El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

–  Vistos los artículos 9, 145, 148, 152, 153 y 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Visto el artículo 349 del TFUE sobre un estatuto específico para las regiones ultraperiféricas,

–  Visto el Acuerdo Interinstitucional de 13 de abril de 2016 entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre la mejora de la legislación,

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en particular su título IV (Solidaridad),

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,

–  Vistos el Convenio n.º 102 de la OIT relativo a la norma mínima de la seguridad social y la Recomendación n.º 202 de la OIT sobre los niveles mínimos de protección social,

–  Vista la Carta Social Europea revisada,

–  Visto el Objetivo de Desarrollo Sostenible n.º 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo, y en particular su meta n.º 3, poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los vulnerables,

–  Vista la Recomendación 2013/112/UE de la Comisión, de 20 de febrero de 2013, titulada «Invertir en la infancia: romper el ciclo de las desventajas»,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 16 de noviembre de 2016, titulada «Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2017» (COM(2016)0725),

–  Vista la Recomendación de la Comisión, de 16 de noviembre de 2016, de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro (COM(2016)0726),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 16 de noviembre de 2016, titulada «Hacia una orientación presupuestaria positiva para la zona del euro» (COM(2016)0727),

–  Visto el Informe de la Comisión, de 16 de noviembre de 2016, titulado «Informe sobre el Mecanismo de Alerta 2017» (COM(2016)0728),

–  Visto el proyecto de informe conjunto sobre el empleo de la Comisión y del Consejo, de 16 de noviembre de 2016, que acompaña a la Comunicación de la Comisión relativa al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2017 (COM(2016)0729),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 16 de noviembre de 2016, titulada «Proyectos de planes presupuestarios para 2017: evaluación global» (COM(2016)0730),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 1 de junio de 2016, titulada «Europa invierte de nuevo – Balance del Plan de Inversiones para Europa y próximas etapas» (COM(2016)0359),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 22 de noviembre de 2016, titulada «Los líderes de la Europa del mañana: la Iniciativa sobre las empresas emergentes y en expansión» (COM(2016)0733),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de septiembre de 2016, titulada «Reforzar las inversiones europeas en favor del empleo y el crecimiento: hacia una segunda fase del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas y un nuevo Plan Europeo de Inversiones Exteriores» (COM(2016)0581),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 4 de octubre de 2016, titulada «La Garantía Juvenil y la Iniciativa sobre Empleo Juvenil, situación al cabo de tres años» (COM(2016)0646),

–  Vista la propuesta de la Comisión, de 14 de septiembre de 2016, de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020 (COM(2016)0604),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de septiembre de 2016, titulada «Examen/revisión intermedios del marco financiero plurianual 2014-2020. Un presupuesto de la UE centrado en los resultados» (COM(2016)0603),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de junio de 2016, titulada «Una nueva Agenda de Capacidades para Europa - Trabajar juntos para reforzar el capital humano, la empleabilidad y la competitividad» (COM(2016)0381),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 2 de junio de 2016, titulada «Una Agenda Europea para la economía colaborativa» (COM(2016)0356),

–  Vistos la Comunicación de la Comisión, de 8 de marzo de 2016, titulada «Apertura de una consulta sobre un pilar europeo de derechos sociales» (COM(2016)0127) y sus anexos,

–  Vista la propuesta de la Comisión, de 26 de noviembre de 2015, de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la creación del programa de apoyo a las reformas estructurales para el período 2017 a 2020 y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1303/2013 y (UE) n.º 1305/2013 (COM(2015)0701),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 21 de octubre de 2015, titulada «Medidas destinadas a realizar la Unión Económica y Monetaria» (COM(2015)0600),

–  Vistas la propuesta de la Comisión de Decisión del Consejo, de 15 de febrero de 2016, relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (COM(2016)0071), y la Posición del Parlamento de 15 de septiembre de 2016 al respecto(1),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de enero de 2015, titulada «Aprovechar al máximo la flexibilidad que ofrecen las actuales disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento» (COM(2015)0012),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de noviembre de 2014, titulada «Un Plan de Inversiones para Europa» (COM(2014)0903),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 2 de octubre de 2013, titulada «Reforzar la dimensión social de la Unión Económica y Monetaria» (COM(2013)0690),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de febrero de 2013, titulada «Hacia la inversión social para el crecimiento y la cohesión, incluida la ejecución del Fondo Social Europeo 2014-2020» (COM(2013)0083),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 18 de abril de 2012, titulada «Hacia una recuperación generadora de empleo» (COM(2012)0173),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de diciembre de 2011, titulada «Iniciativa de Oportunidades para la Juventud» (COM(2011)0933),

–  Vistas la Comunicación de la Comisión, de 16 de diciembre de 2010, titulada «La Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social: Un marco europeo para la cohesión social y territorial» (COM(2010)0758), y la Resolución del Parlamento de 15 de noviembre de 2011 al respecto(2),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020 – Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

–  Vista la Recomendación 2008/867/CE de la Comisión, de 3 de octubre de 2008, sobre la inclusión activa de las personas excluidas del mercado laboral(3),

–  Visto el informe de los cinco presidentes, de 22 de junio de 2015, titulado «Realizar la Unión Económica y Monetaria europea»,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo sobre la promoción de la economía social como motor clave del desarrollo económico y social en Europa (13414/2015),

–  Vista su Resolución, de 26 de octubre de 2016, sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aplicación de las prioridades para 2016(4),

–  Vista su Resolución, de 5 de julio de 2016, sobre los refugiados: inclusión social e integración en el mercado laboral(5),

–  Vista su Resolución, de 25 de febrero de 2016, sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aspectos sociales y relativos al empleo del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2016(6),

–  Vista la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de 24 de septiembre de 2015, sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aplicación de las prioridades para 2015,

–  Vista su Resolución, de 11 de marzo de 2015, sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aspectos sociales y relativos al empleo del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2015(7),

–  Vista su Posición, de 2 de febrero de 2016, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la creación de una plataforma europea para reforzar la cooperación en materia de prevención y desincentivación del trabajo no declarado(8),

–  Vista su Resolución, de 24 de noviembre de 2015, sobre la reducción de las desigualdades, en especial con respecto a la pobreza infantil(9),

–  Vista su Resolución, de 28 de octubre de 2015, sobre la política de cohesión y la revisión de la Estrategia Europa 2020(10),

–  Vistas la pregunta con solicitud de respuesta oral al Consejo O-000121/2015 – B8-1102/2015, y su Resolución conexa, de 29 de octubre de 2015, sobre una Recomendación del Consejo sobre la integración de los desempleados de larga duración en el mercado laboral(11),

–  Vista su Resolución, de 10 de septiembre de 2015, sobre la creación de un mercado de trabajo competitivo en la UE del siglo XXI: adecuación de las competencias y las cualificaciones a la demanda y las perspectivas de empleo como medio para recuperarse de la crisis(12),

–  Vista su Resolución, de 10 de septiembre de 2015, sobre emprendimiento social e innovación social en la lucha contra el desempleo(13),

–  Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2014, sobre el empleo y los aspectos sociales de la Estrategia Europa 2020(14),

–  Vista su Resolución, de 17 de julio de 2014, sobre el empleo juvenil(15),

–  Vista su Resolución, de 15 de abril de 2014, sobre cómo puede contribuir la Unión Europea a generar un entorno favorable para que las empresas, incluidas las emergentes, creen empleo(16),

–  Vista su Resolución, de 19 de febrero de 2009, sobre economía social(17),

–  Vistas las observaciones finales del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas en relación con el informe inicial de la Unión Europea (septiembre de 2015),

–  Visto el Informe Especial n.º 3/2015 del Tribunal de Cuentas titulado «Garantía juvenil de la UE: Se han dado los primeros pasos pero la aplicación del programa presenta riesgos»(18),

–  Visto el documento titulado «Evolución Social y del Empleo en Europa - Revisión trimestral (Otoño 2016)», de 11 de octubre de 2016,

–  Vistas la quinta y la sexta ediciones de la Encuesta europea de Eurofound sobre las condiciones de trabajo (2010 y 2015)(19),

–  Visto el documento de la OCDE sobre las perspectivas del empleo 2016, de 7 de julio de 2016,

–  Visto el documento de trabajo de la OCDE, de 9 de diciembre de 2014, titulado «Trends in Income Inequality and its Impact on Economic Growth» (Tendencias en materia de desigualdad salarial y su repercusión en el crecimiento económico),

–  Visto el Informe del Comité de Protección Social, de 10 de octubre de 2014, titulado «Una protección social adecuada a las necesidades de atención a largo plazo de una sociedad que envejece»,

–  Vistas la hoja de ruta y la consulta de la Comisión sobre los retos de la conciliación de la vida laboral y la vida privada de las familias trabajadoras,

–  Vistas las reuniones de los días 3 de octubre y 8 de noviembre de 2016 en el marco del diálogo estructurado sobre la suspensión de fondos a Portugal y España,

–  Visto el debate con representantes de los Parlamentos nacionales sobre las prioridades del Semestre Europeo de 2017,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y las opiniones de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Cultura y Educación (A8-0037/2017),

A.  Considerando que el desempleo en la Unión ha venido disminuyendo lentamente desde el segundo semestre de 2013, que se han creado 8 millones de empleos desde 2013, y que el desempleo se situó en el 8,6 % en septiembre de 2016, alcanzando su nivel más bajo desde 2009; que, no obstante, el porcentaje de jóvenes que ni trabajan ni siguen estudios ni formación («ninis») sigue siendo elevado y representa el 14,8 % de los que tienen edades comprendidas entre los 15 y los 29 años(20)(21); que, aunque el desempleo está disminuyendo en su conjunto, lamentablemente sigue siendo muy elevado en algunos Estados miembros; que, según la Comisión, el índice de pobreza de los ocupados sigue siendo elevado;

B.  Considerando que las tasas de empleo suelen ser menores entre las mujeres y que, en 2015, la tasa de empleo para los hombres entre 20 y 64 años se situó en el 75,9 % en la Europa de los Veintiocho, en comparación con el 64,3 % en el caso de las mujeres; que la brecha de género en el acceso al empleo sigue siendo uno de los principales obstáculos para lograr la igualdad entre hombres y mujeres y que se requieren medidas urgentes para reducir las diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a la tasa de empleo;

C.  Considerando que, si las tendencias actuales se refuerzan a través de políticas públicas adecuadas, el objetivo de una tasa de empleo del 75 % recogido en la Estrategia Europa 2020 podría alcanzarse;

D.  Considerando que la tasa de desempleo juvenil se sitúa en un 18,6 % en la Unión y en un 21,0 % en la zona del euro; que 4,2 millones de jóvenes están desempleados, 2,9 millones de ellos en la zona del euro; que el nivel de desempleo juvenil sigue siendo notablemente más alto que en su punto más bajo en 2008, lo que recuerda que la aplicación y el uso pleno de la Iniciativa sobre Empleo Juvenil (IEJ) por parte de los Estados miembros debe ser una prioridad; que, lamentablemente, los salarios bajos, en ocasiones por debajo del umbral de la pobreza, las prácticas no remuneradas, la falta de formación de calidad y la carencia de derechos en el trabajo siguen siendo elementos característicos del empleo juvenil;

E.  Considerando que se estima que los «ninis» le cuestan a la Unión 153 000 millones EUR al año (1,21 % del PIB), en prestaciones y en ingresos e impuestos no percibidos, mientras que el coste total de los sistemas de Garantía Juvenil en la zona del euro serían de 21 000 millones EUR al año, esto es el 0,22 % del PIB;

F.  Considerando que el número de «ninis», registrado en 2015, seguirá disminuyendo; que 6,6 millones de jóvenes de entre 15 y 24 años todavía se encuentran en esta situación, lo que equivale al 12 % de la población de este grupo de edad;

G.  Considerando que los Estados miembros son los principales responsables de abordar el desempleo juvenil en términos de desarrollo y aplicación de marcos que regulen el mercado laboral, sistemas de educación y formación y políticas activas del mercado de trabajo;

H.  Considerando que las personas con discapacidad siguen prácticamente excluidas del mercado de trabajo y que se han realizado muy pocos avances durante la pasada década al respecto, en parte por la falta de inversión en medidas de apoyo adecuadas; destaca que esta situación suele conducir a la pobreza y la exclusión y que, por tanto, repercute de manera negativa en el objetivo de la Estrategia Europa 2020;

I.  Considerando que los problemas estructurales del mercado de trabajo, como la baja participación y la falta de adecuación de las capacidades y las cualificaciones, siguen siendo motivo de preocupación en muchos Estados miembros;

J.  Considerando que la tasa de desempleo de larga duración (relativa al desempleo durante más de un año) se redujo en un 0,7 % anual hasta el primer trimestre de 2016, para situarse en el 4,2 % de la población activa; que la tasa de desempleo de muy larga duración (relativa al desempleo durante más de dos años) se redujo hasta el 2,6 % de la población activa; que, no obstante, el número de desempleados de larga duración sigue siendo elevado y se sitúa en torno a los 10 millones de personas; que el desempleo de larga duración es un problema, en particular, para los solicitantes de empleo más jóvenes y los de mayor edad, con un 30 % de los que tienen entre 15 y 24 años y un 64 % de los que tienen entre 55 y 64 años buscando empleo desde hace más de un año; que muchos trabajadores mayores que no están en activo no se incluyen en las estadísticas sobre desempleo; que el nivel de desempleo y sus consecuencias sociales varían según los países de Europa y que es esencial tener en cuenta las circunstancias microeconómicas específicas;

K.  Considerando que la Estrategia Europa 2020 pretende reducir la pobreza sacando del riesgo de pobreza o exclusión social a un mínimo de 20 millones de personas para 2020; que este objetivo está lejos de ser alcanzado y, por lo tanto, son necesarios más esfuerzos; que en 2015 había 119 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, alrededor de 3,5 millones menos que en 2014; que, en 2012, 32,2 millones de personas con discapacidad se encontraban en esta situación en la Unión; que en 2013 había en la Europa de los Veintiocho 26,5 millones de niños en riesgo de pobreza y exclusión social; que los elevados niveles de desigualdad reducen los resultados de la economía y el potencial de crecimiento sostenible;

L.  Considerando que el acompañamiento de los desempleados de larga duración es fundamental, ya que en caso contrario esta situación empezaría a minar su confianza, bienestar y evolución en el futuro, exponiéndolos al riesgo de pobreza y de exclusión social, así como poniendo en peligro la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social y el modelo social europeo;

M.  Considerando que el debilitamiento del diálogo social tiene consecuencias negativas sobre los derechos de los trabajadores, el poder adquisitivo de los ciudadanos de la Unión y el crecimiento;

N.  Considerando que se han registrado una serie de cambios positivos en la Unión, que ponen de relieve la resiliencia y la recuperación de la economía europea;

O.  Considerando que la economía social, que representa a dos millones de empresas que dan trabajo a más de 14,5 millones de personas en la Unión, ha sido un sector importante que ha contribuido a la resiliencia y la recuperación económica de Europa;

P.  Considerando que el crecimiento en la mayoría de los Estados miembros sigue siendo bajo, la tasa de crecimiento de la Unión para 2016 ha llegado incluso a caer hasta estabilizarse en el 2 % a pesar de aspectos positivos temporales, lo que demuestra que la Unión puede hacer más para fomentar la recuperación económica y social de manera que sea más sostenible a medio plazo;

Q.  Considerando que la Comisión Europea ha afirmado(22) que persisten las divergencias laborales y sociales dentro de los Estados miembros y entre ellos, y la evolución social sigue indicando que se están acentuando las divergencias en toda la Unión, lo que obstaculiza el crecimiento, el empleo y la cohesión; que las sociedades que se caracterizan por un elevado nivel de igualdad y de inversión en las personas logran mejores resultados en materia de crecimiento y capacidad de recuperación del empleo;

R.  Considerando que el trabajo no declarado todavía es una realidad, con graves implicaciones presupuestarias, que deriva en la pérdida de ingresos fiscales y cotizaciones a la seguridad social, y tiene consecuencias negativas sobre el empleo, la productividad, la calidad del empleo y el desarrollo de capacidades;

S.  Considerando que las regiones ultraperiféricas se enfrentan a enormes dificultades relacionadas con sus características particulares, que limitan su capacidad de crecimiento y desarrollo; que el desempleo, el desempleo juvenil y el desempleo de larga duración en estas regiones se sitúan entre los más elevados de la Unión, por encima del 30 % en muchos casos;

T.  Considerando que el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) ya ha aprobado 69 proyectos en 18 países y firmado 56 operaciones, y que se espera que ello derive en una inversión de más de 22 000 millones EUR con la participación de unas 71 000 pymes;

U.  Considerando que en muchos Estados miembros la población en edad de trabajar y la población activa siguen disminuyendo; que la participación de las mujeres en el mercado de trabajo es una oportunidad para que los Estados miembros aborden esta cuestión y reforzar la población activa de la Unión; que la llegada continua de refugiados y solicitantes de asilo también podría ayudar a reforzar la población activa de la Unión;

V.  Considerando que la Unión se enfrenta a problemas demográficos que no solo están relacionados con el envejecimiento de la población y el descenso de la tasa de natalidad, sino que también incluyen otros elementos como la despoblación;

W.  Considerando que la brecha salarial entre hombres y mujeres se sitúa en este momento en el 16 %, y la brecha entre las pensiones de hombres y mujeres está en el 38 %, lo que expone a las mujeres a un mayor riesgo de pobreza o exclusión social conforme envejecen;

X.  Considerando que el establecimiento y la gestión de los sistemas de seguridad social son una competencia de los Estados miembros que la Unión coordina pero no armoniza;

Y.  Considerando que la tasa de esperanza de vida saludable de las mujeres ha retrocedido desde 62,6 años en 2010 hasta 61,5 años en 2013, con un ligero aumento en 2014, y que se ha estancado para los hombres en 61,4 años;

1.  Acoge con satisfacción el hecho de que en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2017 se haga hincapié en la importancia de garantizar la justicia social como medio de estimular un crecimiento más integrador, en la creación de empleo de calidad e inclusivo y la mejora de las capacidades y en la necesidad de reforzar la competitividad, la innovación y la productividad; pide a la Comisión que vele por que las recomendaciones específicas por país relacionadas con las reformas del mercado de trabajo hagan también hincapié en la importancia de políticas activas de mercado de trabajo y promuevan los derechos y la protección de los trabajadores;

2.  Acoge con satisfacción los progresos realizados para alcanzar un equilibrio entre las dimensiones económica y social del proceso del Semestre Europeo, ya que la Comisión ha cumplido algunas de las exigencias del Parlamento; pone de relieve, no obstante, que es necesario redoblar los esfuerzos para mejorar la visibilidad política y la repercusión del cuadro de indicadores sociales y de empleo; acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de modificación del Reglamento (UE) n.º 99/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Programa Estadístico Europeo 2013-2017, mediante su prórroga para el período 2018-2020 y la inclusión de nuevos indicadores sociales para presentar los datos sociales y de empleo conectados a la evolución de los datos macroeconómicos, de forma que el análisis presente una imagen integral de la interconexión y las repercusiones de las diferentes decisiones políticas; subraya que los indicadores de empleo deben colocarse en pie de igualdad con los indicadores económicos, a fin de que puedan generar análisis en profundidad y medidas correctoras en los Estados miembros de que se trate;

3.  Destaca que el ciclo del Semestre Europeo sigue careciendo de un enfoque centrado en la infancia que incluya el compromiso con los derechos de los niños y la incorporación de la lucha contra la pobreza y los objetivos centrados en el bienestar en todos los ámbitos de acción pertinentes de la elaboración de políticas; hace hincapié en que un enfoque estratégico con objetivos y metas claros es necesario para romper el ciclo de las desventajas;

4.  Pide el establecimiento de programas que ofrezcan apoyo y oportunidades como parte de un plan integrado europeo para invertir en la primera infancia y luchar contra la pobreza infantil, incluida la creación de una garantía infantil destinada a aplicar plenamente la Recomendación de la Comisión Europea titulada «Invertir en la infancia», que busca garantizar que cada niño que se encuentre en riesgo de pobreza en Europa (incluidos los refugiados) tenga acceso a una sanidad, una educación y una asistencia infantil gratuitas, a una vivienda digna y a una alimentación adecuada;

5.  Subraya que la inversión en desarrollo social contribuye al crecimiento económico y la convergencia; toma nota de los últimos estudios realizados por la OCDE(23) y el FMI(24) que subrayan que las desigualdades sociales en Europa dificultan la recuperación económica; pide mayores esfuerzos para luchar contra la pobreza y la desigualdad creciente y, en caso necesario, una mayor inversión en infraestructuras sociales y apoyo para los más golpeados por la crisis económica; pide a la Comisión que vele por que las recomendaciones específicas por país hagan especial hincapié en la lucha contra las desigualdades;

6.  Pide a la Comisión y al Consejo que mejoren la estrategia para un objetivo general en materia de igualdad de género; respalda el uso de los infirmes anuales de la Comisión sobre igualdad de género en el contexto del Semestre Europeo para reforzar la integración de la perspectiva de género; pide a los Estados miembros que incorporen la perspectiva de género y el principio de igualdad entre mujeres y hombres en los programas nacionales de reforma y en los programas de estabilidad y convergencia mediante el establecimiento de objetivos y la definición de medidas que aborden las desigualdades persistentes por razón de género; pide a la Comisión que continúe facilitando recomendaciones específicas por país en relación con la mejora de los servicios de cuidado infantil y de asistencia de larga duración que pueden tener un impacto positivo en la participación de las mujeres en el mercado de trabajo; reitera su llamamiento a la Comisión y a los Estados miembros para que consideren la utilización de datos desglosados por sexo cuando sea oportuno en el proceso de seguimiento del Semestre Europeo; propone que se asocie más estrechamente en el futuro al Instituto Europeo de Igualdad de Género al proceso del Semestre Europeo;

7.  Hace hincapié en que la deuda pública y privada es demasiado elevada en algunos Estados miembros y en que esto dificulta la inversión, el crecimiento económico y el empleo;

8.  Opina que la información incluida en el cuadro de indicadores sociales y de empleo es útil, pero no basta para evaluar la evolución de la situación social y del empleo en la Unión; pide a la Comisión y a los Estados miembros que complementen dicho cuadro de indicadores con información sobre la calidad del empleo y la pobreza, con especial énfasis en la pobreza infantil pluridimensional;

9.  Pide a la Comisión que defina y cuantifique su concepto de justicia social, teniendo en cuenta las políticas de empleo y sociales que se deben lograr a través del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2016 y del Semestre Europeo;

10.  Pide a los Estados miembros y a la Comisión que aceleren la ejecución de todos los programas susceptibles de impulsar la creación de empleo digno, de calidad y de larga duración para todas las categorías de ciudadanos y, en particular, los jóvenes; destaca que el desempleo juvenil se mantiene en un 18,6 % a pesar de la ligera reducción de la tasa de desempleo en la Unión; pide a los Estados miembros que velen por un seguimiento más proactivo de las autoridades encargadas de la gestión de los programas;

11.  Subraya que la aplicación de la Garantía Juvenil debe reforzarse a escala nacional, regional y local, y prorrogarse al menos hasta 2020 con la participación activa de los interlocutores sociales y unos servicios públicos reforzados, y destaca su importancia para la transición del ámbito académico al laboral; insta a la Comisión a que elabore estudios de impacto apropiados, con vistas a determinar qué resultados se han alcanzado hasta ahora y a adoptar medidas adicionales, así como que tenga en cuenta la auditoría prevista a cargo del Tribunal de Cuentas, el intercambio de buenas prácticas y la organización de seminarios que reúnan a todos los agentes interesados y que están pensados para conseguir que este instrumento sea más eficaz; subraya que los Estados miembros deben velar por que la Garantía Juvenil sea totalmente accesible también para las personas vulnerables y las personas con discapacidad; señala que no es así en todos los Estados miembros y pide a los Estados miembros que remedien esta situación lo antes posible, ya que contraviene la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; hace hincapié en la necesidad de garantizar que la Garantía Juvenil llegue a los jóvenes que sufren exclusiones múltiples y pobreza extrema; señala que debe prestarse especial atención a las jóvenes y las niñas, que podrían enfrentarse a barreras de género; pide a la Comisión y a los Estados miembros que proporcionen una financiación adecuada de la Garantía Juvenil a fin de garantizar que se aplique de manera adecuada en todos los Estados miembros y que ayude todavía a más jóvenes;

12.  Toma nota de la aprobación de un importe de 500 millones EUR en créditos de compromiso para la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) para 2017; subraya que este importe no es suficiente y debe incrementarse y garantizarse en el actual MFP; observa, no obstante, que, en el contexto de la revisión intermedia, es necesario alcanzar un acuerdo sobre una financiación adicional adecuada destinada a la IEJ para cubrir el resto del actual período del MFP;

13.  Destaca el potencial de los sectores culturales y creativos en lo que se refiere al empleo de los jóvenes; subraya que una mayor promoción de estos sectores acompañada de mayores inversiones puede contribuir de manera significativa a la inversión, el crecimiento, la innovación y el empleo; pide a la Comisión, por consiguiente, que tenga presentes las especiales oportunidades que ofrecen todos los sectores culturales y creativos, incluidas las ONG y las pequeñas asociaciones, en el marco, por ejemplo, de la IEJ;

14.  Señala que una inversión insuficiente en el sistema de educación pública puede socavar la posición competitiva de Europa y la empleabilidad de su población activa; subraya la necesidad de que se invierta en las personas en el momento más temprano del ciclo de vida para reducir la desigualdad y fomentar la inclusión social a una edad temprana; subraya asimismo la necesidad de luchar contra los estereotipos desde una edad temprana en la escuela promoviendo la igualdad de género en todos los niveles de la educación;

15.  Pide a los Estados miembros que introduzcan políticas para aplicar y hacer un seguimiento de formas más inclusivas de sistemas de protección social y de ayuda a la renta a fin de garantizar que estos sistemas ofrezcan un nivel de vida aceptable a las personas desempleadas y a aquellas en riesgo de pobreza y exclusión social, y de permitir el acceso a la educación, la formación y las oportunidades de entrar en el mercado de trabajo;

16.  Celebra el aumento de las tasas de empleo; observa, no obstante, que el aumento de las tasas de empleo en los Estados miembros ha ido acompañado del creciente fenómeno de las formas de empleo atípico y no formal, incluidos los contratos de cero horas; hace hincapié en que debe darse prioridad a la sostenibilidad y la calidad del empleo creado; manifiesta su extrema preocupación por el hecho de que siga habiendo un elevado porcentaje de desempleo, especialmente en los países aún afectados por la crisis; reconoce que la pobreza de los ocupados es una consecuencia del deterioro de los salarios y las condiciones laborales y que este aspecto debe abordarse como parte de las medidas en favor del empleo y la protección social; alienta a los Estados miembros a que redoblen sus esfuerzos y sigan abiertos a nuevos enfoques y soluciones con el fin de alcanzar el objetivo de una tasa de empleo del 75 % inscrito en la Estrategia Europa 2020, centrándose también en los grupos que menos participan en el mercado laboral, como las mujeres, los trabajadores de mayor edad, los trabajadores poco cualificados y las personas con discapacidad; pide a los Estados miembros que incrementen su oferta en el ámbito del aprendizaje permanente y la mejora efectiva de las cualificaciones;

17.  Considera que la migración podría desempeñar un papel importante, también a través de programas educativos complementados con un gasto público eficiente, a la hora de realizar inversiones de calidad, sociales y sostenibles desde el punto de vista medioambiental con el fin de integrar a los trabajadores en el mercado laboral y reducir el desempleo;

18.  Reconoce que las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en el mercado laboral; pide, por tanto, a la Comisión y a los Estados miembros que pongan en marcha políticas proactivas e inversiones adecuadas destinadas a promover la participación de las mujeres en el mercado laboral y diseñadas a tal fin; insiste en que una mejor conciliación de la vida laboral y la vida privada es fundamental para incrementar la participación de las mujeres en el mercado laboral; señala a este respecto la importante función que, según la Comisión, pueden desempeñar las modalidades de trabajo flexibles, como el teletrabajo, el horario flexible y la reducción de la jornada laboral; conviene con la Comisión en que la oferta de permisos de maternidad, de paternidad y parentales remunerados en los Estados miembros tiende a fomentar la participación de las mujeres en el mercado laboral; pide asimismo a los Estados miembros que adopten medidas adecuadas para apoyar a las mujeres y los hombres a entrar, reincorporarse, permanecer y avanzar en el mercado laboral tras el disfrute de periodos de permisos familiares, o relacionados con la prestación de cuidados, con empleo sostenible y de calidad; lamenta las desigualdades de género en lo tocante a la tasa de empleo, así como la brecha salarial y la brecha entre las pensiones; solicita la elaboración de políticas que alienten y apoyen a las mujeres a la hora de hacer carrera como emprendedoras, facilitándoles el acceso a la financiación y a oportunidades empresariales y ofreciéndoles una formación personalizada;

19.  Reconoce, no obstante, que la ayuda al empleo y las medidas para mejorar la participación activa en el mercado laboral han de formar parte de un enfoque más amplio centrado en los derechos y destinado a luchar contra la exclusión social y la pobreza, que tenga en cuenta a los niños, las familias y sus necesidades específicas;

20.  Pide a los Estados miembros que intercambien buenas prácticas y examinen nuevas formas innovadoras de desarrollar un mercado laboral flexible y adaptable para hacer frente a los desafíos de una economía global garantizando al mismo tiempo buenas condiciones laborales para todos los trabajadores;

21.  Celebra que se recuerde a los Estados miembros que los sistemas de protección social tienen que fundamentarse en normas sociales sólidas y que la promoción de la conciliación de la vida laboral y la vida privada, así como la lucha contra la discriminación, contribuyen no solo a la justicia social, sino también al crecimiento; subraya que debe respaldarse la reincorporación de los progenitores al mercado laboral creando condiciones favorables para un empleo y un entorno laboral inclusivos y de calidad que permitan a los progenitores conciliar su trabajo y su función como tales;

22.  Reconoce que, junto con la creación de empleo, la integración de los desempleados de larga duración en puestos de trabajo de calidad a través de medidas personalizadas, y especialmente mediante políticas de empleo activas, es un factor clave para luchar contra la pobreza y la exclusión social si existe un número suficiente de puestos de trabajo dignos; observa que debe insistirse en la necesidad de adoptar medidas más apropiadas para crear empleo digno; hace hincapié en que la integración de las personas más alejadas del mercado laboral tiene un doble efecto, ya que beneficia a la persona interesada al tiempo que estabiliza los sistemas de seguridad social y ayuda a la economía; considera que es necesario tener en cuenta la situación social de estos ciudadanos y sus necesidades específicas, así como controlar mejor a escala europea las políticas aplicadas a escala nacional;

23.  Pone de relieve la importancia que revisten las capacidades y competencias adquiridas en entornos de aprendizaje no formal e informal y su validación y certificación, así como el acceso al aprendizaje permanente y los compromisos e indicadores del Marco estratégico en el ámbito de la educación y la formación 2020; pide a la Comisión y a los Estados miembros que establezcan sistemas para el reconocimiento de las competencias no formales e informales; pide a los Estados miembros que apliquen políticas que garanticen no solo el acceso a la educación y la formación de calidad, integradoras y asequibles sino también la implantación de un enfoque de aprendizaje permanente orientado hacia una trayectoria de aprendizaje flexible que favorezca la equidad y la cohesión social y facilite oportunidades laborales a todos los ciudadanos;

24.  Pide que se creen y desarrollen asociaciones entre empleadores, interlocutores sociales, servicios de empleo públicos y privados, autoridades públicas, servicios sociales y centros educativos y de formación a fin de facilitar las herramientas necesarias para responder mejor a las necesidades del mercado laboral y prevenir el desempleo de larga duración; recuerda que es indispensable un seguimiento personalizado e individualizado que permita generar respuestas reales para los desempleados de larga duración;

25.  Lamenta que las tasas de inversión pública sigan siendo bajas, ya que este tipo de inversiones puede ser un motor importante para la creación de empleo; destaca que el FEIE no ha hecho suficientes inversiones en infraestructuras sociales y que se ha dejado pasar así una oportunidad que debe compensarse urgentemente;

26.  Exige políticas que respeten y promuevan la negociación colectiva y su cobertura con el fin de llegar al mayor número posible de trabajadores, y que aspiren al mismo tiempo a alcanzar unos mínimos salariales mejores en forma de salarios mínimos fijados en niveles dignos y con la participación de los interlocutores sociales, todo ello con miras a poner fin a la competencia salarial a la baja, contribuir a la demanda agregada y la recuperación económica, reducir las desigualdades salariales y luchar contra la pobreza de los ocupados;

27.  Pide a los Estados miembros que velen por que las personas con contratos temporales o a tiempo parcial y los trabajadores autónomos disfruten de un trato igualitario —también en lo tocante al despido y la remuneración— y tengan una protección social adecuada y acceso a la formación, y por que se establezcan unas condiciones marco que les permitan avanzar en su actividad profesional; pide a los Estados miembros que apliquen los acuerdos marco sobre el empleo a tiempo parcial y de duración determinada y que impongan el cumplimiento de la Directiva relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación;

28.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que tomen las medidas adecuadas para ayudar a los refugiados a instalarse y a integrarse, y que garanticen que los servicios públicos estén dotados de suficientes recursos y que se prevean a tiempo los requisitos con el fin de facilitar su integración;

29.  Lamenta que el porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social siga siendo elevado; señala que unos niveles elevados de desigualdad y pobreza afectan a la cohesión social y obstaculizan además la estabilidad social y política; lamenta que las políticas destinadas a resolver eficazmente este problema no sean lo bastante ambiciosas para tener un efecto multiplicador económico suficiente; pide a los Estados miembros que aceleren sus medidas destinadas a conseguir el objetivo de la Estrategia Europa 2020 de reducir el número de personas en riesgo de pobreza en 20 millones; pide a la Comisión y a los Estados miembros que conviertan en prioritaria la reducción de las desigualdades; solicita que se reconozca y se apoye más el trabajo de las ONG, las organizaciones que luchan contra la pobreza y las organizaciones de personas afectadas por la pobreza, animándolas a que participen en el intercambio de buenas prácticas;

30.  Expresa su preocupación por la baja participación en el mercado laboral de las minorías étnicas, sobre todo de la comunidad gitana; pide que se aplique correctamente la Directiva 2000/78/CE; hace hincapié en la necesidad de promover el papel que desempeñan las ONG especializadas promoviendo su participación en el mercado laboral y ayudando no solo a que los niños se escolaricen, sino también a evitar el abandono escolar prematuro a fin de romper el círculo de la pobreza;

31.  Considera que es importante cerrar la brecha de inversión con objeto de generar un crecimiento sostenible sin poner en peligro la sostenibilidad económica y social de los Estados miembros; insiste, a este respecto, en la urgencia de garantizar la consolidación de las finanzas públicas, que es un aspecto vital para continuar garantizando el modelo social europeo característico de la Unión;

32.  Lamenta que en las últimas recomendaciones de la Comisión se ignorase la solicitud del Parlamento de reforzar la aplicación del artículo 349 del TFUE, en concreto adoptando medidas y programas diferenciados para reducir las asimetrías y ampliar al máximo la cohesión social en la Unión; insta a los Estados miembros, en este contexto, a que elaboren programas de inversión específicos para sus subregiones con tasas de desempleo superiores al 30 %; reitera su llamamiento a la Comisión para que ayude a los Estados miembros y a las regiones europeas, especialmente las ultraperiféricas, con la concepción y la financiación de los programas de inversión en el marco del MFP;

33.  Reconoce que la situación del mercado laboral europeo sigue siendo frágil, al ser incapaz, por una parte, de reducir unas tasas de desempleo aún elevadas y, por otra, de responder a la demanda de las empresas, que reclaman una mano de obra cualificada y competente; pide a la Comisión que promueva, al nivel de los Estados miembros, formas de cooperación que involucren a Gobiernos, empresas —incluidas las empresas de la economía social—, centros educativos, servicios de ayuda individuales, sociedad civil e interlocutores sociales, sobre la base de un intercambio de mejores prácticas y con objeto de adaptar los sistemas educativos y de formación de los Estados miembros para luchar contra el desequilibrio de capacidades a fin de satisfacer las necesidades del mercado laboral;

34.  Destaca que la educación es un derecho fundamental que debe garantizarse a todos los niños y que se deben analizar las diferencias en cuanto a la disponibilidad y la calidad de la educación con objeto de reforzar la escolarización para todos y reducir el abandono escolar prematuro; subraya que la adecuación de las capacidades y las cualificaciones a la demanda y las perspectivas de empleo favorece la creación de un mercado de trabajo inclusivo en la Unión; considera que la orientación y el asesoramiento que abordan las necesidades individuales y se centran en la evaluación y la expansión de las capacidades individuales deben ser un elemento central de las políticas de educación y capacidades desde una fase temprana de la educación de cada persona; pide a los Estados miembros que adapten mejor la educación y la formación a las necesidades del mercado laboral en toda la Unión, y subraya la importancia de evaluar las distintas situaciones del empleo en los Estados miembros con el fin de preservar su carácter específico y sus particularidades;

35.  Reconoce que los avances de las nuevas tecnologías y la digitalización de la industria europea representan importantes retos para la Unión; subraya que los modelos productivos de la Unión y de los Estados miembros, respaldados por sus modelos educativos, deben orientarse hacia los sectores de productividad elevada, en particular los relacionados con las TIC y la digitalización, a fin de mejorar la competitividad de la Unión a escala global;

36.  Resalta que una inversión insuficiente y no centrada adecuadamente en la educación en materia de capacidades digitales, programación y materias CTIM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) está socavando la posición competitiva de Europa, la disponibilidad de mano de obra cualificada y la empleabilidad de los trabajadores; considera que una mejor adecuación de las capacidades y un mejor reconocimiento mutuo de las cualificaciones permitirán superar la brecha existente en materia de déficits y desequilibrios de capacidades en el mercado laboral europeo y beneficiarán a los solicitantes de empleo, especialmente los jóvenes; pide a los Estados miembros que den prioridad a una amplia formación para todas las personas en capacidades digitales, programación y capacidades muy buscadas por los empleadores, manteniendo al mismo tiempo unos niveles muy altos en la educación tradicional, y que tengan en cuenta la transición hacia la economía digital en el contexto de la mejora de las cualificaciones y la reconversión profesional, que no deberían limitarse únicamente al conocimiento desde la perspectiva del usuario;

37.  Observa que en muchos Estados miembros es preciso hacer un mayor esfuerzo para educar a la población activa, también a través de las oportunidades en materia de educación para adultos y formación profesional; destaca la importancia que reviste el aprendizaje permanente, también para los trabajadores de mayor edad, para adaptar las competencias a las necesidades del mercado laboral; pide que se incremente la promoción de las materias CTIM entre las mujeres y las niñas a fin de luchar contra los estereotipos actuales en la educación y combatir las brechas a largo plazo en materia de empleo, salario y pensiones entre hombres y mujeres;

38.  Reconoce el valor de las nuevas tecnologías y la importancia de la alfabetización digital para la vida personal de los individuos y su integración con éxito en el mercado de trabajo; propone a los Estados miembros, por consiguiente, que incrementen su inversión en la mejora de las infraestructuras de TIC y la conectividad en los centros educativos y que elaboren estrategias eficaces para aprovechar el potencial de las TIC en el aprendizaje informal de los adultos y mejorar sus oportunidades de educación formal y no formal;

39.  Acoge con satisfacción la contribución de Erasmus+ al fomento de la movilidad y los intercambios culturales dentro de la Unión y con terceros países; pide una mejor promoción y utilización de los instrumentos europeos de transparencia, movilidad y reconocimiento de capacidades y cualificaciones con miras a facilitar la movilidad en los ámbitos del aprendizaje y el empleo; reitera la necesidad de garantizar oportunidades de movilidad para la formación profesional, para los jóvenes desfavorecidos y para las personas que sufren diferentes formas de discriminación;

40.  Acoge con satisfacción el nuevo marco político y de inversión derivado del Acuerdo de París, que contribuirá a la creación de nuevas oportunidades de empleo en los sectores hipocarbónicos y con un nivel mínimo de emisiones;

41.  Pide a la Comisión que insista en la importancia de minimizar los obstáculos y las barreras, tanto físicos como digitales, a los que todavía se enfrentan las personas con discapacidad en los Estados miembros;

42.  Acoge con satisfacción la mención explícita de los cuidados infantiles, la vivienda, la asistencia sanitaria y la educación en relación con la mejora del acceso a servicios de calidad;

43.  Recuerda que la libre circulación de los trabajadores es un principio fundamental del Tratado; celebra que en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2017 se haga hincapié en la importancia de garantizar la justicia social a través de una colaboración leal entre las distintas instituciones de los Estados miembros; pide a los Estados miembros, en consecuencia, que proporcionen suficientes recursos a las inspecciones de trabajo y a los otros organismos pertinentes y que mejoren la cooperación transfronteriza entre los servicios de inspección y el intercambio electrónico de información y datos con objeto de mejorar la eficiencia de los controles destinados a combatir y evitar el fraude social y el trabajo no declarado;

44.  Destaca la necesidad de impulsar la demanda interna fomentando las inversiones públicas y privadas y alentando reformas estructurales equilibradas desde los puntos de vista social y económico destinadas a reducir las desigualdades y promover el empleo sostenible y de calidad, el crecimiento sostenible, la inversión social y un saneamiento presupuestario responsable, reforzando así una trayectoria positiva hacia un entorno de mayor cohesión y una convergencia social ascendente para las empresas y los servicios públicos; hace hincapié en la importante función de la inversión en capital humano como estrategia común; destaca asimismo la necesidad de reorientar las políticas económicas de la Unión hacia una economía de mercado social;

45.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten las medidas adecuadas para garantizar a los trabajadores digitales los mismos derechos y el mismo nivel de protección social de que ya gozan trabajadores similares en el sector de que se trate;

46.  Observa que las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, que juntas representan más del 90 % de todas las empresas en Europa y constituyen el motor de la economía europea, así como los servicios sanitarios y sociales y las empresas sociales y solidarias, contribuyen realmente al desarrollo sostenible e integrador y a la creación de empleo de calidad; pide a la Comisión y a los Estados miembros que presten mayor atención a los intereses de las microempresas y las pymes en el proceso de elaboración de las políticas aplicando la prueba de las pymes a lo largo de todo el proceso legislativo, con arreglo al principio «pensar primero a pequeña escala», y que promuevan las modalidades existentes de apoyo financiero a las microempresas, como el Programa para el Empleo y la Innovación Social (EaSI); considera que es primordial reducir la carga administrativa que recae en esas empresas y eliminar la legislación innecesaria, velando no obstante por que no se erosionen los derechos laborales y sociales; destaca la necesidad de dar una segunda oportunidad a los empresarios que hayan fracasado de forma no fraudulenta en su primer intento y que hayan respetado los derechos de los trabajadores;

47.  Subraya que el emprendimiento social es un sector en alza que puede impulsar la economía y al mismo tiempo reducir la miseria, la exclusión social y otros problemas sociales; considera, por tanto, que la enseñanza del emprendimiento debe incluir una dimensión social y abordar cuestiones como el comercio justo, las empresas sociales y los modelos alternativos de negocio, como las cooperativas, con objeto de lograr una economía más social, integradora y sostenible;

48.  Insta a la Comisión y al Consejo a que estudien la manera de incrementar la productividad a través de la inversión en capital humano, teniendo en cuenta que los trabajadores más competentes, mejor integrados y más satisfechos son los que mejor pueden abordar los retos y exigencias a que se enfrentan las empresas y los servicios;

49.  Alienta a los Estados miembros a que presten especial atención a la situación de los empresarios autónomos con el fin de garantizar que cuenten con una protección social adecuada en lo tocante a los seguros de enfermedad, accidente y desempleo y sus derechos de pensión;

50.  Recuerda la importancia de crear una verdadera cultura empresarial que estimule a los jóvenes desde edades tempranas; pide, por tanto, a los Estados miembros que adapten sus programas educativos y de formación en consonancia con este principio; advierte a los Estados miembros de la importancia de crear incentivos para el emprendimiento, especialmente mediante la aplicación de normas fiscales y la reducción de las cargas administrativas; pide a la Comisión que, en estrecha colaboración con los Estados miembros, adopte medidas para ofrecer una mejor información sobre todos los fondos y programas europeos con capacidad de promover el emprendimiento, la inversión y el acceso a la financiación, como Erasmus para Jóvenes Emprendedores;

51.  Destaca el efecto multiplicador del presupuesto de la Unión en los presupuestos nacionales; subraya el papel complementario que desempeña el presupuesto de la Unión en la consecución de los objetivos de la Unión en el marco de las políticas sociales definidas en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2017 con objeto de crear más y mejores puestos de trabajo en toda la Unión;

52.  Manifiesta su preocupación por el retraso que está sufriendo la aplicación de los programas operativos en el actual periodo de programación; toma nota de que, en septiembre de 2016, tan solo se había designado al 65 % de las autoridades competentes, y pide a los Estados miembros que utilicen más activamente los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) y la IEJ para abordar las prioridades sociales y de empleo y apoyar la aplicación de las recomendaciones específicas por país centradas, en particular y de manera incluyente, en asuntos sociales y de empleo; subraya al mismo tiempo, no obstante, que estos fondos no deben utilizarse exclusivamente para poner en práctica las recomendaciones específicas por país, ya que ello podría conllevar la exclusión de otras áreas de inversión importantes; insiste en que deben hacerse mayores esfuerzos para simplificar los procedimientos, especialmente en el caso de la normativa financiera horizontal y sectorial, y para suprimir los obstáculos que impiden a la sociedad civil acceder a los fondos;

53.  Toma nota de que el crecimiento en la Unión y en la zona del euro sigue siendo modesto; subraya que se requieren inversiones en los ámbitos de la investigación, la innovación y la educación; toma nota de que en el presupuesto de la Unión para 2017 se asignan 21 312,2 millones EUR en concepto de créditos de compromiso para la competitividad, el crecimiento y el empleo a través de programas como Horizonte 2020, COSME y Erasmus+;

54.  Hace hincapié en que los fondos y programas europeos, como Erasmus para Emprendedores, la red europea de servicios de empleo (EURES), el Programa para la Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y Medianas Empresas (COSME), el Programa de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social (EaSI) y el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), tienen la capacidad de contribuir a facilitar el acceso a la financiación e impulsar la inversión y, por tanto, el emprendimiento; recuerda la importancia del principio de asociación, del principio de adicionalidad, del enfoque ascendente y de la asignación adecuada de recursos, así como de un equilibrio adecuado entre las obligaciones de informar y la recopilación de datos de aquellos que se benefician de los fondos; pide a la Comisión que vele por que se supervise estrechamente el uso de los fondos de la UE con el fin de mejorar la eficacia; pide a la Comisión que formule recomendaciones específicas por país sobre la ejecución de los fondos de la Unión con objeto de incrementar la cobertura y la eficacia de las políticas sociales y las políticas activas del mercado laboral a escala nacional;

55.  Celebra que en 2017 se asignaran 500 millones EUR adicionales al proyecto de presupuesto para la IEJ y 200 millones EUR para impulsar actividades clave para el crecimiento y la creación de empleo; recuerda la necesidad de aprovechar mejor los fondos e iniciativas disponibles relacionados con la educación y la formación, la cultura, el deporte y la juventud, así como de incrementar la inversión en estos sectores en caso necesario, especialmente por lo que respecta a los ámbitos temáticos que son directamente pertinentes para la Estrategia Europa 2020, como el abandono escolar prematuro, la enseñanza superior, el empleo juvenil, la educación y la formación profesionales, el aprendizaje permanente y la movilidad, con el fin de aumentar la resiliencia y reducir el desempleo, en particular entre los jóvenes y los grupos más vulnerables, prevenir la radicalización y lograr la integración social a largo plazo;

56.  Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de ampliar el FEIE y de duplicar su dotación hasta los 630 000 millones EUR para 2022, a la vez que se mejora la cobertura geográfica y sectorial; observa que, hasta la fecha, el FEIE no ha contribuido significativamente a mejorar la convergencia social y económica entre los Estados miembros y sus regiones dentro de la Unión ni a lograr que se preste mayor atención a las infraestructuras sociales; recuerda que la mayor parte de los proyectos se están aprobando en las regiones de Europa occidental en mejor situación económica, lo que está ahondando la brecha de inversión entre los Estados miembros y exacerbando los desequilibrios europeos; pide a la Comisión que asista a las regiones más débiles con el procedimiento de solicitud pero que no modifique la premisa básica de seleccionar los proyectos basándose únicamente en la calidad; pide encarecidamente a la Comisión que apoye a las empresas sociales y a las pymes para que puedan acceder al FEIE; pide a la Comisión y al Banco Europeo de Inversiones que adopten medidas adicionales y proactivas para garantizar que se involucre adecuadamente a todos los Estados miembros y sectores con vistas a acceder al FEIE, sobre todo aquellos que contribuyen directamente a la lucha contra la pobreza y la exclusión social; destaca la necesidad de reforzar las capacidades administrativas, como el Centro de Asesoramiento; lamenta que no haya información disponible sobre la creación de empleo prevista como resultado de las inversiones del FEIE; pide a la Comisión que supervise y controle las inversiones en el marco del FEIE, que evalúe su impacto económico y social, y que garantice que el FEIE no duplica los programas de financiación actuales ni sustituye al gasto público directo; reitera su llamamiento para que se invierta en capital humano y social en ámbitos como la asistencia sanitaria, los cuidados infantiles y la vivienda asequible;

57.  Señala que las regiones ultraperiféricas se enfrentan a una serie de limitaciones estructurales, cuya continuidad y asociación ponen coto a su desarrollo; pide a la Comisión que refuerce la aplicación del artículo 349 del TFUE;

58.  Subraya la necesidad de que la Comisión y los Estados miembros se comprometan con mayor firmeza a aplicar el artículo 174 del TFUE; insiste en que una mayor cohesión territorial implica una mayor cohesión económica y social, por lo que pide que se lleven a cabo inversiones estratégicas en las regiones afectadas, especialmente en banda ancha, con objeto de incrementar su competitividad, mejorar su tejido industrial y la vertebración territorial y, en última instancia, fijar su población;

59.  Exhorta a la Comisión y a los Estados miembros a que impliquen a todos los niveles de gobierno y a las partes interesadas pertinentes en la detección de trabas a las inversiones, centrándose en las regiones y los sectores más necesitados y dando acceso a instrumentos adecuados que combinen la financiación pública y privada;

60.  Pide a la Comisión que ponga en marcha políticas destinadas a luchar contra el declive demográfico y la dispersión de la población; destaca que una de las prioridades de la política de cohesión de la Unión debe ser la atención a las regiones afectadas por el declive demográfico;

61.  Destaca que todas las personas deben poder contar con acceso universal a pensiones de jubilación y de vejez públicas, solidarias y adecuadas; reconoce las dificultades a las que se enfrentan los Estados miembros para reforzar la sostenibilidad de los regímenes de pensiones, pero hace hincapié en la importancia de salvaguardar la solidaridad de estos regímenes reforzando sus ingresos sin aumentar necesariamente la edad de jubilación; subraya la importancia de los sistemas de pensiones públicos y profesionales que proporcionen unos ingresos de jubilación adecuados muy por encima del umbral de la pobreza y que permitan a los pensionistas mantener su nivel de vida; considera que la mejor forma de garantizar pensiones sostenibles, seguras y adecuadas para las mujeres y los hombres consiste en aumentar la tasa global de empleo y el número de puestos de trabajo de calidad para todas las edades, mejorar las condiciones de trabajo y de empleo y realizar el gasto público adicional necesario; considera que las reformas de los sistemas de pensiones deberían centrarse, entre otras cosas, en la edad efectiva de jubilación y reflejar las tendencias del mercado laboral, las tasas de natalidad, la situación de salud y riqueza, las condiciones laborales y la tasa de dependencia económica; considera que estas reformas deben, asimismo, tener en cuenta la situación de millones de trabajadores en Europa, en particular de las mujeres, los jóvenes y los trabajadores autónomos, que se ven más afectados por el empleo precario y atípico, los períodos de desempleo involuntario y la reducción de la jornada de trabajo;

62.  Hace ver a los Estados miembros, a la vista del envejecimiento de los ciudadanos europeos y su repercusión sobre el aumento de las necesidades asistenciales informales y formales, la necesidad de invertir en la promoción de la salud pública y la prevención de enfermedades, a la vez que se garantiza y mejora la sostenibilidad, seguridad, idoneidad y eficacia de los sistemas de protección social y la prestación de servicios sociales a largo plazo de calidad en las próximas décadas; alienta, por tanto, a los Estados miembros a que desarrollen estrategias que garanticen una financiación, una dotación de personal y un desarrollo adecuados de dichos sistemas y servicios, y a que amplíen la cobertura de los sistemas de seguridad social en favor de la sociedad y de las personas; insta, en particular, a la Comisión, los Estados miembros y los interlocutores sociales a:

63.  Subraya la necesidad de que la Comisión supervise la evolución del número de personas sin hogar y la exclusión en materia de vivienda, además de la evolución de los precios de la vivienda en los Estados miembros; pide que se adopten medidas urgentes para hacer frente al número cada vez mayor de personas sin hogar y de casos de exclusión en materia de vivienda en muchos Estados miembros; muestra su preocupación por las posibles consecuencias sociales del gran volumen de préstamos no productivos en los balances de los bancos, y especialmente por la declaración de la Comisión en el sentido de que se debería promover la venta a entidades no bancarias especializadas, lo que podría originar oleadas de desahucios; anima a los Estados miembros, a la Comisión y al BEI a que utilicen el FEIE para las infraestructuras sociales, incluida la aplicación del derecho a una vivienda digna y asequible para todos;

64.  Constata con preocupación que en algunos Estados miembros los salarios son insuficientes para garantizar una vida digna, lo que transforma a los trabajadores en «trabajadores pobres» y disuade a los desempleados de reincorporarse al mercado laboral; respalda, a este respecto, el fomento de la negociación colectiva;

65.  Anima a los Estados miembros a que adopten las medidas necesarias en favor de la inclusión social de los refugiados, así como de las personas pertenecientes a minorías étnicas o de origen inmigrante;

66.  Celebra que en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2017 se haga hincapié en la necesidad de promover reformas fiscales y de las prestaciones sociales destinadas a mejorar los incentivos al trabajo y su rentabilización, ya que los sistemas fiscales también pueden contribuir a luchar contra las desigualdades de renta y la pobreza, así como a aumentar la competitividad a escala global; pide a los Estados miembros que realicen una transición gradual hacia fuentes de impuestos distintas de los impuestos al trabajo;

67.  Pide que las reformas de los sistemas sanitario y de cuidados a largo plazo se centren en el desarrollo de la prevención y la promoción en materia de salud, el mantenimiento de unos servicios sanitarios de calidad y accesibles para todos, y la reducción de las desigualdades en el acceso a los servicios sanitarios;

68.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que colaboren para eliminar los obstáculos a la movilidad laboral, garantizando que los trabajadores móviles de la UE reciban el mismo trato que los trabajadores no móviles;

69.  Pide a los Estados miembros que incrementen la cobertura, la eficiencia y la eficacia de las políticas activas y sostenibles del mercado laboral en estrecha colaboración con los interlocutores sociales; celebra que en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2017 se soliciten más esfuerzos para elaborar medidas destinadas a favorecer la inclusión en el mercado laboral de los grupos desfavorecidos, en particular las personas con discapacidad, habida cuenta de su repercusión económica y social positiva a largo plazo;

70.  Pide a los Estados miembros que definan unas normas sociales ambiciosas basadas en sus propias recomendaciones específicas por país, en consonancia con sus competencias nacionales y su situación financiera y fiscal, en particular mediante la introducción de sistemas de ingresos mínimos adecuados a lo largo de todo el ciclo de vida, allí donde no existan, y eliminando las brechas en los sistemas de ingresos mínimos adecuados creadas por una cobertura deficiente o la no percepción;

71.  Acoge favorablemente la iniciativa de la Comisión relativa al inicio de consultas sobre la creación de un pilar europeo de derechos sociales; considera que esta iniciativa debe poder estimular el desarrollo de capacidades y competencias más flexibles, de medidas de aprendizaje permanente y de un apoyo activo del empleo de calidad;

72.  Reitera la solicitud hecha a la Comisión Europea en la última opinión elaborada por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales para la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, consistente en examinar la posibilidad de introducir un procedimiento para abordar los desequilibrios sociales en la concepción de las recomendaciones específicas por país, a fin de evitar una carrera de mínimos en materia de normas, basándose en el uso eficaz de los indicadores sociales y de empleo en el marco de la supervisión macroeconómica;

73.  Pide a los Estados miembros insistan en mayor medida en la necesidad de poner fin al ciclo de pobreza y promover la igualdad; pide a la Comisión Europea que formule unas recomendaciones más enérgicas para los Estados miembros en materia de inclusión y protección social, que vayan más allá de la población activa y, en particular, sobre la inversión en la infancia;

74.  Acoge favorablemente la implicación en el proceso del Semestre Europeo de los interlocutores sociales, los Parlamentos nacionales y otras partes interesadas pertinentes de la sociedad civil; reitera que el diálogo social y el diálogo con la sociedad civil son fundamentales para lograr cambios duraderos que beneficien a todos y esenciales para reforzar la eficacia y la idoneidad de las políticas europeas y nacionales, por lo que deben desarrollarse en todas las fases del Semestre; destaca la necesidad de hacer que la participación sea más eficaz, garantizando una sincronización útil, el acceso a los documentos y el diálogo con los interlocutores en el nivel adecuado;

75.  Recuerda las distintas solicitudes en relación con una agenda en la que la posición del Parlamento Europeo sea reforzada y se tenga en cuenta antes de que el Consejo adopte una decisión; pide, por otra parte, que la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales esté en igualdad de condiciones, teniendo presentes sus competencias específicas, con la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, cada vez que se solicite la opinión del Parlamento Europeo en las distintas fases del Semestre Europeo;

76.  Considera que debería convocarse una convención social de la Unión en la que los representantes de los interlocutores sociales, de los Gobiernos y Parlamentos nacionales y de las instituciones de la Unión debatan con la participación del público sobre el futuro y la configuración del modelo social europeo;

77.  Pide una vez más que se refuerce el papel del Consejo EPSCO en el Semestre Europeo;

78.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0355. (2) DO C 153 E de 31.5.2013, p. 57. (3) DO L 307 de 18.11.2008, p. 11. (4) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0416. (5) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0297. (6) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0059. (7) DO C 316 de 30.8.2016, p. 83. (8) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0033. (9) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0401. (10) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0384. (11) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0389. (12) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0321. (13) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0320. (14) DO C 289 de 9.8.2016, p. 19. (15) DO C 224 de 21.6.2016, p. 19. (16) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0394. (17) DO C 76 E de 25.3.2010, p. 16. (18) http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_03/SR15_03_ES.pdf. (19) http://www.eurofound.europa.eu/european-working-conditions-surveys-ewcs. (20) https://www.eurofound.europa.eu/young-people-and-neets-1. (21) Véase el informe sobre desempleo juvenil de Eurofound. (22) Informe Conjunto sobre el Empleo 2016, p. 2. (23) Informe de la OCDE titulado «Todos juntos: ¿por qué reducir la desigualdad nos beneficia», 2015. (24) Informe del FMI titulado «Causes and Consequences of Income Inequality» (Causas y consecuencias de las desigualdades de renta), junio de 2015.