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Textos aprobados
Jueves 18 de enero de 2018 - Estrasburgo
Decisión de no oponerse a una medida de ejecución: establecimiento del Registro de la Unión
 Nigeria
 Los casos de los defensores de los derechos humanos Wu Gan, Xie Yang, Li Ming-che, Tashi Wangchuk y el monje tibetano Choekyi
 República Democrática del Congo
 Tratado de Marrakech: facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a los textos impresos ***
 Competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y sustracción internacional de menores *
 Aplicación de la Iniciativa de Empleo Juvenil en los Estados miembros
 Aplicación de la Directiva relativa a la regulación y a la necesidad de reformar los servicios profesionales

Decisión de no oponerse a una medida de ejecución: establecimiento del Registro de la Unión
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Decisión del Parlamento Europeo de no oponerse al proyecto de Reglamento de la Comisión que modifica el Reglamento (UE) n.º 389/2013 de la Comisión por el que se establece el Registro de la Unión (D054274-02 – 2017/3013(RPS))
P8_TA(2018)0012B8-0041/2018

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Reglamento de la Comisión que modifica el Reglamento (UE) n.º 389/2013 de la Comisión por el que se establece el Registro de la Unión (D054274-02),

–  Vista la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE(1) del Consejo, y en particular sus artículos 12 y 19,

–  Visto el dictamen emitido el 30 de noviembre de 2017 por el Comité previsto en el artículo 23, apartado 1, de la mencionada Directiva,

–  Vista la carta de la Comisión de 5 de diciembre de 2017, por la que esta le pide que declare que no se opondrá al proyecto de Reglamento,

–  Vista la carta de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria al presidente de la Conferencia de Presidentes de Comisión, de 11 de enero de 2018,

–  Visto el artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión(2),

–  Vista la recomendación de Decisión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria,

–  Vistos el artículo 106, apartado 4, letra d), y el artículo 105, apartado 6, de su Reglamento interno,

–  Visto que no se ha manifestado oposición alguna en el plazo señalado en el artículo 105, apartado 6, tercer y cuarto guion, de su Reglamento interno, que venció el 17 de enero de 2018.

A.  Considerando que, con el fin de proteger la integridad medioambiental del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión (RCDE UE), se ha prohibido a los operadores de aeronaves y otros titulares incluidos en el RCDE UE que utilicen derechos de emisión expedidos por un Estado miembro respecto del cual existan obligaciones que se extingan para los operadores de aeronaves y otros titulares, y que, para ello, han de adoptarse las medidas de salvaguardia necesarias;

B.  Considerando que el artículo 19 de la Directiva 2003/87/CE otorga a la Comisión los poderes para adoptar medidas relativas a un régimen normalizado y garantizado de registros nacionales, con arreglo al procedimiento de reglamentación con control (RPS);

C.  Considerando que, el 8 de diciembre de 2017, la Comisión presentó oficialmente al Parlamento el proyecto de Reglamento de la Comisión que modifica el Reglamento (UE) n.º 389/2013 de la Comisión por el que se establece el Registro de la Unión («el proyecto de medidas sujetas al RPS»), dando así inicio al período de control de tres meses de que dispone el Parlamento para oponerse al proyecto de acto;

D.  Considerando que las medidas de salvaguardia del proyecto de medidas sujetas al RPS deben entrar en vigor urgentemente para que empiecen a tener efecto y, en consecuencia, los derechos de emisión puedan asignarse gratuitamente, recibirse a cambio de créditos internacionales o subastarse en 2018, y que si se utiliza en su totalidad el período de control de tres meses de que dispone el Parlamento no quedará tiempo suficiente para que el proyecto de medidas sujetas al RPS entre en vigor antes de que se expidan los derechos de emisión para 2018;

1.  Declara que no se opone al proyecto de Reglamento de la Comisión;

2.  Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión a la Comisión y, para información, al Consejo.

(1) DO L 275 de 25.10.2003, p. 32
(2) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.


Nigeria
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Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de enero de 2018, sobre Nigeria (2018/2513(RSP))
P8_TA(2018)0013RC-B8-0045/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Nigeria,

–  Vista la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, de 1981, ratificada por Nigeria el 22 de junio de 1983,

–  Vista la Constitución de la República Federal de Nigeria, en particular sus disposiciones relativas a la protección de la libertad de religión recogidas en el capítulo IV sobre el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 12 de mayo de 2014, sobre los secuestros en Nigeria, y de 9 de febrero de 2015, sobre las elecciones en Nigeria,

–  Vista la intervención del presidente Muhammadu Buhari ante el Parlamento Europeo el 3 de febrero de 2016,

–  Vista la decisión de añadir a Boko Haram a la lista de la UE de organizaciones terroristas mediante el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 583/2014 de la Comisión, de 28 de mayo de 2014, por el que se modifica por 214.ª vez el Reglamento (CE) n.º 881/2002 del Consejo, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con la red Al-Qaida, que entró en vigor el 29 de mayo de 2014,

–  Vista la declaración de Federica Mogherini, vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), de 7 de mayo de 2017, sobre la liberación de las niñas secuestradas por Boko Haram en Nigeria,

–  Vista la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones, de 1981,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, ratificado por Nigeria el 29 de octubre de 1993,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de 1989, ratificada por Nigeria en abril de 1991,

–  Vista la segunda revisión del Acuerdo de Cotonú, ratificada por Nigeria el 27 de septiembre de 2010,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

–  Vista la concesión del Premio Sájarov del Parlamento Europeo a la Libertad de Conciencia a la defensora de los derechos humanos Hauwa Ibrahim en 2005,

–  Vistos los resultados de las elecciones presidenciales de Nigeria celebradas en marzo de 2015,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que las Naciones Unidas estiman que Nigeria, el país más poblado y diverso culturalmente de África (su población se ha incrementado de 33 millones de habitantes en 1950 a cerca de 190 millones en la actualidad) va a convertirse en el tercer país mundial por número de habitantes, justo por detrás de China y la India, de aquí a 2050;

B.  Considerando que Nigeria acoge a la mayor población cristiana de África;

C.  Considerando que la población de Nigeria se divide casi por igual entre musulmanes y cristianos;

D.  Considerando que se calcula que 30 millones de cristianos viven en el norte de Nigeria, y que constituyen la minoría religiosa más grande en dicha región predominantemente musulmana;

E.  Considerando que la Oficina de las Naciones Unidas de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) señaló en noviembre de 2017 que en el noreste de Nigeria 8,5 millones de personas precisaban asistencia vital y que 6,9 millones de personas recibieron ayuda humanitaria a lo largo de 2017;

F.  Considerando que la región del Cinturón Central del país ha soportado años de tensión económica y política entre comunidades étnicas y religiosas, y que la violencia reciente se ha avivado debido a las rivalidades por el poder y el acceso a la tierra entre comunidades de pastores y de campesinos;

G.  Considerando que la paz y la estabilidad en el norte de Nigeria se han visto amenazadas por los continuos ataques, asesinatos y secuestros perpetrados por el grupo islamista Boko Haram desde 2009;

H.  Considerando que más de 20 000 personas han sido asesinadas y más de 2 millones han tenido que desplazarse, también a países vecinos, desde el comienzo de los ataques de Boko Haram;

I.  Considerando que, en abril de 2014, Boko Haram secuestró a 276 niñas en la escuela pública de la ciudad de Chibok, en el norte de Nigeria, y que, si bien desde entonces algunas de ellas han logrado reunirse con sus familias, un número importante sigue retenido y en paradero desconocido;

J.  Considerando que mujeres y niñas han sido esclavizadas, violadas, radicalizadas y forzadas a contraer «matrimonios» por Boko Haram; que muchas supervivientes de estas terribles experiencias están embarazadas de sus violadores;

K.  Considerando que las fuerzas de seguridad también han sido acusadas de interrumpir reuniones y protestas pacíficas recurriendo, en algunos casos, a la violencia y a un uso excesivo de la fuerza;

L.  Considerando que el pasado año se llevaron a cabo numerosos secuestros de clérigos y monjas, como el secuestro de seis hermanas del convento del Corazón Eucarístico de Jesús, secuestradas en Iguoriakhi el 13 de noviembre de 2017 y recientemente liberadas;

M.  Considerando que más de catorce personas fueron asesinadas y otras muchas heridas en Omoku, cuando regresaban de un oficio religioso en la madrugada de la víspera de Año Nuevo; que el número de cristianos y musulmanes asesinados se ha elevado en los últimos tiempos, lo que subraya la preocupante situación de ambas comunidades religiosas en el país;

N.  Considerando que los conflictos entre pastores y agricultores en Nigeria se han incrementado en número, extendido e intensificado durante la última década, y que en la actualidad suponen una amenaza para la supervivencia nacional; que miles de personas han sido asesinadas y comunidades destruidas, y un gran número de agricultores y pastores han perdido la vida y sus propiedades en una escalada de asesinatos y destrucción que no solamente destruye hogares, sino que afecta también a la cohesión nacional;

O.  Considerando que, a largo plazo, el pastoreo está amenazado debido al elevado crecimiento demográfico, la expansión de la agricultura y la pérdida de pastos y cañadas; que, al mismo tiempo, el pastoreo no puede desaparecer o ser prohibido, dado que existen razones sólidas de índole cultural, política y económica en favor de su existencia;

P.  Considerando que la Corte Penal Internacional (CPI) ha establecido que existen motivos fundados para creer que Boko Haram ha cometido en Nigeria crímenes contra la humanidad en virtud del artículo 7 del Estatuto de Roma, incluidos el asesinato y la persecución;

Q.  Considerando que Nigeria tiene un régimen jurídico complejo, que combina los Derechos común, consuetudinario y religioso, y varios niveles de gobierno, lo que crea un entorno difícil para la correcta observancia de los derechos humanos;

R.  Considerando que la rendición de cuentas, la justicia, el Estado de Derecho y la lucha contra la impunidad son elementos fundamentales para afianzar los esfuerzos de pacificación, resolución de conflictos, reconciliación y reconstrucción;

S.  Considerando que la pena de muerte es legal en Nigeria; que 527 personas fueron condenadas a muerte en Nigeria en 2016, el triple que en 2015; que se ha aplicado de facto una moratoria sobre la pena de muerte desde 2006, aunque dicha moratoria se interrumpió en 2013 y 2016;

T.  Considerando que la Comisión Electoral Nacional Independiente de Nigeria ha anunciado que las elecciones presidenciales y parlamentarias se celebrarán el 16 de febrero de 2019;

U.  Considerando que Transparencia Internacional sitúa a Nigeria en el puesto 136 de 175 países en su Índice de Percepción de la Corrupción 2016;

V.  Considerando que, de conformidad con el artículo 8 del Acuerdo de Cotonú, la UE mantiene, con carácter periódico, un diálogo político con Nigeria sobre los derechos humanos y los principios democráticos, incluida la discriminación étnica, religiosa y racial;

1.  Expresa su profunda preocupación ante el aumento de los conflictos interétnicos entre pastores y agricultores en la región del Cinturón Central, que han agravado los desafíos de seguridad con los que ya se enfrenta Nigeria, y lamenta la falta de progresos reales a la hora de acometer estos problemas;

2.  Condena firmemente el incremento de la violencia contra cristianos y musulmanes en Nigeria, en particular la dirigida contra instituciones religiosas y fieles, como la reciente matanza de, al menos, 48 cristianos en pueblos de todo el Estado de Plateau y las bombas contra una mezquita en Mubi, al noreste de Nigeria, en el que murieron al menos 50 personas; pide al presidente Buhari y al Gobierno de Nigeria que redoblen sus esfuerzos por poner fin a la violencia, defender el derecho de los nigerianos a la libertad de culto y proteger más rigurosamente los derechos de todos sus ciudadanos, de acuerdo con las leyes y la Constitución del país; extiende sus condolencias a las familias de todas las víctimas de la violencia actual; recuerda, además, que hasta los años setenta fue pacífica la coexistencia entre ganaderos y agricultores, y lamenta que la violencia actual, relacionada con el acceso a la tierra y exacerbada por la desaparición de sistemas de mediación eficaces, se presente como un conflicto religioso, lo que simplifica excesivamente el problema;

3.  Insta al Gobierno a que se centre en defender los derechos humanos y la dignidad en todas las políticas a fin de garantizar la coexistencia pacífica entre los ciudadanos, independientemente de su religión, creencias y militancia política;

4.  Insta al Gobierno de Nigeria a que negocie un marco político nacional que proteja los intereses de agricultores y ganaderos, y pide a los socios internacionales que incrementen sus inversiones en la prevención y resolución de los conflictos intercomunales entre ganaderos y agricultores, apoyando la cooperación mediante iniciativas comunes de gestión de los recursos económicos y naturales;

5.  Deplora la violencia actual y los atentados en el norte de Nigeria, dirigidos contra comunidades cristianas; señala que Boko Haram ha atacado a musulmanes, cristianos y otras confesiones indistintamente;

6.  Observa que el Ejército de Nigeria ha reconquistado territorios de Boko Haram y ha detenido a algunos de sus miembros, pero los esfuerzos no militares del Gobierno para frenar a Boko Haram siguen siendo solo incipientes;

7.  Insta al Gobierno de Buhari a defender a sus ciudadanos frente al terrorismo, pero insiste en que estas acciones deben desarrollarse respetando plenamente los derechos humanos y el Estado de Derecho; alaba los progresos hechos por el Gobierno de Buhari en relación con los desafíos de seguridad con los que se enfrenta Nigeria y para atajar la corrupción; ofrece, además, su apoyo para lograr este objetivo y para tratar de romper el vínculo entre las prácticas de corrupción y el terrorismo;

8.  Recuerda, no obstante, que las acciones emprendidas por el Gobierno contra Boko Haram y otras organizaciones terroristas no deben fomentar aún más la violencia; pide, a este respecto, la reforma de las fuerzas de seguridad del Estado de Nigeria, en particular la policía, y que se emprendan investigaciones sobre los responsables de violaciones de los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias y abusos para fines de extorsión;

9.  Insta al Gobierno de Nigeria a que aborde las causas profundas de la violencia garantizando igualdad de derechos a todos los ciudadanos y mediante legislación contra la discriminación;

10.  Condena la violencia sexual y de género contra mujeres y niñas y los actos perpetrados por Boko Haram y otros grupos terroristas en los que convierten a mujeres y niños en víctimas de secuestros, matrimonios forzosos y violaciones y los utilizan en atentados suicidas; expresa su preocupación, además, ante el hecho de que la ayuda humanitaria inadecuada en los campos de refugiados haya dado lugar a altos niveles de explotación y abusos sexuales;

11.  Pide a las autoridades de Nigeria que presten el necesario apoyo psicosocial a las víctimas del azote de la radicalización, especialmente a mujeres, niños y jóvenes, antes de reinsertarlos en la sociedad; pide un esfuerzo conjunto de todos los agentes internacionales con miras a prevenir la radicalización que conduce al extremismo violento y a desarrollar programas de rehabilitación y desradicalización;

12.  Alienta a que se hagan mayores progresos en la lucha contra la corrupción, que azota a la sociedad nigeriana desde hace decenios, y considera que sin una actuación decidida contra estos delitos no podrá llevarse a cabo la agenda política, económica y social más general del Gobierno Buhari; insta a las autoridades nigerianas a que refuercen las medidas para atajar la corrupción y destaca que no hacerlo supondrá más años de pobreza, desigualdad, mala reputación y menores inversiones exteriores, así como la merma de las oportunidades vitales de sus ciudadanos; recuerda que la corrupción da lugar a insatisfacción con las instituciones públicas y a una menor legitimidad del Gobierno a ojos de los ciudadanos;

13.  Pide más eficiencia y una mayor independencia del sistema judicial de Nigeria para que sea posible aplicar eficazmente la justicia penal a fin de combatir la violencia, el terrorismo y la corrupción;

14.  Insta a las autoridades nigerianas a que apliquen una moratoria a la pena de muerte con miras a su abolición;

15.  Recuerda al Gobierno de Nigeria su responsabilidad de garantizar que las elecciones se celebren de conformidad con las obligaciones internacionales de Nigeria en materia de derechos humanos y de tomar todas las medidas necesarias para garantizar unas elecciones libres, transparentes y dignas de crédito;

16.  Pide a la Comisión, al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y a los Estados miembros que sigan atentamente la reinserción de los retornados a Nigeria desde Libia y que velen por que la financiación de la Unión prevista se gaste con eficacia; pide a la Comisión que mantenga plenamente informado al Parlamento Europeo de estas medidas de reinserción;

17.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Servicio Europeo de Acción Exterior, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al presidente de la República Federal de Nigeria, al presidente de la Unión Africana, a la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, al Parlamento Panafricano y a los representantes de la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (ECOWAS).


Los casos de los defensores de los derechos humanos Wu Gan, Xie Yang, Li Ming-che, Tashi Wangchuk y el monje tibetano Choekyi
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Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de enero de 2018, sobre los casos de los defensores de los derechos humanos Wu Gan, Xie Yang, Li Ming-che, Tashi Wangchuk y el monje tibetano Choekyi (2018/2514(RSP))
P8_TA(2018)0014RC-B8-0043/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores Resoluciones sobre China, en particular las de 13 de marzo de 2014, sobre las prioridades de la UE para el 25.º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas(1), de 16 de diciembre de 2015, sobre las relaciones UE-China(2), de 24 de noviembre de 2016, sobre el caso de Gui Minhai, editor encarcelado en China(3), de 15 de diciembre de 2016, sobre los casos de la Academia Budista tibetana de Larung Gar y de Ilham Tohti(4), y de 6 de julio de 2017, sobre los casos del galardonado con el Premio Nobel Liu Xiaobo y de Li Ming-che(5),

–  Vistas la asociación estratégica entre la UE y China, que se puso en marcha en 2003, y la Comunicación conjunta de la Comisión y la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), de 22 de junio de 2016, al Parlamento Europeo y al Consejo titulada «Componentes de una nueva estrategia de la UE respecto a China»,

–  Vista la Cumbre UE-China celebrada en Bruselas los días 1 y 2 de junio de 2017,

–  Vistas la adopción, el 1 de julio de 2015, de la nueva Ley sobre seguridad nacional por la Comisión Permanente de la Asamblea Popular Nacional China y la publicación, el 5 de mayo de 2015, del segundo proyecto de la nueva Ley sobre la gestión de ONG extranjeras,

–  Vistos el artículo 36 de la Constitución de la República Popular China, que garantiza a todos los ciudadanos el derecho a la libertad de culto, y el artículo 4, que consagra los derechos de las minorías nacionales,

–  Vistos el diálogo UE-China sobre derechos humanos, iniciado en 1995, y su 35.ª ronda celebrada en Bruselas los días 22 y 23 de junio de 2017,

–  Vista la concesión del Premio Sájarov del Parlamento Europeo a la Libertad de Conciencia a Wei Jingsheng y Hu Jia en 1996 y 2008, respectivamente,

–  Vista la declaración del portavoz para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad / Política Europea de Vecindad y Negociaciones de Ampliación del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), de 27 de diciembre de 2017, sobre las sentencias dictadas en China contra Wu Gan y Xie Yang,

–  Vista la declaración local realizada por la Delegación de la Unión Europea con ocasión del Día Internacional de los Derechos Humanos el 8 de diciembre de 2017,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 16 de diciembre de 1966,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que la promoción y el respeto de los derechos humanos universales, la democracia y el Estado de Derecho deben seguir figurando en el centro de la relación que mantienen desde hace tiempo la Unión Europea y China de acuerdo con el compromiso de la Unión de defender estos valores en su acción exterior y el interés manifestado por China en adherirse a ellos en su cooperación para el desarrollo y su cooperación internacional;

B.  Considerando que, desde que el presidente Xi Jinping asumió el poder, la situación de los derechos humanos en China se ha deteriorado en mayor medida y que el gobierno está intensificando su hostilidad hacia la disidencia pacífica, las libertades de expresión y religión y el Estado de Derecho; y que las autoridades chinas han detenido y llevado a los tribunales a cientos de defensores de los derechos humanos, abogados y periodistas;

C.  Considerando que el 26 de diciembre de 2017 un tribunal de Tianjin condenó al activista Wu Gan a ocho años de prisión bajo la acusación de subversión del poder del Estado; que Wu Gan hacía campaña de forma sistemática sobre cuestiones delicadas relacionadas con el abuso de poder por parte del gobierno, tanto en línea como por otros medios y que, según su abogado, Wu Gan rechazó un trato con las autoridades en virtud del cual se le habría revocado su sentencia si hubiera admitido su culpabilidad;

D.  Considerando que ese mismo día Xie Yang, abogado especializado en los derechos humanos, también fue condenado en Hunan pero quedó exento de sanciones penales después de haberse declarado culpable de los cargos de subversión; que Wu Gan fue detenido en 2015 meses antes de una ofensiva sin precedentes contra abogados especializados en los derechos humanos y defensores de estos derechos en la que cientos de personas, incluido Xie Yang, fueron interrogadas o detenidas en todo el país en el espacio de pocas semanas; y que hay denuncias de que Xie Yang ha sido torturado, golpeado y amenazado por los interrogadores;

E.  Considerando que el 28 de noviembre de 2017 el tribunal intermedio de Yueyang condenó al Li Ming-che a cinco años de prisión después de declararlo culpable de «subvertir el poder del Estado», privándole de todos los derechos políticos en China durante dos años; que es probable que la confesión pública de Li Ming-che se haya realizado bajo presión de las autoridades chinas; y que Li Ming-che desapareció el 19 de marzo de 2017 después de haber cruzado desde Macao a Zhuhai, en la provincia china de Guangdong;

F.  Considerando que Tashi Wangchuk, comerciante tibetano y defensor de los derechos lingüísticos, fue detenido el 27 de enero de 2016 después de haber aparecido en un vídeo del New York Times en el que defendía el derecho de los tibetanos a aprender y estudiar en su lengua materna; que en marzo de 2016 Tashi Wangchuk fue acusado de «incitar al separatismo» y que podría ser condenado a quince años de prisión, si bien había declarado explícitamente al periódico que no abogaba por la independencia;

G.  Considerando que en 2015 el monje tibetano Choekyi, del monasterio de Phurbum, en el distrito de Seda, provincia de Sichuan, fue encarcelado por celebrar el aniversario del dalái lama, el líder espiritual en el exilio; que, después de haber sido acusado, Choekyi permaneció encarcelado un breve período de tiempo en una prisión en el distrito de Kangding, prefectura de Ganzi, y que finalmente fue enviado a la prisión de Mianyang, Sichuan, para cumplir una pena de cuatro años; y que, según los medios de comunicación, Choekyi tenía problemas renales, ictericia y otros problemas de salud que empeoraron debido a su detención;

H.  Considerando que diversos abogados especializados en los derechos humanos han seguido siendo objeto de intimidación y encarcelados, como es el caso de los destacados abogados Li Yuhan, que ha sido mantenido incomunicado desde noviembre de 2017, y Wang Quanzhang, detenido en julio de 2015, mantenido incomunicado durante más de 800 días y presuntamente objeto de torturas; que los defensores de los derechos humanos que presentan peticiones y viajan a las principales ciudades para plantear cuestiones locales son detenidos y encarcelados, como es el caso de Li Xiaoling, quien está detenido desde junio de 2017 y sigue padeciendo glaucoma grave; y que también han sido detenidos defensores de los derechos humanos que brindan una plataforma a los peticionarios y otros defensores de los derechos humanos, como Ding Lingjie, Liu Feiyue y Zhen Jianghua;

I.  Considerando que el Gobierno chino ha aprobado nuevas leyes, en particular la Ley de seguridad del Estado, la Ley de lucha contra el terrorismo, la Ley de seguridad cibernética y la Ley sobre la gestión de ONG extranjeras, que consideran el activismo público y la crítica pacífica del Gobierno chino como amenazas a la seguridad del Estado, fortalecen la censura, la vigilancia y el control de individuos y grupos sociales, y disuaden a las personas de hacer campaña en favor de los derechos humanos;

J.  Considerando que en el Marco estratégico y el Plan de acción de la UE para los derechos humanos y democracia el Consejo se compromete a promover la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos en todos los ámbitos de su acción exterior sin excepción y a situar los derechos humanos en el centro de sus relaciones con todos los terceros países, incluidos sus socios estratégicos;

1.  Reitera su extrema preocupación por el enfoque del Gobierno chino en lo que respecta a los defensores de los derechos humanos, activistas y abogados; recuerda a China sus responsabilidades como potencia mundial, y pide a las autoridades de Pekín que garanticen bajo cualquier circunstancia el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales de derechos humanos firmados o ratificados por China; insta, asimismo, a las autoridades de Pekín a que pongan fin a todos los actos de hostigamiento contra todos los defensores de los derechos humanos en el país, de manera que puedan realizar su trabajo sin ningún impedimento;

2.  Insta a las autoridades chinas a que pongan en libertad de inmediato y sin condiciones a todos los defensores de los derechos humanos, activistas, abogados, periodistas y peticionarios que están detenidos por su labor en el ámbito de los derechos humanos, y a que pongan fin a la represión de que son objeto en forma de detención, hostigamiento judicial e intimidación;

3.  Pide al Gobierno de la República Popular China que ponga en libertad de inmediato y sin condiciones a Wu Gan, dado que ha sido encarcelado únicamente por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión y de reunión, y que, a la espera de su puesta en libertad, garantice que tiene contacto regular y sin restricciones con su familia y los abogados de su elección y que no se le infligen torturas ni otros malos tratos; solicita una investigación rápida, eficaz e imparcial sobre la tortura en China y pide que se lleve a los responsables ante los tribunales;

4.  Hace hincapié en la necesidad de investigar las denuncias de torturas de Xie Yang;

5.  Pide a las autoridades chinas que pongan en libertad de inmediato y sin condiciones a Li Ming-che y que, a la espera de su puesta en libertad, garanticen que no se le infligen torturas ni otros malos tratos y que se le permite el contacto con su familia y los abogados de su elección, así como el acceso a una asistencia médica adecuada;

6.  Expresa su honda preocupación por la detención y el mantenimiento en prisión de Tashi Wangchuk, así como por su limitado derecho a asistencia letrada, la falta de pruebas contra él y las irregularidades de la investigación penal; solicita la puesta en libertad inmediata e incondicional de Tashi Wangchuk;

7.  Pide a las autoridades chinas que pongan en libertad de inmediato y sin condiciones al monje tibetano Choekyi; insta al Gobierno chino a que autorice las visitas de sus familiares y de los abogados de su elección y, en particular, a que le proporcione una asistencia médica adecuada;

8.  Pide al Gobierno chino que respete su propia Constitución, y en particular el artículo 4, que protege a las minorías nacionales; el artículo 35, que protege las libertades de expresión, prensa, reunión, asociación, desfile y manifestación; el artículo 36, que reconoce el derecho a la libertad de culto; y el artículo 41, que garantiza el derecho a criticar o formular sugerencias con respecto a cualquier organismo o funcionario estatal;

9.  Reitera su llamamiento al Gobierno chino para que dialogue con su santidad el dalái lama y sus representantes, y manifiesta su apoyo a una resolución pacífica del problema del Tíbet a través del diálogo y la negociación que aspire a otorgar al Tíbet una verdadera autonomía en el marco de la Constitución china;

10.  Condena, por otra parte, las campañas contra el budismo a través del enfoque de «educación patriótica», que incluye medidas que prevén la gestión estatal de los monasterios budistas tibetanos; expresa su preocupación por que se esté utilizando indebidamente el Derecho penal chino para perseguir a tibetanos y budistas, cuyas actividades religiosas se equiparan al «separatismo»; lamenta que las condiciones para la práctica del budismo en el Tíbet hayan empeorado considerablemente tras las protestas tibetanas de marzo de 2008 al haber adoptado el Gobierno chino un enfoque más generalizado de la «educación patriótica»;

11.  Manifiesta su preocupación ante la adopción del paquete de leyes de seguridad y sus consecuencias para las minorías de China, en particular la Ley de lucha contra el terrorismo, que podría conducir a la criminalización de la expresión pacífica de la cultura y la religión tibetanas, y la Ley de gestión de las ONG extranjeras, que pone a los grupos de defensa de los derechos humanos bajo el control estricto del gobierno, dado que ello constituye un enfoque rigurosamente descendente, en lugar de fomentar las asociaciones entre la administración local y central y la sociedad civil;

12.  Destaca que las autoridades chinas deben garantizar que se ponga inmediatamente en contacto a todos los detenidos en régimen de incomunicación con sus familiares y abogados y que las condiciones de todos los detenidos deben ser acordes con las normas establecidas en el Conjunto de Principios de las Naciones Unidas para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 43/173, de 9 de diciembre de 1988, incluido el acceso a la asistencia médica;

13.  Manifiesta su extrema preocupación por las denuncias de torturas de defensores de los derechos humanos de las que ha tenido conocimiento; pide al Gobierno chino, por consiguiente, que respete incondicionalmente la prohibición absoluta y sin excepciones de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de conformidad con los artículos 2 y 16 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ratificada por China el 4 de octubre de 1988;

14.  Insta al Gobierno chino a que ratifique, ante el inminente vigésimo aniversario de su firma, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y a que garantice su plena aplicación, en particular poniendo fin a todas las prácticas abusivas y adaptando, en su caso, su legislación;

15.  Reitera la importancia de que la Unión plantee el problema de las violaciones de los derechos humanos en China, en particular el caso de las minorías en el Tíbet y en Xinjiang, en todas las sesiones de diálogo político y sobre derechos humanos con las autoridades chinas, incluidos los diálogos anuales sobre derechos humanos, en consonancia con el compromiso de la Unión de hablar con una voz firme, clara y unida en sus relaciones con el país; lamenta, sin embargo, que no se hayan obtenido resultados concretos con los diálogos anuales sobre derechos humanos UE-China; recuerda asimismo que, en el marco del proceso de reformas en curso y de su intervención creciente a escala mundial, China se ha adherido al marco internacional de derechos humanos firmando un amplio abanico de tratados internacionales en materia de derechos humanos; pide, por consiguiente, que prosiga el diálogo con China para que se respeten esos compromisos;

16.  Pide a todos los Estados miembros que adopten un enfoque firme, basado en valores, respecto de China, y espera que no emprendan iniciativas ni acciones unilaterales que puedan socavar la coherencia, la eficacia y la congruencia de la acción de la Unión; recuerda con profundo pesar que la Unión no hizo una declaración sobre los derechos humanos en China ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra en junio de 2017; celebra la adopción de una declaración en la sesión siguiente, y confía en que la Unión vaya a seguir refiriéndose a China como un país al que el Consejo de Derechos Humanos debe prestar atención mientras se niegue a poner en marcha importantes reformas en materia de derechos humanos; pide, por otra parte, a la Unión y a sus Estados miembros que expresen su profunda preocupación en el próximo examen periódico universal relativo a China y que garanticen, en particular, que la sociedad civil china pueda participar libremente en el proceso;

17.  Pide a la VP/AR y a los Estados miembros que adopten las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores sobre China, que destacan la importancia crucial de los derechos humanos en las relaciones UE-China y transmiten una clara preocupación ante la tendencia negativa que se observa en China a este respecto, junto con la esperanza de que las autoridades chinas adopten medidas concretas como respuesta a esta situación; subraya que estas conclusiones servirían para vincular a los 28 Estados miembros de la Unión y a las instituciones de la Unión con un mensaje y un enfoque comunes en lo tocante a los derechos humanos en China;

18.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros y al Gobierno y al Parlamento de la República Popular China.

(1) DO C 378 de 9.11.2017, p. 239.
(2) DO C 399 de 24.11.2017, p. 92.
(3) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0444.
(4) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0505.
(5) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0308.


República Democrática del Congo
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Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de enero de 2018, sobre la República Democrática del Congo (2018/2515(RSP))
P8_TA(2018)0015RC-B8-0054/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores Resoluciones sobre la República Democrática del Congo, en particular las de 14 de junio de 2017(1), 2 de febrero de 2017(2) y 1 de diciembre de 2016(3),

–  Vistas la declaraciones de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, y de su portavoz sobre la situación en la República Democrática del Congo,

–  Vista la declaración de la portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), de 9 de noviembre de 2017, sobre la publicación del calendario electoral para la República Democrática del Congo,

–  Vistos la Resolución sobre la asistencia técnica y el refuerzo de las capacidades en el ámbito de los derechos humanos en la República Democrática del Congo, que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó el 29 de septiembre de 2017, y el informe de octubre de 2017 del secretario general sobre la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO),

–  Vistas las observaciones finales, de 9 de noviembre de 2017, de la cuarta revisión periódica sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de la República Democrática del Congo,

–  Vista la Resolución 2348 (2017) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la renovación del mandato de la MONUSCO,

–  Vista la Decisión (PESC) 2017/2282 del Consejo, de 11 de diciembre de 2017, por la que se prorrogan hasta el 12 de diciembre de 2018 las sanciones contra los responsables de actos de violencia y de graves violaciones de los derechos humanos en la República Democrática del Congo,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 6 de marzo y 11 de diciembre de 2017, sobre la República Democrática del Congo,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 19 de junio de 2017, sobre el compromiso de la Unión Europea en favor de la sociedad civil en las relaciones exteriores,

–  Vista la Resolución de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, de 15 de junio de 2016, sobre la situación en el período previo a las elecciones y en materia de seguridad en la República Democrática del Congo,

–  Vista la concesión en 2014 del Premio Sájarov del Parlamento Europeo a la Libertad de Conciencia al Dr. Denis Mukwege,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966,

–  Visto el Acuerdo de Cotonú,

–  Vista la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981,

–  Vistas las Directrices de mayo de 2017 sobre la libertad de reunión y de asociación de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos,

–  Vista la Constitución de la República Democrática del Congo, adoptada el 18 de febrero de 2006,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que, un año después de firmarse el Acuerdo de San Silvestre el 31 de diciembre de 2016, la situación general en la República Democrática del Congo sigue deteriorándose en todo el país, registrándose una violenta represión, asesinatos y violaciones generalizadas de los derechos humanos; que 2017 ha sido uno de los años más violentos en la historia reciente de la República Democrática del Congo;

B.  Considerando que las Naciones Unidas han clasificado la situación en dicho país dentro del nivel 3 de emergencia humanitaria, que es el nivel más elevado; que, el 8 de marzo de 2017, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, pidió que se creara una comisión de investigación sobre la violencia en la provincia de Kasai;

C.  Considerando que la crisis política se ha agudizado a raíz de la negativa del presidente Kabila a abandonar el cargo en 2016 al término de su mandato constitucional; que, en virtud del Acuerdo de San Silvestre alcanzado bajo los auspicios de la Conferencia Episcopal Nacional del Congo (CENCO), se acordó celebrar elecciones en diciembre de 2017; que no se ha respetado ese plazo y la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI) ha anunciado que las elecciones se celebrarán el 23 de diciembre de 2018;

D.  Considerando que la CENI ha iniciado los preparativos logísticos para las elecciones, incluidos los dispositivos presupuestarios y el censo electoral;

E.  Considerando que las protestas contra la situación política han encontrado una resistencia sumamente violenta por parte de las fuerzas apoyadas por el Gobierno;

F.  Considerando que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) ha constatado la intención deliberada de suprimir los derechos civiles y políticos por parte de las fuerzas de seguridad, incluyendo el uso de munición real, gases lacrimógenos y balas de goma contra los civiles, incluidos monaguillos, denegando a las Naciones Unidas el acceso a los hospitales, los depósitos de cadáveres y los centros de detención, e impidiéndoles observar el desarrollo de las protestas;

G.  Considerando que la República Democrática del Congo no ha ratificado la Carta Africana de la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza;

H.  Considerando que se siguen registrando enfrentamientos armados entre el ejército congoleño y las milicias locales, especialmente en Kasai; que ello ha desembocado en una grave crisis humanitaria, con asesinatos, torturas y violaciones, la destrucción de viviendas, instalaciones médicas y centros escolares, y el descubrimiento de cuarenta fosas comunes en Kasai; que no se ha realizado ningún progreso para llevar a los autores ante la justicia;

I.  Considerando que la República Democrática del Congo tiene el mayor número registrado a nivel mundial de nuevos desplazados internos debido a conflictos; que, desde enero de 2017, más de 1,9 millones de personas han sido desplazadas dentro de la República Democrática del Congo, lo que eleva el número total de personas desplazadas en el país a 4,25 millones, principalmente en las provincias de Kasai, Tanganyika y Kivu; que el país acoge asimismo a refugiados que han huido de Burundi, la República Centroafricana y Sudán del Sur; que la Unión ha desbloqueado 5 millones de euros en ayuda de emergencia para las víctimas de la violencia en Kasai;

J.  Considerando que en marzo de 2017 se redujo el número de efectivos de la MONUSCO y en junio de 2017 se recortó su presupuesto en un 8 %;

K.  Considerando que las autoridades de la República Democrática del Congo acosan de manera sistemática a las organizaciones de la sociedad civil y a los defensores de los derechos humanos, incluidos Lutte pour le changement (Lucha), Filimbi, la Iglesia católica y el Comité Laïc de Coordination (CLC); que, según diferentes grupos de derechos humanos, en la República Democrática del Congo hay al menos 358 presos políticos;

L.  Considerando que, el 29 y el 30 de diciembre de 2017, siete defensores de los derechos humanos —Carbone Beni, Mino Bompomi, Roger Katanga Mwenyemali, Bony Dickson Mputu, Grâce Tshiunza, Cedrick Kalonji y Arciel Beni, todos ellos afiliados al movimiento de la sociedad civil Filimbi— fueron detenidos y privados de libertad sin órdenes de detención, y que se desconoce el paradero de otro defensor de los derechos humanos, Kabeya Palmer;

M.  Considerando que los secuestros y los ataques contra los trabajadores humanitarios y las fuerzas de mantenimiento de la paz están aumentando, lo que obliga a las organizaciones humanitarias a retrasar la entrega de ayuda y suspender sus actividades;

N.  Considerando que, en su forma actual, tres proyectos de ley presentados en la Asamblea Nacional Congoleña —sobre la regulación de las organizaciones no gubernamentales, sobre los defensores de los derechos humanos y sobre la lucha contra el terrorismo— son contrarios a las normas internacionales y regionales en materia de derechos humanos y suponen una amenaza sin precedentes para el funcionamiento independiente de la sociedad civil en la República Democrática del Congo;

O.  Considerando que la Unión ha prorrogado hasta diciembre de 2018 las medidas restrictivas contra particulares adoptadas en respuesta a la obstrucción del proceso electoral y a las violaciones de los derechos humanos;

1.  Reitera su profunda preocupación por el empeoramiento de la situación humanitaria, política y de seguridad en la República Democrática del Congo; condena enérgicamente todas las violaciones de los derechos humanos y los actos de violencia, en particular contra los manifestantes pacíficos, incluidas la prohibición de las manifestaciones pacíficas y las políticas de intimidación, detención y arresto de cualquier voz disidente; pide a las autoridades congoleñas que procedan a la liberación inmediata e incondicional de todos los presos de conciencia y lleven a cabo una investigación independiente sobre la violenta represión de las manifestaciones de diciembre de 2017 y las fosas comunes descubiertas;

2.  Recuerda que sobre el Gobierno de la República Democrática del Congo recae la responsabilidad primordial de proteger a los civiles que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción, en particular frente a los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra;

3.  Manifiesta su extremada preocupación por las pruebas aportadas por organizaciones de derechos humanos, en particular el informe de investigación de diciembre de 2017 de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) sobre las masacres perpetradas en Kasai, según el cual las fuerzas de seguridad congoleñas y las milicias que cuentan con respaldo gubernamental en la provincia de Kasai están aplicando una estrategia deliberada de terror y destrucción, que ha ocasionado crímenes contra la humanidad; insta a la Corte Penal Internacional (CPI) y las Naciones Unidas a que investiguen estas alegaciones;

4.  Expresa su preocupación por la situación de las mujeres y los niños en la República Democrática del Congo; condena firmemente que se recurra a la violación, la violencia sexual y la tortura; considera alarmantes las acusaciones relativas al reclutamiento y la utilización ilegales de niños soldados por parte de las milicias respaldadas por el Gobierno congoleño y considera que poner fin a la utilización de niños soldados debe constituir una prioridad para las autoridades congoleñas y la comunidad internacional;

5.  Lamenta profundamente que no se celebrasen elecciones antes de la fecha límite de 2017; recuerda la responsabilidad de las autoridades y las instituciones congoleñas de aplicar de forma efectiva el nuevo calendario electoral, de conformidad con la Constitución congoleña y el Acuerdo de San Silvestre; insiste en que el 23 de diciembre de 2018 se celebren elecciones presidenciales y legislativas transparentes, libres y justas; recuerda que la CENI debe ser una institución independiente, imparcial e inclusiva, y pide al Gobierno de la República Democrática del Congo que vele por que disponga de recursos suficientes; pide, por otra parte, a la CENI y al Gobierno que establezcan plazos trimestrales para el calendario electoral con el fin de realizar un seguimiento de su avance, lo que, asimismo, demostraría el compromiso del Gobierno con la celebración de elecciones; recuerda que solo unas elecciones creíbles permitirán poner fin a la crisis;

6.  Destaca que los miembros de la oposición en el exilio deben poder regresar de forma segura y sin condiciones, y que todos los ciudadanos deben tener el derecho de sufragio pasivo en las elecciones; acoge con satisfacción la creación, con la participación de la Unión Africana (UA), la Organización Internacional de la Francofonía (OIF), la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (SADC) y las Naciones Unidas, de un equipo coordinado de expertos encargado de respaldar la aplicación del proceso electoral y facilitar la movilización de asistencia financiera, logística y técnica a la República Democrática del Congo; apoya la contribución de la Unión al proceso electoral de la República Democrática del Congo y pide a la Unión que condicione cualquier tipo de financiación electoral a la aplicación, por parte del Gobierno congoleño, de medidas concretas que demuestren la voluntad política de celebrar elecciones el 23 de diciembre de 2018, incluyendo, en particular, la publicación de un presupuesto electoral realista, así como garantías en relación con todos los derechos y libertades fundamentales para todos los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil;

7.  Condena firmemente todas las formas de acoso y amenazas contra la sociedad civil y las ONG; manifiesta su especial preocupación por las recientes amenazas de muerte de que han sido objeto representantes de la FIDH y de organizaciones asociadas; insta a las autoridades y a las fuerzas de seguridad de la República Democrática del Congo a que respeten plenamente los requisitos establecidos en el Acuerdo de Cotonú, así como en el Acuerdo de San Silvestre, en particular el derecho de los ciudadanos a ejercer la libertad de expresión y la libertad de reunión y manifestación; pide a las autoridades congoleñas que ratifiquen lo antes posible la Carta Africana de la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza;

8.  Denuncia los proyectos de ley presentados en la Asamblea Nacional Congoleña relativos a la regulación de las ONG, los defensores de los derechos humanos y la lucha contra el terrorismo; insta a las autoridades congoleñas a que respeten plenamente el correspondiente proceso legislativo y adapten los proyectos de ley en consonancia con las normas internacionales y regionales para la protección y la promoción de los derechos humanos;

9.  Insta a la Unión, a sus Estados miembros y a la comunidad internacional a que refuercen el apoyo a los defensores de los derechos humanos, así como su protección; pide a las autoridades de la República Democrática del Congo que investiguen y lleven ante la justicia a quienes atacan a los defensores de los derechos humanos y reprimen las protestas democráticas;

10.  Acoge con satisfacción el anuncio del secretario general de las Naciones Unidas que informa de que se va a llevar a cabo una investigación sobre el ataque a las tropas de la MONUSCO perpetrado por las milicias de las Fuerzas Democráticas Aliadas el 7 de diciembre de 2017, que se saldó con la muerte de 15 miembros del personal de mantenimiento de la paz en la provincia de Kivu del Norte;

11.  Expresa su preocupación por los recientes recortes aplicados a las tropas y al presupuesto de las Naciones Unidas; pide al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y a los Estados miembros de las Naciones Unidas que garanticen que la MONUSCO reciba una financiación adecuada para llevar a cabo las tareas que le confiere su mandato; recuerda que el mandato de la MONUSCO incluye la contribución a la protección de la población civil y el apoyo a la aplicación del acuerdo político;

12.  Insta a la Unión y a sus Estados miembros a que den prioridad a los valores de los derechos humanos; reitera la importancia de que los responsables rindan cuentas por las violaciones de los derechos humanos y otras acciones que menoscaban la posibilidad de alcanzar una solución pacífica al conflicto de la República Democrática del Congo; acoge con satisfacción, en este sentido, el uso de sanciones específicas de la Unión, y pide a la Unión que considere emplear medios adicionales, tal y como se prevé en el Acuerdo de Cotonú, si la situación sigue deteriorándose y no se realizan progresos significativos en la búsqueda de una solución pacífica;

13.  Recuerda que Ibrahim Thiaw, director ejecutivo adjunto del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, declaró en abril de 2015 que la explotación de estos recursos naturales genera más de mil millones de dólares al año y que la mayoría de los beneficios (hasta el 98 %) va a parar a grupos internacionales, mientras que con el 2 % restante se financian grupos armados en la RDC; pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten las medidas necesarias contra las empresas europeas que no cumplan las normas internacionales o que no compensen adecuadamente a las víctimas de violaciones de los derechos humanos de las que sean responsables directa o indirectamente; pide que se aplique rápidamente el acuerdo alcanzado por los Estados miembros el 15 de junio de 2016 sobre el Reglamento de la Unión relativo a los «minerales de guerra» (Reglamento (UE) 2017/821(4)), y que la Unión y las Naciones Unidas sigan trabajando para elaborar una legislación internacional sobre esa cuestión;

14.  Reitera su apoyo a la UA, a la OIF y a la SADC, así como, en particular, a Angola, como facilitadores del diálogo político en la República Democrática del Congo y en toda la región;

15.  Manifiesta su inquietud por el agravamiento de la epidemia de cólera y pide que se intensifique la ayuda humanitaria para hacer frente a la epidemia; insta a la Unión y a sus Estados miembros a que aumenten la ayuda financiera y humanitaria a través de organizaciones fiables, con el fin de responder a las urgentes necesidades de la población;

16.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al representante especial de la Unión para los derechos humanos, al Consejo de Ministros y la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, a la Unión Africana, al Parlamento Panafricano, así como al presidente, al primer ministro y al Parlamento de la República Democrática del Congo.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0264.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0017.
(3) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0479.
(4) DO L 130 de 19.5.2017, p.1


Tratado de Marrakech: facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a los textos impresos ***
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Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 18 de enero de 2018, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración en nombre de la Unión Europea del Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a los textos impresos (12629/2017 – C8-0375/2017 – 2014/0297(NLE))
P8_TA(2018)0016A8-0400/2017

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo (12629/2017),

–  Visto el Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a los textos impresos (5905/2015),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 114 y con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), inciso v), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0375/2017),

–  Visto el dictamen del Tribunal de Justicia de 14 de febrero de 2017(1),

–  Vistos el artículo 99, apartados 1 y 4, así como el artículo 108, apartado 7, de su Reglamento interno,

–  Vista la recomendación de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0400/2017),

1.  Concede su aprobación a la conclusión del Tratado de Marrakech;

2.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

(1) Dictamen del Tribunal de Justicia de 14 de febrero de 2017, 3/15, ECLI:EU:C:2017:114.


Competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y sustracción internacional de menores *
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Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 18 de enero de 2018, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y sobre la sustracción internacional de menores (refundición) (COM(2016)0411 – C8-0322/2016 – 2016/0190(CNS))
P8_TA(2018)0017A8-0388/2017

(Procedimiento legislativo especial – consulta – refundición)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2016)0411),

–  Visto el artículo 81, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C8-0322/2016),

–  Visto el Acuerdo interinstitucional, de 28 de noviembre de 2001, para un recurso más estructurado a la técnica de la refundición de los actos jurídicos(1),

–  Vistos los artículos 104 y 78 quater de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y la opinión de la Comisión de Peticiones (A8-0388/2017),

A.  Considerando que, según el grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, la propuesta de la Comisión no contiene ninguna modificación de fondo aparte de las señaladas como tales en la propuesta, y que, en lo que se refiere a la codificación de las disposiciones inalteradas de los actos anteriores junto con dichas modificaciones, la propuesta se limita a una codificación pura y simple de los textos existentes, sin ninguna modificación sustancial de estos;

1.  Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión adaptada a las recomendaciones del grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, y con las modificaciones que figuran a continuación;

2.  Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el artículo 293, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

3.  Pide al Consejo que le informe si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

4.  Pide al Consejo que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente la propuesta de la Comisión;

5.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Texto de la Comisión   Enmienda
Enmienda 1
Propuesta de Reglamento
Considerando 1
(1)  El Reglamento (CE) n.º 2201/200334 del Consejo ha sido modificado de forma sustancial35. Habida cuenta de que es preciso introducir nuevas modificaciones, conviene en aras de una mayor claridad, proceder a la refundición del mencionado Reglamento.
(1)  El Reglamento (CE) n.º 2201/200334 del Consejo ha sido modificado de forma sustancial35. Habida cuenta de que es preciso introducir nuevas modificaciones imprescindibles, conviene en aras de una mayor claridad, proceder a la refundición del mencionado Reglamento. Las modificaciones del Reglamento van a contribuir a reforzar la seguridad jurídica y a incrementar la flexibilidad, así como a garantizar un mejor acceso a los procesos judiciales y una mayor eficiencia de dichos procesos. Al mismo tiempo, las modificaciones al presente Reglamento van a contribuir a garantizar que los Estados miembros conserven la plena soberanía en cuanto al Derecho sustantivo en materia de responsabilidad parental.
__________________
__________________
34 Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000 (DO L 338 de 23.12.2003, p. 1).
34 Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000 (DO L 338 de 23.12.2003, p. 1).
35 Véase el anexo V.
35 Véase el anexo V.
Enmienda 2
Propuesta de Reglamento
Considerando 3
(3)  El armonioso y correcto funcionamiento de un espacio de justicia en la Unión que respete los diferentes ordenamientos jurídicos y tradiciones de los Estados miembros es vital para la Unión. Procede, por lo tanto, reforzar la confianza mutua en los respectivos ordenamientos jurídicos. La Unión se ha fijado el objetivo de crear, mantener y desarrollar un espacio de libertad, de seguridad y de justicia en el que se garanticen la libre circulación de personas y el acceso a la justicia. Con vistas a la realización de estos objetivos, deben reforzarse los derechos de las personas, en particular de los menores, en los procedimientos legales, con el fin de facilitar la cooperación entre las autoridades judiciales y administrativas, y la ejecución de las resoluciones en materia de Derecho de familia con implicaciones transfronterizas. Debe reforzarse el reconocimiento mutuo de las resoluciones en materia civil, debe simplificarse el acceso a la justicia y deben mejorarse los intercambios de información entre las autoridades de los Estados miembros.
(3)  El armonioso y correcto funcionamiento de un espacio de justicia en la Unión que respete los diferentes ordenamientos jurídicos y tradiciones de los Estados miembros es vital para la Unión. Procede, por lo tanto, reforzar la confianza mutua en los respectivos ordenamientos jurídicos. La Unión se ha fijado el objetivo de crear, mantener y desarrollar un espacio de libertad, de seguridad y de justicia en el que se garanticen la libre circulación de personas y el acceso a la justicia. Con vistas a la realización de estos objetivos, es fundamental reforzar los derechos de las personas, en particular de los menores, en los procedimientos legales, con el fin de facilitar la cooperación entre las autoridades judiciales y administrativas, y la ejecución de las resoluciones en materia de Derecho de familia con implicaciones transfronterizas. Debe reforzarse el reconocimiento mutuo de las resoluciones en materia civil, debe simplificarse el acceso a la justicia y deben mejorarse los intercambios de información entre las autoridades de los Estados miembros, garantizando que se lleve a cabo una comprobación rigurosa del carácter no discriminatorio de los procedimientos y prácticas empleados por las autoridades competentes de los Estados miembros para proteger el interés superior del menor y los derechos fundamentales vinculados.
Enmienda 3
Propuesta de Reglamento
Considerando 4
(4)  Con este fin, la Unión debe adoptar, entre otras cosas, las medidas de cooperación judicial en materia civil con repercusiones transfronterizas, en particular cuando ello sea necesario para el correcto funcionamiento del mercado interior.
(4)  Con este fin, la Unión debe adoptar, entre otras cosas, las medidas de cooperación judicial en materia civil con repercusiones transfronterizas, en particular cuando ello sea necesario para la libre circulación de las personas y el correcto funcionamiento del mercado interior.
Enmienda 4
Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)
(4 bis)  Para reforzar la cooperación judicial en asuntos civiles con repercusiones transfronterizas, es necesaria una formación judicial, especialmente en el ámbito del Derecho de familia con implicaciones transfronterizas. Las actividades de formación, como seminarios e intercambios, son necesarias, tanto a nivel de la Unión como nacional, para concienciar sobre el presente Reglamento, su contenido y sus consecuencias, así como para generar confianza mutua entre los Estados miembros por lo que respecta a sus sistemas judiciales.
Enmienda 5
Propuesta de Reglamento
Considerando 6
(6)  Con ánimo de garantizar la igualdad de todos los hijos, el presente Reglamento debe aplicarse a todas las resoluciones en materia de responsabilidad parental, incluidas las medidas de protección del menor, con independencia de que estén vinculadas o no a un procedimiento en materia matrimonial o a otro procedimiento.
(6)  Con ánimo de garantizar la igualdad de todos los hijos, el presente Reglamento debe aplicarse a todas las resoluciones en materia de responsabilidad parental, incluidas las medidas de protección del menor, con independencia de que estén vinculadas o no a un procedimiento en materia matrimonial.
Enmienda 6
Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)
(6 bis)  En virtud del presente Reglamento, las normas de competencia deben ser también aplicables a todos los menores que se encuentren en el territorio de la Unión y cuya residencia habitual no pueda establecerse con certidumbre. El ámbito de aplicación de dichas normas debe extenderse, en particular, a los menores refugiados, así como a los menores desplazados internacionalmente ya sea por razones socioeconómicas o a causa de disturbios en su país.
Enmienda 7
Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)
(12 bis)  El presente Reglamento debe respetar plenamente los derechos recogidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), especialmente el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, previsto en el artículo 47 de la Carta, el derecho al respeto de la vida privada y familiar, previsto en el artículo 7 de la Carta, y los derechos del menor, previstos en el artículo 24 de la Carta.
Enmienda 8
Propuesta de Reglamento
Considerando 13
(13)  Las normas de competencia en materia de responsabilidad parental están concebidas en función del interés superior del menor, y deben aplicarse de acuerdo con este. Cualquier referencia al interés superior del menor debe interpretarse a la luz del artículo 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño, de 20 de noviembre de 1989.
(13)  Las normas de competencia en materia de responsabilidad parental deben estar siempre concebidas en función del interés superior del menor, y deben aplicarse teniendo en cuenta dicho interés. Cualquier referencia al interés superior del menor debe interpretarse a la luz de los artículos 7, 14, 22 y 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño, de 20 de noviembre de 1989. Es imperativo que el Estado miembro cuyas autoridades sean competentes, en virtud del presente Reglamento, para conocer del fondo de un asunto de responsabilidad parental se asegure, tras la adopción de una resolución definitiva de restitución del menor, de que se protejan el interés superior y los derechos fundamentales del menor después de la restitución, en particular cuando este tenga contacto con ambos progenitores.
Enmienda 9
Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)
(14 bis)  El significado del término «residencia habitual» debe ser interpretado caso por caso sobre la base de las definiciones de las autoridades, en función de las circunstancias específicas de cada caso.
Enmienda 10
Propuesta de Reglamento
Considerando 15
(15)  Cuando la residencia habitual del menor cambie a raíz de un traslado lícito del menor, la competencia debe seguirle con el fin de mantener la proximidad. Este procedimiento debe aplicarse cuando aún no haya causas pendientes, y también en las causas pendientes. No obstante, cuando haya una causa pendiente, las partes podrán acordar, en aras de la eficacia de la justicia, que los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que se esté sustanciando el procedimiento conserven su competencia hasta que se haya dictado una resolución definitiva, siempre que esto redunde en el interés superior del niño. Esta posibilidad reviste una particular importancia cuando el procedimiento esté cercano a su conclusión y uno de los progenitores desee trasladar su domicilio a otro Estado miembro con el menor.
(15)  Cuando la residencia habitual del menor cambie a raíz de un traslado lícito del menor, la competencia debe seguirle con el fin de mantener la proximidad. No obstante, cuando haya una causa pendiente, las partes podrán acordar, en aras de la eficacia de la justicia, que los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que se esté sustanciando el procedimiento conserven su competencia hasta que se haya dictado una resolución definitiva, siempre que esto redunde en el interés superior del niño. Por otra parte, los procesos pendientes en materia de derechos de custodia y de visita deben concluirse por medio de una resolución definitiva para que las personas a quienes corresponda la custodia no lleven al menor a otro país con el fin de evitar así una resolución judicial desfavorable de una autoridad, a menos que las partes acuerden que se debe poner fin al proceso pendiente.
Enmienda 11
Propuesta de Reglamento
Considerando 17
(17)  En caso de urgencia, las disposiciones del presente Reglamento no impedirán que las autoridades de un Estado miembro que no sean competentes para conocer del fondo del asunto adopten medidas provisionales, incluidas las protectoras, por lo que se refiere a la persona o a los bienes de un niño que se encuentren en ese Estado miembro. Dichas medidas deben ser reconocidas y ejecutadas en los demás Estados miembros, incluidos los Estados miembros que sean competentes en virtud del presente Reglamento, hasta que una autoridad competente de dicho Estado miembro haya adoptado las medidas que considere apropiadas. No obstante, las medidas adoptadas por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro solo deben modificarse o sustituirse por medidas adoptadas asimismo por un órgano jurisdiccional del Estado miembro competente para conocer del fondo del asunto. Una autoridad que solo tenga competencia para adoptar medidas provisionales, incluidas las cautelares, debe, ante una solicitud relacionada con el fondo del asunto, declararse de oficio incompetente. En la medida en que la protección del interés superior del niño lo exija, la autoridad debe informar de las medidas adoptadas, directamente o por conducto de la autoridad central, a la autoridad del Estado miembro competente para conocer del fondo del asunto en virtud del presente Reglamento. No obstante, el incumplimiento de la obligación de informar a la autoridad de otro Estado miembro no debe, como tal, constituir un motivo para el no reconocimiento de la medida.
(17)  En caso de urgencia, por ejemplo, en los casos de violencia doméstica o de género, las disposiciones del presente Reglamento no impedirán que las autoridades de un Estado miembro que no sean competentes para conocer del fondo del asunto adopten medidas provisionales, incluidas las protectoras, por lo que se refiere a la persona o a los bienes de un niño que se encuentren en ese Estado miembro. Dichas medidas deben ser reconocidas y ejecutadas en los demás Estados miembros, incluidos los Estados miembros que sean competentes en virtud del presente Reglamento, hasta que una autoridad competente de dicho Estado miembro haya adoptado las medidas que considere apropiadas. No obstante, las medidas adoptadas por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro solo deben modificarse o sustituirse por medidas adoptadas asimismo por un órgano jurisdiccional del Estado miembro competente para conocer del fondo del asunto. Una autoridad que tenga competencia solo para adoptar medidas provisionales, incluidas las cautelares, debe, ante una solicitud relacionada con el fondo del asunto, declararse de oficio incompetente. En la medida en que la protección del interés superior del niño lo exija, la autoridad debe informar de las medidas adoptadas, directamente o por conducto de la autoridad central, y sin dilación indebida, a la autoridad del Estado miembro competente para conocer del fondo del asunto en virtud del presente Reglamento. No obstante, el incumplimiento de la obligación de informar a la autoridad de otro Estado miembro no debe, como tal, constituir un motivo para el no reconocimiento de la medida.
Enmienda 12
Propuesta de Reglamento
Considerando 18
(18)  En casos excepcionales, las autoridades del Estado miembro de la residencia habitual del menor pueden no ser la autoridad más apropiada para conocer del asunto. Para atender el interés superior del menor, la autoridad competente, con carácter excepcional y en condiciones determinadas, puede remitir el asunto a la autoridad de otro Estado miembro que esté mejor situada para conocer el asunto. Ahora bien, en este caso no se debe autorizar a la autoridad a la que se remitió la competencia a remitirla a su vez a una tercera autoridad.
(18)  Merece una atención especial el hecho de que, en casos excepcionales, como los casos de violencia doméstica o de género, las autoridades del Estado miembro de la residencia habitual del menor pueden no ser la autoridad más apropiada para conocer del asunto. La autoridad competente, con carácter excepcional y en condiciones determinadas, puede remitir el asunto a la autoridad de otro Estado miembro que esté mejor situada para conocer el asunto. Ahora bien, en este caso se debe recabar en primer lugar la aprobación de la autoridad a la que se remitió la competencia, ya que, una vez que ha aceptado examinar el asunto, no puede remitirla a su vez a una tercera autoridad. Antes de proceder a una remisión de competencia, es fundamental examinar y tener plenamente en cuenta el interés superior del menor.
Enmienda 13
Propuesta de Reglamento
Considerando 23
(23)  Tanto los procedimientos en materia de responsabilidad parental en virtud del presente Reglamento como los procedimientos de restitución en virtud del Convenio de La Haya de 1980 deben respetar el derecho del niño a expresar su opinión libremente y, a la hora de evaluar el interés superior del niño, debe tenerse debidamente en cuenta dicha opinión. La audiencia del menor, de conformidad con el artículo 24, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el artículo 12 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, desempeña un papel importante en la aplicación del presente Reglamento. No obstante, este no tiene por objeto definir cómo debe oírse al menor, es decir, si el menor deber ser oído por el juez en persona o por un experto con una formación específica que informe seguidamente al órgano jurisdiccional, o si el menor debe ser oído en la sala de audiencia o en otro lugar, etc.
(23)  Tanto los procedimientos en materia de responsabilidad parental en virtud del presente Reglamento como los procedimientos de restitución en virtud del Convenio de La Haya de 1980 deben respetar el derecho del niño a expresar su opinión libremente y, a la hora de evaluar el interés superior del niño, debe tenerse debidamente en cuenta dicha opinión. La audiencia del menor, de conformidad con el artículo 24, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, con el artículo 12 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y con la Recomendación del Consejo de Europa sobre la participación de niños y jóvenes menores de 18 años1 bis, desempeña un papel importante en la aplicación del presente Reglamento. No obstante, este no tiene por objeto definir normas mínimas comunes relativas al procedimiento para oír al menor, que sigue estando sujeto a las disposiciones nacionales de los Estados miembros.
______________
1 bis CM/Rec(2012)2 de 28 de marzo de 2012.
Enmienda 14
Propuesta de Reglamento
Considerando 26
(26)  A fin de concluir los procedimientos de restitución en virtud del Convenio de La Haya de 1980 lo más rápidamente posible, los Estados miembros deben concentrar la competencia relativa a este tipo de procedimientos en uno o más órganos jurisdiccionales, teniendo en cuenta en su caso, las estructuras internas de la correspondiente Administración de Justicia. La concentración de competencias en un número limitado de órganos jurisdiccionales de un Estado miembro es una herramienta esencial y eficaz para acelerar la gestión de los casos de sustracción de menores en varios Estados miembros, dado que los jueces que conocen de un mayor número de estos casos desarrollan conocimientos técnicos específicos. Dependiendo de la estructura del ordenamiento jurídico, la competencia en los casos de sustracción de menores se podría concentrar en un único órgano jurisdiccional para todo el país o en un número limitado de órganos jurisdiccionales, utilizando, por ejemplo, el número de órganos jurisdiccionales de apelación como punto de partida y concentrando la competencia de los casos de sustracción internacional de menores en un órgano jurisdiccional de primera instancia en cada distrito de un tribunal de apelación. Cada instancia debe dictar su resolución dentro de las seis semanas siguientes a la presentación de la solicitud o el recurso. Los Estados miembros deben limitar a uno el número de recursos posibles contra una resolución por la que se conceda o deniegue la restitución de un menor en virtud del Convenio de La Haya de 1980 sobre la sustracción de menores.
(26)  A fin de concluir los procedimientos de restitución en virtud del Convenio de La Haya de 1980 lo más rápidamente posible, los Estados miembros deben concentrar la competencia relativa a este tipo de procedimientos en un número limitado de órganos jurisdiccionales, teniendo en cuenta en su caso, las estructuras internas de la correspondiente Administración de Justicia. La concentración de competencias en un número limitado de órganos jurisdiccionales de un Estado miembro es una herramienta esencial y eficaz para acelerar la gestión de los casos de sustracción de menores en varios Estados miembros, dado que los jueces que conocen de un mayor número de estos casos desarrollan conocimientos técnicos específicos. Dependiendo de la estructura del ordenamiento jurídico, la competencia en los casos de sustracción de menores se podría concentrar en un número limitado de órganos jurisdiccionales, utilizando, por ejemplo, el número de órganos jurisdiccionales de apelación como punto de partida y concentrando la competencia de los casos de sustracción internacional de menores en un órgano jurisdiccional de primera instancia en cada distrito de un tribunal de apelación, sin socavar, no obstante, el derecho de las partes al acceso a la justicia y a que el procedimiento de restitución se desarrolle dentro de plazos razonables. Cada instancia debe dictar su resolución dentro de las seis semanas siguientes a la presentación de la solicitud o el recurso. Los Estados miembros deben limitar a uno el número de recursos posibles contra una resolución por la que se conceda o deniegue la restitución de un menor en virtud del Convenio de La Haya de 1980 sobre la sustracción de menores. Además, deben adoptarse medidas para garantizar que las resoluciones judiciales dictadas en un Estado miembro sean reconocidas en otro Estado miembro. Cuando se haya dictado una resolución judicial, es fundamental que esta se reconozca en toda la Unión Europea, sobre todo en interés del menor.
Enmienda 15
Propuesta de Reglamento
Considerando 28
(28)  En todos los casos que afecten a niños y, en particular, en los casos de sustracción internacional de menores, las autoridades judiciales y administrativas deben contemplar la posibilidad de llegar a una solución amistosa a través de la mediación u otros medios apropiados, con la ayuda, en su caso, de las redes y estructuras de apoyo existentes relacionadas con la mediación en las controversias de responsabilidad parental transfronteriza. No obstante, tales esfuerzos no deben prolongar indebidamente el procedimiento de restitución en virtud del Convenio de La Haya de 1980.
(28)  El recurso a la mediación puede desempeñar un papel muy importante para resolver los conflictos en todos los casos que afecten a niños y, en particular, en caso de conflictos parentales transfronterizos sobre la custodia del menor y sobre el derecho de visita del menor y en los casos de sustracción internacional de menores. Asimismo, en vista del aumento de los conflictos transfronterizos por la custodia en toda la Unión Europea, donde no se dispone de un marco internacional, como resultado de los recientes flujos migratorios, la mediación ha demostrado con frecuencia ser el único instrumento jurídico para ayudar a las familias a alcanzar una solución amistosa y rápida para los conflictos familiares. Con el fin de fomentar la mediación en esos casos, las autoridades judiciales y administrativas, con la ayuda, en su caso, de las redes y estructuras de apoyo existentes relacionadas con la mediación en las controversias de responsabilidad parental transfronteriza, deben asistir a las partes, antes o durante el proceso judicial, en la selección de mediadores adecuados y en la organización de la mediación. Se debe proporcionar a las partes una ayuda financiera para recurrir a la mediación, por lo menos en la medida en que se les haya o se les habría concedido asistencia jurídica. No obstante, tales esfuerzos no deben prolongar indebidamente el procedimiento de restitución en virtud del Convenio de La Haya de 1980 ni deben dar lugar a la participación obligatoria de las víctimas de cualquier forma de violencia, incluida la violencia doméstica, en los procedimientos de mediación.
Enmienda 16
Propuesta de Reglamento
Considerando 28 bis (nuevo)
(28 bis)  Para ofrecer una alternativa eficaz a los procesos judiciales en materia de litigios familiares nacionales o internacionales, es fundamental que los mediadores involucrados hayan recibido una formación especializada adecuada. Dicha formación debe incluir, en particular, el marco jurídico de los litigios familiares transfronterizos, competencias interculturales e instrumentos para gestionar situaciones altamente conflictivas, atendiendo en todo momento al interés superior del menor. La formación destinada a los jueces, dado que son la principal fuente potencial de la derivación a la mediación, debe también abordar la manera de alentar a las partes a recurrir a la mediación lo antes posible y la manera de incorporar la mediación a los procesos judiciales, así como el calendario estipulado para los procedimientos previstos en el Convenio de La Haya sobre la sustracción de menores, sin ocasionar dilaciones indebidas.
Enmienda 17
Propuesta de Reglamento
Considerando 30
(30)  Cuando el órgano jurisdiccional del Estado miembro en el que se encuentre ilícitamente retenido el menor o al que haya sido ilícitamente desplazado decida denegar la restitución del menor en virtud del Convenio de La Haya de 1980, en su resolución debe hacer referencia explícita a los artículos correspondientes del Convenio de La Haya de 1980 en que se basa la denegación. Semejante resolución puede ser sustituida por otra posterior dictada, en un procedimiento en materia de custodia tras un cuidadoso examen del interés superior del niño, por el órgano jurisdiccional del Estado miembro en el que el menor tenía su residencia habitual antes de su traslado o retención ilícitos. En caso de que esta última implique la restitución del menor, esta debería realizarse sin necesidad de procedimiento alguno para el reconocimiento y la ejecución de dicha resolución en el Estado miembro en el que se encuentra el menor sustraído.
(30)  Cuando el órgano jurisdiccional del Estado miembro en el que se encuentre ilícitamente retenido el menor o al que haya sido ilícitamente desplazado decida denegar la restitución del menor en virtud del Convenio de La Haya de 1980, en su resolución debe hacer referencia explícita a los artículos correspondientes del Convenio de La Haya de 1980 en que se basa la denegación y debe motivar dicha denegación. Semejante resolución puede ser sustituida por otra posterior dictada, en un procedimiento en materia de custodia tras un cuidadoso examen del interés superior del niño, por el órgano jurisdiccional del Estado miembro en el que el menor tenía su residencia habitual antes de su traslado o retención ilícitos. En caso de que esta última implique la restitución del menor, esta debería realizarse sin necesidad de procedimiento alguno para el reconocimiento y la ejecución de dicha resolución en el Estado miembro en el que se encuentra el menor sustraído.
Enmienda 18
Propuesta de Reglamento
Considerando 33
(33)  Además, el objetivo de hacer que los litigios transfronterizos que afectan a niños sean menos prolongados y costosos justifica la supresión de la declaración de fuerza ejecutiva previa a la ejecución en el Estado miembro de ejecución de todas las resoluciones sobre las cuestiones de responsabilidad parental. Si bien el Reglamento (CE) n.º 2201/2003 solo suprimía este requisito para las resoluciones de concesión del derecho de visita y determinadas resoluciones que ordenan la restitución del menor, el presente Reglamento establece ahora un único procedimiento de ejecución transfronteriza de todas las resoluciones en materia de responsabilidad parental. Como consecuencia de ello, sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Reglamento, las resoluciones dictadas por las autoridades de un Estado miembro deben ser tratadas como si se hubieran dictado en el Estado miembro de ejecución.
(33)  Además, el objetivo de facilitar la libre circulación de los ciudadanos europeos justifica la supresión de la declaración de fuerza ejecutiva previa a la ejecución en el Estado miembro de ejecución de todas las resoluciones sobre responsabilidad parental que entren en el ámbito de aplicación del presente Reglamento. Ello ayudará, en particular, a reducir la duración y los costes de los litigios transfronterizos que afectan a niños. Si bien el Reglamento (CE) n.º 2201/2003 solo suprimía este requisito para las resoluciones de concesión del derecho de visita y determinadas resoluciones que ordenan la restitución del menor, el presente Reglamento establece ahora un único procedimiento de ejecución transfronteriza de todas las resoluciones en materia de responsabilidad parental que entren en el ámbito de aplicación del presente Reglamento. Como consecuencia de ello, sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Reglamento, las resoluciones dictadas por las autoridades de un Estado miembro deben ser tratadas como si se hubieran dictado en el Estado miembro de ejecución.
Enmienda 19
Propuesta de Reglamento
Considerando 37 bis (nuevo)
(37 bis)  La denegación del reconocimiento de una resolución tal como se define en presente Reglamento por razón de que el reconocimiento sería manifiestamente contrario al orden público del Estado miembro de que se trate debe ser conforme al artículo 21 de la Carta.
Enmienda 20
Propuesta de Reglamento
Considerando 42
(42)  En casos específicos en materia de responsabilidad parental que entren dentro del ámbito de aplicación del presente Reglamento, las autoridades centrales deben cooperar entre sí para prestar asistencia a las autoridades nacionales, así como a los titulares de la responsabilidad parental. Este tipo de asistencia debe incluir, en particular, la localización del niño, directamente o a través de otras autoridades competentes, cuando ello sea necesario para la tramitación de una solicitud en el marco del presente Reglamento, y el suministro de la información requerida para los fines del procedimiento.
(42)  En casos específicos en materia de responsabilidad parental que entren dentro del ámbito de aplicación del presente Reglamento, las autoridades centrales deben cooperar entre sí para prestar asistencia a las autoridades nacionales, así como a los titulares de la responsabilidad parental. Este tipo de asistencia debe incluir, en particular, la localización del niño, directamente o a través de otras autoridades competentes, cuando ello sea necesario para la tramitación de una solicitud en el marco del presente Reglamento, y el suministro de la información requerida para los fines del procedimiento. En los casos en que la competencia recaiga en un Estado miembro diferente del Estado miembro del que el menor es nacional, las autoridades centrales del Estado miembro con competencia deben informar, sin dilación indebida, a las autoridades centrales del Estado miembro del que el menor es nacional.
Enmienda 21
Propuesta de Reglamento
Considerando 44
(44)  Sin perjuicio de los eventuales requisitos contemplados en el Derecho procesal nacional, la autoridad requirente debe tener la facultad de elegir libremente entre los distintos conductos disponibles para recabar la información necesaria, por ejemplo, en el caso de los órganos jurisdiccionales, aplicando el Reglamento (CE) n.º 1206/2001 del Consejo, recurriendo a la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil, y en particular a las autoridades centrales establecidas en virtud del presente Reglamento, los jueces y los puntos de contacto de la Red, o, en el caso de las autoridades judiciales y administrativas, solicitando información a través de una organización no gubernamental especializada en la materia.
(44)  Sin perjuicio de los eventuales requisitos contemplados en el Derecho procesal nacional, la autoridad requirente debe tener la facultad de elegir libremente entre los distintos conductos disponibles para recabar la información necesaria, por ejemplo, en el caso de los órganos jurisdiccionales, aplicando el Reglamento (CE) n.º 1206/2001 del Consejo, recurriendo a la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil, y en particular a las autoridades centrales establecidas en virtud del presente Reglamento, los jueces y los puntos de contacto de la Red, o, en el caso de las autoridades judiciales y administrativas, solicitando información a través de una organización no gubernamental especializada en la materia. La cooperación y la comunicación judicial internacional han de ser iniciadas o facilitadas por jueces de la red o de enlace designados específicamente en cada Estado miembro. El papel de la Red Judicial Europea debe diferenciarse del de las autoridades centrales.
Enmienda 22
Propuesta de Reglamento
Considerando 46
(46)  Una autoridad de un Estado miembro que contemple una resolución en materia de responsabilidad parental debe estar facultada para solicitar la comunicación de la información pertinente a efectos de la protección del menor a las autoridades de otro Estado miembro, si el interés superior del niño así lo exigiere. En función de las circunstancias, esta comunicación podría incluir información sobre los procedimientos y resoluciones relativos a uno de los progenitores o hermanos del niño, o sobre la capacidad de un progenitor de ocuparse de un hijo o visitarlo.
(46)  Una autoridad de un Estado miembro que contemple una resolución en materia de responsabilidad parental debe estar obligada a solicitar la comunicación de la información pertinente a efectos de la protección del menor a las autoridades de otro Estado miembro, si el interés superior del niño así lo exigiere. En función de las circunstancias, esta comunicación podría incluir información sobre los procedimientos y resoluciones relativos a uno de los progenitores o hermanos del niño, o sobre la capacidad de un progenitor o una familia de ocuparse de un hijo o visitarlo. Al decidir sobre la capacidad para cuidar de un hijo, no deben considerarse elementos decisivos la nacionalidad, la situación económica y social o el contexto cultural y religioso de un progenitor.
Enmienda 23
Propuesta de Reglamento
Considerando 46 bis (nuevo)
(46 bis)  La comunicación entre jueces, autoridades públicas, autoridades centrales, profesionales encargados de prestar asistencia a los progenitores y entre los propios progenitores ha de ser promovida por todos los medios, teniendo en cuenta, entre otras cuestiones, que una resolución de no restitución del menor puede vulnerar los derechos fundamentales del menor en la misma medida que una resolución de restitución.
Enmienda 24
Propuesta de Reglamento
Considerando 48 bis (nuevo)
(48 bis)  Cuando el interés del menor así lo exija, los jueces deben comunicarse directamente con las autoridades centrales o con los órganos jurisdiccionales competentes de otros Estados miembros.
Enmienda 25
Propuesta de Reglamento
Considerando 49
(49)  En caso de que una autoridad de un Estado miembro ya haya dictado una resolución en materia de responsabilidad parental o tenga la intención de dictarla y la ejecución vaya a llevarse a cabo en otro Estado miembro, la autoridad en cuestión podrá solicitar a las autoridades del otro Estado miembro que le presten asistencia en la ejecución de la resolución. Esto debe aplicarse, por ejemplo, a las resoluciones de concesión del derecho de visita supervisada que deba ejercerse en un Estado miembro distinto del Estado miembro en el que se encuentre la autoridad que ordena el derecho de visita o que impliquen cualquier otra medida complementaria de las autoridades competentes del Estado miembro en el que vaya a ejecutarse la resolución.
(49)  En caso de que una autoridad de un Estado miembro ya haya dictado una resolución en materia de responsabilidad parental o tenga la intención de dictarla y la ejecución vaya a llevarse a cabo en otro Estado miembro, la autoridad en cuestión debe solicitar a las autoridades del otro Estado miembro que le presten asistencia en la ejecución de la resolución. Esto debe aplicarse, por ejemplo, a las resoluciones de concesión del derecho de visita supervisada que deba ejercerse en un Estado miembro distinto del Estado miembro en el que se encuentre la autoridad que ordena el derecho de visita o que impliquen cualquier otra medida complementaria de las autoridades competentes del Estado miembro en el que vaya a ejecutarse la resolución.
Enmienda 26
Propuesta de Reglamento
Considerando 50
(50)  En caso de que una autoridad de un Estado miembro considere el acogimiento de un menor en una familia o en un establecimiento en otro Estado miembro, debe incoarse un procedimiento de consulta a través de las autoridades centrales de ambos Estados miembros de que se trate antes de ordenar dicho acogimiento. La autoridad que contemple la orden de acogimiento debe recabar la aprobación de la autoridad competente del Estado miembro en el que el menor debe ser acogido antes de ordenar dicha orden. Como los acogimientos suelen ser medidas urgentes que se adoptan para evitar que un niño se vea en una situación que pueda poner en peligro sus intereses, el tiempo reviste una importancia fundamental para este tipo de resoluciones. Por lo tanto, a fin de acelerar el procedimiento de consulta, el presente Reglamento establece de manera exhaustiva los requisitos para la solicitud y un plazo máximo de respuesta para el Estado miembro en el que el menor deba ser acogido. Las condiciones para conceder o denegar la aprobación, no obstante, seguirán rigiéndose por el Derecho nacional del Estado miembro requerido.
(50)  En caso de que una autoridad de un Estado miembro considere el acogimiento de un menor por miembros de su familia, en una familia de acogida o en un establecimiento en otro Estado miembro, debe incoarse un procedimiento de consulta a través de las autoridades centrales de ambos Estados miembros de que se trate antes de ordenar dicho acogimiento. La autoridad que contemple la orden de acogimiento debe recabar la aprobación de la autoridad competente del Estado miembro en el que el menor debe ser acogido antes de ordenar dicha orden. Como los acogimientos suelen ser medidas urgentes que se adoptan para evitar que un niño se vea en una situación que pueda poner en peligro sus intereses, el tiempo reviste una importancia fundamental para este tipo de resoluciones. Por lo tanto, a fin de acelerar el procedimiento de consulta, el presente Reglamento establece de manera exhaustiva los requisitos para la solicitud y un plazo máximo de respuesta para el Estado miembro en el que el menor deba ser acogido. Las condiciones para conceder o denegar la aprobación, no obstante, seguirán rigiéndose por el Derecho nacional del Estado miembro requerido.
Enmienda 27
Propuesta de Reglamento
Considerando 51
(51)  Cualquier acogimiento de larga duración de un niño en el extranjero debe ser acorde con el artículo 24, apartado 3, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (derecho a mantener contactos directos con el padre y con la madre,) y con las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño, en particular sus artículos 8, 9 y 20. En concreto, a la hora de examinar soluciones, deben tenerse debidamente en cuenta la conveniencia de una continuidad en la educación del menor, así como su contexto étnico, religioso, cultural y lingüístico.
(51)  Las autoridades estatales que examinen el acogimiento de un niño deben actuar de conformidad con el artículo 24, apartado 3, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (derecho a mantener contactos directos con el padre y con la madre,) y con las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño, en particular sus artículos 8, 9 y 20. En concreto, a la hora de examinar soluciones, deben tenerse debidamente en cuenta la posibilidad de acoger a hermanos en una misma familia de acogida o en un mismo establecimiento y la conveniencia de una continuidad en la educación del menor, así como su contexto étnico, religioso, cultural y lingüístico. En el caso concreto de acogimiento de larga duración de un menor en el extranjero, las autoridades competentes deben examinar siempre la posibilidad de que el menor sea acogido por familiares que vivan en otro país, si el menor ha establecido una relación con esos familiares y, tras una evaluación individual del interés superior del menor. Esos acogimientos de larga duración deben ser objeto de una revisión periódica con respecto a las necesidades y al interés superior del menor.
Enmienda 28
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – parte introductoria
1.  El presente Reglamento se aplica, con independencia de la naturaleza de la autoridad judicial o administrativa, a las materias civiles relativas:
1.  El presente Reglamento se aplica, con independencia de la naturaleza de la autoridad judicial o administrativa o de otra autoridad con competencia en las materias que entran en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, a las materias civiles relativas:
Enmienda 29
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra b bis (nueva)
b bis)  sustracción internacional de menores;
Enmienda 30
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra d
d)  el acogimiento del menor en una familia o en un establecimiento;
d)  el acogimiento del menor por miembros de su familia, en una familia de acogida o en un establecimiento seguro en el extranjero;
Enmienda 31
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1
1.  autoridad, cualquier autoridad judicial o administrativa de los Estados miembros con competencia en las materias que entran en el ámbito de aplicación del presente Reglamento;
1.  autoridad, cualquier autoridad judicial o administrativa o de otro tipo de los Estados miembros con competencia en las materias que entran en el ámbito de aplicación del presente Reglamento;
Enmienda 32
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3
3.  Estado miembro, todos los Estados miembros a excepción de Dinamarca;
3.  Estado miembro, todos los Estados miembros de la Unión Europea a excepción de Dinamarca;
Enmienda 33
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4
4.  resolución, un fallo, una orden o una resolución de una autoridad de un Estado miembro relativos al divorcio, la separación legal, la nulidad matrimonial o la responsabilidad parental;
4.  resolución, un fallo, una orden, una resolución de una autoridad de un Estado miembro, o un documento público que tenga fuerza ejecutiva en un Estado miembro o un acuerdo entre las partes que tenga fuerza ejecutiva en el Estado miembro en que se haya concluido, relativos al divorcio, la separación legal, la nulidad matrimonial o la responsabilidad parental;
Enmienda 34
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 12 – parte introductoria
12.  traslado o retención ilícitos de un menor, el traslado o retención de un menor cuando:
12.  sustracción internacional de menores, el traslado o retención de un menor cuando:
Enmienda 35
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1
1.  Las autoridades de un Estado miembro serán competentes en materia de responsabilidad parental respecto de un menor que resida habitualmente en dicho Estado miembro. Cuando un menor cambie legalmente de residencia de un Estado miembro a otro y adquiera una nueva residencia habitual en este último, serán competentes las autoridades del Estado miembro de la nueva residencia habitual.
1.  Las autoridades de un Estado miembro serán competentes en materia de responsabilidad parental respecto de un menor que resida habitualmente en dicho Estado miembro. Cuando un menor cambie legalmente de residencia de un Estado miembro a otro y adquiera una nueva residencia habitual en este último, serán competentes las autoridades del Estado miembro de la nueva residencia habitual, a menos que las partes acuerden, antes del cambio de residencia, que sigan siendo competentes las autoridades del Estado miembro en el que el menor residía habitualmente hasta entonces.
Enmienda 36
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo)
1 bis.  En caso de causas pendientes en materia de derechos de custodia y visita, seguirán siendo competentes las autoridades del Estado miembro de origen hasta la conclusión del proceso, a menos que las partes acuerden que se debe poner fin al proceso.
Enmienda 37
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2
2.  El apartado 1 no se aplicará si el titular del derecho de visita considerado en el apartado 1 ha aceptado la competencia de las autoridades del Estado miembro de la nueva residencia habitual del menor al participar en un procedimiento ante dichas autoridades sin impugnar su competencia.
2.  El apartado 1 no se aplicará si el titular del derecho de visita considerado en el apartado 1, tras haber sido informado por las autoridades de su anterior residencia habitual de las consecuencias jurídicas, ha aceptado la competencia de las autoridades del Estado miembro de la nueva residencia habitual del menor al participar, a pesar de haber recibido tal información, en un procedimiento ante dichas autoridades sin impugnar su competencia.
Enmienda 38
Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 – letra b – inciso i
i)  que en el plazo de un año desde que el titular del derecho de custodia haya tenido o hubiera debido tener conocimiento del paradero del menor, no se haya presentado ninguna demanda de restitución ante las autoridades competentes del Estado miembro al que se haya trasladado o en el que esté retenido el menor,
i)  que en el plazo de un año desde que el titular del derecho de custodia haya tenido o hubiera debido tener conocimiento del paradero del menor y a pesar de haber sido informado por las autoridades de la obligación jurídica de presentar una demanda de restitución, no se haya presentado tal demanda ante las autoridades competentes del Estado miembro al que se haya trasladado o en el que esté retenido el menor,
Enmienda 39
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 5 – párrafo 1 bis (nuevo)
Los jueces designados serán jueces de familia experimentados en activo y tendrán, en particular, experiencia en asuntos que tengan una dimensión jurisdiccional transfronteriza.
Enmienda 40
Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1
En caso de urgencia, las autoridades de un Estado miembro donde el niño o los bienes del niño estén presentes tendrán competencia para adoptar medidas provisionales, incluidas las cautelares, previstas en su propia legislación en relación con el niño o los bienes.
En caso de urgencia, las autoridades de un Estado miembro donde el niño o los bienes del niño estén presentes tendrán competencia para adoptar medidas provisionales, incluidas las cautelares, previstas en su propia legislación en relación con el niño o los bienes. Tales medidas no deben dilatar indebidamente el proceso y las resoluciones definitivas sobre los derechos de custodia y visita.
Enmienda 41
Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 2
En la medida en que la protección del interés superior del niño lo exija, la autoridad que ha adoptado las medidas de protección informará de ellas a la autoridad del Estado miembro competente para conocer del fondo del asunto en virtud del presente Reglamento ya sea directamente, ya sea por conducto de la autoridad central designada de conformidad con el artículo 60.
En la medida en que la protección del interés superior del niño lo exija, la autoridad que ha adoptado las medidas de protección informará de ellas a la autoridad del Estado miembro competente para conocer del fondo del asunto en virtud del presente Reglamento ya sea directamente, ya sea por conducto de la autoridad central designada de conformidad con el artículo 60. Dicha autoridad garantizará la igualdad de trato de los progenitores implicados en el proceso y velará por que sean informados exhaustivamente y sin dilación de todas las medidas en cuestión en una lengua que comprendan perfectamente.
Enmienda 42
Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2
2.  Las medidas tomadas en virtud del apartado 1 dejarán de aplicarse tan pronto como la autoridad del Estado miembro competente en virtud del presente Reglamento para conocer del fondo del asunto haya adoptado las medidas que considere apropiadas.
2.  Las medidas tomadas en virtud del apartado 1 dejarán de aplicarse tan pronto como la autoridad del Estado miembro competente en virtud del presente Reglamento para conocer del fondo del asunto haya adoptado las medidas que considere apropiadas y a partir del momento en que notifique dichas medidas a la autoridad del Estado miembro en el que se adoptaron las medidas provisionales.
Enmienda 43
Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 bis (nuevo)
2 bis.  En los casos contemplados en los apartados 1 y 2, a instancia de una autoridad a la que se haya sometido el asunto, cualquier otra autoridad a la que se haya sometido el asunto informará sin dilación a la autoridad requirente de la fecha en que se le fue sometido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.
Enmienda 44
Propuesta de Reglamento
Artículo 20
Artículo 20
Artículo 20
Derecho del menor a expresar sus opiniones
Derecho del menor a expresar sus opiniones
En el ejercicio de su competencia conforme a la sección 2 del presente capítulo, las autoridades de los Estados miembros velarán por que los niños capaces de formarse sus propios juicios tengan la posibilidad real y efectiva de expresar su opinión libremente durante el procedimiento.
En el ejercicio de su competencia conforme a la sección 2 del presente capítulo, las autoridades de los Estados miembros velarán por que los niños capaces de formarse sus propios juicios tengan la posibilidad real y efectiva de expresar su opinión libremente durante el procedimiento, de conformidad con las normas procesales nacionales pertinentes, con el artículo 12 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y con la Recomendación del Consejo de Europa a los Estados miembros sobre la participación de niños y jóvenes menores de 18 años1 bis. Las autoridades documentarán sus consideraciones a este respecto en la decisión.
La audiencia de un menor que ejerza su derecho a expresar sus puntos de vista será efectuada por un juez o por un experto con una formación específica de conformidad con las disposiciones nacionales, libre de cualquier presión, en particular parental, en un entorno apropiado para menores y adecuado a su edad, tanto en términos del lenguaje como del contenido, y proporcionará todas las garantías que permitan preservar la integridad emocional y el interés superior del menor.
La audiencia del menor no se realizará en presencia de las partes implicadas en el proceso o de sus representantes legales, sino que será grabada y añadida a la documentación para que las partes y sus representantes legales puedan tener la oportunidad de consultar la grabación de la audiencia.
La Autoridad prestará la debida importancia a las opiniones del menor de acuerdo con su edad y madurez, y documentará sus consideraciones en la resolución.
La Autoridad prestará la debida importancia a las opiniones del menor de acuerdo con su edad y madurez, teniendo en cuenta el interés superior del menor, y documentará sus consideraciones en la resolución.
_______________
1 bis CM/Rec(2012)2 de 28 de marzo de 2012.
Enmienda 45
Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2
2.  Tan pronto como sea posible durante el procedimiento, el órgano jurisdiccional examinará si las partes están dispuestas a recurrir a la mediación para encontrar, en el interés superior del niño, una solución consensuada, siempre que esto no retrase indebidamente el procedimiento.
2.  Tan pronto como sea posible durante el procedimiento, el órgano jurisdiccional examinará si las partes están dispuestas a recurrir a la mediación para encontrar, en el interés superior del niño, una solución consensuada, siempre que esto no retrase indebidamente el procedimiento. En tal caso, el órgano jurisdiccional instará a las partes a recurrir a la mediación.
Enmienda 46
Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3
3.  El órgano jurisdiccional podrá declarar la resolución que ordena la restitución del menor provisionalmente ejecutiva, sin perjuicio de cualquier posible recurso, aunque el Derecho nacional no prevea esta ejecutoriedad provisional.
3.  El órgano jurisdiccional podrá declarar la resolución que ordena la restitución del menor provisionalmente ejecutiva, sin perjuicio de cualquier posible recurso, aunque el Derecho nacional no prevea esta ejecutoriedad provisional, teniendo en cuenta el interés superior del menor.
Enmienda 47
Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 5 bis (nuevo)
5 bis.  Cuando una autoridad judicial haya ordenado la restitución del menor, comunicará a la autoridad central del Estado miembro de residencia habitual del menor antes del traslado ilícito dicha resolución y la fecha en la que esta surta efecto.
Enmienda 48
Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 4
4.  En caso de que la resolución no se haya ejecutado en el plazo de seis semanas desde el momento en el que se inició el procedimiento de ejecución, el órgano jurisdiccional del Estado miembro de ejecución informará de este hecho y de las razones subyacentes a la autoridad central requirente del Estado miembro de origen, o al solicitante, si el procedimiento se inició sin la asistencia de la autoridad central.
4.  En caso de que la resolución no se haya ejecutado en el plazo de seis semanas desde el momento en el que se inició el procedimiento de ejecución, el órgano jurisdiccional del Estado miembro de ejecución informará debidamente de este hecho y de las razones subyacentes a la autoridad central requirente del Estado miembro de origen, o al solicitante, si el procedimiento se inició sin la asistencia de la autoridad central y comunicará una fecha aproximada para la ejecución.
Enmienda 49
Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – párrafo 1 – letra a
a)  si el reconocimiento fuere manifiestamente contrario al orden público del Estado miembro requerido; o
a)  si el reconocimiento fuere manifiestamente contrario al orden público del Estado miembro requerido, sin que dicha denegación pueda dar lugar a cualquier forma de discriminación prohibida por el artículo 21 de la Carta; o
Enmienda 50
Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – parte introductoria
1.  A petición de cualquier parte interesada, se denegará el reconocimiento de una resolución sobre responsabilidad parental:
1.  A petición de cualquier parte interesada, no se reconocerá una resolución sobre responsabilidad parental:
Enmienda 51
Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – letra b
b)  si, habiéndose dictado en rebeldía de la persona en cuestión, no se hubiere notificado o trasladado a dicha persona el escrito de demanda o un documento equivalente de forma tal y con la suficiente antelación para que pueda organizar su defensa, a menos que conste de forma inequívoca que esa persona ha aceptado la resolución; o
b)  si, habiéndose dictado la resolución en rebeldía de la persona en cuestión, no se hubiere notificado o trasladado a dicha persona el escrito de demanda o un documento equivalente de forma tal y con la suficiente antelación para que pueda organizar su defensa, a menos que conste de forma inequívoca que esa persona ha aceptado la resolución; o
Enmienda 52
Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – párrafo 1
El solicitante que, en el Estado miembro de origen, hubiere obtenido total o parcialmente el beneficio de asistencia jurídica gratuita o de una exención de costas judiciales gozará también, en el procedimiento previsto en el artículo 27, apartado 3, y los artículos 32, 39 y 42, del beneficio más favorable o de la exención más amplia prevista por el Derecho del Estado miembro de ejecución.
El solicitante que, en el Estado miembro de origen, hubiere obtenido total o parcialmente el beneficio de asistencia jurídica gratuita, de asistencia para sufragar los costes derivados de la mediación o de una exención de costas judiciales gozará también, en el procedimiento previsto en el artículo 27, apartado 3, y los artículos 32, 39 y 42, del beneficio más favorable o de la exención más amplia prevista por el Derecho del Estado miembro de ejecución.
Enmienda 53
Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 1 – letra a
a)  facilitar, a petición de una autoridad central de otro Estado miembro, la localización del niño cuando haya indicios de que este se encuentra en el territorio del Estado miembro requerido y la determinación de su paradero sea necesaria para tramitar una solicitud en el marco del presente Reglamento;
a)  facilitar, a petición de una autoridad central de otro Estado miembro, la localización del niño cuando haya indicios de que este se encuentra en el territorio del Estado miembro requerido y la determinación de su paradero sea necesaria para aplicar el presente Reglamento;
Enmienda 54
Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 1 – letra d
d)  facilitar las comunicaciones entre autoridades, en especial para la aplicación del artículo 14, del artículo 25, apartado 1, letra a) del artículo 26, apartado 2, y del artículo 26, apartado 4, subpárrafo segundo;
d)  facilitar las comunicaciones entre autoridades judiciales, en especial para la aplicación de los artículos 14 y 19, del artículo 25, apartado 1, letra a), del artículo 26, apartado 2, y del artículo 26, apartado 4, subpárrafo segundo;
Enmienda 55
Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 1 – letra e bis (nueva)
e bis)   informar a los titulares de la responsabilidad parental sobre la asesoría y la asistencia jurídicas, como la asistencia proporcionada por abogados especializados bilingües, para evitar que los titulares de la responsabilidad parental otorguen su consentimiento sin haber comprendido el alcance de dicho consentimiento.
Enmienda 56
Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 1 – letra g
g)  garantizar que, cuando inician o facilitan la iniciación de procedimientos judiciales para la restitución de un menor en virtud del Convenio de La Haya de 1980, el expediente elaborado para tales procedimientos, salvo que existan circunstancias excepcionales que lo impidan, se complete en un plazo de seis semanas.
g)  garantizar que, cuando inician o facilitan la iniciación de procedimientos judiciales para la restitución de un menor en virtud del Convenio de La Haya de 1980, el expediente elaborado para tales procedimientos, salvo que existan circunstancias excepcionales que lo impidan, se complete y presente al órgano jurisdiccional u otra autoridad competente en un plazo de seis semanas.
Enmienda 57
Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 1 – parte introductoria
1.  A petición debidamente justificada de la autoridad central o de una autoridad de un Estado miembro con el que el niño tenga un vínculo estrecho, la autoridad central del Estado miembro en el que el niño tenga su residencia habitual y se encuentre en ese momento podrá, directamente o a través de las autoridades u otros organismos:
1.  A petición debidamente justificada de la autoridad central o de una autoridad de un Estado miembro con el que el niño tenga un vínculo estrecho, la autoridad central del Estado miembro en el que el niño tenga su residencia habitual y se encuentre en ese momento deberá, directamente o a través de las autoridades u otros organismos:
Enmienda 58
Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 2
2.  Cuando se contemple una resolución en materia de responsabilidad parental, una autoridad de un Estado miembro, si la situación del niño lo exige, podrá solicitar a cualquier autoridad de otro Estado miembro que posea información relevante para la protección del menor que le comunique dicha información.
2.  Cuando se contemple una resolución en materia de responsabilidad parental, una autoridad de un Estado miembro, si la situación del niño lo exige, solicitará a cualquier autoridad de otro Estado miembro que posea información relevante para la protección del menor que le comunique dicha información.
Enmienda 59
Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 2 bis (nuevo)
2 bis.  Cuando se examinen cuestiones relativas a la responsabilidad parental, la autoridad central del Estado miembro en el que el menor reside habitualmente informará, sin dilación indebida, a la autoridad central del Estado miembro del que el menor o uno de sus progenitores es nacional de la existencia del procedimiento.
Enmienda 60
Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 3
3.  Una autoridad de un Estado miembro podrá pedir a las autoridades de otro Estado miembro que la asista en la aplicación de las resoluciones en materia de responsabilidad parental dictadas con arreglo al presente Reglamento, en particular para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de visita, así como el derecho a mantener contactos directos con regularidad.
3.  Una autoridad de un Estado miembro pedirá a las autoridades de otro Estado miembro que la asista en la aplicación de las resoluciones en materia de responsabilidad parental dictadas con arreglo al presente Reglamento, en particular para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de visita, así como el derecho a mantener contactos directos con regularidad.
Enmienda 61
Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 5
5.  Las autoridades de un Estado miembro en el que el menor no resida habitualmente, bien a petición de una persona que resida en ese Estado miembro y que desee obtener o mantener el derecho de visita, bien a petición de una autoridad central de otro Estado miembro, recabará las oportunas informaciones o pruebas y se pronunciará sobre la aptitud de la persona para ejercer el derecho de visita y sobre las condiciones en las que este debe ejercerse.
5.  Las autoridades de un Estado miembro en el que el menor no resida habitualmente, bien a petición de un progenitor o miembro de la familia que resida en ese Estado miembro y que desee obtener o mantener el derecho de visita, bien a petición de una autoridad central de otro Estado miembro, recabará las oportunas informaciones o pruebas y se pronunciará sobre la aptitud de esas personas para ejercer el derecho de visita y sobre las condiciones en las que este debe ejercerse.
Enmienda 62
Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 5 bis (nuevo)
5 bis.  Una autoridad de un Estado miembro podrá solicitar a la autoridad central de otro Estado miembro que proporcione información sobre el Derecho nacional de dicho Estado miembro en lo que se refiere a cuestiones que incidan en el ámbito de aplicación del presente Reglamento y que sean pertinentes para el examen de un asunto en virtud del presente Reglamento. La autoridad del Estado miembro requerido proporcionará una respuesta a la mayor brevedad.
Enmienda 63
Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 1
1.  Cuando una autoridad competente en virtud del presente Reglamento considere el acogimiento del menor en un establecimiento o una familia en otro Estado miembro, deberá primero obtener la aprobación de la autoridad competente ese otro Estado miembro. A tal efecto, por conducto de la autoridad central de su Estado miembro, transmitirá a la autoridad central del Estado miembro en el que el menor deba ser acogido la solicitud de aprobación, que incluirá un informe sobre el niño y los motivos de su propuesta de acogimiento o asistencia.
1.  Cuando una autoridad competente en virtud del presente Reglamento considere el acogimiento del menor por miembros de su familia, en familias de acogida o en un establecimiento seguro en otro Estado miembro, deberá primero obtener la aprobación de la autoridad competente ese otro Estado miembro. A tal efecto, por conducto de la autoridad central de su Estado miembro, transmitirá a la autoridad central del Estado miembro en el que el menor deba ser acogido la solicitud de aprobación, que incluirá un informe sobre el niño y los motivos de su propuesta de acogimiento o asistencia. Los Estados miembros garantizarán que los progenitores y los familiares del menor, independientemente de su lugar de residencia, puedan tener derecho de visita regular, excepto cuando ello ponga en peligro el bienestar del menor.
Enmienda 64
Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)
Si la autoridad competente se propone enviar a trabajadores sociales a otro Estado miembro para determinar si un acogimiento en ese lugar resulta compatible con el bienestar del menor, informará de ello al Estado miembro en cuestión.
Enmienda 65
Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 4
4.  Cada autoridad central se hará cargo de sus propios gastos.
4.  Salvo que se acuerde de otro modo entre el Estado miembro solicitante y el Estado miembro requerido, cada autoridad central se hará cargo de sus propios gastos.
Enmienda 66
Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 1
A más tardar [10 años después de la fecha de aplicación] la Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo un informe basado en la información proporcionada por los Estados miembros y relativo a la evaluación ex post del presente Reglamento, acompañado, si es preciso, de propuestas legislativas.
A más tardar [cinco años después de la fecha de aplicación] la Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo un informe basado en la información proporcionada por los Estados miembros y relativo a la evaluación ex post del presente Reglamento, acompañado, si es preciso, de propuestas legislativas.
Enmienda 67
Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 2 – letra a bis (nueva)
a bis)  el número de casos y resoluciones de procedimientos de mediación en materia de responsabilidad parental;

(1) DO C 77 de 28.3.2002, p. 1.


Aplicación de la Iniciativa de Empleo Juvenil en los Estados miembros
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Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de enero de 2018, sobre la aplicación de la Iniciativa de Empleo Juvenil en los Estados miembros (2017/2039(INI))
P8_TA(2018)0018A8-0406/2017

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1081/2006 del Consejo(1),

–  Visto el Reglamento (UE) 2015/779 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1304/2013 en lo que se refiere al importe de la prefinanciación inicial adicional abonada para los programas operativos apoyados por la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ)(2),

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 22 de abril de 2013, sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil,(3)

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 4 de octubre de 2016, titulada «La Garantía Juvenil y la Iniciativa sobre Empleo Juvenil, situación al cabo de tres años» (COM(2016)0646),

–  Visto el Informe Especial n.º 3/2015 del Tribunal de Cuentas, de marzo de 2015, titulado «Garantía juvenil de la UE: Se han dado los primeros pasos pero la aplicación del programa presenta riesgos»,

–  Visto el Informe Especial n.º 5/2017 del Tribunal de Cuentas, de marzo de 2017, titulado «¿Han sido determinantes las políticas de la UE en cuanto al desempleo juvenil? Evaluación de la Garantía Juvenil y de la Iniciativa de Empleo Juvenil»,

–  Vista su Resolución, de 24 de octubre de 2017, sobre el control del gasto y el seguimiento de los sistemas de garantía juvenil y su rentabilidad(4),

–  Visto el análisis en profundidad de su Departamento Temático de Asuntos Presupuestarios, de 3 de febrero de 2016, que incluye una evaluación de la IEJ,

–  Vista la propuesta de la Comisión, de 10 de junio de 2016, con una propuesta de Recomendación del Consejo sobre el establecimiento de la Garantía de Capacidades (COM(2016)0382),

–  Vista su Resolución, de 24 de mayo de 2012, sobre la Iniciativa de Oportunidades para la Juventud(5),

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 10 de marzo de 2014, sobre un marco de calidad para los períodos de prácticas,

–  Vistos la Carta Social Europea, su Protocolo Adicional y su versión revisada, que entró en vigor el 1 de julio de 1999,

–  Vistos los objetivos de desarrollo sostenible para 2030 (ODS), y en particular el objetivo 8 «Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos», que fueron adoptados por las Naciones Unidas en 2015 y son aplicables en todo el mundo, incluida la Unión Europea,

–  Visto el informe elaborado por Jean-Claude Juncker en estrecha colaboración con Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi y Martin Schulz, 22 de junio de 2015, sobre «Realizar la Unión Económica y Monetaria europea» (el llamado «informe de los cinco presidentes»), así como los documentos de reflexión de la Comisión de 26 de abril de 2017 sobre la dimensión social de Europa y de 31 de mayo de 2017 sobre la profundización de la Unión Económica y Monetaria, así como el Libro Blanco de 1 de marzo de 2017 sobre el futuro de Europa,

–  Vistas la Comunicación de la Comisión, de 26 de abril de 2017, titulada «Establecimiento de un pilar europeo de derechos sociales» (COM(2017)0250), y la Recomendación de la Comisión (UE) 2017/761, de 26 de abril de 2017, sobre el pilar europeo de derechos sociales(6),

–  Vistos los trabajos y estudios de Eurofound, Cedefop, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y el Instituto Sindical Europeo (ETUI), la Confederación de Empresas Europeas (BusinessEurope), la Unión Europea del Artesanado y de la Pequeña y Mediana Empresa (UEAPME), el Centro Europeo de la Empresa Pública y de Empresas de Interés Económico General (CEEP), Eurociudades y el Foro Europeo de la Juventud;

–  Vistos el discurso pronunciado el 13 de septiembre de 2017 por el presidente Juncker sobre el estado de la Unión; la Hoja de ruta hacia una Europa más unida, más fuerte y más democrática (Proyecto de programa de trabajo de la Comisión hasta el final de 2018) y la carta de intenciones dirigida por la Comisión al presidente Antonio Tajani y al primer ministro estonio Jüri Ratas el 13 de septiembre de 2017,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y las opiniones de la Comisión de Presupuestos, de la Comisión de Control Presupuestario, de la Comisión de Cultura y Educación y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0406/2017),

A.  Considerando que la crisis económica y financiera provocaron que el desempleo juvenil aumentara del 15 % en 2008 hasta un máximo del 24 % a principios de 2013, y que esta media oculta grandes divergencias entre los Estados miembros y las regiones; que los índices de desempleo juvenil en 2013 se mantuvieron en torno al 10 % en Alemania, Austria y los Países Bajos, y en cambio se acercaron al 40 % o lo superaron en Italia, España, Croacia y Grecia

B.  Considerando que las medidas destinadas a reducir el gasto público han demostrado tener un impacto negativo directo, sobre todo en los jóvenes, debido a los recortes en la educación, la formación, la creación de empleo y los servicios asistenciales;

C.  Considerando que las políticas que afectan a los jóvenes se han elaborado sin la participación de los jóvenes interesados ni de sus representantes;

D.  Considerando que los periodos de desempleo juvenil prolongado pueden ocasionar a los jóvenes problemas de marginación y exclusión social, sentimientos de aislamiento y «efectos permanentes», o dicho de otros modo, que existe una mayor probabilidad de que vuelvan a estar desempleados y tengan menos perspectivas de carrera y menores ganancias durante sus vidas laborales; que relegar a los jóvenes supone una pérdida de la inversión pública y privada que se traduce en inseguridad laboral generalizada y erosión de competencias, habida cuenta de las competencias no utilizadas y debilitadas que comporta;

E.  Considerando que, en 2012, uno de cada tres empleados europeos tenía una cualificación excesiva o insuficiente para su trabajo(7), y que es más probable que los empleados jóvenes tengan un exceso de cualificaciones oficiales, teniendo también más probabilidades que los trabajadores de más edad de ocupar puestos menos adaptados a sus competencias;

F.  Considerando que los trabajadores jóvenes corren un mayor riesgo de encontrarse en una posición de empleo precario; que las posibilidades de encontrarse en una ocupación con múltiples desventajas se duplican para los trabajadores de menos de 25 años en comparación con los trabajadores de 50 años o más(8);

G.  Considerando que una transición satisfactoria del sistema educativo al mundo laboral y de la inactividad al empleo, así como lograr un primer empleo auténtico que empodere y motive a los jóvenes, les ayuda a desarrollar sus competencias personales y profesionales para ser ciudadanos independientes y con confianza en sí mismos y empezar sus carreras con buen pie;

H.  Considerando que, tras haber alcanzado un máximo del 24 % en 2013, el índice de desempleo juvenil en la UE-28 se ha reducido constantemente hasta caer por debajo del 17 % en 2017; que el nivel de desempleo juvenil sigue siendo elevado, con apenas unos pocos Estados miembros (Austria, Chequia, Países Bajos, Malta, Hungría y Alemania) con tasas por debajo del 11%, y notables disparidades de unos Estados a otros;

I.  Considerando que de un análisis de la distribución por sexos del trabajo a tiempo completo y a tiempo parcial en Europa se desprende que la brecha de género se ha mantenido invariable entre 2007 y 2017, de modo que los hombres siguen representando en torno a un 60 % de los jóvenes de entre 15 y 24 años empleados a tiempo completo y un 40 % de los empleados a tiempo parcial de ese mismo grupo de edad;

J.  Considerando que, como estadística, el índice de desempleo juvenil es, por desgracia, generalmente el doble de la media del desempleo general, tanto durante los periodos de crecimiento económico como durante las recesiones;

Iniciativa de Empleo Juvenil y Garantía Juvenil

K.  Considerando que el 22 de abril de 2013, el Consejo, mediante una Recomendación del Consejo, creó la Garantía Juvenil por la cual los Estados miembros se comprometían a ofrecer a los jóvenes buenas ofertas de empleo, formación continua, aprendizaje o prácticas en un plazo de cuatro meses tras acabar la educación oficial o quedarse en el paro;

L.  Considerando que como hasta el momento la normativa vigente y las posibilidades actuales no les han permitido a muchos Estados miembros alcanzar un éxito contundente en su lucha contra el desempleo juvenil, en dichos Estados miembros se debería poner un mayor énfasis en la utilización más eficaz de los recursos e instrumentos del Fondo Social Europeo (FSE);

M.  Considerando que, en febrero de 2013, el Consejo acordó crear la IEJ, que se puso en marcha como el principal instrumento presupuestario de la Unión, vinculada al FSE, con el fin de ayudar a las regiones de los Estados miembros que padecen niveles especialmente elevados de desempleo juvenil, en especial mediante la introducción de sistemas de Garantía Juvenil;

N.  Considerando que la Garantía Juvenil es un compromiso que abarca a toda la Unión, mientras que la IEJ se destina a aquellos Estados miembros y regiones en los que el desempleo juvenil es superior al 25 %, con un total de veinte Estados miembros que pueden acogerse a ella, totalmente o en parte;

O.  Considerando que se buscaba una movilización rápida de los fondos mediante la distribución anticipada del presupuesto de la IEJ para 2014 y 2015 con objeto de maximizar el impacto de las medidas financiadas por dicha iniciativa; que, a causa de los retrasos experimentados en la aplicación a escala regional y nacional, la distribución anticipada no fue suficiente; que en 2015 la tasa de prefinanciación se aumentó del 1% al 30%, bajo determinadas condiciones, y una mayoría de los Estados miembros admisibles aplicaron esta medida con éxito;

P.  Considerando que una de las principales ambiciones de la IEJ y de la Garantía Juvenil es llegar a aquellos jóvenes sin empleo, educación ni formación (ninis), que corren mayor riesgo de exclusión, aunque hay que tener en cuenta que el término «nini» engloba varios subgrupos de jóvenes con distintas necesidades;

Q.  Considerando que la Garantía Juvenil está diseñada para lograr la integración sostenible de los ninis en el mercado laboral ofreciendo un enfoque individualizado que conduzca a una buena oferta y mejore la empleabilidad de los jóvenes, a la vez que, en un contexto más amplio, facilita la transición de los jóvenes del sistema educativo al mundo laboral y contribuye a abordar la inadecuación de las cualificaciones en el mercado de trabajo; que son necesarias, en este sentido, unas estrategias de divulgación adecuadas por parte de los Estados miembros;

R.  Considerando que en 2015 la OIT estimó que el coste de aplicar la Garantía Juvenil en la UE-28 sería de 45 000 millones de euros; que la IEJ para el periodo de programación 2014-2020 estaba dotada con un presupuesto modesto de 6 400 millones de euros, con el objetivo de completar la financiación nacional y no de sustituirla;

S.  Considerando que la Comisión propuso que el presupuesto de la IEJ se incrementase en 1 000 millones de euros, a los que habrían de corresponder 1 000 millones en compromisos del FSE, en el marco de la revisión del marco financiero plurianual (MFP) para el período 2017-2020; que a raíz de un acuerdo alcanzado entre el Parlamento y la Comisión este importe aumentó a 1 200 millones; que el 5 de septiembre de 2017 el Parlamento aprobó el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 3/2017 con el fin de destinar en 2017 a la IEJ 500 millones de euros adicionales financiados con cargo al margen global para compromisos, aunque también lamentó el retraso del procedimiento presupuestario de 2017 a causa del bloqueo y la aprobación tardía por el Consejo de la revisión intermedia del MFP;

T.  Considerando que en su primer informe especial sobre la Garantía Juvenil, el Tribunal de Cuentas expresó sus dudas acerca de la financiación (tanto de la Unión como nacional) de la iniciativa, la definición de una «buena oferta», la falta de una estrategia con hitos y objetivos claros, y la supervisión y la notificación de los resultados; que asismismo planteó su preocupación por el fracaso en la aplicación del enfoque basado en la asociación, recogido en la Recomendación del Consejo de 22 de abril de 2013, en el desarrollo de la Garantía Juvenil;

U.  Considerando la necesidad de unos mecanismos realmente efectivos para debatir y resolver las dificultades experimentadas al aplicar los sistemas de la Garantía Juvenil, y de un fuerte compromiso por parte de los Estados miembros de aplicarla plenamente, en especial teniendo en cuenta las particularidades locales y permitiendo la mejora de las competencias, así como creando las estructuras de evaluación adecuadas y flexibles;

V.  Considerando que el informe especial del Tribunal de Cuentas sobre la Garantía Juvenil identificó una serie de criterios comunes de lo que constituye una «buena oferta», que según la definición jurídicamente vinculante adoptada en Eslovaquia, engloba la garantía de un período mínimo de tiempo de trabajo y la sostenibilidad del empleo tras el cese de las ayudas con cargo a la IEJ, con la consideración del estado de salud del beneficiario;

W.  Considerando que en su segundo informe especial sobre la Garantía Juvenil y la IEJ, de reciente publicación, elaborado sobre una muestra de siete Estados miembros, el Tribunal de Cuentas manifestó su preocupación por la dificultad de acceder a los datos de forma completa y ante el avance limitado en la aplicación de la Garantía Juvenil, con resultados por debajo de las expectativas iniciales; considerando asimismo que la IEJ y la Garantía Juvenil siguen representando una de las respuestas políticas más innovadoras y ambiciosas al desempleo juvenil consecuencia de la crisis económica, y que, por tanto, su aplicación debería contar con el apoyo político y financiero continuo por parte de las entidades regionales, nacionales y europeas en los próximos años;

X.  Considerando la relación entre coste y eficacia de la IEJ y que solo es posible alcanzar el objetivo final de la Garantía Juvenil –que los jóvenes accedan al empleo de manera sostenible– si se supervisan las operaciones adecuadas sobre la base de datos fiables y comparables, se orientan los programas al logro de resultados y se introducen ajustes siempre que se detecten medidas ineficaces y costosas;

Y.  Considerando la necesidad de que los Estados miembros redoblen esfuerzos para ayudar de forma directa a los jóvenes que se encuentran más alejados o totalmente desconectados del mercado de trabajo, como por ejemplo los jóvenes con discapacidad;

Z.  Considerando que la IEJ y la Garantía Juvenil están llamadas a desempeñar un papel fundamental en la aplicación de los principios fundamentales del pilar europeo de derechos sociales;

AA.  Considerando que, en su discurso sobre el estado de la Unión de 2017, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, no hizo mención alguna de la todavía alarmante situación del desempleo juvenil en Europa; que en la carta de intenciones que acompaña a dicho discurso se ha reconocido la contribución de la Garantía Juvenil a la creación de puestos de trabajo en la Unión; y que la lucha contra el desempleo, y en particular el juvenil, debe seguir constituyendo un ámbito prioritario de actuación para la Unión;

AB.  Considerando que se han notificado retrasos en los pagos de las medidas financiadas por la IEJ a los jóvenes, a menudo ocasionados por la constitución tardía de las autoridades de gestión o a la insuficiente capacidad administrativa de las autoridades regionales o nacionales;

AC.  Considerando que las medidas contempladas en la IEJ y la Garantía Juvenil, tales como los contratos en prácticas o de becario, deberían contribuir a facilitar la transición al mercado laboral y no sustituir jamás a los contratos de trabajo ordinarios;

AD.  Considerando que, en el caso de las jóvenes de zonas rurales, los acuerdos laborales irregulares o la no inscripción como desempleadas arrojan datos estadísticos imprecisos y provocan disparidades en sus pensiones; que esta práctica influye negativamente en toda la sociedad y especialmente en el bienestar de las mujeres así como en otras formas de cobertura social y cambios profesionales o futuras oportunidades laborales;

AE.  Considerando que 16 millones de ninis se han acogido a sistemas de Garantía Juvenil, y que la IEJ ha proporcionado ayuda directa a más de 1 600 000 jóvenes en la Unión;

AF.  Considerando que en el marco de la IEJ los Estados miembros han aprobado más de 132 medidas del mercado laboral dirigidas a los jóvenes;

AG.  Considerando que los Estados miembros han comprometido el 75 % del presupuesto total de la IEJ y ya han invertido el 19 %, con lo que el porcentaje de ejecución presupuestaria de la IEJ es el más elevado de todos los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE);

AH.  Considerando que diversos informes sobre la ejecución de la IEJ revelan que, pese a las dudas manifestadas acerca de la adecuación de la financiación y las estimaciones de la inversión total necesaria, los recursos disponibles se canalizan satisfactoriamente para atender a la demanda regional al orientarse a regiones y grupos de beneficiarios específicos;

AI.  Considerando que, desde la introducción de la Estrategia Europea de Empleo en 1997, la Comisión ha venido apoyando una serie de medidas destinadas a mejorar las perspectivas educativas y de empleo de los jóvenes(9); que, tras la crisis, los esfuerzos de la Unión se han centrado especialmente en la Garantía Juvenil y la IEJ;

AJ.  Considerando que la Garantía Juvenil se financia con cargo al Fondo Social Europeo (FSE), los presupuestos nacionales y la IEJ, mientras que la IEJ puede financiar la creación directa de puestos de trabajo, la formación de aprendices, las prácticas o la formación permanente para el grupo destinatario de la IEJ en las regiones que pueden acogerse a ella; que la intervención de la IEJ no tiene una duración predefinida, mientras que la Garantía Juvenil exige que se realice una oferta en un plazo de cuatro meses;

AK.  Considerando que la Garantía Juvenil ha conducido a la realización de reformas estructurales en los distintos Estados miembros, para favorecer, en particular, la adecuación de los modelos educativos y formativos al mercado laboral con miras a alcanzar sus objetivos;

AL.  Considerando que factores externos como la situación económica específica o el modelo productivo propio de cada región afectan a la consecución de los objetivos fijados en la Garantía Juvenil;

Introducción

1.  Considera que la Garantía Juvenil debe constituir un primer paso hacia las necesidades de empleo de los jóvenes; recuerda la obligación de los empleadores de participar en el proceso de facilitación de programas de formación profesional, primeras contrataciones y prácticas de calidad accesibles para los jóvenes;

2.  Hace hincapié en que nunca se debe comprometer el aspecto cualitativo del trabajo decente para los jóvenes; subraya que en los esfuerzos realizados deben tenerse especialmente en cuenta las normas laborales básicas y otras normas relativas a la calidad del trabajo, como la ordenación del tiempo de trabajo, el salario mínimo, la seguridad social y la salud y seguridad en el trabajo;

3.  Toma nota de la importante divergencia en los resultados económicos en cuanto al crecimiento económico y del empleo en la UE-28, que exige una respuesta política decidida; reconoce que algunos Estados miembros se están quedando atrás en la introducción de las necesarias reformas estructurales; observa que son las políticas económicas sólidas, y particular las políticas de empleo y de inversión —responsabilidad en último término de los Estados miembros—, las que crean empleo; manifiesta su preocupación por los efectos a largo plazo en el desarrollo económico de las regiones afectadas por una fuga de cerebros de personas altamente cualificadas;

4.  Recuerda que en las reglas de implementación del YEI los Estados miembros deben elegir entre diferentes tipos de puesta en marcha del programa (un programa exclusivo, ejes prioritarios dentro de un programa operativo existente o ser parte de varios ejes prioritarios); señala que, dadas las diversas opciones de implementación y en base a los resultados obtenidos, se hace necesario un intercambio de buenas prácticas para incorporarlas en futuras etapas del programa;

5.  Observa con preocupación que el Informe Especial del TCE n.º 5/2017 se afirma que existe el riesgo de que la financiación de la UE esté limitándose a reemplazar la financiación nacional en vez de crear valor añadido; recuerda que, de conformidad con el principio de adicionalidad, la IEJ está destinada a complementar la financiación nacional y no a sustituir a las propias políticas de los Estados miembros ni a la financiación para combatir el desempleo juvenil; destaca que el presupuesto de esta Iniciativa no puede respaldar por sí solo la ambición de ofrecer a todos los jóvenes una buena oferta de empleo, formación continuada, aprendizaje o prácticas en un plazo de cuatro meses tras acabar la educación oficial o quedarse en el paro, y no fue concebido para este fin;

6.  Hace hincapié en la necesidad de que la IEJ sea un impulso para la reforma política en particular y para una mejor coordinación en los ámbitos del empleo y la educación, en especial en aquellos Estados miembros que presentan niveles elevados de desempleo juvenil, con miras a garantizar que estos Estados miembros introduzcan enfoques integrados, globales y a largo plazo para hacer frente al desempleo juvenil que mejoren la empleabilidad de los jóvenes, les ofrezcan mejores perspectivas y conduzcan a un empleo sostenible, frente a una serie de políticas fragmentarias (en vigor); considera que la IEJ y la Garantía Juvenil constituyen potentes instrumentos para combatir la exclusión social de los colectivos de jóvenes más marginados; considera importante trabajar por el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Europea 2020 en materia de empleo, abandono escolar y exclusión social.

7.  Recuerda que siguiendo las recomendaciones del Consejo sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil se establecían seis directrices sobre las que basarse los sistemas de Garantía Juvenil: adopción de enfoques basados en la asociación; intervención y activación tempranas; medidas de apoyo para la integración en el mercado laboral; uso de los Fondos de la Unión; evaluación y mejora continua del sistema; y ejecución rápida de éste; destaca que según los informes de evaluación muy pocos Estados miembros han aportado datos y evaluaciones completas sobre estos aspectos;

8.  Destaca la necesidad de aumentar la inversión tanto en la movilidad interior como en la movilidad transfronteriza con el objetivo de reducir el desempleo juvenil y abordar la inadecuación de las cualificaciones al mercado de trabajo; aboga por adecuar mejor la oferta y las capacidades a la demanda laboral facilitando la movilidad entre las regiones, incluidas las transfronterizas; reconoce que los Estados miembros deben prestar especial atención a mejorar la conexión entre los sistemas educativos y los mercados laborales en las regiones transfronterizas, por ejemplo promoviendo el aprendizaje de lenguas vecinas;

9.  Recuerda que el alto índice de paro juvenil está motivado por: las consecuencias de la crisis económica global sobre los mercados de trabajo, el abandono escolar prematuro sin cualificaciones suficientes, la falta de las capacidades pertinentes y ausencia de experiencia laboral, la generalización de formas de empleo precario de corta duración seguidas de periodos de desempleo, oportunidades de formación limitadas, y programas activos del mercado laboral insuficientes o inadecuados.

10.  Estima que el seguimiento de la IEJ debe estar respaldado con datos fiables; considera que los datos de supervisión y los resultados disponibles por el momento son insuficientes para efectuar una evaluación global de la aplicación y el rendimiento de la IEJ como principal vehículo de financiación para los programas de la Garantía Juvenil, sobre todo a causa de los retrasos iniciales sufridos por los Estados miembros en la elaboración de los programas operativos y del hecho de que se encuentren aún en fases relativamente tempranas de su ejecución; hace hincapié en la necesidad de que el empleo juvenil siga constituyendo una de las prioridades de actuación para la Unión; expresa, sin embargo, su preocupación ante las conclusiones del reciente informe del TCE en cuanto a los efectos de la IEJ y de la Garantía Juvenil como políticas de la Unión destinadas a combatir el desempleo juvenil, teniendo presente su limitado alcance territorial y temporal;

11.  Considera que, para que sea realmente eficaz, una estrategia que permita impulsar el empleo juvenil ha de prever la organización de mesas redondas en las que participen las partes interesadas, tener en cuenta el contexto territorial en el que deberá aplicarse y prever una formación focalizada que responda a las necesidades de las empresas conciliándolas con las aspiraciones y capacidades de los jóvenes; destaca que dicha estrategia deberá garantizar una formación de calidad y plena transparencia en la asignación de los fondos a los organismos de formación, entre otras cosas mediante un atento seguimiento de su uso;

12.  Lamenta que los Estados miembros hayan decidido comprometerse únicamente mediante un instrumento no vinculante, a saber, una Recomendación del Consejo; señala que son muchos los Estados miembros que se encuentran lejos de alcanzar el objetivo de la Garantía Juvenil;

Llegar a los jóvenes más excluidos

13.  Señala el riesgo de que los jóvenes con discapacidad no entren en el ámbito de aplicación de la IEJ ni en el de la Garantía Juvenil; pide a la Comisión y a los Estados miembros que adapten sus programas operativos de modo que garanticen que todas las personas con discapacidad puedan acceder realmente a las medidas de la IEJ y la Garantía Juvenil, ofreciendo igualdad de acceso a los jóvenes con discapacidad y respondiendo a sus necesidades individuales;

14.  Destaca que para llegar a los ninis es necesario un esfuerzo decidido y continuado por parte de las autoridades nacionales, así como una cooperación intersectorial, pues los ninis son un grupo heterogéneo con necesidades y capacidades diferentes; insiste, por lo tanto, en que es necesario disponer de datos precisos y exhaustivos sobre la totalidad de la población nini, para constituir un registro y llegar a estos jóvenes con mayor eficacia, ya que unos datos más desglosados, en particular por región, podrían servir para identificar los grupos a los que deben dirigirse las medidas, así como para adaptar mejor las iniciativas de empleo a sus destinatarios;

15.  Considera que la Garantía Juvenil y la IEJ no pueden reemplazar la utilización de instrumentos macroeconómicos y de otras políticas para fomentar el empleo juvenil; señala que, para evaluar la aplicación y los efectos de la Garantía, es importante tener en cuenta las diferentes condiciones macroeconómicas y presupuestarias de los Estados miembros; considera importante delinear un programa de reforma estructural de la Garantía a largo plazo en caso de que se prolongue su duración; manifiesta la clara necesidad de una mayor coordinación entre los diferentes Estados;

16.  Apoya la creación de ventanillas únicas que permitan garantizar que todos los servicios y orientaciones sean fácilmente accesibles, gratuitos y estén disponibles para los jóvenes en una sola ubicación;

17.  Expresa su preocupación por las observaciones iniciales que ponen de relieve la necesidad de mejorar el registro y la sensibilización de todos los ninis, en particular los ninis inactivos y aquellos cuya reintegración está resultando difícil; pide a los Estados miembros que desarrollen estrategias de comunicación adecuadas y adaptadas para llegar a todos los ninis y que adopten un enfoque integrado para poner a disposición de los jóvenes que se enfrentan a múltiples barreras una asistencia y servicios más personalizados; insta a los Estados miembros a que presten especial atención a las necesidades de los ninis vulnerables y a que eliminen los prejuicios y las actitudes negativas hacia ellos;

18.  Destaca que es preciso adaptar las medidas a las necesidades locales para que tengan un mayor impacto; pide a los Estados miembros que apliquen medidas especiales en apoyo del empleo juvenil en las zonas rurales;

19.  Pide a los Estados miembros que mejoren cuanto antes la comunicación de los programas de ayuda vigentes dirigidos a los jóvenes, en especial a los grupos más alejados del mercado de trabajo, a través de campañas de sensibilización, usando canales de comunicación tanto tradicionales como modernos, como las redes sociales;

Garantizar la calidad de las ofertas en el marco de la Iniciativa de Empleo Juvenil

20.  Toma nota del llamamiento para definir qué constituye una «buena oferta» en el ámbito de la IEJ; destaca que es necesario elaborar una definición exhaustiva y comúnmente aceptada que tenga en cuenta la labor llevada a cabo por el Comité de Empleo en colaboración con la Comisión, la OIT y las partes interesadas pertinentes; señala que una buena oferta es una medida pluridimensional que conduce a la integración sostenible y adecuada de los participantes en el mercado de trabajo a través del desarrollo de capacidades y que debe corresponder al nivel de cualificación y el perfil de los participantes, así como tener en cuenta la demanda del mercado de trabajo; insta a los Estados miembros a que garanticen la aplicación de la protección social, las normas relativas a las condiciones de trabajo y los niveles de retribución pertinentes a los participantes; destaca las normas de calidad enunciadas en las orientaciones para la evaluación de la IEJ publicadas por la Comisión en 2015, que establecen como indicadores válidos para la evaluación de la calidad del empleo las características de las ofertas de empleo, su adecuación a las necesidades de los participantes, la repercusión de las ofertas en el mercado de trabajo y el porcentaje de ofertas rechazadas o abandonadas prematuramente;

21.  Recuerda que la OIT define «trabajo decente» como «un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres», y que esta norma mínima sigue sin cumplirse en el caso del empleo juvenil;

22.  Considera que los jóvenes también deberían participar en la supervisión de la calidad de las ofertas;

23.  Destaca que un contrato de calidad referente a unas prácticas debe respetar un marco de calidad en el que se ofrezcan las siguientes garantías: un periodo de prácticas debe basarse en un contrato escrito que proporcione información transparente sobre los derechos y obligaciones de las partes contratadas, establezca objetivos concretos y defina un contenido de aprendizaje de calidad; debe asignarse un tutor o supervisor que evalúe el rendimiento de la persona en prácticas al final del periodo; las prácticas deben tener una duración específica, debe establecerse un límite de prácticas con el mismo empleador, deben clarificarse las disposiciones de cobertura en los sistemas de seguridad social y la remuneración debe estar especificada en el contrato;

24.  Alienta a los Estados miembros a que actualicen y revisen progresivamente sus programas operativos de la IEJ en colaboración con los interlocutores sociales y las organizaciones juveniles al objeto de ajustar las medidas previstas en función de las necesidades reales de los jóvenes y del mercado de trabajo;

25.  Subraya que solo es posible determinar si se ha gastado correctamente el presupuesto de la IEJ y si esta ha alcanzado su objetivo final de ayudar a los jóvenes en paro a acceder a un empleo sostenible si se supervisan de forma atenta y transparente las operaciones sobre la base de datos fiables y comparables y si se adopta una actitud más ambiciosa con respecto a los Estados miembros que no han progresado en este ámbito; pide a los Estados miembros que mejoren urgentemente el seguimiento, la comunicación y la calidad de los datos y que garanticen que se recopilan datos y cifras fiables y comparables sobre la aplicación de la IEJ y que estos se ponen a disposición cuando corresponde, con mayor frecuencia, en todo caso, que la exigida en virtud de la obligación de presentación anual de informes prevista en el artículo 19, apartado 2, del Reglamento del FSE; pide a la Comisión que revise sus orientaciones sobre recopilación de datos en consonancia con la recomendación del Tribunal de Cuentas Europeo a fin de minimizar el riesgo de sobrevaloración de los resultados;

26.  Toma nota de las propuestas y diferentes tipos de programas desarrollados por los Estados miembros en el marco de la IEJ; considera que en varios Estados miembros la normativa nacional ha sido vaga en sus objetivos y planteamientos, así como poco nítida en su formulación, y no ha incluido un amplio abanico de posibilidades de promoción del empleo; estima que el amplio margen de discrecionalidad y la falta de mecanismos claros de supervisión han llevado en ocasiones a la sustitución de puestos de trabajo por ofertas al amparo de la IEJ;

27.  Manifiesta su preocupación por los informes que apuntan a una utilización inapropiada de las medidas financiadas por la IEJ, en particular retrasos en los pagos a los jóvenes o el abuso de los contratos de prácticas, por ejemplo, mediante su uso excesivo; expresa su voluntad de combatir tales prácticas; considera que una utilización recurrente de la Garantía Juvenil no debe atentar contra el principio de activación del mercado ni contra el objetivo de una integración más permanente en el mercado de trabajo;

28.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que determinen, intercambien y difundan las mejores prácticas de cara a un aprendizaje mutuo en este ámbito y a contribuir a la elaboración y aplicación de políticas basadas en datos probados; subraya que, en vista de los cambios operados en el mercado de trabajo y de la digitalización de la economía, es necesario un nuevo enfoque con respecto a las políticas de empleo juvenil; señala que es necesario que la IEJ recurra a herramientas eficaces para reducir el desempleo juvenil y no recicle políticas de empleo que se han revelado ineficaces;

29.  Reitera que la Recomendación del Consejo sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil considera fundamental adoptar enfoques basados en la asociación a la hora de aplicar los sistemas de Garantía Juvenil y sensibilizar a los ninis; pide a los Estados miembros que persigan un enfoque basado en la asociación gracias a una identificación e implicación activas de las partes interesadas pertinentes y que refuercen la promoción de la Garantía Juvenil entre las empresas, en especial las pymes y las empresas familiares de menor tamaño; destaca que el ejemplo de los Estados miembros que ya habían adoptado planteamientos similares a la Garantía Juvenil antes de la introducción del programa demuestra que un enfoque adecuado basado en la participación de las partes interesadas es importante para el éxito de su aplicación;

30.  Subraya el importante papel de las organizaciones juveniles como intermediarias entre los jóvenes y los servicios públicos de empleo; anima a los Estados miembros, en este contexto, a que trabajen en estrecha colaboración con las organizaciones juveniles de ámbito nacional, regional y local a la hora de comunicar, planificar, aplicar y evaluar la IEJ;

31.  Recalca la importancia de contar con unos servicios públicos de empleo modernos y competentes por lo que respecta a la prestación de servicios adaptados a los ninis; pide a los Estados miembros que, al aplicar la IEJ, mejoren la coordinación de sus servicios públicos de empleo dentro de la Unión en el marco de la Red Europea de Servicios Públicos de Empleo; insta al desarrollo de mayores sinergias entre los proveedores de empleo públicos y privados, las empresas y los sistemas de enseñanza; aboga por un uso generalizado de la administración electrónica para reducir la burocracia;

32.  Pide a la Comisión que ofrezca una estimación específica por país del coste anual que supone para cada Estado miembro una aplicación eficaz de la Garantía Juvenil, teniendo en cuenta los cálculos efectuados por la OIT;

33.  Subraya que se debe potenciar la oferta de puestos de aprendiz en el marco de la Garantía Juvenil, ya que solo representan el 4,1 % de las ofertas que se han aceptado hasta ahora;

Observaciones finales

34.  Destaca que es necesario contar con una estrategia de transformación de la IEJ de un instrumento anticrisis en un instrumento de financiación de la Unión de carácter más estable que permita combatir el desempleo juvenil después de 2020, al tiempo que se garantiza un despliegue rápido y sin complicaciones de los fondos, y que determine un requisito de cofinanciación a fin de acentuar la responsabilidad primaria de los Estados miembros; señala que la prórroga de la IEJ debe tener en cuenta las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas Europeo; subraya que el objetivo general del programa es la integración sostenible de los jóvenes en el mercado laboral; destaca la necesidad de fijar objetivos claros y mensurables; subraya que estos elementos deben ser objeto de debate en el contexto del próximo marco financiero plurianual a fin de garantizar la continuidad, la rentabilidad y el valor añadido;

35.  Reitera su apoyo a la IEJ; destaca la imperiosa necesidad de redoblar esfuerzos y mantener un compromiso político y financiero continuo en la lucha contra el desempleo juvenil; recuerda, en particular, la importancia de garantizar una financiación de, como mínimo, 700 millones EUR para la IEJ durante el periodo 2018-2020, tal como se acordó en la revisión intermedia del marco financiero plurianual; pide asimismo que se asignen créditos de pago suficientes para asegurar una correcta ejecución de la IEJ según el calendario previsto;

36.  Destaca que es necesario mejorar la calidad de las ofertas vinculadas a la IEJ y la Garantía Juvenil y pide que se abra un debate futuro sobre el grupo de edad que puede acogerse a las ayudas;

37.  Considera que para hacer efectivo este marco de calidad del empleo juvenil es preciso avanzar en la adopción de una recomendación con base jurídica en los artículos 292 y 153 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así como poner en marcha un abanico de medidas informativas como, por ejemplo, la creación de una página web de fácil acceso que se actualice con información relevante sobre la regulación de las prácticas en cada Estado miembro;

38.  Reconoce que la IEJ es un instrumento de financiación concebido para complementar las medidas adoptadas por los Estados miembros para combatir los altos niveles de desempleo juvenil y que son necesarios mayores esfuerzos de los Estados miembros para mejorar la conexión entre los sistemas educativos y los mercados laborales, a fin de integrar a los jóvenes en el mercado de trabajo de manera sostenible; acoge con satisfacción las medidas y políticas en vigor encaminadas a resolver el desajuste existente entre la oferta y la demanda de capacidades; es consciente de que el aprovechamiento de las capacidades sigue siendo un reto en toda Europa y considera necesario, por lo tanto, asegurar una mejor correspondencia entre las capacidades que se demandan y las que se ofrecen;

39.  Considera que la IEJ y la Garantía Juvenil resultan fundamentales para la aplicación eficaz de los principios básicos del pilar europeo de derechos sociales, en particular los principios n.º 1, relativo a la educación, la formación y el aprendizaje permanente, n.º 4, sobre apoyo activo para el empleo, n.º 5, relativo a un empleo seguro y adaptable, n.º 6, sobre salarios, n.º 8, sobre diálogo social y participación de los trabajadores, n.º 10, relativo a un entorno de trabajo saludable, seguro y adaptado y la protección de datos, n.º 12, sobre protección social, n.º 13, relativo a las prestaciones por desempleo y n.º 14, sobre la renta mínima;

40.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que renueven los esfuerzos conjuntos con la OIT para proveer información a medida y mejorar las capacidades nacionales para entregar y evaluar los sistemas de Garantía Juvenil en los siguientes aspectos: asegurarse de la implementación total y sostenible de la Iniciativa, mejorar su capacidad para llegar a los ninis no registrados y los jóvenes con baja cualificación, fortalecer las capacidades y mejorar la calidad de las ofertas;

41.  Observa que, a la espera de la publicación por parte de la Comisión de las cifras finales aportadas por los Estados miembros, el número de jóvenes que habían completado un programa de la IEJ al final de 2015 se estimó en 203 000, lo que equivale al 4 % de los participantes; expresa su preocupación ante el elevado número de participantes en la IEJ que no han finalizado el programa en algunos Estados miembros; considera importante reforzar los estímulos para evitar que los jóvenes consideren la IEJ como un programa poco útil;

42.  Recuerda que la IEJ debe prestar apoyo financiero a medidas que fomenten la integración de los ninis en el mercado de trabajo, entre ellas las prácticas y los programas de aprendizaje remunerados, pero no ha de convertirse en un sustituto del empleo remunerado propiamente dicho;

43.  Propone la creación de una línea directa de la Unión contra la violación de los derechos de los jóvenes, para que estos últimos puedan comunicar directamente a la Comisión toda experiencia negativa relacionada con su participación en medidas de la IEJ o la Garantía Juvenil, lo que permitiría la recopilación de información y la investigación de posibles prácticas abusivas en la aplicación de políticas financiadas por la Unión;

44.  Acoge con satisfacción la referencia que hace la carta de intenciones adjunta al discurso del presidente Juncker sobre el estado de la Unión 2017 a una propuesta de establecer una Autoridad Laboral Europea para reforzar la cooperación entre las autoridades responsables del mercado de trabajo en todos los niveles y gestionar mejor las situaciones transfronterizas, así como nuevas iniciativas en apoyo de una movilidad justa;

45.  Reconoce el éxito de la IEJ a la hora de reducir las tasas de desempleo juvenil y, en particular, de garantizar el equilibrio de género, habiendo ayudado a alrededor de un 48 % de hombres y un 52 % de mujeres;

46.  Pide la plena aplicación en el ámbito de la IEJ de la Directiva 2000/78/CE relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación y de la Directiva 2010/41/UE sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma;

47.  Considera necesario que la Comisión y los Estados miembros presenten medidas positivas a fin de garantizar que las jóvenes reciban ofertas de empleo de calidad y no trabajen o queden atrapadas en empleos precarios, mal remunerados y temporales con derechos limitados o inexistentes como trabajadoras;

48.  Pide a los Estados miembros que recopilen datos estadísticos desglosados por sexos, a fin de que la Comisión realice una evaluación de impacto de la IEJ y su repercusión sobre el equilibrio de género de modo que sea posible evaluar y analizar a fondo su aplicación;

49.  Pide a los Estados miembros que hallen la manera de apoyar la reinserción de las jóvenes en el mercado de trabajo o el sistema educativo o de formación garantizando la igualdad de género en el acceso al empleo, la progresión en la trayectoria profesional y la conciliación de la vida privada y profesional, así como una oferta de servicios de cuidado de niños y adultos, y fomentando la igualdad de retribución entre hombres y mujeres por un trabajo igual o de igual valor;

50.  Insta a los Estados miembros a que, en el contexto del sistema educativo, pongan mayor empeño en mejorar las medidas que contribuyen a proteger a los jóvenes en situación de riesgo;

51.  Observa con preocupación que los últimos informes de evaluación(10) han señalado que, durante la primera fase de su aplicación, la IEJ tendió a centrarse especialmente en los ninis con un nivel educativo elevado, en lugar de en aquellos con un nivel bajo de capacidades, inactivos o no inscritos en los servicios públicos de empleo;

52.  Pide a los Estados miembros que aborden esta considerable deficiencia en la aplicación de la IEJ desarrollando, entre otras, medidas específicas de seguimiento con miras a la aplicación de políticas en el ámbito de la juventud con una mayor base empírica y más eficaces y sostenibles;

53.  Pide a los Estados miembros que se aseguren de que su legislación permite que todos los jóvenes comprendidos en el grupo de edad objetivo se inscriban y participen de forma efectiva en la IEJ(11);

54.  Pone de manifiesto la falta de regulación de las ofertas de prácticas en el mercado abierto por lo que respecta a la transparencia en la contratación, la duración y el reconocimiento, y señala que solo algunos Estados miembros han establecido unos criterios mínimos de calidad, también con fines de seguimiento de la Garantía Juvenil y la IEJ;

55.  Reconoce que las inversiones del presupuesto de la Unión canalizadas a través de la IEJ han resultado fructíferas y han acelerado la expansión del mercado laboral para los jóvenes; considera que la IEJ aporta un claro valor añadido europeo, ya que muchos programas de empleo juvenil no habrían podido aplicarse sin el compromiso de la Unión en este ámbito;

56.  Observa que la dotación financiera original para la IEJ en el marco financiero plurianual 2014-2020 fue de 6 400 millones EUR, de los cuales 3 200 millones provenían de una línea presupuestaria específica y la otra mitad del Fondo Social Europeo (FSE);

57.  Subraya que, en el contexto de la revisión intermedia del marco financiero plurianual, se aprobó políticamente una dotación adicional de 1 200 millones EUR para la IEJ para el período 2017-2020, que debía acompañarse de un importe idéntico procedente del FSE; destaca, sin embargo, que la dotación final para este programa se determinará en los procedimientos presupuestarios anuales venideros;

58.  Se congratula de que, ante la insistencia del Parlamento, el procedimiento de conciliación sobre el presupuesto de la Unión para 2018 haya dado como resultado un aumento de la dotación específica propuesta inicialmente para la IEJ con nuevos créditos por valor de 116,7 millones EUR, con lo que su importe en 2018 se elevará a 350 millones EUR; señala el compromiso unilateral de la Comisión de proponer un nuevo aumento de la financiación de la IEJ a través de un presupuesto rectificativo en caso de que la capacidad de absorción de la IEJ lo permita;

59.  Considera que el presupuesto global de la IEJ no basta para satisfacer la demanda real ni los recursos necesarios para garantizar que el programa alcance sus objetivos; recuerda que tan solo se ha podido llegar a una media del 42 % de los ninis, y, en algunos Estados miembros, el porcentaje no alcanza ni el 20 %; pide, por consiguiente, un aumento significativo de la dotación de la IEJ en el próximo marco financiero plurianual y que los Estados miembros den cabida en sus presupuestos nacionales a programas de empleo juvenil;

60.  Pide a la Comisión que vele por la coherencia de las inversiones en empleo juvenil mediante el fomento de las sinergias entre las fuentes disponibles y la creación de normas homogéneas recopiladas en una guía de carácter global, a fin de lograr un mayor impacto, sinergias, eficacia y simplificación en la práctica; recuerda la prioridad de reducir la carga administrativa que soportan las autoridades de gestión; destaca la importancia de los informes específicos de cada país sobre la financiación de los sistemas de Garantía Juvenil, que sirven también para llevar un seguimiento de las sinergias entre los presupuestos nacionales y el presupuesto de la Unión, así como la necesidad de una mejor coordinación y una cooperación más estrecha entre las principales partes interesadas del proceso;

61.  Pide a la Comisión que mejore la planificación de las inversiones en empleo juvenil para el período posterior a 2020 mediante la plena aplicación del planteamiento utilizado en la programación de los Fondos EIE, en los que la financiación está sujeta a una planificación preliminar global y una evaluación ex ante, seguida de la celebración de acuerdos de asociación; considera que un enfoque de estas características incrementa la repercusión del presupuesto de la Unión; toma nota de la aplicación satisfactoria de la IEJ en Estados miembros con programas operativos específicos y contribuciones significativas de los presupuestos nacionales y regionales;

62.  Pide, además, a la Comisión que rediseñe el actual mecanismo de evaluación, centrándose en criterios de resultados y auditorías de rendimiento unificados en los informes anuales y finales, con vistas a realizar un mejor seguimiento del impacto del presupuesto de la Unión; pide la aplicación a escala de la Unión de indicadores tales como la proporción de participantes en la IEJ que acceden al mercado laboral primario gracias a medidas financiadas por la Unión;

63.  Destaca, no obstante, que la reforma de la planificación y la presentación de informes no debe demorar la ejecución del presupuesto ni generar una carga administrativa excesiva para las autoridades de gestión y los beneficiarios finales en particular;

64.  Reconoce que la actual carga administrativa socava la capacidad de inversión del presupuesto de la Unión, especialmente por lo que respecta a instrumentos con períodos de ejecución más breves, como la IEJ; pide, por tanto, una racionalización de los procedimientos de licitación que haga especial hincapié en una preparación más rápida de las ofertas y en unos procedimientos más cortos de apelación de las decisiones; constata el efecto positivo de la utilización de opciones de costes simplificadas en los gastos de la IEJ; pide la introducción en toda la Unión de opciones de costes simplificadas en los proyectos de la IEJ a fin de reducir considerablemente la burocracia y acelerar la ejecución del presupuesto;

65.  Subraya que en la actualidad la IEJ presenta el mejor rendimiento de todos los Fondos EIE en términos de ejecución financiera;

66.  Se felicita de que las medidas de la IEJ hayan brindado ayuda a más de 1,6 millones de jóvenes y hayan supuesto que los Estados miembros consolidaran operaciones por un importe superior a 4 000 millones EUR;

67.  Observa que la falta de información sobre el coste potencial de la aplicación de un programa en un Estado miembro puede acarrear una financiación inadecuada para la aplicación de dicho programa y la consecución de sus objetivos; pide a los Estados miembros que lleven a cabo un análisis ex ante y que elaboren un resumen de los costes derivados de la aplicación de la Garantía Juvenil;

68.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten las medidas necesarias para la implantación de unos sistemas de seguimiento menos burocráticos y más actualizados para los fondos restantes de la IEJ;

69.  Pide que se preste especial atención a los resultados de la IEJ mediante la definición de indicadores concretos en relación con nuevos servicios y medidas de apoyo en el mercado laboral introducidos gracias al programa en los Estados miembros, y el número de contratos indefinidos que se han ofrecido;

70.  Considera necesario, al objeto de evaluar la eficacia del programa, que se valoren todos los aspectos, incluida la relación coste/beneficio del programa; toma nota de las estimaciones previas de la OIT y Eurofound y pide a la Comisión que confirme o actualice estas proyecciones;

71.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que establezcan objetivos realistas y alcanzables, evalúen las divergencias, analicen el mercado antes de aplicar los programas y mejoren los sistemas de supervisión y notificación;

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72.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO L 347 de 20.12.2013, p. 470.
(2) DO L 126 de 21.5.2015, p. 1.
(3) DO C 120 de 26.4.2013, p. 1.
(4) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0390.
(5) DO C 264 E de 13.9.2013, p. 69.
(6) DO L 113 de 29.4.2017, p. 56.
(7) Informe de la Comisión de diciembre de 2013 titulado «Evolución del empleo y de la situación social en Europa 2013»,
(8) Informe Eurofound de agosto de 2014 titulado «Occupational profiles in working conditions: Identification of groups with multiple disadvantages» (Perfiles profesionales en las condiciones laborales: Identificación de los grupos con múltiples desventajas)
(9) que, entre otras medidas cabe citar la iniciativa «Juventud en Movimiento», emprendida en septiembre de 2010, la «Iniciativa de Oportunidades para la Juventud», que se puso en marcha en diciembre de 2011, y la iniciativa «Equipos de acción para la juventud», iniciados en enero de 2012;
(10) Informe Especial n.º 5/2017 del Tribunal de Cuentas Europeo relativo a la aplicación de la Garantía Juvenil y la Iniciativa de Empleo Juvenil; Informe final de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea, de junio de 2016, sobre los primeros resultados de la Iniciativa de Empleo Juvenil; Comunicación de la Comisión, de 4 de octubre de 2016, titulada «La Garantía Juvenil y la Iniciativa de Empleo Juvenil, situación al cabo de tres años» (COM(2016)0646); Análisis en profundidad del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, de junio de 2016, titulado «Youth Employment Initiative: European Implementation Assessment» (Iniciativa de Empleo Juvenil: evaluación de la aplicación a escala europea).
(11) El marco legislativo de algunos países califica a algunos jóvenes, especialmente aquellos con discapacidades graves, como «no aptos para trabajar». Estos jóvenes no pueden inscribirse en los servicios públicos de empleo y, por tanto, no pueden beneficiarse de la IEJ.


Aplicación de la Directiva relativa a la regulación y a la necesidad de reformar los servicios profesionales
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Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de enero de 2018, sobre la aplicación de la Directiva 2005/36/CE en lo que respecta a la regulación y a la necesidad de reformar los servicios profesionales (2017/2073(INI))
P8_TA(2018)0019A8-0401/2017

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los artículos 45, 49 y 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en particular sus artículos 15 y 16,

–  Vista la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales(1),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de enero de 2017, relativa a las recomendaciones para la reforma de la regulación de los servicios profesionales (COM(2016)0820),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 2 de octubre de 2013, sobre la evaluación de las regulaciones nacionales del acceso a las profesiones (COM(2013)0676),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 28 de octubre de 2015, titulada «Mejorar el mercado único: más oportunidades para los ciudadanos y las empresas» (COM(2015)0550),

–  Vista su Resolución, de 26 de mayo de 2016, sobre la estrategia para el mercado único(2),

–  Vista su Resolución, de 15 de junio de 2017, sobre una Agenda Europea para la economía colaborativa(3),

–  Vista su Resolución, de 15 de febrero de 2017, sobre el informe anual sobre la gobernanza del mercado único en el marco del Semestre Europeo 2017(4),

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 31 de mayo de 2017(5),

–  Visto el informe final del Grupo de trabajo para el fomento del emprendimiento de las profesiones liberales,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno, así como el artículo 1, apartado 1, letra e), y el anexo 3 de la Decisión de la Conferencia de Presidentes, de 12 de diciembre de 2002, sobre el procedimiento de autorización para la elaboración de informes de propia iniciativa,

–  Visto el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A8-0401/2017),

A.  Considerando que la libre circulación de los trabajadores, la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios dentro de la Unión constituyen la espina dorsal del mercado interior y reportan numerosas ventajas a los ciudadanos y las empresas;

B.  Considerando que, si bien los servicios representan el 71 % del PIB y el 68 % del empleo total, sigue sin aprovecharse plenamente el potencial del mercado único de servicios;

C.  Considerando que, en ausencia de armonización, los Estados miembros disponen de libertad para decidir sobre la regulación de las profesiones, siempre y cuando las medidas nacionales sean transparentes, no discriminatorias, justificadas y proporcionadas;

D.  Considerando que una regulación inteligente, debidamente justificada por la protección de objetivos legítimos de interés público, puede tener efectos positivos en el mercado interior, garantizando un alto nivel de protección de los consumidores y una mejor calidad de los servicios prestados; que, por lo tanto, la desregulación no debe constituir un fin en sí mismo;

E.  Considerando que la regulación de las profesiones está justificada en muchos casos, si bien los obstáculos injustificados a los servicios profesionales redundan en perjuicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos y de las economías de los Estados miembros; que, por consiguiente, la regulación profesional debe ajustarse periódicamente para tener en cuenta los avances tecnológicos, la evolución de la sociedad o los cambios en el mercado;

F.  Considerando que la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales prevé el reconocimiento automático de una serie de profesiones sobre la base de unas exigencias de formación mínimas y armonizadas, un sistema general para el reconocimiento de las cualificaciones profesionales, un sistema de reconocimiento automático de la experiencia profesional y un sistema de prestación de servicios a nivel transfronterizo en el contexto de las profesiones reguladas;

G.  Considerando que la Directiva 2005/36/CE se modificó en 2013 con el fin de lograr un marco regulador proporcionado y justificado por objetivos de interés general mediante la introducción, en su artículo 59, de un ejercicio de transparencia y evaluación mutua para todas las profesiones reguladas en los Estados miembros, ya estén reguladas por normas nacionales o por normas armonizadas a escala de la Unión;

H.  Considerando que, a día de hoy, los Estados miembros no han aplicado plenamente todas las disposiciones de la Directiva 2005/36/CE, y en concreto su artículo 59, a pesar de haber vencido el plazo;

I.  Considerando que los Estados miembros debían presentar a la Comisión, antes del 18 de enero de 2016, planes de acción nacionales con información sobre las decisiones de mantener o modificar las regulaciones profesionales, y que seis de ellos aún no lo han hecho;

J.  Considerando que, en virtud del artículo 59 de la Directiva 2005/36/CE, la Comisión debía presentar el 18 de enero de 2017 a más tardar sus conclusiones sobre el ejercicio de evaluación mutua, acompañadas, en su caso, de propuestas de nuevas iniciativas;

K.  Considerando que el 10 de enero de 2017 la Comisión presentó una Comunicación relativa a las recomendaciones para la reforma de la regulación de los servicios profesionales, en la que se analiza la regulación profesional en siete sectores de actividad y se formulan recomendaciones al respecto destinadas a los Estados miembros;

L.  Considerando que el ejercicio de evaluación mutua reveló que el nivel de regulación de las profesiones varía en gran medida entre los distintos Estados miembros; que es necesaria una aclaración adicional, especialmente en aquellos casos en que los Estados miembros han anunciado la introducción de nuevas formas de regulación profesional tras finalizar el ejercicio;

Regulación de las profesiones en la Unión y estado de la aplicación del artículo 59 de la Directiva 2005/36/CE

1.  Destaca que las profesiones reguladas desempeñan un papel esencial en la economía de la Unión, ya que contribuyen en buena parte a la tasa de empleo, así como a la movilidad de la población activa y al valor añadido en la Unión; considera, por otra parte, que la elevada calidad de los servicios profesionales y un entorno regulador eficaz revisten una importancia fundamental a la hora de proteger el modelo económico, social y cultural de la Unión y de reforzar su competitividad en cuanto a crecimiento, innovación y creación de empleo;

2.   Recuerda que existen más de 5 500 profesiones reguladas en toda la Unión, con importantes variaciones de un Estado miembro a otro, que representan el 22 % de la población activa en todos los sectores de actividad, como los servicios sanitarios y sociales, los servicios prestados a las empresas, la construcción, los servicios de redes, el transporte, el turismo, el sector inmobiliario, los servicios públicos y la educación;

3.  Acoge favorablemente la iniciativa de la Comisión por la que se ofrecen orientaciones a los Estados miembros en el contexto del ejercicio de evaluación mutua, incluida la organización de debates exhaustivos con las autoridades nacionales, y destaca la necesidad de que estas involucren a todas las partes interesadas con el fin de recabar la información pertinente sobre el impacto de las regulaciones;

4.  Considera que la Comunicación de la Comisión de 10 de enero de 2017 podría ayudar a los Estados miembros a regular mejor los servicios profesionales y a intercambiar buenas prácticas para entender las opciones reguladoras de otros Estados miembros, habida cuenta de que algunos de ellos aplican una regulación estatal de las profesiones más intensa que otros; subraya, no obstante, la necesidad de evaluar la calidad de las regulaciones, dado que es preciso disponer de elementos que vayan más allá de un mero análisis económico para evaluar de forma global la eficacia del entorno regulador de cada Estado miembro;

5.  Lamenta que algunos Estados miembros no hayan notificado la información sobre las profesiones que regulan y los requisitos de acceso aplicables a tales profesiones; pide a los Estados miembros que mejoren notablemente el procedimiento de notificación en el marco de la Directiva relativa a las cualificaciones profesionales;

6.  Destaca que la mejora de la transparencia y la comparabilidad de los requisitos nacionales aplicables al acceso a las profesiones reguladas y a su ejercicio podría permitir una mayor movilidad profesional y que, por tanto, en consonancia con la Directiva 2005/36/CE, todos los requisitos nacionales han de notificarse y ponerse a disposición del público en la base de datos de las profesiones reguladas, en un lenguaje claro y comprensible;

7.  Reconoce las mejoras introducidas por la Comisión en la base de datos de profesiones reguladas, entre ellas la creación de un mapa interactivo, que permite a los ciudadanos consultar los requisitos de acceso a las profesiones en toda la Unión y visualizar con mayor facilidad las profesiones que están reguladas en un determinado Estado miembro; pide a la Comisión que siga mejorando dicha base de datos al objeto de facilitar la notificación oportuna y precisa de la información por parte de las autoridades competentes y aumentar así la transparencia para los ciudadanos de la Unión;

8.  Toma nota de las divergencias existentes entre los Estados miembros en cuanto al número de profesiones reguladas y al ámbito de actividades correspondiente, comprendido por profesiones similares, lo que explica las distintas formas de regular las profesiones que elige cada Estado miembro; pide a la Comisión que mejore la comparabilidad de las diferentes profesiones y que defina un conjunto común de actividades para cada profesión notificada en la base de datos, al objeto de facilitar la armonización voluntaria en toda la Unión;

9.  Lamenta que no todos los Estados miembros hayan presentado un plan de acción anual, tal como exige la Directiva 2005/36/CE, y pide a dichos Estados que lo hagan cuanto antes; observa que los niveles de profundidad, ambición y precisión de los planes presentados difieren entre sí;

10.  Pide a los Estados miembros que apliquen en su totalidad el artículo 59 de la Directiva 2005/36/CE y redoblen sus esfuerzos para garantizar una mayor transparencia en sus regulaciones profesionales, aspecto esencial para la movilidad de los profesionales en toda la Unión, puesto que se necesita disponer de información completa de todos los Estados miembros para poder trazar un panorama detallado de las profesiones reguladas a escala de la Unión;

11.  Lamenta que algunos Estados miembros no consultaran debidamente a las partes interesadas pertinentes en la fase de elaboración de los planes de acción nacionales; considera que es necesario garantizar un flujo transparente de información entre los organismos públicos y las partes interesadas a fin de abordar de manera eficaz los problemas y retos que afectan a las profesiones; aboga por una participación más amplia de las partes interesadas en el futuro, no solo con vistas a la elaboración de los planes de acción nacionales, sino también con anterioridad a la reforma de la regulación de las profesiones, de modo que todas puedan expresar sus opiniones;

12.  Subraya que una regulación eficaz de las profesiones beneficiaría tanto a los consumidores como a los profesionales; recuerda que los Estados miembros tienen derecho a introducir nuevas regulaciones o a modificar las normas vigentes por las que se restringe el acceso a las profesiones reguladas o su ejercicio, reflejando su visión de la sociedad y su contexto socioeconómico, cuando ello se justifique por objetivos de interés público; considera que una regulación de los servicios profesionales proporcionada y adaptada a la realidad del mercado puede traducirse en una mejor dinámica del mercado, unos precios más bajos al consumidor y una mayor eficiencia del sector;

13.  Considera, al mismo tiempo, que unos requisitos discriminatorios, injustificados y desproporcionados pueden ser especialmente injustos, en particular para los jóvenes profesionales, y pueden también obstaculizar la competencia y repercutir negativamente en los destinatarios de los servicios, incluidos los consumidores;

14.  Reconoce el papel que desempeña la regulación profesional a la hora de lograr un alto nivel de protección de los objetivos de interés público, tanto los que se prevén expresamente en los Tratados, como el orden público y la seguridad y la salud públicas, como los que constituyen razones imperiosas de interés público, en particular los que se reconocen en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, como la preservación del equilibrio financiero del régimen de seguridad social, la protección de los consumidores, de los destinatarios de los servicios y de los trabajadores, la garantía de una buena administración de justicia, la equidad de las transacciones comerciales, la lucha contra el fraude, la prevención del fraude fiscal y la evasión fiscal, la eficacia de la supervisión fiscal, la seguridad de los transportes por carretera, la garantía de la calidad del trabajo manual, el fomento de la investigación y el desarrollo, la protección del medio ambiente y del entorno urbano, la sanidad animal, la propiedad intelectual, la conservación del patrimonio histórico y artístico nacional y los objetivos de la política social y cultural; reconoce el margen de apreciación de que disponen los Estados miembros para decidir de qué manera pueden alcanzar este objetivo, con arreglo a los principios de no discriminación y proporcionalidad;

15.  Observa que, ante los riesgos para los consumidores, los profesionales o terceros, los Estados miembros pueden reservar determinadas actividades exclusivamente para profesionales cualificados, especialmente cuando no existan otros medios menos restrictivos para alcanzar el mismo resultado; destaca que, en tales casos, las regulaciones específicas por profesión deben garantizar la supervisión efectiva del ejercicio legal de la profesión regulada y, en su caso, de sus normas deontológicas;

16.  Reconoce, en este sentido, la relación entre la propuesta relativa al test de proporcionalidad, que fija normas sobre un marco común para realizar evaluaciones de proporcionalidad antes de presentar nuevas medidas sobre regulación de profesiones o de modificar las vigentes, y las recomendaciones de reforma basadas en la evaluación de las regulaciones nacionales en siete sectores de actividad; pide a los Estados miembros que evalúen y, cuando proceda, adapten su regulación de las profesiones con arreglo a las recomendaciones específicas de reforma;

17.   Destaca que las recomendaciones de reforma no pueden sustituir a las medidas de ejecución y pide a la Comisión, en calidad de guardiana de los Tratados, que tome medidas e inicie procedimientos de infracción cuando detecte regulaciones discriminatorias, injustificadas o desproporcionadas;

Utilidad del indicador del efecto restrictivo y necesidad de promover servicios de gran calidad en Europa

18.  Toma nota de que la Comisión ha elaborado un nuevo indicador del efecto restrictivo y acoge con satisfacción esta mejora en comparación con el indicador actual del carácter restrictivo PMR (regulación del mercado de productos) de la OCDE mediante el análisis detallado de los sectores afectados;

19.  Subraya que dicho indicador, que muestra la intensidad reguladora global en los Estados miembros basándose únicamente en datos cuantitativos sobre los obstáculos existentes a la libre circulación, debe considerarse como un instrumento meramente indicativo y no como un instrumento que permite determinar si la regulación posiblemente más estricta en algunos Estados miembros resulta desproporcionada;

20.  Recuerda que el análisis global del impacto de las regulaciones en los Estados miembros debe someterse no solo a una evaluación cuantitativa sino también a una evaluación cualitativa que englobe los objetivos de interés general y la calidad de los servicios prestados, incluidos los posibles beneficios indirectos para los ciudadanos y el mercado laboral; observa que el indicador del efecto restrictivo va acompañado de un análisis más exhaustivo que proporciona información complementaria de la realidad sobre el terreno, y alienta a los Estados miembros a que tengan en cuenta dicho indicador, junto a los datos cualitativos, para comparar los resultados que hayan obtenido en los sectores de actividad seleccionados;

Futuro de las profesiones reguladas

21.  Destaca que, además de un marco regulador eficaz en la Unión y en los Estados miembros, es necesario introducir unas políticas eficaces y coordinadas que presten apoyo a los profesionales en la Unión y refuercen la competitividad, la capacidad de innovación y la calidad de los servicios profesionales en la Unión;

22.  Destaca que los profesionales pueden ejercer profesiones reguladas bien como personas físicas, bien como personas jurídicas en forma de sociedad profesional, y que resulta importante considerar a los profesionales desde ambas perspectivas a la hora de aplicar nuevas políticas; en este sentido, está convencido de que es preciso combinar los instrumentos económicos con políticas orientadas a reforzar la iniciativa empresarial y el capital humano en los servicios profesionales;

23.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, junto con las organizaciones profesionales de los ámbitos de competencia respectivos, hagan un seguimiento adecuado de las recomendaciones del Grupo de trabajo para el fomento del emprendimiento de las profesiones liberales;

24.  Subraya la importancia de la educación, del desarrollo de competencias y de la formación empresarial con vistas a garantizar que los profesionales de la Unión sigan siendo competitivos y capaces de afrontar las transformaciones que afectan a las profesiones liberales como consecuencia de la innovación, la digitalización y la globalización; destaca la estrecha relación existente entre los conocimientos de un profesional y la calidad del servicio prestado; señala el importante papel que han de desempeñar los centros de enseñanza superior y de investigación a este respecto, en particular mediante proyectos de alfabetización digital;

25.  Señala la necesidad de mejorar la comparabilidad del nivel de las cualificaciones profesionales con objeto de reforzar la homogeneidad de las pruebas de las cualificaciones formales en toda la Unión y, por consiguiente, de crear condiciones de mayor equidad para los jóvenes licenciados que acceden a esas profesiones, facilitando así su movilidad en toda la Unión;

26.  Pide a los Estados miembros que analicen adecuadamente el mercado con vistas a garantizar una adaptación más rápida de los prestadores de servicios a las demandas del mercado, y que elaboren políticas que fomenten la competitividad de los servicios profesionales de la Unión a escala mundial en los próximos decenios;

Innovación y digitalización en los servicios profesionales

27.  Observa que los progresos científicos, la innovación tecnológica y la digitalización repercuten de manera notable en los servicios profesionales, al aportar nuevas oportunidades para los profesionales, pero, al mismo tiempo, plantear retos para el mercado laboral y la calidad de los servicios;

28.  Celebra que la Comisión haya reconocido la necesidad de reflexionar sobre las repercusiones de las nuevas tecnologías en los servicios profesionales, y especialmente en los sectores jurídico y contable, en los que se podría mejorar los procedimientos; observa, en particular, que debe prestarse especial atención a los riesgos que tales transformaciones entrañan para los destinatarios de los servicios, incluidos los consumidores, que no deben quedar al margen de las nuevas tecnologías;

29.  Hace hincapié en la escasa probabilidad de que las nuevas tecnologías reemplacen a los seres humanos en la toma de decisiones éticas y morales; señala, en este sentido, que las normas relativas a la organización de las profesiones, incluidas las referentes a la supervisión por parte de organismos públicos o asociaciones profesionales, podrían desempeñar un papel importante y contribuir al reparto más equitativo de los beneficios de la digitalización; observa que, en determinados ámbitos, los mecanismos basados en el mercado, como las opiniones de los consumidores, también pueden contribuir a mejorar la calidad de un determinado servicio;

30.  Recalca que las regulaciones de los servicios profesionales deben cumplir su finalidad y revisarse periódicamente al objeto de tener en cuenta la innovación técnica y la digitalización;

31.  Pide a la Comisión que mantenga al Parlamento informado periódicamente sobre el estado de los trabajos en relación con el cumplimiento de la Directiva 2005/36/CE por parte de los Estados miembros;

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32.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos y los Gobiernos de los Estados miembros.

(1) DO L 255 de 30.9.2005, p. 22.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0237.
(3) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0271.
(4) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0040.
(5) Pendiente de publicación en el Diario Oficial.

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