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Procedimiento : 2016/2065(INI)
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A8-0190/2017

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PV 13/06/2017 - 5.4

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P8_TA(2017)0248

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Martes 13 de junio de 2017 - Estrasburgo
Fusiones y escisiones transfronterizas
P8_TA(2017)0248A8-0190/2017

Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de junio de 2017, sobre fusiones y escisiones transfronterizas (2016/2065(INI))

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los artículos 49, 54 y 153 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Vista la sexta Directiva 82/891/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1982, basada en la letra g) del apartado 3 del artículo 54 del Tratado y referente a la escisión de sociedades anónimas,(1),

–  Vista la Directiva 2005/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a las fusiones transfronterizas de las sociedades de capital,(2),

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 2157/2001 del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por el que se aprueba el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea (SE)(3),

–  Vista la Directiva 2001/86/CE del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por la que se completa el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores(4),

–  Vista la Directiva 2002/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, por la que se establece un marco general relativo a la información y a la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea(5),

–   Vista la Comunicación de la Comisión, de 12 de diciembre de 2012, titulada «Europa 2020: Derecho de sociedades europeo y gobierno corporativo - un marco jurídico moderno para una mayor participación de los accionistas y la viabilidad de las empresas» (COM(2012)0740),

–  Vista su Resolución, de 14 de junio de 2012, sobre el futuro del Derecho europeo de sociedades(6),

–  Vista su Resolución, de 10 de marzo de 2009, con recomendaciones destinadas a la Comisión, sobre el traslado transfronterizo de la sede social de una empresa(7),

–   Vista la Comunicación de la Comisión, de 25 de octubre de 2016, titulada «Establecimiento de un sistema de imposición de las sociedades equitativo, competitivo y estable para la UE» (COM(2016)0682),

–  Vistas las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de libertad de establecimiento, en particular en los asuntos SEVIC Systems AG(8), Cadbury Schweppes plc & Cadbury Schweppes Overseas Ltd v Commissioners of Inland Revenue(9), CARTESIO Oktató és Szolgáltató bt.(10), VALE Építési kft.(11), KA Finanz AG v Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group(12), Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam v Inspire Art Ltd.(13), Überseering BV v Nordic Construction Company Baumanagement GmbH (NCC)(14), Centros Ltd v Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (15), y The Queen v H. M. Treasury and Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily Mail and General Trust plc.(16),

–  Vistos los comentarios de la Comisión, de octubre de 2015, que recogen el resumen de las respuestas a la consulta pública sobre fusiones y escisiones transfronterizas llevada a cabo entre el 8 de septiembre de 2014 y el 2 de febrero de 2015(17);

–  Visto el estudio de junio de 2016 del Departamento Temático C - Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo titulado «Cross-border mergers and divisions, transfers of seat: is there a need to legislate?» (Fusiones y escisiones transfronterizas, traslados del domicilio social: ¿Es necesario legislar?)(18);

–  Visto el estudio del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo titulado «Ex-post analysis of the EU framework in the area of Cross-border mergers and divisions» (Análisis ex post del marco de la UE en el ámbito de las fusiones y escisiones transfronterizas)(19);

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Programa de Trabajo de la Comisión para 2017 - Realizar una Europa que proteja, capacite y vele por la seguridad» y, en particular, el punto 4 del capítulo II (COM(2016)0710),

–  Vistos el artículo 52 de su Reglamento, así como el artículo 1, apartado 1, letra e), y el anexo 3 de la Decisión de la Conferencia de Presidentes, de 12 de diciembre de 2002, sobre el procedimiento de autorización para la elaboración de informes de propia iniciativa,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0190/2017),

A.  Considerando las importantes repercusiones sobre la competitividad europea de una reforma exhaustiva del Derecho de sociedades, así como los obstáculos a la plena aplicación de la Directiva sobre fusiones transfronterizas;

B.  Considerando que las escisiones transfronterizas de las empresas aún no están sujetas a una normativa común; que la situación presente supone evidentes dificultades procesales, administrativas y financieras para las empresas afectadas, así como el riesgo de abusos y dumping;

C.  Considerando que el Parlamento Europeo ha pedido enérgica y reiteradamente una legislación europea en materia de traslado transfronterizo de los domicilios sociales de las empresas; que la mayoría de las partes interesadas apoya ampliamente las solicitudes del Parlamento;

D.  Considerando que, en aras de la mejora de la movilidad de las empresas en el seno de la Unión, es importante contar con un marco jurídico común en materia de fusiones y escisiones de empresas y operaciones de transferencia;

E.  Considerando que no todos los Estados miembros en los que se producen operaciones de fusión y escisión transfronteriza o traslado de domicilio social disponen de normas que otorguen a los trabajadores derechos en materia de consulta, información y cogestión;

F.  Considerando que el traslado del domicilio social no debería eludir los requisitos jurídicos, sociales y fiscales previstos por la normativa de la Unión y de los Estados miembros de origen, sino que debería aspirar a establecer un marco jurídico uniforme que garantice la máxima transparencia y simplificación de los procedimientos y que luche contra el fenómeno del fraude fiscal;

G.  Considerando que el acervo de la Unión pertinente prevé un amplio conjunto de derechos de información, consulta y participación de los trabajadores; que la Directiva 2009/38/CE(20) y la Directiva 2005/56/CE garantizan la participación transfronteriza de los trabajadores y establecen el principio de los derechos preexistentes; que se considera que esos derechos de los trabajadores deben protegerse igualmente en el caso de traslado de sedes;

H.  Considerando que todas las nuevas iniciativas del Derecho de sociedades europeo deben basarse en una evaluación y una valoración en profundidad de las formas jurídicas de sociedades existentes, en las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de movilidad transfronteriza de las empresas, y en evaluaciones de impacto que reflejen los intereses de todas las partes interesadas, incluidos los accionistas, los acreedores, los inversores y los trabajadores, garantizando los principios de subsidiariedad y proporcionalidad;

Cuestiones horizontales

1.  Reitera la importancia de que se defina un marco para regular de manera global la movilidad de las empresas a escala europea, a fin de simplificar los procedimientos y requisitos para el traslado, la escisión y la fusión, así como para evitar abusos y traslados ficticios con fines de dumping social o fiscal;

2.  Pide a la Comisión que preste atención a los resultados de la consulta pública realizada entre el 8 de septiembre de 2014 y el 2 de febrero de 2015 con respecto a la posible revisión de la Directiva 2005/56/CE y la posible introducción de un marco legislativo que regule las escisiones transfronterizas; recuerda que los resultados de la consulta han puesto de manifiesto una convergencia sobre las prioridades normativas en materia de fusiones y escisiones transfronterizas con los objetivos de potenciar el mercado interior y fomentar los derechos de los trabajadores;

3.  Considera importante que las futuras propuestas legislativas en materia de movilidad de las empresas prevean una armonización máxima, en particular por lo que se refiere a las normas procesales, los derechos de los agentes de la gobernanza corporativa, en particular en el caso de los más pequeños, y la ampliación de la aplicabilidad a todas las entidades definidas como empresa en el sentido del artículo 54 del TFUE, seguida por otras normas sectoriales, como por ejemplo en el ámbito de los derechos de los trabajadores;

4.  Considera que las nuevas normas en materia de fusiones, escisiones y traslados de sedes deberían facilitar la movilidad de las empresas en el seno de la Unión, teniendo en cuenta sus necesidades de restructuración con el fin de aprovechar mejor las oportunidades del mercado interior, y facilitar la libertad de las empresas en materia de organización, teniendo debidamente en cuenta los derechos de los trabajadores en materia de representación; llama la atención, a este respecto, sobre la importancia que reviste que se eliminen los obstáculos ligados a los conflictos de competencia de las leyes para determinar el Derecho nacional aplicable; Considera que la protección de los derechos de los trabajadores podría abordarse mediante distintos actos jurídicos de la Unión, en particular una propuesta de directiva sobre normas mínimas relativas a los trabajadores y la participación de los trabajadores en formas jurídicas de sociedades europeas y en los consejos de administración de las empresas creados en virtud del Derecho europeo;

Fusiones transfronterizas

5.  Destaca el efecto positivo de la Directiva 2005/56/CE relativa a las fusiones transfronterizas de las sociedades de capital, que ha servido para facilitar las fusiones transfronterizas entre sociedades de responsabilidad limitada en la Unión, tal y como demuestran las cifras oficiales que demuestran un incremento significativo del número de fusiones transfronterizas en los últimos años, y para reducir los costes y los procedimientos administrativos de las mismas;

6.  Considera que es necesario proceder a una revisión de la Directiva 2005/56/CE para mejorar su aplicación y responder a la reciente evolución en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de libertad de establecimiento de las sociedades y en el derecho europeos en materia de sociedades; considera que la futura propuesta legislativa por la que se modifica la Directiva 2005/56/CE debe comprender un nuevo conjunto de normas que regulen la escisión de empresas y también debería establecer unas líneas directrices para la futura legislación relativa a la movilidad de las empresas;

7.  Pide a la Comisión que tenga en cuenta los resultados de la consulta de octubre de 2015, que ponen de manifiesto, en particular, la necesidad de una armonización máxima por lo que se refiere a los criterios que regulan los efectos de las fusiones sobre las distintas partes interesadas de la empresa;

8.  Considera prioritario que para una serie de actores y categorías de la gobernanza corporativa se defina un conjunto de normas más avanzadas y que estas normas se reproduzcan para modelos comunes futuros de escisión transfronteriza y traslado del domicilio social; considera esencial que los procedimientos de fusión transfronteriza se simplifiquen mediante una definición más clara de las normas relativas a la documentación jurídica, empezando con las cuestiones de la información de los accionistas y la recopilación de la documentación de la fusión, y la introducción de nuevas prácticas de digitalización, siempre y cuando se mantengan los requisitos y normas de procedimiento de base establecidas en la Directiva 2005/56/CE (incluida la expedición de un certificado de prefusión y el control de la legalidad de conformidad con los artículos 10 y 11 de la Directiva) y se preserven intereses públicos como la seguridad jurídica y la fiabilidad de los registros comerciales;

9.  Espera que las nuevas disposiciones en materia de derechos de los trabajadores se definan de forma que se evite que algunas empresas recurran a la Directiva relativa a las fusiones transfronterizas únicamente con objeto de trasladar el domicilio social por motivos fiscales, sociales y legales abusivos; subraya la importancia de que se eliminen las ambigüedades en la aplicación de sanciones nacionales en caso de incumplimiento de la legislación en materia de derechos de los trabajadores;

10.  Considera que es importante introducir mejoras en algunos aspectos clave:

   gestión de activos y pasivos;
   método de evaluación de las actividades,
   normas sobre protección de acreedores;
   fecha de inicio y duración del período de protección para los acreedores, de conformidad con el principio de la atribución de responsabilidad a la asamblea general;
   transmisión de las informaciones relativas a la empresa, a través de los registros comerciales interconectados y normalizados de los Estados miembros;
   derechos de los accionistas minoritarios;
   establecimiento de normas mínimas en materia de información, consulta y codeterminación de los trabajadores;
   determinadas exenciones específicas de los requisitos de procedimiento;

11.  Concede gran importancia a la protección de determinados derechos de los accionistas minoritarios, entre ellos el derecho de investigación de la fusión, el derecho a compensación de un accionista que abandona la empresa por oposición a la fusión o el derecho a impugnar la adecuación del tipo de cambio;

12.  Apoya la posibilidad de introducir procedimientos transfronterizos acelerados en caso de consenso entre todos los accionistas, ausencia de trabajadores o irrelevancia de las repercusiones para los acreedores;

Escisiones transfronterizas

13.  Recuerda que la Directiva 82/891/CEE regula únicamente las escisiones de empresas dentro de un Estado miembro; toma nota de que, aunque los casos concretos de escisiones de empresas entre diferentes Estados miembros son muy limitados, tal y como se recoge en la consulta realizada por la Comisión en 2015, las cifras sobre escisiones nacionales revelan existe una necesidad real de que se establezca un marco especial de la Unión para las escisiones transfronterizas; destaca que una posible nueva Directiva no debería utilizarse como instrumento formal para las escisiones en una empresa con el objetivo de buscar el foro de conveniencia y eludir las obligaciones jurídicas dimanantes del Derecho nacional;

14.  Pide a la Comisión que tenga en cuenta los importantes efectos económicos que se derivarían de una reglamentación de las escisiones transfronterizas, como la simplificación de la estructura organizativa, una mayor capacidad de adaptación y nuevas oportunidades de mercado interno;

15.  Destaca lo prolongado y complejo de los procedimientos necesarios en la actualidad para realizar una escisión transfronteriza, que generalmente se realizan en dos fases: una escisión nacional y, a continuación, una fusión transfronteriza; considera que la introducción de unas normas armonizadas al nivel de la Unión en el ámbito de las escisiones transfronterizas daría lugar a una simplificación de las operaciones y a una reducción de los costes y de la duración de los procedimientos;

16.  Recuerda la importancia de que se eliminen los obstáculos ligados a los conflictos de competencia de las leyes para determinar el Derecho nacional aplicable;

17.  Recuerda que en algunos Estados miembros no existen normas nacionales específicas sobre cómo realizar una escisión transfronteriza;

18.  Considera que la futura propuesta legislativa sobre las escisiones transfronterizas debe apoyarse en los principios y requisitos enumerados en el contexto de la Directiva relativa a las fusiones transfronterizas:

   las cuestiones de procedimiento y simplificación, incluidas todas las principales formas de escisión empresarial practicadas en la actualidad, como la atomización de la propiedad, las empresas semilla o la cesión parcial de las actividades a una filial de nueva creación («hive-down»),
   los derechos de los acreedores y de los accionistas minoritarios, reafirmando los principios de protección y eficacia,
   cumplimiento de las normas en materia de participación y representación por los trabajadores y protección de los mismos, al objeto de mejorar la protección de los trabajadores, en particular frente al dumping social;
   las cuestiones contables,
   gestión de activos y pasivos,
   la armonización de las normas y procedimientos, como por ejemplo, los derechos vinculados a las acciones, las obligaciones de registro y de comunicación entre los registros mercantiles, la fecha de finalización de la operación, el contenido mínimo de los términos de la escisión, las reglas de mayoría, el órgano competente para supervisar el cumplimiento y la legalidad de la operación;

o
o   o

19.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como al Comité Económico y Social Europeo.

(1) DO L 378 de 31.12.1982, p. 47.
(2) DO L 310 de 25.11.2005, p. 1.
(3) DO L 294 de 10.11.2001, p. 1.
(4) DO L 294 de 10.11.2001, p. 22.
(5) DO L 80 de 23.3.2002, p. 29.
(6) DO C 332 E de 15.11.2013, p. 78.
(7) DO C 87 E de 1.4.2010, p. 5.
(8) Asunto C-411/03, SEVIC Systems AG, de 13 de diciembre de 2005, ECLI:EU:C:2005:762.
(9) Asunto C-196/04, Cadbury Schweppes Overseas Ltd/Commissioners of Inland Revenue, de 12 de septiembre de 2006, ECLI:EU:C:2006:544.
(10) Asunto C-210/06, CARTESIO Oktató és Szolgáltató bt., de 16 de diciembre de 2008, ECLI:EU:C:2008:723.
(11) Asunto C-378/10, VALE Építési kft., de 12 de julio de 2012, ECLI:EU:C:2012:440.
(12) Asunto C-483/14, KA Finanz AG/Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group, de 7 de abril de 2016, ECLI:EU:C:2016:205.
(13) Asunto C-167/01, Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam/Inspire Art Ltd., de 30 de septiembre de 2003, ECLI:EU:C:2003:512.
(14) Asunto C-208/00, Überseering BV/Nordic Construction Company Baumanagement GmbH (NCC), de 5 de noviembre de 2002, ECLI:EU:C:2002:632.
(15) Asunto C-212/97, Centros Ltd/Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, de 9 de marzo de 1999, ECLI:EU:C:1999:126.
(16) Asunto C81/87, The Queen/H. M. Treasury and Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily Mail and General Trust plc., de 27 de septiembre de 1988, ECLI:EU:C:1988:456.
(17) http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/cross-border-mergers-divisions/docs/summary-of-responses_en.pdf
(18) PE 556.960, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556960/IPOL_STU(2016)556960_EN.pdf
(19) PE 593.796.
(20) Directiva 2009/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, sobre la constitución de un comité de empresa europeo o de un procedimiento de información y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria (refundición). DO L 122 de 16.5.2009, p. 28.

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