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Procedimiento : 2018/2967(RSP)
Ciclo de vida en sesión
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Textos presentados :

RC-B8-0562/2018

Debates :

PV 13/12/2018 - 7.1
CRE 13/12/2018 - 7.1

Votaciones :

PV 13/12/2018 - 9.8

Textos aprobados :

P8_TA(2018)0525

Textos aprobados
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Jueves 13 de diciembre de 2018 - Estrasburgo Edición definitiva
Irán, en particular el caso de Nasrín Sotudé
P8_TA(2018)0525RC-B8-0562/2018

Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de diciembre de 2018, sobre Irán, en particular el caso de Nasrín Sotudé (2018/2967(RSP))

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Irán,

–  Vistas la declaración sobre Irán, de 29 de noviembre de 2018, del relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, del relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, del presidente-relator del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, de la presidenta del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica, y del relator especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica de Irán,

–  Vistas las Directrices de la Unión sobre la pena de muerte, sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, sobre la libertad de expresión en internet y fuera de internet, y sobre los defensores de los derechos humanos,

–  Visto el Informe de 27 de septiembre de 2018 del relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica de Irán,

–  Vista la concesión del Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia y de Expresión a Nasrín Sotudé en 2012,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

–  Vistos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, de los que Irán es parte,

–  Vista la Carta de los Derechos de los Ciudadanos del presidente iraní,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que Nasrín Sotudé, destacada abogada iraní defensora de los derechos humanos, fue detenida el 13 de junio de 2018 por haber representado a una mujer que se enfrentaba a una pena de prisión por protestar pacíficamente contra la ley iraní que obliga a utilizar el hiyab retirándolo en público; que Nasrín Sotudé se encuentra en el ala destinada a las mujeres del centro penitenciario de Evin desde su detención y que el 26 de noviembre de 2018 comenzó su tercera huelga de hambre para protestar contra la negativa de las autoridades iraníes a autorizar que Farhad Meysami reciba tratamiento hospitalario;

B.  Considerando que Nasrín Sotudé fue informada de que estaba privada de libertad como consecuencia de una condena de cinco años de prisión que le fue impuesta en rebeldía por un juez de un Tribunal Revolucionario en 2015; y que fue acusada de «espionaje en la clandestinidad»;

C.  Considerando que Nasrín Sotudé recibió el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia en 2012 in absentia por su trabajo y su compromiso con los derechos humanos; que Nasrín Sotudé ha hecho campaña a favor de los derechos humanos en Irán durante mucho tiempo de forma incansable y que ya ha pasado varios años en prisión debido a su labor; así como que su enjuiciamiento y los cargos presentados contra ella demuestran hasta qué punto el poder judicial iraní está criminalizando el activismo en materia de derechos humanos;

D.  Considerando que Nasrín Sotudé ha hecho referencia públicamente en varias ocasiones a las deficiencias del Estado de Derecho en Irán y a las insuficiencias de su sistema judicial; que la detención de Nasrín Sotudé se inscribe en una intensificación de la represión contra los defensores de los derechos de la mujer en Irán; y que los defensores de los derechos de las mujeres que han luchado activamente a favor de la emancipación y de los derechos de la mujer han sido víctimas de acoso y de detención y encarcelamiento arbitrarios, y que se han violado su derecho a las garantías procesales y a un juicio justo;

E.  Considerando que, en septiembre de 2018, su marido, Reza Jandan, fue detenido por manifestarse pacíficamente a favor de la liberación de Nasrín Sotudé y que fue acusado de difundir propaganda contra el sistema y de promover la práctica de comparecer en público sin velo, entre otros cargos;

F.  Considerando que, en Irán, las protestas de la sociedad civil contra la pobreza, la inflación, la corrupción y el autoritarismo político se han incrementado y que han sido objeto de una dura represión por parte de las autoridades iraníes; que los servicios de inteligencia iraní han intensificado su represión contra los trabajadores de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos, los abogados, los activistas medioambientales, los defensores de los derechos de la mujer, los estudiantes, los profesores, los conductores de camiones y los activistas pacíficos; y que en 2018 las autoridades iraníes han intensificado la represión contra aquellas personas que desean ejercer pacíficamente el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, y que han encarcelado a cientos de personas sobre la base de acusaciones genéricas y vagas relacionadas con la seguridad nacional;

G.  Considerando que los expertos en materia de derechos humanos de las Naciones Unidas han pedido a Irán que garantice los derechos de los defensores de los derechos humanos y de los abogados encarcelados por apoyar públicamente las protestas contra el uso obligatorio del hiyab en Irán;

H.  Considerando que el relator especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica de Irán ha reiterado las preocupaciones profundas expresadas anteriormente por el secretario general de las Naciones Unidas, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y su predecesor con respecto a la persistencia de las ejecuciones de delincuentes juveniles en Irán;

I.  Considerando que las graves violaciones de los derechos de las minorías religiosas y étnicas en Irán han sido recogidas en los informes del relator especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica de Irán y del secretario general de las Naciones Unidas, incluidas las acusaciones de discriminación contra las minorías religiosas, incluidos los cristianos y la comunidad bahaí;

J.  Considerando que los tribunales iraníes no garantizan procesos ni las garantías procesales y ni el derecho a un juicio justo, deniegan el acceso a la asistencia de un abogado, en particular durante el período de investigación, y que no permiten visitas consulares, de las Naciones Unidas o de organizaciones humanitarias; y que las condenas impuestas por el poder judicial iraní con frecuencia se basan en acusaciones vagas e imprecisas de espionaje y relacionadas con la seguridad;

K.  Considerando que son numerosas las informaciones existentes en relación con las condiciones inhumanas y degradantes que reinan en los centros penitenciarios y la falta de un acceso adecuado a la atención médica durante el encarcelamiento con el fin de intimidar, castigar o coaccionar a los presos, en contravención de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos;

L.  Considerando que el 12 de abril de 2018 el Consejo prorrogó hasta el 13 de abril de 2019 sus medidas restrictivas en respuesta a las graves violaciones de los derechos humanos en Irán, incluida la inmovilización de activos y la prohibición de visados a personas y entidades responsables de violaciones graves de los derechos humanos, así como la prohibición de las exportaciones a Irán de equipos que puedan utilizarse para la represión interna y de equipos para la vigilancia de las telecomunicaciones;

M.  Considerando que la Unión e Irán celebraron la cuarta reunión del diálogo político de alto nivel el 26 de noviembre de 2018 en Bruselas; y que se mantuvieron conversaciones sobre los derechos humanos como parte integrante del diálogo político entre la Unión e Irán y como continuación de los intercambios periódicos mantenidos en noviembre de 2017 y en febrero de 2016;

N.  Considerando que la aplicación efectiva de la Carta de los Derechos de los Ciudadanos constituiría un avance hacia la mejora de los derechos civiles del pueblo iraní;

1.  Pide al Gobierno de Irán que ponga en libertad de inmediato y sin condiciones a Nasrín Sotudé; alaba la valentía y el compromiso de Nasrín Sotudé; insta al sistema judicial de Irán a que respete las garantías procesales y el derecho a un juicio justo, y a que comunique información sobre los cargos que se imputan a Nasrín Sotudé;

2.  Pide a las autoridades iraníes que garanticen que el trato dispensado a Nasrín Sotudé se atiene a las condiciones establecidas en el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, aprobado mediante la Resolución 43/173, de 9 de diciembre de 1988, de la Asamblea General de las Naciones Unidas; recalca que las autoridades iraníes deben garantizar la seguridad y el bienestar de todas las personas que están privadas de libertad, también mediante la prestación de asistencia médica adecuada; pide a las autoridades iraníes que investiguen todas las denuncias de malos tratos a personas privadas de libertad y que lleven a los autores ante la justicia; condena la tortura sistemática practicada en las cárceles iraníes, y pide que se ponga fin de inmediato a todas las formas de tortura y malos tratos a todos los presos; pide a Irán que garantice, en la legislación y en la práctica, que nadie sea sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;

3.  Pide al Gobierno de Irán que respete los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluida la libertad de opinión y de expresión; pide que se ponga en libertad a todos los detenidos por el ejercicio pacífico de los derechos a la libertad de reunión, opinión y expresión, incluido Reza Jandan, así como a otros defensores de los derechos humanos, activistas medioambientales, sindicalistas, activistas de los derechos de la mujer y presos de conciencia; pide a las autoridades iraníes que respeten plenamente los derechos humanos universales de todas las personas, en particular el derecho a la libertad de expresión tanto en internet y fuera de internet; pide a las autoridades iraníes que respeten y protejan el derecho de reunión pacífica, y se abstengan de recurrir a la violencia para dispersar las reuniones no pacíficas;

4.  Manifiesta su comprensión y su solidaridad con la campaña contra el código de vestimenta obligatorio del país; condena la detención de las mujeres que se quitaron el velo como parte de la campaña, y pide su puesta en libertad inmediata e incondicional;

5.  Muestra su solidaridad con los iraníes que se manifiestan para mejorar su situación social y económica y reclaman derechos sociales y económicos;

6.  Expresa su profunda preocupación por la detención de ciudadanos con doble nacionalidad iraní y de la Unión a su llegada a Irán; subraya que estas detenciones reducen las oportunidades de contactos interpersonales, y pide a las autoridades iraníes que permitan a todos los iraníes viajar en condiciones de seguridad a su país de nacimiento;

7.  Pide a las autoridades iraníes que garanticen el derecho de todos los acusados a la asistencia de un abogado de su elección en todos los procesos judiciales sin limitaciones indebidas, así como el derecho a un juicio justo, en consonancia con los compromisos internacionales asumidos por Irán en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; pide al Gobierno iraní que garantice el derecho a las garantías procesales de todos los ciudadanos privados de libertad en Irán y les someta a un juicio justo;

8.  Pide a las autoridades iraníes que garanticen la libertad religiosa, de conformidad con la Constitución iraní y sus compromisos internacionales, y que pongan fin a la discriminación de las minorías religiosas y de los no creyentes; condena la persecución sistemática de la comunidad bahaí; pide asimismo a las autoridades iraníes que garanticen que todas las personas que residen en el país gocen de la misma protección ante la ley, independientemente de su etnia, religión o creencia;

9.  Pide a las autoridades iraníes que garanticen, sean cuales sean las circunstancias, que todos los defensores de los derechos humanos sean capaces de llevar a cabo en Irán sus actividades legítimas en pro de los derechos humanos sin temor a represalias y sin restricciones como la privación de libertad, la intimidación y el acoso judicial; pide a las autoridades iraníes que pongan fin a todos los actos de intimidación y represalia contra los defensores de los derechos humanos, en particular por ponerse en contacto con funcionarios de la Unión y de las Naciones Unidas y organizaciones independientes de defensa de los derechos humanos;

10.  Pide al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y a la Comisión que intensifiquen sus esfuerzos en apoyo de los galardonados con el Premio Sájarov que se encuentran en situación de riesgo, como es el caso de Nasrín Sotudé y de otros que han sido detenidos o condenados, o que se enfrentan a la pena de muerte o a juicios manifiestamente injustos en terceros países;

11.  Pide a los Estados miembros de la Unión que cuentan con misiones diplomáticas sobre el terreno que apliquen plenamente las Directrices de la Unión sobre defensores de los derechos humanos y presten todo el apoyo oportuno a Nasrín Sotudé y otros defensores de los derechos humanos, incluidas visitas a centros penitenciarios, la observación de juicios y la prestación de asistencia jurídica o de cualquier otro tipo que puedan necesitar;

12.  Condena enérgicamente el uso de la pena de muerte, incluido su uso contra los delincuentes juveniles, y pide a las autoridades iraníes que establezcan una moratoria inmediata del uso de la pena de muerte como paso previo a su abolición; toma nota de las modificaciones a la Ley sobre el tráfico de drogas, que deben reducir la aplicación de la pena de muerte;

13.  Reitera su llamamiento a Irán para que intensifique su compromiso con los mecanismos internacionales de derechos humanos mediante la cooperación con los relatores especiales y los mecanismos especiales, en particular aprobando las solicitudes de acceso al país por parte de los titulares de mandatos; subraya la necesidad de una colaboración más estrecha con el Consejo de Derechos Humanos;

14.  Pide a la Unión, incluida la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y a los Estados miembros que planteen sistemáticamente ante las autoridades iraníes las preocupaciones en materia de derechos humanos, tanto en público como en privado, en los foros bilaterales y multilaterales, incluida las relativas a la situación de los presos políticos y de los defensores de los derechos humanos y a la libertad de expresión y asociación, como condición esencial para seguir avanzando en las relaciones económicas y políticas; expresa su apoyo a las conversaciones sobre derechos humanos; destaca, no obstante, la necesidad de un diálogo formal entre la Unión e Irán en materia de derechos humanos que se base en los derechos humanos universales;

15.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al secretario general de las Naciones Unidas y al Gobierno y el Parlamento de Irán.

Última actualización: 7 de octubre de 2019Aviso jurídico - Política de privacidad