El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores Resoluciones, y en particular las de 24 de noviembre de 2016 sobre las relaciones entre la Unión Europea y Turquía(1) y de 27 de octubre de 2016 sobre la situación de los periodistas en Turquía(2),

–  Vistas su Resolución, de 13 de noviembre de 2014, sobre las tensiones generadas por las acciones turcas en la zona económica exclusiva de Chipre(3) y su Resolución, de 15 de abril de 2015, sobre el centenario del genocidio armenio(4),

–  Vistos la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 9 de noviembre de 2016, sobre la política de ampliación de la UE (COM(2016)0715) y el Informe 2016 sobre Turquía (SWD(2016)0366),

–  Vistas las conclusiones de la Presidencia, de 13 de diciembre de 2016, y las conclusiones previas pertinentes del Consejo y del Consejo Europeo,

–  Visto el marco de negociación con Turquía, y en particular el apartado 5 de los principios que rigen las negociaciones, de 3 de octubre de 2005,

–  Vistas la Decisión 2008/157/CE del Consejo, de 18 de febrero de 2008, relativa a los principios, prioridades y condiciones contemplados en la Asociación para la adhesión con la República de Turquía(5) («Asociación para la adhesión»)y las decisiones previas del Consejo de 2001, 2003 y 2006 sobre la Asociación para la adhesión,

–  Vistos la Declaración conjunta tras la Cumbre entre la UE y Turquía, de 29 de noviembre de 2015, y el Plan de acción entre la UE y Turquía,

–  Vistas la Declaración de la Comunidad Europea y de sus Estados miembros, de 21 de septiembre de 2005, que incluye una disposición según la cual el reconocimiento de todos los Estados miembros es un elemento esencial del proceso de adhesión, y la necesidad de que Turquía aplique plena y efectivamente el Protocolo Adicional del Acuerdo de Ankara en relación con todos los Estados miembros, eliminando todos los obstáculos a la libre circulación de mercancías sin prejuicios ni discriminación,

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 46 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), que establece que las partes contratantes se comprometen a acatar y aplicar las sentencias definitivas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en los litigios en que sean partes,

–  Vistos los dictámenes de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, y en particular los de 10 y 11 de marzo de 2017, sobre las modificaciones de la Constitución que deben someterse a un referéndum nacional, sobre las medidas adoptadas al amparo de decretos-ley de emergencia en relación con la libertad de los medios de comunicación y con los derechos, las competencias y el funcionamiento de los juzgados de paz en materia penal, de 9 y 10 de diciembre de 2016 sobre los decretos-ley de emergencia n.º 667-676, adoptados tras el golpe de Estado fallido de 15 de julio de 2016, y de 14 y 15 de octubre de 2016, sobre la suspensión del apartado 2 del artículo 83 de la Constitución (inviolabilidad parlamentaria),

–  Vista la declaración del comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, de 26 de julio de 2016, sobre las medidas adoptadas en el marco del estado de excepción en Turquía,

–  Vista la declaración UE-Turquía de 18 de marzo de 2016,

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 2 de marzo de 2017, sobre el primer informe anual sobre el Mecanismo para los Refugiados en Turquía (COM(2017)0130), así como el Quinto informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y al Consejo, de 2 de marzo de 2017, sobre los progresos realizados en la aplicación de la Declaración UE-Turquía (COM(2017)0204),

–  Visto que Turquía se ha comprometido a cumplir los criterios de Copenhague, llevar a cabo unas reformas adecuadas y efectivas, mantener relaciones de buena vecindad y alinearse progresivamente con la Unión, y que estos esfuerzos deberían haberse considerado una oportunidad para que Turquía fortalezca sus instituciones y continúe su proceso de democratización y modernización,

–  Vista la recomendación de la Comisión, de 21 de diciembre de 2016, para una decisión del Consejo por la que se autorice la apertura de las negociaciones con Turquía sobre un acuerdo relativo a la ampliación de las relaciones comerciales bilaterales preferenciales y a la modernización de la unión aduanera,

–  Visto que el respeto del Estado de Derecho, y en particular la separación de poderes, la democracia, la libertad de expresión y de los medios de comunicación, los derechos humanos, los derechos de las minorías y la libertad de religión, así como la libertad de asociación y de manifestación pacífica, constituyen el núcleo del proceso de negociación, según los criterios de Copenhague para la adhesión a la Unión Europea,

–  Visto el hecho de que se ha situado a Turquía en el puesto número 155 de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, publicada el 26 de abril de 2017, la posición más baja que ha obtenido nunca, y que también se considera que es uno de los países en los que los periodistas sufren más amenazas, ataques físicos y acoso judicial, como detenciones y penas de prisión,

–  Visto que en noviembre de 2016 el Parlamento instó a la Comisión y a los Estados miembros a que congelaran temporalmente las negociaciones de adhesión con Turquía y se comprometieran a revisar su posición una vez hubieran sido revocadas las medidas desproporcionadas adoptadas en el marco del estado de excepción, de forma que dicha revisión se basara en determinar si el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos han sido restablecidos en todo el país,

–  Vista la crisis en Siria y teniendo en cuenta los esfuerzos desplegados para conseguir el alto el fuego y llegar a una solución pacífica, así como las obligaciones asumidas por Turquía en el sentido de reforzar la estabilidad y promover unas relaciones de buena vecindad mediante esfuerzos sostenidos dirigidos a resolver las cuestiones bilaterales, las disputas y los conflictos pendientes con los países vecinos en relación con las fronteras terrestres y marítimas y el espacio aéreo, de conformidad con los acuerdos internacionales, incluidas la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y la Carta de las Naciones Unidas,

–  Vista la participación rusa en Siria, entre otros apoyando el uso de armas químicas del ejército sirio, que desestabiliza aún más el país y aumenta el número de refugiados que buscan protección en Turquía y la Unión,

–  Vista la situación de Turquía en materia de seguridad, que se ha deteriorado tanto a nivel interno como externo, y teniendo en cuenta los ataques terroristas perpetrados en el país,

–  Visto que Turquía acoge a la mayor población de refugiados del mundo, con casi tres millones de refugiados registrados procedentes de Siria, Irak y Afganistán, de acuerdo con los datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR),

–  Vista la situación económica y financiera de Turquía, consecuencia en parte de la reciente oleada de atentados y de la inestabilidad política, aunque también de problemas más profundos en su economía,

–  Visto el Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), titulado «The human rights situation in South-East Turkey» (La situación de los derechos humanos en el sudeste de Turquía), de febrero de 2017,

–  Vista la admirable hospitalidad con la que Turquía ha acogido al gran número de refugiados que viven en el país,

–  Vista la declaración de resultados y conclusiones preliminares de la Misión internacional de observación del referéndum, emitida el 17 de abril de 2017,

–  Vista la Resolución 2156 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa titulada «The functioning of democratic institutions in Turkey» (El funcionamiento de las instituciones democráticas en Turquía), de 25 de abril de 2017, que dio lugar a la reapertura del procedimiento de control,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A8-0234/2017),

A.   Considerando que millones de personas turcas y de origen turco viven desde hace décadas en los Estados miembros y contribuyen a su prosperidad;

Introducción

1.  Destaca que 2016 fue un año difícil para la población turca como consecuencia de la continuación de la guerra en Siria, el elevado número de refugiados, el conflicto en el sudeste, una serie de atroces atentados terroristas y un violento intento de golpe de Estado en el que perdieron la vida 248 personas; reitera su enérgica condena del intento de golpe de Estado del 15 de julio de 2016 y expresa su solidaridad con el pueblo turco; reconoce el derecho y la responsabilidad del Gobierno turco de adoptar medidas dirigidas a llevar a los autores de este acto ante la justicia garantizando el respeto del Estado de Derecho y el derecho a un juicio imparcial;

2.  Destaca, no obstante, que las medidas adoptadas en el marco del estado de excepción tienen efectos negativos a gran escala, desproporcionados y duraderos en un gran número de ciudadanos así como en la protección de las libertades fundamentales en el país; condena el despido colectivo de funcionarios y agentes de policía, la masiva liquidación de medios de comunicación, las detenciones de periodistas, personal académico, jueces, defensores de los derechos humanos, representantes electos y no electos, miembros de los servicios de seguridad y ciudadanos en general y el decomiso de sus propiedades y activos y la retirada de sus pasaportes, el cierre de numerosas escuelas y universidades y la prohibición de viajar impuesta a miles de ciudadanos turcos, llevados a cabo al amparo de decretos-ley de emergencia sin decisiones individualizadas y sin la posibilidad de un control jurisdiccional oportuno; manifiesta su preocupación por el decomiso, y en algunos casos la nacionalización, de compañías y empresas privadas turcas; pide la liberación incondicional e inmediata de todos los presos que se encuentran detenidos sin pruebas de participación individual en la comisión de delitos; lamenta, en este contexto, que las prerrogativas legislativas de la Gran Asamblea Nacional se hayan visto gravemente mermadas;

3.  Destaca la importancia estratégica de unas buenas relaciones entre la Unión Europea y Turquía y del gran valor añadido de la cooperación a la hora de afrontar los desafíos a los que ambas partes se enfrentan; reconoce que tanto Turquía como la Unión han seguido sus propios procesos de transformación interna desde el inicio de las negociaciones de adhesión, en 2004; lamenta que los instrumentos de adhesión no se hayan utilizado al máximo, y que se haya producido un retroceso en los ámbitos del Estado de Derecho y los derechos humanos, que ocupan un lugar central en los criterios de Copenhague, y que, a lo largo de los años, el apoyo de la opinión pública a la plena integración de Turquía en la Unión se haya debilitado en ambas partes; reitera su compromiso de cooperar y mantener un diálogo abierto y constructivo con el Gobierno turco con el fin de hacer frente a los desafíos comunes y a prioridades compartidas tales como la estabilidad regional, la situación en Siria, la migración y la seguridad;

4.  Toma nota del resultado del referéndum del 16 de abril de 2017, que fue organizado en el marco del estado de excepción y en circunstancias que impidieron el desarrollo de una campaña justa y una elección con conocimiento de causa, dado que ambas partes de la campaña no estaban en pie de igualdad en lo que a oportunidades se refiere y que se vulneraron los derechos de los que se oponían a la reforma constitucional; muestra preocupación por las acusaciones de irregularidades y fraude electoral generalizado que se han identificado en las conclusiones de la Misión de observación de la Oficina de Instituciones Democráticas y de Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE/OIDDH), publicadas el 17 de abril de 2017, que suscitan serias dudas en lo que respecta a la validez y legitimidad de los resultados; respalda una investigación independiente de todas las denuncias relativas a irregularidades que figuran en la declaración de la OSCE/OIDDH; toma nota de la decisión de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de reabrir el procedimiento de control para Turquía;

5.  Señala que Turquía debe cumplir sus compromisos como miembro del Consejo de Europa; pide a Turquía que siga respetando los compromisos contraídos con el Consejo de Europa y que aplique los cambios y reformas judiciales y constitucionales en colaboración con la Comisión de Venecia y conforme a los criterios de esta;

6.  Condena enérgicamente el apoyo a la reintroducción de la pena de muerte declarado en reiteradas ocasiones por el presidente turco y varios otros políticos; recuerda que un rechazo inequívoco de la pena de muerte constituye un requisito esencial para la adhesión a la Unión, y subraya que la reintroducción de la pena de muerte vulneraría los compromisos internacionales suscritos por Turquía, pondría en tela de juicio su pertenencia al Consejo de Europa y conduciría al cese inmediato de las negociaciones de adhesión a la Unión y de la ayuda de preadhesión; subraya que, de organizarse en Turquía un referéndum sobre la reintroducción de la pena de muerte, los Estados miembros tienen derecho a negarse a permitir que se facilite dicha votación en sus respectivos territorios;

7.  Recuerda su posición, de noviembre de 2016, de suspender el proceso de adhesión con Turquía;

8.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros, de conformidad con el marco de negociación, que suspendan oficialmente y sin demora las negociaciones de adhesión con Turquía si el paquete de reformas constitucionales se aplica sin modificaciones; subraya, teniendo en cuenta las observaciones de la Comisión de Venecia sobre la reforma constitucional, que la propuesta de revisión constitucional no respeta los principios fundamentales de la separación de poderes, no prevé los contrapoderes adecuados y no es conforme a los criterios de Copenhague; invita a la Comisión, a los Estados miembros y a Turquía a que celebren un debate abierto y honesto sobre los ámbitos de interés mutuo para los que sería posible una cooperación más intensa; subraya que cualquier compromiso político entre la Unión y Turquía debe basarse en disposiciones de condicionalidad relativas al respeto de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales;

Derechos humanos y libertades fundamentales

9.  Constata con pesar que las desproporcionadas medidas adoptadas a raíz de la declaración del estado de excepción han tenido como objetivo, mediante detenciones, despidos, privaciones de libertad y confiscaciones de propiedades, no solo a miles de personas que son supuestos miembros y simpatizantes del movimiento Gülen, sino también a los disidentes en general y los partidos políticos de la oposición en particular; sigue a la espera de pruebas convincentes por lo que se refiere a los autores del intento de golpe de Estado; condena firmemente el encarcelamiento de once diputados del Partido Democrático Popular (HDP), incluidos sus copresidentes, Figen Yuksekdag y Selahattin Demirtas, de un diputado del Partido Popular Republicano (CHP) y de 85 alcaldes kurdos; insta al Gobierno turco a que levante de inmediato el estado de excepción; advierte del abuso de las medidas antiterroristas para legitimar la represión de los derechos humanos; pide al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que admita inmediatamente los primeros casos ejemplares y que concluya los primeros procedimientos lo antes posible, ya que no parece que existan vías de recurso efectivas a nivel nacional;

10.  Solicita a las autoridades turcas que lleven a cabo una investigación exhaustiva de las acusaciones de maltrato grave a los presos, de las que han informado varias organizaciones de derechos humanos, y pide la plena rendición de cuentas y que se castigue a los culpables de cometer violaciones de los derechos humanos; expresa su profunda preocupación por las condiciones de detención; pide la publicación inmediata de los últimos informes del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes del Consejo de Europa e insta a las autoridades turcas a que permitan que observadores nacionales e internacionales supervisen los centros de detención;

11.  Pide al Gobierno turco que brinde a todas las personas sujetas a medidas restrictivas vías de recurso y reparación apropiadas y efectivas, así como un control jurisdiccional en consonancia con el Estado de Derecho; destaca que la presunción de inocencia es un principio fundamental en cualquier Estado de Derecho; señala que, bajo el estado de excepción actual, los ciudadanos privados de libertad no tienen derecho a asistencia jurídica durante los primeros cinco días de su detención y lamenta las graves restricciones de que es objeto el acceso de los detenidos a un abogado; subraya que desde julio de 2016 se han interpuesto más de 100 000 denuncias ante el Tribunal Constitucional turco, que se declaró no competente en asuntos pertenecientes al ámbito de aplicación del decreto de emergencia; pide a Turquía que revise con carácter de urgencia la Comisión de investigación sobre las prácticas del estado de excepción, de forma que se convierta en una comisión sólida, independiente y plenamente dotada del mandato adecuado para garantizar el tratamiento individualizado de todos los casos y el tratamiento efectivo del enorme volumen de solicitudes que recibirá, y para garantizar que el control jurisdiccional no sufra un retraso indebido;

12.  Condena firmemente el grave retroceso y las violaciones de la libertad de expresión, así como las graves vulneraciones de la libertad de los medios de comunicación, incluidas las prohibiciones desproporcionadas de sitios web de los medios de comunicación y las redes sociales; toma nota con preocupación del cierre de aproximadamente 170 medios de comunicación —incluidos casi todos los medios en lengua kurda— y del encarcelamiento de más de 150 periodistas; hace hincapié en que la decisión de Turquía de bloquear el acceso a Wikipedia constituye un grave ataque a la libertad de información; señala el continuo descenso de Turquía en la clasificación de la libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras, que sitúa a Turquía ahora en el puesto 155 de una lista de 180 países; recuerda que una prensa libre y plural, incluida una internet libre y abierta, constituye un elemento esencial de toda democracia, e insta al Gobierno turco a que ponga en libertad de forma inmediata a todos los periodistas detenidos de forma ilegal; pide al Gobierno turco que permita al antiguo diputado al Parlamento Europeo y presidente de la Comisión Parlamentaria Mixta, Joost Lagendijk, volver con su familia en Turquía;

13.  Expresa su profunda preocupación por el continuo deterioro de la situación en el sudeste de Turquía, especialmente en las zonas en las que se ha decretado el toque de queda, se ha hecho un uso excesivo de la fuerza y se han aplicado castigos colectivos a todos los habitantes, y en las que, según la información disponible, unas 2 000 personas perdieron la vida en el marco de operaciones de seguridad y aproximadamente medio millón de personas se vieron desplazadas entre julio de 2015 y diciembre de 2016; observa que los fiscales locales se han negado repetidamente a abrir investigaciones sobre los asesinatos denunciados y que se ha denegado a los observadores independientes el acceso a la zona en cuestión; recuerda la responsabilidad del Gobierno turco de proteger a todos sus ciudadanos, independientemente de sus orígenes culturales o religiosos y sus creencias; lamenta la práctica extendida de la expropiación, también de propiedades pertenecientes a municipios, además de propiedades eclesiásticas, que constituye una violación de los derechos de las minorías religiosas; expresa su convicción de que solo una solución política justa de la cuestión kurda puede aportar una estabilidad y prosperidad duraderas tanto a la zona afectada como a Turquía en su conjunto, por lo que pide a ambas partes que vuelvan a la mesa de negociación; señala que la promulgación de una serie de leyes, incluida la Ley n.o 6722 sobre la protección jurídica de las fuerzas de seguridad que participan en la lucha contra las organizaciones terroristas, aprobada en 2016, ha creado un clima de «impunidad sistemática» entre las fuerzas de seguridad;

14.  Condena la decisión del Parlamento de Turquía de suspender de forma anticonstitucional la inmunidad parlamentaria de los diputados, entre ellos 55 de un total de 59 parlamentarios del HDP, facilitando así las detenciones de políticos de la oposición y perjudicando gravemente la imagen del Parlamento como institución democrática; subraya que la Gran Asamblea Nacional turca debe ser la institución central de la democracia turca y representar a todos los ciudadanos en igualdad de condiciones; lamenta el elevado umbral electoral;

15.  Expresa su preocupación por el hecho de que los jueces y fiscales sigan sometidos a una fuerte presión política, y por el hecho de que 4 000 de ellos, lo que representa casi la cuarta parte de la magistratura, hayan sido cesados o detenidos y en algunos casos sus propiedades hayan sido confiscadas; pide a Turquía que restablezca y haga efectivas todas las garantías jurídicas que aseguren el pleno respeto de la independencia del poder judicial, en particular modificando la Ley sobre el Consejo Superior de Jueces y Fiscales, con el fin de reducir la influencia del ejecutivo en dicho Consejo; expresa una especial preocupación por el hecho de que la institución de los jueces de paz en materia penal, creada en junio de 2014 por el Gobierno en funciones, se haya convertido aparentemente en un instrumento para reprimir a la oposición y controlar la información disponible al público en general;

16.  Expresa su profunda preocupación por la falta de respeto de la libertad de religión, la discriminación contra las minorías religiosas, en particular los cristianos y los alevíes, y la violencia por motivos religiosos, incluidos los ataques verbales y físicos, la estigmatización y la presión social en los centros escolares y los problemas relacionados con la implantación legal de un lugar de culto; insta a las autoridades turcas a impulsar reformas positivas y eficaces en el ámbito de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, permitiendo que las comunidades religiosas obtengan personalidad jurídica, dejando que las fundaciones caritativas designen a sus órganos de gobierno, eliminando todas las restricciones relativas a la formación, nombramiento y sucesión de clérigos, cumpliendo así las sentencias pertinentes del TEDH y las recomendaciones de la Comisión de Venecia y eliminando todas las formas de discriminación o barreras basadas en la religión; pide a Turquía que respete el carácter particular y la importancia del patriarca ecuménico y que reconozca su personalidad jurídica; reitera la necesidad de permitir la reapertura del seminario de Halki y levantar todos los obstáculos a su buen funcionamiento; expresa su preocupación por la reciente apropiación de las iglesias de la región de Diyarbakir; insta al gobierno a que las devuelvan a sus legítimos propietarios; insta a las autoridades turcas, a luchar seriamente contra todas las manifestaciones de antisemitismo en la sociedad;

17.  Pide a Turquía que proteja los derechos de los grupos más vulnerables y las personas pertenecientes a minorías; lamenta la prohibición por tercer año consecutivo de las manifestaciones de LGBTI en Ankara y Estambul y que sean objeto de represión y violencia policial; expresa su profunda preocupación por la violencia de carácter sexista, la discriminación, la incitación al odio contra las minorías, los delitos motivados por el odio y las violaciones de los derechos humanos de las personas LGBTI; Solicita a Turquía que tome las medidas adecuadas para prevenir y castigar la incitación al odio o los delitos contra las minorías; pide a Turquía que armonice su legislación nacional con el Convenio de Estambul del Consejo de Europa, que ratificó en 2014; acoge con satisfacción la estrategia nacional y el plan de acción del Gobierno para la población romaní y pide al Gobierno turco que ponga en marcha la aplicación de la estrategia y establezca un mecanismo de control y evaluación; alienta a las autoridades a abordar los principales obstáculos a la inclusión social de dicha población; solicita a Turquía que vele por la igualdad plena de todos los ciudadanos y resuelva los problemas a los que se enfrentan los miembros de las minorías, en particular en lo que se refiere a los derechos de propiedad; señala que, conforme a los criterios de Copenhague, las minorías también deberían tener derecho a recibir una educación en su lengua nativa en las escuelas públicas; recuerda la importancia de la aplicación de la Resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre Imbros y Tenedos y pide a Turquía que contribuya en la repatriación de las familias de minorías que deseen regresar a las islas; acoge con satisfacción la apertura de la escuela para la minoría griega en la isla de Imbros, lo cual constituye un paso positivo;

18.  Insta al Gobierno turco a que respete y aplique plenamente las obligaciones jurídicas que ha contraído en relación con la protección del patrimonio cultural, y, en particular, que elabore de buena fe un inventario integral del patrimonio griego, armenio, asirio y de otros orígenes, destruido o arruinados durante el siglo pasado; solicita a Turquía que ratifique la Convención de la Unesco sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales; pide a Turquía que coopere con las organizaciones internacionales pertinentes, en particular con el Consejo de Europa, para prevenir y combatir el tráfico ilícito y la destrucción deliberada del patrimonio cultural;

19.  Acoge con satisfacción la iniciativa de algunos Estados miembros particulares, que han acelerado los procedimientos de asilo para los ciudadanos turcos perseguidos en virtud de decretos de emergencia;

Relaciones entre la Unión y Turquía

20.  Aboga por la profundización de las relaciones entre la Unión y Turquía en ámbitos importantes de interés común, como la lucha contra el terrorismo, la cuestión de los flujos migratorios, la energía, la economía y los asuntos relativos al comercio e insiste en que tanto el diálogo como la cooperación deben mantenerse y fomentarse; considera que la cooperación entre la Unión y Turquía en esos ámbitos representa una inversión en la estabilidad y la prosperidad, tanto en Turquía como en la Unión Europea, siempre y cuando se base en el respeto por ambas partes de sus compromisos en cuanto a los derechos fundamentales y las libertades básicas; cree que la cooperación entre miembros de la sociedad civil es de vital importancia e insta a que se intensifiquen esos contactos;

21.  Insta a Turquía a que continúe alineando su política exterior con la de la Unión; pide una cooperación y una coordinación más estrechas de los objetivos de política exterior entre la Unión y Turquía; opina que debería invitarse al ministro de Asuntos Exteriores turco a asistir a las reuniones del Consejo de Asuntos Exteriores en función de cada caso concreto, cuando resulte pertinente; recomienda que el Consejo invite al Gobierno turco a una cumbre en la que se traten las relaciones entre la Unión y Turquía;

22.  Considera que la consolidación de las relaciones comerciales puede aportar beneficios concretos a los ciudadanos de Turquía y de la Unión; y apoya, por tanto, ante los actuales incumplimientos de la unión aduanera, la propuesta de la Comisión de emprender negociaciones sobre la modernización de la unión aduanera; reitera que la Unión es el principal socio comercial de Turquía y que dos tercios de la inversión extranjera directa en Turquía proceden de Estados miembros de la Unión; subraya asimismo la importancia económica para la Unión de Turquía como mercado en crecimiento; considera que la participación de los interlocutores sociales en las negociaciones reviste una importancia crucial; pide a la Comisión que incluya una cláusula sobre derechos humanos y libertades fundamentales en la unión aduanera mejorada entre Turquía y la Unión que imponga el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales como una condición básica; recuerda que la unión aduanera únicamente podrá desarrollar todo su potencial cuando Turquía aplique en su integridad e Protocolo Adicional respecto a todos los Estados miembros; toma nota de la conclusión de la Comisión sobre el hecho de que la eliminación de las trabas al funcionamiento de la unión aduanera por parte de Turquía impulsaría una mayor integración comercial en la Unión;

23.  Señala que la liberalización del régimen de visados reviste una especial importancia para la población turca, en particular para los empresarios y para las personas de origen turco en la Unión, y considera que incentivará los contactos interpersonales; alienta al Gobierno turco a cumplir íntegramente los últimos criterios todavía pendientes, tal como se señala en la hoja de ruta para la liberalización de visados; subraya que la revisión de su legislación antiterrorista es una condición fundamental para garantizar los derechos y libertades fundamentales y que la liberalización de visados solo será posible cuando se hayan cumplido todos los criterios;

24.  Destaca la importancia de combatir la corrupción y recuerda las conclusiones de la Comisión sobre el hecho de que la corrupción sigue prevaleciendo en muchas zonas y sigue siendo un grave problema; muestra su preocupación por el hecho de que el historial de instrucción, enjuiciamiento y condena en casos de corrupción de alto nivel sigue siendo bajo;

25.  Insta a la Comisión a que tenga en cuenta la evolución reciente en Turquía a la hora de realizar la revisión intermedia de los fondos del Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IPA) en 2017, y a que ponga fin a todos los fondos de preadhesión, especialmente una vez que finalicen las negociaciones de adhesión; pide a la Comisión que, en caso de que la situación persista, utilice estos fondos para prestar ayuda a la sociedad civil turca e invierta más en los programas de intercambio interpersonal, como el programa Erasmus+ para estudiantes, académicos y periodistas;

26.  Condena con la máxima firmeza todos los atentados terroristas perpetrados en Turquía, al tiempo que respalda decididamente a la población turca en nuestra lucha común contra el terrorismo; toma nota de las relaciones bilaterales entre los Estados miembros de la Unión y Turquía en el ámbito de la cooperación en la lucha contra el terrorismo, en lo que se refiere a los «combatientes extranjeros»; destaca que la cooperación sólida entre Europol y los cuerpos y fuerzas de seguridad de Turquía es fundamental para combatir eficazmente el terrorismo; reitera su condena del retorno a la violencia por parte del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), que figura en la lista de organizaciones terroristas de la UE desde 2002 y le insta a que deponga las armas y recurra a medios pacíficos y legales para expresar sus expectativas; subraya que una solución pacífica de la cuestión kurda es también necesaria para el futuro democrático de Turquía, que solo se logrará implicando a todas las fuerzas democráticas y partes interesadas; pide la reanudación de las negociaciones a fin de alcanzar una solución global y sostenible para la cuestión kurda; insta a los Estados miembros a que apliquen medidas legislativas que prohíban el uso de signos y símbolos de las organizaciones que figuran en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea;

27.  Lamenta la decisión del Gobierno turco de impedir que diputados alemanes efectuaran una visita al Ejército alemán estacionado en Incirlik, con lo que estará ahora reubicado en un país no perteneciente a la OTAN, lo que supone un importante retroceso para una cooperación efectiva entre los aliados de la OTAN en la lucha contra el terrorismo;

28.  Elogia el compromiso asumido por el Gobierno turco y las ONG sobre el terreno así como la hospitalidad de la población para acoger a alrededor de tres millones de refugiados; toma nota de la declaración UE-Turquía sobre migración, al tiempo que insta a los Estados miembros a que pongan en marcha el sistema voluntario de reasentamiento para los refugiados más vulnerables en Turquía; pide a la Comisión que garantice las inversiones a largo plazo en favor de los refugiados y de sus comunidades de acogida en Turquía, así como el gasto adecuado de los fondos; alienta al Gobierno turco a que conceda permisos de trabajo y asistencia sanitaria a todos los refugiados sirios, y a que facilite el acceso a la educación a todos los menores sirios; solicita a Ankara y a la Unión que mantengan sus esfuerzos de patrulla en el mar Egeo, que intensifiquen los esfuerzos para combatir el tráfico ilícito de migrantes y que apliquen plenamente y de forma efectiva el Acuerdo de readmisión UE-Turquía y los acuerdos bilaterales de readmisión firmados con Grecia y Bulgaria;

29.  Condena enérgicamente las declaraciones del presidente Erdogan en las que acusaba de «prácticas nazis» a algunos dirigentes de la Unión y calificaba de «nazis» a sus ciudadanos; señala que el mantenimiento de tales afirmaciones injustificadas socavan la credibilidad de Turquía como socio político y que la exportación de sus conflictos internos supone una amenaza para la coexistencia pacífica de las sociedades de los Estados miembros con una gran comunidad de origen turco; subraya que el Gobierno turco debe abstenerse de realizar esfuerzos sistemáticos para movilizar a la diáspora turca en los Estados miembros para sus propios fines; toma nota con preocupación de las informaciones acerca de supuestas presiones sobre los miembros de la diáspora turca residentes en los Estados miembros, y condena la vigilancia por las autoridades turcas de ciudadanos con doble nacionalidad residentes en el extranjero; expresa su preocupación por la revocación de un gran número de pasaportes, que convierte a los afectados en apátridas, lo que contraviene la Convención de 1954 sobre el Estatuto de los Apátridas y la Convención de 1961 de las Naciones Unidas para Reducir los Casos de Apatridia, así como por las denuncias contra los consulados turcos por negarse a prestar servicios a algunos de sus ciudadanos;

30.  Insiste en la importancia de mantener buenas relaciones de vecindad; solicita a Turquía que redoble sus esfuerzos por resolver, de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y con el Derecho internacional, cuestiones bilaterales pendientes así como obligaciones legales no resueltas y conflictos con sus vecinos más cercanos por cuestiones de fronteras terrestres y marítimas y de espacio aéreo; pide al Gobierno turco que firme y ratifique la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar; insta al Gobierno de Turquía a que ponga fin a las reiteradas violaciones del espacio aéreo y las aguas territoriales de Grecia, y respete la integridad territorial y la soberanía de todos sus vecinos; lamenta que no se haya retirado la amenaza de casus belli emitida por la Gran Asamblea Nacional turca contra Grecia;

31.  Insta a Turquía y a Armenia a que trabajen para la normalización de sus relaciones; subraya que la apertura de la frontera turco-armenia podría contribuir a la mejora de las relaciones, en especial en lo relativo a la cooperación transfronteriza y la integración económica;

32.  Pide al Gobierno turco que suspenda sus planes de construcción de la central nuclear de Akkuyu; señala que la ubicación prevista se encuentra en una región proclive a terremotos graves, lo que no solo supone una amenaza importante para Turquía, sino también para la región del Mediterráneo; solicita, por consiguiente, al Gobierno turco que se adhiera al Convenio de Espoo, por el que las partes se comprometen a notificarse y consultarse recíprocamente en relación con los grandes proyectos que contemplen y que pudieran tener un importante impacto adverso en el medio ambiente más allá de sus fronteras; a tal efecto, solicita al Gobierno turco que asocie a los Gobiernos de los países limítrofes, o al menos les consulte, en lo concerniente a nuevos avances en el proyecto de Akkuyu;

33.  Destaca que la solución del problema de Chipre tendría efectos positivos en toda la región y beneficiaría en primer lugar y ante todo a los grecochipriotas y turcochipriotas; se congratula de la declaración conjunta de 11 de febrero de 2014, como una base para un acuerdo, y elogia a los dirigentes de las comunidades grecochipriota y turcochipriota por sus importantes progresos en las negociaciones de reunificación; celebra el acuerdo alcanzado por los dos dirigentes de ambas comunidades sobre una serie de medidas de fomento de la confianza y pide que se apliquen todas las medidas acordadas; acoge con satisfacción el intercambio de mapas preferidos, hasta ahora sin precedentes, y la primera conferencia sobre Chipre en Ginebra con las potencias garantes y con la participación de la Unión, y apoya su continuación con el fin de llegar a un acuerdo mutuamente aceptable sobre seguridad y garantías; apoya una solución justa, global y viable basada en una federación de dos comunidades en dos zonas, con una sola personalidad jurídica internacional, una sola soberanía y una sola ciudadanía en pie de igualdad política entre ambas comunidades, en consonancia con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Derecho internacional, el acervo de la Unión, y respetando los principios en los que se fundamenta la Unión; se congratula de que se haya intensificado la colaboración de las partes para resolver el problema de Chipre; espera que Turquía respalde activamente una conclusión rápida y satisfactoria de las negociaciones, al tiempo que reitera que su compromiso y su contribución a una solución global siguen siendo cruciales; pide a todas las partes implicadas que apoyen el proceso de negociación de forma activa, contribuyan a que se obtenga un resultado positivo y aprovechen la oportunidad actual; insta a la Comisión a que utilice todos sus recursos para apoyar plenamente la conclusión con éxito del proceso de reunificación;

34.  Reitera su llamamiento a Turquía para que comience a retirar sus tropas de Chipre, transfiera la zona inaccesible de Famagusta a las Naciones Unidas, de conformidad con la Resolución 550 (de 1984) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU), y se abstenga de realizar acciones que alteren el equilibrio demográfico en la isla gracias a su política de asentamientos ilegales; señala que, desde el momento de la entrada en vigor del acuerdo, debe haberse preparado adecuadamente la aplicación del acervo de la Unión en el futuro Estado constituyente turcochipriota; reconoce, en este sentido, la continuación de la labor de la comisión ad-hoc de dos comunidades sobre la preparación de la Unión; se compromete a intensificar sus esfuerzos para cooperar con la comunidad turcochipriota en su preparación para la plena integración en la Unión, e insta a la Comisión a que haga lo mismo; elogia la importante labor desempeñada por el Comité de personas desaparecidas (CMP), que se ocupa de personas desparecidas tanto turcochipriotas como grecochipriotas, y celebra que se haya concedido un mejor acceso a todos los lugares pertinentes, en particular a las zonas militares; solicita a Turquía que ayude al CMP proporcionándole información de sus archivos militares; pide que se preste especial atención a la labor realizada por el CMP y acoge con satisfacción, a este respecto, la designación de un ponente permanente del Parlamento Europeo sobre personas desaparecidas;

35.  Reconoce el derecho de la República de Chipre a alcanzar acuerdos bilaterales relativos a su zona económica exclusiva; reitera su llamamiento a Turquía para que respete plenamente los derechos soberanos de todos los Estados miembros, incluidos los relativos a la exploración y explotación de los recursos naturales de conformidad con el acervo de la Unión y el Derecho internacional; insta a Turquía a que se comprometa en la resolución pacífica de los conflictos, y se abstenga de cualquier amenaza o acción que pueda tener repercusiones negativas en las relaciones de buena vecindad;

36.  Muestra su convencimiento de que solo una solución política creíble garantizará la estabilidad de Siria y permitirá la derrota decisiva del Estado Islámico y de otros grupos terroristas identificados por las Naciones Unidas en Siria; reafirma la primacía del proceso de Ginebra dirigido por las Naciones Unidas; reconoce los esfuerzos realizados en las reuniones de Astaná para restablecer el cese total de las hostilidades, así como el establecimiento de un mecanismo trilateral para supervisar y garantizar el cumplimiento pleno del alto el fuego; insta a todos los garantes, incluida Turquía, a estar a la altura de sus compromisos para garantizar la aplicación plena del alto el fuego y para avanzar en la garantía del acceso humanitario pleno sin obstáculos en todo el país, el levantamiento de los sitios y la liberación de todas las personas detenidas de forma arbitraria, especialmente mujeres y niños, en consonancia con la Resolución 2268 del CSNU; reitera su llamamiento a Turquía para que respete la soberanía y la integridad territorial de todos sus vecinos;

37.  Solicita la traducción de esta Resolución al turco;

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38.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y a los Estados miembros.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0450. (2) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0423. (3) DO C 285 de 5.8.2016, p. 11. (4) DO C 328 de 6.9.2016, p. 2. (5) DO L 51 de 26.2.2008, p. 4.