El Parlamento Europeo,

–  Vistos los artículos 208, 209, 210, 211 y 214 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Vistos la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible y el documento final aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015 titulado «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible» y los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),

–  Visto el Consenso Europeo en materia de Desarrollo «Nuestro mundo, nuestra dignidad, nuestro futuro»(1), aprobado en mayo de 2017,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de octubre de 2015, titulada «Comercio para todos: Hacia una política de comercio e inversión más responsable» (COM(2015)0497),

–  Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 2 de mayo de 2017, titulado «Digital4Development: mainstreaming digital technologies and services into EU Development Policy» (Digitalización para el desarrollo: integración de los servicios y tecnologías digitales en la política de desarrollo de la UE) (SWD(2017)0157),

–  Vista la Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa, aprobada en mayo de 2015,

–  Visto el Plan Europeo de Inversiones Exteriores,

–  Visto el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la aplicación de la estrategia de política comercial «Comercio para todos»: una política comercial equilibrada y progresista para encauzar la globalización (COM(2017)0491),

–  Vista su Resolución, de 12 de diciembre de 2017, titulada «Hacia una estrategia de comercio digital»(2),

–  Vista su Resolución, de 16 de diciembre de 2015, sobre la preparación para la Cumbre Humanitaria Mundial: retos y oportunidades para la ayuda humanitaria(3),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de mayo de 2014, titulada «Reforzar el papel del sector privado para lograr un crecimiento inclusivo y sostenible en los países en desarrollo» (COM(2014)0263),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de noviembre de 2017, sobre digitalización para el desarrollo,

–  Vista la Undécima Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en Buenos Aires (Argentina) del 10 al 13 de diciembre de 2017,

–  Vistas las iniciativas de apoyo a los países en desarrollo (UIT-D) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de las Naciones Unidas,

–  Visto el Acuerdo sobre Tecnología de la Información (ATI) de la Organización Mundial del Comercio,

–  Vista la Declaración Ministerial realizada en Cancún en 2016 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre la economía digital,

–  Vista la Declaración conjunta realizada por los ministros del G7 del ámbito de las TIC en su reunión en Takamatsu (Japón) de los días 29 y 30 de abril de 2016,

–  Vista la iniciativa «Comercio Electrónico para Todos» de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD),

–  Vistos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo (A/RES/61/106),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Desarrollo (A8-0338/2018),

A.  Considerando que el Consenso Europeo en materia de Desarrollo de 2017 subraya la importancia de las tecnologías y servicios de la información y la comunicación como elementos que facilitan el crecimiento inclusivo y el desarrollo sostenible;

B.  Considerando que la estrategia de la Comisión sobre la digitalización para el desarrollo incluye el crecimiento económico y los derechos humanos, la salud, la educación, la agricultura y la seguridad alimentaria, las infraestructuras básicas, el agua y el saneamiento, la gobernanza, la protección social y los objetivos transversales en materia de género y medio ambiente;

C.  Considerando que las tecnologías digitales ofrecen potencial para garantizar la sostenibilidad y la protección del medio ambiente; que, no obstante, la producción de equipos digitales utiliza determinados metales raros con bajo índice de reciclabilidad y escasas reservas accesibles, y que los residuos de aparatos electrónicos y eléctricos constituyen un reto para el medio ambiente y la salud; que, según un estudio conjunto del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) e Interpol(4), los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos son un ámbito prioritario de la delincuencia ambiental;

D.  Considerando que, de conformidad con los datos actualizados de 2017 de la base de datos de la iniciativa del Banco Mundial Identificación para el Desarrollo, se estima que unos 1 100 millones de personas en todo el mundo no pueden demostrar oficialmente su identidad, en particular su inscripción de nacimiento, y que el 78 % de esas personas viven en el África subsahariana y en Asia; que esto constituye una barrera importante para alcanzar el Objetivo n.º 16.9 de los ODS, pero también para poder ser un agente en el entorno digital y beneficiarse de él;

E.  Considerando que los ODS mencionan explícitamente las tecnologías digitales en cinco de los objetivos (ODS 4 sobre la educación; ODS 5 sobre la igualdad de género; ODS 8 sobre el trabajo decente y el crecimiento económico; ODS 9 sobre industria, innovación e infraestructuras; ODS 17 sobre las alianzas);

F.  Considerando que los ODS subrayan que facilitar un acceso a internet universal y asequible para las personas de los países menos adelantados (PMA) de aquí a 2020 será crucial para fomentar el desarrollo, puesto que el desarrollo de una economía digital podría ser un motor para el empleo digno y el crecimiento inclusivo, el volumen de las exportaciones y su diversificación;

G.  Considerando que, según la UNCTAD, la digitalización cada vez genera más monopolios y plantea nuevos retos para las políticas antimonopolio y de competencia, tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados(5);

H.  Considerando que, en su examen general de la aplicación de los resultados de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información(6), la Asamblea General de las Naciones Unidas se comprometió a encauzar el potencial de las TIC para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y otros objetivos de desarrollo acordados a nivel internacional, señalando que las TIC podrían acelerar el progreso de los diecisiete ODS;

I.  Considerando que la conectividad sigue siendo un reto y una preocupación que se encuentra en el origen de varias brechas digitales en cuanto al acceso a las TIC y su uso;

J.  Considerando que la velocidad a la que se está desplegando la economía digital y las brechas significativas existentes en los países en desarrollo en relación con la economía digital en términos de desarrollo de políticas nacionales seguras, normativa y protección de los consumidores, señalan la urgente necesidad de ampliar el desarrollo de capacidades y la asistencia técnica a los países en desarrollo, especialmente los PMA;

K.  Considerando que la alfabetización y las capacidades digitales son elementos clave que posibilitan la mejora y el progreso social y personal, el fomento del espíritu emprendedor y la construcción de unas economías digitales fuertes;

L.  Considerando que la digitalización también debería contribuir a mejorar la prestación de asistencia humanitaria y la resiliencia, la prevención de riesgos de catástrofe y el apoyo transitorio, vinculando la ayuda humanitaria y la ayuda al desarrollo en contextos frágiles y afectados por conflictos;

M.  Considerando que más de la mitad de la población mundial aún está fuera de línea y que se ha producido un lento avance hacia la consecución del ODS 9, consistente en aumentar significativamente el acceso a las TIC y esforzarse por facilitar un acceso a internet universal y asequible en los PMA para 2020;

N.  Considerando que en todo el planeta se está produciendo un drástico aumento de los servicios móviles y que el número de usuarios de teléfonos móviles está sobrepasando la cifra de personas con acceso a electricidad, saneamiento o agua potable;

O.  Considerando que la innovación humanitaria debe ser coherente con los principios humanitarios (humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia) y con el principio de dignidad;

P.  Considerando que la innovación humanitaria debe darse con el objetivo de promover los derechos, la dignidad y las capacidades de la población destinataria, y que debe ser posible que todos los miembros de una comunidad afectada por una crisis puedan beneficiarse de la innovación, sin obstáculos discriminatorios a su uso;

Q.  Considerando que se deben utilizar el análisis y la mitigación de riesgos para evitar daños no deliberados, incluidos los que afectan a la privacidad y la seguridad de los datos y tienen efectos en las economías locales;

R.  Considerando que la experimentación, los proyectos piloto y los ensayos deben realizarse de conformidad con las normas éticas reconocidas a nivel internacional;

La necesidad de apoyar la digitalización de los países en desarrollo

1.  Acoge con satisfacción la estrategia de la Comisión sobre la digitalización para el desarrollo, pues integra las tecnologías digitales en la política de desarrollo de la Unión, que debe tener como objetivo contribuir al logro de los ODS; insiste en la importancia de reforzar una digitalización centrada en los ODS; recuerda que la revolución digital plantea a las sociedades un nuevo conjunto de retos, que conllevan tanto riesgos como oportunidades;

2.  Reitera el enorme potencial de la tecnología y los servicios digitales para la consecución de los ODS, siempre que se adopten medidas para abordar los efectos disruptivos de las tecnologías, como la automatización del trabajo, el impacto sobre la empleabilidad, la exclusión digital y la desigualdad, la ciberseguridad, la privacidad de los datos y las cuestiones reglamentarias; recuerda que toda estrategia digital debe ser plenamente acorde con la ejecución de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y contribuir a esta, en especial por lo que respecta al ODS 4 sobre una educación de calidad, el ODS 5 sobre el logro de la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas, el ODS 8 sobre el trabajo decente y el crecimiento económico, y el ODS 9 sobre industria, innovación e infraestructuras; recuerda asimismo que, si se han de alcanzar los ODS para 2030, es necesaria una alianza mundial, nacional, regional y local reforzada entre los agentes gubernamentales, científicos, económicos y de la sociedad civil;

3.  Señala que, a pesar del aumento de la penetración de internet, muchos países en desarrollo y economías emergentes van a la zaga a la hora de beneficiarse de la digitalización, muchas personas siguen sin tener acceso a las TIC y existen grandes disparidades tanto entre países como entre las zonas urbanas y rurales; recuerda que la tecnología digital sigue siendo un instrumento y no un fin, y considera que, dadas las limitaciones financieras, debe darse prioridad a los medios más eficaces para alcanzar los ODS, y que en algunos países, aunque la digitalización pueda ser útil, sigue siendo necesario satisfacer las necesidades humanas básicas, especialmente en lo que se refiere al acceso a los alimentos, la energía, el agua y el saneamiento, la educación y la salud, tal como se destaca en el informe de las Naciones Unidas sobre los ODS de 2017; considera, no obstante, que las condiciones para el desarrollo de la tecnología digital deben integrarse desde el principio del diseño de la infraestructura, aunque esto se logre en una fase posterior;

4.  Subraya que es imprescindible que toda estrategia de comercio digital se ajuste plenamente al principio de coherencia de las políticas en favor del desarrollo, que es esencial para alcanzar los ODS; hace hincapié en que el acceso a la conectividad a internet y a métodos digitales de pago que sean fiables y conformes a las normas internacionales, junto con legislación para proteger a los consumidores de bienes y servicios en línea, los derechos de propiedad intelectual, las normas de protección de los datos de carácter personal y una legislación fiscal y aduanera adecuada en materia de comercio electrónico, son esenciales para permitir el comercio digital, el desarrollo sostenible y el crecimiento inclusivo; observa, a este respecto, el potencial que reviste el acuerdo sobre facilitación del comercio para apoyar las iniciativas digitales en los países en desarrollo y facilitar el comercio transfronterizo;

5.  Pide que se elabore un plan de acción para la innovación técnica destinada a la asistencia humanitaria que garantice el cumplimiento de los principios jurídicos y éticos recogidos en documentos como el Consenso Europeo sobre Desarrollo «Nuestro mundo, nuestra dignidad, nuestro futuro», y «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible»;

6.  Subraya que todos los aspectos de la innovación humanitaria deben ser objeto de valoración y seguimiento, incluida una evaluación de los efectos primarios y secundarios del proceso de innovación; hace hincapié en que es necesario acometer un examen ético y un análisis de riesgos antes de iniciar proyectos humanitarios de innovación y digitalización, y que se debe incluir a expertos externos o terceras partes, en su caso;

7.  Pide que, en la acción exterior de la Unión, se apliquen los principios consagrados en la Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa, apoyando los marcos reglamentarios de los socios de la Unión;

8.  Pide financiación suficiente dentro del marco financiero plurianual (MFP) para 2021-2027 a fin de facilitar la optimización de las tecnologías digitales en todos los aspectos de la política de desarrollo;

9.  Observa que la introducción de la tecnología digital en los países en desarrollo a menudo se ha adelantado al establecimiento de las instituciones estatales, las normas jurídicas y otros mecanismos que podrían contribuir a gestionar los nuevos retos que surjan, en particular en lo que respecta a la ciberseguridad; destaca la importancia de una colaboración más estrecha entre investigadores e innovadores a nivel interregional, de fomentar actividades de investigación y desarrollo que promuevan el progreso científico y la transferencia de tecnología y conocimientos técnicos; pide que la digitalización ocupe un lugar destacado en el futuro acuerdo posterior al de Cotonú, como un elemento que facilite el desarrollo inclusivo y sostenible, de conformidad con las directrices de negociación;

10.  Pide más acciones conjuntas de cooperación en infraestructuras digitales, ya que ello debe convertirse en una de las actividades clave en las asociaciones de la Unión con organizaciones regionales, especialmente la Unión Africana; señala la importancia de la asistencia técnica y de la transferencia de conocimientos especializados a instituciones que estén desarrollando políticas digitales a nivel nacional, regional y continental;

11.  Pide que se introduzca la digitalización en las estrategias nacionales de desarrollo de los Estados miembros;

12.  Pide un esfuerzo intersectorial más coordinado e integral por parte de la comunidad internacional, incluidos los agentes no estatales, como los representantes de la sociedad civil, el tercer sector, las empresas privadas y el sector académico, para garantizar que la transición a una economía más digital no deje a nadie atrás y contribuya a la consecución de la Agenda de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, garantizando el acceso a las tecnologías y servicios digitales de todos los agentes económicos y ciudadanos y evitando un exceso de enfoques diferentes que creen incompatibilidades, solapamientos o lagunas en la legislación; pide asimismo una mejora de la articulación política entre la Unión, sus Estados miembros y otros agentes pertinentes, con miras a mejorar la coordinación, la complementariedad y la creación de sinergias;

13.  Señala que la tecnología, la inteligencia artificial y la automatización ya están sustituyendo a algunos empleos de media y baja cualificación; pide a la Comisión que promueva una digitalización centrada en los ODS y destaca que los niveles mínimos de protección social financiados por los Estados, son esenciales para hacer frente a algunos efectos disruptivos de las nuevas tecnologías, a fin de superar los cambios en los mercados laborales mundiales y en la división internacional del trabajo, que afectan especialmente a los trabajadores poco cualificados de los países en desarrollo;

14.  Pide que el sector privado contribuya de forma responsable a la digitalización para el desarrollo mediante la tecnología y la innovación, los conocimientos especializados, la inversión, la gestión del riesgo, y modelos empresariales y crecimiento sostenibles, que deben hacer énfasis en la prevención, la reducción, la reparación, el reciclado y la reutilización de materias primas;

15.  Lamenta que menos de la mitad de todos los países en desarrollo cuenten con legislación en materia de protección de datos, y alienta a la Unión a que preste asistencia técnica a las autoridades pertinentes en la elaboración de dicha legislación, basándose, en particular, en su experiencia y en su propia legislación, reconocida internacionalmente como modelo en este ámbito; subraya la necesidad de que se tengan en cuenta los costes que puede suponer la adecuación de esa legislación, en particular para las pymes; observa que, debido a la dimensión transfronteriza de la tecnología digital, es necesario evitar que la legislación sobre protección de datos varíe demasiado, ya que podría generar incompatibilidades;

16.  Pide a todas las partes interesadas que recopilen, traten, analicen y difundan datos y estadísticas a nivel local, regional, nacional y mundial, a fin de garantizar un elevado nivel de protección de los datos, de conformidad con las normas e instrumentos internacionales pertinentes y de forma que se traten de alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; señala que la recopilación exacta y oportuna de datos garantiza un seguimiento adecuado de la aplicación, el ajuste de las políticas y la intervención cuando sea necesario, así como la evaluación de los resultados obtenidos y su impacto; recuerda, sin embargo, que si bien la «revolución de los datos» facilita, acelera y abarata la producción y el análisis de datos procedentes de una amplia gama de fuentes, también plantea enormes retos en cuanto a la seguridad y la privacidad; destaca, por lo tanto, que la innovación en la recopilación de datos en los países en desarrollo no debe sustituir a las estadísticas oficiales sino solo completarlas;

17.  Lamenta la brecha digital persistente que existe dentro de cada país en términos de género, geografía, edad, ingresos, etnicidad, estado de salud o discapacidad, entre otros factores de discriminación; insiste, por lo tanto, en que la cooperación internacional para el desarrollo debe dirigirse hacia un mayor progreso e inclusión de las personas que se encuentran en una situación desfavorecida o vulnerable, promoviendo al mismo tiempo el uso responsable de las herramientas digitales y la concienciación adecuada sobre los posibles riesgos; pide que se apoye la innovación adaptada a las necesidades locales y la transición hacia economías basadas en el conocimiento;

18.  Pide, por lo tanto, que se hagan mayores esfuerzos para hacer frente a los retos de la exclusión digital por medio de la educación y la formación en capacidades digitales esenciales, así como iniciativas para facilitar el uso adecuado de las TIC y el uso de herramientas digitales en la aplicación de metodologías participativas, en función de la edad, la situación personal y los antecedentes, incluyendo a las personas mayores y las personas con discapacidad; señala que la cooperación internacional para el desarrollo podría basarse en las tecnologías digitales orientadas hacia una mejor integración de los grupos desfavorecidos, siempre que tengan acceso a las tecnologías digitales; acoge favorablemente iniciativas como la Africa Code Week, que contribuye al empoderamiento de los jóvenes africanos promoviendo la alfabetización digital; destaca la importancia del aprendizaje en línea y del aprendizaje a distancia para llegar a zonas alejadas y a personas de todas las edades;

19.  Pide la introducción de la alfabetización digital en los currículos de todos los niveles educativos, desde la escuela primaria a la universidad, en los países en desarrollo, con vistas a la adquisición de las capacidades necesarias para mejorar el acceso a información; considera, no obstante, que las herramientas de las TIC y las nuevas tecnologías no deben sustituir a los profesores y las escuelas reales, sino que deben utilizarse como un medio para mejorar el acceso a la educación y mejorar su calidad; destaca que las nuevas tecnologías son un instrumento clave para la difusión de los conocimientos, la formación de los profesores y la gestión de los centros; insiste asimismo en la necesidad de contar con mejores centros de formación locales (incluidas escuelas de programación) para formar a los desarrolladores y alentar la creación de soluciones informáticas y aplicaciones digitales acordes con la realidad y las necesidades locales;

20.  Subraya que colmar la brecha digital conlleva el despliegue de unas infraestructuras, especialmente en zonas rurales y alejadas, que resulten adecuadas en términos de cobertura de alta calidad y sean asequibles, fiables y seguras, así como el acceso a ellas; observa que las principales causas que obstaculizan la conectividad incluyen la pobreza y la falta de servicios esenciales, junto con unas redes terrestres subdesarrolladas, la falta de unas políticas públicas y unos marcos reglamentarios facilitadores, el elevado gravamen de productos y servicios digitales, una baja competencia de mercado y la ausencia de una red energética;

21.  Manifiesta su preocupación por la dependencia tecnológica de un pequeño número de agentes, en particular de los GAFA (Google, Apple, Facebook y Amazon), y pide que se desarrollen alternativas para promover la competencia; señala que este objetivo podrían llevarlo a cabo en asociación la Unión Europea y África;

22.  Recuerda que los países en desarrollo están lejos de ser inmunes a los ciberataques y pone de relieve los riesgos de perturbación de la estabilidad económica, política y democrática si no se garantiza la seguridad digital; pide a todas las partes interesadas del mundo digitalmente conectado que asuman una responsabilidad activa adoptando iniciativas concretas para promover una mayor concienciación y conocimiento sobre la ciberseguridad; señala, a tal fin, la importancia de desarrollar capital humano a todos los niveles para reducir las amenazas a la ciberseguridad por medio de la formación, la educación y una mayor concienciación, y de establecer marcos adecuados en materia de Derecho penal y transnacionales adecuados para luchar contra la ciberdelincuencia, así como de participar activamente en foros internacionales como el Foro Mundial de la OCDE sobre seguridad digital;

23.  Recuerda el potencial que la digitalización ofrece para la reducción de la brecha de inclusión social, acceso a la información y marginalidad económica en las zonas periféricas;

La digitalización: un instrumento para el desarrollo sostenible

24.  Acoge de buen grado el Plan Europeo de Inversiones Exteriores, por el que se promueve la inversión en soluciones digitales innovadoras para las necesidades locales, la inclusión financiera y la creación de empleo digno; señala que la digitalización supone una importante oportunidad de inversión y que, sobre la base del trabajo conjunto con las instituciones financieras europeas e internacionales y el sector privado, la financiación mixta constituiría por lo tanto un significativo instrumento para movilizar recursos financieros;

25.  Pide a la Comisión que ponga en marcha nuevas iniciativas que presten especial atención al desarrollo de infraestructuras digitales, el fomento de la gobernanza electrónica y las capacidades digitales, el refuerzo de la economía digital y la promoción de ecosistemas de empresas emergentes centradas en los ODS, que incluyan oportunidades de financiación para microempresas y pequeñas y medianas empresas a fin de permitirles interactuar digitalmente con empresas multinacionales y acceder a cadenas de valor mundiales;

26.  Pide a la Comisión que continúe integrando las tecnologías y los servicios digitales en la política de desarrollo de la Unión, tal y como se establece, entre otros, en la agenda de digitalización para el desarrollo; subraya la necesidad de promover el uso de las tecnologías digitales en ámbitos políticos específicos, como la gobernanza electrónica, la agricultura, la educación, la gestión del agua, la salud y la energía;

27.  Pide a la Comisión que aumente la inversión en infraestructuras digitales de los países en desarrollo, a fin de salvar la significativa brecha digital, de una forma eficaz orientada al desarrollo y basada en principios;

28.  Recuerda que las microempresas y las pymes de los países en desarrollo constituyen la mayor parte de las empresas y dan empleo a la mayoría de los trabajadores de los sectores manufacturero y de servicios; reitera que facilitar un comercio electrónico transfronterizo bien regulado puede tener un impacto directo sobre la mejora de los medios de subsistencia, el fomento de mayores niveles de vida y el impulso del empleo y del desarrollo económico; reafirma la contribución que podrían hacer tales esfuerzos a la igualdad de género, puesto que buena parte de dichas empresas pertenecen a mujeres y son dirigidas por estas; insiste en la necesidad de reducir los obstáculos jurídicos, administrativos y sociales al emprendimiento, en particular el de las mujeres; pide que la digitalización se utilice también para promover la educación y el desarrollo de capacidades para el emprendimiento en los países en desarrollo a la vez que se crea un entorno favorable para las empresas emergentes y las empresas innovadoras;

29.  Insiste en la necesidad de frenar el comercio de minerales cuya explotación financia conflictos armados o implica trabajos forzados; recuerda que el coltán está en la base de la mayoría de los dispositivos electrónicos (en particular los teléfonos inteligente) y que la guerra civil, a raíz de su explotación, extracción y comercio ilegal, que ha afectado a la región africana de los Grandes Lagos, en especial a la República Democrática del Congo, ha causado más de ocho millones de víctimas; pide que se ponga fin a la explotación de menores en las minas de coltán y a su comercio ilegal para conseguir una extracción y comercialización correctas que beneficie a la población local;

30.  Señala que la agricultura, como el mayor sector de la economía africana, puede potencialmente beneficiarse de las tecnologías digitales; subraya que las plataformas digitales pueden emplearse en los países en desarrollo para informar a los agricultores sobre los precios del mercado y conectarlos con compradores potenciales, así como para ofrecer información práctica sobre métodos de cultivo y tendencias del mercado, información meteorológica y advertencias y consejos sobre enfermedades de animales y plantas; subraya, no obstante, en un contexto en que la agricultura cada vez requiere más conocimientos y alta tecnología, que la agricultura digital también puede tener enormes efectos disruptivos de carácter social y medioambiental en los países en desarrollo, ya que el acceso a las últimas tecnologías puede seguir estando restringido a explotaciones agrícolas industrializadas de gran tamaño que operan en el mercado de las exportaciones y de los cultivos comerciales, mientras que los conocimientos y capacidades limitados podrían profundizar la marginación de las explotaciones agrícolas de pequeña escala en los países en desarrollo;

31.  Insiste en que la financiación de la Unión para la agricultura de los países en desarrollo debe estar en consonancia con el carácter transformador de la Agenda 2030 y del Acuerdo de París y, en consecuencia, con las conclusiones de la Evaluación Internacional del Papel del Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología en el Desarrollo Agrícola (IAASTD) y las recomendaciones del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación; subraya que esto implica reconocer la multifuncionalidad de la agricultura y efectuar una transición rápida de los monocultivos basados en el uso intensivo de productos químicos a una agricultura diversificada y sostenible basada en prácticas agroecológicas y en el refuerzo de los sistemas de alimentación locales y la agricultura a pequeña escala;

32.  Señala que las herramientas de las TIC pueden emplearse para difundir información que puede ser crucial durante las catástrofes naturales y tecnológicas y las emergencias, así como en zonas frágiles y afectadas por conflictos; subraya que las tecnologías digitales pueden permitir a las comunidades con bajos ingresos y otras comunidades vulnerables tener acceso a servicios básicos de calidad como la sanidad, la educación, el agua y la electricidad, así como a asistencia humanitaria y otros servicios públicos y privados; hace hincapié en la importancia de la lucha contra la desinformación en línea («noticias falsas») e insiste en la necesidad de programas específicos centrados en la alfabetización digital como herramienta para abordar estos retos;

33.  Hace hincapié en que la innovación tecnológica en el ámbito de la asistencia humanitaria es una prioridad, muy especialmente en el contexto de los desplazamientos forzosos, para contribuir a soluciones sostenibles que aporten estabilidad y dignidad a la vida de las personas y puedan facilitar el nexo con el desarrollo humanitario; acoge con satisfacción las iniciativas globales para facilitar la innovación humanitaria, como la Alianza Mundial para la Innovación Humanitaria, el Fondo para la Innovación Humanitaria y el Pulso Mundial de las Naciones Unidas, y pide que la Unión promueva datos abiertos y apoye firmemente a las comunidades globales de desarrolladores y diseñadores de software que estén construyendo tecnología abierta práctica con vistas a solucionar problemas internacionales humanitarios y de desarrollo;

34.  Recalca que tecnologías digitales como los SMS y las aplicaciones para teléfonos móviles pueden ofrecer nuevas herramientas asequibles para distribuir información importante, que podría ser usada por personas pobres o aisladas y por personas con discapacidad; toma nota del potencial de la tecnología de los teléfonos móviles, que puede comportar ventajas como unos costes de acceso más reducidos debido a una cobertura de red cada vez mayor, la facilidad de su uso y los costes cada vez menores de las llamadas y los mensajes de texto; recuerda asimismo, no obstante, que los teléfonos móviles generan riesgos para la salud y el medio ambiente, sobre todo por la extracción de recursos minerales y el aumento de los niveles de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos; subraya que la digitalización tiene potencial para impulsar o socavar la democracia, y pide a la Unión que, cuando promueva el uso de la innovación tecnológica en la ayuda al desarrollo, estudie debidamente estos riesgos a fin de controlar el uso indebido de las tecnologías digitales, y también para promover la gobernanza de internet;

35.  Subraya la importancia de construir un ecosistema sostenible para la economía digital con el fin de reducir el impacto ecológico ligado a la digitalización mediante el desarrollo de un uso eficiente de los recursos tanto en el sector digital como en el de la energía, en particular dando prioridad a la economía circular; pide que el Plan Europeo de Inversiones Exteriores (PEIE) apoye la responsabilidad del productor, en particular apoyando a las pymes que desarrollen actividades de reutilización, reparación y reacondicionamiento e incorporen sistemas de recogida en sus actividades con el fin de eliminar los componentes peligrosos utilizados en los aparatos eléctricos y electrónicos; pide que se mejore la concienciación de los consumidores sobre los efectos de los dispositivos electrónicos en el medio ambiente y que se aborde de forma eficaz la responsabilidad de las empresas en la fabricación de aparatos eléctricos y electrónicos; subraya, asimismo, la necesidad de apoyar la elaboración de estadísticas sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y las políticas nacionales sobre estos residuos en los países en desarrollo, a fin de minimizar la producción de estos residuos, evitar el vertido ilegal y el tratamiento inadecuado de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, promover el reciclado y crear empleos en los sectores del reacondicionamiento y el reciclado;

36.  Reconoce que las tecnologías digitales ofrecen al sector de la energía herramientas innovadoras para optimizar el uso de los recursos; recuerda, no obstante, que las tecnologías digitales dejan una importante huella ecológica, como consumidoras de recursos energéticos (se calcula que las emisiones de CO2 del sector digital suponen entre un 2 y un 5 % de las emisiones totales) y de metales (como plata, cobalto, cobre y tántalo), poniendo en duda su sostenibilidad a largo plazo; reafirma la necesidad de cambiar los modelos de producción y consumo para luchar contra el cambio climático;

37.  Reconoce el papel potencial de la tecnología digital para promover la democracia y la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones;

38.  Subraya la importancia de la creación y la puesta en marcha de plataformas digitales estatales a efectos informativos que aumenten las posibilidades de la población de conocer en profundidad sus propios derechos y los servicios ofrecidos por el Estado a los ciudadanos;

39.  Subraya que las aplicaciones de la administración electrónica contribuyen a que el acceso a los servicios públicos sea más rápido y barato, mejoran la coherencia y la satisfacción de los ciudadanos, facilitan la articulación y las actividades de la sociedad civil y aumentan la transparencia, contribuyendo así de forma notable a promover la democratización y a la lucha contra la corrupción; recalca el papel vital de la tecnología y la digitalización para lograr una política presupuestaria y una administración eficaces que permitan un aumento efectivo de la movilización de recursos nacionales y contribuyan a luchar contra la evasión y el fraude fiscales; insiste en que es imprescindible crear identidades digitales seguras, puesto que podría ayudar a determinar las cifras de personas necesitadas de determinados servicios básicos;

40.  Pide que se aprovechen las posibilidades ofrecidas por la tecnología digital para mejorar la inscripción de los niños en los registros de nacimientos, fallecimientos y matrimonios; señala que Unicef estima que, solo en el África subsahariana, 95 millones de niños no han sido inscritos al nacer(7) y, por lo tanto, no tienen un certificado de nacimiento, y que este hecho impide el reconocimiento legal del niño y, en consecuencia, su existencia como miembro de la sociedad desde su nacimiento y luego en su vida adulta, lo que distorsiona los datos demográficos de los países con consecuencias importantes para la evaluación de las necesidades de la población, en particular en lo que respecta al acceso a la educación o a la atención sanitaria;

41.  Reconoce el papel central de la tecnología digital en la gestión de los servicios sanitarios, en la respuesta de emergencia a las epidemias, en la difusión de campañas de salud pública, en el acceso público a los servicios de salud y en la formación destinada al personal sanitario, en el apoyo y la promoción de la investigación básica y en el desarrollo de los servicios de información de la sanidad y la sanidad electrónica; pide, por tanto, a los responsables políticos que introduzcan los marcos políticos y reglamentarios apropiados para ampliar los proyectos de sanidad electrónica, y a la Comisión que facilite los recursos financieros necesarios a este respecto;

42.  Acoge con satisfacción el programa en línea «DEVCO Academy», que permite formar en línea a personas de los países socios de la Unión; pide que se sigan desarrollando programas de formación para los responsables locales y el establecimiento de procedimientos para la solicitud de subvenciones de la Unión, a fin de que esos socios estén en condiciones de comprender mejor las expectativas, los objetivos y las condiciones y, de este modo, aumentar las posibilidades de que sus proyectos sean seleccionados; subraya que estas iniciativas, siempre que sean fácilmente accesibles, eficaces y pertinentes, tendrían un impacto positivo en la absorción de la ayuda y en la imagen de la Unión entre sus socios;

o
o   o

43.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y al Servicio Europeo de Acción Exterior.

(1) DO C 210 de 30.6.2017, p. 1. (2) DO C 369 de 11.10.2018, p. 22. (3) DO C 399 de 24.11.2017, p. 106. (4) Estudio del PNUMA e Interpol titulado «The Rise of Environmental Crime. A growing Threat to Natural Resources, Peace, Development and Security» (El aumento de los delitos ambientales: una creciente amenaza para los recursos naturales, la paz, el desarrollo y la seguridad), 2016. (5) UNCTAD: «South South Digital Cooperation for Industrialisation: A Regional Integration Agenda» (Cooperación digital Sur-Sur para la industrialización: una agenda regional para la integración), 2017. (6) Asamblea General de las Naciones Unidas, A/RES/70/125. (7) https://www.unicef.org/french/publications/files/UNICEF_SOWC_2016_French_LAST.pdf.