El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones y recomendaciones sobre Bielorrusia,

–  Vistas las elecciones parlamentarias del 11 de septiembre de 2016, las elecciones presidenciales del 11 de octubre de 2015 y las elecciones municipales del 18 de febrero de 2018 celebradas en Bielorrusia,

–  Vista la declaración, de 20 de febrero de 2018, del portavoz de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), sobre las elecciones municipales en Bielorrusia,

–  Vista la declaración, de 25 de marzo de 2018, del portavoz de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre la situación antes y durante el Día de la Libertad en Bielorrusia,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo sobre Bielorrusia, y en particular las de 15 de febrero de 2016, por las que se levantan las sanciones contra 170 personas y tres empresas bielorrusas y se establece el marco para el diálogo político y las condiciones para que las relaciones entre la UE y Bielorrusia se desarrollen sobre una base más positiva, en particular en lo que se refiere a las reformas democráticas,

–  Vistas las conclusiones de la Cumbre de la Asociación Oriental, de 24 de noviembre de 2017, y la aprobación de los 20 objetivos para 2020, que están concebidos para dar resultados a los ciudadanos,

–  Vista la visita del comisario Hahn a Bielorrusia en enero de 2018 y las negociaciones en curso sobre las Prioridades de la Asociación entre la UE y Bielorrusia,

–  Vista la decisión del Consejo de Asuntos Exteriores de prolongar por un año, hasta febrero de 2019, las medidas restrictivas restantes contra Bielorrusia, en particular el embargo de armas, la prohibición de la exportación de bienes con fines de represión interna, la inmovilización de activos y la prohibición de viajar impuesta a cuatro personas implicadas en la desaparición pendiente de resolución de dos políticos de la oposición, un empresario y un periodista en 1999 y 2000,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos y todos los convenios sobre derechos humanos de los que Bielorrusia es parte,

–  Vista la declaración del relator especial de las Naciones Unidas, de 28 de marzo de 2018, sobre la situación de los derechos humanos en Bielorrusia,

–  Vistos los artículos 135, apartado 5 y 123, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que, tras las elecciones presidenciales de 2015 y las elecciones parlamentarias de 2016, el 18 de febrero de 2018 se celebraron elecciones municipales en Bielorrusia; que las recomendaciones elaboradas ya hace tiempo por la Oficina de Instituciones Democráticas y de Derechos Humanos (OIDDH) de la OSCE y la Comisión de Venecia sobre la legislación y los procesos electorales todavía no se han aplicado en Bielorrusia; y que, según diplomáticos extranjeros y observadores bielorrusos, las elecciones municipales celebradas en febrero de 2018 no hicieron más que confirmar estas lagunas;

B.  Considerando que en febrero de 2016 la Unión suspendió la mayor parte de sus medidas restrictivas contra funcionarios y personas jurídicas de Bielorrusia como gesto de buena voluntad para alentar al país a mejorar sus resultados en materia de derechos humanos, democracia y Estado de Derecho;

C.  Considerando que la UE ha declarado reiteradamente que el respeto de las libertades fundamentales, del Estado de Derecho y de los derechos humanos constituye una condición previa clara para la mejora y la profundización de las relaciones entre la Unión Europea y Bielorrusia; y que, no obstante, la situación en el país sigue siendo motivo de preocupación, ya que solo se han constatado pasos muy limitados y tímidos de mejora a este respecto;

D.  Considerando que las anheladas reformas constitucionales y legislativas que permitirían el desarrollo de una verdadera democracia se demoran;

E.  Considerando que no se ha llevado a cabo ningún tipo de reforma electoral y que, tal y como se ha demostrado durante las elecciones municipales de febrero de 2018, sigue registrándose un número importante de deficiencias e irregularidades de procedimiento graves, entre las que destacan un marco jurídico restrictivo para los derechos políticos en todas las etapas de la campaña electoral así como problemas relacionados con la observación, la votación y el recuento de los votos; y que desde 1994 no se han celebrado en Bielorrusia elecciones libres y justas;

F.  Considerando que no se invitó a observadores internacionales a las elecciones municipales, mientras que los observadores bielorrusos, por su parte, recabaron pruebas tangibles de intentos masivos registrados en todo el país de inflar los porcentajes totales de participación y de voto «en carrusel», al que se recurrió por primera vez desde hacía años;

G.  Considerando que siguen registrándose actividades intimidatorias, incluidos numerosos casos de detención de activistas, políticos y periodistas independientes y de la oposición; y que, una vez más, a miembros destacados de la oposición, y defensores de los derechos humanos y de la democracia, se les impidió participar o fueron detenidos antes y durante una demostración no autorizada en Minsk el 25 de marzo de 2018 para conmemorar el 100.º aniversario de la proclamación de la independencia de Bielorrusia, si bien la mayoría fueron puestos posteriormente en libertad sin cargos;

H.  Considerando que dos presos políticos, Mijaíl Zhamchuzhny y Dzmitry Paliyenka, siguen detenidos;

I.  Considerando que el Parlamento Europeo ha venido apoyando a la sociedad civil bielorrusa desde hace años y que ha galardonado con el Premio Sájarov a la Asociación de Periodistas de Bielorrusia en 2004 y a Alaksandr Milinkiévich en 2006, entre otras iniciativas;

J.  Considerando que los acontecimientos del Día de la Libertad de 2018 demuestran de nuevo que el Gobierno de Bielorrusia no tiene intención de abandonar sus antiguas políticas de represión, a gran escala, de los ciudadanos que intentan ejercer los derechos previstos por la Constitución y los tratados internacionales;

K.  Considerando que el 24 de enero de 2018 el Ministerio de Información bloqueó arbitrariamente el acceso a Charter97.org, el principal sitio web de información independiente, en el territorio de Bielorrusia; que se han iniciado procesos penales contra blogueros independientes; y que los proyectos de modificación de la Ley sobre los medios de comunicación, en caso de ser aprobados, representan una nueva amenaza significativa y grave para la libertad de expresión en el país;

L.  Considerando que, el 25 de octubre de 2016, Bielorrusia adoptó su primer Plan de acción nacional en materia de derechos humanos, aprobado mediante una resolución del Consejo de Ministros de Bielorrusia, que define las líneas básicas de actuación para aplicar los compromisos del país en el ámbito de los derechos humanos;

M.  Considerando que Bielorrusia es el único país de Europa que sigue aplicando la pena capital; que el relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Bielorrusia ha señalado que las condenas a muerte en este país pueden considerarse muy discutibles por que el sistema judicial no es independiente y debido a la ausencia de juicios justos;

N.  Considerando que la UE y Bielorrusia están negociando en la actualidad prioridades específicas de la asociación cuyos principales ámbitos de interés son el desarrollo económico y la modernización, la consolidación de las instituciones y la buena gobernanza, la conectividad y los contactos interpersonales; que el Gobierno bielorruso ha señalado en repetidas ocasiones que aboga por la normalización de las relaciones con la Unión, el levantamiento de las sanciones pendientes y la liberalización de los visados; y que, no obstante, los avances en este sentido dependen necesariamente de que Bielorrusia dé muestras de voluntad y compromiso políticos en relación con los valores democráticos, el Estado de Derecho y las libertades fundamentales;

1.  Apoya el diálogo crítico de la Unión con Bielorrusia en la medida en que esté supeditado a la condición de la adopción de medidas concretas en favor de la democratización y del pleno respeto por parte de las autoridades de Bielorrusia de las libertades fundamentales y de los derechos humanos;

2.  Expresa su pesar por que, a pesar de anteriores llamamientos, no se hayan aplicado las recomendaciones formuladas por la OIDDH de la OSCE y la Comisión de Venecia a raíz de las elecciones presidenciales de 2015 y de las elecciones parlamentarias de 2016, que deberían haberse aplicado antes de las elecciones municipales de 2018; pide a las autoridades bielorrusas que reanuden sin demora los trabajos sobre una reforma electoral exhaustiva en el marco del proceso más amplio de democratización y en cooperación con socios internacionales;

3.  Deplora el acoso a periodistas y medios de comunicación independientes en Bielorrusia en el seguimiento de las elecciones municipales, en particular la expulsión ilegal de un colegio electoral del periodista de Belsat TV Andrus Kozel y el trato brutal que recibió, así como el bloqueo del portal de noticias Charter97, entre otras acciones;

4.  Insta a las autoridades de Bielorrusia a que levanten de inmediato e incondicionalmente el bloqueo impuesto al principal sitio web de información independiente Charter97.org, a que renuncien a los proyectos de modificación de la Ley sobre los medios de comunicación que, de aprobarse, amenazarían la libertad de expresión, y a que pongan fin a la persecución de blogueros independientes por ejercer la libertad de expresión;

5.  Observa que el número de representantes de la oposición democrática en los colegios electorales a nivel de distrito era desproporcionadamente bajo en relación con el número de solicitudes presentadas;

6.  Expresa su decepción ante la negativa reiterada a registrar partidos de la oposición democrática; pide que se levanten las restricciones y que se flexibilicen los procedimientos de registro de partidos políticos en Bielorrusia; insiste en que todos los partidos políticos deben poder desarrollar su actividad política sin restricciones, en particular durante las campañas electorales; pide que se derogue el apartado 1 del artículo 193 del Código Penal de Bielorrusia, que penaliza la participación en las actividades de organizaciones no registradas;

7.  Lamenta la reacción desproporcionada de las autoridades de Bielorrusia ante los esfuerzos de los activistas de la oposición por organizar un mitin no autorizado con motivo de las celebraciones del Día de la Libertad del 25 de marzo de 2018, que tuvo como resultado docenas de detenciones, en particular las de los dirigentes de la oposición y antiguos candidatos a la presidencia Mikalai Statkevich y Uladzimir Niakliaev; insiste en que la libertad de reunión y de asociación es un derecho humano fundamental; destaca que los retrocesos graves en términos de democracia y respeto de las libertades fundamentales, en particular el aumento del número de presos políticos, deberían suscitar en todos los casos una reacción clara de la Unión en sus relaciones con Bielorrusia;

8.  Pide enérgicamente la liberación de Mijaíl Zhamchuzhny y Dzmitry Paliyenka, activistas de la sociedad civil que se encuentran en prisión por motivos políticos, y la rehabilitación de todos los antiguos presos políticos y el restablecimiento de sus derechos civiles y políticos;

9.  Reitera su petición a las autoridades bielorrusas para que garanticen en toda circunstancia el respeto de los principios democráticos, los derechos humanos y las libertades fundamentales, de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos ratificados por Bielorrusia;

10.  Destaca que el respeto de las libertades es un elemento fundamental de una democracia sana; insta a las autoridades de Bielorrusia a que emprendan un diálogo abierto y constructivo con la oposición democrática y con organizaciones de la sociedad civil con miras a garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos, en particular los derechos de asociación, reunión pacífica y libre expresión, y asimismo que garanticen un marco para unos medios de comunicación libres e independientes;

11.  Reitera enérgicamente su petición a Bielorrusia de que se adhiera a una moratoria global sobre la aplicación de la pena capital como primer paso hacia su abolición permanente; recuerda que la pena de muerte es un trato inhumano y degradante, que no tiene efectos disuasorios demostrados y que hace irreversibles los errores judiciales; observa con pesar que los tribunales bielorrusos han dictado nuevas penas de muerte en 2018;

12.  Pide al SEAE y a la Comisión que prosigan y refuercen su apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en Bielorrusia y en el extranjero; destaca, en este contexto, la necesidad de apoyar a todas las fuentes independientes de información destinadas a la sociedad bielorrusa, en particular la radiodifusión de programas en lengua bielorrusa , también en el extranjero;

13.  Toma nota de los diálogos sectoriales entre la Unión y Bielorrusia a nivel técnico y la ampliación de la cooperación en ámbitos como la reforma económica, la eficiencia de los recursos, la economía ecológica y la protección del medio ambiente; pide al SEAE y a la Comisión que den prioridad a la seguridad de la central nuclear bielorrusa de Ostrovets y que garanticen que los avances en las relaciones entre la Unión y Bielorrusia estén supeditados al aumento de la apertura y la cooperación y al pleno cumplimiento de las normas internacionales de seguridad nuclear y medioambiental por parte de Bielorrusia;

14.  Lamenta que el actual diálogo sobre derechos humanos no esté dando resultados concretos e insta al representante especial de la Unión para los Derechos Humanos a que busque vías y medios para promover la protección plena y efectiva de los derechos humanos en Bielorrusia; pide la liberación de todos los presos políticos;

15.  Toma nota de las negociaciones en curso sobre las prioridades de la asociación entre la UE y Bielorrusia, y aguarda con impaciencia una rápida conclusión, que ampliará el ámbito de la cooperación bilateral en beneficio de los ciudadanos de ambas partes y facilitará a Bielorrusia el acceso a una gama más amplia de asistencia financiera y cooperación, con la condición de que dé pasos claros y tangibles hacia la democratización y la apertura, incluida, con carácter prioritario, una reforma electoral completa; acoge con satisfacción, en este contexto, el plan de la Comisión de incrementar la asignación de ayuda financiera para el período 2018-2020; insiste en que el Gobierno bielorruso asuma unos compromisos claros con la reforma y recomienda que se establezca un programa de trabajo con miras a unas relaciones más estrechas entre la Unión y Bielorrusia en forma de criterios comparativos y de calendario para la aplicación de estos compromisos;

16.  Insta a que se mantenga el apoyo de la Unión a las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos, y pide a la Comisión que trabaje estrechamente con el Foro de la Sociedad Civil de la Asociación Oriental y siga sus recomendaciones; insta al Gobierno de Bielorrusia a que garantice la participación de la sociedad civil en los procesos de elaboración de políticas a escala local y nacional, partiendo de las orientaciones adoptadas por el Consejo de Europa el 27 de noviembre de 2017; toma nota de la creciente interacción entre Bielorrusia y esta organización;

17.  Pide, a este respecto, al SEAE y a la Comisión que busquen vías de información y consulta con las organizaciones de la sociedad civil bielorrusas sobre el diálogo y las negociaciones en curso entre la Unión y Bielorrusia;

18.  Observa con satisfacción el inicio de la puesta en práctica de la asociación de movilidad entre la Unión y Bielorrusia, y aguarda con impaciencia la finalización de la facilitación de la expedición de visados y los acuerdos de readmisión como clara contribución a las relaciones interpersonales y los contactos empresariales;

19.  Acoge con satisfacción la decisión de las autoridades de Minsk de permitir desde febrero de 2018 la expedición de visados para estancias breves en Bielorrusia a ciudadanos de 80 países;

20.  Acoge con satisfacción los progresos realizados en la promoción de los intercambios de jóvenes y los contactos interpersonales entre la UE y Bielorrusia, en particular a través del programa de movilidad MOST, Erasmus+, Horizonte 2020 y la Oficina de Asistencia Técnica e Intercambio de Información (TAIEX), así como a través de la adhesión de Bielorrusia al Proceso de Bolonia; pide la aplicación del Proceso de Bolonia con arreglo al programa acordado conjuntamente por el Espacio Europeo de Educación Superior y Bielorrusia, medida que beneficiará a los jóvenes bielorrusos y mejorará los intercambios y los contactos interpersonales con la Unión;

21.  Pide la renovación del mandato del relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Bielorrusia; pide al Gobierno de Bielorrusia que coopere plenamente con el relator especial; pide a la Unión y a sus Estados miembros que promuevan y apoyen la renovación del mandato del relator especial de las Naciones Unidas y pide al representante especial de la Unión para los Derechos Humanos que coopere con el relator especial de las Naciones Unidas para mejorar la situación en el país;

22.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Servicio Europeo de Acción Exterior, al Consejo, a la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE, al Consejo de Europa y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, así como a las autoridades de Bielorrusia.