Índice 
Textos aprobados
Martes 16 de mayo de 2017 - Estrasburgo
Protocolo del Acuerdo Marco de Colaboración y Cooperación entre la Unión y Mongolia (adhesión de Croacia) ***
 Acuerdo de Estabilización y Asociación UE-Bosnia y Herzegovina (adhesión de Croacia) ***
 Acuerdo UE-Noruega sobre normas suplementarias en relación con el instrumento de apoyo financiero a las fronteras exteriores y los visados ***
 Adhesión de la UE al Comité Consultivo Internacional del Algodón (CCIA) ***
 Plan de Acción sobre Administración Electrónica de la UE 2016-2020
 Informe anual 2015 sobre la protección de los intereses financieros de la UE - Lucha contra el fraude
 Iniciativa sobre el uso eficiente de los recursos: reducir el desperdicio de alimentos, mejorar la seguridad alimentaria
 Evaluación de los aspectos externos del funcionamiento y la gestión de los servicios de aduanas como herramienta para facilitar el comercio y luchar contra el comercio ilícito

Protocolo del Acuerdo Marco de Colaboración y Cooperación entre la Unión y Mongolia (adhesión de Croacia) ***
PDF 238kWORD 41k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 16 de mayo de 2017, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la firma, en nombre de la Unión y de sus Estados miembros, del Protocolo del Acuerdo Marco de Colaboración y Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Mongolia, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea (09264/2016 – C8-0455/2016 – 2015/0113(NLE))
P8_TA(2017)0201A8-0074/2017

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo (09264/2016),

–  Visto el proyecto de Protocolo al Acuerdo marco de Colaboración y Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Mongolia, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea (08940/2016),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con los artículos 207 y 209, y con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0455/2016),

–  Vistos el artículo 99, apartados 1 y 4 y el artículo 108, apartado 7, de su Reglamento,

–  Vista la Recomendación de la Comisión de Asuntos Exteriores (A8-0074/2017),

1.  Concede su aprobación a la celebración del Protocolo;

2.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de Mongolia.


Acuerdo de Estabilización y Asociación UE-Bosnia y Herzegovina (adhesión de Croacia) ***
PDF 239kWORD 41k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 16 de mayo de 2017, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión y sus Estados miembros, del Protocolo del Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y Bosnia y Herzegovina, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea (13824/2016 – C8-0527/2016 – 2016/0311(NLE))
P8_TA(2017)0202A8-0169/2017

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo (13824/2016),

–  Visto el proyecto de Protocolo del Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y Bosnia y Herzegovina, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea (13823/2016),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 217 y con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), inciso i), y apartado 8, párrafo segundo, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8‑0527/2016),

–  Vistos el artículo 99, apartados 1 y 4, así como el artículo 108, apartado 7, de su Reglamento,

–  Vista la recomendación de la Comisión de Asuntos Exteriores (A8-0169/2017),

1.  Concede su aprobación a la celebración del Protocolo;

2.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de Bosnia y Herzegovina.


Acuerdo UE-Noruega sobre normas suplementarias en relación con el instrumento de apoyo financiero a las fronteras exteriores y los visados ***
PDF 241kWORD 41k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 16 de mayo de 2017, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre la de Unión Europea, de un Acuerdo entre la Unión Europea y el Reino de Noruega sobre normas suplementarias en relación con el instrumento de apoyo financiero a las fronteras exteriores y los visados, como parte del Fondo de Seguridad Interior, para el período comprendido entre 2014 y 2020 (13710/2016 – C8-0005/2017 – 2016/0322(NLE))
P8_TA(2017)0203A8-0174/2017

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo (13710/2016),

–  Visto el proyecto de Acuerdo entre la Unión Europea y el Reino de Noruega sobre normas suplementarias en relación con el instrumento de apoyo financiero a las fronteras exteriores y los visados, como parte del Fondo de Seguridad Interior, para el período comprendido entre 2014 y 2020 (13711/2016),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 77, apartado 2, y el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), inciso v), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0005/2017),

–  Vista la carta de la Comisión de Asuntos Exteriores,

–  Vistos el artículo 99, apartados 1 y 4, y el artículo 108, apartado 7, de su Reglamento,

–  Vista la recomendación de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A8-0174/2017),

1.  Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo;

2.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y del Reino de Noruega.


Adhesión de la UE al Comité Consultivo Internacional del Algodón (CCIA) ***
PDF 234kWORD 41k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 16 de mayo de 2017, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la adhesión de la Unión Europea al Comité Consultivo Internacional del Algodón (CCIA) (15540/2016 – C8-0024/2017 – 2016/0349(NLE))
P8_TA(2017)0204A8-0187/2017

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo (15540/2016),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 207, apartados 3 y 4, así como con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), inciso v), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0024/2017),

–  Vistos el artículo 99, apartados 1 y 4, así como el artículo 108, apartado 7, de su Reglamento,

–  Vista la recomendación de la Comisión de Comercio Internacional (A8-0187/2017),

1.  Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo;

2.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.


Plan de Acción sobre Administración Electrónica de la UE 2016-2020
PDF 202kWORD 53k
Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de mayo de 2017, sobre el Plan de Acción sobre Administración Electrónica de la UE 2016-2020 (2016/2273(INI))
P8_TA(2017)0205A8-0178/2017

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Carta sobre los Datos Abiertos del G-8,

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Plan de Acción Europeo sobre Administración Electrónica 2011-2015. Aprovechamiento de las TIC para promover una administración pública inteligente, sostenible e innovadora» (COM(2010)0743),

–  Vista su Resolución, de 20 de abril de 2012, sobre un mercado único digital competitivo – la administración electrónica como factor puntero(1),

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Plan de Acción sobre Administración Electrónica de la UE 2016-2020»: Acelerar la transformación digital de la administración (COM(2016)0179),

–  Visto el Informe de evaluación comparativa de la administración electrónica en la UE de 2016,

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Una Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa» (COM(2015)0192), así como el documento de trabajo de la Comisión que la acompaña (SWD(2015)0100),

–  Vista su Resolución, de 19 de enero de 2016, sobre la iniciativa «Hacia un Acta del Mercado Único Digital»(2),

–  Vista la Decisión (UE) 2015/2240 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, por la que se establece un programa relativo a las soluciones de interoperabilidad y los marcos comunes para las administraciones públicas, las empresas y los ciudadanos europeos (programa ISA2) como medio de modernización del sector público,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 1 de junio de 2016, titulada «Normas europeas para el siglo XXI» (COM(2016)0358),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 31 de marzo de 2011, titulada «Protección de infraestructuras críticas de información. Logros y próximas etapas: hacia la ciberseguridad global» (COM(2011)0163),

–  Vista la Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 2 de julio de 2014, titulada «Hacia una economía de los datos próspera» (COM(2014)0442),

–  Vista su Resolución, de 10 de marzo de 2016, sobre la iniciativa «Hacia un Acta del Mercado Único Digital»(3),

–  Visto el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se crea el Mecanismo «Conectar Europa», por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 913/2010 y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 680/2007 y (CE) nº 67/2010,

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «La conectividad para un mercado único digital competitivo — hacia una sociedad Gigabit europea» (COM(2016)0587), así como el documento de trabajo adjunto de los servicios de la Comisión (SWD(2016)0300),

–  Vistos la propuesta de la Comisión de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (COM(2016)0590) y sus anexos 1 a 11 — Evaluación de impacto (SWD(2016)0303), resumen de la evaluación de impacto (SWD(2016)0304), y resumen de la evaluación (SWD(2016)0305),

–  Vista la propuesta de la Comisión de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1316/2013 y (UE) n.º 283/2014 en lo que atañe al fomento de la conectividad a Internet de las comunidades locales (COM(2016)0589),

–  Visto el Reglamento (UE) 2015/2120 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, por el que se establecen medidas en relación con el acceso a una internet abierta y se modifica la Directiva 2002/22/CE relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas y el Reglamento (UE) n.º 531/2012 relativo a la itinerancia en las redes públicas de comunicaciones móviles en la Unión,

–  Vista la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y las aplicaciones para móviles de los organismos del sector público,

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE («Reglamento eIDAS»),

–  Vista la Directiva 2013/37/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa a la reutilización de la información del sector público (Directiva ISP),

–  Vista la propuesta de la Comisión, de 10 de enero de 2017, de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se introduce una tarjeta electrónica europea de servicios y los mecanismos administrativos conexos (COM(2016)0824),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de enero de 2017, titulada «Intercambio y protección de los datos personales en un mundo globalizado» (COM(2017)0007),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de enero de 2017, titulada «Building a European Data Economy» (Creación de una economía de los datos europea) (COM(2017)0009),

–  Vista la propuesta de la Comisión, de 10 de enero de 2017, de un Reglamento, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la vida privada y la protección de los datos personales en las comunicaciones electrónicas y por el que se deroga la Directiva 2002/58/CE (Directiva sobre la vida privada y las comunicaciones electrónicas) (COM(2017)0010),

–  Vista la propuesta de la Comisión, de 10 de enero de 2017, de un Reglamento, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la protección de las personas en lo que se refiere al tratamiento de los datos personales por las instituciones, órganos, oficinas y agencias de la Unión y sobre la libre circulación de dichos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE (COM(2017)0008),

–  Vista la Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de abril de 2016, titulada «Iniciativa Europea de Computación en la Nube: construir en Europa una economía competitiva de los datos y del conocimiento» (COM(2016)0178),

–  Vista la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE,

–  Vista la Directiva 2014/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a la facturación electrónica en la contratación pública,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de junio de 2016, titulada «Una nueva Agenda de Capacidades para Europa» (COM(2016)0381),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y las opiniones de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0178/2017),

A.  Considerando que las estrategias de modernización de las administraciones públicas se han de adaptar a un entorno cambiante para posibilitar así su transformación en una administración electrónica;

B.  Considerando que la digitalización de los servicios de administración debe contribuir a alcanzar el pleno potencial del mercado único, promover un mejor ejercicio de la ciudadanía, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos así como el desarrollo económico y social de las regiones, intensificar la comprensión de los ciudadanos de los servicios públicos así como su participación en estos, y mejorar su eficiencia y rentabilidad, y reforzar la participación política fomentando el dialogo de los ciudadanos con las autoridades públicas y aumentando la transparencia; que la Unión debe fomentar el intercambio de las mejores prácticas y tecnologías entre los Estados miembros;

C.  Considerando que el sector de las TIC debe contribuir a este proceso de transformación aportando soluciones personalizadas para las administraciones públicas;

D.  Considerando que la transformación en una administración electrónica debe comenzar a escala de la Unión y a escala local, regional y de los Estados miembros;

E.  Considerando que la única manera de alcanzar el pleno potencial de una administración pública digital es consiguiendo que los ciudadanos y las empresas puedan confiar plenamente en los servicios ofrecidos;

F.  Considerando que el Portal Europeo de e-Justicia es un instrumento fundamental de acceso a la información y a la justicia y constituye un paso importante hacia la modernización de la administración pública de la Unión;

G.  Considerando que un mejor acceso a la información y una mayor utilización de los instrumentos digitales mejorados para los trámites relacionados con el Derecho de sociedades a lo largo de todo el ciclo de vida de las empresas aumentarían la seguridad jurídica y reducirían los gastos de las empresas;

H.  Considerando que se están realizando esfuerzos para interconectar los registros electrónicos de empresas y de insolventes en toda la Unión, lo que es importante para la transparencia y la seguridad jurídica en el mercado interior;

I.  Considerando que aún no es posible disponer de un único acceso a estos registros a través del Portal Europeo de e-Justicia debido a las diferencias entre las normas técnicas utilizadas por los Estados miembros; que se precisan mayores esfuerzos para lograr instrumentos de administración electrónica accesibles, interoperables y de fácil manejo a disposición del público de la Unión; que un cierto grado de seguridad y protección de los datos durante su tratamiento es un requisito fundamental para la utilización de la justicia en red, teniendo en cuenta la sustancia de los datos de los asuntos judiciales;

1.  Considera que el desarrollo de la administración electrónica es un elemento clave del Mercado Único Digital, e insta a la Comisión a que fije objetivos específicos y medibles para el Plan de Acción basados en indicadores de rendimiento, así como a que controle los progresos realizados en su ejecución e informe anualmente al Parlamento al respecto; subraya que el Plan de Acción sobre Administración Electrónica 2011-2015 produjo resultados positivos tanto a nivel de la Unión como de los Estados miembros; anima a la Comisión y a los Estados miembros a que evalúen asimismo las necesidades de los consumidores para aumentar el grado de utilización de los servicios electrónicos;

La digitalización de las administraciones públicas

2.  Opina que las administraciones públicas han de ser abiertas, transparentes, eficientes e integradoras y prestar servicios públicos digitales sin fronteras, personalizados, fáciles de utilizar, accesibles y de extremo a extremo a los ciudadanos y las empresas antes de 2022, reduciendo de este modo los costes, los obstáculos y las cargas administrativas para los ciudadanos y las empresas, en particular las pymes, cosechando así todos los beneficios de la revolución digital; considera, sin embargo, que esto debe ser compatible con una reestructuración justa de la administración pública;

3.  Apoya el plan de que en el futuro las iniciativas se basen en el principio «digital por defecto», y destaca la importancia de la aplicación del principio de «solo una vez», que facilitará la interacción con las administraciones públicas para los ciudadanos y las empresas al evitar procedimientos administrativos que, de forma innecesaria, requieran mucho tiempo y ayudará a que la información previamente suministrada sea reutilizada para otras aplicaciones; destaca que, de hecho, de acuerdo con los estudios de la Comisión, se espera que la aplicación del enfoque del principio de «solo una vez» a nivel de la Unión suponga un ahorro de unos 5 000 millones de euros anuales para 2017; pide a la Comisión que informe al Parlamento sobre los resultados del proyecto piloto a gran escala relativo al principio de «solo una vez» para empresas y ponga en marcha un proyecto piloto a gran escala relativo al principio de «solo una vez» para los ciudadanos antes del fin de 2017;

4.  Se felicita de la intención de la Comisión de crear lo antes posible un portal digital único que proporcione a los ciudadanos y las empresas un conjunto coherente e interconectado de servicios en línea del mercado único a escala nacional y de la Unión que abarquen la información sobre las normas nacionales y de la Unión, así como los servicios de asistencia, de completar los procedimientos más importantes para los ciudadanos y las empresas en situaciones transfronterizas y de ayudar a aplicar el principio de «solo una vez»; insta a la Comisión y a los Estados miembros a garantizar su rápida y completa aplicación así como a tomar todas las medidas necesarias para garantizar su funcionamiento eficiente y su interoperabilidad, aprovechando todo su potencial y todos sus beneficios; subraya que se deben promover las buenas prácticas existentes que ya se utilizan en algunos Estados miembros; considera que esta iniciativa debe garantizar que todos los Estados miembros dispongan de un único portal oficial de servicios electrónicos que permita acceder a todos sus servicios en línea y los servicios interoperables de la Unión disponibles; insta a los Estados miembros a garantizar una aplicación rápida y completa de los portales de los puntos de contacto únicos;

5.  Pide a la Comisión que estudie nuevas maneras de impulsar sistemas digitales para facilitar los trámites a lo largo del ciclo de vida de una empresa, la presentación electrónica de documentos de empresa y el suministro de información, también transfronteriza, a los registros de empresas; constata que en este ámbito la legislación puede ser la única manera de crear un marco jurídico adecuado para los sistemas digitales a escala de la Unión;

6.  Considera que debe intensificarse la labor relativa a la interconexión electrónica de los registros tanto de empresas como de insolventes de los Estados miembros y destaca la importancia de esta interconexión para el mercado interior; hace hincapié en que la información que se facilite debería seguir un modelo o marco común europeo;

7.  Destaca la importancia de la inclusión, la accesibilidad y el acceso general a todos los servicios públicos digitales, un factor esencial para respaldar la elaboración y la aplicación de políticas que promuevan la competitividad, el crecimiento y el empleo, y pide a los Estados miembros que transpongan y apliquen en su totalidad la nueva Directiva sobre la accesibilidad de los sitios web y las aplicaciones para equipos móviles de los organismos del sector público, lo que beneficiará a las personas mayores y con discapacidad;

8.  Subraya la importancia de los «datos abiertos», gracias a los cuales se puede disponer libremente de determinadas informaciones del sector público, para su uso y reutilización, en el seno de las administraciones públicas y entre ellas; subraya la necesidad de disponer de salvaguardas a fin de garantizar el respeto de los derechos de autor y la protección de datos; reitera que la circulación libre abierta e inclusiva de los datos permitiría el desarrollo y la creación ulteriores de nuevas soluciones innovadoras, impulsando así la eficacia y la transparencia; subraya que ese tipo de datos y de información pública deben ponerse a disposición siempre que sea posible a fin de impulsar nuevas oportunidades de conocimiento y contribuir al desarrollo y el fortalecimiento de una sociedad abierta; recuerda que, en la medida de lo posible, las administraciones públicas deben poner a disposición la información, especialmente cuando el volumen de datos generados es muy amplio, como ocurre con el programa INSPIRE; considera que se deben realizar más esfuerzos en relación con la aplicación de estrategias coordinadas de datos abiertos tanto en las instituciones de la Unión como en las de los Estados miembros, incluida una mayor y más rápida difusión de los datos al dominio público, garantizando una mejor calidad de los datos y un acceso sencillo a estos y proporcionando la legislación electrónica en formatos legibles por máquina;

9.  Subraya las ventajas de la participación electrónica, y hace hincapié en que los Estados miembros deberían hacer un mayor uso de la consulta electrónica, la información electrónica y la toma de decisiones electrónica; subraya que para evitar el abuso de los sistemas, la participación electrónica, especialmente en relación con la toma de decisiones electrónica, debe estar en consonancia con el Reglamento eIDAS, a fin de garantizar la rendición de cuentas y la transparencia;

10.  Se felicita de las iniciativas emprendidas por todas las instituciones de la Unión para fomentar mecanismos de participación electrónica a nivel de la Unión y de los Estados miembros y pide a la Comisión que continúe desarrollando y promoviendo instrumentos digitales, tales como los sistemas de votación electrónicos y las peticiones electrónicas, cuyo objetivo es mejorar y alentar la participación de los ciudadanos y las empresas en el proceso de elaboración de las políticas de la Unión;

11.  Observa que el uso de dispositivos móviles ha aumentado considerablemente a lo largo de los últimos cinco años, mientras que solo un tercio de los sitios web públicos están adaptados a este tipo de dispositivos; pide, por lo tanto, a los Estados miembros que evalúen las posibilidades de desarrollar soluciones para los servicios de administración electrónica y que velen por su facilidad de uso y su accesibilidad para todos; subraya que para garantizar de cara al futuro la accesibilidad de los servicios de administración electrónica los sitios web de la administración pública y sus instrumentos deben mantenerse actualizados con la tecnología moderna y los requisitos en constante evolución en materia de ciberseguridad;

12.  Pide a los Estados miembros que promuevan y utilicen la contratación electrónica a la hora de adquirir bienes y servicios o licitar obras públicas, haciendo así que el gasto público sea más transparente y eficaz y permitiendo una reducción de los costes y la burocracia; pide asimismo a los Estados miembros que en sus sectores públicos hagan un mayor uso de los registros de contratos y de la firma electrónica interoperable; pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten las medidas necesarias para garantizar la transparencia de la contratación pública, y que la información esté disponible en tiempo real para todos los participantes en la contratación pública; pide a la Comisión, a este respecto, que facilite el intercambio de las mejores prácticas de utilización de los criterios de innovación en licitaciones públicas, especialmente asegurándose de que las licitaciones no se adelanten a las soluciones, sino que más bien ofrezcan margen a los licitadores para que propongan soluciones innovadoras y abiertas; pide a la Comisión que siga trabajando sobre las normas relativas a la facturación electrónica, la presentación electrónica y la notificación electrónica y que promueva el uso de la identificación electrónica en los sistemas internos de la administración pública con el fin de aumentar la responsabilidad y la trazabilidad de cualquier acción en estos sistemas;

13.  Hace hincapié en la importancia que reviste el desarrollo de unos servicios públicos transfronterizos seguros, fiables e interoperables, que permitan evitar una mayor fragmentación y apoyen la movilidad; destaca que la interoperabilidad y la estandarización son elementos esenciales para la aplicación de las estructuras de la administración electrónica, y se felicita, por lo tanto, de la Comunicación de la Comisión titulada «Normas europeas para el siglo XXI» y también, a este respecto, de la revisión del Marco Europeo de Interoperabilidad; pone de relieve que el uso de normas abiertas es fundamental para que los ciudadanos de la Unión puedan participar en plataformas gubernamentales y destaca que las normas deben servir a los intereses de la sociedad en general siendo inclusivas, justas y estando preparadas para el futuro, y que deben ser desarrolladas de forma transparente y abierta; insta, por lo tanto, a la Comisión y a los Estados miembros a que promuevan normas abiertas cuando desarrollen soluciones digitales públicas y a que dediquen más atención a la interoperabilidad y a los beneficios que puede aportar el uso eficaz de las tecnologías digitales;

14.  Lamenta que en 2015 solo el 28 % de los hogares europeos en zonas rurales tuviera una conexión a internet rápida fija y que la cobertura media de 4G en la Unión, a pesar de alcanzar el 86 % en toda la Unión, sea solo del 36 % en las zonas rurales, y destaca la necesidad urgente de apoyar de forma continua la expansión de la banda ancha, sobre todo en las zonas rurales, dado que el acceso a una conexión de banda ancha de alta velocidad es indispensable para utilizar y beneficiarse de los servicios de administración electrónica; pide, por consiguiente, a la Comisión y a los Estados miembros que sigan concediendo financiación adecuada para la expansión de la banda ancha, las infraestructuras de servicios digitales y la interacción transfronteriza de la administración pública después de 2020, en el marco del Mecanismo «Conectar Europa» o de otros programas de la Unión pertinentes, garantizando de este modo la sostenibilidad a largo plazo; pide a este respecto a los operadores una mayor inversión en infraestructuras para mejorar la conectividad en zonas rurales y que garanticen que las zonas rurales también se beneficiarán de redes de muy alta capacidad 5G, puesto que este será un pilar básico de nuestra sociedad digital;

15.  Subraya que el pleno despliegue de unas infraestructuras seguras, adecuadas, resilientes, fiables y de alto rendimiento, como la banda ancha ultrarrápida y las redes de telecomunicaciones, es fundamental para el funcionamiento de los servicios de administración electrónica; pide, por consiguiente, la pronta adopción del Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (CECE), a fin de alcanzar los objetivos europeos estratégicos; considera crucial que las autoridades públicas se mantengan al día sobre los avances tecnológicos y tengan capacidad suficiente para adoptar tecnologías innovadoras, como los macrodatos y la internet de las cosas o la utilización de servicios móviles, como la tecnología 5G, capaces de satisfacer las necesidades de los usuarios;

16.  Considera que la reutilización de los componentes técnicos del Mecanismo «Conectar Europa» en todo el sector público y privado es fundamental para el funcionamiento de las infraestructuras de servicios digitales; subraya la necesidad de garantizar la sostenibilidad a largo plazo de los componentes técnicos de dicho Mecanismo, así como los resultados de los proyectos piloto a gran escala y de ISA2 más allá de 2020; destaca el potencial que encierra la iniciativa Wifi4EU a la hora de promover el acceso universal a las redes de alta velocidad; pide, por tanto, a la Comisión que, junto con los Estados miembros, desarrolle una estructura de gobernanza a largo plazo para conseguir los objetivos del Mercado Único Digital, cuya prioridad sea responder a las necesidades de los ciudadanos y de las empresas, y que fomente, siempre que sea posible, el uso de normas comunes;

17.  Señala que la adopción de soluciones innovadoras para los servicios públicos con uso intensivo de datos, como la utilización de los servicios en la nube, sigue siendo lenta y fragmentada; recuerda que servicios como Inspire generan grandes volúmenes de datos que requieren posteriormente una mayor capacidad de computación; se felicita, a este respecto, por la Iniciativa europea de computación en nube de la Comisión, y considera que la base de usuarios de la Nube Europea de la Ciencia Abierta debe ampliarse al sector público;

18.  Pide a la Comisión que aumente el conocimiento de la importancia del Portal Europeo de e-Justicia y sus usos, y que haga de este una ventanilla única para acceder a toda la información jurídica pertinente y a la justicia en los Estados miembros; advierte no obstante de que no todas las partes en los procesos tienen el mismo acceso ni las habilidades necesarias para la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, lo cual se puede traducir en una limitación de su acceso a la justicia; subraya que debe prestarse especial atención a que se facilite a las personas con discapacidad el acceso al Portal Europeo de e-Justicia;

19.  Acoge con satisfacción la introducción de e-CODEX, que permite la comunicación directa entre los ciudadanos y los órganos jurisdiccionales en todos los Estados miembros y constituye un paso importante para facilitar el acceso transfronterizo a los servicios públicos;

20.  Felicita al Consejo y a la Comisión por el trabajo desempeñado en la introducción del identificador europeo de jurisprudencia (ECLI), que resulta sumamente útil en la investigación jurídica y el diálogo judicial, y acoge con satisfacción la creación del motor de búsqueda ECLI, destinado a facilitar el acceso a la información jurídica en toda la Unión;

21.  Reitera la necesidad de mejorar las competencias digitales, tanto del personal administrativo como de todos los ciudadanos y las empresas, desarrollando y apoyando actividades de formación a escala nacional, regional y local con el fin de reducir al mínimo el riesgo de exclusión digital, y de introducir cursos de formación especializada sobre los servicios de administración electrónica para los funcionarios y responsables políticos; destaca que las competencias digitales constituyen un requisito previo indispensable para la participación en la administración electrónica; insta a que se desarrollen planes de estudios comunes de formación en línea reconocidos en el Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos (ECTS); considera que uno de los elementos fundamentales para el desarrollo de la administración electrónica es el crecimiento continuo de las capacidades digitales; subraya la necesidad de combatir y prevenir las brechas digitales entre zonas geográficas, entre personas de diferentes niveles socioeconómicos y entre generaciones; pide a los Estados miembros que recojan las sugerencias relativas al Plan de Acción sobre Administración Electrónica para hacer posible, especialmente a los ciudadanos jóvenes, una comunicación con la administración que se corresponda con sus hábitos de comunicación en otros ámbitos, y subraya además que la enseñanza de competencias digitales es de particular importancia en el caso de las personas de edad avanzada, que con frecuencia carecen de competencias o confianza cuando utilizan servicios electrónicos; considera que los Estados miembros deben impulsar el aprendizaje a lo largo de toda la vida así como campañas de comunicación y educativas, incluida la creación de redes de enseñanza de alfabetización mediática, de modo que los ciudadanos de la Unión puedan aprovechar plenamente las posibilidades que brindan los nuevos portales y servicios de administración electrónica;

22.  Subraya la necesidad de un enfoque integrador dual en línea y fuera de línea, para evitar la exclusión, habida cuenta de la tasa actual de analfabetismo digital y de que más del 22 % de los europeos, especialmente las personas de edad avanzada, se niega a utilizar servicios en línea en sus relaciones con las administraciones públicas; destaca que hay múltiples razones y obstáculos para rechazar el uso de los servicios en línea que han de abordarse o eliminarse, como el desconocimiento, la falta de competencias, la falta de confianza y una percepción errónea; considera que, para evitar la exclusión digital o la profundización de la brecha digital, hay que garantizar la accesibilidad y la calidad de los servicios de administración electrónica para los ciudadanos que viven en zonas rurales, montañosas y remotas;

23.  Subraya que la transformación digital puede ahorrar costes a las administraciones públicas; entiende que, con frecuencia, la digitalización y otros retos derivados de los paquetes de medidas relacionadas con la modernización se abordan en un contexto de limitaciones presupuestarias, y que en particular las autoridades regionales y locales siguen teniendo ante sí una carga de trabajo inmensa para los próximos años que requerirá, por lo tanto, no solo la adopción de soluciones digitales basadas en normas abiertas, reduciendo así los costes de mantenimiento y aumentando la innovación, sino también el fomento de las asociaciones público-privadas; hace hincapié en que la rentabilidad llegará con el tiempo, ya que la inversión en la digitalización ayudará a reducir los costes administrativos en el futuro; subraya que, entretanto, sigue siendo inevitable la necesidad de un enfoque en línea y fuera de línea;

24.  Destaca la necesidad de tener en cuenta las objeciones basadas en el interés público de primer orden al considerar la digitalización de ciertos procedimientos administrativos;

La administración electrónica transfronteriza a todos los niveles administrativos

25.  Destaca la importancia de crear una infraestructura de administración electrónica transfronteriza sostenible para simplificar el acceso a las cuatro libertades fundamentales y el ejercicio de las mismas;

26.  Hace hincapié en la importancia que revisten los servicios de administración electrónica para los ciudadanos en su vida cotidiana, y destaca las ventajas de seguir desarrollando el intercambio electrónico de información sobre seguridad social (EESSI), el portal europeo de la movilidad profesional (EURES) y los servicios de sanidad electrónica transfronterizos;

27.  Acoge con satisfacción las diversas iniciativas de la Comisión para el desarrollo de prescripciones digitales transfronterizas, especialmente en lo que respecta a la interoperabilidad y la normalización; subraya, no obstante, que la adopción de estas soluciones es sumamente lenta dado el valor y la importancia de tales servicios para los ciudadanos de la Unión; pide a la Comisión que garantice que se aplica el marco adecuado para infundir confianza entre los Estados miembros y acelerar el desarrollo de prescripciones digitales transfronterizas, desde la protección de datos y la seguridad en los intercambios de datos, hasta el despliegue de la infraestructura y los servicios digitales necesarios;

28.  Pide a la Comisión que continúe con el desarrollo y la promoción de la utilización del portal europeo de la movilidad profesional (EURES), mediante una mayor integración y colaboración de los sistemas de servicios públicos de empleo y el portal EURES, a fin de facilitar y aumentar la movilidad de empleadores y solicitantes de empleo en la Unión;

29.  Subraya que la sanidad electrónica puede mejorar de forma significativa la calidad de vida de los ciudadanos proporcionando una atención sanitaria más accesible, rentable y eficiente a los pacientes;

30.  Considera que, para que los servicios de administración electrónica transfronterizos funcionen a pleno rendimiento, se han de superar las barreras lingüísticas, y que las administraciones públicas, especialmente en las regiones fronterizas, deben presentar la información y los servicios disponibles en la lengua de sus Estados miembros, aunque también en otras lenguas europeas pertinentes;

31.  Destaca la importancia del intercambio de buenas prácticas, ejemplos y experiencia de proyectos entre todos los niveles de la administración, tanto en el seno de los Estados miembros como entre ellos; reconoce que los proyectos piloto a gran escala financiados por la Unión, como eSENSE, eCODEX y TOOP, contribuyen de forma significativa a la mejora de los servicios transfronterizos en Europa;

32.  Opina que una supervisión exhaustiva de la eficiencia de la administración electrónica en los Estados miembros debe garantizar que la metodología de la eficiencia tenga en cuenta de forma adecuada las especificidades nacionales; subraya los beneficios de una eficiencia medida con fiabilidad en los Estados miembros para los legisladores y la opinión pública;

33.  Señala que la interoperabilidad, las normas abiertas y los datos abiertos no solo son fundamentales en un contexto transfronterizo, sino que también son necesarios a escala nacional, regional y local de la administración en cada uno de los Estados miembros, al mismo tiempo que se tiene en cuenta la necesidad de protección de los datos en las transferencias de información;

34.  Pide a la Comisión y a las demás instituciones de la Unión que den ejemplo en el ámbito de la administración electrónica y que ofrezcan un acceso transparente y de fácil uso para los ciudadanos y las empresas, así como servicios digitales de extremo a extremo, especialmente en relación con la solicitud de financiación de la Unión y la contratación pública, y pide a la Comisión que acelere asimismo sus esfuerzos por lo que respecta a la traducción de sus páginas web a todas las lenguas oficiales de la Unión y que ponga de relieve las mejores prácticas;

Protección de datos y seguridad

35.  Hace hincapié en que la confianza de los ciudadanos en la protección de los datos personales es fundamental para garantizar el éxito del Plan de Acción sobre Administración Electrónica de la UE 2016-2020, y destaca que las administraciones públicas deben tratar los datos personales de forma segura y plenamente conforme con el Reglamento general de protección de datos y la normativa de la Unión sobre privacidad, favoreciendo así la confianza en los servicios digitales;

36.  Hace hincapié en que también debe considerarse un plan de sanidad electrónica en el contexto del Plan de Acción sobre Administración Electrónica, ya que constituye una parte importante del mismo; opina que debe mejorarse la recopilación y transferencia de datos y que la transferencia transfronteriza de datos debe ser posible si se requiere en ciertos casos, ya que esto permitirá prestar servicios de sanidad a todos los ciudadanos de la Unión;

37.  Señala que, al mismo tiempo, la legislación sobre la protección de datos no debe concebirse como un obstáculo, sino que, por el contrario, se ha de considerar un punto de partida para el desarrollo de soluciones innovadoras en materia de administración electrónica, y destaca, por consiguiente, la necesidad de una orientación eficaz sobre la aplicación del Reglamento general de protección de datos, así como de un intercambio continuo con las partes interesadas;

38.  Observa que solo el 15 % de los europeos declara tener una sensación de control absoluto sobre el uso de sus datos personales; considera importante seguir profundizando en el principio de la propiedad de los datos y confía en que las futuras medidas puedan desarrollarse sobre la base de la Comunicación de la Comisión «Creación de una economía de los datos europea» y otras propuestas relacionadas;

39.  Insta a los Estados miembros a que velen por la rápida y plena aplicación del Reglamento eIDAS, puesto que la firma, la identificación y la autenticación electrónicas son los elementos básicos en los que se fundamentan los servicios públicos digitales transfronterizos; subraya la importancia de promover la utilización de regímenes notificados de identificación electrónica en virtud del Reglamento eIDAS por parte de los ciudadanos, las empresas y la administración pública; subraya a este respecto que la adopción de estos habilitadores clave debe ser la prioridad del sector público y el privado en el desarrollo de servicios digitales; pide por consiguiente a la Comisión que actúe para facilitar y promover la cooperación público-privada en el uso transfronterizo y transectorial de identificación y firmas digitales; acoge con satisfacción el programa ISA2, que cubre todas las políticas de la UE que exigen la interoperabilidad de los sistemas que funcionan a escala europea y de la Unión;

40.  Destaca que las medidas para proteger a las autoridades públicas frente a ciberataques y para permitirles resistir a tales ataques resultan de gran importancia y deben desarrollarse; hace hincapié en la necesidad de un enfoque europeo a este respecto, especialmente en vista de que el principio de «solo una vez», que forma parte del Plan de Acción sobre Administración Electrónica de la UE 2016-2020, requiere el intercambio de datos de los ciudadanos entre las autoridades administrativas europeas;

41.  Hace hincapié en que la seguridad de los datos debe tenerse en cuenta ya en la fase de diseño de las aplicaciones, que deben ser modernas y fáciles de usar, y de los procesos administrativos, que deben ser eficientes (enfoque de la seguridad por el diseño), a fin de que los ciudadanos y las empresas puedan aprovechar plenamente los beneficios de las tecnologías modernas;

o
o   o

42.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO C 258 E de 7.9.2013, p. 64.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0009.
(3) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0089.


Informe anual 2015 sobre la protección de los intereses financieros de la UE - Lucha contra el fraude
PDF 297kWORD 69k
Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de mayo de 2017, sobre el Informe anual 2015 sobre la protección de los intereses financieros de la UE - Lucha contra el fraude (2016/2097(INI))
P8_TA(2017)0206A8-0159/2017

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 325, apartado 5, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Vistas sus resoluciones sobre anteriores informes anuales de la Comisión y de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF),

–  Vistos el informe de la Comisión, de 14 de julio de 2016, titulado «Protección de los intereses financieros de la Unión Europea – Lucha contra el fraude – Informe anual 2015» (COM(2016)0472) y los documentos de trabajo adjuntos SWD(2016)0234, SWD(2016)0235, SWD(2016)0236, SWD(2016)0237, SWD(2016)0238, SWD(2016)0239,

–  Vistos el Informe anual 2015 de la OLAF y el Informe de actividad 2015 del Comité de Vigilancia de la OLAF,

–  Visto el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria relativo al ejercicio 2015, junto con las respuestas de las instituciones,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 18 de julio de 2016, titulada «Protección del presupuesto de la UE hasta finales de 2015» (COM(2016)0486),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 250/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, por el que se establece un programa para la promoción de acciones en el ámbito de la protección de los intereses financieros de la Unión Europea (programa «Hércules III») y por el que se deroga la Decisión n.º 804/2004/CE(1),

–  Vista la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la creación de la Fiscalía Europea presentada por la Comisión el 17 de julio de 2013 (COM(2013)0534),

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Euratom) n.º 1074/1999 del Consejo(2),

–  Vista la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, presentada por la Comisión el 11 de julio de 2012, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal (COM(2012)0363),

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo(3),

–  Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2016, sobre la lucha contra la corrupción y el seguimiento de la Resolución de la Comisión CRIM(4),

–  Visto el Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas(5),

–  Vistos el Informe 2015 sobre la brecha del IVA encargado por la Comisión Europea, y la Comunicación de la Comisión, de 7 de abril de 2016, relativa a un plan de acción sobre el IVA (COM(2016)0148),

–  Vista la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-105/14, Taricco y otros(6),

–  Visto el Informe Especial n.º 24/2015 del Tribunal de Cuentas Europeo, de 3 de marzo de 2016, titulado «La lucha contra el fraude del IVA intracomunitario: es necesaria una acción más enérgica»,

–  Vista su Resolución, de 14 de febrero de 2017, sobre la función de los denunciantes en la protección de los intereses financieros de la Unión(7),

–  Vista la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE(8),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y las opiniones de la Comisión de Desarrollo Regional y de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A8-0159/2017),

A.  Considerando que los Estados miembros y la Comisión comparten, de iure, la responsabilidad de ejecutar aproximadamente el 80 % del presupuesto de la Unión; considerando, sin embargo, que, de facto, la Comisión y los Estados miembros que gastan esos recursos son responsables de tener una visión general de esos proyectos en relación con la aportación de cierto nivel de control; considerando que los Estados miembros son los principales responsables de la recaudación de recursos propios, en particular en forma de IVA y aranceles aduaneros;

B.  Considerando que la protección de los intereses financieros de la Unión debería ser un elemento esencial de la política de la Unión para aumentar la confianza de los ciudadanos garantizando que su dinero se gasta de forma adecuada y de conformidad con el planteamiento de «aprovechar al máximo cada euro»;

C.  Considerando que la obtención de unos buenos resultados con los procesos de simplificación requiere la evaluación periódica de los insumos, productos, resultados e impacto a través de las auditorías de gestión;

D.  Considerando que el artículo 325, apartado 2, del TFUE estipula que «los Estados miembros adoptarán para combatir el fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión las mismas medidas que para combatir el fraude que afecte a sus propios intereses financieros»;

E.  Considerando que el artículo 325, apartado 3, del TFUE estipula que los Estados miembros «organizarán, junto con la Comisión, una colaboración estrecha y regular entre las autoridades competentes»;

F.  Considerando que la diversidad de los sistemas jurídicos y administrativos de los Estados miembros supone una dificultad añadida a la hora de subsanar las irregularidades y combatir el fraude; que la Comisión debe intensificar, por tanto, sus esfuerzos por garantizar una lucha efectiva contra el fraude, que genere resultados más tangibles y satisfactorios;

G.  Considerando que el uso de datos sensibles está resultando ser, cada vez más claramente, un factor que contribuye al fraude;

H.  Considerando que el IVA es una importante y creciente fuente de ingresos de los Estados miembros, a través de la cual recaudaron casi 1 billón de euros en 2014, y que contribuyó a los recursos propios de la Unión con 17 667 millones de euros, lo que representa el 12,27 % de los ingresos totales de la Unión, en 2014;

I.  Considerando que el actual sistema del IVA, en particular tal y como se aplica a las operaciones transfronterizas, es vulnerable al fraude y a las estrategias de elusión fiscal, y que solo el fraude intracomunitario del operador desaparecido, –comúnmente denominado «fraude carrusel»– fue responsable de una pérdida de ingresos por IVA de aproximadamente 50 000 millones de euros en 2014;

J.  Considerando que la brecha del IVA ascendió a unos 159 500 millones de euros en 2014 y oscila entre menos del 5 % y más del 40 % según el país de que se trate;

K.  Considerando que la corrupción afecta a todos los Estados miembros y adopta en particular la forma de delincuencia organizada, y que no solo representa una carga para la economía de la Unión, sino que mina la democracia y el Estado de Derecho en toda Europa; considerando, sin embargo, que se desconocen las cifras exactas, ya que la Comisión ha decidido no publicar datos en el informe sobre la política de lucha contra la corrupción de la Unión;

L.  Considerando que el fraude es un comportamiento irregular intencionado que constituye una infracción penal, y que la irregularidad es el incumplimiento de una norma;

M.  Considerando que las fluctuaciones en el número de irregularidades pueden deberse al avance de los ciclos de programación plurianuales (con elevados niveles de detección al final de los ciclos debido al cierre de programas), así como a la tardía notificación por parte de algunos Estados miembros, que tienden a notificar la mayoría de las irregularidades de los programas plurianuales anteriores al mismo tiempo;

Detección y notificación de irregularidades

1.  Señala con preocupación que el número de irregularidades fraudulentas y no fraudulentas notificadas en 2015 aumentó de forma significativa, en un 36 %, lo que supuso un incremento del número de irregularidades registradas en comparación con 2014 hasta un total de 22 349 casos, debido a situaciones concretas en materia de política de cohesión en dos Estados miembros; observa que, aunque el número de irregularidades aumentó en 2015, el importe correspondiente (3 210 millones de euros) registró una ligera disminución del 1 % con respecto a 2014 (3 240 millones de euros);

2.  Manifiesta su preocupación por que, pese a la reducción favorable del 11 % en el número de irregularidades notificadas como fraudulentas —de 1 649 en 2014 a 1 461 en 2015— su importe total se incrementara en un 18 %, pasando de 538 millones de euros en 2014 a 637,6 millones de euros en 2015; observa que el uso de documentación o declaraciones falsas o falsificadas constituye el tipo más común de fraude con un 34 %, mientras que la mayor parte de irregularidades notificadas como fraudulentas (52 %) se detectó en el sector agrícola, y el porcentaje más alto de detección de irregularidades fraudulentas (75 %) correspondió a los sistemas de control administrativo previstos en los reglamentos sectoriales;

3.  Recuerda que no todas las irregularidades son fraudulentas y que es necesario distinguir bien entre error y fraude;

4.  Considera que la cooperación entre la Comisión y los Estados miembros en materia de detección del fraude no es suficientemente eficaz;

5.  No comparte la opinión de la Comisión de que un aumento de los recursos disponibles en el presupuesto de la Unión en un 14 % interanual podría justificar el incremento del número de irregularidades en un 36 %;

6.  Acoge favorablemente el paquete de la Comisión de cuatro reglamentos delegados y cuatro reglamentos de aplicación sobre las disposiciones de notificación de irregularidades en el ámbito de la gestión compartida con el objetivo de mejorar la calidad y la coherencia de los datos comunicados por los Estados miembros sobre los fraudes e irregularidades; lamenta que dichos reglamentos no establezcan plazos obligatorios para la notificación de irregularidades por los Estados miembros; deplora que, en 2015, en relación con las irregularidades notificadas como no fraudulentas, 537 de las 538 irregularidades notificadas por Irlanda se refirieran a información histórica para el período de programación 2000-2006, y que 5 105 de las 5 619 irregularidades notificadas por España relativas al sector de la política de cohesión fueran detectadas a lo largo del período 2007-2013 y se notificaran todas juntas en 2015; y que los Países Bajos notificaran un único caso relativo al sector pesquero en 2014 frente a los 53 casos de 2015, hace hincapié en que la situación de los Estados miembros que no están transmitiendo información a su debido tiempo o que aportan datos imprecisos se repite desde hace muchos años; destaca que no es posible efectuar comparaciones ni llevar a cabo una evaluación objetiva del alcance del fraude en los Estados miembros de la Unión Europea;

7.  Toma nota de que, de conformidad con el artículo 27, apartado 3, de la Directiva 2010/24/UE del Consejo sobre la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos, derechos y otras medidas, la Comisión informará cada cinco años al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el funcionamiento de los mecanismos establecidos por dicha Directiva; lamenta que la evaluación prevista para el 1 de enero de 2017, a más tardar, todavía no se haya publicado; pide a la Comisión que publique dicha evaluación sin demora;

8.  Anima a la Comisión a perseverar en sus esfuerzos por desarrollar programas como REFIT para simplificar la legislación de la Unión; hace hincapié en que la simplificación de las normas y los procedimientos contribuye a reducir el número de irregularidades, que a menudo están ligadas a normas y requisitos complejos; señala que una reducción de la carga administrativa supone un ahorro de costes para las administraciones públicas y los ciudadanos de la Unión, y alienta asimismo a los beneficiarios a acogerse a nuevos programas de la Unión; resalta que la simplificación de las normas debe estar en coherencia con el principio de un presupuesto de la Unión centrado en los resultados;

9.  Recuerda que los Estados miembros gestionan en torno al 80 % del presupuesto de la Unión; cree, por tanto, que la Comisión debe prestarles apoyo a fin de elaborar estrategias nacionales de lucha contra el fraude;

10.  Lamenta que no todos los Estados miembros hayan adoptado estrategias nacionales de lucha contra el fraude;

11.  Pide de nuevo a la Comisión que establezca un sistema homogéneo destinado a la recopilación de datos comparables sobre irregularidades y casos de fraude en los Estados miembros a fin de normalizar el proceso de notificación y garantizar la calidad y comparabilidad de los datos proporcionados;

12.  Celebra la adopción del Reglamento (UE) n.º 2015/1525 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, que ha mejorado el marco actual de detección e investigación de los fraudes aduaneros a escala nacional y de la Unión;

13.  Aprecia los esfuerzos realizados por los Estados miembros para detectar, evaluar y notificar irregularidades, así como para aplicar medidas de lucha contra el fraude eficaces y proporcionadas; subraya que las acciones de lucha contra el fraude sirven para impulsar el desarrollo; pide a la Comisión que utilice también la asistencia técnica para contribuir a reforzar la capacidad técnica y administrativa de las autoridades de gestión y garantizar así la eficacia de los sistemas de control, mediante la introducción, entre otras medidas, de aplicaciones más sencillas y transparentes capaces de reducir los riesgos de fraude y garantizar la recuperación de cualquier pérdida; recomienda mejoras en la transparencia en todos los niveles de la gestión de proyectos; anima a la Comisión y a los Estados miembros a que continúen la senda iniciada, integrando progresivamente en sus sistemas y procedimientos de control la utilización sistemática de herramientas informáticas para combatir las irregularidades; insta a la Comisión a que elabore y adopte directrices especiales para ayudar a las autoridades nacionales a detectar irregularidades;

Ingresos - Recursos propios

14.  Manifiesta su preocupación por las pérdidas ocasionadas por la brecha del IVA y el fraude del IVA intracomunitario, responsables de unas pérdidas de ingresos en 2014 de 159 500 millones de euros y de 50 000 millones de euros respectivamente; observa que solo dos Estados miembros, el Reino Unido y Bélgica, recopilan y difunden estadísticas relativas a las pérdidas de ingresos provocadas por el fraude del IVA transfronterizo;

15.  Recuerda que la Comisión no tiene acceso al intercambio de información entre los Estados miembros con miras a prevenir y luchar contra el fraude intracomunitario del operador desaparecido, comúnmente denominado «fraude carrusel»; considera que la Comisión debe tener acceso a Eurofisc, a fin de controlar mejor, evaluar y mejorar el intercambio de datos entre Estados miembros; pide a todos los Estados miembros que participen en todos los ámbitos de actividad de Eurofisc a fin de facilitar el intercambio de información con las administraciones judiciales y policiales, como Europol y la OLAF, tal y como recomienda el Tribunal de Cuentas Europeo; pide a los Estados miembros y al Consejo que concedan a la Comisión acceso a esa información a fin de fomentar la cooperación, reforzar la fiabilidad de los datos y combatir la delincuencia transfronteriza;

16.  Toma nota de que el sistema de intercambio de información sobre el IVA (VIES) ha demostrado ser una herramienta útil en la lucha contra el fraude, al permitir a las autoridades tributarias armonizar los datos sobre operadores en todos los países; pide a los Estados miembros que mejoren los tiempos de respuesta a la hora de facilitar información, contestar a las preguntas y reaccionar ante los errores detectados, tal y como recomienda el Tribunal de Cuentas Europeo;

17.  Toma nota del plan de acción de la Comisión titulado «Hacia un territorio único de aplicación del IVA en la UE», publicado el 7 de abril de 2016; lamenta profundamente que la publicación de las «Medidas para mejorar la cooperación entre administraciones tributarias y con las aduanas y los cuerpos y fuerzas de seguridad y para reforzar la capacidad de las administraciones fiscales», prevista en el plan de acción de 2016, se retrase en un año; hace hincapié en que los problemas relacionados con el fraude del IVA transfronterizo requieren medidas enérgicas, coordinadas y rápidas; insta, por tanto, a la Comisión a que acelere sus procedimientos y aporte soluciones para evitar la pérdida de ingresos fiscales en la Unión y en los Estados miembros;

18.  Subraya que la aplicación de medidas a corto plazo para hacer frente a las pérdidas en la recaudación del IVA no debe diferir la propuesta de la Comisión de un sistema del IVA definitivo según lo previsto en el plan de acción;

19.  Observa con cierta satisfacción que el aumento del importe de los recursos propios tradicionales (RPT) objeto de fraude en 2014 fue solo cuestión de un año y que los niveles de 2015 (427 millones de euros) han regresado a la media de los años 2011 a 2015; se lamenta, no obstante, de que algunos Estados miembros no comuniquen todos los casos de irregularidades en relación con los RPT;

20.  Insta a los Estados miembros a que recuperen los importes adeudados de los RPT con mayor rapidez, especialmente a aquellos Estados miembros que necesitan recuperar los importes más altos; insta a Grecia, Rumanía, Letonia, Malta y los Países Bajos a que mejoren su recaudación de los RPT, ya que su porcentaje de RPT adeudados se mantiene significativamente por encima de la media de la Unión del 1,71 %, alcanzando el 8,95 %, el 5,07 %, el 5,04 %, el 3,84 % y el 3,81 % respectivamente;

21.  Señala que el número de casos de denuncia voluntaria de irregularidades está aumentando, y pide a los Estados miembros que adapten sus estrategias de control de aduanas a este hecho, teniendo en cuenta los resultados de las denuncias voluntarias;

22.  Toma nota en particular de que el 75 % de los casos notificados como fraudulentos afectan a productos como el tabaco, la maquinaria eléctrica, el calzado, los textiles, el hierro y el acero, y que China, los Emiratos Árabes Unidos, los Estados Unidos, Bielorrusia, Rusia y Ucrania son los países mencionados con mayor frecuencia como origen de dichas mercancías; resalta que China es el principal país de procedencia (80 %) de mercancías falsificadas, seguida de Hong Kong, los Emiratos Árabes Unidos, Turquía y la India; pide a la Comisión que aborde estos problemas en las negociaciones comerciales con dichos países;

23.  Subraya que el contrabando de mercancías altamente gravadas provoca importantes pérdidas de ingresos para los presupuestos de la Unión y de los Estados miembros, y que se calcula que las pérdidas directas de ingresos aduaneros derivadas del contrabando de cigarrillos ascienden, por sí solas, a más de 10 000 millones de euros al año;

24.  Observa con preocupación que en los últimos años se ha intensificado el contrabando de tabaco en la Unión y que, según las estimaciones, representa una pérdida anual de 10 000 millones de euros de ingresos públicos para los presupuestos de la Unión y de los Estados miembros, y es, al mismo tiempo, una fuente importante de delincuencia organizada, incluido el terrorismo; resalta que el comercio ilícito de tabaco ocasiona un gran perjuicio tanto al comercio legal como a las economías nacionales; señala asimismo que una considerable proporción del tabaco de contrabando procede de Bielorrusia; pide a la Unión y a los Estados miembros que presionen a Bielorrusia para que combata el comercio ilícito de tabaco y la delincuencia organizada, y que impongan sanciones si es necesario; pide a los Estados miembros que intensifiquen la cooperación en este ámbito;

25.  Toma nota con satisfacción de los buenos resultados de numerosas Operaciones Aduaneras Conjuntas (OAC) que conllevan la cooperación de la OLAF y de los Estados miembros con diversos servicios de terceros países, que han permitido la incautación, por ejemplo, de 16 millones de cigarrillos y 2 toneladas de cannabis; señala que la operación Báltica, dirigida por la administración aduanera polaca en cooperación con la OLAF, Europol y cinco Estados miembros (Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania y Suecia), condujo a la incautación de 13 millones de cigarrillos procedentes de terceros países, como Bielorrusia y Rusia;

26.  Observa que los 241 casos notificados sobre cigarrillos de contrabando suponen una pérdida de RPT estimada en 31 millones de euros; cuestiona la vigilancia de los servicios de aduanas de determinados Estados miembros que no han notificado ningún caso de fraude por contrabando de cigarrillos en 2015;

27.  Señala que los controles aduaneros efectuados con ocasión del despacho de mercancías y las inspecciones de los servicios de lucha contra el fraude fueron los métodos más eficaces para detectar casos de fraude en la parte de ingresos del presupuesto de la Unión en 2015;

28.  Manifiesta su profunda preocupación por que una disminución del personal de aduanas pueda influir de forma negativa en el número de controles y tener, por tanto, un impacto negativo en la detección de acciones fraudulentas en la parte de ingresos del presupuesto de la Unión;

29.  Reitera que unos controles aduaneros eficaces son un elemento clave para la protección de los intereses financieros de la Unión y que las medidas presupuestarias no deben impedir que las autoridades de los Estados miembros lleven a cabo sus misiones;

30.  Manifiesta su preocupación por lo que respecta a los controles aduaneros y la correspondiente percepción de los impuestos que constituyen un recurso propio del presupuesto de la Unión; recuerda que las autoridades aduaneras de los Estados miembros son quienes efectúan los controles para revisar si los importadores respetan la normativa sobre tarifas e importaciones, e invita a la Comisión a que asegure un control adecuado y armonizado de las fronteras de la Unión, para poder garantizar la seguridad de la Unión y la tutela de sus intereses económicos, empeñándose de manera particular en la lucha contra el comercio de productos ilegales y falsificados;

31.  Acoge favorablemente la recomendación de la Comisión a los Estados miembros de que encuentren el equilibrio correcto entre facilitación del comercio y protección de los intereses financieros de la Unión; señala a este respecto los procedimientos de vía rápida aduanera para las empresas consideradas de bajo riesgo, que en sí mismos pueden ser un buen sistema para acelerar el despacho de mercancías pero han demostrado ser vulnerables a prácticas corruptas por parte de funcionarios de aduanas;

Gastos

32.  Toma nota de la baja tasa de irregularidades notificadas (fraudulentas y no fraudulentas) en relación con los fondos gestionados directamente por la Comisión, que se encuentra por debajo del 0,7 %; pide a la Comisión información más detallada sobre las recuperaciones aplicadas a residentes legales de países no pertenecientes a la Unión de fondos de la Unión mal gestionados bajo el régimen de gestión directa de la Comisión;

33.  Observa que el número de irregularidades relacionadas con el gasto notificadas como fraudulentas disminuyó un 10 % en 2015;

34.  Señala que las irregularidades fraudulentas y no fraudulentas detectadas en relación con el gasto representaron el 1,98 % de los pagos del presupuesto de la Unión en 2015;

35.  Observa que el número de irregularidades fraudulentas notificadas en 2015 en relación con los recursos nacionales de los pagos del presupuesto disminuyó en un 14 % con respecto a 2014, pero que el importe correspondiente fue un 8 % más elevado; manifiesta su preocupación por que en este sector el número de irregularidades no fraudulentas notificadas en 2015 haya registrado un incremento del 28 % y el importe afectado del 44 %;

36.  Expresa su profunda preocupación por el hecho de que el número de irregularidades fraudulentas y no fraudulentas notificadas en relación con el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) haya ido en aumento durante, al menos, cinco años consecutivos, puesto que el número de casos notificados pasó de 1 970 en 2011 a 4 612 en 2015; señala, no obstante, que las irregularidades relativas al FEAGA se han mantenido estables (+6 % con respecto a 2014 y 10 % con respecto a 2011) y que las relacionadas con el Feader han registrado un incremento constante; observa que los importes financieros afectados descendieron de 211 millones de euros en 2011 a 119 millones de euros en 2012, pero registraron un incremento constante hasta 394 millones de euros en 2015, con lo que el volumen de irregularidades no fraudulentas notificadas relativas al Feader se aproxima al 2 % de la totalidad del fondo; insta a los Estados miembros con el mayor número de irregularidades notificadas —Rumanía, Italia, España, Polonia, Hungría, Portugal y Lituania— a que normalicen la situación urgente y eficientemente para invertir esta tendencia;

37.  Deplora que más de dos tercios del nivel estimado de errores en los gastos del FEDER en 2015 se derivase de la ausencia de documentos justificativos de los gastos y del incumplimiento de las normas de contratación pública; recuerda que, para un seguimiento eficaz, se requiere una plena transparencia, incluso en relación con las subcontrataciones; pide a la Comisión y a los Estados miembros que subsanen inmediatamente estas deficiencias; pide a la Comisión que supervise y evalúe la transposición de las Directivas 2014/24/UE y 2014/25/UE sobre contratación pública a las legislaciones nacionales lo antes posible;

38.  Expresa su preocupación por la diferencia existente entre los Estados miembros en lo que respecto al número de irregularidades notificadas; subraya que un elevado número de notificaciones también podría depender de una elevada capacidad del sistema nacional de controles para interceptar y detectar las irregularidades; anima a la Comisión a que siga realizando todos los esfuerzos encaminados a apoyar a los Estados miembros para que incrementen el nivel y la calidad de los controles, incluso a través de los Servicios de coordinación de la lucha contra el fraude (AFCOS) y la finalización de la creación de una estrategia nacional de lucha contra el fraude (NAF) en todos los Estados miembros;

39.  Acoge con satisfacción el que seis Estados miembros hayan adoptado una estrategia nacional de lucha contra el fraude antes de finales de 2015, y pide a los Estados miembros restantes que lleven a cabo con rapidez sus procesos de adopción en curso o que elaboren estrategias nacionales de lucha contra el fraude;

40.  Expresa su profunda preocupación por que en 2015 las irregularidades fraudulentas y no fraudulentas asociadas a la política pesquera común se hayan duplicado con respecto a 2014 y sean las más elevadas jamás notificadas, con 202 casos (19 fraudulentos y 183 no fraudulentos) que suponen un importe de 22,7 millones de euros (de los cuales 3,2 millones corresponden a los casos fraudulentos);

41.  Subraya que la simplificación de las normas administrativas disminuirá el número de irregularidades no fraudulentas, ayudará a identificar los casos fraudulentos y hará que los fondos de la Unión resulten más accesibles para los beneficiarios;

42.  Lamenta que la política de cohesión registrara un fuerte aumento en el número de irregularidades no fraudulentas, que aumentaron en un 104 % entre 2014 y 2015 para los períodos de programación anteriores a 2007-2013 y en un 108 % para el período de programación 2007-2013; observa, no obstante, que los importes afectados por las irregularidades no fraudulentas solo se incrementaron un 9 % en 2015 con respecto a 2014; lamenta, además, que el número de irregularidades fraudulentas aumentara en un 21 % en 2015 y los importes afectados, en un 74 %;

43.  Considera que comparar los datos recogidos en el informe anual con datos comparables sobre los regímenes de gastos nacionales, en especial sobre las irregularidades y el fraude, podría ayudar a extraer conclusiones específicas sobre el gasto de la política de cohesión, en particular sobre las necesidades de desarrollo de capacidades;

44.  Se remite a este respecto al Informe Especial n.º 10/2015 del Tribunal de Cuentas Europeo, que recomienda, entre otras cosas, que la Comisión y los Estados miembros inviertan en análisis sistemáticos de los errores de contratación pública, y pide a la Comisión que presente al Parlamento un análisis detallado de este tipo; pide a la Comisión, en particular, que comunique sus puntos de vista sobre los errores recurrentes y explique por qué no se consideran indicativos de actividades potencialmente fraudulentas; pide a la Comisión que concluya con prontitud las Directrices sobre contratación pública en consonancia con la recientemente adoptada Directiva sobre contratación pública;

45.  Subraya que una plena transparencia en la rendición de cuentas de los gastos es fundamental sobre todo en relación con las infraestructuras financiadas directamente con fondos europeos o a través de instrumentos financieros; invita a la Comisión a que posibilite el pleno acceso de los ciudadanos europeos a la información sobre proyectos cofinanciados;

46.  Pide que la Comisión proporcione explicaciones pormenorizadas acerca de las razones que subyacen al elevado nivel de casos de fraude en los ámbitos de la investigación y desarrollo tecnológico (IDT), la innovación y el emprendimiento, que han aumentado de 6 a 91 casos notificados al año en el período de programación 2007-2013, lo que representa un importe de 263 millones de euros, es decir, más del 20 % de todos los casos de fraude notificados en la política de cohesión;

47.  Se felicita de la disminución general de las irregularidades notificadas en la ayuda preadhesión; observa, no obstante, que el número de irregularidades en el Instrumento de Ayuda Preadhesión (IPA I) sigue creciendo de manera constante, y que Turquía contribuye con el 46 % de los casos, que representan el 83 % del importe total de las irregularidades notificadas; invita a la Comisión a estudiar la posibilidad de aplicar el principio «más por más» en su vertiente negativa («menos por menos»), habida cuenta de la actual situación política en Turquía, que entraña un peligro directo para las capacidades de absorción del país;

Problemas identificados y medidas necesarias

Mejora de la información

48.  Lamenta que, pese a las numerosas peticiones del Parlamento para que se establezcan unos principios de notificación uniformes en todos los Estados miembros, la situación sigue siento sumamente insatisfactoria y existen todavía importantes diferencias en el número de irregularidades fraudulentas y no fraudulentas notificadas por los Estados miembros; considera que este problema crea una imagen distorsionada de la situación real en relación con el nivel de infracciones y la protección de los intereses financieros de la Unión; reitera su llamamiento a la Comisión a que se esfuerce seriamente en unificar los diferentes enfoques que existen en los Estados miembros para prevenir, detectar y notificar las irregularidades y la falta de homogeneidad en las interpretaciones cuando se aplica el marco jurídico de la Unión; pide que se establezca un sistema de notificación homogéneo;

49.  Reitera su petición a la Comisión de que elabore un sistema de intercambio de información entre las autoridades competentes para hacer posible un control cruzado de los registros contables relativos a las transacciones entre dos o más Estados miembros, a fin de evitar fraudes transnacionales en el ámbito de los Fondos Estructurales y de Inversión y aportar un enfoque horizontal y completo a la protección de los intereses financieros de los Estados miembros;

50.  Subraya las conclusiones del proyecto de cooperación financiado por el programa Hércules III en el sector de la lucha contra el fraude, que exhortan a la Comisión a presentar una propuesta legislativa específica en materia de asistencia administrativa mutua en lo que respecta a los Fondos Estructurales y de Inversión, en cuanto instrumento jurídico de cooperación necesario para evitar los riesgos de malversación por parte de los delincuentes, a partir de la valoración intermedia ya aplicada en el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF);

51.  Recuerda que en situaciones de emergencia, como la utilización de los fondos para los refugiados, se registran con frecuencia excepciones a los procedimientos normales de adjudicación de contratos, recurriendo al acceso directo a los fondos; pide a la Comisión que vigile más eficazmente el recurso a tales excepciones y la extendida práctica de la fragmentación de los contratos para no superar los umbrales y evitar los procedimientos normales de adjudicación de contratos;

52.  Apoya a la Comisión en su planteamiento de recomendar el fortalecimiento de la labor de los Estados miembros que continúan notificando un número muy bajo de irregularidades fraudulentas en lo referente a la detección o notificación de los casos de fraude;

53.  Toma nota con satisfacción del aumento del volumen de datos publicados por la Comisión sobre irregularidades fraudulentas y no fraudulentas y sobre la calidad de la evaluación estadística de las irregularidades notificadas;

54.  Pide a los Estados miembros que ratifiquen plenamente la directiva de la Unión sobre el blanqueo de capitales, con la introducción de un registro público de la propiedad de la empresa, incluidos los fondos fiduciarios;

55.  Recuerda que muchos Estados miembros carecen de una legislación específica contra la delincuencia organizada, a pesar de que esta esté cada vez más implicada en actividades transfronterizas y en sectores que afectan a los intereses financieros de la Unión, como el contrabando y la falsificación de moneda; considera fundamental que los Estados miembros adopten las medidas definidas en sus resoluciones sobre la lucha contra la delincuencia organizada(9);

56.  Subraya que la prevención debe incluir una labor de formación y apoyo constante del personal de las autoridades competentes en materia de gestión y control de los fondos, así como intercambios de información y mejores prácticas entre los Estados miembros; recuerda el papel decisivo de las autoridades locales y regionales y de las partes interesadas en la lucha contra el fraude; pide a la Comisión y a los Estados miembros que respeten las disposiciones por las que se establecen las condiciones ex ante en la política de cohesión, en particular en el ámbito de la contratación pública; pide a los Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos en los ámbitos destacados por la Comisión en su informe anual, en particular en lo que respecta a la contratación pública, la delincuencia financiera, el conflicto de intereses, la corrupción, los denunciantes y la definición de fraude;

57.  Recomienda que se pongan en marcha acciones para mejorar la adopción de medidas de simplificación para el periodo 2014-2020 y con vistas a la creación de un marco regulador posterior a 2020 para los Fondos Estructurales y de Inversión como instrumento para reducir el riesgo de irregularidades causadas por errores; hace hincapié en la importancia de aplicar el principio de auditoría única; estima que la simplificación de las normas y los procedimientos contribuirá a reducir el número de irregularidades no fraudulentas; anima a los Estados miembros y a sus autoridades locales y regionales a que pongan en común sus mejores prácticas a este respecto, sin perder de vista en ningún momento la necesidad de que exista un equilibrio entre los instrumentos de vigilancia y los procedimientos simplificados;

Mejora de los controles

58.  Celebra que los controles comunitarios ex ante y ex post detecten cada vez más casos de irregularidades; considera, sin embargo, que la prevención es más fácil que la recuperación de las pérdidas, y que siempre debería preverse una valoración independiente ex ante de los proyectos que vayan a financiarse; insta, por lo tanto, a los Estados miembros a que mejoren la realización de los controles ex ante con la ayuda de la Comisión y a que utilicen toda la información disponible con el fin de evitar los errores y los pagos irregulares relacionados con los fondos de la Unión; reitera a este respecto que las restricciones presupuestarias no pueden alegarse como razón para reducir el personal dedicado a los controles ex ante, ya que la prevención de irregularidades se amortiza sola;

59.  Alienta a la Comisión a que siga mejorando su papel de supervisión mediante actividades de auditoría, control e inspección, planes de acción correctores y el envío de escritos de apercibimiento, con el objetivo de reducir los casos de irregularidades;

60.  Insta a la Comisión a que mantenga su política estricta de interrupción y suspensión de pagos como medida preventiva contra las irregularidades que afectan al presupuesto de la Unión según la base jurídica pertinente;

61.  Apoya el programa Hércules III, que constituye un buen ejemplo del planteamiento de «aprovechar al máximo cada euro»; subraya la importancia de este programa y su aportación al refuerzo de las capacidades de las autoridades aduaneras a la hora de controlar la delincuencia transfronteriza y de impedir que las mercancías falsificadas y el contrabando penetren en los Estados miembros; pide a la Comisión que presente una evaluación intermedia de los resultados alcanzados por Hércules III en lo que respecta a sus objetivos y que supervise el uso y la eficacia de las subvenciones concedidas;

62.  Pide a la Comisión que estudie la posibilidad de imponer a todos los Estados miembros el uso obligatorio de la herramienta de puntuación del riesgo ARACHNE, a fin de aumentar las medidas de lucha contra el fraude;

63.  Aguarda con interés la evaluación intermedia de la Comisión en 2018 con miras a determinar si la nueva arquitectura reglamentaria de la política de cohesión impide y reduce en mayor medida el riesgo de irregularidades, incluido el fraude, y aguarda asimismo con interés la presentación de información concreta acerca del impacto que las nuevas disposiciones en materia de gestión y sistemas de control pueden ejercer tanto sobre el riesgo de aparición de irregularidades y fraude como sobre la aplicación de la política en general;

64.  Considera que el sistema de control financiero de los Fondos de Cohesión deben evaluarse antes de adoptar el nuevo MFP a fin de subsanar las deficiencias del sistema;

65.  Insiste en que, en la evaluación intermedia de la política de cohesión que llevará a cabo en 2018, la Comisión debe tener en cuenta la necesidad de prevenir y reducir el riesgo de irregularidades, incluidas las fraudulentas; lamenta que la complejidad de los procedimientos haga menos atractiva la financiación mediante fondos de la Unión; pide a la Comisión que estudie las ventajas de introducir incentivos para aumentar la eficiencia del gasto; pide a la Comisión que cree un mecanismo de intercambio de información entre autoridades nacionales competentes que permita llevar a cabo una comparación cruzada de los registros contables de las operaciones entre Estados miembros, a fin de ayudar a detectar cualquier fraude transnacional en el marco del marco financiero plurianual (MFP) 2014-2020;

66.  Manifiesta su preocupación por el grado de cooperación entre todas las estructuras de control en los Estados miembros; pide a la Comisión y a los Estados miembros que respalden iniciativas destinadas a reforzar la capacidad de coordinación entre las estructuras de control, en particular las que se encuentran en la primera línea de control, en contacto directo con los beneficiarios; recuerda que el fraude y la corrupción son cada vez más transnacionales; subraya, en este contexto, la pertinencia de la creación de una fiscalía europea independiente para proteger los intereses financieros de la Unión, velando por que se concrete más la relación entre esa fiscalía europea y los demás órganos existentes de la Unión y por que sus competencias respectivas estén claramente delimitadas a fin de evitar duplicaciones inútiles;

Protección de la moneda de la Unión

67.  Celebra que la Directiva 2014/62/UE, que entró en vigor en 2014, ordene que se consideren delitos los actos cometidos de forma intencionada, como la falsificación o alteración de moneda y su puesta en circulación, así como la inducción, la complicidad y la tentativa en relación con estos actos; deplora que Bélgica, Francia e Irlanda aún no hayan transpuesto dicha Directiva en el plazo prescrito, es decir, antes del 23 de mayo de 2016;

68.  Señala que, según el Banco Central Europeo, desde la introducción del euro en 2002, la falsificación de moneda ocasionó a la economía de la Unión pérdidas financieras por valor de al menos 500 millones de euros hasta 2016;

Denunciantes de irregularidades

69.  Hace hincapié en el papel de los denunciantes de irregularidades en la prevención, detección y notificación del fraude y en la necesidad de protegerlos; acoge con satisfacción que, en 2015, la Comisión pusiera en marcha el «programa de intercambio de experiencias» con miras a coordinar e intercambiar buenas prácticas para prevenir la corrupción en cooperación con los Estados miembros;

70.  Resalta que la corrupción y el fraude tienen un impacto negativo fundamental en los intereses financieros de la Unión y, aunque la Unión ha establecido un mecanismo de control de múltiples capas, el papel desempeñado por una persona en el nivel más bajo del sistema de control es absolutamente irreemplazable; destaca, por ello, que la situación de los denunciantes debe estar clara en los marcos legislativos de la Unión y los Estados miembros, que deberían definir con claridad sus derechos y obligaciones; pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen un nivel mínimo de protección a los denunciantes europeos;

71.  Se congratula de que el Parlamento, la Comisión, el Consejo, el Tribunal de Justicia, el Tribunal de Cuentas, el Servicio Europeo de Acción Exterior, el Comité Económico y Social Europeo, el Comité de las Regiones, el Defensor del Pueblo Europeo, el Supervisor Europeo de Protección de Datos y la mayoría de las agencias de la Unión hayan adoptado reglamentos internos para la protección de los denunciantes de irregularidades, de conformidad con los artículos 22 bis, 22 ter y 22 quater del Estatuto de los funcionarios, y espera que se produzcan más mejoras en lo que respecta a las normas de protección de los denunciantes;

72.  Recuerda su Resolución, de 14 de febrero de 2017, sobre la función de los denunciantes en la protección de los intereses financieros de la Unión(10), y pide a los Estados miembros y a la Comisión que pongan rápidamente en práctica las recomendaciones formuladas en la misma y que informen al Parlamento del curso dado a dicha resolución; reitera su llamamiento a la Comisión para que presente con carácter urgente una propuesta legislativa sobre la protección de los denunciantes, a fin de prevenir y combatir de forma eficaz el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión;

Corrupción

73.  Toma nota de que en 2015 la lucha contra la corrupción continuó siendo una prioridad en el marco del Semestre Europeo y el proceso de gobernanza económica conexo; acoge con satisfacción las medidas adoptadas en esta lucha, tales como la organización de reuniones con los puntos de contacto nacionales de los Estados miembros, la puesta en marcha del Programa de intercambio de experiencias para los Estados miembros, o la participación de la OLAF en nombre de la Comisión en foros europeos e internacionales de lucha contra la corrupción;

74.  Lamenta que la Comisión ya no sienta la necesidad de publicar el informe sobre la lucha contra la corrupción de la Unión, lo que ha dificultado la evaluación del nivel de corrupción en 2015; lamenta, en particular, que se haya tomado esa decisión sin ningún debate con el Parlamento; está convencido de que, independientemente de las intenciones de la Comisión en lo que se refiere a la lucha contra la corrupción, esta cancelación de última hora envía un mensaje equivocado no solo a los Estados miembros sino también a los ciudadanos; observa que la Unión, desde que se convirtió en miembro de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el 12 de noviembre de 2008, no ha participado en el mecanismo de revisión previsto en el marco de la Convención, ni tampoco ha dado el primer paso en la realización de la autoevaluación sobre el cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de la Convención; pide a la Unión que cumpla las obligaciones contraídas en virtud de la Convención realizando una autoevaluación sobre el cumplimiento de dichas obligaciones y participando en el mecanismo de revisión inter pares; insta a la Comisión a que reconsidere su opinión sobre el Informe sobre la lucha contra la corrupción en la Unión; pide a la Comisión que lleve a cabo nuevos análisis, tanto a escala de las instituciones de la Unión como de los Estados miembros, sobre el entorno en que se aplican las políticas, con el fin de detectar factores críticos inherentes, áreas vulnerables y factores de riesgo que puedan dar lugar a la corrupción;

75.  Pide a la Unión que presente lo antes posible su solicitud de adhesión al Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) y que mantenga informado al Parlamento sobre el curso de esta solicitud;

76.  Reitera su opinión de que la corrupción representa un enorme desafío para la Unión y los Estados miembros, y de que, sin unas medidas efectivas de lucha contra la misma, la corrupción menoscaba los resultados económicos de la Unión, el Estado de Derecho y la credibilidad de las instituciones democráticas en la Unión;

77.  Insta a la Comisión a que publique el segundo informe sobre la lucha contra la corrupción y que presente informes periódicos con objeto de informar al público de los logros en la lucha contra la corrupción, entre otros en el marco del Programa de intercambio de experiencias en materia de lucha contra la corrupción;

78.  Manifiesta su alarma por los resultados de la investigación que demuestran que el riesgo de fraude y corrupción es mayor cuando los Estados miembros gastan recursos europeos, en especial cuando el porcentaje de financiación europea es significativamente superior al 50 % del coste total; opina, por consiguiente, que en estos casos los Estados miembros no cumplen plenamente el artículo 325, apartado 2, del TFUE, que exige a los Estados miembros que adopten, para combatir el fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión, las mismas medidas que para combatir el fraude que afecte a sus propios intereses financieros; pide, por tanto, a los Estados miembros que apliquen plenamente el principio del artículo 325, apartado 2, y a la Comisión que se asegure de que los Estados miembros así lo hagan;

79.  Reitera su llamamiento a la Comisión para que desarrolle un sistema de indicadores rigurosos y criterios uniformes fácilmente aplicables tomando como base los requisitos establecidos en el Programa de Estocolmo para medir el nivel de corrupción en los Estados miembros y evaluar sus políticas de lucha contra la corrupción; invita a la Comisión a desarrollar un índice de corrupción con el fin de clasificar a los Estados miembros; opina que este índice de corrupción podría proporcionar a la Comisión una base sólida sobre la cual establecer sus mecanismos de control específicos para cada país para controlar el gasto de los recursos de la Unión;

Periodismo de investigación

80.  Opina que el periodismo de investigación desempeña un papel clave a la hora de fomentar el nivel de transparencia necesario en la Unión y los Estados miembros; opina que debe alentarse y apoyarse el periodismo de investigación por medios legales tanto en los Estados miembros como en la Unión, y apoya la acción preparatoria que establece un plan de subvenciones para el periodismo de investigación transfronterizo distribuidas por una organización intermediaria, en concreto el Centro Europeo para la Libertad de Prensa y de los Medios de Comunicación de Leipzig;

Directiva PIF y Reglamento sobre la Fiscalía Europea

81.  Se congratula de la conclusión con éxito de las negociaciones sobre la propuesta de Directiva sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal (Directiva PIF), que recoge el fraude del IVA en su ámbito de aplicación; señala que la Directiva define los tipos de conductas fraudulentas que deben considerarse delito y establece una definición de corrupción;

82.  Recuerda su Resolución de 5 de octubre de 2016 sobre la Fiscalía Europea y Eurojust(11), en la que se reitera el tradicional apoyo del Parlamento al establecimiento de una Fiscalía Europea eficaz e independiente, con objeto de reducir la actual fragmentación de los recursos para la ejecución de la legislación nacional destinados a proteger el presupuesto de la Unión; considera que una Fiscalía Europea eficiente reforzará la lucha contra el fraude en la Unión, siempre que se le provea de las disposiciones legales necesarias y sea capaz de trabajar eficazmente con otros órganos de la Unión y las autoridades de los Estados miembros; señala que el ámbito de aplicación de la Directiva PIF determina directamente el ámbito del mandato de la Fiscalía Europea; observa con preocupación la divergencia de opiniones en el Consejo sobre la Fiscalía Europea, prevista en el artículo 86 del TFUE; observa que sus disposiciones no se aplican mediante una cooperación reforzada; opina que la Fiscalía Europea solo podrá ser eficaz si su ámbito abarca todos los Estados miembros de la Unión; pide a los Estados miembros que revisen su posición y hagan todo lo posible por alcanzar un consenso en el Consejo;

Tabaco

83.  Señala la decisión de la Comisión Europea de no renovar el acuerdo PMI, que expiró el 9 de julio de 2016; recuerda que el 9 de marzo de 2016 el Parlamento pidió a la Comisión que no renovara, prorrogara ni renegociara el acuerdo PMI tras su expiración; considera que tampoco deben renovarse los otros tres acuerdos (BAT, JTI e ITL);

84.  Insta a la Comisión a que ponga en marcha, a escala de la Unión, todas las medidas necesarias para el seguimiento y la localización de los productos del tabaco PMI, y a que emprenda acciones jurídicas ante las incautaciones ilegales de productos de este fabricante hasta que sean plenamente aplicables todas las disposiciones de la Directiva sobre productos del tabaco, con el fin de evitar cualquier vacío normativo entre el momento en que expire el acuerdo PMI y la entrada en vigor de la Directiva sobre productos del tabaco (DPT) y el Convenio marco para el control del tabaco (CMCT);

85.  Señala que, a raíz del llamamiento que hizo el Parlamento en su Resolución de 9 de marzo de 2016 sobre el acuerdo sobre el tabaco (acuerdo PMI)(12), la Comisión debe presentar un plan de acción para combatir el comercio ilícito de tabaco, incluido el elevado porcentaje de cigarrillos sin marca («cheap whites»); insta a la Comisión a que presente al Parlamento una propuesta de plan de acción sin demora;

86.  Acoge con satisfacción el apoyo de la Comisión a una rápida ratificación del Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco de la OMS como primer instrumento jurídico multilateral que aborda el problema del contrabando de tabaco de forma general y a escala mundial, y pide una rápida ratificación y aplicación del mismo;

87.  Recuerda que hasta la fecha el CMCT ha sido ratificado por veinticinco partes, entre las que figuran solo siete Estados miembros de la Unión y la Unión como tal; insta a los Estados miembros de la Unión a que ratifiquen el Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco;

Investigaciones y papel de la OLAF

88.  Lamenta que, a pesar de las garantías de la OLAF de que está haciendo todo lo posible para reducir la duración de sus investigaciones, la duración de la fase de investigación haya aumentado de forma continua desde 2012, y haya pasado de 22,5 meses a 25,1 meses en los casos cerrados y de 17,3 meses a 18,7 meses en todos los casos;

89.  Toma nota del papel de la OLAF dentro de las diferentes operaciones aduaneras conjuntas (OAC) para evitar las pérdidas para el presupuesto de la Unión y pide a la OLAF que incluya en sus futuros informes anuales más información y cifras concretas acerca de su contribución a la protección de los ingresos del presupuesto de la Unión;

90.  Expresa su preocupación ante el aumento de los casos de fraude transnacional indicado en el último informe anual de la OLAF; solicita que la Comisión valore el uso de operaciones conjuntas conforme a las modalidades y procedimientos ya utilizados con éxito en el sector aduanero e incluso en la parte correspondiente a los gastos, en virtud del artículo 1, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013;

91.  Apoya la participación de la OLAF en reuniones nacionales e internacionales sobre lucha contra el fraude, como la Red europea de puntos de contacto en contra de la corrupción, que aprobó en noviembre de 2015 la Declaración de París sobre el refuerzo de la lucha contra la corrupción;

92.  Subraya que se han producido numerosos avances en la lucha contra el fraude; acoge con satisfacción, en este contexto, la reciente creación en la OLAF de una nueva unidad de investigación para los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos;

93.  Pide a la OLAF que, en sus informes anuales de actividad, compare sus recomendaciones de recuperaciones financieras con los importes realmente recuperados;

94.  Recuerda que, a la luz del principio de cooperación mutua y leal entre las instituciones, del principio de buena administración y de la exigencia de seguridad jurídica, la OLAF y su Comité de Vigilancia han de organizar su colaboración con arreglo a sus protocolos de trabajo, respetando plenamente las disposiciones legales aplicables;

95.  Acoge con satisfacción el análisis de la OLAF sobre el seguimiento dado por los Estados miembros a las recomendaciones judiciales formuladas por la OLAF entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2015 con una visión general de las principales razones de la falta de seguimiento de dichas recomendaciones; señala, no obstante, que los datos recogidos en el documento solo hacen referencia a las recomendaciones judiciales y no tienen en cuenta las recomendaciones administrativas, disciplinarias y financieras, por lo que no son representativos del seguimiento general de las recomendaciones de la OLAF; pide a la Comisión que presente una respuesta exhaustiva al análisis recientemente publicado por la OLAF sobre el seguimiento por los Estados miembros de sus recomendaciones judiciales, y pide a la OLAF que añada a su informe anual un capítulo sobre el seguimiento de dichas recomendaciones; pide a la OLAF que, en cooperación con la Comisión, presente un análisis detallado, que incluya cifras sobre la recuperación de fondos de la Unión;

96.  Lamenta que al menos una tercera parte (94 de 317) de las recomendaciones judiciales formuladas por la OLAF entre 2008 y 2015 a las autoridades nacionales competentes fueran desestimadas por insuficiencia de pruebas; pide a la Comisión que estudie modos de utilizar mejor las investigaciones administrativas en los casos judiciales; alienta a las autoridades competentes de los Estados miembros a que aporten información detallada de las razones de las desestimaciones, para que la OLAF pueda ajustar mejor sus recomendaciones a las legislaciones nacionales;

97.  Opina que el porcentaje de recomendaciones formuladas por la OLAF a las autoridades nacionales que condujo a acusaciones (en torno al 50 %) es insuficiente; pide a las autoridades de los Estados miembros que mejoren su cooperación con la OLAF, y a los Estados miembros, la Comisión y la OLAF, que establezcan unas condiciones que garanticen la admisibilidad de las pruebas aportadas por la OLAF; alienta a las autoridades de los Estados miembros y a la OLAF a que lleven a cabo investigaciones conjuntas a fin de alcanzar el mejor resultado posible;

98.  Insta a la Comisión a que, a la vista de la conclusión del mandato del Director General de la OLAF, dé comienzo de inmediato al procedimiento de convocatoria de propuestas para el nombramiento de un nuevo Director General e inicie el procedimiento de consulta con el Parlamento;

99.  Pide a la Comisión que revise el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 y que presente una propuesta para reforzar los poderes de investigación de la OLAF; recomienda que se asignen más recursos a la OLAF para que pueda investigar muchos más casos notificados como sospechosos;

100.  Expresa su preocupación por la discrepancia entre la información que recibe la OLAF procedente de fuentes públicas y la procedente de fuentes privadas en los Estados miembros; pide a la Comisión que apoye iniciativas destinadas a incrementar la recopilación de información pública e insta a los Estados miembros a que mejoren la calidad de los datos que facilitan;

101.  Observa que, hasta ahora, la puesta en práctica de las recomendaciones judiciales de la OLAF en los Estados miembros tan solo ha sido limitada; considera que tal situación es inadmisible y pide a la Comisión que vele por la plena aplicación de las recomendaciones de la OLAF en los Estados miembros;

102.  Deplora que las autoridades judiciales de algunos Estados miembros concedan una prioridad baja a las recomendaciones de la OLAF sobre el uso indebido de los fondos de la Unión; recuerda que, de conformidad con el artículo 325, apartado 2, del TFUE, «los Estados miembros adoptarán para combatir el fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión las mismas medidas que para combatir el fraude que afecte a sus propios intereses financieros»;

103.  Considera prioritario que se resuelva la cuestión de la escasa comunicación entre los Estados miembros y la OLAF; pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan iniciativas que mejoren la comunicación no solo entre los organismos públicos, sino también entre la sociedad civil en los Estados miembros y la OLAF; subraya que esto es importante para combatir la corrupción en los Estados miembros;

o
o   o

104.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al Tribunal de Cuentas Europeo, a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y al Comité de Vigilancia de la OLAF.

(1) DO L 84 de 20.3.2014, p. 6.
(2) DO L 248 de 18.9.2013, p. 1.
(3) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
(4) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0403.
(5) DO L 312 de 23.12.1995, p. 1.
(6) Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala), de 8 de septiembre de 2015, Taricco y otros, C-105/14, ECLI:EU:C:2015:555.
(7) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0022.
(8) DO L 94 de 28.3.2014, p. 65.
(9) Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2016, sobre la lucha contra la corrupción y el seguimiento de la Resolución de la Comisión CRIM (Textos Aprobados, P8_TA(2016)0403); Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de octubre de 2013, sobre la delincuencia organizada, la corrupción y el blanqueo de dinero: recomendaciones sobre las acciones o iniciativas que han de llevarse a cabo (DO C 208 de 10.6.2016, p. 89).
(10) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0022.
(11) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0376.
(12) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0082.


Iniciativa sobre el uso eficiente de los recursos: reducir el desperdicio de alimentos, mejorar la seguridad alimentaria
PDF 271kWORD 76k
Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de mayo de 2017, sobre la iniciativa sobre el uso eficiente de los recursos: reducir el desperdicio de alimentos, mejorar la seguridad alimentaria (2016/2223(INI))
P8_TA(2017)0207A8-0175/2017

El Parlamento Europeo

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE para la economía circular» (COM(2015)0614),

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia una economía circular: un programa de cero residuos para Europa» (COM(2014)0398),

–  Vista su Resolución, de 9 de julio de 2015, sobre el uso eficiente de los recursos: avanzar hacia una economía circular(1),

–  Vista su Declaración por escrito n.º 0061/2015, de 14 de octubre de 2015, sobre la donación de alimentos invendidos pero aptos al consumo a entidades benéficas,

–  Vista su Resolución, de 19 de enero de 2012, sobre cómo evitar el desperdicio de alimentos: estrategias para mejorar la eficiencia de la cadena alimentaria en la UE(2),

–  Vista su Resolución, de 7 de junio de 2016, sobre prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario(3),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 28 de junio de 2016, sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos,

–  Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 15 de junio de 2016, sobre el desperdicio de alimentos(4),

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 20 de marzo de 2013, titulado «La contribución de la sociedad civil a una estrategia de prevención y reducción de las pérdidas y del desperdicio de alimentos»(5),

–  Visto el Informe Especial n.º 34/2016 del Tribunal de Cuentas Europeo titulado «La lucha contra el despilfarro de alimentos: una oportunidad para la UE de hacer más eficiente el empleo de recursos en la cadena de suministro alimentario»,

–  Vista la Resolución de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, de 27 de mayo de 2016, sobre prevención, reducción y reutilización de los residuos de alimentos,

–  Visto el Estudio comparativo del Comité Económico y Social Europeo, de junio de 2014, sobre la legislación y las prácticas de los Estados miembros en materia de donación de alimentos,

–  Visto el estudio de Fusions —siglas inglesas de Food Use for Social Innovation by Optimising Waste Prevention Strategies (Utilización de alimentos para la innovación social mediante la optimización de las estrategias de prevención de residuos)— sobre las estimaciones de los niveles de residuos de alimentos en Europa (2016),

–  Visto el examen de Fusions sobre la legislación y las políticas de la Unión que repercuten en el desperdicio de alimentos (2015),

–  Visto el Marco conceptual de Fusions para el desperdicio de alimentos (2014),

–  Vista la Norma para contabilizar e informar sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos (norma FLW) puesta en marcha en junio de 2016,

–  Visto el estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) titulado «Food wastage footprint – Impacts on natural resources» (Huella del desperdicio de alimentos – Impacto en los recursos naturales) (FAO, 2013),

–  Visto el estudio de la FAO (2011) sobre pérdidas y desperdicio de alimentos en el mundo,

–  Vista la petición «STOP al desperdicio de comida en Europa»,

–  Vista la Carta de Milán, adoptada en la Expo de Milán 2015,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y la opinión de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A8-0175/2017),

A.  Considerando que la FAO calcula que, cada año, se pierden o desperdician unos 1 300 millones de toneladas de alimentos, lo que corresponde a aproximadamente un tercio (en peso) de todos los alimentos producidos en el mundo para el consumo humano;

B.  Considerando que los alimentos constituyen un bien preciado; que, habida cuenta de que el «sistema alimentario» utiliza una importante cantidad de recursos como la tierra, el suelo, el agua, el fósforo y la energía, la gestión sostenible y eficiente de dichos recursos reviste una importancia crucial; que el desperdicio de alimentos implica enormes costes económicos y ambientales que, según las estimaciones de la FAO(6), ascienden a 1,7 billones USD cada año a una escala mundial; que la prevención y la reducción del desperdicio de alimentos aporta beneficios económicos tanto para los hogares como para la sociedad en su conjunto, al tiempo que reduce el daño medioambiental;

C.  Considerando que el desperdicio de alimentos tiene un elevado coste social y económico, ecológico, así como consecuencias éticas; que los alimentos que se pierden o desperdician contribuyen al cambio climático y suponen una huella de carbono global de alrededor del 8 % del total mundial de emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero (GEI), y que representan un despilfarro de recursos escasos como la tierra, la energía y el agua(7) a lo largo del ciclo de vida de los productos; que los excedentes de la cadena alimentaria no deben convertirse directamente en desperdicio de alimentos, cuando podrían utilizarse de otro modo para la nutrición humana, y que una legislación adecuada en materia de excedentes alimentarios podría permitir transformar el desperdicio de alimentos en un recurso;

D.  Considerando que, según estudios recientes, para producir un kilo de alimentos se emiten a la atmósfera 4,5 kilos de CO2; que, en Europa, se desperdician aproximadamente 89 millones de toneladas de alimentos que generan 170 millones de toneladas equivalentes de CO2 al año, desglosados del modo siguiente: industria alimentaria, 59 millones de toneladas equivalentes de CO2 al año; consumo doméstico, 78 millones de toneladas equivalentes de CO2 al año; otros, 33 millones de toneladas equivalentes de CO2 al año; que la producción del 30 % de alimentos que queda sin consumir es responsable del uso de un 50 % más de recursos hídricos para el riego, y que para producir un kilo de carne de vacuno se utilizan de 5 a 10 toneladas de agua;

E.  considerando que, según diversos estudios, está comprobado que una profunda modificación de la dieta constituye el método más efectivo para reducir el impacto ambiental derivado del consumo de alimentos; que la consecución de un sistema sostenible de producción y consumo de alimentos en Europa requiere una política alimentaria global e integrada;

F.  Considerando que, según el Programa Mundial de Alimentos, 795 millones de personas en el mundo no disponen de alimentos suficientes para llevar una vida sana y activa; que la malnutrición es responsable de cerca de la mitad (45 %) —aproximadamente 3,1 millones— de todas las muertes de niños menores de cinco años; que uno de cada seis niños en el mundo tiene un peso inferior al normal y uno de cada cuatro tiene retraso en el crecimiento; que, por lo tanto, la reducción del desperdicio de alimentos no es solo una obligación desde el punto de vista económico y medioambiental, sino una obligación moral(8);

G.  Considerando que actualmente hay en el mundo casi 793 millones de personas desnutridas(9), y que más de 700 millones viven bajo el umbral de la pobreza(10) con unos ingresos inferiores a 1,90 USD diarios; que la utilización irresponsable de los recursos naturales destinados a la producción de alimentos y el desperdicio de alimentos deben, por consiguiente, considerarse moralmente inaceptables;

H.  Considerando que un menor desperdicio de alimentos comportaría un uso más eficiente de las tierras y una mejor gestión de los recursos hídricos, tendría consecuencias positivas para todo el sector agrícola a escala mundial y reforzaría la lucha contra la malnutrición en el mundo en desarrollo;

I.  Considerando que la Unión ha firmado la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015; que el objetivo de desarrollo sostenible n.º 12.3 aspira a reducir, para 2030, en un 50 % el desperdicio mundial de alimentos per cápita en la al nivel de la venta al por menor y de los consumidores, y a reducir las pérdidas de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas en la producción primaria, el transporte y el almacenamiento; que las Naciones Unidas estiman que la población mundial aumentará de los 7 300 millones de personas actuales a 9 700 millones en 2050(11); que la reducción del desperdicio de alimentos supone un paso esencial en la reducción del hambre en el mundo y una necesidad para alimentar a una población mundial en continuo aumento;

J.  Considerando que el Foro de Bienes de Consumo, que representa a 400 minoristas, fabricantes, prestadores de servicios y otras partes interesadas en 70 países, ha adoptado una resolución pública para reducir a la mitad el desperdicio de alimentos de las propias operaciones de sus miembros para 2025, cinco años antes del objetivo de desarrollo sostenible 12.3;

K.  Considerando que la prevención del desperdicio alimentario tiene beneficios medioambientales y ventajas sociales y económicas; que según las estimaciones, en la Unión se desperdician cada año 88 millones de toneladas de alimentos, lo que equivale a 173 kg de alimentos desperdiciados por persona, y que la producción y eliminación de residuos de alimentos en la Unión generan 170 millones de toneladas de emisiones de CO2 y utilizan 26 millones de toneladas de recursos; que los costes asociados a este nivel de desperdicio de alimentos se estiman en unos 143 000 millones de euros(12); que, según datos de la FAO, 800 millones de personas en el mundo padecen hambre;

L.  Considerando que, según datos de 2014, 55 millones de personas, es decir, el 9,6 % de la población de la Europa de los Veintiocho, no podían permitirse una comida de calidad cada dos días; Considerando que, según datos de 2015, 118,8 millones de personas, es decir, el 23,7 % de la población de la Europa de los Veintiocho, se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social(13);

M.  Considerando que la reducción del desperdicio de alimentos puede mejorar la situación económica de los hogares sin disminuir el nivel de vida;

N.  Considerando que, a causa de las prácticas comerciales desleales y el dumping de precios en el sector alimentario, los alimentos suelen venderse frecuentemente por debajo de su valor real, lo que, a su vez, propicia un mayor desperdicio;

O.  Considerando que los alimentos se pierden o desperdician en todas las etapas de la cadena alimentaria, ya sea en la producción, la transformación, el transporte, el almacenamiento, la venta minorista, la comercialización o el consumo; que, según las estimaciones del proyecto Fusions, los sectores que más contribuyen al desperdicio de alimentos en la Unión son los hogares (53 %) y la transformación (19 %), y que entre los demás sectores figuran los servicios alimentarios (12 %), la producción primaria (10 %) y la venta al por mayor (5 %)(14); que estas estimaciones sugieren que las medidas para reducir el desperdicio de alimentos en los hogares y en los sectores de transformación tendrían una repercusión máxima; que el desperdicio de alimentos en los países en desarrollo se debe principalmente a las limitaciones tecnológicas e infraestructurales;

P.  Considerando que los datos resultantes del proyecto Fusions proceden de distintas fuentes y se basan en la utilización de distintas definiciones de «desperdicio de alimentos»;

Q.  considerando que el proyecto Fusions señala que existen muy pocas mediciones del nivel de desperdicio en la agricultura, la horticultura, la acuicultura, la pesca u otras actividades de producción primaria; que ello impide evaluar correctamente la escala actual de la pérdida y el desperdicio de alimentos en Europa;

R.  Considerando que unas medidas específicas en función de los operadores y de la etapa pertinente de la cadena son más adecuadas para luchar contra el desperdicio de alimentos, ya que los problemas encontrados no son siempre los mismos;

S.  Considerando que, según un estudio realizado en el Reino Unido por Waste and Resources Action Programme (WRAP, programa de acción en materia de residuos y recursos), al menos un 60 % del desperdicio de alimentos de los hogares es evitable y esos alimentos se podrían haber consumido si se hubieran gestionado mejor(15);

T.  Considerando que algunas pérdidas y desperdicios en la producción primaria son consecuencia de las normas aplicadas por los minoristas con respecto a las especificaciones de los productos, de las órdenes canceladas debido a los cambios en la demanda de los consumidores y de la producción excesiva para dar respuesta a la demanda estacional; que el deterioro de alimentos en la línea de producción es otra de las causas que provoca la pérdida de alimentos durante el procesamiento;

U.  Considerando que, de acuerdo con la FAO, en Europa se pierden en la agricultura un 20 % de frutas y hortalizas, un 20 % de raíces y tubérculos y un 10 % de oleaginosas y legumbres, a lo que se añade una pérdida adicional de un 5 %, después de la cosecha, de frutas y hortalizas y raíces y tubérculos(16);

V.  Considerando que las frutas y hortalizas dañadas a causa de las catástrofes naturales o destruidas o desechadas en explotaciones familiares como consecuencia de la pérdida de un mercado o de los bajos precios suponen una pérdida de inversiones e ingresos para los agricultores;

W.  Considerando que los operadores de la cadena de suministro alimentario con frecuencia internalizan el coste del desperdicio de alimentos y lo incluyen en el precio final del producto para el consumidor(17);

X.  Considerando que en el Informe Especial n.º 34/2016 del Tribunal de Cuentas se examinó la siguiente pregunta: «¿Contribuye la UE a un empleo eficiente de los recursos en la cadena de suministro alimentario al luchar eficazmente contra el despilfarro de alimentos?»; que las conclusiones del informe revelan que actualmente la Unión no combate eficazmente el desperdicio de alimentos, y que las iniciativas y políticas existentes se podrían utilizar de forma más eficiente para atajar el problema del desperdicio de alimentos; que el informe señala que ha disminuido el nivel de ambición de la Comisión a la hora de atajar el desperdicio de alimentos, pese a varias peticiones del Parlamento Europeo y de los Estados miembros para que aborde el problema; que el informe considera que las medidas adoptadas por la Comisión hasta la fecha han sido fragmentadas e intermitentes, y no hay una coordinación clara; que el informe recomienda que la Comisión elabore un plan de acción para los próximos años, tenga en cuenta el desperdicio de alimentos en sus próximas evaluaciones de impacto, armonice mejor las distintas políticas de la Unión que pueden combatir el desperdicio de alimentos, aclare la interpretación de las disposiciones legales que pueden desincentivar la donación de alimentos y estudie la manera de facilitar la donación en otros ámbitos políticos;

Y.  Considerando que la Comisión, después de haber invertido muchos recursos y haber celebrado una consulta pública con gran éxito en 2013, decidió finalmente no publicar la Comunicación relativa al establecimiento de un sistema alimentario europeo sostenible, pese a que estaba ya finalizada y aprobada por tres comisarios (DG Medio Ambiente, DG Salud y Seguridad Alimentaria y DG Agricultura y Desarrollo Rural); que esta Comunicación contiene varios planteamientos muy válidos para abordar el problema del desperdicio de alimentos;

Z.  Considerando que todavía no existen ni una definición coherente común del término «desperdicio de alimentos» ni una metodología común para medir el desperdicio de alimentos a nivel de la Unión, lo cual dificulta la comparación de series de datos diferentes y la evaluación de los progresos alcanzados en la reducción del desperdicio de alimentos; que las dificultades que plantea la recogida de unos datos completos, fiables y armonizados representan un obstáculo adicional para la evaluación del desperdicio de alimentos en la Unión; que, a efectos de la presente resolución, se entiende por «desperdicio de alimentos» los alimentos destinados al consumo humano, ya sea en estado apto o no apto para el consumo, retirados de la cadena de producción o suministro para ser descartados en las fases de producción primaria, transformación, fabricación, transporte, almacenamiento, en la venta al por menor y a nivel de los consumidores, a excepción de las pérdidas en la producción primaria; que es necesario establecer una definición de «pérdidas en la producción primaria»;

AA.  Considerando que debe establecerse una distinción entre desperdicio de alimentos aptos para el consumo y partes de los desperdicios no aptas para el consumo con el fin de evitar conclusiones engañosas y medidas ineficaces; que la prioridad de las medidas de reducción debe ser evitar el desperdicio de alimentos aptos para el consumo;

AB.  Considera que el Protocolo de pérdida y desperdicio de alimentos es un esfuerzo de múltiples partes interesadas que ha permitido desarrollar una norma mundial para contabilizar e informar (conocida como norma FLW), para cuantificar los alimentos y las partes no aptas para el consumo asociadas que se han retirado de la cadena de suministro alimentaria(18);

AC.  Considerando que el seguimiento, no solo de la cantidad de desperdicios sino también de la cantidad de excedentes y alimentos recuperados, puede aportar un panorama más completo que puede ser útil para poner en marcha buenas políticas a escala de la Unión;

AD.  Considerando que la jerarquía de gestión de residuos establecida en la Directiva Marco sobre residuos(19) (prevención, preparación para la reutilización, reciclado, valorización y eliminación) no tiene en cuenta las características específicas del desperdicio de alimentos, cuyo flujo de residuos es sumamente variable; que en la actualidad no existe una jerarquía específica para la gestión de los alimentos no consumidos y del desperdicio de alimentos a escala de la Unión; que debe establecerse una jerarquía de desperdicio de alimentos que tenga en cuenta toda la cadena alimentaria; que la prevención y la reutilización para el consumo humano deberían ser medidas prioritarias;

AE.  Considerando que unas políticas de incentivo correctas, los excedentes de alimentos podrían recuperarse y utilizarse para la alimentación humana;

AF.  Considerando que aún se puede mejorar el uso de antiguos productos alimenticios y subproductos procedentes de la cadena alimentaria en la producción de piensos;

AG.  Considerando que la incineración y el vertido de residuos de alimentos aún constituyen prácticas corrientes en algunas zonas de la Unión y que son contrarias a la economía circular;

AH.  Considerando que el artículo 9, apartado 1, letra f), del Reglamento (UE) n.º 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor(20), exige a los explotadores de empresas alimentarias que indiquen la fecha de duración mínima («consumir preferentemente antes del») o la «fecha de caducidad» del alimento;

AI.  Considerando que la indicación de la fecha en los productos alimenticios es difícil de entender, especialmente para los consumidores; que la indicación «consumir preferentemente antes del» informa de la fecha a partir de la cual, por lo general, un alimento aún puede consumirse pero posiblemente no en su estado óptimo en términos de calidad, mientras que la «fecha de caducidad» muestra la fecha en la que un alimento ha dejado de ser apto para el consumo; que ni siquiera la mitad de los ciudadanos de la Unión entiende el significado de las indicaciones «consumir preferentemente antes del» y «fecha de caducidad» de la etiqueta(21); que el uso de las indicaciones «consumir preferentemente antes del» y «fecha de caducidad» y la forma en que se entiende ese uso varían de un Estado miembro a otro y entre los diferentes productores, transformadores y distribuidores, aunque el producto sea el mismo; considerando que, de conformidad con el artículo 13 del Reglamento (UE) n.º 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor, la fecha recomendada debe ser fácilmente de encontrar en los productos y claramente legible;

AJ.  Considerando que la donación de los alimentos no vendidos a lo largo de toda la cadena alimentaria da lugar a una considerable reducción del desperdicio de alimentos y, al mismo tiempo, ayuda a personas necesitadas de alimentos que de otro modo no pueden permitirse comprar productos alimentarios concretos o una cantidad suficiente de alimentos de la misma calidad; destaca el papel significativo que en este proceso pueden desempeñar las grandes superficies comerciales y los establecimientos de restauración;

AK.  Considerando que algunos fondos de la Unión, como el Fondo de Ayuda Europea para los Más Necesitados (FEAD), facilitan la donación alimentaria financiando, entre otras cosas, las infraestructuras de almacenamiento y transporte de los alimentos donados; que los Estados miembros no utilizan suficientemente el FEAD;

AL.  Considerando que la capacidad insuficiente del canal de distribución o, en algunos casos, su inexistencia absoluta, constituyen un obstáculo para la entrega a los necesitados de los excedentes de alimentos aún aptos para el consumo; que las organizaciones benéficas y las instituciones estatales o municipales que realizan trabajo social carecen de recursos financieros o humanos suficientes para afrontar el transporte y la distribución de los alimentos aún aptos para el consumo que se ofrecen para fines benéficos; que esto es válido en especial para las regiones más perjudicadas;

AM.  Considerando que las iniciativas sociales y ascendentes, como los bancos de alimentos o los comedores de beneficencia gestionados por organizaciones benéficas, reducen el nivel de desperdicio de alimentos y ayudan a los más pobres, contribuyendo también así a la construcción de una sociedad responsable y concienciada;

AN.  Considerando que en el mercado único muchas empresas producen alimentos para más de un país; que los productos no vendidos de dichas empresas en algunos casos no pueden donarse en el país de producción debido al etiquetado en lenguas extranjeras;

AO.  Considerando que los donantes de alimentos son considerados «explotadores de empresas alimentarias» en virtud del Reglamento general de legislación alimentaria(22) y, por consiguiente, deben cumplir toda la legislación alimentaria de la Unión en lo que se refiere a responsabilidad, responsabilidad civil y trazabilidad, así como las normas relativas a la seguridad alimentaria establecidas en el paquete de higiene alimentaria(23); que los riesgos asociados a la responsabilidad civil por los alimentos donados pueden empujar a los donantes potenciales a tirar los excedentes de alimentos y no donarlos(24);

AP.  Considerando que, a causa de los actuales obstáculos administrativos, las grandes cadenas comerciales y de supermercados consideran aceptable tirar los alimentos que están a punto de caducar en lugar de donarlos;

AQ.  Considerando que la Comisión trabaja en la actualidad en la aclaración de la legislación europea en materia de donaciones;

AR.  Considerando que varios Estados miembros ya han adoptado legislación nacional para limitar la generación de residuos de alimentos, y en concreto Italia ha adoptado una legislación que facilita la donación y la distribución de alimentos para fines de solidaridad social, eliminando la responsabilidad civil del donante por los alimentos donados de buena fe y notoriamente aptos para el consumo en el momento de la donación;

AS.  Considerando que los países también pueden adoptar directrices voluntarias a nivel nacional para las donaciones de alimentos, como las elaboradas por las autoridades de seguridad alimentaria de Finlandia, cuyo objetivo es reducir el desperdicio de alimentos evitable;

AT.  Considerando que la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido(25) (Directiva sobre el IVA) establece que las donaciones de alimentos estén sujetas al impuesto y que se prohíban las exenciones fiscales por las donaciones de alimentos; que la Comisión recomienda que, a efectos fiscales, se fije un valor para los alimentos donados cerca de la fecha de consumo preferente o no aptos para la venta «bastante bajo, incluso próximo a cero»(26); que algunos Estados miembros incentivan la donación de alimentos mediante la «supresión» de la obligación del IVA, si bien no está claro que esto sea acorde con la Directiva sobre el IVA; que otros Estados miembros ofrecen un crédito fiscal corporativo sobre los alimentos donados(27);

AU.  Considerando que desafortunadamente en muchos Estados miembros resulta más caro donar los excedentes de alimentos aptos para el consumo que enviarlos para su degradación anaerobia, lo que va en contra del interés público, dado el número de personas que viven en la extrema pobreza;

AV.  Considerando que el envasado de alimentos contribuye de forma importante a la reducción y la sostenibilidad del desperdicio de alimentos al ampliar la vida útil de los productos y protegerlos; que los envases alimentarios que son reciclables y se obtienen de materias primas renovables pueden contribuir más a los objetivos en materia medioambiental y de uso eficiente de los recursos;

AW.  Considerando que los materiales activos e inteligentes en contacto con alimentos pueden mejorar la calidad de los alimentos envasados y ampliar su vida en almacenamiento, controlar mejor las condiciones de los alimentos envasados y facilitar información acerca de su frescura;

AX.  Considerando que la gestión de los alimentos que se tiran requiere recursos adicionales;

AY.  Considerando que la lucha contra el desperdicio de alimentos aporta también beneficios económicos, ya que cada euro gastado en prevención permite evitar 265 kg de desperdicio de alimentos por un valor de 535 EUR, aporta a los municipios un ahorro de 9 EUR en los costes del desperdicio y permite ahorrar 50 EUR en costes medioambientales vinculados a las emisiones de gases de efecto invernadero y a la contaminación atmosférica(28);

AZ.  Considerando que deben adoptarse medidas para reducir el desperdicio de alimentos al nivel que corresponda; Considerando que las autoridades locales y regionales tienen una función clave que desempeñar a la hora de reducir los residuos alimentarios a través de sus responsabilidades y competencias en la gestión de residuos, sus capacidades para iniciar y organizar campañas a nivel local, así como su contacto y colaboración directos con la sociedad civil y las organizaciones benéficas, teniendo en cuenta su amplia participación en la adjudicación de contratos públicos y, en muchos casos, su autoridad sobre las instituciones educativas;

BA.  Considerando que el intercambio de buenas prácticas a nivel europeo y mundial y el apoyo a los países en desarrollo son esenciales en la lucha contra el desperdicio de alimentos a escala mundial;

BB.  Considerando que desde el segundo semestre de 2013 el Parlamento Europeo aplica una política global con el objetivo de reducir de forma drástica el desperdicio de alimentos generado por sus servicios de restauración; que las instalaciones principales del Parlamento Europeo en Bruselas donan los alimentos no consumidos por exceso de producción de manera periódica;

1.  Destaca la necesidad urgente de reducir la cantidad de desperdicio de alimentos en la Unión en todas las fases de la cadena alimentaria, incluidos la producción, la transformación, el transporte, el almacenamiento, la venta al por menor, el marketing y el consumo; teniendo en cuenta que en los países altamente industrializados el desperdicio de alimentos se produce mayoritariamente en las etapas de venta y consumo, mientras que en los países en desarrollo este desperdicio comienza en las etapas de producción y transformación; subraya, en este sentido, la importancia del liderazgo político y de un compromiso de la Comisión y de los Estados miembros; recuerda que el Parlamento Europeo ha pedido reiteradamente a la Comisión que adopte medidas contra el desperdicio de alimentos;

2.  Insta, de forma más específica, a reducir la cantidad de desperdicios de alimentos generado a nivel de la venta al por menor y de los consumidores, y a reducir la pérdida de alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluida la pérdida posterior a la cosecha;

3.  Insiste, por ello, en la necesidad de mejorar la comunicación entre todos los agentes de la cadena de suministro alimentario, en particular entre proveedores y distribuidores, con el objetivo de ajustar la oferta a la demanda;

4.  Pide una respuesta política coordinada a escala de la Unión y de los Estados miembros, según las competencias respectivas, que tenga en cuenta no solo las políticas en materia de residuos, seguridad e información alimentaria, sino también aspectos relacionados con las políticas económica, fiscal, financiera, de investigación y desarrollo, medioambiental, estructural (agricultura y pesca), educativa, social, comercial, de protección del consumidor, energética y de contratación pública; pide, en este sentido, que se coordinen las Unión y los Estados miembros; hace hincapié en que deben redoblarse y armonizarse mejor los esfuerzos de la Unión destinados a reducir el desperdicio de alimentos; señala que la mayoría de empresas a lo largo de la cadena de suministro alimentario son pymes, que no deben asumir cargas administrativas adicionales excesivas;

5.  Insta a la Comisión a que involucre a todos los servicios de la Comisión pertinentes responsables del desperdicio de alimentos, y que garantice una coordinación continuada y reforzada a nivel de la Comisión; pide a la Comisión, por lo tanto, que se base en un enfoque sistemático que aborde todos los aspectos del desperdicio alimentario y establezca un plan de acción en materia de desperdicio de alimentos que abarque los diversos ámbitos políticos y que perfile la estrategia para los próximos años;

6.  Pide a la Comisión que identifique la legislación europea que podría obstaculizar la lucha efectiva contra el desperdicio de alimentos y que analice cómo podría adaptarse para cumplir el objetivo de prevención del desperdicio de alimentos;

7.  Pide a la Comisión que, cuando realice evaluaciones de impacto de nuevas propuestas legislativas relevantes, evalúe su impacto potencial en el desperdicio de alimentario;

8.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que mantengan las ayudas financieras existentes en materia de lucha contra el desperdicio de alimentos; pide a los Estados miembros que utilicen mejor las posibilidades que brindan a este respecto las distintas políticas y programas de financiación de la Unión;

9.  Subraya la responsabilidad de las autoridades competentes de los Estados miembros a la hora de desarrollar un enfoque adaptado para combatir el desperdicio de alimentos en el marco de la Unión; reconoce la importante labor que ya han llevado a cabo varios Estados miembros;

10.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que programen actividades de sensibilización y campañas de comunicación sobre cómo evitar el desperdicio de alimentos;

11.  Pide a los Estados miembros que adopten medidas a efectos de reducir la pérdida de alimentos en toda la cadena alimentaria, incluida la producción primaria, el transporte y el almacenamiento;

12.  Pide a los Estados miembros que adopten las medidas necesarias para alcanzar un objetivo de reducción del desperdicio de alimentos en la Unión del 30 % de aquí a 2025 y del 50 % hasta 2030, con respecto a la base de referencia de 2014;

13.  Pide a la Comisión que examine, a más tardar el 31 de diciembre de 2020, la posibilidad de establecer objetivos vinculantes para la reducción del desperdicio alimentario a escala de la Unión, que deberán cumplirse de aquí a 2025 y 2030, sobre la base de las mediciones calculadas con arreglo a una metodología común; pide a la Comisión que elabore un informe, acompañado, en su caso, de una propuesta legislativa;

14.  Invita a los Estados miembros a supervisar y evaluar la aplicación de sus medidas de prevención del desperdicio de alimentos midiendo los niveles de desperdicio basándose en una metodología común; insta a la Comisión a que apoye una definición jurídicamente vinculante de lo que se considera «desperdicio de alimentos» y que adopte, a más tardar el 31 de diciembre de 2017, una metodología común que incluya requisitos mínimos de calidad para la medición uniforme de los niveles de desperdicio alimentario; considera que una definición y una metodología comunes a escala europea para medir la «pérdida» de alimentos, aplicable a toda la cadena de suministro, facilitaría la labor de los Estados miembros y las partes interesadas a la hora de calcular y reducir el desperdicio de alimentos;

15.  Insta a la Comisión Europea y a los Estados miembros a que utilicen la siguiente definición de «desperdicio de alimentos»: «alimentos destinados al consumo humano, ya sea en estado apto o no apto para el consumo, retirados de la cadena de producción o suministro para ser desechados, entre otras, en las fases de producción primaria, transformación, fabricación, transporte, almacenamiento, venta minorista y al nivel de los consumidores, a excepción de las pérdidas en la producción primaria»;

16.  Insta a la Comisión a que en sus futuras políticas distinga con precisión entre el desperdicio de alimentos y la pérdida de alimentos que es inevitable en la producción primaria por causas de fuerza mayor, como, por ejemplo, las inclemencias climáticas;

17.  Pide a la Comisión que incluya las pérdidas de alimentos en el sector agrícola y otros sectores de producción primaria en sus estimaciones con el fin de garantizar un enfoque que tenga en cuenta toda la cadena de suministro; señala, sin embargo, que la cuantificación de las pérdidas en la fase de producción primaria puede resultar difícil y pide a la Comisión que determine las mejores prácticas para ayudar a los Estados miembros a recabar dichos datos;

18.  Pide a la Comisión que trabaje en una definición común del concepto de «pérdida» en cada fase de la cadena alimentaria, así como en una metodología común de medición en colaboración con los Estados miembros y todas las partes interesadas;

19.  Toma nota de la dificultad de cuantificar el desperdicio y la pérdida de alimentos en la fase de la producción primaria debido a la naturaleza heterogénea de los productos y sus respectivos procesos y la falta de un definición clara de residuo alimentario; pide a la Comisión que identifique y difunda las mejores prácticas entre los Estados miembros en relación con la recopilación de datos sobre las pérdidas y el desperdicio de alimentos en las explotaciones, sin imponer una carga administrativa o costes adicionales para los agricultores, y que adopte una metodología común de medición;

20.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que celebren consultas con todas las partes interesadas pertinentes sobre la metodología estadística y otras medidas a aplicar para prevenir el desperdicio de alimentos en toda la Unión y todos los sectores;

21.  Observa que no existe una definición ni una metodología comunes para medir lo que se consideran «excedentes de alimentos»; subraya que Italia ha adoptado una legislación que define los excedentes de la cadena alimentaria y ofrece una jerarquía para la recuperación de los mismos, concediendo prioridad al consumo humano; pide a la Comisión que estudie los efectos de dicha legislación sobre la donación y el desperdicio de alimentos en Italia, y que estudie la posibilidad de proponer una legislación similar a escala de la Unión si es necesario;

22.  Pide que se aplique una jerarquía específica para el desperdicio de alimentos en la Directiva 2008/98/CE como se indica a continuación:

   a) prevención en la fuente;
   b) rescate de alimentos aptos para el consumo, otorgando prioridad al uso humano por encima del consumo animal y el reprocesado en productos no alimenticios;
   c) reciclaje orgánico;
   d) aprovechamiento energético;
   e) eliminación;

23.  Subraya que las iniciativas comprendidas en el Plan de Acción para la Economía Circular incluyen medidas para establecer la plataforma de apoyo financiero, a fin de atraer las inversiones y la innovación con vistas a reducir las pérdidas, así como orientaciones dirigidas a los Estados miembros para la transformación de algunas pérdidas de alimentos o subproductos agrícolas en energía;

24.  Destaca que las necesidades energéticas se deberían satisfacer mediante el empleo de residuos y subproductos que no sean útiles en ningún otro proceso que esté en un peldaño superior de la jerarquía;

25.  Subraya que combatir eficazmente el desperdicio de alimentos también exige elevados niveles de reciclaje según la Directiva marco sobre residuos revisada, y la integración del principio de uso en cascada para la biomasa en la política energética de la Unión;

26.  Resalta la necesidad de consignar la obligación de los Estados miembros de comunicar cada año a la Comisión el nivel total de residuos de alimentos generados en dicho año;

27.  Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las autoridades locales y regionales que establezcan medidas específicas para la prevención del desperdicio de alimentos en sus programas de prevención de residuos; pide a los Estados miembros, en concreto, que establezcan acuerdos voluntarios y propongan incentivos económicos y fiscales para la donación de alimentos y otros modos de reducir el desperdicio;

28.  Considera, en particular que los Estados miembros deben alentar el compostaje doméstico y la recogida separada en la fuente de los residuos orgánicos, así como garantizar que dichos residuos sean sometidos a un reciclado orgánico que permita una elevada protección del medio ambiente y unos productos, entre otros digestato y compost, con altos niveles de calidad; considera asimismo que los Estados miembros deben prohibir que se lleven residuos orgánicos a los vertederos;

29.  Toma nota del riesgo de contaminación que implican el plástico y el metal de los residuos alimentarios para el compost y el suelo y, a su vez, para los ecosistemas de agua dulce y marina, e insta a que se reduzca al mínimo esta vía de contaminación; recuerda, además, el propósito de la Directiva sobre el uso de las aguas residuales en la agricultura de reducir al mínimo la contaminación de los suelos agrícolas; pide, por ello, cautela cuando se piense en mezclar flujos de desechos, y medidas de salvaguarda adecuadas;

30.  Hace hincapié en que la seguridad alimentaria es fundamental y que las medidas de reducción del desperdicio de alimentos no deben poner en peligro las normas vigentes en dicho ámbito; subraya que la lucha contra el desperdicio de alimentos no debería comprometer ni la seguridad alimentaria ni las normas medioambientales, especialmente la salud y el bienestar de los animales;

31.  Pide a la Comisión que, con el fin de conseguir la confianza de los ciudadanos y consumidores en las políticas que contribuyen a reducir el desperdicio de alimentos, inste a las autoridades correspondientes de los Estados miembros a que apliquen medidas de control sanitario de los alimentos cuando lo consideren necesario;

32.  Recuerda que la prevención de la generación de residuos alimentarios es prioritaria para una correcta gestión de los residuos con arreglo a los principios de la economía circular; subraya, no obstante, que en la actualidad es imposible suprimir por completo la generación de residuos alimentarios; considera necesario, por ello, definir a escala de la Unión medidas obligatorias para garantizar que los residuos de los alimentos puedan convertirse en nuevos recursos;

33.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que ofrezcan incentivos económicos para apoyar la recogida de alimentos sin utilizar que puedan ser redistribuidos a organizaciones benéficas o reutilizados para un fin secundario que evite el desperdicio de los alimentos, como convertir los alimentos no utilizados en un recurso valioso utilizándolos para la producción de pienso para el ganado y los animales domésticos;

34.  Toma nota del potencial de optimización de la utilización de alimentos perdidos o descartados y de subproductos de la cadena alimentaria, en particular de los de origen animal, en la producción de piensos, el reciclado de nutrientes y la producción de enmiendas de suelo, y su importancia para la producción primaria;

35.  Destaca que una legislación europea más eficaz en materia de subproductos en la Directiva 2008/98/CE puede contribuir a reducir significativamente el desperdicio de alimentos; pide, a tal fin, a la Comisión Europea que apoye, en especial a través del programa Horizonte 2020, los proyectos tendentes a facilitar las sinergias entre la agricultura y la industria con participación de las empresas agroalimentarias;

36.  Reitera la necesidad de que la Comisión elabore un informe, a más tardar el 31 de diciembre de 2018, para evaluar la necesidad de medidas reglamentarias transversales en el sector del consumo y la producción sostenibles, y que elabore un informe de impacto para identificar las normativas cuya interacción dificulta las sinergias entre los distintos sectores e impide el uso de los subproductos;

37.  Destaca que el uso de las reservas y los alimentos que de otro modo se desperdiciarían no excluye la necesidad de una buena gestión de la oferta y una gestión prudente de la cadena alimentaria que evite los excedentes estructurales sistemáticos;

38.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan un nivel de utilización superior de los antiguos alimentos y subproductos de la cadena alimentaria para la producción de pienso;

39.  Pide a la Comisión que analice las barreras jurídicas al empleo de antiguos alimentos en la producción de piensos y que promueva la investigación en este campo, a la vez que subraya la necesidad de una mayor trazabilidad, el cumplimiento de las normas en materia de bioseguridad y la utilización de procesos de separación y tratamiento que anulen los riesgos en materia de seguridad alimentaria;

40.  Acoge con satisfacción la reciente creación de la plataforma de la UE sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos, destinada a identificar las acciones prioritarias que deben aplicarse a escala de la Unión para prevenir la pérdida y el desperdicio de alimentos, y facilitar el intercambio de información entre las partes interesadas; resalta que, a tal fin, sería deseable una participación significativa del Parlamento Europeo en los trabajos de la plataforma; pide a la Comisión que presente al Parlamento una lista concreta de las acciones en curso y los objetivos principales y secundarios perseguidos, y que le informe de los progresos que se están haciendo en relación con una metodología común y con las donaciones; considera que la plataforma puede ser el instrumento idóneo para calcular no solo cuánto se desperdicia sino también la cantidad de excedentes y de alimentos recuperados; sigue convencido, sin embargo, de que este solo puede considerarse un primer paso para solucionar el problema del desperdicio de alimentos;

41.  Pide a la Comisión que los trabajos de la plataforma de la UE sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos se traduzcan a las veinticuatro lenguas de la Unión;

42.  Pide a la plataforma de la UE sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos que, entre otras cosas, respalde el desarrollo de distintos canales informativos para el consumidor, así como de programas de información y educación para el consumidor sobre los alimentos; insta a la plataforma a que facilite la cooperación de las partes interesadas a nivel local en lo que respecta a la prevención del desperdicio de alimentos y a las donaciones, con el objetivo principal de reducir los correspondientes costes de transacción; reitera la importancia de intercambiar las mejores prácticas, combinando los conocimientos obtenidos y evitando duplicar otros foros relevantes, como el Foro del Comercio Minorista de la Unión sobre la Sostenibilidad, la Mesa Redonda sobre Producción y Consumo Sostenible de Alimentos, el Foro de Alto Nivel sobre la Mejora del Funcionamiento de la Cadena de Suministro de Alimentos o el Foro de Bienes de Consumo;

43.  Pide a la Comisión, en el marco de la plataforma de la UE sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos, que evalúe las mejores prácticas que se han aplicado hasta ahora en los distintos Estados miembros para poder definir mejor unos instrumentos eficaces para reducir el desperdicio de alimentos;

44.  Considera que, para limitar al máximo el desperdicio alimentario, es preciso implicar a todos los actores de la cadena agroalimentaria y precisar las diferentes causas del despilfarro sector por sector; solicita a la Comisión, por consiguiente, que lleve a cabo un análisis de toda la cadena alimentaria para detectar los sectores en los que el desperdicio de alimentos es más frecuente y decidir qué soluciones se pueden poner en práctica para evitarlo;

45.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que intercambien, fomenten y apoyen las mejores prácticas en materia de reducción del desperdicio de alimentos y los métodos de conservación de recursos que ya están siendo utilizados por las partes interesadas; anima a los Estados miembros y a las autoridades locales y regionales a consultar con las partes interesadas pertinentes sobre qué medidas sectoriales específicas adoptar en el contexto de la prevención del desperdicio de alimentos;

46.  Hace hincapié en que la Comisión y los Estados miembros deberían, ante todo, consultar a las partes interesadas —incluido el sector agrícola— y realizar una evaluación del impacto sobre toda medida que se tenga la intención de aplicar para evitar el desperdicio de alimentos en la toda la Unión;

47.  Anima a la Comisión, a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales, a trabajar, en colaboración con todas las partes interesadas, por mejorar la comprensibilidad —especialmente para los consumidores— de los indicadores «fecha de caducidad» y «consumir preferentemente antes de», entre otras formas mediante la organización de campañas de sensibilización y educación, y facilitando un acceso más sencillo a la información del producto, que habrá de ser completa y comprensible; señala que el uso de etiquetado con doble fecha, por ejemplo «fecha límite de venta» y «fecha de caducidad», en el mismo producto puede incidir negativamente en las decisiones de gestión alimentaria de los consumidores; resalta la importancia de reforzar la capacidad de los consumidores de tomar decisiones con conocimiento de causa;

48.  Pide a la Comisión que, en el marco de la evaluación que está realizando, valore en particular lo siguiente: si la legislación de la Unión vigente y la práctica de uso de los indicadores «fecha de caducidad» y «consumir preferentemente antes de» en varios Estados miembros se adecuan a los objetivos perseguidos; si es necesaria una revisión de la terminología «fecha de caducidad» y «consumir preferentemente antes de» para facilitar su comprensión por los consumidores, y si sería beneficioso suprimir determinadas fechas para los productos que no presentan ningún riesgo para la salud ni el medio ambiente y si es conveniente elaborar directrices en la materia a escala europea; pide a la Comisión que lleve a cabo un estudio para evaluar el vínculo existente entre la indicación de fechas y la prevención del desperdicio alimentario;

49.  Acoge con satisfacción la iniciativa de algunos operadores de la gran distribución de instaurar mecanismos de adaptación de los precios al consumo de los productos en función de la fecha de caducidad, a fin de sensibilizar a los consumidores e incentivar la compra de productos próximos a la fecha de caducidad;

50.  Habida cuenta de que muchos productos alimenticios mantienen, en los días siguientes a la fecha de caducidad indicada, sus características organolépticas y nutricionales, si bien no en la misma medida, y siguen siendo consumibles dentro del respeto de los principios de seguridad alimentaria, pide a la Comisión que identifique modelos logístico-organizativos que permitan recuperar, con plena seguridad, todos los tipos de productos que no se han vendido en esa fecha;

51.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que estudien la posibilidad de que el precio varíe en función de la fecha de caducidad, un instrumento para reducir la cantidad de productos alimenticios aptos para el consumo que se desperdician; considera, en efecto, que el desperdicio en la fase de distribución se puede reducir de forma considerable introduciendo descuentos proporcionales al tiempo restante hasta la fecha de caducidad del producto; está convencido de que esta práctica, que hoy se aplica de forma voluntaria, debería promoverse y apoyarse;

52.  Pide a la Comisión que actualice la lista de alimentos que actualmente están exentos de la indicación «consumir preferentemente antes de» en el etiquetado para prevenir el desperdicio alimentario;

53.  Considera necesario aumentar la investigación y la información, de forma adaptada a cada producto, sobre las fechas de caducidad, así como promover y potenciar el consumo de productos frescos y a granel y reducir los envasados de larga duración y su almacenamiento;

54.  Pide a la Comisión, a los Estados miembros, a las autoridades regionales y locales y a las partes interesadas que organicen campañas de información y comunicación para promover la sensibilización de los consumidores y todos los agentes de la cadena alimentaria en relación con la prevención del desperdicio de alimentos, la seguridad alimentaria, el valor de los alimentos y las buenas prácticas en relación con la transformación, la gestión y el consumo de alimentos; subraya que esas iniciativas deberían hacer hincapié en los beneficios no solo medioambientales sino también económicos y sociales de la lucha contra el desperdicio de alimentos; pide la implantación y el fomento de herramientas de información modernas, como la utilización de aplicaciones para móviles, con el objeto de llegar también a las generaciones más jóvenes, que utilizan sobre todo medios digitales; pide que se aborden apropiadamente las cuestiones del desperdicio de alimentos y el hambre, un problema grave en la actualidad; señala la necesidad de la solidaridad y de compartir con los más necesitados;

55.  Insta al Consejo y a la Comisión a que proclamen un Año Europeo contra el Desperdicio de Alimentos, que sería un importante instrumento de información y promoción para sensibilizar a los ciudadanos europeos y para intentar llamar la atención de los Gobiernos nacionales sobre este importante asunto, con miras a disponer de fondos suficientes para afrontar los retos que están por delante;

56.  Hace hincapié en la importancia de educar e involucrar a los niños en la prevención del desperdicio alimentario; observa que el Informe Especial n.º 34/2016 del Tribunal de Cuentas Europeo titulado «La lucha contra el despilfarro de alimentos» subraya la importancia de incluir mensajes educativos en materia de despilfarro de alimentos en las medidas de acompañamiento para el programa de consumo de leche en las escuelas y el programa de consumo de fruta y hortalizas en las escuelas, e informa de que muy pocos Estados miembros lo han hecho; anima a las autoridades competentes de los Estados miembros a aprovechar al máximo el potencial de estos programas destinados a inculcar buenos hábitos alimentarios en los jóvenes y darles la oportunidad de aprender sobre los alimentos frescos y los procesos de producción agrícola;

57.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que inciten a los hogares a luchar contra el desperdicio de alimentos mediante la promoción de un día semanal dedicado a aprovechar las sobras, así como la divulgación de las mejores prácticas para comprar y cocinar con el fin de reducir el desperdicio de alimentos por parte de los consumidores;

58.  Destaca la importancia de que el modo de distribución, conservación y envasado se adapte bien a las características del producto y a las necesidades del consumidor para limitar el desperdicio de alimentos;

59.  Resalta la importancia de ajustar bien el modo de distribución y conservación a las características del producto para limitar los desperdicios;

60.  Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las partes interesadas que informen mejor a los consumidores sobre las técnicas de conservación o reutilización de los productos;

61.  Insiste en el importante papel que desempeñan las autoridades locales y las empresas municipales, además de los minoristas y los medios de comunicación, a la hora de proporcionar información y apoyo a los ciudadanos en materia de prevención y reducción del desperdicio de alimentos;

62.  Pide a la Comisión que, en colaboración con los Estados miembros, emita recomendaciones sobre las temperaturas de refrigeración, pues está demostrado que unas temperaturas inadecuadas o no idóneas hacen que los alimentos sean prematuramente no aptos para el consumo, y generan un desperdicio innecesario; señala que unos niveles armonizados de temperatura en toda la cadena de suministro pueden mejorar la conservación de los productos y reducir el desperdicio de alimentos que se transportan y se venden más allá de las fronteras;

63.  Pone de manifiesto la necesidad de que el sector agroalimentario mejore la programación de la producción a fin de reducir los excedentes alimentarios; destaca, no obstante, que un nivel mínimo de excedentes es actualmente connatural a toda la cadena agroalimentaria y que los excedentes se deben también a externalidades que no pueden controlarse; considera, por este motivo, que las medidas tendentes a favorecer la donación pueden constituir un importante instrumento para evitar que los excedentes alimentarios se conviertan en residuos;

64.  Pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros que fomenten la innovación y la inversión en tecnologías de transformación aplicadas a la producción agrícola, a fin de reducir el desperdicio en la cadena de suministro alimentario y disminuir las pérdidas de producción alimentaria en las explotaciones agropecuarias familiares;

65.  Anima a los Estados miembros a utilizar el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) para reducir el desperdicio de alimentos en la producción primaria y el sector de la transformación;

66.  Hace hincapié en la importancia de reunir a los agricultores en cooperativas o asociaciones de profesionales para reducir la pérdida de alimentos mediante la mejora de su conocimiento de los mercados, una programación más eficiente, economías de escala y la mejora de su capacidad de comercializar su producción;

67.  Hace hincapié en la importancia de la cooperación, por ejemplo a través de las organizaciones de productores u otras estructuras, como las organizaciones interprofesionales o las cooperativas, para incrementar el acceso a la financiación para la innovación y la inversión en tecnologías de tratamiento como el compostaje y la digestión anaeróbica, cuando proceda, o el procesamiento ulterior de productos que podrían permitir a los agricultores acceder a nuevos productos, mercados y clientes; señala, a este respecto, que la organización sectorial y el uso de contratos permiten una mejor gestión de la producción, así como luchar más eficazmente contra el desperdicio de alimentos; considera que es fundamental que esto se haga local o regionalmente para respetar el principio de proximidad;

68.  Toma nota de las ventajas de la cooperación y la digitalización, ya que permiten tener un mejor acceso a los datos y previsiones de demanda, así como de desarrollar programas de producción anticipada para los agricultores, de modo que puedan adaptar su producción a la demanda, coordinarse mejor con los otros sectores de la cadena de suministro alimentario y reducir al mínimo el desperdicio; dada la dificultad de reducir el desperdicio de alimentos inevitable, destaca la necesidad de promover un uso efectivo de los residuos alimentarios, en particular en la bioeconomía;

69.  Considera que, en aras de una mejor correspondencia entre la oferta y la demanda de productos, unas normas sobre el etiquetado que proporcionen información adecuada sobre el origen de los ingredientes y las técnicas de producción y transformación permitirían al consumidor efectuar compras más conscientes, lo que influiría de forma indirecta en los factores de producción, con consecuencias positivas en términos medioambientales, económicos y sociales;

70.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que informen mejor a los agricultores y consumidores sobre las maneras más eficientes de gestionar la energía, el agua y los recursos naturales a lo largo de toda la cadena alimentaria, con el objetivo de reducir significativamente el derroche de los recursos y los alimentos, para así reducir los costes de producción y el desperdicio de nutrientes y mejorar la innovación y la sostenibilidad de los sistemas de explotación;

71.  Considera que se requieren más investigación e información para evitar el desperdicio alimentario en la producción primaria y para sustituir las prácticas de despilfarro de recursos de la producción agrícola, la transformación y la distribución de alimentos, por métodos respetuosos con el medio ambiente;

72.  Subraya que, para mantener el desperdicio de alimentos en un mínimo absoluto, se debería situar a los agricultores en una posición técnica y económica que les permita utilizar sus productos de la manera más eficiente posible en cuanto al uso de los recursos;

73.  Considera que las iniciativas encabezadas por las comunidades y los agricultores pueden ofrecer unas soluciones económicas viables y valorizar los productos que, de otro modo, tal vez se desperdiciaran, mediante la creación de mercados para dar salida a los productos que normalmente quedan excluidos de la cadena alimentaria, y destaca el potencial de los proyectos de innovación social encabezados por los agricultores y la comunidad, como la recogida y donación de alimentos excedentarios a las asociaciones de ayuda alimentaria, incluidos los bancos de alimentos; pide a la Comisión y a los Estados miembros que reconozcan estas prácticas y las alienten en el marco del segundo pilar de la PAC;

74.  Resalta que, para reducir el desperdicio de alimentos en la fase de producción, se deberían utilizar técnicas y tecnologías innovadoras que permitan optimizar las prestaciones en el campo y transformar los productos que no cumplen los requisitos del mercado;

75.  Señala que enormes cantidades de frutas y verduras perfectamente aptas para el consumo no llegan al mercado por razones estéticas y normas de comercialización; observa que existen iniciativas de éxito demostrado que aprovechan dichos productos y anima a las partes interesadas del sector mayorista y minorista a que promuevan tales prácticas; pide a la Comisión y a los Estados miembros que potencien el desarrollo de mercados para tales productos, y que lleven a cabo actividades de investigación acerca de la relación entre las normas de comercialización y el desperdicio de alimentos en este contexto;

76.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que colaboren para influir en las normas públicas de la Comisión Económica para Europa (CEPE) de las Naciones Unidas con el objetivo de impedir el desperdicio de recursos evitando generar residuos alimentarios;

77.  Considera que el aumento de la cooperación entre productores y el recurso a organizaciones de productores son necesarios para permitir y fomentar el acceso a las oportunidades del mercado secundario, otras salidas a la producción y los usos alternativos para los excedentes alimentarios que, de otro modo, revertirían a las tierras o se malgastarían, dando prioridad a su reorientación para el consumo humano, por ejemplo su venta en los mercados locales o su uso para consumo animal;

78.  Observa que aquellos productos que todavía puedan utilizarse para fines distintos del alimentario, como la transformación en piensos, la fertilización de los campos o su uso para la producción de compost y energía, deberían distinguirse claramente de los que se consideran residuos, para no perjudicar sus posibilidades de reutilización;

79.  Observa que el número de cultivos desechados podría reducirse si estos se vendieran más cerca del consumidor, por ejemplo en mercados de agricultores o tiendas agrícolas, donde los circuitos de comercialización son cortos y lo productos que se compran son locales y están poco transformados;

80.  Anima a los Estados miembros y a la Comisión a fomentar los alimentos locales y a apoyar las cadenas de suministro cortas y la venta de productos agrícolas directamente a domicilio;

81.  Subraya que los productos locales y regionales, así como los regímenes agrícolas con apoyo comunitario, propician cadenas de suministro más cortas que elevan los requisitos de calidad de los productos y fomentan la demanda de productos de temporada, lo que se traduce en notables ventajas sociales, medioambientales y económicas;

82.  Considera que las cadenas de suministro cortas pueden tener una función muy importante en la reducción del desperdicio alimentario y del exceso de envases, la reducción del transporte de alimentos, así como para proporcionar alimentos de mejor calidad y cadenas de suministro transparentes, y que estas medidas contribuyen a la viabilidad económica de las comunidades rurales;

83.  Pide que se promuevan las verduras y hortalizas de temporada en cada Estado miembro de la Unión;

84.  Pide que se preste especial atención al bienestar animal;

85.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas para reducir las pérdidas ocasionadas por las precarias condiciones de los animales;

86.  Destaca que las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro pueden ocasionar desperdicio de alimentos; pide a la Comisión y a los Estados miembros que estudien de qué modo las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario llevan al desperdicio de alimentos y, si procede, que establezcan un marco estratégico para luchar eficazmente contra dichas prácticas;

87.  Opina que la solución del problema de las prácticas comerciales desleales mejorará la situación de los agricultores en cuanto eslabón más débil de la cadena y, al reducir la producción excesiva y la acumulación de productos excedentes, podría contribuir no solo a estabilizar los precios y a proporcionar a los agricultores unos precios en explotación justos y remuneradores, sino también a reducir el desperdicio de alimentos a lo largo de toda la cadena y disminuir las pérdidas en la agricultura familiar; pone de manifiesto que una retribución más justa de los productores conferiría más valor a los productos y reduciría el fenómeno del desperdicio de alimentos en los eslabones finales de la cadena de suministro;

88.  Hace hincapié en que las autoridades y partes interesadas locales y regionales tienen una responsabilidad fundamental a la hora de aplicar programas de prevención y reducción de residuos alimentarios y pide a la Comisión y a los Estados miembros que lo tengan en cuenta en todas las fases del proceso;

89.  Pide a la Comisión que reconozca la función de los organismos públicos que prestan servicios de interés general para la gestión de los residuos y la lucha contra el desperdicio de alimentos, así como los esfuerzos de empresas como las pymes que contribuyen de forma directa a la economía circular;

90.  Pide a los Estados miembros que animen a los gobiernos locales, a la sociedad civil, a los supermercados y otras partes interesadas pertinentes a apoyar las iniciativas de reducción del desperdicio de alimentos y que contribuyan a una estrategia alimentaria local, por ejemplo informando a los consumidores, a través de aplicaciones móviles, sobre los alimentos no vendidos, ajustando así la oferta y la demanda;

91.  Acoge con satisfacción la apertura de locales en los que se puede entregar alimentos aptos para el consumo a los más necesitados (foodsharing); anima a que se simplifiquen los procedimientos que facilitan la apertura de tales locales;

92.  Considera que el obstáculo más importante dentro de la Unión Europea para la entrega a los necesitados de los excedentes alimentarios aún aptos para el consumo radica en la insuficiente capacidad de los canales de distribución, o en algunos casos, en su inexistencia absoluta; opina que ni las organizaciones benéficas ni las instituciones estatales o municipales dedicadas al trabajo social disponen de recursos financieros o humanos suficientes para transportar o distribuir los alimentos aún aptos para el consumo ofrecidos para fines benéficos; observa que esto es válido, en especial, en el caso de las regiones más desfavorecidas;

93.  Observa que el sector alimentario ya ha tomado medidas para reducir el desperdicio de alimentos mediante el refuerzo de la cooperación con asociaciones de ayuda alimentaria, incluidos los bancos de alimentos de toda Europa;

94.  Pide a la Comisión que fomente la celebración de acuerdos en los Estados miembros que estipulen que el sector alimentario minorista ha de distribuir los productos no vendidos a asociaciones caritativas;

95.  Pide un mayor compromiso de todas las partes interesadas para garantizar que todos los alimentos que estén a punto de caducar se donen a organizaciones benéficas; observa, no obstante, que siguen existiendo obstáculos a las donaciones, principalmente de naturaleza jurídica; pide a la Comisión que aclare la interpretación de las disposiciones jurídicas que desincentivan las donaciones;

96.  Manifiesta su preocupación por que aún no se haya conseguido «aclarar la legislación pertinente de la UE en materia de residuos, alimentos y piensos, a fin de facilitar la donación de alimentos y la utilización de restos de alimentos en los piensos», según se anunció en 2016(29);

97.  Acoge con satisfacción el proyecto de directrices de la Unión sobre la donación de alimentos como un primer paso en la dirección correcta; estima, no obstante, que, dadas las numerosas barreras que existen en la legislación de la Unión para donar alimentos, debería fomentarse la donación de alimentos no vendidos a lo largo de toda la cadena de suministro procediendo a las necesarias modificaciones legislativas;

98.  Pide a la Comisión que explore las modalidades de la donación de alimentos a organizaciones benéficas desde la empresas en el país de producción, con independencia del idioma del envase del producto; señala que deben poder donarse dichos productos siempre y cuando se ponga a disposición de los receptores la información esencial para mantener la seguridad alimentaria, por ejemplo información sobre alérgenos, en los idiomas oficiales de sus Estados miembros;

99.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que faciliten la colaboración en materia de donación de alimentos de las partes interesadas a nivel local y regional mediante la reducción de los costes de transacción con el fin de reducir el umbral para la participación, por ejemplo ofreciendo herramientas modelo que puedan adaptarse a necesidades locales concretas y que utilicen los agentes locales para ajustar la oferta y la demanda de excedentes alimentarios y organizar la logística de manera más eficaz;

100.  Celebra la creación de colmados sociales, así como de asociaciones públicas y privadas con organizaciones benéficas, para utilizar de la mejor manera posible los alimentos aptos para el consumo pero no para la venta;

101.  Pide a los Estados miembros que garanticen el apoyo institucional y financiero a los supermercados sociales como intermediarios clave en la donación de alimentos;

102.  Pide que los operadores del sector alimentario que ceden de forma gratuita excedentes alimentarios apliquen prácticas operativas correctas a fin de garantizar la higiene y seguridad de los mismos, de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento (CE) n.º 852/2004.

103.  Hace hincapié en el importante papel que pueden desempeñar las autoridades nacionales a la hora de ayudar a los actores a lo largo de la cadena de suministro alimentario a utilizar los alimentos aptos para el consumo y los que tengan una fecha de caducidad próxima, adoptando un enfoque de promoción en lugar de un enfoque sancionador al aplicar las normas de seguridad alimentaria;

104.  Pide a la Comisión que estudie la posibilidad y los efectos de introducir una «legislación del buen samaritano»; pide a la Comisión que aclare la forma en que actos legislativos como el Reglamento (CE) n.º 178/2002 y la Directiva 85/374/CEE regulan la responsabilidad civil en la donación de alimentos;

105.  Pide a la Comisión que proponga una modificación de la Directiva sobre el IVA que autorice explícitamente las exenciones fiscales por donaciones de alimentos; pide a los Estados miembros que sigan las recomendaciones de la Comisión y fijen un IVA próximo a cero si la donación se realiza cerca de la fecha de consumo preferente o los alimentos son invendibles;

106.  Pide a la Comisión que complete el Reglamento (UE) n.º 223/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, relativo al Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas(30) con un acto de ejecución que fomente la utilización del Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas para facilitar la donación de alimentos financiando los costes de recogida, transporte, almacenamiento y distribución y que regule el uso de existencias de intervención generadas en el marco de la PAC; anima a las autoridades locales, regionales y nacionales a apoyar la creación de infraestructuras para la donación de alimentos en regiones y zonas en las que sea inexistente, inadecuada o deficiente;

107.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que no desvíen hacia otros grupos destinatarios los recursos del Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas que se han apartado previamente para los bancos de alimentos y las organizaciones benéficas;

108.  Señala que las donaciones de alimentos no pueden considerarse una medida clara para resolver los principales problemas de la pobreza; subraya, por tanto, que hay que evitar las expectativas poco realistas en este sentido: no es de recibo esperar que las donaciones de alimentos mitiguen los problemas sociales y prevengan el desperdicio alimentario; pide a la Comisión, por consiguiente, que adopte medidas más determinadas para prevenir la pobreza;

109.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que se mantengan vigilantes en materia de donaciones y se aseguren de que estas no se desvían para la creación de un mercado alternativo, lo que ocasionaría que las personas necesitadas no pudieran beneficiarse de esas donaciones de alimentos y disuadiría a las empresas de donar;

110.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, sin imponer una carga innecesaria a las pymes y a las organizaciones de voluntarios, controlen atentamente las donaciones y se aseguren de que estas no se desvíen y se vendan en mercados alternativos, lo que haría que las personas necesitadas no pudieran beneficiarse de esas donaciones de alimentos y disuadiría a los profesionales de donar por temor a una competencia desleal;

111.  Pide a todos los agentes de la cadena alimentaria que asuman su parte de responsabilidad y apliquen la declaración conjunta sobre el desperdicio de alimentos Every Crumb Counts («cada migaja cuenta») y el acuerdo del sector minorista sobre el desperdicio; señala que por el sector minorista pasan millones de consumidores al día, lo que lo sitúa en una posición única para dar a conocer el tema del desperdicio de alimentos y sensibilizar al respecto, facilitando de ese modo unas elecciones con conocimiento de causa; subraya que las prácticas publicitarias del tipo «dos por uno» aumentan el riesgo de que los consumidores compren más de lo que pueden consumir; en este sentido, subraya asimismo la necesidad de ofrecer envases de menor tamaño para hogares más pequeños; celebra que algunos minoristas vendan más baratos los artículos alimenticios con periodos de caducidad más cortos, pero considera que dicha práctica debe estar más generalizada;

112.  Reitera que el desperdicio de huevos sigue siendo uno de los principales problemas para los minoristas; pide a la Comisión que busque modos de reducirlo, teniendo en cuenta la evaluación científica de la EFSA, y a los Estados miembros que informen adecuadamente a los consumidores sobre esta importante cuestión;

113.  Pide a la Comisión que realice un estudio sobre la incidencia de las reformas de la política agrícola común (PAC) y la política pesquera común (PPC) en la generación y reducción de los desperdicios de alimentos;

114.  Hace hincapié en que la subsistencia de los agricultores depende de la posibilidad de comercializar sus productos en unas condiciones justas y a unos precios remuneradores y en que la pérdida de producción en las explotaciones, por unas condiciones climáticas extremas o inusuales, por catástrofes naturales o por la pérdida de un mercado o los bajos precios, supone la pérdida de inversiones e ingresos para los agricultores; señala, a este respecto, que la volatilidad de los precios en los mercados agrícolas afecta a la producción y a los ingresos de los agricultores y puede provocar el desperdicio de alimentos, por lo que la PAC debe ofrecer herramientas adecuadas para luchar contra dicha volatilidad;

115.  Subraya que la Comisión no ha realizado todavía un estudio para determinar el impacto de las diferentes reformas en el volumen de producción agrícola y sus efectos sobre el desperdicio alimentario y pide, por consiguiente, a la Comisión que incluya la cuestión del desperdicio alimentario en el desarrollo estratégico y la aplicación de la PAC en el futuro;

116.  Destaca que el desperdicio de alimentos en la fase de producción puede deberse también al deterioro de nuestro aparato productivo debido a la degradación ya observada de la calidad de las tierras, de la biodiversidad (reducción de la polinización) y de los recursos naturales en su conjunto, y que se debe tener en cuenta este fenómeno en la evolución de la agricultura y de la PAC;

117.  Anima a los Estados miembros a aprovechar al máximo el potencial del Fondo Europeo de Pesca (FEP) y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) con el fin de reducir el desperdicio de alimentos provocado por los descartes de la pesca y mejorar las tasas de supervivencia de los organismos de acuicultura;

118.  Confía en que la obligación de desembarque de la PPC, que se está introduciendo gradualmente en la actualidad, dé lugar a más artes y prácticas de pesca selectivas y en última instancia a que se descarten menos peces en el mar; señala, sin embargo, que la obligación de desembarque no se aplica a todos los peces y por ello son necesarias más medidas;

119.  Muestra preocupación por el nivel de residuos posterior a la pesca, dada la naturaleza perecedera del pescado y los recorridos a menudo extremos a que se lo somete para ser transformado, con frecuencia incluso desde Europa a Asia y de nuevo a Europa para su venta final;

120.  Recuerda la importancia del concepto de «huella hídrica» para los alimentos y los piensos;

121.  Señala que el Reglamento (CE) n.º 178/2002 incluye entre los alimentos el agua «incorporada voluntariamente al alimento durante su fabricación, preparación o tratamiento», y que el agua es un recurso estratégico fundamental para todo el sector agroalimentario;

122.  Destaca que el desperdicio de alimentos conlleva asimismo un importante desperdicio de agua, en función de la calidad, el tipo y la cantidad de agua utilizada para su producción;

123.  Recuerda la importancia de mejorar la gestión del agua en la agricultura, de desarrollar sistemas de producción de alimentos con un uso inteligente del agua y de aumentar la seguridad del suministro de agua y alimentos en aquellas zonas que presentan un mayor riesgo debido al cambio climático;

124.  Destaca que las soluciones innovadoras y respetuosas con el medio ambiente en ámbitos como la gestión de los coproductos y los subproductos de la industria alimentaria, el comercio de alimentos, el almacenamiento de alimentos, la vida útil, las tecnologías digitales y los materiales en contacto con los alimentos, pueden ofrecer un potencial significativo de reducción del desperdicio de alimentos; anima a la Comisión, a los Estados miembros y a otras partes interesadas a apoyar la investigación en estos ámbitos y a promover soluciones sostenibles y eficaces; considera que los servicios de la economía colaborativa son importantes para aumentar la sensibilización y promover el consumo sostenible; pide a la Comisión que progrese en innovación mediante proyectos de investigación financiados con el presupuesto de la Unión, como la Asociación Europea para la Innovación;

125.  Subraya la responsabilidad de todos los agentes de la cadena de suministro, también la de los productores de los sistemas de envasado, a la hora de prevenir el desperdicio alimentario; destaca la contribución positiva de los materiales y soluciones de envasado de alimentos a la prevención de la pérdida y el desperdicio de alimentos a lo largo de la cadena de suministro, por ejemplo los envases que reducen la pérdida de alimentos durante el transporte, el almacenamiento y la distribución, que preservan la calidad e higiene del alimento durante más tiempo, o que alargan la vida en almacenamiento; subraya, sin embargo, la necesidad de hacer que el envasado se ajuste a su propósito (que los envases no sean excesivos o insuficientes) y se adecue al producto y a las necesidades del consumidor, así como la necesidad de tener en cuenta la perspectiva de ciclo de vida en relación con el conjunto del producto envasado, incluido el diseño y el uso del envase; pide a la Comisión y a los Estados miembros que evalúen los beneficios de los envases alimentarios de origen biológico, biodegradables y compostables, teniendo en cuenta sus repercusiones sobre la salud humana y la seguridad alimentaria, y adoptando un enfoque de ciclo de vida; destaca que los objetivos de reducción del desperdicio alimentario deben ser coherentes con las medidas y objetivos de la Directiva 94/62/CE y, en particular, con el objetivo de lograr una reducción sustancial del consumo de envases no reciclables y del envasado excesivo;

126.  Anima, por tanto, a la Comisión y a los Estados miembros a que apoyen el desarrollo y la utilización de materiales de contacto alimentario activos e inteligentes y de otras soluciones de envasado innovadoras con una contribución positiva a la eficiencia de los recursos y la economía circular; señala que la legislación sobre materiales destinados a entrar en contacto con los alimentos debe garantizar un nivel de protección del consumidor máximo para todo el material de envasado, incluido el importado de terceros países; pide, por tanto, a la Comisión que presente unas normas armonizadas a escala de la Unión para los materiales que están en contacto con alimentos, y que conceda prioridad a la elaboración de medidas específicas de la Unión para materiales como el papel y el cartón, con arreglo a la Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de octubre de 2016, sobre la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1935/2004(31) sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos;

127.  Recomienda promover el uso de códigos de buenas prácticas voluntarios en actividades desarrolladas por organizaciones sectoriales en los sectores de la alimentación, la restauración y la hostelería, con el fin de aprovechar de manera óptima los productos y de fomentar la donación a programas de recogida de los excedentes de alimentos con fines sociales;

128.  Pide a los Estados miembros que promuevan la celebración de acuerdos o memorandos de entendimiento para fomentar comportamientos responsables y buenas prácticas a fin de reducir el desperdicio alimentario, entre ellos acuerdos para dotar a los restauradores de recipientes reutilizables, de material reciclable, para que los clientes puedan llevarse la comida que no han consumido;

129.  Recomienda que, cuando proceda, se utilicen productos locales y regionales y productos de temporada en los sectores de la restauración y la hostelería para acortar la cadena de producción y consumo a efectos de reducir el número de fases de transformación y, de ese modo, los residuos generados durante las distintas fases;

130.  Destaca que el desarrollo del sector digital brinda muchas oportunidades para prevenir la generación de residuos alimentarios, en particular la creación de plataformas en internet de «rescate de alimentos» que permiten al sector de la restauración ofrecer las raciones no vendidas a un precio reducido; pone de manifiesto que esas experiencias han dado resultados significativos en los Estados miembros en los que se han llevado a cabo;

131.  Pide a la Comisión que reconozca la contribución de las iniciativas socialmente responsables, como Healthy nutritional standard, cuyo objetivo es proporcionar más información sobre los alimentos a diversos grupos de consumidores con necesidades o preferencias alimenticias específicas, mediante el etiquetado voluntario y corregulado de los alimentos en los espacios de restauración y turismo, con el fin de contribuir también en este ámbito a la reducción del desperdicio de alimentos;

132.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que trabajen en colaboración con los países en desarrollo para ayudar a mejorar su infraestructura de la cadena alimentaria y reducir el desperdicio de alimentos;

133.  Insta a todas las instituciones y organismos de la Unión a que incluyan en las licitaciones relacionadas con la restauración la obligación de contar con planes de reducción y gestión de los desperdicios alimentarios; pide a los cuestores que otorguen prioridad a las medidas orientadas a reducir el desperdicio de alimentos en el Parlamento Europeo y anima a otras instituciones europeas a seguir el ejemplo; anima a los Estados miembros y a las autoridades locales y regionales a reducir el desperdicio de alimentos en los establecimientos públicos;

134.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0266.
(2) DO C 227 E de 6.8.2013, p. 25.
(3) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0250.
(4) DO C 17 de 18.1.2017, p. 28.
(5) DO C 161 de 6.6.2013, p. 46.
(6) FAO, «Huella del despilfarro alimentario – Impactos en los recursos naturales», Roma, 2013.
(7) FAO, «Huella del desperdicio de alimentos y cambio climático», 2015.
(8) https://www.wfp.org/hunger/stats.
(9) El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2015, FAO, Naciones Unidas.
(10) Los objetivos de desarrollo en una era de cambio demográfico, Informe de seguimiento mundial 2015/2016, Banco Mundial.
(11) http://www.un.org/en/development/desa/news/population/2015-report.html
(12) Fusions, «Estimates of European food waste levels, Mar» (Estimaciones de los niveles de desperdicio de alimentos en Europa), marzo de 2016.
(13) Eurostat, «People at risk of poverty or social exclusion» (Personas en riesgo de pobreza o exclusión social), 2015.
(14) Estimaciones de los niveles de desperdicio de alimentos en Europa, marzo de 2016.
(15) WRAP, «Household Food Waste in the UK» (Desperdicio de alimentos en el Reino Unido), 2015.
(16) FAO, «Pérdidas y desperdicio de alimentos en el mundo», 2011.
(17) Informe Especial n.º 34/2016 del Tribunal de Cuentas: «La lucha contra el despilfarro de alimentos: una oportunidad para la UE de hacer más eficiente el empleo de recursos en la cadena de suministro alimentario», p. 14.
(18) Norma para contabilizar e informar sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos, 2016.
(19) Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas (DO L 312 de 22.11.2008, p. 3).
(20) DO L 304 de 22.11.2011, p. 18.
(21) Encuesta «Flash» de Eurobarómetro n.º 425 sobre el desperdicio de alimentos y el marcado de fechas, septiembre de 2015.
(22) Reglamento (CE) n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1).
(23) Reglamento (CE) n.º 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios (DO L 139 de 30.4.2004, p. 1); Reglamento (CE) n.º 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal (DO L 139 de 30.4.2004, p. 55). Reglamento (CE) n.º 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004 , por el que se establecen normas específicas para la organización de controles oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo humano (DO L 139 de 30.4.2004, p. 206).
(24) Estudio comparativo sobre la legislación y las prácticas de los Estados miembros en materia de donación de alimentos (2014), encargado por el Comité Económico y Social Europeo.
(25) DO L 347 de 11.12.2006, p. 1.
(26) Respuesta conjunta a dos preguntas parlamentarias (E-003730/13, E-002939/13), de 7 de mayo de 2013.
(27) Estudio comparativo sobre la legislación y las prácticas de los Estados miembros en materia de donación de alimentos (2014), encargado por el Comité Económico y Social Europeo.
(28) Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, resumen de la evaluación de impacto de las medidas relativas al desperdicio de alimentos que completa el documento SWD(2014)0207 relativo a la revisión de los objetivos de la Unión en materia de gestión de residuos (SWD(2014)0289, de 23.9.2014).
(29) Anexo a la Comunicación de la Comisión COM(2015)0614.
(30) DO L 72 de 12.3.2014, p. 1.
(31) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0384.


Evaluación de los aspectos externos del funcionamiento y la gestión de los servicios de aduanas como herramienta para facilitar el comercio y luchar contra el comercio ilícito
PDF 292kWORD 53k
Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de mayo de 2017, sobre la evaluación de los aspectos externos del funcionamiento y la gestión de los servicios de aduanas como herramienta para facilitar el comercio y luchar contra el comercio ilícito (2016/2075(INI))
P8_TA(2017)0208A8-0162/2017

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de octubre de 2015, titulada «Comercio para todos – Hacia una política de comercio e inversión más responsable» (COM(2015)0497),

–  Vistos el Plan estratégico de la DG TAXUD para el período 2016-2020, y el Plan de gestión de la DG TAXUD para 2016, de 14 de marzo de 2016 (Ares(2016)1266241),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 21 de agosto de 2014, titulada «Estrategia y plan de acción de la UE para la gestión de los riesgos aduaneros: afrontar los riesgos, reforzar la protección de la cadena de suministro y facilitar el comercio» (COM(2014)0527),

–  Visto el informe de la Comisión, de 19 de julio de 2016, titulada «Informe de situación sobre la aplicación de la estrategia y el plan de acción de la UE para la gestión de los riesgos aduaneros» COM(2016)0476,

–  Vistas las orientaciones para los operadores económicos autorizados (TAXUD/B2/047/2011),

–  Visto el proyecto piloto «Vías comerciales seguras e inteligentes» (Smart and Secure Trade Lanes, SSTL) entre la Unión y China,

–  Vista la Resolución del Consejo sobre un plan de acción aduanero de la UE para luchar contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual e industrial, para los años 2013 a 2017(1),

–  Visto el informe de la DG TAXUD sobre la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual de la Unión para 2015,

–  Visto el Marco estratégico para la cooperación aduanera entre la Unión y China,

–  Visto el plan de acción sobre la cooperación aduanera UE-China en materia de derechos de propiedad intelectual (2014/2017),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de febrero de 2014, titulada «Plan de actuación con vistas al control del funcionamiento de los regímenes comerciales preferenciales» (COM(2014)0105),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 2 de febrero de 2016, titulada «Plan de acción para intensificar la lucha contra la financiación del terrorismo» (COM(2016)0050),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 21 de diciembre de 2016, titulada «Desarrollo de la unión aduanera de la UE y de su gobernanza» (COM(2016)0813),

–   Vista su Resolución, de 9 de junio de 2015, sobre una Estrategia para mejorar la protección y la garantía de respeto de los derechos de propiedad intelectual en los terceros países(2),

–  Visto el Informe Especial n.º 23/2016 del Tribunal de Cuentas Europeo, titulado «El transporte marítimo en la UE se mueve en aguas turbulentas — mucha inversión ineficaz e insostenible»,

–  Visto el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio,

–  Visto el informe de la OCDE, de 18 de abril de 2016, titulado «Illicit Trade, Converging Criminal Networks» (Comercio ilícito, Convergencia de redes delictivas),

–  Visto el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

–  Vistos los artículos 207, 208 y 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Vistos el Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión(3), y sus correspondientes acto delegado (Reglamento delegado (UE) n.º 2015/2446(4)), acto de ejecución (Reglamento de ejecución (UE) n.º 2015/2447(5)), acto delegado transitorio (Reglamento delegado (UE) 2016/341(6)) y programa de trabajo (Decisión de ejecución (UE) 2016/578(7)),

–  Visto el Reglamento (UE) n.° 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.° 1383/2003 del Consejo(8),

–  Vistas la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el marco jurídico de la Unión para las infracciones y sanciones aduaneras (COM(2013)0884), presentada por la Comisión el 13 de diciembre de 2013, y la opinión de la Comisión de Comercio Internacional sobre esta propuesta para la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor(9);

–  Visto el artículo 24, apartado 2, del Reglamento (UE) 2015/478 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2015, sobre el régimen común aplicable a las importaciones(10),

–  Visto el principio de coherencia de las políticas en favor del desarrollo, establecido en el TFUE,

–  Vista su Resolución, de 19 de enero de 2017, sobre la respuesta a los desafíos de la aplicación del código aduanero de la Unión(11),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Comercio Internacional y la opinión de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0162/2017),

A.  Considerando que la unión aduanera es un pilar básico de la Unión Europea, ya que gracias a ella la Unión es uno de los principales bloques comerciales a nivel mundial, y que una unión aduanera completamente funcional es esencial para el refuerzo de la posición de la Unión a la hora de negociar acuerdos comerciales;

B.  Considerando que la aplicación del código aduanero de la Unión es fundamental para proteger los recursos propios de la Unión, en particular los derechos de aduana y los intereses en materia de fiscalidad nacional;

C.  Considerando que una unión aduanera completamente funcional es la base para la lucha eficaz contra los flujos financieros ilícitos y el blanqueo de capitales ligado a la actividad comercial;

D.  Considerando que la aplicación del código aduanero de la Unión, que se introdujo el 1 de mayo de 2016, podría sufrir retrasos debido a la financiación insuficiente de unos sistemas informáticos comunes y eficaces antes del 31 de diciembre de 2020;

E.  Considerando que el informe de situación sobre la aplicación de la estrategia y el plan de acción de la UE para la gestión de los riesgos aduaneros subraya que la falta de financiación para actualizar los sistemas informáticos existentes y desarrollar los nuevos sistemas necesarios supone un grave problema que obstaculiza los avances, sobre todo con respecto al nuevo Sistema de Control de las Importación; que, en ausencia de recursos suplementarios, algunas de las medidas no podrán ponerse en marcha antes de finales de 2020, tal como se prevé en la estrategia y el plan de acción; que los retrasos también podrían afectar al cumplimiento de los compromisos contraídos en materia de aduanas en el contexto de la Agenda Europea de Seguridad;

F.  Considerando que la fragmentación que existe en la actualidad entre los Estados miembros en las políticas de control aduanero no debe dar lugar a una situación que ocasione cargas administrativas y retrasos adicionales o una distorsión de los flujos comerciales internos;

G.  Considerando que la Directiva propuesta en relación con un marco jurídico de la Unión para las infracciones y sanciones aduaneras no hace una distinción clara entre las sanciones penales y administrativas de los Estados miembros dentro del pleno respeto de la subsidiariedad; que esto puede alentar a los operadores económicos fraudulentos a tomar decisiones estratégicas cuando importan a partir de terceros países causando una distorsión en la recaudación de impuestos y un impacto medioambiental negativo, tratándose por tanto de medidas disuasorias inefectivas para las actividades comerciales ilegales;

H.  Considerando que la complejidad de la normativa y los procedimientos aduaneros, así como los diferentes criterios y sanciones aplicados por las autoridades, pueden sobrecargar las pequeñas y medianas empresas sometiendo sus limitados recursos a una presión considerable y afectando a su trayectoria comercial;

I.  Considerando la importancia vital de una cooperación aduanera efectiva entre las administraciones aduaneras de los Estados miembros, operadores económicos autorizados, fuerzas policiales y autoridades judiciales y otros actores pertinentes con terceros países y a nivel multilateral, habida cuenta de los importantes volúmenes comerciales, además de ser un pilar en la lucha contra el comercio ilícito, el terrorismo, la delincuencia organizada, el blanqueo de capitales, el tráfico de especies silvestres, la evasión fiscal, el tráfico de estupefacientes y tabaco y los medicamentos falsificados, así como en la protección de los derechos de propiedad intelectual de la Unión, y en la aplicación y el respeto de los procedimientos de diligencia debida en relación con los productos de la cadena de valor mundial —como se indica en la estrategia «Comercio para todos» de la Comisión—, y la localización y eliminación de las interconexiones entre los actores fraudulentos implicados en actividades comerciales ilícitas en la cadena de suministro internacional;

J.  Considerando que la Unión ha celebrado acuerdos de cooperación aduanera y de asistencia administrativa mutua con Corea del Sur, Canadá, Estados Unidos, India, China y Japón;

K.  Considerando que algunos socios comerciales siguen expidiendo la mayor parte de los productos ilegales o falsificados que entran en la Unión; que Malasia solo representa unos 2,5 millones de euros de dichas exportaciones, mientras que China y Hong Kong son responsables de más de 300 millones y 100 millones de euros respectivamente; que en 2015 solo Bielorrusia le ocasionó a la Unión unas pérdidas fiscales por valor de 1 000 millones de euros, al exportar productos eludiendo completamente las normas sobre el IVA y la normativa en materia de salud;

L.  Considerando que, según el último informe de la Comisión Europea sobre la observancia de los derechos de propiedad intelectual por las aduanas de la UE, el número de mercancías falsificadas incautadas por las autoridades aduaneras de la Unión se incrementó un 15 % entre 2014 y 2015; que se incautaron en las fronteras exteriores de la Unión más de 40 millones de productos sospechosos de vulnerar derechos de propiedad intelectual, por un valor total próximo a 650 millones de euros;

M.  Considerando que las zonas de libre cambio internacionales, junto con aquellos terceros países que son con más frecuencia la fuente de comercio ilícito, representan posibles zonas de fondo para una continua proliferación del comercio de productos ilegales en la Unión, conduciendo a controles fronterizos más exhaustivos y requiriendo posiblemente, por ello, un análisis más detallado y específico;

N.  Considerando que el mercado de productos falsificados puede contribuir a la financiación de organizaciones delictivas que participan activamente en el terrorismo, el tráfico de estupefacientes, las armas de fuego, el blanqueo de capitales y la trata de seres humanos;

O.  Considerando que la lucha contra las falsificaciones es crucial para proteger los derechos de propiedad intelectual en Europa, preservar los conocimientos técnicos y alentar la innovación;

P.  Considerando que el papel desempeñado por la aduana en la zona de seguridad es especialmente pertinente a la hora de evitar que las organizaciones terroristas muevan sus fondos e interferir en sus fuentes de ingresos, como se reconoce en el plan de acción de la Comisión para intensificar la lucha contra la financiación del terrorismo;

Q.  Considerando que los servicios aduaneros son importantes, en el contexto del comercio global, para paliar los daños causados a la economía formal por el tráfico ilícito y, al mismo tiempo, ayudar a entender mejor dicho tráfico y a combatirlo;

R.  Considerando que las redes de actividades ilícitas repercuten negativamente en las economías de los Estados miembros por cuanto se refiere a crecimiento, empleo, inversiones extranjeras, integridad de los mercados, competencia, comercio y pérdida de ingresos aduaneros, que en último término recae sobre el contribuyente europeo;

S.  Considerando que el comercio ilícito preocupa enormemente a las empresas y supone una creciente amenaza que conlleva riesgos a nivel mundial para la transparencia, la integridad y el valor financiero, pues utiliza mecanismos de comercio y cadenas de suministro de dimensión internacional;

T.  Considerando que la falsificación, el comercio ilegal de armas y el tráfico de estupefacientes generan grandes sumas de dinero para la delincuencia organizada transnacional por canales comerciales y económicos ilícitos;

U.  Considerando que el aumento de la incidencia del contrabando, del tráfico y de otras formas de comercio ilícito e ilegal no solo afecta a la recaudación de derechos de aduana de los Estados miembros y al presupuesto de la Unión, sino que está también estrechamente relacionado con la delincuencia organizada a nivel internacional y con peligros para los consumidores, además de afectar negativamente al funcionamiento del mercado único, lo cual socava la igualdad de condiciones entre todas las empresas que compiten entre sí, en particular las pymes;

V.  Considerando que la protección de los derechos de propiedad intelectual es fundamental para proteger y estimular la economía de la Unión, así como el crecimiento y el empleo;

1.  Pide a la Comisión que trabaje en estrecha colaboración con los Estados miembros para garantizar una aplicación eficaz, coordinada y uniforme del nuevo sistema establecido por el código aduanero de la Unión, desalentando prácticas divergentes entre los Estados miembros después del período transitorio a través de directrices básicas comunes para todas las aduanas europeas; pide a la Comisión, a este respecto, que elabore análisis comparativos e información sobre operaciones aduaneras y procedimientos de aplicación en los Estados miembros;

2.  Subraya el hecho de que no existe ningún sistema para identificar y controlar las diferencias en la forma en la que las autoridades aduaneras tratan a los operadores económicos; pide a la Comisión que exija a los Estados miembros que proporcionen información específica sobre la tipología y el número de controles aduaneros a nivel de puertos principales individuales;

3.  Pide a la Comisión que siga cooperando con los Estados miembros y los operadores comerciales interesados con el fin de suplir las lagunas existentes en los sistemas de control, desarrollar simplificaciones aduaneras adicionales y reducir las cargas administrativas para los operadores económicos legítimos centrándose en el objetivo de un comercio más simple y seguro, garantizando al mismo tiempo un control adecuado, efectivo, eficaz y armonizado en las fronteras de la Unión y el necesario apoyo a las autoridades pertinentes; señala que unos controles aduaneros efectivos deben garantizar la seguridad de la Unión, la protección de los consumidores, el cumplimiento de los requisitos medioambientales y la normativa en materia de salud y los intereses económicos, haciendo un esfuerzo especial en lo que se refiere a la protección de los derechos de propiedad intelectual y a la lucha contra el comercio ilícito, el terrorismo, el blanqueo de capitales, el tráfico de especies silvestres, la evasión fiscal, el tráfico de estupefacientes y tabaco y la falsificación de medicamentos y combatiendo toda forma de competencia desleal de que puedan ser objeto las empresas europeas que respetan las normas de la Unión;

4.  Resalta la importancia de completar la armonización de los controles en todos los puntos de entrada de mercancías en la unión aduanera, utilizando en particular los instrumentos existentes;

5.  Pide a la Comisión que busque una mayor colaboración con el sector privado a la hora de identificar a los operadores fraudulentos; destaca la importancia de la participación de operadores interesados privados en la lucha contra el comercio ilegal, incluido el comercio ilegal de especies silvestres y productos derivados de estas;

6.  Recuerda que la oportunidad que brindan el código aduanero de la Unión y sus normas sobre los sistemas informáticos interconectados y los intercambios electrónicos se debe aprovechar para acceder a datos sobre el comercio fiable y legal y ponerlos a disposición a través de canales distintos de las declaraciones aduaneras, por ejemplo a través de los programas de intercambio internacionales, como el programa relativo al operador económico autorizado o el proyecto SSTL (rutas comerciales seguras e inteligentes), con el objetivo de facilitar los intercambios;

7.  Recuerda que el desarrollo de los sistemas informáticos necesarios requiere financiación suficiente y pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la disponibilidad de recursos para los sistemas informáticos necesarios con el fin de cumplir los objetivos de la estrategia y el plan de acción de la UE para la gestión de los riesgos aduaneros;

8.  Pide a la Comisión que impulse una mayor utilización del programa relativo al operador económico autorizado; destaca la importancia de promover sus beneficios para el comercio a la vez que se preservan normas estrictas de conformidad, así como su solidez, su fiabilidad y su conformidad con las normas aduaneras de terceros países a la hora de negociar acuerdos comerciales;

9.  Solicita a la Comisión que se coordine y coopere con las aduanas, las agencias fronterizas sobre el terreno y las partes interesadas dentro de la Unión, así como con sus socios comerciales, en el ámbito del intercambio de datos, en particular por lo que respecta al reconocimiento de los controles aduaneros, los socios comerciales de confianza y las estrategias de mitigación para el desmantelamiento de las redes de tráfico ilícito; pide a la Comisión que mejore e intensifique la cooperación entre sus direcciones generales en materia de asuntos aduaneros y, en caso necesario, promueva una mayor coordinación entre las aduanas y las autoridades policiales, en particular por lo que respecta a la delincuencia organizada, la seguridad y la lucha contra el terrorismo, tanto a escala nacional como de la Unión;

10.  Pide a la Comisión que presente una comunicación sobre las mejores prácticas en cuanto a los controles aduaneros y la aplicación de las normas de comercio, durante el período transitorio, con el fin de proporcionar un marco de referencia a los organismos de control competentes en los Estados miembros, poner de relieve las mejores prácticas y resultados, establecer un conjunto de indicadores clave de rendimiento y analizar los flujos comerciales de productos falsificados en los puntos fronterizos;

11.  Insta a la Comisión a que siga trabajando en la aplicación de la estrategia y el plan de acción de la Unión para la gestión de los riesgos aduaneros, especialmente en lo que se refiere a la disponibilidad de datos, el acceso y el intercambio de información con fines de gestión de riesgos aduaneros y el refuerzo de las capacidades;

12.  Pide a la Comisión que informe periódicamente a las comisiones responsables del Parlamento Europeo sobre la supervisión y evaluación de la aplicación de la estrategia y el plan de acción de la Unión para la gestión de los riesgos aduaneros;

13.  Pide a la Comisión que investigue las diferentes prácticas seguidas para los controles aduaneros en la Unión y sus repercusiones en la reorientación del comercio, centrándose en particular en los servicios aduaneros de la Unión en la fronteras exteriores;

14.  Señala que actualmente los diferentes procedimientos aduaneros, en particular en materia de despacho de aduana, inspecciones, sanciones y controles, generan fragmentación, cargas administrativas adicionales, retrasos, variaciones en la recaudación de impuestos entre Estados miembros, distorsión del mercado y un impacto medioambiental negativo; subraya que estos divergentes procedimientos aduaneros pueden favorecer a menudo el acceso a algunos puertos en detrimento de otros, con operadores ilícitos que importan productos falsificados o infravalorados, dando lugar a que los productos sean entregados en su destino final a través de una ruta inusual y que se solicite la autorización en un Estado miembro distinto del que importa los productos, ya sea para reducir la probabilidad de someterse a controles o para complicar cualquier posible procedimiento de recuperación; solicita a la Comisión, por tanto, que analice este problema de búsqueda del foro de conveniencia y evalúe su impacto sobre el comercio, los ingresos fiscales, los efectos climáticos y los derechos de aduana;

15.  Recuerda a los Estados miembros y a la Comisión la importancia de velar por que se disponga a tiempo de recursos suficientes para los sistemas informáticos necesarios para que se puedan lograr los objetivos de la estrategia y el plan de acción de la Unión para la gestión de los riesgos aduaneros, garantizando al mismo tiempo la interoperabilidad de los sistemas en beneficio de las autoridades aduaneras, los operadores económicos legítimos y, en última instancia, los consumidores, y promoviendo el empleo y el crecimiento económico en la Unión;

16.  Insiste en la necesidad de pasar del actual entorno aduanero, en el que se hace un menor uso del papel, a uno sin soporte papel;

17.  Pide a la Comisión que coopere estrechamente con los Estados miembros, la OCDE y la Organización Mundial de Aduanas (OMA) para colmar las lagunas que existen en la actualidad en los sistemas de control aduanero, velando por que se haga frente al comercio ilícito, la falsificación y el fraude mediante unos controles basados en el riesgo coordinados de forma más sistemática y fundados en criterios armonizados aplicables a las inspecciones, mejores prácticas y procedimientos y métodos de trabajo comunes, en lo que respecta a las horas de servicio, los recursos económicos y humanos y unos sistemas informáticos interoperables, contando con un respaldo adecuado y oportuno de otras autoridades competentes; recuerda, en este sentido, la importancia de garantizar que todas las autoridades aduaneras y fronterizas de la Unión dispongan de competencias de investigación, así como de velar por una formación adecuada de sus operadores;

18.  Pide a las autoridades aduaneras de los Estados miembros que utilicen de forma proactiva los servicios de intercambio de datos electrónico para cooperar con los organismos encargados de hacer cumplir la ley en la detección de anomalías en la manipulación de precios del valor comercial, combatiendo así los flujos financieros ilícitos y el blanqueo de capitales ligado a la actividad comercial;

19.  Pide a la Comisión que vele por que la aplicación progresiva del código aduanero de la Unión ofrezca un valor adicional a los operadores económicos de toda la Unión, estableciendo unas condiciones de competencia equitativas en toda la Unión y garantizando al mismo tiempo que la mayor simplificación de los procedimientos aduaneros no cree lagunas adicionales en la gestión de los riesgos aduaneros y los sistemas de control que puedan suponer un obstáculo para luchar de forma eficaz contra el comercio ilícito; considera esencial armonizar la legislación europea en materia aduanera y pide a la Comisión y a los Estados miembros que realicen un control periódico de las normas europeas y de su aplicación uniforme por parte de las autoridades competentes, facilitando el comercio internacional y frenando las actividades transnacionales ilegales;

20.  Insta a la Comisión a que siga trabajando con los Estados miembros en el intercambio de mejores prácticas sobre procedimientos aduaneros e IVA, la cooperación con distintas autoridades competentes y, cuando proceda, la adaptación de las políticas aduaneras y en materia de IVA, con el fin de garantizar las sinergias, también en la búsqueda y aplicación de soluciones jurídicas y prácticas a los problemas y oportunidades relacionados con los pequeños envíos, el comercio electrónico y la simplificación;

21.  Pide a la Comisión, a la luz de lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC, en el que se prevé un organismo de facilitación del comercio, que estudie la posibilidad de transferir responsabilidades de las autoridades aduaneras del nivel nacional al nivel de la Unión para que se encarguen de ofrecer un trato armonizado en los puntos de entrada de la Unión, supervisar el funcionamiento y las actividades de las administraciones aduaneras y compilar y procesar datos aduaneros;

22.  Invita a la Comisión, además, a que mejore el desarrollo de un análisis coste-beneficio preciso sobre las implicaciones de armonizar la aplicación de las sanciones penales vigentes en los Estados miembros para luchar contra las actividades comerciales ilícitas y, en caso necesario, que presente una propuesta que contenga normas armonizadas, siempre dentro del respeto de la subsidiariedad, sobre la definición de tales delitos y sanciones en casos de delincuencia transnacional;

23.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que desarrollen y apoyen en mayor medida las posibilidades de formación común de los agentes de aduanas en los Estados miembros; resalta que la armonización del nivel de formación de dichos agentes en Europa contribuirá a una aplicación eficaz del código aduanero de la Unión;

24.  Solicita a la Comisión que mejore la cooperación con los operadores y representantes comerciales internacionales para hacer frente a todos los desafíos derivados de la aplicación del código aduanero de la Unión, incluyendo los métodos y medios de información y normativas nacionales diferentes y divergentes, y las preocupaciones de las pymes dedicadas al comercio con países terceros;

25.  Recuerda que algunas empresas fraudulentas implantadas en terceros países están utilizando el comercio electrónico para ofrecer productos falsificados a consumidores europeos, y que algunos productos pueden facturarse por debajo del nivel mínimo de precios fijado para evitar ser objeto de control por parte de las autoridades o pueden llegar aprovechando las diferencias en materia de facturación y de infracciones y sanciones aduaneras; solicita a la Comisión que siga investigando estos problemas y reflexione sobre la mejor manera de abordar los riesgos relacionados con el comercio electrónico, y que coopere estrechamente con todos los actores implicados, incluidas las empresas de transporte y mensajería, para ayudar a los Estados miembros a frenar esta práctica sin obstaculizar el crecimiento del comercio electrónico ni el comercio legítimo;

26.  Insta a la Comisión a que, conjuntamente con los Estados miembros, vele por que la Unión aplique en la mayor medida posible el acuerdo de la OMC sobre facilitación del comercio y siga promoviendo su aplicación por los demás miembros de la OMC en beneficio de los exportadores de la Unión, también contribuyendo a los esfuerzos de los países en desarrollo, con el fin de mejorar la facilitación del comercio a escala mundial;

27.  Invita a la Comisión a que refuerce la cooperación internacional para desarrollar aún más la aplicación de la estrategia y el plan de acción de la Unión para la gestión de los riesgos aduaneros de la cadena de suministro;

28.  Pide a la Comisión que refuerce su cooperación en materia aduanera con sus principales socios comerciales y sus autoridades aduaneras, y que entable un diálogo con los principales países de origen de los productos falsificados, con el fin de colaborar en la lucha contra los flujos financieros ilícitos, el blanqueo de capitales, la corrupción ligada a la actividad comercial, el fraude y la evasión fiscales, la delincuencia organizada y el terrorismo, todo lo cual socava la salud y seguridad de los consumidores y genera riesgos para la sociedad y el mercado al tiempo que daña las economías, y que siga facilitando el comercio bilateral más allá de los compromisos estrictos del acuerdo sobre facilitación del comercio; señala que esto puede lograrse con la inclusión de temas de facilitación del comercio tales como las disposiciones normalizadas sobre los métodos, la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas de los procedimientos aduaneros, y la inclusión de capítulos de lucha contra el fraude y la falsificación en todas las negociaciones de acuerdos de libre comercio, o mediante acuerdos aduaneros específicos;

29.  Pide a la Comisión que prosiga la cooperación aduanera en materia de derechos de propiedad intelectual con terceros países y zonas de libre cambio que son con más frecuencia la fuente de comercio ilícito, y que profundice en ella; considera necesario, en este sentido, fomentar tanto la cooperación administrativa entre las autoridades aduaneras a nivel internacional como el desarrollo de asociaciones con las empresas privadas, a fin de hacer frente a las infracciones aduaneras y la elusión de las obligaciones fiscales;

30.  Pide a la Comisión que refuerce la cooperación con la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y, en particular, con el Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual, con el fin de apoyar iniciativas sobre la aplicación de los derechos de propiedad intelectual, como los procedimientos de facilitación para los titulares de derechos mediante el intercambio electrónico de datos, lo que también sería beneficioso para las pymes, y que haga de la lucha contra la falsificación y el fraude una de sus prioridades ante la OMC, implicando a la OCDE y la OMA en su labor en este ámbito; subraya, por tanto, que el Reglamento actual relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual desempeña un papel importante en la lucha contra la falsificación (falsificación de marcas), la piratería (vulneración de los derechos de autor) y el contrabando de productos sensibles, así como en los ámbitos de las indicaciones geográficas, los marcados de origen y el comercio ilegal; cree que es fundamental que dicho Reglamento, junto con la Directiva relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, se aplique debidamente en la totalidad de la Unión, y que la vigilancia necesaria por parte de las autoridades aduaneras se lleve a cabo de manera que no impida que los operadores legítimos actúen de buena fe;

31.  Solicita a la Comisión que coordine mejor la defensa de la indicación geográfica en los productos agroalimentarios dentro de la propia Comisión y también con la EUIPO, pues se trata de un auténtico valor añadido en los mercados exteriores; recuerda a la Comisión la importancia de desarrollar una política igualmente ambiciosa en materia de indicaciones geográficas no agroalimentarias; recuerda que la introducción de un sistema de protección de los productos no agrícolas mediante indicaciones geográficas que sea coherente, sencillo, transparente y no oneroso desde el punto de vista administrativo y financiero representa una oportunidad para las pymes y reforzaría la posición de la Unión en las negociaciones comerciales internacionales;

32.  Toma nota de que los servicios aduaneros se enfrentan a nuevos tipos de desafíos, en relación tanto con las nuevas formas de comercio como con la seguridad y la protección de las mercancías en los procesos de importación o de tránsito internacional con destino a Europa;

33.  Observa que la eficiencia de los procedimientos aduaneros es fundamental no solo para facilitar el comercio, sino también para hacer cumplir la ley de forma efectiva y oportuna por lo que respecta a la falsificación y el contrabando de productos sujetos a impuestos especiales que entran en la Unión; considera que los servicios de aduanas se encuentran en una encrucijada entre una circulación segura de bienes que protege a los consumidores dentro de la Unión y la aplicación de las disposiciones de los acuerdos comerciales;

34.  Considera de suma importancia y necesario mejorar la calidad y la eficacia de los controles aduaneros relativos al tránsito de mercancías, en particular para las operaciones de transporte y expedición en los puertos y las fronteras; señala con pesar que, en la actualidad, existe una divergencia de hecho en cuanto a los tipos de controles dentro de la Unión, lo que favorece algunas vías de acceso, en particular portuarias, en detrimento de otras, en las que los controles realizados son más rigurosos; opina que los Estados miembros deben utilizar técnicas de control homogéneas y normalizadas para filtrar en los puertos y en las fronteras, recurriendo a estrategias de control modernas, tecnológicamente evolucionadas y basadas en la gestión de riesgos;

35.  Considera que los Estados miembros deben concentrar los controles aduaneros y, en la medida de lo posible, los otros controles en la frontera, en envíos de alto riesgo seleccionados de forma aleatoria mediante criterios comunes, en relación, por ejemplo, con la naturaleza y descripción de las mercancías, el país de origen, el país desde el que se expidieron las mercancías, el valor de las mercancías, el historial de observancia de las obligaciones normativas por parte de los comerciantes y los medios de transporte;

36.  Apoya todos los esfuerzos por promover la integridad en el comercio internacional evolucionando hacia el logro de procedimientos aduaneros totalmente electrónicos en la Unión de aquí a 2020, como se prevé en el nuevo código aduanero de la Unión, que reforzará la transparencia del control por muestreo de mercancías y contenedores;

37.  Opina que es necesaria una mejor coordinación entre la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), las autoridades aduaneras y las autoridades de vigilancia del mercado, no solo con el fin de luchar contra la falsificación, sino también para poner cortapisas al comercio de productos ilegales que infringen la legislación de la Unión en materia de propiedad intelectual;

38.  Destaca el papel de la OLAF en la investigación de la evasión de los derechos de importación (incluidos los derechos de aduana convencionales, los derechos antidumping y los derechos compensatorios) sobre todo tipo de mercancías y bienes, sobre todo al tratarse de falsas declaraciones de origen (tanto en regímenes preferenciales como no preferenciales), infravaloraciones y descripciones erróneas de los bienes; pide a la OLAF que desempeñe un papel más activo en la coordinación de las investigaciones conexas llevadas a cabo por los servicios de aduanas nacionales de los Estados miembros de la Unión y otros socios, tanto dentro como fuera de la Unión;

39.  Destaca que las operaciones aduaneras conjuntas regulares desempeñan un papel crucial a la hora de salvaguardar las finanzas públicas de la Unión mediante la identificación de los riesgos en rutas comerciales específicas, y a la hora de proteger a los ciudadanos y las empresas legítimas evitando que entren en la Unión productos ilegales; pide a la OLAF que intensifique su apoyo a las autoridades aduaneras de los Estados miembros de la Unión, así como de algunos terceros países, en la realización de más operaciones aduaneras conjuntas mediante su infraestructura técnica, las herramientas informáticas y de comunicación, el análisis estratégico y el apoyo administrativo y financiero, a fin de mejorar la eficacia de los servicios de aduanas a la hora de efectuar controles específicos a escala europea;

40.  Cree que la Comisión debe supervisar mejor, aplicando un enfoque normalizado en función del riesgo, a los países beneficiarios de un trato preferencial, en particular con el fin de comprobar la aplicación de las normas de origen y acumulación; considera, en este contexto, que la comprobación del carácter originario de los productos importados y la adecuación de los documentos de concesión de trato preferencial constituye un elemento fundamental de las estrategias de control y trazabilidad;

41.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO C 80 de 19.3.2013, p. 1.
(2) DO C 407 de 4.11.2016, p. 18.
(3) DO L 269 de 10.10.2013, p. 1.
(4) DO L 343 de 29.12.2015, p. 1.
(5) DO L 343 de 29.12.2015, p. 558.
(6) DO L 69 de 15.3.2016, p. 1.
(7) DO L 99 de 15.4.2016, p. 6.
(8) DO L 181 de 29.6.2013, p. 15.
(9) Véase el informe A8-0239/2016.
(10) DO L 83 de 27.3.2015, p. 16.
(11) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0011.

Aviso jurídico - Política de privacidad