El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Somalia,

–  Vista su Resolución, de 18 de mayo de 2017, sobre el campo de refugiados de Dadaab(1),

–  Vista la declaración de la vicepresidenta de la Comisión/ alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) sobre los ataques en Mogadiscio, Somalia, de 15 de octubre de 2017; y la declaración del portavoz de la vicepresidenta /alta representante, de 30 de octubre de 2017, sobre el ataque perpetrado en Somalia,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 3 de abril de 2017, sobre Somalia,

–  Vista la intervención de la Unión Europea, de 27 de septiembre de 2017, en la 36.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos sobre el diálogo interactivo con el experto independiente para Somalia,

–  Vistas las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 2372 (2017), adoptada el 30 de agosto de 2017, y 2383 (2017), adoptada el 7 de noviembre de 2017,

–  Vistos los informes del secretario general de las Naciones Unidas al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Somalia de 9 de mayo y de 5 de septiembre de 2017;

–  Vista la declaración del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 15 de octubre de 2017, sobre el atentado terrorista en Mogadiscio,

–  Vista la declaración del presidente de la Comisión de la Unión Africana, de 15 de octubre de 2017, sobre el ataque en Mogadiscio,

–  Vistas las declaraciones de la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM) en la que se condenan los ataques terroristas perpetrados los días 14 y 28 de octubre de 2017,

–  Visto el comunicado final de la Conferencia internacional sobre Somalia, celebrada en Londres el 11 de mayo de 2017,

–  Visto el comunicado conjunto Unión Europea-Unión Africana sobre la aplicación del Acuerdo de París de 1 de junio de 2017,

–  Vista la declaración de la AMISOM, de 8 de noviembre de 2017, en la que anuncia su intención de iniciar una retirada progresiva de tropas de Somalia a partir de diciembre de 2017 con vistas a una retirada total en el horizonte 2020,

–  Visto el Acuerdo de Asociación de Cotonú celebrado entre los Estados ACP y la Unión Europea,

–  Visto el mandato de la Comisión Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos en lo que se refiere al fomento y la protección de los derechos humanos y de los pueblos en el marco de la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos,

–  Vistos la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989 y su Protocolo facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados,

–  Visto el Convenio de la Organización para la Unidad Africana sobre la prevención y la lucha contra el terrorismo adoptado en 1999,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que el 14 de octubre de 2017 el centro de Mogadiscio fue sacudido por la explosión de un camión bomba de gran potencia que provocó la muerte de al menos 358 personas y 228 heridos, y que otras 56 personas siguen desaparecidas; que este ataque en el centro de Mogadiscio ha sido una de las operaciones terroristas más sangrientas registradas en el mundo en los últimos años; y que el 28 de octubre de 2017 más de 30 personas perdieron la vida con motivo de la detonación de dos bombas delante de un hotel situado en las cercanías del palacio presidencial en Mogadiscio;

B.  Considerando que, si bien ningún grupo ha reivindicado la responsabilidad de estos cobardes ataques, llevan el distintivo de Al-Shabab, que ahora parece no querer perder apoyo entre la población asociándose a unas pérdidas de vidas civiles tan importante; que los ciudadanos somalíes han denunciado repetidamente la violencia de Al-Shabab; que se han unido en respuesta a los atentados de octubre de 2017; y que millares de personas se han manifestado en Mogadiscio desafiando a Al-Shabab;

C.  Considerando que en los últimos meses se han registrado en Mogadiscio y en todo el país una serie de ataques terroristas mortales, entre los que figuran atentados con coches bomba, tiroteos indiscriminados, y ejecuciones y secuestros selectivos, lo que pone de manifiesto la continua amenaza del extremismo violento a la que se enfrenta el país;

D.  Considerando que, si bien la mayoría de los atentados se han atribuido principalmente a las acciones terroristas de Al-Shabab, es sabido que el Dáesh está presente en el país;

E.  Considerando que el presidente de Somalia, Mohamed Abdullahi Mohamed, tras su ascenso al poder en febrero de 2017, en unas elecciones consideradas como un hito que marcará el retorno progresivo de este devastado país del África Oriental a la estabilidad y la prosperidad, se ha comprometido a expulsar a Al-Shabab de Somalia;

F.  Considerando que, a la vista de la oleada de ataques durante 2017, en particular el horrendo bombardeo del 14 de octubre del mismo año, no es en modo alguno evidente que las fuerzas de seguridad somalíes, a raíz del abandono del país por la AMISOM en 2018, estén suficientemente capacitadas para luchar contra el terrorismo sin ayuda exterior;

G.  Considerando que las fuerzas de la AMISOM han sido acusadas en varias ocasiones de graves violaciones de los derechos humanos, como homicidios indiscriminados y algunos casos de explotación y abusos sexuales; y que el nuevo despliegue de tropas extranjeras en territorio somalí fuera del marco de los mandatos de la Unión Africana y de las Naciones Unidas representa un importante motivo de preocupación habida cuenta de anteriores acusaciones de violaciones de los derechos humanos por las fuerzas de la AMISOM;

H.  Considerando que, además del extremismo violento, la sequía, los conflictos entre clanes y las expulsiones forzosas se han saldado con el desplazamiento de centenares de miles de personas solamente el año pasado, muchas de ellas hacia centros urbanos controlados por el Gobierno; y que muchas de estas personas viven en asentamientos inseguros, en los que las mujeres y las niñas, en particular, son objeto de abusos y violencia sexual;

I.  Considerando que la amenaza de la hambruna sigue estando presente en Somalia; que aproximadamente 400 000 niños somalíes sufren malnutrición aguda; que 3 millones de personas viven en condiciones de crisis o de emergencia en relación con la seguridad alimentaria; que en Somalia hay, aproximadamente, 1,1 millones de personas internamente desplazadas; y que el número de refugiados somalíes en la región supera los 900 000;

J.  Considerando que 420 000 refugiados somalíes se encuentran en campamentos en Kenia, de los cuales 350 000 en el campamento de Dadaab; y que los Gobiernos de Somalia y Kenia y la ACNUR han acordado facilitar el retorno voluntario de 10 000 refugiados a Somalia a zonas que no están bajo el control de Al-Shabab; que los refugiados se enfrentan a problemas de reintegración y tienen pocas perspectivas de encontrar trabajo; y que muchos de los refugiados de Dadaab son de origen somalí, pero que nunca han vivido fuera del campamento y que, en realidad, son apátridas, lo que significa que no pueden enviarse a Somalia;

K.  Considerando que desde 2016 la Unión ha incrementado de forma progresiva su ayuda humanitaria anual en favor de Somalia, en particular en respuesta a la grave sequía que afecta al país, y que en 2017 ha destinado 120 millones de euros a favor de los socios humanitarios y liberado 100 000 euros en concepto de ayuda de emergencia para contribuir a los esfuerzos para responder rápidamente a las necesidades médicas en Mogadiscio tras el ataque del 14 de octubre de 2017; y que, en un primer momento, la Unión también movilizó dos buques de la operación naval de la Unión «Atalanta», además de realizar vuelos con ayuda de emergencia para entregar suministros médicos de emergencia a hospitales de Mogadiscio;

L.  Considerando que la Unión ha proporcionado 486 millones de euros en el marco del Fondo Europeo de Desarrollo (2014-2020), centrándose en la aplicación del «Pacto» y, concretamente, en la consolidación del Estado y de la paz, la seguridad alimentaria, la resiliencia y la educación; y que la Unión también se ha comprometido a apoyar a la AMISOM a través del Fondo de Apoyo a la Paz para África;

M.  Considerando que en diciembre de 2016 el Banco Mundial se comprometió a intensificar la lucha contra la pobreza extrema y anunció que los países desarrollados se habían comprometido a consignar un importe récord de 75 000 millones de dólares en concepto de subvenciones y préstamos en favor de la Asociación Internacional de Desarrollo (AID); y que Somalia, no obstante, no puede beneficiarse de fondos con cargo a la IDA ya que adeuda al banco y al FMI más de 300 millones de dólares estadounidenses, que no son más que una parte de un total de 5 000 millones de dólares de la enorme deuda contraída con acreedores multilaterales y bilaterales;

N.  Considerando que, si bien Al-Shabab continúa matando, deteniendo de forma arbitraria y reclutando a niños, también los recluta el ejército somalí, a pesar de que Somalia ratificó en enero de 2015 la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y aprobó en noviembre de 2015 la Declaración sobre Escuelas Seguras, lo que compromete al país a adoptar medidas concretas para proteger a los estudiantes y las instituciones educativas;

O.  Considerando que, en ausencia de un sistema judicial eficaz de carácter civil, el Gobierno somalí depende de los tribunales militares para el enjuiciamiento y la condena de civiles, lo que no garantiza los derechos de los acusados civiles; y que el Organismo Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISA, en sus siglas en inglés), que dispone de amplias competencias en materia de investigación, no tiene en la actualidad un mandato para garantizar el cumplimiento de la ley, lo que resulta en violaciones importantes de las garantías procesales de las personas detenidas por el NISA;

P.  Considerando que, según Transparencia Internacional, Somalia es el país más corrupto en el mundo por décimo año consecutivo; y que que el Gobierno somalí sigue enfrentándose a numerosos retos, como la corrupción y la falta de un apoyo amplio entre la población civil, lo que ha conducido inevitablemente a una falta de confianza en las instituciones del Estado y a un trasvase del apoyo en favor de los grupos islamistas radicales y terroristas;

1.  Expresa su más profunda solidaridad con las víctimas de los recientes ataques terroristas en Somalia y con sus familias, y lamenta profundamente la pérdida de vidas; condena enérgicamente, asimismo, a los autores de estos ataques, atribuidos al grupo insurgente de Al-Shabab;

2.  Recuerda que la estabilidad y la paz duraderas solo pueden lograrse a través de la inclusión social, el desarrollo sostenible y la buena gobernanza, sobre la base de los principios democráticos y del Estado de Derecho y el respeto pleno de la dignidad y de los derechos de los pueblos;

3.  Acoge con satisfacción la rápida respuesta de emergencia de la Comisión a raíz del atentado terrorista del 14 de octubre de 2017; pide a la Unión y a sus socios internacionales que hagan honor a sus compromisos con Somalia, en primer lugar, a través de medidas para establecer la seguridad alimentaria con miras a evitar los problemas estructurales que dan lugar a la hambruna, fomentar la seguridad y la resolución de conflictos comunitarios, mejorar la gestión de las finanzas públicas y asistir en la realización de la reforma constitucional necesaria para alcanzar la estabilidad a largo plazo;

4.  Deplora que, pese a las reiteradas advertencias de grupos humanitarios, agencias de ayuda y el Parlamento Europeo, Somalia continúe al borde de la hambruna; recuerda que la mortandad causada por la hambruna de 2011 se vio exacerbada por la inseguridad y por las acciones de los militantes extremistas de Al-Shabab para impedir las entregas de ayuda alimentaria en zonas del sur y centro de Somalia que entonces se encontraban bajo su control; pide a todas las partes que colaboren con las agencias humanitarias, respetando plenamente los principios humanitarios de permitir el pleno acceso sin restricciones hasta las personas que siguen sufriendo y están necesitadas, en particular en las zonas rurales;

5.  Acoge con satisfacción el proceso electoral organizado en febrero de 2017, que dio lugar a la elección de un nuevo presidente, y expresa su esperanza de que las elecciones fomenten la estabilidad política, animen a la adopción de las reformas necesarias y hagan avanzar el proyecto federal en estrecha coordinación y colaboración con los Estados federados; destaca la importancia de combatir la corrupción endémica en el país y de ofrecer posibilidades a la juventud para reducir el riesgo de reclutamiento por Al-Shabab;

6.  Acoge con satisfacción la decisión del Foro Nacional Somalí de Dirigentes Nacionales de fomentar la creación y el registro de partidos políticos de cara a las elecciones de 2020 y sobre la base del principio de «una persona, un voto», así como los esfuerzos destinados a reconstruir las instituciones del Estado y la adopción de nuevas e importantes leyes sobre los partidos políticos y la creación de una Comisión Nacional de Derechos Humanos independiente; destaca que deben hacerse esfuerzos para incrementar la representación de las mujeres;

7.  Subraya la importancia de la contribución hecha por la diáspora y la sociedad civil somalí al restablecimiento no solo de la gobernanza, sino también del desarrollo económico y social, y destaca la importancia de la representación y la participación de las mujeres en la adopción de decisiones; celebra, en este contexto, el incremento del número de diputadas al Parlamento somalí (hasta el 24 %) y el Gobierno, y recuerda la necesidad de hacer mayores esfuerzos para mejorar el equilibrio de género tanto en la Unión como en Somalia;

8.  Toma nota de la Declaración de Nairobi de la Autoridad Intergubernamental Extraordinaria para el Desarrollo de África Oriental (IGAD) sobre soluciones duraderas para los refugiados somalíes y la reinserción de los repatriados en Somalia; celebra el compromiso de adoptar un enfoque regional exhaustivo y, al mismo tiempo, mantener la protección y promover la autosuficiencia en los países de asilo, lo que debe acometerse con el apoyo de la comunidad internacional y en coherencia con el reparto internacional de responsabilidades según lo establecido en el Marco de respuesta integral para los refugiados (CRRF) de la Declaración de Nueva York;

9.  Pide a la Comisión que intensifique los esfuerzos de consulta con las partes interesadas de la región (en particular, las poblaciones locales, los Gobiernos regionales y las ONG) con miras a centrarse en las necesidades y los problemas constatados a escala local y a fomentar un clima propicio e incrementar la capacidad de repatriación de los refugiados;

10.  Expresa su inquietud ante el amplio mandato del NISA y su recurso a los tribunales militares para perseguir presuntos delitos relacionados con el terrorismo, con lo que ha incumplido reiteradamente las garantías procesales y ha impuesto penas de muerte sin reconocimiento de la responsabilidad;

11.  Pide al Gobierno somalí y a la Unión que, en el contexto de sus actividades en relación con el Estado de Derecho en Somalia, velen por que el NISA se regule con mecanismos de supervisión eficaces y que refuercen los conocimientos técnicos del Departamento de Investigación Criminal de Somalia (CID) de manera que pueda para llevar a cabo investigaciones rigurosas y eficaces respetando los derechos de los ciudadanos;

12.  Acoge con satisfacción, en particular, el acuerdo político alcanzado por los dirigentes somalíes el 16 de abril de 2017 de integrar las fuerzas regionales y nacionales en una Arquitectura Nacional de Seguridad coherente y capaz de asumir gradualmente la responsabilidad principal de la seguridad, y el rápido establecimiento del Consejo Nacional de Seguridad y la Oficina Nacional de Seguridad;

13.  Reconoce la función de AMISOM de velar por la seguridad y la estabilidad, permitiendo que Somalia establezca instituciones políticas y extienda la autoridad del Estado, en anticipación de la transferencia de la responsabilidad de la seguridad a las instituciones y las fuerzas somalíes; acoge con satisfacción la investigación por la Unión Africana sobre los actos de violencia sexual cometidos presuntamente por tropas de la ANISOM; pide la plena aplicación de las recomendaciones expresadas en los informes del secretario general de las Naciones Unidas sobre Somalia y, de acuerdo con la Resolución 2272 (2016) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, insta a la UA y a los países que aportan tropas a que garanticen que dichas acusaciones sean investigadas en las debidas condiciones y exhaustivamente y que los responsables de tales actos sean llevados ante la justicia; subraya la importancia de la posibilidad de ampliar el mandato de la AMISOM más allá de mayo de 2018, y advierte de que el traspaso prematuro de las responsabilidades a las tropas somalíes podría ser perjudicial para la estabilidad a largo plazo;

14.  Subraya la necesidad de combatir la impunidad y garantizar la rendición de cuentas por los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra cometidos en Somalia; toma nota de la oferta del presidente somalí de conceder la amnistía por determinados crímenes a quienes renuncien al terrorismo y a la violencia y deseen abandonar Al-Shabab y otros grupos terroristas, y anima a que se desarrolle la legislación sobre la amnistía;

15.  Deplora el reclutamiento de niños soldado por militantes de Al-Shabab y la utilización de niños por las fuerzas de seguridad como soldados y como informantes, en particular el uso de niños soldado capturados o desertores; recuerda que el Gobierno de Somalia se ha comprometido a rehabilitar a antiguos niños soldado y poner a la disposición de la justicia a los responsables de su reclutamiento; pide a todos los donantes internacionales, en particular a la Unión, que den prioridad a la prestación de servicios de rehabilitación, educación y escolarización segura como elemento clave para romper el ciclo letal de la violencia; insta a las autoridades a que traten a los niños de los que se sospecha que tienen lazos con Al-Shabab ante todo como víctimas y a que tengan en cuenta el interés superior del niño, siguiendo las normas internacionales de protección como principios rectores;

16.  Expresa su seria inquietud ante la posibilidad de que los recursos naturales, en particular el carbón vegetal, sigan representando una importante fuente de financiación para los terroristas y una de las causas de un grave deterioro medioambiental en Somalia; pide a la Comisión que examine el modo de ampliar los sistemas de trazabilidad y diligencia debida para que comprendan todos los recursos naturales utilizados para alimentar las actividades terroristas y la violencia; pide, en este contexto, a todas las partes que velen por el cumplimiento de la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por la que se prohíbe la exportación de carbón vegetal somalí;

17.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a la Unión Africana, al presidente, al primer ministro y al Parlamento de Somalia, al secretario general de las Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0229.