Índice 
Textos aprobados
Jueves 23 de junio de 2016 - BruselasEdición definitiva
Protocolo del Acuerdo Euromediterráneo entre la Unión y el Líbano (Acuerdo marco) ***
 Protocolo del Acuerdo Euromediterráneo entre la Unión y el Líbano (ampliación de 2004) ***
 Protocolo del Acuerdo Euromediterráneo entre la Unión y el Líbano (adhesión de Bulgaria y Rumanía) ***
 Acuerdo UE-Mónaco relativo al intercambio automático de información sobre cuentas financieras*
 Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: solicitud EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery
 Plan de recuperación plurianual para el atún rojo ***I
 Plan plurianual para las poblaciones de bacalao, arenque y espadín del mar Báltico y para las pesquerías que explotan estas poblaciones ***I
 Competencia, ley aplicable, reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales *
 Competencia, ley aplicable, reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia de efectos patrimoniales de las uniones registradas *
 Masacres en la zona oriental de la República Democrática del Congo
 Seguimiento del marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación (ET 2020)
 Informe de situación en materia de energías renovables
 Informe de aplicación sobre la Directiva relativa a la eficiencia energética

Protocolo del Acuerdo Euromediterráneo entre la Unión y el Líbano (Acuerdo marco) ***
PDF 238kWORD 60k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 23 de junio de 2016, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Protocolo del Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República Libanesa, por otra, relativo a un Acuerdo marco entre la Unión Europea y la República Libanesa sobre los principios generales para la participación de la República Libanesa en los programas de la Unión (16136/2014 – C8-0044/2015 – 2014/0110(NLE))
P8_TA(2016)0281A8-0193/2016

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo (16136/2014),

–  Visto el proyecto de Protocolo del Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República Libanesa, por otra, relativo a un Acuerdo marco entre la Unión Europea y la República Libanesa sobre los principios generales para la participación de la República Libanesa en los programas de la Unión (16135/2014),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 212, el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), así como con el artículo 218, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0044/2015),

–  Vistos el artículo 99, apartado 1, párrafos primero y tercero, el artículo 99, apartado 2, y el artículo 108, apartado 7, de su Reglamento,

–  Vista la recomendación de la Comisión de Asuntos Exteriores (A8-0193/2016),

1.  Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de la República Libanesa.


Protocolo del Acuerdo Euromediterráneo entre la Unión y el Líbano (ampliación de 2004) ***
PDF 243kWORD 61k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 23 de junio de 2016, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración de un Protocolo del Acuerdo Euromediterráneo por el que se establece una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República Libanesa, por otra, para tener en cuenta la adhesión a la Unión Europea de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca (13349/2014 – C8-0095/2015 – 2007/0078(NLE))
P8_TA(2016)0282A8-0194/2016

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo (13349/2014),

–  Visto el proyecto de Protocolo del Acuerdo Euromediterráneo por el que se establece una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República Libanesa, por otra, para tener en cuenta la adhesión a la Unión Europea de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca (11300/2007),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 217, el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), así como con el artículo 218, apartado 8, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0095/2015),

–  Vistos el artículo 99, apartado 1, párrafos primero y tercero, el artículo 99, apartado 2, y el artículo 108, apartado 7, de su Reglamento,

–  Vista la recomendación de la Comisión de Asuntos Exteriores (A8-0194/2016),

1.  Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de la República Libanesa.


Protocolo del Acuerdo Euromediterráneo entre la Unión y el Líbano (adhesión de Bulgaria y Rumanía) ***
PDF 242kWORD 60k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 23 de junio de 2016, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración de un Protocolo del Acuerdo Euromediterráneo por el que se establece una Asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República Libanesa, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Bulgaria y de Rumanía a la Unión Europea (13395/2014 – C8-0170/2015 – 2008/0027(NLE))
P8_TA(2016)0283A8-0195/2016

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo (13395/2014),

–  Visto el proyecto de Protocolo del Acuerdo Euromediterráneo por el que se establece una Asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República Libanesa, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Bulgaria y de Rumanía a la Unión Europea (13376/2014),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 217, el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), así como con el artículo 218, apartado 8, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0170/2015),

–  Vistos el artículo 99, apartado 1, párrafos primero y tercero, el artículo 99, apartado 2, y el artículo 108, apartado 7, de su Reglamento,

–  Vista la recomendación de la Comisión de Asuntos Exteriores (A8-0195/2016),

1.  Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de la República Libanesa.


Acuerdo UE-Mónaco relativo al intercambio automático de información sobre cuentas financieras*
PDF 241kWORD 60k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 23 de junio de 2016, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la conclusión, en nombre de la Unión Europea, del Protocolo modificativo del Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Principado de Mónaco relativo al establecimiento de medidas equivalentes a las previstas en la Directiva 2003/48/CE del Consejo (COM(2016)0201 – C8-0157/2016 – 2016/0109(NLE))
P8_TA(2016)0284A8-0206/2016

(Consulta)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de Decisión del Consejo (COM(2016)0201),

–  Visto el proyecto de Protocolo modificativo del Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Principado de Mónaco relativo al establecimiento de medidas equivalentes a las previstas en la Directiva 2003/48/CE del Consejo

–  Vistos el artículo 115 y el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra b), y apartado 8, párrafo segundo, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales ha sido consultado por el Consejo (C8-0157/2016),

–  Vistos el artículo 59, el artículo 108, apartado 7, y el artículo 50, apartado 1, de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A8-0206/2016),

1.  Aprueba la celebración del Protocolo modificativo del Acuerdo;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y del Principado de Mónaco.


Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: solicitud EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery
PDF 274kWORD 75k
Resolución
Anexo
Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de junio de 2016, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (solicitud de Bélgica - EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery) (COM(2016)0242 – C8-0170/2016 – 2016/2074(BUD))
P8_TA(2016)0285A8-0207/2016

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2016)0242 – C8-0170/2016),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1309/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (2014-2020) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1927/2006(1) ("Reglamento del FEAG"),

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020(2), y en particular su artículo 12,

–  Visto el Acuerdo Interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera(3) (AI de 2 de diciembre de 2013), y en particular su apartado 13,

–  Vistos los resultados de la negociación tripartita prevista en el apartado 13 del Acuerdo Interinstitucional de 2 de diciembre de 2013,

–  Vista la carta de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales,

–  Vista la carta de la Comisión de Desarrollo Regional,

–  Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A8-0207/2016),

A.  Considerando que la Unión ha establecido instrumentos legislativos y presupuestarios para prestar ayuda adicional a los trabajadores que sufren las consecuencias de cambios estructurales importantes en los patrones del comercio mundial o de la crisis económica y financiera mundial, así como para prestarles ayuda en su reincorporación al mercado laboral;

B.  Considerando que la ayuda financiera de la Unión a los trabajadores despedidos debe ser dinámica y ponerse a disposición de los mismos de la manera más rápida y eficaz posible, de conformidad con la Declaración conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión aprobada en la reunión de concertación celebrada el 17 de julio de 2008, y teniendo debidamente en cuenta el AI de 2 de diciembre de 2013 por lo que respecta a la adopción de las decisiones de movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG);

C.  Considerando que Bélgica presentó la solicitud EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery relativa a una contribución financiera del FEAG a raíz de los despidos de trabajadores en el sector económico clasificado en la división 28 de la NACE Revisión 2 (Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.) en la región de nivel NUTS 2 de Hainaut (BE32), y que se prevé que se beneficien de las medidas 488 trabajadores despedidos, así como 300 jóvenes de menos de 25 años que no trabajan ni siguen estudios ni formación (ninis) de la región de Hainaut; que los despidos se produjeron en Carwall SA, Caterpillar Belgium SA y Doosan SA;

D.  Considerando que, aunque la solicitud no cumple los criterios de admisibilidad establecidos en el artículo 4, apartado 1, del Reglamento FEAG, se presentó con arreglo a los criterios de intervención previstos en el artículo 4, apartado 2, que permite hacer una excepción por lo que respecta al número de trabajadores despedidos;

1.  Conviene con la Comisión en que se cumplen los criterios de intervención establecidos en el artículo 4, apartado 2, del Reglamento FEAG y en que, por lo tanto, Bélgica tiene derecho a obtener una contribución financiera de 1 824 041 euros en virtud de dicho Reglamento, que representa el 60 % del coste total de 3 040 069 euros;

2.  Observa que la Comisión respetó el plazo de doce semanas desde la recepción de la solicitud completada de las autoridades belgas, el 11 de febrero de 2016, hasta que finalizó su evaluación del cumplimiento de las condiciones para asignar una contribución financiara el 4 de mayo de 2016 y que informó al respecto al Parlamento ese mismo día;

3.  Señala que, a raíz de las graves perturbaciones que han afectado en los últimos años al comercio de maquinaria de construcción en el mercado europeo, la demanda de productos de las tres empresas comprendidas en la presente solicitud ha disminuido en consecuencia;

4.  Señala que, tras el anuncio de Caterpillar Belgium S.A., el 23 de febrero de 2013, del inicio de un procedimiento de despido colectivo en su fábrica situada en Gosselies, la mayoría de sus 1 399 trabajadores fueron el objeto de la solicitud EGF/2014/011 BE/Caterpillar y señala que la actual solicitud es una continuación de esa primera, ya que forma parte del mismo procedimiento de despido colectivo; subraya que la provincia de Hainaut se enfrenta a una difícil situación del mercado laboral, con una tasa de desempleo del 14,5 % (un 5,9 % superior a la media nacional), 1 236 puestos de trabajo perdidos en 2013 y 1 878 en 2014 en la industria manufacturera, un descenso significativo de las ofertas de empleo del 13 % desde 2012 y un elevado porcentaje de mano de obra con baja cualificación, dado que algo más de la mitad de los solicitantes de empleo carecen de cualificaciones de segundo ciclo de enseñanza secundaria, así como un elevado nivel de desempleo de larga duración, que asciende al 39 % del desempleo total en la región de Hainaut;

5.  Celebra que las autoridades belgas empezaran a ofrecer servicios personalizados a los beneficiarios previstos el 1 de enero de 2015, con bastante antelación a la solicitud de ayuda del FEAG;

6.  Observa que Bélgica está planificando los siguientes seis tipos de medidas para los trabajadores despedidos amparados por la presente solicitud: apoyo/orientación/integración; ayuda a la búsqueda de empleo; formación integrada; apoyo a la creación de empresas; apoyo a proyectos colectivos, búsqueda de empleo y asignaciones para formación;

7.  Celebra el hecho de que los subsidios e incentivos, respecto de los cuales Bélgica confirmó que están condicionados a la participación activa de los beneficiarios en actividades de búsqueda de empleo o de formación, (acciones en virtud del artículo 7, apartado 1, letra b) del Reglamento FEAG) están limitados a menos de un 5 % de los costes totales, muy por debajo del límite máximo del 35 % de los costes totales para el paquete de medidas personalizadas permitidas por el Reglamento FEAG;

8.  Señala que los trabajadores de la franja de edad comprendida entre los 55 y los 64 años representan el 35,9 % de los beneficiarios previstos; considera que los trabajadores de ese grupo se encuentran expuestos a un riesgo más elevado de desempleo de larga duración y de exclusión social y tienen necesidades específicas por lo que respecta a los servicios personalizados que se les presta de conformidad con el artículo 7 del Reglamento FEAG;

9.  Pide a la Comisión que proporcione información sobre los resultados de la ayuda que se presta en la actualidad a los trabajadores despedidos de Caterpillar, dado que parte de la solicitud presente es consecuencia de la solicitud EGF/2014/011 BE/Caterpillar;

10.  Celebra el hecho de que, además, de los 488 trabajadores despedidos, se espera que participen en las medidas 300 jóvenes menores de 25 años que ni estudian, ni trabajan, ni reciben formación («ninis»), de las misma región y que reciban servicios personalizados cofinanciados por el FEAG, que incluirán: movilización y orientación, ya sea para actividades de educación o formación complementaria o para sesiones de presentación con vistas a explorar intereses; cursos de formación específicos; mejora de las capacidades personalizada; asignaciones para la búsqueda de empleo, formación y movilidad;

11.  Celebra que el acceso al FEAG se haya ampliado también a los ninis; señala, no obstante, que el Reglamento FEAG dispone actualmente que ese acceso sólo puede continuar hasta el 31 de diciembre de 2017; pide la revisión del Reglamento FEAG, en el marco de la revisión del Marco Financiero Plurianual, con el fin de permitir que el acceso de los ninis continúe después de 2017;

12.  Celebra el hecho de que las autoridades belgas propongan medidas especiales destinadas a los ninis para, y de este modo, responder más específicamente a sus necesidades;

13.  Observa la importancia que reviste poner en marcha una campaña informativa para llegar hasta los ninis que podrían beneficiarse de estas medidas; recuerda su posición con respecto a la necesidad de ayudar a los «ninis» de forma sostenible y permanente;

14.  Celebra el hecho de que el paquete coordinado de servicios personalizados se creó después de nuevas consultas con todas las partes interesadas, incluidos los interlocutores sociales, las empresas y los servicios públicos de empleo, que seguirán también la aplicación de las medidas propuestas a través de un comité de seguimiento;

15.  Celebra en particular el planteamiento de las autoridades belgas y la cooperación con los interlocutores sociales con vistas a apoyar proyectos colectivos para los trabajadores que deseen crear una «empresa social» en grupo, como una medida con un elevado potencial de valor añadido;

16.  Toma nota de que las acciones propuestas constituyen medidas activas del mercado de trabajo que se enmarcan en las acciones subvencionables previstas en el artículo 7 del Reglamento FEAG y recuerda que, de acuerdo con dicho artículo, se espera que los servicios personalizados prestados anticipen las perspectivas futuras y las competencias necesarias en el mercado de trabajo y sean compatibles con la transición hacia una economía que utilice eficazmente los recursos y sea sostenible y que tenga en cuenta la experiencia adquirida hasta la fecha con el apoyo a los trabajadores despedidos en el marco de la solicitud EGF/2014/011 BE/Caterpillar; señala al mismo tiempo que estas acciones no sustituyen a las medidas pasivas de protección social;

17.  Pide a los Estados miembros que elaboren, junto con los interlocutores sociales, unas estrategias para anticipar las modificaciones previstas del mercado laboral y para proteger los empleos y las cualificaciones en la Unión, en particular cuando negocien acuerdos comerciales con el fin de garantizar normas de competencia leal y medidas comunes contra el dumping económico, social y ambiental; recuerda su petición de una revisión adecuada de los instrumentos de defensa comercial de la Unión;

18.  Pone de relieve la necesidad de mejorar las perspectivas de empleo de todos los trabajadores mediante medidas de formación adaptadas y espera que la formación ofrecida en el paquete coordinado responda tanto a las necesidades de los trabajadores como al entorno empresarial en la región y en las regiones vecinas;

19.  Pide a la Comisión que revise las normas en materia de ayudas públicas con miras a permitir la intervención estatal para impulsar proyectos con beneficios sociales y medioambientales, y para ayudar a las pymes y a las industrias en dificultades contribuyendo a reconstruir sus capacidades de producción, afectadas gravemente por la crisis financiera y económica mundial;

20.  Reitera su petición a la Comisión de que facilite más detalles, en futuras propuestas, sobre los sectores con perspectivas de crecimiento y, por lo tanto, de contratar a personas, y que recabe datos detallados sobre el impacto de la financiación con cargo al FEAG, también en relación con la calidad del empleo y la tasa de reincorporación laboral alcanzada mediante el FEAG;

21.  Observa que las autoridades belgas han confirmado que las acciones subvencionables no recibirán contribuciones de otros instrumentos financieros de la Unión; reitera su petición a la Comisión de que presente una evaluación comparativa de estos datos en sus informes anuales con el fin de garantizar que se respeten plenamente las normas vigentes y que no se produzca ninguna duplicación de servicios financiados por la Unión;

22.  Señala que, hasta la fecha, el sector de la fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. ha sido objeto de catorce solicitudes de intervención del FEAG, ocho de las cuales, basadas en la globalización del comercio, y las otras seis, en la crisis económica y financiera mundial;

23.  Reitera que la ayuda del FEAG no debe sustituir a otras actuaciones que son responsabilidad de las empresas en virtud de la legislación nacional o de convenios colectivos, ni tampoco a las medidas de reestructuración de empresas o sectores;

24.  Acoge favorablemente el procedimiento mejorado establecido por la Comisión, a raíz de la solicitud del Parlamento de una liberación agilizada de las subvenciones; observa las limitaciones de tiempo que supone el nuevo calendario y su posible impacto sobre la eficacia de la instrucción de los casos;

25.  Reitera su llamamiento a la Comisión para que garantice el acceso del público a todos los documentos relacionados con los casos del FEAG;

26.  Aprueba la Decisión adjunta a la presente Resolución;

27.  Encarga a su Presidente que firme esta Decisión, conjuntamente el Presidente del Consejo, y disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea;

28.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución, incluido su anexo, al Consejo y a la Comisión.

ANEXO

DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

relativa a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (solicitud «EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery» presentada por Bélgica)

(No se reproduce el texto del presente anexo dado que coincide con el acto final, la Decisión (UE) 2016/1145.)

(1) DO L 347 de 20.12.2013, p. 855.
(2) DO L 347 de 20.12.2013, p. 884.
(3) DO C 373 de 20.12.2013, p. 1.


Plan de recuperación plurianual para el atún rojo ***I
PDF 243kWORD 89k
Resolución
Texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 23 de junio de 2016, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un plan de recuperación plurianual para el atún rojo del Atlántico oriental y el Mediterráneo y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 302/2009 (COM(2015)0180 – C8-0118/2015 – 2015/0096(COD))
P8_TA(2016)0286A8-0367/2015

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2015)0180),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 43, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0118/2015),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 1 de julio de 2015(1),

–  Visto el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 13 de abril de 2016, de aprobar la Posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Pesca (A8-0367/2015),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación(2);

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por otro texto;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 23 de junio de 2016 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2016/... del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un plan de recuperación plurianual para el atún rojo del Atlántico oriental y el Mediterráneo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 302/2009 del Consejo

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de la posición del Parlamento coincide con el acto legislativo final, el Reglamento (UE) 2016/1627.)

(1) DO C 383 de 17.11.2015, p. 100.
(2) La presente Posición sustituye a las enmiendas aprobadas el 19 de enero de 2016 (Textos Aprobados, P8_TA(2016)0003).


Plan plurianual para las poblaciones de bacalao, arenque y espadín del mar Báltico y para las pesquerías que explotan estas poblaciones ***I
PDF 248kWORD 73k
Resolución
Texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 23 de junio de 2016, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un plan plurianual para las poblaciones de bacalao, arenque y espadín del mar Báltico y para las pesquerías que explotan estas poblaciones y por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 2187/2005 del Consejo y se deroga el Reglamento (CE) nº 1098/2007 del Consejo (COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD))
P8_TA(2016)0287A8-0128/2015

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2014)0614),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 43, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8‑0174/2014),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 10 de diciembre de 2014(1)

–  Visto el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 13 de abril de 2016, de aprobar la Posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Pesca (A8-0128/2015),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación(2);

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por otro texto;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 23 de junio de 2016 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2016/... del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un plan plurianual para las poblaciones de bacalao, arenque y espadín del mar Báltico y para las pesquerías que explotan estas poblaciones y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 2187/2005 del Consejo y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1098/2007 del Consejo

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de la posición del Parlamento coincide con el acto legislativo final, el Reglamento (UE) 2016/1139.)

(1) DO C 230 de 14.7.2015, p. 120.
(2) La presente Posición sustituye a las enmiendas aprobadas el 28 de abril de 2015 (Textos Aprobados, P8_TA(2015)0104).


Competencia, ley aplicable, reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales *
PDF 238kWORD 59k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 23 de junio de 2016, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales (COM(2016)0106 – C8-0127/2016 – 2016/0059(CNS))
P8_TA(2016)0288A8-0209/2016

(Procedimiento legislativo especial - consulta)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2016)0106),

–  Visto el artículo 81, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C8-0127/2016),

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0209/2016),

1.  Aprueba la propuesta de la Comisión;

2.  Pide al Consejo que le informe si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

3.  Pide al Consejo que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente el texto aprobado por el Parlamento;

4.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.


Competencia, ley aplicable, reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia de efectos patrimoniales de las uniones registradas *
PDF 239kWORD 59k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 23 de junio de 2016, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de efectos patrimoniales de las uniones registradas (COM(2016)0107 – C8-0128/2016 – 2016/0060(CNS))
P8_TA(2016)0289A8-0208/2016

(Procedimiento legislativo especial - consulta)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2016)0107),

–  Visto el artículo 81, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C8-0128/2016),

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0208/2016),

1.  Aprueba la propuesta de la Comisión;

2.  Pide al Consejo que le informe si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

3.  Pide al Consejo que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente el texto aprobado por el Parlamento;

4.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.


Masacres en la zona oriental de la República Democrática del Congo
PDF 175kWORD 75k
Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de junio de 2016, sobre las masacres en la zona oriental de la República Democrática del Congo (2016/2770(RSP))
P8_TA(2016)0290RC-B8-0801/2016

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre la República Democrática del Congo y, en particular, las de 10 de marzo de 2016(1) y 9 de julio de 2015(2),

–  Vista la Resolución de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, de 15 de junio de 2016, sobre la situación en el período previo a las elecciones y en materia de seguridad en la República Democrática del Congo,

–  Vistas la declaraciones de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y de su portavoz sobre la situación en la República Democrática del Congo,

–  Vistas las declaraciones de la Delegación de la Unión en la República Democrática del Congo sobre la situación de los derechos humanos en el país,

–  Vistas las conclusiones del Consejo sobre la República Democrática del Congo, de 23 de mayo de 2016,

–  Visto el Informe anual de la Unión sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo en 2014, adoptado por el Consejo el 22 de junio de 2015,

–  Vista la carta abierta dirigida el 14 de mayo de 2016 por grupos de la sociedad civil en los territorios de Beni, Butembo y Lubero al presidente de la República Democrática del Congo,

–  Vistas las Declaraciones de Nairobi de diciembre de 2013,

–  Visto el Marco de Paz, Seguridad y Cooperación para la República Democrática del Congo y la Región, firmado en Adís Abeba en febrero de 2013,

–  Vistas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la República Democrática del Congo, en particular la Resolución 2198 (2015) sobre la renovación del régimen de sanciones a la República Democrática del Congo y el mandato del Grupo de Expertos y la Resolución 2277 (2016), por la que se renovaba el mandato de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (Monusco) por un año,

–  Visto el informe del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas, de 23 de mayo de 2016, sobre la República Democrática del Congo,

–  Visto el Informe anual del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos y las actividades de la Oficina Conjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la República Democrática del Congo, de 27 de julio de 2015,

–  Vistas las decisiones y las órdenes dictadas por la Corte Internacional de Justicia,

–  Visto el comunicado de prensa conjunto emitido el 2 de septiembre de 2015 por el equipo de enviados internacionales y representantes para la región de los Grandes Lagos sobre las elecciones en la República Democrática del Congo,

–  Vista la declaración del presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 9 de noviembre de 2015, sobre la situación en la República Democrática del Congo,

–  Vistos los informes, de 9 de marzo de 2016, del secretario general de las Naciones Unidas sobre la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo y la aplicación del Marco de Paz, Seguridad y Cooperación para la República Democrática del Congo y la Región,

–  Visto el Acuerdo de Asociación de Cotonú revisado,

–  Vista la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, de junio de 1981,

–  Vista la Carta Africana de la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza,

–  Vista la Constitución congoleña, de 18 de febrero de 2006,

–  Visto el artículo 123, apartados 2 y 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que la situación por lo que respecta a la seguridad en la República Democrática del Congo sigue deteriorándose en el noreste del país, donde continúan en actividad docenas de grupos armados y se han producido numerosas denuncias de masacres, reclutamiento y utilización de niños por parte de grupos armados, así como un recurso generalizado a la violencia sexual y de género;

B.  Considerando que entre octubre de 2014 y mayo de 2016, en los territorios de Beni, Lubero y Butembo, más de 1 160 personas fueron salvajemente asesinadas, más de 1 470 personas desaparecieron, un gran número de casas, centros de salud y escuelas fueron incendiados, y muchas mujeres, hombres y niños fueron víctimas de violencia sexual;

C.  Considerando que en la actualidad grupos armados ocupan numerosos pueblos en dichos territorios;

D.  Considerando que se está manifestando un creciente descontento ante la pasividad y el mutismo del Gobierno de la República Democrática del Congo frente a estas atrocidades, perpetradas supuestamente tanto por grupos armados rebeldes como por fuerzas militares estatales;

E.  Considerando que se han cometido crímenes de excepcional violencia, en algunas ocasiones en las proximidades inmediatas de posiciones mantenidas por el ejército del país (FARDC) y de bases de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (Monusco);

F.  Considerando que dichas masacres han tropezado con la indiferencia de la comunidad internacional y el mutismo de los medios de comunicación;

G.  Considerando que, con arreglo a la Constitución, le corresponde al presidente de la República Democrática del Congo ser garante de la integridad y la independencia nacionales, la seguridad de las personas y los bienes y del funcionamiento adecuado de las instituciones del país, y que es el comandante en jefe de las fuerzas armadas del país;

H.  Considerando que el alto grado de tensión política en la República Democrática del Congo se debe a que la Constitución del país exige que el presidente Kabila, en el poder desde 2001, abandone su cargo el 20 de diciembre de 2016, pese a lo cual este todavía no ha manifestado su intención de hacerlo;

I.  Considerando que la presencia del ejército congoleño y de la Monusco en la zona tiene por objeto mantener la estabilidad, luchar contra los grupos armados y proteger a la población civil;

J.  Considerando que el mandato de la Monusco ha sido renovado y reforzado;

K.  Considerando que la incapacidad generalizada para llevar ante la justicia a los responsables de violaciones de los derechos humanos ha fomentado el clima de impunidad y la comisión de nuevos delitos;

L.  Considerando que los vacilantes esfuerzos de la República Democrática del Congo para desmovilizar a miles de combatientes rebeldes, ya sea mediante su incorporación al ejército nacional o facilitando su transición a la vida civil, han sido uno de los principales retos para la paz;

M.  Considerando que los agentes humanitarios calculan que 7,5 millones de personas necesitan ayuda en la actualidad, y que el conflicto y las operaciones militares en curso también han provocado el desplazamiento interno de 1,5 millones de personas y han obligado a más de 400 000 personas a huir del país;

N.  Considerando que la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) de las Naciones Unidas ha denunciado el aumento del número de secuestros y ataques al personal y a los convoyes humanitarios, lo que ha obligado a las organizaciones humanitarias a retrasar la entrega de ayuda y a suspender sus actividades;

O.  Considerando que las masacres perpetradas en la zona oriental de la República Democrática del Congo son el resultado de los vínculos entre la política regional y nacional, la instrumentalización de las tensiones étnicas y la explotación de los recursos;

1.  Manifiesta su profunda preocupación por la escalada de la violencia y por el alarmante deterioro de la situación humanitaria en la República Democrática del Congo provocados, en particular, por los conflictos armados en las provincias orientales, que se prolongan desde hace más de 20 años; lamenta la pérdida de vidas humanas y expresa su solidaridad con la población de la República Democrática del Congo;

2.  Reitera su llamamiento a todas las partes en el conflicto para que pongan fin de inmediato a la violencia, depongan las armas, liberen a todos los menores que se encuentren entre sus filas y fomenten un diálogo orientado a una solución pacífica y sostenible al conflicto; pide una pronta y activa reanudación de la colaboración entre la Monusco y las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC), sobre la base del acuerdo de cooperación militar firmado el 28 de enero de 2016 en Kinsasa, a fin de restablecer y consolidar la paz y la seguridad tanto en las zonas orientales como en el resto del país;

3.  Recuerda que la neutralización de todos los grupos armados en la región contribuiría en gran medida a la paz y la estabilidad, y pide al Gobierno de la República Democrática del Congo que otorgue prioridad a esta cuestión y restablezca la seguridad para todos sus ciudadanos, así como la estabilidad en los territorios de Beni, Lubero y Butembo;

4.  Pide que la comunidad internacional realice, con carácter de urgencia y con la plena colaboración del Gobierno de la República Democrática del Congo y la Monusco, una investigación exhaustiva, independiente y transparente acerca de las masacres; pide que se convoque con carácter urgente una reunión del equipo de enviados internacionales y representantes para la región de los Grandes Lagos de África sobre las elecciones en la República Democrática del Congo con miras a adoptar las medidas adecuadas para este fin, tales como la movilización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

5.  Insiste en que esta situación no debería impedir que se celebren elecciones con arreglo a los preceptos constitucionales; subraya que el éxito y la celebración oportuna de las elecciones será esencial para la estabilidad y el desarrollo del país a largo plazo;

6.  Pide a la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) que recabe información y examine los abusos a fin de determinar si está justificado que la CPI investigue los supuestos crímenes en la región de Beni;

7.  Reitera que no puede haber impunidad para quienes perpetren violaciones de los derechos humanos, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y violencia sexual contra mujeres y niñas, ni para los responsables del reclutamiento de niños soldado; subraya que los responsables de tales actos deben ser denunciados, identificados, juzgados y castigados de conformidad con el Derecho penal nacional e internacional;

8.  Pide que se elabore un informe de evaluación sobre las acciones de la Monusco y que se haga público; acoge con satisfacción la Resolución 2277 (2016) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por la que se renovó el mandato de la Monusco y se reforzaron sus competencias en el ámbito de la protección civil y los derechos humanos, incluida la violencia de género y la violencia contra los niños;

9.  Insta a la Monusco a que haga pleno uso de su mandato para proteger a la población civil mediante su «transformación de las fuerzas» con objeto de asegurar que la misión pueda ejercer una mayor capacidad operativa para proteger a los civiles mediante mecanismos de intervención rápida y reconocimiento aéreo en las zonas orientales de la República Democrática del Congo, incluidas patrullas y bases operativas móviles;

10.  Pide a la Unión Africana y a la Unión Europea que garanticen un diálogo permanente entre los países de la región de los Grandes Lagos para prevenir una mayor desestabilización; lamenta que solo se hayan realizado progresos limitados en la aplicación del Acuerdo Marco de Paz, Seguridad y Cooperación de febrero de 2013 y pide a todas las partes que contribuyan activamente a los esfuerzos de estabilización;

11.  Insiste en que la sociedad civil debe participar en cualquier acción destinada a proteger a la población civil y resolver los conflictos, y en que se debe proteger a los defensores de los derechos humanos, a los que el Gobierno de la República Democrática del Congo y la comunidad internacional deben ofrecer una plataforma;

12.  Reconoce los esfuerzos realizados por las autoridades congoleñas en la lucha contra la impunidad y la prevención de la violencia sexual y la violencia contra los niños, pero considera que los progresos siguen siendo lentos;

13.  Recuerda a la Unión que debe haber coherencia entre sus políticas, incluidas las relativas al comercio de armas y al de materias primas, y que las negociaciones para la celebración de acuerdos en la región deben promover la paz, la estabilidad, el desarrollo y los derechos humanos;

14.  Pide a la Unión que estudie la posibilidad de imponer sanciones selectivas, entre las que figuren la prohibición de viajar y la congelación de activos, a los responsables de las masacres en la zona oriental y de la violenta represión en la República Democrática del Congo, a fin de contribuir a prevenir nuevos actos de violencia;

15.  Pide a la Unión y a sus Estados miembros que mantengan su ayuda a la población de la República Democrática del Congo con el fin de mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la población, en particular los desplazados internos;

16.  Condena todos los ataques contra el personal humanitario y las trabas al acceso de la ayuda humanitaria; insta a todas las partes en el conflicto a que respeten la independencia, neutralidad e imparcialidad del personal humanitario;

17.  Reafirma que las actividades de las empresas deben respetar plenamente las normas internacionales en materia de derechos humanos; pide, por consiguiente, a los Estados miembros, que velen por que las empresas que se encuentran bajo sus jurisdicciones nacionales no eludan el respeto de los derechos humanos y de las normas internacionales ligadas a sus actividades en terceros países;

18.  Celebra los esfuerzos de las autoridades congoleñas por aplicar la legislación por la que se prohíben el comercio y el tratamiento de minerales en las zonas en las que se explotan de forma ilegal como, por ejemplo, las controladas por grupos armados; pide a las autoridades congoleñas que refuercen la aplicación de la legislación y permitan un control más exhaustivo de los acuerdos mineros y de los usos indebidos de los ingresos mineros; pide a la Unión que apoye los esfuerzos de la República Democrática del Congo a este respecto mediante sus políticas de cooperación al desarrollo; acoge con satisfacción el reciente acuerdo europeo en materia de verificaciones obligatorias de la diligencia debida de los suministradores de minerales de guerra como primer paso para abordar la responsabilidad de las empresas europeas en la materia, e insta a la Unión a que traduzca este acuerdo en medidas legislativas ambiciosas que deberán adoptarse con prontitud;

19.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a la Unión Africana, al Consejo ACP-UE, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así como al Presidente, al Primer Ministro y al Parlamento de la República Democrática del Congo.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0085.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0278.


Seguimiento del marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación (ET 2020)
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Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de junio de 2016, sobre el seguimiento del marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación (ET 2020) (2015/2281(INI))
P8_TA(2016)0291A8-0176/2016

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

–  Vistos los artículos 165 y 166 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, su artículo 14,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 12 de mayo de 2009, sobre un marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación (ET 2020)(1),

–  Visto el Informe conjunto de 2012 del Consejo y de la Comisión sobre la aplicación del marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación (ET 2020) - «Educación y formación en una Europa inteligente, sostenible e inclusiva» (2),

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, de 26 de agosto de 2015, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulado «Proyecto de informe conjunto de 2015 del Consejo y de la Comisión sobre la aplicación del marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación ("ET 2020") Nuevas prioridades para la cooperación europea en educación y formación» (COM(2015)0408),

–  Visto el Informe conjunto de 2015 del Consejo y de la Comisión sobre la aplicación del marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación («ET 2020»)) – «Nuevas prioridades para la cooperación europea en educación y formación» (3),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de los días 28 y 29 de noviembre de 2011, relativas a un valor de referencia aplicable a la movilidad en la formación(4),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 19 de noviembre de 2010, sobre la educación para el desarrollo sostenible(5),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 17 de febrero de 2014, sobre invertir en educación y formación - una respuesta a «Un nuevo concepto de educación: invertir en las aptitudes para lograr mejores resultados socioeconómicos» y el Estudio Prospectivo Anual 2013 (6),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 20 de mayo de 2014, sobre formación eficaz de los docentes(7),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 20 de mayo de 2014, sobre una garantía de calidad como forma de ayuda a la educación y la formación(8),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo sobre el emprendimiento en la educación y la formación(9),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo sobre el papel de la educación infantil y primaria en el fomento de la creatividad, la innovación y la competencia digital(10),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo sobre la reducción del abandono escolar prematuro y el fomento del rendimiento educativo(11),

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Un nuevo concepto de educación: invertir en las competencias para lograr mejores resultados socioeconómicos» (COM(2012)0669),

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 20 de diciembre de 2012, sobre la validación del aprendizaje no formal e informal(12),

–  Vista la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente(13),

–  Vista la Declaración de la reunión informal de los ministros de Educación de la Unión Europea, celebrada el 17 de marzo de 2015, sobre la promoción de la ciudadanía y de los valores comunes de libertad, tolerancia y no discriminación mediante la educación («Declaración de París»)(14),

–  Vistas las «Conclusiones de Riga», aprobadas el 22 de junio de 2015 por los ministros de Educación y Formación Profesionales(15),

–  Visto el Libro Verde de la Comisión, de 3 de julio de 2008, titulado «Inmigración y movilidad: retos y oportunidades de los sistemas educativos de la UE» (COM(2008)0423),

–  Visto el informe elaborado en febrero de 2010 para la Comisión por el Grupo de expertos sobre las nuevas cualificaciones para nuevos empleos titulado «Nuevas Capacidades para Nuevos Empleos: Actuar ahora»(16),

–  Vista la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativa a la movilidad transnacional en la Comunidad a efectos de educación y formación: Carta de calidad de la movilidad europea(17),

–  Visto el informe del Sexto Foro Universidad-Empresa de marzo de 2015(18),

–  Vistas las previsiones de 2012 del CEDEFOP sobre las cualificaciones («Oferta y demanda futuras de cualificaciones en la UE»)(19),

–  Vistas sus Resoluciones, de 8 de septiembre de 2015, sobre el fomento del emprendimiento juvenil a través de la educación y la formación(20), y de 28 de abril de 2015, sobre el seguimiento de la aplicación del Proceso de Bolonia(21),

–  Vista su Resolución, de 26 de noviembre de 2015, sobre la educación para los niños en situaciones de emergencia y crisis prolongadas(22),

–  Vista su Resolución, de 12 de abril de 2016, sobre Erasmus+ y otros instrumentos para fomentar la movilidad en la EFP – un enfoque basado en el aprendizaje permanente(23),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Cultura y Educación (A8-0176/2016),

A.  Considerando que en lo sucesivo debe entenderse que todas las referencias a «educación y formación» incluyen las modalidades de aprendizaje formal, no formal e informal, habida cuenta de su carácter complementario en un proceso de transición hacia una sociedad del aprendizaje y de su función orientada a grupos destinatarios específicos, facilitando así la inclusión de los ciudadanos con menores oportunidades educativas;

B.  Considerando que la educación y la formación no deben dirigirse únicamente a satisfacer las necesidades del mercado laboral, sino que deben constituir un valor en sí mismas, ya que la educación desempeña un papel igualmente importante en el desarrollo de virtudes cívicas y éticas y valores humanistas entendidos en su sentido más amplio, tal como han sido consagrados por los Tratados, así como en la consolidación de los principios democráticos que constituyen los cimientos de Europa;

C.  Considerando que la educación debe fomentar el desarrollo personal, el respeto mutuo y la formación de los jóvenes para convertirlos en ciudadanos proactivos, responsables y concienciados, dotados de competencias cívicas, sociales e interculturales con un carácter transversal y profesionalmente cualificados;

D.  Considerando que la educación debe considerarse un derecho humano fundamental y un bien público al que deben poder acceder todas las personas;

E.  Considerando que la educación y la formación están llamadas a desempeñar un importante papel en la lucha contra la pobreza y la exclusión social y que la ampliación del acceso al aprendizaje permanente puede ofrecer nuevas perspectivas a las personas poco cualificadas, los desempleados, las personas con necesidades especiales, las personas de más edad y los migrantes;

F.  Considerando que una educación y una formación inclusivas y de calidad son esenciales para el desarrollo social, cultural y económico de Europa;

G.  Considerando que la educación y la formación en Europa deben contribuir a las estrategias e iniciativas de la Unión, y en particular la estrategia Europa 2020, la iniciativa del mercado único digital, la Agenda Europea de Seguridad y el Plan de Inversiones para Europa;

H.  Considerando que no todos los Estados miembros deben afrontar retos del mismo tipo y magnitud, lo cual implica que todas las recomendaciones propuestas en materia de educación y formación deben ser flexibles y tener en cuenta, entre otros, los factores nacionales y regionales de carácter económico, social, demográfico y cultural, orientándose al mismo tiempo a mejorar la situación en el conjunto de la Unión;

I.  Considerando que la cooperación en el ET 2020 debe complementar las acciones nacionales y apoyar a los Estados miembros en sus esfuerzos por desarrollar sistemas de educación y formación, respetando las competencias nacionales;

J.  Considerando que el desarrollo económico y la cohesión social deben situarse en pie de igualdad mediante una combinación de medidas dirigidas a conseguir una distribución más equitativa del conocimiento en el conjunto de la población, con el fin de impedir que se amplíen las brechas en los ingresos, que se manifiestan como un efecto secundario de un crecimiento tecnológico condicionado por el sesgo en las competencias;

K.  Considerando que la inversión efectiva en la educación y la formación de calidad constituye una fuente de crecimiento sostenible;

L.  Considerando que los actuales bajos niveles de conocimientos y aptitudes básicas resultan preocupantes y exigen que la educación primaria y secundaria ofrezcan la base necesaria para continuar aprendiendo e integrarse en el mercado laboral;

M.  Considerando que los bajos niveles de aptitudes básicas de los adultos hacen necesario reforzar el aprendizaje dirigido a este sector de la población, que constituye un instrumento para aumentar las competencias y reciclarse en el ámbito profesional;

N.  Considerando que, en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2014, la Comisión considera que, en términos de gasto, los Estados miembros deben encontrar la forma de mantener o promover las inversiones a largo plazo en educación, investigación, energía y acción en favor del clima, y que es fundamental invertir en la modernización de los sistemas de educación y formación, incluida la formación permanente;

O.  Considerando que los presupuestos públicos continúan sometidos a una gran presión; que son varios los Estados miembros que han recortado el gasto en educación y formación, y que es necesario aumentar la eficiencia de las futuras inversiones en este ámbito, en la medida en que constituyen un factor decisivo para la productividad, la competitividad y el crecimiento;

P.  Considerando que, si bien se han registrado mejoras en los resultados asociados a la consecución de los objetivos de educación superior ET 2020, también se han expresado preocupaciones en todo el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) con respecto a la eficiencia de las inversiones en educación por parte de los Estados miembros, la prioridad concedida a los indicadores cuantitativos, las condiciones de enseñanza, la calidad del aprendizaje, el retroceso en la libertad académica y el escepticismo en relación con determinados aspectos del proceso de Bolonia y su aplicación en algunos países;

Q.  Considerando que el seguimiento del ET 2020 demuestra que el principal reto que debe afrontarse en estos momentos es la pobreza educativa y la insuficiente integración de las personas con un bajo nivel socioeconómico, lo cual pone de manifiesto la necesidad de centrarse en mayor medida en la dimensión social con el fin de alcanzar los objetivos educativos y formativos del ET 2020 y mejorar la universalidad y la calidad de los sistemas de educación y formación;

El marco estratégico ET 2020

1.  Acoge con satisfacción el balance del ET 2020, al tiempo que destaca la necesidad de tener en cuenta sus conclusiones y de aplicarlas con diligencia, a fin de aumentar el valor añadido y optimizar la eficacia del marco estratégico, reforzando la pertinencia por países y el aprendizaje mutuo;

2.  Lamenta que queden todavía por resolver enormes problemas en términos de calidad, accesibilidad y discriminación socioeconómica en los ámbitos de la educación y la formación, y considera que debería emprenderse una acción política más ambiciosa, coordinada y eficaz tanto a escala europea como nacional;

3.  Reitera la importancia de la Declaración sobre la promoción de la ciudadanía y los valores comunes de la libertad, la tolerancia y la no discriminación a través de la educación, aprobada en París en marzo de 2015;

4.  Acoge con satisfacción la reducción del número de ámbitos prioritarios del ET 2020 a seis, que enumeran cuestiones específicas que los Estados miembros puedan optar por cumplir en función de sus propias necesidades y condiciones; señala, no obstante, que es preciso reforzar la eficacia y el aspecto operativo del ET 2020 y adoptar el correspondiente programa de trabajo;

5.  Acoge con satisfacción la propuesta de ampliación del ciclo de trabajo de tres a cinco años, a fin de aplicar mejor los objetivos estratégicos a largo plazo y de intervenir en cuestiones como el bajo rendimiento de los alumnos en algunas áreas de estudio, las bajas tasas de participación en la formación de adultos, el abandono escolar prematuro, la inclusión social, el compromiso cívico, las diferencias entre hombres y mujeres y las tasas de empleabilidad de los titulados;

6.   Acoge con satisfacción la nueva generación de grupos de trabajo del ET 2020 y pide a la Comisión que mejore la representación de las diferentes partes interesadas en estos grupos, especialmente mediante la inclusión de un mayor número de expertos en educación, jóvenes trabajadores, representantes de la sociedad civil, personal docente y miembros del cuerpo académico, cuya experiencia de la realidad sobre el terreno es esencial para la consecución de los objetivos fijados por el ET 2020; destaca que es necesario difundir mejor los resultados de los grupos a escala local, regional, nacional y de la Unión;

7.  Acoge con satisfacción el refuerzo de la función de dirección de las instancias informales en el seno del ET 2020, así como la creación de sistemas de retroalimentación entre el Grupo de alto nivel, los grupos de directores generales y los grupos de trabajo; reconoce el papel que desempeñan las organizaciones de la sociedad civil para alcanzar a las partes interesadas locales, regionales y nacionales y a los ciudadanos en relación con la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación, y pide que reciban apoyo financiero del programa Erasmus+ (KA3) y del Fondo Social Europeo;

8.  Pide la creación de un organismo de coordinación informal que incluya al director general de la Dirección General de Educación y Cultura (DG EAC) de la Comisión, a los directores responsables de educación de otras direcciones generales y a representantes de la sociedad civil, los interlocutores sociales y la Comisión de Cultura y Educación del Parlamento Europeo, y celebre reuniones de alto nivel que garanticen una coordinación más estrecha de los trabajos, la coherencia política y el seguimiento de las recomendaciones formuladas por los órganos formales e informales del ET 2020; considera que esta coordinación es necesaria debido a las preocupaciones que suscitan la falta de un verdadero diálogo entre la Comisión y las organizaciones de la sociedad civil y la división de competencias relativas al ET 2020 entre varias direcciones generales y miembros de la Comisión; pide que, una vez concluidos esos trabajos, sean objeto de una auténtica comunicación tanto a escala europea como nacional;

9.  Reitera que, sin olvidar la importancia que reviste la adquisición de aptitudes que faciliten la empleabilidad, deben mantenerse el valor, la calidad, la utilización práctica de los conocimientos y el rigor académico; destaca que, teniendo en cuenta las diferencias en la situación socioeconómica y la diversidad de las tradiciones educativas de los Estados miembros, deben evitarse los enfoques normativos generalizados; destaca que, si bien acierta al centrarse en los desafíos económicos y de empleabilidad, la futura agenda europea de nuevas cualificaciones y empleos debería abordar igualmente la importancia del conocimiento especializado, el rendimiento académico, el pensamiento crítico y la creatividad; alienta, por otra parte, a los Estados miembros a que respalden aquellas iniciativas que brindan a los estudiantes la oportunidad de mostrar sus competencias al público en general y a los potenciales empleadores;

10.  Señala los riesgos vinculados a los problemas crecientes de radicalización, violencia, acoso escolar y comportamiento, que empiezan a manifestarse en el nivel primario; pide a la Comisión que lleve a cabo una investigación a escala de la Unión y presente un resumen de la situación de todos los Estados miembros en el que se indiquen su respuesta a esas tendencias y si los Estados miembros han incluido, y de qué forma, la educación ética, personal y social en sus planes de estudio como un instrumento que ha demostrado hasta ahora su utilidad en numerosas escuelas, incluido el apoyo al personal docente con respecto a dichas competencias horizontales; alienta a los Estados miembros a que compartan las mejores prácticas en este ámbito;

11.  Destaca el valor inherente a un enfoque comunitario centrado en la educación formal, no formal e informal, así como al establecimiento de vínculos estrechos entre los centros de formación y las familias;

12.  Pide una mayor participación de todos los agentes pertinentes en la labor del ET 2020;

13.  Considera que debe alentarse a los propios estudiantes a participar activamente en la gobernanza de sus estructuras de enseñanza, a todas las edades y en todas sus modalidades;

14.  Alienta a los Estados miembros a reforzar los vínculos entre la educación superior y la formación profesional, los centros de investigación y el sector económico, y a garantizar la participación de los interlocutores sociales y la sociedad civil; señala que esta asociación ampliará el alcance del ET 2020 y reforzará la pertinencia de los sistemas de aprendizaje para aumentar la capacidad de innovación de Europa;

15.  Destaca que las estrategias de comunicación entre los centros escolares y los progenitores, la formación del carácter y otros programas de desarrollo personal aplicados en los entornos de aprendizaje en colaboración con las familias y otros interlocutores sociales pertinentes pueden contribuir a la convergencia social, al fomento de una ciudadanía activa, a la consolidación de los valores europeos consagrados en los Tratados y a la prevención de la radicalización; subraya que un entorno doméstico de apoyo resulta fundamental para que los niños dominen las competencias básicas, al tiempo que señala el valor de los cursos destinados a los progenitores, que han demostrado su eficacia para contrarrestar la pobreza educativa;

16.  Alienta el intercambio de buenas prácticas en el ET 2020;

17.  Destaca que los proyectos de cooperación impulsados en el ET 2020 complementan fundamentalmente las medidas nacionales como el aprendizaje mutuo, la recopilación de datos, los grupos de trabajo o el intercambio de buenas prácticas nacionales, que se verán reforzadas por la mejora de la transparencia, la coordinación y la difusión de sus resultados;

18.  Destaca el papel que desempeñan las asociaciones externas y las ONG que intervienen en los centros escolares para brindar a los niños capacidades y competencias sociales suplementarias, como las artes o las actividades manuales, y que contribuyen a la integración, a una mejor comprensión del entorno, a la solidaridad en el aprendizaje y en la vida y a la facilitación de las competencias de aprendizaje para clases enteras;

19.  Expresa su preocupación por el atraso en la calidad de la educación y la formación del personal docente en algunos Estados miembros, en términos de alcance y complejidad, con respecto a las competencias que requiere la enseñanza de hoy, en particular en lo que se refiere a la capacidad para abordar la creciente diversidad del alumnado, la introducción de pedagogías innovadoras y el uso de herramientas TIC;

20.  Alienta a los Estados miembros a adaptar sus programas de formación inicial del personal docente y de desarrollo profesional continuo, así como a hacer un mejor uso de las actividades de aprendizaje recíproco entre los Estados miembros y a fomentar la cooperación y las asociaciones entre las instituciones de formación del personal docente y las escuelas;

21.  Acoge con satisfacción la nueva prioridad establecida por el ET 2020 en el sentido de mejorar el apoyo al personal docente y revalorizar su estatuto, lo cual es esencial para que este colectivo pueda granjearse el respeto necesario y, de este modo, hacer más atractiva su profesión; considera que el cumplimiento de este objetivo requerirá reforzar la preparación y la formación del personal docente y mejorar sus condiciones laborales, en particular aumentando los sueldos en algunos Estados miembros, dado que a menudo los sueldos que percibe este colectivo profesional se sitúan por debajo de la media de los titulados de enseñanza superior;

22.  Observa con preocupación que en algunos Estados miembros, en particular en los países que se encuentran en dificultades, la preparación del personal docente y la calidad de la educación se han deteriorado como consecuencia de la falta de personal y de los recortes en la educación;

23.  Señala que la prestación de una educación y una formación innovadoras y abiertas es un ámbito prioritario del ET 2020; destaca la importancia de desarrollar y promover la innovación y la flexibilidad en los métodos de enseñanza, aprendizaje y transferencia de conocimientos, de forma que se fomente la participación activa de las personas;

24.  Alienta a los Estados miembros a que hagan pleno uso de las posibilidades que brindan la digitalización, las TIC y las nuevas tecnologías, incluidas las plataformas de datos abiertas y los cursos abiertos en línea, a fin de mejorar la calidad y la accesibilidad de la enseñanza y el aprendizaje; pide a la Unión y a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos para mejorar las competencias digitales y de las TIC, también mediante la organización de formaciones específicas en la utilización de estos instrumentos dirigidas al personal docente y a los estudiantes a nivel escolar y universitario; alienta el intercambio de buenas prácticas y la mejora de la cooperación transfronteriza en este ámbito;

25.  Celebra la atención prestada por la Comisión a la importancia de las competencias digitales; destaca que es fundamental ofrecer esas competencias a los jóvenes del siglo XXI;

26.  Destaca que la cuestión de mejorar los resultados de la formación en relación con los recursos disponibles debe recibir mayor atención en el ET 2020, en concreto en lo referente a la formación de adultos;

27.  Alienta a la Comisión y a los Estados miembros a que revisen las normas en vigor para la evaluación de los programas de educación y formación financiados mediante los instrumentos financieros europeos, haciendo más hincapié en las evaluaciones de impacto centradas en la calidad y en los resultados en relación con las prioridades del ET 2020;

28.  Pide a los Estados miembros que concedan becas y préstamos con los que sufragar cursos y módulos profesionales cuya estructura contribuya a armonizar la formación con las necesidades prácticas;

29.  Destaca la necesidad de concentrar mejor los esfuerzos en el ámbito de la educación y la formación fusionando y racionalizando los actuales programas e iniciativas;

30.  Pide asimismo a la Comisión que, cuando proceda, trate a los grupos minoritarios de forma independiente y especializada, a fin de responder mejor a los problemas inherentes a cada grupo;

31.  Cree firmemente que la inversión en educación y cuidado de la primera infancia, adecuadamente adaptadas a la sensibilidad y al nivel de madurez de cada grupo objetivo, aporta más beneficios que la inversión en cualquier otra fase de la educación; señala que se ha demostrado que la inversión en los primeros años de la educación reduce los costes en las etapas educativas posteriores;

32.  Considera que el éxito de la educación a todos los niveles depende de un personal docente bien formado y de su formación profesional continua, por lo que es preciso realizar inversiones suficientes en dicha formación;

Calidad de la educación y la formación

33.  Pide que se preste más atención a la calidad de la educación desde la enseñanza preescolar y a lo largo de toda la vida;

34.  Pide la instauración de buenas prácticas en la evaluación de los progresos cualitativos, así como inversiones en la utilización de datos de calidad junto con las partes interesadas a escala local, regional y nacional, sin perjuicio de la pertinencia de los indicadores y las referencias utilizados en el marco del ET 2020;

35.  Destaca la importancia de transmitir y adquirir competencias generales básicas como las tecnologías de la información y la comunicación, las matemáticas, el pensamiento crítico, las lenguas extranjeras y la movilidad, que permitirán a los jóvenes adaptarse fácilmente a los cambios en el entorno social y económico;

36.  Constata el número sin precedentes de alumnos que participan en la educación formal; expresa su preocupación por el persistente alto nivel de desempleo juvenil en la Unión, así como por la disminución de la tasa de empleo de los titulados de la enseñanza superior;

37.  Destaca que los objetivos de referencia en materia de educación y formación definidos en la estrategia Europa 2020, especialmente en lo que se refiere a la reducción de la tasa de abandono escolar a menos del 10 % y a la consecución de un porcentaje del 40 % de la generación más joven con una titulación superior, no debería ir en detrimento de la calidad de la educación, sino que dichos objetivos deberían alcanzarse más bien teniendo en cuenta el primer objetivo del ET 2020 relativo a unas «cualificaciones y competencias pertinentes y de alta calidad»; señala que este objetivo podría alcanzarse desarrollando proyectos de educación dual;

38.  Llama la atención sobre el hecho de que los exámenes estandarizados y los enfoques cuantitativos con respecto a la responsabilidad en materia educativa solo miden, en el mejor de los casos, una gama reducida de competencias tradicionales, lo que puede obligar a las escuelas a adaptar los planes de estudio a las materias que van a ser objeto de examen, desatendiendo los valores intrínsecos de la educación; destaca que la educación y la formación desempeñan una función importante en el desarrollo de virtudes éticas, civiles y humanas, mientras que las puntuaciones de los exámenes pasan por alto el trabajo de los docentes y los logros de los alumnos en este ámbito; destaca, a este respecto, la necesidad de flexibilidad, innovación y creatividad en el entorno educativo, lo cual puede mejorar la calidad de la enseñanza y el rendimiento educativo;

39.  Destaca que es necesario trabajar en el desarrollo de las competencias básicas con el objetivo de lograr una educación de calidad;

40.  Destaca la importancia de ofrecer educación infantil de alta calidad y de que esta se modernice oportunamente; destaca el papel crucial que desempeña un enfoque centrado en el individuo en los sistemas de educación y formación, lo cual beneficia el desarrollo de la creatividad y del pensamiento crítico, a la vez que da relevancia a los intereses, las necesidades y las capacidades personales del alumno;

41.  Pide a los Estados miembros que canalicen las inversiones hacia una educación inclusiva que responda a los retos de la sociedad en lo que se refiere a asegurar la igualdad de acceso y de oportunidades para todos; subraya que una educación y una formación de calidad que incluyan oportunidades de aprendizaje permanente y programas para luchar contra todas las formas de discriminación, las desigualdades económicas y sociales y las causas de exclusión son esenciales para mejorar la cohesión social y la vida de los jóvenes que sufren desventajas sociales y económicas o pertenecen a grupos minoritarios, al tiempo que destaca la necesidad de proseguir los esfuerzos dirigidos a reducir el abandono escolar prematuro;

42.  Pide que la educación y la formación sean más inclusivos con respecto a las personas con discapacidad o necesidades especiales, al tiempo que insta a mejorar la formación del personal docente con el fin de dotarlo de las competencias necesarias para incluir, integrar y ayudar a los alumnos con discapacidad;

43.  Destaca que deben examinarse y evaluarse los efectos secundarios provocados por el proceso de Bolonia y la movilidad de los estudiantes; alienta a los Estados miembros a redoblar los esfuerzos dirigidos a alcanzar los objetivos y garantizar la aplicación de las reformas acordadas en el marco del proceso de Bolonia y de los programas de movilidad, así como a comprometerse a cooperar de forma más eficaz a fin de corregir sus carencias para que reflejen mejor las necesidades de los estudiantes y de la comunidad académica y a estimular y promover la mejora de la calidad de la educación superior;

44.  Aboga por una mayor participación de la comunidad universitaria en el ciclo de trabajo del ET 2020;

45.  Observa que el proceso de Bolonia ha conseguido logros significativos, y considera que los centros de enseñanza deben dar prueba de flexibilidad en la utilización de los módulos y del sistema europeo de transferencia de créditos académicos (ECTS);

46.  Acoge con satisfacción los esfuerzos por aumentar el número de matriculaciones en las disciplinas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, pero no a costa de las humanidades, que son imprescindibles para hacer un uso adecuado de las oportunidades que brindan dichas disciplinas;

47.  Destaca que la obtención de resultados económicos no debe constituir un requisito previo para todas las actividades académicas, al tiempo que pide, a este respecto, que se realicen esfuerzos dirigidos a garantizar que las humanidades no corran el riesgo de desaparecer del panorama de la investigación;

48.  Aboga por una visión más holística que destaque la importancia de la variedad de disciplinas en los ámbitos de la educación y la investigación;

49.  Aboga por que los programas de movilidad se elaboren pensando en resultados cualitativos que respondan a prioridades y sirvan a los objetivos establecidos para la enseñanza y la formación; pide la correcta aplicación de las propuestas de la Carta Europea de Calidad para la Movilidad, así como un mejor uso de todos los instrumentos disponibles para preparar a los alumnos para el tipo adecuado de movilidad que necesiten; alienta a los Estados miembros a explotar plenamente el potencial de internacionalización interna, con el fin de brindar una dimensión internacional a los estudios de aquellos estudiantes que prefieran no participar en la movilidad externa;

50.  Reafirma la necesidad de garantizar la accesibilidad de las oportunidades de movilidad, especialmente en el ámbito de la formación profesional, para los jóvenes desfavorecidos y las personas que sufren diferentes formas de discriminación; destaca el importante papel de los programas de movilidad, como Erasmus+, para estimular el desarrollo de las competencias y las capacidades transversales entre los jóvenes; destaca la necesidad de reforzar el Plan europeo renovado de aprendizaje de adultos;

51.  Destaca la importancia de un marco general de reconocimiento de las cualificaciones y los títulos como un elemento clave para garantizar la educación transfronteriza y la movilidad laboral;

52.  Pide que se realicen mayores esfuerzos en la validación del aprendizaje no formal e informal, incluidos los servicios voluntarios, y en el desarrollo de instrumentos para el reconocimiento de los conocimientos y las competencias adquiridos mediante las tecnologías digitales;

53.  Señala que debe prestarse una atención particular a la simplificación y la racionalización de los actuales instrumentos de la Unión en materia de aptitudes y cualificaciones orientadas al público en general, con el fin de potenciar su divulgación en consonancia con los resultados de la encuesta de la Comisión realizada en 2014 sobre el Espacio Europeo de las Aptitudes y Cualificaciones;

Migración y educación

54.  Destaca que los desafíos que plantean a los sistemas de educación y formación los movimientos migratorios intraeuropeos y extraeuropeos y la actual crisis humanitaria y de los refugiados deben abordarse a escala europea, nacional y regional;

55.  Destaca que las carencias en la oferta educativa y de formación a los migrantes, los refugiados y los solicitantes de asilo redundarán negativamente en su empleabilidad futura, en el desarrollo de conocimientos sobre los valores culturales y sociales de los países de acogida y, en última instancia, en su integración y su contribución a la sociedad;

56.  Pide que se mejore la cooperación entre las autoridades nacionales y de la Unión con el fin de elaborar un enfoque adecuado para integrar de forma rápida, plena y sostenible a los refugiados y los migrantes en los sistemas de educación y formación;

57.  Acoge con satisfacción la decisión de integrar la educación de los migrantes de forma transversal en todas las actividades de los Grupos de trabajo del ET 2020 y de celebrar actividades de aprendizaje recíproco durante su período de funcionamiento inicial;

58.  Hace hincapié en la necesidad de que los ministerios de Educación de los Estados miembros y la Dirección General de Educación y Cultura (DG EAC) de la Comisión cooperen para garantizar la igualdad de acceso a una educación de alta calidad, en particular atendiendo a los más desfavorecidos y a las personas de diferentes orígenes, incluidos los migrantes recién llegados, integrándolos en un entorno de aprendizaje positivo;

59.  Pide que se adopten medidas dirigidas a integrar a los niños de los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, europeos y no europeos, en los sistemas educativos y de formación, y que se preste ayuda para su adaptación a los planes de estudio y los estándares educativos de los Estados miembros de acogida, apoyando los métodos de aprendizaje innovadores y ofreciéndoles asistencia lingüística y, en caso necesario, asistencia social, así como facilitando su familiarización con la cultura y los valores de los países de acogida y preservando al mismo tiempo su propio patrimonio cultural;

60.  Alienta a los Estados miembros a considerar las posibilidades de integrar a los docentes y académicos migrantes en los sistemas educativos europeos, aprovechando su experiencia y sus competencias lingüísticas y pedagógicas;

61.  Recomienda que los Estados miembros y las instituciones educativas brinden asesoramiento y apoyo a los niños de los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo para que puedan acceder a los servicios educativos, ofreciendo información clara y puntos de contacto visibles;

62.  Expresa su preocupación por el hecho de que la mitad de los formadores del personal docente en los países de la OCDE consideren que los sistemas de formación de los docentes no los prepara suficientemente para gestionar eficazmente la diversidad, y alienta a los Estados miembros interesados a garantizar al personal docente un apoyo profesional continuo en este ámbito, de modo que adquieran las competencias pedagógicas necesarias en materia de migración y aculturación y aprovechen la riqueza que representa la diversidad como una fuente de aprendizaje en las aulas; aboga por un mejor aprovechamiento del potencial inherente a las actividades de aprendizaje recíproco entre los Estados miembros;

63.  Apoya la idea de establecer servicios de asistencia y elaborar directrices dirigidas al personal docente, prestándole ayuda puntual en la gestión positiva de los varios tipos de diversidad, promoviendo el diálogo intercultural en las aulas y ofreciéndole orientación cuando se vea confrontado con estudiantes en riesgo de radicalización;

64.  Aboga por la creación de sinergias diferenciadas entre los grupos de trabajo del ET 2020 y el Grupo de trabajo sobre educación de la Red para la Sensibilización frente a la Radicalización (RAN);

65.  Aboga por la creación del grupo de expertos competente previsto en el Plan de Trabajo de la Unión Europea para la Juventud para 2016-2018;

66.  Destaca la necesidad de disponer de un mayor número de programas de aprendizaje basados en las lenguas;

67.  Pide a los Estados miembros que se esfuercen por desarrollar y aplicar con diligencia mecanismos dirigidos a mejorar la comprensión y la identificación de las cualificaciones de los migrantes, los refugiados y los solicitantes de asilo, dado que muchos de los que llegan a la Unión carecen de documentos que prueben sus cualificaciones formales;

68.  Pide a los Estados miembros que examinen de qué forma pueden desarrollarse las actuales modalidades de reconocimiento de las cualificaciones profesionales, incluidas las comprobaciones apropiadas de los antecedentes educativos;

69.  Considera que el aprendizaje no formal e informal puede ser un instrumento eficaz para la integración laboral y social de los refugiados;

70.  Destaca el importante papel del aprendizaje no formal e informal, así como la participación en actividades deportivas y de voluntariado, para estimular el desarrollo de competencias cívicas, sociales e interculturales; hace hincapié en el hecho de que algunos países han realizado progresos significativos en la elaboración de los marcos jurídicos pertinentes, mientras que otros tienen dificultades para crear estrategias de validación exhaustivas; destaca, por tanto, la necesidad de elaborar estrategias exhaustivas que permitan la validación;

71.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que adopten medidas dirigidas a facilitar la matriculación de los estudiantes migrantes, refugiados y solicitantes de asilo a nivel universitario, sin perjuicio de las normas nacionales y de las competencias relativas al acceso a la educación y la formación; acoge con satisfacción las iniciativas adoptadas a este respecto por una serie de universidades europeas y alienta al intercambio de mejores prácticas en este ámbito;

72.  Pide que se creen «corredores educativos» que permitan a los estudiantes refugiados o procedentes de zonas en conflicto el acceso a las universidades europeas, incluida la enseñanza a distancia;

73.  Pide a los Estados miembros que faciliten la matriculación de los estudiantes migrantes en todos los niveles educativos;

74.  Considera que debería evaluarse y, si procede, desarrollarse el programa Science4Refugees; aboga por que, a nivel nacional y de la Unión, se ofrezca apoyo a las instituciones sin ánimo de lucro que prestan asistencia a los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo universitarios en el ámbito científico y en otras áreas profesionales;

75.  Señala que la «fuga de cerebros» representa un riesgo para los Estados miembros, especialmente los de Europa central, oriental y meridional, en los que un número creciente de jóvenes licenciados se ven impulsados a emigrar; expresa su preocupación por la incapacidad de los grupos de trabajo del ET 2020 para abordar eficazmente el concepto de movilidad desequilibrada, e insiste en la necesidad de abordar este problema a nivel nacional y de la Unión;

76.  Destaca el papel fundamental que desempeñan la educación y la formación en la capacitación de las mujeres en todas las esferas de la vida; insiste en la necesidad de luchar contra las desigualdades entre hombres y mujeres y de reconocer las necesidades específicas de las mujeres jóvenes integrando la perspectiva de género en el ET 2020; habida cuenta de que la igualdad entre hombres y mujeres constituye uno de los valores fundacionales de la Unión, destaca la necesidad de que todos los centros educativos aprueben y pongan en práctica este principio entre sus estudiantes, con el fin de promover la tolerancia, la no discriminación, la ciudadanía activa, la cohesión social y el diálogo intercultural;

o
o   o

77.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO C 119 de 28.5.2009, p. 2.
(2) DO C 70 de 8.3.2012, p. 9.
(3) DO C 417 de 15.12.2015, p. 25.
(4) DO C 372 de 20.12.2011, p. 31.
(5) DO C 327 de 4.12.2010, p. 11.
(6) DO C 64 de 5.3.2013, p. 5.
(7) DO C 183 de 14.6.2014, p. 22.
(8) DO C 183 de 14.6.2014, p. 30.
(9) DO C 17 de 20.1.2015, p. 2.
(10) DO C 172 de 27.5.2015, p. 17.
(11) DO C 417 de 15.12.2015, p. 36.
(12) DO C 398 de 22.12.2012, p. 1.
(13) DO L 394 de 30.12.2006, p. 10.
(14) http://ec.europa.eu/education/news/2015/documents/citizenship-education-declaration_en.pdf
(15) http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/doc/2015-riga-conclusions_en.pdf
(16) http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/125en.pdf
(17) DO L 394 de 30.12.2006, p. 5.
(18) http://ec.europa.eu/education/tools/docs/university-business-forum-brussels_en.pdf
(19) http://www.cedefop.europa.eu/files/3052_en.pdf
(20) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0292.
(21) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0107.
(22) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0418.
(23) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0107.


Informe de situación en materia de energías renovables
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Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de junio de 2016, sobre el informe de situación en materia de energías renovables (2016/2041(INI))
P8_TA(2016)0292A8-0196/2016

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular el título XX relativo al medio ambiente y el título XXI relativo a la energía,

–  Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular el título IX relativo al empleo y el título XVIII relativo a la cohesión económica, social y territorial,

–  Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular el Protocolo (n.º 26) sobre los servicios de interés general y el Protocolo (n.º 28) sobre la cohesión económica, social y territorial,

–  Vistos el informe de la Comisión titulado «Informe de situación en materia de energías renovables» (COM(2015)0293) y los planes de acción nacionales,

–  Vistas la vigesimoprimera Conferencia de las Partes (COP 21) en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y la undécima Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kioto (CP/RP 11), celebradas en París (Francia) del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015, así como el Acuerdo de París,

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Plan Estratégico Europeo de Tecnología Energética (Plan EETE) integrado: Acelerar la transformación del sistema energético europeo» (C(2015)6317),

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Estrategia de la UE relativa a la calefacción y la refrigeración» (COM(2016)0051),

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050» (COM(2011)0112),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 23 y 24 de octubre de 2014,

–  Vista la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE(1),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1290/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establecen las normas de participación y difusión aplicables a Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1906/2006(2),

–  Vista la Directiva (UE) 2015/1513 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se modifican la Directiva 98/70/CE, relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo, y la Directiva 2009/28/CE, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables(3),

–  Visto el estudio del CESE sobre el papel de la sociedad civil en la aplicación de la Directiva sobre las fuentes de energía renovables de la UE titulado «Cambiar el futuro de la energía: la sociedad civil como agente principal de la generación de energía renovable»,

–  Visto el Plan de Acción de Energía Sostenible del Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía,

–  Visto el Convenio de Aarhus, de 25 de junio de 1998, sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente,

–  Vista su Resolución, de 5 de febrero de 2014, sobre un marco para las políticas de clima y energía en 2030(4),

–  Vista su Resolución, de 14 de octubre de 2015, sobre «Hacia un nuevo acuerdo internacional sobre el clima en París»(5),

–  Vista su Resolución, de 15 de diciembre de 2015, sobre alcanzar el objetivo de interconexión de electricidad del 10 % - Preparación de la red eléctrica europea de 2020(6),

–  Vista su Resolución, de 15 de diciembre de 2015, sobre «Hacia una Unión Europea de la Energía»(7),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y las opiniones de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de la Comisión de Desarrollo Regional y de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A8-0196/2016),

A.  Considerando que la Unión en su conjunto va por buen camino para alcanzar los objetivos de 2020 en materia de energías renovables, aunque en algunos Estados miembros es necesario intensificar las medidas;

B.  Considerando que los costes de la energía renovable han disminuido considerablemente en los últimos años, lo que, junto a los progresos técnicos en la producción y el almacenamiento, ha hecho que las energías renovables sean cada vez más competitivas respecto a la generación convencional, lo que ofrece una oportunidad única para crear una auténtica política europea en materia de energía que impulse la competitividad y reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero; que la transición hacia un sistema energético sostenible y con perspectiva de futuro debe incluir esfuerzos en favor de la eficiencia energética, las energías renovables, un mejor uso de los recursos energéticos de Europa, desarrollo tecnológico e infraestructuras inteligentes; que es necesario un marco regulador estable a largo plazo para la creación de crecimiento económico y empleo y para garantizar que la Unión conserve el liderazgo mundial en estos ámbitos;

C.  Considerando que, de conformidad con el artículo 194 del TFUE, la política energética europea debe garantizar el funcionamiento del mercado de la energía, garantizar la seguridad del abastecimiento energético, fomentar la eficiencia energética y el ahorro energético así como el desarrollo de energías renovables, y promover la interconexión de las redes energéticas; que los objetivos vinculantes, nacionales y de la Unión, una planificación concreta y obligaciones en materia de información, así como medidas facilitadoras, han sido factores clave para la seguridad de las inversiones y la ampliación de la capacidad de las energías renovables en la Unión, además de para las infraestructuras de transmisión y distribución;

D.  Considerando que, en sintonía con el Acuerdo de la COP 21 en París, la Directiva sobre energías renovables debe adaptarse para cumplir el objetivo acordado de mantener el aumento mundial de la temperatura en 1,5  C por encima de los niveles preindustriales; que una economía basada en un 100 % de energías renovables solo puede alcanzarse reduciendo nuestro consumo de energía, aumentando la eficiencia energética e impulsando las fuentes de energía renovables;

E.  Considerando que unas políticas ambiciosas en favor de las energías renovables combinadas con la eficiencia energética, representan una importante fuerza motora para reducir la dependencia de la Unión con respecto a las importaciones y su factura energética exterior global, y para mejorar la seguridad energética respecto a los proveedores externos; que la Unión importa más de la mitad de toda la energía que consume, a un coste de más de 1 000 millones EUR diarios, lo que representa el 20 % del total de importaciones; que la dependencia de las importaciones es particularmente elevada para el petróleo crudo, el gas natural y la hulla; que el ahorro de costes de importación de combustibles por el mayor uso de las energías renovables asciende al menos a 30 000 millones EUR anuales;

F.  Considerando que el desarrollo de las energías renovables puede contribuir a garantizar la soberanía y la seguridad energéticas, a acabar con la pobreza energética y fomentar el desarrollo económico y el liderazgo tecnológico de la Unión a la vez que se combate el cambio climático; que las fuentes de energía renovables contribuirán a proporcionar a los ciudadanos europeos una energía estable, asequible, sostenible, con atención especial a los más vulnerables; que las fuentes de energía renovables deben permitir a los ciudadanos beneficiarse de un suministro energético predecible y autogenerado;

G.  Considerando que el desarrollo de las energías renovables debe coincidir con el desarrollo de un mercado interior de la electricidad que funcione correctamente; que la Unión de la Energía debe basarse en una transición hacia un sistema energético sostenible con perspectiva de futuro que tenga como principales pilares la eficiencia energética, las energías renovables y una infraestructura inteligente;

H.  Considerando que las empresas de la Unión en el sector de las energías renovables, muchas de las cuales son pymes, emplean a 1,15 millones de personas en Europa y poseen el 40 % de todas las patentes mundiales relativas a tecnologías renovables, lo que convierte a la Unión en líder mundial; que, según la Comisión, podrían crearse hasta 20 millones de empleos en la economía verde de aquí a 2020, que es también una gran oportunidad para crear empleo en las zonas rurales; que los proyectos propiedad de pymes, cooperativas y particulares desempeñan un importante papel en la innovación y el desarrollo del sector de las energías renovables;

I.  Considerando que la Comisión se ha comprometido a convertir a Europa en el número uno mundial en energías renovables, lo que constituye un imperativo de la política industrial; que China se ha convertido en el líder mundial en inversiones en energías renovables, mientras que la inversión en Europa se ha reducido en un 21 %, pasando de 54 610 millones EUR (62 000 millones de dólares estadounidenses) en 2014 a 42 990 millones EUR (48 800 millones de dólares) en 2015, la cifra más baja en nueve años;

J.  Considerando que la inversión continuada en energías renovables requiere un liderazgo ambicioso, tanto público como privado, además de un compromiso a largo plazo y un marco político estable y fiable, a largo plazo, que sea coherente con los compromisos para el clima contraídos por la Unión a raíz del Acuerdo de París, que presenta un importante potencial de creación de empleo y de crecimiento en Europa;

K.  Considerando que objetivos ambiciosos y realistas, es decir, la participación pública y el control y la supervisión, normas claras y simples, el apoyo local, regional, nacional y europeo y la participación de todas las partes interesadas, incluidos los interlocutores sociales (que reúnen a representantes de los trabajadores y de las empresas), son elementos clave y deben reforzarse aún más a fin de conseguir desarrollar las energías renovables;

L.  Considerando la importancia del respeto de los derechos de propiedad al promover las energías renovables;

M.  Considerando que las energías renovables brindan la oportunidad de lograr una mayor democracia energética capacitando a los consumidores para que participen activamente en igualdad de condiciones con las otras partes interesadas en el mercado energético, para que generen y consuman, almacenen y vendan la energía producida por ellos mismos, personalmente o en una gestión colectiva, también a través de la inversión pública y privada, y las formas descentralizadas de producción de energía puestas en marcha por las autoridades públicas locales, de las regiones y de las ciudades; que los proyectos de energías renovables deben permitir un mayor control de los ciudadanos sobre su consumo de energía y la transición energética, además de fomentar su participación directa en el sistema energético, también mediante regímenes de inversión;

N.  Considerando que la energía eólica marítima en la región del mar del Norte tiene potencial para generar más del 8 % del suministro eléctrico de Europa de aquí a 2030;

O.  Considerando que algunos Estados miembros están más expuestos al riesgo de depender de un único suministrador de combustibles fósiles; que, gracias a las energías renovables se ahorró la importación de combustibles fósiles por un valor de 30 000 millones EUR, y que el consumo de gas natural se redujo en un 7 %, con lo que aumentaron la independencia y la seguridad energéticas de Europa, que sigue siendo el mayor importador de energía del mundo;

Los avances en materia de energías renovables

1.  Celebra los compromisos de la Comisión en materia de energías renovables; considera, respecto a la Directiva sobre energías renovables, que la actual combinación de objetivos nacionales vinculantes, planes nacionales en materia de energía renovable y seguimiento bienal ha sido un factor clave del desarrollo de la capacidad de las energías renovables en la Unión; urge a la Comisión a que garantice la plena aplicación de la Directiva de 2020 sobre energías renovables y que presente un marco legislativo ambicioso para después de 2020; destaca, a este respecto, que es necesario un marco reglamentario estable a largo plazo, que incluya objetivos vinculantes, nacionales y de la Unión, en materia de energías renovables que sean coherentes con la vía más eficaz para alcanzar los objetivos climáticos de la Unión a largo plazo (2050);

2.  Aunque señala con satisfacción que la Unión está en buen camino para alcanzar sus objetivos para 2020, expresa su preocupación ante el gran número de países (Bélgica, España, Francia, Luxemburgo, Malta, los Países Bajos y el Reino Unido) que, según las estimaciones de 2015 de la Comisión en su Informe de situación en materia de energías renovables para 2014-2010, deberán reforzar sus políticas e instrumentos para garantizar el cumplimiento de los objetivos para 2020, mientras que no es seguro que Hungría y Polonia los alcancen; pide a los Estados miembros que sufren retrasos que introduzcan medidas adicionales para volver al buen camino; saluda el hecho de que algunos Estados miembros ya han cumplido o cumplirán muy pronto sus objetivos para 2020, mucho antes de lo previsto, como Bulgaria, la República Checa, Dinamarca, Estonia, Croacia, Italia, Letonia, Lituania, Austria, Rumanía, Finlandia y Suecia;

3.  Lamenta que el Informe de situación en materia de energías renovables de la Comisión no presente recomendaciones específicas por país con miras a ajustar sus políticas e instrumentos a fin de garantizar que cumplen sus objetivos para 2020; subraya que el acceso al capital es fundamental, pero que el coste del capital en la UE-28 ha ido difiriendo considerablemente, lo que ha resultado en una brecha entre el norte y el oeste, por una parte, y el este y el sur, por otra; señala que la existencia de una amplia variedad de diferentes políticas para promover las energías renovables amenaza con ampliar aún más la brecha en materia de competitividad entre los Estados miembros de la Unión; señala la necesidad de que la Unión cuente con un mecanismo financiero para la reducción del elevado coste de inversión derivado del riesgo en los proyectos de energía renovable;

4.  Subraya a este respecto la importancia de determinar y compartir las mejores prácticas existentes en el ámbito de las políticas nacionales sobre energías renovables, y de fomentar su adopción en un modelo europeo más convergente, que favorezca una cooperación y una coordinación reforzadas entre los Estados miembros; pide a la Comisión que mantenga su papel de seguimiento de los avances en materia de energías renovables y de apoyo activo de su desarrollo; destaca la importancia de evaluar las energías renovables por su competitividad, su sostenibilidad, su rentabilidad y su contribución a alcanzar la estabilidad geopolítica y los objetivos en materia de cambio climático;

5.  Reconoce el importante papel que desempeñan los planes nacionales y las obligaciones de información en la supervisión de los progresos de los Estados miembros, y considera que estas obligaciones deben continuar en el periodo posterior a 2020; reconoce que la determinación de la combinación energética de los Estados miembros sigue siendo una competencia nacional en el marco del artículo 194 del TFUE, donde cada Estado miembro fomenta el desarrollo de sus propias formas de energía renovable, y que, por consiguiente, estas combinaciones energéticas siguen siendo muy diversas;

6.  Destaca la importancia de unos procedimientos administrativos sencillos, accesibles, asequibles y eficientes;

7.  Pide a la Comisión que incluya una evaluación del impacto de las energías renovables en los costes y los precios, especialmente en los precios para los hogares, en los futuros informes de situación sobre las energías renovables;

8.  Resalta la importancia de una propuesta legislativa de la Unión sobre las normas del mercado de la energía, ya que un mercado más integrado es fundamental para el desarrollo de las energías renovables, y para reducir los costes de la energía para las familias y la industria;

9.  Hace hincapié en la importancia de sistemas estables y rentables de apoyo a las energías renovables a fin de atraer inversiones a largo plazo que sigan respondiendo y adaptándose a corto plazo y se ajusten a las necesidades y circunstancias nacionales, lo que permita eliminar gradualmente las subvenciones a las tecnologías renovables consolidadas; acoge con satisfacción el hecho de que una serie de tecnologías en materia de energías renovables estén alcanzando rápidamente un coste competitivo con respecto a los tipos de generación convencionales; destaca que la transición energética depende de la transparencia, la coherencia y la continuidad de los marcos reguladores, financieros y jurídicos a fin de reforzar la confianza de los inversores; lamenta las modificaciones retroactivas de los sistemas de apoyo a las energías renovables que alteran el rendimiento de las inversiones ya efectuadas; pide a los Estados miembros que anuncien siempre cualquier ajuste de los sistemas de apoyo a las energías renovables y que consulten a las partes interesadas con la antelación suficiente; pide a la Comisión que compruebe la compatibilidad entre los sistemas de apoyo nacionales con las orientaciones de la Comisión Europea para evitar retrasos innecesarios en su ejecución y reducir al mínimo las distorsiones del mercado;

10.  Destaca que las actividades de investigación y desarrollo tienen un papel fundamental en el avance de las energías renovables; recuerda el objetivo que se había fijado el Parlamento de financiar en un 85 % las energías no fósiles al amparo del capítulo energético de Horizonte 2020; insta a la Comisión Europea y a los Estados miembros a que faciliten aún más un uso real de todos los sistemas de financiación y que garanticen el acceso al capital, en especial para las pymes, y a que apoyen la investigación y el desarrollo en el ámbito de las energías renovables, su almacenamiento y el desarrollo de productos conexos, con vistas a aumentar la competitividad del sector de las energías renovables de la Unión, permitiendo al mismo tiempo una mayor aceptación de las energías renovables y evitando que se amplíe aún más la brecha de competitividad entre los Estados de la Unión;

11.  Destaca que el almacenamiento de electricidad puede ayudar a dotar de flexibilidad a la red eléctrica de la Unión y a equilibrar las fluctuaciones derivadas de la producción de energía renovable; reitera que la Directiva sobre la electricidad vigente, 2009/72/CE, no hace referencia al almacenamiento, y subraya que la próxima revisión de esta Directiva debe tener en cuenta las múltiples funciones que puede desempeñar el almacenamiento de energía; considera que al aclarar la situación del almacenamiento se permitiría la inversión por parte de los gestores de redes de transporte y operadores de redes en los servicios de almacenamiento de energía;

12.  Hace hincapié en que los sistemas de apoyo deben centrarse, en todos los ámbitos, en tecnologías que presenten grandes posibilidades de reducir los costes de las energías renovables o de aumentar su implantación en el mercado;

13.  Considera que la futura estrategia de I+D debería centrarse en facilitar la implantación de las redes inteligentes y las ciudades inteligentes; opina asimismo que la electrificación del transporte, la recarga de vehículos inteligentes y la tecnología vehículo-red podrían contribuir significativamente a la mejora de la eficiencia energética y a la posible adopción de fuentes de energía renovables;

14.  Considera que el FEDER y el Fondo de Cohesión pueden contribuir a la consecución de los objetivos establecidos en la Directiva 2009/28/CE y en el marco de actuación en materia de clima y energía hasta el año 2030, así como a la financiación de la investigación y la innovación en relación con la producción de energías renovables, apoyando, al mismo tiempo, la creación de empleo y el crecimiento económico; subraya la importancia de la concentración temática en la política de cohesión, que debe contribuir a canalizar la inversión hacia una economía con bajas emisiones de carbono que incluya las energías renovables, en particular a la vista del papel preeminente del objetivo temático «Apoyo al cambio hacia una economía de bajas emisiones de carbono en todos los sectores»; pide a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos y hagan el mejor uso posible de las oportunidades de financiación con este fin, al tiempo que hace hincapié en las oportunidades de desarrollo de empresas locales y en la creación de empleo; recuerda las disposiciones comunes del FEDER y el Fondo de Cohesión que respaldan la admisibilidad de los proyectos relacionados con la eficiencia energética y el uso de energías renovables en hogares, edificios públicos y empresas, y considera que la integración regional del mercado de las energías renovables, que podría lograrse mediante dicha financiación, constituiría una contribución importante de la política de cohesión a este respecto;

15.  Subraya la necesidad de una mayor cooperación y coordinación tanto en el seno de los Estados miembros y las regiones como entre ellos, y de un enfoque integrado ante la inversión pública y la financiación de las mejoras técnicas, el desarrollo de redes inteligentes y su aplicación, la adaptación y la capacidad de la red, los contadores inteligentes, el almacenamiento, la gestión de la demanda, la eficiencia energética y la producción innovadora de energía renovable;

16.  Destaca que en muchos Estados miembros las redes sencillamente no pueden absorber la energía eléctrica producida a partir de fuentes renovables variables; subraya que es imprescindible modernizar las redes de energía para adecuarlas a los cambios en la producción y el transporte;

17.  Insta urgentemente a reforzar la transparencia y la participación del público, con la implicación de todas las partes interesadas pertinentes en una fase temprana de la elaboración de los planes nacionales de energías renovables; lamenta la falta de información que hay en estos momentos en cuanto a la aplicación de lo dispuesto en la Directiva sobre las fuentes de energía renovables y subraya la necesidad de que los informes bienales de los Estados miembros entren en mayor detalle; pide a la Comisión que refuerce su papel de seguimiento y apoyo de los avances en materia de energías renovables; solicita a la Comisión una mayor transparencia en lo que respecta al uso de sus facultades de ejecución;

18.  Subraya la importancia de la participación de todos los niveles de las administraciones, además de las asociaciones, a la hora de aplicar un modelo europeo de producción, consumo y autoconsumo de energía basado en las energías renovables; Pide a la Comisión que incremente su apoyo al Pacto de Alcaldes, la iniciativa «Ciudades y Comunidades Inteligentes» y las comunidades con energía 100 % renovable, que permite compartir conocimientos y mejores prácticas;

19.  Señala que una mayor cooperación regional en materia de energías renovables es fundamental para garantizar que se avanza en la obtención de fuentes de energías renovables;

20.  Celebra que en 2013 el uso de energías renovables evitara la generación de unos 388 millones de toneladas brutas de CO2 y comportara una reducción de la demanda de combustibles fósiles en la Unión igual a 116 Mtep;

21.  Destaca el enorme potencial de creación de empleo que encierra el sector de las energías renovables; insta a los Estados miembros a que velen por que no se socaven las normas laborales como consecuencia de la transición energética, que debe basarse en la creación de empleo de calidad;

Las energías renovables para el futuro

22.  Subraya que los objetivos en materia de fuentes de energía renovables deben fijarse en consonancia con los objetivos climáticos acordados por 195 países en París en diciembre de 2015; toma nota de la propuesta del Consejo Europeo de un objetivo de, por lo menos, el 27 % de energía procedente de fuentes renovables para 2030; recuerda el llamamiento hecho por el Parlamento para establecer como objetivo vinculante una cuota de como mínimo un 30 % de energía procedente de fuentes renovables en el consumo de energía, que ha de lograrse mediante objetivos nacionales con el fin de garantizar la necesaria seguridad jurídica y de los inversores; considera que, en vista del reciente Acuerdo de la COP 21, sería deseable que los objetivos apuntaran notablemente más alto; insiste en que unos objetivos claros y enjundiosos en este sentido ayudan a disipar incertidumbres y garantizar la importancia mundial de la Unión; pide a la Comisión que presente un paquete sobre clima y energía para 2030 más ambicioso, que eleve el objetivo de la Unión en materia de fuentes de energía renovables hasta el 30 % y que se aplique a través de objetivos nacionales individuales;

23.  Destaca la importancia de la nueva legislación en materia de energías renovables y diseño del mercado a la hora de establecer un nuevo marco idóneo para el fomento de las energías renovables sobre la base de sistemas de apoyo fiables y la participación plena de las tecnologías renovables en el mercado;

24.  Constata que las reducciones fiscales representan un poderoso incentivo para el paso de la energía fósil a la energía renovable, e insta a la Comisión a que revise la Directiva sobre fiscalidad de la energía y las normas sobre ayudas estatales, que impiden que se aproveche plenamente el potencial de estos incentivos;

25.  Subraya que los objetivos ya acordados para 2020 deben tomarse como referencia mínima a la hora de revisar la Directiva sobre las fuentes de energía renovables, de modo que los Estados miembros no podrán fijarse objetivos inferiores a sus objetivos nacionales para 2020 una vez superado ese año; destaca que la consecución del objetivo de energía procedente de fuentes renovables para 2030 en la Unión ha de ser necesariamente un empeño colectivo; destaca que los Estados miembros deben desarrollar sus planes nacionales de manera oportuna, y que la Comisión debería poder ejercer una supervisión reforzada, también más allá de 2020, y estar dotada de instrumentos adecuados que le permitan un seguimiento efectivo y oportuno y la posibilidad de intervenir en caso de que se adopten medidas contraproducentes; considera que dicho seguimiento solo será posible si la Comisión establece para los Estados miembros referencias nacionales con las cuales se puedan medir sus avances en lo que respecta a la expansión de las energías renovables;

26.  Resalta las posibilidades que para Europa encierra el desarrollo de las energías renovables y destaca la importancia de la existencia de condiciones favorables a largo plazo para todos los agentes del mercado;

27.  Subraya la importante contribución de la energía renovable a la reducción de las emisiones totales de carbono; destaca la importancia que reviste el fomento de las energías renovables para la consecución de los objetivos acordados en la COP 21;

28.  Subraya que los Estados miembros deben aumentar el uso justificado de las disposiciones en materia de transferencias estadísticas y el desarrollo de mecanismos de cooperación para alcanzar sus objetivos, de conformidad con el artículo 6 de la Directiva sobre fuentes de energía renovables; subraya la importancia que reviste la cooperación entre los Estados miembros, que favorecería la optimización del sistema, un suministro eficiente y un mayor ahorro en materia de energías renovables; pide a la Comisión que siga proporcionando a los Estados miembros incentivos, información, análisis de costes y beneficios, y orientaciones en este sentido;

29.  Hace hincapié en la necesidad de un sistema de gobernanza firme, sólido y transparente que garantice la realización del objetivo de energía procedente de fuentes renovables para 2030 respetando como es debido las competencias nacionales a la hora de determinar la combinación energética, permitiendo al mismo tiempo una supervisión y un control democrático exhaustivo de las políticas energéticas; pide que, por sus resultados satisfactorios, se ponga empeño en reproducir el actual sistema de objetivos nacionales, planes nacionales en materia de energías renovables e informes bienales; considera que deben incluirse en la Directiva sobre energías renovables, que debe garantizar el seguimiento responsable, eficaz y transparente de los compromisos de los Estados miembros y la aplicación de la legislación europea vigente, a fin de sentar las bases para una Unión Europea de la Energía que funcione adecuadamente;

30.  Señala la importancia de que existan modelos de planes nacionales para el clima y la energía que sean vinculantes y únicos, a fin de garantizar la comparabilidad, la transparencia y la previsibilidad para los inversores; considera que las trayectorias y la planificación política correspondientes a cada uno de los Estados miembros deben seguir estando desglosadas por sector, tecnología y fuente;

31.  Pide a la Comisión Europea que incluya en la legislación una cláusula de anterioridad para las centrales de energías renovables, a fin de evitar los cambios retroactivos en los mecanismos de ayuda a las energías renovables y garantizar la viabilidad económica de los activos existentes;

32.  Pide que se supriman las barreras burocráticas innecesarias y que se realicen inversiones que permitan alcanzar el objetivo del 10 % de interconexión eléctrica para 2020; subraya que una mayor cooperación regional puede contribuir a garantizar la optimización de costes de la integración de las energías renovables y a reducir los costes para los consumidores; recuerda la importancia de un amplia consulta pública y de la participación desde una fase temprana de la planificación de nuevos proyectos de infraestructuras energéticas, teniendo en cuenta al mismo tiempo las condiciones locales; insiste en la importancia del asesoramiento técnico y de las evaluaciones de impacto ambiental en el caso de los proyectos de generación y distribución de energías renovables;

33.  Señala el desfase existente entre las competencias profesionales disponibles y los cambios en la demanda del mercado laboral derivados de la adaptación al desarrollo de las fuentes de energía renovables; subraya que las estrategias activas de educación, formación y competencias son clave en la transición hacia una economía sostenible y eficiente con los recursos; destaca la importancia de los interlocutores sociales y de los poderes públicos en la elaboración de programas de cualificación y formación;

34.  Hace hincapié en la necesidad de una financiación adecuada en el ámbito de la Unión, que se lograría, entre otras cosas, reduciendo globalmente los riesgos de las inversiones, al objeto de incentivar el uso generalizado de las fuentes de energía renovables;

Energía ciudadana y comunitaria

35.  Considera que las entidades locales, las comunidades, los hogares y los particulares deben formar la columna vertebral de la transición energética y deben recibir apoyo activo para convertirse en productores y proveedores de energía en pie de igualdad con otros agentes del mercado de la energía; pide, en este sentido, una definición global y común, en el nivel de la Unión, del concepto de «prosumidor»;

36.  Estima que reviste gran importancia establecer un derecho básico a la autogeneración y el autoconsumo, así como el derecho a almacenar y vender el exceso de electricidad a un precio justo;

37.  Recuerda que los Estados miembros, basándose en la participación del público, desarrollarán una estrategia de energía ciudadana y comunitaria que describa, en sus planes de acción nacionales, el modo en que promoverán proyectos de energía renovable y cooperativas energéticas de pequeño y mediano tamaño y cómo intentarán tenerlos en cuenta en sus marcos legislativos, en sus políticas de ayudas y en la accesibilidad del mercado;

38.  Pide la inclusión de un capítulo nuevo sobre energía ciudadana y comunitaria, con arreglo a la revisión de la Directiva sobre las fuentes de energía renovables, para abordar los principales obstáculos administrativos y de mercado y ofrecer un entorno de inversión más propicio a la autogeneración y al autoconsumo de energía renovable;

39.  Señala que todavía no se dispone de los procedimientos de autorización y trámites administrativos pertinentes para todas las tecnologías en todos los países; pide a los Estados miembros que supriman obstáculos administrativos y de mercado a la capacidad de autogeneración, sustituyan los dilatados procedimientos de autorización por un simple requisito de notificación y creen ventanillas únicas eficientes para los permisos de proyectos, el acceso a la red y el asesoramiento financiero y técnico, así como que garanticen que los «prosumidores» puedan acudir a mecanismos alternativos de resolución de litigios; pide a la Comisión que garantice la plena aplicación y continuidad, tras 2020, de los artículos 13 (Procedimientos administrativos, reglamentos y códigos) y 16 (Acceso a las redes y funcionamiento de las mismas) de la actual Directiva sobre las fuentes de energía renovables;

40.  Subraya la importancia que reviste tener en cuenta las diferencias entre los microproductores, los pequeños y los grandes productores; señala la necesidad de desarrollar condiciones e instrumentos adecuados para los «prosumidores» (consumidores activos de energía, como por ejemplo los hogares —tanto en propiedad como en alquiler—, o las entidades y pequeñas empresas que participan en el mercado produciendo energía renovable, de manera individual o colectiva, a través de cooperativas, otras empresas sociales o agrupaciones) a fin de contribuir a la transición energética y facilitar su integración en el mercado energético; recomienda que se reduzcan lo más posible las barreras a la capacidad de autogeneración, en particular mediante la supresión de las restricciones de acceso al mercado y a la red; propone acortar y simplificar los dilatados procedimientos de autorización mediante la implantación de un simple requisito de notificación; indica que, aprovechando la revisión de la Directiva sobre energías renovables, podrían incluirse disposiciones específicas para eliminar barreras y promover sistemas de energía comunitarios/cooperativos a través de ventanillas únicas que se encarguen de los permisos de proyectos y de proporcionar asesoramiento financiero y técnico; anima a los Estados miembros a utilizar al máximo las exenciones de minimis previstas en las Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía, a fin de que los proyectos de tamaño pequeño y mediano se sigan beneficiando de sistemas dinámicos de primas que los eximan de los complejos procesos de subasta;

41.  Destaca la importancia de la participación pública desde una fase temprana a la hora de impulsar proyectos de energía renovable que sean respetuosos con el medio ambiente y tengan al mismo tiempo en cuenta las condiciones locales;

42.  Subraya la necesidad de alcanzar un equilibrio, mediante una adecuada regulación del mercado, entre el desarrollo de una producción energética centralizada y otra descentralizada a fin de garantizar que los consumidores que no puedan permitirse el lujo de convertirse en «prosumidores» no se vean discriminados; hace hincapié en la necesidad de disponer de medios técnicos y administrativos para la gestión colectiva de la producción de energía; resalta que los elevados precios de la energía en Europa no se deben a la autogeneración ni a las fuentes renovables;

43.  Destaca que un mayor empeño por alcanzar la eficiencia energética en todos los sectores ayudará a la Unión a impulsar su competitividad y crear sistemas innovadores que permitan ahorrar energía de manera rentable;

44.  Destaca las ventajas medioambientales, económicas y sociales de un enfoque integrado ante la energía y la necesidad de fomentar las sinergias tanto entre los sectores de la electricidad, la calefacción, la refrigeración y el transporte como en el seno de estos; pide asimismo a la Comisión que valore de qué manera pueden las fuentes flexibles de energía renovable complementar las fuentes de energía variables, y cómo ello debería tenerse en cuenta en la planificación energética, así como en la concepción de los sistemas de apoyo;

Electricidad

45.  Subraya que la producción de electricidad a partir de fuentes de energía renovables debe integrarse en los sistemas de distribución eléctrica en todos los niveles, así como en los sistemas de transmisión eléctrica, teniendo en cuenta la evolución hacia un modelo más flexible y descentralizado de la producción de energía que tenga en cuenta el mercado;

46.  Observa que las formas no variables de producción de energía renovable, como la hidroeléctrica, que se pueden movilizar rápidamente y son respetuosas del medio ambiente, son una opción para respaldar la integración de las energías renovables variables en el mercado;

47.  Solicita un enfoque integrado de la política energética que abarque el desarrollo de la red y la regulación, el almacenamiento, la gestión de la demanda y las mejoras en la eficiencia energética, junto con el incremento de la cuota de las fuentes de energía renovables; destaca la necesidad de evitar encasillarse en tecnologías incompatibles con la descarbonización;

48.  Observa que la integración en el mercado de la generación de electricidad a partir de fuentes de energía renovables requiere mercados flexibles, tanto en el lado de la oferta como de la demanda, y que esto exigirá la construcción, modernización y adaptación de las redes y el desarrollo de nuevas tecnologías de almacenamiento;

49.  Hace hincapié en que la electrificación de los sistemas de calefacción y refrigeración, del transporte y de otros sectores reviste una importancia crucial al objeto de garantizar una transición rápida y eficiente a fuentes de energía renovables;

50.  Destaca que, mientras el sistema eléctrico permanezca inflexible, serán necesarios un acceso y una distribución prioritarios de las energías renovables para promover la modernización de la red e impulsar el desarrollo de sistemas de almacenamiento y respuesta a la demanda; pide a la Comisión que elabore propuestas para reforzar y clarificar las normas de acceso y distribución prioritarios de las energías renovables para el periodo posterior a 2020; pone de relieve que debe evaluarse la posibilidad de una eliminación gradual del acceso y la distribución prioritarios con ocasión de la revisión intermedia de la Directiva sobre las fuentes de energía renovables prevista para 2024;

51.  Resalta que el acceso prioritario a la red y la distribución prioritaria de las energías renovables, como se establece en la actual Directiva sobre las fuentes de energía renovables, ha de mantenerse y reforzarse; pide un marco regulador para después de 2020 que garantice una compensación adecuada de las limitaciones de la electricidad procedente de fuentes de energía renovables;

52.  Toma nota de la estrategia de la Comisión para mejorar los mecanismos de respuesta de la demanda; hace hincapié en que ello no debe suponer una carga adicional para los ciudadanos ni un incremento de los costes de la energía para los consumidores; insiste en que los mecanismos de respuesta pueden brindar una oportunidad para reducir los costes de la energía, y destaca al mismo tiempo que la participación en una fijación de precios dinámica o basada en la respuesta de la demanda debe seguir teniendo siempre un carácter estrictamente voluntario;

53.  Estima que el desarrollo de soluciones de almacenamiento de electricidad constituirá un elemento indispensable para la consecución y la integración de altos niveles de energías renovables, lo que ayudará a equilibrar la red y a proporcionar un medio de almacenamiento para el exceso de electricidad generado a partir de fuentes renovables; pide una revisión del actual marco regulador con miras a fomentar el despliegue de sistemas de almacenamiento de energía y la eliminación de las barreras existentes;

54.  Hace hincapié en que el problema de los cuellos de botella en la red eléctrica sigue dificultando el libre flujo de energías renovables a través de los Estados miembros y ralentiza los avances en el establecimiento de un auténtico mercado interior de la energía en la Unión;

55.  Destaca que los consumidores han de contar con la capacidad y los incentivos adecuados para participar en los mercados energéticos; señala que deben diseñarse precios dinámicos, basados en el mercado, a fin de obtener respuestas adecuadas de la demanda a partir de los consumidores y activar la producción necesaria, además de facilitar un consumo inteligente y eficiente; recomienda que la Comisión analice en mayor profundidad su impacto en diversos grupos de consumidores;

56.  Subraya que algunos consumidores tienen unas pautas de consumo rígidas, por lo que podrían resultar perjudicados por unos mecanismos de eficiencia reforzada basados en el precio; destaca, a este respecto, la importancia de las políticas de eficiencia energética en los Estados miembros centradas en los consumidores en situación vulnerable;

57.  Considera que debe existir un marco regulador claro en la Unión en materia de autoconsumo de energías renovables y de comunidades y cooperativas de energías renovables que tenga en cuenta todos los beneficios cuando se diseñen los mecanismos de retribución por la venta de los excedentes de producción y por el uso de la red; pide a la Comisión y a los Estados miembros que favorezcan la autoproducción de energía, así como la creación y la interconexión de redes locales de distribución de energías renovables como complemento de sus políticas energéticas nacionales; pone de relieve que los «prosumidores» deben poder acceder a la red y al mercado de la energía a un precio justo y no verse penalizados con impuestos o tasas adicionales; expresa su preocupación por las iniciativas adoptadas por algunos Estados miembros para obstaculizar el ejercicio del derecho al autoconsumo y la autoproducción;

58.  Observa que en la actualidad los consumidores contribuyen escasamente a la pretendida construcción de nuevas capacidades de generación de energías renovables cuando escogen tarifas eléctricas que se comercializan con una mezcla de combustibles que indica un 100 % de fuentes de energía renovables; pide un mecanismo de seguimiento preciso, fiable y transparente de modo que las alegaciones «ecológicas» estén ligadas a criterios mensurables en cuanto a los beneficios medioambientales adicionales;

59.  Anima a los Estados miembros a que aprovechen mejor la energía geotérmica para la obtención de calor y refrigeración;

Calefacción y refrigeración

60.  Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión sobre la estrategia de la Unión en el ámbito de la calefacción y la refrigeración de febrero de 2016, pero destaca la falta de avances y los objetivos poco ambiciosos en la utilización de energías renovables para la calefacción y la refrigeración, en especial en los edificios; resalta el enorme potencial de progreso continuado que posee el uso de energías renovables para la calefacción y la refrigeración; señala que la calefacción y la refrigeración representan la mitad del consumo final de energía en la Unión y desempeñan, por tanto, un papel fundamental en la consecución de los objetivos de la Unión en materia de cambio climático y fuentes de energía renovables; reconoce los beneficios del incremento de la utilización de energías renovables en el ámbito de la calefacción y la refrigeración; hace hincapié en el aumento de la flexibilidad de la infraestructura y el almacenamiento térmicos a la hora de facilitar la integración de fuentes variables de energía renovable mediante el almacenamiento de energía en forma de calor, que brindan un excelente rendimiento del capital invertido y oportunidades de mejora de la calidad del empleo local; pide a la Comisión que colme las lagunas reglamentarias en dichos sectores en el paquete legislativo sobre las energías renovables a partir de 2020; reitera que los esfuerzos en el ámbito de la calefacción y la refrigeración tienen un enorme potencial para aumentar la seguridad energética (dado que el 61 % del gas importado por la Unión se utiliza en edificios, principalmente en la calefacción), por ejemplo mediante el desarrollo de redes de calefacción y refrigeración urbanas, que constituyen una forma eficiente de integrar a gran escala una calefacción sostenible en las ciudades, ya que pueden proporcionar simultáneamente calor derivado de una amplia gama de fuentes y no dependen intrínsecamente de una sola;

61.  Celebra la Comunicación de la Comisión sobre la estrategia relativa a la calefacción y la refrigeración, en la que resalta la necesidad de eliminar progresivamente los combustibles fósiles, que suponen todavía el 75 % del combustible utilizado en ese sector, y sustituirlos completamente por medidas de eficiencia energética (nuestra principal oportunidad de reducir los combustibles fósiles) y energías renovables;

62.  Pide nuevas medidas para explotar el importante potencial restante de las energías renovables en los sectores de la calefacción y la refrigeración a fin de lograr plenamente los objetivos de 2020; pide a la Comisión que colme las lagunas reglamentarias en dichos sectores en el paquete legislativo sobre las energías renovables post-2020;

63.  Observa que la biomasa es la fuente de energía renovable más utilizada actualmente para la calefacción, que representa en torno al 90 % de toda la energía renovable destinada a tal fin; desempeña una función crucial en la mejora de la seguridad energética de un modo sostenible, en especial en Europa Central y Oriental;

64.  Subraya la necesidad de facilitar una transición hacia unos dispositivos de calefacción con energía renovable eficientes desde el punto de vista energético, garantizando al mismo tiempo un nivel adecuado de apoyo y una información y asistencia mejoradas para los ciudadanos en situación de pobreza energética;

65.  Hace hincapié en la necesidad de contar con una definición amplia y eficaz de «refrigeración renovable»;

66.  Hace hincapié en la necesidad de renovar y mejorar el rendimiento de los sistemas de calefacción y refrigeración urbanos, ya que las redes de calefacción y refrigeración urbanas pueden utilizar y almacenar energía de fuentes renovables y distribuirla a edificios y emplazamientos industriales, e impulsar así el nivel de la calefacción y la refrigeración renovables;

67.  Destaca el potencial de los grupos de «prosumidores», que incluyen hogares, microempresas, pequeñas empresas, cooperativas y autoridades locales, en cuanto a la creación de sistemas colectivos de energía, tales como la calefacción urbana, que proporcionan una calefacción y una refrigeración rentables con fuentes de energías renovables, así como las numerosas sinergias entre la eficiencia energética y las energías renovables;

68.  Considera que deben reforzarse las sinergias entre la Directiva sobre las fuentes de energía renovables, la Directiva relativa a la eficiencia energética y la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios al objeto de optimizar la utilización de las energías renovables en la calefacción y la refrigeración;

69.  Señala que los proyectos de eficiencia energética relacionados con la calefacción y la refrigeración constituyen mecanismos importantes a fin de garantizar unas pautas de consumo de energía estables y predecibles y luchar contra la pobreza energética;

Transporte

70.  Toma nota de que el objetivo de un 10 % de energías renovables en el sector del transporte a más tardar en 2020 presenta un retraso notable, en parte debido a los desafíos que supone una estrategia de las energías renovables para el transporte basada en los biocombustibles; recuerda que el transporte es el único sector de la Unión en el que las emisiones de gases de efecto invernadero han aumentado desde 1990; señala que las energías renovables son fundamentales para lograr una movilidad sostenible; pide a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos por aplicar medidas sostenibles en el sector del transporte, tales como una reducción de la demanda, un cambio hacia modalidades más sostenibles, una mayor eficiencia y la electrificación de este sector; pide a la Comisión que elabore un marco a fin de fomentar el uso de vehículos eléctricos con electricidad procedente de fuentes renovables y de mejorar el marco legislativo de modo que ofrezca perspectivas para biocombustibles con un alto grado de eficiencia por lo que se refiere a los gases de efecto invernadero, teniendo en cuenta el cambio indirecto del uso de la tierra en el periodo posterior a 2020;

71.  Pide que se mantenga e incremente el uso parcial de la PAC para apoyar la inversión destinada a la producción y el uso de energía renovable en el sector agrícola;

72.  Estima que el transporte supone más del 30 % del consumo final de energía en Europa y que depende en un 94 % de los derivados del petróleo; considera, por tanto, que un esfuerzo en favor del incremento del uso de energías renovables en el sector del transporte debe ser ambicioso y estar vinculado claramente a la descarbonización de dicho sector;

73.  Pide a la Comisión que presente medidas ambiciosas para acelerar el proceso de descarbonización del transporte, que incluyan el uso de combustibles renovables y una mayor electrificación y eficiencia, así como que redoble sus esfuerzos para impulsar el desarrollo tecnológico y la innovación en dichos ámbitos;

74.  Destaca la importancia de la electrificación en el sector del transporte en aras de la descarbonización de la economía y pide a la Comisión que establezca un marco para el fomento del uso de vehículos eléctricos propulsados por electricidad producida a partir de fuentes de energía renovable, como un elemento clave para lograr los objetivos de 2030;

75.  Aguarda la estrategia de la Comisión Europea en junio de 2016 sobre descarbonización del sector del transporte y subraya, a este respecto, que debe promoverse un incremento de la utilización de las energías renovables para garantizar que el transporte contribuya de forma activa al logro de los objetivos de 2020;

76.  Se felicita por los avances en el desarrollo de nuevos biocombustibles y motores en los proyectos finalizados en el marco de la Empresa Común Clean Sky de la Unión;

77.  Destaca la importancia que reviste el desarrollo de la próxima generación de biocombustibles utilizando biomasa o residuos;

78.  Señala la necesidad de una mejora del marco regulador y de las condiciones a largo plazo con miras a apoyar el desarrollo de las energías renovables en los sectores de la aviación y el transporte marítimo;

79.  Hace hincapié en la necesidad de cambios de modalidad en el sector del transporte a fin de acomodar la regulación y las políticas sobre movilidad sostenible, que incluya la intermodalidad, sistemas logísticos sostenibles, gestión de la movilidad y políticas urbanas sostenibles que orienten el consumo de energía en el transporte hacia fuentes de energía renovables o minimicen el consumo total de energía, fomentando pautas de viaje más activas, desarrollando y aplicando soluciones de Ciudades Inteligentes y apoyando la movilidad ecológica urbana y los planes urbanísticos adecuados; pide a los Estados miembros y a la Unión que fomenten un cambio de modalidad que pase del transporte por carretera o aéreo de pasajeros y mercancías al transporte por ferrocarril y marítimo; pide a la Comisión que evalúe el potencial del transporte de mercancías mediante tecnologías de camiones con trole;

80.  Insta a las instituciones de la Unión a que desarrollen las capacidades de las energías renovables de modo que cubran la demanda de energía de sus propios edificios, como una forma de mostrar su firme compromiso con las energías renovables; hace hincapié en que, hasta el momento en que estén desarrolladas dichas capacidades, las instituciones de la Unión deberían abastecerse de energías verdes para cubrir sus necesidades;

81.  Resalta que una combinación de modalidades amplia entre los desplazamientos a pie, la bicicleta y los vehículos compartidos y comunes, junto a los sistemas de transporte público, son cruciales para aminorar y evitar la dependencia de la Unión respecto del petróleo y reducir así las emisiones de gases de efecto invernadero;

82.  Hace hincapié en el potencial de los sistemas y las infraestructuras destinados a las bicicletas en aras de mejorar la sostenibilidad del transporte en las zonas urbanas;

83.  Pone de relieve el potencial de una mayor electrificación de los sistemas de transporte en cuanto a la reducción de emisiones y la contribución a una economía hipocarbónica;

Criterios de sostenibilidad para los biocarburantes y biolíquidos

84.  Pide a la Comisión, habida cuenta de la necesidad de una mayor sinergia y coherencia entre las políticas europeas, que establezca unos criterios de sostenibilidad para la bioenergía, teniendo en cuenta una evaluación exhaustiva del funcionamiento de las políticas de sostenibilidad vigentes en la Unión y las políticas de economía circular; recuerda que un fortalecimiento de la seguridad energética de la Unión ha de lograrse mediante el uso sostenible de los recursos propios, en consonancia con el objetivo de mejora de la eficiencia energética;

85.  Pide prudencia en relación con la creciente tendencia a utilizar como fuente de energía renovable puntera en la Unión la biomasa forestal, que puede tener efectos potencialmente dañinos sobre el clima y el medio ambiente, a no ser que proceda de fuentes sostenibles y se contabilice correctamente; señala que los efectos de la bioenergía en el clima deben tenerse en cuenta a largo plazo, dados los largos periodos necesarios para la recuperación de los bosques explotados;

86.  Señala que la bioenergía ya representa el 60 % de las energías renovables en Europa y que se prevé que su utilización siga en aumento; hace hincapié en la necesidad de aclarar urgentemente cuáles son las consecuencias en términos de efecto invernadero de los distintos usos de la biomasa forestal para la obtención de energía y de determinar aquellos usos que pueden lograr la mayor mitigación en plazos compatibles con la política;

87.  Resalta que la producción de biocombustibles no debe interferir con la producción de alimentos ni poner en peligro la seguridad alimentaria; considera, no obstante, que unas políticas equilibradas de fomento de un mayor rendimiento a escala europea de cultivos de materias primas como el trigo, el maíz, la remolacha azucarera y el girasol podrían incluir la previsión de la producción de biocombustible, teniendo en cuenta el cambio indirecto del uso de la tierra, de tal modo que aportarían a los agricultores europeos unos ingresos seguros, atraerían inversiones y puestos de trabajo a las zonas rurales, contribuirían a afrontar la escasez crónica en Europa de forrajes ricos en proteínas (y libres de OMG) y harían a Europa menos dependiente de las importaciones de combustibles fósiles; opina que en los casos de exceso de oferta de esos productos agrícolas en el mercado, la producción de biocombustibles y bioetanol representaría una salida temporal que mantendría los precios de compra sostenibles, protegería los ingresos de los agricultores durante las crisis y funcionaría como mecanismo de estabilidad del mercado; hace hincapié en la necesidad de que se estimule la integración en la producción de bioenergía de la tierra arable sin cultivar que no se utiliza para la producción de alimentos, con vistas a la consecución de los objetivos nacionales y europeos en materia de energías renovables;

88.  Considera que el estiércol de granja puede ser una valiosa fuente de biogás a través de la utilización de técnicas de procesamiento de estiércol como la fermentación, haciendo hincapié al mismo tiempo en la importancia de hacer que esta opción sea económicamente viable para los agricultores;

89.  Insta a los Estados miembros y a la Comisión a que promuevan la importancia de una gestión forestal sostenible y, por consiguiente, el papel clave de la biomasa forestal como una de las principales materias primas renovables de la Unión para alcanzar sus objetivos en materia de energía; atrae la atención sobre la creciente demanda de biomasa forestal, lo que significa que debe reforzarse y promoverse aún más la gestión forestal sostenible, de conformidad con la estrategia forestal de la Unión, dado que esta es esencial para la biodiversidad y la función de ecosistema de los bosques, incluida la absorción del CO2 procedente de la atmósfera; señala la necesidad, por consiguiente, de explotar de forma equilibrada los recursos producidos en la Unión e importados de terceros países, habida cuenta de que la regeneración de la madera requiere periodos muy largos;

o
o   o

90.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros.

(1) DO L 140 de 5.6.2009, p. 16.
(2) DO L 347 de 20.12.2013, p. 81.
(3) DO L 239 de 15.9.2015, p. 1.
(4) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0094.
(5) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0359.
(6) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0445.
(7) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0444.


Informe de aplicación sobre la Directiva relativa a la eficiencia energética
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Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de junio de 2016, sobre el Informe de aplicación sobre la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética (2015/2232(INI))
P8_TA(2016)0293A8-0199/2016

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, sus artículos 114 y 194,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 25 de febrero de 2015, titulada «Paquete sobre la Unión de la Energía – Estrategia Marco para una Unión de la Energía resiliente con una política climática prospectiva» (COM(2015)0080),

–  Vista la Directiva 2010/31/UE, relativa a la eficiencia energética de los edificios(1),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de los días 23 y 24 de octubre de 2014, sobre un marco para las políticas de clima y energía en 2030,

–  Visto el Acuerdo de París, celebrado en diciembre de 2015, en la 21.ª Conferencia de las Partes (CP 21) en la CMNUCC,

–  Visto el tercer paquete energético,

–  Vista la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE(2),

–  Vista su Resolución, de 15 de diciembre de 2015, sobre el tema «Hacia una Unión Europea de la Energía»(3),

–  Visto el Informe de la Comisión, de 18 de noviembre de 2015, titulado «Evaluación, enmarcada en el artículo 24, apartado 3, de la Directiva 2012/27/UE en materia de eficiencia energética, de los avances realizados por los Estados miembros en la consecución de los objetivos nacionales en esa materia para 2020 y en la aplicación de las disposiciones de dicha Directiva» (COM(2015)0574),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 8 de marzo de 2011, titulada «Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050» (COM(2011)0112),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 15 de diciembre de 2011, titulada «Hoja de Ruta de la Energía para 2050» (COM(2011)0885),

–  Vista su Resolución, de 5 de febrero de 2014, sobre un marco para las políticas de clima y energía en 2030(4),

–  Vista su Resolución, de 9 de julio de 2015, sobre el uso eficiente de los recursos: avanzar hacia una economía circular(5),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 16 de febrero de 2016, titulada «Estrategia de la UE relativa a la calefacción y la refrigeración» (COM(2016)0051),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y la opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A8-0199/2016),

A.  Considerando que el aumento de la eficiencia y del ahorro energéticos son factores importantes para la protección del medio ambiente y el clima, al reforzar la competitividad económica, la creación de empleo, la seguridad del suministro energético y la lucha contra la pobreza energética, y tienen una dimensión geopolítica y democrática para la Unión; que la Directiva relativa a la eficiencia energética es una base importante en este contexto; que la propuesta de la Comisión relativa al establecimiento de la Unión de la Energía contempla la eficiencia energética como una fuente de energía por derecho propio;

B.  Considerando que la Unión Europea está, en general, en camino de cumplir sus objetivos en materia de clima y energía para 2020, según proyecciones que suponen la aplicación total de toda la legislación pertinente para 2020 (reducción de las emisiones de CO2, aumento del uso de fuentes de energía renovables y fomento de la eficiencia energética) y que debe mantener su papel de vanguardia a escala mundial;

C.  Considerando que se espera que el principal ahorro provenga de políticas sectoriales «transversales» (44 %), seguidas de los edificios (42 %), la industria (8 %) y los transportes (6 %);

D.  Considerando que existen numerosas incertidumbres sobre la fiabilidad de los cálculos del ahorro de energía facilitados por los Estados miembros;

E.  Considerando que los edificios suponen un 40 % del uso final de la energía y el 36 % de las emisiones de CO2; que a esto se añade que el 50 % del consumo final de energía corresponde a calefacción y refrigeración y el 80 % se utiliza en edificios donde se desperdicia la mayor parte; que es preciso desarrollar a escala nacional un indicador de la demanda energética para calefacción y refrigeración en los edificios; que el 50 % de los recortes de emisiones necesarios para limitar el aumento global de la temperatura a menos de 2º C debe provenir de la eficiencia energética; que la reducción de la demanda energética de los edificios también es el camino más rentable para mejorar la seguridad energética y reducir las emisiones de CO2, al tiempo que contribuye a los objetivos de reindustrialización de la UE;

F.  Considerando que la eficiencia energética debe ser considerada una fuente de energía por derecho propio, que representa la cantidad de Nw (negavatios) de la energía ahorrada, tal y como demuestra, sin género de dudas, la historia reciente de Europa y del mundo;

G.  Considerando que el 61 % del gas importado se destina a los edificios (el 75 % de los cuales son edificios residenciales); que los estudios han demostrado que, con una ambiciosa política europea de renovación de edificios, la cantidad de las importaciones (utilizadas en el sector de la construcción) se podría reducir de modo rentable en un 60 % a corto plazo (esto es, en un periodo de 15 años), y se podría suprimir completamente a largo plazo (el parque inmobiliario europeo consumiría en 2040 el equivalente a la producción de gas interna de la Unión en 2011);

H.  Considerando que es fundamental que la Unión y sus Estados miembros reconozcan la importancia que reviste la inclusión de las iniciativas de base ciudadana, como las cooperativas y los proyectos comunitarios de eficiencia energética; que es necesario suprimir las barreras económicas, normativas y administrativas para permitir a los ciudadanos participar activamente en el sistema energético;

I.  Considerando que la Directiva relativa a la eficiencia energética es una directiva clave que reconoce la importancia del ahorro energético como impulsor de cambio para realizar el nivel de ambición posterior a la CP 21, al tiempo que aporta numerosos beneficios; que la creación de empleo se ve impulsada por la inversión en la renovación de edificios y otras medidas de eficiencia energética, las mejoras en el nivel de vida por la reducción de la pobreza energética, oportunidades de empleo en el sector de las pymes, mayor valor para los inmuebles, una mayor productividad, mayores niveles de salud y seguridad, mejoras en la calidad del aire, una mayor base impositiva y un PIB más alto;

J.  Considerando que la mejora de la eficiencia energética, especialmente en el sector de la construcción, acarrea beneficios adicionales mediante la flexibilidad del lado de la oferta y una reducción de la carga base global y el pico del sistema;

La Directiva relativa a la eficiencia energética: un marco para el ahorro de energía a pesar de una aplicación insuficiente

1.  Hace hincapié en que la eficiencia energética es fundamental para alcanzar nuestros objetivos en materia de clima y de energía, en consonancia con los objetivos avalados por el Acuerdo de París adoptado en la CP 21; subraya que la eficiencia energética reviste una importancia transcendental para disminuir nuestra dependencia de las importaciones de energía, crear puestos de trabajo, reducir la pobreza energética, mejorar el confort y la salud, e impulsar nuestra economía; destaca que la Directiva relativa a la eficiencia energética ha dado lugar a numerosos avances positivos en los Estados miembros, pero que las deficiencias en su aplicación están impidiendo el aprovechamiento de su pleno potencial;

2.  Hace hincapié en que se trata de una medida indispensable para iniciar la transición hacia un sistema energético más sostenible basado en las energías renovables que contemple el abandono de los combustibles fósiles lo antes posible; se muestra preocupado por el hecho de que el abaratamiento de los combustibles fósiles pueda suponer un freno a las políticas de descarbonización y de eficiencia energética;

3.  Pide que se elaboren planes para la retirada paulatina de las subvenciones a los combustibles fósiles y la canalización de recursos financieros hacia proyectos de eficiencia energética destinados a alcanzar el objetivo de la Unión de descarbonización del sector energético para 2050;

4.  Señala que, hasta el momento, los Estados miembros siguen sin aplicar de forma adecuada la Directiva relativa a la eficiencia energética de 2012 y la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios de 2010; observa que el plazo de transposición de la Directiva relativa a la eficiencia energética expiró tan solo el 5 de junio de 2014; considera que la reducción de costes y la reducción del consumo de energía redundan en beneficio de los ciudadanos y de las empresas; destaca la importancia que reviste un sólido marco reglamentario que comprenda objetivos y medidas para incentivar y permitir las inversiones en eficiencia energética y en un consumo bajo de energía y bajos costes, respaldando al mismo tiempo la competitividad y la sostenibilidad; añade que algunos Estados miembros no están haciendo un uso adecuado de la ayuda de la Unión disponible para fomentar la eficiencia energética de los edificios residenciales; observa el importante potencial para crear empleo de calidad que ofrece la plena aplicación de las medidas de eficiencia energética, teniendo en cuenta que alrededor de 900 000 puestos de trabajo están relacionados con la prestación de bienes y servicios eficientes en el plano energético (según datos de 2010);

5.  Reitera que la eficiencia energética ha de entenderse como la medida más sostenible en el contexto de nuestra obligación de reducir el consumo energético, y no como una excusa para consumir más;

6.  Está de acuerdo con la Comisión en que los bajos precios del combustible y la perspectiva de crecimiento económico podrían poner aún más en peligro la consecución del objetivo del 20 %; pide a la Comisión y a los Estados miembros que mejoren el régimen de seguimiento, verificación, control y cumplimiento a fin de que el nivel de ambición sea el adecuado;

7.  Reconoce que se espera que los Estados miembros logren únicamente un 17,6 % de ahorro de energía primaria para 2020, y que el objetivo del 20 % está en peligro a menos que se aplique en su totalidad la legislación europea vigente, se redoblen los esfuerzos y se supriman los obstáculos existentes a las inversiones; observa, no obstante, que toda evaluación de la aplicación de la Directiva relativa a la eficiencia energética solo puede ofrecer en esta fase una visión parcial, habida cuenta de su entrada en vigor y plazo de transposición relativamente recientes; insta a los Estados miembros a que apliquen en su totalidad y rápidamente la Directiva; pide a la Comisión que intervenga con celeridad, en caso necesario mediante solicitudes de adaptación de los planes nacionales a los objetivos de la Directiva, y que emplee todos los medios legales a su alcance para garantizar que los Estados miembros proporcionen una información actualizada y precisa;

8.  Recuerda sus Resoluciones de 5 de febrero de 2014 mencionadas anteriormente y sus resoluciones de 26 de noviembre de 2014(6) y de 14 de octubre de 2015(7), en las que se pide, en particular, un objetivo de eficiencia energética de un 40 % para 2030; considera que un objetivo global vinculante con objetivos nacionales individuales para 2030 aumentará la independencia de la Unión con respecto a las importaciones de energía, alentará la innovación y contribuirá a garantizar el liderazgo tecnológico en el ámbito de la eficiencia energética; considera asimismo que los requisitos vinculantes son vitales para lograr el máximo grado de ambición y esfuerzo por parte de los Estados miembros, así como para contemplar una flexibilidad suficiente que permita adaptar la combinación de instrumentos y herramientas a escala nacional;

9.  Observa que las autoridades locales tienen que desempeñar un papel crucial a la hora de facilitar la aplicación de la Directiva, participando en medidas ambiciosas de ahorro de energía a través de planes de acción locales, por ejemplo en el marco del Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía; considera que los datos procedentes de los planes de acción locales —como las políticas y medidas de eficiencia energética recogidas en más de 5 000 planes de acción de energía sostenible en el marco del Pacto de los Alcaldes— pueden contribuir de manera eficaz en términos de diseño conjunto y aumento de la ambición de los objetivos nacionales en materia de eficiencia energética;

10.  Opina que debe explotarse mucho más el potencial del ahorro local de energía, ya que los entes locales y regionales resultan esenciales para impulsar la eficiencia energética y la transición energética en general; pide a la Comisión que refuerce las redes de ciudades, como el Pacto de los Alcaldes, la iniciativa «Ciudades y Comunidades Inteligentes» o las comunidades con fuentes de energía 100 % renovables, que permiten compartir conocimientos y mejores prácticas entre ciudades, autoridades locales, regiones y Estados miembros, en los ámbitos de la planificación local ascendente de la transición energética, el diseño y aplicación de medidas de eficiencia energética y autogeneración y el acceso a apoyo financiero;

11.  Lamenta el objetivo escasamente ambicioso adoptado por el Consejo Europeo en 2014 de aumentar la eficiencia energética en al menos un 27 % en 2030 y que se justifica principalmente por la elevada tasa de descuento, en absoluto realista, que figura en una evaluación de impacto previa; recuerda que esta tasa de descuento (17,5 %) es excesivamente elevada; pide a la Comisión que realice un análisis exhaustivo de costes y beneficios que tenga en cuenta los múltiples beneficios de la eficiencia energética, y que adopte una tasa de descuento social, en línea con sus directrices para la mejora de la legislación; pide a la Comisión y a los Estados miembros que revisen el objetivo de eficiencia energética del 27 % para 2030 a la vista del Acuerdo de París sobre el cambio climático, a fin de alcanzar el objetivo de limitación mundial del calentamiento por debajo de 2º C y de proseguir los esfuerzos para limitarlo a 1,5º C, en consonancia con el objetivo de eficiencia energética adoptado por el Parlamento; pide a la Comisión que establezca un objetivo de eficiencia energética vinculante del 40 % para 2030 que refleje el nivel del potencial de eficiencia energética rentable;

12.  Insiste en que en la Unión se debe seguir promoviendo una estrategia a largo plazo para la reducción de la demanda de energía;

13.  Destaca que, en algunos casos, la flexibilidad de la Directiva ha permitido que muchos Estados miembros pudieran adoptar medidas en el ámbito de la eficiencia energética y considera que esta flexibilidad en medidas alternativas es crucial para que los Estados miembros ejecuten programas y proyectos de eficiencia energética en el futuro; exige que se supriman las lagunas que existen en la Directiva actual y que son responsables de sus resultados insuficientes, en especial que se suprima el artículo 7, al tiempo que se sigue ofreciendo una flexibilidad adecuada a los Estados miembros en lo que respecta a la elección de medidas; observa que el estudio del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo sobre la aplicación del artículo 7(8), que se basa en las cifras notificadas por los Estados miembros, llega a la conclusión de que medidas como las que permiten a los Estados miembros introducir paulatinamente el objetivo, tomar en consideración acciones tempranas o eximir al transporte y a los sectores sujetos al RCDE del cálculo de su objetivo ha conducido en casi todos los casos a un objetivo anual de ahorro energético global de solo la mitad (el 0,75 %); señala que los autores han declarado que el análisis solo puede ser de buena calidad en la medida en que lo sean los datos facilitados para su evaluación; insiste en que es necesario definir mejor las medidas alternativas con arreglo al artículo 7, apartado 9, y que estas deben ser fácilmente cuantificables;

14.  Observa que la introducción paulatina y las acciones tempranas con arreglo al artículo 7, apartado 2, ya no son válidas; recuerda que se espera que el artículo 7 proporcione más de la mitad del objetivo del 20 % que fija la Directiva;

15.  Señala que la principal carencia de la Directiva actual es que la mayoría de las medidas caducará en 2020 a menos que la Directiva se modifique convenientemente, lo que significa, entre otras cosas, que sus disposiciones más importantes, en particular el artículo 7, deben ampliarse no solo hasta 2030, sino más allá, y que es en este contexto en el que se ha de evaluar la Directiva actual, y que los objetivos deben establecerse en función de los avances (resultados obtenidos, innovaciones tecnológicas y del mercado, etc.); espera que esto favorezca las medidas a largo plazo; señala asimismo la necesidad de introducir una evaluación intermedia para poder garantizar la consecución de los objetivos en 2030;

16.  Subraya que una mayor armonización de los métodos para calcular la adicionalidad (capacidad de promover tecnologías con prestaciones superiores a la media de mercado) y la materialidad (la promoción de intervenciones que no necesariamente se habrían realizado), así como de los procedimientos de medición y comprobación del ahorro energético, podría favorecer una aplicación más eficaz de las disposiciones del artículo 7;

17.  Propone que se modifique el título del artículo 7 y pase a denominarse «Sistemas de apoyo al ahorro energético» para poner de relieve la necesidad de que los Estados miembros ayuden a los consumidores, incluidas las pymes, a ahorrar energía, reducir sus costes energéticos y poner en práctica medidas que les permitan conseguir dicho ahorro mediante los sistemas de obligaciones en materia de energía y otras medidas;

18.  Propone que el artículo 7 y, en particular, los sistemas de obligaciones de eficiencia energética, concedan prioridad a la actuación en el sector de la construcción, especialmente promoviendo la aplicación de las estrategias nacionales a largo plazo incluidas en el artículo 4, que deben diseñarse para desbloquear todo el potencial de inversión en la renovación de los edificios desde el punto de vista energético;

19.  Subraya que, entre los desafíos y principales obstáculos que dificultan la aplicación del artículo 7, la falta de conocimientos y de capacidades de las partes interesadas tiene un peso importante, así como el hecho de que muchos de los consumidores finales no estén al tanto de los sistemas de eficiencia obligatorios o de las medidas alternativas ni del período de tiempo (2014-2020) disponible para su aplicación; pide, por lo tanto, a la Unión que invierta más en programas de información y acompañamiento en cada uno de los Estados miembros;

20.  Destaca que la ausencia de indicadores de eficiencia energética, como el consumo de energía por unidad de renta nacional per cápita, impide a algunos Estados miembros incentivar a los ciudadanos y las empresas en la consecución del objetivo político en materia de clima y de eficiencia energética;

21.  Hace hincapié en el hecho de que la disposición del artículo 7 por la que los Estados miembros pueden exigir la aplicación con carácter prioritario de un porcentaje de medidas de eficiencia energética en los hogares afectados por la pobreza energética o en las viviendas sociales, solo se ha utilizado hasta ahora en dos Estados miembros; pide un fortalecimiento de esta disposición;

22.  Opina que las medidas de eficiencia energética destinadas a los hogares vulnerables y en situación de pobreza energética deben aplicarse con carácter prioritario a fin de garantizar una reducción sostenible de los costes energéticos especialmente en beneficio de estos hogares;

23.  Propone que los Planes nacionales de acción para la eficiencia energética, tal y como se establecen en el artículo 24 de la Directiva actual, puedan requerir a los Estados miembros que fijen objetivos para utilizar las medidas de eficiencia energética con el fin de reducir el riesgo de pobreza energética, y que informen del modo en que están cumpliendo estos objetivos;

24.  Considera que las medidas para la renovación de los edificios existentes con miras a una mayor eficiencia energética deben asignarse con carácter prioritario a los más afectados por la pobreza energética; pide a la Comisión que proponga un objetivo para mejorar la eficiencia del parque inmobiliario residencial, junto con futuras normas mínimas en materia de eficiencia para las viviendas alquiladas en el contexto de la revisión de la Directiva relativa a la eficiencia energética;

25.  Señala que 16 Estados miembros han optado por establecer un sistema de obligaciones de eficiencia energética (artículo 7, apartado 1), que 24 Estados miembros han hecho uso de la posibilidad de recurrir a medidas alternativas y que 18 Estados miembros han preferido las medidas alternativas a la cuota de renovación (artículo 5); lamenta que siete Estados miembros no hayan establecido auditorías energéticas (artículo 8);

26.  Señala que algunos elementos fundamentales de la Directiva relativa a la eficiencia energética (por ejemplo, los contadores inteligentes, la cogeneración o los planes de renovación) requieren más tiempo y que es esencial contar con un marco estable en materia de eficiencia energética después de 2020 para ofrecer a los inversores, a las administraciones públicas y a las empresas la confianza y la estabilidad reglamentaria necesarias para poner en marcha proyectos y planes de innovación, ya que cuentan con un gran potencial para disminuir el consumo de energía y reducir de ese modo los costes para el consumidor; observa que la demanda pública y el mercado constituyen motores esenciales para estos proyectos;

27.  Reconoce que la aplicación de señales de precio insuficientes es uno de los principales factores que debilitan la respuesta de la demanda; pide a los Estados miembros que superen esta barrera y que promuevan una medición inteligente y una facturación transparente como manera de fomentar un comportamiento más receptivo por parte de los consumidores en lo que respecta al consumo de energía y a la inversión en eficiencia energética;

28.  Acoge con satisfacción las nuevas soluciones innovadoras e inteligentes para equilibrar la oferta y la demanda de energía, para un mejor uso de la energía renovable y para reducir los picos de consumo de energía; pide financiación para la investigación y el desarrollo de estas nuevas soluciones, especialmente en el sector de las pymes;

29.  Hace hincapié en el papel crucial de los consumidores, los ciudadanos y los operadores de sistemas de distribución en el panorama cada vez más descentralizado de la energía, y en la importancia de su compromiso para alcanzar los objetivos de eficiencia energética; insiste, por lo tanto, en que es necesario adoptar más medidas para mejorar su papel, por ejemplo, facilitando la respuesta a la demanda, el almacenamiento a pequeña escala, la renovación de edificios y los sistemas de calefacción y refrigeración urbanas, tanto sobre una base individual como cooperativa;

30.  Señala que la Directiva relativa a la eficiencia energética no solo respalda la eficiencia energética, sino que contiene también elementos de ahorro energético mediante la obligación vinculante de ahorro de energía anual establecida en el artículo 7; destaca la importancia de que el objetivo de eficiencia energética para 2030 esté en consonancia con los objetivos en materia de clima acordados en la CP 21, a fin de alcanzar nuestros objetivos en materia climática y reducir nuestra dependencia de terceros países; observa que los edificios suponen el 40 % del uso de la energía en la UE y que el 50 % de esta energía se utiliza con fines de calefacción y refrigeración; subraya que la mejora de la eficiencia energética en los edificios reviste, por lo tanto, una importancia fundamental en términos de reducción de las emisiones de CO2, mejora de la seguridad energética, reducción de la pobreza energética e impulso de nuestra economía; insta a los Estados miembros a que realicen, con ayuda de la financiación de la Unión, inversiones importantes para mejorar la eficiencia energética, ya que esto no solo reducirá la factura energética sino que también creará muchos puestos de trabajo y contribuirá a lograr los objetivos de reindustrialización;

31.  Subraya que el 85 % del consumo de energía de un edificio se necesita para calefacción y agua caliente doméstica y que, por lo tanto, es necesario acelerar la modernización de los sistemas de calefacción antiguos e ineficientes en Europa para lograr un aumento de la eficiencia energética de al menos un 20 % con las tecnologías disponibles, entre ellas los sistemas de calefacción basados en energías renovables;

Normativas concurrentes: freno del progreso ecológico, imposición de cargas burocráticas y encarecimiento de la energía

32.  Observa que las obligaciones de información en cuestiones energéticas, como parte de un marco, son esenciales para evaluar los avances y la aplicación de la legislación vigente en materia de eficiencia energética; lamenta, no obstante, las excesivas obligaciones de información, también debido a la sobrerregulación de los Estados miembros, a que se ven sometidos los productores de energía, las empresas, los consumidores y las administraciones públicas y que limitan el potencial de crecimiento e innovación; subraya que las obligaciones de información deben simplificarse siempre que sea posible a fin de reducir las cargas y los costes administrativos; critica el hecho de que los datos obtenidos de la información a menudo no son comparables en toda la Unión debido a los distintos desgloses, metodologías y normas; pide a la Comisión que reduzca, en particular mediante soluciones digitales, la carga administrativa relacionada con las obligaciones de información y que establezca más directrices sobre la comparabilidad de los datos con vistas a una mejor evaluación de estos; pide que se adapten las proyecciones de demanda de energía al potencial de ahorro rentable en los principales sectores, y cree que la reducción de los trámites burocráticos acelerará la aplicación de medidas de eficiencia energética; observa que la aplicación del principio de «primero, la eficiencia energética» exige revisar la planificación energética y la información y mejorar la coherencia de las políticas, a fin de garantizar su refuerzo mutuo, reconociendo que el ahorro energético constituye la fuente de energía principal y más segura para Europa; señala que la eficiencia energética puede ser la mejor inversión en «fuentes» de energía, por la reducción de la necesidad de costosas infraestructuras de suministro adicionales y la contribución a la lucha contra el cambio climático;

33.  Insiste en que las normas para calcular el ahorro energético y las interpretaciones para las medidas idóneas, tal y como se contemplan en los anexos a la Directiva, son demasiado complejas y, por tanto, imposibles de seguir de modo preciso; pide a la Comisión que garantice que la revisión de la Directiva relativa a la eficiencia energética proporcionará un método esencialmente más sencillo de cálculo de la eficiencia energética, y que considere la propuesta de nuevos actos delegados que simplifiquen los métodos de cálculo de la Directiva actual;

34.  Pide a la Comisión que revise el factor de conversión para la electricidad recogido en el anexo IV de la Directiva, a fin de que refleje mejor la transición actual de la producción de electricidad;

35.  Señala que no todos los riesgos asociados a las inversiones en ahorro de energía se pueden abordar en el marco del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE), ya que este solo cubre un 45 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión; observa que la Directiva relativa a la eficiencia energética está interrelacionada con otra legislación de la Unión en materia de energía y tiene ciertamente un impacto en la huella de carbono y en el RCDE (precios de los certificados); pide a la Comisión que evalúe la interrelación y garantice la complementariedad; constata que la caída de los precios de los derechos de emisión del RCDE es uno de los numerosos factores que reducen los incentivos para la inversión industrial en ahorro energético;

36.  Insiste en la importancia de la aplicación correcta de la reserva de estabilidad del mercado, que podría contribuir a mejorar la eficiencia energética mediante el refuerzo de la coherencia entre el RCDE de la Unión y las políticas energéticas hipocarbónicas;

37.  Espera con interés el futuro fondo de modernización, que estará destinado a modernizar los sistemas energéticos y mejorar la eficiencia energética en los Estados miembros de la UE con rentas más bajas, y pide a la Comisión que presente una estructura de gobernanza adecuada, incluidos detalles relativos a las funciones de los Estados miembros beneficiarios, del BEI y de otras instituciones;

38.  Subraya que la falta de coordinación entre los diferentes elementos de las legislaciones nacionales puede dificultar la aplicación de soluciones eficaces en materia de eficiencia energética que ofrezcan los mejores resultados posibles en términos de rentabilidad, y contrarresta las ventajas de precios conseguidas mediante el ahorro energético; pide a los Estados miembros y a la Comisión que elaboren medidas coordinadas para la plena realización del potencial de eficiencia energética, lo que dará lugar a una mayor coherencia entre los Estados miembros sin restringir su capacidad de adaptar las políticas en función de su mercado y precios de la energía locales, de las tecnologías y las soluciones disponibles y de la combinación energética nacional; pide que el RCDE tenga más en cuenta las medidas nacionales que afectan al número de derechos de emisión y a su precio;

39.  Destaca la necesidad de mejorar la eficiencia energética del sector público y pide una mejor integración de las iniciativas de ahorro energético en la contratación pública;

40.  Señala que no todos los agentes de contratación entienden perfectamente los requisitos de eficiencia energética en la contratación pública; pide a la Comisión que proporcione unas orientaciones más claras para facilitar el cumplimiento del artículo 6 de la Directiva y para integrar mejor lo dispuesto en dicho artículo en la normativa general de la Unión sobre contratación pública;

41.  Pide a la Comisión que asocie a las instituciones locales y regionales a la promoción de la eficiencia energética a escala regional, local y ciudadana;

42.  Señala que, si bien los precios europeos de la electricidad al por menor para los clientes comerciales e industriales de pequeño y mediano tamaño y los consumidores privados son relativamente elevados en muchos Estados miembros, la inversión en eficiencia energética puede impulsar la competitividad de las empresas europeas y reducir el coste de la energía para los consumidores privados; subraya, no obstante, que la factura de la electricidad en la Unión se compone, de media, de un tercio de impuestos y exacciones indirectos aplicados por los Estados para los hogares particulares, que cuando se aplican como elementos fijos en las facturas pueden hacer difícil que los consumidores perciban los beneficios del ahorro energético, y contribuyen a la pobreza energética; observa que las exacciones para financiar las políticas europeas en materia de clima y energía constituyen la parte más pequeña de la factura; subraya que los elevados precios de la energía en la Unión se traducen en una diferencia de precios entre los distintos Estados miembros de la Unión y nuestros principales competidores en muchas partes del mundo, lo que socava la competitividad de las industrias europeas de alto consumo energético; señala que la innovación también aumenta con una mayor inversión en eficiencia energética, lo que coloca a la industria europea en una posición prominente en el mundo;

43.  Observa que la eficiencia energética puede convertirse en la mejor inversión en «fuentes» de energía, ya que mejora la asequibilidad de la energía, reduce la necesidad de costosas infraestructuras adicionales y contribuye a luchar contra el cambio climático;

44.  Observa que el principio de «primero, la eficiencia energética» permite una expansión más rentable de la cuota de las fuentes de energía renovables en la combinación; subraya que las obligaciones de ahorro deben ser compatibles con el desarrollo de fuentes de energía renovables sostenibles y que deben fortalecerse las sinergias con vistas a una transición hacia un sistema energético descarbonizado, resiliente e inteligente; opina que la mejora de los sistemas suprarregionales de distribución, almacenamiento y de gestión en el lado de la demanda brindan buenas oportunidades para la expansión de emplazamientos óptimos para la energía eólica, hidráulica y solar que suministren energía a toda Europa; está convencido de que este planteamiento tendrá un efecto amortiguador en los precios de la energía;

45.  Subraya que la eficiencia energética es la medida más rentable para alcanzar los compromisos de la Unión en materia de reducción de emisiones de CO2;

Necesidad de una mayor coherencia en la legislación en materia de energía

46.  Pide a la Comisión que observe el principio de mejora de la legislación, que considere fórmulas para mejorar la coordinación de las normas de la Unión en materia de energía y cambio climático para mejorar la eficiencia y la eficacia legislativas, y que proponga medidas para mejorar la reglamentación actual; pide asimismo a la Comisión que refuerce las metodologías para la evaluación global y a largo plazo de las iniciativas en materia de eficiencia energética, incluidas todas las principales externalidades; pide una perspectiva social en la modelización y la evaluación de los costes y beneficios totales de los distintos niveles de ambición en materia de eficiencia energética, y que se trate la eficiencia energética como una fuente de energía por derecho propio;

47.  Pide a la Comisión que considere la eficiencia energética como una prioridad en materia de infraestructuras, reconociendo que cumple la definición de infraestructura utilizada por el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones económicas(9), y que la convierta en un elemento crucial y en una prioridad en las futuras decisiones de inversiones sobre las estructuras energéticas de Europa;

48.  Observa que la eficiencia energética puede contribuir a aumentar la resiliencia del sistema energético y, de este modo, ayudar a lograr la transición hacia una situación sostenible y segura;

49.  Destaca que un mercado funcional de la energía, incluidos los servicios de eficiencia energética, optimizará los costes de los sistemas energéticos, lo que beneficiará a todos los consumidores y mejorará considerablemente la eficiencia energética y la competitividad en toda Europa; pide, por lo tanto, a los Estados miembros que apliquen en su totalidad el tercer paquete energético, a fin de garantizar mercados de la energía competitivos e interconectados y completamente funcionales;

50.  Señala que las industrias con gran consumo de energía también deben realizar su aportación, y que resulta de extrema importancia en este sentido contar con unas condiciones de competencia equitativas en la Unión;

51.  Subraya que la eficiencia energética forma parte de los objetivos fundamentales de la Unión y que, por ello, hay que estimular a los países europeos para que eviten el despilfarro provocado por el consumo de la industria, los transportes y la construcción, que son los sectores que cuentan con el mayor porcentaje de consumo;

52.  Se felicita por los efectos positivos que los sistemas de certificación y las obligaciones de ahorro (artículo 7) están teniendo en muchos Estados miembros; considera que la opción de elegir medidas alternativas de ambición equivalente es un factor importante para asegurar su aceptación; constata la importancia de garantizar que el ahorro certificado se corresponde con un ahorro energético en la vida real y no con un mero ahorro sobre el papel; hace hincapié en el papel de las empresas de servicios a la hora de desarrollar activamente las medidas de eficiencia energética; pide que el cálculo de los sistemas de certificación y las medidas de ahorro energético no se vean obstaculizados; pide a la Comisión que evalúe si es posible tomar en consideración el ahorro de energía primaria mediante las centrales integradas de cogeneración (producción combinada de calor y electricidad);

53.  Llama la atención sobre el informe elaborado para el Parlamento por el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, en el que se constata que la mayoría de los sistemas de obligaciones de eficiencia energética establecidos han demostrado su importancia para lograr una mejora en la eficiencia energética nacional y han proporcionado un ahorro rentable a gran cantidad de hogares y organizaciones; destaca asimismo la conclusión de que los sistemas de obligaciones de eficiencia energética presentan una alta rentabilidad y de que hay pruebas de que estos sistemas, bien diseñados y aplicados, pueden lograr el 100 % del ahorro, en el sentido del artículo 7, de un país; propone, por lo tanto, que la Comisión compile una lista de buenas y malas prácticas y elabore un conjunto de criterios para garantizar sistemas de obligaciones de eficiencia energética eficaces y bien diseñados;

54.  Pide que se adopten medidas dirigidas a asegurar que los cálculos relativos al ahorro y la eficiencia sean correctos y no incluyan procedimientos burocráticos innecesarios; considera que la Directiva relativa a la eficiencia energética también podría funcionar como marco legislativo en este ámbito; considera que las medidas específicas y los criterios de eficiencia podrían integrarse en una serie de directivas en vigor (por ejemplo, en la Directiva sobre los edificios) o en un requisito de etiquetado combinado (etiquetado de eficiencia energética, diseño ecológico, economía circular, marcado CE);

55.  Considera que los objetivos de protección climática y de eficiencia de la Unión deben reforzarse mutuamente, y que las obligaciones vinculantes para la eficiencia energética son vitales para alcanzar un grado máximo de ambición y esfuerzo en los Estados miembros, a la vez que son también necesarias para contemplar una flexibilidad suficiente que permita ajustar la combinación de instrumentos y herramientas a escala nacional;

56.  Pide que la Directiva relativa a la eficiencia energética revisada esté en consonancia con los objetivos de la Unión en materia de protección del clima y del objetivo del Acuerdo de la CP 21; hace hincapié en que la revisión de la Directiva debe incluir la continuación y la mejora de las medidas existentes y la eliminación de las contradicciones y lagunas a fin de garantizar la previsibilidad reglamentaria y ofrecer confianza a los inversores a largo plazo;

Mayor eficiencia energética – más empleo y crecimiento

57.  Lamenta la falta de eficacia de algunos proyectos de eficiencia energética desarrollados con el apoyo de los Fondos Estructurales de la Unión (2007 a 2013), según ha criticado el informe del Tribunal de Cuentas; pide a la Comisión que aplique cuanto antes las correspondientes mejoras con especial énfasis en la justificación, el seguimiento y la reducción del periodo de amortización de los proyectos financiados; pide que se mejoren las directrices y se intensifique el seguimiento por parte de la Comisión con el fin de optimizar el uso de los Fondos Estructurales y del FEIE en combinación con las inversiones privadas para financiar proyectos viables en el ámbito de la eficiencia energética, en particular en edificios; considera que la financiación de proyectos de eficiencia energética con cargo a los Fondos Estructurales y al FEIE debe orientarse a aquellos consumidores más sensibles al coste de la energía, como la industria con riesgo de fugas de carbono, las pymes y los hogares en riesgo de pobreza energética; considera absolutamente prioritaria la creación de instrumentos financieros, herramientas y modelos innovadores para movilizar fondos públicos y apalancar la financiación privada a nivel local, nacional, regional y europeo, con miras a apoyar las inversiones en sectores clave de la eficiencia energética como la renovación de edificios, prestando especial atención a los grupos vulnerables y teniendo debidamente en cuenta también las especificidades de las inversiones a largo plazo;

58.  Pide a los Estados miembros que promuevan las inversiones en el sector de la construcción, redoblando sus esfuerzos para incentivar una renovación en profundidad del parque inmobiliario de la Unión que disponga de un aislamiento deficiente;

59.  Subraya que, en caso de que los Estados miembros establezcan un régimen de eficiencia energética financiado mediante tasas, un umbral mínimo deberá destinarse a hogares afectados por la pobreza energética; subraya asimismo que los Estados miembros deben demostrar el modo en que dicho régimen de eficiencia energética financiado mediante exacciones contribuye a mejorar las viviendas que estén en peor situación;

60.  Destaca la importancia de los instrumentos financieros europeos en forma de préstamos, garantías y capital para movilizar la financiación privada de proyectos de eficiencia energética; subraya, sin embargo, la necesidad de conceder financiación en forma de subvenciones a proyectos en el ámbito social;

61.  Subraya que la Unión debe fijarse un objetivo ambicioso en relación con el ahorro energético y promover la innovación en lo que respecta a las inversiones en eficiencia energética, ya que estas son rentables y pueden amortizarse con bastante rapidez;

62.  Pide a los Estados miembros que incluyan una disposición a fin de que un porcentaje mínimo significativo de medidas de los sistemas obligatorios de eficiencia energética se destine a los consumidores con rentas bajas;

63.  Observa que los proyectos de eficiencia energética son con frecuencia proyectos a pequeña escala y deben integrarse en expedientes de mayor tamaño; pide, a tal fin, a la Comisión, al BEI y a los Estados miembros que presten más asistencia técnica y asistencia para el desarrollo de proyectos a fin de facilitar las inversiones;

64.  Considera que, con el fin de avanzar más allá de medidas simples y de bajo coste en el sector de la construcción, se requiere una estrategia a largo plazo sobre eficiencia energética en los edificios e intensificar el estímulo de la renovación eficiente de edificios desde el punto de vista energético;

65.  Pide una mejora de la coordinación y del intercambio de ideas y de mejores prácticas entre los Estados miembros sobre las obligaciones de ahorro y los planes relativos a la construcción y la renovación de edificios (artículos 4, 5, 6 y 7) con miras a aplicar con mayor diligencia los instrumentos existentes y los nuevos (incentivos fiscales, programas de apoyo, modelos de contrato e inversiones en vivienda social); cree que el ámbito de aplicación del artículo 5 debe ampliarse para incluir todos los organismos públicos cuando sea posible; pide a la Comisión que proporcione directrices para los futuros planes nacionales, a fin de garantizar la transparencia y la comparabilidad; acoge con satisfacción la asistencia técnica de la Comisión para la aplicación de la Directiva relativa a la eficiencia energética; pide modelos obligatorios para los planes nacionales, a fin de garantizar la transparencia y la comparabilidad; pide a los Estados miembros que estudien regímenes de apoyo innovadores basados en el mercado;

66.  Señala que el menor progreso se ha hecho en el sector residencial y pide, por lo tanto, a los Estados miembros que recurran a las empresas de servicios energéticos y a contratos de rendimiento energético, que apliquen regímenes fiscales y programas de préstamos para aumentar los reducidos índices de renovación del parque inmobiliario existente en Europa y que premien las medidas de eficiencia energética, como la instalación de sistemas de calefacción y refrigeración eficientes desde el punto de vista energético;

67.  Pide a la Comisión que aliente a los Estados miembros para que adopten y mejoren los sistemas de seguimiento, medición y gestión de la eficiencia energética en los edificios, a fin de obtener importantes ganancias de eficiencia energética en el parque inmobiliario de la Unión;

68.  Pide que las hojas de ruta de los Estados miembros sobre renovación contempladas en el artículo 4 describan el modo en que conseguirán, en la siguiente edición de las hojas de ruta (prevista para abril de 2017), la renovación energética de su parque inmobiliario; y, como resultado, ofrezcan el escenario de una Unión con edificios de consumo de energía casi nulo para 2050;

69.  Considera que la ampliación de la función ejemplarizante de los edificios públicos a todos los niveles de la administración pública, y no solo al del Gobierno central, contribuirá a aprovechar al máximo el potencial de rentabilidad de los costes de los edificios, ya que este ha demostrado ser el sector con el mayor potencial, no solo del ahorro de energía, sino también de la prestación de otras ventajas más generales, como un mayor confort y un mayor bienestar; considera, a este respecto, que se debe exigir a los Estados miembros que establezcan mecanismos internos de puesta en común de los esfuerzos para alcanzar el objetivo del 3 % entre los diferentes niveles de la administración pública, y que debe mantenerse la flexibilidad para optar por otras medidas y cuantificarse su impacto, como enfoque alternativo al contemplado en los apartados 1 y 2;

70.  Pide a la Comisión Europea que ejerza un estímulo aún mayor sobre los Estados miembros para que renueven los edificios no residenciales, dado su gran potencial de rentabilidad a corto plazo;

71.  Propone que el artículo 4 de la Directiva se titule «Estrategias a largo plazo para la renovación en profundidad del parque inmobiliario nacional, en particular para movilizar la inversión»;

72.  Pide que se dediquen los recursos necesarios a formar a los instaladores de forma que puedan llevar a cabo renovaciones de calidad;

73.  Pide a la Comisión que elabore un enfoque estratégico dirigido a aumentar el conocimiento de los nuevos progresos técnicos (en lo que se refiere, entre otros muchos aspectos, a los refrigerantes, la iluminación, el aislamiento, los termostatos, la medición y el acristalamiento);

74.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que den prioridad al artículo 4 con respecto a la preparación de la segunda versión de las estrategias, que deberá estar lista en 2017 y debería basarse en un compromiso adecuado con las partes interesadas, siguiendo unos modelos obligatorios e incluyendo objetivos intermedios a cinco años y planes de aplicación, con el fin de conseguir un objetivo de edificios de consumo de energía casi nulo a escala de la Unión para 2050, ya que ello será necesario para cumplir los objetivos de la CP 21;

75.  Considera que las auditorías energéticas para las empresas son un medio probado para impulsar la eficiencia energética, y subraya sus beneficios para la competitividad; pide que se proceda a una definición uniforme y al cumplimiento de los criterios establecidos en el artículo 8 (definición del concepto de «pyme», auditorías, supresión de la doble certificación de las estructuras empresariales transfronterizas), y el establecimiento de un enfoque uniforme con vistas al umbral de mínimos a que se refiere el artículo 8, apartado 4; pide que el ámbito de aplicación de este artículo se amplíe a todas las empresas con alto consumo de energía; pide una evaluación con vistas a mejorar la eficacia de los sistemas de auditoría energética; pide que, junto con las actividades de mantenimiento previstas, se exija la aplicación de las recomendaciones de auditorías energéticas rentables, de acuerdo con los objetivos de las empresas;

76.  Propone una revisión de la definición de «pyme» que se aplica en la Directiva (artículo 2, punto 26) para que haga referencia únicamente al número de personas empleadas y al volumen de negocios anual, de modo que las empresas controladas en un 25 % o más por un organismo público puedan seguir considerándose pymes;

77.  Celebra que la Comisión esté trabajando en la elaboración de directrices para la aplicación de los artículos 9 a 11 de la Directiva relativa a la eficiencia energética, con el fin de ayudar a los consumidores a controlar mejor su consumo energético; considera que la viabilidad técnica y la implantación de contadores inteligentes —teniendo debidamente en cuenta la rentabilidad y la transparencia de costes— son elementos importantes para el ahorro energético; opina que, en aras de la coherencia, todas las disposiciones vigentes sobre contadores y facturación deben agruparse en un solo texto;

78.  Señala que las facturas energéticas de los consumidores siguen siendo poco claras e inexactas; recomienda aumentar la transparencia y claridad de las facturas mediante el establecimiento de principios de alto nivel para las facturas a escala de la Unión, a fin de poner a disposición de los consumidores la información clave en un formato comparable y poder ayudarles a adaptar los patrones de consumo; destaca que los consumidores cuentan con una amplia gama de preferencias y de instrumentos accesibles, por lo que el enfoque ante la información debe diseñarse mediante un estudio de los consumidores a escala nacional;

79.  Considera fundamental el acceso a información y asesoramiento independientes y fiables sobre medidas adecuadas de eficiencia energética y sistemas de financiación, en especial para los hogares, pero también para las autoridades regionales y locales, a fin de permitirles que tomen decisiones informadas y conscientes desde el punto de vista energético y gestionar mejor su consumo de energía, también mediante sistemas de medición inteligentes y contadores individuales del consumo de calefacción y refrigeración;

80.  Pide normas estrictas de garantía de calidad, programas nacionales de formación y sistemas nacionales únicos y simplificados de certificación para los proveedores de eficiencia energética, respaldados con marcos de asesoramiento y recurso unificados y de fácil acceso; subraya que esto se propone con el fin de eliminar algunos de los obstáculos no financieros a la adopción por parte de los consumidores de productos y servicios de eficiencia energética, por ejemplo, haciendo posible la identificación de los comerciantes de confianza;

81.  Espera nuevas inversiones en el ámbito del ahorro energético como resultado del cumplimiento de las normas de cogeneración de alta eficiencia establecidas en el artículo 14;

82.  Destaca que, en caso de que los Estados miembros establezcan un régimen de eficiencia energética financiado mediante tasas (artículo 20), este debe orientarse con carácter prioritario a los hogares afectados por la pobreza energética; insiste en que la revisión de la Directiva relativa a la eficiencia energética debe proporcionar a los Estados miembros un entorno político estable a largo plazo que garantice el aumento sostenido de las inversiones en eficiencia energética, en particular a escala local; exige que la Unión Europea y el BEI redoblen sus esfuerzos de creación de capacidades y asistencia técnica para desarrollar proyectos de eficiencia energética financiables que atraigan la inversión privada del mercado; pide que los programas de financiación de la Unión (como los Fondos Estructurales, el Plan Juncker y el mecanismo ELENA del BEI) aumenten la proporción de fondos asignados a la creación de capacidades y a la asistencia técnica en materia de eficiencia energética;

83.  Lamenta el bajo nivel de inversiones públicas y privadas en las redes inteligentes de distribución de electricidad; pide a la Comisión Europea que refuerce la aplicación del artículo 15 de la Directiva, a fin de promover el desarrollo de dichas redes;

84.  Pide que se establezca la obligación de llevar a cabo evaluaciones nacionales de rentabilidad de los programas de eficiencia energética desplegados a través de las autoridades locales o en combinación con ellas, y que se adopte este procedimiento allí donde proporcione eficiencias y ahorro de costes para los consumidores;

85.  Manifiesta su preocupación por la creciente contaminación provocada por algunas instalaciones de calefacción domésticas alimentadas por biomasa sólida, que generan grandes cantidades de polvo fino, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono y dioxinas que deterioran en gran medida la calidad del aire y son, por lo tanto, perjudiciales para la salud humana; insta a los Estados miembros, por consiguiente, a que apliquen soluciones alternativas eficientes y ecológicas;

86.  Subraya la necesidad inmediata de aplicar un enfoque más exhaustivo a la mejora de la eficiencia energética del conjunto del sistema de transportes, que no se apoye únicamente en el desarrollo tecnológico de vehículos o sistemas de propulsión; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que adopten medidas nuevas y ambiciosas que fomenten un cambio modal hacia las modalidades de mayor eficiencia energética, y a que implanten íntegramente sistemas de transporte inteligentes (STI) con el fin de seguir mejorando la eficiencia y el índice de uso de la capacidad disponible, tanto de los vehículos como de las infraestructuras, y también en la logística, la aviación y el transporte marítimo;

87.  Recuerda que la eficiencia energética puede alcanzarse estableciendo normas para el CO2 e informando a los usuarios acerca del consumo de combustible de sus vehículos; pide a la Comisión que presente propuestas para informar a los usuarios acerca del consumo de combustible de los nuevos camiones, autobuses y autocares y fijar límites a sus emisiones de CO2;

88.  Lamenta la escasa contribución del transporte al ahorro energético, con un porcentaje de tan solo el 3 % en el desglose del ahorro general por sectores, pese a la estabilización del tráfico de pasajeros y a la caída del tráfico de mercancías entre 2005 y 2013 debido a la crisis económica; pide a los Estados miembros que aumenten el número de medidas destinadas al sector de los transportes;

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89.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros.

(1) DO L 153 de 18.6.2010, p.13.
(2) DO L 315 de 14.11.2012, p. 1.
(3) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0444.
(4) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0094.
(5) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0266.
(6) Textos Aprobados, P8_TA(2014)0063
(7) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0359
(8) Véase el estudio de Tina Fawcett y Jan Rosenow sobre los planes y los logros de los Estados miembros con vistas a la aplicación del artículo 7 de la Directiva relativa a la eficiencia energética (Servicio de Estudios del Parlamento Europeo).
(9) Informe de la consultora E3G, de 3 de marzo de 2016, titulado «Energy efficiency as infrastructure: leaping the investment gap» .

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