El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Moldavia, en particular la de 21 de enero de 2016 sobre los Acuerdos de Asociación / Zonas de Libre Comercio de Alcance Amplio y Profundo con Georgia, Moldavia y Ucrania(1) (AA/ZLCAP),

–  Visto el Acuerdo de Asociación con la República de Moldavia de 3 de abril de 2018,

–  Vista su resolución legislativa de 4 de julio de 2017 sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y el Consejo relativa a la concesión de una ayuda macrofinanciera a la República de Moldavia(2),

–  Vista la declaración conjunta del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión que establece las condiciones políticas previas para la concesión de asistencia macrofinanciera a la República de Moldavia, adjunta a la resolución legislativa de 4 de julio de 2017,

–  Vista la votación del Parlamento de la República de Moldavia de 20 de julio de 2017 en la que se aprobaron cambios en el sistema electoral,

–  Vistas las recomendaciones de la OSCE/OIDDH y de la Comisión de Venecia de 19 de julio de 2017,

–  Vistas las declaraciones de 21 de junio de 2018 del presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, de su ponente sobre Moldavia y del copresidente de Euronest, así como las declaraciones de los días 20 y 27 de junio de 2018 del Servicio Europeo de Acción sobre la validación de la elección del alcalde de Chisináu,

–  Visto el artículo 2 del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la República de Moldavia, en virtud del cual el «respeto de [...] los principios democráticos, los derechos humanos y las libertades fundamentales [...] serán la base de las políticas interior y exterior de las Partes y constituyen un elemento esencial del presente Acuerdo»,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que Andrei Năstase ganó las elecciones anticipadas a la alcaldía de Chisináu tras unos comicios a doble vuelta celebrados el 20 de mayo y el 3 de junio de 2018, obteniendo el 52,57 % de los votos, frente al 47,43 % de su rival Ion Ceban;

B.  Considerando que los observadores internacionales de las elecciones a la alcaldía de Chisináu reconocieron los resultados y la naturaleza competitiva de los comicios;

C.  Considerando que el 19 de junio de 2018 un tribunal de Chisináu invalidó los resultados de las elecciones a la alcaldía, alegando que ambos candidatos habían apelado a los votantes a través de las redes sociales en el día mismo de los comicios, es decir, ya concluida legalmente la campaña electoral; que ninguno de los contendientes en el proceso electoral pidió la anulación de los comicios;

D.  Considerando que el 21 de junio de 2018 un tribunal de apelación de Chisináu ratificó la resolución del tribunal inferior, concluyendo que las comunicaciones de las redes sociales con los votantes habían influido ilegalmente en el resultado de las elecciones;

E.  Considerando que el 25 de junio de 2018 el Tribunal Supremo de Moldavia ratificó las decisiones de los tribunales inferiores de invalidar los resultados de las elecciones a la alcaldía de Chisináu;

F.  Considerando que el 29 de junio de 2018 la Comisión Electoral Central de Moldavia confirmó la decisión del Tribunal Supremo de invalidar las elecciones a la alcaldía de Chisináu;

G.  Considerando que invitación a «acudir a votar», que los tribunales consideraron un elemento de presión y de influencia indebida sobre los electores, ha sido una práctica común en anteriores elecciones en Moldavia que en ningún caso se tradujo en la anulación de estas;

H.  Considerando que este hecho puede comprometer la adhesión del país a los valores y principios europeos y socava aún más la ya de por sí precaria confianza de los ciudadanos moldavos en las instituciones públicas; que los partidos políticos moldavos han declarado que el hecho sienta un peligroso precedente para las futuras elecciones y que miles de personas se han manifestado contra la decisión de los tribunales de Chisináu;

I.  Considerando que la comunidad internacional, incluidos la Unión Europea y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, ha criticado la decisión, subrayando que la voluntad de los votantes debe respetarse;

J.  Considerando que la UE y Moldavia han adquirido el compromiso común de hacer avanzar su asociación política y su integración económica, un proceso que implica la adopción y aplicación de reformas estructurales y de otros cambios sustanciales por parte del país, en consonancia con las disposiciones del AA/ZLCAP y la Agenda de Asociación, y también el compromiso por parte de Moldavia de salvaguardar los valores europeos, incluidos el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la democracia, la igualdad y el Estado de Derecho;

K.  Considerando que la anulación de las elecciones es un signo preocupante y sintomático del continuo deterioro en la aplicación de los principios democráticos en Moldavia, y recordando en particular que un poder judicial independiente y transparente es un pilar fundamental de la democracia y el Estado de Derecho; que esta anulación demuestra la creciente propensión hacia el autoritarismo y la arbitrariedad y el notable deterioro de la confianza de los ciudadanos en sus autoridades e instituciones;

L.  Considerando que el Parlamento de la República de Moldavia, en contra de las recomendaciones negativas de la OSCE/OIDDH y la Comisión de Venecia, aprobó en julio de 2017 una polémica reforma de la ley electoral, que suscitó preocupación por el riesgo de influencia indebida sobre los candidatos, la implantación de circunscripciones uninominales y de umbrales excesivos para la representación parlamentaria en el componente proporcional, y el riesgo de una insuficiente representación de las minorías y las mujeres; que la Comisión de Venecia asimismo subrayó que la polarización existente en torno a esta iniciativa legislativa no es un signo de una consulta constructiva y de un amplio consenso entre las partes interesadas;

M.  Considerando que según la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, en Moldavia los defensores de los derechos humanos y los periodistas son víctimas de campañas de estigmatización y se enfrentan a cargos penales por motivos políticos o se ven amenazados cuando defienden a disidentes, al tiempo que el acceso de los periodistas a la información es restringido;

N.  Considerando que, en octubre de 2017, debido a la insuficiencia de los avances en la reforma del sistema judicial en Moldavia y al incumplimiento de las condiciones de la Unión Europea, esta tomó la decisión de retener un pago de 28 millones de euros correspondiente al programa de reforma de la justicia de la Unión;

1.  Expresa su profunda preocupación por la decisión del Tribunal Supremo de Moldavia de anular los resultados de las elecciones a la alcaldía de Chisináu, adoptada por motivos dudosos y de manera no transparente, lo que ha socavado de manera significativa la integridad del proceso electoral;

2.  Recuerda que unas elecciones creíbles, transparentes, equitativas e integradoras constituyen la piedra angular de todo sistema democrático en el que se mantengan la imparcialidad e independencia del poder judicial contra cualquier tipo de influencia política, así como la base de la confianza en el sistema político del país, y observa que las injerencias políticas en el poder judicial y en la celebración de elecciones son contrarias a las normas europeas a que Moldavia se ha adherido, en particular en el marco del Acuerdo de Asociación UE-Moldavia;

3.  Expresa su firme solidaridad con las demandas de los miles de personas que protestaron en las calles de Chisináu exigiendo que las autoridades moldavas adoptasen medidas adecuadas para garantizar que los resultados de las elecciones a la alcaldía, reflejo de la voluntad de los votantes y reconocidos también por observadores nacionales e internacionales, sean respetados; pide a las autoridades que garanticen el derecho de manifestación pacífica;

4.  Insta a las autoridades moldavas a que garanticen el funcionamiento de los mecanismos democráticos; insiste en que tanto el poder ejecutivo como el poder judicial observen el principio de separación de poderes, respalden plenamente los principios democráticos y respeten el Estado de Derecho;

5.  Expresa su profunda preocupación por el continuo deterioro de la calidad democrática en Moldavia; reconoce que la citada resolución de los tribunales, que ya se ha calificado varias veces como motivada e influida políticamente, es un ejemplo de apropiación del Estado y pone de manifiesto una muy profunda crisis de las instituciones en Moldavia; lamenta que, a pesar de los numerosos llamamientos de la comunidad internacional, las autoridades sigan socavando la confianza de los ciudadanos en la equidad y la imparcialidad de las instituciones estatales;

6.  Considera que, a raíz de la decisión de invalidar las elecciones a la alcaldía de Chisináu, no se cumplen las condiciones políticas para el desembolso de la ayuda macrofinanciera (AMF), y recuerda que una condición previa para la concesión de AMF es que el país beneficiario respete una serie de mecanismos democráticos efectivos, en particular un sistema parlamentario multipartidista y el Estado de Derecho, y garantice el respeto de los derechos humanos;

7.  Insta a la Comisión a que suspenda cualquier desembolso previsto de AMF a Moldavia; considera que cualquier decisión sobre los futuros desembolsos solo debe tener lugar después de las elecciones parlamentarias previstas y a condición de que estas se lleven a cabo con arreglo a las normas reconocidas internacionalmente y sean evaluadas por los organismos internacionales especializados, y de que se hayan cumplido las condiciones de la AMF;

8.  Pide a la Comisión que suspenda el apoyo presupuestario a Moldavia, utilizando el precedente de julio de 2015, cuando se produjo dicha suspensión tras la crisis bancaria; considera que debería adoptarse el mecanismo para la suspensión del apoyo presupuestario de la Unión como reacción a la anulación de las elecciones a la alcaldía de Chisináu, debiendo incluir una lista de condiciones para ser aplicadas por las autoridades moldavas, como la validación de las elecciones de Chisináu, la realización de una investigación exhaustiva, concreta y transparente orientada a resultados, la recuperación de activos y el encausamiento de los autores en el caso del fraude bancario, entre otras;

9.  Solicita a las autoridades que apliquen en su totalidad las recomendaciones de la OSCE/OIDDH y de la Comisión de Venecia en materia de reforma electoral;

10.  Reitera su inquietud por la concentración de poder económico y político en manos de un grupo restringido de personas, por el deterioro del Estado de Derecho, de la calidad democrática y del respeto de los derechos humanos, por la excesiva politización de las instituciones estatales, por la corrupción sistémica, por la insuficiencia de la investigación del fraude bancario de 2014 y por lo limitado del pluralismo de los medios de comunicación; expresa su preocupación por la falta de independencia del poder judicial, y en particular por los casos de justicia selectiva utilizados como instrumento para ejercer presión sobre los opositores políticos; pide a las autoridades moldavas que reformen el sistema judicial, incluido el nombramiento de nuevos jueces, a fin de evitar que el poder judicial intervenga en el proceso político y electoral o adultere de cualquier otra forma la voluntad democráticamente expresada del pueblo moldavo;

11.  Manifiesta su preocupación por el hecho de que los opositores políticos y sus abogados sean perseguidos por las autoridades moldavas mediante acusaciones y actuaciones penales amañadas, y advierte de que de este modo las autoridades vulneran el Estado de Derecho y los derechos de los opositores políticos y sus abogados;

12.  Lamenta el hecho de que, tras el fraude bancario de 2014, durante el cual un total de aproximadamente mil millones de dólares estadounidenses fue sustraído del sistema financiero moldavo, las autoridades moldavas hayan hecho escasos avances en la realización de una investigación exhaustiva e imparcial al respecto; insta a que se realicen esfuerzos decididos para recuperar los fondos sustraídos y llevar a los responsables ante la justicia, con independencia de su afiliación política; considera que ello es indispensable para restablecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones moldavas y recuperar la credibilidad de las autoridades;

13.  Pide a las autoridades moldavas que respeten las mejores prácticas y los principios internacionales y que garanticen un entorno propicio para la sociedad civil; manifiesta su preocupación, en particular, por la inclusión en el actual proyecto legislativo sobre las ONG, actualmente objeto de debate en el Parlamento, de disposiciones que podrían frenar la financiación extranjera de ONG moldavas;

14.  Pide al Parlamento moldavo que consulte a la sociedad civil y a los medios de comunicación independientes antes de la adopción definitiva del nuevo Código Audiovisual, y que rechace su «reforma de doble destino»; expresa su preocupación sobre si los medios de comunicación independientes, locales y opositores de Moldavia, que, entre otras cosas, carecen de recursos suficientes, podrán aplicar los requisitos del nuevo Código relativos a contenidos locales obligatorios;

15.  Pide al SEAE y a la Comisión que sigan de cerca los avances en todos estos ámbitos y que mantengan al Parlamento debidamente informado;

16.  Encarga a su presidente que transmita la presente resolución a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Servicio Europeo de Acción Exterior, al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros, al presidente, al primer ministro y al presidente del Parlamento de la República de Moldavia, a la OSCE/OIDDH y a la Comisión de Venecia.

(1) DO C 11 de 12.1.2018, p. 82. (2) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0283.