eficiencia y autonomía y poder transmitirse con mayor facilidad, son más eficaces en lo que respecta a la creación de valor añadido y puestos de trabajo arraigados en el territorio y constituyen un eje económico y social importante en sus regiones, y seguir apoyando de manera específica a los territorios que sufren desventajas específicas, como se reconoce en el artículo 349 del TFUE;

40.  Resalta que los pagos directos de la PAC solo deberían concederse a personas cuyo principal ámbito de actividad sea la agricultura;

41.  Destaca que, en las regiones ultraperiféricas, la búsqueda de soluciones de empleo en caso de recesión económica se ve comprometida por la falta de interconexión y, dada la importancia de la agricultura en estas regiones, considera que los fondos de la futura PAC deberán discriminar de forma positiva a estos territorios con desventajas específicas reconocidas por el TFUE, lo que tendrá un efecto multiplicador de promoción de otras actividades conexas, como la agroindustria, el turismo, la conservación de la naturaleza, la producción energética y la economía circular, de forma complementaria a la estrategia multifondo; reitera que esta estrategia deberá tener en cuenta los factores de diferenciación positiva que presentan las regiones ultraperiféricas, que podrán constituir así un laboratorio de soluciones agrícolas originales e innovadoras aplicables en otros contextos menos extremos y más amplios, por la estructura de las explotaciones, las condiciones edafoclimáticas y la biodiversidad característica;

42.  Considera que se deben fomentar y apoyar financieramente las cooperativas agrarias, ya que permiten disminuir los costes de producción de las explotaciones, en particular los de mecanización, y favorecen también la solidaridad entre los agricultores y la transferencia de innovaciones, conocimientos especializados y buenas prácticas, lo que genera un dinamismo favorable al desarrollo y al empleo;

43.  Pide a la Comisión que favorezca la diversificación y la competitividad de las pequeñas empresas agrícolas, también con respecto a la agricultura social y a la agricultura orientada a los servicios;

44.  Destaca la importancia que reviste que la PAC redoble su apoyo a las repercusiones positivas de la agricultura y ganadería en cuanto al empleo y el medio ambiente, y que brinde un respaldo más eficaz a la agricultura orgánica y biodinámica y a todos los métodos de producción sostenibles, incluidas la agricultura integrada y la agrosilvicultura en el contexto de la agroecología, lo que comportará la simplificación de las normativas vigentes y la adopción de normativas que puedan aplicarse de un modo sencillo, comprensible y sin dificultades; considera que estas repercusiones positivas en términos de empleo y medio ambiente benefician a toda la sociedad y deben ser un componente de los ingresos agrícolas;

45.  Recuerda el ejemplo positivo que aportan los distritos ecológicos, es decir, zonas en las que se fomentan, por medio de un conjunto coordinado de acciones, los productos de la agricultura y la ganadería locales obtenidos con métodos ecológicos y todos los operadores económicos que dependen de ellos (empresas del sector agroalimentario, gastronómico y turístico), un instrumento que ya ha demostrado que puede incrementar la renta local y favorecer la defensa de la tierra a través de la conservación del paisaje y de los productos tradicionales;

46.  Subraya el potencial de los sistemas agrícolas y de alimentación sostenibles, especialmente la agricultura ecológica, así como la gestión sostenible del suelo, el agua, la biodiversidad y las infraestructuras rurales, a fin de preservar y crear empleos dignos en el sector agrícola y una economía rural próspera;

47.  Opina que garantizar la seguridad alimentaria en la Unión debe seguir siendo el principio rector de la acción de la futura PAC, sin desatender los mercados exteriores; estima, a este respecto, que los acuerdos comerciales pueden suponer un riesgo real, al igual que posibles oportunidades, para la agricultura europea, y cree que los acuerdos de libre comercio no deben dar lugar a una competencia desleal que afecte a las explotaciones agrícolas pequeñas y medianas y socave las economías y el empleo locales;

48.  Considera que, a fin de mejorar la inadecuada organización actual del sector de las frutas y hortalizas, debe restablecerse la ayuda de la Unión a proyectos de las asociaciones de productores de frutas y hortalizas recientemente constituidas;

49.  Destaca que, en un contexto de gran incertidumbre sobre el futuro de los precios agrarios, bajos y volátiles, la Unión ha de lograr los objetivos de la PAC fijados en el Tratado mediante la compensación de los efectos erráticos de los mercados allí donde fallen, y velar por la resiliencia y la competitividad del sector agrario a través del establecimiento de redes de seguridad eficaces y sistemas de prevención y gestión de crisis que permitan alcanzar un equilibrio entre la oferta y la demanda, así como la creación de herramientas de gestión de los riesgos basadas en sistemas nuevos e innovadores y una participación de los mismos agricultores en la financiación; considera que ha de incrementarse el porcentaje de financiación de las medidas de estabilización de los mercados agrícolas y, en particular, que la PAC debe reforzar asimismo los sistemas de seguros para proteger a los agricultores ante los diversos riesgos climáticos, sanitarios y económicos; opina asimismo que, ante los riesgos asociados al cambio climático, la Unión debe hacer todo lo necesario para optimizar el papel positivo que puede desempeñar la agricultura a través de medios como la agronomía y una mejor gestión de los suelos para una mayor captación de carbono, y que es importante prestar apoyo técnico y financiero a los agricultores que les permita cambiar progresivamente sus prácticas e innovar;

50.  Destaca asimismo que los pagos directos deben seguir siendo un instrumento de la PAC después de 2020, al objeto de reforzar y estabilizar las rentas agrarias y compensar los costes derivados del cumplimiento de las estrictas normas de la Unión (en relación con los métodos de producción y, en especial, los requisitos medioambientales), y mantener la producción agrícola en las regiones más desfavorecidas; pone de relieve que los pagos directos deben servir para garantizar la estabilidad económica de la actividad agraria así como la seguridad alimentaria y medioambiental; señala, a este respecto, que la compensación de los importes de los pagos directos es necesaria de cara a asegurar unas condiciones de competencia equitativas en el mercado único de la Unión y el uso sostenible de sus recursos agrícolas;

51.  Estima que, dadas las importantes diferencias existentes en los niveles de cooperación entre agricultores en los distintos Estados miembros y que la falta de cooperación afecta de forma negativa a su capacidad para superar las situaciones de crisis y las presiones del mercado, la PAC debería fomentar ampliamente el desarrollo de una cooperación entre agricultores, en especial en los sectores de producción y transformación;

52.  Pide a los Estados miembros que concedan prioridad, en el marco del segundo pilar de la PAC, a la Asociación Europea para la Innovación (AEI); pide a la Comisión que otorgue prioridad a Horizonte 2020 y que asegure un mejor acceso de los agricultores a las posibilidades de financiación del BEI, el apoyo a modelos agrarios y forestales innovadores y sostenibles para la producción de bienes y servicios alimentarios y no alimentarios (energías renovables, bioeconomía, turismo rural, y nuevas perspectivas para los agricultores en cuanto al suministro de materias primas en la era industrial pospetrolera), y el desarrollo de los recursos de cada zona rural;

53.  Manifiesta su firme convencimiento de que, incluso en el futuro, será necesario promover la formación profesional permanente de los agricultores y los trabajadores agrícolas, y velar por la divulgación de los conocimientos científicos y las innovaciones, para garantizar así la capacidad de adaptación a un entorno cambiante y facilitar el ejercicio de una actividad económica;

54.  Considera que los enfoques ascendentes del desarrollo local de tipo Leader o DLP (desarrollo local participativo) han probado su eficacia en términos de puestos de trabajo creados y también de bajo nivel de gasto público por puesto de trabajo generado y, en consecuencia, deben ser reforzados, fomentados y aplicados en todos los Estados miembros a través de enfoques multifondo y del fortalecimiento del papel de las autoridades regionales y locales; insiste, en especial, en la función desarrollada por los responsables de los Grupos de Acción Local (GAL) de apoyo técnico y servicio para respaldar iniciativas de puesta en marcha de proyectos favorables al empleo; pide por último que los GAL puedan gozar de la mayor autonomía posible para ser más eficaces; añade que deben establecerse mecanismos al objeto de garantizar una participación razonable de los interlocutores sociales, y pide a la Comisión que presente modelos de buenas prácticas en lo que respecta a los proyectos transnacionales de Leader II;

55.  Señala que la dificultad a la hora de acceder a la información con respecto a la programación y financiación pertinentes, tanto a escala nacional como de la Unión, supone un obstáculo para el desarrollo de la economía rural;

56.  Exige que las inversiones previstas en la política de desarrollo rural se prioricen en función del empleo, los cambios en el desempleo, la eficiencia de las empresas receptoras y la creación de incentivos para contratar empleados, y recomienda que los programas de desarrollo rural incluyan un refuerzo de la microfinanciación, ya que es especialmente útil para ayudar a la puesta en marcha de las empresas agrícolas y no agrícolas;

57.  Subraya que la importancia del segundo pilar a efectos de creación de empleo puede reforzarse ofreciendo una flexibilidad mucho mayor en función de las necesidades específicas de cada región;

58.  Considera necesario, en cuanto al futuro, seguir estableciendo sistemas alimentarios de calidad basados en el territorio que suministren productos alimenticios brutos o transformados mediante el fomento de la responsabilidad individual y la participación de los agentes interesados —ya sea agrupados como productores, transformadores, distribuidores y consumidores o como comunidades de productores-consumidores, o reuniendo a todos los operadores económicos de los sectores agroalimentario y del turismo gastronómico— en actuaciones cualitativas y contractuales diseñadas para garantizar el suministro de alimentos y la seguridad alimentaria, así como unos ingresos justos, de modo que los agricultores puedan vivir dignamente de su oficio y mantener el empleo en su explotación; señala que estos sistemas alimentarios podrían adoptar, entre otras, la forma de cadenas de suministro cortas o mercados locales; estima que, en el futuro, deberán dedicarse más recursos de la Unión al establecimiento y el funcionamiento de determinados sistemas especiales de calidad de los alimentos, y a la profundización del desarrollo de la gastronomía europea, reconocida en todo el mundo; considera indispensable, para ello, adecuar mejor la legislación en materia de licitaciones públicas, para que las autoridades locales puedan favorecer las producciones locales;

59.  Llama la atención sobre la necesidad de prestar un apoyo adicional a la agricultura y a la creación de puestos de trabajo agrícolas en las zonas desfavorecidas y en las zonas de las fronteras exteriores de la Unión;

60.  Considera que deben favorecerse las asociaciones de múltiples partes interesadas en las que participen agricultores y otros agentes del mundo rural, ya que permiten desarrollar numerosas actividades creadoras de empleo directo e indirecto, como la estructuración de cadenas alimentarias y no alimentarias y el establecimiento de distintos servicios (turismo rural, mantenimiento del espacio privado y público, etc.);

61.  Opina que la Comisión y los Estados miembros deben incentivar a los agricultores a través de la PAC y otras políticas para que diversifiquen sus fuentes de ingresos, protegiéndose así frente a las contracciones del mercado; considera que esta diversificación podría incluir el turismo ecológico, el desarrollo de energías renovables como la eólica y la solar, la posibilidad de añadir valor a los productos agrícolas mediante su transformación, y las ventas en tiendas de las explotaciones agrícolas;

62.  Pide a la Comisión que ofrezca más apoyo a las cooperativas locales para que recuperen el control de sus precios y productos;

63.  Señala que el sector del turismo ofrece importantes oportunidades de generación de ingresos y empleo directo e inducido en la agricultura y en las zonas rurales, y permite mejorar el patrimonio histórico, cultural, gastronómico, paisajístico y medioambiental de cada región; observa asimismo que el atractivo turístico de una región no solo se basa en su historia, sino cada vez más en la calidad de sus productos alimenticios, sus paisajes y su medio ambiente; considera que, por todas esas razones, la política de desarrollo rural debe apoyar aún más el sector turístico;

64.  Destaca que los retos asociados al cambio climático y el medio ambiente hacen necesarias importantes inversiones públicas y privadas creadoras de empleo, con la ayuda de la aparición de nuevos oficios, a fin de garantizar el mantenimiento y la preservación de los recursos de las zonas rurales y el restablecimiento de la calidad de ecosistemas degradados, luchar más eficazmente contra las inundaciones y los incendios, y proteger mejor la calidad del agua, el suelo, el aire y la biodiversidad; observa que esto requiere, sin duda, un trabajo de cooperación entre la agricultura y los demás agentes del medio rural, al tiempo que brinda nuevas oportunidades de diversificación de los ingresos en la agricultura;

65.  Pide a la Comisión que evalúe el impacto social de la crisis agrícola actual, en particular en términos de destrucción de empleo, especialmente en las zonas rurales; pide a los Estados miembros que reflexionen sobre el modo de mejorar la competitividad de su agricultura, de modo que el sector pueda generar empleo y un valor añadido repartido de forma equitativa en los sectores agrícola y agroalimentario, asegurando una competencia justa y minimizando los perjuicios ocasionados por el dumping social y las condiciones de empleo precarias e inusuales que afectan de forma desproporcionada a ciertos grupos; señala que muchos familiares de agricultores carecen de un status social o de un reconocimiento legal, o no están cubiertos por un régimen de protección social; subraya que las empresas agrícolas deben cumplir la legislación nacional en materia social y de empleo; considera que la introducción de condiciones adicionales en los pagos del primer pilar de la PAC aumentaría significativamente la carga administrativa de los agricultores y limitaría su potencial de creación de empleo; pide un reforzamiento del papel de los interlocutores sociales frente a las autoridades competentes, y pide a los Estados miembros que reconozcan y garanticen los derecho sociales de los agricultores, velando por que todos los trabajadores agrícolas, a tiempo parcial o completo, estén cubiertos por un régimen de protección social; pide a los Estados miembros que transpongan a la legislación nacional la Directiva 2014/36/UE relativa a los trabajadores temporeros; pide a las autoridades nacionales en materia de salud y seguridad que asignen recursos a la divulgación de información sobre la seguridad agrícola;

66.  Solicita a la Comisión la introducción de los indicadores propuestos por la FAO en su Evaluación de la Sostenibilidad para la Agricultura y la Alimentación (SAFA), especialmente los orientados al empleo y el bienestar social;

67.  Recuerda que, en promedio, los agricultores europeos solo poseen doce hectáreas de tierra y que el 70 % de las explotaciones agrícolas tiene una superficie inferior a cinco hectáreas; señala que, debido a sus dimensiones y estructura, las explotaciones agrícolas no siempre pueden permitirse la contratación de trabajadores a tiempo completo ni altamente cualificados; insta, por consiguiente, a la Comisión Europea y a los Estados miembros a que adopten medidas que promuevan las agrupaciones de empleadores;

68.  Considera indispensable garantizar la presencia de servicios públicos y privados para mantener el atractivo de las zonas rurales y hacer posible la creación de empleo en dichas zonas; opina que los ciudadanos de las zonas rurales tienen derecho a la igualdad de acceso a unos servicios públicos de calidad, como la educación y la asistencia sanitaria; estima esencial que todos —autoridades locales, gobiernos regionales (allí donde existan) y el sector privado local— trabajen conjuntamente para impulsar las inversiones y garanticen que las zonas rurales y aisladas cuentan con infraestructuras esenciales, como conexiones de transporte público y privado, un suministro de energía seguro y fiable y tecnología de banda ancha, así como sistemas de financiación y crédito para los emprendedores rurales, las microempresas y las pymes pues, en caso contrario, las empresas y hogares rurales estarán en una situación de desventaja permanente y seguirá produciéndose una migración hacia las zonas urbanas;

69.  Es de la opinión, en relación con las recientes epidemias animales y los recientes escándalos de seguridad alimentaria, como el brote de E. coli de 2011, el escándalo de la carne de caballo en 2013 y el actual escándalo de la miel falsa, que es preciso un significativo aumento del gasto destinado a la seguridad de los alimentos y los piensos, tal como figura en la tercera rúbrica del marco financiero plurianual, ya que los 1 930 millones EUR asignados para el actual período de siete años resultan completamente inadecuados;

70.  Subraya que los agricultores deben hacer frente a los costes administrativos de la PAC a gran escala y que estos costes varían significativamente entre los distintos Estados miembros; pide a la Comisión y a los Estados miembros que aligeren la carga administrativa mediante la eliminación de trámites burocráticos y la simplificación de la CAP, así como garantizando una transposición rentable;

71.  Destaca que el acceso a servicios básicos como la educación, la asistencia sanitaria y la vivienda, así como la continuidad de esos servicios, constituyen condiciones previas para crear un entorno favorable a la generación de empleo y satisfacer las necesidades vitales de las poblaciones de las zonas rurales;

72.  Considera indispensable pedir a las autoridades públicas que creen servicios de asesoramiento y asistencia a la gestión agrícola en las zonas rurales, a fin de modernizar la agricultura europea;

73.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que animen y faciliten la igualdad de la mujer en el mercado de trabajo y la conciliación de la vida laboral y familiar en las zonas rurales, en especial en lo que respecta a los salarios y los derechos sociales y de pensión, la promoción de nuevas cualificaciones y el ofrecimiento de perspectivas y oportunidades para las mujeres en el empleo agrícola y no agrícola, en consonancia con el principio de igualdad y no discriminación en los programas y políticas de la Unión; les pide asimismo que aprovechen mejor las oportunidades de las plataformas específicas de información en línea, las acciones y ayudas a las agricultoras que sean nuevos operadores o ya establecidas, en particular en el marco del Feader y otros fondos de la Unión que estimulen el desarrollo de proyectos, y que ayuden a mantener la infraestructura y los servicios esenciales básicos en la vida cotidiana en el medio rural, contribuyendo así a limitar el éxodo de las zonas rurales; llama la atención asimismo sobre la necesidad, especialmente en las zonas rurales, de estrategias sostenibles de mantenimiento, fomento y apoyo a las redes y organizaciones de mujeres en su labor de toma de decisiones en la agricultura y las zonas rurales; pide además un acceso más sencillo a la educación, la financiación y la información para facilitar las iniciativas empresariales de las mujeres (por ejemplo, mediante negocios en línea) y el acceso a la propiedad y el desarrollo de empresas rurales;

74.  Insta a los Estados miembros a reforzar el papel de los agentes sociales y las organizaciones de asistencia social que trabajan conjuntamente con las autoridades en la vigilancia del cumplimiento de la legislación laboral, la lucha contra el trabajo no declarado y el control del cumplimiento de las normas de bienestar social y de seguridad laboral que facilitan la integración socioeconómica de los trabajadores migrantes, incluidas las temporeras, migrantes y refugiadas; hace un llamamiento para que se establezcan mecanismos a fin de garantizar la participación de las mujeres en todos los niveles del proceso;

75.  Recuerda que la superficie destinada a la producción agrícola en la Unión está disminuyendo cada año; subraya que la preservación de las áreas cultivables es fundamental para garantizar los puestos de trabajo en el mundo rural; hace un llamamiento a los Estados miembros para promover un mejor acceso a la tierra en áreas con altas tasas de desempleo rural y pide, en este sentido, que se tomen medidas para garantizar que las jóvenes agricultoras tienen acceso al crédito y pueden participar en la gestión de la tierra;

76.  Llama la atención sobre el hecho de que el 45 % de la fuerza laboral de las explotaciones agrícolas está constituido por mujeres; pide a la Comisión que revise la definición de «explotación familiar» con el fin de facilitar su acceso a la formación y al asesoramiento profesional, así como al capital y a las prestaciones;

77.  Pide a las autoridades nacionales, regionales y locales competentes que fomenten la participación de las mujeres en los grupos de acción local y el desarrollo de asociaciones locales en el marco del programa Leader, y que garanticen una participación equilibrada de hombres y mujeres en sus juntas directivas;

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78.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) Eurostat, 2016. (2) Véase: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.nat-opinions.25458