Índice 
Textos aprobados
Jueves 16 de noviembre de 2017 - EstrasburgoEdición definitiva
Libertad de expresión en Sudán, en particular el caso de Mohamed Zin al-Abidín
 Atentados terroristas en Somalia
 Madagascar
 Acuerdo de Asociación sobre Relaciones y Cooperación UE-Nueva Zelanda (Aprobación)***
 Acuerdo de Asociación sobre Relaciones y Cooperación UE-Nueva Zelanda (Resolución)
 La Estrategia UE-África: un impulso para el desarrollo
 Actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2016
 Revisión de la aplicación de la normativa medioambiental (EIR)
 Lucha contra las desigualdades para impulsar la creación de empleo y el crecimiento

Libertad de expresión en Sudán, en particular el caso de Mohamed Zin al-Abidín
PDF 166kWORD 45k
Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de noviembre de 2017, sobre la libertad de expresión en Sudán, en particular el caso de Mohamed Zin al-Abidín (2017/2961(RSP))
P8_TA(2017)0443RC-B8-0634/2017

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre la situación en Sudán, en particular las de los días 13 de junio de 2012(1), 10 de octubre de 2013(2), 18 de diciembre de 2014(3) y 6 de octubre de 2016(4),

–  Vista su Resolución, de 16 de marzo de 2017, sobre las prioridades de la Unión para los períodos de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2017(5),

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

–  Vista la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos,

–  Visto el Acuerdo de Cotonú,

–  Vista la Ley sobre la prensa y las publicaciones de Sudán, de 2009,

–  Vista la Ley sobre la libertad de información de Sudán, de 2015,

–  Vista la Declaración de Kampala de la Conferencia panafricana sobre libertad de expresión y acceso a la información, de 26 de marzo de 2017,

–  Vista la Declaración conjunta de la Unión Europea, Noruega, Estados Unidos y Canadá sobre las detenciones políticas y la censura de la prensa en Sudán, de 7 de diciembre de 2016,

–  Vistas las Directrices de la UE relativas a la libertad de expresión en Internet y fuera de Internet,

–  Vista la declaración del experto independiente de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Sudán, Aristide Nononsi, a raíz de su misión a Sudán de los días 11 a 21 de mayo de 2017,

–  Vista la visita del comisario Stylianides a Sudán de los días 22 y 23 de octubre de 2017,

–  Vista la declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), realizada en nombre de la Unión Europea con ocasión del Día Internacional por el fin de la impunidad para los delitos contra los periodistas (2 de noviembre de 2017),

–  Visto el Índice mundial de libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras, de 2017,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que, en un artículo publicado por Mohamed Zin al-Abidín el 23 de febrero de 2012 en el periódico Al-Tayar, se criticaba la supuesta corrupción en la familia del presidente sudanés Omar al-Bashir;

B.  Considerando que el Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad sudanés (NISS, por sus siglas en inglés) presentó cargos contra Mohamed Zin al-Abidín y su redactor jefe, Osman Mirgani;

C.  Considerando que, el 23 de octubre de 2017, un tribunal sudanés condenó a Mohamed Zin al-Abidín a una pena de prisión condicional con un período de libertad vigilada de cinco años, tras haber sido acusado de violar el código de ética periodística;

D.  Considerando que el redactor jefe de Al-Tayar, Osman Mirgani, fue condenado a pagar una multa de 10 000 libras sudanesas o a cumplir una pena de prisión de seis meses por los mismos cargos y fue puesto en libertad tras el pago de la multa por la Unión de Periodistas de Sudán;

E.  Considerando que el abogado que representa tanto a Mohamed Zin al-Abidín como a Osman Mirgani ha manifestado su intención de recurrir la sentencia dictada contra ellos;

F.  Considerando que se han recibido noticias de que el NISS interroga y detiene a periodistas, y ha incoado varios procesos judiciales contra periodistas sudaneses y ha confiscado arbitrariamente tiradas enteras de periódicos como Al-Tayar, Al-Jareeda Al-Watan, Al-Youm Al-Tali, Al-Ayam y Akhir Lahza, que contenían artículos críticos con el Gobierno;

G.  Considerando que, en 2016, se dieron al menos 44 casos de publicaciones confiscadas que afectaron a 12 periódicos, incluidas cinco tiradas de Al-Jareeda en una sola semana; que, el 14 de agosto de 2016, el Consejo Nacional de Prensa y Publicaciones suspendió indefinidamente la publicación de los periódicos Elaf, Al-Mustagilla, Al-Watan y Awal Al-Nahar;

H.  Considerando que la existencia de unos medios de comunicación libres, independientes e imparciales constituye uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática;

I.  Considerando que, el 8 de enero de 2017, Sudán firmó la Declaración sobre la libertad de los medios de comunicación en el mundo árabe, convirtiéndose en su cuarto signatario después de Palestina, Túnez y Jordania; que el ministro de Medios de Comunicación señaló el compromiso del Gobierno de respetar la libertad de prensa en Sudán;

J.  Considerando que Reporteros Sin Fronteras sitúa a Sudán entre los países menos libres, asignándole el puesto 174 de 180 en su Índice mundial de libertad de Prensa de 2017, por el acoso a los medios de comunicación, la censura, la confiscación de tiradas de periódicos, el cierre de medios de comunicación, y los cortes de Internet;

K.  Considerando que el informe del experto independiente de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Sudán señaló en julio de 2017 que la censura, por parte del NISS, del periódico Al-Jareeda contravenía la Constitución nacional provisional de Sudán;

L.  Considerando que Sudán ha firmado, pero no ratificado, la versión revisada de 2005 del Acuerdo de Cotonú;

M.  Considerando que la VP/AR, Federica Mogherini, hizo una declaración el 14 de noviembre de 2017 sobre la visita del presidente sudanés Omar al-Bashir a Uganda, en la que recordó a todas las partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que debían respetar y cumplir sus obligaciones en virtud del Derecho internacional;

N.  Considerando que en Sudán siguen reprimiéndose los derechos humanos, civiles y políticos;

1.  Expresa su profunda preocupación por la condena de Mohamed Zin al-Abidín por el Tribunal de Prensa de Jartum el 23 de octubre de 2017 a una pena de prisión condicional con un período de libertad vigilada de cinco años, y pide a las autoridades sudanesas que revisen inmediatamente todos los cargos que se le imputan;

2.  Expresa su profunda preocupación por la libertad de expresión en Sudán, la censura persistente y la incautación de periódicos, así como el incremento de las restricciones a los periodistas a la hora de expresar libremente su opinión en Sudán; señala que el hecho de exigir públicamente responsabilidades por las políticas gubernamentales y la gestión de los políticos no debe dar lugar a la represión de la prensa libre; observa asimismo con preocupación las restricciones económicas a largo plazo impuestas a los periódicos de resultas de las incautaciones rutinarias y de la suspensión de su actividad;

3.  Lamenta el hecho de que han surgido numerosas noticias sobre violaciones reiteradas de la libertad de los medios de comunicación y del persistente acoso a periodistas por parte del NISS, e insta a las autoridades sudanesas a que adecuen las competencias y métodos del NISS a las normas internacionales;

4.  Considera que los medios de comunicación libres, independientes e imparciales constituyen uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática, en la que los debates abiertos desempeñan un papel decisivo; pide a la Unión que redoble sus esfuerzos por promover la libertad de expresión a través de sus instrumentos y políticas exteriores;

5.  Insta a las autoridades sudanesas a que pongan fin de inmediato a todas las formas de acoso, intimidación y ataques contra periodistas y defensores de la libertad de expresión en Internet y fuera de Internet, y a que emprendan reformas democráticas como medio para garantizar la protección y la promoción de los derechos humanos en el país, incluida la libertad de expresión, de acuerdo con las obligaciones que le incumben en virtud de la Constitución nacional provisional de Sudán y con sus compromisos internacionales, incluido el Acuerdo de Cotonú;

6.  Hace hincapié en que, de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Estado es el principal responsable de la promoción y protección de todos los derechos humanos; pide a las autoridades sudanesas que restablezcan y respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales con arreglo al Derecho internacional, incluida la libertad de expresión;

7.  Reconoce la importancia de la reciente misión del comisario Stylianides y de que este haya hecho partícipes a las autoridades sudanesas de las preocupaciones, sobradamente conocidas, de la Unión, también en relación con el respeto de las libertades fundamentales;

8.  Pide a la Unión y a sus Estados miembros que presten apoyo a las organizaciones de la sociedad civil a través de la asistencia técnica y de programas de capacitación, a fin de mejorar sus capacidades de defensa de los derechos humanos y del Estado de Derecho y permitir que contribuyan más eficazmente a la mejora de la situación de los derechos humanos en Sudán;

9.  Observa con preocupación la propuesta de Ley sobre la prensa y las publicaciones, de 2017, que incluye nuevas restricciones controvertidas a las publicaciones en línea y disposiciones relativas a unas suspensiones más prolongadas de la actividad de periódicos y periodistas; anima al Gobierno de Sudán a que modifique la Ley sobre la prensa y las publicaciones de 2009, a fin de ofrecer más protección a los periodistas y editores de periódicos;

10.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los copresidentes de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, a la Comisión de la Unión Africana, al Parlamento Panafricano y al Gobierno de Sudán.

(1) DO C 332 E de 15.11.2013, p. 49.
(2) DO C 181 de 19.5.2016, p. 87.
(3) DO C 294 de 12.8.2016, p. 28.
(4) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0379.
(5) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0089.


Atentados terroristas en Somalia
PDF 179kWORD 49k
Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de noviembre de 2017, sobre los atentados terroristas en Somalia (2017/2962(RSP))
P8_TA(2017)0444RC-B8-0600/2017

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Somalia,

–  Vista su Resolución, de 18 de mayo de 2017, sobre el campo de refugiados de Dadaab(1),

–  Vista la declaración de la vicepresidenta de la Comisión/ alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) sobre los ataques en Mogadiscio, Somalia, de 15 de octubre de 2017; y la declaración del portavoz de la vicepresidenta /alta representante, de 30 de octubre de 2017, sobre el ataque perpetrado en Somalia,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 3 de abril de 2017, sobre Somalia,

–  Vista la intervención de la Unión Europea, de 27 de septiembre de 2017, en la 36.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos sobre el diálogo interactivo con el experto independiente para Somalia,

–  Vistas las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 2372 (2017), adoptada el 30 de agosto de 2017, y 2383 (2017), adoptada el 7 de noviembre de 2017,

–  Vistos los informes del secretario general de las Naciones Unidas al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Somalia de 9 de mayo y de 5 de septiembre de 2017;

–  Vista la declaración del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 15 de octubre de 2017, sobre el atentado terrorista en Mogadiscio,

–  Vista la declaración del presidente de la Comisión de la Unión Africana, de 15 de octubre de 2017, sobre el ataque en Mogadiscio,

–  Vistas las declaraciones de la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM) en la que se condenan los ataques terroristas perpetrados los días 14 y 28 de octubre de 2017,

–  Visto el comunicado final de la Conferencia internacional sobre Somalia, celebrada en Londres el 11 de mayo de 2017,

–  Visto el comunicado conjunto Unión Europea-Unión Africana sobre la aplicación del Acuerdo de París de 1 de junio de 2017,

–  Vista la declaración de la AMISOM, de 8 de noviembre de 2017, en la que anuncia su intención de iniciar una retirada progresiva de tropas de Somalia a partir de diciembre de 2017 con vistas a una retirada total en el horizonte 2020,

–  Visto el Acuerdo de Asociación de Cotonú celebrado entre los Estados ACP y la Unión Europea,

–  Visto el mandato de la Comisión Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos en lo que se refiere al fomento y la protección de los derechos humanos y de los pueblos en el marco de la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos,

–  Vistos la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989 y su Protocolo facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados,

–  Visto el Convenio de la Organización para la Unidad Africana sobre la prevención y la lucha contra el terrorismo adoptado en 1999,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que el 14 de octubre de 2017 el centro de Mogadiscio fue sacudido por la explosión de un camión bomba de gran potencia que provocó la muerte de al menos 358 personas y 228 heridos, y que otras 56 personas siguen desaparecidas; que este ataque en el centro de Mogadiscio ha sido una de las operaciones terroristas más sangrientas registradas en el mundo en los últimos años; y que el 28 de octubre de 2017 más de 30 personas perdieron la vida con motivo de la detonación de dos bombas delante de un hotel situado en las cercanías del palacio presidencial en Mogadiscio;

B.  Considerando que, si bien ningún grupo ha reivindicado la responsabilidad de estos cobardes ataques, llevan el distintivo de Al-Shabab, que ahora parece no querer perder apoyo entre la población asociándose a unas pérdidas de vidas civiles tan importante; que los ciudadanos somalíes han denunciado repetidamente la violencia de Al-Shabab; que se han unido en respuesta a los atentados de octubre de 2017; y que millares de personas se han manifestado en Mogadiscio desafiando a Al-Shabab;

C.  Considerando que en los últimos meses se han registrado en Mogadiscio y en todo el país una serie de ataques terroristas mortales, entre los que figuran atentados con coches bomba, tiroteos indiscriminados, y ejecuciones y secuestros selectivos, lo que pone de manifiesto la continua amenaza del extremismo violento a la que se enfrenta el país;

D.  Considerando que, si bien la mayoría de los atentados se han atribuido principalmente a las acciones terroristas de Al-Shabab, es sabido que el Dáesh está presente en el país;

E.  Considerando que el presidente de Somalia, Mohamed Abdullahi Mohamed, tras su ascenso al poder en febrero de 2017, en unas elecciones consideradas como un hito que marcará el retorno progresivo de este devastado país del África Oriental a la estabilidad y la prosperidad, se ha comprometido a expulsar a Al-Shabab de Somalia;

F.  Considerando que, a la vista de la oleada de ataques durante 2017, en particular el horrendo bombardeo del 14 de octubre del mismo año, no es en modo alguno evidente que las fuerzas de seguridad somalíes, a raíz del abandono del país por la AMISOM en 2018, estén suficientemente capacitadas para luchar contra el terrorismo sin ayuda exterior;

G.  Considerando que las fuerzas de la AMISOM han sido acusadas en varias ocasiones de graves violaciones de los derechos humanos, como homicidios indiscriminados y algunos casos de explotación y abusos sexuales; y que el nuevo despliegue de tropas extranjeras en territorio somalí fuera del marco de los mandatos de la Unión Africana y de las Naciones Unidas representa un importante motivo de preocupación habida cuenta de anteriores acusaciones de violaciones de los derechos humanos por las fuerzas de la AMISOM;

H.  Considerando que, además del extremismo violento, la sequía, los conflictos entre clanes y las expulsiones forzosas se han saldado con el desplazamiento de centenares de miles de personas solamente el año pasado, muchas de ellas hacia centros urbanos controlados por el Gobierno; y que muchas de estas personas viven en asentamientos inseguros, en los que las mujeres y las niñas, en particular, son objeto de abusos y violencia sexual;

I.  Considerando que la amenaza de la hambruna sigue estando presente en Somalia; que aproximadamente 400 000 niños somalíes sufren malnutrición aguda; que 3 millones de personas viven en condiciones de crisis o de emergencia en relación con la seguridad alimentaria; que en Somalia hay, aproximadamente, 1,1 millones de personas internamente desplazadas; y que el número de refugiados somalíes en la región supera los 900 000;

J.  Considerando que 420 000 refugiados somalíes se encuentran en campamentos en Kenia, de los cuales 350 000 en el campamento de Dadaab; y que los Gobiernos de Somalia y Kenia y la ACNUR han acordado facilitar el retorno voluntario de 10 000 refugiados a Somalia a zonas que no están bajo el control de Al-Shabab; que los refugiados se enfrentan a problemas de reintegración y tienen pocas perspectivas de encontrar trabajo; y que muchos de los refugiados de Dadaab son de origen somalí, pero que nunca han vivido fuera del campamento y que, en realidad, son apátridas, lo que significa que no pueden enviarse a Somalia;

K.  Considerando que desde 2016 la Unión ha incrementado de forma progresiva su ayuda humanitaria anual en favor de Somalia, en particular en respuesta a la grave sequía que afecta al país, y que en 2017 ha destinado 120 millones de euros a favor de los socios humanitarios y liberado 100 000 euros en concepto de ayuda de emergencia para contribuir a los esfuerzos para responder rápidamente a las necesidades médicas en Mogadiscio tras el ataque del 14 de octubre de 2017; y que, en un primer momento, la Unión también movilizó dos buques de la operación naval de la Unión «Atalanta», además de realizar vuelos con ayuda de emergencia para entregar suministros médicos de emergencia a hospitales de Mogadiscio;

L.  Considerando que la Unión ha proporcionado 486 millones de euros en el marco del Fondo Europeo de Desarrollo (2014-2020), centrándose en la aplicación del «Pacto» y, concretamente, en la consolidación del Estado y de la paz, la seguridad alimentaria, la resiliencia y la educación; y que la Unión también se ha comprometido a apoyar a la AMISOM a través del Fondo de Apoyo a la Paz para África;

M.  Considerando que en diciembre de 2016 el Banco Mundial se comprometió a intensificar la lucha contra la pobreza extrema y anunció que los países desarrollados se habían comprometido a consignar un importe récord de 75 000 millones de dólares en concepto de subvenciones y préstamos en favor de la Asociación Internacional de Desarrollo (AID); y que Somalia, no obstante, no puede beneficiarse de fondos con cargo a la IDA ya que adeuda al banco y al FMI más de 300 millones de dólares estadounidenses, que no son más que una parte de un total de 5 000 millones de dólares de la enorme deuda contraída con acreedores multilaterales y bilaterales;

N.  Considerando que, si bien Al-Shabab continúa matando, deteniendo de forma arbitraria y reclutando a niños, también los recluta el ejército somalí, a pesar de que Somalia ratificó en enero de 2015 la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y aprobó en noviembre de 2015 la Declaración sobre Escuelas Seguras, lo que compromete al país a adoptar medidas concretas para proteger a los estudiantes y las instituciones educativas;

O.  Considerando que, en ausencia de un sistema judicial eficaz de carácter civil, el Gobierno somalí depende de los tribunales militares para el enjuiciamiento y la condena de civiles, lo que no garantiza los derechos de los acusados civiles; y que el Organismo Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISA, en sus siglas en inglés), que dispone de amplias competencias en materia de investigación, no tiene en la actualidad un mandato para garantizar el cumplimiento de la ley, lo que resulta en violaciones importantes de las garantías procesales de las personas detenidas por el NISA;

P.  Considerando que, según Transparencia Internacional, Somalia es el país más corrupto en el mundo por décimo año consecutivo; y que que el Gobierno somalí sigue enfrentándose a numerosos retos, como la corrupción y la falta de un apoyo amplio entre la población civil, lo que ha conducido inevitablemente a una falta de confianza en las instituciones del Estado y a un trasvase del apoyo en favor de los grupos islamistas radicales y terroristas;

1.  Expresa su más profunda solidaridad con las víctimas de los recientes ataques terroristas en Somalia y con sus familias, y lamenta profundamente la pérdida de vidas; condena enérgicamente, asimismo, a los autores de estos ataques, atribuidos al grupo insurgente de Al-Shabab;

2.  Recuerda que la estabilidad y la paz duraderas solo pueden lograrse a través de la inclusión social, el desarrollo sostenible y la buena gobernanza, sobre la base de los principios democráticos y del Estado de Derecho y el respeto pleno de la dignidad y de los derechos de los pueblos;

3.  Acoge con satisfacción la rápida respuesta de emergencia de la Comisión a raíz del atentado terrorista del 14 de octubre de 2017; pide a la Unión y a sus socios internacionales que hagan honor a sus compromisos con Somalia, en primer lugar, a través de medidas para establecer la seguridad alimentaria con miras a evitar los problemas estructurales que dan lugar a la hambruna, fomentar la seguridad y la resolución de conflictos comunitarios, mejorar la gestión de las finanzas públicas y asistir en la realización de la reforma constitucional necesaria para alcanzar la estabilidad a largo plazo;

4.  Deplora que, pese a las reiteradas advertencias de grupos humanitarios, agencias de ayuda y el Parlamento Europeo, Somalia continúe al borde de la hambruna; recuerda que la mortandad causada por la hambruna de 2011 se vio exacerbada por la inseguridad y por las acciones de los militantes extremistas de Al-Shabab para impedir las entregas de ayuda alimentaria en zonas del sur y centro de Somalia que entonces se encontraban bajo su control; pide a todas las partes que colaboren con las agencias humanitarias, respetando plenamente los principios humanitarios de permitir el pleno acceso sin restricciones hasta las personas que siguen sufriendo y están necesitadas, en particular en las zonas rurales;

5.  Acoge con satisfacción el proceso electoral organizado en febrero de 2017, que dio lugar a la elección de un nuevo presidente, y expresa su esperanza de que las elecciones fomenten la estabilidad política, animen a la adopción de las reformas necesarias y hagan avanzar el proyecto federal en estrecha coordinación y colaboración con los Estados federados; destaca la importancia de combatir la corrupción endémica en el país y de ofrecer posibilidades a la juventud para reducir el riesgo de reclutamiento por Al-Shabab;

6.  Acoge con satisfacción la decisión del Foro Nacional Somalí de Dirigentes Nacionales de fomentar la creación y el registro de partidos políticos de cara a las elecciones de 2020 y sobre la base del principio de «una persona, un voto», así como los esfuerzos destinados a reconstruir las instituciones del Estado y la adopción de nuevas e importantes leyes sobre los partidos políticos y la creación de una Comisión Nacional de Derechos Humanos independiente; destaca que deben hacerse esfuerzos para incrementar la representación de las mujeres;

7.  Subraya la importancia de la contribución hecha por la diáspora y la sociedad civil somalí al restablecimiento no solo de la gobernanza, sino también del desarrollo económico y social, y destaca la importancia de la representación y la participación de las mujeres en la adopción de decisiones; celebra, en este contexto, el incremento del número de diputadas al Parlamento somalí (hasta el 24 %) y el Gobierno, y recuerda la necesidad de hacer mayores esfuerzos para mejorar el equilibrio de género tanto en la Unión como en Somalia;

8.  Toma nota de la Declaración de Nairobi de la Autoridad Intergubernamental Extraordinaria para el Desarrollo de África Oriental (IGAD) sobre soluciones duraderas para los refugiados somalíes y la reinserción de los repatriados en Somalia; celebra el compromiso de adoptar un enfoque regional exhaustivo y, al mismo tiempo, mantener la protección y promover la autosuficiencia en los países de asilo, lo que debe acometerse con el apoyo de la comunidad internacional y en coherencia con el reparto internacional de responsabilidades según lo establecido en el Marco de respuesta integral para los refugiados (CRRF) de la Declaración de Nueva York;

9.  Pide a la Comisión que intensifique los esfuerzos de consulta con las partes interesadas de la región (en particular, las poblaciones locales, los Gobiernos regionales y las ONG) con miras a centrarse en las necesidades y los problemas constatados a escala local y a fomentar un clima propicio e incrementar la capacidad de repatriación de los refugiados;

10.  Expresa su inquietud ante el amplio mandato del NISA y su recurso a los tribunales militares para perseguir presuntos delitos relacionados con el terrorismo, con lo que ha incumplido reiteradamente las garantías procesales y ha impuesto penas de muerte sin reconocimiento de la responsabilidad;

11.  Pide al Gobierno somalí y a la Unión que, en el contexto de sus actividades en relación con el Estado de Derecho en Somalia, velen por que el NISA se regule con mecanismos de supervisión eficaces y que refuercen los conocimientos técnicos del Departamento de Investigación Criminal de Somalia (CID) de manera que pueda para llevar a cabo investigaciones rigurosas y eficaces respetando los derechos de los ciudadanos;

12.  Acoge con satisfacción, en particular, el acuerdo político alcanzado por los dirigentes somalíes el 16 de abril de 2017 de integrar las fuerzas regionales y nacionales en una Arquitectura Nacional de Seguridad coherente y capaz de asumir gradualmente la responsabilidad principal de la seguridad, y el rápido establecimiento del Consejo Nacional de Seguridad y la Oficina Nacional de Seguridad;

13.  Reconoce la función de AMISOM de velar por la seguridad y la estabilidad, permitiendo que Somalia establezca instituciones políticas y extienda la autoridad del Estado, en anticipación de la transferencia de la responsabilidad de la seguridad a las instituciones y las fuerzas somalíes; acoge con satisfacción la investigación por la Unión Africana sobre los actos de violencia sexual cometidos presuntamente por tropas de la ANISOM; pide la plena aplicación de las recomendaciones expresadas en los informes del secretario general de las Naciones Unidas sobre Somalia y, de acuerdo con la Resolución 2272 (2016) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, insta a la UA y a los países que aportan tropas a que garanticen que dichas acusaciones sean investigadas en las debidas condiciones y exhaustivamente y que los responsables de tales actos sean llevados ante la justicia; subraya la importancia de la posibilidad de ampliar el mandato de la AMISOM más allá de mayo de 2018, y advierte de que el traspaso prematuro de las responsabilidades a las tropas somalíes podría ser perjudicial para la estabilidad a largo plazo;

14.  Subraya la necesidad de combatir la impunidad y garantizar la rendición de cuentas por los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra cometidos en Somalia; toma nota de la oferta del presidente somalí de conceder la amnistía por determinados crímenes a quienes renuncien al terrorismo y a la violencia y deseen abandonar Al-Shabab y otros grupos terroristas, y anima a que se desarrolle la legislación sobre la amnistía;

15.  Deplora el reclutamiento de niños soldado por militantes de Al-Shabab y la utilización de niños por las fuerzas de seguridad como soldados y como informantes, en particular el uso de niños soldado capturados o desertores; recuerda que el Gobierno de Somalia se ha comprometido a rehabilitar a antiguos niños soldado y poner a la disposición de la justicia a los responsables de su reclutamiento; pide a todos los donantes internacionales, en particular a la Unión, que den prioridad a la prestación de servicios de rehabilitación, educación y escolarización segura como elemento clave para romper el ciclo letal de la violencia; insta a las autoridades a que traten a los niños de los que se sospecha que tienen lazos con Al-Shabab ante todo como víctimas y a que tengan en cuenta el interés superior del niño, siguiendo las normas internacionales de protección como principios rectores;

16.  Expresa su seria inquietud ante la posibilidad de que los recursos naturales, en particular el carbón vegetal, sigan representando una importante fuente de financiación para los terroristas y una de las causas de un grave deterioro medioambiental en Somalia; pide a la Comisión que examine el modo de ampliar los sistemas de trazabilidad y diligencia debida para que comprendan todos los recursos naturales utilizados para alimentar las actividades terroristas y la violencia; pide, en este contexto, a todas las partes que velen por el cumplimiento de la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por la que se prohíbe la exportación de carbón vegetal somalí;

17.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a la Unión Africana, al presidente, al primer ministro y al Parlamento de Somalia, al secretario general de las Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0229.


Madagascar
PDF 176kWORD 48k
Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de noviembre de 2017, sobre Madagascar (2017/2963(RSP))
P8_TA(2017)0445RC-B8-0641/2017

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Madagascar, en particular, las de 7 de mayo de 2009(1), 11 de febrero de 2010(2) y 9 de junio de 2011(3), y la misión de investigación a Madagascar de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, realizada los días 10 y 11 de julio de 2010,

–  Vista la información proporcionada por la OMS el 2 de noviembre de 2017 sobre el reciente brote de peste,

–  Vistas las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 22 de agosto de 2017, sobre el cuarto informe periódico de Madagascar,

–  Vista la declaración del relator especial de las Naciones Unidas, John H. Knox, de octubre de 2016, sobre la finalización de su misión a Madagascar,

–  Vista la cumbre extraordinaria de la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (SADC) sobre Madagascar, celebrada el 20 de mayo de 2011, y la hoja de ruta propuesta por el equipo de mediación de la SADC tras el levantamiento de las sanciones impuestas a Madagascar por parte de la Unión Europea, la Unión Africana y la SADC,

–  Visto el informe del relator especial, de 26 de abril de 2017, sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, en relación con su visita a Madagascar,

–  Vistos los artículos 8 y 9 del Acuerdo de Cotonú revisado,

–  Vista la Constitución de Madagascar,

–  Vistas las Directrices de la UE sobre defensores de los derechos humanos y las Directrices de la UE sobre derechos humanos relativas a la libertad de expresión en Internet y fuera de Internet,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), firmado por Madagascar en 1969 y ratificado en 1971,

–  Vista la Carta Africana de la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza,

–  Vista la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos,

–  Visto el 120.º período de sesiones del Comité de Derechos Humanos, que tuvo lugar en Ginebra los días 10 y 11 de julio de 2017, en el que se examinó el cuarto informe periódico de Madagascar relativo a su aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que, tras un período de cinco años de inestabilidad política durante el cual los donantes suspendieron los programas de ayuda al desarrollo, se celebraron en Madagascar unas elecciones parlamentarias creíbles y democráticas en octubre de 2013, y elecciones presidenciales en diciembre de 2013, que llevaron a la elección de Hery Rajaonarimampianina como presidente; que la situación política sigue siendo inestable, pese a que el restablecimiento de las relaciones con los países donantes ha puesto fin a todas las restricciones a la cooperación con el nuevo Gobierno;

B.  Considerando que se ha elaborado un nuevo código de las comunicaciones, que ha sido ampliamente criticado por los periodistas malgaches, ya que hace referencia a la aplicación del Código Penal en relación con los delitos de prensa, lo que puede dar lugar a la criminalización de la profesión; que la situación se ha calmado, si bien no parece que se esté avanzando en la dirección correcta;

C.  Considerando que, en principio, está previsto que se celebren elecciones presidenciales el próximo año, si bien todavía no se ha fijado una fecha definitiva; que el presidente de Madagascar se ha declarado a favor de una reforma constitucional que le permita permanecer en el poder durante el período electoral y ha mostrado su voluntad de distorsionar las propuestas de modificación de la ley electoral presentadas por la comisión nacional electoral independiente, los expertos, la sociedad civil y la oposición; que estas declaraciones han sido refutadas por sus opositores políticos y por sectores de la sociedad civil, quienes temen que se trate de un intento de retrasar las elecciones y permanecer en el cargo una vez finalizado su mandato constitucional; que es probable que esta situación aumente la tensión en un contexto político ya frágil;

D.  Considerando que el director regional de Amnistía Internacional para África Austral declaró, el 10 de julio de 2017, que la situación de los derechos humanos en Madagascar se está deteriorando drásticamente como consecuencia de la flagrante desconsideración hacia el Estado de Derecho; que más del 50 % de los presos se encuentran detenidos en prisión preventiva sin juicio, y que se están produciendo violaciones como ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por la policía y el encarcelamiento de defensores de los derechos humanos debidas a la falta de un acceso libre y equitativo a la justicia;

E.  Considerando que Amnistía Internacional también dispone de informes documentados sobre miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad que han tratado de vengarse a raíz de incidentes de justicia popular; que, en febrero de 2017, algunos agentes de policía presuntamente incendiaron cinco aldeas en Antsakabary después de que dos de sus compañeros fueran asesinados supuestamente por habitantes de esas aldeas, y que una anciana falleció a causa de las quemaduras que sufrió durante el ataque al no poder escapar; que la policía, pese a estar implicada en esos ataques, los está ahora investigando;

F.  Considerando que los periodistas y los defensores de los derechos humanos son objeto de intimidación y acoso por parte de las autoridades, que tratan de silenciarles y obstaculizar su labor de investigación y defensa de los derechos humanos; que, desde las elecciones de 2013, muchos medios de comunicación han sido clausurados y censurados sobre la base del «respeto del Estado de Derecho» y el necesario «saneamiento del panorama audiovisual» promovidos por el Ministerio de Comunicaciones;

G.  Considerando que, en 2013, la Conferencia de las Partes de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) aprobó un plan de acción para Madagascar, que exigía que el país redoblase sus esfuerzos de aplicación y prohibiese la exportación de las reservas de madera; que, desde entonces, la Secretaría de la CITES y el Comité Permanente de la CITES han indicado en repetidas ocasiones que Madagascar no ha cumplido las exigencias del plan de acción; que, de acuerdo con la Secretaría de la CITES, predomina una impunidad generalizada con respecto a la tala ilegal y a las infracciones de la legislación medioambiental; que, por otra parte, las personas que se oponen a la tala ilegal han sido condenadas por los tribunales, sobre los que planea un grave riesgo de corrupción;

H.  Considerando que Madagascar es uno de los lugares más insólitos de la Tierra desde el punto de vista medioambiental y, a la vez, el país sin conflictos más pobre del mundo, donde el 92 % de sus habitantes sobreviven con menos de dos dólares norteamericanos al día, y que está situado en el puesto 154 entre los 188 países incluidos en el índice de desarrollo humano;

I.  Considerando que el tráfico ilícito de madera y especies animales plantea una grave amenaza para el medio ambiente y la biodiversidad de Madagascar, así como para los derechos medioambientales de sus habitantes; que el impacto medioambiental y la falta de transparencia en la gestión de las industrias extractivas perjudica, a menudo, a las comunidades locales y su desarrollo sostenible; que las redes de traficantes tienen supuestos vínculos con la delincuencia organizada, lo que constituye una amenaza para la gobernanza democrática del país; que, según el relator especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente, la tala ilegal y el tráfico de maderas preciosas y las concesiones mineras están estrechamente ligadas a la violencia contra la población local;

J.  Considerando que el activista medioambiental Clovis Razafimalala, quien ha denunciado el tráfico ilícito y la explotación de palo de rosa y de otras maderas, permanece detenido desde el 16 de septiembre de 2016 bajo cargos infundados de rebelión, destrucción de documentos públicos y bienes, e incendio provocado, pese a una flagrante carencia de pruebas; que el defensor de los derechos humanos y medioambientales Raleva fue detenido el 27 de septiembre de 2017 por «utilización de un título falso» cuando ponía en cuestión las operaciones de una compañía de extracción de oro, después de que la extracción hubiese sido prohibida a cause de la degradación medioambiental; que Raleva fue sentenciado a dos años de suspensión el 26 de octubre de 2017; que Augustin Sarovy, director de una ONG que lucha contra el tráfico de palo de rosa, fue obligado a huir a Europa tras recibir amenazas de muerte;

K.  Considerando que Fernand Cello, un director de radio conocido por sus investigaciones sobre temas sensibles como la extracción ilícita de zafiro, fue procesado el 6 de mayo de 2017 por «falsificación y uso de falsificaciones»; que Reporteros sin Fronteras denunció el trato severo dispensado al director de Radio Jupiter por parte de las autoridades regionales, basado en acusaciones falsas realizadas por personas que habían estado involucradas en sus investigaciones;

L.  Considerando que la detención de Claudine Razaimamonjy a iniciativa del Bureau Indépendant Anti-corruption (Oficina independiente contra la corrupción - Bianco, por sus siglas en francés) por apropiación indebida de fondos públicos en varios municipios se convirtió en un asunto de estado, ya que se trata de una aliada cercana y consejera del jefe del Estado, Hery Rajaonarimampianina; que, con anterioridad a su detención, la gendarmería solicitó la comparecencia de Jacqueline Raharimanantsoa Saholiniaina, Sylvie Randriantsara Linah y Claudine Razaimamonjy al objeto de ser interrogadas; que resultó que esas tres mujeres son, de hecho, una sola persona, Claudine Razaimamonjy, quien nunca ha respondido a las solicitudes de comparecencia para ser interrogada;

M.  Considerando que el «asunto Claudine» provocó un conflicto abierto entre el Gobierno y el poder judicial, en el que el ministro de Justicia tuvo que pedir personal y públicamente la liberación de Claudine Razaimamonjy a fin de evitar que se prorrogase su situación de prisión preventiva; que la unión de magistrados declaró que estaba ofendida por la posición adoptada y por la participación directa del Gobierno en el caso, alegando la separación de poderes y resaltando que este asunto no tiene ninguna vinculación política; que este año los magistrados se han declarado en huelga en tres ocasiones para condenar las reiteradas intimidaciones e interferencias del Gobierno en sus actividades y reafirmar su independencia;

N.  Considerando que, desde los años ochenta, Madagascar viene siendo víctima de pestes endémicas cada año, pero que el último brote, que surgió en agosto de 2017, ha sido especialmente virulento y ha afectado a las principales ciudades y zonas no endémicas; que se han registrado más de 1 800 casos y 127 fallecimientos; que, según la OMS, la naturaleza insólita y la rápida propagación de este año se deben a un deterioro del sistema sanitario, vinculado a la crisis sociopolítica que ha golpeado al país en los últimos tiempos; que la OMS estima que el riesgo de una posible propagación del brote de peste a nivel nacional sigue siendo elevado;

O.  Considerando que el predominio del derecho consuetudinario en el país ha favorecido las prácticas tradicionales dañinas, como los matrimonios acordados, forzados y a edad temprana; que las mujeres y las niñas siguen siendo víctimas de violencia sexual o física de otro tipo, mientras que los porcentajes de denuncias son bajos y los procedimientos penales muy poco frecuentes; que el aborto sigue estando prohibido en el país por una ley que data de 1920; que unas diez mujeres fallecen cada día al dar a luz; que la prohibición del aborto puede provocar interrupciones del embarazo clandestinas y peligrosas realizadas por personas que carecen de cualificación médica;

1.  Celebra el restablecimiento del Estado de Derecho mediante las elecciones de octubre y diciembre de 2013; recuerda a las autoridades de Madagascar y, ante todo, a su presidente, su responsabilidad a la hora de respetar y proteger los derechos de los ciudadanos en todo el país, incluida la prevención de todos los abusos y los delitos, y de ejercer su mandato de gobierno respetando de manera estricta del Estado de Derecho; les insta a que adopten todas las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de las libertades fundamentales por parte de los ciudadanos, incluida la libertad de expresión;

2.  Espera que las próximas elecciones se desarrollen en un clima pacífico y sereno, de modo que sean democráticas y transparentes; insiste en que han de preservarse el orden constitucional y la estabilidad política, y que únicamente el diálogo y la búsqueda de un consenso entre todos los actores políticos pueden garantizar unas elecciones oportunas y creíbles en 2018; pide a la comunidad internacional que adopte todas las medidas necesarias para asegurar un proceso electoral justo y libre en las elecciones presidenciales de 2018;

3.  Manifiesta su preocupación por la preponderancia de la justicia popular y la implicación de agentes de policía en casos de asesinatos extrajudiciales; pide una investigación independiente e imparcial sobre el incendio de cinco aldeas en Antsakabary, que garantice la seguridad de las víctimas ante cualquier ataque de represalia, en caso de que deban aportar pruebas al efecto; pide a las autoridades malgaches que lleven a cabo de manera sistemática investigaciones imparciales sobre las ejecuciones extrajudiciales, que procesen a sus autores, y que velen por que las familias de las víctimas reciban una compensación adecuada;

4.  Pide a las autoridades malgaches que respeten sus obligaciones en virtud de la CITES, también mediante el fortalecimiento decidido de la aplicación eficaz de las leyes contra la tala ilegal y el tráfico;

5.  Acoge con satisfacción la revisión en curso del código minero y pide al Gobierno que vele por que el nuevo código se ajuste a los requisitos internacionales, como la evaluación previa y la consulta con la mayoría de las personas afectadas, el acceso a vías de recurso y la minimización de los daños causados al medio ambiente; pide al Gobierno que examine los permisos de extracción minera expedidos por el Gobierno de transición y que suspenda aquellos que no se ajusten al decreto MECIE;

6.  Denuncia la detención arbitraria de periodistas y defensores de los derechos humanos y del medio ambiente sobre la base de acusaciones falsas; pide que se ponga fin definitivamente a las prácticas de acoso e intimidación contra ellos, desaprueba las medidas adoptadas contra los medios de comunicación antes de las últimas elecciones, y pide el pleno restablecimiento de todas las libertades individuales y colectivas; pide al Gobierno malgache que derogue los elementos restrictivos del código de las comunicaciones;

7.  Pide al Gobierno de Madagascar que deje que la justicia siga su curso normal e independiente en el «asunto Claudine» y en todos los casos de corrupción activa y pasiva; reitera que la política no debe interferir en la labor del poder judicial, y ha de permitir que el Bianco lleve a cabo libremente sus investigaciones sobre corrupción; insiste en el estricto respeto del principio de la separación de poderes y hace hincapié en que debe garantizarse la independencia e imparcialidad del poder judicial en todas las circunstancias; solicita a las autoridades de Madagascar que redoblen sus esfuerzos para combatir la corrupción y la impunidad en el país y que velen por que todos los casos de corrupción sean llevados ante la justicia;

8.  Manifiesta su preocupación por el incremento de las actividades de predicadores extranjeros, que obligan a sus discípulos a convertirse a una forma extremista del islam;

9.  Subraya que la Unión y sus Estados miembros deben invertir en el suministro de apoyo y protección a los defensores de los derechos humanos, como actores clave en el desarrollo sostenible, también mediante subvenciones urgentes con arreglo al fondo de emergencia del Instrumento Europeo para la democracia y los derechos humanos (IEDDH) para los defensores de derechos humanos en situación de riesgo;

10.  Insta a las empresas transnacionales a que respeten los derechos humanos y el principio de diligencia debida, como se establece en los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos;

11.  Pide a la Unión que se esfuerce por garantizar que los preparativos para las próximas elecciones presidenciales sean inclusivos, transparentes y aceptados por todos, también mediante un paquete de dos años de apoyo a los procesos electorales;

12.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a la Comisión, al Consejo, al Consejo de Ministros ACP-UE, al Gobierno de Madagascar, al secretario general de las Naciones Unidas, a la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional y a la Comisión de la Unión Africana.

(1) DO C 212 E de 5.8.2010, p. 111.
(2) DO C 341 E de 16.12.2010, p. 72.
(3) DO C 380 E de 11.12.2012, p. 129.


Acuerdo de Asociación sobre Relaciones y Cooperación UE-Nueva Zelanda (Aprobación)***
PDF 236kWORD 43k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 16 de noviembre de 2017, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión, del Acuerdo de Asociación sobre Relaciones y Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Nueva Zelanda, por otra (15470/2016 – C8-0027/2017 – 2016/0366(NLE))
P8_TA(2017)0446A8-0327/2017

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo (15470/2016),

–  Visto el proyecto de Acuerdo de Asociación sobre Relaciones y Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Nueva Zelanda, por otra (09787/2016),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 37 del Tratado de la Unión Europea y con el artículo 207, el artículo 212, apartado 1, el artículo 218, apartado 6, letra a), y el artículo 218, apartado 8, párrafo segundo del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0027/2017),

–  Vista su Resolución no legislativa, de 16 de noviembre de 2017 sobre el proyecto de Decisión(1),

–  Vistos el artículo 99, apartados 1 y 4, así como el artículo 108, apartado 7, de su Reglamento interno,

–  Vista la recomendación de la Comisión de Asuntos Exteriores (A8-0327/2017),

1.  Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo;

2.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de Nueva Zelanda.

(1) Textos Aprobados P8_TA(2017)0447.


Acuerdo de Asociación sobre Relaciones y Cooperación UE-Nueva Zelanda (Resolución)
PDF 262kWORD 48k
Resolución no legislativa del Parlamento Europeo, de 16 de noviembre de 2017, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión, del Acuerdo de Asociación sobre Relaciones y Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Nueva Zelanda, por otra (15470/2016 – C8-0027/2017 – 2016/0366(NLE)2017/2050(INI))
P8_TA(2017)0447A8-0333/2017

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo (15470/2016),

–  Visto el proyecto de Acuerdo de Asociación sobre Relaciones y Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Nueva Zelanda, por otra(1) (09787/2016),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 37 del Tratado de la Unión Europea y con el artículo 207, el artículo 212, apartado 1, el artículo 218, apartado 6, letra a), y el artículo 218, apartado 8, párrafo segundo del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0027/2017),

–  Vista la Declaración Conjunta sobre Relaciones y Cooperación entre la Unión Europea y Nueva Zelanda(2), aprobada en Lisboa en 2007,

–  Vista su Resolución relativa a Nueva Zelanda, de 25 de febrero de 2016, sobre la apertura de las negociaciones sobre los acuerdos de libre comercio con Australia y Nueva Zelanda(3),

–  Visto el Acuerdo entre la Unión Europea y Nueva Zelanda por el que se crea un marco para la participación de Nueva Zelanda en las operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea(4), firmado en 2012,

–  Visto el Acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y el Gobierno de Nueva Zelanda(5), que entró en vigor en 2009,

–  Vista la 21.ª reunión interparlamentaria UE-Nueva Zelanda, celebrada en Bruselas el 23 de marzo de 2017,

–  Vista su Resolución legislativa, de 16 de noviembre de 2017, sobre el proyecto de Decisión(6),

–  Visto el artículo 99, apartado 2, de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A8-0333/2017),

A.  Considerando que una estrecha e histórica asociación une a Nueva Zelanda con la Unión Europea y sus Estados miembros;

B.  Considerando que la Unión Europea comparte valores y principios comunes con Nueva Zelanda, en particular el respeto por los principios democráticos, los derechos humanos, las libertades fundamentales, el Estado de Derecho, incluido el Derecho internacional, y la paz y la seguridad;

C.  Considerando que la Unión Europea sigue siendo el tercer socio comercial de Nueva Zelanda y que ambas partes tienen una amplia gama de intereses económicos y comerciales;

D.  Considerando que el primer embajador residente de la Unión en Nueva Zelanda asumió su cargo en septiembre de 2016, señalando así la plena transición hacia una delegación autónoma de la Unión Europea en Nueva Zelanda;

E.  Considerando que Nueva Zelanda mantiene buenas relaciones con algunos de los socios más estrechos de la Unión, en particular con Australia y los Estados Unidos; que, a este respecto, cabe destacar la Declaración de Wellington de 2010 por la que se establece un marco estratégico de asociación entre Nueva Zelanda y los Estados Unidos, así como el Acuerdo sobre Relaciones Económicas más Estrechas, firmado con Australia en 1983;

F.  Considerando que Nueva Zelanda, miembro del Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la OCDE, es un valioso socio en materia de desarrollo y un proveedor de ayuda fundamental en lo que respecta a la ayuda oficial al desarrollo (AOD) como porcentaje de la RNB, contribuyendo de este modo al desarrollo sostenible y a la reducción de la pobreza en los países en desarrollo en pro de un planeta más justo, más seguro y más próspero;

G.  Considerando que Nueva Zelanda pertenece a la alianza de servicios de inteligencia denominada «Five Eyes» (Cinco Ojos) junto con los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y Australia; que otros Estados miembros de la Unión (Bélgica, Dinamarca, Alemania, España, Francia, Italia, los Países Bajos y Suecia) forman parte de un acuerdo más laxo denominado «Fourteen Eyes» (Catorce Ojos);

H.  Considerando que Nueva Zelanda tiene un interés especial en reforzar sus relaciones en la región de Asia y el Pacífico, en particular con China, el Sudeste Asiático y Japón, y contribuye a la estabilidad regional del Sudeste Asiático y del Pacífico Sudoccidental;

I.  Considerando que una región de Asia y el Pacífico integrada en la que Nueva Zelanda desempeñe un papel fundamental contribuye a un sistema global basado en valores y normas y, por lo tanto, a la seguridad de la propia Unión;

J.  Considerando que Nueva Zelanda es miembro fundador del Foro de las Islas del Pacífico y mantiene una asociación estratégica con la ASEAN;

K.  Considerando que Nueva Zelanda ha celebrado acuerdos bilaterales de libre comercio con Australia, Singapur, Tailandia, China, Hong Kong, Taiwán, Malasia y Corea del Sur, así como los acuerdos comerciales multilaterales del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica con Singapur, Chile y Brunéi, el Acuerdo de Libre Comercio ASEAN-Australia-Nueva Zelanda y el Acuerdo de Libre Comercio entre Nueva Zelanda y el Consejo de Cooperación del Golfo; que China y Nueva Zelanda desean reforzar sus acuerdos comerciales;

L.  Considerando que Nueva Zelanda también es parte en el Acuerdo de Asociación Transpacífico, que ha ratificado, y que participa activamente en las negociaciones para la celebración de una asociación económica integral regional;

M.  Considerando que Nueva Zelanda fue miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) durante un periodo de dos años, de 2015 a 2016, en el que ostentó la Presidencia del CSNU en dos ocasiones demostrando firmeza en su visión y capacidad de liderazgo;

N.  Considerando que Nueva Zelanda es miembro desde hace años de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco Mundial y del Banco Asiático de Desarrollo, y es miembro del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras (BAII), recientemente creado con sede en Shanghái;

O.  Considerando que Nueva Zelanda ha contribuido a operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, en particular en Bosnia, Kosovo, Sierra Leona y Afganistán; que en Afganistán dirigió un equipo de reconstrucción en la provincia de Bamiyán, así como misiones de formación para ayudar a la mejora del Ejército nacional afgano, y contribuyó, además, a la misión EUPOL hasta 2012 proporcionando asistencia para la restauración del orden público;

P.  Considerando que, en el marco de la lucha contra el EI/Dáesh, Nueva Zelanda lleva a cabo desde 2015 una misión militar no ejecutiva en Irak al objeto de formar el personal de las fuerzas de seguridad iraquíes;

Q.  Considerando que Nueva Zelanda fue el primer país de mundo en adoptar el sufragio universal en 1893;

R.  Considerando que Nueva Zelanda es un país defensor de la producción ecológica, en particular de alimentos, y ha estado promoviendo acuerdos globales a nivel mundial sobre el cambio climático en el contexto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la aplicación del Acuerdo de París de la CP 21 y una acción eficaz de mitigación por parte de todos los países desarrollados y los principales países emisores en vías de desarrollo, siendo también pionero en la creación de un régimen nacional de comercio de derechos de emisión;

S.  Considerando que Nueva Zelanda y la Unión Europea colaboran en la promoción del desarrollo sostenible, la resiliencia y la mitigación para afrontar los efectos del cambio climático sobre la región de Asia y el Pacífico, en particular mediante el fomento del uso sistemático de energías renovables;

T.  Considerando que la Unión Europea y Nueva Zelanda trabajan juntos a favor de la promoción del desarrollo sostenible y la mitigación de las repercusiones del cambio climático en la región del Pacífico, con especial énfasis en el papel que desempeñan las fuentes de energía renovables;

U.  Considerando que Nueva Zelanda contribuye al Fondo internacional para Irlanda, una organización que trabaja en pro tanto del fomento del progreso económico y social como del impulso y el amparo del diálogo y la reconciliación a nivel comunitario;

1.  Se congratula por la celebración del Acuerdo de Asociación sobre Relaciones y Cooperación, que proporcionará un marco político con visión de futuro en el que las relaciones entre la Unión y Nueva Zelanda y su cooperación en materia de desarrollo sostenible y de una amplia gama de cuestiones avanzarán aún más en los próximos años con miras a responder a nuevas ambiciones y aspiraciones;

2.  Apoya el inicio de las negociaciones sobre el acuerdo de libre comercio UE-Nueva Zelanda, que deben llevarse a cabo con un espíritu de reciprocidad y de beneficio mutuo, sin olvidar el carácter delicado de determinados productos, en particular agrícolas; subraya la importancia de fortalecer el diálogo político y de mejorar la cooperación en materia de crecimiento económico, creación de empleo, comercio e inversión;

3.  Valora positivamente el gesto del primer ministro Bill English de destacar y confirmar el compromiso con las relaciones especiales con Europa al realizar su primera visita oficial al extranjero a la Unión Europea, el Parlamento Europeo, Londres y Berlín en enero de 2017, apenas un mes después de su nombramiento;

4.  Es consciente de las sólidas e históricas relaciones bilaterales entre Nueva Zelanda y los Estados miembros, incluidos los vínculos culturales, económicos y personales;

5.  Subraya la cooperación de la Unión Europea con Nueva Zelanda en materia de paz, seguridad, estabilidad regional en la región de Asia y el Pacífico, agricultura, desarrollo sostenible, pesca y asuntos marítimos, transporte, ayuda humanitaria, medidas sanitarias, energía, medio ambiente y cambio climático;

6.  Destaca la cooperación de la Unión Europea con Nueva Zelanda en el fortalecimiento de la gobernanza medioambiental y de los océanos, necesaria para conseguir la conservación y el uso sostenible de los recursos;

7.  Toma nota de la hoja de ruta de la cooperación científica y técnica entre la Unión y Nueva Zelanda en materia de investigación e innovación; anima a que se lleven a cabo más inversiones y se ofrezcan nuevas posibilidades en materia de cooperación científica, académica y técnica;

8.  Acoge con satisfacción los artículos del Acuerdo de Asociación sobre Relaciones y Cooperación relativos a la cooperación en la lucha contra el terrorismo, en particular los compromisos de intercambiar tanto información sobre grupos y redes terroristas como puntos de vista sobre la manera de prevenir, contrarrestar y combatir el terrorismo y su propaganda y radicalización, así como la delincuencia informática, a la vez que se vela por la protección de los derechos humanos y se respeta el Estado de Derecho;

9.  Destaca la participación de Nueva Zelanda en las operaciones de gestión de crisis de la Unión en favor de la paz y seguridad internacionales y su contribución a la operación Atalanta de EUNAVFOR Somalia contra la piratería en las costas del Cuerno de África, a EUPOL AFGANISTÁN y a EUFOR ALTHEA en Bosnia y Herzegovina;

10.  Elogia el compromiso permanente de Nueva Zelanda en la coalición internacional contra el terrorismo; recuerda que Nueva Zelanda puede desempeñar un papel importante en la lucha contra el terrorismo internacional en la región de Asia y el Pacífico; se complace de que el país ya esté brindando apoyo a los gobiernos y a las ONG de los países del Sudeste Asiático contra el extremismo violento y la radicalización;

11.  Es consciente del papel desempeñado por Nueva Zelanda al copatrocinar las resoluciones del CSNU sobre Siria y el proceso de paz en Oriente Próximo a finales de 2016 cuando el país era miembro del CSNU;

12.  Celebra el compromiso permanente de Nueva Zelanda con la Corte Penal Internacional y alaba su labor a favor del impulso y la eficacia de esta como medio para el fortalecimiento de la paz y la justicia internacional, así como su contribución constructiva a este respecto;

13.  Celebra la ratificación por parte de Nueva Zelanda del Acuerdo sobre el cambio climático de la CP 21 y toma nota favorablemente de que más del 80 % de su electricidad procede de fuentes de energía renovables;

14.  Toma nota de la asociación en materia de energía en el Pacífico entre la Unión y Nueva Zelanda; pide a ambas partes que intensifiquen la cooperación en materia de energía sostenible, en consonancia con la iniciativa de las Naciones Unidas titulada «Energía Sostenible para Todos»;

15.  Es consciente de la contribución de Nueva Zelanda a la protección, la conservación y el uso sostenible de los recursos marinos y a la investigación marina;

16.  Considera que Nueva Zelanda es un importante socio en lo que respecta a la cooperación y protección medioambiental en la región del Pacífico y la Antártida;

17.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como al Servicio Europeo de Acción Exterior, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de Nueva Zelanda.

(1) DO L 321 de 29.11.2016, p. 3.
(2) DO C 32 de 6.2.2008, p. 1.
(3) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0064.
(4) DO L 160 de 21.6.2012, p. 2.
(5) DO L 171 de 1.7.2009, p. 28.
(6) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0446.


La Estrategia UE-África: un impulso para el desarrollo
PDF 218kWORD 60k
Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de noviembre de 2017, sobre la Estrategia UE-África: un impulso para el desarrollo (2017/2083(INI))
P8_TA(2017)0448A8-0334/2017

El Parlamento Europeo,

–  Vistos el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y el artículo 208 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Vista la «Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea – Una visión común, una actuación conjunta: una Europa más fuerte», que fue presentada al Consejo Europeo en su reunión de los días 28 y 29 de junio de 2016,

–  Vista la declaración conjunta del Parlamento, del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo y de la Comisión, de 7 de junio de 2017, sobre el Nuevo Consenso Europeo en materia de Desarrollo: «Nuestro mundo, nuestra dignidad, nuestro futuro»,

–  Vistos la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible, así como el documento final aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015 titulado «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible» y los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible (ODS),

–  Vistos los Principios para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios que se elaboraron en el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (los Principios del CSA) con el fin de contribuir a la consecución de los ODS uno y dos,

–  Vista la Agenda de Acción de Adís Abeba sobre la Financiación para el Desarrollo de 2015,

–  Visto el Acuerdo de París sobre el cambio climático de 2015,

–  Vista la Cumbre Africana de la Acción, celebrada el 16 de noviembre de 2016, en la que se consagró la dimensión africana de la COP22,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de febrero de 2016, sobre el Plan de acción de la UE contra el tráfico de especies silvestres (COM(2016)0087),

–  Vistos el Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000(1) («Acuerdo de Cotonú»), y sus revisiones de 2005 y 2010,

–  Vista la Asociación Estratégica UE-África, aprobada por los jefes de Estado y de Gobierno de África y la Unión Europea en la Cumbre de Lisboa, el 9 de diciembre de 2007, así como los dos planes de acción aprobados en Acra, en octubre de 2007, para el período 2008-2010, y en Trípoli, en noviembre de 2010, para el período 2011-2013,

–  Vistas las Conclusiones de la cuarta Cumbre UE-África, celebrada en Bruselas los días 2 y 3 de abril de 2014, así como la hoja de ruta que define el formato de las reuniones (formato de El Cairo) y los ejes de cooperación entre los dos continentes para el período 2014-2017, y la declaración UE-África sobre migración y movilidad,

–  Vista la Agenda 2063 de la Unión Africana (UA), aprobada en mayo de 2014,

–  Visto el Informe sobre las propuestas de recomendación relativas a la reforma institucional de la Unión Africana, elaborado por Paul Kagamé y titulado «L'impératif de renforcer notre Unión» (El imperativo de reforzar nuestra Unión),

–  Vista la declaración del tercer Foro Intercontinental de la Sociedad Civil, celebrado en Túnez del 11 al 13 de julio de 2017, que aboga por una mayor participación de las organizaciones de la sociedad civil y por que las personas ocupen un lugar central en la Estrategia UE-África,

–  Vista la Comunicación conjunta de la Comisión y de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 7 de junio de 2017, titulada «Un planteamiento estratégico de la resiliencia en la acción exterior de la UE» (JOIN(2017)0021),

–  Visto el Reglamento (UE) 2017/1601 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de septiembre de 2017, por el que se establece el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible (FEDS), la Garantía del FEDS y el Fondo de Garantía del FEDS(2),

–  Vista la propuesta de la Comisión de 5 de julio de 2016 de un Reglamento del Parlamento y del Consejo, que modifica el Reglamento (UE) n.º 230/2014 por el que se establece un instrumento en pro de la estabilidad y la paz (COM(2016)0447),

–  Vista la Comunicación conjunta de la Comisión Europea y de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 22 de noviembre de 2016, titulada «Una asociación renovada con los países de África, el Caribe y el Pacífico» (JOIN(2016)0052),

–  Vistas las diferentes comunicaciones de la Comisión sobre las relaciones entre la UE y África, en particular la de 27 de junio de 2007, titulada «De El Cairo a Lisboa – la Asociación estratégica UE-África» (COM(2007)0357), la de 17 de octubre de 2008, titulada «Un año después de Lisboa: la Asociación África – UE en marcha» (COM(2008)0617) y la de 10 de noviembre de 2010 sobre la consolidación de las relaciones entre la UE y África: 1 500 millones de habitantes, 80 países, dos continentes, un futuro (COM(2010)0634),

–  Vistas la Comunicación conjunta de la Comisión Europea y de la Alta Representante de la Unión para la Política Exterior y de Seguridad al Parlamento Europeo y al Consejo, de 4 de mayo de 2017, titulada «Por un impulso renovado de la asociación África-UE» (JOIN(2017)0017), y las Conclusiones del Consejo al respecto, de 19 de junio de 2017,

–  Vistas sus Resoluciones anteriores sobre las relaciones entre la UE y África y los países ACP, en particular la de 4 de octubre de 2016 sobre el futuro de las relaciones ACP-UE después de 2020(3),

–  Vista su Resolución, de 13 de septiembre de 2016, sobre el Fondo Fiduciario de la UE para África: las repercusiones sobre el desarrollo y la ayuda humanitaria(4),

–  Vista su Resolución, de 7 de junio de 2016, sobre el Informe de la UE de 2015 sobre la coherencia de las políticas en favor del desarrollo(5),

–  Vista su Resolución, de 22 de noviembre de 2016, sobre una mayor eficacia de la cooperación al desarrollo(6),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo y las opiniones de la Comisión de Asuntos Exteriores, de la Comisión de Comercio Internacional y de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A8-0334/2017),

A.  Considerando que los vínculos que la Unión Europea mantiene con los países africanos son de carácter histórico y sus destinos están estrechamente unidos; que la UE es el socio principal de África en el ámbito económico y comercial, así como en materia de desarrollo, ayuda humanitaria y seguridad;

B.  Considerando que es necesario dotar a la asociación África-UE de una nueva visión que refleje la evolución de la situación política, económica, medioambiental y social en ambos continentes; que es necesario adaptarse a la presencia de nuevos actores en la escena internacional —incluida China— y avanzar hacia una asociación más moderna y política que haga hincapié en la defensa de los intereses clave que compartimos;

C.  Considerando que las relaciones entre la UE y África deben basarse en los principios de comprensión y beneficio mutuos, así como en unos valores comunes en el marco de una asociación de reciprocidad;

D.  Considerando que las relaciones entre la UE y el continente africano se estructuran en torno a diversos instrumentos jurídicos y distintas estrategias políticas, y que conviene reforzar las sinergias y la coherencia entre ambas partes para que su asociación resulte más eficaz y sostenible;

E.  Considerando que el Acuerdo de Cotonú, celebrado entre 79 países ACP, de los cuales 48 son del África subsahariana, y la UE, constituye la principal asociación entre la UE y África; que la UE también ha entablado relaciones con países africanos que no son partes del Acuerdo de Cotonú; que la asociación ACP-UE se estableció en un momento en que los países ACP aún no habían formado sus estructuras actuales de cooperación regional o continental; que la creación de la UA en 2003 y la Asociación Estratégica UE-África en 2007 hace que resulte esencial la racionalización de los diversos marcos políticos entre la UE y África; que en el preámbulo de la Asociación Estratégica UE-África se establece claramente el objetivo de dispensar un trato unitario a África;

F.  Considerando que la UE mantiene con los países africanos un intenso diálogo institucional y político a través de las Cumbres UE-África, la organización intergubernamental «Unión por el Mediterráneo» (UPM) y los órganos de cooperación ACP-UE y, en el ámbito parlamentario, a través de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, la Delegación del Parlamento Europeo en la Asamblea Parlamentaria de la UPM o el Parlamento Panafricano;

G.  Considerando que el 11º FED (Fondo Europeo de Desarrollo) está dotado de un presupuesto de 30 500 millones EUR, de los cuales 900 millones EUR están reservados para el Fondo de Apoyo a la Paz para África, y que 1 400 millones EUR de la reserva del FED se utilizarán para el Fondo Fiduciario de la UE para África; que se han destinado más de 5 000 millones EUR a las necesidades de los países africanos a través del Instrumento Europeo de Vecindad (IEV) y que se han asignado 845 millones EUR al Programa Panafricano en el marco del Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo (ICD) a efectos de la aplicación de la Estrategia Conjunta UE-África;

H.  Considerando que la futura Cumbre UA-UE, que se celebrará en Abiyán los días 29 y 30 de noviembre de 2017, dedicada al tema «Invertir en la juventud», brinda una oportunidad para crear, afianzar y desarrollar unas condiciones económicas de igualdad real entre socios deseosos de defender intereses comunes primordiales;

I.  Considerando que la nueva Estrategia Conjunta UE-África deberá inscribirse en el futuro acuerdo posterior a Cotonú;

J.  Considerando que la UE es un socio histórico de África y uno de los principales garantes de la seguridad en el continente, que constituye un asunto de máxima importancia; que la seguridad y el crecimiento sostenible del continente europeo dependen estrecha y directamente de la estabilidad y el desarrollo del continente africano y viceversa;

K.  Considerando que un apoyo constante a la aplicación efectiva de la Arquitectura de Paz y Seguridad de África y el compromiso de la UE, la UA y otros actores internacionales presentes en África son fundamentales para el desarrollo y la estabilidad del continente africano;

L.  Considerando que la migración ocupa un lugar destacado en la Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad de la UE y que constituye un tema prioritario en sus relaciones exteriores, incluidas las relaciones con África; que África y Europa comparten intereses y responsabilidades en materia de migración y movilidad, en particular en la lucha contra la trata y el tráfico ilícito de personas, y que la gestión migratoria exige soluciones mundiales basadas en la solidaridad, el reparto de responsabilidades, el respeto de los derechos de los migrantes y del Derecho internacional, así como el uso efectivo de los instrumentos de cooperación al desarrollo;

M.  Considerando que más de 218 millones de personas viven en situación de pobreza extrema en África; que el porcentaje de la población que vive en pobreza extrema en el África subsahariana ha descendido del 56 % en 1990 hasta el 43 % en 2012; que 33 de los 47 países menos avanzados se encuentran en el continente africano, por lo que la asociación UE-África es un instrumento indispensable para la puesta en práctica de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los ODS, en particular la erradicación de la pobreza;

N.  Considerando que se calcula que en África las necesidades en infraestructuras ascienden a 75 000 millones EUR anuales; que el valor del mercado de consumo podría alcanzar un billón USD en 2020; que está previsto que las inversiones extranjeras directas se incrementen de modo constante hasta los 144 000 millones USD en 2020, y que la población actual es de 1 000 millones de habitantes;

O.  Considerando que las exportaciones africanas siguen estando dominadas por los productos sin transformar; que un porcentaje importante de estas exportaciones se inscriben en acuerdos comerciales preferenciales; que el acceso libre al mercado para la mayoría de productos africanos incrementa las capacidades de los países africanos y mejora su competitividad y participación en los mercados mundiales, siempre y cuando vaya de la mano, entre otros, de políticas que persigan una industrialización y una productividad rural sostenibles a largo plazo como vías principales al desarrollo;

P.  Considerando que es necesario tener en cuenta las tendencias demográficas, ya que en 2050 la población africana podría ascender, según algunas proyecciones, a 2 500 millones de personas, en su mayoría jóvenes, mientras que se prevé que la población europea esté significativamente más envejecida; que es, por tanto, fundamental crear millones de empleos y apoyar y afianzar el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes, en particular mediante la educación, el acceso a la asistencia sanitaria y la formación en el continente africano;

Refuerzo del diálogo político entre la UE y África: una condición previa para una asociación estratégica renovada

1.  Toma nota de la reciente Comunicación titulada «Un impulso renovado para la asociación África-UE», destinada a imprimir un nuevo impulso a la asociación UE-África para reforzarla y profundizarla orientándola hacia la prosperidad y la estabilidad de los dos continentes, de conformidad con los compromisos contraídos en el marco de los ODS, el Nuevo Consenso Europeo en materia de Desarrollo —que aporta un conjunto de pautas para la política europea de desarrollo—, la Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad de la UE y la Agenda 2063;

2.  Recuerda que África es un socio estratégico clave de la UE y considera que es fundamental estrechar las relaciones entre la UE y la UA a través de un diálogo revisado y ampliado, que incluya los principios de transparencia y buena gobernanza, con vistas a establecer una situación provechosa para todos, así como una cooperación equitativa y sostenible para afrontar los mismos desafíos y obtener beneficios comunes, además de garantizar el principio de apropiación y tener en cuenta las circunstancias específicas y el nivel de desarrollo de cada país socio;

3.  Pide a la futura asociación que se centre en los ámbitos prioritarios señalados tanto por la UA como por la UE, entre los que se encuentran:

   el desarrollo económico (mediante el comercio, los Acuerdos de Asociación Económica (AAE), una mayor integración regional, la diversificación económica, la industrialización sostenible y la creación de empleos de calidad),
   la buena gobernanza, incluidos los derechos humanos,
   el desarrollo humano a través de los servicios públicos que cubren necesidades básicas, como la educación, la sanidad, el acceso al agua y el saneamiento, la igualdad de género, la ciencia, la tecnología y la innovación,
   la seguridad y la lucha contra el terrorismo,
   la migración y la movilidad,
   el medio ambiente, incluido el cambio climático;

4.  Recuerda que la ayuda presupuestaria representa el mejor modo de canalizar los créditos, ya que dota a los gobiernos de los medios para decidir sobre sus necesidades y prioridades; y que la ayuda presupuestaria general o sectorial permite afianzar las políticas de desarrollo y garantizar una capacidad de absorción máxima;

5.  Celebra que la quinta Cumbre UA-UE, que se celebrará en Costa de Marfil el próximo mes de noviembre, tenga como temática central la juventud, dada su importancia para el futuro de los dos continentes;

6.  Recuerda la importancia y la eficacia de la cooperación ACP-UE y los resultados obtenidos en materia de desarrollo; subraya que este marco jurídicamente vinculante debe mantenerse más allá de 2020; insiste en la necesidad de intensificar esta cooperación, desarrollando al mismo tiempo su dimensión regional, en particular a través de una cooperación reforzada con la UA, las comunidades económicas regionales y otras organizaciones regionales; pide que se aplique un planteamiento más estratégico, pragmático y exhaustivo y estructurado al diálogo político en el marco de las negociaciones del acuerdo posterior a Cotonú;

7.  Pide que se refuerce la dimensión parlamentaria en el marco de las relaciones entre la ACP y la UE; hace hincapié en que la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE constituye un espacio único de interacción y desempeña una función primordial en el afianzamiento de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos;

8.  Destaca que la revisión de la política europea de vecindad brinda la oportunidad de mejorar la coordinación de la política de vecindad y la destinada a los demás Estados de África, a través de la creación de marcos de cooperación ampliados sobre asuntos de índole regional como la seguridad, la energía e incluso la migración;

9.  Reitera la necesidad de mantener, en el marco de la asociación UE-África, un enfoque coordinado entre los Estados miembros de la UE y entre la UE y sus Estados miembros, según lo dispuesto en el artículo 210 del TFUE; recuerda, asimismo, que el respeto del principio de la UE de coherencia de las políticas de desarrollo es necesario en las políticas e iniciativas tanto europeas como africanas por igual a fin de alcanzar los ODS;

10.  Pide que el principio de coherencia de las políticas en favor del desarrollo se incorpore plenamente en las relaciones comerciales de la UE con África, lo que implica la inclusión de cláusulas vinculantes en materia de comercio y desarrollo sostenible (CDS) en todos los acuerdos comerciales de la UE con países africanos, en consonancia con el compromiso contraído por la Comisión en la estrategia «Comercio para todos»;

11.  Reitera la importancia de que los Estados miembros cumplan con su compromiso de destinar el 0,7 % de su PIB a ayuda oficial al desarrollo para poder fortalecer las relaciones de cooperación con África;

12.  Suscribe la voluntad declarada de intensificar las alianzas entre la UE y África para abordar cuestiones de gobernanza mundial; insiste, a este respecto, en la necesidad de intensificar el diálogo con la UA y en la importancia de garantizar su autonomía financiera, de conformidad con la decisión de Kigali sobre financiación, reduciendo su dependencia de la financiación exterior; toma nota de las propuestas presentadas en el informe elaborado por Paul Kagamé, orientado a reforzar la UA con vistas a impulsar el proceso de integración política africana;

13.  Destaca el papel desempeñado por la sociedad civil —que incluye actores como las ONG, las organizaciones confesionales, el sector privado, los sindicatos, las asambleas parlamentarias, las autoridades locales y la diáspora, cada uno con sus particularidades— a la hora de consolidar el diálogo político entre la UE y África para velar por una asociación centrada en las personas;

14.  Hace hincapié en que es necesario aumentar la participación de la sociedad civil y de los interlocutores sociales en la asociación UE-África mediante el refuerzo de sus capacidades, especialmente transfiriendo conocimientos especializados y garantizando su participación en el diseño y la aplicación de reformas y políticas pertinentes; considera que la participación de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) es fundamental para la rendición de cuentas pública; respalda las distintas plataformas establecidas para hacer de la sociedad civil un interlocutor clave de la asociación, en particular el Foro Anual Conjunto (FAC), que tiene por objetivo aplicar la hoja de ruta UE-África; lamenta, no obstante, que nunca se haya convocado el FAC, y pide encarecidamente a la UE y a la UA que faciliten los recursos financieros y políticos necesarios para garantizar una participación significativa de todas las partes interesadas en la asociación, también en el marco de la quinta Cumbre UA-UE;

Construir Estados y sociedades más resilientes para todo el mundo, en especial para la juventud, a fin de alcanzar los ODS

15.  Considera que es necesario establecer la resiliencia (en sus cinco dimensiones) como un eje esencial de la nueva Estrategia UE-África;

Resiliencia política

16.  Subraya la necesidad de reforzar no solo la buena gobernanza, la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, sino también de esforzarse en la lucha contra la corrupción en ambos continentes, puesto que se trata de elementos indispensables del desarrollo sostenible;

17.  Pide, por lo tanto, un diálogo franco e inclusivo, basado en el respeto mutuo, que convierta estos valores y principios en un eje principal de cooperación, en particular al ampliar la condicionalidad de la ayuda al desarrollo a su estricto cumplimiento;

18.  Subraya que abordar con una mayor determinación los retos de la gobernanza en África tiene una importancia fundamental para construir sociedades más justas, más estables y más seguras; destaca la necesidad de seguir defendiendo y promoviendo los derechos humanos y la gobernanza sobre la base de los instrumentos jurídicos internacionales, las leyes y los principios y mecanismos existentes, incluidos los organismos de gobernanza regionales —como la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos y sus protocolos, la Carta Africana de la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza y el Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos— con miras a reforzar la apropiación;

19.  Recuerda el importante papel desempeñado por la Corte Penal Internacional en la lucha contra la impunidad, así como los valores de paz, seguridad, igualdad, equidad, justicia y reparación que transmite; reitera su llamamiento a la UE y a los Estados africanos para que sigan respaldando el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional; insta a todos los signatarios del Estatuto de Roma a que lo ratifiquen lo antes posible;

20.  Apoya la organización de una conferencia conjunta de alto nivel UA-UE sobre los procesos electorales, la democracia y la gobernanza en África y en Europa, y pide la plena participación del Parlamento Europeo, el Parlamento Panafricano, la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE y la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea de la UPM en esta iniciativa; pide que se refuercen los vínculos entre las distintas asambleas a fin de favorecer las sinergias y la coherencia entre las acciones emprendidas;

Resiliencia en materia de seguridad

21.  Insiste en la vinculación directa entre seguridad y desarrollo; destaca la necesidad de integrar mejor las cuestiones de seguridad y los objetivos de desarrollo para abordar los problemas específicos de los Estados frágiles y para potenciar Estados y sociedades más resilientes; señala que esto debería llevarse a cabo mediante instrumentos específicos y financiación adicional;

22.  Pide una cooperación más intensa entre la UE y África en el ámbito de la seguridad y la justicia en relación con el marco jurídico internacional a fin de adoptar un tratamiento holístico de los problemas y de combatir mejor la delincuencia organizada, la trata de seres humanos y el tráfico ilícito de migrantes, en particular en lo que respecta a los niños, así como el terrorismo; considera que las medidas emprendidas por la UE deben responder a las estrategias adoptadas por los países africanos, en particular las que están incluidas en la Agenda 2063 en materia de paz y seguridad;

23.  Destaca la necesidad de cooperación entre la UE, la UA, organizaciones regionales y otros actores políticos pertinentes de África en el ámbito de la seguridad a fin de incrementar las capacidades de los países en desarrollo, reformar sus sectores de la seguridad y apoyar actividades en el ámbito del desarme, la desmovilización y la reinserción de antiguos combatientes;

24.  Recuerda que el terrorismo es una amenaza mundial para la paz y la estabilidad, el desarrollo sostenible y la seguridad interior de la región, que debe ser abordada de forma coordinada por los gobiernos nacionales, las organizaciones regionales e internacionales y las agencias de la UE; aboga por una cooperación reforzada en el marco de la Estrategia UE-África destinada a impedir la impunidad, promover el Estado de Derecho y la expansión de la capacidad policial y judicial con el fin de facilitar el intercambio de información y de buenas prácticas y prevenir, contrarrestar y combatir la financiación del terrorismo y la delincuencia organizada, y actuar judicialmente contra ellas; observa que la estrategia de lucha contra el terrorismo también debe incluir medidas para prevenir la radicalización en África y en Europa, especialmente entre los jóvenes, pues conduce al extremismo violento;

25.  reitera la importancia de las distintas misiones y operaciones de la UE desplegadas en África; se congratula de la creación de la Fuerza Conjunta del G-5 del Sahel; pide que se refuercen las acciones europeas para la paz y la seguridad en colaboración con los socios africanos e internacionales y que se apoye la plena operacionalización de la Arquitectura de Paz y Seguridad de África (APSA); solicita una contribución inicial de la UE al Fondo de Paz de la UA para las actividades incluidas en el apartado de «mediación y diplomacia»;

Resiliencia medioambiental

26.  Recuerda que África es particularmente vulnerable a los efectos del cambio climático; considera fundamental que la UE desarrolle un enfoque estratégico con respecto a la creación de resiliencia climática y que apoye en consecuencia a los países africanos, en particular a los menos desarrollados, en sus esfuerzos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y de adaptación; hace hincapié en la importancia del cambio climático como multiplicador del riesgo de conflictos, sequías, hambrunas y migración, como permite apreciar el reciente brote de hambruna en Sudán del Sur, Nigeria y Somalia; reitera, en este contexto, la necesidad imperante de promover y respetar el compromiso adquirido en París en 2015 de asignar 100 000 millones de dólares de aquí a 2020 a los países en desarrollo; pide que se exploten nuevas formas de colaboración África-UE a fin de reducir los obstáculos a la financiación y la transferencia de tecnología;

27.  Hace hincapié en que África posee un entorno natural rico y diverso; pide que la protección de la biodiversidad africana ocupe un lugar central de la agenda política UE-UA; pide que la Estrategia UE-África trabaje conjuntamente con las prioridades del Plan de acción de la UE contra el tráfico de especies silvestres y que proteja el patrimonio natural, en particular los parques naturales;

28.  Alienta una mayor inversión en los ámbitos de la energía de transición y la economía circular, con el fin de seguir promoviendo acciones que contribuyan al respeto del medio ambiente y que creen oportunidades de empleo para los jóvenes; recuerda que asegurar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos es fundamental para satisfacer las necesidades humanas básicas, resulta esencial para prácticamente todo tipo de actividad económica y es un motor clave del desarrollo; pide un apoyo continuado de la UE a la Iniciativa Africana de Energías Renovables, y acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión para poner en marcha una nueva asociación UE-África en materia de investigación e innovación sobre el cambio climático y la energía sostenible;

29.  Pide a la asociación UE-África que se centre en la agricultura y en la seguridad alimentaria en una perspectiva a largo plazo y que promueva sinergias entre seguridad alimentaria y medidas en favor del clima; insta a la UE, en este contexto , a que amplíe la asistencia destinada a la agricultura sostenible, la agrosilvicultura y las prácticas agroecológicas respetuosas del uso tradicional de la tierra y que garanticen el acceso a la tierra, al agua y a semillas de «fuente abierta»; pide asimismo que la UE brinde apoyo a los pequeños agricultores y pastores para que alcancen la seguridad alimentaria mediante la creación y la inversión en infraestructuras de acuerdo con los Principios para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios del CSA, y que apoyen el establecimiento de cooperativas; destaca igualmente la capacidad y experiencia adquiridas por las organizaciones de la sociedad civil a nivel de la comunidad en relación con la agricultura sostenible;

30.  Celebra las iniciativas de la UE que promueven una mejor gestión y un comercio más transparente de los recursos naturales; cree que la gestión sostenible y el comercio de recursos naturales, como minerales, la madera y las especies silvestres, permitirían a los países con riqueza de recursos y a sus poblaciones extraer un mayor beneficio de ellos; recuerda la necesidad de legislación de la UE sobre minerales procedentes de zonas en conflicto y de medidas de acompañamiento basadas en un enfoque integrado que promueva la aplicación de normas internacionales en materia de diligencia debida con arreglo a la definición de la guía de la OCDE; pide que se elabore una carta común UE-África sobre la gestión sostenible de los recursos naturales;

Resiliencia económica

31.  Considerando que un entorno legislativo e institucional estable y una economía sana son elementos esenciales para la competitividad, las inversiones, la creación de empleo, la mejora del nivel de vida y un crecimiento sostenible; destaca, en este contexto, la necesidad de mejorar el acceso en línea a información jurídica sobre el Derecho mercantil; recuerda que el crecimiento económico sin un Estado imparcial no siempre garantiza el desarrollo o el progreso social, e insiste en la necesidad de redistribuir la riqueza creada, garantizar los servicios a los ciudadanos y mejorar la igualdad de oportunidades;

32.  Pide una mayor cooperación entre los sectores privados de la Unión y de África, así como una concentración de las inversiones, en especial a través de asociaciones público-privadas, con arreglo a un código ético estricto y a los principios de la responsabilidad social, en sectores fundamentales como:

   la energía sostenible, incluido el acceso a la electricidad para todos,
   las infraestructuras básicas, en particular en el sector del transporte, incluido el transporte marítimo,
   la utilización sostenible de los recursos naturales,
   la agricultura sostenible,
   la economía azul, incluida la industria marítima,
   la ciencia, la tecnología y la innovación, en particular en relación con asuntos de interés común y que afecten particularmente a uno de los continentes como las enfermedades relacionadas con la pobreza y las enfermedades desatendidas,
   la digitalización como elemento importante para garantizar el desarrollo de la economía africana, pero también para interconectar a las personas;

33.  Resalta que la integración regional constituye un motor para el desarrollo económico y una necesidad en un mundo globalizado; pide que se apoye la cooperación Sur/Sur, que refleja la realidad de la transformación progresiva del continente africano; apoya el establecimiento de una zona continental de libre comercio en África así como el objetivo de incrementar el comercio intraafricano un 50 % de aquí a 2050; recuerda, asimismo, las posibilidades de desarrollo que ofrecen los acuerdos de asociación económica (AAE) y los acuerdos comerciales entre la UE y los países africanos, que hacen posible promover el desarrollo sostenible, los derechos humanos y el comercio justo y ético; destaca la necesidad de que se establezcan normas de origen que apoyen al desarrollo, cláusulas de salvaguardia efectivas, calendarios de liberalización asimétricos y protección para las industrias nacientes, y de que se simplifiquen y hagan transparentes los procedimientos aduaneros; recuerda que los AAE tienen por objetivo ayudar a los países ACP a ampliar sus mercados, alentar los intercambios de mercancías y estimular las inversiones y que prevén una apertura lenta y progresiva del comercio de mercancías entre la UE y los países ACP;

34.  Hace un llamamiento a favor de la transparencia en los tratados comerciales y la plena participación de todas las partes interesadas, incluidas las sociedades civiles de los países involucrados, a través de consultas formales, en las futuras negociaciones y en la aplicación de los acuerdos que en la actualidad se encuentran en fase de negociación;

35.  Pide a la UE y a sus Estados miembros que coordinen mejor la programas de ayuda al comercio y que incrementen las sinergias con sus políticas de inversiones en África; pide asimismo a la UE que refuerce su compromiso financiero dedicado a la ayuda para el comercio, así como la asistencia técnica y las iniciativas para el desarrollo de capacidades, que son esenciales para los países africanos, en particular los menos desarrollados;

36.  Considera que el sector privado, desde las microempresas a las pequeñas y medianas empresas, las cooperativas y las empresas multinacionales, desempeña una función determinante en la creación de empleo y en el proceso de desarrollo, y que contribuye a la financiación del mismo; Destaca el papel específico desempeñado por las pymes y las pequeñas empresas familiares y pide que se apoye la iniciativa individual; celebra, a este respecto, la creación del Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible, que debería tener como objetivo apoyar al sector privado en los países de África, especialmente a empresas y pymes locales de países en situación de fragilidad, y fomentar así la inversión y la creación de puestos de trabajo sostenibles, sobre todo para mujeres y jóvenes;

37.  Recuerda las obligaciones que debe cumplir el sector privado en el marco de las Directrices de las Naciones Unidas y la OCDE y reitera su llamamiento a los Estados miembros de la UE y de la UA para que participen constructivamente en el Grupo de Trabajo intergubernamental de las Naciones Unidas sobre la cuestión de los Derechos Humanos y las empresas transnacionales y otras empresas a fin de trabajar en el establecimiento de un tratado internacional vinculante, basado en los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, sobre el modo en que las empresas respetan los derechos humanos y las obligaciones con respecto a las normas sociales, laborales y medioambientales;

38.  Subraya la necesidad de crear empleos dignos y vincularlos a la inversión, lo que debe hacerse en el marco de la asociación África-UE; pide que se cumplan las normas de la OIT a este respecto; subraya la importancia de la interacción entre los entes sociales, económicos e institucionales y pide que se refuerce la participación de los interlocutores sociales impulsando la eficacia del diálogo social a todos los niveles pertinentes, lo cual es propicio para la negociación colectiva;

39.  Lamenta que cada año salgan de África aproximadamente 50 000 millones de dólares en forma de flujos financieros ilícitos, lo que supera el total de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) anual y socava los esfuerzos de movilización de los ingresos nacionales; insta, por consiguiente, a las dos partes:

   a establecer instrumentos eficaces para combatir la evasión fiscal, el fraude fiscal y la corrupción, como la transparencia pública respecto del beneficiario efectivo final de entidades jurídicas, fideicomisos o estructuras similares,
   a promover la aplicación de los Principios para la Inversión Responsable respaldados por Naciones Unidas,
   a apoyar iniciativas para aumentar la eficiencia y la transparencia de los sistemas públicos de gestión financiera;

40.  Pide asimismo la aplicación efectiva de los Principios rectores sobre la deuda externa y los derechos humanos de las Naciones Unidas y los Principios sobre promoción de otorgamiento y toma responsables de préstamos soberanos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD); acoge favorablemente la labor de las Naciones Unidas en favor de un mecanismo internacional de renegociación de la deuda pública;

41.  Pide una mejor inclusión financiera en África, en particular de las mujeres, mediante el desarrollo de la banca electrónica, a fin de combatir la polarización de la sociedad africana; recuerda que las remesas constituyen un flujo de fondos para los países en desarrollo mayor que la AOD total y que pueden contribuir de forma significativa al logro de la Agenda 2030; pide, por lo tanto, a la UE que siga apoyando los esfuerzos de la UA para mejorar los mecanismos de remesas;

Resiliencia social

42.  Reconoce la importancia de la dinámica demográfica en África, que necesita una perspectiva estratégica a largo plazo para desarrollar sociedades sostenibles, incluyentes y participativas; hace hincapié asimismo en la necesidad de la discriminación de grupos vulnerables, como las personas con discapacidad y los pueblos indígenas; reconoce que el aumento de población en África representa un reto y también una oportunidad para el continente; pide, por consiguiente, a la UE que se comprometa a fomentar políticas públicas adecuadas e inversiones en salud, educación y salud y derechos sexuales y reproductivos con el fin de garantizar que los jóvenes estén preparados para tomar decisiones fundamentadas sobre su salud sexual y reproductiva, igualdad de género y derechos del niño, sin las que no se puede alcanzar la resiliencia social, económica y medioambiental;

43.  Destaca que la tasa de urbanización de África registra un aumento constante y plantea desafíos sociales, económicos y medioambientales; pide soluciones para atenuar esta presión urbana y aliviar los problemas de una urbanización descontrolada;

44.  Pide a la UE y a la UA que fortalezcan los sistemas nacionales de enseñanza africanos, en particular la capacidad de sus estructuras administrativas, invirtiendo como mínimo el 20 % de sus presupuestos nacionales en la educación y aumentando el apoyo de la UE a la Iniciativa Acelerada de Educación para Todos y al fondo «La educación no puede esperar»;

45.  Destaca la necesidad de un acceso universal, inclusivo y equitativo a una educación de calidad elevada a todos los niveles, desde la primera infancia en adelante y para todos, en particular para las niñas, incluso en situaciones de emergencia y de crisis;

46.  Reitera la necesidad de invertir en capital humano y de que la juventud esté conectada a las realidades mundiales y disponga de competencias que respondan a las necesidades actuales y futuras del mercado, reforzando los sistemas de educación y formación profesional (formales e informales), el trabajo autónomo y el emprendimiento;

47.  Considera que es importante respaldar a los países africanos a la hora de establecer sistemas de salud eficaces y de garantizar un acceso asequible a servicios de salud para todos, y asimismo, en particular, eliminar las barreras de acceso a las que se enfrentan las mujeres y otros grupos vulnerables, como los niños, las personas con discapacidad y las personas LGBTI;

48.  Pide la implantación de una cobertura sanitaria universal mediante el establecimiento de sistemas sanitarios nacionales horizontales; subraya, en particular, la necesidad de formar a un millón de profesionales sanitarios cualificados adicionales a lo previsto en un principio sobre la base de las actuales tendencias, a fin de cumplir la norma mínima de la OMS para 2030;

49.  Destaca que las enfermedades infecciosas constituyen una amenaza capital para la resiliencia social; pide a la Comisión que intensifique los esfuerzos de cooperación científica y médica entre los dos continentes, como la Cooperación de Europa y los países en desarrollo sobre ensayos clínicos (EDCTP 2) y que invierta en ciencia, tecnología e innovación para hacer frente a través de su cooperación para el desarrollo a la carga aún enorme de enfermedades desatendidas y relacionadas con la pobreza;

50.  Recuerda la necesidad de mayores inversiones en acceso a los servicios de atención sanitaria materna y salud sexual y reproductiva a fin de reducir la mortalidad materna e infantil y de luchar contra prácticas tradicionales perniciosas tales como la mutilación genital femenina y los matrimonios forzoso o precoces;

51.  Subraya la importancia de que la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en la cooperación UE-África; destaca el papel positivo y la participación de las mujeres en las esferas políticas y económicas, así como en la prevención y resolución de conflictos, el auxilio y en la construcción de paz duradera;

52.  Señala que la cultura es un motor y un componente importante del desarrollo, que puede facilitar la inclusión social, la libertad de expresión, la construcción de identidades, el empoderamiento civil y la prevención de conflictos, a la vez que impulsa el crecimiento económico; invita, por tanto, a la UE y a la UA a que promuevan el diálogo político intercultural y la diversidad cultural y a que apoyen estrategias de protección de la cultura y el patrimonio; destaca que la democracia es un valor universal que puede declinarse en todas las culturas; reconoce asimismo el papel del deporte como fuente y motor de inclusión social y la igualdad de género;

Puesta en marcha de una estrategia para la movilidad y los movimientos migratorios que contribuyen al desarrollo de ambos continentes

53.  Recuerda que la migración y la movilidad entre Europa y África y en su interior tienen una repercusión económica, social, medioambiental y política que este reto debe abordarse de manera coordinada y global entre ambos continentes y en cooperación con los países de origen, tránsito y destino, aprovechando al máximo las sinergias y recurriendo a todas las políticas, instrumentos y herramientas de la UE, sobre la base de la solidaridad, el reparto de responsabilidades, el respeto y la dignidad humana; recuerda, en este contexto, que resulta conveniente intensificar el diálogo UE-África con miras a las negociaciones sobre los dos pactos mundiales sobre, respectivamente, migración y refugiados, que se celebrarán en 2018 bajo los auspicios de las Naciones Unidas, con objeto de definir prioridades comunes, en la medida de lo posible;

54.  Recuerda la necesidad de reforzar el impacto positivo de la migración y la movilidad, de manera que estos dos fenómenos pasen a considerarse como instrumentos de desarrollo recíproco de los dos continentes; destaca que la migración y la movilidad exigen una respuesta política cuidadosamente diseñada, equilibrada, basada en pruebas y sostenible, con una estrategia a largo plazo que tenga en cuenta las perspectivas demográficas y las causas profundas de la migración;

55.  Reconoce que los conflictos violentos, las persecuciones, las desigualdades, las violaciones de los derechos humanos, la gobernanza deficiente, la corrupción, el terrorismo, los regímenes represivos, las catástrofes naturales, el cambio climático, el paro y la pobreza crónica han propiciado los desplazamientos de población y el aumento de los movimientos migratorios hacia Europa en los últimos años; recuerda, no obstante, que más de un 85 % de los africanos que abandonan su país permanece en África;

56.  Respalda las distintas iniciativas adoptadas a escala europea para hacer frente a las causas profundas de la migración irregular: asociaciones migratorias, fondos fiduciarios para África y Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible; pide que se garantice y prosiga su implementación de manera flexible, eficiente, coherente y transparente, a la vez que se aprovechan las posibles sinergias entre los diferentes instrumentos, programas y actividades, tanto en la acción interior como exterior; subraya la necesidad de una cooperación más intensa en el ámbito de la gestión de las fronteras;

57.  reitera su petición de crear vías para la promoción de la migración legal, en consonancia con las recomendaciones del Plan de Acción de La Valeta; destaca asimismo que la ayuda al desarrollo no debe supeditarse a la cooperación en asuntos de migración;

58.  Insta a los Estados miembros a que ofrezcan sus plazas de reasentamiento a un número significativo de refugiados; aboga, en este sentido, por la creación de un marco europeo de reasentamiento que los Estados miembros puedan aplicar con facilidad; Insta además a la UE y a sus Estados miembros a que cooperen con los países africanos enfrentados a desplazamientos de personas refugiadas o a situaciones de crisis prolongadas y les presten asistencia, con miras a incrementar su capacidad de asilo y reforzar su sistema de protección;

59.  Insta a los Estados miembros a que aumenten su contribución financiera a los fondos fiduciarios y otros instrumentos destinados a apoyar el crecimiento inclusivo y sostenible y a estimular la creación de empleo, contribuyendo así a abordar las causas profundas de la migración. pide asimismo una función de control reforzada del Parlamento Europeo a fin de garantizar que los nuevos instrumentos de financiación sean compatibles con la base jurídica, los principios y compromisos de la UE;

60.  Pide a la UE y a la UA que intensifiquen los intercambios de estudiantes, profesores, emprendedores e investigadores entre los dos continentes; acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de poner en marcha un mecanismo para la juventud africana que amplíe el ámbito del programa Erasmus+, y un instrumento de educación y formación profesional de la UE; pide un debate acerca del reconocimiento por parte de la UE de los certificados y títulos expedidos por las escuelas y universidades africanas; señala que garantizar la migración circular es fundamental para el desarrollo sostenible y para prevenir la fuga de cerebros de África;

61.  Reconoce el lugar especial que ocupa la diáspora tanto en los países de acogida como en los países de origen, debido al envío de importantes remesas de fondos y como socio de desarrollo a los niveles nacional y regional; manifiesta su deseo de que la diáspora pueda desempeñar una función de información, adaptada para responder a las verdaderas necesidades de las personas, sobre los peligros derivados de la migración irregular, y los desafíos ligados con la integración en los países de acogida;

o
o   o

62.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a la Comisión de la Unión Africana, al Consejo ACP, al Parlamento Panafricano y a la Mesa de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE.

(1) DO L 317 de 15.12.2000, p. 3.
(2) DO L 249 de 27.9.2017, p. 1.
(3) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0371.
(4) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0337.
(5) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0246.
(6) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0437.


Actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2016
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Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de noviembre de 2017, sobre el Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2016 (2017/2126(INI))
P8_TA(2017)0449A8-0328/2017

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo en 2016,

–  Visto el artículo 15 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Vistos los artículos 24 y 228 del TFUE,

–  Visto el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 42 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 43 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,

–  Vista su Decisión 94/262/CECA, CE, Euratom, de 9 de marzo de 1994, sobre el Estatuto del Defensor del Pueblo y sobre las condiciones generales del ejercicio de sus funciones(1),

–  Visto el Código Europeo de Buena Conducta Administrativa(2), aprobado por el Parlamento Europeo el 6 de septiembre de 2001

–  Visto el Acuerdo Marco sobre Cooperación entre el Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo Europeo, de 15 de marzo de 2006, que entró en vigor el 1 de abril de 2006,

–  Vistas sus anteriores Resoluciones sobre las actividades del Defensor del Pueblo Europeo,

–  Visto el artículo 220, apartado 1, de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Peticiones (A8-0328/2017),

A.  Considerando que el Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo en 2016 fue presentado oficialmente al presidente del Parlamento Europeo el 17 de mayo de 2017 y que la defensora del pueblo europea, Emily O’Reilly, presentó su informe a la Comisión de Peticiones el 30 de mayo de 2017 en Bruselas;

B.  Considerando que los artículos 24 y 228 del TFUE facultan al Defensor del Pueblo Europeo para recibir reclamaciones relativas a casos de mala administración en la acción de las instituciones, órganos u organismos de la Unión, con exclusión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales;

C.  Considerando que el artículo 15 del TFUE estipula que «a fin de fomentar una buena gobernanza y de garantizar la participación de la sociedad civil, las instituciones, órganos y organismos de la Unión actuarán con el mayor respeto posible al principio de apertura» y que «todo ciudadano de la Unión, así como toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro, tendrá derecho a acceder a los documentos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión»; que garantizar que los ciudadanos de la Unión reciben servicios de alta calidad y que la administración de la Unión responde a sus necesidades y preocupaciones es algo esencial para la protección de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos;

D.  Considerando que el artículo 41, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales dispone que «toda persona tiene derecho a que las instituciones y órganos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable»;

E.  Considerando que el artículo 43 de la Carta estipula que «todo ciudadano de la Unión y toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro tiene derecho a someter al Defensor del Pueblo Europeo los casos de mala administración en la actuación de las instituciones, órganos u organismos de la Unión, con exclusión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales»;

F.  Considerando que la principal prioridad del Defensor del Pueblo es garantizar el pleno respeto de los derechos de los ciudadanos y el derecho a la buena administración de las instituciones, los órganos y los organismos de la Unión;

G.  Considerando que 15 797 ciudadanos solicitaron en 2016 la ayuda de los servicios del Defensor del Pueblo; que, de ellos, 12 646 recibieron asesoramiento a través de la guía interactiva de la página web del Defensor del Pueblo, y, de las restantes solicitudes, 1 271 se remitieron a otro organismo para información y 1 880 fueron tramitadas como reclamaciones por el Defensor del Pueblo;

H.  Considerando que de las 1 880 reclamaciones tramitadas en 2016 por el Defensor del Pueblo, 711 entraban en su ámbito de competencias y 1 169 quedaban fuera;

I.  Considerando que el Defensor del Pueblo inició 245 investigaciones en 2016, de las que 235 se basaban en reclamaciones y 10 eran investigaciones de oficio, y concluyó 291 investigaciones (278 basadas en reclamaciones y 13 de oficio); que la mayoría de las investigaciones afectaban a la Comisión (58,8 %), seguida por las agencias de la Unión (12,3 %), el Parlamento (6,5 %), la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) (5,7 %), el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) (4,5 %), la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (0,8 %) y otras instituciones (11,4 %);

J.  Considerando que el Defensor del Pueblo recibe cada año un gran número de reclamaciones de personas y organizaciones relativas a la administración de la Unión y que las tres preocupaciones principales en las investigaciones cerradas por el Defensor del Pueblo en 2016 fueron: la transparencia y el acceso público a la información y a los documentos (29,6 %); las cuestiones ligadas a la buena gestión del personal de la Unión (28,2 %); y la cultura de servicio (25,1 %); que otras preocupaciones incluyen el buen ejercicio del poder discrecional, también en los procedimientos de infracción, la buena gestión financiera de las subvenciones y contratos de la Unión y el respeto de los derechos procesales y fundamentales; que la importancia de estas cuestiones destaca la función decisiva del Defensor del Pueblo para garantizar que los procesos de toma de decisiones y la administración en el ámbito de la Unión sean plenamente transparentes e imparciales con el fin de proteger los derechos de los ciudadanos y reforzar su confianza y el interés general;

K.  Considerando que, en su labor estratégica durante 2016, la Oficina del Defensor del Pueblo concluyó cinco investigaciones estratégicas e inició cuatro nuevas investigaciones sobre, entre otros temas, los posibles conflictos de intereses de los consejeros especiales y los retrasos en los ensayos químicos, e inició, además, diez nuevas iniciativas estratégicas;

L.  Considerando que el Defensor del Pueblo abrió una investigación estratégica amplia sobre cómo nombra la Comisión a sus consejeros especiales y cómo lleva a cabo la evaluación de sus conflictos de intereses, ya que suelen trabajar de forma paralela para clientes del sector privado y para la Unión;

M.  Considerando que el Defensor del Pueblo realizó una investigación sobre el Código de Conducta de los miembros del Consejo de Administración del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y observó que no prevé la obligación de presentar una declaración de intereses o una declaración de intereses económicos;

N.  Considerando que la crisis financiera ha provocado una crisis económica y social, con el resultado del descrédito de las instituciones de la Unión;

O.  Considerando que el Defensor del Pueblo detectó un caso de mala administración en el hecho de que la Comisión 2009-2014 no hubiera abordado un incumplimiento del Código de Conducta de los Comisarios por parte de un antiguo comisario y que no hubiera investigado adecuadamente la compatibilidad del contrato de trabajo del comisario en el sector privado con las obligaciones del Tratado de la Unión; que los casos de mala administración relacionados con las actividades de los comisarios al abandonar el cargo, incluido el presidente de la Comisión, aumenta la desconfianza de los ciudadanos hacia la Comisión;

P.  Considerando que el Defensor del Pueblo también colabora con otros organismos internacionales, como las Naciones Unidas, y que forma parte del marco de la Unión en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) destinado a proteger, fomentar y supervisar la aplicación de la Convención en el ámbito de las instituciones de la Unión;

Q.  Considerando que, de acuerdo con el «Flash» del Eurobarómetro de marzo de 2016 sobre la ciudadanía de la Unión Europea, 9 de cada 10 ciudadanos de la Unión (87 %) están familiarizados con su condición de ciudadanos de la Unión y su derecho a presentar una reclamación al Parlamento, a la Comisión o al Defensor del Pueblo;

1.  Aprueba el Informe anual correspondiente a 2016 presentado por el Defensor del Pueblo Europeo y elogia su presentación clara y de fácil lectura de los datos y cifras más importantes que retratan la labor del Defensor del Pueblo Europeo durante 2016;

2.  Felicita a Emily O’Reilly por su excelente labor de mejora de la calidad y la accesibilidad de los servicios del Defensor del Pueblo y por su buena colaboración y firme compromiso con el Parlamento, en particular con la Comisión de Peticiones, y con otras instituciones, órganos, oficinas y agencias de la Unión;

3.  Reconoce la importancia de las investigaciones e iniciativas estratégicas, y apoya las que el Defensor del Pueblo lleva a cabo de oficio sobre temas estratégicamente importantes y de interés público para la ciudadanía europea; elogia los esfuerzos del Defensor del Pueblo por racionalizar su labor estratégica permitiendo que reclamaciones con un contenido similar puedan tratarse colectivamente;

4.  Acoge con satisfacción la determinación con que el Defensor del Pueblo responde de forma rápida y eficaz a las necesidades y las preocupaciones de los ciudadanos de la Unión, y apoya los nuevos métodos de trabajo y la racionalización del procedimiento de tramitación de asuntos introducida en 2016, que lo dota de una mayor flexibilidad y eficacia y permite llegar a un mayor número de ciudadanos;

5.  Coincide en que los actuales retos sin precedentes a los que se enfrenta la Unión, como el desempleo, las desigualdades económicas y sociales, la crisis migratoria y el brexit, obligan a todas las instituciones, órganos, oficinas y agencias de la Unión —también al Defensor del Pueblo— a trabajar más y con más determinación para garantizar los niveles más elevados de justicia social, la rendición de cuentas y la transparencia a escala de la Unión;

6.  Hace hincapié en la necesidad de mejorar el diálogo social;

7.  Destaca que la confianza entre los ciudadanos y las instituciones reviste una importancia fundamental en el entorno económico actual;

8.  Observa que la Oficina del Defensor del Pueblo ha conseguido hasta el momento el segundo índice de cumplimiento más alto de sus decisiones o recomendaciones; recomienda que el Defensor del Pueblo esté atento e identifique los motivos del incumplimiento de sus recomendaciones y que informe al Parlamento de los casos de incumplimiento recurrente por parte de la Administración de la Unión;

9.  Observa la disminución del número de investigaciones que el Defensor del Pueblo llevó a cabo en 2016 en relación con las instituciones de la Unión (245 en 2016, frente a 261 en 2015); insta a las instituciones, órganos y organismos de la Unión a que respondan y reaccionen en un plazo razonable a los comentarios críticos del Defensor del Pueblo y mejoren el nivel de observancia de sus recomendaciones o decisiones;

10.  Observa que en 2016 la mayoría de asuntos a cargo del Defensor del Pueblo se cerraron en el plazo de doce meses y que el tiempo medio necesario para cerrar una investigación fue de diez meses, con solo un 30 % de asuntos que se cerraron después de doce o más meses; insta al Defensor del Pueblo a seguir mejorando sus métodos de trabajo y a reducir el tiempo de tramitación de las reclamaciones, sobre todo en casos que sigan abiertos pasados doce meses, sin menoscabar la eficacia de su labor;

11.  Observa que las investigaciones relacionadas con la transparencia, en particular sobre cuestiones relativas a la transparencia de los procesos de toma de decisiones, la transparencia de los grupos de presión y el acceso a documentos de la Unión, vuelven a suponer la mayor proporción de los casos tramitados por el Defensor del Pueblo, seguidos de otros problemas relacionados con diversas cuestiones, desde la violación de derechos fundamentales y cuestiones éticas a los contratos y subvenciones de la Unión;

12.  Hace hincapié en el papel esencial de la transparencia, la buena administración y un sistema de control y equilibrio institucional en el trabajo de las instituciones de la Unión; lamenta que las investigaciones relacionadas con la transparencia y el acceso a la información y a los documentos representen sistemáticamente más del 20 % de todas las investigaciones presentadas al Defensor del Pueblo y hayan seguido constituyendo, año tras año, una preocupación importante de los ciudadanos de la Unión; pide a las instituciones de la Unión que publiquen de forma proactiva información y documentos, de modo que aumente la transparencia y se reduzca la mala administración;

13.  Cree que un máximo de transparencia de los documentos en poder de las instituciones de la Unión y el acceso a ellos debe ser la norma; recuerda la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que estipula que los ciudadanos de la Unión tienen derecho a un acceso público a los documentos de las instituciones, organismos y otras agencias de la Unión, y que las posibles excepciones a este derecho deben sopesarse siempre en relación con los principios de transparencia y democracia, como condición previa al ejercicio de los derechos democráticos; considera necesaria una revisión del Reglamento (CE) n.º 1049/2001, con el fin de facilitar la labor del Defensor del Pueblo de examinar la concesión de acceso a documentos por parte del Parlamento, el Consejo y la Comisión;

14.  Invita a la Comisión a que mejore la transparencia y el acceso a los documentos y a la información en lo que respecta a los procedimientos EU Pilot en relación con las peticiones recibidas y a los procedimientos EU Pilot y de infracción que ya hayan concluido; subraya la importancia de que la Comisión haga un seguimiento regular con el Parlamento Europeo; anima al Defensor del Pueblo a continuar con su investigación estratégica sobre la transparencia de la gestión por la Comisión de las denuncias por infracción en el marco de los procedimientos EU Pilot, e insta al Defensor del Pueblo a permanecer determinado y vigilante y a continuar investigando la cuestión en 2017; considera que los retrasos injustificados en la tramitación de los procedimientos de infracción y de EU Pilot iniciados, podrían también considerarse como mala administración;

15.  Felicita al Defensor del Pueblo por su empeño en conseguir el máximo nivel de transparencia para el proceso decisorio de la Unión; destaca la necesidad de supervisar la aplicación de las recomendaciones del Defensor del Pueblo en aras de la transparencia en los diálogos tripartitos; solicita al Consejo y a la Comisión que publiquen información relevante sobre las decisiones tomadas en los diálogos tripartitos; reitera, asimismo, la necesidad de una transparencia absoluta y mejorada en los acuerdos comerciales y las negociaciones, y pide al Defensor del Pueblo que no deje de controlar la transparencia en las negociaciones de los acuerdos comerciales de la Unión con terceros países, teniendo en cuenta que esto no debe menoscabar la posición negociadora de la Unión;

16.  Reitera la importancia de que las negociaciones entre las instituciones de la Unión y el Reino Unido sobre su retirada de la Unión sean transparentes sin poner en riesgo la posición negociadora de las partes; pide al Defensor del Pueblo que controle la observancia de la transparencia a lo largo de las negociaciones para la retirada;

17.  Pide una mayor transparencia en la toma de decisiones financieras y económicas de la Unión, en particular en el ámbito de la supervisión bancaria llevada a cabo por el Banco Central Europeo; apoya, además, las recomendaciones del Defensor del Pueblo de incrementar la transparencia del BEI y del Eurogrupo y de reforzar sus normas éticas internas, a la vez que reconoce sus esfuerzos recientes a este respecto y el hecho de que el Reglamento (CE) n.º 1049/2001 no se aplica al Eurogrupo, ya que no es una institución u órgano en el sentido de los Tratados; pide que se cumplan las recomendaciones del Defensor del Pueblo sobre la revisión del Mecanismo de Reclamaciones del Banco Europeo de Inversiones (MR-BEI) y destaca la importancia de un mecanismo de reclamaciones independiente; invita al Defensor del Pueblo Europeo a desempeñar una labor más activa a la hora de garantizar que el nuevo Mecanismo de Reclamaciones del BEI siga siendo fiable y eficiente, respetando los principios de independencia operativa, transparencia, accesibilidad, pertinencia y recursos adecuados;

18.  Manifiesta su pleno apoyo al objetivo último del Defensor del Pueblo, de contribuir a reforzar las estructuras e instituciones de rendición de cuentas y transparencia a escala de la Unión, y de mejorar la calidad de la democracia en Europa;

19.  Toma nota de las conclusiones del Defensor del Pueblo que apuntan a una mala administración en relación con el Código de Conducta de los Comisarios; destaca la importancia de unas normas morales y éticas exigentes en la administración de la Unión y toma nota de la decisión de la Comisión de ampliar a dos años el período de incompatibilidad para los antiguos comisarios y a tres para los antiguos presidentes de la Comisión, pero cree firmemente que se tiene que aplicar un código deontológico más riguroso en todas las instituciones de la Unión, también para los políticos y el personal de la Unión, con el fin de garantizar el respeto del deber de actuar con integridad y corrección y con plena independencia respecto del sector privado; pide a la Comisión que garantice la publicación proactiva y la total transparencia en relación con la ocupación de los antiguos comisarios tras finalizar su mandato; apoya las recomendaciones del Defensor del Pueblo de seguir revisando el Código de conformidad con las obligaciones derivadas del Tratado, haciendo que las normas sean más explícitas y fáciles de aplicar, de modo que se garantice la credibilidad, la imparcialidad y la ausencia de conflictos de intereses caso por caso; anima al Defensor del Pueblo a seguir supervisando y evaluando el nivel de independencia del Comité de Ética ad hoc de la Comisión;

20.  Toma nota de las medidas adoptadas por la Comisión en respuesta a las recomendaciones del Defensor del Pueblo sobre el modo en que se han aplicado las disposiciones del Estatuto de los funcionarios que rigen el fenómeno conocido como «puertas giratorias», y espera con interés la investigación de seguimiento del Defensor del Pueblo que evalúa cómo funcionan las nuevas normas en la práctica;

21.  Pide al Defensor del Pueblo que siga trabajando para garantizar la publicación oportuna de los nombres de todos los funcionarios de la Unión implicados en casos de puertas giratorias y para garantizar la plena transparencia de toda la información relacionada;

22.  Apoya el compromiso del Defensor del Pueblo Europeo por mejorar la transparencia de los grupos de presión de la Unión, y pide a la Comisión que siga plenamente las recomendaciones del Defensor del Pueblo para mejorar el Registro de Transparencia de la Unión, convirtiéndolo en una plataforma central de transparencia obligatoria para todas las instituciones y agencias de la Unión; subraya que, con este fin, se deben emprender acciones claras y desarrollar programas de trabajo coherentes y eficaces; destaca la importancia de una mayor transparencia, también respecto a la información sobre la financiación, los grupos de interés y los intereses financieros;

23.  Acoge con satisfacción la investigación estratégica del Defensor del Pueblo sobre cómo evalúa la Comisión los conflictos de intereses de sus consejeros especiales; pide a la Comisión que aplique plenamente las recomendaciones del Defensor del Pueblo sobre el procedimiento de nombramiento de los consejeros especiales, evaluando cualquier posible conflicto de intereses antes y después de su nombramiento y facilitando acceso público e información en relación con los documentos y las reuniones;

24.  Apoya la investigación estratégica del Defensor del Pueblo sobre los grupos de expertos de la Comisión; insta al Defensor del Pueblo a que se asegure de que la gestión de los conflictos de intereses y la representación equitativa y equilibrada de todas las partes interesadas, incluidos los agentes sociales, se mejoren en la nueva reglamentación de la Comisión, sin olvidar la inclusión de todos los expertos en el Registro de Transparencia de la Unión;

25.  Toma nota de la posición de la Comisión en cuanto a la transparencia de sus reuniones con los grupos de presión de la industria tabacalera y las medidas de transparencia aplicadas por su Dirección General de Salud; reitera su llamamiento a la Comisión para que cambie sus prácticas y su trabajo sea plenamente transparente gracias a la publicación en línea de datos relativos a todas las reuniones con los grupos de presión o con sus representantes legales, así como de las actas de esas reuniones, en consonancia con sus obligaciones en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Control del Tabaco (CMCT);

26.  Acoge con satisfacción las recomendaciones prácticas del Defensor del Pueblo relativas a la interacción de los funcionarios con los grupos de presión; insta al Defensor del Pueblo a aumentar la concienciación sobre estas recomendaciones entre los miembros del personal en todas las instituciones de la Unión a través de formación, seminarios y medidas de apoyo correspondientes, y solicita a todas las instituciones de la Unión que apliquen el Código de Buena Conducta Administrativa del Defensor del Pueblo y las medidas de transparencia de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Control del Tabaco (CMCT); reitera su llamamiento en favor de una actualización eficaz del Código de Buena Conducta Administrativa a través de la aprobación de una normativa vinculante sobre este asunto en el transcurso de la presente legislatura;

27.  Aplaude la investigación estratégica del Defensor del Pueblo sobre el acceso a los documentos relacionados con los órganos preparatorios del Consejo, incluidos sus Comités, los grupos de trabajo y el Comité de Representantes Permanentes (Coreper), a la hora de debatir proyectos de actos legislativos de la Unión; anima al Defensor del Pueblo a pedir al Consejo que mejore la transparencia de sus reuniones con las partes interesadas y de las decisiones adoptadas, que cumpla con los requisitos de acceso a documentos y que facilite dicho acceso de forma oportuna y sin retrasos;

28.  Aplaude la labor del Defensor del Pueblo a la hora de tratar asuntos de interés público, como los derechos fundamentales, la seguridad y la eficacia de la medicina, la protección del medio ambiente y la salud y la defensa contra riesgos medioambientales; pide al Defensor del Pueblo que haga un seguimiento de sus propuestas para la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas destinadas a desincentivar la experimentación con animales cuando se registren productos cosméticos nuevos en el mercado y para la EPSO sobre la aplicación del principio de «fuerza mayor» y la transparencia de los concursos que organice;

29..  Reconoce la experiencia del Defensor del Pueblo a la hora de gestionar casos de mala administración en las instituciones de la Unión relacionados con el acoso y los abusos sexuales en el lugar de trabajo, como en el caso en relación con la reclamación 1283/2012/AN; pide, en vista de su Resolución, de 26 de octubre de 2017, sobre la lucha contra el acoso y los abusos sexuales y de su decisión de crear un grupo de trabajo formado por expertos independientes, al Defensor del Pueblo que examine la situación del acoso y los abusos sexuales en el Parlamento, que analice también la situación del acoso y los abusos sexuales en las instituciones, los organismos, las oficinas y las agencias de la Unión, así como que formule recomendaciones y determine las mejores prácticas al objeto de evitar nuevos casos en las instituciones de la Unión;

30.  Apoya el papel del Defensor del Pueblo en la configuración de una política proactiva y transparente sobre los ensayos clínicos llevados a cabo por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y, en particular, las recomendaciones del Defensor del Pueblo sobre la aprobación de Humira, una de las medicinas más vendidas del mundo, que se emplea para tratar la enfermedad de Crohn; insta al Defensor del Pueblo a seguir supervisando a la EMA para asegurarse de que respete las normas más estrictas en materia de transparencia y acceso a la información sobre ensayos clínicos, especialmente los de interés público y de importancia para los médicos, los pacientes y los investigadores;

31.  Pide al Defensor del Pueblo que siga investigando las prácticas en el seno de las agencias de la Unión, con especial atención a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas por lo que se refiere a los documentos de Monsanto y las posibles implicaciones en términos de confidencialidad y conflicto de intereses;

32.  Celebra las investigaciones realizadas por el Defensor del Pueblo a raíz de denuncias presentadas por personas con discapacidad, y le anima a participar activamente en el marco de la UE de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y a contribuir a la aplicación de la Estrategia Europea sobre Discapacidad; reitera su apoyo incondicional a la plena aplicación de la Convención a escala de la Unión;

33.  Pide al Defensor del Pueblo que garantice que la Comisión tome en cuenta las propuestas y recomendaciones del Defensor del Pueblo para una futura revisión de la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) con vistas a garantizar que los procedimientos y condiciones requeridos para la ICE sean claros, sencillos, fáciles de aplicar y proporcionados;

34.  Pide al Defensor del Pueblo que garantice que la Comisión colaborará en la creación de una infraestructura, proporcionando asesoramiento jurídico para las Iniciativas Ciudadanas Europeas, así como en la creación de un marco jurídico que proteja a los miembros de las ICE;

35.  Recuerda que la labor de los denunciantes es fundamental para desvelar casos de mala administración, y apoya las medidas adoptadas para fomentar eficazmente las denuncias y mejorar la protección de los denunciantes contra represalias, y pide al Defensor del Pueblo que siga evaluando la aplicación de normas internas nuevas sobre la denuncia de irregularidades en las instituciones de la Unión; anima a hacer un seguimiento de las investigaciones del Defensor del Pueblo de 2015 en relación con las normas internas de las instituciones de la Unión en materia de denuncia de irregularidades; acoge con satisfacción las propias normas del Defensor del Pueblo en este ámbito y anima al resto de instituciones europeas a que las tomen como orientación; reitera su petición de que se elabore una legislación horizontal de la Unión sobre la protección de las personas que denuncian irregularidades, por la que se establezcan los procedimientos y canales apropiados para informar de casos de mala administración de cualquier tipo, así como las garantías y salvaguardias legales adecuadas a todos los niveles para las personas implicadas;

36..  Propone una revisión del Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo al objeto de facultarle para la investigación de los supuestos incumplimientos del Reglamento (CE) n.º 1049/2001 relativo al acceso del público a los documentos de las instituciones y organismos de la Unión, y para la adopción de decisiones con respecto a la divulgación de los documentos pertinentes;

37.  Celebra la iniciativa del Defensor del Pueblo de identificar las mejores prácticas en la Administración de la Unión y darles una mayor visibilidad pública con el Premio del Defensor del Pueblo a la Buena Administración;

38.  Anima al Defensor del Pueblo a que siga colaborando con los Defensores del Pueblo nacionales a través de la Red Europea de Defensores del Pueblo; apoya la idea de celebrar la conferencia anual de la Red Europea de Defensores del Pueblo en Bruselas por primera vez en 2016, y el compromiso de la Comisión de trabajar más eficazmente con la Red;

39.  Se muestra receptivo a la idea de celebrar en el futuro conferencias anuales de la Red Europea de Defensores del Pueblo en las instalaciones del Parlamento Europeo, tras considerar los vínculos directos que existen entre la Comisión de Peticiones y el Defensor del Pueblo;

40.  Recuerda que la Red Europea de Defensores del Pueblo podría desempeñar una función importante en la defensa de los derechos de los ciudadanos de la Unión en las negociaciones sobre la retirada del Reino Unido de la Unión;

41.  Felicita al Defensor del Pueblo por sus reuniones con los distintos Defensores del Pueblo nacionales y con las organizaciones de la sociedad civil y el mundo empresarial; insta al Defensor del Pueblo a celebrarlas en todos los Estados miembros y a dar a conocer mejor lo que la Oficina del Defensor del Pueblo puede hacer por los ciudadanos y las empresas europeos;

42.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución y el Informe de la Comisión de Peticiones al Consejo, a la Comisión, al Defensor del Pueblo Europeo y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, así como a los Defensores del Pueblo u otros órganos equivalentes de los Estados miembros.

(1) DO L 113 de 4.5.1994, p. 15.
(2) DO C 72 E de 21.3.2002, p. 331.


Revisión de la aplicación de la normativa medioambiental (EIR)
PDF 178kWORD 47k
Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de noviembre de 2017, sobre la revisión de la aplicación de la normativa medioambiental de la UE (2017/2705(RSP))
P8_TA(2017)0450B8-0590/2017

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de febrero de 2017, titulada «Revisión de la aplicación de la normativa medioambiental de la UE: problemas comunes y cómo combinar esfuerzos para obtener mejores resultados» (COM(2017)0063), y los veintiocho informes por país correspondientes,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 27 de mayo de 2016, titulada «Hacer efectivos los beneficios de las políticas ambientales de la UE mediante la revisión periódica de su aplicación» (COM(2016)0316),

–  Vista la Decisión n.º 1386/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, relativa al Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020, «Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta»(1) (VII PMA),

–  Vista la Resolución adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015 titulada «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible» (A/RES/70/1),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 22 de noviembre de 2016, titulada «Próximas etapas para un futuro europeo sostenible: acción europea en favor de la sostenibilidad» (COM(2016)0739),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 22 de mayo de 2017, titulada «Semestre Europeo 2017: recomendaciones específicas por país» (COM(2017)0500),

–  Visto el informe de la Comisión, de 2 de diciembre de 2015, titulado «Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE para la economía circular» (COM(2015)0614),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de enero de 2017, sobre la aplicación del plan de acción para la economía circular (COM(2017)0033),

–  Vistas las preguntas al Consejo (O-000065/2017 – B8-0606/2017) y a la Comisión (O‑000066/2017 – B8-0607/2017) sobre la revisión de la aplicación de la normativa medioambiental de la UE (EIR),

–  Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria,

–  Vistos el artículo 128, apartado 5, y el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que la Unión cuenta con una sólida legislación sobre medio ambiente, si bien su aplicación escasa y deficiente constituye un problema ya antiguo; que las lagunas que se registran en la aplicación son una amenaza para el desarrollo sostenible, tienen efectos transfronterizos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana, y conllevan importantes costes socioeconómicos; y que estas lagunas socavan, además, la credibilidad de la Unión;

B.  Considerando que las autoridades regionales y locales aplican el 70 % de la legislación medioambiental;

C.  Considerando que mediante la revisión de la aplicación de la normativa medioambiental de la Unión y los veintiocho informes por país se ha demostrado una vez más que la aplicación del Derecho medioambiental en la Unión no es homogénea, sino que varía considerablemente entre Estados miembros, así como entre diferentes ámbitos medioambientales; que, no obstante, existen ámbitos problemáticos comunes en los que la aplicación es deficiente en toda la Unión; y que estos ámbitos afectan con frecuencia a las mayores amenazas medioambientales;

D.  Considerando que el ejercicio bienal de presentación de informes es muy importante para mostrar la situación real de la aplicación en los Estados miembros, pero que también sería importante mantener un seguimiento periódico;

E.  Considerando que la revisión de la aplicación de la normativa medioambiental ha tratado elementos importantes de la legislación de la Unión en materia de medio ambiente, pero que debe seguir ampliándose para poder aportar soluciones más sistemáticas a los retos que plantea el desarrollo medioambiental sostenible;

F.  Considerando que la revisión de la aplicación de la normativa medioambiental debe ser un instrumento intersectorial que permita evaluar los impactos ambientales de otros ámbitos, como la agricultura, la pesca, la industria, el transporte, la silvicultura y las políticas regionales en general;

G.  Considerando que la Comisión debe aspirar a lograr una mejor comparabilidad de los datos utilizados para evaluar los resultados de los Estados miembros; y que las diferencias entre los datos recopilados en distintos Estados miembros representan un obstáculo importante para su comparabilidad y, en último extremo, para la propia evaluación;

H.  Considerando que es importante que todas las autoridades competentes participen en la revisión de la aplicación de la normativa medioambiental manteniendo la coherencia con la realidad institucional de los Estados miembros; y que, en particular, es importante insistir en que, en algunos Estados miembros, las regiones tienen plenas competencias en el terreno de la legislación medioambiental;

I.  Considerando que la revisión de la aplicación de la normativa medioambiental es un instrumento plenamente complementario de otros que se centran en mejorar la aplicación, como IMPEL (Red europea para la aplicación y el cumplimiento de la legislación en materia de medio ambiente) y el proyecto «Make it Work»;

J.  Considerando que la revisión de la aplicación de la normativa medioambiental debe percibirse como un instrumento para el debate político, en particular en el ámbito ministerial, y no solo como un instrumento técnico;

Importancia y contexto de la revisión de la aplicación de la normativa medioambiental

1.  Acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión sobre el establecimiento de una revisión de la aplicación de la normativa medioambiental y reconoce su enorme potencial si se le concede una importancia política adecuada y es plenamente transparente; señala que dicha revisión encierra la posibilidad de que los problemas relativos a la aplicación ocupen un lugar destacado en la agenda política, se utilice como mecanismo de «alerta rápida» para los responsables de la adopción de decisiones y, en última instancia, mejore la aplicación de la legislación y la política en materia de medio ambiente de la Unión;

2.  Recuerda que el Parlamento Europeo ha abogado en repetidas ocasiones por que la Comisión desempeñe un papel más activo en el seguimiento, la orientación y el apoyo a la aplicación de la legislación y la política en materia de medio ambiente, por ejemplo en relación con las Directivas sobre la naturaleza; considera que la Comisión debe actuar con decisión en caso de incumplimiento, empleando activamente todas las medidas legislativas que están a su disposición;

3.  Apoya el enfoque holístico, intersectorial y multilateral adoptado por la Comisión, fundamental para introducir cambios sobre el terreno; celebra que la revisión de la aplicación de la normativa medioambiental defina las causas profundas de una aplicación deficiente y sugiere medidas para abordar de forma constructiva estos retos;

4.  Considera que la revisión de la aplicación de la normativa medioambiental debería ser una de las herramientas utilizadas para establecer una mayor coherencia con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y evaluar los avances realizados por los Estados miembros y la Unión de cara al cumplimiento de los ODS relacionados con el medio ambiente; pide, en este contexto, a la Comisión que examine, asimismo, el modo en que la aplicación de la legislación sobre medio ambiente de la Unión también contribuye a la de los ODS pertinentes y favorece el cumplimiento por parte de los Estados miembros de indicadores y objetivos concretos ligados a los ODS;

5.  Reconoce que la revisión de la aplicación de la normativa medioambiental también puede servir como herramienta de prevención y que, por lo tanto, podría reducir el número de procedimientos de infracción; destaca, no obstante, que la revisión no debe sustituir ni retrasar la adopción por parte de la Comisión de las medidas que considere necesarias en materia de infracción;

Cómo mejorar la revisión de la aplicación de la normativa medioambiental y obtener mejores resultados

6.  Acoge con satisfacción que la revisión de la aplicación de la normativa medioambiental cubra la mayoría de los objetivos temáticos del séptimo Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente (VII PAM); lamenta, no obstante, que no se hayan abordado aspectos importantes, como el cambio climático, las medidas de eficiencia energética y el ahorro de energía, los productos químicos y las emisiones industriales, así como determinados desafíos sistémicos y medioambientales relacionados con las políticas de energía, transportes, productos y regional, y pide a la Comisión que garantice su inclusión en futuras versiones; señala que los datos existentes ya publicados por la Agencia Europea de Medio Ambiente podrían haber permitido, al menos, un análisis preliminar de la aplicación de la legislación sobre el cambio climático, las medidas de eficiencia energética y el ahorro de energía a escala de la Unión y de los Estados miembros;

7.  Deplora, asimismo, que no se hayan abordado cuestiones importantes como los residuos farmacéuticos y hormonales en las aguas residuales, superficiales y subterráneas y sus repercusiones sobre el agua potable, la salud pública, la biodiversidad y el medio ambiente (acuático), y pide a la Comisión que garantice que se aborden estas cuestiones en versiones futuras;

8.  Destaca que la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, a escala mundial, y el VII PAM, a escala de la Unión, crean un marco para políticas progresistas en materia de medio ambiente;

9.  Considera que un vínculo más sólido entre la revisión de la aplicación de la normativa medioambiental y el Semestre Europeo redundaría en beneficio de la coherencia de la acción de la Unión;

10.  Señala que la disponibilidad limitada de datos puede provocar lagunas en la aplicación y dificultar la propia revisión;

11.  Subraya la importancia que reviste la armonización de los datos y los ciclos de notificación de cara a la racionalización de futuros procesos de revisión; pide a la Comisión que aumente el nivel de comparabilidad de los datos e incluya en sus futuras revisiones de la aplicación de la normativa medioambiental una sección específica para evaluar la calidad de la notificación y de los datos que faciliten los Estados miembros en virtud de las distintas Directivas; subraya la importancia que reviste la puesta en común de datos por vía electrónica en condiciones de seguridad para facilitar la notificación por parte de los Estados miembros;

12.  Señala que es importante respaldar la evaluación cualitativa con objetivos cuantitativos; estima, a ese respecto, que una mejor cooperación con la Agencia Europea de Medio Ambiente contribuiría al desarrollo de indicadores apropiados;

13.  Subraya que la revisión de la aplicación de la normativa medioambiental debería tener en cuenta y valorar los problemas graves y los posibles objetivos en conflicto entre las políticas ambientales y otras políticas sectoriales, poniendo de relieve, cuando proceda, posibles desajustes y elaborando propuestas para resolverlos;

14.  Considera que los Estados miembros deberían disponer de un margen de apreciación menor para encontrar soluciones con vistas a una aplicación mejor;

Cómo mejorar la aplicación de la normativa medioambiental

15.  Subraya que la falta de integración de las cuestiones medioambientales en otras políticas es una de las causas fundamentales de las lagunas en la aplicación de la legislación y la política medioambientales;

16.  Subraya que la aplicación de la legislación medioambiental podría mejorar mediante una mejor integración de esta legislación en otros ámbitos políticos y la aplicación plena del principio de precaución;

17.  Estima que la falta de capacidad administrativa y de gobernanza, dos de las principales causas de la deficiente aplicación, derivan, en parte, de la falta de una financiación adecuada y, en parte, de un uso ineficaz de los fondos disponibles por parte de los Estados miembros, e insta a los Estados miembros a que introduzcan mejoras en esos ámbitos;

18.  Considera que, en aras de una gobernanza responsable y sólida y de una mayor eficacia, es necesaria una asociación con las autoridades públicas, y transparencia, a todos los niveles, así como una división clara de responsabilidades, una asignación adecuada de recursos, la creación de capacidades y mejores mecanismos de coordinación;

19.  Considera que el recurso a instrumentos de mercado por parte de los Estados miembros como, por ejemplo, una política basada en el principio de «quien contamina paga», constituye un instrumento eficaz y eficiente para alcanzar el objetivo de aplicar plenamente la política ambiental;

20.  Respalda firmemente el énfasis que se pone en la revisión de la aplicación de la normativa medioambiental en relación con el intercambio de mejores prácticas y la revisión inter pares y estima que ello podría ayudar a los Estados miembros que tienen dificultades con la aplicación de la legislación medioambiental a encontrar soluciones innovadoras; expresa su convencimiento, en este contexto, de que sería útil que la Comisión elaborase unas orientaciones;

21.  Considera que la revisión de la aplicación de la normativa medioambiental debe prever unos calendarios claros y estrictos fijados por la Comisión para garantizar la aplicación de la legislación medioambiental en los Estados miembros;

22.  Estima que también se puede utilizar la revisión de la aplicación de la normativa medioambiental como instrumento para informar a la opinión pública, aumentar el grado de sensibilización, reforzar la participación de la sociedad civil y aumentar la participación de la población y la educación sobre la política medioambiental, en beneficio de los Estados miembros y los ciudadanos; pide, en este contexto, a la Comisión que elabore un conjunto de medidas para evaluar los progresos realizados por los Estados miembros en materia de resultados medioambientales, incluyendo evaluaciones comparativas de buenas prácticas e informes sobre el cuadro de indicadores, que se deberían actualizar regularmente y publicar a fin de ponerlos a la disposición del público;

23.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen la garantía del cumplimiento, también mediante la mejora y la intensificación de los esfuerzos en materia de aplicación de la Directiva sobre responsabilidad medioambiental;

24.  Destaca que, si se dispone de un acceso efectivo a la justicia, las ONG y la población en general también pueden desempeñar un papel importante en la promoción de una mejor aplicación y defender, así, el Estado de Derecho;

25.  Pide a la Comisión que presente una propuesta legislativa sobre inspecciones medioambientales con el fin de acelerar la aplicación de la legislación y las normas medioambientales;

26.  Pide a la Comisión que, en el marco de la buena gobernanza y de la garantía del cumplimiento, presente una nueva propuesta legislativa sobre normas mínimas para el acceso al control jurisdiccional y una propuesta de revisión del Reglamento sobre la aplicación del Convenio de Aarhus a la acción de la Unión, a fin de tener en cuenta la reciente recomendación del Comité de Cumplimiento de dicho Convenio;

El papel de los Estados miembros y de las instituciones de la Unión en el seguimiento de la revisión de la aplicación de la normativa medioambiental

27.  Pide a la Comisión, a las autoridades competentes de los Estados miembros y a las partes interesadas que participen plenamente y sin demora en la revisión de la aplicación de la normativa medioambiental; destaca el importante papel de las autoridades regionales y locales; pide a los Estados miembros que asocien plenamente a las entidades locales y regionales y que las animen a participar plenamente en la red IMPEL y a impulsar la participación de los expertos locales y regionales a fin de mejorar urgentemente la puesta en común de datos, conocimientos y buenas prácticas;

28.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que mejoren la recogida de datos y la disponibilidad de información, la difusión de buenas prácticas y la participación de los ciudadanos, y que examinen la posibilidad de reforzar la participación de las entidades locales en el proceso de definición de la política medioambiental;

29.  Solicita a las autoridades competentes en el nivel que corresponda en los Estados miembros que se encarguen de organizar diálogos abiertos e incluyentes sobre la aplicación, facilitando la información adecuada a la población y la sociedad civil y velando por su participación, y pide a la Comisión que se implique en dichos diálogos, así como que mantenga informado al Parlamento;

30.  Acoge favorablemente las propuestas estratégicas de la Comisión sobre el marco específico para el diálogo estructurado relativo a la aplicación pero considera imprescindible que se garantice la transparencia de ese proceso y que incluya la participación de las ONG y de las principales partes interesadas;

31.  Acoge con satisfacción el debate entre la Comisión, los Estados miembros y las partes interesadas en el grupo de expertos sobre la dimensión ecológica del Semestre Europeo, pero considera que la participación de un grupo de expertos específico sobre la aplicación de la normativa medioambiental podría facilitar el desarrollo de un diálogo estructurado sobre la aplicación además de los diálogos bilaterales entre países;

32.  Insta a que la cuestión relativa a la aplicación figure como punto recurrente de las prioridades y los programas del Trío de Presidencias; a que se aborde en el Consejo de Medio Ambiente al menos una vez al año, posiblemente en el marco de un Consejo específico sobre la aplicación; y a que se complemente con otro foro en el que participen también el Parlamento Europeo y el Comité de las Regiones; pide que se celebren reuniones conjuntas del Consejo para tratar la aplicación de las cuestiones transectoriales y horizontales y los desafíos comunes y las cuestiones emergentes con posibles repercusiones transfronterizas;

o
o   o

33.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO L 354 de 28.12.2013, p. 171.


Lucha contra las desigualdades para impulsar la creación de empleo y el crecimiento
PDF 405kWORD 71k
Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de noviembre de 2017, sobre la lucha contra las desigualdades para impulsar la creación de empleo y el crecimiento (2016/2269(INI))
P8_TA(2017)0451A8-0340/2017

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea,

–  Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en lo sucesivo «TFUE»), y en particular su artículo 9,

–  Vista la Carta Social Europea revisada,

–  Vista la publicación de la Comisión de 2015 de la revisión trimestral del empleo y la situación social en la UE, de septiembre de 2015,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 5 de marzo de 2014, titulada «Balance de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2014)0130),

–  Vista la publicación de la Comisión de 2012 sobre la evolución del empleo y de la situación social en Europa en 2012,

–  Visto el Conjunto de medidas de la Comisión sobre inversión social, de 20 de febrero de 2013, incluida la Recomendación 2013/112/UE titulada «Invertir en la infancia: romper el ciclo de las desventajas»,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 16 de diciembre de 2010, titulada «La Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social: Un marco europeo para la cohesión social y territorial» (COM(2010)0758),

–  Vistas la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020 — Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020), y su Resolución, de 16 de junio de 2010, sobre la Estrategia UE 2020(1),

–  Vista su Resolución, de 14 de junio de 2017, sobre la necesidad de una estrategia de la Unión para eliminar y prevenir la brecha de género en materia de pensiones(2),

–  Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2017, sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea en 2014‑2015(3),

–  Vista su Resolución, de 19 de enero de 2017, sobre un pilar europeo de derechos sociales(4),

–  Vista su Recomendación destinada al Consejo, de 7 de julio de 2016, sobre el 71.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas(5),

–  Vista su Resolución, de 14 de abril de 2016, sobre la consecución del objetivo de lucha contra la pobreza a la luz del aumento de los gastos de las familias(6),

–  Vista su Resolución, de 24 de noviembre de 2015, sobre la reducción de las desigualdades, en especial con respecto a la pobreza infantil(7),

–  Vista su Resolución, de 16 de enero de 2014, sobre una estrategia de la UE para las personas sin hogar(8),

–  Vista su Resolución, de 4 de julio de 2013, sobre el impacto de la crisis en el acceso de los grupos vulnerables a la asistencia(9),

–  Vista su Resolución, de 12 de junio de 2013, sobre la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia la inversión social para el crecimiento y la cohesión, incluida la ejecución del Fondo Social Europeo 2014-2020»(10),

–  Vista su Resolución, de 15 de noviembre de 2011, sobre la plataforma europea contra la pobreza y la exclusión social(11),

–  Vista su Resolución, de 8 de marzo de 2011, sobre el rostro de la pobreza femenina en la Unión Europea(12),

–  Vista su Resolución, de 8 de marzo de 2011, sobre la reducción de las desigualdades en salud en la UE(13),

–  Vista su Resolución, de 20 de octubre de 2010, sobre el papel de la renta mínima en la lucha contra la pobreza y la promoción de una sociedad integradora en Europa(14),

–  Vista su Resolución, de 9 de octubre de 2008, sobre la promoción de la inclusión social y la lucha contra la pobreza, incluida la pobreza infantil, en la Unión Europea(15),

–  Vista la pregunta con solicitud de respuesta oral O-000047/2016 – B8-0369/2016 sobre la lucha contra las desigualdades para impulsar el crecimiento económico sostenible e integrador de la Unión,

–  Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 10 de diciembre de 2013, sobre el tema «Renta mínima europea e indicadores de pobreza»(16),

–  Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 15 de junio de 2011, sobre el tema «La Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social: Un marco europeo para la cohesión social y territorial»(17),

–  Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 30 de septiembre de 2009, sobre el tema «Trabajo y pobreza: hacia un enfoque global indispensable»(18),

–  Visto el Dictamen del Comité de las Regiones, de 31 de marzo de 2011, sobre la plataforma europea contra la pobreza y la exclusión social(19),

–  Visto el informe anual del Comité de Protección Social, de 10 de marzo de 2015, titulado «La situación social en la Unión Europea (2014)»(20),

–  Visto el Dictamen del Comité de Protección Social, de 15 de febrero de 2011, sobre la Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión social – Iniciativa emblemática de la Estrategia «Europa 2020»(21),

–  Visto el informe de Eurofound titulado «Third European Quality of Life Survey – Quality of life in Europe: Impacts of the crisis» (Tercera Encuesta Europea sobre la Calidad de Vida – Calidad de vida en Europa: impactos de la crisis),

–  Visto el informe de Eurofound titulado «Third European Quality of Life Survey – Quality of life in Europe: Social inequalities» (Tercera Encuesta Europea sobre la Calidad de Vida – Calidad de vida en Europa: desigualdades sociales),

–  Visto el informe de Eurofound titulado «Income inequalities and employment – patterns in Europe before and after the Great Recession» (Desigualdad de renta y modalidades de empleo en Europa antes y después de la Gran Recesión),

–  Visto el informe de síntesis de la Sexta Encuesta europea sobre las condiciones de trabajo de Eurofound,

–  Visto el informe de Eurofound titulado «Social mobility in the EU» (Movilidad social en la UE),

–  Visto el informe de Eurofound titulado «New forms of employment» (Nuevas formas de empleo),

–  Vista la actualización temática de Eurofound titulada «Pay inequalities experienced by posted workers: Challenging the equal treatment principle» (Las desigualdades salariales de los trabajadores desplazados: un desafío al principio de igualdad de trato), que proporciona un resumen detallado de las posiciones de gobiernos e interlocutores sociales en toda Europa en lo que respecta al principio de igual remuneración a igual trabajo,

–  Visto el informe de Eurofound titulado «Developments in working life in Europe: EurWORK annual review 2016» (Novedades en la vida laboral en Europa: revisión anual EurWORK 2016) y, en particular, su capítulo «Pay inequalities – Evidence, debate and policies» (Desigualdades salariales – Pruebas, debate y políticas),

–  Visto el informe de Eurofound titulado «Occupational change and wage inequality: European Jobs Monitor 2017» (Cambios en el empleo y desigualdad salarial: Observatorio Europeo del Empleo 2017),

–  Visto el informe de Eurofound titulado «Women, men and working conditions in Europe» (Mujeres, hombres y condiciones laborales en Europa),

–  Vista la publicación de la Comisión titulada «European Economic Forecast Spring 2016»(22) (Previsiones económicas de la Comisión Europea de primavera de 2016),

–  Vista la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y, en concreto, su objetivo de desarrollo sostenible n.º 10, «Reducir las desigualdades dentro de los países y entre unos países y otros»,

–  Visto el informe de las Naciones Unidas titulado «Report on the World Social Situation 2007: The Employment Imperative» (Informe sobre la situación social en el mundo 2007: el imperativo del empleo),

–  Visto el informe de la OCDE, de 21 de mayo de 2015, titulado «In It Together: Why Less Inequality Benefits All» (Todos juntos: ¿por qué reducir la desigualdad nos beneficia?),

–  Visto el informe de la OCDE, de 19 de diciembre de 2011, titulado «Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising» (Estamos divididos: por qué sigue aumentando la desigualdad),

–  Visto el informe de la OCDE, de octubre de 2008, titulado «Growing Unequal? : Income Distribution and Poverty in OECD countries» (¿Crecimiento desigual?: Distribución de los ingresos y pobreza en los países de la OCDE),

–  Vista la nota de debate de los servicios del Fondo Monetario Internacional, de 17 de febrero de 2014, titulada «Redistribution, Inequality and Growth» (Redistribution, desigualdad y crecimiento)(23),

–  Vista la nota de debate de los servicios del Fondo Monetario Internacional, de 8 de abril de 2011, titulada «Inequality and Unsustainable Growth: Two Sides of the Same Coin?» (Desigualdad y crecimiento insostenible: ¿Dos caras de la misma moneda?)(24),

–  Vista la publicación de la OIT, de 3 de junio de 2013, titulada «World of Work Report 2013: Repairing the economic and social fabric» (Informe sobre el trabajo en el mundo 2013: reparando el tejido económico y social) y su capítulo «Snapshot of the United States» (Instantánea de los Estados Unidos),

–  Visto el informe publicado en septiembre de 2014 por el University College de Londres, como parte del proyecto «DRIVERS For Health Equity» (Motores en favor de la equidad sanitaria) titulado «Final Scientific Report: Social Inequalities in early childhood health and development: a European-wide systematic review» (Informe científico final: desigualdades sociales en la salud de la primera infancia y desarrollo: una revisión sistemática en toda Europa),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y la opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la posición en forma de enmiendas de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0340/2017),

A.  Considerando que la igualdad y la equidad forman parte integral de los valores europeos y constituyen una piedra angular del modelo social europeo, de la Unión y de sus Estados miembros; que entre los objetivos tanto de los Estados miembros como de la Unión figura el fomento del empleo, con vistas a conseguir elevadas tasas de empleo duradero y combatir la exclusión;

B.  Considerando que la desigualdad socava la confianza social y reduce el apoyo a las instituciones democráticas; que las medidas para luchar contra la desigualdad han de mejorarse en términos económicos, sociales y regionales, al objeto de fomentar un desarrollo armonioso en toda la Unión;

C.  Considerando que por desigualdad se entiende tanto la brecha salarial entre distintas personas como la pérdida de oportunidades personales, lo que impide la mejora potencial de sus capacidades y habilidades, y limita su desarrollo y, por ende, su posible contribución a la sociedad;

D.  Considerando que en el origen de la caída de la demanda se encuentra la crisis económica y financiera que azota a la zona del euro desde hace más de una década;

E.  Considerando que la desigualdad y el desempleo restringen la demanda efectiva, frustran la innovación y pueden dar lugar a una mayor fragilidad financiera; que una alta y creciente desigualdad obstaculiza no solo los progresos hacia la erradicación de la pobreza sino también los esfuerzos para mejorar la inclusión y la cohesión sociales;

F.  Considerando que la lucha contra las desigualdades puede servir de palanca para impulsar la creación de empleo y el crecimiento y, al mismo tiempo, reducir la pobreza; que el 47,5 % de todos los desempleados de la Unión corrían riesgo de pobreza en 2015(25);

G.  Considerando que la desigualdad socava el crecimiento y la creación de empleo de calidad(26), según instituciones internacionales como el FMI(27) o la OCDE(28), quienes también han afirmado que un nivel demasiado elevado y creciente de desigualdad entraña costes sociales directos, obstaculiza la movilidad social y puede, asimismo, inhibir el crecimiento sostenible tanto actual como futuro;

H.  Considerando que uno de los cinco objetivos de la Estrategia Europa 2020 aspira a reducir en al menos 20 millones el número de personas en situación o en riesgo de pobreza y exclusión social, de 115,9 millones en 2008 a, como mínimo, 95,9 millones en 2020; que en 2015 se encontraban en riesgo de pobreza y exclusión social 117,6 millones de personas, cifra que superaba en 1,7 millones a la correspondiente a 2008; que 32,2 millones de personas con discapacidad se encontraban en riesgo de pobreza y exclusión social en la Unión en 2012; que en 2013 había en la Europa de los Veintiocho 26,5 millones de niños en riesgo de pobreza y exclusión social; que el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social sigue manteniéndose en un nivel inaceptablemente alto (23,7 %) y que en algunos Estados miembros las cifras siguen siendo muy elevadas; que, además, la pobreza energética sigue siendo tan elevada que para el 11 % de la población de la Unión afectada genera un ciclo de desventaja económica(29);

I.  Considerando que el aumento de la desigualdad derivada de la crisis ha afectado especialmente a las mujeres, agravando la pobreza entre ellas y excluyéndolas cada vez más del mercado laboral; que la participación de la mujer en el mercado laboral debería aumentar mediante la aplicación eficaz de la legislación existente y complementaria en materia de igualdad entre mujeres y hombres y la optimización del marco político vigente con vistas a mejorar el equilibrio entre vida privada y vida laboral;

J.  Considerando que existe una correlación positiva entre una mayor igualdad entre hombres y mujeres y el refuerzo del crecimiento económico, la integración, la creación de empleo y la prosperidad de las empresas; que la reducción de las desigualdades profesionales no solo constituye un medio para alcanzar la igualdad de trato, sino también para garantizar la eficiencia del mercado laboral y la competitividad;

K.  Considerando que la OCDE destaca que una disminución de la desigualdad en un punto Gini se traduciría en un aumento del crecimiento acumulado del 0,8 % en los cinco años siguientes(30).

L.  Considerando que, según Eurofound, el «trabajo atípico» hace referencia a las relaciones de trabajo no conformes con el modelo estándar o típico de empleo a tiempo completo, regular y de duración indeterminada con un único empleador a lo largo de un período largo de tiempo; que, según la OIT, «formas atípicas de empleo» es un término genérico para diferentes modalidades de empleo que se apartan del empleo normal, incluido el trabajo temporal, a tiempo parcial y en régimen de guardias, el trabajo a través de una agencia de trabajo temporal y otras relaciones laborales múltiples, así como el empleo encubierto y empleo autónomo dependiente;

M.  Considerando que el aumento de la desigualdad está asociado a una menor movilidad social, unas capacidades humanas reducidas y límites a los derechos y libertades fundamentales; que el informe de Eurofound de 2017 sobre movilidad social en la UE(31) aporta pruebas de que la situación social sigue determinando las oportunidades en la vida en muchos Estados miembros;

N.  Considerando que el crecimiento en las economías de los Estados miembros depende de múltiples factores; que la creciente desigualdad podría tener un impacto negativo en el crecimiento; que el FMI ha detectado, a escala global, la existencia de una relación inversa entre la parte de la renta acumulada por el 20 % superior y el crecimiento económico, consistente en que si la parte de la renta del 20 % superior aumenta un punto porcentual, el crecimiento del PIB en los cinco años siguientes es, de hecho, inferior en 0,08 puntos porcentuales; que, inversamente, un aumento similar en la parte de la renta del 20 % inferior está asociado a un crecimiento superior en 0,38 puntos porcentuales;

O.  Considerando que la desigualdad es un fenómeno polifacético que no se restringe a cuestiones monetarias, sino que también afecta a las oportunidades de que disponen las personas en función de su género, origen étnico, discapacidad, orientación sexual, situación geográfica o edad, por ejemplo; que la existencia de múltiples desigualdades en el acceso al empleo y en el marco laboral plantea un riesgo para la salud y el bienestar personales, así como para las oportunidades financieras, y podría, por tanto, dar lugar a un descenso en la productividad;

P.  Considerando que la desigual cobertura en el ámbito de la protección social se analiza en el informe de Eurofound titulado «New forms of employment» (Nuevas formas de empleo)(32), que incluye un enfoque centrado en la más problemática de estas formas desde una perspectiva de protección social, a saber, el trabajo ocasional, y muestra ejemplos de legislación que excluye de forma expresa a los trabajadores ocasionales, y de otra legislación que pretende incluirlos, normalmente mediante una compensación sobre la base de umbrales de ingresos; que los vales de trabajo y el reparto estratégico de personal son ejemplos de formas de empleo atípicas orientadas a abordar la inadecuación de la protección social en los casos de trabajo ocasional o a tiempo parcial;

Q.  Considerando que las sociedades con mayores desigualdades de renta registran tasas más elevadas de mala salud y violencia, peores resultados en matemáticas y alfabetización, más casos de obesidad e índices más elevados de encarcelaciones y homicidios(33); que una sociedad más igualitaria implica un menor gasto en bienestar para el Estado;

R.  Considerando que las desigualdades a lo largo del ciclo de vida se traducen en desigualdades durante la vejez, como una menor esperanza de vida con buena salud, la pobreza en edad avanzada y una brecha de género en materia de pensiones de casi el 40 %; que las estrategias europeas para la erradicación de la pobreza son necesarias para la consecución de un desarrollo sostenible para todos;

S.  Considerando que la seguridad económica es un factor importante para la realización humana;

T.  Considerando que el 5 de octubre de 2015 el Consejo adoptó conclusiones sobre el «Informe sobre la adecuación de las pensiones (2015): adecuación de los ingresos presentes y futuros durante la vejez en la UE», en las que estima «fundamental que las pensiones públicas u otros sistemas de protección social contemplen garantías apropiadas para las mujeres y los hombres cuyas oportunidades de empleo no les permiten o no les han permitido acumular derechos de pensión suficientes», y afirma, además, que «dichas garantías incluyen especialmente pensiones mínimas u otros ingresos mínimos para personas de edad avanzada»(34);

U.  Considerando que la falta de financiación suficiente de la educación pública es una de las principales causas de disparidades sociales futuras y de desigualdades crecientes;

V.  Considerando que entre 2005 y 2015 el coeficiente de Gini para la Unión aumentó de 30,6 a 31 y que las desigualdades de renta entre el 20 % superior e inferior de la población subieron de 4,7 a 5,2; que la proporción de personas en situación de riesgo de pobreza económica está estrechamente relacionada con la desigualdad de los ingresos, y que la pobreza económica ha experimentado un crecimiento constante desde 2005; que, entre 2008 y 2014, varios Estados miembros experimentaron un aumento de las desigualdades en términos de renta disponible de los hogares(35);

W.  Considerando que las disparidades en el crecimiento económico entre los Estados miembros y dentro de ellos dan lugar a desequilibrios económicos en el seno de la Unión; que estas muy desiguales tendencias económicas han generado un desempleo excesivo y bolsas de pobreza;

X.  Considerando que la evolución global de las desigualdades es coherente con el aumento sostenido desde la década de los ochenta de la desigualdad en los países desarrollados, donde —según datos de la OCDE(36)— la desigualdad ha aumentado independientemente del ciclo económico, con determinadas excepciones, lo que ha conllevado un incremento del coeficiente de Gini de tres puntos entre 1980 y 2013 (de 0,29 a 0,32), que representa un aumento del 10 % en las últimas décadas;

Y.  Considerando que aunque el nivel de desigualdad puede verse determinado por muchos factores, son las instituciones y los impulsores de acciones políticas los responsables de afrontarlos, especialmente a nivel estructural; que existe un déficit de inversión en la UE y que las inversiones públicas y privadas son elementos clave para la reducción de la desigualdad mediante el fomento del empleo; que deben abordarse adecuadamente las deficiencias estructurales; que está prevista una actualización del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) para abordar el déficit de inversiones;

Z.  Considerando que las tendencias en materia de desigualdad no coinciden necesariamente con las tendencias relativas a la pobreza absoluta y a las formas extremas de pobreza, como las personas sin hogar;

AA.  Considerando que la prestación de asistencia y financiación adecuadas en materia de vivienda sostenible y permanente resulta fundamental a la hora de acceder al empleo, la educación y la sanidad, así como para el fortalecimiento de la integración y la aceptación local; que velar por la habitabilidad de los barrios y luchar contra la segregación son elementos importantes del apoyo a la integración y de la reducción de las desigualdades;

AB.  Considerando que, según Eurostat, el porcentaje de población en riesgo de pobreza en la UE fue del 24,4 % en 2015, y se elevaba al 26,9 % en el caso de los niños;

AC.  Considerando que las mujeres se ven afectadas de manera desproporcionada por la crisis, y que los puestos de trabajo verdes han resultado ser más resistentes ante la crisis que otros puestos de trabajo;

AD.  Considerando que las mujeres están más expuestas al riesgo de pobreza y precariedad;

Establecer la coordinación de la política europea para combatir la desigualdad

1.  Afirma que las desigualdades constituyen una amenaza para el futuro del proyecto europeo, erosionan su legitimidad y mellan la confianza en la Unión como motor del progreso social, una dimensión de la Unión que ha de desarrollarse; recuerda que las desigualdades actuales tienen una repercusión negativa al debilitar la estabilidad política y social; hace hincapié en que la promoción de la convergencia al alza y la mejora de las condiciones de vida de todos los ciudadanos europeos deben seguir siendo el motor de una mayor integración;

2.  Cree firmemente que la reducción de las desigualdades debe ser una prioridad capital a nivel europeo, no solo con el fin de atajar la pobreza o para fomentar la convergencia, sino también como condición previa para la recuperación económica, la creación de empleo digno, la cohesión social y la prosperidad compartida;

3.  Destaca que la reducción de las desigualdades es esencial para promover unas democracias más justas y estables, garantizar la igualdad de trato sin dobles raseros, marginar el populismo, el extremismo y la xenofobia, y garantizar que la Unión Europea sea un proyecto compartido por sus ciudadanos;

4.  Recuerda a la Comisión y a los Estados miembros que la Unión Europea debe cumplir sus compromisos en virtud de los Tratados en lo que se refiere a promover el bienestar de sus pueblos, el pleno empleo y el progreso social, la justicia y la protección sociales, la igualdad entre mujeres y hombres, la igualdad entre ciudadanos procedentes de distintos entornos socioeconómicos, la solidaridad entre las generaciones y la protección de los derechos del niño, así como la integración social de todas las personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad o que estén marginadas;

5.  Solicita a la Comisión y a los Estados miembros, con arreglo a sus competencias respectivas, que evalúen el rendimiento y los resultados de la coordinación de la política económica, teniendo en cuenta la evolución del progreso social y la justicia social en la Unión; observa que el Semestre Europeo no ha dado prioridad a la consecución de estos objetivos ni a la reducción de las desigualdades; insta a la Comisión a que mejore el proceso de coordinación de políticas con el fin de supervisar, prevenir y corregir las tendencias negativas que pueden llevar a un aumento de las desigualdades y al debilitamiento del progreso social o bien afectar negativamente a la justicia social, estableciendo medidas preventivas y correctivas cuando sea necesario; opina que deben evaluarse e incorporarse, en su caso, en el Semestre Europeo políticas específicas orientadas a la lucha contra las desigualdades económicas;

6.  Estima que las medidas sociales pueden ser consideradas en algunas ocasiones como medidas de atenuación y han de complementarse con políticas económicas y reformas estructurales socialmente responsables de cara a lograr un crecimiento económico positivo, duradero y sostenible, y reducir estructuralmente la tendencia a la desigualdad a medio y largo plazo;

7.  Insta a la Comisión a que, en el marco del Semestre Europeo y sin perjuicio de las competencias nacionales, evalúe mejor los desequilibrios en términos de distribución de la renta y la riqueza, también a través de informes individuales de examen exhaustivo, si se detectan desequilibrios, como forma de vincular la coordinación económica con los resultados en materia social y de empleo; pide a la Comisión que establezca un panorama preciso y actualizado de las diferencias en renta y riqueza, cohesión social e inclusión social entre los países y en el seno de los mismos, así como que justifique mediante datos sólidos y detallados sus propuestas y recomendaciones de decisiones políticas; pide a la Comisión que estudie cuáles deberían ser los indicadores más precisos de las desigualdades económicas (entre el coeficiente de Gini, los índices de Palma, el índice de Theil, la cuota salarial, el porcentaje del salario mínimo en relación con el PIB per cápita o el salario medio, etc.), y que supervise la evolución de las desigualdades, teniendo también en cuenta la competitividad global y la productividad de todos los factores;

8.  Afirma que las regiones que padecen desventajas naturales o demográficas graves o permanentes como las regiones más septentrionales, con una escasa densidad de población, las regiones insulares, transfronterizas y de montaña, tal y como se recogen en el artículo 174 del TFUE, así como las regiones despobladas y ultraperiféricas, tienen mayores dificultades para garantizar el acceso a servicios públicos como la sanidad y la educación y que debido a ello, la prestación de estos servicios acostumbra a ser más costosa para las finanzas públicas y los ciudadanos tienen que realizar un mayor desplazamiento para recibirlos;

9.  Reitera la necesidad de desarrollar inversiones dirigidas hacia una mejor vertebración territorial que permitan reforzar el tejido industrial de las regiones que padecen desventajas naturales o demográficas graves o permanentes, en particular el acceso a banda ancha;

10.  Insta a la Comisión a que promueva entre los Estados miembros unos niveles ambiciosos de inversión en protección social, servicios e infraestructura a través de un uso más específico y estratégico de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos y del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, a fin de dar respuesta a las necesidades sociales y económicas de los Estados miembros y las regiones;

11.  Reitera su llamamiento en favor de la creación de un auténtico pilar europeo de derechos sociales, que fomente la convergencia al alza, teniendo en cuenta la distribución de competencias establecida en los Tratados, y la construcción de una dimensión social más justa y más profunda de la UEM;

12.  Pide a la Comisión que intensifique sus esfuerzos para colaborar con los Estados miembros en la consecución de todos los objetivos de la Estrategia Europa 2020, incluida la reducción de la pobreza y la exclusión social en veinte millones de personas, y para adaptar el ámbito de aplicación de la Estrategia Europa 2020, e incluir, por tanto, la lucha contra la desigualdad y la pobreza extrema entre sus objetivos; pide a la Comisión que siga prestando especial atención a la aplicación de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y que tenga en cuenta el cuadro de indicadores de Eurostat sobre los indicadores principales de la Estrategia Europa 2020, también en el procedimiento del Semestre Europeo y las recomendaciones específicas por país;

13.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros, recordando que estos últimos son los primeros responsables de sus políticas sociales —que deben ser apoyadas y complementadas por la acción europea—, que redoblen sus esfuerzos en pro de la reducción de la desigualdad entre los grupos de renta, y que impulsen un marco adecuado de medidas que garanticen, entre otras cosas, unas condiciones de trabajo dignas para todos, la educación pública, la salud, las pensiones y las infraestructuras públicas y los servicios sociales adecuados, y fomenten la igualdad de oportunidades; resalta que un marco de este tipo daría lugar a un «ascensor social» eficaz;

14.  Subraya que, el presupuesto de la Unión debe definir la ejecución de las políticas apropiadas para reducir las desigualdades y aumentar la cohesión social;

15.  Hace hincapié en la primacía de los derechos fundamentales; subraya que el Derecho laboral y unas normas sociales exigentes deben contribuir de forma decisiva a reequilibrar las economías, sostener las rentas e impulsar la capacidad de inversión; recuerda la importancia del respeto de los derechos sociales consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluidos los derechos y libertades sindicales y los derechos de negociación colectiva, y de la defensa de la igualdad de trato de los trabajadores;

16.  Señala que no podemos ignorar la importancia futura de las políticas sectoriales a la hora de reducir las desigualdades y, en particular, la necesidad de fomentar el desarrollo del mercado interior y de una política de inversión a nivel europeo y nacional (por ejemplo, en grandes infraestructuras, sanidad, educación), y que la formulación de todos los aspectos de la política energética debe tener en cuenta las oportunidades que brindan dichas políticas en términos de factores económicos, sociales y territoriales, al objeto de garantizar la igualdad de oportunidades; pide a la Comisión que trabaje con los Estados miembros para desarrollar estrategias generales de creación de empleo, emprendimiento e innovación orientadas a la inversión estratégica en empleos ecológicos, en los sectores sociales, de la salud y de la atención, y en la economía social, cuyo potencial de creación de empleo está por explotar;

Medidas destinadas a impulsar la creación de puestos de trabajo dignos y de calidad

17.  Expresa su preocupación por la evolución de la desigualdad en la Unión tras la crisis, impulsada en gran medida por el creciente desempleo; es de la opinión de que el desempleo es una fuente de desigualdades y que las políticas para la creación de puestos de trabajo dignos y empleo de calidad centradas en las principales bolsas de desempleo podrían elevar la renta de los hogares en el quintil inferior;

18.  Pide a la Comisión que incluya, en la próxima revisión de la Directiva sobre la información por escrito, disposiciones que eliminen la discriminación basada en la situación contractual y garanticen el derecho de todos los trabajadores a unas condiciones de empleo equitativas, de acuerdo con las normas de trabajo decente de la OIT;

19.  Subraya, además, que unos niveles elevados de desempleo ejercen una presión a la baja sobre los salarios y, en algunos casos, pueden tener efectos perjudiciales en las condiciones laborales y sociales; destaca que la lucha contra el desempleo por sí misma es una condición necesaria pero no suficiente para reducir las desigualdades;

20.  Pide a la Comisión que proponga un mayor nivel de financiación de la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) para el período 2017-2020 y que llegue mejor a los jóvenes menores de 30 años; pide a la Comisión que contribuya a una mejor aplicación de la Garantía Juvenil, concentrándose en los jóvenes más vulnerables, que suelen enfrentarse a necesidades complejas, y teniendo en cuenta los últimos resultados del informe del Tribunal de Cuentas Europeo sobre el uso de la Iniciativa de Empleo Juvenil, y velando por una aplicación y evaluación precisa y transparente;

21.  Destaca la importancia de hacer un mejor seguimiento de los jóvenes que salen del marco de la Garantía Juvenil o la Iniciativa de Empleo Juvenil con miras a su integración duradera y eficiente en el mercado laboral; pide a la Comisión que estudie la posibilidad de dotar de una mayor flexibilidad a la Iniciativa de Empleo Juvenil, también para los países con buenos resultados en términos de políticas de juventud, mediante la integración de los regímenes de protección de los jóvenes en transición de la educación o la educación superior al mundo del trabajo, con el fin de compensar la exclusión de los jóvenes de los regímenes contributivos de protección social en Europa;

22.  Subraya que los programas como la Garantía Juvenil y la Iniciativa de Empleo Juvenil no han de remplazar la labor llevada a cabo por los propios Estados miembros en la lucha contra el desempleo juvenil y la promoción la integración sostenible en el mercado laboral; reconoce que el factor decisivo para superar las desigualdades es una educación accesible y de calidad; pide, por lo tanto, un aumento de las inversiones en la educación pública y en el aprendizaje permanente;

23.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que hagan hincapié en la necesidad de promover empleos verdes y de fomentar el empleo en las zonas rurales y en declive y que las hagan más atractivas para las mujeres;

24.  Pide a la Comisión, a través del FSE y el procedimiento del Semestre Europeo, y a los Estados miembros, mediante sus programas nacionales de reforma, que garanticen la plena aplicación de las medidas a escala nacional expuestas en la Recomendación del Consejo sobre la inserción en el mercado laboral de los desempleados de larga duración;

25.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que complementen la unión económica y monetaria con un mercado laboral europeo de pleno derecho combinado con una amplia cobertura en materia de protección social; considera que el buen funcionamiento de los mercados laborales y unos sistemas de bienestar sólidos y coordinados son esenciales en aras del éxito de la unión monetaria europea y forman parte de un proceso de convergencia más amplio hacia la cohesión económica, social y territorial; pide a la Comisión, en este sentido, que presente un estudio sobre el modo en que la UE puede apoyar y fomentar los programas de empleo público garantizado a nivel nacional;

26.  Pide a los Estados miembros que velen por una mejor adecuación de la educación y la formación a las necesidades del mercado laboral en toda la Unión, generando más oportunidades de movilidad y estrategias de contratación y de formación, en particular mediante la formación en el puesto de trabajo e inversiones específicas que impulsen la creación de puestos de trabajo y aumenten la demanda de empleo; recuerda que el reciclaje es un elemento importante que permite la reincorporación de las personas al mercado laboral, y contribuye a abordar el desempleo de larga duración y a adaptar mejor las competencias a los puestos de trabajo disponibles; destaca que la validación de las competencias y el reconocimiento del aprendizaje formal e informal son instrumentos importantes para que las competencias adquiridas se valoren en el mercado laboral; insiste en que las oportunidades de aprendizaje permanente deben fomentarse a lo largo de toda la vida, incluso en la vejez, de modo que pueda extraerse todo su potencial en la lucha contra las desigualdades;

27.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que colaboren para abordar la discriminación en la contratación y los procedimientos de contratación discriminatorios que impiden acceder al mercado de trabajo por razones (entre otras) de género, identidad o expresión de género, orientación sexual, características sexuales, origen étnico, discapacidad o edad;

Mejorar las condiciones de vida y de trabajo

28.  Manifiesta su preocupación por el volumen de trabajo no declarado, contratos de trabajo atípicos y otras formas de empleo atípicas, que pueden dar lugar a unas condiciones de trabajo precarias, salarios más bajos, explotación y unas contribuciones menores a la seguridad social, así como un aumento de la desigualdad en algunos Estados miembros; recuerda que han de facilitarse una seguridad social y protección social adecuadas con el fin de proteger a todos los trabajadores; pide a la Comisión y a los Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos en la lucha contra la economía sumergida y el trabajo no declarado;

29.  Considera que la calidad de los puestos de trabajo en toda la Unión debe mejorarse, especialmente en lo que respecta a los salarios vitales, la seguridad en el empleo, el acceso a la educación y la formación permanente, y a la salud y la seguridad en el trabajo; pide a la Comisión que apoye nuevas líneas de investigación en relación con la supervisión y mejora de la creación de empleo de calidad y la competitividad global de la UE, sobre la base de la investigación llevada a cabo por Eurofound;

30.  Considera que ciertas formas de empleo como los contratos de cero horas y las prácticas no remuneradas no permiten unas condiciones de vida dignas; opina que es crucial garantizar oportunidades de aprendizaje y formación adecuadas y unas condiciones de trabajo dignas, en su caso, durante los períodos de prácticas y aprendizaje, establecer límites a las formas atípicas de trabajo, e impedir la utilización de los contratos de cero horas, el empleo de trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal para sustituir a trabajadores en huelga, y el uso de contratos de duración determinada para funciones permanentes;

31.  Observa, a este respecto, que el trabajo a tiempo parcial voluntario puede alentar a determinados grupos de personas, actualmente infrarrepresentados, a participar en el mercado laboral, y favorecer acuerdos que mejoren el equilibrio entre la vida laboral y la vida privada;

32.  Cree firmemente que podría estudiarse la posibilidad de establecer una clasificación del empleo precisa y común a nivel europeo de cara a reducir la precariedad sobre la base de hechos y datos científicos; expresa su convencimiento de que la aplicación del principio de igualdad de retribución por el mismo trabajo realizado en el mismo puesto contribuirá a reducir las desigualdades entre los trabajadores;

33.  Hace hincapié en la relevancia de analizar adecuadamente los distintos efectos y aspectos de la creciente automatización y el impacto del retraso en la adaptación de la legislación, que podría amenazar con ejercer una presión a la baja sobre los sistemas de protección social y los salarios, afectando especialmente a los trabajadores de baja y media cualificación; destaca, en este contexto, la importancia de mantener la protección social y los salarios en niveles adecuados;

34.  Considera que la nueva Agenda de Capacidades debe proporcionar a todos los trabajadores un acceso asequible a la formación continua y asegurar su adaptación a la digitalización y a los cambios tecnológicos permanentes;

35.  Toma nota del dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre una directiva marco relativa a una renta mínima adecuada en la Unión Europea, que establecería normas e indicadores comunes, y proporcionaría métodos para el seguimiento de su aplicación; ; destaca que el instrumento de los presupuestos de referencia, que indican el coste de una vida digna en los diferentes tipos de alojamiento, composición y edades de los hogares, podría utilizarse para evaluar la idoneidad de los regímenes de renta mínima introducidos por los Estados miembros;

36.  Manifiesta su preocupación por los elevados niveles de no percepción de los regímenes de renta mínima, allí donde existen, lo que pone de relieve los numerosos obstáculos, entre ellos los procedimientos intrusivos y la estigmatización, ligados a su aplicación; considera que los programas de complemento de renta son fundamentales para evitar las tendencias económicas hacia la desigualdad, apoyando a las personas antes de que alcancen la fase de pobreza y exclusión social;

37.  Subraya la importancia del diálogo social y la negociación colectiva para determinar los salarios, y la necesidad de que estos mecanismos sigan en manos de los interlocutores sociales, en consonancia con su autonomía consagrada en los Tratados; pide a la Comisión que lleve a cabo un estudio sobre un índice de salario mínimo vital europeo, a fin de calcular el coste de la vida y los ingresos aproximados precisos para atender a las necesidades básicas de una familia en cada Estado miembro y región; resalta que en todos los hogares un nivel de ingresos adecuado es fundamental para facilitar a los trabajadores pobres su independencia financiera y preservar, al mismo tiempo, la vivienda y la seguridad alimentaria;

38.  Subraya que, por lo que respecta a la financiación a largo plazo de la construcción de nuevas viviendas, además de los Fondos EIE y el FEIE, deben movilizarse otras fuentes de financiación tanto privada como pública para intensificar las actividades de los bancos públicos nacionales o de otras agencias en el ámbito de la vivienda social y asequible;

39.  Pide a la Comisión que mejore la salud y la seguridad en el trabajo, también mediante la correcta aplicación de la Directiva sobre ordenación del tiempo de trabajo;

40.  Recuerda que el derecho de negociación y de acción colectiva es un derecho fundamental en la Unión, y que las instituciones europeas deben respetarlo, observar sus principios y promover su aplicación(37); considera que la disminución del poder de negociación de los trabajadores y de los sindicatos no ha contribuido a dichos objetivos y podría ser una causa del bajo crecimiento salarial y la proliferación del trabajo precario;

41.  Señala la importancia de la protección de los derechos de los trabajadores y del fomento del poder de negociación de los empleados mediante reformas estructurales de los mercados de trabajo que promuevan el crecimiento sostenible, los puestos de trabajo dignos, la prosperidad compartida y la cohesión social; pone de relieve el papel del diálogo entre los interlocutores sociales para hacer frente a las desigualdades en el mercado laboral; pide a los Estados miembros y a la UE que garanticen el derecho de sindicación, así como la autonomía tanto de los sindicatos como de las asociaciones empresariales a la hora de entablar negociaciones a cualquier nivel;

42.  Subraya, además, la importancia del diálogo civil con representantes de diferentes grupos de la sociedad, en especial de quienes están más expuestos al riesgo de pobreza y exclusión social, cuando se debatan cuestiones relativas a las desigualdades;

43.  Pide que se aplique una política de lucha contra la discriminación que se convierta en un elemento central para asegurar la igualdad de oportunidades en materia de empleo y el fomento de la inclusión social; pide a los Estados miembros que desbloqueen la Directiva contra la discriminación;

44.  Pide a los Estados miembros que adopten medidas para velar por que en el lugar de trabajo se aborden cuestiones como la discriminación, el acoso y la violencia de género, la identidad o expresión de género, la orientación sexual y las características sexuales (entre otras), y que se establezcan unos mecanismos claros en favor de las víctimas en materia de información y apoyo, así como procedimientos contra los autores;

Reforzar el estado del bienestar y la protección social

45.  Destaca que, en muchos países, los sistemas de bienestar y protección social se han visto presionados como resultado de la consolidación financiera, con repercusiones en términos de desigualdades de renta; considera que los sistemas de bienestar deben actuar como una red de seguridad y facilitar, además, la incorporación al mercado de trabajo; pone de relieve la necesidad de adoptar un enfoque multidimensional para alcanzar una mayor igualdad y cohesión social, tal y como se señala en la cláusula social horizontal (artículo 9 del TFUE) centrándose en la dimensión social de las políticas de la Unión y el compromiso de aplicar el principio de integración social en todas las políticas de la Unión;

46.  Señala que el progreso social, tal como se define en el Índice de progreso social europeo, es la capacidad de una sociedad de satisfacer las necesidades humanas básicas de sus ciudadanos, de establecer unas bases que permitan a los ciudadanos y comunidades mejorar y mantener la calidad de vida, y de crear las condiciones para que todos los individuos puedan alcanzar su pleno potencial;

47.  Alienta a los Estados miembros a que mejoren sus sistemas de bienestar (educación, sanidad, vivienda, pensiones y transferencias) sobre la base de una protección social elevada, a fin de lograr una amplia protección de las personas, teniendo en cuenta los nuevos riesgos sociales y grupos vulnerables que han aparecido a raíz de las crisis financiera, económica y, finalmente, social a las que han tenido que hacer frente los Estados miembros;

48.  Insta a los Estados miembros a impulsar la inversión en una educación y unos cuidados de la primera infancia que sean de calidad y asequibles, insistiendo en que esta inversión parece rentable, en particular para los niños de familias desfavorecidas; pide a los Estados miembros, con el apoyo de la Comisión y en consonancia con los objetivos de Barcelona, que adopten las medidas adecuadas para garantizar un acceso universal y asequible a una enseñanza pública de calidad desde una edad temprana (0-3 años), elemento fundamental para luchar contra la desigualdad a largo plazo;

49.  Pide un acceso universal a una vivienda asequible y la protección de los hogares vulnerables contra los desahucios y el endeudamiento excesivo, y que se promueva un marco eficaz a escala europea para brindar una segunda oportunidad a las familias y los individuos;

50.  Insta a los Estados miembros a que adopten medidas urgentes en relación con la crisis migratoria y de los refugiados que se registra en la actualidad, y a que garanticen a los refugiados el acceso a un proceso rápido de aprendizaje de la lengua y cultura, la formación, una vivienda de calidad, la asistencia sanitaria y educación, la protección social y el mercado laboral, y el reconocimiento de aptitudes y capacidades formales y no formales, y a que velen por su integración en la sociedad;

51.  Afirma que debe darse a todas las personas un acceso universal a pensiones de jubilación y de vejez públicas, solidarias y adecuadas; pide a la Comisión que apoye a los Estados miembros a la hora de reforzar los sistemas de pensiones públicos y profesionales para proporcionar unos ingresos de jubilación adecuados por encima del umbral de la pobreza y permitir a los pensionistas mantener su nivel de vida y vivir con dignidad e independencia; reitera su llamamiento para establecer créditos de asistencia en los sistemas de pensiones al objeto de compensar las contribuciones no efectuadas por parte de mujeres y hombres por haber realizado cuidados de menores y a largo plazo como medio de reducir la brecha de género en materia de pensiones; hace hincapié en que, si bien los planes de pensiones personales pueden ser un medio importante para mejorar la adecuación de las pensiones, los sistemas de pensiones oficiales basados en la solidaridad siguen siendo el instrumento más eficaz para luchar contra la pobreza y la exclusión de la tercera edad;

52.  Destaca que deben garantizarse los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, incluyendo el derecho a un trabajo digno y sin barreras, unos servicios y una seguridad básica de los ingresos en función de las necesidades concretas del individuo, un nivel de vida digno y la inclusión social, y unas disposiciones específicas en materia de protección frente a la explotación y el trabajo forzado;

53.  Considera que el comercio internacional ha sido un motor del crecimiento pero que sus beneficios no siempre se distribuyen bien, por lo que puede percibirse como una fuente de desigualdades; pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan acuerdos comerciales internacionales más justos que respeten la normativa europea del mercado laboral y los convenios fundamentales de la OIT, protegiendo al mismo tiempo el empleo de calidad y los derechos de los trabajadores y garantizando unos mecanismos europeos y nacionales para compensar a los trabajadores y sectores que resulten afectados negativamente por los principales cambios en los modelos de comercio internacional, incluido el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización;

54.  Pide a la Comisión que vele por que las políticas de competencia de la Unión hagan posible una competencia leal y contribuyan a la lucha contra los cárteles o las ayudas públicas incompatibles, que distorsionan los precios y el funcionamiento del mercado interior, con miras a garantizar la protección de los consumidores;

Combatir la pobreza y la exclusión social

55.  Considera que el derecho a la igualdad de oportunidades debe garantizarse en la Unión Europea; manifiesta su preocupación por que la actual situación de desigualdad en términos de oportunidades que afecta a quienes viven en la Unión, pero, en particular, a los niños y jóvenes, se vea agravada frecuentemente por el diseño de los sistemas educativos, que no se basa en la igualdad, y que tiene consecuencias perjudiciales para su bienestar y desarrollo como personas, contribuyendo así a un grado bajo de autoestima y de inclusión en la sociedad de los jóvenes europeos, especialmente los que carecen de recursos y oportunidades;

56.  Señala que la educación desempeña un papel preponderante en la reducción de las desigualdades, y pide por ello a los Estados miembros que redoblen esfuerzos e inviertan en grado suficiente para garantizar la igualdad de oportunidades; destaca la importancia del acceso universal por parte de los jóvenes que realizan estudios superiores a la educación y a las ayudas destinadas a los estudiantes; pide a la Comisión que apoye a los Estados miembros en la creación de viviendas adecuadas, dignas y accesibles para los jóvenes con el fin de apoyarles en sus fases de transición;

57.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que intensifiquen la lucha contra la pobreza y, en particular, entre los menores, fijando objetivos de reducción de la pobreza infantil, garantizando la aplicación coordinada de la Recomendación sobre la inversión en la infancia y la creación de un sistema de garantía infantil;

58.  Señala, además, que numerosas actividades relacionadas con los ámbitos cultural y deportivo son sólidas herramientas de cohesión y de integración social, y recuerda que esos ámbitos ofrecen oportunidades en materia de empleo para los más desfavorecidos gracias al aprendizaje de competencias genéricas;

59.  Pide a los Estados miembros que contribuyan a lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020 en lo que respecta a la reducción de la pobreza y el riesgo de exclusión social;

60.  Considera que el rápido incremento del número de personas sin domicilio fijo en la mayor parte de los Estados miembros de la Unión constituye un asunto de preocupación urgente; estima que la Comisión, de conformidad con los principios recogidos en el pilar europeo de derechos sociales, debe apoyar a los Estados miembros en sus esfuerzos por invertir la tendencia ascendente del número de personas sin domicilio fijo con vistas a su eliminación progresiva;

Lograr un verdadero equilibrio de género

61.  Observa que la Comisión ha atendido su llamamiento en favor de un mejor equilibro entre la vida laboral y la vida personal para las mujeres y los hombres que viven y trabajan en la Unión mediante la propuesta de Directiva relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, a fin de responder a los desafíos de las próximas décadas; recuerda su llamamiento en favor de una remuneración y protección social adecuadas, y subraya que las propuestas presentadas por la Comisión constituyen una buena base para incrementar la participación de la mujer en el mercado de trabajo y promover el equilibrio entre la vida laboral y la vida privada, así como formas flexibles de organización del trabajo para las mujeres y los hombres como medio para reducir las desigualdades en el trabajo remunerado y no remunerado;

62.  Hace hincapié en que la mayor incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, mejorando el apoyo a las mujeres empresarias, así como cerrando la brecha entre el nivel educativo de las mujeres y su posición en el mercado laboral y garantizando la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en términos de retribución, progresión de la carrera profesional y oportunidades de trabajar a tiempo completo, es un factor esencial de cara a la consecución de un crecimiento económico integrador y a largo plazo, la eliminación de la brecha de género en materia de pensiones, la lucha contra las desigualdades y el fomento de la independencia económica de las mujeres;

63.  Pide a la Comisión que, si procede, presente iniciativas legislativas para eliminar toda forma de brecha salarial entre hombres y mujeres, estableciendo multas para los centros de trabajo que incumplan el derecho a la igualdad mediante la fijación de salarios distintos para categorías laborales idénticas según las desempeñen principalmente hombres o mujeres;

64.  Lamenta que, a pesar de la legislación en vigor, que consagra el principio de igualdad de retribución por un trabajo de igual valor entre trabajadores y trabajadoras, siga existiendo una brecha salarial entre hombres y mujeres y una brecha de género en materia de pensiones aún mayor; pide a la Comisión, a los Estados miembros y a los interlocutores sociales que aborden la brecha de género en materia de salarios y pensiones;

65.  Manifiesta su preocupación por el incremento de la tasa de pobreza entre las mujeres y por que sean las madres solteras y las mujeres jóvenes y de edad avanzada en particular quienes están afectadas por la pobreza; señala que la reducción en veinte millones de personas de los niveles de pobreza para 2020 puede alcanzarse mediante políticas activas de empleo y de lucha contra la pobreza basadas en una incorporación de la perspectiva de género centrada, ante todo, en el aumento y el apoyo a la participación de las mujeres en el mercado laboral; observa que la pobreza sigue midiéndose sobre la base de los ingresos acumulados de los hogares, que asume que todos los miembros del hogar ganan lo mismo y distribuyen los recursos por igual; pide unos derechos y cálculos individualizados basados en los ingresos individuales para revelar la verdadera magnitud de la pobreza femenina;

66.  Recuerda el importante papel de unos servicios públicos de calidad en la consecución de la igualdad de género, así como de unos sistemas fiscales y de prestaciones sociales que no desincentiven que los segundos perceptores de renta trabajen o trabajen más, ya que esto podría incrementar la participación de las mujeres en el mercado laboral;

67.  Reitera su llamamiento al Consejo para que vele por la rápida adopción de la Directiva destinada a mejorar el equilibrio de género entre los directores no ejecutivos de las empresas cotizadas, como un primer e importante paso para alcanzar una representación equitativa en los sectores público y privado;

Modernizar los sistemas fiscales

68.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que corrijan las desigualdades interpersonales excesivas apoyando y fomentando los instrumentos de inversión más productivos; recuerda que, en este contexto, las políticas fiscales objetivas son fundamentales y que muchos Estados miembros necesitan efectuar una reforma tributaria profunda; pide a la Comisión que examine, asesore, fomente y prepare índices de referencia en el contexto del Semestre Europeo;

69.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas reales contra la elusión y el fraude fiscal, ya que son un instrumento importante para reducir las desigualdades económicas y mejorar la recaudación de impuestos en los Estados miembros;

70.  Pide a la Comisión que aliente reformas de las políticas fiscales de los Estados miembros de modo que los presupuestos públicos en materia de salud, vivienda, cuestiones sociales, empleo y servicios educativos cuenten con recursos adecuados; estima que dichas reformas han de abarcar asimismo la lucha contra la corrupción en la administración pública y la lucha contra la desigualdad en la distribución de la riqueza, incluso mediante la redistribución de la excesiva concentración de la riqueza, que es esencial para no exacerbar la desigualdad en muchos Estados miembros; resalta, además, que son necesarias medidas en ámbitos tales como la «financiarización» de la economía y una mayor coordinación, aproximación y armonización, en su caso, de la política fiscal, así como medidas contra los paraísos fiscales, el fraude y la evasión fiscales, medidas para luchar contra el trabajo no declarado, y medidas para optimizar la combinación de impuestos y su ponderación respectiva en porcentaje de los ingresos fiscales del Estado miembro obtenidos por rendimientos del trabajo y del patrimonio;

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71.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO C 236 E de 12.8.2011, p. 57.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0260.
(3) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0073.
(4) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0010.
(5) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0317.
(6) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0136.
(7) DO C 366 de 27.10.2017, p. 19..
(8) DO C 482 de 23.12.2016, p. 141.
(9) DO C 75 de 26.2.2016, p. 130.
(10) DO C 65 de 19.2.2016, p. 68.
(11) DO C 153 E de 31.5.2013, p. 57.
(12) DO C 199 E de 7.7.2012, p. 77.
(13) DO C 199 E de 7.7.2012, p. 25.
(14) DO C 70 E de 8.3.2012, p. 8.
(15) DO C 9 E de 15.1.2010, p. 11.
(16) DO C 170 de 5.6.2014, p. 23.
(17) DO C 248 de 25.8.2011, p. 130.
(18) DO C 318 de 23.12.2009, p. 52.
(19) DO C 166 de 7.6.2011, p. 18.
(20) http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=13608&langId=en
(21) Dictamen del Comité de Protección Social al Consejo, Consejo de la Unión Europea, 649/11, SOC 124, de 15 de febrero de 2011.
(22) Comisión Europea, Institutional Paper 025, mayo de 2016.
(23) Autores: Jonathan D. Ostry, Andrew Berg y Charalambos G. Tsangarides.
(24) Autores: Andrew Berg y Jonathan D. Ostry.
(25) Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Income_distribution_statistics
(26) Documento de trabajo del FMI WP 17/76 Inequality Overhang (Exceso de desigualdad), FMI, 2017. Autores: Francesco Grigoli y Adrian Robles, Washington, D.C.: Fondo Monetario Internacional.
(27) Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective (Causas y consecuencias de las desigualdades de renta: panorámica general), FMI, 2015. Nota de debate de los servicios del FMI SDN/15/13 Washington, D.C.: Fondo Monetario Internacional. http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1513.pdf
(28) In It Together: Why Less Inequality Benefits All (Todos juntos: ¿por qué reducir la desigualdad nos beneficia?), Paris: OCDE Publishing, OCDE, 2015.
(29) Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/f/f8/People_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion%2C_EU-27_and_EU-28%2C_2005-2015.JPG
(30) In It Together: Why Less Inequality Benefits All (Todos juntos: ¿por qué reducir la desigualdad nos beneficia?), OCDE, 2015, p. 67.
(31) Eurofound (2017), «Movilidad social en la UE», Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.
(32) https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1461en.pdf
(33) «Inequality and mental illness» (Desigualdad y enfermedades mentales), R. Wilkinson y K. Pickett, Departamento de Ciencias de la Salud, Universidad de York, Reino Unido; publicado en línea el 25 de mayo de 2017; S2215-0366(17)30206-7.
(34) Ingresos de jubilación adecuados en el contexto del envejecimiento de la sociedad - Proyecto de conclusiones del Consejo, 12352/15, COREPER I:http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12352-2015-INIT/es/pdf
(35) «Income inequalities and employment patterns in Europe before and after the Great Recession» (Desigualdad de renta y modalidades de empleo en Europa antes y después de la Gran Recesión), Eurofound, 2017.
(36) «In It Together: Why Less Inequality Benefits All» (Todos juntos: ¿por qué reducir la desigualdad nos beneficia?), Paris: OCDE Publishing, OCDE, 2015.
(37) En línea con el artículo 51 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

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