Índice 
Textos aprobados
Martes 11 de septiembre de 2018 - EstrasburgoEdición definitiva
Equivalencia de las inspecciones sobre el terreno ***I
 Sistema común del impuesto sobre el valor añadido en lo que respecta al régimen especial de las pequeñas empresas *
 Decisión de Ejecución relativa a la aplicación de medidas de control con respecto a las nuevas sustancias psicotrópicas ciclopropilfentanilo y metoxiacetilfentanilo *
 Movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para prestar asistencia a Bulgaria, Grecia, Lituania y Polonia
 Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 4/2018: movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para prestar asistencia a Bulgaria, Grecia, Lituania y Polonia
 Impacto de la política de cohesión de la Unión en Irlanda del Norte
 Medidas específicas para Grecia
 Vías de reintegración de los trabajadores en empleos de calidad tras recuperarse de una lesión o enfermedad
 Relaciones entre la Unión y terceros países en materia de regulación y supervisión de los servicios financieros
 Impulso al crecimiento y la cohesión en las regiones fronterizas de la UE
 Cuerpo Europeo de Solidaridad ***I
 Programa de apoyo a las reformas estructurales: dotación financiera y objetivo general ***I
 Programa de Euratom que complementa el Programa Marco Horizonte 2020*
 Medidas para prevenir y combatir el acoso sexual y psicológico en el lugar de trabajo, en los espacios públicos y en la vida política en la Unión
 Igualdad lingüística en la era digital
 Gestión transparente y responsable de los recursos naturales en los países en desarrollo: los bosques

Equivalencia de las inspecciones sobre el terreno ***I
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Resolución
Texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 11 de septiembre de 2018, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión 2003/17/CE del Consejo en lo que respecta a la equivalencia de las inspecciones sobre el terreno realizadas en Brasil en cultivos productores de semillas de plantas forrajeras y de cereales, y a la equivalencia de dichas semillas producidas en Brasil, y por lo que respecta a la equivalencia de las inspecciones realizadas en Moldavia en cultivos productores de semillas de cereales, de hortalizas y de plantas oleaginosas y textiles, y a la equivalencia de dichas semillas producidas en Moldavia (COM(2017)0643 – C8-0400/2017 – 2017/0297(COD))
P8_TA(2018)0318A8-0253/2018

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2017)0643),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8‑0400/2017),

–  Vista la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre la base jurídica propuesta,

–  Vistos el artículo 294, apartado 3, y el artículo 43, apartado 2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 14 de febrero de 2018(1),

–  Vistos los artículos 59 y 39 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A8-0253/2018),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidente que transmita su Posición al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 11 de septiembre de 2018 con vistas a la adopción de la Decisión (UE) 2018/... del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión 2003/17/CE del Consejo en lo que respecta a la equivalencia de las inspecciones sobre el terreno realizadas en la República Federativa de Brasil en cultivos productores de semillas de plantas forrajeras y de cereales, y a la equivalencia de dichas semillas producidas en la República Federativa de Brasil, y por lo que respecta a la equivalencia de las inspecciones realizadas en la República de Moldavia en cultivos productores de semillas de cereales, de hortalizas y de plantas oleaginosas y textiles, y a la equivalencia de dichas semillas producidas en la República de Moldavia

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, la Decisión (UE) 2018/1674.)

(1) DO C 227 de 28.6.2018, p. 76.


Sistema común del impuesto sobre el valor añadido en lo que respecta al régimen especial de las pequeñas empresas *
PDF 165kWORD 61k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 11 de septiembre de 2018, sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en lo que respecta al régimen especial de las pequeñas empresas (COM(2018)0021 – C8-0022/2018 – 2018/0006(CNS))
P8_TA(2018)0319A8-0260/2018

(Procedimiento legislativo especial – consulta)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2018)0021),

–  Visto el artículo 113 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C8-0022/2018),

–  Visto el artículo 78 quater de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A8-0260/2018),

1.  Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2.  Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el artículo 293, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

3.  Pide al Consejo que le informe si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

4.  Pide al Consejo que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente la propuesta de la Comisión;

5.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Texto de la Comisión   Enmienda
Enmienda 1
Propuesta de Directiva
Considerando 1
(1)  La Directiva 2006/112/CE del Consejo21 autoriza a los Estados miembros a continuar aplicando sus regímenes especiales a las pequeñas empresas, de conformidad con las disposiciones comunes y en aras de una armonización más avanzada. No obstante, dichas disposiciones están obsoletas y no reducen la carga de las pequeñas empresas asociada al cumplimiento, ya que fueron concebidas para un sistema común del impuesto sobre el valor añadido (IVA) basado en la imposición en el Estado miembro de origen.
(1)  La Directiva 2006/112/CE del Consejo21 autoriza a los Estados miembros a continuar aplicando sus regímenes especiales a las pequeñas empresas, de conformidad con las disposiciones comunes y en aras de una armonización más avanzada. No obstante, dichas disposiciones están obsoletas y no cumplen su objetivo de reducir la carga de las pequeñas empresas asociada al cumplimiento, ya que fueron concebidas para un sistema común del impuesto sobre el valor añadido (IVA) basado en la imposición en el Estado miembro de origen.
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21 DO L 347 de 11.12.2006, p. 1.
21 DO L 347 de 11.12.2006, p. 1.
Enmienda 2
Propuesta de Directiva
Considerando 2
(2)  En su plan de acción sobre el IVA22, la Comisión anunció un paquete global de medidas de simplificación del IVA en favor de las pequeñas empresas a fin de reducir sus cargas administrativas y contribuir al establecimiento de un entorno fiscal que facilite su crecimiento y al desarrollo del comercio transfronterizo. Ello llevaría aparejada una revisión del régimen especial de las pequeñas empresas, tal como se indicó en la Comunicación sobre el seguimiento del plan de acción sobre el IVA23. La revisión del régimen especial de las pequeñas empresas constituye por tanto un elemento importante del paquete de reformas que figura en el plan de acción sobre el IVA.
(2)  En su plan de acción sobre el IVA22, la Comisión anunció un paquete global de medidas de simplificación del IVA en favor de las pequeñas empresas a fin de reducir sus cargas administrativas y contribuir al establecimiento de un entorno fiscal que facilite su crecimiento y al desarrollo del comercio transfronterizo, así como a mejorar el cumplimiento de la normativa del IVA. Las pequeñas empresas de la Unión son especialmente activas en determinados sectores de funcionamiento transfronterizo, como la construcción, la comunicación, los servicios de restauración y el comercio minorista, y pueden constituir una importante fuente de empleo. Para alcanzar los objetivos del plan de acción sobre el IVA, es necesaria una revisión del régimen especial de las pequeñas empresas, tal como se indicó en la Comunicación sobre el seguimiento del plan de acción sobre el IVA23. La revisión del régimen especial de las pequeñas empresas constituye por tanto un elemento importante del paquete de reformas que figura en el plan de acción sobre el IVA.
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22 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo relativa a un plan de acción sobre el IVA - Hacia un territorio único de aplicación del IVA en la UE - Es hora de decidir [COM(2016)0148, de 7 de abril de 2016].
22 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo relativa a un plan de acción sobre el IVA - Hacia un territorio único de aplicación del IVA en la UE - Es hora de decidir [COM(2016)0148, de 7 de abril de 2016].
23 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo relativa al seguimiento del plan de acción sobre el IVA - Hacia un territorio único de aplicación del IVA en la UE - Es hora de decidir [COM(2017)0566, de 4 de octubre de 2017].
23 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo relativa al seguimiento del plan de acción sobre el IVA - Hacia un territorio único de aplicación del IVA en la UE - Es hora de decidir [COM(2017)0566, de 4 de octubre de 2017].
Enmienda 3
Propuesta de Directiva
Considerando 3
(3)  La revisión de este régimen especial está estrechamente vinculada a la propuesta de la Comisión por la que se establecen los principios de un sistema definitivo del IVA para el comercio transfronterizo entre empresas de los Estados miembros sobre la base de la tributación de las entregas transfronterizas de bienes en el Estado miembro de destino24. El paso del sistema del IVA a la tributación en el Estado miembro de destino ha dejado patente que algunas de las normas actuales no son adecuadas para un sistema tributario basado en el principio de destino.
(3)  La revisión de este régimen especial está estrechamente vinculada a la propuesta de la Comisión por la que se establecen los principios de un sistema definitivo del IVA para el comercio transfronterizo entre empresas de los Estados miembros sobre la base de la tributación de las entregas transfronterizas de bienes en el Estado miembro de destino24. El paso del sistema del IVA a la tributación en el Estado miembro de destino ha dejado patente que algunas de las normas actuales no son adecuadas para un sistema tributario basado en el principio de destino. Las principales dificultades que frenan el desarrollo del comercio transfronterizo para las pequeñas empresas residen en las complejas y distintas normas que regulan el IVA por toda la Unión, así como en el hecho de que la franquicia nacional para las pymes solo beneficia a las pequeñas empresas en el Estado miembro en que están establecidas.
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24 Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que se refiere a la armonización y la simplificación de determinadas normas del régimen del impuesto sobre el valor añadido y se introduce el régimen definitivo de tributación de los intercambios entre los Estados miembros [COM(2017)0569, de 4 de octubre de 2017].
24 Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que se refiere a la armonización y la simplificación de determinadas normas del régimen del impuesto sobre el valor añadido y se introduce el régimen definitivo de tributación de los intercambios entre los Estados miembros [COM(2017)0569, de 4 de octubre de 2017].
Enmienda 4
Propuesta de Directiva
Considerando 4
(4)  A fin de hacer frente al problema que supone la carga de cumplimiento desproporcionada que soportan las pequeñas empresas, deben poder aplicar medidas de simplificación no solo las empresas que se beneficien de la franquicia con arreglo a la normativa en vigor, sino también aquellas que se consideren pequeñas en términos económicos. A efectos de la simplificación de las normas del IVA, las empresas se considerarían «pequeñas» si en virtud de su volumen de negocios pudieran ser calificadas de microempresas con arreglo a la definición general establecida en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión25.
(4)  A fin de hacer frente al problema que supone la carga de cumplimiento desproporcionada que soportan las pequeñas empresas, deben poder aplicar medidas de simplificación no solo las empresas que se beneficien de la franquicia con arreglo a la normativa en vigor, sino también aquellas que se consideren pequeñas en términos económicos. La disponibilidad de tales medidas es especialmente relevante, ya que una mayoría de pequeñas empresas, con franquicia o no, se ven obligadas en la práctica a recurrir a los servicios de asesores o consultores externos para que les ayuden a cumplir sus obligaciones en materia de IVA, lo que representa una carga financiera añadida para esas empresas. A efectos de la simplificación de las normas del IVA, las empresas se considerarían «pequeñas» si en virtud de su volumen de negocios pudieran ser calificadas de microempresas con arreglo a la definición general establecida en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión25.
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25 Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (DO L 124 de 20.5.2003, p. 36).
25 Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (DO L 124 de 20.5.2003, p. 36).
Enmienda 5
Propuesta de Directiva
Considerando 6
(6)  Las pequeñas empresas solo pueden beneficiarse de la franquicia cuando su volumen de negocios anual se sitúa por debajo del umbral aplicado por el Estado miembro en que se devenga el IVA. Al fijar su umbral, los Estados miembros deben atenerse a las normas sobre umbrales establecidas por la Directiva 2006/112/CE. Dichas normas, la mayoría de las cuales se establecieron en 1977, han dejado de ser adecuadas.
(6)  Las pequeñas empresas solo pueden beneficiarse de la franquicia cuando su volumen de negocios anual se sitúa por debajo del umbral aplicado por el Estado miembro en que se devenga el IVA. Al fijar su umbral, los Estados miembros deben atenerse a las normas sobre umbrales establecidas por la Directiva 2006/112/CE. Dichas normas, la mayoría de las cuales se establecieron en 1977, han dejado de ser adecuadas. Por razones de flexibilidad y para garantizar que los Estados miembros puedan establecer umbrales mínimos proporcionales al tamaño y las necesidades de su economía, solo deben fijarse umbrales máximos a nivel de la Unión.
Enmienda 6
Propuesta de Directiva
Considerando 8
(8)  Procede dejar en manos de los Estados miembros la fijación de los umbrales nacionales para la franquicia en el nivel que mejor se adecúe a sus condiciones económicas y políticas, sin perjuicio del límite superior del umbral que establece la presente Directiva. A este respecto, debe aclararse que la fijación de distintos umbrales por los Estados miembros ha de basarse en criterios objetivos.
(8)  Procede dejar en manos de los Estados miembros la fijación de los umbrales nacionales para la franquicia en el nivel que mejor se adecúe a sus condiciones económicas y políticas, sin perjuicio del límite superior del umbral que establece la presente Directiva. A este respecto, debe aclararse que la fijación de distintos umbrales por los Estados miembros ha de basarse en criterios objetivos. A fin de facilitar el comercio transfronterizo, la lista de umbrales nacionales para la franquicia debe ser de fácil acceso para todas las pequeñas empresas que deseen operar en varios Estados miembros.
Enmienda 7
Propuesta de Directiva
Considerando 12
(12)  Cuando se aplique una franquicia, las pequeñas empresas que se acojan a ella deben tener acceso, como mínimo, a obligaciones simplificadas en materia de registro a efectos del IVA, facturación, contabilidad y presentación de informes.
(12)  Cuando se aplique una franquicia, las pequeñas empresas que se acojan a ella deben tener acceso, como mínimo, a obligaciones simplificadas en materia de registro a efectos del IVA, facturación, contabilidad y presentación de informes. A fin de evitar confusiones e inseguridad jurídica en los Estados miembros, la Comisión debe elaborar unas directrices sobre las obligaciones simplificadas de registro y contabilidad, que expliquen de forma más detallada los procedimientos que deben simplificarse y en qué medida. El ... [tres años después de la entrada en vigor de la presente Directiva], dicha simplificación deberá someterse a la evaluación de la Comisión y los Estados miembros para valorar si presenta un valor añadido y una repercusión positiva real para las empresas y los consumidores.
Enmienda 8
Propuesta de Directiva
Considerando 13
(13)  Además, a fin de garantizar que se cumplen las condiciones para beneficiarse de la franquicia concedida por un Estado miembro a empresas no establecidas en su territorio, es necesario exigir a estas últimas que notifiquen previamente su intención de hacer uso de la misma. La pequeña empresa debe efectuar esta notificación al Estado miembro en el que esté establecida. A continuación, dicho Estado miembro, basándose en la información sobre el volumen de negocios aportada por dicha empresa, debe facilitar esa información a los demás Estados miembros interesados.
(13)  Además, a fin de garantizar que se cumplen las condiciones para beneficiarse de la franquicia concedida por un Estado miembro a empresas no establecidas en su territorio, es necesario exigir a estas últimas que notifiquen previamente su intención de hacer uso de la misma. Esta notificación debe efectuarse a través de un portal en línea creado por la Comisión. El Estado miembro de establecimiento, basándose en la información sobre el volumen de negocios aportada por dicha empresa, debe informar a los demás Estados miembros interesados. Las pequeñas empresas podrán notificar en cualquier momento a su Estado miembro de registro su deseo de volver al sistema general del IVA.
Enmienda 9
Propuesta de Directiva
Considerando 15
(15)  A fin de reducir la carga que conlleva el cumplimiento para las pequeñas empresas que no se benefician de la franquicia, debe exigirse a los Estados miembros la simplificación del registro a efectos del IVA y de su mantenimiento así como la prolongación de los períodos de liquidación de forma que se reduzca la frecuencia de presentación de las declaraciones del IVA.
(15)  A fin de reducir la carga que conlleva el cumplimiento para las pequeñas empresas que no se benefician de la franquicia, debe exigirse a los Estados miembros la simplificación del registro y su mantenimiento a efectos del IVA. Por otra parte, la Comisión debe establecer una ventanilla única para la presentación de las declaraciones del IVA en los distintos Estados miembros.
Enmienda 10
Propuesta de Directiva
Considerando 17
(17)  El objetivo de la presente Directiva es reducir la carga que supone el cumplimiento para las pequeñas empresas, objetivo este que no puede alcanzarse de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse mejor a escala de la Unión. En consecuencia, la Unión puede adoptar medidas de conformidad con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.
(17)  El objetivo de la presente Directiva es reducir la carga que supone el cumplimiento para las pequeñas empresas, objetivo este que no puede alcanzarse de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse mejor a escala de la Unión. En consecuencia, la Unión puede adoptar medidas de conformidad con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos. No obstante, los controles del IVA que se realicen como resultado de los procesos de cumplimiento constituyen instrumentos valiosos contra el fraude fiscal, y la facilitación de la carga del cumplimiento para las pequeñas empresas no debe ir en detrimento de la lucha contra el fraude del IVA.
Enmienda 11
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 12
Directiva 2006/112/CE
Artículo 284 – apartado 4 – párrafo 2
Antes de hacer uso de la franquicia en otros Estados miembros, la pequeña empresa lo comunicará al Estado miembro en el que esté establecida.
La Comisión creará un portal en línea a través del cual se registrarán las pequeñas empresas que deseen hacer uso de la franquicia en otro Estado miembro.
Enmienda 12
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 12
Directiva 2006/112/CE
Artículo 284 – apartado 4 – párrafo 2
Cuando una pequeña empresa haga uso de la franquicia en Estados miembros distintos de aquel en el que esté establecida, el Estado miembro de establecimiento tendrá que asegurarse de que la pequeña empresa en cuestión declara con exactitud el volumen de negocios anual en la Unión y el volumen de negocios anual en el Estado miembro e informará al respecto a las autoridades tributarias de los demás Estados miembros afectados en los que la pequeña empresa efectúe sus entregas o prestaciones.».
Cuando una pequeña empresa haga uso de la franquicia en Estados miembros distintos de aquel en el que esté establecida, el Estado miembro de establecimiento tendrá que asegurarse de que la pequeña empresa en cuestión declara con exactitud el volumen de negocios anual en la Unión y el volumen de negocios anual en el Estado miembro e informará al respecto a las autoridades tributarias de los demás Estados miembros afectados en los que la pequeña empresa efectúe sus entregas o prestaciones.». Los Estado miembros se asegurarán asimismo de que tienen un conocimiento suficiente de la situación de las pequeñas empresas y de sus relaciones patrimoniales o accionariales, de manera que sean capaces de confirmar su condición de de tal.
Enmienda 13
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 15
Directiva 2006/112/CE
Artículo 288 bis – apartado 1
Cuando durante un año natural posterior, el volumen de negocios anual en el Estado miembro de una pequeña empresa rebase el umbral previsto para la franquicia a que se refiere el apartado 1 del artículo 284, la pequeña empresa deberá poder seguir acogiéndose a la franquicia por ese año, a condición de que su volumen de negocios anual en el Estado miembro durante ese año no rebase el umbral establecido en el apartado 1 del artículo 284 en más del 50 %;
Cuando durante un año natural posterior, el volumen de negocios anual en el Estado miembro de una pequeña empresa rebase el umbral previsto para la franquicia a que se refiere el apartado 1 del artículo 284, la pequeña empresa deberá poder seguir acogiéndose a la franquicia por dos años más, a condición de que su volumen de negocios anual en el Estado miembro durante esos dos años no rebase el umbral establecido en el apartado 1 del artículo 284 en más del 33 %;
Enmienda 14
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 17
17)  Se suprimen los artículos 291 a 294.
17)  Se suprimen los artículos 291 y 292.
Enmienda 15
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 17 bis (nuevo)
Directiva 2006/112/CE
Artículo 293 – apartado 1
17 bis)   En el artículo 293, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:
Cada cuatro años a partir de la adopción de la presente Directiva, la Comisión presentará al Consejo, sobre la base de las informaciones obtenidas de los Estados miembros, un informe sobre la aplicación de las disposiciones del presente capítulo. Este informe irá acompañado, si fuera necesario y habida cuenta de la necesidad de asegurar la convergencia final de las diferentes normativas nacionales, de proposiciones que tengan por objeto los siguientes puntos:1) las mejoras que deban introducirse en el régimen especial de las pequeñas empresas;2) la adaptación de los regímenes nacionales en materia de franquicias y bonificaciones degresivas del impuesto; 3) la adaptación de los umbrales previstos en la sección 2.
«Cada cuatro años a partir de la adopción de la presente Directiva, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo, sobre la base de las informaciones obtenidas de los Estados miembros, un informe sobre la aplicación de las disposiciones del presente capítulo. Este informe irá acompañado, si fuera necesario y habida cuenta de la necesidad de asegurar la convergencia final de las diferentes normativas nacionales, de proposiciones que tengan por objeto los siguientes puntos:
i)   las mejoras que deban introducirse en el régimen especial de las pequeñas empresas;
ii)   la adaptación de los regímenes nacionales en materia de franquicias y la posibilidad de armonizar los umbrales de franquicia a escala de la Unión;
iii)   la adaptación de los umbrales previstos en la sección 2.»
Enmienda 16
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 17 ter (nueva)
17 ter)   Se suprime el artículo 294;
Enmienda 17
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 18
Directiva 2006/112/CE
Artículo 294 sexies
Artículo 294 sexies
Artículo 294 sexies
Los Estados miembros podrán dispensar a las pequeñas empresas beneficiarias de la franquicia de la obligación de presentar una declaración del IVA establecida en el artículo 250.
Los Estados miembros o bien dispensarán a las pequeñas empresas beneficiarias de la franquicia de la obligación de presentar una declaración del IVA establecida en el artículo 250 o bien autorizarán a estas pequeñas empresas beneficiarias de la franquicia a presentar una declaración del IVA simplificada que incluya, como mínimo, la siguiente información: el IVA imponible, el IVA deducible, el importe neto de IVA (a pagar o a devolver), el valor total de las operaciones por las que se soporta el IVA y el valor total de las operaciones por las que se repercute –que cubra el período de un año natural. No obstante, las pequeñas empresas podrán optar por la aplicación del período impositivo fijado de conformidad con el artículo 252.
Cuando no se recurra a esta posibilidad, los Estados miembros autorizarán a estas pequeñas empresas beneficiarias de la franquicia a presentar una declaración del IVA simplificada que cubra el período de un año natural. No obstante, las pequeñas empresas podrán optar por la aplicación del período impositivo fijado de conformidad con el artículo 252.
Enmienda 18
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 18
Directiva 2006/112/CE
Artículo 294 decies
Artículo 294 decies
suprimido
En el caso de las pequeñas empresas, el período impositivo que deberá cubrirse en una declaración del IVA será el período de un año natural. No obstante, las pequeñas empresas podrán optar por la aplicación del período impositivo fijado de conformidad con el artículo 252.
Enmienda 19
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 18
Directiva 2006/112/CE
Artículo 294 decies bis (nuevo)
Artículo 294 decies bis
La Comisión establecerá una ventanilla única a través de la cual las pequeñas empresas podrán presentar declaraciones del IVA de los distintos Estados miembros en los que operan. El Estado miembro de establecimiento será responsable de la recaudación del IVA.
Enmienda 20
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 18
Directiva 2006/112/CE
Artículo 294 undecies
Artículo 294 undecies
suprimido
No obstante lo dispuesto en el artículo 206, los Estados miembros no exigirán a las pequeñas empresas pagos a cuenta.
Enmienda 21
Propuesta de Directiva
Artículo 1 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 904/2010
Artículo 31 – apartado 1
Artículo 1 bis
El Reglamento (UE) n.º 904/2010 se modifica como sigue:
En el artículo 31, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:
1.  Las autoridades competentes de cada Estado miembro velarán por que a las personas que efectúan entregas intracomunitarias de bienes o prestaciones intracomunitarias de servicios y a las personas que, siendo sujetos pasivos no establecidos, prestan servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y de televisión, y servicios electrónicos, en concreto aquellos enumerados en el anexo II de la Directiva 2006/112/CE, se les permita obtener, a efectos de este tipo de operaciones, confirmación por vía electrónica de la validez del número de identificación a efectos del IVA de una persona determinada, así como el nombre y dirección correspondientes. Esta información debe corresponderse con los mismos datos contemplados en el artículo 17.
«1. Las autoridades competentes de cada Estado miembro velarán por que a las personas que efectúan entregas intracomunitarias de bienes o prestaciones intracomunitarias de servicios y a las personas que, siendo sujetos pasivos no establecidos, prestan servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y de televisión, y servicios electrónicos, en concreto aquellos enumerados en el anexo II de la Directiva 2006/112/CE, se les permita obtener, a efectos de este tipo de operaciones, confirmación por vía electrónica de la validez del número de identificación a efectos del IVA de una persona determinada, así como el nombre y dirección correspondientes. Esta información debe corresponderse con los mismos datos contemplados en el artículo 17. El sistema de intercambio de información sobre el IVA (VIES) especificará si las pequeñas empresas susceptibles de recibir subvención se acogen o no a la franquicia del IVA para las pequeñas empresas.»
Enmienda 22
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1
Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el 30 de junio de 2022, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.
Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el 31 de diciembre de 2019, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.
Enmienda 23
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 2
Aplicarán dichas disposiciones a partir del 1 de julio de 2022.
Aplicarán dichas disposiciones a partir del 1 de enero de 2020.

Decisión de Ejecución relativa a la aplicación de medidas de control con respecto a las nuevas sustancias psicotrópicas ciclopropilfentanilo y metoxiacetilfentanilo *
PDF 117kWORD 48k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 11 de septiembre de 2018, sobre el proyecto Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aplicación de medidas de control con respecto a las nuevas sustancias psicotrópicas N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidina-4-il]ciclopropanocarboxamida (ciclopropilfentanilo) y 2-metoxi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidina-4-il]acetamida (metoxiacetilfentanilo) (09420/2018 – C8-0278/2018 – 2018/0118(NLE))
P8_TA(2018)0320A8-0271/2018

(Consulta)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto del Consejo (09420/2018),

–  Vistos el artículo 39, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, en su versión modificada por el Tratado de Ámsterdam, y el artículo 9 del Protocolo n.º 36 sobre las disposiciones transitorias, conforme a los cuales ha sido consultado por el Consejo (C8‑0278/2018),

–  Vista la Decisión 2005/387/JAI del Consejo, de 10 de mayo de 2005, relativa al intercambio de información, la evaluación del riesgo y el control de las nuevas sustancias psicotrópicas(1), y en particular su artículo 8, apartado 3,

–  Visto el artículo 78 quater de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A8-0271/2018),

1.  Aprueba el proyecto del Consejo;

2.  Pide al Consejo que le informe si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

3.  Pide al Consejo que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente el texto aprobado por el Parlamento;

4.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

(1) DO L 127 de 20.5.2005, p. 32.


Movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para prestar asistencia a Bulgaria, Grecia, Lituania y Polonia
PDF 122kWORD 49k
Resolución
Anexo
Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de septiembre de 2018, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para prestar asistencia a Bulgaria, Grecia, Lituania y Polonia (COM(2018)0360 – C8-0245/2018 – 2018/2078(BUD))
P8_TA(2018)0321A8-0272/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2018)0360 – C8-0245/2018),

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 2012/2002 del Consejo, de 11 de noviembre de 2002, por el que se crea el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea(1),

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020(2), y en particular su artículo 10,

–  Visto el Acuerdo interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera(3), y en particular su apartado 11,

–  Vista la carta de la Comisión de Desarrollo Regional,

–  Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A8-0272/2018),

1.  Acoge con satisfacción la Decisión como muestra de solidaridad de la Unión para con los ciudadanos y las regiones de la Unión afectados por catástrofes naturales;

2.  Subraya la necesidad urgente de liberar una ayuda financiera a través del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) para los países afectados por estas catástrofes naturales y lamenta la pérdida de vidas humanas provocada por catástrofes naturales en la Unión en 2017;

3.  Pide que se optimice el proceso de movilización para acortar el lapso temporal entre la realización de la solicitud y el pago; recuerda que efectuar un desembolso rápido a los beneficiarios es vital para las comunidades y autoridades locales, así como para su confianza en la solidaridad de la Unión;

4.  Apoya que los Estados miembros recurran a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para reconstruir las regiones afectadas; pide a la Comisión que apoye y apruebe rápidamente la reasignación de fondos de los acuerdos de asociación que los Estados miembros han solicitado con este fin;

5.  Pide a los Estados miembros que utilicen la contribución financiera del Fondo de Solidaridad de forma transparente, garantizando una distribución justa por todas las regiones afectadas;

6.  Aprueba la Decisión adjunta a la presente Resolución;

7.  Encarga a su presidente que firme esta Decisión, conjuntamente con el presidente del Consejo, y disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea;

8.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución, incluido su anexo, al Consejo y a la Comisión.

ANEXO

DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

relativa a la movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para prestar asistencia a Bulgaria, Grecia, Lituania y Polonia

(No se reproduce el texto del presente anexo ya que es el que corresponde al del acto definitivo, la Decisión (UE) 2018/1505.)

(1) DO L 311 de 14.11.2002, p. 3.
(2) DO L 347 de 20.12.2013, p. 884.
(3) DO C 373 de 20.12.2013, p. 1.


Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 4/2018: movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para prestar asistencia a Bulgaria, Grecia, Lituania y Polonia
PDF 119kWORD 51k
Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de septiembre de 2018, sobre la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 4/2018 de la Unión Europea para el ejercicio 2018, que acompaña a la propuesta de movilizar el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para prestar asistencia a Bulgaria, Grecia, Lituania y Polonia (11738/2018 – C8-0395/2018 – 2018/2082(BUD))
P8_TA(2018)0322A8-0273/2018

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 314 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo(1), y en particular su artículo 41,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n° 1296/2013, (UE) n.° 1301/2013, (UE) n.° 1303/2013, (UE) n.° 1304/2013, (UE) n.° 1309/2013, (UE) n.° 1316/2013, (UE) n.° 223/2014 y (UE) n.° 283/2014 y la Decisión n.° 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.° 966/2012(2), y en particuolar su artículo 44,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018, adoptado definitivamente el 30 de noviembre de 2017(3),

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020(4) (Reglamento del MFP),

–  Visto el Acuerdo interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera(5),

–  Vista la Decisión 2014/335/UE, Euratom del Consejo, de 26 de mayo de 2014, sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea(6),

–  Visto el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 4/2018, adoptado por la Comisión el 31 de mayo de 2018 (COM(2018)0361),

–  Vista la Posición sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 4/2018, adoptada por el Consejo el 4 de septiembre de 2018 y transmitida al Parlamento Europeo ese mismo día (11738/2018 – C8‑0395/2018),

–  Vistos los artículos 88 y 91 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A8-0273/2018),

A.  Considerando que el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 4/2018 contempla la movilización propuesta del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para prestar asistencia a Bulgaria y Lituania por las inundaciones, a Grecia por los seísmos en Cos, y a Polonia por las tormentas acaecidas en el transcurso de 2017;

B.  Considerando que la Comisión propone, en consecuencia, la modificación del presupuesto de 2018 y un incremento en la línea presupuestaria 13 06 01 «Asistencia a los Estados miembros en caso de catástrofe grave de carácter natural que tenga repercusiones importantes en las condiciones de vida, el medio natural o la economía» de 33 992 206 EUR, tanto en créditos de compromiso como de pago;

C.  Considerando que el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea es un instrumento especial, tal como se define en el Reglamento del MFP, y que los créditos de compromiso y de pago correspondientes se consignarán en el presupuesto al margen de los límites máximos establecidos en el MFP;

1.  Aprueba la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo nº 4/2018;

2.  Encarga a su presidente que declare que el presupuesto rectificativo nº 4/2018 ha quedado definitivamente adoptado y disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea;

3.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, así como a los Parlamentos nacionales.

(1) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
(2) DO L 193 de 30.7.2018, p. 1.
(3) DO L 57 de 28.2.2018.
(4) DO L 347 de 20.12.2013, p. 884.
(5) DO C 373 de 20.12.2013, p. 1.
(6) DO L 168 de 7.6.2014, p. 105.


Impacto de la política de cohesión de la Unión en Irlanda del Norte
PDF 117kWORD 50k
Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de septiembre de 2018, sobre el impacto de la política de cohesión de la Unión en Irlanda del Norte (2017/2225(INI))
P8_TA(2018)0323A8-0240/2018

El Parlamento Europeo,

–  Visto el impacto de la política de cohesión de la Unión en Irlanda del Norte,

–  Vistas las disposiciones del Acuerdo de Belfast de 1998 (Acuerdo del Viernes Santo),

–  Vistos el artículo 52 de su Reglamento interno, así como el artículo 1, apartado 1, letra e), y el anexo 3 de la Decisión de la Conferencia de Presidentes, de 12 de diciembre de 2002, sobre el procedimiento de autorización para la elaboración de informes de propia iniciativa,

–  Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo Regional y la opinión de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0240/2018),

A.  Considerando que la política de cohesión de la Unión en Irlanda del Norte está sustentada por diversos instrumentos, como el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, el Programa PEACE para Irlanda del Norte y la región fronteriza, y el programa transfronterizo Interreg;

B.  Considerando que es evidente que Irlanda del Norte es una región que se ha beneficiado en gran medida de la política de cohesión de la Unión; que se ha acogido muy favorablemente el compromiso relativo a la financiación futura que se recoge en el proyecto de marco financiero plurianual (MFP) de la Comisión para 2021-2027;

C.  Considerando que, además de los fondos más generales de la política de cohesión, Irlanda del Norte se ha beneficiado, en particular, de programas transfronterizos, intercomunitarios y transcomunitarios, incluido el programa PEACE;

D.  Considerando que la política de cohesión de la Unión, en particular a través del programa PEACE, ha contribuido de forma determinante al proceso de paz en Irlanda del Norte, apoya el Acuerdo del Viernes Santo y continúa apoyando la reconciliación de las comunidades;

E.  Considerando que, tras la creación del primer programa PEACE en 1995, se han invertido más de 1 500 millones de euros con el doble propósito de promover la cohesión entre las comunidades afectadas por el conflicto de Irlanda del Norte y los condados fronterizos de Irlanda, y de lograr la estabilidad social y económica;

F.  Considerando que el éxito de los fondos de cohesión de la Unión se debe, en parte, al hecho de que se consideran «dinero neutral», es decir, que no está directamente vinculado a los intereses de ninguna de las dos comunidades;

1.  Subraya la importante contribución positiva de la política de cohesión de la Unión a Irlanda del Norte, especialmente en términos de ayuda a la recuperación de zonas urbanas y rurales desfavorecidas, de lucha contra el cambio climático y de desarrollo de contactos entre comunidades y transfronterizos en el marco del proceso de paz; observa, en particular, que la ayuda a las zonas urbanas y rurales desfavorecidas a menudo se materializa en el apoyo a un nuevo desarrollo económico que promueve la economía del conocimiento, como los parques científicos de Belfast y Derry/Londonderry;

2.  Subraya que, durante el periodo de financiación actual, se van a destinar más de 1 000 millones de euros en concepto de asistencia financiera de la Unión al desarrollo económico y social de Irlanda del Norte y las regiones vecinas, de los cuales 230 millones de euros se invertirán en el programa PEACE para Irlanda del Norte (con un presupuesto total de casi 270 millones de euros) y 240 millones de euros en el programa Interreg V-A para Irlanda del Norte, Irlanda y Escocia (con un presupuesto total de 280 millones de euros);

3.  Considera que los programas especiales de la Unión para Irlanda del Norte, particularmente el programa PEACE, son de vital importancia para apoyar el proceso de paz en curso, puesto que fomentan la reconciliación y los contactos intercomunitarios, transcomunitarios y transfronterizos; señala que son particularmente importantes a este respecto los centros sociales transcomunitarios y transfronterizos, así como los servicios compartidos;

4.  Celebra los importantes progresos alcanzados en Irlanda del Norte en el marco del programa PEACE y aprecia la labor de todas las partes en el proceso;

5.  Considera que las medidas intercomunitarias y transcomunitarias para establecer la confianza y las medidas para una coexistencia pacífica, como los espacios compartidos y las redes de apoyo, han desempeñado un papel clave en el proceso de paz, dado que los espacios compartidos permiten que las dos comunidades de Irlanda del Norte se reúnan como una sola comunidad para realizar actividades conjuntas y desarrollar la confianza y el respeto mutuos, contribuyendo así a superar las diferencias;

6.  Hace hincapié en la importancia que revisten el desarrollo local participativo y el enfoque ascendente, que impulsa a todas las comunidades a identificarse con los proyectos y reforzar así el proceso de paz;

7.  Observa el compromiso de todas las partes interesadas de Irlanda del Norte con la continuidad de los objetivos de la política de cohesión de la Unión en la región; subraya, a este respecto, la importancia de la gobernanza multinivel coordinada y del principio de asociación;

8.  Considera, no obstante, que podría hacerse más por mejorar la visibilidad y el conocimiento general sobre los efectos y la necesidad de la financiación de la Unión en Irlanda del Norte, en particular informando al público en general sobre el impacto de los proyectos financiados por la Unión en el proceso de paz y el desarrollo económico general de la región;

9.  Celebra que los sistemas de gestión y control establecidos en las regiones funcionen correctamente y que, por tanto, la asistencia financiera de la UE se esté empleando de forma eficaz; destaca, no obstante, que, al evaluar los resultados del programa PEACE, aparte del cumplimiento, siempre deben tenerse en cuenta sus objetivos subyacentes;

10.  Considera, sin perjuicio de las negociaciones en curso entre la Unión y el Reino Unido, que tiene una importancia crucial que en el período posterior a 2020 Irlanda del Norte pueda seguir participando en determinados programas específicos de la Unión, como el programa PEACE y el programa Interreg V-A para Irlanda del Norte, Irlanda y Escocia, pues ello sería muy beneficioso para el desarrollo económico y social, especialmente en las zonas desfavorecidas, rurales y fronterizas, por reducir brechas existentes; insta además a que, en el contexto del MFP posterior a 2020, se utilicen todos los instrumentos financieros pertinentes para proseguir con los objetivos de la política de cohesión;

11.  Considera que, en el período posterior a 2020, sin perjuicio de las negociaciones en curso entre la Unión y el Reino Unido, debería mantenerse el apoyo de la Unión a la cooperación territorial, en particular por lo que se refiere a los proyectos transfronterizos y transcomunitarios, en vista de los logros de los programas específicos de la Unión en el ámbito de la cohesión destinados a Irlanda, a saber, el programa PEACE y los programas Interreg, que son particularmente importantes para la estabilidad de la región; teme que el fin de estos programas pudiera poner en peligro las actividades transfronterizas y transcomunitarias de fomento de la confianza y, en consecuencia, el proceso de paz;

12.  Hace hincapié en que el 85 % de la financiación de los programas PEACE e Interreg procede de la Unión; considera, por tanto, que es importante que la Unión siga accediendo a todas las comunidades de Irlanda del Norte después de 2020 desempeñando un papel activo en la gestión de los fondos de la Unión disponibles para financiación de cohesión intercomunitaria y transcomunitaria en Irlanda del Norte, ayudándola así a superar diferencias societales; considera, en este contexto, que la financiación debe mantenerse en un nivel adecuado después de 2020; destaca que ello es importante para proseguir la labor de consolidación de la paz;

13.  Pide a la Comisión que promueva la experiencia de Irlanda del Norte con los fondos de cohesión, especialmente con el programa PEACE, como ejemplo de cómo aborda la Unión los conflictos y las divisiones entre comunidades; subraya a ese respecto que el proceso de reconciliación de Irlanda del Norte es un ejemplo positivo para otras zonas de la Unión que han experimentado conflictos;

14.  Destaca que las buenas prácticas de la financiación de cohesión y el programa PEACE deben tomarse como modelo de la Unión y promoverse para superar la desconfianza entre comunidades en conflicto y para lograr una paz duradera en otras partes de Europa e incluso de todo el mundo;

15.  Considera esencial que la población de Irlanda del Norte, y en particular los jóvenes, sigan teniendo acceso a los intercambios económicos, sociales y culturales en toda Europa, particularmente al programa Erasmus+;

16.  Toma nota, asimismo, de la intención de la Comisión de proponer la continuación de los programas PEACE e Interreg en su propuesta para el MFP 2021-2027; toma nota, además, del documento del Reino Unido, de abril de 2018, sobre su posición en cuanto al futuro de la política de cohesión, en el Reino Unido expresa su voluntad de explorar las posibilidades de un sucesor para PEACE IV e Interreg V-A para el periodo siguiente a 2020 con el Ejecutivo de Irlanda del Norte, el Gobierno irlandés y la Unión, además de su compromiso de hacer honor a los compromisos de PEACE e Interreg contraídos con el actual MFP;

17.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Asamblea y al Ejecutivo de Irlanda del Norte y a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros y sus regiones.


Medidas específicas para Grecia
PDF 129kWORD 56k
Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de septiembre de 2018, sobre la aplicación de medidas específicas para Grecia en el marco del Reglamento (UE) 2015/1839 (2018/2038(INI))
P8_TA(2018)0324A8-0244/2018

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo(1),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 15 de julio de 2015, titulada «Nuevo impulso para el empleo y el crecimiento en Grecia» (COM(2015)0400),

–  Visto el Reglamento (UE) 2015/1839 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de octubre de 2015, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 en relación con medidas específicas para Grecia(2),

–  Visto el Reglamento (UE) 2017/825 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la creación del programa de apoyo a las reformas estructurales para el período 2017 a 2020(3),

–  Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 19 de septiembre de 2016, sobre las evaluaciones ex post del FEDER y del Fondo de Cohesión para el período 2007-2013 (SWD(2016)0318),

–  Visto el informe del Ministerio de Economía y Desarrollo de Grecia sobre la utilización de los importes abonados en virtud del Reglamento (UE) 2015/1839 (período de programación 2007‑2013)(4),

—   Vista la pregunta oral con solicitud de respuesta a la Comisión sobre la aplicación del Reglamento (UE) 2015/1839 en relación con medidas específicas para Grecia (O-000100/2017–(B8-0001/2018),

–  Vistos el artículo 52 de su Reglamento interno, así como el artículo 1, apartado 1, letra e), y el anexo 3 de la Decisión de la Conferencia de Presidentes, de 12 de diciembre de 2002, sobre el procedimiento de autorización para la elaboración de informes de propia iniciativa,

–  Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Regional (A8-0244/2018),

A.  Considerando que la política de cohesión es una expresión de solidaridad, que abarca todas las regiones y reduce las disparidades, y que constituye el principal instrumento de inversión de la Unión; que la importancia de su valor añadido y su flexibilidad durante la crisis económica y financiera han quedado confirmados en varias ocasiones; que, con los recursos presupuestarios existentes, la política de cohesión ha contribuido a mantener oportunidades de inversión pública muy necesarias, ha ayudado a impedir el empeoramiento de la crisis y ha permitido que los Estados miembros y las regiones adopten respuestas a medida con vistas a aumentar su resiliencia frente a acontecimientos inesperados y choques externos;

B.  Considerando que, entre 2007 y 2015, el apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Fondo de Cohesión en Grecia ascendió a 15 800 millones de euros, lo que equivale aproximadamente al 19 % del gasto público total en inversión;

C.  Considerando que la crisis económica y financiera dio lugar en Grecia a unos índices de crecimiento persistentemente negativos, que no pudieron ser corregidos por los tres paquetes de rescate internacional, así como a importantes problemas de liquidez y a un déficit de fondos públicos;

D.   Considerando que la crisis de los refugiados y migrantes ha golpeado y continúa golpeando especialmente a Grecia y a las islas griegas, las cuales soportan una elevada presión por el creciente flujo de migrantes y refugiados, que ocasiona un enorme perjuicio a la actividad económica local, principalmente al sector del turismo;

E.  Considerando que, entre 2007 y 2013, el PIB de Grecia disminuyó un 26 % en términos reales, y el crecimiento a lo largo de esos dos años fue inferior al 1 % pese a que la recesión terminó en 2014; que la tasa de empleo cayó del 66 % al 53 % en 2013, lo que implica que solamente estaba empleada algo más de la mitad de la población en edad de trabajar, y que el desempleo aumentó desde el 8,4 % de la población activa hasta el 27,5 % en el mismo período, lo cual ha tenido un fuerte impacto en el poder adquisitivo de la población griega y ha afectado gravemente a diversos sectores, incluido el de la salud; que, según los datos de Eurostat más recientes, existe una la tasa de desempleo del 20,8 % con un elevado porcentaje de desempleo juvenil;

F.  Considerando que, en 2015, la Comisión y los colegisladores reconocieron que Grecia se había visto afectada por la crisis de un modo singular, lo que podría haber repercutido gravemente tanto en la finalización de las operaciones en el marco de los programas operativos para el período 2000-2006 y para el período 2007-2013 como en el inicio de la ejecución de los programas de la política de cohesión para el período 2014-2020;

G.  Considerando que con la adopción del Reglamento (UE) 2015/1839 se pretendía aportar liquidez a Grecia en un momento crucial antes de que se paralizara la ejecución de los programas y se perdieran oportunidades necesarias de inversión, dado que la no conclusión de los proyectos de los periodos 2000‑2006 y 2007-2013 habría dado lugar a la recuperación de importes sustanciales;

H.  Considerando que el Reglamento (UE) 2015/1839 estableció un importe de prefinanciación inicial adicional para el período de programación 2014-2020 de dos plazos del 3,5 % cada uno del importe de la ayuda procedente de los fondos de la política de cohesión y del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), así como la aplicación, para el período de programación 2007-2013, de un porcentaje de cofinanciación del 100 % a los gastos subvencionables y el desembolso anticipado del último 5 % de los pagos restantes de la Unión, que tendría que haberse retenido hasta el cierre de los programas;

I.  Considerando que el Reglamento se adoptó con la intención de responder cuanto antes a una crisis grave y de garantizar que Grecia dispusiera de suficientes fondos para finalizar los proyectos correspondientes al período de programación 2007-2013 e iniciar la ejecución en el marco del período actual;

J.  Considerando que, de conformidad con el artículo 152, apartado 6, párrafo segundo, Grecia debía presentar antes de finales de 2016 un informe a la Comisión sobre la aplicación de las disposiciones relativas a la aplicación del porcentaje de cofinanciación del 100 % y al límite máximo de los pagos para los programas al final del período de programación;

K.  Considerando que la Unión también abonó el 95 % del coste total de las inversiones correspondientes al período de financiación 2007-2013 en Grecia (cuando normalmente se hubiera aplicado un 85 % como máximo) a través de la denominada «medida complementaria» del Reglamento (UE) n.º 1311/2011;

L.  Considerando que, en octubre de 2015, se abrió una cuenta de disponibilidad limitada a la que se traspasaron todos los fondos asignados a la financiación de los proyectos financiados por la Unión, con el fin de garantizar que estos se utilizaran únicamente para los pagos a los beneficiarios y las operaciones en el marco de los programas operativos;

M.  Considerando que Grecia también ha recibido ayuda, desde 2011, a través del Grupo Especial para Grecia de la Comisión, que ha proporcionado asistencia técnica de cara al proceso de reformas del país, y, desde 2015, a través del Servicio de Apoyo a las Reformas Estructurales, que ha proporcionado asistencia con la preparación, concepción, aplicación y evaluación de reformas que propicien el crecimiento; que la entrada en vigor, el 20 de mayo de 2017, del Reglamento (UE) 2017/825 relativo a la creación del programa de apoyo a las reformas estructurales para el período 2017 a 2020 supuso un momento importante para los compromisos del Servicio de Apoyo a las Reformas Estructurales con los Estados miembros afectados, incluida Grecia;

1.  Reitera el importante papel que desempeña la política de cohesión para alcanzar los objetivos de la Unión en materia de crecimiento inteligente, sostenible e integrador, combatir el desempleo, reducir las desigualdades y reforzar la competitividad del conjunto de las regiones de la Unión, expresar la solidaridad europea y complementar otras políticas; recuerda, por otra parte, que los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) son la principal fuente de inversión directa en Grecia;

2.  Toma nota del informe sobre la utilización de los importes abonados en virtud del Reglamento (UE) 2015/1839 correspondientes al período de programación 2007-2013, que debía presentarse a finales de 2016; señala que el importe fue presentado por las autoridades griegas en mayo de 2017 y se puso a disposición del Parlamento en diciembre de 2017, después de reiteradas peticiones; valora positivamente que la Comisión facilitara al Parlamento una evaluación provisional de la lista de 181 proyectos prioritarios que ascendía a 11 500 millones de euros, el equivalente a alrededor del 55 % de la asignación total del FEDER, del Fondo de Cohesión y del FSE a Grecia para el periodo 2007-2013, de los que 118 ya habían concluido con éxito a finales del periodo de programación y 24 se habían ido eliminando;

3.  Destaca que, según los datos facilitados en dicho informe, tras la adopción del Reglamento sobre medidas específicas para Grecia, el impacto directo sobre la liquidez en 2015 fue de 1 001 709 731,50 euros y el aporte en 2016 ascendió a 467 674 209,45 euros; observa, por otro lado, que, paralelamente al incremento del importe de la prefinanciación inicial para el período de programación 2014-2020, Grecia recibió aproximadamente 2 000 millones de euros en el período 2015-2016;

4.  Valora positivamente que los importes abonados se destinaran a un amplio abanico de proyectos: transporte y otras infraestructuras (medio ambiente, turismo, cultura, regeneración urbana y rural, infraestructuras sociales), proyectos de la sociedad de la información y medidas destinadas al desarrollo de recursos humanos; celebra, además, que el 63 % del total de los pagos para proyectos que reciben ayudas estatales correspondiera a ayudas a empresas y proyectos comerciales, contribuyendo así directamente a la competitividad y a la reducción del riesgo empresarial, y que en el 37 % de los casos se tratara de medidas de ayuda estatal para proyectos de infraestructuras, completando así las disposiciones en materia de mejora de las condiciones del mercado y del entorno empresarial;

5.  Valora positivamente que en el informe presentado por las autoridades griegas se reconozca que el aumento de liquidez conllevó tanto un aumento de los ingresos financieros de aproximadamente 1 500 millones de euros como un refuerzo del programa de inversión pública para el período 2015-2016;

6.  Acoge favorablemente los efectos que han tenido las medidas en la mejora de la actividad económica, la normalización y consolidación del volumen de negocios y del capital circulante de un gran número de empresas, la creación y conservación de puestos de trabajo, y la finalización de importantes infraestructuras de producción, lo cual también se ha traducido en un impacto considerable en los ingresos fiscales en el presupuesto;

7.  Toma nota de que los fondos aportados por la Unión como consecuencia de la aplicación del Reglamento se utilizaron en 2015 para finalizar proyectos de los programas operativos hasta el final del período de subvencionabilidad, y que, en 2016, el importe restante que se pagó junto con los recursos nacionales también contribuyó a la finalización de otros proyectos;

8.  Agradece que las autoridades griegas acometieran la reorganización de la clasificación de los proyectos e identificaran los proyectos importantes para seleccionarlos para su finalización; subraya que esto contribuyó significativamente a superar los obstáculos institucionales y administrativos y a establecer medidas prioritarias para su ejecución sin mayor demora, evitando también así las correcciones financieras; celebra que los fondos aportados por la Unión en virtud del Reglamento (UE) 2015/1839 redujeran significativamente el número de proyectos clasificados como incompletos; observa que, en comparación con el período de programación 2000-2006, en el que alrededor de novecientos proyectos se quedaron sin completar, en el período de programación 2007-2013 quedan 79 proyectos incompletos en el momento de la presentación de las declaraciones finales, pero que está previsto que concluyan recurriendo a fondos nacionales;

9.  Destaca que la absorción de los fondos estructurales había mejorado notablemente y que, a finales de marzo de 2016, el porcentaje de pagos en Grecia para el período de programación 2007-2013 era superior al 97 %(5) y que, según el documento sobre el estado de ejecución del total de pagos y de los compromisos pendientes de liquidación para los programas del período 2007-2013, de 31 de marzo de 2018, no figuran compromisos pendientes de liquidación para Grecia en la rúbrica 1b(6); acoge con satisfacción que Grecia fuera el primer Estado miembro en llegar a la plena absorción de los fondos disponibles y en alcanzar una tasa de absorción del 100 %, en comparación con el promedio del 96 % en la Unión;

10.  Reconoce, no obstante, que las tasas de absorción solo proporcionan información indicativa y que la insistencia en la absorción de los fondos no debe ir en detrimento de la eficacia, el valor añadido y la calidad de las inversiones; observa que las medidas específicas son de carácter macroeconómico y que es difícil localizar sus efectos en cada uno de los proyectos;

11.  Recuerda que los Fondos EIE tienen un impacto importante en el PIB y otros indicadores de varios Estados miembros, así como en la cohesión social, económica y territorial en general, y que se calcula que la inversión financiada por las políticas de cohesión y de desarrollo rural en Grecia conllevó en 2015, al final del período de programación precedente, un aumento del PIB de más de un 2 % por encima del nivel que habría tenido sin el aporte de financiación; recuerda que la utilización de los fondos estructurales de la Unión debe centrarse siempre en lograr los objetivos consagrados en el Tratado y en alcanzar un verdadero valor añadido europeo, abordar las prioridades de la Unión e ir más allá del mero aumento del PIB;

12.  Toma nota del análisis, principalmente cuantitativo, del informe presentado por las autoridades griegas sobre la utilización de los importes abonados en virtud del Reglamento (UE) 2015/1839 correspondientes al período de programación 2007-2013, un análisis que cumple los requisitos legales; reconoce que el efecto de las medidas específicas no puede disociarse del impacto global de los Fondos EIE en Grecia, pero considera que una evaluación cualitativa, si bien es difícil de realizar, contribuiría a complementar el análisis y a comprender los resultados alcanzados; anima a la Comisión a que facilite más información en lo que se refiere al aumento de la competitividad, la productividad y la sostenibilidad en los aspectos sociales y ecológicos;

13.  Celebra el hecho de que, según los datos finales comunicados por la Comisión el 31 de diciembre de 2016, el importe de las solicitudes de pago por parte de las autoridades griegas ascendía a 1 600 millones de euros y que Grecia ha demostrado, a 31 de marzo de 2018, una tasa de ejecución del 28 % para el periodo de programación 2014-2020(7), situándose entre los Estados miembros con mejor rendimiento, en general, a pesar de algunas diferencias que deben señalarse relativas al nivel de desglose o de tasa de absorción por fondo; respalda, además, la adopción del Reglamento (UE) 2015/1839 como una medida importante y adecuada para ofrecer ayuda a medida en un momento crucial para Grecia; celebra el hecho de que, tal y como se exige, la prefinanciación adicional se cubrió totalmente con las solicitudes de pago intermedias del FEDER y del Fondo de Cohesión, aunque señala que no se cubrió por completo en el ámbito del Fondo Social Europeo (cerca del 4 %) ni del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca;

14.  Recuerda la importancia de unas reformas estructurales pertinentes; reconoce los esfuerzos realizados y pide a Grecia que siga aprovechando plenamente las posibilidades de asistencia que se contemplan en el programa de apoyo a las reformas estructurales para crear un entorno empresarial sano para un uso eficiente y eficaz de los Fondos EIE y maximizar su impacto socioeconómico;

15.  Reconoce que la política regional, al respaldar la inversión pública y movilizar las inversiones de la Unión de forma flexible, bien mediante la reprogramación de los fondos, bien mediante el aumento del porcentaje de cofinanciación, atenuó el impacto de la crisis financiera y del saneamiento presupuestario sostenido en varios Estados miembros; destaca, en este contexto, la importancia de asegurar una financiación suficiente a este respecto en el próximo marco financiero plurianual; reitera, no obstante, que la política de cohesión debe considerarse la principal herramienta de inversión pública y un catalizador destinado a atraer financiación pública y privada adicional, y que las medidas similares que impliquen una reducción de las cuotas de cofinanciación nacional necesarias para obtener financiación para programas operativos financiados por los fondos estructurales, para Grecia u otro Estado miembro, deben contemplarse únicamente a título excepcional y analizarse desde el punto de vista de su eficacia y estar debidamente justificadas antes de su adopción y aplicación;

16.  Señala que algunas regiones afrontan dificultades en la cofinanciación de proyectos en el marco de los Fondos EIE; pide, por consiguiente, a la Comisión que, con carácter de urgencia y en el marco del Semestre Europeo y del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, considere qué impacto tienen las inversiones regionales cofinanciadas con los Fondos EIE, en particular las inversiones en las regiones menos desarrolladas, en el cálculo de los déficits públicos nacionales;

17.  Recuerda a las autoridades griegas la importancia que reviste garantizar la debida comunicación y visibilidad de las inversiones en virtud de los Fondos EIE;

18.  Acoge con satisfacción la evaluación preliminar que estima que el período de programación 2007-2013 se cerrará sin pérdida de fondos; pide a la Comisión que informe al Parlamento de los resultados del proceso de cierre, que se prevé que haya concluido en el primer semestre de 2018, y que facilite una actualización de los proyectos en 2019 que deberán completarse con fondos nacionales y de los proyectos que seguían incompletos a 31 de marzo de 2018;

19.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO L 347 de 20.12.2013, p. 320.
(2) DO L 270 de 15.10.2015, p. 1.
(3) DO L 129 de 19.5.2017, p. 1.
(4) Atenas, mayo de 2017.
(5) Documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre las evaluaciones ex post del FEDER y del Fondo de Cohesión para el período 2007-2013.
(6) Estado de ejecución del total de pagos y nivel de compromisos pendientes de liquidación para la rúbrica 1b (programas 2007-2013) - Designación de las autoridades nacionales y estado de ejecución de los pagos intermedios de los programas operativos de los Fondos EIE 2014-2020 (situación a 31 de marzo de 2018).
(7) Estado de ejecución del total de pagos y nivel de compromisos pendientes de liquidación para la rúbrica 1b (programas 2007-2013) - Designación de las autoridades nacionales y estado de ejecución de los pagos intermedios de los programas operativos de los Fondos EIE 2014-2020 (situación a 31 de marzo de 2018).


Vías de reintegración de los trabajadores en empleos de calidad tras recuperarse de una lesión o enfermedad
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Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de septiembre de 2018, sobre vías de reintegración de los trabajadores en empleos de calidad tras recuperarse de una lesión o enfermedad (2017/2277(INI))
P8_TA(2018)0325A8-0208/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Vista la proclamación interinstitucional sobre el pilar europeo de derechos sociales,

–  Vista la Carta Social Europea de 3 de mayo de 1996,

–  Vista su Resolución, de 15 de septiembre de 2016, sobre la aplicación de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación («Directiva relativa a la igualdad de trato en el empleo»)(1),

–  Vista la declaración conjunta de la Alianza Europea de Enfermedades Crónicas, de noviembre de 2017, titulada «Improving the employment of people with chronic diseases in Europe» (Mejorar el empleo de las personas con enfermedades crónicas en Europa),

–  Vistas la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su entrada en vigor en la Unión Europea el 21 de enero de 2011, de conformidad con la Decisión 2010/48/CE del Consejo de 26 de noviembre de 2009,

–  Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2015, sobre el marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo 2014-2020(2),

–  Visto el informe conjunto de 2014 de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) y la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) titulado «Riesgos psicosociales en Europa: prevalencia y estrategias de prevención»,

–  Vista su Resolución, de 30 de noviembre de 2017, sobre la aplicación de la Estrategia Europea sobre Discapacidad(3),

–  Vista su Resolución, de 7 de julio de 2016, sobre la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con especial atención a las Observaciones finales del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas(4),

–  Vista la Declaración de Filadelfia, de 10 de mayo de 1944, relativa a los fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),

–  Vista su Resolución, de 23 de mayo de 2007, sobre la promoción de un trabajo digno para todos(5),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 2 de julio de 2008, titulada «Agenda Social Renovada: Oportunidades, acceso y solidaridad en la Europa del siglo XXI» (COM(2008)0412),

–  Visto el informe de la Comisión, de 24 de febrero de 2011, sobre la aplicación del Acuerdo marco europeo sobre el estrés ligado al trabajo aprobado por los interlocutores sociales (SEC(2011)0241),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 21 de febrero de 2007, titulada «Mejorar la calidad y la productividad en el trabajo: estrategia comunitaria de salud y seguridad en el trabajo (2007-2012)» (COM(2007)0062),

–  Vista la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación(6),

–  Vistas la Directiva contra la discriminación 2000/78/CE y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por ejemplo los asuntos acumulados C‑335/11 y C‑337/11 (HK Danmark) del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 11 de abril de 2013, que establecen conjuntamente la prohibición de que los empleadores discriminen cuando un problema de salud de larga duración puede asimilarse a una discapacidad, así como la obligación de que los empleadores realicen ajustes razonables en las condiciones de trabajo,

–  Vista la Acción conjunta de la UE sobre salud y bienestar mentales iniciada en 2013,

–  Vista la campaña de la EU-OSHA denominada «Trabajos saludables: Gestionemos el estrés»,

–  Visto su reciente proyecto piloto sobre la salud y la seguridad en el trabajo de los trabajadores de más edad, llevado a cabo por la EU-OSHA,

–  Visto el informe de 2016 de la EU-OSHA titulado «Rehabilitación y reincorporación al trabajo: Informe analítico sobre las políticas, las estrategias y los programas de la UE y los Estados miembros»,

–  Visto el informe de 2014 de Eurofound sobre las oportunidades de empleo para las personas con enfermedades crónicas,

–  Visto el documento de 2012 de BusinessEurope titulado «Employers’ practices for Active Ageing» (Las prácticas de los empleadores de cara al envejecimiento activo),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A8-0208/2018),

A.  Considerando que el estrés laboral representa un problema cada vez mayor y es el segundo problema de salud relacionado con el trabajo que con más frecuencia se declara en Europa; que el 25 %(7) de los trabajadores declara que sufre estrés laboral; que el estrés laboral puede menoscabar el derecho de las personas a unas condiciones de trabajo saludables; que el estrés laboral también contribuye al absentismo laboral y a un bajo nivel de satisfacción laboral, repercute negativamente en la productividad y representa casi la mitad del número de días de trabajo perdidos cada año;

B.  Considerando que el envejecimiento de la mano de obra europea trae consigo nuevos retos en lo que respecta al entorno laboral y la nueva organización del trabajo; que el envejecimiento va acompañado de un mayor riesgo de desarrollar problemas crónicos de salud mental y física, incluidas discapacidades y enfermedades, lo que ha convertido la prevención, la reintegración y la rehabilitación en políticas importantes para garantizar la sostenibilidad de los lugares de trabajo y de los sistemas de pensiones y de seguridad social; que las enfermedades crónicas no afectan únicamente a la población de más edad;

C.  Considerando que el absentismo laboral de larga duración repercute negativamente en la salud mental y física, tiene elevados costes sociales y económicos, y puede impedir la reincorporación al trabajo; que la salud y el bienestar desempeñan un papel fundamental en la construcción de economías sostenibles; que es importante tener en cuenta las graves consecuencias financieras de las enfermedades o discapacidades para las familias en aquellos casos en que las personas afectadas no pueden reincorporarse al trabajo;

D.  Considerando que, si bien existen diferencias entre discapacidad, lesión, enfermedad y dolencias asociadas a la edad, estas condiciones también se superponen a menudo y requieren un planteamiento global pero al mismo tiempo adaptado a cada persona;

E.  Considerando que el envejecimiento es uno de los principales retos sociales a que se enfrenta la Unión; que, por consiguiente, es necesario contar con políticas que promuevan un envejecimiento activo para que las personas puedan seguir activas y trabajando hasta la edad de la jubilación, e incluso hasta más tarde si así lo desean; que la generación de más edad y su experiencia son indispensables para el mercado de trabajo; que las personas de más edad que desean seguir trabajando suelen buscar fórmulas de trabajo flexibles y personalizadas; que la enfermedad, la discapacidad y la exclusión del proceso laboral acarrean graves consecuencias financieras;

F.  Considerando que el tabaco, el alcohol y el consumo de drogas son algunos de los factores de riesgo para la salud más importantes para la población en edad laboral de la Unión, al estar vinculados tanto a lesiones como a diversas enfermedades no contagiosas(8); que entre el 20 y el 25 % de los accidentes en el lugar de trabajo implican a personas bajo la influencia del alcohol(9), y que se estima que entre el 5 % y el 20 % de la población activa en Europa tiene problemas graves relacionados con el consumo de alcohol(10); que la reintegración de trabajadores que han tenido problemas relacionados con el consumo de estupefacientes en empleos de calidad plantea desafíos específicos para los empleadores;

G.  Considerando que las personas con discapacidad o enfermedades crónicas o que se están recuperando de una lesión o enfermedad se encuentran en una situación vulnerable y deben recibir un apoyo personalizado al reincorporarse a su lugar de trabajo o al mercado laboral; que algunas personas con dolencias crónicas no desean o no pueden volver al trabajo;

H.  Considerando que el ámbito de la rehabilitación profesional y la reincorporación al trabajo podría ofrecer valiosas oportunidades de voluntariado, por ejemplo mediante la participación en trabajo voluntario tras la jubilación; que debe respaldarse el voluntariado a cualquier edad;

I.  Considerando que antes que nada es necesario que los empleadores promuevan una cultura de la salud y la seguridad en el lugar de trabajo; que el voluntariado para participar en actividades en materia de seguridad y salud en el trabajo, como grupos de trabajo, también podría contribuir al cambio de cultura;

J.  Considerando que el trabajo contribuye en gran medida a facilitar el proceso de recuperación y rehabilitación, dados los importantes beneficios psicosociales que aporta al empleado; que las buenas prácticas en materia de seguridad y salud en el trabajo son esenciales para contar con una mano de obra productiva y motivada, lo que ayuda a las empresas a seguir siendo competitivas e innovadoras, garantiza el bienestar de los trabajadores y contribuye a conservar competencias y una experiencia laboral valiosas, a reducir la rotación de personal y a prevenir la exclusión, los accidentes y las lesiones; que, por consiguiente, se anima a la Comisión a que examine la posibilidad de aplicar una contabilidad de costes totales en el ámbito de la inclusión activa y social; que la adopción de enfoques adecuados y personalizados para la reintegración de las personas que se recuperan de una lesión o enfermedad en empleos de calidad es un factor importante para prevenir un mayor absentismo o el «presentismo» con enfermedad;

K.  Considerando que la definición de «personas con capacidad de trabajo reducida» puede variar entre los distintos Estados miembros;

L.  Considerando que las pymes y las microempresas tienen necesidades especiales a este respecto, dado que disponen de menos recursos para cumplir las obligaciones en materia de prevención de las enfermedades y los accidentes, por lo que en muchos casos necesitan apoyo para alcanzar sus objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo; que, por otra parte, unas buenas prácticas en materia de seguridad y salud en el trabajo son cruciales para las pymes y las microempresas, en particular para la sostenibilidad de su negocio; que varios programas financiados por la Unión ofrecen oportunidades para un valioso intercambio de innovaciones y mejores prácticas en materia de seguridad y salud en el trabajo sostenibles;

M.  Considerando que los factores psicosociales negativos en el lugar de trabajo guardan relación no solo con los resultados en materia de salud, sino también con un mayor absentismo y un bajo nivel de satisfacción laboral; que las medidas personalizadas en lo tocante a seguridad y salud en el trabajo pueden permitir seguir trabajando a una persona con capacidad laboral alterada y beneficiar a toda la plantilla; que, si bien en algunos casos las ausencias laborales son necesarias por motivos médicos, las personas que se ausentan del trabajo durante períodos de tiempo más largos acusan además efectos psicosociales negativos adicionales, lo que disminuye la probabilidad de que se reincorporen al trabajo en algún momento; que una atención temprana coordinada, centrada principalmente en el bienestar del trabajador, es crucial para mejorar los resultados de la reincorporación al trabajo y para prevenir las consecuencias negativas a largo plazo para la persona;

N.  Considerando que la disponibilidad y comparabilidad de los datos sobre enfermedades profesionales a escala de la Unión son, en muchos casos, insuficientes; que, según Eurofound, aproximadamente el 28 % de los europeos declara tener problemas de salud física o mental, enfermedades o discapacidades crónicas(11); que se estima que una de cada cuatro personas en edad laboral vive con problemas de salud de larga duración(12); que la discapacidad y los problemas de salud pueden ser al mismo tiempo causa y consecuencia de la pobreza; que un estudio de la OCDE ha puesto de manifiesto que, por término medio, los ingresos de las personas con discapacidad son un 12 % más bajos que los del resto de la población(13); que en algunos países esta diferencia de ingresos llega a alcanzar el 30 %; que un estudio de 2013 demostró que el 21,8 % de los pacientes con cáncer de entre 18 y 57 años de edad se quedó sin trabajo inmediatamente después de su diagnóstico, y que el 91,6 % de este grupo se quedó sin trabajo quince meses después del diagnóstico(14); que un estudio de Eurostat de 2011(15) desveló que tan solo el 5,2 % de las personas empleadas con capacidades laborales limitadas debido a un problema de salud de larga duración o a una dificultad de actividad básica declara utilizar fórmulas de trabajo especiales; que, según ese mismo estudio de Eurostat, el 24,2 % de los desempleados afirma que se necesitarían fórmulas de trabajo especiales para facilitar la reincorporación al trabajo;

O.  Considerando que la digitalización generará probablemente importantes transformaciones en la forma de organización del trabajo y que podría ayudar a mejorar las oportunidades de trabajadores como los que tienen unas capacidades físicas reducidas; que es probable que la generación de más edad tenga que hacer frente a un conjunto de retos únicos a este respecto; que esta generación también debería beneficiarse de estas transformaciones;

P.  Considerando que el derecho a unas condiciones de trabajo que respeten la salud, seguridad y dignidad de todos los trabajadores está consagrado en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y que unas condiciones de trabajo adecuadas son valiosas por sí mismas; que, de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, así como derecho al trabajo y a unas condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo; que la mejora de la salud y la reintegración de los trabajadores mejora el bienestar general de la sociedad, reporta beneficios económicos a los Estados miembros, los empleadores y los trabajadores, incluidos los trabajadores de más edad y las personas con problemas de salud, y ayuda a conservar competencias que de otro modo se perderían; que los empleadores, los trabajadores, las familias y las comunidades resultan beneficiados cuando la incapacidad laboral se transforma en capacidad laboral;

Prevención e intervención temprana

1.  Considera indispensable mejorar la gestión de las bajas por enfermedad en los Estados miembros, así como hacer que los lugares de trabajo estén mejor adaptados a las enfermedades crónicas y las discapacidades, haciendo frente a la discriminación mediante un mejor control del cumplimiento de la Directiva 2000/78/CE relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación; reconoce que, para que se produzcan mejoras, los Estados miembros deben contar con una legislación eficaz y correctamente supervisada que permita garantizar que los empleadores conviertan los lugares de trabajo en sitios más inclusivos para quienes padecen dolencias crónicas y discapacidades, procediendo, por ejemplo, a modificar las tareas, los equipos y el desarrollo de capacidades; insta a los Estados miembros a que apoyen ajustes razonables de los lugares de trabajo con el fin de garantizar una reincorporación oportuna al trabajo;

2.  Pide a la Comisión que promueva medidas de integración y rehabilitación y que apoye los esfuerzos de los Estados miembros de cara a la sensibilización y la determinación y puesta en común de buenas prácticas en materia de adaptación y ajuste del lugar de trabajo; pide a todas las partes implicadas en la reincorporación al trabajo que ayuden a facilitar el intercambio de información acerca de las potenciales barreras no médicas a dicha reincorporación y que coordinen las medidas para detectarlas y suprimirlas;

3.  Insta a Eurofound a que examine y siga analizando las oportunidades de empleo y el grado de empleabilidad de las personas que padecen enfermedades crónicas; pide que la utilización de políticas basadas en pruebas se convierta en la práctica habitual y constituya la base de los enfoques de reincorporación al trabajo; pide a los responsables políticos que asuman el liderazgo a la hora de garantizar que los empleadores y trabajadores tengan acceso a la información y a la asistencia sanitaria y que se promuevan a escala europea estas buenas prácticas;

4.  Estima que en el próximo Marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo para el período posterior a 2020 se debe seguir dando prioridad a las inversiones, mediante fondos de la Unión, destinadas a prolongar y promover unas vidas (laborales) más sanas, así como fórmulas de trabajo personalizadas, y a apoyar la contratación y la vuelta al trabajo adaptada, siempre que el trabajador lo desee y que su estado de salud lo permita; considera que la inversión en mecanismos de prevención primarios y secundarios, por ejemplo a través de la facilitación de tecnologías de sanidad electrónica, forma parte integrante de esta estrategia; pide a la Comisión y a los Estados miembros que den prioridad a la prevención de riesgos y enfermedades en el lugar de trabajo;

5.  Anima a los Estados miembros a participar plenamente en la próxima campaña 2020-2022 a escala de la Unión para la prevención de los trastornos musculoesqueléticos (TME) relacionados con el trabajo, así como a encontrar soluciones innovadoras no legislativas e intercambiar información y buenas prácticas con los interlocutores sociales; aboga por la participación activa de los Estados miembros en la difusión de la información facilitada por la EU-OSHA; reitera su llamamiento a la Comisión para que presente sin demora un acto legislativo sobre los TME; pide a los Estados miembros que lleven a cabo estudios, desglosados por sexo, edad y sector de actividad económica, para determinar la incidencia de los TME, con el fin de prevenir y luchar contra la aparición de estos trastornos y de desarrollar una estrategia global de la Unión en materia de enfermedades crónicas para la prevención y la intervención temprana;

6.  Pide a los Estados miembros y a los empleadores que adopten un papel proactivo a la hora de incorporar la información facilitada por la EU-OSHA en sus políticas y programas relativos al lugar de trabajo; celebra la reciente creación por la EU-OSHA de una nueva sección en su sitio web dedicada a las enfermedades relacionadas con el trabajo, la rehabilitación y la reincorporación al trabajo, destinada a facilitar información sobre las políticas y prácticas de prevención;

7.  Opina que la prevención sistemática de los riesgos psicosociales es una característica fundamental de los lugares de trabajo modernos; constata con preocupación el aumento de los casos de problemas de salud mental y psicosociales declarados en los últimos años, así como el hecho de que el estrés laboral suponga un problema cada vez mayor para los trabajadores y los empleadores; pide a los Estados miembros y a los interlocutores sociales que apoyen a las empresas a la hora de aplicar un conjunto coherente de políticas y programas relativos al lugar de trabajo destinados a mejorar la prevención de estos problemas, hacer frente al estigma de la salud mental y apoyar a las personas que padecen actualmente dolencias, permitiendo su acceso a ayuda psicológica; destaca, con miras a motivar ulteriormente a los empleadores para que adopten medidas, los beneficios —incluido el rendimiento demostrado de la inversión— que aportan la prevención de los riesgos psicosociales y el fomento de la salud; observa que la legislación y el reconocimiento de los riesgos psicosociales y los problemas de salud mental, como el estrés crónico y el agotamiento profesional, varían entre los distintos Estados miembros;

8.  Destaca la importancia de actualizar y presentar indicadores comunes de salud y definiciones comunes de las enfermedades relacionadas con el trabajo, incluido el estrés en el trabajo, así como datos estadísticos a escala de la Unión con vistas a establecer objetivos para reducir la incidencia de las enfermedades profesionales;

9.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen y apliquen un programa de control, gestión y apoyo sistemáticos a los trabajadores aquejados de riesgos psicosociales, incluidos el estrés, la depresión y el agotamiento profesional, entre otras cosas, a fin de elaborar unas recomendaciones y directrices eficaces para luchar contra estos riesgos; hace hincapié en que el estrés crónico en el trabajo está reconocido como un importante obstáculo a la productividad y a la calidad de vida; observa, sin embargo, que los riesgos psicosociales y el estrés relacionado con el trabajo son a menudo problemas estructurales ligados a la organización del trabajo y que es posible prevenir y gestionar estos riesgos; destaca la necesidad de realizar estudios, mejorar la prevención e intercambiar mejores prácticas e instrumentos para reinsertar a las personas afectadas en el mercado laboral;

10.  Pide el fin de la estigmatización de los problemas de salud mental y las dificultades de aprendizaje; alienta las iniciativas para sensibilizar y apoyar el cambio a este respecto mediante el desarrollo de políticas y acciones de prevención de los riesgos psicosociales en el nivel de las empresas; elogia, en este sentido, las acciones de los interlocutores sociales en los Estados miembros que contribuyen a un cambio positivo; recuerda la importancia de formar adecuadamente a los proveedores de servicios en materia de salud y seguridad en el trabajo y a los inspectores de trabajo acerca de prácticas de gestión de riesgos psicosociales; pide una cooperación más estrecha y la revitalización de las iniciativas de la Unión para abordar los riesgos psicosociales en el trabajo y dar prioridad a este asunto en el próximo marco estratégico de la EU-OSHA;

11.  Reconoce que la reintegración de trabajadores que han sufrido problemas de abuso de estupefacientes presenta desafíos específicos para los empresarios; observa, en este sentido, el ejemplo del modelo Alna aplicado por los interlocutores sociales suecos(16) para apoyar a los lugares de trabajo en la adopción de medidas proactivas y de intervención temprana y para prestar asistencia en el proceso de rehabilitación de empleados que hayan tenido problemas vinculados al consumo de sustancias;

12.  Acoge favorablemente la campaña «Trabajos saludables: Gestionemos el estrés»; hace hincapié en que las iniciativas para abordar el estrés relacionado con el trabajo deben incluir la dimensión de género, habida cuenta de las condiciones de trabajo específicas de las mujeres;

13.  Destaca la importancia de invertir más en políticas de prevención de riesgos y de apoyar una cultura de la prevención; señala que la calidad de los servicios preventivos es fundamental para apoyar a las compañías; pide a los Estados miembros que apliquen medidas eficaces en los ámbitos de las dietas saludables, el consumo de alcohol y tabaco y la calidad del aire, y que promuevan dichas políticas en el lugar de trabajo; pide asimismo a los Estados miembros que desarrollen servicios sanitarios integrados con servicios sociales, psicológicos y laborales y medicina laboral; anima a los Estados miembros a que proporcionen a los trabajadores un acceso adecuado a la sanidad para velar por la detección temprana de la aparición de enfermedades físicas y mentales y facilitar el proceso de reintegración; recuerda que la inversión temprana y la acción preventiva pueden reducir el impacto psicosocial sobre la persona a largo plazo así como los costes generales para la sociedad a largo plazo;

14.  Pide que las políticas de reintegración:

   sean coherentes con un planteamiento de ciclo vital con respecto a la educación, el aprendizaje permanente y las políticas sociales y de empleo;
   estén adaptadas, focalizadas y orientadas a las necesidades, sin exigir de los participantes nada que probablemente no podrán cumplir debido a su estado;
   sean participativas y se basen en un enfoque integrado;
   respeten las condiciones previas necesarias para permitir la participación sin crear unas condiciones que pongan en peligro la renta mínima para vivir;

15.  Considera que los Estados miembros deben proporcionar prestaciones adicionales a las personas con discapacidad o enfermedades crónicas que cubran costes adicionales en relación con, entre otros, el apoyo y la asistencia personal y el uso de instalaciones específicas y cuidados médicos y sociales, estableciendo, entre otras cosas, niveles de precios asequibles para las medicinas para los grupos sociales menos favorecidos; destaca la necesidad de garantizar unos niveles dignos de pensión de jubilación y de invalidez;

Reincorporación al trabajo

16.  Reconoce que el trabajo es una fuente importante de bienestar psicosocial positivo para las personas y que la integración de los desempleados de larga duración en el mundo laboral a través de medidas personalizadas es un factor clave para combatir la pobreza y la exclusión social, a la vez que presenta otros beneficios psicosociales preventivos; hace hincapié en que la integración de las personas que se reincorporan tras una lesión o una enfermedad mental o física tiene múltiples efectos positivos: aumenta el bienestar de las personas afectadas, reduce costes para los sistemas nacionales de seguridad social y las empresas, y apoya a la economía de forma más general, por ejemplo, haciendo más sostenibles para las generaciones futuras los sistemas de pensiones y seguridad social; observa las dificultades de los trabajadores a la hora de tratar con sistemas de compensación que podrían acarrearles retrasos innecesarios a la hora de obtener tratamiento y, en algunos casos, podrían resultar alienantes; insta a que se aplique un enfoque centrado en el cliente en todos los procedimientos administrativos asociados con la reintegración de trabajadores; pide a los Estados miembros que, en cooperación con la Comisión y las agencias de la Unión pertinentes, subsanen los efectos negativos de la ausencia laboral de larga duración sobre la salud, como el aislamiento, dificultades psicosociales, consecuencias socioeconómicas y la menor empleabilidad;

17.  Considera que tanto los Estados miembros como los empleadores deben adoptar un enfoque positivo y orientado al trabajo respecto a los trabajadores con discapacidad, los trabajadores de más edad y aquellos que han sufrido una enfermedad mental o física, incluidos aquellos diagnosticados con una enfermedad terminal, centrándose en la evaluación temprana de la capacidad que mantenga la persona para trabajar y su disposición para ello y la adaptación del lugar de trabajo, teniendo en cuenta el perfil profesional y la situación socioeconómica de la persona, así como la situación de la empresa; anima a los Estados miembros a mejorar las disposiciones de sus sistemas de seguridad social favorecedoras de un rápido retorno al trabajo, siempre que el empleado lo desee y las condiciones médicas lo permitan;

18.  Observa el papel positivo que han desempeñado las empresas sociales, más específicamente las Empresas Sociales de Integración Laboral (WISE, por sus siglas en inglés), en la reintegración en el mundo laboral de personas desempleadas de larga duración; pide a los Estados miembros que proporcionen a estas empresas el reconocimiento y el apoyo técnico necesarios;

19.  Propugna, en este sentido, que se haga referencia a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo (A/RES/61/106) y se utilice la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en todas las medidas y políticas pertinentes; comparte la opinión de que la discapacidad es una experiencia de salud que se produce en un contexto socioeconómico;

20.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que elaboren y faciliten directrices sobre mejores prácticas y asesoramiento individualizado, apoyo y asesoramiento a los empleadores sobre cómo desarrollar y aplicar planes de reintegración, garantizando un diálogo continuo entre los interlocutores sociales y velando por que se informe a los empleados de sus derechos desde el inicio del proceso de retorno al trabajo; fomenta, además, el intercambio de buenas prácticas dentro de y entre los Estados miembros, las comunidades profesionales, los interlocutores sociales, las ONG y los responsables políticos acerca de la reintegración de trabajadores que se recuperan de una enfermedad o lesión;

21.  Pide a los Estados miembros que cooperen con los interlocutores sociales para proporcionar apoyo externo a fin de garantizar que se presta orientación y asistencia técnica a las pequeñas empresas y las microempresas con una experiencia limitada en cuanto a las medidas de rehabilitación y reintegración profesionales; reconoce la importancia de tener en cuenta en el contexto de la aplicación de las medidas a escala empresarial la situación, las necesidades específicas y las dificultades de cumplimiento por parte no solo de las pymes y las microempresas, sino también de algunos sectores de los servicios públicos; destaca que la sensibilización, el intercambio de buenas prácticas, la consulta y las plataformas en línea son de suma importancia para ayudar a las pymes y a las microempresas en este proceso; pide a la Comisión y a los Estados miembros que sigan desarrollando instrumentos prácticos y directrices que puedan brindar apoyo a las pymes y las microempresas con una experiencia limitada en cuanto a las medidas de rehabilitación y reintegración profesionales; reconoce la importancia de la inversión en formación para la gestión;

22.  Señala que existe el riesgo de que planteamientos más imaginativos para reintegrar a las personas más alejadas del mercado laboral puedan verse privados de financiación en favor de un enfoque más limitado basado en resultados fácilmente cuantificables; pide a la Comisión, por tanto, que mejore la financiación para enfoques ascendentes en el marco de los Fondos Estructurales, en particular del FSE;

23.  Toma nota del éxito del enfoque personalizado de ciertos programas de reintegración que permiten y destaca la necesidad de un apoyo personalizado e integrado por parte de trabajadores sociales o asesores designados; considera que es fundamental para las empresas mantener un contacto estrecho con los trabajadores o con sus representantes durante las ausencias por enfermedad o lesión;

24.  Considera que las políticas de reincorporación y reintegración en el trabajo deben inscribirse en un enfoque holístico más amplio sobre una vida laboral sana en un entorno laboral seguro y saludable física y mentalmente a lo largo de la vida laboral y con un envejecimiento activo y saludable para todos los trabajadores; destaca la importancia crucial de la comunicación, la ayuda de especialistas en gestión de la rehabilitación ocupacional (asistentes laborales) y un enfoque integrado entre todas las partes interesadas para el éxito de la rehabilitación física y profesional de los trabajadores; considera que el lugar de trabajo debe ser el foco de atención de los sistemas de reincorporación al trabajo; alaba el éxito del enfoque no burocrático y práctico del programa fit2work(17) austríaco, que se centra en la comunicación fácil y accesible a todos los trabajadores (como el uso de un lenguaje simplificado);

25.  Destaca la importancia de mantener en el empleo a personas con capacidad de trabajo reducida, entre otras vías, velando por que las pymes y las microempresas dispongan de los recursos necesarios para hacerlo con eficacia; recomienda encarecidamente la reintegración de los trabajadores que se recuperan de enfermedades o lesiones en empleos de calidad, si así lo desea el empleado y si las condiciones médicas lo permiten, mediante el reciclaje y la mejora de las cualificaciones en el mercado laboral abierto; destaca la importancia de centrar las disposiciones políticas en la capacidad de trabajo de las personas y de mostrar a los empleadores los beneficios que aporta conservar la experiencia y el conocimiento de un trabajador que podrían perderse por una baja permanente por enfermedad; reconoce, no obstante, la importancia de disponer de una red de seguridad sólida a través del sistema nacional de seguridad social para las personas que no pueden volver al trabajo;

26.  Pide a la Comisión y los Estados miembros que establezcan marcos de políticas activas de mercado de trabajo e incentivos para los empleadores a fin de apoyar el empleo de personas con discapacidad y enfermedades crónicas, entre otras vías, mediante adaptaciones adecuadas y la eliminación de barreras en el lugar de trabajo para facilitar su reintegración; recuerda que es esencial informar a las empresas y a las personas afectadas acerca de los incentivos y derechos existentes;

27.  Reconoce, a este respecto, que las fórmulas de trabajo flexibles, personalizadas y adaptables, como el teletrabajo, el horario flexible, el equipamiento adaptado y la reducción de jornada o la carga de trabajo, desempeñan un papel importante a la hora de reintegrarse al trabajo; destaca la importancia de fomentar una vuelta temprana y/o paulatina al trabajo (si lo permite el estado médico), que podría acompañarse de un pago parcial de prestaciones por enfermedad para garantizar que la persona no sufre una pérdida de ingresos por la reincorporación al trabajo, manteniendo al mismo tiempo los incentivos económicos para las empresas; destaca que estas fórmulas, en particular la flexibilidad geográfica, temporal y funcional, deben ser viables tanto para los trabajadores como para los empresarios, facilitar la organización de la gestión del trabajo y tener en cuenta las variaciones de los ciclos de producción;

28.  Elogia los programas e iniciativas nacionales que han ayudado a facilitar la reintegración en empleos de calidad de personas con enfermedades crónicas, como el programa alemán «Job4000»(18), que adopta un enfoque integrado para mejorar la integración profesional estable de personas con discapacidad grave y que tropiezan con dificultades especiales para encontrar un trabajo, o el establecimiento de agencias de reintegración para ayudar a las personas con enfermedades crónicas a encontrar un trabajo que se ajuste a su situación y sus capacidades(19);

29.  Observa los importantes beneficios psicológicos y el aumento de productividad resultantes de un alto nivel de autonomía en el lugar de trabajo; considera que un cierto grado de autonomía en el lugar de trabajo puede ser esencial para agilizar el proceso de reintegración de los trabajadores enfermos y lesionados con estados de salud y necesidades dispares;

30.  Reconoce el valor del retorno al trabajo en el proceso de tratamiento, dado que para muchas personas el trabajo permite la independencia económica y mejora la vida, lo que puede constituir en ocasiones un factor crucial en un proceso de recuperación;

31.  Pide a los Estados miembros que no retiren inmediatamente las prestaciones sociales cuando las personas con enfermedades crónicas obtienen un puesto de trabajo, para ayudarles así a evitar la «trampa de las prestaciones»;

Cambio de actitud con respecto a la reintegración de trabajadores

32.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, en cooperación con los interlocutores sociales, garanticen en sus comunicaciones, orientaciones y políticas que los empresarios vean el proceso de reintegración como una oportunidad para recuperar las cualificaciones, las competencias y la experiencia de los trabajadores; estima que los empleadores y los representantes de los trabajadores son agentes importantes en el proceso de reincorporación al trabajo desde un principio y forman parte del proceso de toma de decisiones;

33.  Recuerda los artículos 26 y 27 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que obligan a los Estados partes a organizar, intensificar y ampliar servicios y programas generales de rehabilitación, en particular en los ámbitos de la salud, el empleo, la educación y los servicios sociales, y a alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo, así como a apoyarlas para el retorno al empleo;

34.  Hace hincapié en que sensibilizar a propósito de políticas de rehabilitación laboral y reincorporación al trabajo y una mejor cultura empresarial son factores decisivos para el éxito en el proceso de reincorporación al trabajo y para combatir actitudes negativas y atajar prejuicios y discriminaciones; considera que varias empresas podrían compartir eficazmente equipos de expertos, como psicólogos y asesores personales con formación en rehabilitación laboral, de manera que las empresas más pequeñas también puedan beneficiarse de su experiencia; opina que también tiene cabida en este proceso el apoyo y la colaboración complementaria de ONG y voluntarios;

35.  Elogia a las empresas que han tomado iniciativas para apoyar a las personas con problemas de salud, discapacidad o capacidad de trabajo alterada, ofreciendo por ejemplo programas exhaustivos de prevención, modificación de tareas, formación y reciclaje, o preparando a otros empleados para las capacidades alteradas de los trabajadores que se reincorporan, ayudando así a su reintegración; anima encarecidamente a más empresas a unirse a estos esfuerzos y desarrollar iniciativas de este tipo; Considera importante que formen parte de la cultura empresarial medidas que faciliten la reintegración de trabajadores en las empresas;

36.  Aboga por una mejor comprensión de los retos y de la discriminación que dan lugar a menos oportunidades para las personas con problemas de salud o discapacidad y problemas específicos como la falta de comprensión, los prejuicios y el estigma social;

37.  Estima que la educación y los cambios en la cultura empresarial, así como campañas a escala de la Unión, como la campaña «Vision Zero», desempeñan un papel importante a la hora de modificar la opinión generalizada; pide una mayor sensibilización sobre los desafíos demográficos a los que se enfrentan los mercados de trabajo europeos; considera inadmisible que las personas de más edad sean a menudo víctima de prejuicios contra la edad avanzada; subraya la importancia de las campañas de lucha contra la discriminación de trabajadores por razones de edad, promoviendo medidas de prevención y salud y seguridad en el trabajo; pide a los Estados miembros y a la Unión que tengan en cuenta las conclusiones del Proyecto piloto del Parlamento Europeo sobre la salud y la seguridad en el trabajo de los trabajadores de más edad;

38.  Opina que los marcos políticos nacionales repercuten de manera decisiva en la creación de un entorno propicio para la gestión de la edad y el envejecimiento activo y saludable; considera además que esto podría apoyarse de forma eficaz mediante acciones de la Unión, como medidas, orientación, intercambio de conocimientos y uso de distintos instrumentos financieros, como el FSE y los Fondos EIE; pide a los Estados miembros que promuevan medidas de rehabilitación y reintegración para los trabajadores de más edad, cuando ello sea posible y así lo deseen las personas afectadas, por ejemplo mediante la aplicación de las conclusiones del proyecto piloto de la UE sobre la salud y la seguridad de los trabajadores de más edad;

39.  Reconoce que las personas a las que se les ha diagnosticado una enfermedad terminal mantienen el derecho fundamental al trabajo; reconoce además que estas personas se enfrentan a un conjunto único de desafíos en relación con su situación laboral, distintos de los desafíos a que se enfrentan otros grupos de pacientes, ya que a menudo cuentan con poco tiempo para adaptarse a los cambios en su estado y para que se introduzcan adaptaciones necesarias en el lugar de trabajo; alaba las iniciativas como la campaña «Dying to Work» para fines de sensibilización acerca de estos problemas específicos; anima a los empleadores a que dialoguen tanto como sea posible con los empleados que han recibido un diagnóstico de enfermedad terminal, para velar por que puedan hacerse todas las adaptaciones necesarias y posibles para que el trabajador pueda seguir trabajando si así lo desea; opina que, para muchos, permanecer en el lugar de trabajo es un imperativo personal, psicológico o económico y es algo fundamental para su dignidad y su calidad de vida; insta a los Estados miembros a que apoyen la adaptación razonable de los lugares de trabajo al conjunto único de desafíos a que se enfrenta este grupo de personas; pide a la Comisión que aborde la falta de datos sobre la situación laboral de las personas con cáncer y apoye la recopilación de datos mejores y comparables entre todos los Estados miembros a fin de mejorar los servicios de apoyo para ellos;

40.  Destaca, a este respecto, la importancia de desarrollar y actualizar las capacidades de los trabajadores de manera que se correspondan con las necesidades de la empresa y del mercado, con especial hincapié en las capacidades digitales, proporcionando de este modo a los trabajadores la formación pertinente y el acceso al aprendizaje permanente; pone de relieve la digitalización creciente del mercado de trabajo; señala que la mejora de las capacidades digitales puede ser parte integrante de la preparación para la reincorporación al trabajo, en particular para la población de más edad;

41.  Observa que los cuidadores formales e informales desempeñan un papel clave en la rehabilitación laboral; reconoce que el 80 % de los cuidados en Europa son prestados por cuidadores no remunerados(20) y que el acto de prestar cuidados reduce, por tanto, considerablemente las perspectivas de empleo a largo plazo de este grupo de personas; reconoce asimismo que, habida cuenta de que la mayoría de cuidadores son mujeres, hay una visible dimensión de género en la cuestión de la situación laboral de los cuidadores; pide a la Unión y los Estados miembros y a los empresarios que tengan especialmente en cuenta las consecuencias laborales para los cuidadores;

o
o   o

42.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO C 204 de 13.6.2018, p. 179.
(2) DO C 366 de 27.10.2017, p. 117.
(3) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0474.
(4) DO C 101 de 16.3.2018, p. 138.
(5) DO C 102 E de 24.4.2008, p. 321.
(6) DO L 303 de 2.12.2000, p. 16.
(7) https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/reports/psychosocial-risks-eu-prevalence-strategies-prevention/view
(8) Instituto para la Medición y Evaluación de la Salud (2016), «GBD Compare Data Visualization» (Visualización de comparación de datos sobre la carga global de enfermedad) http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare
(9) Grupo Científico del Foro Europeo sobre Alcohol y Salud (2011), «Alcohol, Work and Productivity» (Alcohol, trabajo y productividad) https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/alcohol/docs/science_02_en.pdf
(10) Eurofound (2012), «Consumo de alcohol y de drogas en el lugar de trabajo» https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_files/docs/ewco/tn1111013s/tn1111013s.pdf
(11) Tercera Encuesta europea sobre calidad de vida de 2001-2012 de Eurofoundhttps://www.eurofound.europa.eu/es/surveys/european-quality-of-life-surveys/european-quality-of-life-survey-2012
(12) p. 7 https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/social_determinants/docs/final_sum_ecorys_web.pdf
(13) p. 7, Principales conclusiones https://www.oecd.org/els/emp/42699911.pdf
(14) p. 5 https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/policies/docs/2017_chronic_framingdoc_en.pdf
(15) Eurostat, Módulo ad hoc de la EPA de 2011, mencionado en:https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/policies/docs/2017_chronic_framingdoc_en.pdf
(16) http://www.alna.se/in-english
(17) EU-OSHA Case Study on Austria — Fit2Work programme https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/austria-fit2work/view
(18) Fuente: Documento del proyecto Pathways 5.2 “Scoping Paper on the Available Evidence on the Effectiveness of Existing Integration and Re-Integration into Work Strategies for Persons with Chronic Conditions” («Documentos de antecedentes sobre las pruebas disponibles acerca de la eficacia de las estrategias existentes de integración y reintegración en el trabajo para personas con dolencias crónicas»)
(19) Fuente: Return to work coaching services for people with a chronic disease by certified “experts by experience”: the Netherlands. Case Study (Servicios de asesoramiento individualizado para el retorno al trabajo para personas con enfermedades crónicas por «expertos por experiencia» certificados: los Países Bajos. Estudio de caso), EU-OSHA
(20) http://www.ecpc.org/WhitePaperOnCancerCarers.pdf


Relaciones entre la Unión y terceros países en materia de regulación y supervisión de los servicios financieros
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Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de septiembre de 2018, sobre las relaciones entre la Unión y terceros países en materia de regulación y supervisión de los servicios financieros (2017/2253(INI))
P8_TA(2018)0326A8-0263/2018

El Parlamento Europeo,

–  Visto el informe, de 25 de febrero de 2009, del Grupo de alto nivel sobre supervisión financiera en la UE, presidido por Jacques De Carosiera,

–  Vista su Resolución, de 11 de marzo de 2014, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la revisión del Sistema Europeo de Supervisión Financiera (SESF)(1),

–  Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 15 de mayo de 2014, titulado «Economice Revire of te Financiar Regulación Agenda» (Análisis económico del programa de regulación financiera) (SWD(2014)0158),

–  Visto el informe de la Comisión, de 8 de agosto de 2014, sobre el funcionamiento de las Autoridades Europeas de Supervisión (AES) y del Sistema Europeo de Supervisión Financiera (SESF) (COM(2014)0509),

–  Vista su Resolución, de 12 de abril de 2016, sobre el papel de la UE en el marco de las instituciones y los organismos financieros, monetarios y reguladores internacionales(2),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 23 de noviembre de 2016, titulada «Convocatoria de datos sobre el marco normativo de los servicios financieros de la UE» (COM(2016)0855),

–  Vista su Resolución, de 19 de enero de 2016, sobre la evaluación y los retos de la normativa sobre servicios financieros de la UE: impacto y camino hacia un marco de la UE más eficiente y efectivo para la regulación financiera y una unión de los mercados de capitales(3),

–  Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 27 de febrero de 2017, titulado «EU equivalente decisiones in financiar cervices policía: an assessment» (Decisiones de equivalencia de la Unión Europea en el marco de la política de servicios financieros: una evaluación) (SWD(2017)0102),

–  Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2018, sobre el marco de las relaciones futuras entre la Unión Europea y el Reino Unido(4),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A8‑0263/2018),

A.  Considerando que desde la crisis financiera se han adoptado más de 40 nuevos textos de legislación financiera de la Unión, quince de los cuales incluyen «disposiciones sobre terceros países» que confieren a la Comisión, en nombre de la Unión, la facultad discrecional de decidir unilateralmente si las normas reguladoras de jurisdicciones extranjeras pueden considerarse equivalentes;

B.  Considerando que la equivalencia y los derechos de pasaporte son conceptos claramente diferentes que establecen derechos y obligaciones diferentes para las los organismos reguladores, los supervisores, las entidades financieras y los participantes en el mercado; que las decisiones de equivalencia no confieren derechos de pasaporte a las entidades financieras establecidas en terceros países, dado que este concepto está inextricablemente ligado al mercado interior con su marco normativo, judicial, de supervisión y ejecución común;

C.  Considerando que ningún acuerdo comercial celebrado por la Unión ha incorporado disposiciones en materia de acceso mutuo transfronterizo relativas a los servicios financieros;

D.  Considerando que no existe un marco único que sustente las decisiones de equivalencia; que cada acto legislativo establece un régimen de equivalencia específico adaptado a sus objetivos políticos; que las actuales disposiciones relativas a la equivalencia ofrecen diferentes planteamientos que permiten una serie de posibles beneficios en función del proveedor de servicios financieros y del mercado en el que opera;

E.  Considerando que la equivalencia es, entre otras cosas, un instrumento de promoción de la convergencia normativa internacional, lo que puede dar lugar a una mayor competencia en el mercado interior de la Unión en igualdad de condiciones, al tiempo que evita el arbitraje regulador, protege a consumidores e inversores, preserva la estabilidad financiera de la Unión y mantiene la coherencia en el mercado interior; que la equivalencia es asimismo un instrumento que garantiza un tratamiento justo y equitativo en materia de regulación y supervisión de las entidades financieras de la Unión y las entidades financieras de terceros países;

F.  Considerando que las decisiones en materia de equivalencia se basan en el código normativo único de la UE y se adoptan sobre la base de una evaluación técnica; que, sin embargo, deben ser objeto de un mayor grado de control por parte del Parlamento;

G.  Considerando que la Comisión describe equivalencia como un instrumento clave para gestionar eficazmente, y en un entorno prudencial sólido y seguro, la actividad transfronteriza de quienes operan en los mercados junto a las jurisdicciones de terceros países que cumplen, aplican y ejecutan de forma rigurosa los mismos estándares elevados de normas prudenciales que la Unión;

H.  Considerando que la próxima retirada del Reino Unido de la Unión tendrá posiblemente un impacto significativo en la regulación y supervisión de los servicios financieros, habida cuenta de la estrecha relación que existe actualmente entre los Estados miembros en este ámbito; que las negociaciones sobre la retirada del Reino Unido de la Unión siguen en curso;

I.  Considerando que, en caso de que se acuerde y ratifique el acuerdo de retirada, incluido el periodo de transición, las entidades financieras dispondrán de un periodo de adaptación al Brexit más prolongado; que, a falta de un periodo de transición, la Comisión y las Autoridades Europeas de Supervisión (AES) deben estar preparadas para proteger la estabilidad financiera, la integridad del mercado interior y la autonomía de la toma de decisiones en la Unión;

J.  Considerando que, con vistas a la estabilidad financiera de la Unión, es necesario considerar plenamente la interconexión entre los mercados de terceros países y el mercado único de la Unión;

K.  Considerando que, en su Resolución de 19 de enero de 2016 sobre la evaluación y los retos de la normativa sobre servicios financieros de la UE, el Parlamento pidió a la Comisión que propusiera «un marco sólido, coherente, transparente y práctico aplicable a los procedimientos y decisiones relativos a la equivalencia con terceros países, tomando en consideración un análisis basado en los resultados y en normas y acuerdos internacionales»;

Relaciones con terceros países desde la crisis

1.  Señala que, desde la crisis financiera, la Unión ha desarrollado su regulación financiera a través de un amplio abanico de reformas y la aplicación de normas internacionales; acoge con satisfacción el aumento de la cooperación en materia de regulación y supervisión entre la Unión y terceros países; reconoce que esto ha contribuido a mejorar la coherencia general de la regulación financiera y a hacer que la Unión sea más resistente frente a las crisis financieras mundiales;

2.  Considera que la Unión debe promover reformas de la regulación financiera mundial destinadas a reducir el riesgo sistémico y mejorar la estabilidad financiera, así como trabajar en pro de un sistema financiero abierto, integrado, eficiente y resistente que respalde un crecimiento económico sostenible e integrador, la creación de empleo y las inversiones; destaca que cualquier marco internacional de cooperación en materia de reglamentación y supervisión debe salvaguardar la estabilidad financiera de la Unión y respetar su régimen y normativa reglamentarios y de supervisión, así como su aplicación;

3.  Observa con preocupación que la cooperación internacional es cada vez más difícil debido a diferentes intereses nacionales y al incentivo intrínseco de trasladar los riesgos a otras jurisdicciones;

Procedimientos de equivalencia de la Unión

4.  Señala que diversos actos legislativos de la Unión contienen disposiciones específicas para la cooperación en materia de regulación con terceros países, relacionadas con la cooperación en materia de supervisión y medidas prudenciales;

5.  Subraya que la concesión de la equivalencia es una decisión unilateral adoptada por la Unión sobre la base de normas de la Unión; considera que en algunos casos específicos la cooperación internacional podría fomentarse también mediante acuerdos de cooperación entre la Unión y terceros países;

6.  Enfatiza que la Unión debe animar a otras jurisdicciones a que den acceso a sus mercados financieros a los participantes del mercado de la Unión;

7.  Subraya que, mediante las relaciones de la Unión con terceros países en materia de regulación y supervisión de los servicios financieros, la Unión debe reforzar la cooperación fiscal con terceros países, de conformidad con la normativa internacional y de la Unión; considera que las decisiones sobre equivalencia deben depender de la existencia, en los terceros países, de normas satisfactorias sobre la lucha contra la evasión fiscal, el fraude fiscal, la elusión fiscal y el blanqueo de capitales;

8.  Reconoce que el régimen de equivalencia de la Unión es parte integrante de una serie de sus actos legislativos en materia normativa y de supervisión para los servicios financieros y puede ofrecer diversas ventajas, tales como el incremento de la competencia, el aumento de los flujos de capital hacia la Unión, más instrumentos y opciones de inversión para las empresas y los inversores de la Unión, una mayor protección para los inversores y los consumidores y estabilidad financiera;

9.  Reitera que, en la mayoría de los casos, las decisiones de equivalencia no conceden a las entidades financieras establecidas en terceros países el derecho a proveer servicios financieros en toda la Unión; señala que, en algunos casos, pueden conceder a las entidades de terceros países un acceso limitado al mercado único para determinados productos o servicios;

10.  Subraya, por el contrario, que el «pasaporte de la Unión» ofrece a las empresas el derecho a ofrecer servicios financieros en todo el EEE, gracias a la licencia concedida por su país de origen y bajo la supervisión de este, y que, como tal, no está disponible para las entidades financieras establecidas en países no pertenecientes al EEE, ya que se basa en una serie de requisitos prudenciales armonizados con arreglo al Derecho de la Unión y en el reconocimiento mutuo de licencias;

11.  Subraya que el régimen de equivalencia de la Unión aspira a promover la convergencia normativa a escala internacional y a reforzar la cooperación en materia de supervisión sobre la base de las normas internacionales y de la Unión, así como a asegurar la igualdad de tratamiento de las entidades financieras de la Unión y de terceros países al tiempo que se preserva la estabilidad financiera de la Unión y se protege a los inversores y los consumidores;

12.  Considera que, en su forma actual, el proceso de la Unión para la concesión de la equivalencia se beneficiaría de una mayor transparencia con relación al Parlamento Europeo; opina que un marco estructurado, horizontal y práctico, junto con directrices relativas al reconocimiento de los marcos de supervisión de terceros países y un nivel de detalle de la evaluación de dichos marcos, aumentarían la transparencia;

13.  Considera que las decisiones de equivalencia deben ser objetivas, proporcionadas y sensibles al riesgo y mantener al mismo tiempo los elevados niveles de la regulación de la Unión; considera, además, que las decisiones de equivalencia deben adoptarse en el mejor interés de la Unión, sus Estados miembros y sus ciudadanos, vista la estabilidad de la Unión o de uno o más de sus Estados miembros, la integridad del mercado, la protección de los inversores y los consumidores y el funcionamiento del mercado interior;

14.  Considera que las evaluaciones de equivalencia son de naturaleza técnica, pero observa que las decisiones de evaluación tienen una clara dimensión política, posiblemente al equilibrar diferentes objetivos políticos; insiste en que el proceso de concesión de la equivalencia a un tercer país en el ámbito de los servicios financieros debe ser objeto de un control adecuado por parte del Parlamento y del Consejo y en que, en aras de una mayor transparencia, estas decisiones deben adoptarse mediante actos delegados y, cuando sea necesario, facilitarse mediante un procedimiento temprano de no objeción;

15.  Toma nota de que la decisión de la Comisión de 21 de diciembre de 2017 de conceder la equivalencia a los centros de negociación de acciones suizos como parte del procedimiento de equivalencia de la Directiva MiFID II/Reglamento MiFIR— limitada a un período de doce meses con posibilidad de prórroga, siempre que se realicen progresos suficientes sobre un marco institucional común — fue claramente política;

16.  Toma nota de que la Comisión tiene derecho a revocar las decisiones de equivalencia, particularmente en casos de divergencia normativa material, y opina que el Parlamento debe ser consultado de manera oportuna, en principio antes de que se tome esa decisión de revocación; pide la introducción de procedimientos transparentes para la adopción, revocación o suspensión de las decisiones de equivalencia;

17.  Considera que debe elaborarse un marco coherente para la supervisión permanente de un régimen equivalente de un tercer país; considera que las Autoridades Europeas de Supervisión (AES) deben disponer de competencias para asesorar a la Comisión y realizar un seguimiento de los cambios normativos y de supervisión en terceros países, dado que pueden afectar a la Unión por la interconectividad del sistema financiero; pide que se informe al Parlamento del seguimiento en curso de la regulación y la supervisión en terceros países; observa, a este respecto, el paquete legislativo relativo a la revisión del sistema europeo de supervisión financiera, que prevé un mayor control tras las decisiones de equivalencia, incluidas las cuestiones normativas, la supervisión y ejecución y la situación en el mercado del tercer país;

18.  Considera que, mediante el futuro marco de equivalencia de la Unión, los terceros países deben informar a las AES sobre toda evolución normativa a escala nacional, y que la decisión de equivalencia debe requerir una buena cooperación en materia normativa y de supervisión y el intercambio de información; considera asimismo que los terceros países deben mantener un estrecho diálogo con la Unión;

19.  Pide a la Comisión que revise y prevea un marco claro para una aplicación transparente, sólida y coherente de los procedimientos de equivalencia que introduzca un procedimiento mejorado para la determinación, revisión, suspensión o revocación de la equivalencia; insta a la Comisión a que evalúe los beneficios de la introducción de un procedimiento de solicitud para la concesión de la equivalencia a terceros países;

20.  Pide que las decisiones de equivalencia sean supervisadas regularmente por la Autoridad Europea de Supervisión pertinente y que los resultados de dicha supervisión se hagan públicos; destaca que dicha supervisión debe abordar la legislación pertinente, las prácticas de ejecución y las prácticas de supervisión, así como las principales enmiendas legislativas y la evolución del mercado, del tercer país afectado; pide, además, a la AES que realice evaluaciones ad hoc de la evolución en terceros países basadas en peticiones motivadas del Parlamento, el Consejo y la Comisión;

21.  Insta a la Comisión a que considere el actual régimen de equivalencia y evalúe si contribuye a la consecución de condiciones justas para las entidades financieras de la Unión y de terceros países, al tiempo que preserva la estabilidad financiera de la Unión o de uno o más de sus Estado miembro, la integridad del mercado, la protección de los consumidores e inversores y el funcionamiento del mercado interior; considera que esta revisión, junto con las propuestas de mejora cuando proceda, deben publicarse;

22.  Insta a la Comisión a que informe anualmente al Parlamento Europeo acerca de las decisiones de equivalencia, incluidas las equivalencias concedidas, suspendidas y revocadas, y que explique las razones de estas decisiones;

23.  Recuerda la importancia de las AES en el análisis y control de los marcos normativos y de supervisión de terceros países, y pide, a este respecto, que las AES pertinentes tengan la capacidad y las competencias necesarias para recoger, cotejar y analizar datos; recuerda la función de las autoridades nacionales competentes en el proceso de autorización de las entidades financieras que deseen delegar parte de su gestión de cartera o de su gestión de riesgos a proveedores de servicios en terceros países cuyo régimen normativo sea comparable al de la Unión, así como la importancia de la convergencia en materia de supervisión; observa la permanente revisión de las AES, en particular las propuestas sobre la supervisión de los acuerdos de delegación, externalización y transferencia del riesgo de las entidades financieras; considera que las autoridades nacionales competentes y las AES deben cooperar estrechamente con vistas a intercambiar las mejores prácticas con terceros países, así como velar por una aplicación uniforme de la cooperación y las actividades normativas;

Papel de la Unión en el establecimiento de normas a escala mundial para la regulación financiera

24.  Subraya la importancia del activo papel de la Unión en el establecimiento de normas a escala mundial como forma de avanzar hacia la coherencia internacional en la regulación financiera, con objeto de maximizar la estabilidad financiera, reducir el riesgo sistémico, proteger a los consumidores e inversores, evitar las lagunas normativas entre jurisdicciones y desarrollar un sistema financiero internacional eficiente;

25.  Pide la participación activa de la Unión y los Estados miembros que participan en los organismos encargados de establecer normas a escala mundial para los servicios financieros; recuerda las peticiones realizadas a la Comisión en su informe sobre el papel de la Unión en el marco de las entidades y los organismos financieros, monetarios y reguladores internacionales;

26.  Pide además que, a tal fin, se eleve la categoría del Foro conjunto sobre reglamentación financiera entre la Unión Europea y los Estados Unidos para que cuente con reuniones más frecuentes con el objetivo de lograr una coordinación más regular y coherente;

27.  Señala que la mejora de las relaciones con terceros países en el ámbito de los servicios financieros y el fortalecimiento de los mercados de capitales de la Unión no deben considerarse mutuamente excluyentes; destaca, por tanto, la necesidad de avanzar en el proyecto de la unión de los mercados de capitales;

o
o   o

28.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0202.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0108.
(3) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0006.
(4) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0069.


Impulso al crecimiento y la cohesión en las regiones fronterizas de la UE
PDF 153kWORD 59k
Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de septiembre de 2018, sobre el impulso al crecimiento y la cohesión en las regiones fronterizas de la UE (2018/2054(INI))
P8_TA(2018)0327A8-0266/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vistos el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y los artículos 4, 162, 174 a 178 y 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo(1),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1299/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones específicas relativas al apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al objetivo de cooperación territorial europea(2),

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 1082/2006 sobre la Agrupación europea de cooperación territorial (AECT)(3),

–  Vista la Directiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza(4),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de septiembre de 2017, titulada «Impulsar el crecimiento y la cohesión en las regiones fronterizas de la UE» (COM(2017)0534),

–  Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 20 de septiembre de 2017, que acompaña a la Comunicación de la Comisión titulada «Impulsar el crecimiento y la cohesión en las regiones fronterizas de la UE» (SWD(2017)0307),

–  Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2018, sobre las regiones menos desarrolladas de la UE(5),

–   Vista su Resolución, de 17 de abril de 2018, sobre el refuerzo de la cohesión económica, social y territorial en la Unión Europea: séptimo informe de la Comisión Europea(6),

–  Vista su Resolución, de 13 de junio de 2017, sobre los componentes esenciales para una política de cohesión de la Unión posterior a 2020(7),

–  Vista su Resolución, de 13 de junio de 2017, sobre la mejora de la participación activa de los interlocutores y la visibilidad en la ejecución de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos(8),

–  Vista su Resolución, de 18 de mayo de 2017, sobre una combinación adecuada de financiación para las regiones de Europa: equilibrar los instrumentos financieros y las subvenciones en la política de cohesión de la Unión(9),

–  Vista su Resolución, de 16 de febrero de 2017, sobre invertir en crecimiento y empleo – maximizar la contribución de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos: evaluación del informe de conformidad con el artículo 16, apartado 3, del RDC(10),

–   Visto el Dictamen del Comité de las Regiones, de 8 de febrero de 2017, titulado «Falta de conexiones de transporte en las regiones fronterizas»(11),

–  Vista su Resolución, de 13 de septiembre de 2016, sobre la política de cohesión y las estrategias de investigación e innovación para la especialización inteligente (RIS3)(12),

–  Vista su Resolución, de 13 de septiembre de 2016, sobre la cooperación territorial europea – mejores prácticas y medidas innovadoras(13),

–  Vista su Resolución, de 10 de mayo de 2016, sobre nuevas herramientas de desarrollo territorial en la política de cohesión para el periodo 2014-2020: inversión territorial integrada (ITI) y desarrollo local participativo (DLP)(14),

–  Vistas las conclusiones y recomendaciones del Grupo de alto nivel sobre el seguimiento de la simplificación para los beneficiarios de los Fondos EIE,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Regional y la opinión de la Comisión de Cultura y Educación (A8-0266/2018),

A.  Considerando que en la Unión y sus vecinos inmediatos de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) se contabilizan cuarenta fronteras terrestres interiores y regiones con fronteras interiores de la Unión, y que estas regiones representan el 40 % de su territorio, el 30 % de su población y producen casi un tercio del PIB de la Unión;

B.  Considerando que las regiones fronterizas, en particular las que tienen una baja densidad de población, tienden a enfrentarse a condiciones más difíciles para el desarrollo social y económico y presentan, por lo general, un rendimiento económico inferior al de otras regiones de los Estados miembros, y que su pleno potencial económico está por explotar;

C.  Considerando que las barreras de tipo físico y/o geográfico contribuyen también a limitar la cohesión económica, social y territorial entre regiones fronterizas, tanto dentro como fuera de la Unión, en especial en el caso de regiones montañosas;

D.  Considerando que, pese a los esfuerzos ya realizados, siguen persistiendo obstáculos — sobre todo de carácter administrativo, lingüístico y jurídico—, que dificultan el crecimiento económico y el desarrollo social y la cohesión entre las regiones fronterizas y en el interior de las mismas;

E.  Considerando que la Comisión calculó en 2017 que la supresión de solo un 20 % de los obstáculos existentes en las regiones fronterizas propiciaría un aumento de su PIB de un 2 % (unos 91 000 millones EUR), lo que se traduciría en aproximadamente un millón de nuevos puestos de trabajo; que es un hecho ampliamente reconocido que la cooperación territorial, incluida la cooperación transfronteriza, aporta un valor añadido genuino y visible, en particular, a los ciudadanos de la Unión que viven a lo largo de las fronteras interiores;

F.  Considerando que el número total de trabajadores y estudiantes transfronterizos activos en otro país de la Unión se eleva, aproximadamente, a 2 millones, de los cuales 1,3 millones son trabajadores, lo que representa el 0,6 % del total de trabajadores en la UE-28;

G.  Considerando que, en el actual marco financiero plurianual (MFP), el 95 % de los fondos de la red transeuropea de transporte (RTE-T) y del Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) se destina a corredores principales de la RTE-T, mientras que los proyectos pequeños relacionados con la red integral y las intervenciones para conectar con la red de RTE-T, aunque son fundamentales para resolver problemas específicos y para desarrollar las conexiones y las economías transfronterizas, no suelen ser aptos para recibir cofinanciación ni financiación nacional;

H.  Considerando que la Comisión también piensa presentar su posición sobre las regiones fronterizas marítimas interiores;

I.  Considerando que la Comisión también debería adoptar una posición respecto de los múltiples retos a que se enfrentan las regiones fronterizas exteriores de la Unión, incluidas las regiones ultraperiféricas, las zonas rurales, las zonas afectadas por la transición industrial y las regiones de la Unión que padecen la lejanía, la insularidad u otras desventajas naturales o demográficas graves y permanentes, de conformidad con el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE);

1.  Se felicita por la Comunicación de la Comisión titulada «Impulsar el crecimiento y la cohesión en las regiones fronterizas de la UE» que, como resultado de dos años de investigación y diálogo, ofrece una valiosa visión de los desafíos y obstáculos a que se enfrentan las regiones fronterizas interiores de la Unión; subraya, en este contexto, la importancia de utilizar y difundir buenas prácticas y experiencias positivas, como se hace en esta Comunicación de la Comisión, y pide un seguimiento con análisis similares en relación con las regiones fronterizas exteriores de la Unión;

Centrarse en los obstáculos persistentes

2.  Señala que el acceso a los servicios públicos, al igual que ocurre con su desarrollo, es esencial para los 150 millones de personas que constituyen la población de las zonas transfronterizas interiores, y que se suele ver entorpecido por numerosos obstáculos jurídicos y administrativos, incluyendo barreras lingüísticas; pide, por tanto, a la Comisión y a los Estados miembros que maximicen sus esfuerzos y refuercen su cooperación a fin de eliminar dichos obstáculos, y de fomentar y establecer el uso de la administración electrónica, en particular los aspectos relacionados con los servicios sanitarios, el transporte, la educación, la cultura, el deporte, las comunicaciones, la movilidad laboral, así como la normativa, el comercio transfronterizo y el desarrollo empresarial;

3.  Subraya que los problemas y retos a que se enfrentan las regiones fronterizas son comunes en cierta medida, si bien varían asimismo de una región a otra o entre Estados miembros, y dependen de las características jurídicas, administrativas, económicas y geográficas concretas de una región dada, lo que hace necesario aplicar un enfoque individual a cada una de estas regiones; reconoce, no obstante, que las regiones transfronterizas en general se benefician de un potencial común de desarrollo; alienta a que se apliquen enfoques específicos, integrados y basados en el emplazamiento, como el desarrollo local participativo (DLP);

4.  Destaca que los marcos jurídicos e institucionales diversos de los Estados miembros pueden dar lugar a inseguridad jurídica en las regiones fronterizas, lo que se traduce en una elevación de la duración y el coste de la ejecución de los proyectos, y constituye un obstáculo adicional para los ciudadanos, las instituciones y las empresas en las regiones fronterizas, lo que entorpece con frecuencia las buenas iniciativas; hace hincapié, por tanto, en que es deseable mejorar la coordinación y la comunicación, la complementariedad y la voluntad para abordar los obstáculos entre los Estados miembros o, al menos, a escala de región fronteriza;

5.  Reconoce la situación especial de los trabajadores transfronterizos, que son los más gravemente afectados por los retos existentes en las regiones fronterizas, incluidos, en particular, el reconocimiento de títulos y otras cualificaciones obtenidos tras una reconversión profesional, la asistencia sanitaria, el transporte y el acceso a la información sobre las ofertas de empleo, la seguridad social y los regímenes fiscales; pide a los Estados miembros, en este contexto, que redoblen sus esfuerzos con miras a superar esos obstáculos y que ofrezcan mayores competencias, fondos y una flexibilidad suficiente a las autoridades regionales y locales de las regiones fronterizas para coordinar mejor los sistemas jurídicos y administrativos nacionales vecinos, al objeto de elevar la calidad de vida de los trabajadores transfronterizos; subraya, en este contexto, la importancia de la divulgación y del uso de las mejores prácticas en toda la Unión; hace hincapié en que estos problemas son aún más complejos para los trabajadores transfronterizos con origen o destino en países no pertenecientes a la Unión;

6.  Señala los desafíos asociados al desempeño de actividades empresariales en las regiones fronterizas, en particular los relacionados con la adopción y aplicación del Derecho laboral y mercantil, la fiscalidad, la contratación pública o los sistemas de seguridad social; pide a los Estados miembros y a las regiones que adapten o armonicen mejor las disposiciones jurídicas pertinentes con arreglo a los retos planteados por las zonas transfronterizas, y que promuevan la complementariedad y logren la convergencia de los marcos normativos a fin de permitir una mayor coherencia y flexibilidad jurídicas en la aplicación de la legislación nacional, así como mejorar la difusión de información sobre cuestiones transfronterizas, por ejemplo, mediante la creación de ventanillas únicas para permitir a los trabajadores y a las empresas que cumplan sus obligaciones y se acojan plenamente a sus derechos, según se exija en el sistema legislativo del Estado miembro en el que presten sus servicios; pide una mejor utilización de las soluciones disponibles y la garantía de financiación para las estructuras de cooperación existentes;

7.  Expresa su decepción por que, en la comunicación de la Comisión, no se incluyese una evaluación específica de las pequeñas y medianas empresas (pymes), incluyendo el apoyo extra que se les puede proporcionar; considera que las pymes se enfrentan a retos particulares en lo que respecta a la interacción transfronteriza, entre los que se incluyen, no de forma exclusiva, los relacionados con el idioma, la capacidad administrativa, las diferencias culturales y las divergencias jurídicas; destaca que es particularmente importante afrontar este desafío, ya que las pymes emplean al 67 % de los trabajadores de los sectores empresariales no financieros de la Unión, y crean el 57 % del valor añadido(15);

8.  Señala que, en las regiones transfronterizas, sobre todo en las que tienen menor densidad de población, el transporte, en particular en lo referente a los servicios de transporte público transfronterizo, sigue estando insuficientemente desarrollado y coordinado, en parte debido a conexiones inexistentes o en desuso, lo que dificulta la movilidad transfronteriza y las perspectivas de desarrollo económico; destaca, además, que la infraestructura de transporte transfronteriza se ve asimismo afectada de forma negativa por la complejidad de las disposiciones reglamentarias y administrativas; destaca el potencial que existe para desarrollar medios de transporte sostenibles, principalmente mediante el transporte público y, en este sentido, aguarda el futuro estudio de la Comisión sobre la falta de conexiones ferroviarias a lo largo de las fronteras interiores de la Unión; subraya que cualquier estudio de este tipo o recomendación futura ha de basarse, entre otras cosas, en la información y experiencia de las autoridades locales, regionales y nacionales, así como tener en cuenta las eventuales propuestas de cooperación transfronteriza y, allí donde ya existan, de mejorar las conexiones transfronterizas, y pide a las autoridades transfronterizas que propongan formas de colmar las lagunas existentes en las redes de transporte; recuerda que algunas infraestructuras ferroviarias ya existentes caen en desuso por falta de apoyo; destaca los beneficios que un mayor desarrollo de las vías navegables puede aportar a las economías locales y regionales; pide que se consagre un eje del MCE, dotado con un presupuesto adecuado, a la realización de los eslabones que faltan en la infraestructura sostenible de transporte de las regiones fronterizas; destaca la necesidad de resolver los cuellos de botella en el transporte, que dificultan las actividades económicas como el transporte, el turismo y el desplazamiento de los ciudadanos;

9.  Observa que el atractivo de las regiones transfronterizas para la vida y la inversión depende en gran medida de la calidad de vida, de la disponibilidad de servicios públicos y comerciales para ciudadanos y empresas y de la calidad del transporte, condiciones que solo pueden alcanzarse y mantenerse con la estrecha colaboración de las autoridades nacionales, regionales y locales, así como de las empresas de ambos lados de la frontera;

10.  Lamenta el hecho de que los diversos y complejos procedimientos para la autorización previa de los servicios de asistencia sanitaria y los métodos utilizados de pago o reembolso, las cargas administrativas para los pacientes relacionadas con la consulta transfronteriza a especialistas, las incompatibilidades en el uso de la tecnología y en la puesta en común de datos de los pacientes, así como la ausencia de información accesible unificada no solo limitan la accesibilidad a ambos lados de la frontera y, en consecuencia, entorpecen el pleno uso de los centros de asistencia sanitaria, sino que también impiden que los servicios de emergencia y rescate realicen sus intervenciones transfronterizas;

11.  Hace hincapié en la función que las regiones fronterizas de la Unión pueden desempeñar respecto del medio ambiente y su preservación, ya que la contaminación y los desastres naturales tienen con frecuencia carácter transfronterizo; apoya, en este contexto, los proyectos transfronterizos sobre protección medioambiental para las regiones fronterizas exteriores de la Unión, ya que estas regiones suelen enfrentarse a retos medioambientales causados por las distintas normas medioambientales y las diferentes normativas legales de los países vecinos de la Unión; aboga asimismo por la cooperación y la coordinación en la gestión interna del agua para evitar desastres naturales, como las inundaciones;

12.  Pide a la Comisión que aborde con urgencia los problemas derivados de la existencia de barreras físicas y geográficas entre regiones fronterizas;

Mejorar la cooperación y la confianza

13.  Considera que la confianza mutua, la voluntad política y un planteamiento flexible entre las partes interesadas a distintos niveles, desde el nivel local hasta el nivel nacional incluida la sociedad civil, son fundamentales para superar los citados obstáculos persistentes; cree que el valor de la política de cohesión para las regiones fronterizas se basa en el objetivo de impulsar los empleos y el crecimiento, y que esta acción debe iniciarse a escala de la Unión, de los Estados miembros, y también a escala regional y local; pide, por tanto, mejorar la coordinación y el diálogo, lograr un intercambio de información más eficaz y continuar el intercambio de las mejores prácticas entre las autoridades, en particular a nivel local y regional; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que refuercen dicha cooperación y proporcionen financiación para estructuras de cooperación, con el fin de garantizar una adecuada autonomía funcional y financiera de las autoridades locales y regionales respectivas;

14.  Pone de relieve la importancia de la educación y la cultura y, en particular, las oportunidades de intensificar los esfuerzos para promover el multilingüismo y la interculturalidad en las regiones fronterizas; hace hincapié en el potencial de los centros de enseñanza y de los medios de comunicación locales en estos esfuerzos y anima a los Estados miembros, las regiones y los municipios situados a lo largo de las fronteras interiores a introducir la enseñanza de las lenguas de los países vecinos en sus planes de estudios a partir de la enseñanza preescolar; subraya además la importancia de promover un enfoque multilingüe en todos los niveles de la administración;

15.  Insta a los Estados miembros a que faciliten y fomenten el reconocimiento mutuo y una mejor comprensión de los certificados, los títulos, y las cualificaciones de formación profesional entre regiones vecinas; promueve, por tanto, la inclusión de competencias específicas en el plan de estudios con el objetivo de aumentar las oportunidades de empleo transfronterizas, incluida la convalidación y el reconocimiento de las competencias;

16.  Apoya diversas medidas dirigidas a combatir todas las formas de discriminación en las regiones fronterizas y a eliminar los obstáculos para las personas vulnerables a la hora de buscar un empleo e integrarse en la sociedad; respalda, en este sentido, el fomento y el desarrollo de empresas sociales en las regiones fronterizas como fuente de creación de empleo, en particular para los grupos de personas vulnerables, como por ejemplo los jóvenes desempleados y las personas con discapacidad;

17.  Se felicita por el Plan de Acción sobre Administración Electrónica 2016-2020(16) como un instrumento para lograr una administración pública eficaz e inclusiva, y reconoce el valor especial de este plan en lo que atañe a las medidas de simplificación en las regiones fronterizas; señala que la interoperabilidad de los sistemas existentes de administración electrónica es necesaria a nivel de las administraciones nacional, regional y local; manifiesta, sin embargo, su inquietud por la desigual aplicación del plan en algunos Estados miembros; expresa asimismo su preocupación por la frecuente falta de interoperabilidad de los sistemas electrónicos de las autoridades y por el bajo nivel de los servicios en línea disponibles para que los empresarios extranjeros comiencen su actividad en otro país; pide, por tanto, a los Estados miembros que adopten medidas para facilitar el acceso, incluidos los instrumentos lingüísticos, a sus servicios digitales a usuarios potenciales de zonas vecinas; pide a las autoridades de las regiones transfronterizas que creen portales electrónicos para el desarrollo de iniciativas empresariales transfronterizas; insta a las autoridades de los Estados miembros, regionales y locales a aumentar sus esfuerzos con proyectos de administración electrónica que repercutirán de forma positiva en la vida y el trabajo de los ciudadanos fronterizos;

18.  Observa que algunas regiones fronterizas interiores y exteriores se enfrentan a graves retos migratorios que, con frecuencia, sobrepasan la capacidad de las regiones fronterizas, y alienta el uso adecuado de programas Interreg, así como el intercambio de buenas prácticas entre las autoridades locales y regionales de las zonas fronterizas, en el marco de la integración de los refugiados bajo protección internacional; subraya la necesidad de apoyo y coordinación a escala europea, así como la necesidad de que los Gobiernos nacionales apoyen a las autoridades locales y regionales a la hora de abordar estos desafíos;

19.  Insta a la Comisión a presentar su visión sobre la manera de responder a los retos a los que se enfrentan las regiones fronterizas tanto marítimas interiores como exteriores; solicita más apoyo para los proyectos transfronterizos de las regiones fronterizas exteriores de la Unión con las regiones fronterizas de los países vecinos, en particular con las regiones de aquellos terceros países que participen en el proceso de integración en la Unión; reitera, en este contexto, que las características de las regiones fronterizas y los retos a los que se enfrentan son comunes en cierta medida, al tiempo que requieren un enfoque diferenciado y específico; hace hincapié en la necesidad de prestar una atención especial y un apoyo adecuado a las regiones ultraperiféricas que se encuentran en las fronteras exteriores de la Unión;

20.  Subraya que la futura política de cohesión deberá tener debidamente en cuenta y prestar un apoyo adecuado a las regiones de la Unión en las que las consecuencias de la retirada del Reino Unido de la Unión tengan un mayor impacto, en particular a aquellas regiones que se encontrarán situadas, como resultado de ello, en las fronteras (marítimas o terrestres) de la Unión;

21.  Pide a los Estados miembros que mejoren la complementariedad de sus servicios sanitarios en las regiones fronterizas y velen por la existencia de una auténtica cooperación en prestación transfronteriza de servicios de emergencia tales como la asistencia sanitaria, la policía y las intervenciones contra incendios, a fin de garantizar que se respetan los derechos de los pacientes, como se prevé en la Directiva sobre asistencia sanitaria transfronteriza, y se aumentan la disponibilidad y la calidad de los servicios; insta a los Estados miembros, las regiones y los municipios a celebrar acuerdos marco bilaterales o multilaterales sobre cooperación en materia de asistencia sanitaria transfronteriza y, en este contexto, señala las denominadas ZOAST (Zones Organisées d'Accès aux Soins Transfrontaliers), en las que los residentes de territorios fronterizos pueden recibir asistencia sanitaria a ambos lados de la frontera en centros sanitarios específicos sin ningún obstáculo administrativo ni económico, y que se han convertido en puntos de referencia para la cooperación en materia de asistencia sanitaria transfronteriza en toda Europa;

22.  Pide a la Comisión que estudie las posibilidades de aumentar la cooperación y de superar los obstáculos al desarrollo regional en las fronteras exteriores con las regiones vecinas, sobre todo con las regiones de los países que se preparan para la adhesión a la Unión;

23.  Destaca la importancia de los proyectos transfronterizos y a pequeña escala para reunir a las personas y, de esta manera, generar nuevas posibilidades de desarrollo local;

24.  Subraya la importancia de aprender de los casos de éxito en algunas regiones fronterizas y de seguir aprovechando su potencial;

25.  Destaca la importancia del deporte como herramienta para facilitar la integración de las comunidades que viven en regiones fronterizas e insta a los Estados miembros y a la Comisión Europea a que asignen los recursos económicos adecuados a los programas de cooperación territorial para financiar infraestructuras deportivas locales;

Aprovechar los instrumentos de la Unión para mejorar la coherencia

26.  Subraya la función muy importante y positiva de los programas de la cooperación territorial europea, y en particular los programas de cooperación transfronteriza, en el desarrollo y la cohesión de las regiones fronterizas en los aspectos económico y social, incluyendo a las regiones marítimas y de las fronteras exteriores; se felicita de que, en la propuesta de MFP de la Comisión para 2021-2027, se mantenga la cooperación territorial europea como un objetivo importante, con un papel más claro dentro de la política de cohesión posterior a 2020, y pide un aumento significativo de su presupuesto, en especial para el componente transfronterizo; subraya el evidente valor añadido europeo de la cooperación territorial europea y pide al Consejo que adopte los créditos presupuestarios propuestos a este respecto; destaca, al mismo tiempo, la necesidad de simplificar los programas, garantizar una mayor coherencia de la cooperación territorial europea con los objetivos globales de la Unión y de dar a los programas la flexibilidad necesaria para afrontar mejor los desafíos locales y regionales, de reducir la carga administrativa para los beneficiarios y de facilitar una mayor inversión en proyectos de infraestructura sostenibles mediante programas de cooperación transfronteriza; pide a las autoridades en las regiones transfronterizas que utilicen en mayor medida la ayuda facilitada mediante estos programas;

27.  Pide a la Comisión que informe periódicamente al Parlamento Europeo de la lista de los obstáculos que se hayan eliminado en el ámbito de la cooperación transfronteriza; alienta a la Comisión a que potencie el uso de los instrumentos innovadores existentes, que contribuyen a la modernización permanente y a la profundización de la cooperación transfronteriza, como el Centro de Cuestiones Fronterizas, la red SOLVIT reforzada, así como el portal digital único, orientado a la estructuración de los conocimientos especializados y al asesoramiento en aspectos regionales transfronterizos, y a que desarrolle otros nuevos; insta a la Comisión y a los Estados miembros a procurar que las administraciones públicas sean digitales por defecto, en la medida de lo posible, para garantizar los servicios públicos digitales de extremo a extremo a ciudadanos y empresas en regiones fronterizas;

28.  Subraya la importancia de que la Comisión recabe información sobre la interacción transfronteriza para lograr un proceso de toma de decisiones mejor y más fundamentado en cooperación con los Estados miembros, las regiones y los municipios, así como de apoyar y financiar proyectos piloto, programas, estudios, análisis e investigación territorial;

29.  Aboga por que se haya un uso mejor del potencial de las estrategias macrorregionales de la Unión a la hora de abordar los retos referentes a las regiones fronterizas;

30.  Considera que la política de cohesión debe estar más orientada a la inversión en personas, ya que las economías de las regiones fronterizas pueden potenciarse mediante una mezcla efectiva de inversiones en innovación, capital humano, buena gobernanza y capacidad institucional;

31.  Lamenta que no se aproveche plenamente el potencial de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial, lo que podría deberse, por una parte, a ciertas reservas de las autoridades locales y regionales y, por otra, a su temor a una transferencia de competencias, y también a la falta persistente de conocimiento de sus competencias respectivas; pide que se identifique y aborde rápidamente cualquier otra causa de esta situación; pide a la Comisión que proponga medidas para superar los obstáculos a la aplicación efectiva de este instrumento; recuerda que el papel fundamental de la Comisión en los programas de cooperación territorial europea debe tener como objetivo facilitar la cooperación entre los Estados miembros;

32.  Insta a que se tengan en cuenta las experiencias de las numerosas eurorregiones que existen y operan entre las regiones fronterizas exteriores e interiores de la Unión para que se mejoren las oportunidades de desarrollo económico y social y la calidad de vida de los ciudadanos que viven en las regiones fronterizas; solicita la evaluación de la labor de las eurorregiones en el ámbito de la cooperación regional y su relación con las iniciativas y el trabajo de las regiones fronterizas de la Unión, con el fin de coordinar y optimizar los resultados de su labor en este ámbito;

33.  Subraya que la evaluación del impacto territorial ayuda a comprender mejor las repercusiones de las políticas en los territorios; pide a la Comisión que considere conceder una mayor importancia a la evaluación del impacto territorial cuando se propongan iniciativas legislativas de la Unión;

34.  Está convencido de que un convenio transfronterizo europeo que, en el caso de una infraestructura o de un servicio transfronterizo circunscrito a nivel territorial (como un hospital o una línea de tranvía), permitiera aplicar el marco normativo nacional o las normas de solo uno de los dos o más países implicados serviría para reducir aún más los obstáculos transfronterizos; se felicita, en este contexto, por la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, recientemente publicada, relativo a un mecanismo para superar los obstáculos jurídicos y administrativos en un contexto transfronterizo (COM(2018)0373);

35.  Está a la espera de la propuesta de Reglamento de la Comisión sobre un instrumento de gestión de la cooperación transfronteriza, con el fin de valorar su utilidad para las regiones de que se trata;

o
o   o

36.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Consejo, a los Parlamentos nacionales y regionales de los Estados miembros, al Comité Europeo de las Regiones y al Comité Económico y Social Europeo.

(1) DO L 347 de 20.12.2013, p. 320.
(2) DO L 347 de 20.12.2013, p. 259.
(3) DO L 210 de 31.7.2006, p. 19.
(4) DO L 88 de 4.4.2011, p. 45.
(5) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0067.
(6) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0105.
(7) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0254.
(8) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0245.
(9) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0222.
(10) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0053.
(11) DO C 207 de 30.6.2017, p. 19.
(12) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0320.
(13) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0321.
(14) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0211.
(15) Informe anual sobre las pymes europeas 2016/2017, p. 6.
(16) Comunicación de la Comisión, 19 de abril de 2016, titulada «Plan de Acción sobre Administración Electrónica de la UE 2016-2020 – Acelerar la transformación digital de la administración» (COM(2016)0179).


Cuerpo Europeo de Solidaridad ***I
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Resolución
Texto
Anexo
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 11 de septiembre de 2018, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el marco jurídico del Cuerpo Europeo de Solidaridad y se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1288/2013, (UE) n.º 1293/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1305/2013 y (UE) n.º 1306/2013 y la Decisión n.º 1313/2013/UE (COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))
P8_TA(2018)0328A8-0060/2018

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2017)0262),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, el artículo 165, apartado 4, y el artículo 166, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0162/2017),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista su resolución sobre el Cuerpo Europeo de Solidaridad, de 6 de abril de 2017, n.º 2017/2629(RSP)(1),

–  Vistos los dictámenes motivados presentados por el Senado checo, el Parlamento español y el Parlamento portugués, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, en los que se afirma que el proyecto de acto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 19 de octubre de 2017(2),

–  Previa consulta al Comité de las Regiones,

–  Visto el documento relativo a la Agenda Política para el Voluntariado en Europa, del Año Europeo del Voluntariado 2011, y el correspondiente informe de seguimiento quinquenal de 2015 relativo al Año Europeo del Voluntariado 2011, titulado «Helping Hands»,

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, de su Reglamento interno, y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 27 de junio de 2018, de aprobar la Posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Cultura y Educación y las opiniones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de la Comisión de Presupuestos, de la Comisión de Desarrollo Regional y de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A8-0060/2018),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Aprueba la declaración conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión adjunta a la presente resolución;

3.  Toma nota de la declaración de la Comisión adjunta a la presente resolución;

4.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

5.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 11 de septiembre de 2018 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2018/... del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el marco jurídico del Cuerpo Europeo de Solidaridad y se modifican el Reglamento (UE) n.º 1288/2013, el Reglamento (UE) n.º 1293/2013 y la Decisión n.º 1313/2013/UE

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, el Reglamento (UE) 2018/1475.)

ANEXO A LA RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

DECLARACIÓN CONJUNTA DEL PARLAMENTO EUROPEO, EL CONSEJO Y LA COMISIÓN

Sin perjuicio de las competencias de la Autoridad Presupuestaria, el 80 % del presupuesto para la ejecución del Programa en 2019 y 2020 debe ponerse a disposición a través de reasignaciones especificadas de la rúbrica 1a (Competitividad para el crecimiento y el empleo) del marco financiero plurianual (MFP) para el período 2014-2020 y reasignaciones procedentes del Mecanismo de Protección Civil de la Unión y el Programa LIFE. Sin embargo, no se efectuarán reasignaciones adicionales a partir del programa Erasmus+, además de la suma de 231 800 000 EUR a los que hace mención la propuesta de la Comisión (COM(2017)0262).

El 20 % restante del presupuesto para la ejecución del Programa en 2019 y 2020 debe extraerse de los márgenes disponibles de la rúbrica 1a del MFP 2014-2020.

Existe consenso en cuanto a que la Comisión velará por que se faciliten los créditos necesarios mediante el procedimiento presupuestario anual normal de una manera equilibrada y prudente.

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN

La Comisión confirma que el uso de créditos de los recursos asignados a la asistencia técnica a iniciativa de la Comisión en virtud del Reglamento sobre disposiciones comunes (en particular, las reasignaciones procedentes del Fondo Social Europeo y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) para la financiación del Cuerpo Europeo de Solidaridad en 2018 no será utilizado por la Comisión como precedente para la propuesta sobre el Cuerpo Europeo de Solidaridad posterior a 2020 (COM(2018)0440).

(1) DO C 298 de 23.8.2018, p. 68.
(2) DO C 81 de 2.3.2018, p. 160.


Programa de apoyo a las reformas estructurales: dotación financiera y objetivo general ***I
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Resolución
Texto
Anexo
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 11 de septiembre de 2018, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/825 con el fin de incrementar la dotación financiera del programa de apoyo a las reformas estructurales y adaptar su objetivo general (COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))
P8_TA(2018)0329A8-0227/2018

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2017)0825),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y los artículos 175 y 197, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0433/2017),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 14 de marzo de 2018(1),

–  Visto el dictamen del Comité de las Regiones de 3 de abril de 2018(2),

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, del Reglamento interno, y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 18 de julio de 2018, de aprobar la posición del Parlamento, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo Regional y las opiniones de la Comisión de Presupuestos, de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A8-0227/2018),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Aprueba la declaración conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión adjunta a la presente resolución;

3.  Toma nota de la declaración de la Comisión adjunta a la presente resolución;

4.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

5.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 11 de septiembre de 2018 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2018/... del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/825 con el fin de incrementar la dotación financiera del programa de apoyo a las reformas estructurales y adaptar su objetivo general

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, el Reglamento (UE) 2018/1671.)

ANEXO A LA RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

DECLARACIÓN CONJUNTA DEL PARLAMENTO EUROPEO, EL CONSEJO Y LA COMISIÓN

En lo que se refiere a la financiación del incremento de la dotación financiera del programa de apoyo a las reformas estructurales y, sin perjuicio de las competencias de la Autoridad Presupuestaria, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión han acordado lo siguiente:

1.  Se financiarán 40 millones EUR con cargo a la línea presupuestaria del programa de apoyo a las reformas estructurales que figura en la rúbrica 1b (13.08.01) del MFP (cohesión económica, social y territorial) sobre la base de la movilización del margen global para compromisos, de conformidad con el artículo 14 del Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 por el que se establece el MFP en el marco del procedimiento presupuestario con arreglo al artículo 314 del TFUE;

2.  Se financiarán 40 millones EUR con cargo a la línea presupuestaria del programa de apoyo a las reformas estructurales que figura en la rúbrica 2 (13.08.02) del MFP (Crecimiento sostenible: recursos naturales) mediante reasignaciones distintas de la asistencia técnica y del desarrollo rural en el marco de esta rúbrica y sin recurrir a los márgenes. Las fuentes exactas de estas redistribuciones se especificarán en su momento con mayor detalle teniendo en cuenta las negociaciones del procedimiento presupuestario para el presupuesto 2019.

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN

(que se publicará en la serie C del DO)

 La Comisión identificará y propondrá reasignaciones de 40 millones EUR en la Rúbrica 2 del MFP (Crecimiento sostenible: recursos naturales) en la Nota Rectificativa al proyecto de presupuesto general de 2019.

 La Comisión tiene la intención de proponer la movilización del margen global para compromisos, de conformidad con el artículo 14 del Reglamento del MFP (Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013), en el marco del procedimiento presupuestario para 2020 con arreglo al artículo 314 del TFUE.

(1) DO C 237 de 6.7.2018, p. 53.
(2) DO C 247 de 13.7.2018, p. 54.


Programa de Euratom que complementa el Programa Marco Horizonte 2020*
PDF 178kWORD 55k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 11 de septiembre de 2018, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo al Programa de Investigación y Formación de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (2019-2020) que complementa Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación (COM(2017)0698 – C8-0009/2018 – 2017/0312(NLE))
P8_TA(2018)0330A8-0258/2018

(Consulta)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2017)0698),

–  Visto el artículo 7 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C8-0009/2018),

–  Visto el artículo 78 quater de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A8-0258/2018),

1.  Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2.  Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el artículo 293, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica;

3.  Pide al Consejo que le informe si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

4.  Pide al Consejo que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente la propuesta de la Comisión;

5.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

Texto de la Comisión   Enmienda
Enmienda 1
Propuesta de Reglamento
Considerando 4
(4)  A fin de garantizar la continuidad de la investigación nuclear a nivel de la Comunidad, es necesario establecer el Programa de Investigación y Formación de la Comunidad para el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020 («el Programa Euratom»). El Programa Euratom debe tener los mismos objetivos que el Programa 2014-2018, apoyar las mismas actividades y utilizar el mismo modo de ejecución, que se ha demostrado eficaz y adecuado a efectos de la consecución de los objetivos del programa.
(4)  A fin de garantizar la continuidad de la investigación nuclear a nivel de la Comunidad y cumplir los objetivos fijados en ese ámbito, es necesario establecer el Programa de Investigación y Formación de la Comunidad para el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020 («el Programa Euratom»). El Programa Euratom debe tener los mismos objetivos que el Programa 2014-2018, apoyar las mismas actividades y utilizar el mismo modo de ejecución, que se ha demostrado eficaz y adecuado a efectos de la consecución de los objetivos del programa.
Enmienda 2
Propuesta de Reglamento
Considerando 6
(6)  Pese al impacto potencial de la energía nuclear en el abastecimiento energético y el desarrollo económico, los accidentes nucleares graves podrían poner en peligro la salud humana. Por lo tanto, en el Programa Euratom debe concederse la máxima atención posible a la seguridad tecnológica nuclear, y en su caso a los aspectos relacionados con la seguridad física que trata el Centro Común de Investigación (JRC).
(6)  Pese al impacto positivo de la energía nuclear en el abastecimiento energético y el desarrollo económico, los accidentes nucleares graves podrían poner en peligro la salud humana y el medio ambiente a medio y largo plazo. Por lo tanto, en el Programa Euratom debe concederse la máxima atención posible a la seguridad tecnológica nuclear, y en su caso a los aspectos relacionados con la seguridad física que trata el Centro Común de Investigación (JRC).
Enmienda 3
Propuesta de Reglamento
Considerando 7
(7)  El Plan Estratégico Europeo de Tecnología Energética (el «Plan EETE»), recogido en las conclusiones del Consejo de 28 de febrero de 2008 en Bruselas, está acelerando el desarrollo de un abanico de tecnologías con baja emisión de carbono. En su reunión del 4 de febrero de 2011, el Consejo Europeo convino en que la Unión y sus Estados miembros promoverían la inversión en energías renovables y tecnologías seguras y sostenibles con bajas emisiones de carbono y se centrarían en la ejecución de las prioridades tecnológicas establecidas en el Plan EETE. Cada Estado miembro sería libre de escoger el tipo de tecnologías a las que prestaría apoyo.
(7)  El Plan Estratégico Europeo de Tecnología Energética (el «Plan EETE»), recogido en las conclusiones del Consejo de 28 de febrero de 2008 en Bruselas, está acelerando el proceso de innovación en el campo de las tecnologías europeas avanzadas con baja emisión de carbono. En su reunión del 4 de febrero de 2011, el Consejo Europeo convino en que la Unión y sus Estados miembros promoverían la inversión en energías renovables y tecnologías seguras y sostenibles con bajas emisiones de carbono, incluida la energía nuclear, y se centrarían en la ejecución de las prioridades tecnológicas establecidas en el Plan EETE. La Acción 10 (ámbito nuclear) del Plan EETE tiene por objetivo mantener un nivel elevado de seguridad de los reactores nucleares y de los ciclos de combustible asociados durante el funcionamiento y el cierre definitivo, mejorando además la eficiencia. Cada Estado miembro sería libre de escoger el tipo de tecnologías a las que prestaría apoyo.
Enmienda 4
Propuesta de Reglamento
Considerando 8
(8)  Dado que todos los Estados miembros disponen de instalaciones nucleares o hacen uso de materiales radiactivos, especialmente para fines médicos, el Consejo reconoció, en las conclusiones de sus reuniones en Bruselas de los días 1 y 2 de diciembre de 2008, la necesidad permanente de mantener la capacitación en el ámbito nuclear, en especial a través de una educación y formación adecuadas, vinculadas con la investigación y coordinadas a nivel de la Comunidad.
(8)  Dado que todos los Estados miembros disponen de instalaciones nucleares o hacen uso de materiales radiactivos, especialmente para fines médicos, el Consejo reconoció, en las conclusiones de sus reuniones en Bruselas de los días 1 y 2 de diciembre de 2008, la necesidad permanente de mantener la capacitación en el ámbito nuclear, en especial a través de una educación y formación adecuadas a todos los niveles y de la apropiada coordinación con los proyectos de investigación a escala europea.
Enmienda 5
Propuesta de Reglamento
Considerando 9
(9)  Si bien corresponde a cada Estado miembro decidir si utilizará o no la energía nuclear, se reconoce asimismo que la energía nuclear cumple funciones diferentes en los distintos Estados miembros.
(9)  Si bien corresponde a cada Estado miembro decidir si utilizará o no la energía nuclear, se reconoce asimismo que la investigación nuclear cumple una importante función en todos los Estados miembros, por ejemplo en el ámbito de la salud humana.
Enmienda 6
Propuesta de Reglamento
Considerando 11
(11)  Para que la fusión se convierta en una opción creíble para la producción comercial de energía, es necesario en primer lugar completar con éxito y en plazo la construcción del ITER e iniciar su funcionamiento. En segundo lugar, es necesario establecer una hoja de ruta ambiciosa, pero realista, hacia la producción de electricidad para 2050. La consecución de esos objetivos exige que el programa europeo de fusión se oriente hacia un programa común de actividades que aplique dicha hoja de ruta. Conviene garantizar la continuidad del apoyo de la Comunidad, con objeto de asegurar los logros de las actividades de investigación sobre fusión en curso, así como el compromiso a largo plazo de las partes interesadas en el ámbito de la fusión y la colaboración entre ellas. Debe hacerse mayor hincapié fundamentalmente en las actividades de apoyo al ITER, y también en la evolución hacia el reactor de demostración, con inclusión de una mayor participación del sector privado, si procede. Esta racionalización y reorientación deben llevarse a cabo sin poner en peligro el liderazgo europeo en la comunidad científica de la fusión.
(11)  Para que la fusión se convierta en una opción creíble para la producción comercial de energía, es necesario en primer lugar completar con éxito y en plazo la construcción del ITER e iniciar su funcionamiento, a lo cual el Programa Euratom puede contribuir significativamente. En segundo lugar, es necesario establecer una hoja de ruta ambiciosa, pero realista, hacia la producción de electricidad para 2050. La consecución de esos objetivos exige que el programa europeo de fusión se oriente hacia un programa común de actividades que aplique dicha hoja de ruta. Conviene garantizar la continuidad del apoyo a largo plazo de la Comunidad, con objeto de asegurar los logros de las actividades de investigación sobre fusión en curso, así como el compromiso a largo plazo de las partes interesadas en el ámbito de la fusión y la colaboración entre ellas. Debe hacerse mayor hincapié fundamentalmente en las actividades de apoyo al ITER, y también en la evolución hacia el reactor de demostración, con inclusión de una mayor participación del sector privado, si procede. Esta racionalización y reorientación deben llevarse a cabo sin poner en peligro el liderazgo europeo en la comunidad científica de la fusión.
Enmienda 7
Propuesta de Reglamento
Considerando 12
(12)  El JRC debe seguir proporcionando un apoyo científico y tecnológico independiente y a instancias del cliente para la formulación, desarrollo, aplicación y seguimiento de las políticas de la Comunidad, en particular en el ámbito de la investigación y formación sobre seguridad nuclear física y tecnológica. Con objeto de aprovechar de manera óptima los recursos humanos y garantizar que no se dupliquen las tareas de investigación en la Unión, conviene analizar cualquier nueva actividad que realice el JRC para comprobar su coherencia con las que ya se están llevando a cabo en los Estados miembros. Los aspectos de seguridad física del Programa Marco Horizonte 2020 deben limitarse a las acciones directas del JRC.
(12)  El JRC debe seguir proporcionando un apoyo científico y tecnológico independiente y a instancias del cliente para la formulación, desarrollo, aplicación y seguimiento de las políticas de la Comunidad, en particular en el ámbito de la investigación y formación sobre seguridad física y tecnológica, salvaguardias y no proliferación en materia nuclear. Con objeto de aprovechar de manera óptima los recursos humanos y garantizar que no se dupliquen las tareas de investigación en la Unión, conviene analizar cualquier nueva actividad que realice el JRC para comprobar su coherencia con las que ya se están llevando a cabo en los Estados miembros. Los aspectos de seguridad física del Programa Marco Horizonte 2020 deben limitarse a las acciones directas del JRC.
Enmienda 8
Propuesta de Reglamento
Considerando 14
(14)  En el interés de todos sus Estados miembros, el papel de la Unión consiste en desarrollar un marco para apoyar la investigación conjunta de vanguardia, la creación de conocimientos y la conservación de los conocimientos sobre las tecnologías de la fisión nuclear, con especial hincapié en la seguridad física y tecnológica, la protección radiológica y la no proliferación. Esto requiere datos científicos independientes, necesidad que el JRC puede contribuir señaladamente a satisfacer. Así se reconocía en la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, con fecha 6 de octubre de 2010, titulado «Iniciativa emblemática de Europa 2020 – Unión por la Innovación», en la que la Comisión señalaba su intención de reforzar los datos científicos utilizados en la formulación de políticas a través del JRC. El JRC se propone responder a este desafío centrando su investigación sobre la seguridad nuclear física y tecnológica en las prioridades políticas de la Unión.
(14)  En el interés de todos sus Estados miembros, el papel de la Unión consiste en desarrollar un marco para apoyar la investigación conjunta de vanguardia, la creación de conocimientos y la conservación de los conocimientos sobre las tecnologías de la fisión nuclear, con especial hincapié en la seguridad física y tecnológica, el tratamiento de los residuos radiactivos, la protección radiológica y la no proliferación. Esto requiere datos científicos independientes, necesidad que el JRC puede contribuir señaladamente a satisfacer. Así se reconocía en la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, con fecha 6 de octubre de 2010, titulada «Iniciativa emblemática de Europa 2020 – Unión por la Innovación», en la que la Comisión señalaba su intención de reforzar los datos científicos utilizados en la formulación de políticas a través del JRC. El JRC se propone responder a este desafío centrando su investigación sobre la seguridad nuclear física y tecnológica en las prioridades políticas de la Unión.
Enmienda 9
Propuesta de Reglamento
Considerando 15
(15)  Con el fin de profundizar las relaciones entre la ciencia y la sociedad, así como de reforzar la confianza pública en la ciencia, el Programa Euratom debe favorecer una participación informada de los ciudadanos y de la sociedad civil en las cuestiones relacionadas con la investigación y la innovación mediante el fomento de la educación científica, haciendo más accesibles los conocimientos científicos, elaborando unas agendas de investigación e innovación responsables que atiendan las expectativas y preocupaciones de la sociedad civil y facilitando su participación en las actividades del Programa.
(15)  Con el fin de profundizar las relaciones entre la ciencia y la sociedad, así como de reforzar la confianza pública en la ciencia, el Programa Euratom debe garantizar una mejor provisión de información para posibilitar una participación informada de los ciudadanos y de la sociedad civil en las cuestiones relacionadas con la investigación y la innovación mediante el fomento de la educación científica, haciendo más accesibles los conocimientos científicos, elaborando unas agendas de investigación e innovación responsables que atiendan las expectativas y preocupaciones de la sociedad civil y facilitando su participación en las actividades del Programa.
Enmienda 10
Propuesta de Reglamento
Considerando 17
(17)  Los resultados de los debates mantenidos durante el simposio sobre «Ventajas y limitaciones de la investigación sobre fisión nuclear para una economía con bajas emisiones de carbono», preparado mediante un estudio interdisciplinar en el que participaron, entre otros, expertos en los ámbitos de la energía, la economía y las ciencias sociales, y organizado por la Comisión y el Comité Económico y Social Europeo en Bruselas los días 26 y 27 de febrero de 2013, reconocían la necesidad de proseguir la investigación nuclear en el plano europeo.
(17)  Los resultados de los debates mantenidos durante el simposio sobre «Ventajas y limitaciones de la investigación sobre fisión nuclear para una economía con bajas emisiones de carbono», preparado mediante un estudio interdisciplinar en el que participaron, entre otros, expertos en los ámbitos de la energía, la economía y las ciencias sociales, y organizado por la Comisión y el Comité Económico y Social Europeo en Bruselas los días 26 y 27 de febrero de 2013, reconocían la necesidad de proseguir la investigación nuclear, incluida la investigación relativa a la fisión, en el plano europeo.
Enmienda 11
Propuesta de Reglamento
Considerando 18
(18)  El Programa Euratom debe contribuir al atractivo de la profesión de investigador en la Unión. Debe prestarse una atención adecuada a la Carta Europea de los Investigadores y al Código de Conducta para la Contratación de Investigadores17, junto con otros marcos de referencia pertinentes definidos en el contexto del Espacio Europeo de Investigación, dentro siempre del respeto a su carácter voluntario.
(18)  El Programa Euratom debe contribuir al atractivo de la profesión de investigador en la Unión y al fomento de la participación de los jóvenes en la investigación en ese ámbito. Debe prestarse una atención adecuada a la Carta Europea de los Investigadores y al Código de Conducta para la Contratación de Investigadores17, junto con otros marcos de referencia pertinentes definidos en el contexto del Espacio Europeo de Investigación, dentro siempre del respeto a su carácter voluntario.
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17 Recomendación de la Comisión, de 11 de marzo de 2005, relativa a la Carta Europea del Investigador y al Código de conducta para la contratación de investigadores (DO L 75 de 22.3.2005, p. 67).
17 Recomendación de la Comisión, de 11 de marzo de 2005, relativa a la Carta Europea del Investigador y al Código de conducta para la contratación de investigadores (DO L 75 de 22.3.2005, p. 67).
Enmienda 12
Propuesta de Reglamento
Considerando 19
(19)  Las actividades desarrolladas en el Programa Euratom deben estar encaminadas a promover la igualdad entre mujeres y hombres en la investigación y la innovación, abordando, en particular, las causas subyacentes del desequilibrio entre hombres y mujeres, explotando todo el potencial de los investigadores e investigadoras e integrando la dimensión del género en el contenido de los proyectos, con el fin de mejorar la calidad de la investigación y fomentar la innovación. Las actividades deben tener también por objetivo la aplicación de los principios relativos a la igualdad entre hombres y mujeres establecidos en los artículos 2 y 3 del Tratado de la Unión Europea y el artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
(19)  Las actividades desarrolladas en el Programa Euratom han de respetar los principios de la igualdad entre mujeres y hombres en la investigación y la innovación, abordando, en particular, las causas subyacentes del desequilibrio entre hombres y mujeres, explotando todo el potencial de los investigadores e investigadoras, y mejorando su acceso a los programes de investigación, con el fin de mejorar la calidad de la investigación y fomentar la innovación. Las actividades deben tener también por objetivo la aplicación de los principios relativos a la igualdad entre hombres y mujeres establecidos en los artículos 2 y 3 del Tratado de la Unión Europea y el artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
Enmienda 13
Propuesta de Reglamento
Considerando 20
(20)  Las actividades de investigación e innovación apoyadas por el Programa Euratom deben respetar los principios éticos fundamentales. Deben tenerse en cuenta los dictámenes sobre cuestiones energéticas del Grupo Europeo sobre Ética de la Ciencia y las Nuevas Tecnologías, según proceda. Las actividades de investigación deben tener asimismo en cuenta el artículo 13 del TFUE y reducir la utilización de animales en la investigación y la experimentación, con el fin último de sustituir la utilización de animales. Todas las actividades deben llevarse a cabo garantizando un elevado nivel de protección de la salud humana.
(20)  Las actividades de investigación e innovación apoyadas por el Programa Euratom deben respetar los principios éticos fundamentales. Deben tenerse en cuenta los dictámenes sobre cuestiones energéticas del Grupo Europeo sobre Ética de la Ciencia y las Nuevas Tecnologías, según proceda. Las actividades de investigación deben tener asimismo en cuenta el artículo 13 del TFUE y sustituir la utilización de animales en la investigación y la experimentación, con el fin último de prohibir la utilización de animales. Todas las actividades deben llevarse a cabo garantizando el máximo nivel de protección de la salud humana.
Enmienda 14
Propuesta de Reglamento
Considerando 21
(21)  También debe lograrse un mayor impacto combinando el Programa Euratom y los fondos del sector privado dentro de asociaciones público-privadas en ámbitos clave en que la investigación y la innovación puedan contribuir a alcanzar los objetivos generales de competitividad de la Unión. Debe prestarse una atención particular a la participación de las pequeñas y medianas empresas.
(21)  También debe lograrse un mayor impacto combinando el Programa Euratom y los fondos del sector privado dentro de asociaciones público-privadas en ámbitos clave en que la investigación y la innovación puedan contribuir a alcanzar los objetivos generales de competitividad de la Unión. Debe prestarse una atención particular a la participación de las pequeñas y medianas empresas, incluyendo a los nuevos agentes innovadores emergentes en el ámbito de investigación pertinente.
Enmienda 15
Propuesta de Reglamento
Considerando 25
(25)  Los intereses financieros de la Unión deben ser protegidos mediante medidas proporcionadas a lo largo de todo el ciclo del gasto, incluidas la prevención, la detección y la investigación de irregularidades, la recuperación de los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal utilizados y, en su caso, las sanciones. Una estrategia de control revisada, que desplace el énfasis de la minimización de los porcentajes de error hacia el control basado en el riesgo y la detección del fraude, debe reducir la carga que supone el control para los participantes.
(25)  Los intereses financieros de la Unión deben ser protegidos mediante medidas proporcionadas a lo largo de todo el ciclo del gasto, incluidas la prevención, la detección y la investigación de irregularidades gracias a unos procedimientos de auditoría conjuntos, la recuperación de los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal utilizados y, en su caso, las sanciones. Una estrategia de control revisada, que desplace el énfasis de la minimización de los porcentajes de error hacia el control basado en el riesgo y la detección del fraude sobre la base de principios y criterios comunes a nivel de la Unión, debe reducir la carga que supone el control para los participantes.
Enmienda 16
Propuesta de Reglamento
Considerando 26
(26)  Es importante garantizar que la gestión financiera del Programa Euratom sea sólida y se aplique de la manera más efectiva y sencilla posible, velando al mismo tiempo por la seguridad jurídica y su accesibilidad para todos los participantes. Asimismo, es necesario garantizar el cumplimiento de las disposiciones pertinentes del Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo («el Reglamento Financiero»)19 y de los requisitos sobre simplificación y mejora de la legislación.
(26)  Es importante garantizar que la gestión financiera del Programa Euratom sea sólida y se aplique de la manera más efectiva y sencilla posible, velando al mismo tiempo por la seguridad jurídica y la correcta información de los beneficiarios potenciales, de manera que se incremente la accesibilidad para todos los participantes. Asimismo, es necesario garantizar el cumplimiento de las disposiciones pertinentes del Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo («el Reglamento Financiero»)19 y de los requisitos sobre simplificación y mejora de la legislación.
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19 Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1).
19 Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1).
Enmienda 17
Propuesta de Reglamento
Considerando 33
(33)  La consecución de los objetivos del Programa Euratom en los ámbitos pertinentes requiere el apoyo a las actividades transversales, tanto dentro del Programa Euratom como conjuntamente con las actividades del Programa Marco Horizonte 2020.
(33)  La consecución de los objetivos del Programa Euratom en los ámbitos pertinentes requiere el apoyo a las actividades transversales, tanto dentro del Programa Euratom como conjuntamente con las actividades del Programa Marco Horizonte 2020, por ejemplo las Acciones Marie Skłodowská-Curie de apoyo a la movilidad de los investigadores.
Enmienda 18
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1
1.  El objetivo general del Programa Euratom es la realización de actividades de investigación y formación nuclear centradas en la mejora permanente de la seguridad nuclear física y tecnológica y la protección radiológica, en especial con el fin potencial de contribuir a la descarbonización a largo plazo del sistema energético de manera protegida, eficiente y segura. El objetivo general se alcanzará a través de las actividades especificadas en el anexo I en forma de acciones directas e indirectas que persigan los objetivos específicos establecidos en los apartados 2 y 3 del presente artículo.
1.  El objetivo general del Programa Euratom es la realización de actividades de investigación y formación nuclear centradas en la mejora permanente de la seguridad nuclear física y tecnológica y la protección radiológica, en especial con el fin de contribuir a la descarbonización a largo plazo del sistema energético de manera protegida, eficiente y segura. El objetivo general se alcanzará a través de las actividades especificadas en el anexo I en forma de acciones directas e indirectas que persigan los objetivos específicos establecidos en los apartados 2 y 3 del presente artículo.
Enmienda 19
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a
a)  apoyar la seguridad tecnológica de los sistemas nucleares;
a)  apoyar la seguridad tecnológica de los sistemas nucleares mediante, por ejemplo, inspecciones transfronterizas estructurales en el caso de las instalaciones nucleares próximas a una o varias fronteras nacionales con otros Estados miembros;
Enmienda 20
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra b
b)  contribuir al desarrollo de soluciones seguras a más largo plazo para la gestión de los residuos radiactivos finales, con inclusión del almacenamiento geológico final así como de la separación y la transmutación;
b)  contribuir a la cooperación a escala de la Unión y con terceros países a la hora de determinar y desarrollar soluciones seguras a largo plazo para la gestión de los residuos radiactivos finales, con inclusión del almacenamiento geológico final así como de la separación y la transmutación;
Enmienda 21
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a
a)  mejorar la seguridad tecnológica nuclear, incluyendo: la seguridad de los reactores y combustibles nucleares, la gestión de los residuos, incluido el almacenamiento geológico final así como la separación y la transmutación; la clausura de centrales y la preparación para emergencias;
a)  mejorar la seguridad tecnológica nuclear, incluyendo: la seguridad de los reactores y combustibles nucleares, la gestión de los residuos para evitar cualesquiera consecuencias no deseadas para el ser humano o el medio ambiente, incluido el almacenamiento geológico final así como la separación y la transmutación; la clausura de centrales y la preparación para emergencias;
Enmienda 22
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b
b)  mejorar la seguridad física nuclear, incluyendo: el control de seguridad nuclear, la no proliferación, la lucha contra el tráfico ilícito y el análisis forense nuclear.
b)  mejorar la seguridad física nuclear, incluyendo: el control de seguridad nuclear, la no proliferación, la lucha contra el tráfico ilícito y el análisis forense nuclear, la eliminación de materiales básicos y residuos radiactivos, la lucha contra los ciberataques y la reducción de los riesgos terroristas por lo que respecta a las centrales nucleares, así como las inspecciones estructurales transfronterizas en el caso de las instalaciones nucleares próximas a una o varias fronteras nacionales con otros Estados miembros de la Unión;
Enmienda 23
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 – letra d
d)  fomentar la gestión del conocimiento, la educación y la formación;
d)  fomentar la gestión del conocimiento, la educación y la formación, incluida la formación profesional de larga duración, a fin de reflejar la evolución permanente posible gracias a las nuevas tecnologías;
Enmienda 24
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4
4.  El Programa Euratom se ejecutará de forma que se garantice que las prioridades y las actividades respaldadas son pertinentes para las necesidades cambiantes y tienen en cuenta la naturaleza evolutiva de la ciencia, la tecnología, la innovación, la formulación de políticas, los mercados y la sociedad, con el objetivo de lograr un aprovechamiento óptimo de los recursos humanos y financieros y de evitar duplicaciones de esfuerzos de investigación y desarrollo nuclear en la Unión.
4.  El Programa Euratom se ejecutará de forma que se garantice que las prioridades y las actividades respaldadas son pertinentes para las necesidades cambiantes y tienen en cuenta la naturaleza evolutiva de la ciencia, la tecnología, la innovación, la formulación de políticas —particularmente la política energética y ambiental—, los mercados y la sociedad, con el objetivo de lograr un aprovechamiento óptimo de los recursos humanos y financieros, de crear mayores sinergias entre los programas y proyectos existentes, y de evitar duplicaciones de esfuerzos de investigación y desarrollo nuclear en la Unión.
Enmienda 25
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2
2.  La dotación financiera del Programa Euratom podrá cubrir los gastos relacionados con las actividades de preparación, seguimiento, control, auditoría y evaluación que sean necesarias para la gestión de dicho Programa y para el logro de sus objetivos, en particular estudios y reuniones de expertos, en la medida en que estén relacionados con el objetivo general del presente Reglamento, y los gastos relacionados con las redes informáticas dedicadas al tratamiento y al intercambio de información, junto con todos los demás gastos de asistencia técnica y administrativa contraídos por la Comisión para la gestión del Programa Euratom. Los gastos para acciones continuas y reiteradas como las de control, auditoría y redes de TI se financiarán dentro de los límites de los gastos administrativos de la Comisión especificados en el apartado 1.
2.  La dotación financiera del Programa Euratom podrá cubrir los gastos relacionados con las actividades de preparación, seguimiento, control, auditoría y evaluación que sean necesarias para la gestión de dicho Programa y para el logro de sus objetivos, en particular estudios y reuniones de expertos, en la medida en que estén relacionados con el objetivo general del presente Reglamento, y los gastos relacionados con las redes informáticas dedicadas al tratamiento y al intercambio de información, y la seguridad de dichas redes, junto con todos los demás gastos de asistencia técnica y administrativa contraídos por la Comisión para la gestión del Programa Euratom. Los gastos para acciones continuas y reiteradas como las de control, auditoría y redes de TI se financiarán dentro de los límites de los gastos administrativos de la Comisión especificados en el apartado 1.
Enmienda 26
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra c
c)  los países o territorios asociados al Séptimo Programa Marco de Euratom o el Programa de Investigación y Formación de Euratom 2014-2018.
c)  los países o territorios asociados al Séptimo Programa Marco de Euratom o el Programa de Investigación y Formación de Euratom 2014-2018, o que participen como Estado miembro en dichos programas.
Enmienda 27
Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3
3.  Los programas de trabajo mencionados en los apartados 1 y 2 tendrán en cuenta el estado de la ciencia, la tecnología y la innovación a nivel nacional, de la Unión e internacional, así como la evolución pertinente de las políticas, el mercado y la sociedad. Serán actualizados según y cuando proceda.
3.  Los programas de trabajo mencionados en los apartados 1 y 2 tendrán en cuenta el estado de la ciencia, la tecnología y la innovación a nivel nacional, de la Unión e internacional, así como la evolución pertinente de las políticas, el mercado y la sociedad. Serán actualizados según y cuando proceda, teniendo debidamente en cuenta las recomendaciones relevantes formuladas por los grupos de expertos independientes de la Comisión creados para evaluar el Programa Euratom.
Enmienda 28
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1
Se prestará especial atención a garantizar la participación adecuada en el Programa Euratom de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y del sector privado en general, así como el impacto de la innovación sobre ellas. Se llevarán a cabo evaluaciones cuantitativas y cualitativas de la participación de las pymes dentro de las medidas de evaluación y seguimiento.
Se prestará especial atención a garantizar la participación adecuada en el Programa Euratom de las pequeñas y medianas empresas (pymes), incluyendo a los nuevos agentes innovadores emergentes en el ámbito de investigación pertinente, y del sector privado en general, así como el impacto de la innovación sobre ellas. Se llevarán a cabo evaluaciones cuantitativas y cualitativas de la participación de las pymes dentro de las medidas de evaluación y seguimiento.
Enmienda 29
Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2
2.  La Comisión informará acerca de los resultados de la supervisión contemplada en el apartado 1 y los hará públicos.
2.  La Comisión informará acerca de los resultados de la supervisión contemplada en el apartado 1, los hará públicos y los comunicará al Parlamento Europeo.
Enmienda 30
Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 2
La energía nuclear constituye un elemento del debate sobre la lucha contra el cambio climático y la reducción de la dependencia europea de la energía importada. En el contexto más amplio de la búsqueda de una combinación energética sostenible para el futuro, el Programa Euratom contribuirá igualmente, a través de sus actividades de investigación, al debate sobre las ventajas y las limitaciones de la energía de fisión nuclear para una economía con baja emisión de carbono. Al garantizar la mejora permanente de la seguridad nuclear, las tecnologías nucleares más avanzadas podrían ofrecer asimismo la perspectiva de mejoras notables del rendimiento y el aprovechamiento de los recursos y una menor producción de residuos que la obtenida con los diseños actuales. Se dedicará la máxima atención a los aspectos de la seguridad tecnológica nuclear.
La energía nuclear contribuye de manera notable a la lucha contra el cambio climático y la reducción de la dependencia europea de la energía importada. En el contexto más amplio de la búsqueda de una combinación energética sostenible para el futuro, el Programa Euratom contribuirá igualmente, a través de sus actividades de investigación, al mantenimiento de las ventajas tecnológicas de la energía de fisión nuclear para una economía con baja emisión de carbono. Al garantizar la mejora permanente de la seguridad nuclear, las tecnologías nucleares más avanzadas podrían ofrecer asimismo la perspectiva de mejoras notables del rendimiento y el aprovechamiento de los recursos y una menor producción de residuos que la obtenida con los diseños actuales. Se dedicará la máxima atención a los aspectos de la seguridad tecnológica nuclear.
Enmienda 31
Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 6 – letra a – párrafo 2
En consonancia con el objetivo general, apoyar las actividades de investigación conjunta relativas a la explotación segura y la clausura segura de sistemas de reactor (incluidas las instalaciones de ciclo del combustible) en uso en la Unión o, en la medida necesaria para mantener una amplia capacitación en materia de seguridad nuclear en Europa, los tipos de reactor que podrían utilizarse en el futuro, centrándose exclusivamente en los aspectos de seguridad tecnológica, incluidos todos los aspectos del ciclo del combustible, como la separación y la transmutación.
En consonancia con el objetivo general, apoyar las actividades de investigación conjunta relativas a la explotación segura y la clausura segura de sistemas de reactor (incluidas las instalaciones de ciclo del combustible) en uso en la Unión o, en la medida necesaria para mantener una amplia capacitación en materia de seguridad nuclear en Europa, los tipos de reactor que podrían utilizarse en el futuro para todos los aspectos del ciclo del combustible, como la separación y la transmutación.
Enmienda 32
Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 9 – letra a – párrafo 2 – punto 3
3)  intercambios con las partes interesadas pertinentes con vistas al refuerzo de la capacidad de la Unión para responder a los accidentes e incidentes nucleares mediante la investigación sobre sistemas de alerta y modelos de dispersión radiológica en la atmósfera, y movilizando recursos y conocimientos especializados para el análisis y la modelización de accidentes nucleares.
3)  intercambios con las partes interesadas pertinentes con vistas al refuerzo de la capacidad de la Unión para responder a los accidentes e incidentes nucleares mediante la investigación sobre sistemas de alerta y modelos de dispersión radiológica en el medio ambiente (atmósfera, agua y suelo), y movilizando recursos y conocimientos especializados para el análisis y la modelización de accidentes nucleares.
Enmienda 33
Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 11
Con el fin de alcanzar los objetivos del Programa Euratom, se establecerán los vínculos e interfaces adecuados, tales como convocatorias conjuntas, con el Programa Específico del Programa Marco Horizonte 2020.
Con el fin de alcanzar los objetivos del Programa Euratom y de crear sinergias entre las actividades nucleares y las no nucleares y facilitar la transferencia de conocimientos en los ámbitos relevantes, se establecerán los vínculos e interfaces adecuados, tales como convocatorias conjuntas, con el Programa Específico del Programa Marco Horizonte 2020.
Enmienda 34
Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 1 – letra b – parte introductoria
b)  Contribuir al desarrollo de soluciones seguras a más largo plazo para la gestión de los residuos radiactivos finales, con inclusión del almacenamiento geológico final así como de la separación y la transmutación
b)  Contribuir al desarrollo de soluciones seguras a largo plazo para la gestión de los residuos radiactivos finales, con inclusión del almacenamiento geológico final así como de la separación y la transmutación
Enmienda 36
Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 1 – letra g – parte introductoria
g)  Promover la innovación y la competitividad industrial
g)  Promover la innovación

Medidas para prevenir y combatir el acoso sexual y psicológico en el lugar de trabajo, en los espacios públicos y en la vida política en la Unión
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Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de septiembre de 2018, sobre las medidas para prevenir y combatir el acoso sexual y psicológico en el lugar de trabajo, en los espacios públicos y en la vida política en la Unión (2018/2055(INI))
P8_TA(2018)0331A8-0265/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los artículos 2 y 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y los artículos 8, 10, 19 y 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que entró en vigor con la adopción del Tratado de Lisboa en diciembre de 2009(1), y en particular sus artículos 1, 20, 21, 23 y 31,

–  Visto el informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) de 2014 titulado «Violencia de género contra las mujeres: una encuesta a escala de la UE»(2),

–  Vista la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación(3),

–  Vista la Directiva del Consejo 2004/113/CE, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro, que define y condena el acoso y el acoso sexual(4),

–  Visto el Índice de Igualdad de Género del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE),

–  Vista la publicación del EIGE de junio de 2017 titulada «La ciberviolencia contra mujeres y niñas»,

–  Vista la declaración del Trío de Presidencias del Consejo de la Unión Europea constituido por Estonia, Bulgaria y Austria, de 19 de julio de 2017, sobre la igualdad entre mujeres y hombres,

–  Vistos los instrumentos jurídicos de las Naciones Unidas en el ámbito de los derechos humanos, en particular de los derechos de las mujeres, como la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y su Protocolo y la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,

–  Vistos otros instrumentos de las Naciones Unidas en materia de acoso sexual y violencia contra las mujeres, como la Declaración y el Programa de Acción de Viena, de 25 de junio de 1993, aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, la Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, de 20 de diciembre de 1993, la Resolución sobre medidas de prevención del delito y de justicia penal para la eliminación de la violencia contra la mujer, de 21 de julio de 1997, los informes de los relatores especiales de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer y la Recomendación general n.º 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer,

–  Vistas la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, aprobadas en la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer el 15 de septiembre de 1995, así como los documentos finales posteriores aprobados en los períodos extraordinarios de sesiones de las Naciones Unidas Beijing + 5 (2000), Beijing + 10 (2005), Beijing + 15 (2010) y Beijing + 20 (2015),

–  Vista la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo(5) (Directiva sobre los derechos de las víctimas),

–  Vista la propuesta de la Comisión, de 14 de noviembre de 2012, de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo destinada a mejorar el equilibrio de género entre los administradores no ejecutivos de las empresas cotizadas y por la que se establecen medidas afines (Directiva sobre mujeres en los consejos de administración) (COM(2012)0614),

–  Visto el Acuerdo marco sobre el acoso y la violencia en el trabajo, de 26 de abril de 2007, entre la CES/ETUC, BUSINESSEUROPE, la UEAPME y el CEEP,

–  Visto el informe de la red europea de organismos nacionales para la igualdad (Equinet) titulado «The Persistence of Discrimination, Harassment and Inequality for Women. The work of equality bodies informing a new European Commission Strategy for Gender Equality» (Persistencia de la discriminación, el acoso y las desigualdades para las mujeres y contribución de los organismos para la igualdad a la nueva estrategia de igualdad de género de la Comisión Europea), publicado en 2015,

–  Visto el informe de la Equinet titulado «El acoso sobre la base del acoso sexual y por razones de sexo: respaldo del trabajo de los organismos para la igualdad», publicado en 2014,

–  Vistos el Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, en particular sus artículos 2 y 40(6), y su Resolución, de 12 de septiembre de 2017, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración, por la Unión Europea, del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica(7),

–  Vistas sus Resoluciones, de 20 de septiembre de 2001, sobre el acoso moral en el lugar de trabajo(8), de 26 de noviembre de 2009, sobre la eliminación de la violencia contra la mujer(9), de 5 de abril de 2011, sobre las prioridades y líneas generales del nuevo marco político de la UE para combatir la violencia contra las mujeres(10), de 15 de diciembre de 2011, sobre la revisión intermedia de la estrategia comunitaria de salud y seguridad en el trabajo (2007-2012)(11), de 25 de febrero de 2014, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la lucha contra la violencia ejercida sobre las mujeres(12) y la Evaluación de la plusvalía europea anexa, de noviembre de 2013, y de 24 de noviembre de 2016, sobre la adhesión de la Unión al Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica(13),

–  Vistas sus Resoluciones, de 14 de marzo de 2017, sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea en 2014-2015(14), de 10 de marzo de 2015, sobre los progresos en la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea en 2013(15), y de 24 de octubre de 2017, sobre las medidas legítimas para la protección de los denunciantes de irregularidades que, en aras del interés público, revelan información confidencial sobre empresas y organismos públicos(16),

–  Vista su Resolución, de 26 de octubre de 2017, sobre la lucha contra el acoso y los abusos sexuales en la Unión Europea(17),

–  Visto el informe de la Confederación Europea de Sindicatos titulado «Seguridad en casa, seguridad en el trabajo - Estrategias sindicales para prevenir, gestionar y eliminar el acoso en el lugar de trabajo y la violencia contra las mujeres»,

–  Visto el informe para la reunión de expertos sobre la violencia contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo, organizada por la Organización Internacional del Trabajo del 3 al 6 de octubre de 2016,

–  Visto el informe de la Unión Interparlamentaria titulado «Sexismo, acoso y violencia contra las mujeres parlamentarias», publicado en 2016(18),

–  Visto el estudio titulado «Bullying and sexual harassment at the workplace, in public spaces, and in political life in the EU» (Acoso sexual y psicológico en el lugar de trabajo, en los espacios públicos y en la vida política en la Unión) publicado por la Dirección General de Políticas Interiores en marzo de 2018(19),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0265/2018),

A.  Considerando que la igualdad de género es un valor central de la Unión, reconocido en los Tratados y en la Carta de los Derechos Fundamentales; que la violencia de género resulta de un desequilibrio en cuanto a poder y responsabilidades en las relaciones entre hombres y mujeres y está vinculada al patriarcado y a una discriminación permanente por motivos de género;

B.  Considerando que las personas de edad avanzada, en particular las mujeres solteras de edad avanzada, constituyen un grupo social especialmente vulnerable cuando se enfrentan al acoso psicológico y físico;

C.  Considerando que la Directiva 2002/73/CE define el acoso sexual como «la situación en que se produce cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico no deseado de índole sexual con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo»;

D.  Considerando que esta definición debe modificarse a la luz del devenir de la sociedad, la tecnología y las costumbres, que han evolucionado y cambiado con el paso del tiempo;

E.  Considerando que la lucha contra el acoso por motivos de embarazo y maternidad es necesaria para alcanzar un auténtico equilibrio entre la vida profesional y la vida privada de las mujeres;

F.  Considerando que el acoso sexual es una forma de violencia y es la forma de discriminación por razones de género más extrema, y sin embargo persistente; que aproximadamente el 90 % de las víctimas son mujeres y en torno al 10 %, hombres; que, según el estudio de la FRA realizado a escala de la Unión en 2014 titulado «Violencia de género contra las mujeres», una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual durante su vida adulta; que, en la Unión, hasta un 55 % de las mujeres han sido objeto de acoso sexual; que el 32 % de todas las víctimas en la Unión señalaron que el agresor había sido un superior jerárquico, un compañero de trabajo o un cliente; que el 75 % de las mujeres que ejercen profesiones que requieren una cualificación específica u ocupan un puesto directivo han sido víctimas de acoso sexual; que el 61 % de las mujeres empleadas en el sector de los servicios han sufrido acoso sexual; que, en conjunto, entre el 5 y el 10 % de los trabajadores europeos son víctimas, en algún momento, de acoso psicológico en el lugar de trabajo;

G.  Considerando que el acoso sexual y el psicológico están prohibidos en el ámbito laboral a escala de la Unión, en particular en relación con el acceso al empleo y la formación y evolución profesionales, y se encuadran en las consideraciones relativas a la salud y la seguridad;

H.  Considerando que es responsabilidad de las instituciones y las agencias de la Unión seguir mejorando los mecanismos existentes mediante la aplicación de las normas más eficientes con el fin de aumentar la sensibilización sobre la definición del acoso sexual y proteger a los trabajadores;

I.  Considerando que un gran número de casos de acoso sexual no llega a denunciarse como consecuencia de la escasa sensibilización social al respecto, el temor y la vergüenza ligadas a hablar sobre ese tema con otras personas, el miedo al despido, la dificultad para conseguir pruebas, unos insuficientes canales de denuncia, seguimiento y protección de las víctimas, y la normalización de la violencia;

J.  Considerando que muy a menudo denunciar casos de acoso sexual en el trabajo puede conducir al despido o al aislamiento de la víctima en el lugar de trabajo; que las infracciones menos graves, cuando quedan sin respuesta, motivan la comisión de infracciones más graves;

K.  Considerando que el acoso sexual y el psicológico siguen siendo graves problemas en diferentes entornos sociales, entre ellos el lugar de trabajo, los espacios públicos, los espacios virtuales como internet, y la vida política, y que se llevan a cabo cada vez con más frecuencia utilizando nuevas tecnologías, por ejemplo, sitios web o redes sociales, lo que permite que sus autores se sientan seguros al amparo del anonimato;

L.  Considerando que con la aparición de nuevas formas de organización del trabajo y de la vida social, y la difuminación de las fronteras entre la vida privada, profesional y social pueden intensificarse los comportamientos negativos contra individuos o grupos sociales; que el acoso psicológico en el puesto de trabajo puede adoptar muy a menudo toda una serie de formas tanto en las relaciones verticales (actos cometidos por un superior o un subordinado) como horizontales (por compañeros de trabajo del mismo rango jerárquico);

M.  Considerando que el acoso sexual y el psicológico son fenómenos en los que están implicados víctimas y agresores de cualquier edad, nivel educativo y cultural y condición económica y social, y que acarrean consecuencias físicas, sexuales, emocionales y psicológicas para la víctima; que los estereotipos de género y el sexismo, incluido el discurso de odio sexista, tanto dentro como fuera de internet, son las causas profundas de muchas de las formas de violencia y discriminación dirigidas contra las mujeres e impiden el empoderamiento de estas;

N.  Considerando que la Directiva sobre los derechos de las víctimas define la violencia por motivos de género como una violación de las libertades fundamentales de la víctima y encuadra en ella la violencia sexual (incluidos la violación, la agresión sexual y el acoso sexual); que las mujeres víctimas de la violencia de género y sus hijos requieren con frecuencia apoyo y protección especiales debido al elevado riesgo de victimización reiterada, o de intimidación y represalias ligadas a este tipo de violencia;

O.  Considerando que la violencia en el mundo laboral se aborda, a menudo, de manera fragmentada, con estrategias centradas principalmente en sus formas más visibles, como la violencia física; que, sin embargo, el acoso sexual y psicológico puede tener efectos aún más destructivos para la persona afectada;

P.  Considerando que los actos sexistas y el consiguiente acoso sexual que pueden sufrir las mujeres en el lugar de trabajo contribuyen a su expulsión del mercado laboral, lo que repercute de forma negativa en su independencia económica y en la renta familiar;

Q.  Considerando que en la Unión Europea las mujeres víctimas de acoso y violencia en el medio rural y en áreas remotas tienen habitualmente una dificultad mayor a la hora de acceder a una asistencia y protección plenas frente a los agresores;

R.   Considerando que el acoso físico y verbal, incluido el perpetrado en línea, tiene efectos nocivos no solo a corto plazo, sino también a largo, como, por ejemplo, estrés y depresiones graves, y que lleva a las víctimas incluso al suicidio, como ha evidenciado el aumento de los casos de esta índole notificados; que, además de los efectos negativos sobre la salud, el acoso psicológico y el acoso sexual en el lugar de trabajo también tienen repercusiones negativas en la carrera profesional de los individuos, en las organizaciones y en la sociedad, como el aumento del absentismo, la reducción de la productividad y de la calidad del servicio y la pérdida de capital humano;

S.  Considerando que la legislación de la Unión Europea obliga a los Estados miembros y a las instituciones y las agencias de la Unión a garantizar la existencia de un organismo para la igualdad que preste asistencia independiente a las víctimas de acoso, realice encuestas independientes, recopile datos pertinentes, desglosados y comparables, lleve a cabo investigaciones sobre las definiciones y clasificaciones, publique informes independientes y formule recomendaciones sobre cuestiones relativas al empleo y la formación, sobre el acceso a bienes y servicios y a su suministro, y para los trabajadores por cuenta propia;

T.  Considerando que las mujeres no gozan de la misma protección contra la violencia de género y el acoso sexual y psicológico en toda la Unión Europea debido a las divergencias en las políticas y la legislación de los diferentes Estados miembros; que los sistemas judiciales no siempre apoyan suficientemente a las mujeres; que los autores de actos de violencia de género son a menudo conocidos de la víctima y que en muchos casos la víctima se encuentra en una situación de dependencia, lo que acrecienta su miedo a denunciar estos actos violentos;

U.  Considerando que todos los Estados miembros han firmado el Convenio de Estambul, pero que no todos lo han ratificado y que este retraso lastra la plena aplicación de dicho Convenio;

V.  Considerando que el sexismo y el acoso sexual y psicológico dirigidos contra las diputadas constituyen un fenómeno real y muy extendido; que los actos de acoso y violencia proceden no solo de sus contrincantes políticos, sino que pueden provenir también de su propio partido, líderes religiosos, autoridades locales o incluso miembros de su familia;

W.  Considerando que los políticos, como representantes electos de los ciudadanos, tienen la responsabilidad fundamental de actuar como modelos positivos de conducta para la prevención y la lucha contra el acoso sexual en la sociedad;

X.  Considerando que, en ocasiones, se sigue cuestionando la legitimidad de la participación de las mujeres en la esfera política, y que son víctimas de estereotipos que las disuaden de implicarse en la política, un fenómeno que es particularmente evidente allí donde están menos representadas;

Y.  Considerando que no todos los parlamentos nacionales y regionales ni tampoco todos los ayuntamientos disponen de estructuras específicas y normas internas que garanticen la existencia de canales adecuados para una presentación y tramitación seguras y confidenciales de las denuncias por acoso; que la formación en materia de acoso sexual y psicológico debe ser obligatoria para todo el personal y todos los diputados de los parlamentos, también del Parlamento Europeo;

Z.  Considerando que la violencia doméstica es también un problema en el lugar de trabajo, ya que puede repercutir en la participación de la víctima en el trabajo, en su rendimiento laboral y en su seguridad;

AA.  Considerando que el acoso sexual y psicológico no solo tiene lugar en el trabajo, sino también en espacios públicos como los entornos educativos formales e informales, los centros de atención sanitaria y de ocio, las calles y el transporte público;

AB.  Considerando que el acecho y el acoso cibernéticos implican el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación para acechar, acosar, controlar o manipular a una persona; que el ciberacoso es un problema que afecta particularmente a las mujeres jóvenes, puesto que utilizan más este tipo de medios; que el 20 % de las jóvenes (entre 18 y 29 años) de la Europa de los Veintiocho han sido objeto de acoso cibernético;

AC.  Considerando que un estudio de 2016 indicaba que más de la mitad de las mujeres encuestadas habían sufrido alguna forma de acoso sexual en el lugar de trabajo en el Reino Unido, pero que cuatro de cada cinco de ellas no habían notificado el acoso a su empleador(20);

AD.  Considerando que las nuevas tecnologías pueden constituir también un aliado potencial para el análisis, la comprensión y la prevención de fenómenos violentos;

AE.  Considerando que las mujeres, en especial las jóvenes, son víctimas de acoso psicológico y sexual a través de las nuevas tecnologías, como las páginas web y las redes sociales, organizado a veces mediante foros secretos o grupos en las redes sociales; que tales actos incluyen amenazas de violación, amenazas de muerte, intentos de piratería informática y la publicación de información y fotos privadas; que, en el contexto del uso generalizado de los medios en línea y de las redes sociales, se estima que una de cada diez mujeres ya ha sufrido alguna forma de ciberviolencia, incluidos el acecho y el acoso cibernéticos, a los 15 años de edad; que las mujeres que desempeñan una función pública —las periodistas, entre otras— y, en particular, las mujeres LGBTI y las mujeres con discapacidad son un objetivo principal para el ciberacoso y la violencia en línea, y que, como resultado, algunas de ellas han tenido que abandonar las redes sociales tras experimentar temor físico, estrés, problemas de concentración, miedo a volver a casa y preocupación por sus seres queridos;

AF.  Considerando que la prevención del acoso en los entornos laborales solo puede conseguirse si las empresas, tanto públicas como privadas, crean una cultura en la que las mujeres sean tratadas como iguales y los empleados se traten unos a otros con respeto;

AG.  Considerando que las investigaciones han demostrado que el acoso está muy extendido en los lugares de trabajo en los que los hombres copan los puestos directivos y las mujeres tienen poco poder, como en las industrias del entretenimiento y los medios de comunicación, pero que también se produce en las empresas tecnológicas y los bufetes de abogados, en el sector de ventas y en otros muchos sectores si los equipos directivos en los que preponderan los hombres toleran el tratamiento sexualizado de los trabajadores; que en las empresas con más mujeres en puestos directivos se produce menos acoso sexual;

Recomendaciones generales

1.  Condena firmemente todas las formas de violencia contra las mujeres según se describen en el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y en el Convenio de Estambul;

2.  Subraya que el acoso sexual constituye una violación de los derechos humanos vinculada a estructuras patriarcales de poder que deben reconfigurarse con carácter de urgencia;

3.  Subraya que todos los hombres deben desempeñar un papel fundamental en la erradicación de todas las formas de acoso y violencia sexual; pide a la Comisión y a los Estados miembros que involucren activamente a los hombres en las campañas de concienciación y prevención, así como en las campañas educativas sobre igualdad de género; destaca que las campañas de prevención también tienen que centrarse en las infracciones menos graves;

4.  Resalta que las medidas y campañas de sensibilización para prevenir la violencia contra niñas y mujeres deben incluir asimismo a los niños y organizarse durante las primeras etapas de la educación;

5.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por la correcta aplicación de las directivas de la Unión que prohíben el acoso sexual;

6.  Pide a los Estados miembros que desarrollen planes de acción integrales y legislación a escala nacional sobre la violencia contra las mujeres, prestando la debida atención a facilitar recursos adecuados —que incluyan, entre otros, formación para el personal y fondos suficientes— a los organismos para la igualdad;

7.  Pide a la Comisión que recopile ejemplos de las mejores prácticas de lucha contra el acoso sexual y psicológico y el acoso por motivos de embarazo y maternidad en el lugar de trabajo y en otros ámbitos, y que difunda ampliamente los resultados de esta evaluación;

8.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que pongan en marcha mecanismos de financiación apropiados y adecuados para los programas y las acciones de lucha contra el acoso sexual y psicológico a las mujeres a todos los niveles, prestando especial atención al uso de las nuevas tecnologías y a los instrumentos puestos a disposición de la innovación, por ejemplo, mediante una mayor inversión en los procesos de investigación e innovación dirigidos a combatir este fenómeno;

9.  Insta a la Defensora del Pueblo Europea a que recopile datos sobre las distintas normas de protección existentes en el seno de las instituciones y agencias de la Unión y a que publique unas conclusiones vinculantes con el fin de armonizar esas normas con los estándares más elevados;

10.  Lamenta que algunos Estados miembros no hayan ratificado aún el Convenio de Estambul y les insta a que lo ratifiquen y apliquen plenamente y sin demora; pide, además, a los Estados miembros que ya hayan ratificado el Convenio de Estambul que lo apliquen en su totalidad;

11.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que se forjen una idea clara del problema del acoso sexual en la Unión, tomando en consideración nuevos desafíos como el ciberacoso, mediante estudios de mejor calidad y con una base científica más sólida;

12.  Acoge con satisfacción el amplio debate público, también en los medios sociales, que está contribuyendo a redefinir la frontera entre el acoso sexual y los comportamientos aceptables; celebra, en particular, iniciativas como el movimiento #MeToo y apoya con firmeza a todas las mujeres y niñas que han participado en esta campaña, incluidas aquellas que han denunciado a sus agresores;

13.  Pide a la Comisión que presente una propuesta destinada a combatir el acoso laboral y sexual en el lugar de trabajo, en los espacios públicos y en la vida política, en la que se incluya una definición exhaustiva y actualizada de acoso (sexual o de otro tipo) y de acoso laboral;

14.  Hace hincapié en la necesidad de combatir el acoso persistente y prolongado o la intimidación de trabajadores que provoque o tenga por objeto humillar o ridiculizar a un empleado, aislarlo o excluirlo de su grupo de compañeros de trabajo;

15.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, en colaboración con Eurostat y el EIGE, mejoren, promuevan y garanticen la recopilación sistemática de datos pertinentes y comparables, desglosados por género y edad, sobre los casos de acoso sexual y discriminación por motivos de género y de acoso psicológico, incluido el ciberacoso, a escala nacional, regional y local; anima a las organizaciones patronales, a los sindicatos y a los empleadores a participar activamente en el proceso de recopilación de datos, proporcionando conocimientos técnicos específicos sobre el sector y la ocupación;

16.  Señala que para obtener cifras comparables en lo que se refiere a la prevalencia del acoso sexual y del acoso psicológico en los Estados miembros de la Unión, debe otorgarse una mayor prioridad a la sensibilización y al reconocimiento de los problemas por medio de esfuerzos concertados destinados a difundir información y a proporcionar formación;

17.   Reitera su llamamiento a la Comisión para que presente una propuesta de directiva que aborde todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas y de violencia de género, que debe incluir definiciones comunes de las distintas modalidades de violencia contra las mujeres, entre ellas, una definición actualizada y exhaustiva de acoso (sea sexual o de otro tipo) y de acoso laboral, y unas normas jurídicas comunes en materia de tipificación de la violencia contra las mujeres como delito; pide a la Comisión que presente una estrategia integral de la Unión contra todas las formas de violencia de género, incluido el acoso y el abuso sexual de las mujeres y las niñas, tomando testimonios en forma de historias y experiencias de primera mano de las mujeres;

18.  Pide a los Estados miembros que faciliten una financiación pública adecuada de modo que se garantice que los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, los jueces y todos los funcionarios que traten casos de acoso psicológico y el acoso sexual reciban formación que les permita comprender la violencia y el acoso tanto en el lugar de trabajo como en otros contextos;

19.  Pide a los Estados miembros que garanticen la existencia de unos servicios especializados, adecuadamente financiados, fácilmente accesibles y de alta calidad para las víctimas de la violencia de género y de acoso sexual y psicológico, y que reconozcan que estas manifestaciones de violencia contra las mujeres están interconectadas y deben abordarse mediante un planteamiento integral que aspire a tener en cuenta, por una parte, los aspectos socioculturales que dan origen al fenómeno y a permitir, por otra, que los servicios especializados se doten de instrumentos tecnológicos para su prevención y gestión;

20.  Exige a los Estados miembros y a las administraciones locales y regionales planes y recursos adecuados a fin de garantizar que a las víctimas de violencia y acoso en zonas rurales y remotas no se les niegue ni restrinja el acceso a asistencia y protección;

21.  Insta a la Comisión a que haga frente a las formas emergentes de violencia de género, como el acoso en línea, mediante la ampliación de la definición de incitación ilegal al odio —contemplada en la legislación de la Unión en virtud de la Decisión marco relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho penal— de manera que incluya la misoginia, y que garantice que el código de conducta para la lucha contra la incitación ilegal al odio en internet cubra también estos delitos; pide que se desarrollen programas educativos que animen a las mujeres a mejorar sus competencias en la utilización de las nuevas tecnologías, a fin de que puedan enfrentarse mejor a todas las formas de acoso sexual y psicológico en el ciberespacio, y alienta a los servicios especializados a colaborar en la creación de sistemas de datos y de recursos capaces de supervisar y analizar el problema de la violencia de género sin infringir el nuevo Reglamento general de protección de datos [Reglamento (UE) 2016/679];

22.  Condena, además, el fenómeno generalizado de acoso sexual y otros tipos de abuso, en especial en los juegos en línea y en las redes sociales, y anima a las empresas y los operadores de medios de comunicación a supervisar y reaccionar sin demora a cualquier caso de acoso; pide, por tanto, diferentes medidas, incluida la sensibilización, formación especial y normas internas en materia de sanciones disciplinarias para los infractores, y apoyo psicológico y/o jurídico a las víctimas de estas prácticas, con el fin de prevenir y combatir el acoso psicológico y el acoso sexual en el trabajo y en los entornos en línea;

Violencia en el lugar de trabajo

23.  Hace hincapié en que es imperativo que los Estados miembros, las autoridades regionales y locales, las organizaciones de empleadores y los sindicatos comprendan los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres al denunciar casos de acoso sexual, discriminación por motivos de género y violencia y que, en consecuencia, ofrezcan un apoyo pleno a las mujeres y las animen a denunciar los casos de acoso sexual, discriminación por motivos de género, acoso por motivos de embarazo y maternidad y acoso psicológico, entre otros, sin miedo a las posibles repercusiones, así como que creen mecanismos que faculten y respalden a las mujeres de cara a denunciar de forma segura estos abusos;

24.  Pide a los Estados miembros que pongan en marcha políticas activas y eficaces que prevengan y combatan cualquier forma de violencia contra las mujeres, incluidos el acoso sexual y los actos sexistas y de acoso laboral a los que la mayoría de las mujeres pueden estar expuestas en el lugar de trabajo;

25.  Destaca la necesidad urgente de establecer normas en materia de violencia y acoso en trabajo, que proporcionen un marco legislativo para los gobiernos, los empleadores, las empresas y la actividad sindical a todos los niveles;

26.  Observa que algunos sectores y ocupaciones están especialmente expuestos a la violencia, en particular el sector sanitario, los servicios públicos de urgencias, la política, la educación, el transporte, el trabajo doméstico, la agricultura y la economía rural, así como los sectores textil, de la confección, del cuero y del calzado;

27.  Observa que ciertos grupos de trabajadores pueden verse más afectados por el acoso psicológico y la violencia en el lugar de trabajo, en especial las mujeres embarazadas, las personas con hijos, las mujeres con discapacidad, migrantes o indígenas, las personas LGBTI y las mujeres que trabajan a tiempo parcial, en prácticas o con contratos temporales;

28.  Señala que los comportamientos indeseables pueden proceder de diversas fuentes o pertenecer a los ámbitos empresarial, privado o social simultáneamente, lo que afecta de forma negativa a todas las personas, grupos profesionales o grupos sociales de dichos ámbitos;

29.  Pide a los Estados miembros que introduzcan medidas para prevenir y combatir la violencia y el acoso en el lugar de trabajo mediante políticas que establezcan medidas preventivas, procedimientos eficaces, transparentes y confidenciales para gestionar las denuncias, sanciones duras y disuasorias para los agresores, información exhaustiva y cursos de formación para garantizar que los trabajadores entienden las políticas y los procedimientos, y apoyo a las empresas para que elaboren planes de acción a fin de aplicar todas estas medidas; hace hincapié en que estas medidas no deben incorporarse a las estructuras existentes si dichas estructuras ya están de por sí lastradas por barreras de género;

30.  Pide a los Estados miembros que inviertan en la formación de inspectores de trabajo en colaboración con expertos psicólogos y que velen por que las empresas y organizaciones proporcionen apoyo profesional y psicosocial a las víctimas recurriendo a profesionales cualificados;

31.  Insta a los Estados miembros y a los interlocutores sociales a que velen por que las empresas y las organizaciones tanto públicas como privadas organicen formaciones obligatorias sobre el acoso sexual y el acoso psicológico para todos los empleados y cargos directivos; hace hincapié en que una formación eficaz ha de ser interactiva, continua y adaptada al lugar de trabajo específico, y deben impartirla expertos externos;

32.  Resalta el gran número de casos de acoso que no llegan a denunciarse y destaca la importancia de la presencia en todas las organizaciones de asesores confidenciales formados de modo que apoyen a las víctimas, las ayuden en el proceso de denuncia y les proporcionen asistencia jurídica;

33.  Destaca que las empresas deben tener un enfoque de tolerancia cero ante el acoso sexual y políticas que lo reflejen, y asegurarse de que todos los empleados conozcan estas políticas, los procedimientos de denuncia y sus derechos y responsabilidades con respecto al acoso sexual en el lugar de trabajo;

34.  Insta a las empresas de medios de comunicación a proteger y respaldar a los periodistas que sean víctimas de ciberacoso y a adoptar una serie de buenas prácticas, como campañas de sensibilización, una formación adecuada de los estamentos directivos —también sobre la no culpabilización de la víctima y la victimización secundaria—, medidas para mejorar la ciberseguridad y la prestación de apoyo jurídico a la persona afectada a la hora de presentar una denuncia;

35.  Pide a los Estados miembros que adopten medidas para garantizar la igualdad de retribución entre mujeres y hombres como medio para evitar los abusos de poder y promover la igualdad de género y el respeto a la dignidad del ser humano, que es fundamental para combatir la violencia contra las mujeres; hace hincapié en que debe garantizarse la igualdad de retribución a través de la transparencia salarial y el derecho a la información de las presuntas víctimas, velando por la igualdad de trato y de oportunidades de empleo entre mujeres y hombres, y asegurando y facilitando el acceso de las mujeres a los puestos de toma de decisiones y de alta dirección, tanto en el sector público como en el privado, garantizando así una representación equilibrada de las mujeres en los consejos de administración; pide, por tanto, a la Comisión y al Consejo que redoblen sus esfuerzos por desbloquear la Directiva sobre mujeres en los consejos de administración, que ha permanecido estancada en el Consejo desde 2013;

36.  Considera que es necesario un enfoque integral de la violencia en el lugar de trabajo, que debería comprender el reconocimiento de la coexistencia del acoso psicológico, el acoso sexual y el acoso por motivos de embarazo y maternidad con diversas formas de trabajo no remunerado en las economías formal e informal (como la agricultura de subsistencia, la preparación de los alimentos y el cuidado de los niños y los mayores) y ciertos programas de adquisición de experiencia laboral (como los períodos de aprendizaje, las prácticas y el trabajo voluntario);

37.  Aboga por la adopción sin demora de la revisión de la Directiva sobre la obligación de informar por escrito (Directiva 91/533/CEE del Consejo);

38.  Reconoce que la violencia doméstica repercute muchas veces en el lugar de trabajo, lo que afecta negativamente a la vida de los trabajadores y la productividad de las empresas, y que, del mismo modo, los efectos de la violencia en el lugar de trabajo pueden trasladarse al hogar; pide, en este contexto, que la Comisión facilite orientaciones sobre la aplicabilidad de la orden europea de protección en el lugar de trabajo y que aclare la cuestión de las responsabilidades de los empleadores;

39.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a reconocer el fenómeno del acoso por motivos de embarazo y maternidad en el entorno laboral;

Violencia en la vida política

40.  Pide a todos los políticos que observen unas normas de conducta rigurosas y actúen como modelos de comportamiento responsable previniendo y combatiendo el acoso sexual en los Parlamentos y fuera de ellos;

41.  Condena todas las formas de acoso al que se ven sometidas las mujeres políticas en los medios sociales mediante el «troleo», que consiste en la publicación de mensajes machistas y abusivos, e incluso de amenazas de muerte y violación;

42.  Hace hincapié en la importancia de establecer políticas y procedimientos pluripartidistas para proteger a las personas que son elegidas para desempeñar un cargo político, así como a los empleados;

43.  Reconoce la función fundamental de las listas paritarias a todos los niveles para permitir la participación de las mujeres en la política y reconfigurar las estructuras de poder que discriminan a las mujeres; pide a los Estados miembros que instauren dichas listas para la elección de los diputados al Parlamento Europeo;

44.  Pide a todos los partidos políticos, incluidos los representados en el Parlamento Europeo, que adopten medidas concretas para abordar este problema, entre ellas, la incorporación de planes de acción y la revisión de sus reglamentos internos a fin de introducir una política de tolerancia cero, medidas preventivas, procedimientos para gestionar reclamaciones y sanciones adecuadas con respecto a los autores de acoso sexual y psicológico contra las mujeres en la política;

45.  Insta a los Parlamentos nacionales y regionales, así como a las corporaciones locales, a brindar todo su apoyo a las víctimas en el marco de los procedimientos internos o policiales, a investigar los casos, a mantener un registro confidencial de los mismos a lo largo del tiempo, a garantizar la formación obligatoria de todo el personal y de los diputados en materia de respeto y dignidad, y a adoptar otras buenas prácticas a fin de implantar una política de tolerancia cero en todas las instancias de sus respectivas instituciones;

46.  Insta a todos los interlocutores pertinentes a que garanticen la aplicación integral y sin demora de su Resolución de 2017 sobre la lucha contra el acoso y los abusos sexuales en la Unión; considera que es deber del Parlamento Europeo garantizar la tolerancia cero frente al acoso sexual y proteger y respaldar adecuadamente a las víctimas; pide, a este respecto:

   un grupo de trabajo integrado por expertos independientes para analizar la situación del acoso y los abusos sexuales en el Parlamento;
   una evaluación y, de ser necesaria, una revisión de la composición de los órganos competentes del Parlamento para garantizar la independencia y la paridad;
   una formación obligatoria para todo el personal y todos los diputados;
   unos plazos claros para la plena aplicación de todas las demandas formuladas en la Resolución;

47.  Pide a los políticos que promuevan la formación de la gerencia y que asistan ellos mismos a los cursos, con miras a evitar actitudes permisivas por parte de los dirigentes y detectar situaciones de violencia contra las mujeres;

Violencia en los espacios públicos

48.  Pide a la Comisión que presente una definición de espacio público, teniendo en cuenta la evolución de las tecnologías de la comunicación, y que, por lo tanto, también incluya en dicha definición los espacios públicos «virtuales», como las redes sociales y los sitios web;

49.  Pide a los Estados miembros que consideren la posibilidad de adoptar legislación específica sobre el acoso en los espacios públicos, en particular programas de intervención, prestando especial atención a la intervención de los transeúntes;

50.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que lleven a cabo una mayor labor de investigación sobre las causas y las consecuencias del acoso sexual en los espacios públicos, que incluya el impacto que la publicidad sexista y estereotipada puede tener en la incidencia de la violencia y el acoso;

51.  Destaca que las campañas de sensibilización que combaten los estereotipos de género y las relaciones patriarcales de poder y que promueven la tolerancia cero frente al acoso sexual son uno de los mejores instrumentos para abordar la violencia de género en los espacios públicos;

52.  Subraya que la educación sobre igualdad de género en todos los niveles constituye una herramienta fundamental para evitar y eliminar estas conductas inadecuadas, cambiando la mentalidad y reduciendo la tolerancia cultural al sexismo y al acoso sexual; resalta la necesidad de introducir programas educativos y debates sobre este asunto en las escuelas; señala que, en cooperación con las ONG y los organismos para la igualdad relevantes, estos programas y debates deben incluir, en los casos que proceda, información y diálogos sobre la prevención y las medidas frente al acoso sexual con el fin de aumentar la concienciación sobre los derechos de las víctimas y recordar su vinculación con la cosificación de las mujeres;

53.  Pide a los Estados miembros que fomenten campañas de sensibilización en los centros de enseñanza secundaria e incluyan el tema del ciberacoso en los planes de estudios de escuelas y universidades; pide, en particular, que continúen la exitosa campaña «Delete Cyberbullying» (Borra el ciberacoso) y la iniciativa «Safer Internet» (Para una Internet más segura) a fin de combatir el acoso psicológico y sexual y ayudar a los jóvenes, futuros ciudadanos de Europa, a comprender la necesidad de aproximarse a los temas de la igualdad de género y el respeto de la mujer;

54.  Insta a los Estados miembros a establecer un sistema de notificación en las escuelas para hacer un seguimiento de todos los casos de ciberacoso;

55.  Observa que algunas medidas adoptadas en los Estados miembros han resultado eficaces para disminuir los casos de acoso en los espacios públicos, como la vigilancia formal (aumento de la presencia de policía o de personal en el transporte público y los circuitos cerrados de televisión —CCTV—) y la vigilancia natural (mayor visibilidad y mejor iluminación);

56.  Pide a los Estados miembros que recuerden a los proveedores de servicios de internet su deber de proteger a los consumidores en línea abordando los casos de abusos repetidos o acecho a fin de proteger a la víctima, informar al agresor de que no puede actuar impunemente y cambiar, por tanto, el comportamiento de este último;

57.  Pide a los Estados miembros que, a través de expertos informáticos y de los órganos de control competentes, como los cuerpos de policía postal, efectúen un mayor control de las páginas web, a fin de proteger a las víctimas del acoso psicológico y sexual y prevenir y castigar los delitos;

58.  Pide a los Estados miembros que introduzcan los medios adecuados para suprimir el lenguaje mediático, político y público que incite a comportamientos violentos y a la descalificación de la figura de la mujer, vulnerando así su dignidad como persona;

59.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que armonicen sus legislaciones y su definición de violencia de género en consonancia con la definición de violencia contra las mujeres recogida en el Convenio de Estambul a fin de aumentar la eficacia de la ley contra el acoso y el acoso laboral;

60.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a mejorar los mecanismos de supervisión para la aplicación adecuada de la legislación de la Unión que prohíbe el acoso sexual, y a garantizar que los organismos para la igualdad de cada Estado miembro cuenten con recursos suficientes para actuar contra la discriminación;

o
o   o

61.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO C 326 de 26.10.2012, p. 391.
(2) http://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report
(3) DO L 204 de 26.7.2006, p. 23.
(4) DO L 373 de 21.12.2004, p. 37.
(5) DO L 315 de 14.11.2012, p. 57.
(6) https://rm.coe.int/1680462543
(7) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0329.
(8) DO C 77 E de 28.3.2002, p. 138.
(9) DO C 285 E de 21.10.2010, p. 53.
(10) DO C 296 E de 2.10.2012, p. 26.
(11) DO C 168 E de 14.6.2013, p. 102.
(12) DO C 285 de 29.8.2017, p. 2.
(13) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0451.
(14) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0073.
(15) DO C 316 de 30.8.2016, p. 2.
(16) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0402.
(17) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0417.
(18) https://www.ipu.org/resources/publications/reports/2016-10/sexism-harassment-and-violence-against-women-parliamentarians
(19) Estudio «Bullying and sexual harassment at the workplace, in public spaces, and in political life in the EU», Parlamento Europeo, Dirección General de Políticas Interiores, Departamento Temático de Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales, marzo de 2018.
(20) https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/SexualHarassmentreport2016.pdf


Igualdad lingüística en la era digital
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Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de septiembre de 2018, sobre la igualdad lingüística en la era digital (2018/2028(INI))
P8_TA(2018)0332A8-0228/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vistos el artículo 2 y el artículo 3, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Vistos los artículos 21, 1 y 22 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Vista la Convención de la UNESCO para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, de 2003,

–  Vista la Directiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003, relativa a la reutilización de la información del sector público(1),

–  Vista la Directiva 2013/37/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se modifica la Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilización de la información del sector público(2),

–  Vista la Decisión (UE) 2015/2240 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, por la que se establece un programa relativo a las soluciones de interoperabilidad y los marcos comunes para las administraciones públicas, las empresas y los ciudadanos europeos (programa ISA2) como medio de modernización del sector público(3),

–  Vista la Resolución del Consejo, de 21 de noviembre de 2008, relativa a una estrategia europea en favor del multilingüismo (2008/C 320/01),(4)

–  Vista la Decisión del Consejo, de 3 de diciembre de 2013, por la que se establece el Programa Específico por el que se ejecuta Horizonte 2020 – Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020) y se derogan las Decisiones 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE y 2006/975/CE(5),

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por la Unión en 2010,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 18 de septiembre de 2008, titulada «Multilingüismo: una ventaja para Europa y un compromiso compartido» (COM(2008)0566),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de agosto de 2010, titulada «Una Agenda Digital para Europa» (COM(2010)0245),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de enero de 2012, titulada «Un marco coherente para aumentar la confianza en el mercado único digital del comercio electrónico y los servicios en línea» (COM(2011)0942),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 6 de mayo de 2015, titulada «Una Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa» (COM(2015)0192),

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Una Agenda Digital para Europa» (COM(2010)0245)(6),

–  Vista la Recomendación sobre la promoción y el uso del plurilingüismo y el acceso universal al ciberespacio aprobada por la Conferencia General de la Unesco en su 32.ª sesión en París, el 15 de octubre de 2003,

–  Visto el informe Eurobarómetro especial 386 titulado «Los europeos y sus lenguas» publicado en junio de 2012,

–  Vistas las Conclusiones de 1a Presidencia del Consejo Europeo de Barcelona de los días 15 y 16 de marzo de 2002 (SN 100/1/02 REV 1),

–  Vista su Resolución, de 17 de junio de 1988, sobre lenguajes gestuales para sordos(7),

–  Vistas su Resolución, de 14 de enero de 2004, sobre la preservación y el fomento de la diversidad cultural: el cometido de las regiones europeas y organizaciones internacionales como la Unesco y el Consejo de Europa (8), y su Resolución, de 4 de septiembre de 2003, sobre las lenguas europeas regionales y menos difundidas - las lenguas de las minorías en la Unión Europea en el contexto de la ampliación y la diversidad cultural(9),

–  Vista su Resolución, de 24 de marzo de 2009, sobre el multilingüismo: una ventaja para Europa y un compromiso compartido(10),

–  Vista su Resolución, de 11 de septiembre de 2013, sobre las lenguas europeas amenazadas de desaparición y la diversidad lingüística en la Unión Europea(11),

–  Vista suResolución, de 7 de febrero de 2018, sobre la protección y no discriminación de minorías en los Estados miembros de la Unión(12),

–  Visto el estudio del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (EPRS) y la Unidad de Prospectiva Científica (STOA) titulado «La igualdad lingüística en la era digital: hacia un proyecto de lenguaje humano», publicado en marzo de 2017,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Cultura y Educación y la opinión de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A8-0228/2018),

A.  Considerando que las tecnologías del lenguaje pueden facilitar la comunicación para las personas con discapacidades auditivas y visuales y las disléxicas, y que, a efectos del presente informe, por «tecnología del lenguaje» se entienden las tecnologías al servicio no solo de las lenguas habladas sino también de las de signos, habida cuenta de que estas últimas son un importante elemento de la diversidad lingüística de Europa;

B.  Considerando que el desarrollo de las tecnologías del lenguaje abarca numerosos ámbitos y disciplinas de investigación, incluidas la lingüística computacional, la inteligencia artificial, la informática y la lingüística (con aplicaciones como el tratamiento del lenguaje natural, el análisis de texto, la tecnología de voz y la minería de datos, entre otras);

C.  Considerando que, de acuerdo con el Eurobarómetro especial 386 titulado «Los europeos y sus lenguas», por encima de la mitad de los europeos (54 %) pueden mantener una conversación en otra lengua, un cuarto de ellos (25 %) saben hablar como mínimo dos lenguas más y uno de cada diez (10 %) son competentes en tres lenguas como mínimo;

D.  Considerando que en la Unión Europea existen 24 lenguas oficiales y más de 60 otras lenguas nacionales y regionales, además de las lenguas de los migrantes y, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), las diferentes lenguas de signos reconocidas por los Estados; que el multilingüismo representa uno de los principales activos de la diversidad cultural de Europa y, al mismo tiempo, uno de los desafíos más importantes para la creación de una Unión verdaderamente integrada;

E.  Considerando que ayudar a las comunidades locales, como las indígenas, rurales o remotas, a superar los obstáculos geográficos, sociales y económicos relativos al acceso a la banda ancha es un requisito esencial para conseguir una política de la Unión eficiente en materia de multilingüismo;

F.  Considerando que el multilingüismo entra en el ámbito de actuaciones de diversas políticas de la Unión, entre las cuales la cultura, la educación, la economía, el mercado único digital, el aprendizaje permanente, el empleo, la integración social, la competitividad, la juventud, la sociedad civil, la movilidad, la investigación y los medios de comunicación; que es necesario prestar mayor atención a la eliminación de los obstáculos al diálogo intercultural e interlingüístico y al fomento del entendimiento mutuo;

G.  Considerando que la Comisión reconoce que el mercado único digital ha de ser multilingüe; que no se ha propuesto ninguna política común de la Unión para abordar el problema de las barreras lingüísticas;

H.  Considerando que las tecnologías del lenguaje se utilizan en prácticamente todos los productos y servicios digitales cotidianos, dado que la mayoría de ellos se sirven del lenguaje en cierta medida (sobre todo en los productos relacionados con internet, como los motores de búsqueda, las redes sociales y los servicios de comercio electrónico); que el uso de estas tecnologías repercute asimismo en sectores de crucial importancia para el bienestar cotidiano de los ciudadanos europeos, como la educación, la cultura y la salud

I.  Considerando que el comercio electrónico transfronterizo es muy escaso, dado que solo el 16 % de los ciudadanos europeos realizaron compras en línea a otros países de la Unión en 2015; que las tecnologías del lenguaje pueden contribuir al futuro de Europa en lo que respecta a la comunicación transfronteriza e interlingüística, al crecimiento económico y a la estabilidad social y reducir los obstáculos naturales, respetando y promoviendo al mismo tiempo la cohesión y la convergencia y reforzando la competitividad de la Unión en todo el mundo;

J.  Considerando que el desarrollo tecnológico se basa cada vez más en el lenguaje y tiene consecuencias para el crecimiento y para la sociedad; que existe una necesidad urgente de más políticas sensibles a las lenguas y de una investigación no solo tecnológica sino también realmente multidisciplinar, así como una educación en comunicación digital y tecnologías del lenguaje y su relación con el crecimiento y la sociedad;

K.  Considerando que cumplir el objetivo de Barcelona de hacer que los ciudadanos puedan comunicarse en su lengua materna y en otras dos lenguas otorgaría a las personas más oportunidades de acceder al contenido cultural, educativo y científico en formato digital y participar como ciudadanos, así como de acceder al mercado único digital; que los medios e instrumentos adicionales, especialmente los ofrecidos por las tecnologías lingüísticas son fundamentales para gestionar adecuadamente el multilingüismo europeo y promover el plurilingüismo de las personas;

L.  Considerando que se han hecho importantes progresos en el ámbito de la inteligencia artificial y que el ritmo de desarrollo en materia de tecnologías del lenguaje digital ha sido muy rápido; que la inteligencia artificial centrada en el lenguaje ofrece nuevas oportunidades para la comunicación digital, la comunicación mejorada digitalmente, la comunicación habilitada a través de la tecnología, y la cooperación, en todas las lenguas europeas (y más allá), brindando a los hablantes de lenguas diferentes un acceso igualitario a la información y al conocimiento y mejorando las funcionalidades de las tecnologías de la información en red;

M.  Considerando que los valores comunes europeos de cooperación, solidaridad, igualdad, reconocimiento y respeto han de entenderse en el sentido de que todos los ciudadanos tengan un acceso pleno y equitativo a las tecnologías digitales, lo que no solo mejoraría la cohesión y el bienestar europeos, sino que además haría posible el mercado único digital multilingüe;

N.  Considerando que la disponibilidad de herramientas tecnológicas como videojuegos o aplicaciones educativas en lenguas minoritarias y menos usadas es esencial para desarrollar las capacidades lingüísticas, sobre todo en el caso de los niños;

O.  Considerando que los hablantes de lenguas europeas menos habladas necesitan poder expresarse de forma relevante desde un punto de vista cultural y crear su propio contenido cultural en lenguas locales;

P.  Considerando que la aparición de métodos como el aprendizaje profundo, basados en una mayor potencia computacional y en el acceso a cantidades ingentes de datos, están convirtiendo las tecnologías del lenguaje en una solución real para la superación de las barreras lingüísticas;

Q.  Considerando que las barreras lingüísticas influyen considerablemente en la construcción de la identidad europea y en el futuro del proceso de integración europeo; que las decisiones y las políticas de la Unión deben comunicarse a sus ciudadanos en su lengua materna tanto en internet como en los demás medios;

R.  Considerando que el lenguaje constituye una muy gran parte del acervo de macrodatos, el cual va en constante aumento;

S.  Considerando que una enorme cantidad de datos está expresada en lenguajes humanos; que el dominio de las tecnologías del lenguaje podría hacer posible una amplia gama de servicios y productos informáticos innovadores en la industria, el comercio, el gobierno, la investigación, los servicios públicos y la administración. reduciendo las barreras y los costes de mercado;

Obstáculos actuales para lograr la igualdad lingüística en la era digital en Europa

1.  Lamenta que, debido a la ausencia de políticas adecuadas, en Europa exista actualmente una creciente brecha tecnológica entre las lenguas con más y las lenguas con menos recursos, ya sean estas últimas oficiales, cooficiales o no oficiales en la Unión; lamenta, asimismo, que más de veinte lenguas europeas se encuentran en peligro de extinción digital; observa que la Unión Europea y sus instituciones tienen el deber de poner en valor, promover y respetar la diversidad lingüística del continente europeo;

2.  Señala que en el último decenio la tecnología digital ha tenido un impacto considerable en la evolución del lenguaje que sigue siendo difícil de evaluar; recomienda a los responsables políticos que analicen en profundidad los estudios que muestran que la comunicación digital está reduciendo las competencias de alfabetización de los jóvenes, lo que deriva en barreras en materia de gramática y lectura y escritura entre generaciones y en un deterioro del lenguaje en general; opina que la comunicación digital debe servir para ampliar, enriquecer y hacer avanzar las lenguas, y que estas aspiraciones deben reflejarse en la alfabetización nacional y en las políticas de alfabetización;

3.  Señala que las lenguas minoritarias europeas están muy desfavorecidas debido a una grave falta de instrumentos, recursos y financiación de la investigación, lo que inhibe y reduce las actividades de los investigadores, que, a pesar de disponer de las necesarias capacidades tecnológicas, no pueden aprovechar plenamente las tecnologías del lenguaje;

4.  Toma nota de la cada vez mayor brecha digital entre las lenguas más difundidas y las lenguas minoritarias y de la creciente digitalización de la sociedad europea, que está traduciéndose en disparidades en el acceso a la información, en particular para las personas poco cualificadas, las de edad avanzada y las de rentas bajas o procedentes de entornos desfavorecidos; subraya que esta desigualdad se reduciría ofreciendo contenidos en distintas lenguas;

5.  Observa que, si bien Europa posee una sólida base científica en ingeniería y tecnología del lenguaje, y en un momento en que las tecnologías del lenguaje humano le suponen una enorme oportunidad, tanto económica como culturalmente, sigue estando muy a la zaga, debido a la fragmentación del mercado, a una inversión insuficiente en conocimiento y cultura, a la mala coordinación de la investigación, a la financiación insuficiente y a los obstáculos jurídicos; observa asimismo que el mercado está actualmente dominado por actores no europeos, que no atienden las necesidades específicas de una Europa multilingüe; subraya la necesidad de cambiar este modelo y reforzar el liderazgo de Europa en las tecnologías del lenguaje creando un proyecto diseñado específicamente para responder a las necesidades y demandas europeas;

6.  Señala que la tecnologías del lenguaje están disponibles en inglés, en primer lugar; es consciente de que los grandes fabricantes y empresas mundiales y europeos suelen desarrollar tecnología del lenguaje también para las principales lenguas europeas y operan en mercados relativamente grandes: español, francés y alemán (estas lenguas ya carecen de algunos recursos en ciertas áreas secundarias); destaca, no obstante, que es preciso emprender una acción general a escala de la Unión (política, financiación, investigación y educación) para velar por el desarrollo de tecnologías del lenguaje destinadas a lenguas oficiales de la Unión con un número reducido o medio de hablantes, así como acciones específicas a escala de la Unión (política, financiación, investigación y educación) para incluir y promover las lenguas regionales y minoritarias en el marco de dicho desarrollo;

7.  Insiste en la necesidad de utilizar mejor los nuevos enfoques tecnológicos, basados en una mayor potencia computacional y un mejor acceso a cantidades significativas de datos, para fomentar el desarrollo de redes neuronales de aprendizaje profundo que convierten las tecnologías del lenguaje humano (TLH) en una solución real para superar las barreras lingüísticas; pide, por consiguiente, a la Comisión que garantice una financiación suficiente para apoyar este desarrollo tecnológico;

8.  Señala que las lenguas con menor número de hablantes necesitan el apoyo adecuado de las partes interesadas, como fundiciones tipográficas para marcas diacríticas, fabricantes de teclados y sistemas de gestión de contenidos, a fin de almacenar, procesar y visualizar correctamente los contenidos en dichas lenguas; pide que la Comisión estudie cómo se puede incentivar este apoyo y presentarse como recomendación en el proceso de contratación en el seno de la Unión;

9.  Pide a los Estados miembros que promuevan el uso de múltiples lenguas en servicios digitales como las aplicaciones móviles;

10.  Observa con preocupación que el mercado único digital sigue fragmentado por una serie de barreras, incluidas las lingüísticas, obstaculizando así el comercio en línea, la comunicación a través de las redes sociales y otros canales de comunicación y el intercambio transfronterizo de contenidos culturales, creativos y audiovisuales, así como un despliegue más amplio de servicios públicos paneuropeos; hace hincapié en que la diversidad cultural y el multilingüismo en Europa, podrían salir ganando con un acceso transfronterizo a los contenidos, especialmente con fines educativos; pide a la Comisión que desarrolle una estrategia sólida y coordinada para el mercado único digital multilingüe;

11.  Señala que las tecnologías lingüísticas no desempeñan ningún papel en la agenda política europea, a pesar de que el respeto de la diversidad lingüística está consagrado en los Tratados;

12.  Destaca el importante papel de las anteriores redes de investigación financiadas por la Unión tales como FLaReNet, CLARIN, HBP y META-NET (incluida META-SHARE) para abrir el camino en la construcción de una plataforma europea de tecnologías del lenguaje;

Mejorar el marco institucional para las políticas de tecnología del lenguaje a nivel de la UE

13.  Pide al Consejo que elabore una recomendación sobre la protección y la promoción de la diversidad cultural y lingüística en la Unión, también en el ámbito de las tecnologías del lenguaje;

14.  Recomienda que, a fin de aumentar la visibilidad de las tecnologías lingüísticas en Europa, la Comisión asigne el ámbito del «multilingüismo y tecnologías del lenguaje» a la cartera de un comisario; considera que el comisario competente debería asumir la promoción de la diversidad y la igualdad lingüísticas a nivel europeo, habida cuenta de la importancia de la diversidad lingüística para el futuro de Europa;

15.  Sugiere que se establezca a nivel de la Unión una protección jurídica integral para las alrededor de sesenta lenguas regionales y minoritarias europeas, que se reconozcan los derechos de las minorías étnicas y lingüísticas en el mundo digital también, así como que se garantice la educación en la lengua materna para los hablantes de todas la lenguas oficiales y no oficiales de la Unión;

16.  Anima a aquellos Estados miembros que ya han desarrollado sus propias estrategias políticas de éxito en el ámbito de las tecnologías lingüísticas a que compartan sus experiencias y buenas prácticas, a fin de ayudar a otras autoridades nacionales, regionales y locales a desarrollar sus propias estrategias;

17.  Pide a los Estados miembros que desarrollen políticas globales relativas al lenguaje y que asignen recursos y utilicen herramientas adecuadas a fin de promover y facilitar la diversidad lingüística y el multilingüismo en el ámbito digital; destaca la responsabilidad compartida de la Unión y de los Estados miembros, junto con las universidades y otras instituciones públicas, en la contribución a la preservación de sus lenguas en el mundo digital y al desarrollo de bases de datos y tecnologías de traducción para todas las lenguas de la Unión, incluidas aquellas con menor número de hablantes; pide que se establezca una coordinación entre la investigación y la industria con el objetivo común de mejorar las posibilidades digitales para la traducción de lenguas y con un acceso abierto a los datos, necesarios para el avance tecnológico;

18.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen estrategias y medidas políticas que propicien el multilingüismo en el mercado digital; en este contexto, solicita a la Comisión y a los Estados miembros que definan los recursos lingüísticos mínimos de que deben disponer todas las lenguas europeas —tales como conjuntos de datos, glosarios, registros de voz, corpus comentados, memorias de traducción y contenidos enciclopédicos— para evitar su extinción digital;

19.  Recomienda que la Comisión considere la creación de un centro dedicado a la diversidad lingüística que refuerce la concienciación sobre la importancia de las lenguas menos usadas, regionales y minoritarias, inclusive en el ámbito de las tecnologías del lenguaje;

20.  Pide a la Comisión que revise su estrategia marco para el multilingüismo y que proponga un plan de acción claro sobre cómo promover la diversidad lingüística y superar las barreras lingüísticas en el ámbito digital;

21.  Pide a la Comisión que dé prioridad en materia de tecnología del lenguaje a aquellos Estados miembros de tamaño reducido y que tengan su propia lengua, para poder responder a los desafíos lingüísticos que se les plantean;

22.  Insiste en que el desarrollo de las tecnologías del lenguaje facilitará el subtitulado, doblaje y traducción de videojuegos y aplicaciones informáticas hacia lenguas minoritarias y menos usadas;

23.  Destaca la necesidad de reducir la brecha tecnológica entre las lenguas reforzando la transferencia de conocimientos y tecnologías;

24.  Insta a los Estados miembros a que presenten maneras eficaces de consolidar sus lenguas nativas;

Recomendaciones para las políticas de investigación de la Unión

25.  Pide a la Comisión que elabore un programa de financiación a gran escala y a largo plazo en los ámbitos de la investigación y desarrollo y de la innovación en el campo de las tecnologías del lenguaje, a nivel regional, nacional y europeo, diseñado específicamente para responder a las necesidades y demandas europeas; destaca que este programa debería aspirar a abordar el aprendizaje profundo del lenguaje natural y aumentar la eficiencia de la transferencia de conocimientos, infraestructuras y recursos, con vistas a desarrollar tecnologías y servicios innovadores, para realizar los próximos avances científicos en esta área y contribuir a la reducción de la brecha tecnológica entre las lenguas europeas; destaca que esto debería hacerse con la participación de los centros de investigación, el mundo académico, las empresas —en particular las pymes y las empresas emergentes— y otras partes interesadas; hace hincapié en que debe tratarse de un proyecto abierto, en la nube e interoperable que ofrezca herramientas básicas de alto rendimiento con gran adaptabilidad a escala para distintas aplicaciones de tecnologías del lenguaje;

26.  Estima que los integradores de las tecnologías de la información y la comunicación de la Unión deben recibir incentivos económicos para acelerar la prestación de servicios basados en la nube, a fin de permitir una integración fluida de las TLH en sus aplicaciones de comercio electrónico, en especial para velar por que las pymes aprovechen las ventajas que ofrece la traducción automática;

27.  Subraya que Europa debe asegurar su posición de liderazgo en el ámbito de la inteligencia artificial centrada en el lenguaje; recuerda que las empresas de la Unión son las más indicadas para ofrecer soluciones adaptadas a nuestra demanda específica en el plano cultural, social y económico;

28.  Considera que los programas específicos dentro de los actuales sistemas de financiación, como Horizonte 2020, así como los programas de financiación que les sucedan, deben impulsar la investigación básica a largo plazo y la transferencia de conocimientos y tecnología entre países y regiones;

29.  Recomienda la creación de una plataforma europea de tecnologías del lenguaje con representantes de todas las lenguas europeas, que permita la puesta en común de recursos, servicios y paquetes de código fuente abierto de este ámbito tecnológico, especialmente entre universidades y centros de investigación, garantizando al mismo tiempo que los posibles sistemas de financiación puedan trabajar con las comunidades de código abierto y ser accesibles para estas;

30.  Recomienda crear o ampliar proyectos como por ejemplo el proyecto de diversidad lingüística digital, que investiguen las necesidades digitales de todas las lenguas europeas, incluidas desde aquellas con muy pocos hablantes hasta las que cuentan con gran número de hablantes, con el fin de combatir la brecha digital y contribuir a preparar a dichas lenguas para el futuro digital sostenible;

31.  Recomienda una actualización de la Serie de Libros Blancos de META -NET, una encuesta paneuropea, publicada en 2012, sobre el estado de las tecnologías del lenguaje, los recursos disponibles para todas las lenguas europeas, la información sobre las barreras lingüísticas y las políticas en este terreno, con el fin de permitir la evaluación y el desarrollo de las políticas en materia de tecnología del lenguaje;

32.  Insta a la Comisión a crear una plataforma de financiación de la TLH, partiendo de la ejecución del Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico, de Horizonte 2020 y del Mecanismo «Conectar Europa»; considera, además, que la Comisión debe hacer hincapié en los ámbitos de investigación necesarios para garantizar el aprendizaje profundo del lenguaje, como la lingüística computacional, la lingüística, la inteligencia artificial, la tecnología del lenguaje, la informática y la ciencia cognitiva;

33.  Señala que la lengua puede actuar como obstáculo para la transferencia de conocimientos científicos; observa que la mayoría de las revistas científicas de gran repercusión publican en inglés, lo que da lugar a un cambio importante en la creación y la difusión de los conocimientos académicos; destaca la necesidad de reflejar estas condiciones de creación de conocimiento en las políticas y programas europeos de investigación e innovación; insta a la Comisión a que busque soluciones para garantizar la puesta a disposición de los conocimientos científicos en otras lenguas distintas del inglés y a apoyar el desarrollo de inteligencia artificial para el lenguaje natural;

Políticas educativas para mejorar el futuro de tecnologías del lenguaje en Europa

34.  Considera que, debido a la situación actual, en la que los agentes no europeos dominan el mercado de las tecnologías del lenguaje, las políticas educativas europeas deben aspirar a retener el talento en Europa, a analizar las necesidades educativas actuales relacionadas con las tecnologías del lenguaje —incluidos todos los ámbitos y disciplinas afectados—, a formular directrices en consecuencia de forma que puedan emprenderse intervenciones orgánicas y compartidas a escala europea, y a sensibilizar a escolares y estudiantes respecto a las oportunidades profesionales en el sector de las tecnologías del lenguaje, incluida la industria de la inteligencia artificial centrada en el lenguaje;

35.  Considera que a la vez se deben elaborar los materiales didácticos digitales para las lenguas minoritarias y regionales, lo que resulta importante desde el punto de vista de la no discriminación, así como para garantizar la igualdad y el trato equitativo entre las distintas lenguas;

36.  Considera necesario promover una participación cada vez mayor de las mujeres en los estudios europeos sobre las tecnologías del lenguaje, como factor decisivo para el desarrollo de la investigación y la innovación;

37.  Propone que la Comisión y los Estados miembros promuevan la utilización de tecnologías del lenguaje en los intercambios culturales y educativos entre los ciudadanos europeos, como por ejemplo el programa Erasmus + o el apoyo lingüístico en línea de Erasmus +, con el objetivo de reducir los obstáculos que la diversidad lingüística puede suponer para el diálogo intercultural y el entendimiento mutuo, especialmente en los soportes escrito y audiovisual;

38.  Recomienda a los Estados miembros que desarrollen programas de alfabetización digital también en las lenguas minoritarias y regionales europeas e introduzcan la formación en tecnología lingüística y los instrumentos de esta en los planes de estudios de escuelas, universidades y centros de formación profesional; subraya además el hecho de que la alfabetización sigue siendo un factor importante y un requisito previo absoluto para hacer avanzar la inclusión digital de las comunidades;

39.  Destaca que los Estados miembros deben ofrecer el apoyo que las instituciones educativas necesitan para mejorar la digitalización de las lenguas en la Unión;

Tecnologías del lenguaje: beneficios tanto para las empresas privadas como para los organismos públicos

40.  Destaca la necesidad de apoyar el desarrollo de instrumentos de inversión y programas de aceleración dirigidos a aumentar el uso de las tecnologías del lenguaje en el sector cultural y creativo, pensando especialmente en las comunidades con escasos recursos e incentivando el desarrollo de capacidades en las tecnologías del lenguaje en aquellas áreas en que el sector es más débil;

41.  Anima a que haya un despliegue de actividad y una financiación adecuada tendentes a capacitar y conferir competencias a las pymes y las empresas emergentes europeas de modo que puedan acceder fácilmente a las tecnologías del lenguaje y utilizarlas para expandir sus negocios en línea, accediendo a nuevos mercados y desarrollando oportunidades, con lo que impulsarán su innovación y crearán puestos de trabajo;

42.  Pide a las instituciones de la Unión que conciencien sobre los beneficios que reporta a las empresas, los organismos públicos y los ciudadanos la disponibilidad de servicios, contenidos y productos en línea en múltiples lenguas, incluidas las lenguas menos usadas, regionales y minoritarias, con vistas a superar las barreras lingüísticas y a contribuir a preservar el patrimonio cultural de las comunidades lingüísticas;

43.  Apoya la implantación de administraciones multilingües a escala europea, nacional y, en su caso, regional y local mediante tecnologías del lenguaje innovadoras, integradoras y asistenciales, lo que reducirá las desigualdades entre lenguas y comunidades lingüísticas, fomentará el acceso equitativo a los servicios y estimulará la movilidad en Europa de las empresas, los ciudadanos y los trabajadores, así como garantizará la creación de un mercado único digital multilingüe inclusivo;

44.  Pide a las administraciones a todos los niveles que mejoren el acceso a los servicios e informaciones en línea en diferentes lenguas, especialmente en el caso de servicios en regiones transfronterizas y para cuestiones relativas a la cultura, y que se sirvan de tecnologías del lenguaje gratuitas y de código abierto ya existentes, incluidas la traducción automática, el reconocimiento de la voz y la síntesis vocal y los sistemas lingüísticos inteligentes, como los que llevan a cabo recuperación de información multilingüe, resúmenes/síntesis y comprensión verbal, a fin de mejorar la accesibilidad de los servicios prestados;

45.  Destaca la importancia de las técnicas de minería de datos y textos para el desarrollo de las tecnologías del lenguaje; subraya la necesidad de reforzar la colaboración entre la industria y los propietarios de los datos; hace hincapié, asimismo, en la necesidad de adaptar el marco normativo y de garantizar un uso más abierto e interoperable de los recursos lingüísticos, así como su recopilación; señala que la información sensible no debería dejarse en manos de las empresas comerciales y sus programas de libre utilización, ya que no está claro el uso que estas empresas darían a los conocimientos obtenidos, como por ejemplo en el caso de la información relativa a la salud;

o
o   o

46.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO L 345 de 31.12.2003, p. 90.
(2) DO L 175 de 27.6.2013, p. 1.
(3) DO L 318 de 4.12.2015, p. 1.
(4) DO C 320 de 16.12.2008, p. 1.
(5) DO L 347 de 20.12.2013, p. 965.
(6) DO C 54 de 19.2.2011, p. 58.
(7) DO C 187 de 18.7.1988, p. 236.
(8) DO C 92 E de 16.04.2004, p. 322.
(9) DO C 76 E de 25.3.2004, p. 374.
(10) DO C 117 E de 6.5.2010, p. 59.
(11) DO C 93 de 9.3.2016, p. 52.
(12) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0032.


Gestión transparente y responsable de los recursos naturales en los países en desarrollo: los bosques
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Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de septiembre de 2018, sobre la gestión transparente y responsable de los recursos naturales en los países en desarrollo: los bosques (2018/2003(INI))
P8_TA(2018)0333A8-0249/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vistos el Plan de Acción sobre la aplicación de las leyes, la gobernanza y el comercio forestales (FLEGT) (septiembre de 2001) y los acuerdos de asociación voluntaria FLEGT con terceros países,

–  Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y, en particular, su artículo 208,

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, por el que se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la madera(1) (Reglamento sobre la madera),

–  Vista la Alianza de Busan para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, de 2011,

–  Vistos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas para el período 2015-2030,

–  Visto el Acuerdo de París, alcanzado en la 21.ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21),

–  Visto el informe final del estudio de la Comisión titulado «The impact of EU consumption on deforestation: Comprehensive analysis of the impact of EU consumption on deforestation» (El impacto del consumo de la Unión sobre la deforestación: análisis global del impacto del consumo de la Unión sobre la deforestación) (2013),

–  Visto el proyecto de estudio de viabilidad sobre las opciones para impulsar la acción de la Unión contra la deforestación, encargado por la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea (2017),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 17 de octubre de 2008, titulada «Afrontar los desafíos de la deforestación y la degradación forestal para luchar contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad» (COM(2008)0645),

–  Visto el Foro de Bienes de Consumo de 2010, una red mundial de minoristas, fabricantes y prestadores de servicios, que adoptó el objetivo de lograr para 2020 una deforestación neta cero en las cadenas de suministro de sus miembros,

–  Visto el Desafío de Bonn de 2011, un esfuerzo mundial para lograr para 2020 la restauración de 150 millones de hectáreas de suelo deforestado y degradado en el mundo y, para 2030, la restauración de 350 millones de hectáreas,

–  Vista la Alianza Forestal Tropical 2020,

–  Vista la Declaración de Nueva York sobre los bosques y el plan de acción de 2014,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo de 2016 sobre la aplicación de las leyes, la gobernanza y el comercio forestales,

–  Vista la Declaración de Ámsterdam titulada «Towards Eliminating Deforestation from Agricultural Commodity Chains with European Countries» (Hacia la eliminación de la deforestación de las cadenas de productos básicos agrícolas con los países europeos), de diciembre de 2015,

–  Vista la estrategia «Comercio para todos» de la Comisión (2015),

–  Visto el mecanismo del Programa de las Naciones Unidas de reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal (REDD+),

–  Visto el Plan estratégico de las Naciones Unidas para los bosques 2017-2030, que establece seis objetivos forestales mundiales y veintiséis metas forestales relacionadas con ellos que habrán de alcanzarse en 2030,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, aprobada el 17 de junio de 1994,

–  Visto el desarrollo, por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de plataformas de productos básicos sostenibles nacionales,

–  Visto el mecanismo de cooperación bilateral sobre la aplicación de las leyes y la gobernanza forestales con China (2009),

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966,

–  Vista la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de 1969,

–  Vista la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, de 1987,

–  Visto el Convenio n.º 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, de 1989,

–  Vista la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, de 2007,

–  Vistas las Directrices voluntarias sobre la gobernanza de la tenencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), de 2012,

–  Vistos los Principios para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios de la FAO, de 2014,

–  Visto el informe Planetary Boundaries más reciente,

–  Vista la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), de 1973,

–  Vistos el Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992, su Protocolo anejo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología de 2000 y su Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización, de 2010,

–  Visto el informe final del Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Finanzas Sostenibles,

–  Vistos los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, adoptados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2011, y las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, actualizadas en 2011,

–  Vista su Resolución, de 4 de abril de 2017, sobre el aceite de palma y la deforestación de las selvas tropicales(2),

–  Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2016, sobre la responsabilidad de las empresas por violaciones graves de los derechos humanos en terceros países(3),

–  Vista la declaración de los representantes de la sociedad civil sobre el papel de la Unión en la protección de los bosques, de abril de 2018,

–  Visto el programa mundial de lucha contra los delitos de vida silvestre y forestales de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC),

–  Vista su Resolución, de 12 de septiembre de 2017, sobre el impacto del comercio internacional y las políticas comerciales de la Unión en las cadenas de valor mundiales(4),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo y las opiniones de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y de la Comisión de Comercio Internacional (A8-0249/2018),

A.  Considerando que los bosques con diversidad biológica contribuyen significativamente a la mitigación del cambio climático y a la adaptación al mismo, así como a la conservación de la biodiversidad;

B.  Considerando que 300 millones de personas viven en los bosques y 1 600 millones dependen directamente de ellos para su subsistencia, incluidos más de 2 000 grupos indígenas; que los bosques desempeñan una función primordial en el desarrollo de la economía local; que los bosques albergan aproximadamente el 80 % de todas las especies terrestres, por lo que constituyen una reserva importante de biodiversidad; que, según la FAO, cada año se pierden alrededor de 13 millones de hectáreas de bosque;

C.  Considerando que la deforestación y la degradación de los bosques se produce principalmente en el hemisferio Sur y en los bosques tropicales;

D.  Considerando que los bosques previenen la degradación de las tierras y la desertificación, con la consiguiente reducción del riesgo de inundaciones, corrimientos de tierras y sequías;

E.  Considerando que los bosques son fundamentales para lograr una agricultura sostenible y mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición;

F.  Considerando que los bosques también prestan servicios ecosistémicos esenciales que contribuyen a una agricultura sostenible regulando las corrientes de agua, estabilizando los suelos y preservando su fertilidad, regulando el clima y ofreciendo un hábitat viable para los polinizadores silvestres y los depredadores de plagas agrícolas;

G.  Considerando que los productos forestales representan el 1 % del PIB mundial;

H.  Considerando que la restauración forestal es una de las estrategias indispensables para limitar el calentamiento global a 1,5 °C; que todos los gobiernos deben asumir su responsabilidad y adoptar medidas para reducir los costes de las emisiones de gases de efecto invernadero en su territorio;

I.  Considerando que la deforestación y la degradación de los bosques son la segunda causa de origen humano de las emisiones de carbono y son responsables de casi el 20 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero;

J.  Considerando que la leña sigue siendo el producto forestal más importante en los países en desarrollo y la fuente de energía más importante en numerosos países de África y Asia; que, en África subsahariana, cuatro de cada cinco personas siguen utilizando leña para cocinar;

K.  Considerando que las selvas vírgenes son ricas en biodiversidad y almacenan entre un 30 y un 70 % más de carbono que los bosques talados o degradados;

L.  Considerando que es fundamental disponer de información clara, coherente y actualizada sobre la cubierta forestal para un seguimiento y un control del cumplimiento eficaces;

M.  Considerando que, aunque los acuerdos de asociación voluntaria FLEGT han demostrado su eficacia a la hora de contribuir a mejorar la gobernanza de los bosques, aún siguen teniendo muchos defectos;

N.  Considerando que los acuerdos de asociación voluntaria FLEGT se centran en la explotación forestal industrial, mientras que la tala ilegal proviene, en su inmensa mayoría, de la explotación forestal artesanal y la madera de las explotaciones agrícolas;

O.  Considerando que los acuerdos de asociación voluntaria FLEGT ofrecen una definición demasiado restrictiva de la «legalidad», dejando fuera en algunos casos cuestiones fundamentales relacionadas con la tenencia de la tierra y los derechos de la población local;

P.  Considerando que los acuerdos de asociación voluntaria FLEGT, el REDD+ y la certificación han sido hasta ahora iniciativas separadas, y que deberían coordinarse mejor;

Q.  Considerando que la aplicación de los objetivos FLEGT depende en gran medida de los principales países productores, transformadores y comerciantes, como China, Rusia, India, Corea del Sur y Japón, así como de su compromiso en la lucha contra la tala ilegal y el comercio de productos de la madera ilegales; que los diálogos políticos bilaterales entablados con estos socios han tenido hasta la fecha unos resultados limitados;

R.  Considerando que el Reglamento de la Unión relativo a la comercialización de la madera (EUTR) tiene como objetivo garantizar que no se comercialice madera ilegal en el mercado de la Unión; que una revisión de este Reglamento llevada a cabo en 2016 concluyó que su aplicación y ejecución eran incompletas; que a principios de este año se puso en marcha una consulta pública sobre la posible revisión del ámbito de aplicación del reglamento;

S.  Considerando que las zonas protegidas deben ocupar un lugar central en todo enfoque estratégico que persiga la conservación de la naturaleza; que deben actuar como polos de desarrollo económico seguros e inclusivos, basados en la agricultura sostenible, la energía, la cultura y el turismo, e inducir el desarrollo de una buena gobernanza;

T.  Considerando la importancia de las asociaciones público-privadas (APP) para el desarrollo sostenible de los parques en el África Subsahariana, respetando los derechos de las comunidades forestales;

U.  Considerando que la corrupción y la debilidad de las instituciones son obstáculos importantes para la protección y la preservación de los bosques; que un informe conjunto de 2016 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y de Interpol(5) identifica los delitos forestales como uno de los cinco retos más destacados para la consecución de los ODS y afirma que la tala ilegal representa entre un 15 y un 30 % del comercio legal mundial; que, según el Banco Mundial, se calcula que los países afectados pierden cada año 15 000 millones USD debido a la tala y al comercio ilegales de madera;

V.  Considerando que los delitos forestales pueden adoptar distintas formas, en particular la explotación ilegal de especies de madera amenazadas de alto valor (mencionadas en la CITES); la tala ilegal de madera para materiales de construcción y muebles; y la tala ilegal y el blanqueo de madera a través de plantaciones y empresas agrícolas fantasma para suministrar pasta de papel a la industria papelera, así como el aprovechamiento de las importantes lagunas que existen en la reglamentación del comercio de la leña y el carbón vegetal para ocultar la tala ilegal dentro y fuera de las zonas protegidas;

W.  Considerando que la urbanización, la mala gobernanza, la deforestación a gran escala en favor de la agricultura, la minería y el desarrollo de infraestructuras está provocando graves violaciones de los derechos humanos, con consecuencias devastadoras para las poblaciones y comunidades locales que viven de los bosques, como acaparamiento de tierras, desalojos forzosos, acoso policial, detenciones arbitrarias, y criminalización de líderes comunitarios, defensores de los derechos humanos y activistas;

X.  Considerando que la Agenda 2030 de las Naciones Unidas fija el objetivo de detener e invertir la deforestación y la degradación forestal para 2020; que este compromiso se reitera en el Acuerdo de París sobre cambio climático y no debería aplazarse;

Y.  Considerando que el ODS 15 menciona de forma explícita la necesidad de una buena gestión forestal, y que los bosques pueden contribuir a la consecución de otros muchos ODS;

Z.  Considerando que el REDD+ ha aportado beneficios medioambientales y sociales a muchos países en desarrollo, desde la preservación de la biodiversidad hasta el desarrollo rural y la mejora de la gobernanza de los bosques; que, no obstante, ha sido objeto de críticas por presionar a las comunidades forestales;

AA.  Considerando que hay cada vez más pruebas de que el hecho de garantizar los derechos de tenencia comunitarios se traduce en una reducción de la deforestación y una gestión más sostenible de los bosques;

AB.  Considerando que la agricultura es responsable del 80 % de la deforestación en el mundo; que la ganadería y las grandes plantaciones de soja y aceite de palma, en particular, son importantes factores de deforestación, sobre todo en los países tropicales, debido a la creciente demanda de estos productos en los países desarrollados y en las economías emergentes y a la expansión de la agricultura industrial en el mundo; que un estudio de la Comisión Europea de 2013 constató que la UE-27 había sido el mayor importador neto mundial de productos derivados de la deforestación (entre 1990 y 2008); que, por lo tanto, la Unión desempeña un importante papel en la lucha contra la deforestación y degradación forestal, en especial en lo que se refiere a sus requisitos de demanda y debida diligencia en relación con los productos agrícolas;

AC.  Considerando que la expansión de la soja ha generado problemas sociales y medioambientales, como la erosión de los suelos, el agotamiento del agua, la contaminación por plaguicidas y el desplazamiento forzoso de la población; que las comunidades indígenas se encuentran entre las más afectadas;

AD.  Considerando que la expansión de las plantaciones de aceite de palma ha provocado una destrucción masiva de los bosques, así como conflictos sociales que enfrentan a las empresas que gestionan las plantaciones con los grupos indígenas y las comunidades locales;

AE.  Considerando que en los últimos años el sector privado ha demostrado un compromiso cada vez mayor con la protección de los bosques y que más de 400 empresas se han comprometido a eliminar la deforestación de sus productos y cadenas de suministro, de conformidad con la Declaración de Nueva York sobre los bosques, centrándose en particular en productos como el aceite de palma, la soja, la carne de vacuno y la madera; que, pese a ello, las medidas públicas dirigidas a los productos agrícolas siguen siendo relativamente infrecuentes;

1.  Recuerda que la Agenda 2030 reconoce que los bosques dotados de diversidad biológica desempeñan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, al igual que lo hace el Acuerdo de París; recuerda que la gestión sostenible e inclusiva de los bosques y el uso responsable de sus productos constituyen el sistema natural de captura y almacenamiento de carbono más eficaz y competitivo en términos de precio;

2.  Pide a la Unión que apoye la integración de los objetivos de gobernanza de la tierra y de los bosques en las contribuciones determinadas a nivel nacional de los países en desarrollo con recursos forestales;

3.  Recuerda que el Acuerdo de París exige que todas las Partes actúen para conservar y mejorar los sumideros, incluidos los bosques;

4.  Observa que detener la deforestación y la degradación forestal y permitir que los bosques vuelvan a crecer representaría, como mínimo, el 30 % de todas las acciones de mitigación necesarias para limitar el calentamiento global a 1,5 ºC(6);

5.  Observa que la deforestación contribuye en un 11 % a las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero del mundo, más que todos los vehículos de pasajeros juntos;

6.  Confirma la importancia del tipo de gestión forestal para el equilibrio de carbono en los trópicos, como han puesto de relieve recientes documentos(7), que indican que es posible que formas más sutiles de degradación, y no solo la deforestación a gran escala como se pensaba anteriormente, sean una fuente muy importante de emisiones de carbono, causantes de más de la mitad de las emisiones;

7.  Señala que la reforestación y la rehabilitación de los bosques degradados existentes así como el aumento de la cubierta forestal en los paisajes agrícolas mediante la agrosilvicultura representan la única fuente disponible de emisiones negativas con potencial significativo para contribuir a la consecución de los objetivos del Acuerdo de París;

8.  Recuerda el Desafío de Bonn(8), cuyo objetivo de rehabilitar 350 millones de hectáreas de tierras deforestadas y degradadas antes de 2030 podría generar unos 170 000 millones USD anuales en beneficios netos derivados de la protección de las cuencas fluviales y de la mejora del rendimiento de los cultivos y los productos forestales, y que podría capturar el equivalente de hasta 1,7 gigatoneladas anuales de dióxido de carbono;

9.  Pide a la Comisión que cumpla los compromisos internacionales de la Unión, entre otros, los contraídos en el marco de la COP21, el Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques (FNUB), el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CDB), la Declaración de Nueva York sobre los bosques y el ODS 15, en particular el n.º 15.2, cuyo objetivo es promover la aplicación de la gestión sostenible de todo tipo de bosques, poner fin a la deforestación, rehabilitar los bosques degradados y aumentar significativamente la reforestación a nivel mundial para 2020;

10.  Recuerda especialmente que la Unión se ha comprometido a cumplir las Metas de Aichi del Convenio sobre la Diversidad Biológica, que exigen la conservación del 17 % de todos los hábitats, la rehabilitación del 15 % de los ecosistemas degradados y la reducción casi a cero de la pérdida forestal, o su reducción, como mínimo, a la mitad, para el año 2020;

11.  Observa que la industria aeronáutica se apoya ampliamente en las compensaciones de carbono, incluidas las forestales; subraya, no obstante, que las compensaciones de carbono forestales se enfrentan a serias críticas, ya que resultan difíciles de cuantificar e imposibles de garantizar; considera que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) debe excluir las compensaciones de carbono forestales del mecanismo del Plan de compensación y reducción del carbono para la aviación internacional (CORSIA);

12.  Destaca que los factores de deforestación van más allá del sector forestal como tal y tienen que ver con un gran número de cuestiones, como por ejemplo la tenencia de la tierra, la protección de los derechos de los pueblos indígenas, las políticas agrícolas y el cambio climático; pide a la Comisión que intensifique sus esfuerzos en aras de una aplicación plena y efectiva de los acuerdos de asociación voluntaria FLEGT y que aborde la deforestación de forma holística mediante un marco político coherente, por ejemplo garantizando el reconocimiento efectivo y el respeto de los derechos de tenencia de la tierra de las comunidades dependientes de los bosques, en particular en el caso de la financiación de la Unión destinada al desarrollo, así como en el proceso de selección de los acuerdos de asociación voluntaria FLEGT, de tal manera que se permita la subsistencia de las comunidades locales dependientes de los bosques, garantizando al mismo tiempo la conservación de los ecosistemas;

13.  Insta a la Comisión a que publique cada dos años un informe sobre los progresos del Plan de Acción FLEGT; destaca que este informe debe incluir una evaluación de la aplicación del acuerdo de asociación voluntaria, los plazos establecidos, las dificultades encontradas y las medidas adoptadas o previstas;

14.  Señala que la introducción de acuerdos de asociación voluntarios tendrá más posibilidades de éxito si prevé un apoyo más específico para los grupos vulnerables involucrados en la gestión de recursos madereros (pequeños propietarios, microempresas, pequeñas y medianas empresas y operadores independientes del sector «informal»); subraya la importancia de velar por que los procesos de certificación respeten los intereses de los grupos más vulnerables involucrados en la gestión de los bosques;

15.  Subraya la importancia de hacer frente al comercio ilegal de madera tropical; sugiere a la Comisión que las futuras negociaciones de licencias de exportación FLEGT para productos de la madera legales verificados e importados a la Unión tengan en cuenta la experiencia del sistema indonesio, efectivo desde noviembre de 2016; pide a la Comisión que elabore un estudio autónomo de evaluación del impacto acerca de la aplicación del sistema indonesio de garantía de la legalidad de la madera, que debería presentarse dentro de un plazo adecuado;

16.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que eliminen cualquier riesgo relacionado con la madera procedente de zonas de conflicto, asegurándose de que esta se considere ilegal en el marco del proceso de acuerdo de asociación voluntaria; estima que la definición de legalidad de los sistemas de garantía de la legalidad de la madera (TLAS) debería ampliarse para incluir los derechos humanos, y en particular los derechos de tenencia comunitarios, en los acuerdos de asociación voluntaria;

17.  Insta a la Comisión y los Estados miembros a que hagan uso del «diálogo estructurado FLEGT» para llevar a cabo una evaluación adecuada de los riesgos de corrupción en el sector forestal y desarrollar medidas que refuercen la participación, la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad, como elementos de una estrategia anticorrupción;

18.  Insta a la Unión a que desarrolle una política de contratos públicos ecológicos en el sector de la madera para apoyar la protección y la restauración de los ecosistemas forestales en todo el mundo;

19.  Observa con preocupación que el sector forestal es particularmente vulnerable a la mala gobernanza, en particular a la corrupción, el fraude y la delincuencia organizada, que se benefician de un alto grado de impunidad; lamenta que, incluso en países dotados de buenas leyes forestales, la aplicación sea deficiente;

20.  Reconoce que se ha calculado que los delitos forestales, como la tala ilegal, alcanzaron un valor de entre 50 000 y 152 000 millones USD a escala mundial en 2016, en comparación con el valor de entre 30 000 y 100 000 millones USD de 2014, y que se sitúan a la cabeza en cuanto a ingresos entre los delitos ambientales; observa que la tala ilegal desempeña un importante papel en la financiación de la delincuencia organizada y empobrece significativamente a gobiernos, naciones y comunidades locales por los ingresos no recaudados(9);

21.  Se muestra alarmado por la intensificación de las violaciones de los derechos humanos, el acaparamiento de tierras y la apropiación de tierras indígenas, debido a la expansión de las infraestructuras, las plantaciones de monocultivo para alimentos, combustibles y fibras, la explotación forestal, y medidas de mitigación de las emisiones de carbono como los biocombustibles, el gas natural o el desarrollo de energía hidroeléctrica a gran escala;

22.  Observa con preocupación que alrededor de 300 000 pueblos del bosque (también conocidos como «pigmeos» o «batwa») de la selva tropical de África central se enfrentan a presiones sin precedentes en relación con sus tierras, recursos forestales y sociedades, ya que los bosques se talan y roturan para la agricultura o se convierten en zonas para la conservación exclusiva de la vida silvestre;

23.  Insta a la Comisión a que responda a las peticiones contenidas en la Resolución del Parlamento, de 25 de octubre de 2016, sobre la responsabilidad de las empresas por violaciones graves de los derechos humanos en terceros países(10), también por lo que respecta a las empresas que operan en este sector; insta, en particular, a la Comisión a que aplique las medidas preconizadas en dicha Resolución a fin de identificar y castigar a los responsables cuando dichas actividades puedan atribuirse directa o indirectamente a empresas multinacionales que operen en la jurisdicción de un Estado miembro;

24.  Hace hincapié en que la tala ilegal constituye una pérdida de ingresos fiscales para los países en desarrollo; lamenta, en particular, el hecho de que se estén utilizando paraísos fiscales y regímenes de elusión fiscal para financiar empresas fantasma y filiales de grandes empresas papeleras, forestales y mineras relacionadas con la deforestación, tal como ha sido confirmado por los papeles de Panamá y los papeles del paraíso, en un contexto en el que los efectos de una globalización financiera no regulada pueden repercutir negativamente en la conservación de los bosques y la sostenibilidad medioambiental; insta una vez más a la Unión a que muestre su fuerte voluntad política y su determinación en la lucha contra la elusión y la evasión fiscales a nivel nacional y con respecto a terceros países;

25.  Celebra la publicación del esperado estudio de viabilidad sobre las opciones para impulsar la acción de la Unión contra la deforestación(11), encargado por la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión; constata que este estudio se centra principalmente en siete productos básicos que entrañan riesgos para los bosques, a saber, el aceite de palma, la soja, el caucho, el ganado vacuno, el maíz, el cacao y el café, y reconoce que, evidentemente, la Unión es claramente parte del problema de la deforestación mundial;

26.  Insta a la Comisión a que ponga en marcha de manera inmediata una evaluación de impacto y una auténtica consulta de las partes interesadas, en la que participen sobre todo las poblaciones locales y las mujeres, con el objeto de establecer un ambicioso plan de acción de la Unión sobre deforestación y degradación forestal que incluya medidas reglamentarias concretas y coherentes, en particular un mecanismo de control, para garantizar que ninguna cadena de suministro ni transacción financiera relacionada con la Unión dé lugar a deforestación, degradación forestal o violaciones de los derechos humanos; pide que este plan de acción promueva una mayor asistencia financiera y técnica a los países productores con el objetivo específico de proteger, mantener y restaurar los bosques y los ecosistemas críticos, y de reforzar los medios de subsistencia de las comunidades que dependen de los bosques;

27.  Recuerda que las mujeres indígenas y las mujeres que se dedican a la agricultura desempeñan una función esencial en la defensa de los ecosistemas forestales; observa con preocupación, no obstante, la falta de inclusión y capacitación de las mujeres en el proceso de gestión de los recursos naturales; lamenta la falta de educación forestal; opina que la igualdad de género en la educación forestal es un elemento clave para la gestión sostenible de los bosque, lo que debería reflejarse en el plan de acción de la Unión;

28.  Toma nota del inicio de la consulta pública sobre la definición de los productos contemplados en el Reglamento sobre la madera; considera que la posibilidad de seleccionar una opción del cuestionario sobre la reducción del ámbito de aplicación que ha de cubrir el Reglamento no está justificada, dado que el ámbito de aplicación actual del Reglamento permite el comercio ilegal; observa asimismo la postura favorable de la Confederación Europea de Industrias de la Madera respecto de la extensión a todos los productos madereros del ámbito de aplicación del Reglamento sobre la madera;

29.  Observa que en la revisión del Reglamento de la Unión relativo a la comercialización de la madera de 2016 (SWD(2016)0034) no fue posible evaluar si las sanciones establecidas por los Estados miembros habían sido eficaces, proporcionadas y disuasorias, ya que el número de sanciones impuestas hasta la fecha había sido muy reducido; cuestiona que el criterio que aplican algunos Estados miembros para fijar la imposición de sanciones sea «la situación económica nacional», habida cuenta del carácter internacional del delito y del hecho de que ocupa el primer puesto entre los delitos ambientales en el mundo;

30.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que apliquen plenamente el Reglamento de la Unión relativo a la comercialización de la madera, y pide que este incluya todos los productos que están o pueden estar hechos de madera y que contienen o pueden contener madera; insiste en el requisito de efectuar controles adecuados y eficaces, también sobre las cadenas de suministro complejas y las importaciones procedentes de países transformadores, y pide la imposición de sanciones severas y disuasorias a todos los agentes económicos, dado que se trata de un delito internacional que es el que más ingresos genera de todos los delitos medioambientales;

31.  Observa que se ha descubierto que las licencias de exportación FLEGT permiten que madera de origen ilegal se mezcle con madera legal, por lo que podría ser exportada a la Unión de conformidad con el Reglamento de la Unión relativo a la comercialización de la madera(12);

32.  Pide a la Comisión que actualice las orientaciones del Reglamento de la Unión relativo a la comercialización de la madera para abordar el problema de la madera procedente de zonas en conflicto, y que recomiende medidas de mitigación del riesgo más detalladas a fin de reforzar el cumplimiento, como la solicitud de una mayor diligencia debida a los operadores que importan desde zonas de alto riesgo o afectadas por conflictos, condiciones de lucha contra el soborno en los contratos con los proveedores, la aplicación de disposiciones de lucha contra la corrupción, estados financieros auditados y auditorías contra la corrupción;

Gobernanza de la tierra y de los bosques

33.  Reconoce la importante labor realizada en el marco de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE/ONU) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) con relación a la gestión sostenible global de los bosques, que es esencial para el comercio sostenible de productos forestales;

34.  Pide a la Unión que establezca una cooperación más estrecha y asociaciones eficaces con los principales países consumidores de madera y las partes interesadas a nivel internacional, como las Naciones Unidas, en concreto la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), así como el Centro de Investigación Forestal Internacional (CIFOR) y el Programa del Banco Mundial sobre los Bosques (PROFOR), para lograr una reducción más eficaz del comercio de madera talada ilegalmente a nivel mundial y una mejor gobernanza global de los bosques;

35.  Hace hincapié en que los bosques secundarios, que se regeneran en gran medida mediante procesos naturales tras perturbaciones humanas o naturales significativas de los bosques principales, ofrecen también, junto a los bosques principales, servicios ecosistémicos cruciales y medios de vida para la población local y son una fuente de madera; considera que, al estar también amenazada su supervivencia por la explotación forestal ilegal, toda actuación que aborde la transparencia y la rendición de cuentas de la gestión forestal debería orientarse también a los bosques secundarios, y no solo a los bosques principales;

36.  Incide en la necesidad de fomentar una gestión forestal participativa y comunitaria, fortaleciendo la participación de la sociedad civil en la planificación y la aplicación de las políticas y los proyectos de gestión forestal, haciendo una labor de sensibilización y asegurándose de que las comunidades locales compartan los beneficios de los recursos forestales;

37.  Observa con preocupación que la inseguridad en la tenencia de tierras comunitarias de las poblaciones que viven de los bosques constituye un obstáculo fundamental para luchar contra la deforestación;

38.  Recuerda que la gobernanza responsable de la tenencia de tierras y bosques es esencial para garantizar la estabilidad social, el aprovechamiento sostenible del medio ambiente y una inversión responsable en desarrollo sostenible;

39.  Observa la existencia de modelos de silvicultura comunitaria o tenencia consuetudinaria colectiva, que pueden aportar una serie de beneficios(13), como un aumento de la superficie forestal y de los recursos hídricos disponibles, la reducción de la explotación forestal ilegal mediante el establecimiento de normas claras sobre el acceso a la madera y un sistema sólido de control forestal; propone que se efectúen más investigaciones y se preste más apoyo para contribuir a la elaboración de marcos jurídicos sobre la silvicultura comunitaria;

40.  Insta a los países socios a que reconozcan y protejan los derechos de las poblaciones locales que dependen de los bosques y de los pueblos indígenas, y en especial de las mujeres indígenas, en materia de propiedad consuetudinaria y control de sus tierras y recursos naturales, de conformidad con lo dispuesto en los distintos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio n.º 169 de la OIT; pide a la Unión que apoye a los países socios en este propósito y en la aplicación escrupulosa del principio de consentimiento libre, previo e informado a las adquisiciones de tierras a gran escala;

41.  Denuncia la reducción del espacio de acción y los crecientes atentados a la libertad de expresión de que son víctimas la sociedad civil y las comunidades locales en materia de gobernanza forestal;

42.  Insta a la Comisión a que haga que las Directrices voluntarias de la FAO sobre la gobernanza de la tenencia sean vinculantes para el plan de inversiones exteriores; hace hincapié en que el cumplimiento de estas Directrices requiere la existencia de un seguimiento y control del cumplimiento independientes eficaces, incluidos mecanismos adecuados de resolución de litigios y de reclamación; insiste en que las normas sobre tenencia de tierras se incluyan en la concepción, el seguimiento y el informe anual del proyecto, y sean vinculantes para cualquier acción exterior de la Unión financiada por la ayuda oficial al desarrollo (AOD);

43.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que establezcan, como medida inmediata, un mecanismo administrativo de reclamación efectivo para las víctimas de violaciones de los derechos humanos y otros efectos nocivos causados por actividades financiadas con ayuda oficial al desarrollo, con objeto de iniciar procesos de investigación y reconciliación; señala que este mecanismo debería contar con procedimientos normalizados, tener naturaleza administrativa y, por lo tanto, ser complementario a los mecanismos judiciales, y que las delegaciones de la Unión podrían actuar como puntos de entrada;

44.  Pide a la Unión que adopte una norma sobre divulgación obligatoria de información sobre la deforestación que presente pruebas de inversiones financieras relacionadas con la producción o la transformación de productos que supongan un riesgo para los bosques;

45.  Recuerda que el informe de la Comisión sobre el funcionamiento de la Directiva 2013/50/UE sobre transparencia, que introduce el requisito de publicidad para los pagos realizados a gobiernos por parte de empresas cotizadas y grandes empresas no cotizadas con actividades en la industria extractiva y en la explotación de bosques primarios (naturales y seminaturales), debe presentarse al Parlamento y al Consejo a más tardar el 27 de noviembre de 2018; observa asimismo que el informe debe ir acompañado de una propuesta legislativa; pide a la Comisión, a la luz de una posible revisión, que estudie ampliar la obligación a otros sectores industriales que afectan a los bosques y a los bosques que no son bosques primarios;

46.  Lamenta que la deficiente participación local y la ausencia de acuerdos sobre bosques comunales en cuanto al ordenamiento territorial y la atribución de concesiones sean habituales en muchos países; opina que los sistemas de garantía de la legalidad de la madera (TLAS) deben incluir garantías procesales que empoderen a las comunidades, con el objetivo de reducir la probabilidad de injusticias en la atribución o la cesión de tierras;

47.  Subraya que unos datos transparentes, una cartografía mejorada, unos instrumentos de seguimiento y auditoría independientes y el intercambio de información son instrumentos esenciales para mejorar la gobernanza y la cooperación internacional y facilitar el cumplimiento de compromisos de deforestación cero; insta a la Unión a que redoble el apoyo financiero y técnico concedido a los países socios para estos fines y a que los ayude a desarrollar los conocimientos especializados necesarios para mejorar las estructuras de la gobernanza local de los bosques y la rendición de cuentas;

Financiación y cadenas de suministro responsables

48.  Señala que las importaciones de madera y productos de la madera deben controlarse más a fondo en las fronteras de la Unión para garantizar que los productos importados cumplen realmente los criterios necesarios para entrar en ella;

49.  Observa que más de la mitad de los productos básicos producidos y exportados al mercado mundial proceden de la deforestación ilegal; señala que, en lo que respecta a los productos básicos agrícolas que entrañan riesgos para los bosques, se estima que el 65 % de las exportaciones de carne de vacuno de Brasil y el 9 % de las de Argentina, así como el 41 % de las exportaciones de soja de Brasil, el 5 % de las de Argentina y el 30 % de las de Paraguay pueden estar vinculadas a la deforestación ilegal; observa asimismo que los productores de la Unión importan cantidades significativas de piensos y proteínas procedentes de los países en desarrollo(14);

50.  Hace hincapié en la función primordial del sector privado en la consecución de los objetivos internacionales en materia de bosques, incluida la restauración forestal; destaca, no obstante, la necesidad de garantizar que las cadenas de suministro y los flujos financieros mundiales apoyen únicamente una producción legal, sostenible y sin deforestación y no den lugar a violaciones de los derechos humanos;

51.  Acoge con satisfacción el hecho de que los principales agentes del sector privado (muy a menudo de la Unión) se hayan comprometido a eliminar la deforestación de sus cadenas de suministro e inversiones; observa, no obstante, que la Unión debe responder al desafío y fortalecer los esfuerzos del sector privado mediante políticas y medidas adecuadas que creen una base de referencia común para todas las empresas y equiparen las condiciones de competencia; considera que esto impulsaría los compromisos, generaría confianza y aumentaría la responsabilidad de las empresas por lo que respecta a sus promesas;

52.  Recuerda que deben respetarse los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos; apoya las negociaciones en curso para crear un instrumento vinculante de las Naciones Unidas sobre las corporaciones multinacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, y subraya la importancia de que la Unión se implique activamente en este proceso;

53.  Anima a las empresas a que adopten medidas para evitar la corrupción en sus prácticas comerciales, especialmente en lo relacionado con la atribución de derechos de tenencia de tierras, y a que extiendan sus sistemas de supervisión externa en materia de normas laborales a sus compromisos relativos a la deforestación en general;

54.  Pide que la Unión introduzca requisitos obligatorios para el sector financiero a fin de que lleve a cabo un proceso de diligencia debida riguroso al evaluar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, tanto financieros como no financieros; pide igualmente la divulgación pública del proceso de diligencia debida, al menos con ocasión del informe anual a los inversores;

55.  Pide que la Unión aborde la deforestación mundial a través de la regulación del comercio europeo y el consumo de productos básicos que supongan un riesgo para los bosques, como la soja, el aceite de palma, el eucalipto, la carne de vacuno, el cuero y el cacao, sobre la base de las lecciones extraídas del plan de acción FLEGT, el Reglamento sobre la madera, el Reglamento sobre los minerales de conflicto, la Directiva sobre información no financiera, la legislación sobre la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) y otras iniciativas de la Unión para regular las cadenas de suministro;

56.  Considera que este marco regulador debe:

   a) establecer criterios obligatorios para unos productos básicos sostenibles y que no contribuyan a la deforestación;
   b) imponer obligaciones imperativas de diligencia debida en relación con los operadores en todas las fases de las cadenas de suministro de productos básicos que supongan un riesgo para los bosques;
   c) mejorar la trazabilidad de los productos básicos y la transparencia en toda la cadena de suministro;
   d) exigir a las autoridades competentes de los Estados miembros que investiguen y lleven ante la justicia a los nacionales de la Unión o las empresas con sede en la Unión que se beneficien de la conversión ilegal de tierras en los países productores;
   e) cumplir la legislación internacional en materia de derechos humanos, respetar los derechos consuetudinarios según lo establecido en las Directrices y garantizar el consentimiento libre, previo e informado de todas las comunidades potencialmente afectadas a lo largo de todo el ciclo de vida del producto;

57.  Pide a la Unión que garantice que las medidas adoptadas y el marco reglamentario no supongan cargas excesivas para los productores que sean pequeñas y medianas empresas o que impidan su acceso a los mercados y al comercio internacional;

58.  Pide asimismo a la Unión que promueva un marco reglamentario vinculante similar a nivel internacional y que integre la diplomacia forestal en su política de lucha contra el cambio climático, con el objetivo de animar a los países que transforman o importan cantidades significativas de madera tropical, como China y Vietnam, a que adopten una legislación eficaz que prohíba la importación de madera de origen ilegal y exija a los operadores que efectúen procesos de diligencia debida (similares a los del Reglamento de la Unión sobre la madera); pide que, para ello, mejore la transparencia en las deliberaciones y las medidas adoptadas en virtud del mecanismo de cooperación bilateral sobre la aplicación de las leyes y la gobernanza forestales con China;

59.  Lamenta que el Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) haya puesto en entredicho la moratoria para la asignación de nuevas licencias de explotación de los bosques tropicales de la RDC a dos empresas chinas; pide que se mantenga dicha moratoria en tanto los operadores forestales, el Gobierno y las poblaciones locales dependientes de los bosques no consigan ponerse de acuerdo en unos protocolos que garanticen una gestión medioambiental y social satisfactoria;

60.  Pide que la Unión introduzca criterios de condicionalidad para la alimentación animal en la reforma de la política agrícola común (PAC), con el objetivo de garantizar que solo se concedan subvenciones públicas a alimentos sostenibles y que no procedan de la deforestación, reducir las importaciones de proteaginosas y de ganado, diversificando y reforzando al mismo tiempo la producción interior de proteaginosas y con el fin de que la importación de productos básicos que entrañan riesgos para los bosques (como la soja o el maíz) deje de recibir ayudas directas o indirectas de la futura política alimentaria y agrícola de la Unión;

61.  Destaca que la futura PAC deberá atenerse a los compromisos internacionales de la Unión, incluida la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París sobre cambio climático;

62.  Pide que los indicadores de los ODS se utilicen para evaluar los efectos externos de la PAC, tal como ha sugerido la OCDE;

63.  Recuerda que Malasia e Indonesia, con una cuota de producción mundial estimada entre el 85 % y el 90 %, son los principales productores de aceite de palma, y que la creciente demanda de esta materia prima conduce a la deforestación, ejerce presión en el uso del suelo y repercute considerablemente en las comunidades locales, la salud y el cambio climático; subraya, en este contexto, que deben utilizarse las negociaciones de acuerdos comerciales con Indonesia y Malasia para mejorar la situación sobre el terreno;

64.  Reconoce, en lo que respecta al aceite de palma, la contribución positiva realizada por los regímenes de certificación existentes, pero observa que la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO), el Aceite de Palma Sostenible de Indonesia (JSPO), el Aceite de Palma Sostenible de Malasia (MSPO) y todos los demás regímenes de certificación principales reconocidos no prohíben de manera eficaz a sus miembros la conversión de selvas tropicales o turberas en plantaciones de palma; considera, por lo tanto, que estos regímenes de certificación principales no limitan con eficacia las emisiones de gases de efecto invernadero durante el proceso de creación y explotación de las plantaciones, con el resultado de que no consiguen impedir incendios masivos de bosques y turberas; pide a la Comisión que vele por que se efectúen auditorías independientes y se haga un seguimiento de esos regímenes de certificación y garantice que el aceite de palma introducido en el mercado de la Unión cumple todas las normas necesarias y es sostenible; observa que el tema de la sostenibilidad en el sector del aceite de palma no puede abordarse únicamente con medidas y políticas voluntarias, sino que las empresas del sector deben estar sujetas también a normas vinculantes y un régimen de certificación obligatorio;

65.  Subraya la necesidad de mejorar, a través del etiquetado, la fiabilidad de los sistemas de certificación voluntaria, con el fin de garantizar que solo entre en la Unión aceite de palma cuya producción no conlleve deforestación, degradación forestal, apropiación ilegítima de tierras y otras violaciones de los derechos humanos, con arreglo a lo establecido en la Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2016, sobre la responsabilidad de las empresas por violaciones graves de los derechos humanos en terceros países(15), y que los regímenes como la RSPO incluyan todos los usos finales del aceite de palma; resalta, por otra parte, la necesidad de informar más a los consumidores sobre las consecuencias nefastas de la producción de aceite de palma en el medio ambiente, con el objetivo último de lograr una reducción significativa de su consumo;

66.  Exhorta a la Comisión, y a todos los Estados miembros que aún no lo hayan hecho, a que trabajen para que toda la Unión asuma el compromiso de adquirir exclusivamente aceite de palma sostenible certificado para 2020, entre otras cosas, mediante la firma y aplicación de la Declaración de Ámsterdam titulada «Towards Eliminating Deforestation from Agricultural Commodity Chains with European Countries» (Eliminar la deforestación de las cadenas de productos básicos agrícolas con los países europeos), y para que el sector contraiga asimismo un compromiso, por ejemplo, mediante la firma y aplicación de la Declaración de Ámsterdam en apoyo de una cadena de suministro de aceite de palma plenamente sostenible para 2020;

Coherencia de las políticas en favor del desarrollo

67.  Recuerda que los ODS solo pueden lograrse con unas cadenas de suministro sostenibles y creando sinergias entre las políticas; se muestra alarmado por el hecho de que la elevada dependencia de la Unión de la importación de piensos en forma de semillas de soja provoque la deforestación de otras partes del mundo; muestra su preocupación por el impacto medioambiental de las importaciones cada vez mayores de biomasa y la creciente demanda de madera en Europa, especialmente en lo que respecta al cumplimiento de los objetivos de la Unión en materia de energías renovables; pide a la Unión que cumpla el principio de coherencia de las políticas en favor del desarrollo (CPD), consagrado en el artículo 208 del TFUE, ya que representa un aspecto fundamental de la contribución de la UE a la aplicación de la Agenda 2030, el Acuerdo de París y el Consenso Europeo sobre Desarrollo; pide, por lo tanto, a la Unión que garantice la coherencia entre sus políticas de desarrollo, comerciales, agrícolas y climáticas;

68.  Pide a la Comisión que racionalice y coordine de forma más adecuada sus esfuerzos de lucha contra la tala ilegal en las diferentes políticas de la Unión y sus servicios pertinentes; pide a la Comisión que negocie las normas relativas a la importación de madera en sus futuros acuerdos bilaterales o multilaterales relacionados con el comercio para evitar comprometer los éxitos obtenidos con los países productores de madera gracias al Plan de Acción FLEGT;

69.  Recuerda que el 80 % de los bosques son tierras y territorios ancestrales para pueblos indígenas y comunidades locales; toma nota con preocupación de que el relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas ha informado de que está recibiendo un número cada vez mayor de denuncias de proyectos de mitigación del cambio climático que supuestamente han afectado negativamente a los derechos de los pueblos indígenas, refiriéndose de manera particular a proyectos de energías renovables como la producción de biocombustibles y la construcción de presas hidroeléctricas; subraya la necesidad de garantizar los derechos de tenencia de la tierra de las comunidades forestales locales, incluidos los derechos consuetudinarios; hace hincapié en los pagos basados en resultados y el REDD+ como una oportunidad para mejorar la gobernanza de los bosques, los derechos de tenencia de la tierra y los medios de subsistencia;

70.  Subraya el papel crucial de los pueblos indígenas en la gestión sostenible de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad; recuerda que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMUNCC) pide a sus Estados parte que respeten los conocimientos y los derechos de los pueblos indígenas como salvaguardias en la aplicación del REDD+; insta a los países socios a que adopten medidas para colaborar de forma efectiva con los pueblos indígenas en materia de medidas de mitigación del cambio climático y adaptación al mismo;

71.  Insta a la Unión y a sus Estados miembros a que potencien las sinergias entre los acuerdos de asociación voluntaria FLEGT y el REDD+;

72.  Expresa su profunda preocupación por la expansión del uso industrial a gran escala de los bosques con fines energéticos mediante el monocultivo, lo que acelera la pérdida mundial de biodiversidad y la degradación de los servicios ecosistémicos;

73.  Recuerda que la política de la Unión sobre los biocombustibles debe ser coherente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el principio de coherencia de las políticas en favor del desarrollo; reitera que la Unión debe suprimir gradualmente todas las políticas de incentivos para los agrocombustibles, a más tardar en 2030;

74.  Lamenta que la revisión en curso de la Directiva sobre fuentes de energía renovables (RED II) no introduzca criterios de sostenibilidad social y otras consecuencias indirectas del uso de la tierra que tengan en cuenta los riesgos del acaparamiento de tierras; recuerda que la Directiva debe ser coherente con las normas internacionales en materia de derechos de tenencia, y en concreto con el Convenio n.º 169 de la OIT y con las Directrices voluntarias sobre la tenencia de la tierra y los Principios para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios de la FAO; hace hincapié, asimismo, en la necesidad de introducir criterios más rigurosos para la biomasa forestal, a fin de evitar la promoción de bioenergía que desencadene la deforestación de otras partes del mundo;

75.  Observa que ha quedado establecido de manera irrefutable que la conversión de bosques tropicales en tierras agrícolas, plantaciones y otros usos de la tierra provoca una pérdida significativa de especies y, en concreto, de especies específicas de los bosques; hace hincapié en la necesidad de restaurar los bosques naturales y con diversidad biológica como una manera de luchar contra el cambio climático y de proteger la biodiversidad, en consonancia con los objetivos de la Agenda 2030, en particular el objetivo 15; estima que los programas de restauración forestal deben reconocer los derechos consuetudinarios locales sobre las tierras, ser inclusivos y estar adaptados a las condiciones locales y promover soluciones basadas en la naturaleza, como la restauración del paisaje forestal, para equilibrar los distintos usos de la tierra, incluyendo las zonas protegidas, la agrosilvicultura, los sistemas agrícolas, las plantaciones a pequeña escala y los asentamientos humanos; pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que el impacto del consumo de la Unión sobre la deforestación se aborde sobre la base de los objetivos fijados en la Estrategia de la UE sobre la Biodiversidad hasta 2020;

76.  Pide a la Unión que respalde las iniciativas de los países en desarrollo ricos en bosques encaminadas a contrarrestar la expansión sin restricciones de aquellas prácticas agrícolas y actividades mineras que tienen efectos desfavorables sobre la gestión forestal, los medios de vida y la integridad cultural de los pueblos indígenas, y consecuencias perjudiciales para la estabilidad social y la soberanía alimentaria de los agricultores;

77.  Reitera que unas cadenas de valor madereras sostenibles, procedentes de bosques gestionados de forma sostenible, incluidas plantaciones forestales sostenibles y cultivos familiares de árboles, pueden ser aportaciones importantes para la consecución de los ODS y el cumplimiento de los compromisos contra el cambio climático; insiste, en un contexto en el que la degradación o alteración forestal es responsable del 68,9 % de las pérdidas totales de carbono en los ecosistemas tropicales(16), en que no se utilice financiación pública procedente de la lucha contra el cambio climático y los fondos de desarrollo para apoyar la expansión de la agricultura, la tala industrial, la minería y la extracción de recursos, o el desarrollo de infraestructuras en paisajes forestales intactos, y en que toda financiación con fondos públicos esté sujeta a unos criterios de sostenibilidad estrictos; pide, además, a la Unión y a los Estados miembros que coordinen las políticas de los donantes a este respecto(17);

78.  Considera que los esfuerzos para detener la deforestación deben incluir ayuda y apoyo para un uso más efectivo de las tierras de cultivo existentes, que deberá aplicarse junto con el enfoque de «pueblos inteligentes»; reconoce que las prácticas agroecológicas tienen un enorme potencial a la hora de maximizar las funciones y la resiliencia de los ecosistemas a través de técnicas mixtas de plantaciones de alta diversidad, la agrosilvicultura y la permacultura, también para cultivos como el aceite de palma, el cacao o el caucho, y que también pueden proporcionar enormes beneficios en cuanto a efectos sociales, diversificación de la producción y productividad, sin recurrir a más conversiones de bosques;

Delincuencia forestal

79.  Toma nota de que, según el PNUMA e Interpol, la tala y el comercio ilegales de madera son uno de los cinco sectores más importantes de la delincuencia ambiental, en el que interviene de forma creciente la delincuencia transnacional organizada;

80.  Destaca que la lucha contra el comercio internacional ilegal requiere acciones concertadas e inclusivas para poner freno a la destrucción, la deforestación, la explotación ilegal de la madera, la lucha contra el fraude, las masacres y la demanda de productos forestales y especies silvestres;

81.  Subraya que los delitos forestales, desde la quema no reglamentada o ilegal de carbón vegetal hasta los delitos societarios a gran escala relacionados con la madera, el papel y la pasta de papel, tienen una gran incidencia en las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, las reservas de agua, la desertificación y las pautas de precipitación;

82.  Observa con preocupación cómo, según el PNUMA e Interpol, la legislación para atajar los delitos medioambientales parece ser inadecuada en muchos países, debido a la falta de conocimientos especializados y de personal, el bajo importe de las multas o la ausencia de sanciones penales, entre otras cosas, lo cual constituye un obstáculo para la lucha efectiva contra estos delitos;

83.  Destaca la importancia de que se establezcan, en los países productores, sanciones realmente disuasorias y efectivas para luchar contra la tala y el comercio ilegal de madera;

84.  Pide a la Comisión que amplíe el ámbito de aplicación de la Directiva 2008/99/CE relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal(18), a fin de incluir en él la explotación ilegal de la madera;

85.  Alienta a la Unión a que preste ayuda para intensificar la vigilancia de la deforestación y las actividades ilegales;

86.  Hace hincapié en la necesidad de abordar las causas profundas de los delitos ambientales, como la pobreza, la corrupción y la mala gobernanza, mediante un enfoque integrado y holístico, incentivando la cooperación financiera transfronteriza y empleando todos los instrumentos de lucha contra la delincuencia organizada internacional, incluida la incautación y confiscación de los bienes derivados de dichas actividades y la lucha contra el blanqueo de dinero;

87.  Subraya la necesidad de reforzar los marcos jurídicos nacionales, apoyar la creación de redes nacionales para la aplicación de la ley y mejorar la aplicación y la observancia del Derecho internacional pertinente para el fomento de una gestión forestal transparente y responsable, por ejemplo mediante el intercambio de buenas prácticas, la divulgación de información rigurosa, evaluaciones de impacto sólidas sobre la sostenibilidad y sistemas de seguimiento y notificación que tomen en consideración la necesidad de proteger a los guardias forestales; pide una mayor colaboración intersectorial y entre agencias, tanto a nivel nacional como internacional, especialmente con Interpol y la UNODC, en particular el intercambio de inteligencia y la cooperación judicial y la ampliación de las competencias de la CPI para que pueda entender de delitos medioambientales;

88.  Recuerda que un mayor acceso a los datos aduaneros sobre las importaciones que entran en la Unión reforzaría la responsabilidad y la transparencia de las cadenas de valor mundiales; pide a la Comisión que amplíe los requisitos sobre datos aduaneros e incluya al exportador y al fabricante como elementos obligatorios de los datos aduaneros, reforzando de ese modo la transparencia y la rastreabilidad de las cadenas de valor mundiales;

Aspectos comerciales

89.  Hace hincapié en que las negociaciones comerciales de la Unión tienen que ser conformes con sus compromisos de actuar para reducir la deforestación y la degradación forestal y aumentar las reservas de carbono de los bosques en los países en desarrollo;

90.  Hace hincapié en la necesidad de expandir y reforzar los acuerdos para impedir, supervisar y verificar los efectos sobre el medio ambiente y los derechos humanos de los acuerdos de inversión y libre comercio, bilaterales y multilaterales, de la Unión, entre otros con unos indicadores verificables e iniciativas independientes, basadas en las comunidades, de seguimiento y presentación de informes;

91.  Insta a la UE a que incluya sistemáticamente en sus capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible disposiciones vinculantes y ejecutables para poner fin a la tala ilegal, la deforestación, la degradación de los bosques y el acaparamiento de tierras, así como a otras violaciones de los derechos humanos que están sujetas a mecanismos de solución de controversias adecuados y eficaces, y a que considere, entre otras posibles vías para garantizar el cumplimiento, un mecanismo basado en sanciones y disposiciones para garantizar el derecho a la propiedad, la consulta previa y el consentimiento informado; pide a la Comisión que incluya esas disposiciones en los acuerdos de libre comercio (ALC) ya concluidos a través de la cláusula de revisión y, en particular, el compromiso de aplicar de forma eficaz el Acuerdo de París sobre cambio climático; subraya la importancia de supervisar esas disposiciones y la necesidad de iniciar procedimientos de consulta gubernamental sin demora en caso de que los socios comerciales contravengan estas normas y poner en marcha los mecanismos vigentes de garantía del cumplimiento, como los mecanismos de solución de controversias establecidos en el marco de los capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible;

92.  Insta a la Comisión a que incluya disposiciones forestales específicas y ambiciosas en todos los acuerdos de la Unión sobre comercio e inversión; subraya que estas disposiciones deberían ser vinculantes y ejecutables mediante mecanismos efectivos de supervisión y sanción que permitan a las personas y las comunidades, tanto fuera como dentro de la Unión, buscar reparación;

93.  Destaca que la corrupción vinculada a la tala ilegal debe abordarse en el ámbito de la política comercial de la Unión; insta a la Comisión a que incluya en los acuerdos de libre comercio disposiciones relativas a la tala ilegal que sean ejecutables y que se apliquen efectiva y plenamente;

94.  Insta a la Comisión a que incluya en el ámbito de aplicación de las disposiciones de los acuerdos de libre comercio relativas a la lucha contra la corrupción las prácticas forestales ilegales, como la fijación de un precio excesivamente bajo para la madera en las concesiones, la tala de árboles protegidos por parte de empresas comerciales, el contrabando transfronterizo de productos forestales, la tala ilegal y la transformación de materias primas forestales sin licencia;

95.  Señala que el Reglamento sobre el sistema de preferencias generalizadas (SPG) sigue teniendo un alcance limitado para la protección y la gestión responsable de los recursos forestales; pide a la Comisión que garantice que los convenios relativos a los bosques incluidos en los sistemas SPG y SPG+ sean supervisados adecuadamente, también por organizaciones de la sociedad civil, a fin de velar por la protección de los bosques en los países socios, con la posibilidad de establecer un mecanismo de reclamación para garantizar que se tengan debidamente en cuenta las reclamaciones presentadas por las partes interesadas; hace hincapié en que este mecanismo debe conceder una consideración especial a los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades dependientes de los bosques y a los derechos reconocidos en virtud del Convenio C169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, cuando proceda;

96.  Subraya la importancia de un acceso adecuado a la justicia y a las vías de recurso y de una protección eficaz para los denunciantes de irregularidades en los países exportadores de recursos naturales para garantizar la eficacia de toda legislación o iniciativa;

o
o   o

97.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO L 295 de 12.11.2010, p. 23.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0098.
(3) DO C 215 de 19.6.2018, p. 125.
(4) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0330.
(5) Nellemann, C. (editor jefe); Henriksen, R., Kreilhuber, A., Stewart, D., Kotsovou, M., Raxter, P., Mrema, E. y Barrat, S. (editores),The Rise of Environmental Crime – A Growing Threat to Natural Resources, Peace, Development And Security, A UNEP-INTERPOL Rapid Response Assessment (El aumento del delito ambiental –Una amenaza creciente para los recursos naturales, la paz, el desarrollo y la seguridad. Una evaluación de respuesta rápida PNUMA-Interpol), Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Rhipto Rapid Response, Norwegian Center for Global Analyses, www.rhipto.org, 2016.
(6) Goodman R. C. y Herold M., Why Maintaining Tropical Forests is Essential and Urgent for Maintaining a Stable Climate (Por qué es esencial y urgente mantener los bosques tropicales para mantener un clima estable), documento de trabajo 385, Center for Global Development, 2014, Washington DC; McKinsey & Company, Pathways to a Low-Carbon Economy (Las vías hacia una economía hipocarbónica) (2009). McKinsey & Company, Pathways to a Low-Carbon Economy (Las vías hacia una economía hipocarbónica): versión 2 del Global Greenhouse Gas Abatement Cost Curve (Gráfico mundial de los costes de la reducción de los gases de efecto invernadero) (2013).
(7) Baccini, A., y otros, Tropical forests are a net carbon source based on aboveground measurements (Los bosques tropicales constituyen una fuente de carbono neta sobre la base de las mediciones de pérdidas y ganancias de la superficie) Science, Vol. 358, Issue 6360, 2017, pp. 230-234.
(8) Véase https://www.iucn.org/theme/forests/our-work/forest-landscape-restoration/bonn-challenge
(9) Nellemann, C. (editor jefe); Henriksen, R., Kreilhuber, A., Stewart, D., Kotsovou, M., Raxter, P., Mrema, E. y Barrat, S. (editores),The Rise of Environmental Crime – A Growing Threat to Natural Resources, Peace, Development And Security, A UNEP-INTERPOL Rapid Response Assessment (El aumento del delito ambiental –Una amenaza creciente para los recursos naturales, la paz, el desarrollo y la seguridad. Una evaluación de respuesta rápida PNUMA-Interpol), Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Rhipto Rapid Response, Norwegian Center for Global Analyses, www.rhipto.org, 2016.
(10) DO C 215 de 19.6.2018, p. 125.
(11) http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/feasibility_study_deforestation_kh0418199enn_main_report.pdf
(12) El informe de 2014 «Permitting Crime», elaborado por el Organismo de Investigaciones sobre el Medio Ambiente (EIA) y la Red Indonesia de Seguimiento Forestal (Jaringan Pemantau Independen Kehutanan/JPIK), constató que algunas empresas con licencias del Sistema de Garantía de la Legalidad de la Madera de Indonesia (TLAS) están implicadas en el «blanqueo de madera», mezclando madera de origen ilegal con madera legal. En la actualidad, dicha madera podría ser exportada a la Unión como madera con licencia FLEGT. Disponible en http://www.wri.org/blog/2018/01/indonesia-has-carrot-end-illegal-logging-now-it-needs-stick primary source https://eia-international.org/wp-content/uploads/Permitting-Crime.pdf
(13) Caso de Nepal, presentado por ClientEarth, disponible en https://www.clientearth.org/what-can-we-learn-from-community-forests-in-nepal/
(14) Forest Trends Report Series, «Consumer Goods and Deforestation: An Analysis of the Extent and Nature of Illegality in Forest Conversion for Agriculture and Timber Plantations» (Los bienes de consumo y la deforestación: análisis del alcance y la naturaleza de la ilegalidad en la conversión de los bosques en plantaciones agrícolas y madereras), 2014.
(15) DO C 215 de 19.6.2018, p. 125.
(16) Baccini, A., y otros, Tropical forests are a net carbon source based on aboveground measurements (Los bosques tropicales constituyen una fuente de carbono neta sobre la base de las mediciones de pérdidas y ganancias de la superficie) Science, Vol. 358, Issue 6360, 2017, pp. 230-234, http://science.sciencemag.org/content/early/2017/09/27/science.aam5962.
(17) Baccini, A. y otros, op. cit.
(18) DO L 328 de 6.12.2008, p. 28.

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