El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores Resoluciones sobre la situación en Maldivas, en particular las de 16 de septiembre de 2004(1), 30 de abril de 2015(2), 17 de diciembre de 2015(3) y 5 de octubre de 2017(4),

–  Vista las declaraciones del portavoz del SEAE, de 2 de febrero de 2018, sobre la decisión del Tribunal Supremo de la República de Maldivas, de 1 de febrero de 2018(5), y sobre la situación en Maldivas, de 6 de febrero de 2018(6),

–  Visto el comunicado local conjunto, de 30 de enero de 2018, de la Delegación de la Unión Europea de acuerdo con los jefes de misión de la Unión basados en Colombo y acreditados ante Maldivas sobre la nueva detención del diputado Faris Maumoon(7),

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del que Maldivas es Estado Parte,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del que Maldivas es también Estado Parte,

–  Vistas las Directrices de la UE sobre la pena de muerte,

–  Vista la visita oficial a Maldivas de la Delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con los Países del Asia Meridional del 29 al 31 de octubre de 2017,

–  Vista la declaración, de 7 de febrero de 2018, del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad al-Huseín,

–  Vista la declaración, de 6 de febrero de 2018, de la Mesa de la Delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con los Países del Asia Meridional sobre la situación en Maldivas,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores sobre Maldivas, adoptadas por el Consejo en su 3598.ª sesión el 26 de febrero de 2018,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

–  Vista la reunión del secretario general de las Naciones Unidas con Mohamed Asim, ministro de Asuntos Exteriores de la República de Maldivas, el 28 de septiembre de 2017, en la que expresaron su preocupación por la situación política en el país,

–  Vista la declaración de la Unión Internacional de Abogados (UIA), de 7 de marzo de 2018, en la que expresa su profunda preocupación por el Estado de Derecho y la independencia del poder judicial en Maldivas,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que las primeras elecciones democráticas celebradas en 2008 y la aprobación de una nueva constitución despertaron grandes esperanzas de que Maldivas podría superar décadas de régimen autoritario y avanzar hacia un sistema democrático, pero que los acontecimientos recientes suponen una grave amenaza para que esta perspectiva se haga realidad;

B.  Considerando que miembros del partido de la oposición, periodistas independientes y defensores de los derechos humanos informan de un incremento de las amenazas y los ataques por parte de las autoridades, la policía y grupos extremistas; considerando la preocupación existente en relación con el poder judicial en Maldivas, que está muy politizado y durante años ha abusado de sus competencias y actuado en favor del partido actualmente en el poder y en contra de los políticos de la oposición; que cada vez hay más pruebas de que las acusaciones penales contra opositores políticos al presidente Abdulá Yameen Abdul Gayoom (en lo sucesivo, presidente Yameen) pueden haber tenido una motivación política; que el antiguo presidente Maumoon Abdul Gayoom fue detenido en febrero de 2018;

C.  Considerando que está previsto que la primera vuelta de las elecciones presidenciales se celebre en septiembre de 2018; que el presidente ha pedido a la comunidad internacional que envíe observadores para seguir el proceso electoral;

D.  Considerando que el 1 de febrero de 2018 una decisión del Tribunal Supremo de Maldivas anuló el proceso penal contra líderes políticos y admitió que los juicios contra ellos no habían sido justos; que la sentencia ordenó la liberación inmediata de nueve personas, entre ellas ocho líderes políticos de la oposición, incluido el exiliado Mohamed Nashid, y la devolución de sus escaños a doce diputados suspendidos; que el Gobierno sigue teniendo mayoría en el Parlamento mientras que doce diputados siguen privados de sus escaños;

E.  Considerando que el 5 de febrero de 2018, a raíz de la decisión del Tribunal Supremo, el presidente Yameen declaró el estado de emergencia durante quince días; que con la declaración del estado de emergencia se suspendieron numerosos derechos humanos y libertades fundamentales consagrados en la Constitución, incluidos el derecho de reunión pacífica y el derecho a no ser detenido y encarcelado ilegalmente;

F.  Considerando que dos miembros de la presidencia del Tribunal Supremo, incluido el presidente, fueron detenidos, haciendo que el resto de la presidencia anulara la orden original; que, en clara vulneración de la independencia del poder judicial, han sido detenidos arbitrariamente miembros de la judicatura y opositores políticos;

G.  Considerando que, a pesar de la protesta pacífica de cientos de ciudadanos, el 20 de febrero de 2018 el Parlamento prorrogó el estado de emergencia durante treinta días más, decisión que fue considerada inconstitucional por el Fiscal General de Maldivas, pero que mantuvo el Tribunal Supremo; que, a pesar de la falta de quórum, se forzó la votación en el Parlamento para prorrogar el estado de emergencia;

H.  Considerando que el Consejo de Asuntos Exteriores ha seguido con preocupación el reciente deterioro de la situación en Maldivas, pidiendo a todos en el país, especialmente a las fuerzas de seguridad, que actúen con contención; que el 8 de marzo de 2018 se emitió una declaración conjunta en el 37.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, en nombre de más de cuarenta países, incluidos todos los Estados miembros de la Unión, en la que pide al Gobierno de Maldivas que restablezca los derechos constitucionales y la independencia judicial, expresa su apoyo a un buen funcionamiento del Parlamento del país e insta al Gobierno a que libere a los presos políticos y sus familias;

I.  Considerando que los activistas de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos en Maldivas, siguen siendo objeto de amenazas e intimidación por parte de extremistas, y de acoso judicial por parte de las autoridades, como en el caso de Shahindha Ismail, director ejecutivo de la Red para la Democracia de Maldivas, que fue blanco de artículos de prensa, víctima de amenazas de muerte y objeto de una investigación policial por su actitud contra el fundamentalismo y la radicalización religiosos;

J.  Considerando que el presidente Yameen ha manifestado reiteradamente su intención de reanudar la práctica de ejecuciones sancionadas por el Estado, con lo que se pone fin a una moratoria de sesenta años; que la legislación de Maldivas, en violación del Derecho internacional, permite que los menores sean condenados a una pena de muerte retardada, que se aplica cuando el menor alcanza la edad de dieciocho años; que, al menos en tres casos, concretamente los de Huseín Humaam Ahmed, Ahmed Murrath y Mohamed Nabeel, el Tribunal Supremo de Maldivas ha confirmado las condenas a muerte a condenados en cuyos juicios no se respetaron las normas sobre un juicio justo internacionalmente reconocidas, y que ahora están en riesgo de ejecución inminente;

K.  Considerando que en los últimos años Maldivas ha evolucionado hacia una versión radical del islam; que también existe inquietud por la creciente militancia de carácter islamista radical y por el número de hombres y mujeres jóvenes radicalizados que supuestamente se han unido al EIIL;

L.  Considerando que la Federación Internacional de Periodistas, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de los Periodistas publicaron, el 15 de febrero de 2018, una declaración conjunta en la que expresaban su profunda preocupación por las restricciones y las amenazas contra la libertad de prensa y de los medios de comunicación en Maldivas; que el 4 de febrero de 2018 el segundo responsable del Partido Progresista de Maldivas (PPM), Abdul Rahim Abdulá, llamó a las fuerzas de seguridad para que cerraran inmediatamente Raajje TV, acusándola de conceder tiempo en antena a líderes de la oposición;

M.  Considerando que tradicionalmente la Unión mantiene relaciones con Maldivas, en particular en ámbitos como la lucha contra el cambio climático, y que cientos de miles de turistas europeos viajan cada año a Maldivas;

1.  Expresa su profunda preocupación por la gravedad y el deterioro de la situación política y de los derechos humanos en Maldivas, y por el carácter cada vez más autoritario del presidente Yameen y su Gobierno; toma nota con satisfacción de las Conclusiones del Consejo sobre Maldivas, de 26 de febrero de 2018;

2.  Pide al Gobierno de Maldivas que levante de inmediato el estado de emergencia, respete las instituciones y sus competencias de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, y los derechos fundamentales de todas las personas, incluido el derecho a la libertad de expresión y de reunión, así como el Estado de Derecho; expresa su creciente preocupación por las recientes acciones del Gobierno que causan graves daños y socavan la democracia, y que son contrarias a la Constitución de Maldivas y a las obligaciones internacionales del país en materia de derechos humanos; condena la intimidación y las amenazas constantes contra periodistas, blogueros y defensores de los derechos humanos en Maldivas; insta a las autoridades de Maldivas a que garanticen la seguridad de todos los activistas de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y trabajadores de los medios de comunicación en el país, para que estos puedan llevar a cabo su trabajo de forma segura y sin impedimento, investiguen las amenazas contra ellos y enjuicien a los culpables; lamenta la represión de los opositores políticos en Maldivas, y pide al Gobierno que retire todos los cargos contra todos los detenidos por motivos políticos y los ponga en libertad de forma inmediata e incondicional;

3.  Acoge con satisfacción la decisión del Tribunal Supremo de Maldivas, de 1 de febrero de 2018, de anular los procesos penales contra líderes políticos y rehabilitar a doce diputados; pide a las autoridades maldivas que acaten la sentencia;

4.  Condena con firmeza toda interferencia en el trabajo del Tribunal Supremo de Maldivas y la detención de jueces de su presidencia; pide su liberación inmediata e incondicional; manifiesta su preocupación por la creciente degradación del principio de separación de los poderes ejecutivo, judicial y de otro orden en Maldivas; pide a las autoridades responsables que actúen de inmediato para restablecer y mantener los principios consagrados en su Constitución;

5.  Reitera su llamamiento al Gobierno para que asegure la plena independencia e imparcialidad del poder judicial y garantice a todos los ciudadanos el derecho a una justicia equitativa y transparente, libre de influencias políticas; condena las interferencias en el trabajo del Tribunal Supremo de Maldivas y las medidas tomadas contra el poder judicial y los jueces; pide al Gobierno que garantice que los abogados puedan ejercer todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acoso o interferencias indebidas;

6.  Reitera su llamamiento al Gobierno de Maldivas para que inicie un diálogo inclusivo con los líderes de todos los partidos políticos; recuerda que este diálogo allana el camino hacia unas elecciones fiables, transparentes e integradoras; considera que la Unión debería seguir apoyando activamente la facilitación de este diálogo por las Naciones Unidas;

7.  Pide a los actores regionales que colaboren con los países de la Unión para contribuir a alcanzar la estabilidad política y democrática en Maldivas;

8.  Considera que la única manera de invertir el deterioro de la democracia, los derechos humanos y las libertades en Maldivas es a través de un proceso de verdadero diálogo en el que participen todos los partidos políticos y otros dirigentes civiles; opina asimismo que, como un primer paso hacia la reconciliación, el Gobierno debe liberar a todos los políticos de la oposición actualmente encarcelados;

9.  Reitera la firme oposición de la Unión a la pena de muerte en todos los casos y sin excepción alguna; condena firmemente el anuncio de la reintroducción de la pena de muerte en Maldivas, e insta al Gobierno y al Parlamento de Maldivas a que respeten la moratoria sobre la pena capital que ha estado en vigor durante más de sesenta años; aboga por la abolición universal de la pena capital, y pide al Gobierno que revoque todas las condenas de menores a la pena capital y prohíba la ejecución de menores delincuentes;

10.  Critica enérgicamente el hecho de que la práctica de creencias no musulmanas esté severamente castigada en Maldivas; expresa su preocupación por que la Ley de Unidad Religiosa se utilice para limitar la libertad de expresión en Maldivas;

11.  Expresa su preocupación por el impacto que la situación actual también puede tener en la seguridad de los residentes extranjeros y los visitantes; pide a la VP/AR, a la Delegación de la Unión en Maldivas y a las Delegaciones de los Estados miembros que coordinen estrechamente sus recomendaciones de viaje a este respecto;

12.  Pide la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente, muchas de las cuales son periodistas y manifestantes pacíficos; condena todo uso de la fuerza, cualquiera que sea, por parte de las autoridades; pide a todas las autoridades de Maldivas, en particular a las autoridades con funciones coercitivas, que actúen con contención; pide a las autoridades que investiguen a todos los sospechosos por las infracciones que hayan cometido, y que les obliguen a rendir cuentas;

13.  Pide a la Unión que haga pleno uso de todos los instrumentos a su disposición para promover el respeto de los derechos humanos y de los principios democráticos en Maldivas, incluyendo, en su caso, la suspensión de la ayuda financiera de la Unión al país hasta que se restablezcan el Estado de Derecho y la observancia de los principios democráticos; pide al Consejo que introduzca medidas y sanciones selectivas contra quienes menoscaban los derechos humanos en el país, que congele los activos en el extranjero, y que imponga prohibiciones de viaje a determinados miembros del Gobierno de Maldivas y a sus principales defensores en la comunidad empresarial maldiva;

14.  Pide al Gobierno de Maldivas que reforme la judicatura en profundidad, instaure la imparcialidad de la Comisión del Poder Judicial, restablezca la independencia del Fiscal General y el respeto de las garantías procesales, y el derecho a un juicio justo, imparcial e independiente;

15.  Reconoce que, en virtud de la Constitución, deberán celebrarse elecciones en 2018; destaca que se debería actuar de inmediato para garantizar que estas elecciones sean transparentes y creíbles, para ofrecer a los votantes una auténtica posibilidad de elección y para que las partes puedan hacer campaña libremente;

16.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al secretario general de las Naciones Unidas y al Gobierno de Maldivas.

(1) DO C 140E de 9.6.2005, p. 165. (2) DO C 346 de 21.9.2016, p. 60. (3) DO C 399 de 24.11.2017, p. 134. (4) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0383. (5) https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39275/statement-spokesperson-decision-supreme-court-maldives_en (6) https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39413/statement-spokesperson-situation-maldives_en (7) https://eeas.europa.eu/delegations/sri-lanka/39021/joint-local-statement-renewed-arrest-mp-faris-maumoon_en