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Procedimiento : 2017/2273(INI)
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Ciclo relativo al documento : A8-0197/2018

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A8-0197/2018

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PV 14/06/2018 - 7.13
CRE 14/06/2018 - 7.13

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P8_TA(2018)0268

Textos aprobados
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Jueves 14 de junio de 2018 - Estrasburgo
Control de la aplicación del Derecho de la Unión en 2016
P8_TA(2018)0268A8-0197/2018

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de junio de 2018, sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión en 2016 (2017/2273(INI))

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Tratado de la Unión Europea (TUE) y, en particular, sus artículos 1, 2 y 3,

–  Visto el trigésimo tercer Informe anual de la Comisión sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión Europea (2015) (COM(2016)0463),

–  Visto el trigésimo cuarto Informe anual de la Comisión sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión Europea (2016) (COM(2017)0370),

–  Visto el Informe de la Comisión titulado «Informe de evaluación de Pilot UE» (COM(2010)0070),

–  Visto el Informe de la Comisión titulado «Segundo informe de evaluación del proyecto Pilot UE» (COM(2011)0930),

–  Vista su Resolución, de 6 de octubre de 2016, sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión - Informe anual de 2014(1),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 21 de diciembre de 2016, titulada «Derecho de la UE: mejores resultados gracias a una mejor aplicación» (C(2016)8600),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de marzo de 2002, sobre las relaciones con el denunciante en materia de infracciones del Derecho comunitario (COM(2002)0141),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 2 de abril de 2012, de actualización de la gestión de las relaciones con el denunciante en relación con la aplicación del Derecho de la Unión (COM(2012)0154),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, titulada «Un nuevo marco de la UE para reforzar el Estado de Derecho» (COM(2014)0158),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de mayo de 2015, titulada «Legislar mejor para obtener mejores resultados - Un programa de la UE» (COM(2015)0215),

–  Visto el Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea(2),

–  Vista la Decisión 2001/470/CE del Consejo, de 28 de mayo de 2001, por la que se crea una Red Judicial Europea en materia civil y mercantil(3),

–  Visto el Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea, de 13 de abril de 2016, sobre la mejora de la legislación(4),

–  Vista su Resolución, de 10 de septiembre de 2015, sobre los informes anuales trigésimo y trigésimo primero sobre el control de la aplicación del Derecho de la UE (2012-2013)(5),

–  Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2016, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el establecimiento de un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales(6),

–  Vista su Resolución, de 9 de junio de 2016, para una administración de la Unión Europea abierta, eficiente e independiente(7) y su Resolución de 15 de enero de 2013, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre una Ley de Procedimiento Administrativo de la Unión Europea(8),

–  Vistas la Comunicación de la Comisión, de 27 de mayo de 2016, titulada «Hacer efectivos los beneficios de las políticas ambientales de la UE mediante la revisión periódica de su aplicación» (COM(2016)0316) y la Comunicación de la Comisión, de 3 de febrero de 2017, titulada «Revisión de la aplicación de la normativa medioambiental de la UE: problemas comunes y cómo combinar esfuerzos para obtener mejores resultados» (COM(2017)0063),

–  Visto el pilar europeo de derechos sociales,

–  Vistos el artículo 52 y el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y las opiniones de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de la Comisión de Asuntos Constitucionales, de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y de la Comisión de Peticiones (A8-0197/2018),

A.  Considerando que el artículo 17 del TUE define el papel fundamental de la Comisión como «guardiana de los Tratados»;

B.  Considerando que el artículo 2 del TUE establece que la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías; que la aplicación correcta del Derecho de la Unión es, por tanto, indispensable para alcanzar los objetivos políticos de la Unión definidos en los Tratados y en el Derecho derivado; que, de conformidad con el artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la Unión, en todas sus acciones, se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad;

C.  Considerando que, según el artículo 2 del TUE y el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la igualdad entre mujeres y hombres constituye uno de los valores básicos en los que se fundamenta la Unión y que esta, en todas sus acciones, tratará de luchar contra toda discriminación, eliminar las desigualdades y promover la igualdad de oportunidades y la igualdad de trato;

D.  Considerando que el artículo 3 del TUE establece que los objetivos de la Unión son, entre otros, promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos y obrar en pro del desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, en una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, y en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente, y que la Unión combatirá la exclusión social y la discriminación y fomentará la justicia y la protección sociales, la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad entre las generaciones y la protección de los derechos del niño;

E.  Considerando que, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), los Estados miembros están obligados a informar a la Comisión con claridad y precisión de las medidas que adopten para transponer las directivas de la Unión a su Derecho nacional; que, de conformidad con la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre de 2011, de los Estados miembros y de la Comisión(9) y con la Declaración política conjunta, de 27 de octubre de 2011, del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión(10), los Estados miembros, al comunicar a la Comisión medidas nacionales de transposición, pueden estar obligados, en casos justificados, a comunicar también informaciones convincentes en forma de «documentos explicativos» relativas al modo en que han transpuesto las Directivas de la Unión a su Derecho nacional;

F.  Considerando que, de conformidad con el artículo 4, apartado 3, del TUE, y los artículos 288, párrafo tercero, y 291, apartado 1, del TFUE, los Estados miembros tienen la responsabilidad primordial de transponer, aplicar y ejecutar el Derecho de la Unión correctamente y en los plazos previstos, así como de ofrecer suficientes recursos para garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos regulados por el Derecho de la Unión;

G.  Considerando que la correcta aplicación del Derecho de la Unión garantiza los beneficios de las políticas de la Unión a todos los ciudadanos europeos y unas condiciones equitativas para las empresas;

H.  Considerando que, tras la adopción, en diciembre de 2016, de su Comunicación titulada «Derecho de la UE: mejores resultados gracias a una mejor aplicación», la Comisión se concentrará en los casos en los que los Estados miembros no comuniquen sus medidas de transposición o estas medidas no transpongan correctamente las directivas, no cumplan una sentencia del TJUE (como se contempla en el artículo 260, apartado 2, del TFUE), perjudiquen gravemente a los intereses financieros de la Unión o traspasen las competencias exclusivas de la Unión;

I.  Considerando que, de conformidad con el artículo 6, apartado 1, del TUE, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea tiene el mismo valor jurídico que los Tratados y está dirigida a las instituciones, órganos y organismos de la Unión, así como a los Estados miembros cuando apliquen el Derecho de la Unión (artículo 51, apartado 1, de la Carta);

J.  Considerando que con los procedimientos de EU Pilot se busca una cooperación más estrecha y coherente entre la Comisión y los Estados miembros a fin de corregir las infracciones del Derecho de la Unión, en la medida de lo posible, en una fase temprana mediante un diálogo bilateral, sin necesidad de incoar un procedimiento formal de infracción;

K.  Considerando que es necesario —en respuesta al actual déficit democrático y teniendo en cuenta su Resolución, de 25 de octubre de 2016, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el establecimiento de un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales— establecer un nuevo mecanismo que brinde un marco único y coherente, se base en los instrumentos y mecanismos existentes y se aplique de un modo uniforme a todas las instituciones de la Unión y a todos los Estados miembros;

L.  Considerando, no obstante, que, de acuerdo con la nueva política adoptada por la Comisión para garantizar el cumplimiento del Derecho de la Unión, el objetivo del mecanismo EU Pilot no consiste en prolongar el procedimiento de infracción, el cual, por sí mismo, constituye una forma de entablar un diálogo para solucionar los problemas con un Estado miembro;

M.  Considerando que, con vistas a implantar un enfoque más estratégico y eficaz del proceso para garantizar el cumplimiento del Derecho en lo que respecta a la gestión de las infracciones, la Comisión ha decidido, como se indica en su Comunicación titulada «Derecho de la UE: mejores resultados gracias a una mejor aplicación», incoar procedimientos de infracción sin recurrir al mecanismo EU Pilot, a menos que el recurso a este mecanismo se considere de utilidad en un caso determinado;

N.  Considerando que en 2016 la Comisión recibió 3 783 nuevas denuncias relativas a posibles infracciones del Derecho de la Unión, y que los Estados miembros contra los que más denuncias se presentaron fueron Italia (753), España (424) y Francia (325);

O.  Considerando que, de conformidad con el artículo 258, párrafos primero y segundo, del TFUE, la Comisión emitirá un dictamen motivado si estima que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados, y podrá recurrir al TJUE si el Estado miembro de que se trate no se atuviera a este dictamen en el plazo determinado por la Comisión;

P.  Considerando que, en 2016, la Comisión incoó 847 nuevos procedimientos de infracción por transposición tardía de directivas;

Q.  Considerando que, en 2016, permanecían abiertos 95 procedimientos de infracción con respecto a los cuales el TJUE se pronunció sobre el incumplimiento de los Estados miembros implicados;

R.  Considerando que, en su Resolución, de 25 de octubre de 2016, sobre el establecimiento de un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, el Parlamento pedía a la Comisión que le sometiera, a más tardar en septiembre de 2017, sobre la base del artículo 295 del TFUE, una propuesta relativa a la conclusión de un Pacto de la Unión para la Democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Fundamentales, en forma de acuerdo interinstitucional, en el que se establezcan medidas que faciliten la cooperación entre las instituciones de la Unión y sus Estados miembros en el marco del artículo 7 del TUE;

S.  Considerando que el Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea establece la puesta en común de información relativa a todos los procedimientos de infracción basados en escritos de requerimiento, pero no cubre el proceso informal de EU Pilot que precede a la incoación de procedimientos formales de infracción;

T.  Considerando que el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea define el derecho a una buena administración como el derecho de toda persona a que las instituciones traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable, y considerando que el artículo 298 del TFUE estipula que, en el cumplimiento de sus funciones, las instituciones, órganos y organismos de la Unión se apoyarán en una administración europea abierta, eficaz e independiente;

U.  Considerando que, en su Comunicación, de 3 de febrero de 2017, sobre la revisión de la aplicación de la normativa medioambiental de la UE, la Comisión afirma haber entablado un diálogo estructurado y exhaustivo con los Estados miembros sobre la aplicación de la legislación de la Unión en materia de medio ambiente, y se ofrece, sin perjuicio de sus poderes de ejecución con arreglo a los Tratados, a facilitar los esfuerzos de los Estados miembros mediante un nuevo marco específico;

V.  Considerando que los artículos 157 y 19 del TFUE permiten combatir por medio de la legislación todas las formas de discriminación, incluida la discriminación por motivos de género;

W.  Considerando que la Unión y los Estados miembros se comprometieron, en la Declaración n.º 19 aneja al Acta Final de la Conferencia Intergubernamental que adoptó el Tratado de Lisboa, a «combatir la violencia doméstica en todas sus formas […], prevenir y castigar estos actos delictivos y […] prestar apoyo y protección a las víctimas»;

X.  Considerando que la legislación de la Unión contra la trata de seres humanos, en especial mujeres y niños, ha sido adoptada sobre la base de los artículos 79 y 83 del TFUE; que el Programa «Derechos, Igualdad y Ciudadanía» financia, entre otras, medidas que contribuyen a la erradicación de la violencia contra las mujeres;

Y.  Considerando que numerosas directivas de la Unión, en particular aquellas que se centran en la igualdad de género, no se están aplicado debidamente en varios Estados miembros, lo que deja a personas de distinto género desprotegidas frente a la discriminación en los ámbitos del acceso al empleo y a los bienes y servicios;

Z.  Considerando que la discriminación por razones de género se entrecruza con otros tipos de discriminación, por ejemplo la discriminación por motivos de raza y etnia, religión, discapacidad, salud, identidad de género, orientación sexual, edad o condiciones socioeconómicas;

AA.  Considerando que el 33 % de las mujeres en la Unión han sufrido violencia física o sexual, y que el 55 % han sido acosadas sexualmente, un 32 % de ellas en el puesto de trabajo; que las mujeres son especialmente vulnerables a la violencia sexual, a la violencia física y a la violencia en internet, así como al ciberacoso y al acecho; que más de la mitad de las mujeres asesinadas lo han sido por su pareja o por un familiar; que la violencia contra las mujeres es una de las vulneraciones de los derechos humanos más extendida, con independencia de la edad, nacionalidad, religión, educación o situación económica y social de la víctima, y representa uno de los principales impedimentos para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres; que el fenómeno del feminicidio no disminuye en los Estados miembros;

AB.  Considerando que la encuesta sobre personas LGBT de la Unión reveló que las personas lesbianas, bisexuales y transgénero se enfrentan a un enorme riesgo de discriminación por su orientación sexual o su identidad de género; que el 23 % de las lesbianas y el 35 % de las personas transgénero han sufrido, al menos una vez en los últimos cinco años, ataques físicos o sexuales o amenazas con violencia en el hogar o en otros lugares (en la vía o el transporte públicos, en el lugar de trabajo, etc.);

AC.  Considerando que, por lo que respecta a la aplicación y la observancia de la legislación de la Unión en materia de igualdad de género en los Estados miembros, se han detectado problemas específicos relacionados con la transposición y aplicación de las directivas pertinentes, tales como deficiencias sustanciales en la legislación y una aplicación incoherente por parte de los órganos jurisdiccionales nacionales;

AD.  Considerando que las instituciones y los mecanismos para la igualdad de género quedan frecuentemente marginados en las estructuras administrativas nacionales, divididos entre diferentes ámbitos políticos y lastrados por la complejidad de los mandatos, sin el personal, la formación y la información necesarios ni los medios suficientes, y con un apoyo insuficiente por parte de los dirigentes políticos;

AE.  Considerando que, según el análisis comparativo de la legislación contra la discriminación en Europa, publicado en 2017 por la red europea de expertos juristas en materia de igualdad de género y no discriminación, en la inmensa mayoría de los países sigue habiendo serias preocupaciones en torno a la percepción y la concienciación, ya que a menudo las personas no disponen de información sobre sus derechos de protección contra la discriminación ni sobre la existencia de mecanismos de protección; que, según este análisis, han surgido nuevos problemas relacionados con la observancia de las directivas de la Unión contra la discriminación, como la falta de legitimación (o la restricción excesiva de la legitimación) de las organizaciones y asociaciones para iniciar procedimientos en nombre o en apoyo de las víctimas de la discriminación, la aplicación restrictiva de la inversión de la carga de la prueba, así como una serie de obstáculos al acceso efectivo a la justicia, que dificultan en la práctica que los ciudadanos ejerzan y protejan plenamente sus derechos derivados de las disposiciones de la legislación contra la discriminación;

AF.  Considerando que el Índice de Igualdad de Género 2017 del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) muestra únicamente mejoras mínimas y arroja una puntuación total de 66,2 sobre 100, solo cuatro puntos más alta que hace diez años, dejando patente que la Unión dista mucho de alcanzar la igualdad de género;

AG.  Considerando que, en el ámbito de la toma de decisiones, los datos de igualdad de género mencionados muestran una mejora de casi diez puntos a lo largo de la última década, que ha permitido alcanzar hoy una puntuación de 48,5, pero que este sigue siendo el ámbito con peor puntuación de todos; que esta cifra negativa refleja en gran medida la desigual representación de mujeres y hombres en la política y revela un déficit democrático en la gobernanza de la Unión;

AH.  Considerando que el informe de Eurofound sobre la brecha de género en materia de empleo calcula que dicha brecha cuesta a la Unión alrededor de 370 000 millones EUR al año, es decir, el equivalente al 2,8 % del PIB de la Unión;

AI.  Considerando que, según la encuesta sobre las condiciones de trabajo de Eurofound, el indicador compuesto de tiempo de trabajo remunerado y no remunerado revela que, cuando se calculan las horas de trabajo remuneradas y no remuneradas, las mujeres trabajan más tiempo;

AJ.  Considerando que, pese al compromiso de la Unión con la igualdad de género en la toma de decisiones, los consejos de administración de las agencias de la Unión muestran un marcado desequilibrio de género y patrones persistentes de segregación de género;

AK.  Considerando que la feminización de la pobreza es un hecho en la Unión y que la aplicación y observancia correctas e íntegras de la legislación de la Unión en materia de igualdad e igualdad de género deben ir acompañadas de políticas que aborden las elevadas tasas de desempleo, pobreza y exclusión social entre las mujeres; que la ausencia de políticas de igualdad y la aplicación deficiente de la legislación en materia de género e igualdad ponen en mayor peligro a las mujeres e incrementan el riesgo de pobreza y de marginación social al excluirlas del mercado laboral;

AL.  Considerando que la aplicación correcta de la legislación vigente es fundamental para avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres; que, aunque la Directiva 2006/54/CE refundida prohíbe claramente la discriminación directa e indirecta, y pese a que por término medio las mujeres alcanzan un nivel elevado de educación, la brecha salarial de género seguía siendo del 16,3 % en 2015;

AM.  Considerando que es necesario que el principio de igualdad de género sea una parte esencial del control de la aplicación de la legislación vigente de la Unión;

AN.  Considerando que la recopilación de datos, cuando sea posible desglosados por sexo, es sumamente importante para comprobar los progresos realizados hasta el momento en relación con la aplicación del Derecho de la Unión;

1.  Celebra la decisión de la Comisión(11) de responder sin demora a las infracciones, y respalda sus esfuerzos por resolver los problemas de aplicación de manera informal; pide a la Comisión que mejore el mecanismo de resolución de problemas EU Pilot;

2.  Manifiesta su preocupación por el aumento del número total de procedimientos de infracción incoados en 2016, que ha alcanzado el máximo registrado en los últimos cinco años;

3.  Acoge con satisfacción el Informe anual de 2016 de la Comisión sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión y observa que, según este Informe, los cuatro ámbitos en los que el mayor número de procedimientos de infracción relacionados con la transposición se incoaron contra Estados miembros en 2016 fueron el medio ambiente, la justicia y los consumidores, la fiscalidad y el mercado interior;

4.  Recuerda que el derecho de petición ante el Parlamento es uno de los pilares fundamentales de la ciudadanía europea, consagrado en los artículos 20 y 227 del TFUE y en el artículo 44 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y que, según estudios recientes, es el segundo aspecto más importante para los ciudadanos; pone de relieve la importancia de las peticiones como medio de que disponen los ciudadanos y residentes para sentirse implicados en las actividades de la Unión y para expresar su preocupación en relación con los casos de aplicación errónea o de incumplimiento de la legislación de la Unión y sus posibles lagunas, así como para señalar estas deficiencias con la expectativa de lograr una resolución oportuna y eficaz de los problemas planteados; comparte la opinión de la Comisión de que es preciso reconocer que el trabajo realizado para garantizar el cumplimiento efectivo del Derecho de la Unión en vigor tiene una importancia equivalente al trabajo dedicado a la elaboración de legislación nueva; pide a la Comisión que, en este sentido, mejore la tramitación de las peticiones enviadas proporcionando respuestas oportunas y detalladas;

5.  Llama la atención sobre el estudio encargado por la Comisión de Peticiones del Parlamento al Departamento Temático C titulado «Monitoring the implementation of EU law: tools and challenges» (Control de la aplicación del Derecho de la UE: instrumentos y retos), y celebra las recomendaciones concretas de actuación destinadas al Parlamento; llama la atención, a este respecto, sobre el estudio titulado «Effective Access to Justice» (Acceso efectivo a la justicia), publicado recientemente y que se encargó al Departamento Temático C a raíz de las reiteradas quejas formuladas en relación con la tramitación de varias peticiones; suscribe la propuesta de la Comisión de fomentar la formación judicial en Derecho de la Unión para los diferentes Estados miembros con el fin de garantizar la coherencia de las sentencias y, por ende, una aplicación uniforme de los derechos en toda la Unión;

6.  Acoge favorablemente que el informe de la Comisión para 2016 sea más transparente y facilite más información estadística en comparación con informes anteriores; lamenta, no obstante, que no facilite información concreta sobre el número de peticiones que han dado lugar a un procedimiento EU Pilot o a un procedimiento de infracción, y pide a la Comisión que proporcione información específica al respecto; toma nota con pesar de que ni el Parlamento ni los peticionarios participan en estos procedimientos; reitera su llamamiento a la Comisión para que comparta con el Parlamento la información sobre todos los procedimientos EU Pilot y los procedimientos de infracción iniciados, con el fin de mejorar la transparencia, reducir el plazo para la resolución de diferencias en el seno de la Comisión de Peticiones, consolidar la confianza en el proyecto de la Unión y, en último término, reforzar la legitimidad del procedimiento EU Pilot, en particular cuando estén en juego procedimientos de infracción; insta a la Comisión a que comunique sistemáticamente sus decisiones y las diferentes medidas adoptadas por el Colegio de Comisarios, y a que publique el orden del día y los principales resultados de las reuniones paquete; toma nota de la sentencia del TJUE en los asuntos C‑39/05 P, C‑52/05 P y C‑562/14 P, de mayo de 2017, conforme a la cual los documentos en el marco de un procedimiento EU Pilot no deben hacerse públicos si existe el riesgo de que tal divulgación afecte a la naturaleza del procedimiento de infracción, modifique su evolución o vaya en detrimento de los objetivos de dicho procedimiento; pide a la Comisión que divulgue los documentos intercambiados con los Estados miembros y los haga públicos cuando dicho riesgo haya cesado, es decir, cuando los procedimientos EU Pilot hayan concluido; respalda, en este sentido, las sugerencias de la defensora del pueblo europea con respecto a la diligencia y transparencia de los procedimientos EU Pilot previos a la infracción; destaca la importancia de mantener informados a todos los agentes afectados y de aumentar la transparencia de los procedimientos EU Pilot; lamenta la falta de compromiso demostrada por la Comisión a la hora de responder a las preocupaciones planteadas por los diputados al PE en el marco de los procedimientos EU Pilot y pide a la Comisión que informe a la Comisión de Peticiones de cualquier avance significativo en la investigación y el diálogo en curso con los Estados miembros en el caso de peticiones abiertas; reitera su petición a la Comisión de que incluya en su informe anual el grado de aplicación de los reglamentos y directivas de la Unión;

7.  Considera que el elevado número de procedimientos de infracción incoados demuestra que garantizar la aplicación oportuna y correcta de la legislación de la Unión en los Estados miembros sigue siendo un reto importante y una prioridad, a la luz del nuevo enfoque más estratégico y eficaz del procedimiento para garantizar la aplicación de la normativa, aprobado por la Comisión para el año 2016; considera que algunas de estas infracciones podrían ser el resultado de la falta de recursos destinados a la administración pública en algunos Estados miembros;

8.  Subraya que el número de nuevas denuncias ha llegado a su nivel más alto desde 2011, con un aumento del 67,5 % sobre el año pasado, un número récord de 3 783 nuevas denuncias y una reducción de la tasa de resolución; que, además, 1 657 casos de infracción permanecieron abiertos al final de 2016, mientras en 2016 se abrieron 986, de los cuales 847 se referían a una transposición tardía; señala con preocupación que 95 casos de infracción continúan abiertos tras una sentencia del Tribunal porque la Comisión consideró que los Estados miembros afectados aún no habían cumplido las sentencias con arreglo al artículo 258 del TFUE y que, en general, los ámbitos de «empleo» y «justicia y consumidores» son los más afectados, seguidos por mercado interior, industria, iniciativa empresarial y pymes, fiscalidad y unión aduanera y medio ambiente;

9.  Acoge con satisfacción la disminución en el número de expedientes nuevos de EU Pilot abiertos en 2016 (790 frente a 881 en 2014) y que esta cifra haya alcanzado su nivel más bajo desde 2011, aunque la Comisión no ha iniciado ningún procedimiento EU Pilot por transposición tardía de directivas; observa, no obstante, que la tasa de resolución descendió ligeramente en comparación con 2015 (del 75 % al 72 %); pide a la Comisión que aporte una aclaración sobre sus prioridades en relación con su política de control de cumplimiento, según la cual señala que centrará sus medidas para garantizar el cumplimiento en los casos en los que pueda marcar una verdadera diferencia y en sus prioridades políticas cuando persigan casos que revelen deficiencias sistémicas en el sistema jurídico de un Estado miembro;

10.  Señala que el compromiso de la Comisión de ser más estratégica a la hora de velar por el cumplimiento del Derecho de la Unión ha conducido recientemente al archivo, por razones políticas, de casos de infracción; pide a la Comisión, por consiguiente, que explique las razones de tales decisiones en futuros informes de seguimiento;

11.  Subraya que la mayoría de los expedientes EU Pilot que han dado lugar a procedimientos formales de infracción se referían principalmente a los siguientes ámbitos: medio ambiente, mercado interior, industria, iniciativa empresarial y pymes, energía y fiscalidad y unión aduanera; señala, asimismo, que los países afectados por el mayor número de expedientes EU Pilot que dieron lugar a procedimientos de infracción fueron Hungría, Alemania, España y Polonia;

12.  Reconoce que la principal responsabilidad de la correcta ejecución y aplicación del Derecho de la Unión corresponde a los Estados miembros, pero señala que esto no exime a las instituciones de la Unión de su deber de respetar el Derecho primario de la Unión cuando elaboran Derecho derivado de la Unión, sobre todo en el ámbito del Estado de Derecho y los derechos fundamentales relacionados con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea;

13.  Destaca que la correcta aplicación y cumplimiento del Derecho de la Unión es esencial para la realización de las políticas de la Unión desde el punto de vista del principio de igualdad entre mujeres y hombres consagrado en los Tratados y para favorecer y fomentar la confianza mutua entre las instituciones públicas, tanto a nivel nacional como de la Unión, así como entre las instituciones y los ciudadanos, al tiempo que recuerda también que la confianza y la seguridad jurídica sirven para el establecimiento de una buena cooperación y para la aplicación efectiva del Derecho de la Unión;

14.  Manifiesta su preocupación por el hecho de que en algunos Estados miembros siga habiendo importantes lagunas por lo que respecta a la aplicación y el cumplimiento de la legislación medioambiental de la Unión, en particular en los ámbitos de la gestión de residuos, las infraestructuras de tratamiento de las aguas residuales y el cumplimiento de los valores límite de calidad del aire;

15.  Destaca la importante función que desempeñan los interlocutores sociales, las organizaciones de la sociedad civil, los ciudadanos europeos y otras partes interesadas en el seguimiento y la notificación de las deficiencias en la transposición y aplicación del Derecho de la Unión por parte de los Estados miembros; celebra, por tanto, la creciente receptividad de los ciudadanos con respecto a la aplicación de la legislación de la Unión, incluido el papel crucial desempeñado por los denunciantes de irregularidades en los sectores público y privado; hace hincapié en que los ciudadanos de la Unión tienen el derecho de ser los primeros a los que se dé a conocer, de forma rápida, transparente y con un acceso efectivo, si las leyes de la Unión han sido transpuestas al Derecho nacional y cuáles son las leyes nacionales que realizan la transposición, así como cuáles son las autoridades nacionales competentes para velar por su correcta aplicación;

16.  Señala la importancia concedida por la Comisión a la transposición oportuna y correcta del Derecho de la Unión a la legislación nacional y a la existencia de un marco legislativo interno claro, e insta a los Estados miembros a que consideren prioritarios estos aspectos, de modo que se eviten infracciones del Derecho de la Unión, ofreciendo al mismo tiempo a los ciudadanos y a las empresas los beneficios previstos por una aplicación eficaz y eficiente del mismo;

17.  Señala, no obstante, que los plazos poco realistas para aplicar la legislación pueden derivar en la imposibilidad de cumplirlos por parte de los Estados miembros, lo que equivale a consentir tácitamente su aplicación tardía; pide a las instituciones europeas que acuerden calendarios más apropiados para la aplicación de los reglamentos y las directivas, teniendo debidamente en cuenta los períodos necesarios para la consulta y el control; considera que la Comisión debe presentar los informes, estudios y revisiones legislativas en los plazos acordados por los colegisladores y con arreglo a lo dispuesto en las disposiciones jurídicas aplicables;

18.  Destaca que en 2016 hubieron de transponerse 70 directivas, cifra superior a las 56 de 2015; manifiesta su preocupación por que el número de nuevas infracciones por transposición tardía aumentó considerablemente y pasó a ser de 847 en lugar de 543; lamenta que, a finales de 2016 seguían abiertos 868 procedimientos de infracción por transposición tardía, lo que representa un aumento del 67,5 % en comparación con los 518 casos abiertos a finales de 2015;

19.  Manifiesta su preocupación con respecto a que, al igual que en 2015, los Estados miembros no siempre cumplieron su compromiso de presentar documentos explicativos junto con la notificación de las medidas nacionales de transposición de las directivas a su ordenamiento jurídico; considera que, en vista de la calidad desigual de muchos de los documentos explicativos presentados, la Comisión debe prestar un mayor apoyo a los Estados miembros en su elaboración y la de las tablas de correspondencias;

20.  Subraya que la incapacidad para garantizar la transposición oportuna y correcta de la legislación vigente de la Unión que versa sobre los principios de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de educación, empleo y ocupación, igualdad de remuneración por igual trabajo e igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso y el suministro de bienes y servicios, y de las disposiciones vigentes para mejorar la conciliación de la vida privada y laboral y acabar con todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, priva, en última instancia, a los ciudadanos y a las empresas de los beneficios a que tienen derecho en virtud del Derecho de la Unión;

21.  Hace hincapié en que la Unión Europea se ha constituido como una Unión basada en el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos (artículo 2 del TUE); señala que, al aplicar la legislación de la Unión, los Estados miembros deben respetar plenamente los derechos fundamentales consagrados en los Tratados y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; reitera la máxima importancia de llevar a cabo un seguimiento cuidadoso de los actos y omisiones de los Estados miembros y las instituciones de la Unión;

22.  Reitera su preocupación por el número de peticiones dirigidas al Parlamento y de denuncias remitidas a la Comisión por cuestiones supuestamente resueltas por la Comisión;

23.  Destaca la importancia de salvaguardar la integridad del ordenamiento jurídico de la Unión, que incluye el Derecho primario, el Derecho derivado y el Derecho indicativo; pide, por esta razón, la adopción oportuna de las iniciativas legislativas y no legislativas necesarias para hacer realidad el pilar europeo de derechos sociales para los ciudadanos; pide a la Comisión que sea lo más transparente y coherente posible en sus esfuerzos por crear un nuevo marco consagrado a la aplicación correcta de la legislación de la Unión, como en la revisión de la aplicación de la normativa medioambiental; pide a la Comisión que considere la creación de un marco específicamente consagrado a la equidad y el equilibrio del desarrollo, el empleo y los asuntos sociales y relativos a la inclusión, en relación con el pilar europeo de derechos sociales;

24.  Reitera su petición a la Comisión, tras su Resolución de 25 de octubre de 2016, para que presente una propuesta para establecer un Pacto de la Unión sobre la Democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Fundamentales, ligando así de manera efectiva sus informes temáticos anuales correspondientes con el resultado de los mecanismos de control y de los instrumentos de evaluación periódica existentes, para presentarlos oportunamente; recuerda que la Comisión, como guardiana de los Tratados con pleno respeto de los principios de una administración buena y eficaz establecidos en el artículo 298 del TFUE y en los artículos 41 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, tiene la obligación de hacer un seguimiento y de evaluar la correcta aplicación por parte de los Estados miembros y de las instituciones y órganos de la Unión de la legislación de la Unión, así como su respeto de los principios y objetivos consagrados en los Tratados y tiene también el deber de respetar su compromiso de ayudar activamente a los Estados miembros a transponer y aplicar determinadas directivas y reglamentos; recomienda, por tanto, que esta tarea se tome en consideración dentro del ciclo político sobre democracia, Estado de Derecho y derechos fundamentales antes mencionado a partir de 2018, presentando sus informes anuales temáticos pertinentes, con el resultado de los mecanismos de control y los instrumentos de evaluación periódica existentes, a su debido tiempo;

25.  Recuerda que el Parlamento ha pedido a la Comisión en varias ocasiones que supervise, dirija y apoye de forma más proactiva la aplicación de la legislación y las políticas medioambientales;

26.  Acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de apoyar activamente a los Estados miembros a transponer y aplicar la legislación mediante la elaboración de planes de ejecución de determinadas directivas y reglamentos;

27.  Considera que, dado que el Parlamento es corresponsable de asegurar la aplicación y el cumplimiento del Derecho de la Unión conforme al Acuerdo interinstitucional y que el artículo 14 del TUE le confiere una función de control político sobre la Comisión, se le debería notificar automáticamente la apertura de cualquier procedimiento EU Pilot y de infracción, y se le debería otorgar un acceso adecuado a los documentos relacionados con ambos procedimientos, en particular cuando estos surjan de peticiones, sin dejar de respetar las disposiciones sobre confidencialidad necesarias para una tramitación eficaz de los asuntos;

28.  Propone que los representantes de los Estados miembros asistan en mayor medida a los debates sobre peticiones celebrados en la Comisión de Peticiones;

29.  Toma nota del nivel insatisfactorio de aplicación del Derecho de la Unión entre los Estados miembros, tal como revela el elevado número de denuncias enviadas a la Comisión y el considerable flujo de peticiones dirigidas al Parlamento Europeo; celebra la intención de la Comisión, expresada en su Comunicación, de diciembre de 2016, de incrementar el uso de instrumentos preventivos, tales como las reuniones paquete, las directrices de cumplimiento, los grupos de expertos, la redes especializadas, incluida la red SOLVIT, y de apoyar el desarrollo de las capacidades de los Estados miembros para hacer valer el Derecho de la Unión; pide a la Comisión que utilice las disposiciones del artículo 197 del TFUE para aplicar esta política renovada de control del cumplimiento en plena colaboración con los Estados miembros y las instituciones europeas; pide a la Comisión que mejore la tramitación de las peticiones recibidas proporcionando respuestas detalladas y a su debido tiempo;

30.  Toma nota de que, aunque siguen pendientes noventa y cinco procedimientos de infracción y el TJUE se ha pronunciado sobre el incumplimiento por parte de los Estados miembros, la Comisión solo ha remitido tres de estos casos al TJUE en virtud del artículo 260 del TFUE; considera de la mayor importancia garantizar una ejecución plena y oportuna de las resoluciones del Tribunal y, cuando sea necesario, hacer pleno uso de lo dispuesto en el artículo 279 del TFUE para evitar cualquier menoscabo de la legislación de la Unión y de la autoridad del TJUE; pide a la Comisión que haga frente a esta situación e informe periódicamente al Parlamento Europeo de los progresos realizados a este respecto;

31.  Pone de relieve que todas las instituciones de la Unión están sujetas a los Tratados de la Unión y a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea(12);

32.  Recomienda que todo debate interparlamentario sobre democracia, Estado de Derecho y derechos fundamentales incluya la participación ciudadana y de la sociedad civil, por ejemplo a través de las peticiones remitidas al Parlamento Europeo y de la iniciativa ciudadana europea;

33.  Subraya que los memorandos de entendimiento celebrados entre las instituciones de la Unión y los Estados miembros no se consideran actos de la Unión de conformidad con el artículo 288 del TFUE;

34.  Destaca la importancia crucial de la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas en la elaboración y aplicación de la legislación de la Unión por parte de sus instituciones; hace hincapié, en particular, en el principio de rendición de cuentas y en el papel que tiene el Parlamento de velar por el mismo, así como en el derecho de los ciudadanos de la Unión a la justicia y a una buena administración, conforme a lo dispuesto en los artículos 41 y 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea; señala que estos derechos y principios exigen que se dé a los ciudadanos un acceso fácil y satisfactorio a los proyectos de actos jurídicos que les afectan; recuerda que estos mismos derechos y principios también deben ser de vital importancia para los Estados miembros a la hora de proponer proyectos de actos de aplicación del Derecho de la Unión;

35.  Pide a la Comisión que mejore, cuando sea posible y necesario, los recursos financieros de la Unión, como el Fondo Social Europeo, dedicado a «Mejorar la capacidad institucional de las autoridades públicas y las partes interesadas y la eficiencia de la administración pública», con el fin de promover el desarrollo económico y el bienestar social, y para mejorar la eficacia de la legislación; pide a la Comisión que haga pleno uso del artículo 197 del TFUE para contribuir a desarrollar la capacidad de los Estados miembros de ejecutar y cumplir la legislación de la Unión;

36.  Pide a la Comisión que desarrolle instrumentos destinados a ayudar a los Estados miembros a reconocer los problemas de transposición, abordarlos en una fase temprana del procedimiento de infracción y encontrar soluciones conjuntas;

37.  Recuerda que la legislación que da lugar a los procedimientos de infracción más flagrantes procede de directivas; recuerda que los reglamentos son aplicables directa y obligatoriamente en todos los Estados miembros; pide, por tanto, a la Comisión que, en la medida de lo posible, recurra a reglamentos cuando prevea presentar propuestas legislativas; considera que ese enfoque podría reducir el riesgo de sobrerregulación;

38.  Recuerda que las cuestiones prejudiciales contribuyen a aclarar la forma en que se debe aplicar el Derecho de la Unión; considera que el recurso a este procedimiento permite una interpretación y aplicación uniformes de la legislación europea; pide, por tanto, a la Comisión que lleve a cabo un seguimiento más eficaz del cumplimiento por los órganos jurisdiccionales nacionales de la obligación de solicitar al Tribunal de Justicia que se pronuncie, con carácter prejudicial, según lo dispuesto en el artículo 267 del TFUE; alienta, por tanto, a los tribunales nacionales a que planteen, en caso de duda, cuestiones prejudiciales al TJUE y eviten, de este modo, los procedimientos de infracción;

39.  Pide a la Comisión que preste especial atención a su control sobre la aplicación de la Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior(13), y que incoe procedimientos de infracción, en caso necesario, siendo especialmente vigilante con respecto a la aplicación incorrecta o errónea;

40.  Celebra los constantes esfuerzos de la Comisión por hacer cumplir la normativa de la Unión en materia de medio ambiente, a fin de garantizar unas condiciones equitativas en todos los Estados miembros y para todos los operadores económicos y abordar las deficiencias en la aplicación y el cumplimiento de dicha legislación, incluido, en caso necesario, el recurso a procedimientos de infracción; resalta, no obstante, las conocidas limitaciones de la eficacia de las normas medioambientales de la Unión y, en particular, de la Directiva sobre responsabilidad medioambiental; pide a la Comisión que tome nota de la Resolución del Parlamento de 26 de octubre de 2017(14) sobre la aplicación de dicha Directiva; señala que, en algunos Estados miembros, el derecho a un entorno saludable se ve gravemente socavado por carencias en la ejecución y aplicación de la legislación de la Unión en materia de medio ambiente, en especial por lo que respecta a la prevención de daños en el aire y el agua, la gestión de los residuos y la infraestructura de tratamiento de las aguas residuales; destaca que la plena aplicación de la legislación de la Unión en materia de medio ambiente podría ahorrar a esta unos 50 000 millones EUR anuales, sobre todo en costes sanitarios y costes directos para el medio ambiente;

41.  Hace hincapié en que el acervo de la Unión comprende asimismo los acuerdos internacionales celebrados por la Unión; observa con gran preocupación que la normativa de la Unión en materia de medio ambiente puede no ser acorde con el Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (Convenio de Aarhus)(15), al no conceder suficiente acceso a la justicia a las organizaciones de defensa del medio ambiente y a los particulares; pide, por tanto, a la Comisión que preste atención a las conclusiones y recomendaciones del Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus(16) y a la posición del Consejo de 17 de julio de 2017(17) y que estudie modos y medios de cumplir el Convenio de Aarhus compatibles con los principios fundamentales del ordenamiento jurídico de la Unión y su sistema de revisión judicial;

42.  Pide a la Comisión que preste especial atención a la aplicación de las medidas adoptadas en materia de asilo y migración con objeto de garantizar que cumplan los principios consagrados en la Carta, trabaje junto con los Estados miembros para superar todas las dificultades que puedan surgir e incoe los procedimientos de infracción necesarios cuando sea pertinente; constata con preocupación que algunos Estados miembros incumplen sus obligaciones en materia de asilo y migración, en particular en lo que se refiere a la reubicación de los solicitantes de asilo; subraya que se debe abordar la falta de solidaridad entre algunos Estados miembros con respecto al asilo y la migración a fin de que todos ellos cumplan sus obligaciones; pide a los Estados miembros que atajen el aumento de la trata de seres humanos con fines de explotación laboral o de explotación sexual;

43.  Pide a la Comisión que responda de manera eficaz a la evolución de la situación en materia de migración y que refuerce eficientemente la Agenda Europea de Migración y los conjuntos de medidas de ejecución con ella relacionados; pide a los Estados miembros que apliquen la Directiva 2008/115/CE(18) sobre el retorno correctamente y que informen periódicamente sobre la aplicación de la Agenda Europea de Migración;

44.  Pide a la Comisión que compruebe la compatibilidad de los contratos de cero horas con la legislación de la Unión en materia de empleo, incluida la Directiva sobre el trabajo a tiempo parcial, ya que en 2016 se recibieron muchas peticiones relacionadas con la precariedad laboral;

45.  Celebra que el informe reconozca la labor del Parlamento cuando, a través de las preguntas parlamentarias y las peticiones, llama la atención de la Comisión sobre las deficiencias en la aplicación del Derecho de la Unión en los Estados miembros; pone de relieve que un control más estrecho de los Gobiernos por parte de los Parlamentos nacionales cuando los primeros intervienen en el proceso legislativo fomentaría una aplicación más eficaz del Derecho de la Unión según lo previsto en los Tratados;

46.  Muestra su preocupación ante la probabilidad de que, dada la incoherencia en las traducciones de muchas directivas a las lenguas oficiales de la Unión, las diferentes versiones lingüísticas den lugar a interpretaciones divergentes de los respectivos textos y a diferencias en su transposición en los Estados miembros; lamenta que estas diferencias en la transposición e interpretación jurídica no puedan detectarse sistemáticamente y que solo puedan ser esclarecidas mediante resoluciones del TJUE;

47.  Recuerda que los Parlamentos nacionales tienen una función esencial que cumplir tanto en el control prelegislativo de los proyectos de actos jurídicos de la Unión como en el control poslegislativo de la correcta aplicación del Derecho de la Unión por parte de los Estados miembros; pide a los Parlamentos nacionales que desempeñen esta función de forma proactiva;

48.  Considera que, en consonancia con los esfuerzos de la Comisión por elaborar una legislación de la Unión mejor y más eficaz, ha de tenerse siempre en cuenta la aplicación de los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad;

49.  Reitera su llamamiento para la creación en las direcciones generales competentes (IPOL, EXPO y EPRS) de un sistema autónomo para la evaluación ex post del impacto de las principales leyes de la Unión aprobadas por el Parlamento mediante codecisión y con arreglo al procedimiento legislativo ordinario;

50.  Pide a la Comisión que ponga un esmero especial cuando controle la aplicación de la legislación por la que se establecen normas contra las prácticas de corrupción que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, y que tome las medidas oportunas para luchar contra este fenómeno;

51.  Recuerda a los Estados miembros y a las instituciones de la Unión que la aplicación correcta y oportuna de la legislación en los Estados miembros sigue siendo una prioridad para la Unión; destaca la importancia de respetar los principios de atribución, subsidiariedad y proporcionalidad, con arreglo al artículo 5 del TUE, así como el principio de igualdad ante la ley, con vistas a mejorar el control de la aplicación del Derecho de la Unión; recuerda la importancia de concienciar sobre las disposiciones de las directivas vigentes que abordan diferentes aspectos del principio de igualdad entre mujeres y hombres y de su aplicación práctica;

52.  Anima a las instituciones de la Unión a que cumplan en todo momento su obligación de respetar el Derecho primario de la Unión cuando establezcan las disposiciones de Derecho derivado, de la Unión y no vinculantes, elaboren políticas y firmen acuerdos o tratados con instituciones que no forman parte de la Unión, y ayuden a los Estados miembros de la Unión por todos los medios disponibles a transponer la legislación de la Unión en todos los ámbitos y a respetar los valores y principios de la Unión, especialmente a la luz de los últimos acontecimientos en los Estados miembros;

53.  Comparte el punto de vista de la Comisión de que los denunciantes desempeñan un papel esencial a la hora de identificar problemas más amplios relacionados con el cumplimiento y la aplicación de la legislación de la Unión que afectan a los intereses de los ciudadanos y las empresas;

54.  Resalta que la ausencia de un conjunto coherente y exhaustivo de normas codificadas de buena administración en la Unión hace difícil para los ciudadanos y las empresas comprender fácil y plenamente sus derechos en virtud del Derecho de la Unión; hace hincapié, por tanto, en que la codificación de las normas de buena administración en forma de reglamento en el que se detallen los distintos aspectos del procedimiento administrativo, incluidas las notificaciones, los plazos vinculantes, el derecho a ser oído, y el derecho de cualquier persona a poder acceder a su expediente, equivale a reforzar los derechos de los ciudadanos y la transparencia; estima que dicho reglamento haría más accesible, clara y coherente la interpretación de las normas existentes, para beneficio de los ciudadanos y empresas y de la administración y los funcionarios;

55.  Recuerda que, en sus Resoluciones de 15 de enero de 2013 y 9 de junio de 2016, el Parlamento preconizó la adopción de un reglamento sobre una administración de la Unión abierta, eficaz e independiente, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 298 del TFUE, y señala que esta solicitud no fue seguida de una propuesta de la Comisión; pide una vez más a la Comisión, por lo tanto, que presente una propuesta legislativa sobre una Ley de Procedimiento Administrativo de la Unión Europea, teniendo en cuenta los pasos dados por el Parlamento Europeo hasta la fecha en este ámbito;

56.  Subraya que una integración inadecuada de las cuestiones medioambientales en otras políticas es una de las causas fundamentales de la mala aplicación de la legislación y la política medioambientales;

57.  Resalta la necesidad de mantener un alto nivel de protección del medio ambiente, así como de la salud y la seguridad alimentaria;

58.  Subraya que el cumplimiento eficaz de las normas de la Unión en materia de salud, seguridad alimentaria y medio ambiente es importante para los ciudadanos europeos, ya que influye en su vida cotidiana y redunda en el interés general;

59.  Pide a la Comisión que siga de cerca los casos de infracción relacionados con el medio ambiente con una dimensión transfronteriza, en especial en el ámbito de la legislación en materia de aire limpio, incluidas la transposición y la aplicación correctas del Derecho de la Unión en los futuros Estados miembros; pide asimismo a la Comisión que informe a los denunciantes de un modo adecuado, transparente y oportuno acerca de los argumentos facilitados por los Estados de que se trate en relación con la denuncia;

60.  Observa que el número de procedimientos de infracción relativos al medio ambiente disminuyó en 2016 en comparación con 2015, pero se muestra preocupado ante el aumento del número de procedimientos en el ámbito de la salud y de la seguridad alimentaria, y pide a la Comisión que preste especial atención a este aspecto;

61.  Subraya que la igualdad entre mujeres y hombres es un principio fundamental de la Unión que hay que incorporar en todas las políticas;

62.  Subraya que el Estado de Derecho desempeña un papel fundamental por lo que respecta a la legitimidad de cualquier forma de gobernanza democrática; destaca que es una piedra angular del ordenamiento jurídico de la Unión y, como tal, es coherente con el concepto de una Unión basada en el Estado de Derecho;

63.  Recuerda que el principio de igualdad —en términos de igualdad de remuneración por igual trabajo— está consagrado en los Tratados europeos desde 1957 (véase el artículo 157 del TFUE) y destaca que el artículo 153 del TFUE permite a la Unión actuar en el ámbito general de la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación;

64.  Señala con satisfacción que la amplia interpretación por el TJUE del concepto de igualdad de remuneración por igual trabajo y su amplia jurisprudencia sobre el artículo correspondiente han ampliado ciertamente las posibilidades de combatir la discriminación salarial por razones de género tanto directa como indirecta y de reducir la brecha salarial de género, aunque destaca que aún queda mucho por hacer para eliminar la persistente brecha salarial de género en la Unión;

65.  Lamenta profundamente que la introducción de principios jurídicos que ilegalizan la desigualdad salarial entre hombres y mujeres no haya bastado por sí sola para erradicar la persistente brecha salarial de género; destaca que la Directiva 2006/54/CE refundida exige que los Estados miembros garanticen que las disposiciones de los convenios colectivos, los baremos o acuerdos salariales y los contratos individuales de trabajo que sean contrarios al principio de igualdad de retribución se declaren o puedan declararse nulos o modificarse;

66.  Destaca que tanto los Estados miembros como la Comisión deben prestar más atención a la aplicación del Derecho de la Unión, en especial de las disposiciones referentes a la igualdad de retribución; reitera la importancia de integrar el principio de igualdad entre mujeres y hombres en una serie de Directivas de la Unión y considera que los instrumentos alternativos son herramientas útiles para la correcta aplicación del Derecho de la Unión; recuerda la importancia de concienciar sobre las disposiciones de las directivas vigentes que abordan diferentes aspectos del principio de igualdad entre mujeres y hombres y de su aplicación práctica; destaca que la negociación colectiva puede permitir seguir aplicando la legislación de la Unión en materia de salario igual a trabajo igual entre hombres y mujeres, permisos parentales condiciones y jornada de trabajo, incluido un día de descanso semanal común para conciliar la vida laboral y familiar para las mujeres y los hombres y mejorar su situación en el mercado laboral;

67.  Se remite a su Resolución, de 15 de enero de 2013, en la que se solicitaba la adopción de un reglamento de la Unión sobre una ley de procedimiento administrativo de la Unión Europea en virtud del artículo 298 del TFUE; observa con decepción que la Comisión no ha atendido a la petición del Parlamento de que presentase una propuesta de acto legislativo relativo a la ley de procedimiento administrativo;

68.  Reconoce la importancia de recopilar datos, cuando sea posible desglosados por sexo, para evaluar los progresos realizados en la promoción de los derechos de las mujeres;

69.  Lamenta el deficiente enfoque adoptado por la Comisión en materia de bienestar animal, que ignora las graves incoherencias señaladas por un gran número de ciudadanos que han ejercido el derecho de petición; reitera su petición de que se lance una nueva estrategia a escala de la Unión para colmar todas las lagunas existentes y garantizar la protección plena y efectiva del bienestar de los animales gracias a un marco legislativo claro y exhaustivo que cumpla íntegramente los requisitos del artículo 13 del TFUE;

70.  Pide a la Comisión que examine detenidamente las peticiones que tengan que ver con las diferencias de calidad de los productos alimenticios de la misma marca en los distintos Estados miembros; insta a la Comisión a que ponga fin a las prácticas desleales y garantice que todos los consumidores reciban el mismo trato;

71.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0385.
(2) DO L 304 de 20.11.2010, p. 47.
(3) DO L 174 de 27.6.2001, p. 25.
(4) DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
(5) DO C 316 de 22.9.2017, p. 246.
(6) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0409.
(7) DO C 86 de 6.3.2018, p. 126.
(8) DO C 440 de 30.12.2015, p. 17.
(9) DO C 369 de 17.12.2011, p. 14.
(10) DO C 369 de 17.12.2011, p. 15.
(11) DO C 18, 19.1.2017, p. 10.
(12) Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 20 de septiembre de 2016, en los asuntos acumulados C-8/15 P a C-10/15 P, Ledra Advertising Ltd (C-8/15 P), Andreas Eleftheriou (C-9/15 P), Eleni Eleftheriou (C-9/15 P), Lilia Papachristofi (C-9/15 P), Christos Theophilou (C-10/15 P), Eleni Theophilou (C-10/15 P) contra Comisión Europea y Banco Central Europeo (ECLI:EU:C:2016:701).
(13) DO L 193 de 19.7.2016, p. 1.
(14) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0414.
(15) DO L 124 de 17.5.2005, p. 4.
(16) ACCC/C/2008/32 (UE), parte II, adoptado el 17 de marzo de 2017.
(17) DO L 186 de 19.7.2017, p. 15.
(18) DO L 348 de 24.12.2008, p. 98.

Última actualización: 8 de enero de 2019Aviso jurídico - Política de privacidad