El Parlamento Europeo,

–  Vistos sus anteriores informes, recomendaciones y resoluciones sobre Rusia, y en particular su Recomendación al Consejo, de 23 de octubre de 2012, sobre el establecimiento de restricciones comunes en materia de visados a los funcionarios rusos involucrados en el caso Serguéi Magnitski(1);sus resoluciones de 13 de junio de 2013, sobre el Estado de Derecho en Rusia(2), y de 13 de marzo de 2014, sobre Rusia: condena de manifestantes que participaron en los sucesos de la plaza Bolótnaya(3); su recomendación destinada al Consejo, de 2 de abril de 2014, sobre el establecimiento de restricciones comunes en materia de visados a los funcionarios rusos involucrados en el caso Serguéi Magnitski(4); y sus Resoluciones, de 23 de octubre de 2014, sobre el cierre de la ONG «Memorial» (galardonada con el Premio Sájarov 2009) en Rusia(5); de 12 de marzo de 2015 sobre el asesinato del líder opositor ruso Boris Nemtsov y la situación de la democracia en Rusia(6); de 10 de junio de 2015, sobre el estado de las relaciones UE-Rusia(7), y de 10 de septiembre de 2015, sobre Rusia, en particular los casos de Eston Kohver, Oleg Sentsov y Oleksandr Kolchenko(8),

–  Vistos los resultados de la Cumbre UE-Rusia de los días 3 y 4 de junio de 2013 y las consultas sobre derechos humanos mantenidas el 19 de mayo de 2013,

–  Vista la Constitución de Rusia, y en particular su artículo 29, que protege la libertad de expresión, y el artículo 31, que incluye el derecho a reunirse pacíficamente,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que, a principios de diciembre de 2015, el activista y opositor ruso Ildar Dadin fue condenado a tres años de cárcel tras organizar una serie de protestas y concentraciones pacíficas contra la guerra, y que Ildar Dadin fue la primera persona condenada en Rusia en aplicación de una rigurosa ley que regula el derecho de reunión pública aprobada en 2014;

B.  Considerando que Ildar Dadin fue condenado a tres años de cárcel en una sentencia que superó la petición del Ministerio Fiscal, que había recomendado una pena de dos años, y que la condena se redujo en apelación a dos años y medio;

C.  Considerando que, según la información de que se dispone, durante su actual encarcelamiento en el pabellón penitenciario número 7 de Carelia, Ildar Dadin ha sufrido de forma repetida torturas, palizas, un trato inhumano y amenazas de muerte por parte de las autoridades rusas;

D.  Considerando que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) aprobó la solicitud del abogado de Ildar Dadin y emplazó a la Federación de Rusia a garantizar una investigación efectiva, a trasladar a Ildar Dadin a otro centro penitenciario y a asegurar la comunicación del defendido con su representante legal;

E.  Considerando que la situación de Ildar Dadin no es un caso aislado, y que informes verosímiles sobre los derechos humanos denuncian el uso sistemático de la tortura, los malos tratos y otros tratos inhumanos en el sistema penitenciario ruso; considerando, asimismo, que los autores y responsables de estos actos de tortura y malos tratos de los presos y reclusos en centros de internamiento y otras instalaciones penitenciarias gozan a menudo de impunidad;

F.  Considerando que, el 3 de noviembre de 2016, Thorbjørn Jagland, Secretario General del Consejo de Europa, manifestó a Aleksandr Konoválov, Ministro de Justicia de la Federación de Rusia, su preocupación acerca de las denuncias de malos tratos sufridos por Ildar Dadin;

G.  Considerando que el número de presos políticos en Rusia ha aumentado significativamente en los últimos años y que, según la información procedente del Centro de Derechos Humanos «Memorial», se eleva actualmente a ciento dos, entre ellos Aleksandr Fiodoróvich Kostenko, Iván Nepomnyashchij, Dmitry Buchenkov, Vladímir Iónov, Maksim Panfílov y otros; considerando, asimismo, que se ha constatado que en 2015 Rusia vulneró el Convenio Europeo de Derechos Humanos en ciento nueve ocasiones, más que ningún otro país;

H.  Considerando que en 2015 se registraron ciento noventa y siete fallecimientos bajo custodia policial, incluidos ciento nueve como resultado de «un deterioro repentino de las condiciones de salud», así como sesenta y dos suicidios, lo cual es un indicio de abusos, torturas y malos tratos generalizados a los reclusos en el sistema penitenciario de la Federación de Rusia;

I.  Considerando que, el 26 de octubre de 2016, un tribunal de Moscú impuso una multa de 300 000 rublos al centro de estudios Yuri Levada (Centro Levada), una de las tres principales organizaciones dedicadas al análisis de la opinión pública en Rusia, por no haberse registrado como «agente extranjero»;

J.  Considerando que el presidente Putin ha firmado recientemente un decreto en virtud del cual Rusia se niega a participar en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI); que el ministerio ruso de Asuntos Exteriores describe en una declaración las actividades de la CPI como «ineficaces y unilaterales» y expresa su preocupación acerca de la investigación llevada a cabo por la Corte sobre los acontecimientos de agosto de 2008 en Osetia del Sur, y que los fiscales de la CPI han publicado un informe en el sitio web de la Corte en el que constatan que «la ocupación rusa se ha acompañado del acoso y la intimidación de los tártaros de Crimea»;

K.  Considerando que, en octubre de 2016, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas decidió no volver a elegir a Rusia como miembro de este organismo después de que más de ochenta organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos y a la ayuda internacional firmaran una carta en la que instaban a los miembros de las Naciones Unidas a que bloquearan la elección de Rusia a dicho organismo;

1.  Pide la liberación inmediata e incondicional de Ildar Dadin y de todas las personas detenidas bajo acusaciones falsas o infundadas o por hacer uso de su derecho a la libertad de expresión y de reunión;

2.  Expresa su profunda preocupación por la introducción de un artículo en el Código Penal de la Federación de Rusia que impone nuevas restricciones a las concentraciones públicas y contempla la posibilidad de considerar este tipo de manifestaciones como un acto delictivo;

3.  Pide a las autoridades rusas que realicen una investigación detallada y transparente de las acusaciones de tortura y malos tratos formuladas por Ildar Dadin, contando con la participación de expertos independientes en el ámbito de los derechos humanos; reclama una investigación independiente sobre las denuncias de torturas, abusos y tratos inhumanos y degradantes por parte de los funcionarios del Estado ruso en los centros penitenciarios, los campos de trabajo y las instalaciones de reclusión;

4.  Insta, en este mismo contexto, a la Federación de Rusia a que proceda a una revisión exhaustiva de su sistema penitenciario con miras a reformarlo en profundidad para aplicar plenamente las normas acordadas en el marco de los convenios internacionales pertinentes;

5.  Expresa su solidaridad con las personas detenidas en Rusia y en los territorios ocupados temporalmente en Ucrania, incluidos los tártaros de Crimea, bajo acusaciones falsas e infundadas, y exige su inmediata liberación;

6.  Recuerda a Rusia la importancia que reviste el pleno cumplimiento de sus obligaciones jurídicas internacionales derivadas de su pertenencia al Consejo de Europa y a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, así como el respeto de los derechos humanos fundamentales y el Estado de Derecho consagrados en diversos tratados y acuerdos internacionales que Rusia ha suscrito y de los que es parte; señala que la Federación de Rusia solo podrá ser considerada un socio fiable en el ámbito de la cooperación internacional si cumple sus obligaciones derivadas del Derecho internacional; expresa, a este respecto, su preocupación acerca del decreto presidencial por el que Rusia se retira del Estatuto de Roma de la CPI;

7.  Pide al Gobierno de Rusia que adopte medidas concretas e inmediatas para cumplir todas las sentencias dictadas contra Rusia por el TEDH; lamenta, en este sentido, que la Federación de Rusia, en una nueva disposición legislativa aprobada en diciembre de 2015, haya facultado a su Tribunal Constitucional para revocar las sentencias del TEDH;

8.  Insta al Consejo a que desarrolle una política unificada con respecto a Rusia que comprometa a los veintiocho Estados miembros y a las instituciones de la Unión a formular un mensaje decidido y común con respecto al papel que incumbe a los derechos humanos en las relaciones entre la Unión y Rusia y al respeto del Derecho internacional; pide a la VP/AR que elabore, junto con el SEAE y la Comisión, una estrategia sustantiva y concreta de apoyo a la sociedad civil rusa y sus organizaciones, haciendo un uso cabal del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos;

9.  Pide al Consejo que adopte una serie de sanciones concretas dirigidas a sancionar a los responsables de los malos tratos de que son víctimas Ildar Dadin y otros activistas de los derechos humanos;

10.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al SEAE, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, a la Comisión, al Consejo de Europa, a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y al Presidente, al Gobierno y al Parlamento de la Federación de Rusia.

(1) DO C 68 E de 7.3.2014, p. 13. (2) DO C 65 de 19.2.2016, p. 150. (3) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0253. (4) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0258. (5) DO C 274 de 27.7.2016, p.21. (6) DO C 316 de 30.8.2016, p.126. (7) DO C 407 de 4.11.2016, p.35. (8) Textos aprobados, P8_TA(2015)0314.