Índice 
Textos aprobados
Jueves 24 de noviembre de 2016 - EstrasburgoEdición definitiva
El caso de Gui Minhai, editor encarcelado en China
 Situación de la comunidad guaraní-kaiowá en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul
 El caso de Ildar Dadin, preso de conciencia en Rusia
 Ayuda macrofinanciera a Jordania ***I
 Actividades y supervisión de los fondos de pensiones de empleo ***I
 La situación en Siria
 Relaciones entre la Unión Europea y Turquía
 Adhesión de la Unión Europea al Convenio de Estambul sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica
 Actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2015
 Hacia un sistema de IVA definitivo y lucha contra el fraude en el ámbito del IVA
 Plan de acción de la UE contra el tráfico de especies silvestres
 Nuevas oportunidades para las pequeñas empresas de transporte
 Situación en Bielorrusia

El caso de Gui Minhai, editor encarcelado en China
PDF 171kWORD 47k
Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de noviembre de 2016, sobre el caso de Gui Minhai, editor encarcelado en China (2016/2990(RSP))
P8_TA(2016)0444RC-B8-1256/2016

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus resoluciones anteriores sobre la situación en China, en particular las de 4 de febrero de 2016, sobre el caso de los editores desaparecidos en Hong Kong(1), 16 de diciembre de 2015, sobre las relaciones UE-China(2), y 13 de marzo de 2014, sobre las prioridades de la UE para el 25º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas(3),

–  Vista la declaración, de 7 de enero de 2016, del portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) sobre la desaparición de personas asociadas a la editorial Mighty Current de Hong Kong,

–  Visto el 18º Informe anual de la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior sobre la Región Administrativa Especial de Hong Kong, de abril de 2016,

–  Vistos el diálogo UE-China sobre derechos humanos, iniciado en 1995, y la 34ª ronda celebrada en Pekín los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2015,

–  Vista la declaración realizada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el 16 de febrero de 2016,

–  Vista la Comunicación conjunta de la Comisión Europea y el SEAE al Parlamento Europeo y al Consejo titulada «Componentes de una nueva estrategia de la UE respecto a China», de 22 de junio de 2016,

–  Vistos la Ley Fundamental de la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China, en particular los artículos relativos a las libertades personales y la libertad de prensa, y la Carta de Derechos de Hong Kong,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16 de diciembre de 1966,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

–  Vistas la adopción de una nueva Ley de seguridad nacional por el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional China el 1 de julio de 2015, la adopción de una nueva Ley de gestión de las ONG extranjeras por la Asamblea Popular Nacional el 28 de abril de 2016, y la adopción de la nueva Ley sobre ciberseguridad el 7 de noviembre de 2016,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que Gui Minhai, editor y accionista de la editorial y de una librería que ofrece obras literarias críticas con Pekín, desapareció sin dejar rastro en Pattaya (Tailandia) el 17 de octubre de 2015;

B.  Considerando que entre octubre y diciembre de 2015 también desaparecieron otros cuatro ciudadanos residentes en Hong Kong que trabajaban en la misma librería (Lui Bo, Zhang Zhiping, Lam Wing-Kee y Lee Bo);

C.  Considerando que Gui Minhai es un ciudadano sueco de origen chino y, por tanto, es un ciudadano de la Unión;

D.  Considerando que el 17 de enero de 2016 Gui Minhai apareció en una cadena de televisión china y reconoció aparentemente haber retornado de forma voluntaria a la China continental a fin de ser juzgado por un supuesto delito relacionado con un accidente de coche en 2003; que existen razones serias para creer que esta aparición en televisión fue manipulada y que se le había dado una nota para que la leyera;

E.  Considerando que Gui Minhai ha permanecido detenido durante más de un año, incomunicado y en paradero desconocido; que Gui Minhai es el único librero del grupo que sigue encarcelado;

F.  Considerando que las autoridades suecas han solicitado a las autoridades chinas todo su apoyo para proteger los derechos de su ciudadano y de las otras personas «desaparecidas»; que ni la familia de Gui Minhai ni el Gobierno sueco han sido informados de ninguna acusación formal contra él ni del lugar oficial de su detención;

G.  Considerando que se permitió a Lui Bo y Zhang Zhiping volver a Hong Kong el 4 y el 8 de marzo de 2016, respectivamente, tras haber permanecido detenidos en la China continental; que ambos pidieron a la policía que abandonara sus respectivos casos y retornaron a la China continental el mismo día que habían llegado; que Lee Bo volvió a Hong Kong el 24 de marzo de 2016 y niega haber sido secuestrado; que Lam Wing-Kee volvió a Hong Kong el 16 de junio de 2016;

H.  Considerando que en junio de 2016 Lam Wing-Kee, uno de los editores, volvió a Hong Kong para cerrar la investigación por su desaparición pero, en lugar de retornar a la China continental, declaró a los medios de comunicación que había sido secuestrado por los servicios de seguridad chinos, mantenido en régimen de aislamiento y obligado a confesar delante de cámaras de televisión delitos que no había cometido;

I.  Considerando que Hong Kong defiende y protege la libertad de palabra, de expresión y de publicación; que la publicación de información crítica con los dirigentes chinos es legal en Hong Kong, aunque esté prohibida en la China continental; que el principio de «un país, dos sistemas» garantiza la autonomía de Hong Kong con respecto a Pekín en lo que se refiere a esas libertadas consagradas en el artículo 27 de la Ley Fundamental;

J.  Considerando que, en el Informe anual de 2015 sobre la Región Administrativa Especial de Hong Kong, el SEAE y la Comisión estimaron que el caso de los cinco editores constituía el desafío más serio a la Ley Fundamental de Hong Kong y el principio de «un país, dos sistemas» desde la devolución de Hong Kong a la República Popular China en 1997; que solamente las fuerzas de seguridad oficiales de Hong Kong tienen la autoridad jurídica para hacer cumplir las leyes en Hong Kong;

K.  Considerando que el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura ha manifestado su grave preocupación por las repetidas informaciones procedentes de varias fuentes sobre la práctica continuada de detenciones ilegales en lugares de detención no oficiales y no reconocidos, las denominadas «cárceles negras»; que también ha manifestado su profunda preocupación por repetidas informaciones que indican que la práctica de torturas y de malos tratos sigue estando profundamente arraigada en el sistema penal, que adolece de un exceso de confianza en las confesiones para emitir condenas;

L.  Considerando que China ha firmado, pero no ratificado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); que China no ha firmado ni ratificado la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas;

M.  Considerando que la 17ª Cumbre UE-China, de 29 de junio de 2015, elevó las relaciones bilaterales a un nuevo nivel, y que, en su marco estratégico sobre derechos humanos y democracia, la Unión se compromete a situar los derechos humanos en el centro de sus relaciones con todos los terceros países, incluidos sus socios estratégicos; que la 18ª Cumbre UE-China, celebrada los días 12 y 13 de julio de 2016, concluyó con una declaración en la que se indicaba que habría otra ronda del diálogo sobre derechos humanos entre la Unión y China antes de que finalizase 2016;

1.  Manifiesta su profunda preocupación por la falta de información sobre el paradero de Gui Minhai; pide que se publique inmediatamente información detallada sobre su paradero, y pide su liberación inmediata y segura y que se le garantice el derecho a comunicarse;

2.  Toma nota con preocupación de las informaciones según las cuales las fuerzas de seguridad de la China continental intervienen en Hong Kong; recuerda a las autoridades chinas que cualquier intervención de sus fuerzas de seguridad en Hong Kong sería incompatible con el principio de «un país, dos sistemas»;

3.  Pide a las autoridades competentes de Tailandia, China y Hong Kong que aclaren las circunstancias de las desapariciones, de conformidad con el Estado de Derecho;

4.  Condena enérgicamente todos los casos de violaciones de los derechos humanos, en particular las detenciones arbitrarias, la entrega, las confesiones obtenidas a la fuerza, las detenciones secretas, las detenciones en régimen de aislamiento y las violaciones de la libertad de publicación y de expresión; recuerda que debe garantizarse la independencia de los editores, periodistas y blogueros; pide que se ponga fin inmediatamente a las violaciones de los derechos humanos y a la intimidación política;

5.  Condena las restricciones y la criminalización de la libertad de expresión, y lamenta el endurecimiento de las restricciones de la libertad de expresión; pide al Gobierno chino que deje de impedir el libre flujo de información, en particular restringiendo el uso de internet;

6.  Expresa su preocupación por la nueva Ley sobre ciberseguridad, aprobada el 7 de noviembre de 2016,que refuerza e institucionaliza las prácticas de censura y vigilancia del ciberespacio, así como por la Ley de seguridad nacional ya aprobada y por el proyecto de Ley sobre lucha contra el terrorismo; señala que tanto los abogados reformistas como los defensores de los derechos civiles chinos temen que estas leyes limiten aún más la libertad de expresión y que aumente la autocensura;

7.  Pide a China que ponga en libertad o retire todos los cargos contra quienes critican de forma pacífica al Gobierno, activistas contra la corrupción, abogados y periodistas;

8.  Manifiesta su preocupación ante la próxima entrada en vigor de la nueva Ley de gestión de las ONG extranjeras el 1 de enero de 2017, dado que obstaculizaría extraordinariamente las actividades de la sociedad civil china y limitaría en gran medida las libertades de asociación y expresión en el país, en particular prohibiendo las ONG extranjeras que no estén registradas en el Ministerio de Seguridad Pública chino, impidiendo que los departamentos provinciales de seguridad pública financien a personas u organizaciones chinas, y prohibiendo a los grupos chinos realizar «actividades» en nombre o con la autorización de ONG extranjeras no registradas, incluidas las que tienen su sede en Hong Kong y Macao; pide a las autoridades chinas que garanticen un entorno seguro y justo y procesos transparentes que permitan a las ONG operar libre y eficazmente en China;

9.  Destaca el compromiso de la Unión de fortalecer la democracia, incluidos el Estado de Derecho, la independencia del poder judicial, las libertades y los derechos fundamentales, la transparencia y la libertad de información y de expresión en Hong Kong;

10.  Pide a China que ratifique el PIDCP y que firme y ratifique sin demora la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas;

11.  Subraya el compromiso de la Unión de fortalecer el Estado de Derecho, la independencia del poder judicial y las libertades y los derechos fundamentales, en particular la transparencia y la libertad de información y de expresión, en todos los países con los que mantiene relaciones bilaterales; considera que es necesario establecer un diálogo significativo y abierto sobre los derechos humanos basado en el respeto mutuo; opina que unas relaciones sólidas y permanentes entre la Unión y China deben proporcionar una plataforma eficaz para un diálogo maduro, significativo y abierto sobre los derechos humanos basado en el respeto mutuo;

12.  Insiste en la importancia que revisten las relaciones comerciales y económicas para impulsar la prosperidad de ambas partes; recuerda que esas relaciones solo pueden desarrollarse en un contexto de buena fe y confianza recíproca; destaca que el respeto de los derechos humanos y la transparencia forman parte de los acuerdos comerciales modernos;

13.  Insta a las instituciones competentes de la Unión a que actúen con rapidez e incluyan el caso de Gui Minhai en la agenda del próximo diálogo UE-China sobre derechos humanos;

14.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Gobierno y el Parlamento de la República Popular China y al Jefe Ejecutivo y la Asamblea de la Región Administrativa Especial de Hong Kong.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0045.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0458.
(3) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0252.


Situación de la comunidad guaraní-kaiowá en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul
PDF 169kWORD 46k
Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de noviembre de 2016, sobre la situación de la comunidad guaraní-kaiowá en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul (2016/2991(RSP))
P8_TA(2016)0445RC-B8-1260/2016

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores Resoluciones sobre la necesidad de proteger los derechos de los pueblos indígenas de Brasil, y en particular su Resolución sobre la violación de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas de Brasil, de 15 de febrero de 1996(1),

–  Vista su Resolución, de 12 de octubre de 1995, sobre la situación de los pueblos indígenas de Brasil(2),

–  Vista la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de septiembre de 2007,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948,

–  Vistos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas adoptados en septiembre de 2015,

–  Vistos los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas,

–  Visto el Convenio n.º 169 de la Organización Mundial del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, adoptado el 27 de junio de 1989, y firmado por Brasil,

–  Vista la declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, pronunciada con ocasión del Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, el 9 de agosto de 2016,

–  Vistas la Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos, de 1998, las Directrices de la Unión sobre los defensores de los derechos humanos, y el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH);

–  Visto el informe de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli Corpuz, en relación con su misión a Brasil del 7 al 17 de marzo de 2016 (A/HRC/33/42/Add.1),

–  Visto el informe de 2016 del Consejo Indigenista Misionero (CIMI),

–  Vistas las declaraciones del representante especial de la Unión Europea para los derechos humanos efectuadas en el transcurso del diálogo UE-Brasil sobre derechos humanos,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que la actual Constitución de Brasil de 1988, que fue negociada con los pueblos indígenas, reconoce el derecho de dichos pueblos a preservar sus tradiciones culturales, así como su derecho primigenio a sus territorios ancestrales; que es obligación del Estado regular y proteger estos derechos;

B.  Considerando que, según la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, en los últimos ocho años se ha constatado una inquietante ausencia de progresos en la aplicación de las recomendaciones de las Naciones Unidas y en la resolución de cuestiones históricas de importancia fundamental para los pueblos indígenas de Brasil, como por ejemplo la homologación de sus territorios, así como un preocupante retroceso en la protección de los derechos de los pueblos indígenas;

C.  Considerando que en los últimos catorce años, según datos oficiales de la Secretaría Especial de la Salud Indígena (SESAI) y del Distrito Sanitario Especial Indígena de Mato Grosso do Sul (DSEI-MS) en relación con el asesinato de guaraníes-kaiowá en el Estado de Mato Grosso do Sul, más de cuatrocientos indígenas, entre ellos catorce de sus líderes, han sido asesinados, incluidos Simiao Vilharva y Clodiodi de Souza, por intentar reclamar sus tierras ancestrales en actos de protesta pacíficos;

D.  Considerando que, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de los Pueblos Indígenas de Brasil, realizada en 2008-2009, la tasa de desnutrición crónica entre los niños indígenas era del 26 %, frente al 5,9 % de los niños no indígenas; que, según recientes investigaciones efectuadas por FIAN Brasil y el CIMI, el 42 % de los miembros de las comunidades guaraní y kaiowá sufren desnutrición crónica;

E.  Considerando que la insuficiente oferta de atención sanitaria, servicios sociales y educación adecuados, así como la no demarcación de las tierras indígenas, influyen en el suicidio juvenil y en la mortalidad infantil; que en los últimos quince años al menos 750 personas, en su mayoría jóvenes, se han suicidado y que más de 600 niños menores de cinco años han muerto, la mayoría de enfermedades evitables y fácilmente tratables;

F.  Considerando que el 98,33 % de las tierras indígenas de Brasil están en la región amazónica, donde las poblaciones indígenas contribuyen a preservar la biodiversidad y con ello desempeñan un importante papel en la prevención del cambio climático; que, según el estudio titulado «Hacia una referencia de base global del almacenamiento de carbono en las tierras colectivas: análisis actualizado de la contribución de los pueblos indígenas y de las comunidades locales a la mitigación del cambio climático» de la Iniciativa de Derechos y Recursos, el Centro de Investigación Woods Hole y el Instituto de Recursos Mundiales, publicado el 1 de noviembre de 2016, la expansión de los derechos territoriales de los indígenas puede desempeñar un importante papel en la protección de los bosques, la biodiversidad y los ecosistemas;

G.  Considerando que el Ministerio Público Federal y la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) firmaron en 2007 el Compromiso de Ajuste de Conducta con el fin de identificar y delimitar treinta y seis territorios de la comunidad guaraní-kaiowá en Mato Grosso do Sul a más tardar en 2009;

H.  Considerando que está en marcha una serie de iniciativas para la reforma, interpretación y aplicación de la Constitución Federal de Brasil, y que estos posibles cambios podrían comprometer los derechos de los indígenas reconocidos por la misma;

1.  Reconoce la histórica colaboración entre la Unión Europea y Brasil, construida sobre la confianza mutua y el respeto de los principios y valores democráticos; felicita al Gobierno de Brasil por los avances en aspectos como el papel constructivo de la FUNAI, las diversas resoluciones del Tribunal Supremo Federal para impedir expulsiones, los esfuerzos por aplicar servicios diferenciados en los ámbitos de la salud y la educación, los importantes avances en la demarcación de tierras en la región amazónica, la organización de la primera Conferencia Nacional de Política Indigenista y la creación del Consejo Nacional de Política Indigenista;

2.  Condena enérgicamente los actos de violencia perpetrados contra las comunidades indígenas de Brasil; lamenta la pobreza y la situación en materia de derechos humanos de la población guaraní-kaiowá de Mato Grosso do Sul;

3.  Pide a las autoridades brasileñas que adopten medidas inmediatas para proteger la seguridad de los pueblos indígenas y garantizar que se efectúen investigaciones independientes sobre los asesinatos y ataques contra indígenas motivados por sus intentos de defender sus derechos humanos y territoriales, con objeto de llevar a los responsables ante la justicia;

4.  Recuerda a las autoridades brasileñas su responsabilidad en la preservación y la plena aplicación, por lo que se refiere a la población guaraní-kaiowá, de las disposiciones de la Constitución de Brasil sobre la protección de derechos individuales y derechos de minorías y grupos étnicos indefensos;

5.  Recuerda a las autoridades brasileñas su obligación de respetar las normas internacionales sobre derechos humanos en relación con los pueblos indígenas, tal como exigen, en particular, la Constitución Federal de Brasil y la Ley n.o 6.001/73 sobre el «Estatuto del Indio»;

6.  Reconoce el papel del Tribunal Supremo Federal de Brasil en la continuidad de la protección de los derechos primigenios y constitucionales de los pueblos indígenas, y pide al Consejo Nacional que desarrolle mecanismos y acciones para una mejor protección de las necesidades de las poblaciones vulnerables;

7.  Pide a las autoridades brasileñas que apliquen plenamente las recomendaciones de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas formuladas tras su misión a Brasil de marzo de 2016;

8.  Pide a las autoridades brasileñas que elaboren un plan de trabajo para dar prioridad a la finalización de la delimitación de todos los territorios reivindicados por la comunidad guaraní-kaiowá y crear las condiciones operativas técnicas a tal efecto, dado que muchos asesinatos obedecen a represalias en el contexto de la reocupación de territorios ancestrales;

9.  Recomienda a las autoridades brasileñas que prevean un presupuesto suficiente para la labor de la FUNAI y lo refuercen con las dotaciones necesarias para ofrecer los servicios básicos de los que dependen los pueblos indígenas;

10.  Expresa su preocupación por la enmienda constitucional propuesta n.o 215/2000 (PEC 215), a la que se oponen ferozmente los pueblos indígenas de Brasil, dado que, en caso de aprobarse, amenazaría sus derechos territoriales al posibilitar que los intereses antiindígenas relacionados con los sectores agroempresarial, maderero, minero y energético bloqueen el reconocimiento de los nuevos territorios indígenas; cree firmemente que las empresas deben rendir cuentas por cualesquiera daños medioambientales y violaciones de derechos humanos de las que sean responsables y que la Unión y sus Estados miembros deben hacer valer esta regla como principio básico, convirtiéndola en una disposición vinculante en todas sus políticas comerciales;

11.  Encarga a su Presidente que trasmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al Presidente y al Gobierno de Brasil, al Presidente del Congreso Nacional de Brasil, a los copresidentes de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y al Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas.

(1) DO C 65 de 4.3.1996, p. 164.
(2) DO C 287 de 30.10.1995, p. 202.


El caso de Ildar Dadin, preso de conciencia en Rusia
PDF 169kWORD 45k
Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de noviembre de 2016, sobre el caso de Ildar Dadin, preso de conciencia en Rusia (2016/2992(RSP))
P8_TA(2016)0446RC-B8-1261/2016

El Parlamento Europeo,

–  Vistos sus anteriores informes, recomendaciones y resoluciones sobre Rusia, y en particular su Recomendación al Consejo, de 23 de octubre de 2012, sobre el establecimiento de restricciones comunes en materia de visados a los funcionarios rusos involucrados en el caso Serguéi Magnitski(1);sus resoluciones de 13 de junio de 2013, sobre el Estado de Derecho en Rusia(2), y de 13 de marzo de 2014, sobre Rusia: condena de manifestantes que participaron en los sucesos de la plaza Bolótnaya(3); su recomendación destinada al Consejo, de 2 de abril de 2014, sobre el establecimiento de restricciones comunes en materia de visados a los funcionarios rusos involucrados en el caso Serguéi Magnitski(4); y sus Resoluciones, de 23 de octubre de 2014, sobre el cierre de la ONG «Memorial» (galardonada con el Premio Sájarov 2009) en Rusia(5); de 12 de marzo de 2015 sobre el asesinato del líder opositor ruso Boris Nemtsov y la situación de la democracia en Rusia(6); de 10 de junio de 2015, sobre el estado de las relaciones UE-Rusia(7), y de 10 de septiembre de 2015, sobre Rusia, en particular los casos de Eston Kohver, Oleg Sentsov y Oleksandr Kolchenko(8),

–  Vistos los resultados de la Cumbre UE-Rusia de los días 3 y 4 de junio de 2013 y las consultas sobre derechos humanos mantenidas el 19 de mayo de 2013,

–  Vista la Constitución de Rusia, y en particular su artículo 29, que protege la libertad de expresión, y el artículo 31, que incluye el derecho a reunirse pacíficamente,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que, a principios de diciembre de 2015, el activista y opositor ruso Ildar Dadin fue condenado a tres años de cárcel tras organizar una serie de protestas y concentraciones pacíficas contra la guerra, y que Ildar Dadin fue la primera persona condenada en Rusia en aplicación de una rigurosa ley que regula el derecho de reunión pública aprobada en 2014;

B.  Considerando que Ildar Dadin fue condenado a tres años de cárcel en una sentencia que superó la petición del Ministerio Fiscal, que había recomendado una pena de dos años, y que la condena se redujo en apelación a dos años y medio;

C.  Considerando que, según la información de que se dispone, durante su actual encarcelamiento en el pabellón penitenciario número 7 de Carelia, Ildar Dadin ha sufrido de forma repetida torturas, palizas, un trato inhumano y amenazas de muerte por parte de las autoridades rusas;

D.  Considerando que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) aprobó la solicitud del abogado de Ildar Dadin y emplazó a la Federación de Rusia a garantizar una investigación efectiva, a trasladar a Ildar Dadin a otro centro penitenciario y a asegurar la comunicación del defendido con su representante legal;

E.  Considerando que la situación de Ildar Dadin no es un caso aislado, y que informes verosímiles sobre los derechos humanos denuncian el uso sistemático de la tortura, los malos tratos y otros tratos inhumanos en el sistema penitenciario ruso; considerando, asimismo, que los autores y responsables de estos actos de tortura y malos tratos de los presos y reclusos en centros de internamiento y otras instalaciones penitenciarias gozan a menudo de impunidad;

F.  Considerando que, el 3 de noviembre de 2016, Thorbjørn Jagland, Secretario General del Consejo de Europa, manifestó a Aleksandr Konoválov, Ministro de Justicia de la Federación de Rusia, su preocupación acerca de las denuncias de malos tratos sufridos por Ildar Dadin;

G.  Considerando que el número de presos políticos en Rusia ha aumentado significativamente en los últimos años y que, según la información procedente del Centro de Derechos Humanos «Memorial», se eleva actualmente a ciento dos, entre ellos Aleksandr Fiodoróvich Kostenko, Iván Nepomnyashchij, Dmitry Buchenkov, Vladímir Iónov, Maksim Panfílov y otros; considerando, asimismo, que se ha constatado que en 2015 Rusia vulneró el Convenio Europeo de Derechos Humanos en ciento nueve ocasiones, más que ningún otro país;

H.  Considerando que en 2015 se registraron ciento noventa y siete fallecimientos bajo custodia policial, incluidos ciento nueve como resultado de «un deterioro repentino de las condiciones de salud», así como sesenta y dos suicidios, lo cual es un indicio de abusos, torturas y malos tratos generalizados a los reclusos en el sistema penitenciario de la Federación de Rusia;

I.  Considerando que, el 26 de octubre de 2016, un tribunal de Moscú impuso una multa de 300 000 rublos al centro de estudios Yuri Levada (Centro Levada), una de las tres principales organizaciones dedicadas al análisis de la opinión pública en Rusia, por no haberse registrado como «agente extranjero»;

J.  Considerando que el presidente Putin ha firmado recientemente un decreto en virtud del cual Rusia se niega a participar en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI); que el ministerio ruso de Asuntos Exteriores describe en una declaración las actividades de la CPI como «ineficaces y unilaterales» y expresa su preocupación acerca de la investigación llevada a cabo por la Corte sobre los acontecimientos de agosto de 2008 en Osetia del Sur, y que los fiscales de la CPI han publicado un informe en el sitio web de la Corte en el que constatan que «la ocupación rusa se ha acompañado del acoso y la intimidación de los tártaros de Crimea»;

K.  Considerando que, en octubre de 2016, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas decidió no volver a elegir a Rusia como miembro de este organismo después de que más de ochenta organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos y a la ayuda internacional firmaran una carta en la que instaban a los miembros de las Naciones Unidas a que bloquearan la elección de Rusia a dicho organismo;

1.  Pide la liberación inmediata e incondicional de Ildar Dadin y de todas las personas detenidas bajo acusaciones falsas o infundadas o por hacer uso de su derecho a la libertad de expresión y de reunión;

2.  Expresa su profunda preocupación por la introducción de un artículo en el Código Penal de la Federación de Rusia que impone nuevas restricciones a las concentraciones públicas y contempla la posibilidad de considerar este tipo de manifestaciones como un acto delictivo;

3.  Pide a las autoridades rusas que realicen una investigación detallada y transparente de las acusaciones de tortura y malos tratos formuladas por Ildar Dadin, contando con la participación de expertos independientes en el ámbito de los derechos humanos; reclama una investigación independiente sobre las denuncias de torturas, abusos y tratos inhumanos y degradantes por parte de los funcionarios del Estado ruso en los centros penitenciarios, los campos de trabajo y las instalaciones de reclusión;

4.  Insta, en este mismo contexto, a la Federación de Rusia a que proceda a una revisión exhaustiva de su sistema penitenciario con miras a reformarlo en profundidad para aplicar plenamente las normas acordadas en el marco de los convenios internacionales pertinentes;

5.  Expresa su solidaridad con las personas detenidas en Rusia y en los territorios ocupados temporalmente en Ucrania, incluidos los tártaros de Crimea, bajo acusaciones falsas e infundadas, y exige su inmediata liberación;

6.  Recuerda a Rusia la importancia que reviste el pleno cumplimiento de sus obligaciones jurídicas internacionales derivadas de su pertenencia al Consejo de Europa y a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, así como el respeto de los derechos humanos fundamentales y el Estado de Derecho consagrados en diversos tratados y acuerdos internacionales que Rusia ha suscrito y de los que es parte; señala que la Federación de Rusia solo podrá ser considerada un socio fiable en el ámbito de la cooperación internacional si cumple sus obligaciones derivadas del Derecho internacional; expresa, a este respecto, su preocupación acerca del decreto presidencial por el que Rusia se retira del Estatuto de Roma de la CPI;

7.  Pide al Gobierno de Rusia que adopte medidas concretas e inmediatas para cumplir todas las sentencias dictadas contra Rusia por el TEDH; lamenta, en este sentido, que la Federación de Rusia, en una nueva disposición legislativa aprobada en diciembre de 2015, haya facultado a su Tribunal Constitucional para revocar las sentencias del TEDH;

8.  Insta al Consejo a que desarrolle una política unificada con respecto a Rusia que comprometa a los veintiocho Estados miembros y a las instituciones de la Unión a formular un mensaje decidido y común con respecto al papel que incumbe a los derechos humanos en las relaciones entre la Unión y Rusia y al respeto del Derecho internacional; pide a la VP/AR que elabore, junto con el SEAE y la Comisión, una estrategia sustantiva y concreta de apoyo a la sociedad civil rusa y sus organizaciones, haciendo un uso cabal del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos;

9.  Pide al Consejo que adopte una serie de sanciones concretas dirigidas a sancionar a los responsables de los malos tratos de que son víctimas Ildar Dadin y otros activistas de los derechos humanos;

10.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al SEAE, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, a la Comisión, al Consejo de Europa, a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y al Presidente, al Gobierno y al Parlamento de la Federación de Rusia.

(1) DO C 68 E de 7.3.2014, p. 13.
(2) DO C 65 de 19.2.2016, p. 150.
(3) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0253.
(4) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0258.
(5) DO C 274 de 27.7.2016, p.21.
(6) DO C 316 de 30.8.2016, p.126.
(7) DO C 407 de 4.11.2016, p.35.
(8) Textos aprobados, P8_TA(2015)0314.


Ayuda macrofinanciera a Jordania ***I
PDF 248kWORD 44k
Resolución
Texto
Anexo
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 24 de noviembre de 2016, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se concede una ayuda macrofinanciera adicional al Reino Hachemí de Jordania (COM(2016)0431 – C8-0242/2016 – 2016/0197(COD))
P8_TA(2016)0447A8-0296/2016

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2016)0431),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 212 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0242/2016),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista la Declaración conjunta del Parlamento Europeo y del Consejo, adoptada conjuntamente con la Decisión n.º 778/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de agosto de 2013, por la que se concede ayuda macrofinanciera a Georgia(1),

–  Vistas la carta de la Comisión de Asuntos Exteriores y la carta de la Comisión de Presupuestos,

–  Visto el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 4 de noviembre de 2016, de aprobar la Posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Comercio Internacional (A8-0296/2016),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Aprueba la declaración conjunta del Parlamento, del Consejo y de la Comisión adjunta a la presente Resolución;

3.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por otro texto;

4.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 24 de noviembre de 2016 con vistas a la adopción de la Decisión (UE) 2016/... del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se concede una ayuda macrofinanciera adicional al Reino Hachemí de Jordania

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de la posición del Parlamento coincide con el acto legislativo final, la Decisión (UE) 2016/2371.)

ANEXO A LA RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

Declaración conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión

A la luz de las dificultades presupuestarias y de las circunstancias extraordinarias a las que se enfrenta Jordania como consecuencia de acoger a más de 1,3 millones de ciudadanos sirios , la Comisión, presentará, en su caso, una nueva propuesta en 2017 para ampliar e incrementar la ayuda macrofinanciera a Jordania tras la conclusión con éxito de la segunda de las operaciones de ayuda macrofinanciera y siempre que el conjunto de condiciones previas para este tipo de ayuda, incluida una evaluación actualizada por la Comisión de las necesidades de financiación exterior de Jordania se cumplan. Este apoyo esencial para Jordania, puede ayudar al país a mantener la estabilidad macroeconómica, velando al mismo tiempo por preservar los beneficios del desarrollo y continuando con el programa de reformas.

(1) DO L 218 de 14.8.2013, p. 15.


Actividades y supervisión de los fondos de pensiones de empleo ***I
PDF 245kWORD 51k
Resolución
Texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 24 de noviembre de 2016, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las actividades y la supervisión de los fondos de pensiones de empleo (versión refundida) (COM(2014)0167 – C7-0112/2014 – 2014/0091(COD))
P8_TA(2016)0448A8-0011/2016

(Procedimiento legislativo ordinario – refundición)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2014)0167),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y los artículos 53, 62 y 114, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0112/2014),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen motivado presentado por el Congreso de los Diputados neerlandés, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo n° 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, en el que se afirma que el proyecto de acto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 10 de julio de 2014(1),

–  Visto el Acuerdo Interinstitucional, de 28 de noviembre de 2001, para un recurso más estructurado a la técnica de la refundición de los actos jurídicos(2),

–  Vista la carta dirigida el 4 de septiembre de 2014 por la Comisión de Asuntos Jurídicos a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de conformidad con el artículo 104, apartado 3, de su Reglamento,

–  Visto el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 30 de junio de 2016, de aprobar la Posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistos los artículos 104 y 59 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y las opiniones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0011/2016),

A.  Considerando que, según el grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, la propuesta de la Comisión no contiene ninguna modificación de fondo aparte de las señaladas como tales en la propuesta, y que, en lo que se refiere a la codificación de las disposiciones inalteradas de los actos anteriores junto con dichas modificaciones, la propuesta se limita a una codificación pura y simple de los textos existentes, sin ninguna modificación sustancial de estos;

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación, teniendo en cuenta las recomendaciones del grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por otro texto;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 24 de noviembre de 2016 con vistas a la adopción de la Directiva (UE) 2016/... del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las actividades y la supervisión de los fondos de pensiones de empleo (FPE) (versión refundida)

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de la posición del Parlamento coincide con el acto legislativo final, la Directiva (UE) 2016/2341.)

(1) DO C 451 de 16.12.2014, p. 109.
(2) DO C 77 de 28.3.2002, p. 1.


La situación en Siria
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Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de noviembre de 2016, sobre la situación en Siria (2016/2933(RSP))
P8_TA(2016)0449RC-B8-1249/2016

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Siria, en particular la de 6 de octubre de 2016(1),

–  Vistos los principios de la Carta de las Naciones Unidas,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

–  Vistos los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales,

–  Vistas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el Dáesh y el Frente al-Nusra y las relativas al conflicto en la República Árabe Siria, en particular las resoluciones 2118 (2013), 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2199 (2015), 2254 (2015), 2258 (2015) y 2268 (2016),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 17 de octubre de 2016, y las Conclusiones del Consejo Europeo, de 18 y 19 de febrero de 2016 y de 20 y 21 de octubre de 2016,

–  Vistas las declaraciones de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad , Federica Mogherini, y del comisario de Ayuda Humanitaria y Protección Civil, Christos Stylianidis, de 16 de septiembre de 2016, sobre Siria; de 20 de septiembre de 2016, sobre los ataques aéreos contra el convoy de ayuda humanitaria de las Naciones Unidas y la Media Luna Roja Siria; de 24 de septiembre de 2016, sobre la situación en Alepo; de 2 de octubre de 2016, sobre una iniciativa humanitaria de emergencia para Alepo; y de 25 de octubre de 2016, sobre la urgencia de que la ayuda humanitaria llegue a Alepo,

–  Vistos los informes de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Árabe Siria, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la República Árabe Siria de 27 de septiembre de 2016 y 21 de octubre de 2016,

–  Vista la declaración de Federica Mogherini, vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, sobre Rusia y la Corte Penal Internacional, de 17 de noviembre de 2016,

–  Visto el artículo 123, apartados 2 y 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que los seis años de conflicto, violencia y brutalidad extremas en Siria han ocasionado la muerte de más de 400 000 personas y que otros 13 millones más precisan ayuda humanitaria; que se prevé que en 2016 haya 8,7 millones de personas desplazadas dentro de Siria, mientras que 4,8 millones de personas han huido del país;

B.  Considerando que los combates y los bombardeos prosiguen en Siria sin perder intensidad y la situación humanitaria sigue deteriorándose; que Alepo sigue siendo el epicentro de la crisis siria, pero los combates también continúan en Hama, Idlib, el noroeste de Siria, los suburbios de Damasco y Deir ez-Zor; que más de cuatro millones de personas viven en ciudades sitiadas y zonas de difícil acceso en las que han sido destruidas las infraestructuras básicas de agua y electricidad; que, a pesar de las treguas humanitarias decretadas de forma unilateral por el régimen de Asad y Rusia, la población del este de Alepo y otras ciudades sitiadas, como Zabadani, en poder de los rebeldes, y Kefraya y Al-Fua, localidades bajo control del Gobierno en la provincia de Idlib, sufre una grave carestía de alimentos básicos y medicamentos; que desde julio de 2016 no ha sido posible llevar ninguna ayuda humanitaria a la parte oriental sitiada de Alepo;

C.  Considerando que Alepo y todo el territorio sirio están en una situación de crisis sanitaria permanente; y que, de acuerdo con UNICEF, más de dos tercios de los sirios de la región no tienen ordinariamente acceso al agua y cerca de seis millones de niños necesitan asistencia vital con carácter de urgencia;

D.  Considerando que han cometido graves violaciones del Derecho internacional en materia de derechos humanos y humanitario todas las partes en conflicto, pero con mayor gravedad el régimen de Al-Asad, apoyado por Rusia e Irán, en particular empleando en zonas civiles armas de efectos indiscriminados, bombas incendiarias, de barril y antibúnker, y sustancias consideradas armas químicas en virtud de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción; que no se han respetado los principios de cautela y proporcionalidad; que zonas civiles, escuelas, hospitales, agentes humanitarios y campos de refugiados han sido objetivo de ataques intencionados; que los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad no deben quedar impunes;

E.  Considerando que la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Árabe Siria, que actúa bajo el mandato de las Naciones Unidas, y los grupos de derechos humanos han recogido pruebas que demuestran que al menos 200 000 personas se encuentran privadas de libertad por el Gobierno sirio en condiciones inhumanas; que en los últimos años miles de sirios han fallecido cuando se encontraban bajo custodia del Gobierno sirio a causa de torturas y enfermedades; que las desapariciones forzadas y el trato cruel a los prisioneros son prácticas generalizadas; que las autoridades sirias han intentado mantener en secreto la información relativa a los centros de internamiento, denegando el acceso a los observadores internacionales reconocidos de las condiciones de detención; y que, desde 2011, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) solo ha sido autorizado a visitar un pequeño número de establecimientos penitenciarios;

F.  Considerando que el mundo presencia horrorizado las atrocidades perpetradas reiteradamente por el Dáesh y otros grupos yihadistas, la práctica de ejecuciones brutales y una violencia sexual inaudita, secuestros, torturas, conversiones forzosas y la esclavitud de mujeres y niñas; que se ha reclutado a niños y se los ha utilizado en atentados terroristas; que el Dáesh aún controla amplias zonas de Siria e Irak; que el Dáesh comete como genocidio contra minorías étnicas y religiosas, practica actos de tortura de extremada crueldad, y destruye totalmente el patrimonio cultural; que hay motivos de seria preocupación por el bienestar de la población que actualmente se encuentra bajo el control del Dáesh ante la posibilidad de que sea utilizada como escudo humano en la campaña de liberación;

G.  Considerando que Yabhat Fatah al-Sham, grupo sirio antes conocido como Frente al-Nusra y afiliado a Al-Qaeda, es una organización terrorista que rechaza una transición política negociada y un futuro democrático integrador para Siria;

H.  Considerando que Siria ha firmado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), pero no lo ha ratificado; que el secretario general de las Naciones Unidas Ban Ki-moon ha instado reiteradamente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a remitir la situación en Siria a la CPI; que Rusia y China bloquean todo avance en materia de rendición de cuentas en Siria mediante el veto de toda resolución del Consejo de Seguridad por la que se confiera a la CPI el mandato de investigar los horrendos crímenes cometidos durante el conflicto en Siria; que el 16 de noviembre de 2016 Rusia decidió retirar su firma del Estatuto de Roma; que esta ausencia de rendición de cuentas propicia que se cometan más atrocidades y agrava el sufrimiento de las víctimas;

I.  Considerando que es necesario recordar a todos los países y todas las partes implicados en el conflicto los compromisos que han asumido de conformidad con la Resolución 2254 (2015) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y, en particular, la obligación de poner fin a todos los ataques contra la población y las infraestructuras civiles y de garantizar el acceso de la ayuda humanitaria en todo el país; que, asimismo, la Unión Europea debe servirse de todos los instrumentos de que dispone, incluida la imposición de sanciones, para garantizar el pleno respeto de esta Resolución por todas las partes;

J.  Considerando que la Unión es uno de los principales donantes de ayuda humanitaria destinada a las personas que huyen de una situación de violencia y destrucción de proporciones históricas en Siria; que la falta de unidad a escala internacional hace que resulte mucho más difícil alcanzar una solución negociada a la guerra de Siria;

1.  Expresa una vez más su profundísima inquietud ante la persistencia de los combates y los bombardeos y el empeoramiento de la situación humanitaria en Siria; condena enérgicamente todos los ataques contra civiles e infraestructuras civiles, el mantenimiento de todos los asedios en Siria y la imposibilidad de hacer llegar la ayuda humanitaria a las personas sirias necesitadas; hace un llamamiento a todas las partes para que permitan el acceso fluido y sin obstáculos de la ayuda humanitaria y la llegada de bienes de emergencia, en particular a las zonas sitiadas o de difícil acceso; destaca que el Derecho internacional humanitario prohíbe que se someta deliberadamente al hambre a la población, e insta a todas las partes a que permitan de inmediato las evacuaciones por motivos médicos en el este de Alepo y todas las demás zonas asediadas;

2.  Condena en los términos más enérgicos las atrocidades y violaciones generalizadas de los derechos humanos y del Derecho internacional humanitario cometidas por las fuerzas de Al-Asad con el apoyo de Rusia e Irán, así como la vulneración de los derechos humanos y las violaciones del Derecho internacional humanitario por grupos armados no estatales, en particular el Dáesh, Yabhat Fatah al-Sham / Frente al-Nusra y otros grupos yihadistas;

3.  Pide que se ponga fin de inmediato a los bombardeos y ataques indiscriminados contra civiles; subraya que todas las partes deben poner la máxima atención en proteger a los civiles, con independencia de su origen étnico y de sus creencias religiosas o confesionales, y tomar todas las medidas adecuadas para ello; condena enérgicamente el lanzamiento indiscriminado de un gran número de cohetes por grupos armados de la oposición contra suburbios civiles en la zona occidental de Alepo; destaca que, según la información disponible, han resultado heridos y perdido la vida muchos civiles, incluidos niños; pide que todas las partes en el conflicto tomen todas las medidas apropiadas para proteger a los civiles, de conformidad con el Derecho internacional, incluido el cese de los ataques dirigidos contra las estructuras civiles, tales como centros médicos, escuelas y depósitos de agua, mediante la inmediata desmilitarización de esos objetivos, descarten el establecimiento de posiciones militares en áreas densamente pobladas y permitan la evacuación de los heridos y de todos los civiles que deseen abandonar las zonas asediadas; subraya que la responsabilidad principal de la protección de la población siria incumbe al régimen sirio;

4.  Alaba los esfuerzos de los trabajadores humanitarios en su intento de llevar la tan necesaria ayuda de emergencia, alimentos, agua y medicinas a las personas atrapadas por el conflicto, e insta a todas las partes implicadas en el conflicto a que garanticen un acceso seguro y sin trabas de las organizaciones humanitarias a los civiles afectados por la guerra;

5.  Insta a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros a que presten todo su apoyo a las Naciones Unidas y a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) para que sigan investigando la utilización y la destrucción de las armas químicas por todas las partes en el conflicto de Siria; insiste enérgicamente en que deben pedirse cuentas a los responsables del uso de armas químicas; apoya la ampliación del mandato del Mecanismo Conjunto de la OPAQ a fin de determinar las responsabilidades por el uso de armas químicas en Siria;

6.  Expresa su preocupación ante las detenciones ilegales, las torturas y los malos tratos, las desapariciones y la muerte de detenidos en prisiones del régimen y centros de detención secretos dirigidos por milicias apoyadas desde el exterior; pide a las autoridades sirias que administran estos centros de detención que pongan fin a todas las ejecuciones y tratos inhumanos;

7.  Solicita la liberación inmediata de las personas detenidas de forma arbitraria y pide que se ponga fin al uso de la tortura y otros malos tratos, así como a la práctica de las desapariciones forzadas, de conformidad con la Resolución 2139 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 22 de febrero de 2014; pide que se dé acceso inmediato a observadores internacionales de las condiciones de detención, como las Naciones Unidas o el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), para que observen la situación de todas las personas privadas de libertad en Siria y faciliten información y apoyo a sus familias;

8.  Reitera su firme condena de las atrocidades cometidas por el régimen de Asad, el Dáesh, Yabhat Fatah al-Sham / Frente Al-Nusra y otras organizaciones terroristas, que pueden considerarse graves crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad; apoya el llamamiento del Quinteto de naciones (Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido) y de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) a todos los grupos armados que combaten en Siria para que pongan fin a cualquier tipo de colaboración con Yabhat Fatah al-Sham; destaca la importancia de cortar efectivamente el acceso a la financiación de las actividades del Dáesh, detener a los combatientes extranjeros y poner fin al flujo de armas destinadas a los grupos yihadistas; pide a la oposición siria que se distancie claramente de estos elementos extremistas y su ideología; recuerda que deben concentrarse los esfuerzos en derrotar al Dáesh y los otros grupos considerados terroristas por las Naciones Unidas; pide que se actúe para impedir la llegada de material y ayuda financiera a personas, grupos, empresas y entidades asociadas con grupos considerados terroristas por las Naciones Unidas;

9.  Reitera su llamamiento para que los responsables de los crímenes de guerra y de lesa humanidad carguen con las consecuencias y rindan cuentas de ello; insiste en que también debe llevarse ante los tribunales a los autores de delitos contra minorías y grupos religiosos, étnicos y de otro tipo; expresa su convencimiento de que no puede haber una resolución efectiva del conflicto ni una paz duradera en Siria sin una rendición de cuentas por los crímenes cometidos; opina que no debe politizarse la cuestión de la rendición de cuentas por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad: la obligación de respetar el Derecho internacional humanitario en todas circunstancias se aplica a todas las partes en conflicto y quienquiera que cometa tales crímenes debe tener por seguro que tarde o temprano se encontrará ante la justicia;

10.  Insta a la Unión y a los Estados miembros a que garanticen que todos los responsables de violaciones de los derechos humanos y del Derecho humanitario internacional sean puestos a disposición de la justicia mediante los mecanismos internacionales adecuados de justicia penal o ante tribunales nacionales y mediante la aplicación del principio de la jurisdicción universal; reitera su apoyo a la remisión del caso de Siria a la CPI, pero, en vista de que el Consejo de Seguridad se encuentra imposibilitado para deliberar al respecto, reitera su petición a la Unión y a sus Estados miembros de que encabecen los esfuerzos en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas y que exploren el establecimiento de un tribunal para los crímenes de guerra en Siria, a la espera de la remisión a la CPI; destaca la importancia de la apropiación por Siria del proceso, una vez concluya el conflicto y con miras a promover la reconciliación;

11.  Celebra y subraya la importancia crucial que reviste la labor de las organizaciones de la sociedad civil locales e internacionales relacionada con la documentación de pruebas de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otras violaciones, incluida la destrucción de patrimonio cultural; pide a la Unión y a sus Estados miembros que presten asistencia adicional y completa a estas organizaciones;

12.  Deplora la decisión del presidente ruso, Vladímir Putin, de retirarse de la CPI, y señala que, de todos modos, la Federación de Rusia nunca ha ratificado el Estatuto de Roma y que el momento de la decisión merma la credibilidad de este país y permite que se extraigan conclusiones sobre su compromiso con la justicia internacional;

13.  Acoge favorablemente las Conclusiones del Consejo, de 17 de octubre de 2016, sobre Siria, y las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 20 y 21 de octubre de 2016 sobre Siria; respalda el llamamiento de la Unión en favor del cese de todos los vuelos militares sobre la ciudad de Alepo, de un alto el fuego inmediato supervisado por un mecanismo sólido y transparente, del levantamiento de los asedios y de un acceso humanitario duradero y sin restricciones a escala nacional garantizado por todas las partes;

14.  Acoge con satisfacción la revisión de las medidas restrictivas de la Unión contra Siria y personas determinadas que comparten la responsabilidad por la represión de la población civil en el país; subraya que la Unión debe considerar todas las opciones disponibles, en particular el establecimiento de una zona de exclusión aérea sobre la ciudad de Alepo, para que todos los responsables de las violaciones más execrables de los derechos humanos y otros abusos carguen con las consecuencias de sus actos en caso de que prosigan las atrocidades y la manifiesta inobservancia del Derecho humanitario;

15.  Solicita el respeto por todas las partes del derecho de las minorías étnicas y religiosas presentes en Siria, incluidas las cristianas, a seguir viviendo en sus patrias históricas y tradicionales con dignidad y en condiciones de igualdad y seguridad, y a practicar libre y plenamente su religión y creencias sin sufrir ningún tipo de coacción, violencia o discriminación; apoya un diálogo interconfesional destinado a promover la comprensión mutua y a combatir el fundamentalismo;

16.  Insta a todos los participantes en el Grupo Internacional de Apoyo a Siria a que reanuden las negociaciones para facilitar el establecimiento de una tregua estable y a que intensifiquen sus esfuerzos para lograr una solución política duradera en Siria; destaca que los actores regionales, y en particular los países vecinos, tienen una responsabilidad especial;

17.  Reitera su petición a la VP/AR de que redoble sus esfuerzos en favor de una estrategia común de la Unión para Siria; acoge con satisfacción y apoya plenamente las recientes iniciativas diplomáticas de la VP/AR Federica Mogherini, en línea con el mandato del Consejo Europeo, tendentes a llevar de nuevo a las partes en conflicto a la mesa de negociaciones y reanudar el proceso político en Ginebra; toma nota con interés de las conversaciones regionales que ha mantenido la VP/AR con Irán y Arabia Saudí, y considera que sus actividades aportan valor añadido y una contribución útil a los esfuerzos del enviado especial de las Naciones Unidas, Staffan de Mistura; insta a todas las partes implicadas en el conflicto a que reanuden e intensifiquen cuanto antes las negociaciones políticas en la perspectiva de una nueva tregua estable y que comprenda mecanismos que garanticen la justicia de transición en Siria una vez superado el conflicto; destaca que estas conversaciones de paz deberían llevar a un cese de las hostilidades y a una transición política dirigida y controlada por los propios sirios; destaca el papel que puede desempeñar la Unión en la reconstrucción y la reconciliación tras el conflicto;

18.  Reitera su pleno apoyo a la actual iniciativa humanitaria de la Unión en favor de Alepo, e insta a todas las partes a que faciliten su aplicación;

19.  Acoge favorablemente las prioridades y los pactos de asociación con Jordania para el periodo 2016-2018 y con el Líbano para el periodo 2016-2020; observa que los pactos son el instrumento mediante el cual se materializan en medidas concretas los compromisos mutuos alcanzados en la Conferencia de apoyo a Siria y a la región celebrada en Londres el 4 de febrero de 2016; toma nota de las crecientes necesidades financieras y la persistente brecha en la financiación de la ayuda humanitaria ofrecida a los países vecinos de Siria; pide a los Estados miembros de la Unión que hagan honor a sus compromisos y aporten su apoyo, muy necesario, a las Naciones Unidas, sus organismos especializados y otros agentes humanitarios en la prestación de asistencia humanitaria a los millones de sirios desplazados a nivel interno y en países y comunidades de acogida;

20.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros de la Unión, a las Naciones Unidas, a los miembros del Grupo Internacional de Apoyo a Siria y a todas las partes implicadas en el conflicto de Siria.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0382.


Relaciones entre la Unión Europea y Turquía
PDF 162kWORD 46k
Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de noviembre de 2016, sobre las relaciones entre la Unión Europea y Turquía (2016/2993(RSP))
P8_TA(2016)0450RC-B8-1276/2016

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Turquía, en particular la Resolución, de 27 de octubre de 2016, sobre la situación de los periodistas en Turquía(1) y la Resolución, de 14 de abril de 2016, sobre el Informe de 2015 sobre Turquía(2),

–  Visto el informe anual de 2016 sobre Turquía, publicado por la Comisión el 9 de noviembre de 2016 (SWD(2016)0366),

–  Visto el marco de negociación de la Unión Europea con Turquía, de 3 de octubre de 2005,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 18 de julio de 2016, sobre Turquía,

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 231/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, por el que se establece un Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP II)(3),

–  Visto el derecho a la libertad de expresión, consagrado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), de los que Turquía es Estado parte,

–  Vistos los memorandos del comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa,

–  Vista la declaración del comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, de 26 de julio de 2016, sobre las medidas adoptadas en el marco del estado de excepción en Turquía,

–  Visto el artículo 123, apartados 2 y 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que la Unión Europea y el Parlamento Europeo han condenado enérgicamente el golpe de Estado fallido en Turquía y han reconocido la responsabilidad legítima de las autoridades turcas de llevar ante la justicia a los responsables y los participantes en el intento golpista;

B.  Considerando que Turquía es un socio importante y que se espera de él que, como país candidato, muestre el máximo nivel de exigencia en materia de democracia, incluido el respeto de los derechos humanos, el Estado de Derecho, las libertades fundamentales y el derecho universal a un juicio justo; que Turquía es miembro del Consejo de Europa desde 1950 y que, por lo tanto, está obligado a respetar el CEDH;

C.  Considerando que las medidas represivas adoptadas por el Gobierno turco en virtud del estado de excepción son desproporcionadas y vulneran derechos y libertades fundamentales protegidos por la Constitución del país, los valores democráticos en que se fundamenta la Unión Europea y las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; que desde la intentona golpista las autoridades han detenido a diez miembros de la Gran Asamblea Nacional de Turquía que pertenecen al HDP, partido de la oposición, así como a unos ciento cincuenta periodistas, el mayor número de detenciones de este tipo en todo el mundo; que 2 386 jueces y fiscales y otras 40 000 personas han sido detenidas, de las cuales más de 31 000 permanecen privadas de libertad; que, según el informe de 2016 de la Comisión sobre Turquía, 129 000 trabajadores del sector público permanecen suspendidos de empleo (66 000) o han sido cesados (63 000), sin que se hayan presentado cargos contra ellos en la mayoría de los casos;

D.  Considerando que el presidente Erdogan y el Gobierno turco han formulado en varias ocasiones declaraciones sobre la reintroducción de la pena de muerte en el país; que, en sus Conclusiones del 18 de julio de 2016 sobre Turquía, el Consejo recordó que el rechazo inequívoco a la pena de muerte es un elemento esencial del acervo de la Unión;

E.  Considerando la gran preocupación expresada por las condiciones de los detenidos y los encarcelados tras la intentona golpista y por las severas restricciones impuestas a la libertad de expresión y a la prensa y los medios de comunicación en Turquía;

F.  Considerando que el apartado 5 del marco de negociación con Turquía establece que, en caso de violación grave y persistente por parte de Turquía de los principios de libertad, democracia, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los que se funda la Unión, la Comisión recomendará, por propia iniciativa o a petición de un tercio de los Estados miembros, la suspensión de las negociaciones y propondrá las condiciones para su eventual reanudación;

G.  Considerando que un cese temporal de las negociaciones comportaría que se interrumpieran las conversaciones en curso, no se abrieran nuevos capítulos ni se emprendieran nuevas iniciativas en relación con el marco de negociación de la Unión con Turquía;

1.  Condena enérgicamente las desproporcionadas medidas represivas adoptadas en Turquía desde la fallida intentona de golpe militar de julio de 2016; sigue comprometido con mantener a Turquía vinculada a la Unión; pide, no obstante, a la Comisión y a los Estados miembros que inicien el procedimiento para la suspensión temporal de las negociaciones de adhesión en curso con Turquía;

2.  Se compromete a revisar su posición cuando se levanten las desproporcionadas medidas adoptadas en el marco del estado de excepción en Turquía; basará su revisión en el restablecimiento del Estado de Derecho y los derechos humanos en todo el país; considera que el momento adecuado para iniciar dicha revisión sería a partir del levantamiento del estado de excepción;

3.  Reitera que la reintroducción de la pena capital por el Gobierno de Turquía tendría que dar lugar a una suspensión formal del proceso de adhesión;

4.  Constata que hasta la fecha Turquía no ha cumplido siete de los setenta y dos parámetros de referencia de la hoja de ruta para la liberalización del régimen de visados, algunos de los cuales son de especial importancia;

5.  Observa que la mejora de la unión aduanera es importante para Turquía; destaca que la suspensión de los trabajos en este sentido tendría graves consecuencias económicas para el país;

6.  Manifiesta su profunda preocupación por las declaraciones que cuestionan el Tratado de Lausana, que define las fronteras de la Turquía moderna y ha contribuido a salvaguardar la paz y la estabilidad en la región durante casi un siglo;

7.  Pide a la Comisión que en el informe de evaluación intermedio sobre el IAP previsto para 2017 refleje los últimos acontecimientos acaecidos en Turquía; pide a la Comisión que examine la posibilidad de aumentar la ayuda a la sociedad civil turca con cargo al Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos;

8.  Anima a la Comisión, al Consejo de Europa y a la Comisión de Venecia a que ofrezcan asistencia judicial adicional a las autoridades turcas;

9.  Destaca la importancia estratégica de las relaciones UE-Turquía para ambas partes; reconoce que, si bien Turquía es un socio importante de la Unión, en una asociación debe existir voluntad política de cooperar por ambas partes; considera que Turquía no está demostrando esa voluntad política, dado que la actuación del Gobierno no hace sino alejar a Turquía aún más de la vía europea;

10.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros y al Gobierno y al Parlamento de Turquía.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0423.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0133.
(3) DO L 77 de 15.3.2014, p. 11.


Adhesión de la Unión Europea al Convenio de Estambul sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica
PDF 181kWORD 48k
Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de noviembre de 2016, sobre la adhesión de la Unión al Convenio de Estambul sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (2016/2966(RSP))
P8_TA(2016)0451B8-1235/2016

El Parlamento Europeo,

–  Vistos el artículo 2 y el artículo 3, apartado 3, párrafo segundo, del Tratado de la Unión Europea (TUE), y los artículos 8, 19, 157 y 216 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Vistos los artículos 21, 23, 24 y 25 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Vistos la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, aprobadas en la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer el 15 de septiembre de 1995, y los documentos finales posteriores aprobados en los períodos extraordinarios de sesiones de las Naciones Unidas Beijing + 5 (2000), Beijing + 10 (2005), Beijing + 15 (2010) y Beijing + 20 (2015),

–  Vistas las disposiciones de los instrumentos jurídicos de las Naciones Unidas en el ámbito de los derechos humanos, en particular las que se refieren a los derechos de las mujeres, como la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y su Protocolo facultativo, y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención de 1951 relativa al Estatuto de los Refugiados y el principio de no devolución y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,

–  Visto el artículo 11, apartado 1, letra d), de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979,

–  Vista su Resolución, de 9 de junio de 2015, sobre la estrategia de la UE para la igualdad entre mujeres y hombres después de 2015(1),

–  Vista su Resolución, de 26 de noviembre de 2009, sobre la eliminación de la violencia contra la mujer(2), su Resolución, de 5 de abril de 2011, sobre las prioridades y líneas generales del nuevo marco político de la UE para combatir la violencia contra las mujeres(3), y su Resolución, de 6 de febrero de 2013, sobre el 57° periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas: Eliminación y prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas(4),

–  Vista su Resolución, de 25 de febrero de 2014, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la lucha contra la violencia ejercida sobre las mujeres(5),

–  Visto el Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020), adoptado por el Consejo de la Unión Europea en marzo de 2011,

–  Vistas las Directrices de la Unión sobre la violencia contra las mujeres y la lucha contra todas las formas de discriminación contra ellas,

–  Vista la Evaluación de la plusvalía europea(6),

–  Visto el Programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía para el período 2014-2020,

–  Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 3 de diciembre de 2015, titulado «Strategic engagement for gender equality 2016-2019» («Compromiso estratégico para la igualdad de género 2016-2019») (SWD(2015)0278),

–  Vista la declaración del Trío de Presidencias constituido por los Países Bajos, Eslovaquia y Malta, de 7 de diciembre de 2015, sobre la igualdad de género,

–  Visto el informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea titulado «Violencia de género contra las mujeres: una encuesta a escala de la Unión», publicado en marzo de 2014,

–  Vista la Directiva 2012/29/UE, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos(7),

–  Vista la Directiva 2011/99/UE sobre la orden europea de protección(8) y el Reglamento (UE) n.º 606/2013 relativo al reconocimiento mutuo de medidas de protección en materia civil(9),

–  Vista la Directiva 2011/36/UE relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas(10) y la Directiva 2011/92/UE relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil y por la que se sustituye la Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo(11),

–  Visto el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul),

–  Vista la hoja de ruta de la Comisión sobre la posible adhesión de la Unión al Convenio de Estambul, publicada en octubre de 2015,

–  Vistas las propuestas de la Comisión relativas a una Decisión del Consejo sobre la firma y la adhesión de la Unión Europea al Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres (COM(2016)0111 y COM(2016)0109),

–  Vistas las preguntas a la Comisión y al Consejo sobre la adhesión de la Unión Europea al Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (O-000121/2016 – B8-1805/2016 and O-000122/2016 – B8-1806/2016),

–  Vistos el artículo 128, apartado 5, y el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que, tal como reconocen los Tratados y la Carta de los Derechos Fundamentales, la igualdad de género es un valor central de la Unión que esta se ha comprometido a integrar en todas sus actividades, y que, como objetivo estratégico, la igualdad de género es fundamental para alcanzar los objetivos generales de la Estrategia Europa 2020 de crecimiento, empleo e inclusión social;

B.  Considerando que el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación es un derecho fundamental de importancia crítica que está reconocido en los Tratados de la Unión Europea y profundamente arraigado en la sociedad europea, y que este derecho es indispensable para el desarrollo de esta y debe ser aplicado por igual en la legislación, en la práctica, en la jurisprudencia y en la vida diaria;

C.  Considerando que en la Directiva 2012/29/UE por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, se entiende por «violencia por motivos de género» la violencia dirigida contra una persona a causa de su sexo, identidad o expresión de género, o que afecte a personas de un sexo en particular de modo desproporcionado; que este tipo de violencia puede dar lugar a lesiones físicas, sexuales, emocionales o psicológicas o causar perjuicios económicos a las víctimas, al tiempo que afecta a sus familias y parientes y a la sociedad en su conjunto; que la violencia de género constituye una forma gravísima de discriminación y una violación de los derechos fundamentales y las libertades de la víctima, siendo ambos fenómenos tanto la causa como la consecuencia de la desigualdad de género, y que la violencia contra las mujeres y las niñas incluye la violencia en las relaciones personales privadas, la violencia sexual (en particular la violación y la agresión y el acoso sexuales), la trata de seres humanos, la esclavitud —incluidas las nuevas formas de abuso contra las mujeres y las niñas por medio de Internet— y diferentes modalidades de prácticas nocivas, como los matrimonios forzosos, la mutilación genital femenina y los denominados «delitos de honor»;

D.  Considerando que la violencia contra las mujeres y la violencia de género siguen siendo un fenómeno muy extendido en la Unión; que el estudio de 2014 de la Agencia de Derechos Fundamentales sobre la violencia contra las mujeres estima, en consonancia con otros estudios anteriores, que un tercio de todas las mujeres en Europa ha sufrido actos de violencia física o sexual al menos una vez durante su vida adulta, que el 20 % de las mujeres jóvenes (de 18 a 29 años de edad) ha sufrido acoso sexual por Internet, que una de cada cinco (18 %) ha sido víctima de hostigamiento, que una de cada veinte ha sido violada y que más de una de cada diez ha sufrido violencia sexual que implicaba falta de consentimiento o uso de la fuerza; que el mismo estudio señala también que la mayor parte de los casos de violencia no se denuncia a las autoridades, lo cual demuestra que las encuestas sobre la victimización son esenciales, junto con las estadísticas oficiales, para obtener una visión completa de las diferentes formas de violencia contra las mujeres, y que es necesario adoptar otras medidas que alienten a las mujeres víctimas de la violencia a denunciar sus experiencias y buscar ayuda, de forma que se asegure que los servicios de asistencia puedan responder a las necesidades de las víctimas y ofrecerles información sobre sus derechos y las diferentes formas de ayuda disponibles;

E.  Considerando que, según la Evaluación de la plusvalía europea, el coste anual para la Unión Europea de la violencia contra las mujeres y la violencia de género se estimó en 228 000 millones EUR en 2011 (lo cual representa el 1,8 % del PIB de la UE), de los cuales 45 000 millones correspondían a la financiación de servicios públicos y estatales y 24 000 millones a las pérdidas de producción;

F.  Considerando que, en su compromiso estratégico para la igualdad de género 2016-2019, la Comisión destaca que la violencia contra las mujeres y la violencia de género, que causa un perjuicio a la salud y el bienestar, la vida laboral y la independencia financiera y la economía de las mujeres, es uno de los problemas fundamentales que deben abordarse para conseguir una auténtica igualdad de género;

G.  Considerando que la violencia contra las mujeres se considera demasiado a menudo un asunto privado y se tolera con demasiada facilidad; que constituye en realidad una violación de los derechos fundamentales y una forma grave de delincuencia que deben sancionarse como tales, y que debe ponerse fin a la impunidad de los culpables para romper el círculo vicioso del silencio y la soledad a las mujeres y las niñas víctimas de la violencia;

H.  Considerando que no se acabará con la violencia contra las mujeres y la violencia de género mediante intervenciones individuales, sino que una combinación de acciones infraestructurales, jurídicas, judiciales, policiales, culturales, educativas, sociales, sanitarias y de otros servicios afines podrá contribuir considerablemente a sensibilizar a la población y reducir esta violencia y sus consecuencias;

I.  Considerando que, debido a factores como el origen étnico, la religión o las creencias, la salud, el estado civil, la vivienda, el estatuto de migrante, la edad, la discapacidad, la clase, la orientación sexual y la identidad y la expresión de género, las mujeres pueden tener necesidades especiales y ser más vulnerables a discriminaciones múltiples, lo cual significa que deberían ser acreedoras de una especial protección;

J.  Considerando que la adopción de las nuevas directrices de la Unión sobre la violencia contra las mujeres y la lucha contra todas las formas de discriminación contra ellas, así como el capítulo específico sobre la protección de las mujeres contra la violencia de género del Marco estratégico sobre derechos humanos y democracia y el Plan de acción para llevarlo a la práctica demuestran la clara voluntad política de la Unión de conceder prioridad a los derechos de las mujeres y adoptar medidas a largo plazo en este ámbito, y que la coherencia entre las dimensiones interna y externa en las políticas relativas a los derechos humanos puede revelar en ocasiones un desfase entre la retórica y la realidad;

K.  Considerando que los ciudadanos y residentes de la Unión no gozan del mismo nivel de protección contra la violencia de género debido a la falta de un marco coherente y a las divergencias en las políticas y las legislaciones de los diferentes Estados miembros en lo que se refiere, entre otros aspectos, a la definición de los delitos y el alcance de la legislación, por lo que una parte de ellos está menos protegida contra la violencia;

L.  Considerando que el 4 de marzo de 2016, la Comisión Europea propuso la adhesión de la Unión al Convenio de Estambul, el primer instrumento jurídicamente vinculante sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres a escala internacional;

M.  Considerando que todos los Estados miembros de la Unión han firmado el Convenio de Estambul, pero solo catorce de ellos lo han ratificado;

N.  Considerando que la ratificación del Convenio de Estambul no bastará para alcanzar los resultados esperados a menos que se garantice un control adecuado de su cumplimiento y se prevean los recursos financieros y humanos suficientes para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia de género y proteger a las víctimas;

O.  Considerando que el Convenio de Estambul sigue un enfoque holístico y aborda la cuestión de la violencia contra las mujeres y las niñas y la violencia de género desde un amplio abanico de perspectivas, como la prevención, la lucha contra la discriminación, las medidas penales contra la impunidad, la protección y la asistencia a las víctimas, la protección de los menores, la protección de las mujeres solicitantes de asilo y las mujeres refugiadas y la introducción de mejoras en la recogida de datos, y que este enfoque presupone la adopción de políticas integradas que combinen una actuación focalizada en diferentes ámbitos e impulsada por múltiples agentes interesados (como las autoridades judiciales, policiales y sociales, las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones locales y regionales y las administraciones públicas) a todos los niveles de gobernanza;

P.  Considerando que el Convenio de Estambul es un acuerdo mixto que permite la adhesión de la Unión Europea junto con la adhesión paralela de los Estados miembros, dado que la Unión es competente, en particular, en ámbitos como los derechos de las víctimas y las órdenes de protección, así como en los ámbitos del asilo, la migración y la cooperación judicial en materia penal;

1.  Recuerda que tanto el artículo 2 del TUE como la Carta de los Derechos Fundamentales obligan a la Comisión a garantizar, promover y actuar en favor de la igualdad de género;

2.  Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de firmar y concluir la adhesión de la Unión Europea al Convenio de Estambul, si bien lamenta que las negociaciones en el Consejo no progresen al mismo ritmo;

3.  Destaca que la adhesión de la Unión Europea garantizará un marco normativo europeo coherente para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia de género y proteger a las víctimas de la violencia; señala que dicha adhesión reforzará la coherencia y la eficacia de las políticas interiores y exteriores de la Unión Europea, así como la supervisión, la interpretación y la aplicación de la legislación de la Unión y de los programas y los fondos pertinentes para el Convenio, asegurando una mayor calidad y pertinencia en el proceso de recopilación de datos desagregados y comparables sobre la violencia contra las mujeres y la violencia de género a escala de la Unión y reforzando la responsabilidad de esta a nivel internacional; destaca, asimismo, que la adhesión de la Unión al Convenio ejercerá una presión política renovada sobre los Estados miembros para que ratifiquen este instrumento;

4.  Pide al Consejo y a la Comisión que agilicen las negociaciones sobre la firma y celebración del Convenio de Estambul;

5.  Apoya la adhesión de la Unión Europea al Convenio de Estambul sobre una base amplia y sin reservas;

6.  Insta a la Comisión y al Consejo a que velen por que el Parlamento participe plenamente en el proceso de seguimiento del Convenio de Estambul, tras la adhesión de la Unión a dicho instrumento, en los términos previstos en el artículo 218 del TFUE;

7.  Recuerda que la adhesión de la Unión al Convenio de Estambul no exime a los Estados miembros de la ratificación nacional de este instrumento; pide, por tanto, a todos aquellos Estados miembros que todavía no lo hayan hecho que ratifiquen lo antes posible el Convenio de Estambul;

8.  Pide a los Estados miembros que garanticen la correcta aplicación del Convenio y asignen los recursos financieros y humanos suficientes para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia de género y proteger a las víctimas;

9.  Considera que los esfuerzos de la Unión para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas debe integrarse en un plan global dirigido a luchar contra todas las formas de desigualdad de género; aboga por una estrategia de la Unión para combatir la violencia contra las mujeres y la violencia de género;

10.  Reitera su petición a la Comisión, como ya hizo en su Resolución de 25 de febrero de 2014, que contenía recomendaciones sobre la lucha contra la violencia ejercida sobre las mujeres, de que presente un acto legislativo que garantice un sistema coherente de recopilación de datos estadísticos y un planteamiento reforzado por parte de los Estados miembros para prevenir y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas y de violencia de género, facilitando al mismo tiempo el acceso a la justicia;

11.  Pide al Consejo que aplique la «cláusula pasarela», aprobando con este fin una decisión unánime que defina la violencia contra las mujeres y las niñas (así como otras formas de violencia de género) como uno de los ámbitos delictivos previstos en el artículo 83, apartado 1, del TFUE;

12.  Reconoce el enorme trabajo realizado por las organizaciones de la sociedad civil para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y las niñas y proteger y ayudar a las víctimas de la violencia;

13.  Pide a los Estados miembros y a las partes interesadas que, en colaboración con la Comisión, las ONG de mujeres y las organizaciones de la sociedad civil, contribuyan a difundir la información relativa al Convenio, a los programas de la Unión y a la financiación disponible en el marco de dichos programas, cuya finalidad es combatir la violencia contra las mujeres y garantizar la protección de las víctimas;

14.  Insta a la Comisión y al Consejo a que cooperen con el Parlamento a fin de evaluar los progresos realizados en el ámbito de la igualdad de género, al tiempo que pide al Trío de Presidencias que redoble los esfuerzos dirigidos a cumplir los compromisos asumidos en dicho ámbito; pide la celebración de una Cumbre de la Unión sobre la igualdad de género y los derechos de las mujeres y las niñas con el fin de renovar los compromisos;

15.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos de los Estados miembros y a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

(1) DO C 407 de 4.11.2016, p. 2.
(2) DO C 285 E de 21.10.2010, p. 53.
(3) DO C 296 E de 2.10.2012, p. 26.
(4) DO C 24 de 22.1.2016, p. 8.
(5) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0126.
(6) PE 504.467.
(7) DO L 315 de 14.11.2012, p. 57.
(8) DO L 338 de 21.12.2011, p. 2.
(9) DO L 181 de 29.6.2013, p. 4.
(10) DO L 101 de 15.4.2011, p. 1.
(11) DO L 335 de 17.12.2011, p. 1.


Actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2015
PDF 185kWORD 53k
Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de noviembre de 2016, sobre el Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2015 (2016/2150(INI))
P8_TA(2016)0452A8-0331/2016

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2015,

–  Visto el artículo 15 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 228 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 42 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 43 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,

–  Vista la Decisión 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento Europeo de 9 de marzo de 1994 sobre el estatuto del Defensor del Pueblo y sobre las condiciones generales del ejercicio de sus funciones(1),

–  Visto el Código Europeo de Buena Conducta Administrativa, aprobado por el Parlamento Europeo el 6 de septiembre de 2001(2),

–  Visto el Acuerdo marco sobre cooperación entre el Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo Europeo, de 15 de marzo de 2006, que entró en vigor el 1 de abril de 2006,

–  Vistos los principios de transparencia e integridad para los grupos de presión publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre las actividades del Defensor del Pueblo Europeo,

–  Visto el artículo 220, apartado 2, frases segunda y tercera, de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Peticiones (A8-0331/2016),

A.  Considerando que el Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo en 2015 fue transmitido oficialmente al Presidente del Parlamento Europeo el 3 de mayo de 2016, y que la defensora del pueblo, Emily O’Reilly, presentó el Informe a la Comisión de Peticiones en Bruselas el 20 de junio de 2016;

B.  Considerando que en el artículo 15 del TFUE se dispone que, a fin de fomentar una buena gobernanza y de garantizar la participación de la sociedad civil, las instituciones, órganos y organismos de la Unión actuarán con el mayor respeto posible al principio de apertura;

C.  Considerando que el artículo 24 del TFUE prevé el principio de que todo ciudadano de la Unión podrá dirigirse al Defensor del Pueblo instituido en virtud de lo dispuesto en el artículo 228;

D.  Considerando que el artículo 228 del TFUE faculta al Defensor del Pueblo Europeo para recibir reclamaciones relativas a casos de mala administración en la acción de las instituciones, órganos u organismos de la Unión, con exclusión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales;

E.  Considerando que en el artículo 258 del TFUE se contempla el papel de la Comisión como guardiana de los Tratados; y que el hecho de que esta no asuma o se abstenga de asumir esta responsabilidad podría considerarse como un caso de mala administración;

F.  Considerando que, de conformidad con el artículo 298 del TFUE, las instituciones, órganos y organismos de la Unión «se apoyarán en una administración europea abierta, eficaz e independiente», y considerando que el mismo artículo ofrece la posibilidad de adoptar, para este fin, legislación derivada específica, en forma de reglamentos, aplicable a todos los ámbitos de la administración de la Unión;

G.  Considerando que el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales dispone que «toda persona tiene derecho a que las instituciones, órganos y organismos de la Unión traten sus asuntos de modo imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable»;

H.  Considerando que el artículo 43 de la Carta afirma que «todo ciudadano de la Unión y toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro tiene derecho a someter al Defensor del Pueblo Europeo los casos de mala administración en la actuación de las instituciones, órganos u organismos de la Unión, con exclusión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales»;

I.  Considerando que la Oficina del Defensor del Pueblo Europeo, instituida en virtud del Tratado de Maastricht, celebró su vigésimo aniversario en 2015, habiendo tramitado, desde 2005, 48 840 reclamaciones;

J.  Considerando que el 83 % de los ciudadanos europeos están al tanto de que un ciudadano de la Unión tiene derecho a presentar una reclamación a la Comisión, al Parlamento Europeo o al Defensor del Pueblo Europeo, según el Eurobarómetro Flash sobre los derechos de los ciudadanos de la Unión de octubre de 2015;

K.  Considerando que el Defensor del Pueblo Europeo entiende por mala administración una administración deficiente o errónea, que tiene lugar cuando una institución o un órgano público no actúa conforme a la legalidad, o a una norma o un principio a los que ha de atenerse obligatoriamente, no respeta los principios de buena administración o vulnera los derechos humanos;

L.  Considerando que con el Código de Buena Conducta Administrativa se aspira a impedir que se produzcan casos de mala administración; y que la utilidad de ese instrumento es limitada debido a su carácter no vinculante;

M.  Considerando que es imprescindible un elevado nivel de transparencia para que las decisiones tengan legitimidad y sean dignas de confianza en cuanto a que persiguen el interés público general;

N.  Considerando que la opacidad respecto de los expedientes con grandes repercusiones para el modelo socioeconómico de la Unión, y a menudo también con considerables implicaciones en los ámbitos de la salud pública y el medio ambiente, tiende a generar desconfianza entre los ciudadanos y la opinión pública en general;

O.  Considerando que la intervención de los denunciantes es crucial para descubrir casos de mala administración y, en ocasiones, incluso de corrupción política; que estos casos deterioran seriamente la calidad de nuestra democracia; que es habitual que los denunciantes afronten serias dificultades posteriormente y que se vean con demasiada frecuencia expuestos a consecuencias personales negativas en muchos planos, no solo en el ámbito profesional sino incluso en el penal; y que, a falta de nuevas salvaguardias, esas conocidas experiencias del pasado podrían llegar a disuadir a otras personas de seguir en el futuro la senda ética de la denuncia de irregularidades;

P.  Considerando que en 2014 el índice de cumplimiento de las decisiones o recomendaciones del Defensor del Pueblo Europeo fue del 90 %, lo que representa un aumento de diez puntos porcentuales con respecto a 2013;

Q.  Considerando que, en lo que respecta a las investigaciones iniciadas por el Defensor del Pueblo en 2015, cabe destacar los siguientes asuntos clave: transparencia en las instituciones de la Unión, consideraciones éticas, participación pública en la toma de decisiones de la Unión, normas de competencia de la Unión y derechos fundamentales;

R.  Considerando que la Comisión de Peticiones es un miembro activo de la Red Europea de Defensores del Pueblo; que, como tal, recibió 42 reclamaciones del Defensor del Pueblo Europeo para que las tramitase como peticiones;

1.  Aprueba el Informe anual correspondiente a 2015 presentado por el Defensor del Pueblo Europeo;

2.  Felicita a la Emily O’Reilly por su excelente labor y su infatigable empeño por mejorar la calidad del servicio que la Administración europea presta a los ciudadanos; reconoce la importancia de la transparencia, como elemento clave para generar confianza, y de una buena administración, como pone de relieve el elevado porcentaje de reclamaciones recibidas en relación con la transparencia (22,4 %), superior al de cualquier otro asunto; reconoce el papel de las investigaciones estratégicas para garantizar la buena administración y apoya las que la Oficina del Defensor del Pueblo Europeo ha llevado a cabo en este ámbito hasta el momento;

3.  Acoge con satisfacción los esfuerzos continuados del Defensor del Pueblo Europeo para aumentar la transparencia en las negociaciones sobre la ATCI mediante la presentación a la Comisión de propuestas a tal fin; celebra que, a raíz de ello, la Comisión haya publicado numerosos documentos relativos a la ATCI e incluido la transparencia como uno de los tres pilares de su nueva estrategia de comercio; vuelve a destacar la necesidad de una transparencia reforzada en los acuerdos internacionales, la ATCI y el AECG entre otros, como han requerido numerosos ciudadanos que se han dirigido a la Comisión de Peticiones; pide esfuerzos mayores y más amplios a este respecto para salvaguardar la confianza de los ciudadanos europeos;

4.  Pide al Defensor del Pueblo Europeo que examine en qué medida el establecimiento de salas de lectura segura es compatible con el derecho de acceso a los documentos y los principios de una buena administración;

5.  Reconoce que el Reglamento (CE) n.º 1049/2001 relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión se basa en el principio del acceso lo más amplio posible; subraya, por lo tanto, que la transparencia y el pleno acceso a los documentos en posesión de las instituciones de la Unión deben ser la regla que garantice que los ciudadanos puedan ejercitar plenamente sus derechos democráticos; destaca que, como ya ha sentenciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las excepciones a esta regla deben interpretarse adecuadamente, teniendo en cuenta la prioridad del interés público en la divulgación y en los requisitos de democracia, la implicación más estrecha de los ciudadanos en el proceso decisorio, la legitimidad de la gobernanza, la eficiencia y la responsabilidad ante los ciudadanos;

6.  Alienta a la Comisión y a los Estados miembros a que atribuyan al Defensor del Pueblo Europeo la facultad de emitir una declaración de incumplimiento del Reglamento (CE) n.º 1049/2001 relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, siempre que a dichos documentos no les sean aplicables ni el artículo 4 ni el artículo 9, apartado 1, de dicho Reglamento; apoya la idea de que el Defensor del Pueblo esté facultado para tomar una decisión sobre la divulgación de documentos en cuestión tras investigar el incumplimiento;

7.  Lamenta que la revisión del Reglamento (CE) n.º 1049/2001 esté bloqueada; considera que hay que avanzar sin demora, puesto que el Reglamento ya no refleja la situación jurídica ni las prácticas institucionales actuales;

8.  Reconoce la necesidad de transparencia en la toma de decisiones de la Unión, y apoya la investigación iniciada por el Defensor del Pueblo Europeo sobre las negociaciones informales entre las tres instituciones principales de la Unión (diálogos tripartitos) y la apertura de una consulta pública sobre dicho asunto; apoya la publicación de los documentos de los diálogos tripartitos, observando lo dispuesto en los artículos 4 y 9 del Reglamento (CE) n.° 1049/2001;

9.  Lamenta que la Comisión de Investigación del Parlamento sobre la Medición de las Emisiones en el Sector del Automóvil (EMIS) recibiera de la Comisión una documentación parcial, elaborada de manera que no se incluyese cierta información considerada por la Comisión como no relevante; pide a la Comisión que garantice la mayor exactitud en su trabajo y la máxima transparencia en lo que respecta a la documentación facilitada, cumpliendo plenamente el principio de cooperación sincera de modo que se asegure que la Comisión EMIS pueda ejercer plena y efectivamente sus competencias de investigación;

10.  Secunda al Defensor del Pueblo Europeo en su decisión de hacer más transparentes los trabajos del Banco Central Europeo y de estos mantengan un nivel elevado de gobernanza, especialmente en tanto que miembro de la Troika y la Cuadriga encargado de supervisar los programas de consolidación presupuestaria en los países de la Unión; acoge con satisfacción la decisión del BCE de publicar listas de las reuniones de su Comité Ejecutivo; apoya los nuevos principios rectores sobre la actividad de conferenciante y el establecimiento de un «período de silencio» respecto de la información sensible para los mercados antes de las reuniones del Consejo de Gobierno;

11.  Pone de relieve la posición del BCE por su doble condición de autoridad monetaria y miembro de la Troika y la Cuadriga, e insta al Defensor del Pueblo Europeo a que salvaguarde los intereses de la buena administración en una de las autoridades financieras más importantes de Europa;

12.  Pide una mayor transparencia en las reuniones del Eurogrupo, más allá de las medidas ya adoptadas por su presidente tras una intervención del Defensor del Pueblo Europeo;

13.  Aprueba que el Defensor del Pueblo haya iniciado una investigación sobre la composición y la transparencia de la labor de los grupos de expertos de la Comisión; toma nota de los esfuerzos de la Comisión para abrir estos grupos al control público y señala que hacen falta medidas adicionales para garantizar la máxima transparencia; reitera su petición al Consejo, incluidos sus órganos preparatorios, para que se adhiera al registro de grupos de interés lo antes posible y para que mejore la transparencia de su trabajo;

14.  Respalda los esfuerzos del Defensor del Pueblo para lograr que la representación de intereses sea más transparente; lamenta la reticencia de la Comisión a publicar información detallada sobre las reuniones con los grupos de presión de la industria tabacalera; insta a la Comisión a que dote a sus trabajos de una transparencia plena, de modo que los ciudadanos confíen más en su labor;

15.  Pide a la Comisión que facilite el acceso público a toda la información sobre la influencia de los grupos de interés de forma gratuita, totalmente comprensible y a través de una única base de datos en línea centralizada;

16.  Pide a la Comisión que presente en el transcurso de 2017 una propuesta de registro de grupos de interés totalmente obligatorio y legalmente vinculante a fin de eliminar todas las escapatorias y de hacer totalmente obligatoria la inscripción de todos los representantes de grupos de interés en dicho registro;

17.  Apoya los esfuerzos por aplicar las orientaciones sobre la transparencia de los grupos de interés, que afectarían no solo a las instituciones de la Unión, sino también a las administraciones nacionales;

18.  Observa la preocupación que suscita en los ciudadanos la tramitación por parte de la Comisión de los procedimientos de infracción ante el TJUE y la falta de transparencia en las fases pertinentes del procedimiento; infracción; destaca que el derecho a una buena administración, consagrado en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales, incluye la obligación de formular una motivación suficiente en aquellos casos en que la Comisión decide no abrir un procedimiento de infracción ante el TJUE; acoge con satisfacción la investigación estratégica emprendida por el Defensor del Pueblo Europeo en relación con los problemas sistémicos detectados en el proyecto EU Pilot;

19.  Celebra la apertura por el Defensor del Pueblo Europeo de una investigación (Asunto OI/5/2016/AB) sobre el tratamiento que reserva la Comisión a las denuncias de infracción en el ámbito de los procedimientos EU Pilot en su función de guardiana de los Tratados; recuerda las solicitudes anteriores formuladas por la Comisión de Peticiones acerca de las garantías de acceso a los documentos relacionados con EU Pilot y los procedimientos de infracción, ya que las peticiones suscitan con frecuencia la apertura de dichos procedimientos;

20.  Acoge con satisfacción que el Defensor del Pueblo Europeo prosiga sus investigaciones sobre los casos de «puertas giratorias» registrados en la Comisión; reconoce que, como resultado de estas investigaciones, la Comisión ha facilitado más información sobre los nombres de los altos funcionarios que han cesado de su puesto en la Comisión para trabajar en el sector privado; aboga por que los nombres y otros datos relativos a estas personas se publiquen con mayor frecuencia; confía en que otras instituciones y agencias europeas hagan lo propio; acoge con satisfacción que la Comisión esté dispuesta a publicar información relativa a la ocupación de los antiguos comisarios tras finalizar su mandato; se muestra profundamente preocupado ante la contratación del expresidente de la Comisión, Sr. Barroso, como asesor y presidente no ejecutivo de Goldman Sachs International; pide al Defensor del Pueblo Europeo que inicie una investigación estratégica del tratamiento por la Comisión del caso de «puertas giratorias» del Sr. Barroso y que, en este contexto, formule recomendaciones relativas a la reforma del Código de Conducta de acuerdo con los principios de buena administración y los requisitos establecidos en el artículo 245 del TFUE;

21.  Recuerda que el conflicto de intereses tiene un alcance más amplio que el de los casos de «puertas giratorias»; pone de relieve que para conseguir una buena administración y garantizar la credibilidad de la toma de decisiones políticas y técnicas es crucial abordar todas las fuentes de conflicto de intereses; considera que se debe prestar especial atención a la designación de cargos en las instituciones, agencias y órganos de la Unión, aplicando elevados niveles de exigencia y medidas concretas que eliminen todas las dudas sobre posibles conflictos de intereses;

22.  Se felicita por que en 2015 todas las instituciones de la Unión introdujeran normas internas con respecto a la protección de los denunciantes en virtud de los artículos 22 bis a 22 quater del Estatuto de los funcionarios, alentando así una denuncia de irregularidades reglamentada; señala que la protección de los denunciantes frente a las represalias podría ser más eficaz; pide, a tal fin, que se adopten unas normas comunes que alienten la denuncia de irregularidades y se introduzcan unas garantías y salvaguardias mínimas para los denunciantes;

23.  Pide que se elabore una directiva sobre la denuncia de irregularidades por la que se establezcan los procedimientos y canales apropiados para denunciar todo tipo de irregularidades, así como las garantías y salvaguardias legales mínimas adecuadas para los denunciantes, tanto en el sector público como en el privado;

24.  Acoge con satisfacción la introducción de un mecanismo de presentación de reclamaciones sobre posibles vulneraciones de los derechos fundamentales en Frontex, a raíz de una investigación en curso del Defensor del Pueblo sobre las prácticas empleadas por Frontex y los Estados miembros en los retornos forzosos de migrantes irregulares; celebra la inclusión del mismo mecanismo en el nuevo Reglamento sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas;

25.  Felicita al Defensor del Pueblo Europeo por la investigación del cumplimiento por parte de los Estados miembros de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea a la hora de ejecutar las acciones financiadas con fondos europeos, como los proyectos que ingresan en instituciones a las personas con discapacidad en lugar de integrarlas en la sociedad; insta al Defensor del Pueblo Europeo a proseguir dichas investigaciones con miras a velar por la transparencia y el valor añadido de los proyectos;

26.  Acoge con satisfacción la cooperación entre el Defensor del Pueblo Europeo y el Parlamento Europeo en el marco de la UE para la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en particular al pedir la plena aplicación de la Convención a escala de la Unión y que se le asignen los recursos financieros suficientes; reafirma su pleno apoyo a la aplicación de la Convención y pide a la Comisión y a los Estados miembros que promulguen su plena aplicación a escala de la Unión;

27.  Apoya los esfuerzos del Defensor del Pueblo Europeo para tratar los casos de discriminación, los derechos de los grupos minoritarios y los derechos de las personas mayores en el marco del seminario de la Red Europea de Defensores del Pueblo titulado Defensores del pueblo contra la discriminación;

28.  Apoya los esfuerzos del Defensor del Pueblo Europeo para garantizar la imparcialidad en el proceso decisorio de la Comisión en materia de competencia;

29.  Reconoce que el derecho de los ciudadanos a participar en la elaboración de las políticas de la Unión es ahora más importante que nunca; acoge con satisfacción las directrices propuestas para la mejora del funcionamiento de la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), en particular en lo que respecta a la consistencia de la argumentación de la Comisión para rechazar las ICE; reconoce, sin embargo, que hay déficits significativos que deben abordarse y solucionarse para que las ICE sean más eficaces; afirma que con una mayor inclusión de los ciudadanos en la definición de las políticas de la Unión aumentará la credibilidad de las instituciones europeas;

30.  Toma nota con satisfacción del continuo diálogo y de las estrechas relaciones que el Defensor del Pueblo mantiene con una amplia variedad de instituciones de la Unión, incluido el Parlamento Europeo, y con otros órganos, a fin de velar por la cooperación y la cohesión administrativas; encomia asimismo los esfuerzos del Defensor del Pueblo por garantizar una comunicación continua y abierta con la Comisión de Peticiones;

31.  Reconoce la necesidad de que las agencias de la Unión respeten las mismas normas de transparencia, rendición de cuentas y ética que las demás instituciones; toma nota con satisfacción de la importante labor realizada por el Defensor del Pueblo Europeo en varias agencias en distintos lugares de la Unión; apoya la propuesta presentada por la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) para que las entidades registradas tengan que demostrar que han hecho todo lo posible para evitar los ensayos con animales y aportar información sobre la manera de evitar ensayos con animales;

32.  Apoya las recomendaciones del Defensor del Pueblo según las cuales la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria debe revisar sus normas y procedimientos en materia de conflictos de interés para garantizar la participación ciudadana y unas consultas públicas adecuadas;

33.  Recuerda que el Defensor del Pueblo también tiene la capacidad y, por lo tanto, la obligación de controlar la labor del Parlamento en el marco de su cometido de garantizar una buena administración para los ciudadanos de la Unión;

34.  Pide una actualización eficaz del Código de Buena Conducta Administrativa mediante la aprobación de un reglamento vinculante sobre este asunto durante la presente legislatura;

35.  Pide al Defensor del Pueblo Europeo que añada a sus futuros informes anuales una clasificación de las denuncias al margen del mandato de su Oficina, que ofrecería a los diputados al Parlamento Europeo una visión general de los problemas que afectan a los ciudadanos de la Unión;

36.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución y el Informe de la Comisión de Peticiones al Consejo, a la Comisión, al Defensor del Pueblo Europeo y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, así como a los defensores del pueblo u otros órganos competentes análogos de los Estados miembros.

(1) DO L 113 de 4.5.1994, p. 15.
(2) DO C 72 E de 21.3.2002, p. 331.


Hacia un sistema de IVA definitivo y lucha contra el fraude en el ámbito del IVA
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Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de noviembre de 2016, sobre el tema «Hacia un sistema de IVA definitivo y la lucha contra el fraude en el ámbito del IVA» (2016/2033(INI))
P8_TA(2016)0453A8-0307/2016

El Parlamento Europeo,

–  Visto el plan de acción relativo al impuesto sobre el valor añadido presentado por la Comisión el 7 de abril de 2016 (COM(2016)0148),

–   Visto el Informe Especial n.º 24/2015 del Tribunal de Cuentas Europeo, de 3 de marzo de 2016, titulado «La lucha contra el fraude del IVA intracomunitario: es necesaria una acción más enérgica»,

–  Vista la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido,

–   Vista su Resolución, de 13 de octubre de 2011, sobre el futuro del IVA(1),

–   Vista la propuesta de Directiva sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal (COM(2012)0363),

–  Vista la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la creación de la Fiscalía Europea (COM(2013)0534),

–  Vista su Resolución, de 12 de marzo de 2014, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la creación de la Fiscalía Europea(2),

–  Vista la propuesta de Reglamento sobre la Agencia Europea de Cooperación en materia de Justicia Penal (Eurojust) (COM(2013)0535),

–  Vista su Resolución, de 29 de abril de 2015, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la creación de la Fiscalía Europea(3),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y las opiniones de la Comisión de Control Presupuestario y de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A8-0307/2016),

A.  Considerando que el mercado único, establecido el 1 de enero de 1993, ha suprimido los controles fronterizos para el comercio intracomunitario, y que, de conformidad con los artículos 402 a 404 de la actual Directiva del IVA, el actual sistema del impuesto sobre el valor añadido (IVA) de la Unión Europea, que se encuentra en vigor desde 1993, tiene un carácter provisional y transitorio;

B.  Considerando que, de conformidad con el artículo 113 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), incumbe al Consejo adoptar por unanimidad las directivas idóneas para completar el sistema común del IVA y, en particular, restringir progresivamente o revocar las excepciones a dicho sistema;

C.  Considerando que la Comisión está obligada a presentar cada cuatro años al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre el funcionamiento del actual sistema del IVA, especialmente en lo que afecta a sus disposiciones transitorias;

D.  Considerando que el IVA, cuyo producto supuso casi un billón de euros en 2014, constituye una fuente importante y creciente de ingresos para los Estados miembros, que contribuye a su vez a los recursos propios de la Unión, y que los ingresos totales de la Unión procedentes del recurso propio basado en el IVA se situaron en 17 667 millones de euros y supusieron el 12,27 % de los ingresos totales de la Unión en 2014(4);

E.  Considerando que el actual sistema del IVA, en particular tal y como se aplica a las operaciones transfronterizas, es vulnerable al fraude, a estrategias de elusión fiscal, a falta de recaudación debido a insolvencias o a cálculos equivocados; que se calcula que la «brecha del IVA» asciende a unos 170 000 millones de euros al año y que cada vez hay mejores tecnologías digitales disponibles para contribuir a reducir este déficit;

F.  Considerando que, según un estudio de la Comisión(5), el fraude en el IVA intracomunitario (denominado comúnmente «fraude en cascada») es responsable por sí solo de una pérdida de ingresos por IVA de entre 45 000 millones de euros y 53 000 millones de euros anuales;

G.  Considerando que los Estados miembros difieren en la eficacia con la que pueden abordar el fraude y la elusión del IVA, ya que se calcula que la brecha del IVA oscila entre menos del 5 % y más del 40 %, en función del país de que se trate;

H.  Considerando que, según estimaciones de Europol, entre 40 000 y 60 000 millones de euros de pérdidas de ingresos anuales por IVA de los Estados miembros están causadas por grupos de delincuencia organizada, y que el 2 % de dichos grupos son responsables del 80 % del fraude en el IVA intracomunitario;

I.  Considerando que el cálculo de la pérdida de ingresos por el fraude del IVA transfronterizo supone una tarea abrumadora, dado que únicamente dos Estados miembros —el Reino Unido y Bélgica— recopilan y divulgan estadísticas sobre la materia;

J.  Considerando que varios Estados miembros han llevado a cabo recientemente bajo la coordinación de Eurojust y Europol tres operaciones Vértigo satisfactorias y consecutivas, que han descubierto un sistema de fraude en cascada por un valor total de 320 millones de euros;

K.  Considerando que, mediante el empleo de instrumentos digitales de notificación y bases de datos comunes, podrían reducirse notablemente los elevados costes administrativos inherentes al sistema actual del IVA, especialmente en las operaciones transfronterizas y en particular para las pequeñas y medianas empresas;

L.  Considerando que hay mucho margen de mejora en la reducción de barreras administrativas e impositivas que afectan especialmente a proyectos de cooperación transfronteriza;

M.  Considerando que el IVA es un impuesto sobre el consumo, basado en un sistema de pagos fraccionados que hace posible el autocontrol de los sujetos pasivos, y que solo debe ser soportado por el consumidor final a fin de garantizar su neutralidad para las empresas; Considerando que compete a los Estados miembros organizar las modalidades prácticas para repercutir el IVA a fin de garantizar que recae en el consumidor final;

N.  Considerando que, veintitrés años después de la introducción de la Directiva del IVA, las excepciones de mantenimiento del statu quo (standstill derogations) resultan obsoletas, en particular en lo que respecta a la moderna economía digital;

O.  Considerando que en las dos últimas décadas la Comisión ha incoado más de cuarenta procedimientos de infracción contra más de dos terceras partes de los Estados miembros por vulnerar las disposiciones de la Directiva mencionada;

P.  Considerando que no es posible alcanzar una mayoría en favor del principio del país de origen para establecer un sistema definitivo del IVA, dado que ello exigiría un mayor grado de armonización de los tipos impositivos para impedir las distorsiones masivas de la competencia;

Q.  Considerando que la lucha contra el fraude fiscal es uno de los principales desafíos en materia fiscal a que se enfrentan los Estados miembros;

R.  Considerando que el fraude en el ámbito del IVA es una práctica muy perjudicial que priva a los Estados miembros de una cantidad significativa de ingresos al tiempo que obstaculiza sus esfuerzos de saneamiento de las finanzas públicas;

S.  Considerando que, cada año, el fraude del IVA transfronterizo cuesta cerca de 50 000 millones de euros a nuestros Estados miembros y a los contribuyentes europeos;

T.  Considerando que los tipos de fraude del IVA presentan múltiples facetas, son cambiantes y afectan a muchos sectores económicos y, por consiguiente, obligan a una rápida adaptación de la legislación pertinente con el fin de avanzar hacia un sistema fiscal del IVA sostenible y sencillo, que permita prevenir el fenómeno del fraude y la pérdida potencial de ingresos fiscales;

U.  Considerando que ningún proyecto piloto de inversión del sujeto pasivo debe entrañar o tener como consecuencia retraso alguno en la implantación de un sistema de IVA definitivo que prevé la hoja de ruta del plan de acción de la Comisión;

V.  Considerando que la técnica de fraude del IVA más utilizada es el fraude en cascada; que este tipo de fraude es muy común en los sectores del comercio de componentes electrónicos, la telefonía móvil y el textil, y consiste en hacer circular a las mercancías entre varias sociedades situadas en diferentes Estados miembros, aprovechando que no existe un impuesto que se aplique a las entregas intracomunitarias;

W.  Considerando que se precisan con urgencia esfuerzos de cooperación continuados y mejorados para crear estrategias globales e integradas en el ámbito de la lucha contra el fraude, sobre todo teniendo en cuenta las limitaciones presupuestarias actuales de la Unión y el aumento del comercio electrónico y del comercio por internet, lo que ha debilitado el control territorial sobre la recaudación del IVA;

X.  Considerando que la protección de los intereses financieros de la Unión Europea y de los Estados miembros es un elemento fundamental del programa político de la Unión para consolidar e incrementar la confianza de los ciudadanos y garantizar que el dinero de los mismos se utiliza correctamente.

Y.  Considerando que el fraude del IVA entraña una pérdida de ingresos para los Estados miembros y, por tanto, para la Unión; crea un entorno fiscal distorsionado que es particularmente perjudicial para las pequeñas y medianas empresas y es utilizado por las organizaciones delictivas que se aprovechan de las lagunas jurídicas existentes entre los Estados miembros y sus autoridades de supervisión competentes;

Z.  Considerando que el Tribunal de Cuentas Europeo, en su Informe Especial n.º 24/2015, concluyó que el fraude del IVA se clasifica principalmente como una actividad delictiva a la que es preciso poner fin;

AA.  Considerando que, en el asunto Taricco y otros (C-105/14), el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que el concepto de «fraude» definido en el artículo 1 del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades abarca los ingresos procedentes del IVA;

1.  Acoge favorablemente la intención de la Comisión de proponer antes de 2017 un sistema definitivo del IVA que sea sencillo, equitativo, sólido, eficiente y menos vulnerable al fraude;

2.  Subraya que para el buen funcionamiento del mercado único digital es necesario un sistema sencillo del IVA que requiera menos excepciones;

3.  Considera que el asesoramiento técnico sobre el que se basan las propuestas de la Comisión para el desarrollo del programa de acción incluye una serie de recomendaciones importantes; hace hincapié en que la lista de propuestas de la Comisión encaminadas a lograr un sistema del IVA sólido, sencillo y menos vulnerable al fraude no es exhaustiva;

4.  Acoge con satisfacción la reciente Comunicación de la Comisión, de 7 de abril de 2016, así como la intención de adoptar medidas adicionales contra el fraude y mejorar el actual sistema del IVA;

5.  Opina que también es importante la mejora del sistema actual, y reclama reformas en profundidad con el fin de eliminar o al menos reducir sustancialmente los problemas de que adolece, en especial el problema europeo de la recaudación del IVA;

6.  Considera que la Comisión debería examinar todas las posibles opciones en pie de igualdad y sin prejuzgar los resultados, integrándolas en el proceso legislativo;

7.  Constata la necesidad de desplegar esfuerzos concertados entre los Estados miembros que permitan establecer un sistema definitivo para el IVA;

8.  Reconoce que la unanimidad será un requisito previo necesario para alcanzar un acuerdo sobre un sistema del IVA que funcione mejor, y pide, por tanto, una visión clara en cuanto a la sencillez y un menor número de excepciones, junto con un enfoque pragmático que respete los intereses de una economía digital que se está desarrollando a gran velocidad;

9.  Señala que es fundamental que los Estados miembros adopten una política fiscal coordinada y mejoren la velocidad y la frecuencia de su intercambio de información en relación con el comercio intracomunitario, con el fin de luchar contra la evasión y la elusión fiscales más eficazmente, de manera que pueda colmarse finalmente la actual «brecha del IVA»;

10.  Insta a la Comisión y a los organismos públicos a que estudien y prueben nuevas tecnologías, como tecnología de registros distribuidos y supervisión en tiempo real, como parte de un programa de RegTech («tecnología regulatoria») con miras a reducir significativamente la sustancial «brecha del IVA» que se registra en la Unión;

11.  Subraya que compete a las administraciones tributarias de cada uno de los Estados miembros garantizar que el pago del IVA se realice de forma sencilla y adecuada a las pymes, lo que se puede propiciar incrementando la cooperación entre las autoridades nacionales;

12.  Considera que la cooperación y el intercambio de información entre las administraciones tributarias de los Estados miembros has sido insuficientes en el pasado, y que las actividades de Eurofisc no han conseguido todavía resultados satisfactorios; opina que la información que se intercambia a través de Eurofisc debe estar más orientada al fraude; aguarda con interés la próxima propuesta de la Comisión para mejorar el funcionamiento de Eurofisc;

13.  Observa que el VIES (sistema de intercambio de información sobre el IVA) ha demostrado ser un instrumento útil en la lucha contra el fraude, permitiendo que las administraciones tributarias concilien datos sobre operadores en todos los países, aunque existen deficiencias en su aplicación, en particular en lo que respecta a la puntualidad de la información facilitada, la rapidez de las respuestas a las consultas y la velocidad de respuesta a los errores señalados; recomienda, por tanto, a los Estados miembros que presten la debida consideración a la solución de estas deficiencias;

14.  Observa que los datos que facilitan las autoridades nacionales a Eurofisc no se filtran de manera que se transfieran únicamente los casos sospechosos, lo que impide el funcionamiento óptimo del grupo; apoya la iniciativa de varios Estados miembros que abogan por la creación de instrumentos nacionales de análisis del riesgo, que permitirían filtrar los datos sin riesgo de eliminar casos sospechosos en ningún Estado miembro y que Eurofisc respondiese rápidamente al fraude transfronterizo del IVA;

15.  Insiste en que compete a las administraciones tributarias de cada uno de los Estados miembros garantizar un pago adecuado y sencillo del IVA;

16.  Recuerda que los Estados miembros dependen en gran medida de la información que reciben de otros Estados miembros sobre el comercio en el interior de la Unión para poder recaudar el IVA en su territorio; pide a las autoridades competentes que procedan automáticamente al intercambio y la comparación de datos relativos al IVA y los impuestos sobre consumos específicos y que se valgan de medios informáticos fiables e intuitivos, como formularios electrónicos normalizados, para registrar los suministros transfronterizos de bienes y servicios a consumidores finales; cree, en este sentido, que podrían ser un instrumento útil los números localizadores del IVA, que no permitirían que los clientes deduzcan el impuesto soportado si el IVA se menciona en una factura sin un número localizador del IVA válido;

17.  Cree que la falta de datos comparables y de indicadores pertinentes adecuados para medir el rendimiento de los Estados miembros incide en la eficacia del sistema de la Unión para atajar el fraude del IVA en su interior, por lo que pide a las administraciones tributarias que establezcan, en coordinación con la Comisión, un sistema común para calcular la magnitud de este tipo de fraude en el interior de la Unión y fijar a continuación objetivos para reducirlo, ya que ello permitiría evaluar el rendimiento de los Estados miembros al abordar esta cuestión;

18.  Pide a los Estados miembros que faciliten también el intercambio de información con las administraciones judiciales y policiales, como Europol y la OLAF, tal y como recomienda el Tribunal de Cuentas Europeo;

19.  Observa que el régimen aduanero 42, que establece la exención del IVA para los bienes importados a un Estado miembro que vayan a ser enviados a continuación a otro Estado miembro, ha resultado vulnerable ante abusos fraudulentos; constata que es fundamental cruzar eficazmente los datos que poseen las administraciones tributarias con los que poseen las autoridades aduaneras para detectar y erradicar este tipo de fraude; pide, por tanto, a los Estados miembros y a la Comisión que actúen para facilitar el flujo de información entre las autoridades tributarias y aduaneras en relación con las importaciones al amparo del régimen aduanero 42, tal y como recomienda el Tribunal de Cuentas Europeo;

20.  Respalda el objetivo de un plan de acción dirigido a crear un espacio europeo único del IVA para consolidar un mercado único más profundo y más equitativo y promover la justicia fiscal, el consumo sostenible, el empleo, el crecimiento, la inversión y la competitividad, y reducir al mismo tiempo las posibilidades de fraude del IVA;

21.  Pide, a este respecto que los servicios se incorporen por completo al nuevo sistema lo antes posible, y pide, en particular, que los servicios financieros estén sujetos al IVA;

22.  Comparte el punto de vista de la Comisión de que el sistema de IVA por el que se opte deberá basarse en el principio de imposición en el país de destino final de los bienes y servicios, habida cuenta de que no sería posible aplicar el principio del país de origen;

23.  Se declara a favor de la generalización del principio del país de destino en el caso de las ventas a distancia a particulares y de la instauración de medidas armonizadas en favor de las pequeñas empresas;

24.  Pide que cuando se introduzca el sistema de IVA por el que se opte finalmente, se incorporen a los modelos fiscales existentes los progresos tecnológicos del mundo digital, de forma que dicho sistema resulte adecuado para el siglo XXI;

25.  Constata que la plétora actual de tipos de IVA genera una gran incertidumbre en las empresas dedicadas a actividades transfronterizas, en particular en el sector de los servicios, y para las pymes; constata que también son fuente de incertidumbre la cuestión de la persona responsable de la recaudación del IVA, la prueba de la entrega intracomunitaria de bienes, el riesgo de verse envuelto en fraudes de operador ficticio, los problemas de flujo de efectivo y los diferentes tipos de IVA para diferentes categorías de productos en un mismo país; pide, por tanto, a la Comisión que estudie para mediados de 2017 el impacto del fraude del operador ficticio; pide a los Estados miembros que acuerden aumentar la convergencia de los tipos de IVA;

26.  Pide a la Comisión que evalúe el impacto de la no armonización de los tipos impositivos a nivel de la Unión, especialmente en las actividades transfronterizas, y que evalúe las posibilidades para la supresión de dichas trabas.

27.  Apoya la opción propuesta por la Comisión, que debe adoptar el Consejo, de revisión periódica de la lista de bienes y servicios que pueden beneficiarse de tipos reducidos; pide que en esta lista se tengan en cuenta prioridades políticas como los aspectos sociales, de género, de salud, medioambientales, de nutrición y culturales;

28.  Considera que la alternativa propuesta por la Comisión en el sentido de suprimir totalmente los tipos impositivos mínimos podría causar una importante distorsión de la competencia y generar problemas en el mercado interior; considera que debe tenerse en cuenta el imperativo de una mayor armonización, necesaria para el buen funcionamiento del mercado interior;

29.  Pide que, con el fin de hallar una alternativa al sistema actual de tipos reducidos del IVA, se examine la posibilidad de elaborar una sola lista de bienes y servicios a tipo reducido, pues podría mejorar significativamente la eficiencia del sistema del IVA al hacer posible un sistema más estructurado que el actual;

30.  Considera importante para luchar contra el fraude del IVA que sean menos las excepciones, y opina que el modo mejor y más eficiente para atajar el fraude es un sistema del IVA sencillo con el tipo más bajo posible;

31.  Considera que el complejo sistema actual podría simplificarse considerablemente si se restringe el número de bienes y servicios a los que pueden aplicarse los tipos reducidos y si los Estados miembros determinan conjuntamente a escala de la Unión algunos bienes y servicios a los que pueden aplicarse tipos reducidos, y al mismo tiempo se deja la posibilidad de que los Estados miembros adopten decisiones sobre tipos siempre que se atengan a los tipos mínimos contemplados en la Directiva sobre el IVA y con la condición de que ello no genere riesgos de competencia desleal;

32.  Pide que los productos estén sujetos al principio del país de destino y al mismo régimen fiscal cualesquiera que sean la forma o la plataforma en la que se adquieran y tanto si su suministro es digital como si es material;

33.  Observa que un grave problema para las pymes en la actualidad se deriva de las diferentes interpretaciones que realizan los Estados miembros de lo que se puede considerar como producto o servicio; pide, por tanto, a la Comisión que sea más clara y precisa en sus definiciones;

34.  Insta a los Estados miembros a que apliquen el IVA en las mismas condiciones a las empresas públicas y privadas en aquellos ámbitos en que ambas están en competencia;

35.  Recuerda que el sistema de pagos fraccionados del IVA se ha elegido como referencia en materia de fiscalidad indirecta en el marco del Proyecto BEPS de la OCDE (acción 1), ya que garantiza la eficacia en la recaudación del impuesto y, por su propia naturaleza, permite el autocontrol de los operadores;

36.  Señala que los artículos 199 y 199 bis de la Directiva del IVA permiten la aplicación temporal y en casos específicos de un mecanismo de inversión del sujeto pasivo a operaciones transfronterizas y en el caso de determinados sectores de alto riesgo en los Estados miembros;

37.  Pide a la Comisión que estudie detenidamente las consecuencias de la inversión del sujeto pasivo y que considere si este procedimiento simplificará la situación para las pymes y reducirá el fraude del IVA;

38.  Insta a la Comisión a que evalúe mediante proyectos piloto los efectos del procedimiento de inversión del sujeto pasivo, no solo para determinados sectores particularmente susceptibles al fraude, en términos de beneficios, costes de cumplimiento, fraude, eficacia, problemas de aplicación y ventajas y desventajas a largo plazo, como han solicitado algunos Estados miembros y ha confirmado expresamente la Comisión entretanto, aunque aún no se haya incluido esto en el plan de acción; subraya, no obstante, que dichos proyectos piloto no pueden en modo alguno entrañar o tener como consecuencia el menor retraso en la elaboración e implantación del régimen permanente del IVA que prevé la hoja de ruta del plan de acción de la Comisión;

39.  Considera que, en la aplicación general del principio del país de destino, las administraciones tributarias nacionales deben asumir una mayor responsabilidad a la hora de garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y reducir las posibilidades de elusión; expresa su conformidad con la Comisión en que aún hay un amplio margen para mejorar la lucha contra el fraude del IVA a través de medidas administrativas convencionales y mejorando la capacidad y las competencias del personal de los Estados miembros dedicado a la recaudación de impuestos y la inspección; hace hincapié en la necesidad de reforzar las inspecciones y las sanciones fiscales a los mayores defraudadores; pide a la Comisión que preste un apoyo financiero y técnico adecuado a este respecto;

40.  Opina que la Comisión debe seguir de cerca la actuación de las administraciones tributarias nacionales y mejorar la coordinación entre ellas;

41.  Celebra el anuncio de la Comisión por el que ampliará la miniventanilla única para convertirla en una ventanilla única plenamente operativa; observa que es especialmente importante que sea fácil de utilizar y que tenga el mismo nivel de eficiencia en los veintiocho Estados miembros; observa que la creación de una ventanilla única aliviaría la carga administrativa que impide a las empresas realizar operaciones transfronterizas y reduciría los costes para las pymes (COM(2016)0148);

42.  Constata que es fundamental introducir una «ventanilla única» para imponer el principio del país de destino y conseguir que sea menos vulnerable al fraude; pide que las mejoras de la ventanilla única partan de la experiencia actual con las miniventanillas únicas para productos digitales; observa que, incluso con la miniventanilla única, las microempresas y las pequeñas empresas pueden verse ante una carga administrativa significativa debida al nuevo principio de país de destino; celebra, por tanto, la propuesta incluida en el plan de acción de la Comisión sobre el IVA de introducción de una medida de simplificación común a escala de la Unión (umbral del IVA); pide que se determine con claridad qué Estado miembro es responsable de la inspección fiscal en las operaciones transfronterizas; celebra la intención de la Comisión de suprimir la exención para envíos de valor reducido como parte de su plan de acción sobre el IVA;

43.  Subraya, reconociendo que los distintos regímenes del IVA en la Unión Europea podrían ser percibidos también como un obstáculo no arancelario del mercado único, que la miniventanilla única del IVA es un buen modo de ayudar a eliminar esta barrera y, en particular, de apoyar a las pymes en su actividad transfronteriza; reconoce que todavía persisten algunas cuestiones problemáticas menores en relación con la miniventanilla única del IVA; pide a la Comisión que aumente las facilidades para el pago de las obligaciones del IVA a las empresas de toda la Unión;

44.  Toma nota de la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-97/09 (Ingrid Schmelz contra Finanzamt Waldviertel); toma nota de los veintiocho umbrales diferentes para la exención del pago del IVA; observa las dificultades financieras resultantes a las que se enfrentarían las pymes y las microempresas que quedarían exentas con arreglo a sus sistemas nacionales; pide a la Comisión que elabore estudios adicionales sobre el establecimiento de un umbral de exención del pago del IVA para las microempresas;

45.  Pide que se examinen todas las propuestas con el fin de minimizar la carga administrativa de los impuestos sobre la cifra de negocios para las microempresas y las pymes; insta a la Comisión, a este respecto, a que examine también las mejores prácticas internacionales, como los sistemas de «tarjeta dorada» aplicables en Singapur y Australia, reconociendo que el riesgo de fraude por parte de algunos proveedores es muy bajo;

46.  Acoge con satisfacción el anuncio de la Comisión de que en 2017 presentará un conjunto de medidas en el ámbito del IVA destinadas a las pymes; recomienda, no obstante, que la aplicación del nuevo marco sea gradual, ya que provocará costes administrativos adicionales (como los de las infraestructuras informáticas o los procedimientos en materia de IVA);

47.  Constata que el complejo sistema de archivo impone una gran carga a las pymes y las disuade de operar a escala transfronteriza; pide a la Comisión que incluya en su paquete para las pymes la propuesta de un archivo unificado del IVA y la armonización de los requisitos y los plazos de notificación;

48.  Subraya la necesidad de contar con un entorno armonizado del IVA para las ventas a distancia de empresa a empresa y de empresa a consumidor; observa que el umbral del IVA no se ha aplicado con el mismo éxito en distintos Estados miembros debido a fallos de coordinación;

49.  Subraya que es preciso diseñar un nuevo sistema simplificado del IVA de modo que las pymes puedan seguir fácilmente las normas del comercio transfronterizo y encuentren apoyo en todos los Estados miembros no solo sobre el modo de adaptarse a dichas normas, sino también sobre cómo gestionar los procedimientos del IVA;

50.  Pide la creación en breve plazo de un sitio web con información exhaustiva y de acceso público en el que las empresas y los consumidores finales puedan encontrar fácilmente indicaciones claras sobre los tipos del IVA aplicables a diferentes productos y servicios en los Estados miembros; insiste en que el lenguaje y el diseño de este portal deben ser fáciles de comprender y de utilizar; reitera su convencimiento de que ayudar a que las empresas comprendan con claridad las normas del IVA aplicables en los Estados miembros fortalecerá las medidas de lucha contra el fraude del IVA; observa, asimismo, que los programas certificados de software tributario podrían contribuir a limitar el riesgo de determinados tipos de fraude y otras irregularidades y ofrecer seguridad a las empresas honradas que operan a escala nacional y transfronteriza; pide igualmente a la Comisión que proporcione directrices a las administraciones tributarias nacionales sobre la clasificación de las operaciones con respecto al tipo del IVA aplicado, al objeto de reducir los costes de cumplimiento y los contenciosos jurídicos; pide a los Estados miembros que establezcan sistemas de información pública, como un portal web sobre el IVA, para proporcionar información fiable;

51.  Pide a la Comisión que establezca una lista con información actualizada sobre las normas del IVA en todos los Estados miembros; subraya, al mismo tiempo, que compete a los Estados miembros comunicar sus normas y tipos a la Comisión;

52.  Toma nota de que, en el caso de las ventas de comercio electrónico, la falta de armonización de los umbrales del IVA supone elevados costes de transacción para las pymes que realizan operaciones de comercio electrónico y superan el umbral de manera accidental o inadvertidamente;

53.  Pide a los Estados miembros que proporcionen urgentemente a la Comisión información relativa a sus respectivos tipos del IVA, requisitos especiales y exenciones; pide a la Comisión que recopile esta información y la facilite a empresas y consumidores;

54.  Considera que los planes de reforma del IVA anunciados por la Comisión en su programa de acción deben someterse a una evaluación de impacto exhaustiva y cualitativamente fiable, con participación de la comunidad investigadora, las administraciones tributarias de los Estados miembros de la Unión y pymes y empresas de la Unión;

55.  Hace hincapié en que la legislación tributaria es una competencia exclusiva de los Estados miembros; destaca que, de conformidad con el artículo 329, apartado 1, del TFUE, un grupo de nueve Estados miembros como mínimo puede establecer una cooperación reforzada; pide a la Comisión que respalde propuestas de cooperación reforzada encaminadas a combatir el fraude y reducir las cargas administrativas en relación con el IVA;

56.  Opina que una solución en el marco de la OCDE es preferible a la adopción de medidas autónomas, que deben armonizarse con las recomendaciones de la OCDE y el Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios;

57.  Celebra la comunicación de la Comisión titulada «Plan de Acción sobre Administración Electrónica de la UE 2016-2020: Acelerar la transformación digital de la administración» (COM(2016)0179);

58.  Señala que el nuevo plan de acción incluye nuevas medidas en favor de un sistema definitivo más eficaz, a prueba de fraudes y más propicio para las empresas en la era de la economía digital y del comercio electrónico;

59.  Apoya la propuesta de la Comisión con arreglo a la cual el IVA correspondiente a las ventas transfronterizas (de bienes o servicios) sería recaudado por la autoridad fiscal del país de origen de conformidad con el tipo aplicable en el país de consumo, y se transferiría al país en el que en última instancia se consuman los bienes y servicios;

60.  Subraya la importancia de presentar una propuesta legislativa para hacer extensivo el mecanismo electrónico único (para el registro y el pago del IVA a empresas transfronterizas) a las ventas en línea transfronterizas de bienes materiales de empresa a consumidor, con el fin de reducir la carga administrativa, que es una de las principales barreras con que tropiezan las empresas que operan a escala transfronteriza;

61.  Pide a la Comisión que aborde la carga administrativa de las empresas que se deriva de un régimen fragmentado del IVA mediante la presentación de propuestas legislativas para ampliar el actual servicio de miniventanilla única a los bienes tangibles vendidos en línea, lo que permitiría a las empresas presentar una única declaración del IVA y efectuar el pago correspondiente en sus propios Estados miembros;

62.  Pide a los Estados miembros que simplifiquen sus sistemas tributarios nacionales y los hagan más coherentes y robustos para facilitar el cumplimiento, prevenir, disuadir y castigar el fraude y la evasión fiscales e incrementar la eficiencia de la recaudación del IVA;

63.  Expresa su preocupación a la vista de que no se ha alcanzado por completo el objetivo de la simplificación del sistema de rendición de cuentas del IVA como un recurso propio; recuerda la necesidad de una mayor simplificación de la gestión del sistema de recursos propios, a fin de reducir las posibilidades de error y fraude; lamenta que el nuevo plan de acción no aborde el impacto sobre el recurso propio basado en el IVA;

64.  Recuerda que las brechas del IVA existentes en los Estados miembros y las pérdidas estimadas en la recaudación del IVA en la Unión ascendieron a alrededor de 170 000 millones de euros en 2015, y subraya el hecho de que, en trece de los veintiséis Estados miembros examinados en 2014, la pérdida media de IVA superó el 15,2 %; pide a la Comisión que haga pleno uso de sus poderes ejecutivos tanto para controlar como para ayudar a los Estados miembros; señala que una acción eficaz para reducir la brecha del IVA requiere un enfoque multidisciplinar y concertado, pues esa brecha no solo se deriva del fraude sino de una combinación de factores, entre ellos, las quiebras e insolvencias, los errores estadísticos, la morosidad, la evasión fiscal y la elusión fiscal; reitera su llamamiento a la Comisión para que promueva rápidamente legislación sobre el nivel mínimo de protección de los denunciantes de irregularidades en la Unión, a fin de investigar e impedir mejor el fraude, y prevea un apoyo financiero para el periodismo de investigación transfronterizo, que ha demostrado su clara efectividad en los escándalos de Luxleaks, Dieselgate y los papeles de Panamá;

65.  Lamenta que el fraude del IVA, en particular el denominado fraude en cascada o del operador ficticio, distorsione la competencia, prive a los presupuestos nacionales de recursos significativos y sea perjudicial para el presupuesto de la Unión; expresa su inquietud a la vista de que la Comisión no dispone de datos fiables sobre el fraude del IVA en cascada; pide, en consecuencia, a la Comisión que ponga en marcha un esfuerzo coordinado por parte de los Estados miembros para establecer un sistema común de recopilación de datos estadísticos sobre el fraude del IVA en cascada; señala que se podría establecer ese sistema partiendo de las prácticas que ya se utilizan en algunos Estados miembros;

66.  Insta a la Comisión a que inicie el establecimiento de un sistema común que permita precisar la estimación del tamaño del fraude del IVA intracomunitario, mediante la recopilación de estadísticas sobre los fraudes en este ámbito, lo que debería permitir a cada Estado miembro evaluar sus resultados respectivos al respecto, sobre la base de indicadores precisos y fiables de la reducción del IVA intracomunitario y el incremento en la detección del fraude y la recaudación fiscal correspondiente; considera que los nuevos enfoques de auditoría, como la auditoría única o las auditorías conjuntas, deberían ampliarse en mayor medida para abarcar las operaciones transfronterizas;

67.  Destaca la importancia de poner en práctica nuevas estrategias y de hacer un uso más eficaz de las estructuras de la Unión existentes para combatir más intensamente el fraude del IVA; subraya que una mayor transparencia que permita un control adecuado y la adopción de un enfoque más estructurado y «basado en el riesgo» son clave para detectar y prevenir los sistemas de fraude y la corrupción;

68.  Lamenta que la cooperación administrativa entre los Estados miembros en la lucha contra el fraude en el ámbito del IVA no sea todavía eficiente a la hora de hacer frente a la evasión y los mecanismos de fraude del IVA intracomunitario o de gestionar las transacciones o el comercio transfronterizos; hace hincapié en la necesidad de un sistema de IVA simplificado, eficaz y accesible que permita a todos los Estados miembros reducir la carga tributaria que supone el IVA para cada uno y luchar contra el fraude del IVA; solicita a la Comisión, por tanto, que, cuando evalúe los acuerdos administrativos de cooperación, realice más visitas de seguimiento a Estados miembros elegidos en función del riesgo; pide además a la Comisión que, en el marco de su evaluación de los acuerdos administrativos, se centre en eliminar las trabas legales que impiden el intercambio de información entre las autoridades administrativas, judiciales y policiales a nivel nacional y de la Unión; pide asimismo a la Comisión que recomiende que los Estados miembros introduzcan un análisis común de riesgo que incluya un análisis de la red social al objeto de garantizar que la información intercambiada a través de Eurofisc se dirige de forma eficaz a combatir el fraude; pide a los Estados miembros que prevean sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, y que mejoren el sistema de intercambio de información utilizado actualmente;

69.  Hace hincapié en la necesidad de reforzar Eurofisc con el fin de acelerar los intercambios de información; destaca que sigue habiendo problemas de exactitud, exhaustividad y puntualidad de la información; considera necesario que se aúnen las acciones y se coordinen las estrategias de las autoridades fiscales, judiciales y policiales de los Estados miembros y de los organismos europeos, como Europol, Eurojust y la OLAF, encargados de la lucha contra el fraude, la delincuencia organizada y el blanqueo de dinero; anima a todas las partes interesadas a seguir examinando modelos sencillos y comprensibles de intercambio de información en tiempo real con el fin de permitir que se reaccione con rapidez o se tomen medidas paliativas para combatir los sistemas de fraude existentes o emergentes;

70.  Considera indispensable que todos los Estados miembros se adhieran a Eurofisc en todos sus ámbitos de actividad para que se puedan tomar medidas eficaces de lucha contra el fraude del IVA;

71.  Pide a la Comisión que elabore propuestas que permitan cruzar de manera eficaz los datos de las autoridades aduaneras y fiscales, y que centre su labor de supervisión de los Estados miembros en las medidas que indiquen una mejora de los plazos de respuesta de estos a las solicitudes de información y de la fiabilidad del sistema de intercambio de información sobre el IVA (VIES);

72.  Pide a la Comisión que anime a los Estados miembros que no lo hayan hecho aún a que apliquen un número de identificación a efectos de IVA en dos niveles (asignando a los operadores que deseen participar en el comercio intracomunitario un número de identificación de IVA distinto del asignado para la actividad interna), y a que practiquen los controles previstos en el artículo 22 del Reglamento (UE) n.º 904/2010, ofreciendo asimismo asesoramiento gratuito a los operadores;

73.  Pide a la Comisión que prevea que los sistemas de despacho de aduanas electrónico de los Estados miembros sean aptos para comprobar automáticamente los números de identificación de IVA;

74.  Insta a la Comisión a que presente una propuesta de modificación de la Directiva sobre el IVA con miras a lograr una mayor armonización de las obligaciones de información en materia de IVA para el suministro en la Unión de bienes y servicios de los Estados Miembros;

75.  Lamenta que la propuesta de la Comisión relativa a la responsabilidad solidaria en casos de comercio transfronterizo no haya sido adoptada por el Consejo; señala que esto reduce el efecto disuasorio a la hora de hacer negocios con comerciantes defraudadores; considera que la aplicación de la Directiva sobre el IVA no es uniforme entre los Estados miembros respecto al plazo de presentación de los estados recapitulativos, y que ello aumenta la carga administrativa de los comerciantes que operan en más de un Estado miembro; insta, por lo tanto, al Consejo a aprobar la propuesta de la Comisión relativa a la responsabilidad solidaria;

76.  Anima a la Comisión y a los Estados miembros a que se muestren más activos a nivel internacional, intensifiquen la cooperación con terceros países e impongan la recaudación eficiente del IVA, con el fin de establecer normas y estrategias de cooperación basadas principalmente en los principios de transparencia, buena gobernanza e intercambio de información; anima a los Estados miembros a que intercambien la información que reciben de terceros países a fin de facilitar la recaudación del IVA, sobre todo en materia de comercio electrónico;

77.  Insta al Consejo a que incluya el IVA en el ámbito de aplicación de la Directiva sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal (Directiva PIF) con miras a lograr un acuerdo en este asunto lo antes posible;

78.  Pide a la Comisión que siga evaluando los ingresos obtenidos por las organizaciones delictivas mediante el fraude del IVA, y que presente una estrategia global, común y multidisciplinaria para luchar contra el modelo de negocio de las organizaciones delictivas basado en el fraude del IVA, recurriendo asimismo a equipos conjuntos de investigación en caso necesario;

79.  Estima que es crucial garantizar la creación de Fiscalía Europea única, fuerte, independiente y capaz de investigar, acusar y encausar a los autores de delitos penales que afecten a los intereses financieros de la Unión, también en relación con el fraude del IVA, con arreglo a la definición de la mencionada Directiva PIF, y opina que toda opción más débil tendría consecuencias perjudiciales para el presupuesto de la Unión; destaca, además, la necesidad de garantizar que el reparto de competencias entre la Fiscalía Europea y las autoridades de investigación de los Estados miembros no excluya del ámbito de competencias de la Fiscalía Europea aquellos delitos que tengan un impacto significativo en el presupuesto de la Unión;

80.  Pide a todos los Estados miembros que publiquen estimaciones de las pérdidas debidas al fraude del IVA intracomunitario, corrijan las deficiencias de Eurofisc y coordinen mejor sus políticas sobre la inversión del sujeto pasivo del IVA en relación con los bienes y servicios;

81.  Considera fundamental que los Estados miembros hagan uso del control multilateral, a saber, un control coordinado de las obligaciones fiscales de uno o varios sujetos pasivos por parte de dos o más Estados miembros, como instrumento útil para luchar contra el fraude del IVA;

82.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros.

(1) DO C 94 E de 3.4.2013, p. 5.
(2) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0234.
(3) DO C 346 de 21.9.2016, p. 27.
(4) Comisión Europea, Informe financiero 2014.
(5) http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/common/publications/studies/ey_study_destination_principle.pdf


Plan de acción de la UE contra el tráfico de especies silvestres
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Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de noviembre de 2016, sobre el plan de acción de la UE contra el tráfico de especies silvestres (2016/2076(INI))
P8_TA(2016)0454A8-0303/2016

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Plan de acción de la UE contra el tráfico de especies silvestres» (COM(2016)0087),

–  Vista su Resolución, de 15 de enero de 2014, sobre los delitos contra las especies silvestres(1),

–  Vista la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que se aplica en la Unión mediante el Reglamento (CE) n.º 338/97 del Consejo relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio, y el Reglamento (CE) n.º 865/2006 de la Comisión por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 338/97 del Consejo,

–  Vista la Decisión (UE) 2015/451 del Consejo, de 6 de marzo de 2015, relativa a la adhesión de la Unión Europea a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES)(2),

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de 2003,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, de 2000,

–  Vistos el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural en Europa (Convenio de Berna),

–  Visto el informe mundial sobre los delitos contra las especies silvestres, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), de 2016,

–  Vista la Resolución 69/314 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 30 de julio de 2015, sobre la lucha contra el tráfico ilícito de fauna y flora silvestres,

–  Vista la Resolución 2/14 de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente relativa al comercio ilegal de vida silvestre y de los productos de vida silvestre,

–  Vistos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2015-2030 de las Naciones Unidas,

–  Visto el Consorcio Internacional para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre (ICCWC), del que forman parte la CITES, Interpol, la ONUDD, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Aduanas,

–  Vista la Declaración firmada en la Conferencia sobre el comercio ilegal de especies silvestres celebrada en Londres en 2014,

–  Vista la Declaración del Palacio de Buckingham de 2016, sobre la prevención del tráfico de especies silvestres en el sector del transporte,

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, por el que se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la madera(3), y el informe de ejecución del mismo elaborado por la Comisión Europea en 2016,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 1005/2008 del Consejo, de 29 de septiembre de 2008, por el que se establece un sistema comunitario para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR)(4),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 605/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, modificado por el Reglamento (CE) n.º 1185/2003, sobre el cercenamiento de las aletas de los tiburones en los buques(5), y el Reglamento (CE) n.º 206/2009 de la Comisión, de 5 de marzo de 2009(6), que permite la importación de 20 kg de productos de la pesca para consumo personal,

–  Vista la importancia de la Agencia Europea de Control de la Pesca, creada en virtud del Reglamento (CE) n.º 768/2005, en la lucha contra la captura y venta ilegales de especies acuáticas,

–  Vista la Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal(7),

–  Vista la Directiva 1999/22/CE del Consejo, de 29 de marzo de 1999, relativa al mantenimiento de animales salvajes en parques zoológicos(8),

–  Vista la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres(9),

–  Vista la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres(10),

–  Visto el estudio sobre los delitos contra las especies silvestres, publicado por su Departamento Temático para la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria en marzo de 2016,

–  Vista la red Natura 2000, que incluye lugares clave de cría y descanso para especies raras y amenazadas, y algunos tipos poco comunes de hábitats naturales que gozan de protección por derecho propio,

–  Visto el informe de 2014 del proyecto de investigación EFFACE (European Union Action to Fight Environmental Crime),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 12 de febrero de 2016, sobre la lucha contra la financiación del terrorismo,

–  Visto el informe del Secretario General de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de las Naciones Unidas, de 4 de marzo de 2003, titulado «Tráfico ilícito de especies protegidas de flora y fauna silvestres y acceso ilícito a recursos genéticos»,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 20 de junio de 2016, sobre el plan de acción de la UE contra el tráfico de especies silvestres,

–  Vista la evaluación de respuesta rápida de 2016 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y de Interpol, titulada «The Rise of Environmental Crime» (El aumento de los delitos contra el medio ambiente),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Desarrollo, de la Comisión de Comercio Internacional, de la Comisión de Pesca y de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0303/2016),

A.  Considerando que el tráfico de especies silvestres es un tipo de delincuencia organizada internacional, con un valor estimado aproximadamente en 20 000 millones de euros anuales, que ha aumentado a nivel mundial en los últimos años, convirtiéndose en una de las formas de delincuencia organizada transfronteriza más lucrativas del mundo; que las finanzas del tráfico de especies silvestres están estrechamente vinculadas con otras formas de delincuencia grave y organizada;

B.  Considerando la gravedad de la pérdida de biodiversidad mundial, que constituye la sexta extinción masiva de especies;

C.  Considerando que la biodiversidad mundial y los servicios ecosistémicos están amenazados por los cambios en el uso de la tierra, el uso insostenible de los recursos naturales, la contaminación y el cambio climático; que, en particular, numerosas especies en peligro se enfrentan a desafíos más acuciantes que en el pasado debido a la rápida urbanización, la pérdida de hábitats y el comercio ilegal de especies silvestres;

D.  Considerando que el tráfico de especies silvestres tiene un impacto negativo importante en la biodiversidad, los ecosistemas existentes, el patrimonio natural de los países de origen, los recursos naturales y la conservación de las especies;

E.  Considerando que el tráfico de especies silvestres es una grave y creciente amenaza para la seguridad mundial, la estabilidad política, el desarrollo económico, los medios de subsistencia locales y el Estado de Derecho, y que, por tanto, exige un enfoque estratégico y coordinado de la Unión con participación de todos los agentes afectados;

F.  Considerando que resulta de vital importancia poner fin al tráfico de especies amenazadas de flora y fauna y de sus productos derivados para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas;

G.  Considerando que la CITES constituye un importante acuerdo internacional, en vigor desde 1975, con 183 partes (incluidos todos los Estados miembros de la Unión y la propia Unión Europea desde julio de 2015), y que incluye 35 000 especies animales y vegetales;

H.  Considerando que las políticas de comercio y desarrollo deben, entre otros aspectos, servir para fomentar el respeto de los derechos humanos, el bienestar animal y la protección del medio ambiente;

I.  Considerando que EU-TWIX, el sistema de intercambio de información sobre el comercio de especies silvestres en la Unión, ha llevado a cabo un seguimiento del comercio ilegal de especies silvestres con la creación de una base de datos de incautaciones y de canales de comunicación entre funcionarios de los distintos países europeos desde 2005;

J.  Considerando que el déficit de información y de compromiso político compromete gravemente la eficacia de la lucha contra el tráfico de especies silvestres;

K.  Considerando que la Agenda Europea de Seguridad para 2015-2020 define los delitos contra las especies silvestres como una forma de delincuencia organizada que debe abordarse a escala de la Unión, planteando sanciones penales adicionales en toda la Unión mediante una revisión de la legislación existente en materia de delitos contra el medio ambiente;

L.  Considerando que la operación Cobra III, llevada a cabo en mayo de 2015, fue la operación policial coordinada a escala internacional más grande jamás llevada a cabo y dirigida al comercio ilegal de especies en peligro, y que logró 139 detenciones y más de 247 incautaciones, incluidos marfil de elefante, plantas medicinales, cuernos de rinoceronte, pangolines, palisandros, tortugas y otros numerosos especímenes animales y vegetales;

M.  Considerando que la demanda de productos ilegales de especies silvestres en los mercados de destino promueve la corrupción en toda la cadena de suministro del tráfico de especies silvestres;

N.  Considerando que la Unión es un mercado de destino y una ruta de tránsito importante para el comercio ilegal de especies silvestres pero también el origen del tráfico de algunas especies de flora y fauna europeas en peligro;

O.  Considerando que la Resolución de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, de abril de 2013, respaldada por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas el 25 de julio de 2013, alienta a sus Estados miembros a que tipifiquen como delito grave el tráfico ilícito de flora y fauna silvestres cuando estén involucrados grupos delictivos organizados, equiparándolo de esta forma con la trata de seres humanos y el tráfico de drogas;

Observaciones generales

1.  Acoge con satisfacción el plan de acción de la UE contra el tráfico de especies silvestres presentado por la Comisión, en el que se subraya la necesidad de emprender acciones coordinadas para abordar las causas de este tráfico, aplicar y hacer cumplir de forma efectiva las normas vigentes, y reforzar la cooperación mundial entre países de origen, tránsito y destino;

2.  Pide a la Comisión, a los Estados miembros, al Servicio Europeo de Acción Exterior, a Europol y a Eurojust que reconozcan que los delitos contra las especies silvestres constituyen una amenaza grave y cada vez mayor y que los aborden con la mayor urgencia posible; hace hincapié en la necesidad de planteamientos globales y coordinados entre los diferentes ámbitos políticos, como el comercio, el desarrollo, las relaciones exteriores, el transporte y el turismo, y la justicia y los asuntos de interior;

3.  Subraya que la identificación y asignación de recursos financieros y humanos adecuados resulta esencial para la aplicación del plan de acción; hace hincapié en la necesidad de asignar recursos financieros adecuados en el presupuesto de la Unión y en los presupuestos nacionales para garantizar una aplicación efectiva del plan;

4.  Reconoce la importancia del plan de acción, si bien subraya que este no incluye disposiciones suficientes para las especies acuáticas;

5.  Insiste en la plena y pronta aplicación de todos los elementos del plan de acción que reflejan la urgente necesidad de poner fin a prácticas ilegales e insostenibles e impedir un mayor declive de las especies; pide a la Comisión que facilite, por escrito, al Parlamento y al Consejo actualizaciones anuales sobre su aplicación, y que establezca un mecanismo detallado permanente de seguimiento y evaluación para medir los avances realizados, incluidas las acciones llevadas a cabo por los Estados miembros;

6.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que mejoren la protección de los hábitats de las especies objeto de captura y subraya que se debe garantizar una mayor protección para las zonas designadas como ecosistemas marinos vulnerables, las zonas marinas de importancia ecológica o biológica y los sitios de la red Natura 2000;

7.  Pide a la Comisión que cree una oficina específica para la coordinación contra el tráfico de especies silvestres, a semejanza del modelo utilizado para luchar contra la trata de seres humanos, con el fin de garantizar un esfuerzo concertado entre los diferentes servicios de la Comisión y los Estados miembros;

8.  Recuerda a la Comisión que también son muchas las especies acuáticas en peligro de extinción, lo que afectará a la sostenibilidad de muchos ecosistemas;

9.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que profundicen en el desarrollo de estudios científicos sobre las adaptaciones tecnológicas de los artes de pesca, a fin de evitar capturas accesorias, teniendo en cuenta que determinadas especies, incluidas las tortugas, están amenazadas tanto por las capturas accesorias como por el tráfico de animales silvestres;

Prevenir el tráfico de especies silvestres y atacar sus causas profundas

10.  Pide que la Unión, los terceros países, los interlocutores sociales y la sociedad civil lleven a cabo campañas específicas y coordinadas de sensibilización con miras a reducir la demanda relacionada con el comercio ilegal de productos de especies silvestres a través de un cambio, real y duradero, en el comportamiento individual y colectivo; reconoce el papel que pueden desempeñar las organizaciones de la sociedad civil en el respaldo al plan de acción;

11.  Pide a la Unión que apoye iniciativas que fomenten medios de vida alternativos sostenibles para las comunidades rurales que viven cerca de especies silvestres, a fin de aumentar los beneficios locales derivados de las medidas de conservación, reducir al mínimo los conflictos entre los seres humanos y las especies silvestres y promover la vida silvestre como una valiosa fuente de ingresos para la comunidad; considera que esas iniciativas, si se adoptan en consulta con las comunidades en cuestión, incrementarán el apoyo a la conservación y contribuirán a la recuperación, conservación y gestión sostenible de las poblaciones de especies silvestres y sus hábitats;

12.  Subraya que la protección de las especies silvestres debe constituir un elemento clave en las estrategias de la Unión de reducción de la pobreza en el mundo y pide que, en los diferentes acuerdos de cooperación negociados con terceros países, se incluyan medidas que permitan a las comunidades locales beneficiarse directamente de la participación en la protección de las especies silvestres;

13.  Recuerda a la Comisión que el tráfico ilegal de especies acuáticas afecta también al desarrollo económico de las comunidades costeras y a la sostenibilidad ambiental de nuestras aguas;

14.  Pide a la Unión que, con carácter urgente, aborde la corrupción y las carencias de las medidas en materia de gobernanza internacional en toda la cadena del tráfico de especies silvestres; pide a la Unión y a sus Estados miembros que entablen un diálogo con los países socios a través de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y de otros foros con miras a hacer frente al problema en los mercados de origen, de tránsito y de destino; pide a todos los Estados miembros que cumplan plenamente y apliquen de forma efectiva las disposiciones de esta Convención; acoge con satisfacción el compromiso internacional de lucha contra la corrupción en el marco del apartado 10 de la Resolución 69/314 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de julio de 2015;

15.  Reconoce la necesidad de prestar asistencia, orientación y formación a las autoridades de los países de origen, tránsito y destino acerca de la investigación, la observancia de la legislación y los procedimientos judiciales en los ámbitos local, regional y nacional; subraya la necesidad de una coordinación eficiente de estos esfuerzos entre todas las agencias relacionadas con esta tarea; pide a la Unión que apoye el intercambio de buenas prácticas y permita que se ofrezcan equipos y conocimientos especializados cuando sean necesarios;

16.  Toma nota de las Conclusiones del Consejo, de 20 de junio de 2016, sobre el plan de acción de la UE contra el tráfico de especies silvestres, en las que se reconoce que los delitos contra las especies silvestres constituyen una grave y creciente amenaza para la biodiversidad y el medio ambiente, pero también para la seguridad mundial, el Estado de Derecho, los derechos humanos y el desarrollo sostenible; lamenta profundamente la falta de compromisos claros por parte de los Estados miembros; hace hincapié en el papel decisivo de los Estados miembros en la aplicación completa y coherente del plan de acción a escala nacional y en la consecución de los objetivos fijados en él;

17.  Insta a los Gobiernos de los países de origen a que: i) mejoren el Estado de Derecho y creen elementos de disuasión eficaces mediante el refuerzo de la investigación, el enjuiciamiento y las sanciones en materia penal; ii) apliquen leyes más restrictivas que tipifiquen el tráfico ilícito de especies silvestres como «delito grave» que merezca el mismo nivel de atención e importancia que otras formas de delincuencia organizada transnacional; iii) asignen más recursos a combatir los delitos contra las especies silvestres, en particular a reforzar la observancia de la legislación en la materia, los controles del comercio, la vigilancia y la detección e incautación aduaneras; iv) se comprometan a una política de tolerancia cero en materia de corrupción;

Aplicación y cumplimiento más efectivos

18.  Pide a los Estados miembros que establezcan planes de acción nacionales sobre el tráfico de especies silvestres en los que se detallen las políticas para hacer cumplir la legislación y las sanciones, y que publiquen e intercambien la información sobre incautaciones y detenciones por delitos relacionados con especies silvestres, a fin de garantizar la coherencia y un enfoque armonizado entre los Estados miembros; respalda la creación de un mecanismo para facilitar a la Comisión datos periódicos e información actualizada sobre las incautaciones y las detenciones en los Estados miembros y para promover el intercambio de buenas prácticas;

19.  Insiste en la importancia de la plena aplicación y cumplimiento de la reglamentación de la Unión sobre el comercio de especies silvestres;

20.  Propone que las sanciones por el tráfico de especies silvestres, en particular en zonas con ecosistemas marinos vulnerables o incluidas en la red Natura 2000, sean lo suficientemente severas como para disuadir a los delincuentes potenciales;

21.  Insta a los Estados miembros a que garanticen que los cuerpos y fuerzas de seguridad, fiscalías y sistemas judiciales nacionales disponen de los recursos financieros y humanos necesarios y los conocimientos especializados adecuados para combatir los delitos contra las especies silvestres; anima decididamente a la Comisión y a los Estados miembros a que incrementen sus esfuerzos para formar y sensibilizar a todos los organismos e instituciones pertinentes;

22.  Celebra los esfuerzos de la Red de la Unión Europea para la aplicación y el cumplimiento de la legislación en materia de medio ambiente (IMPEL), la Red Europea de Fiscales de Medio Ambiente (ENPE), el Foro Europeo de Jueces para el Medio Ambiente (EUFJE) y la red de agentes de policía contra la delincuencia medioambiental (EnviCrimeNet);

23.  Toma nota de la inclusión del comercio ilegal de especies silvestres en la Agenda Europea de Seguridad para 2015-2020, que reconoce que dicho comercio constituye una amenaza para la biodiversidad de las regiones de origen, el desarrollo sostenible y la estabilidad regional;

24.  Propone que los Estados miembros inviertan los ingresos procedentes de las multas impuestas debido al tráfico en la protección y la conservación de la fauna y flora silvestres;

25.  Pide un cambio radical en la recogida de inteligencia, la actividad legislativa y el control de la observancia de la legislación, así como en la lucha contra la corrupción en relación con el tráfico de especies silvestres en los Estados miembros de la Unión y otros países de tránsito y destino; pide, por tanto, a la Comisión que otorgue la máxima atención a los aspectos administrativos y de seguimiento de la observancia de las normas internacionales en materia de tráfico de especies silvestres;

26.  Destaca que la armonización de las políticas y de los marcos jurídicos en lo que respecta a los delitos contra las especies silvestres es especialmente importante para evitar la «migración» de las redes de delincuentes dedicadas al tráfico de estas especies;

27.  Subraya la necesidad de lograr una mejor cooperación entre organismos y de que los organismos encargados de aplicar y hacer cumplir la legislación a escala nacional y de la Unión compartan información de manera funcional y oportuna; pide la creación de redes estratégicas para el control de la observancia de la aplicación en el ámbito de la Unión y de los Estados miembros con el fin de facilitar y mejorar dicha cooperación; pide a los Estados miembros que establezcan unidades de lucha contra los delitos contra las especies silvestres para facilitar la aplicación en los distintos organismos;

28.  Pide a los Estados miembros que, de forma continuada, faciliten a Europol los datos e inteligencia pertinentes; insta a Europol a que tenga en cuenta los delitos contra las especies silvestres en la Unión en la próxima evaluación de la amenaza que representan la delincuencia organizada y las formas graves de delincuencia internacional (SOCTA); aboga por la creación de una unidad especializada en los delitos contra las especies silvestres dentro de Europol, con poderes y responsabilidades transnacionales y suficientes recursos humanos y financieros, que permita centralizar la información y los análisis y coordinar las estrategias para velar por la observancia de la legislación y las investigaciones;

29.  Pide a la Comisión que promueva el sistema EU-TWIX como un instrumento probado y de buen funcionamiento para que los Estados miembros compartan datos e información y que le garantice un compromiso financiero a largo plazo; cree que las organizaciones de la sociedad civil pueden desempeñar un papel importante en la vigilancia del cumplimiento y en la denuncia de los delitos contra las especies silvestres; pide una mayor cooperación de la Unión y de los Estados miembros para respaldar esos esfuerzos de las ONG;

30.  Señala los vínculos existentes entre la delincuencia dedicada al tráfico de las especies silvestres y otras formas de delincuencia organizada, tales como el blanqueo de capitales y la financiación de milicias y grupos terroristas, y considera prioritaria la cooperación internacional para la lucha contra los flujos financieros ilícitos; pide a la Unión y a los Estados miembros que utilicen todos los instrumentos pertinentes, incluida la cooperación con el sector financiero, y que hagan un seguimiento y lleven a cabo una investigación de los efectos de las prácticas y los productos financieros emergentes relacionados con esta actividad;

31.  Insta a los Estados miembros a que apliquen plenamente las disposiciones de la Directiva 2008/99/CE relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal y establezcan niveles adecuados de sanciones para los delitos contra las especies silvestres; expresa su preocupación ante el hecho de que algunos Estados miembros aún no estén aplicando plenamente la Directiva y pide a la Comisión que evalúe la aplicación en cada Estado miembro, en particular en términos de sanciones, y que proporcione directrices; pide a la Comisión que lleve a cabo una revisión de la Directiva 2008/99/CE, en particular en relación con su eficacia en la lucha contra los delitos que afectan a las especies silvestres, dentro del plazo establecido en la Agenda Europea de Seguridad, y que elabore una propuesta para revisarla como proceda; pide a la Comisión que adopte medidas con vistas al establecimiento y aplicación de normas mínimas comunes relativas a la definición de las infracciones penales y de las sanciones en el ámbito del tráfico de especies silvestres, de conformidad con el artículo 83, apartado 1, del TFUE, al tratarse de una delincuencia de especial gravedad de dimensión transfronteriza;

32.  Opina que debe darse más relieve a la dimensión aduanera del plan de acción en lo que respecta a la cooperación con los países socios y también a la ejecución mejor y más eficaz en el seno de la Unión; aguarda con interés, por lo tanto, el examen de 2016 por la Comisión de la aplicación y el cumplimiento del vigente marco jurídico de la Unión, y pide que dicho examen incorpore la evaluación de los procedimientos aduaneros;

33.  Insta a los Estados miembros a que apliquen de modo eficaz y respeten la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC) como base para la acción internacional y la asistencia jurídica mutua y como un paso fundamental hacia un enfoque común en la lucha contra los delitos contra las especies silvestres; lamenta profundamente, en este sentido, que once Estados miembros no estén aplicando todavía dicha Convención; pide a los Estados miembros en cuestión que apliquen la Convención lo antes posible;

34.  Considera que la lucha contra los delitos relacionados con las especies silvestres requiere sanciones penales coherentes, eficaces y disuasorias; insta a los Estados miembros a que tipifiquen el tráfico de especies silvestres como delito grave de conformidad con el artículo 2, letra b), de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional;

35.  Reconoce la necesidad de orientaciones en materia de enjuiciamiento y condena para los tribunales y los fiscales de los Estados miembros, así como la necesidad de formación de los cuerpos de aduanas y policiales en los puntos de entrada a la Unión; considera que debe seguirse el modelo del programa mundial para jueces del PNUMA y de la asociación Iniciativa Aduanas Verdes;

36.  Pide a la Comisión, a las agencias pertinentes de la Unión y a los Estados miembros que reconozcan la magnitud del tráfico de especies silvestres en línea y que refuercen las capacidades en las unidades de delitos contra el medio ambiente y en las aduanas, la coordinación con las unidades de ciberdelincuencia y la cooperación con las organizaciones de la sociedad civil para garantizar que existen canales para activar la asistencia de las unidades transfronterizas especializadas en ciberdelincuencia;

37.  Pide a los Estados miembros y a la Comisión que colaboren con los operadores de plataformas de medios sociales de comunicación, los motores de búsqueda y las plataformas de comercio electrónico en lo que respecta al problema del comercio ilegal en internet de especies silvestres; pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen las medidas de control y desarrollen políticas para abordar actividades potencialmente ilegales en internet; pide en este sentido a la Comisión que elabore directrices sobre el modo de abordar a escala de la Unión el problema de los delitos en línea contra las especies silvestres;

38.  Pide a los organismos de la Unión y de los Estados miembros encargados de velar por la observancia de la legislación que identifiquen y realicen un seguimiento de los patrones de otras formas de delincuencia organizada grave, como la trata de personas, para ayudar en las actividades de prevención y la investigación de irregularidades en la cadena de suministro a la hora de atajar el tráfico de especies silvestres, como, por ejemplo, envíos y transacciones financieras sospechosos;

39.  Acoge con satisfacción el hecho de que la Unión participase en la CoP 17 por primera vez como parte en la CITES y se congratula de que la Unión y los Estados miembros demuestren una gran dedicación y ofrezcan importante apoyo financiero a la CITES;

40.  Celebra el proceso de revisión por parte de expertos del PNUMA, para tratar de establecer una definición universalmente reconocida de delito contra el medio ambiente; observa, en este sentido, que los límites legales entre los distintos tipos de delitos contra el medio ambiente a menudo no están claros, lo que puede reducir las oportunidades para su enjuiciamiento y castigo eficaces;

Fortalecimiento de la asociación mundial

41.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que intensifiquen el diálogo y la cooperación con los países de origen, tránsito y destino en la cadena de suministro del tráfico de especies silvestres, y que les proporcionen asistencia técnica y económica y apoyo diplomático; opina que la Unión debe actuar a escala internacional para apoyar a terceros países en la lucha contra el tráfico de especies silvestres y contribuir a profundizar en el desarrollo del marco jurídico pertinente mediante acuerdos bilaterales y multilaterales;

42.  Destaca que la corrupción generalizada, las insuficiencias institucionales, la erosión del Estado, la mala gestión y las sanciones demasiado leves para los delitos contra las especies silvestres constituyen retos importantes que deben abordarse si se quiere combatir de manera eficaz el tráfico transnacional de especies silvestres; insta a la Unión a que respalde a los países en desarrollo en sus esfuerzos por reducir los incentivos a la caza furtiva, aumentando las oportunidades económicas y promoviendo la buena gobernanza y el Estado de Derecho;

43.  Pide a las instituciones de la Unión, a los Estados miembros y a todos los Estados afectados que investiguen de manera más sistemática los vínculos entre el tráfico de especies silvestres y los conflictos regionales y el terrorismo;

44.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que establezcan un fondo fiduciario o un instrumento similar de conformidad con el artículo 187 del Reglamento Financiero revisado aplicable al presupuesto general de la Unión, con el objetivo de salvaguardar las zonas protegidas y luchar contra el tráfico y la caza furtiva de especies silvestres como parte del plan de acción contra el tráfico de especies silvestres;

45.  Pide a la Unión que aumente su apoyo financiero y técnico, prestado mediante el Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD) y el Fondo Europeo de Desarrollo (FED), para ayudar a los países en desarrollo en la aplicación de la legislación nacional sobre las especies silvestres con arreglo a las recomendaciones de la CITES, en especial para aquellos que no tienen recursos suficientes para hacer cumplir la legislación y perseguir a los traficantes;

46.  Pide a la Comisión que considere la financiación en el marco del Instrumento de Asociación para las iniciativas destinadas a reducir la demanda de productos ilícitos de especies silvestres en mercados clave, en consonancia con la prioridad 1 del plan de acción; resalta que, a tal fin, la participación de la sociedad civil en las estructuras de seguimiento en el marco de los capítulos de comercio y desarrollo sostenible de los acuerdos comerciales de la Unión puede realizar una contribución significativa;

47.  Destaca la importancia de tratar, en el marco de la asociación estratégica UE-China, la cuestión delicada de la creciente demanda de productos de especies silvestres, como el marfil de elefante, los cuernos de rinoceronte y los huesos de tigre, que supone una verdadera amenaza para la conservación de las especies afectadas y para la biodiversidad en general;

48.  Pide a la Comisión que incluya capítulos obligatorios y ejecutivos en materia de desarrollo sostenible en todos los acuerdos y negociaciones comerciales de la Unión, con referencia específica a que se frene el comercio ilegal de especies silvestres en todos los sectores económicos, y pide a la Comisión que incluya un análisis de estas disposiciones en sus informes de aplicación; insta a la Comisión a que haga hincapié en la aplicación de la CITES y en las medidas contra los delitos contra las especies silvestres en el régimen de comercio SPG+;

49.  Observa que la corrupción es uno de los principales factores que facilitan y contribuyen al comercio ilegal de especies y productos silvestres; manifiesta su satisfacción por el compromiso de la Comisión, realizado en el marco de su estrategia titulada «Comercio para todos», de incluir disposiciones anticorrupción ambiciosas a fin de luchar contra el impacto directo e indirecto de la corrupción y del tráfico de especies silvestres en todos los acuerdos comerciales futuros; pide, por tanto, que la Comisión preste la máxima atención a los aspectos administrativos y de seguimiento de la observancia de las normas internacionales en materia de tráfico de especies silvestres;

50.  Pide a la Unión que estudie, dentro del marco de la OMC, la mejor forma de que los regímenes comerciales y medioambientales mundiales se apoyen mutuamente, en especial en el contexto de la labor permanente en materia de fortalecimiento de la coherencia entre la OMC y los acuerdos medioambientales multilaterales y teniendo en cuenta el acuerdo sobre facilitación del comercio, que ofrece nuevas oportunidades para la cooperación entre las autoridades competentes en materia de aduanas, en materia de especies silvestres y en materia de comercio, en particular en los países en desarrollo; considera que han de explorarse nuevas oportunidades de cooperación entre la OMC y la CITES, en particular acerca de la prestación de asistencia técnica y la creación de capacidades sobre comercio y medio ambiente a funcionarios de países en desarrollo;

51.  Subraya el papel crucial que desempeña la cooperación internacional de todas las organizaciones de la cadena coercitiva; pide a la Unión y a los Estados miembros que continúen apoyando el Consorcio Internacional para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre (ICCWC); acoge con satisfacción todo refuerzo de este apoyo, también mediante la dotación de recursos financieros y conocimientos especializados, con el objetivo de facilitar la creación de capacidades y promover el intercambio de información e inteligencia, y el apoyo a la garantía de la aplicación y el cumplimiento de la normativa; pide a la Comisión que utilice los indicadores del ICCWC para evaluar la eficacia de la financiación de la Unión a terceros países en apoyo de acciones contra el tráfico de especies silvestres y facilitar una evaluación uniforme y fiable de la financiación en favor del desarrollo;

52.  Acoge con satisfacción las operaciones policiales internacionales, como la operación Cobra III, que procuran importantes incautaciones de productos ilegales de especies silvestres y detenciones de traficantes, y proporcionan una mayor visibilidad pública del tráfico de especies silvestres como un tipo de delincuencia organizada grave;

53.  Pide a los Estados miembros que refuercen el presupuesto de la CITES, a fin de que la organización pueda ampliar su actividad de seguimiento y la designación de especies; lamenta, en este sentido, que seis Estados miembros aún tengan pagos pendientes a la CITES de los años 1992 a 2015;

54.  Acoge asimismo con satisfacción el hecho de que el plan de acción de la Unión preste una importante contribución a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible acordada por los Jefes de Estado en una cumbre de las Naciones Unidas en septiembre de 2015;

La Unión como mercado de destino y punto de origen y de tránsito

55.  Señala que la CITES, el Reglamento de la Unión sobre la madera y el marco normativo de la Unión en materia de pesca INDNR son instrumentos importantes para regular el comercio internacional de especies silvestres; manifiesta, no obstante, su preocupación, por la falta de aplicación y cumplimiento adecuados y pide a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos conjuntos y coordinados para garantizar la aplicación y el cumplimiento eficaces de la legislación; se muestra asimismo preocupado ante las lagunas en el actual marco reglamentario con respecto a especies y agentes; pide, por tanto, a la Unión que revise el marco legislativo vigente con objeto de completarlo con una prohibición de la comercialización y la introducción en el mercado, el transporte, la adquisición y la tenencia de especies silvestres obtenidas o comercializadas ilegalmente en terceros países; considera que una legislación de este tipo podría armonizar el actual marco de la Unión y que el impacto transnacional de esta legislación podría desempeñar un papel clave para reducir el tráfico mundial de especies silvestres; subraya, en este sentido, que esa legislación debe establecer plena transparencia sobre cualquier prohibición de comercio de especies sobre la base de su condición de ilegal en un tercer país a fin de garantizar la seguridad jurídica para los que participan en el comercio legal;

56.  Subraya que la caza de trofeos ha contribuido a declives a gran escala de especies amenazadas incluidas en los Apéndices I y II de la CITES, e insta a la Comisión y a los Estados miembros a que adopten un enfoque de precaución para la importación de trofeos de caza procedentes de especies protegidas en virtud de la reglamentación de la Unión sobre el comercio de especies silvestres, a que apoyen el refuerzo adicional de las disposiciones jurídicas de la Unión por las que se rige la importación de trofeos de caza a los Estados miembros de la Unión, y a que exijan permisos para la importación de trofeos de todas las especies recogidas en el anexo B del Reglamento (CE) n.º 338/97;

57.  Acoge con satisfacción la Declaración del Palacio de Buckingham de 2016, en la que firmantes procedentes de líneas aéreas, compañías de navegación, operadores portuarios, organismos de aduanas, organizaciones intergubernamentales y organizaciones benéficas dedicadas a la conservación se comprometen a elevar las normas en el sector del transporte, prestando atención al intercambio de información, la formación del personal, las mejoras tecnológicas y los recursos compartidos en las empresas y organizaciones de todo el mundo; insta a todas las partes a que apliquen por completo los compromisos de la Declaración; insta a los Estados miembros a que promuevan en otros ámbitos compromisos voluntarios similares a los de dicha Declaración, en particular en el sector financiero y en el del comercio electrónico;

58.  Pide la prohibición total e inmediata a escala europea del comercio, la exportación o la reexportación en la Unión y a destinos fuera de la Unión de marfil, incluido el marfil preconvención, y cuernos de rinoceronte; pide que se establezca un mecanismo para evaluar la necesidad de restricciones similares para las demás especies amenazadas de extinción;

59.  Observa que el Reglamento de la Unión para prevenir, desalentar y eliminar la pesca INDNR ha tenido repercusiones, pero insiste en que su aplicación debe ser más rigurosa para garantizar que el pescado procedente de la pesca ilegal no entre en el mercado europeo; propone que los Estados miembros de la Unión sean más coherentes y eficaces al controlar la documentación relativa a las capturas (certificados de captura) y las partidas (en particular las procedentes de países considerados de alto riesgo) para garantizar que el pescado se haya capturado legalmente;

60.  Destaca la importancia de la participación del sector privado en la lucha contra el tráfico de especies silvestres mediante la autorregulación y la responsabilidad social de las empresas; considera la trazabilidad en la cadena de suministro como un elemento esencial para unos intercambios legales y sostenibles, sean comerciales o no comerciales; hace hincapié en la necesidad de la cooperación y la coordinación a escala internacional, así como entre los sectores público y privado, y pide a la Unión que refuerce los actuales instrumentos de control, incluido el uso de mecanismos de trazabilidad; considera que el sector del transporte debe desempeñar un papel crucial, por ejemplo a través de la aplicación de un sistema de detección y de alerta rápida; observa el importante papel que pueden desempeñar las asociaciones público-privadas a este respecto;

61.  Pide que, además de los controles fronterizos previstos en el Reglamento (CE) n.º 338/97, los Estados miembros introduzcan un control, en el interior del país, con verificaciones regulares de comerciantes y titulares de autorizaciones tales como tiendas de mascotas, criadores, centros de investigación y viveros, y que incluyan el seguimiento de actividades como la moda, el arte, la medicina y la restauración, que pueden hacer un uso de partes de plantas y animales de origen ilegal;

62.  Pide a los Estados miembros que garanticen la confiscación inmediata de los especímenes incautados y la atención y el realojamiento de los especímenes vivos incautados o confiscados en centros de rescate adecuados para cada especie; pide a la Comisión que facilite directrices para garantizar que todos los centros de rescate de especies silvestres usados por los Estados miembros reúnen las condiciones adecuadas; pide además a la Unión y a los Estados miembros que velen por una adecuada financiación de los centros de rescate;

63.  Pide a los Estados miembros que adopten planes nacionales para la manipulación de los especímenes confiscados vivos, de conformidad con el anexo 3 de la Resolución Conf. de la CITES (Rev. CoP 15); subraya que los Estados miembros deben señalar a EU-TWIX todos los especímenes vivos incautados y publicar un informe con un resumen anual, así como garantizar que la formación de las fuerzas policiales incluya consideraciones relativas al bienestar y la seguridad en la manipulación de animales vivos; pide a la Unión y a los Estados miembros que asignen ayuda financiera adecuada a los centros de rescate de especies silvestres;

64.  Pide a los Estados miembros que estudien sistemas de «listas positivas» de especies, por el que especies exóticas se evalúen objetivamente y en función de criterios científicos respecto de su seguridad e idoneidad para el comercio y para su mantenimiento como animales de compañía;

o
o   o

65.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0031.
(2) DO L 75 de 19.3.2015, p. 1.
(3) DO L 295 de 12.11.2010, p. 23.
(4) DO L 286 de 29.10.2008, p. 1.
(5) DO L 181 de 29.6.2013, p. 1.
(6) DO L 77 de 24.3.2009, p. 1.
(7) DO L 328 de 6.12.2008, p. 28.
(8) DO L 94 de 9.4.1999, p. 24.
(9) DO L 20 de 26.1.2010, p. 7.
(10) DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.


Nuevas oportunidades para las pequeñas empresas de transporte
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Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de noviembre de 2016, sobre nuevas oportunidades para las pequeñas empresas de transporte, incluidos los modelos de negocio colaborativos (2015/2349(INI))
P8_TA(2016)0455A8-0304/2016

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 5, apartado 3,

–  Visto el Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad,

–  Visto el Libro Blanco de la Comisión titulado «Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por una política de transportes competitiva y sostenible» (COM(2011)0144),

–  Vista su Resolución, de 9 de septiembre de 2015, sobre la aplicación del Libro Blanco de 2011 sobre el transporte: hacer balance y avanzar hacia una movilidad sostenible(1),

–  Vista la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas,

–  Visto el informe anual sobre las pymes europeas 2014/2015,

–  Vistas las Comunicaciones de la Comisión tituladas «"Pensar primero a pequeña escala" "Small Business Act" para Europa: iniciativa en favor de las pequeñas empresas» (COM(2008)0394) y «Revisión de la "Small Business Act" para Europa» (COM(2011)0078),

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Una Agenda Europea para la economía colaborativa» (COM(2016)0356 final);

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Estrategia europea a favor de la movilidad de bajas emisiones» (COM(2016)0501),

–  Vista su Resolución, de 5 de febrero de 2013, sobre la mejora del acceso de las PYME a la financiación(2),

–  Vista su Resolución, de 19 de mayo de 2015, sobre las oportunidades de crecimiento ecológico para las pymes(3),

–  Vistos el instrumento para pymes y los instrumentos InnoSup, COSME, «Tu Europa — Empresa», las acciones piloto correspondientes a la Vía rápida hacia la innovación y las posibilidades de creación de redes del programa Horizonte 2020,

–  Vistas la Directiva sobre el comercio electrónico (2000/31/EC) y la Directiva de servicios (2006/123/CE),

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Una Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa» (COM(2015)0192),

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Mejorar el mercado único: más oportunidades para los ciudadanos y las empresas» (COM(2015)0550),

–  Visto el Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) creado mediante el Reglamento (UE) n.º 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013(4),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Transportes y Turismo y la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A8-0304/2016),

A.  Considerando que las pymes son el motor principal de la economía europea y que representan, según las cifras de 2014, el 99,8 % de todas las empresas del sector no financiero, y suman 2 de cada 3 puestos de trabajo;

B.  Considerando que las pymes que han creado empleo en los últimos años proceden sobre todo del sector terciario;

C.  Considerando que las pequeñas empresas de transporte desempeñan un papel fundamental en el buen funcionamiento de la movilidad en Europa, pero a menudo experimentan dificultades para acceder al mercado o para mantenerse en él, sobre todo debido a la presencia de monopolios en dicho mercado;

D.  Considerando que las empresas pequeñas proporcionan un valor añadido especialmente en zonas aisladas y zonas densamente pobladas gracias a un excelente conocimiento del mercado local, la proximidad con el cliente y la agilidad y la capacidad para innovar; considerando, asimismo, que pueden ofrecer servicios a medida y son instrumentos para combatir la exclusión social, crear empleo, generar actividad económica, mejorar la gestión de la movilidad y contribuir al desarrollo del turismo (cuando los servicios de movilidad están directamente relacionados con la demanda de nuevos productos y experiencias por parte de los visitantes);

E.  Considerando que, para las personas o las mercancías, tanto la demanda como las condiciones de prestación de servicios de transporte varían considerablemente, y que la reducción de la movilidad no es una opción;

F.  Considerando que la organización del transporte en las grandes ciudades y en sus vías de acceso propicia la formación de congestiones y atascos, lo que supone una carga importante para la economía; que las pymes en el sector del transporte constituyen un complemento importante para la red de transporte público en los nodos urbanos, en particular durante las horas en que la frecuencia del transporte público es muy baja y en zonas periféricas que carecen de una red pública de transporte suburbano suficientemente desarrollada;

G.  Considerando que un estudio reciente de la Comisión muestra que el 17 % de los consumidores europeos ha utilizado los servicios que ofrece la economía colaborativa, y el 52 % conoce los servicios ofertados; que las expectativas de los consumidores son formas fácilmente accesibles y flexibles de utilización de los servicios de transporte y, al mismo tiempo, que los precios de los servicios se correspondan con los costes reales de su prestación, así como un acceso fácil a reservas de pasajes y un pago seguro por los servicios prestados;

H.  Considerando que la economía colaborativa en el sector del transporte puede fomentar de manera activa el desarrollo de una movilidad sostenible; que la autorregulación no es una solución y que es necesario un marco reglamentario adecuado;

I.  Considerando que la obligación de desarrollo sostenible y la revolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones han creado oportunidades y plantean desafíos sin precedentes para las empresas de todos los tamaños a la hora de responder a la creciente demanda de movilidad sostenible con las restricciones que imponen unas infraestructuras limitadas;

J.  Considerando que el crecimiento exponencial del número de dispositivos móviles inteligentes y la completa cobertura de la red de banda ancha de alta velocidad han creado para los prestadores de servicios de transporte y sus clientes nuevos instrumentos digitales que reducen los costes de transacción y restan importancia a la ubicación física de los prestadores de servicios, ya que les permiten estar extensamente conectados para prestar servicios, no solo en el ámbito regional, sino también en el mundial, a través de la redes digitales y también desde zonas remotas;

K.  Considerando que los avances tecnológicos, los nuevos modelos de negocio y la digitalización han transformado el sector del transporte significativamente en los últimos años, y que han tenido repercusiones significativas en los modelos tradicionales de negocio y en las condiciones de trabajo y de empleo en dicho sector; y que, por una parte, se ha registrado una apertura en el sector del transporte y, por otra, las condiciones de trabajo han empeorado en numerosas ocasiones como consecuencia de la crisis económica y, en algunos casos, de una aplicación insuficiente de la reglamentación vigente;

L.  Considerando que el sector del transporte engloba no solo a los prestadores directos de servicios de transporte, sino también a las pymes que ofrecen servicios como mantenimiento de vehículos, venta de piezas de repuesto, formación del personal y alquiler de vehículos y de equipos; que tiene un enorme potencial de creación de empleo en relación con estas actividades, incluido empleo para personas altamente cualificadas; y que las políticas relacionadas con el sector del transporte deben tener en cuenta los intereses de toda la cadena de valor;

M.  Considerando que solo el 1,7 % de las empresas de la Unión hacen pleno uso de las tecnologías digitales avanzadas, mientras que el 41 % no las utilizan en absoluto; y que la digitalización de todos los sectores es un factor esencial para mantener y mejorar la competitividad de la Unión;

N.  Considerando que la flexibilidad y facilidad de entrada inherentes a la economía colaborativa pueden brindar oportunidades de empleo a los grupos que tradicionalmente se ven excluidos del mercado laboral, en particular las mujeres, los jóvenes y los migrantes;

O.  Considerando que los servicios de transporte son una vía adecuada para trabajar por cuenta propia y fomentar una cultura emprendedora;

P.  Considerando que las plataformas en línea de los servicios de transporte pueden brindar la posibilidad de establecer una relación rápida entre las solicitudes de prestación de servicios de los consumidores, por una parte, y la oferta de mano de obra por parte de empresas registradas o de los trabajadores, por otra;

Q.  Considerando que la OCDE estima que el empleo de calidad es un factor esencial de los esfuerzos para atajar el elevado nivel de desigualdad y promover la cohesión social;

I. Retos para las pequeñas empresas de transporte

1.  Considera que las empresas de transportes se enfrentan a importantes desafíos con objeto de responder a una demanda de movilidad creciente dentro de los límites que imponen unas infraestructuras limitadas y unos requisitos medioambientales cada vez mayores; señala que todas las empresas de transporte reciben presiones para ofrecer soluciones seguras, sostenibles y muy competitivas que sean responsables desde un punto de vista ambiental, en el marco de la COP 21, y, al mismo tiempo, limiten la congestión, pero que para las empresas pequeñas es más difícil y costoso hacer frente a estas presiones;

2.  Resalta que un cambio demasiado frecuente de las normas de emisión de los vehículos puede ocasionar especiales dificultades a las pequeñas empresas de transporte, dados los plazos de amortización de las flotas de vehículos;

3.  Destaca la complejidad del sector del transporte, caracterizado por una gobernanza multinivel (local, nacional, europeo y mundial) que permanece en gran medida compartimentado según los modos de transporte; señala que este sector está sujeto a una regulación estricta, en particular en lo que se refiere al acceso a la profesión, al desarrollo, la utilización y la comercialización de los servicios de transporte (derechos exclusivos, número máximo de licencias) y a las subvenciones; hace hincapié en que la protección y la seguridad revisten una importancia crucial en el sector de los transportes, pero lamenta que, entre otros factores, en ocasiones se utilicen indebidamente como barreras artificiales;

4.  Pide a los Estados miembros que pongan fin al exceso de regulación, que a menudo se asocia a un afán de proteccionismo y corporativismo y que conduce a la fragmentación, la creciente complejidad y la rigidez del mercado interior, y al mismo tiempo aumenta las desigualdades; considera útil para los Estados miembros evitar la diversidad de respuestas ante la legalidad de las plataformas en línea y, con ello, la adopción de medidas unilaterales injustificadas; pide a los Estados miembros que cumplan y apliquen plenamente la Directiva 2000/31/CE sobre el comercio electrónico y la Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios; afirma que la libre circulación de los prestadores de servicios y la libertad de establecimiento, consagradas en los artículos 56 y 49 del TFUE respectivamente, son cruciales para la realización de la dimensión europea de los servicios y, por consiguiente, del mercado interior;

5.  Subraya que la actual incertidumbre jurídica relativa a la definición de prestadores de servicios en el sector del transporte impide la creación de una competencia leal, y lamenta las dificultades que experimentan numerosas empresas pequeñas para acceder al mercado nacional e internacional y desarrollar u ofrecer nuevos servicios; pone de relieve que lo anterior obstaculiza el acceso de las pymes a este sector;

6.  Considera que el Reglamento (CE) n.º 1072/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo debe mejorarse para dar solución a las graves perturbaciones que se produjeron en los mercados nacionales de transporte de varios Estados miembros tras su introducción;

7.  Acoge favorablemente las nuevas oportunidades que ofrecen las pequeñas empresas de transporte y los nuevos modelos de negocio colaborativos, al tiempo que lamenta las prácticas contrarias a la competencia que son el resultado de una aplicación desigual de la normativa de la Unión en los Estados miembros, en particular por lo que atañe a los salarios y los sistemas de seguridad social, que puede llevar a graves distorsiones como el dumping social y generar desafíos en materia de seguridad;

8.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que fortalezcan el cumplimiento de la ley; considera que cualquier modificación de la legislación relativa a las condiciones sociales y de trabajo debe respetar todas las libertades fundamentales de la Unión sin restringir la competencia leal basada en ventajas competitivas objetivas, y no debe generar más cargas administrativas ni costes adicionales para las pequeñas empresas de transporte;

9.  Observa que las pequeñas empresas de transporte deben invertir no solo para ajustarse al Derecho aplicable sino también para seguir siendo competitivas (por ejemplo, centrándose en las nuevas tecnologías); lamenta que, por un lado, en comparación con lo que sucede en las grandes empresas, su acceso al crédito y su financiación en el mercado siguen siendo limitados a pesar de las medidas de expansión cuantitativa y, por otro, las ayudas financieras públicas, en particular las europeas, se movilizan con poca frecuencia, debido a procedimientos administrativos demasiado complejos y dilatados; destaca la importancia de prever la difusión de información y proporcionar asistencia a las pequeñas empresas solicitantes en el marco del Fondo Europeo de Inversiones;

10.  Señala que, en el contexto de la creciente urbanización, el transporte debe organizarse en una manera cada vez más integrada, digitalizada y multimodal, y que los nodos urbanos desempeñan un papel cada vez más relevante en la organización de la movilidad sostenible; destaca el impacto cada vez mayor de las aplicaciones de planificación de desplazamientos multimodales y el reto que supone para las pequeñas empresas ser tenidas en cuenta entre las ofertas disponibles en las aplicaciones y las carteras de servicios de transporte disponibles; subraya que la disponibilidad de internet gratuito para todos favorecería el uso compartido de los transportes y una planificación mejor de los desplazamientos;

11.  Constata que ante las dificultades económicas y la falta de recursos para el mantenimiento de la red capilar de transporte se están produciendo numerosos cierres de líneas secundarias en muchas regiones, principalmente aquellas peor comunicadas y con poca población; estima que la aparición de modelos de negocio colaborativos no puede en ningún modo justificar el abandono de servicios públicos de transporte en dichas regiones;

12.  Subraya la importancia para la movilidad urbana de los servicios de alquiler de vehículos ligeros como bicicletas o escúteres; considera que la gran mayoría de estas empresas son pymes; pide que se tome en consideración con mayor frecuencia el potencial de estos operadores a la hora de incrementar el nivel de movilidad urbana y de desarrollar un transporte urbano sostenible y eficiente energéticamente;

13.  Pide a los Estados miembros y a la Comisión que consideren la agrupación de las pequeñas empresas de transporte, lo que facilitaría la creación de una asociación entre ellas y ayudaría a los clientes a localizar los servicios de transporte deseados en función de sus necesidades;

14.  Pide a la Comisión que, a la hora de fijar las directrices sobre este asunto, tenga en consideración la dificultad de penetración de los nuevos modelos de negocio colaborativos en los entornos rural y no urbanos;

15.  Observa que el desarrollo de modelos de economía colaborativa puede optimizar el uso de los vehículos y de la infraestructura, lo que contribuye a responder de un modo más sostenible a la demanda de movilidad; toma nota de que la creciente utilización de los datos generados por los usuarios puede estar creando un valor añadido en la cadena de transporte; destaca, no obstante, que la concentración de datos en manos de solo algunas plataformas de intermediación puede perjudicar a una distribución equitativa de los beneficios y a la participación equilibrada en la inversión en infraestructuras, lo que tiene repercusiones directas para las pymes;

16.  Celebra que las plataformas de intermediación hayan introducido la idea de competir entre ellas, con los operadores existentes y con las estructuras corporativistas, y de debilitar los monopolios existentes y evitar la formación de otros; subraya que ello fomenta un mercado mucho más centrado en la demanda del consumidor y conduce a los Estados miembros a revisar la estructura del mercado; señala, sin embargo, que a menos que exista un marco jurídico adecuado y claro, las plataformas de intermediación, con su principio de «el ganador se queda con todo», crearán posiciones dominantes del mercado que perjudicarán a la diversidad del tejido económico;

17.  Llama la atención sobre las oportunidades y los retos (por ejemplo, podrían aparecer empresas pequeñas también en estos nuevos ámbitos) que plantea el desarrollo de vehículos conectados y de conducción automática (automóviles, buques, drones y trenes de carretera); insta, por tanto, a la Comisión a que presente una hoja de ruta sobre vehículos conectados y automatizados, y a que analice los efectos potenciales que un uso extendido de esta tecnología puede tener sobre el sector europeo del transporte, en especial para las pymes;

II. Recomendaciones: cómo convertir los retos en oportunidades

18.  Pide que prosigan los esfuerzos destinados a completar el espacio único de transporte europeo; considera que cualquier legislación que imponga nuevas exigencias a las empresas pequeñas, en especial en materia fiscal, social y medioambiental, debe ser proporcionada, simple y clara, no dificultar su desarrollo y reflejar cuando proceda las características regionales y nacionales de los distintos Estados miembros; estima que tal legislación debe ir acompañada de los incentivos necesarios (reglamentarios o financieros);

19.  Considera que el impulso a un sistema integrado de movilidad europeo coordinado es el mejor procedimiento para integrar adecuadamente a todas las empresas de todos los modos de transporte en una dinámica común en la que la digitalización y la promoción desde el propio sector del transporte de innovaciones es el mejor modo de garantizar a los clientes un solo sistema coherente y a los profesionales una mejor posición en la captura de valor;

20.  Considera que los servicios prestados por las pymes en el sector del transporte no siempre se ajustan lo suficiente a las necesidades de las personas mayores y con discapacidad; pide que todos los instrumentos y programas destinados a apoyar a estos operadores tengan en cuenta la necesidad de adaptar lo máximo posible los servicios de transporte a las necesidades de las personas con movilidad reducida;

21.  Señala que, ante la falta de inversiones en infraestructuras, todos los operadores que se benefician de su utilización deben contribuir, teniendo plenamente en cuenta todos los impuestos, tasas y derechos en vigor, así como las repercusiones negativas para el medio ambiente y la salud; insiste en la importancia, en el transporte por carretera, de internalizar las externalidades negativas y reservar ingresos para el uso de infraestructuras de transporte, también transfronterizo; reconoce, sin embargo, que ello podría plantear problemas específicos a las empresas pequeñas, incluidas las de las regiones ultraperiféricas, a los que conviene dar prioridad;

22.  Recuerda que el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) se creó para contribuir al desarrollo de proyectos basados en el mercado muy innovadores y, por consiguiente, considera que es un instrumento esencial para que las pymes del sector del transporte desarrollen nuevas soluciones de movilidad; pide a la Comisión y a los Estados miembros que agilicen su ejecución y aumenten la ayuda a las pymes y a las empresas emergentes cuando preparen estos proyectos;

23.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten las medidas adecuadas para combatir las prácticas contrarias a la competencia de los grandes grupos integrados con el fin de acabar con la discriminación y las restricciones de acceso al mercado, con independencia del tamaño de las empresas, en especial en lo relativo a nuevos modelos de negocio; aboga por el diálogo y por mejores relaciones, especialmente en mercados nuevos y potenciales, entre transportistas y clientes, así como por una solución al problema de los falsos autónomos;

24.  Pide que las pymes se incorporen al proyecto de creación de un sistema europeo integrado de pasajes; opina que la efectividad de este sistema dependerá de que este incluya el mayor número posible de empresas y operadores de servicios de transporte; considera que el intercambio de información y experiencias entre operadores grandes y pymes puede producir sinergias sumamente ventajosas para el diseño de una red de transporte efectiva en Europa;

25.  Pide que, con vistas a lograr una mayor transparencia, se revisen y armonicen las normas relativas al acceso a las profesiones y las actividades reguladas en Europa y los controles correspondientes, para que los nuevos operadores y servicios vinculados a las plataformas digitales y a la economía colaborativa puedan desarrollarse en un entorno empresarial favorable, incluida una mayor transparencia con respecto a las modificaciones legislativas, y coexistir con los operadores tradicionales en un entorno de sana competencia; toma nota de los efectos positivos de las empresas que se basan en la economía colaborativa en la creación de nuevos puestos de trabajo para los jóvenes que acceden al mercado laboral y para los trabajadores por cuenta propia;

26.  Pide a la Comisión que publique, sin más demora, un plan de trabajo para liberar la información relativa al transporte financiado con fondos públicos, y que introduzca normas armonizadas relativas a los datos sobre transporte e interfaces de programación para impulsar las innovaciones con uso intensivo de datos y la prestación de nuevos servicios de transporte;

27.  Considera que, visto el desarrollo de la economía colaborativa, la solución no es ni una normativa sectorial, ni una normativa dedicada únicamente a las plataformas, y que en el futuro será necesario abordar el sistema de movilidad en su conjunto; pide la creación de un marco regulador modernizado y multimodal que favorezca la innovación y la competitividad, así como la protección de los consumidores y de sus datos, salvaguarde los derechos de los trabajadores y garantice la existencia de condiciones equitativas de competencia para los diferentes actores; llama la atención, en este sentido, sobre la gran importancia de la interoperabilidad en el sector del transporte, puesto que esta posibilita que las pequeñas empresas ofrezcan soluciones armonizadas;

28.  Pide a los Estados miembros que evalúen la necesidad de adecuar su legislación laboral nacional a la era digital, teniendo en cuenta las características de los modelos de la economía colaborativa y las respectivas legislaciones laborales de cada Estado miembro;

29.  Considera que tal objetivo exige una convergencia de los modelos, basada en una definición clara, coherente y que no se solape con otras, de los intermediarios y los prestadores de servicios; pide que se distinga entre las plataformas de intermediación que no generan beneficios comerciales para sus usuarios, y aquellas que ponen en contacto a un prestador de servicios (con fines lucrativos) y a un cliente, con una relación de subordinación o sin ella entre el prestador del servicio y la plataforma; recomienda que, para facilitar que todas las partes cumplan sus obligaciones fiscales y en materia de seguridad social, además de para garantizar que los prestadores de servicios que utilizan las plataformas son competentes y están debidamente cualificados (con el fin de garantizar la protección del consumidor), se permita a las autoridades nacionales solicitar la información que consideren necesaria a las plataformas de intermediación; hace hincapié en que las opiniones publicadas y los sistemas de calificación también ayudan a los intermediarios a construir una relación de confianza con los consumidores, y que los datos así generados deben tratarse de conformidad con la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo;

30.  Considera que el gran potencial de transparencia de la economía colaborativa permite una buena trazabilidad de las operaciones de los servicios de transporte, de conformidad con el objetivo de aplicación de la legislación vigente; pide a la Comisión que publique directrices sobre la forma en que la legislación de la Unión se aplica a los diferentes modelos de negocio colaborativos con el fin de colmar, si procede, las lagunas reglamentarias en el ámbito del empleo y de la seguridad social de tal modo que se respeten las competencias nacionales;

31.  Subraya que entre las empresas que operan en el sector del transporte también se incluyen los operadores que no prestan directamente servicios de transporte, como las empresas que ofrecen formación, las empresas de alquiler de vehículos, los talleres y los puntos de servicio; considera que la gran mayoría de estas empresas son pymes; pide que se tomen en consideración las necesidades de estos operadores a la hora de diseñar medidas jurídicas y programas de inversión que tienen como objetivo apoyar el desarrollo de las pymes;

32.  Anima a la Comisión a apoyar a las pymes del sector del transporte en la formación de agrupaciones en este ámbito, a las que se podrían sumar los consumidores y otras partes interesadas;

33.  Señala que la mayoría de los proveedores de la economía colaborativa proceden de fuera de la Unión; considera que la Unión necesita desarrollar empresas emergentes innovadoras en el sector del transporte, y aboga por un mayor apoyo a estas empresas, en especial para formar a los jóvenes empresarios en este ámbito;

34.  Lamenta que la respuesta de los Estados miembros al desarrollo de nuevos modelos de negocio colaborativos haya sido hasta ahora muy fragmentada, y en algunos casos claramente incoherente con el potencial y los beneficios que se derivan del desarrollo de este sector, así como contraria a las expectativas de los consumidores, y considera que sería ideal una acción coordinada de ámbito europeo que cubra todas las cuestiones relativas a un modelo de negocio colaborativo sostenible; toma nota del enfoque razonable de la Comisión respecto de esta «nueva economía», tal como la define en una comunicación reciente en la que hace hincapié en la importancia de la economía colaborativa para el crecimiento futuro (COM(2016)0356);

35.  Considera el enorme potencial de las nuevas tecnologías para el surgimiento de nuevas formas de prestación de servicios en el sector del transporte de mercancías; subraya concretamente las grandes posibilidades que ofrecen los drones, que se han convertido en una herramienta muy efectiva para trabajar en condiciones difíciles; subraya que la Unión debe apoyar el potencial de las pymes que se dedican al diseño, la producción y la utilización de drones;

36.  Considera que los modelos colaborativos constituyen un recurso importante para el desarrollo sostenible de la conectividad de las regiones periféricas, de montaña y rurales, con beneficios indirectos también para el sector turístico;

37.  Opina que los requisitos legislativos deben ser proporcionales a la naturaleza de la actividad y al tamaño de la empresa; muestra su preocupación, sin embargo, sobre si existen razones para eximir los vehículos industriales ligeros de la aplicación de la normativa europea, teniendo en cuenta el uso de estos vehículos en el transporte internacional de mercancías, y pide a la Comisión que presente un informe de análisis sobre sus consecuencias económicas, ambientales y para la seguridad;

38.  Aboga por la instauración de estructuras de cooperación entre las pequeñas empresas de transporte, las instituciones de investigación científica y las autoridades locales y regionales con vistas a organizar mejor la movilidad urbana e interurbana sostenible a fin de responder eficazmente a la aparición de nuevos servicios y productos, incluidos los que ofrecen las pymes (por ejemplo, la primera y la última etapa de un sistema de transporte de puerta a puerta), y al mismo tiempo adaptar mejor las redes de transporte público existentes a las necesidades y las expectativas de los pasajeros; pide que en los servicios de información y planificación de desplazamientos se incluya la información acerca de los servicios de movilidad que ofrecen las pequeñas empresas;

39.  Pide la creación de grupos de trabajo sobre innovación, que permitan la plena aplicación del concepto de «ciudades compartibles» («shareable cities») y ayuden a las instituciones locales, regionales y nacionales a responder eficazmente a la aparición de nuevos servicios y productos;

40.  Destaca la importancia de una formación específica (por ejemplo, sobre macrodatos, servicios integrados, etc.) a fin de ayudar a las empresas de transporte a generar valor añadido en el ámbito digital; pide, por tanto, que se adapte la manera en que se forma a los profesionales en consonancia con las habilidades y las cualificaciones necesarias para los nuevos modelos de negocio, en particular a fin de cubrir las carencias de personal, especialmente de conductores;

41.  Destaca que las pymes del sector del transporte no suelen expandirse debido a los grandes riesgos que conllevan las actividades transfronterizas por la divergencia que existe entre los ordenamientos jurídicos de los distintos Estados (miembros); pide a la Comisión que, en colaboración con las autoridades nacionales, regionales y locales de los Estados miembros, desarrolle plataformas de cooperación y comunicación para formar y asesorar a las pymes sobre los diferentes regímenes de financiación, las subvenciones y la internacionalización; pide a la Comisión que aproveche más los actuales programas de apoyo a las pymes y que les dé más visibilidad entre los operadores del sector del transporte en el contexto de las sinergias entre los distintos fondos de la Unión;

42.  Anima a las autoridades locales a comprometerse activamente con los principios de descarbonización del transporte urbano explicitados en el Libro Blanco del Transporte y a los operadores a ganar posiciones en el nuevo marco de competencia y actividad con las ventajas competitivas que van a ofrecer los servicios con emisiones cero y la progresiva digitalización de su gestión, operación y comercialización;

43.  Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las autoridades locales que fomenten las innovaciones en materia de economía participativa, que resultan facilitadas a su vez por la emergencia de la economía colaborativa, como el uso compartido de coches, bicicletas, transporte de carga y taxis, los coches multiusuario y los servicios discrecionales de autobús, así como sus interconexiones con el transporte público;

44.  Pide a la Comisión que, con una mejor cooperación entre sus direcciones generales, supervise de cerca la evolución de la economía digital y la repercusión de las iniciativas legislativas en el marco de la Agenda digital en el sector del transporte;

45.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, en colaboración con los interlocutores sociales, evalúen periódicamente la repercusión de la digitalización en la cantidad y el tipo de empleos del sector del transporte, y que velen por que las políticas laborales y sociales se adapten al ritmo de la digitalización del mercado laboral del transporte;

46.  Recomienda que las empresas de economía colaborativa, además de las personas que trabajan en el sector del transporte, encuentren formas para trabajar conjuntamente en aras de la defensa de intereses comunes, por ejemplo en el ámbito de los seguros;

47.  Acoge con satisfacción los modelos de horario laboral flexible negociados por los interlocutores sociales en el sector del transporte que permiten a los trabajadores una mejora del equilibrio entre la vida laboral y la personal; destaca, no obstante, la importancia de controlar el cumplimento de las normas obligatorias en materia de jornada laboral y de tiempos de conducción y descanso, lo que debería ser más sencillo como consecuencia de la digitalización del sector del transporte;

o
o   o

48.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0310.
(2) DO C 24 de 22.1.2016, p. 2.
(3) DO C 353 de 27.9.2016, p. 27.
(4) DO L 348 de 20.12.2013, p. 129.


Situación en Bielorrusia
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Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de noviembre de 2016, sobre la situación en Bielorrusia (2016/2934(RSP))
P8_TA(2016)0456RC-B8-1232/2016

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones y recomendaciones sobre Bielorrusia,

–  Vistas las elecciones parlamentarias celebradas el 11 de septiembre de 2016 y las elecciones presidenciales celebradas el 11 de octubre de 2015,

–  Vista la declaración del presidente de su Delegación para las Relaciones con Bielorrusia, de 13 de septiembre de 2016, sobre las recientes elecciones parlamentarias celebradas en este país,

–  Vista la declaración del portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, de 12 de septiembre de 2016, sobre las elecciones parlamentarias celebradas en Bielorrusia,

–  Vista la declaración preliminar de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE (OSCE/OIDDH), la Asamblea Parlamentaria de la OSCE y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de 12 de septiembre de 2016, sobre las elecciones parlamentarias celebradas en Bielorrusia,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo sobre Bielorrusia, y en particular las de 16 de febrero de 2016, por las que se suspenden las medidas restrictivas contra ciento setenta personas y tres empresas bielorrusas,

–  Visto el informe definitivo de la OSCE, de 28 de enero de 2016, sobre las elecciones presidenciales celebradas en Bielorrusia el 11 de octubre de 2015,

–  Vistas las numerosas declaraciones efectuadas por las autoridades bielorrusas en el sentido de que algunas de las recomendaciones de la OSCE/OIDDH formuladas a raíz de las elecciones presidenciales de 2015 se aplicarían para las elecciones parlamentarias de 2016,

–  Vistas la liberación de seis presos políticos por parte de las autoridades bielorrusas, el 22 de agosto de 2015, y la posterior declaración, también de 22 de agosto de 2015, de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, y del comisario de Política Europea de Vecindad y Negociaciones de Ampliación, Johannes Hahn, sobre la puesta en libertad de los presos políticos en Bielorrusia,

–  Visto el artículo 123, apartados 2 y 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que, en su informe definitivo sobre las elecciones presidenciales celebradas en Bielorrusia en 2015, la OSCE/OIDDH formuló, junto con la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, una serie de recomendaciones que Bielorrusia debía aplicar antes de las elecciones parlamentarias de 2016;

B.  Considerando que, con el fin de mejorar sus relaciones con Occidente, las autoridades bielorrusas tomaron, a su pesar, medidas que permitían a los partidos de la oposición democrática registrarse más fácilmente que en elecciones anteriores y otorgaban a los observadores extranjeros un mayor acceso al recuento de votos;

C.  Considerando que, el 6 de junio de 2016, el presidente de Bielorrusia convocó elecciones a la Cámara de Representantes; que estas elecciones se celebraron el 11 de septiembre de 2016; que más de 827 observadores internacionales y 32 100 ciudadanos observadores fueron acreditados para las elecciones, que, tal y como menciona la OSCE/OIDDH en sus conclusiones, la mayoría de los ciudadanos que actuaron como observadores representaban a asociaciones públicas financiadas por el Estado que habían participado asimismo activamente en la campaña en favor de los candidatos progubernamentales; y que, respondiendo a una invitación del Ministerio de Asuntos Exteriores de Bielorrusia, se desplegó una misión de observación de la OSCE/OIDDH para hacer un seguimiento del proceso electoral;

D.  Considerando que, según la evaluación de las elecciones parlamentarias de 2016 efectuada por la OSCE/OIDDH, estas se organizaron de manera eficiente aunque persistieron antiguas deficiencias sistémicas, incluidas las restricciones que impone el marco jurídico a los derechos políticos y las libertades fundamentales; que se constataron numerosas irregularidades de procedimiento en relación con el recuento y la tabulación anticipados, que no fueron transparentes;

E.  Considerando que, tras un largo periodo de ausencia, estará representada en el Parlamento bielorruso una oposición democrática; que, según el relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Bielorrusia, los sistemas jurídico y administrativo que subyacen a las restricciones de los derechos humanos permanecen inalterados; que se espera que dos diputados independientes actúen como verdadera oposición;

F.  Considerando que desde 1994 no se han celebrado en Bielorrusia unas elecciones libres y justas en el marco de una legislación electoral acorde con las normas de la OSCE/OIDDH reconocidas internacionalmente;

G.  Considerando que, en febrero de 2016, la Unión suspendió la mayor parte de sus medidas restrictivas contra funcionarios y entidades jurídicas de Bielorrusia como gesto de buena voluntad para alentar al país a mejorar su trayectoria en el ámbito de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho; que, en sus Conclusiones sobre Bielorrusia, de 15 de febrero de 2016, el Consejo destacó la necesidad de mejorar la cooperación entre la Unión y Bielorrusia en varios ámbitos de la economía, el comercio y la ayuda, lo que ofrece a Bielorrusia la posibilidad de solicitar financiación del BEI y el BERD; que se han constatado algunos esfuerzos destinados a resolver problemas antiguos antes de las elecciones de 2016, pero que siguen pendientes de resolución numerosos problemas en relación con el marco electoral jurídico y procedimental;

H.  Considerando que los dos grupos bielorrusos de observación electoral, Defensores de los Derechos Humanos por unas Elecciones Libres y Derecho a Elegir - 2016, han condenado las últimas elecciones porque no se ajustan a varias normas internacionales fundamentales y no constituyen un reflejo creíble de la voluntad de los ciudadanos bielorrusos;

I.  Considerando que los grupos bielorrusos de observación electoral recopilaron pruebas concretas de los considerables esfuerzos realizados a escala nacional para inflar la participación total durante el periodo de votación anticipada de cinco días (6-10 de septiembre de 2016 ) y en el día de las elecciones (11 de septiembre de 2016), y que el único instituto de sondeos electorales independiente de Bielorrusia, el NISEPI, suspendió sus actividades por las presiones del Gobierno, lo que dificulta en extremo la valoración de las auténticas preferencias políticas de los bielorrusos;

J.  Considerando que, por primera vez, una parte de las fuerzas de la oposición bielorrusa de centro derecha presentó el 18 de noviembre de 2015 un acuerdo de cooperación de cara a una candidatura conjunta en las elecciones parlamentarias de 2016;

K.  Considerando que la primera visita de la Delegación del Parlamento para las Relaciones con Bielorrusia desde 2002 tuvo lugar los días 18 y 19 de junio de 2015 en Minsk; que, en la actualidad, el Parlamento Europeo no mantiene relaciones oficiales con el Parlamento bielorruso;

L.  Considerando que Bielorrusia desempeñó un papel constructivo a la hora de facilitar un acuerdo de alto el fuego en Ucrania;

M.  Considerando que la agresión rusa contra Ucrania y la anexión ilegal de Crimea han exacerbado los temores de la sociedad bielorrusa a una desestabilización de la situación interna como consecuencia de un cambio en el poder; que, no obstante, el pueblo bielorruso no ha abandonado su esperanza de lograr reformas significativas y una transformación pacífica de su país;

N.  Considerando que la economía bielorrusa lleva más de veinte años paralizada y que los principales sectores siguen siendo propiedad del Estado y continúan sometidos a un sistema de mando y control administrativo; que la dependencia económica de Bielorrusia respecto de la ayuda económica de Rusia sigue aumentando constantemente y que los resultados económicos de Bielorrusia figuran entre los peores de los países de la Unión Económica Euroasiática, con un PIB que en el periodo 2015-2016 cayó en más de 30 000 millones de dólares estadounidenses, por ejemplo;

O.  Considerando que Bielorrusia es el único país de Europa que aún aplica la pena capital; que el 4 de octubre de 2016 el Tribunal Supremo de Bielorrusia confirmó la sentencia de muerte dictada contra Siarguéi Vostrykau; que se trata de la cuarta confirmación de una sentencia de muerte por el Tribunal Supremo de Bielorrusia en 2016;

P.  Considerando que las organizaciones de defensa de los derechos humanos han puesto de relieve los nuevos métodos de acoso a la oposición; que las autoridades bielorrusas no han abandonado las prácticas represivas contra sus oponentes políticos; que siguen considerando administrativamente responsables a los manifestantes pacíficos, al tiempo que restringen los derechos civiles y políticos y se constata la existencia de nuevos presos políticos; que las autoridades bielorrusas no han adoptado ninguna medida encaminada a introducir cambios sistémicos y cualitativos en el ámbito de los derechos humanos, especialmente en el plano legislativo;

Q.  Considerando que una mejora significativa en el ámbito de la libertad de expresión y de los medios de comunicación, el respeto de los derechos políticos de la mayoría de los ciudadanos y de los activistas de la oposición y el respeto del Estado de Derecho y los derechos fundamentales son condiciones sine qua non para mejorar las relaciones entre la Unión y Bielorrusia, y que la Unión mantiene su firme compromiso de seguir defendiendo los derechos humanos en Bielorrusia, incluida la libertad de expresión y de los medios de comunicación;

R.  Considerando que, el 25 de octubre de 2016, Bielorrusia adoptó su Plan de acción nacional para los derechos humanos, que fue aprobado mediante una resolución del Consejo de Ministros; que, de acuerdo con las autoridades de Bielorrusia, este plan define las principales líneas de actuación para aplicar los compromisos del país en el ámbito de los derechos humanos;

S.  Considerando que uno de los objetivos de la participación de Bielorrusia en la Asociación Oriental y su rama parlamentaria, Euronest, consiste en reforzar la cooperación entre el país y la Unión; que el Parlamento bielorruso no tiene un estatuto oficial en la Asamblea Parlamentaria Euronest;

T.  Considerando que Bielorrusia está construyendo actualmente su primera central nuclear en Ostrovets, en la frontera con la Unión; que todo país que desarrolle la energía nuclear está obligado a cumplir estrictamente los requisitos y las normas internacionales que regulan la seguridad nuclear y ambiental; que el Gobierno de Bielorrusia, en la medida en que asume la plena responsabilidad de la seguridad y la protección de las instalaciones nucleares ubicadas en su territorio, está obligado a cumplir sus obligaciones frente a sus propios ciudadanos y con respecto a los países vecinos, y que los principios de apertura y transparencia deben presidir el desarrollo, la explotación y el desmantelamiento de las instalaciones nucleares;

U.  Considerando que Bielorrusia forma parte de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) y participa junto con Rusia en las maniobras militares conjuntas Zapad, que contemplan situaciones de ataque a sus vecinos occidentales que simulan, entre otras cosas, el uso de armas nucleares contra Polonia; que Bielorrusia va a participar el próximo año en el ejercicio «Zapad-2017» con posibles nuevos contextos de agresión;

1.  Manifiesta una vez más su profunda preocupación ante las deficiencias constatadas por los observadores internacionales independientes durante las elecciones presidenciales de 2015 y las elecciones parlamentarias de 2016; toma nota de los esfuerzos por progresar, que aún son insuficientes; observa que el Parlamento elegido recientemente contará con un representante del partido de la oposición y un representante del sector no gubernamental; considera, no obstante, que se trata de nombramientos políticos y no del fruto del proceso electoral; observa que el examen de las futuras propuestas legislativas presentadas por estos dos diputados será una prueba de fuego para las intenciones políticas de las autoridades subyacentes a sus nombramientos;

2.  Pide a las autoridades bielorrusas que reanuden sin demora los trabajos de reforma exhaustiva del sistema electoral en el marco de un proceso de democratización global y en cooperación con los socios internacionales; destaca la necesidad de introducir las recomendaciones de la OSCE/OIDDH con la debida antelación antes de las elecciones municipales de marzo de 2018 y de que los observadores nacionales e internacionales las cumplan; destaca que este es un elemento fundamental para lograr los progresos deseados en las relaciones entre la Unión y Bielorrusia;

3.  Reitera su petición a las autoridades bielorrusas para que garanticen en cualquier circunstancia el respeto de los principios democráticos, los derechos humanos y las libertades fundamentales, de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos ratificados por Bielorrusia;

4.  Pide al Gobierno de Bielorrusia que rehabilite a todos los presos políticos liberados y que restablezca plenamente sus derechos civiles y políticos;

5.  Constata con preocupación que en Bielorrusia no se ha registrado ningún partido político nuevo desde 2000; pide que se supriman todas las restricciones a este respecto; insiste en que todos los partidos políticos deben poder desarrollar su actividad política sin restricciones, especialmente durante el periodo de campaña electoral;

6.  Espera que las autoridades dejen de acosar a los medios de comunicación independientes por razones políticas; insta a que se ponga fin a la práctica de la persecución administrativa y al recurso arbitrario al artículo 22.9, punto 2, del Código Administrativo contra periodistas independientes por trabajar con medios de comunicación extranjeros sin acreditación, lo que restringe el derecho a la libertad de expresión y la difusión de la información;

7.  Pide al Gobierno bielorruso que revoque sin demora el artículo 193/1 de su Código Penal, que penaliza la organización de actividades por asociaciones y organizaciones públicas no registradas y la participación en ellas, y que autorice el funcionamiento legal, pleno, libre y sin trabas de las asociaciones y organizaciones públicas; señala a la Comisión que, como consecuencia de la aplicación del artículo 193/1 y de otras medidas restrictivas, más de ciento cincuenta ONG bielorrusas están registradas actualmente en Lituania, Polonia, la República Checa y otros países;

8.  Insta a las autoridades bielorrusas a que revisen la política con arreglo a la cual la ayuda financiera internacional al sector no gubernamental de Bielorrusia sigue sometida a una fuerte carga impositiva;

9.  Condena taxativamente la política del Gobierno bielorruso de utilizar fuerzas especiales para interferir en los asuntos internos de las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las que representan a minorías nacionales, como por ejemplo la ONG independiente Unión de Polacos de Bielorrusia;

10.  Insta a Bielorrusia, único país de Europa que todavía aplica la pena capital y que ha reanudado recientemente las ejecuciones, a que se adhiera a una moratoria global de la ejecución de la pena capital como primer paso hacia su abolición definitiva; recuerda que la pena de muerte es un trato inhumano y degradante que no tiene efectos disuasorios demostrados y que hace irreversibles los errores judiciales; pide al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y a la Comisión que den especial prioridad a estas preocupaciones en el diálogo sobre derechos humanos en curso entre la Unión y Bielorrusia; celebra, en este contexto, la aprobación por el Consejo de Ministros de Bielorrusia del Plan de acción para la aplicación de las recomendaciones formuladas por el grupo de trabajo sobre el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y espera que se aplique en su totalidad;

11.  Pide a la Unión que mantenga este impulso con vistas a una mayor normalización de las relaciones con Bielorrusia; reitera su opinión de que la mejor manera de abordar las diferencias existentes consiste en reforzar los canales de comunicación y de que el aumento de la participación de la Unión, y en particular del Parlamento Europeo, en un diálogo con Bielorrusia, y en especial con sus ciudadanos y su sociedad civil, así como con el Parlamento y varios partidos políticos, puede dar resultados tangibles y contribuir a la independencia, la soberanía y la prosperidad del país;

12.  Pide al SEAE y a la Comisión que prosigan y refuercen su apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en Bielorrusia y en el extranjero; subraya, en este contexto, la necesidad de respaldar todas las fuentes de información independientes de la sociedad bielorrusa, entre ellas los medios de comunicación que emiten en lengua bielorrusa y desde el extranjero;

13.  Toma nota del inicio, en enero de 2014, de las negociaciones sobre la facilitación de expedición de visados, destinada a mejorar los contactos entre los ciudadanos y a estimular la creación de organizaciones de la sociedad civil; subraya que la Comisión y el SEAE deberían tomar las medidas necesarias para acelerar los progresos en este sentido;

14.  Respalda a la Unión en su política de «cooperación crítica» con las autoridades bielorrusas y manifiesta su disposición a contribuir a dicha política también por medio de su Delegación para las Relaciones con Bielorrusia; pide a la Comisión que efectúe un atento seguimiento de las iniciativas legislativas y supervise su aplicación; recuerda que la Unión debe asegurarse de que sus recursos no se destinen a reprimir a las organizaciones de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos, los periodistas independientes y los líderes de la oposición;

15.  Expresa su preocupación por los problemas de seguridad que plantea la construcción de una central nuclear bielorrusa en Ostrovets, a menos de 50 kilómetros de Vilna, la capital de Lituania, y cerca de la frontera polaca; destaca la necesidad de que la ejecución de este proyecto se someta a una amplia supervisión internacional con el fin de garantizar que respeta los requisitos y las normas internacionales en materia de seguridad nuclear y medioambiental, incluidos los Convenios de Espoo y de Aarhus de las Naciones Unidas; pide a la Comisión que incluya la cuestión de la seguridad y la transparencia de esta central nuclear en construcción en su diálogo con Bielorrusia y Rusia, habida cuenta de que está financiada por Rusia y se basa en tecnología Rosatom, y que proporcione al Parlamento y a los Estados miembros, en particular a los vecinos de Bielorrusia, informes periódicos; pide al Consejo y a la Comisión que utilicen los medios de presión de que disponen, incluida la posibilidad de condicionar cualquier ayuda macrofinanciera de la Unión, para garantizar que Bielorrusia respete las normas internacionales en materia de seguridad en el caso de la central nuclear de Ostrovets, en particular en lo que se refiere a la realización de las pruebas de resistencia, tal y como se acordó con la Comisión el 23 de junio de 2011;

16.  Valora en gran medida, y espera con interés, la adhesión de Bielorrusia a la Asamblea Parlamentaria Euronest, de conformidad con su acto constitutivo, tan pronto como se cumplan las condiciones políticas apropiadas, dado que esta adhesión representaría la prolongación natural de la participación de Bielorrusia en el marco de cooperación multilateral de la Asociación Oriental;

17.  Reitera su compromiso de trabajar en favor del pueblo de Bielorrusia, apoyar sus aspiraciones e iniciativas en favor de la democracia y contribuir a que el país tenga un futuro estable, democrático y próspero;

18.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Servicio Europeo de Acción Exterior, al Consejo, a la Comisión, a los Estados miembros, a la OSCE/OIDDH, al Consejo de Europa y a las autoridades de Bielorrusia.

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