El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Sudán y Sudán del Sur,

–  Vista la declaración de la troika (Estados Unidos, Reino Unido y Noruega) y la Unión, de 8 de mayo de 2017, sobre la situación en materia de seguridad en Sudán del Sur,

–  Vista la declaración del portavoz del secretario general de las Naciones Unidas, de 29 de abril de 2017, sobre Sudán del Sur,

–  Visto el informe final, del Grupo de Expertos sobre Sudán del Sur del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 13 de abril de 2017,

–  Visto el comunicado de la 30.a Cumbre Extraordinaria de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), de 25 de marzo de 2017, sobre Sudán del Sur,

–  Vistos los resultados del 34.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, celebrado entre el 27 de febrero y el 24 de marzo de 2017,

–  Vista la declaración del presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 23 de marzo de 2017, sobre Sudán del Sur,

–  Vista la declaración de la Comisión al Parlamento Europeo, de 1 de febrero de 2017,

–  Vista la Resolución 2327 (2016) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 16 de diciembre de 2016,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo, de 12 de diciembre de 2016, sobre Sudán del Sur,

–  Visto el informe humanitario de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) de las Naciones Unidas, de 9 de mayo de 2017,

–  Visto el Acuerdo sobre la resolución del conflicto de Sudán del Sur (ARCSS) de la IGAD, de 17 de agosto de 2015,

–  Visto el Acuerdo General de Paz para Sudán de 2005,

–  Visto el Acuerdo de Asociación de Cotonú revisado,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

–  Vista la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos,

–  Visto el Tratado sobre el Comercio de Armas,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que Sudán del Sur lleva más de tres años sumido en una guerra civil que estalló a raíz de que Salva Kiir, presidente del país y miembro de la etnia dinka, acusara a su vicepresidente destituido Riek Machar, de etnia nuer, de tramar un golpe de Estado contra él; que Riek Machar ha negado dicha acusación;

B.  Considerando que, a pesar de la firma del ARCSS en agosto de 2015, sigue sin mostrarse respeto alguno por el Derecho internacional humanitario y los derechos humanos y sin que se rindan cuentas por las violaciones y los conculcaciones producidas en el marco del conflicto;

C.  Considerando que el país se enfrenta a la hambruna y al hundimiento de su economía como consecuencia de la guerra civil, con más de 3,6 millones de personas obligadas a abandonar sus hogares y 4,9 millones de personas que han pasado a estar en una situación de inseguridad alimentaria; que las necesidades humanitarias han ido en constante aumento hasta alcanzar niveles alarmantes y se calcula que 7,5 millones de personas necesitan ayuda humanitaria y más de un millón de personas se refugian en estos momentos en instalaciones de las Naciones Unidas; que las agencias de las Naciones Unidas han hecho más apremiante su petición de ayuda humanitaria afirmando necesitar por lo menos 1 400 millones de dólares para ayudar a mitigar los niveles «inimaginables» de sufrimiento; que hasta la fecha únicamente se ha podido reunir un 14 % de los fondos pedidos;

D.  Considerando que, al ritmo actual, para finales de 2017 la mitad de la población del país habrá o bien perdido la vida o bien pasado a estar desplazada; que se desconoce el número de personas que han perdido la vida como resultado de la violencia;

E.  Considerando que, según el último informe del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas, el Gobierno de Sudán del Sur resulta ser uno de los principales autores de actos de violencia y violaciones de los derechos humanos del país y se cree que la hambruna está «provocada por el hombre», siendo el despilfarro de dinero en armas por parte de dicho Gobierno uno de sus principales motivos;

F.  Considerando que, estas últimas semanas, las grandes ofensivas gubernamentales en Yuai, Waat, Tonga y Kodok han tenido consecuencias humanitarias trágicas, incluido el desplazamiento de entre 50 000 y 100 000 personas; que esto tiene lugar tras el asesinato de numerosos civiles el 8 de abril de 2017 en el municipio occidental de Wau como acto de castigo colectivo por motivos étnicos y políticos; que las fuerzas gubernamentales no dejan de atacar a los civiles, lo que constituye una violación del Derecho aplicable a los conflictos armados, e impiden a la misión de las Naciones Unidas proteger a la población civil;

G.  Considerando que el Gobierno ha destruido hospitales y clínicas, lo que constituye un crimen de guerra; que se ha robado material sanitario de hospitales y clínicas, lo que ha provocado el cierre de instalaciones e impedido la prestación de atención médica a personas cuyas vidas podrían haber sido salvadas;

H.  Considerando que casi un tercio de las escuelas de Sudán del Sur han sido destruidas, dañadas, ocupadas o cerradas, lo que afecta gravemente a la educación de toda una generación de niños; que se calcula que más de 600 000 niños menores de cinco años sufren desnutrición aguda;

I.  Considerando que aproximadamente dos millones de niños han huido del país, lo que representa el 62 % de los refugiados que han abandonado Sudán del Sur, y que el conflicto les genera estrés, trastornos emocionales y traumas insoportables; que se calcula que alrededor de 17 000 niños, principalmente muchachos, han sido reclutados o utilizados como soldados por las fuerzas y grupos armados del país; que miles de niños han sido asesinados o violados, se han convertido en desplazados o han quedado huérfanos;

J.  Considerando que se recurre a la violación y el secuestro sistemáticos de mujeres y niñas como arma de guerra, concluyéndose en un estudio de las Naciones Unidas que el 70 % de las mujeres que viven en los campamentos de personas desplazadas de Yuba habían sido violadas, en su inmensa mayoría por policías o soldados;

K.  Considerando que, debido a la inestabilidad en los países vecinos, Sudán del Sur también alberga a aproximadamente 270 000 refugiados de Sudán, República Democrática del Congo (RDC), Etiopía y República Centroafricana;

L.  Considerando que, en junio de 2016, la Organización Mundial de la Salud declaró un brote de cólera, que ya ha afectado a miles de personas y que, de acuerdo con las informaciones disponibles, ha seguido expandiéndose en las últimas semanas; que muchas muertes provocadas por el cólera, la malaria, el sarampión, la diarrea y enfermedades respiratorias graves son consecuencia de la extrema pobreza y las condiciones de vida deplorables y que muchas muertes podían haberse evitado si las personas hubiesen tenido acceso a asistencia sanitaria;

M.  Considerando que el ARCSS estipula que el mandato del Gobierno de transición de unidad nacional finaliza con las elecciones en agosto de 2018;

N.  Considerando que, según las Naciones Unidas y otros informes dignos de crédito, intermediarios establecidos en Estados miembros de la Unión y en numerosos países terceros han transferido helicópteros y ametralladoras a facciones armadas de Sudán del Sur y les han prestado apoyo logístico militar; que el carácter prolongado del conflicto ha permitido la aparición de nuevos grupos armados y la militarización de la sociedad;

O.  Considerando que el número de ataques contra personal y envíos humanitarios es extremadamente preocupante; que, desde diciembre de 2013, han sido asesinados al menos 79 trabajadores humanitarios; que, más recientemente, en marzo de 2017, seis trabajadores humanitarios y sus respectivos conductores resultaron muertos en el ataque más mortal contra trabajadores humanitarios hasta la fecha;

P.  Considerando que, el 21 de febrero de 2017, la Comisión anunció un paquete de medidas de urgencia, por un valor de 82 millones de euros, a raíz de la aparición de la hambruna; que la Unión es uno de los principales donantes del país, que en 2016 aportó más del 40 % del total de la financiación destinada a ayuda humanitaria en apoyo de programas de salvamento, y ha aportado unos 381 millones de euros para ayuda humanitaria desde el comienzo del conflicto en 2013;

1.  Manifiesta su honda preocupación por el actual conflicto en Sudán del Sur; pide el cese inmediato de las operaciones militares y recuerda una vez más al presidente Salva Kiir, así como al exvicepresidente Riek Machar, sus obligaciones contraídas en virtud del Acuerdo sobre la resolución del conflicto de Sudán del Sur; pide al presidente Kiir que dé cumplimiento inmediato a su compromiso de cese el fuego unilateral comunicado a los jefes de Estado de la IGAD el 25 de marzo de 2017;

2.  Pide que todas las partes en conflictos armados pongan fin por completo y sin dilación a todos los actos de violencia sexual contra civiles, en particular contra mujeres y niñas; recuerda que la violación como arma de guerra constituye un crimen de guerra punible con arreglo al Derecho internacional; pide al Gobierno de Sudán del Sur que ofrezca protección a todos los grupos vulnerables, con el fin de llevar ante la justicia a los autores y de acabar con la impunidad de policías y militares;

3.  Denuncia todos los ataques contra civiles y trabajadores humanitarios, ataques estos últimos que entorpecen las operaciones de salvamento y de suministro; subraya que no existe una solución militar al conflicto y que el Gobierno de Sudán del Sur debe asegurar un alto el fuego significativo que muestre un compromiso verdadero con la paz y la estabilidad; opina que un compromiso con la paz debe ir más allá de un simple cese de hostilidades e incluir la retirada de tropas, la disolución de las milicias étnicas, el suministro sin obstáculos de ayuda humanitaria y la liberación de los detenidos por motivos políticos;

4.  Manifiesta su profunda preocupación por la grave situación humanitaria en todo el país, que sigue deteriorándose; pide, por consiguiente, una vez más a la Unión y a sus Estados miembros que aumenten la ayuda humanitaria con el fin de aliviar la hambruna y que ejerzan presión sobre el Gobierno de Sudán del Sur para garantizar que las vías de suministro de ayuda humanitaria se mantengan abiertas;

5.  Deplora el reclutamiento de niños en los conflictos armados por todas las partes en el conflicto de Sudán del Sur; subraya que el reclutamiento de niños por las partes en un conflicto constituye un crimen de guerra, del que los comandantes deben considerarse responsables desde el punto de vista penal; advierte de que toda una generación de jóvenes se encuentra en riesgo de sufrir traumas graves y trastornos emocionales severos y de no recibir educación alguna; pide que a través de los programas humanitarios y de desarrollo de la Unión se contribuya a proporcionar educación básica y a la rehabilitación y prestación de asesoramiento a largo plazo; condena enérgicamente el uso de infraestructuras educativas para operaciones militares;

6.  Pide al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad que utilicen todos los recursos disponibles para hacer partícipes a las Naciones Unidas, a la Unión Africana (UA) y a la IGAD en el lanzamiento de un nuevo proceso político con vistas a lograr un alto el fuego prolongado y la plena aplicación de los capítulos de seguridad y gobernanza del acuerdo de paz;

7.  Opina que la UA, apoyada por la Unión y sus Estados miembros, debe adoptar un papel activo en la mediación en la búsqueda de una solución política para lograr una paz duradera en Sudán del Sur, inclusive dedicando más recursos al enviado de la UA a Sudán del Sur, Alpha Oumar Konare; apoya las peticiones de que la Comisión de la UA organice una conferencia internacional, con la participación de las Naciones Unidas y la IGAD, con vistas a unificar y conciliar los esfuerzos internacionales para poner fin a la guerra en Sudán del Sur;

8.  Reitera su pleno apoyo a la labor del representante especial de las Naciones Unidas para Sudán del Sur y al mandato de la misión de las Naciones Unidas a Sudán del Sur (UNMISS) y su fuerza de protección regional, encargadas de proteger a los civiles e impedir la violencia contra ellos y de crear las condiciones necesarias para el suministro de ayuda humanitaria; pide a todas las partes que faciliten el rápido despliegue de una fuerza de protección regional activa bajo el mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, destinada a reforzar una presencia activa de la UNMISS, y pide a los Estados miembros y a la VP/AR que refuerce urgente y significativamente las capacidades europeas de la UNMISS;

9.  Subraya, con carácter de urgencia, la necesidad de establecer un tribunal mixto para Sudán del Sur, que prevea la adopción de estatutos jurídicos por parte de la UA y la asistencia con recursos de las Naciones Unidas y de la Unión; recuerda que eso forma parte del acuerdo de paz de 2016, por lo que no debería ser objeto de una nueva negociación;

10.  Insiste en que, para ser significativo e inclusivo, el proceso de diálogo nacional debe satisfacer indicadores claros, incluida una dirección neutral y la inclusión de grupos de la oposición y de ciudadanos de Sudán del Sur que viven fuera del país, y que para ser legítimo y eficaz, este proceso ha de incluir también a representantes de todas las partes en el conflicto y a otras partes interesadas de Sudán del Sur, incluidas representantes de las mujeres;

11.  Condena todo intento de restringir la libertad de expresión, que es un derecho humano fundamental y forma parte de un auténtico debate político; deplora los asesinatos de trabajadores humanitarios, representantes de la sociedad civil y periodistas, y pide que los actores de tales crímenes sean llevados ante la justicia; pide la inmediata liberación de todos los presos políticos;

12.  Condena todos los ataques a centros de enseñanza y edificios públicos y el uso de escuelas para fines militares; pide a las partes que respeten las Directrices para Prevenir el Uso Militar de Escuelas y Universidades durante Conflictos Armados;

13.  Lamenta que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no adoptase una resolución el 23 de diciembre de 2016 que habría impuesto a Sudán del Sur un embargo de armas y una prohibición de viajar y la congelación de bienes a tres importantes dirigentes de Sudán del Sur; pide que la Unión persiga un embargo internacional de armas contra Sudán del Sur, y que tal embargo sea aplicado de manera eficaz; manifiesta su alarma ante los informes relativos a transferencias de armas a Sudán del Sur, en violación de la Posición Común del Consejo 2008/944/PESC, facilitadas por intermediarios establecidos en Estados miembros de la Unión; insta a los Estados miembros y a la VP/AR a que hagan respetar el régimen de control de armas de la Unión y a que inicien un diálogo formal con cualquier país que se sepa manifiestamente que exporta armas y ayuda logística a Sudán del Sur;

14.  Pide a las autoridades que velen por que todo retorno o reubicación de personas desplazadas internas se lleve a cabo en condiciones seguras y dignas; pide que se recurra a sanciones específicas contra cualquier figura política o militar clave del gobierno o de la oposición que perpetúe el conflicto o cometa violaciones de derechos humanos, como parte de una estrategia de la Unión para garantizar el suministro de ayuda humanitaria, el mantenimiento de un alto el fuego y el inicio de un proceso político renovado para la aplicación del acuerdo de paz;

15.  Opina que, debido al conflicto recurrente, a la inseguridad y a los desplazamientos masivos de personas, no es posible celebrar elecciones creíbles y pacíficas en el actual contexto político; recuerda que el mandato del Gobierno de transición de unidad nacional finaliza en junio de 2018; subraya la importancia que reviste que se dé a las mujeres de Sudán del Sur un papel fundamental en las conversaciones de paz y en el gobierno del país; pide a la Unión que apoye a las mujeres a nivel de base, ya que confieren una diferencia tangible en la calidad de las negociaciones de paz transformando la tendencia a las sospechas en un ambiente de confianza y promoviendo la reconciliación;

16.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Gobierno de Sudán del Sur, a la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, al comisario para los Derechos Humanos de Sudán del Sur, a la Asamblea Nacional Legislativa de Sudán del Sur, a las instituciones de la Unión Africana, a los copresidentes de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE y al secretario general de las Naciones Unidas.