Índice 
Textos aprobados
Martes 13 de noviembre de 2018 - Estrasburgo
Movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para prestar asistencia a Letonia
 Ayuda de la UE al desarrollo en el ámbito de la educación
 Eficiencia energética ***I
 Gobernanza de la Unión de la Energía ***I
 Fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables ***I
 Plan plurianual para las poblaciones de pequeños pelágicos del mar Adriático y para las pesquerías de estas poblaciones ***I
 El Estado de Derecho en Rumanía
 Normas mínimas para las minorías en la Unión Europea
 Digitalización para el desarrollo: reducción de la pobreza mediante la tecnología

Movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para prestar asistencia a Letonia
PDF 125kWORD 43k
Resolución
Anexo
Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de noviembre de 2018, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para prestar asistencia a Letonia (COM(2018)0658 – C8-0416/2018 – 2018/2230(BUD))
P8_TA(2018)0440A8-0357/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2018)0658 – C8‑0416/2018),

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 2012/2002 del Consejo, de 11 de noviembre de 2002, por el que se crea el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea(1),

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020(2), y en particular su artículo 10,

–  Visto el Acuerdo interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera(3), y en particular su apartado 11,

–  Vista la carta de la Comisión de Desarrollo Regional,

–  Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A8-0357/2018),

1.  Acoge con satisfacción la Decisión como muestra de solidaridad de la Unión para con los ciudadanos y las regiones de la Unión afectadas por la catástrofe natural;

2.  Subraya la necesidad urgente de liberar una ayuda financiera a través del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) para las regiones afectadas por la catástrofe natural en la Unión en 2017;

3.  Apoya que los Estados miembros recurran a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para reconstruir las regiones afectadas; pide a la Comisión que apoye y apruebe rápidamente la reasignación de fondos de los acuerdos de asociación que los Estados miembros han solicitado con este fin;

4.  Pide a los Estados miembros que utilicen la contribución financiera del Fondo de Solidaridad de forma transparente, garantizando una distribución justa por todas las regiones afectadas;

5.  Aprueba la Decisión adjunta a la presente Resolución;

6.  Encarga a su presidente que firme esta Decisión, conjuntamente con el Presidente del Consejo, y disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea;

7.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución, incluido su anexo, al Consejo y a la Comisión.

ANEXO

DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

relativa a la movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para prestar asistencia a Letonia

(No se reproduce el texto del presente anexo ya que es el que corresponde al del acto definitivo, la Decisión (UE) 2018/1859.)

(1) DO L 311 de 14.11.2002, p. 3.
(2) DO L 347 de 20.12.2013, p. 884.
(3) DO C 373 de 20.12.2013, p. 1.


Ayuda de la UE al desarrollo en el ámbito de la educación
PDF 148kWORD 51k
Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de noviembre de 2018, sobre la ayuda de la UE al desarrollo en el ámbito de la educación (2018/2081(INI))
P8_TA(2018)0441A8-0327/2018

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), según el cual «toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental»,

–  Visto el documento titulado «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible», aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015, que reconoce que la equidad, la inclusión y la igualdad de género están inextricablemente ligadas al derecho a la educación para todos,

–  Vistos los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y, en particular, el objetivo n.º 4: «Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos», así como el documento de 2015 titulado «Declaración de Incheon y Marco de Acción para la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4», que sostiene que «la igualdad de género está estrechamente relacionada con el derecho a la educación para todos»,

–  Vista la Recomendación general n.º 36 (2017) del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, de las Naciones Unidas, sobre el derecho de las niñas y las mujeres a la educación,

–  Vista la Agenda de Acción de Adís Abeba, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 27 de julio de 2015,

–  Vista la Resolución 35/2 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 22 de junio de 2017, titulada «El derecho a la educación: seguimiento de la resolución 8/4 del Consejo de Derechos Humanos»,

–  Vista la Comunicación de la Comisión de 2002 sobre la contribución de la educación y la formación a la reducción de la pobreza en los países en desarrollo (COM(2002)0116),

–  Visto el documento de trabajo de 2010 de la Comisión sobre el refuerzo y la mejora de la educación en los países en desarrollo, titulado «More and Better Education in Developing Countries» (SEC(2010)0121),

–  Vista la Comunicación de la Comisión de 2018 sobre educación en situaciones de emergencia y crisis prolongadas (COM(2018)0304),

–  Vista la Declaración de Charlevoix sobre la educación de calidad para las niñas, las adolescentes y las mujeres en los países en desarrollo, aprobada por el G7 el 9 de junio de 2018,

–  Vistos el Consenso Europeo sobre Desarrollo y el Código de Conducta de la UE relativo a la división del trabajo en el ámbito de la política de desarrollo (COM(2007)0072),

–  Vista su Resolución de 31 de mayo de 2018 sobre la aplicación del documento de trabajo conjunto de los servicios de la Comisión (SWD(2015)0182) – Igualdad de género y empoderamiento de la mujer: transformar la vida de las niñas y las mujeres a través de las relaciones exteriores de la UE 2016-2020(1),

–  Vista su Resolución, de 17 de abril de 2018, sobre la mejora de la sostenibilidad de la deuda de los países en desarrollo(2),

–  Visto el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo de la UNESCO (2017) «Rendir cuentas en el ámbito de la educación: cumplir nuestros compromisos»,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Desarrollo (A8-0327/2018),

A.  Considerando que la educación es un derecho humano fundamental y es esencial para el logro de todos los ODS; que la educación impide que la pobreza se transmita de una generación a otra y que desempeña un papel fundamental en la consecución de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres; y que la educación, como espacio de derechos, se entiende más allá de la igualdad aritmética y tiende a promover una igualdad real de género en la educación y a través de ella;

B.  Considerando que la última comunicación de la Comisión sobre la educación en los países en desarrollo data de 2002 y no fue actualizada hasta 2010 mediante un documento de trabajo;

C.  Considerando que la ayuda a la educación representó en 2009 el 8,3 % del total de la ayuda al desarrollo; que ese porcentaje se redujo al 6,2 % en 2015; y que para la Unión y sus Estados miembros dicho porcentaje pasó del 11 % al 7,6 % durante el mismo período;

D.  Considerando que la ayuda a la educación básica de la UE y de sus Estados miembros disminuyó un 33,9 % entre 2009 y 2015, más que en el caso de la ayuda a la educación en general (15,2 %);

E.  Considerando que, en 2015, 264 millones de niños y jóvenes en edad escolar no cursaban estudios primarios ni secundarios;

F.  Considerando que, al final de 2017, la población mundial de refugiados era superior a 25,4 millones, incluidos 7,4 millones de niños en edad de escolarización primaria, de los cuales 4 millones no tenían acceso a ningún tipo de enseñanza primaria; que en los países frágiles afectados por conflictos un 37 % más de niñas que de niños no van al colegio y las jóvenes son casi un 90 % más proclives a no cursar estudios secundarios que sus compañeros masculinos en los países no afectados por conflictos;

G.  Considerando que el Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2017 de las Naciones Unidas señala que, en 2011, solo aproximadamente una cuarta parte de las escuelas en África subsahariana contaba con electricidad y menos de la mitad tenía acceso a un servicio básico de agua potable; y que el África subsahariana tiene el porcentaje más bajo de profesores cualificados tanto en la enseñanza primaria como en la secundaria;

H.  Considerando que, en el pasado, la ayuda a la educación en los países en desarrollo se ha centrado demasiado en la cantidad de alumnos matriculados y no lo suficiente en la calidad de las enseñanzas impartidas; y que la finalidad del ODS n.º 4 es proporcionar una educación de calidad para todos de aquí a 2030;

I.  Considerando las dificultades con las que se encuentran determinadas empresas en los países en desarrollo para encontrar mano de obra con cualificaciones que respondan a sus necesidades;

J.  Considerando que los esfuerzos realizados desde 2016, que merecen ser acogidos con satisfacción, no han sido, sin embargo, suficientes para compensar el retraso acumulado, y, por lo tanto, deben continuarse e intensificarse;

K.  Considerando que, según la Unesco, la asistencia a la educación en los países de ingresos bajos y medianos bajos tiene que ser seis veces superior para alcanzar el ODS n.º 4 para 2030; y que, según la Comisión Internacional sobre la Financiación de las Oportunidades de Educación Mundial, la asistencia en materia de educación deberá alcanzar los 89 000 millones de dólares en 2030, frente a los 12 000 millones actuales;

Situar la educación en el centro del desarrollo

1.  Está convencido de que la ayuda a la educación debe ser una prioridad porque la educación es un derecho fundamental, pero también porque resulta fundamental para la consecución de los demás ODS: el crecimiento económico y la reducción de las desigualdades, la igualdad de género, el empoderamiento de las niñas y las mujeres, la inclusión social de las personas con discapacidad, la salud, la democracia y el estado de Derecho, y la prevención de conflictos;

2.  Lamenta, por lo tanto, que la ayuda a la educación no sea una prioridad de los donantes internacionales; insta a que se sitúe la educación en el centro de las políticas de desarrollo de la Unión y de sus Estados miembros;

3.  Reconoce que para alcanzar el ODS n.º 4 se requiere una inversión enorme en los sistemas educativos; afirma que esa inversión tendrá que ser realizada en primer lugar por los países en desarrollo, pero que la ayuda internacional seguirá siendo indispensable para cubrir la falta de financiación;

4.  Pide a la Comisión que actualice su Comunicación de 2002 sobre la educación y la formación en el contexto de la reducción de la pobreza en los países en desarrollo y su documento de trabajo de 2010; indica que la nueva comunicación deberá establecer los medios para alcanzar el ODS n.º 4 de aquí a 2030;

5.  Pide a la Unión y a sus Estados miembros que destinen el 10 % de su ayuda oficial al desarrollo a la educación de aquí a 2024 y el 15 % en 2030;

6.  Recuerda que la intensificación necesaria de los esfuerzos de los países en desarrollo para promover unos sistemas fiscales equitativos y luchar contra los flujos financieros ilícitos y el aumento indispensable de la ayuda oficial al desarrollo no bastarán para cubrir la falta de financiación; pide, por lo tanto, que se desarrollen medios de financiación innovadores que aprovechen los mecanismos e iniciativas de financiación existentes y sean coherentes con ellos, a fin de fortalecer los sistemas educativos nacionales;

7.  Sigue con interés la propuesta de la Comisión Internacional sobre la Financiación de las Oportunidades de Educación Mundial de crear un Servicio Financiero Internacional para la Educación (IFFEd, por sus siglas en inglés), siempre que complemente verdaderamente los esfuerzos actuales y no los reemplace; considera que esta iniciativa debe desarrollarse en sinergia con la labor de la Alianza Mundial para la Educación; indica que debe prestarse especial atención a la capacidad de endeudamiento de los países elegibles antes de llevar a cabo cualquier financiación;

8.  Señala que el objetivo de la Unión de dedicar el 20 % de la ayuda oficial al desarrollo a la integración social y el desarrollo humano, que comprenden los servicios sociales básicos, entre ellos la sanidad y la educación, es impreciso y no permite un control adecuado del gasto; pide que los objetivos cuantificados se incluyan en el próximo marco financiero plurianual;

Responder a las prioridades

9.  Recuerda que poseer los conocimientos básicos, incluida la alfabetización digital, es un requisito previo para el desarrollo de las capacidades y la integración en la vida laboral, que la educación de las niñas es un factor determinante para la consecución de los ODS, para la salud y el bienestar, así como para la configuración de sociedades pacíficas, y que los países menos adelantados (PMA) son los más expuestos a la falta de financiación pese a que son los países donde la inversión genera los mayores beneficios humanos, sociales, económicos y sanitarios;

10.  Recuerda que para poner fin a la pobreza resulta crucial empoderar a los grupos vulnerables; insiste en que todas las personas, con independencia de su sexo, edad, orígenes étnicos, lengua, religión, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, así como las personas con discapacidad, los migrantes y los pueblos indígenas, deben tener acceso a una educación inclusiva y equitativa de calidad y a oportunidades de aprendizaje permanente;

11.  Afirma, en consecuencia, que la ayuda de la Unión en materia de educación debe responder primero a dos prioridades: privilegiar una educación básica de calidad e integradora y proporcionar un mayor apoyo a los PMA;

12.  Insiste especialmente en el objetivo 4.1 de los ODS, consistente en implantar un ciclo de enseñanza primaria y secundaria de doce años de duración, gratuito y de calidad para todos; reitera que este debe constituir un pilar fundamental de la Asociación África-UE, en consonancia con las prioridades estratégicas acordadas en la Cumbre Unión Europea-Unión Africana de 2017; señala que la gratuidad debe abarcar no solo la escolarización sino también los costes ocultos, como los asociados al material escolar, el transporte y las comidas; estima que los Estados deben plantearse la posibilidad de establecer sistemas de becas para la escolarización de los niños más desfavorecidos; recuerda la importancia de garantizar el pluralismo y la libertad de elección de los padres; insta a la Unión y a sus Estados miembros a que, de conformidad con el objetivo 4.1 de los ODS y con el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), no utilicen la ayuda oficial al desarrollo para dar apoyo financiero a los centros de enseñanza privados con fines comerciales, que no respeten los principios y valores de la Unión;

13.  Pide a la Unión y a sus Estados miembros que hasta 2030 destinen a la educación básica como mínimo la mitad de sus ayudas a la educación;

14.  Pide también que al menos el 40 % de la ayuda que la Unión y sus Estados miembros destinan a la educación se dirija a los PMA;

15.  Pide que se preste especial atención a la igualdad entre niñas y niños, esencial para el desarrollo sostenible y el principio de no dejar a nadie atrás; pide a la Unión que promueva una educación inclusiva, segura y de calidad, a fin de eliminar los obstáculos que dificultan el acceso de las niñas a la educación, su participación en ella y la finalización de sus estudios; recuerda el objetivo consistente en que el 85 % de los nuevos programas de la Unión Europea tenga como objetivo principal o significativo la igualdad de género para 2020; pide, por último, que se apoye la creación de sistemas educativos que satisfagan las necesidades de los estudiantes con discapacidad, así como de los pertenecientes a otras minorías y grupos vulnerables, teniendo en cuenta las especificidades locales;

16.  Acoge positivamente la adopción por la Comisión de su Comunicación sobre la educación en situaciones de emergencia y crisis prolongadas, así como el objetivo de dedicar a la educación, a partir de 2019, el 10 % de la ayuda humanitaria de la Unión;

17.  Recuerda que la educación de los niños refugiados o desplazados debe considerarse, desde un principio, una prioridad; subraya la importancia de ayudar a los países frágiles afectados por conflictos a fortalecer la resiliencia de sus sistemas y garantizar el acceso a una educación de calidad, incluida la educación secundaria, para los niños y jóvenes refugiados, los desplazados internos y sus comunidades de acogida;

18.  Subraya la necesidad de responder de una forma más integrada, que incluya a todos los agentes principales, rápida, sistemática y eficaz a las necesidades en materia de educación en las situaciones de emergencia, con arreglo al principio de la vinculación entre la ayuda de urgencia, la rehabilitación y el desarrollo;

19.  Constata que algunos países destinatarios de la ayuda no pueden o no están dispuestos a satisfacer las necesidades básicas de la población, entre ellas las educativas; pide que se determine el interlocutor más adecuado de la sociedad civil y que se refuercen y amplíen las buenas prácticas que llevan a cabo las ONG y otros agentes en dicho ámbito;

20.  Recuerda la importancia de la enseñanza secundaria, la enseñanza técnica y la formación profesional para la empleabilidad de los jóvenes y el desarrollo sostenible; considera que las últimas dos categorías deben culminar en empleos decentes, estar orientadas a las exigencias de desarrollo del país y las necesidades de las empresas, en coordinación con ellas y, en la medida de lo posible, ser financiadas por ellas; llama la atención sobre los proyectos que asocian al sector privado a los centros de formación y pide a la Comisión que examine la manera de apoyar financieramente el desarrollo de tales iniciativas; toma nota de que el plan de inversiones exteriores de la Unión podría movilizarse para alcanzar estos objetivos y pide una participación estratégica de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en la planificación y ejecución en este ámbito;

21.  Manifiesta su preocupación a la vista del fenómeno de la fuga de cerebros; observa que determinados Estados miembros destinan más de la mitad de sus ayudas para la educación a los gastos de matrícula en su territorio; indica que el aumento de las ayudas a la educación deberá reducir esta proporción; pide a los Estados miembros que estudien y apliquen buenas prácticas y experiencias, tales como los intercambios académicos y profesionales; estima que los visados para múltiples estancias permitirían a esos estudiantes actualizar sus conocimientos y favorecerían la movilidad circular; pide, en este sentido, que se introduzcan incentivos o medidas que alienten a los estudiantes a trabajar un mínimo de tiempo en el sector económico o gubernamental de su país de origen a su regreso, de modo que los conocimientos adquiridos redunden principalmente en beneficio de los países socios;

22.  Señala que la buena enseñanza es crucial para el aprendizaje; toma nota con preocupación de que la calidad y disponibilidad de la formación del profesorado siguen constituyendo graves problemas, sobre todo en el África subsahariana; insiste en los esfuerzos que deben realizarse en materia de formación inicial y continua del profesorado, centrándose en el conocimiento y las competencias pedagógicas, así como en su contratación, retribución y condiciones de trabajo, entre otras cosas para incentivarlos a la permanencia y a transmitir sus conocimientos a las futuras generaciones; pide más programas de intercambio de profesores entre los países en desarrollo y los Estados miembros de la Unión, como el Erasmus+;

23.  Toma nota de la necesidad de realizar inversiones masivas en las infraestructuras, los materiales y los equipos escolares, especialmente en las zonas rurales o poco pobladas, para garantizar la igualdad de acceso a la educación para todos, sin ningún tipo de discriminación;

24.  Destaca la importancia de las nuevas tecnologías a la hora de mejorar el acceso a la educación y su nivel de calidad, particularmente por lo que respecta a la difusión de los conocimientos, la formación, la pedagogía y el desarrollo del profesorado y la gestión de los centros de enseñanza; insiste en la necesidad de aprovechar la oportunidad de la digitalización para garantizar la introducción de conocimientos y métodos modernos de enseñanza en los países en desarrollo; señala a la atención el hecho de que esas nuevas tecnologías deben contribuir a los esfuerzos educativos y no sustituirlos rebajando los estándares pedagógicos; pide que se evalúe mejor el impacto de la inversión tecnológica en los resultados del aprendizaje; hace hincapié en el refuerzo de las competencias digitales para promover el empoderamiento de las mujeres y las niñas;

25.  Pide que se hagan mayores esfuerzos para hacer frente a los retos de la exclusión digital por medio de la educación y la formación en materia de competencias digitales esenciales, e iniciativas para facilitar el uso de las TIC; pide asimismo la introducción de la alfabetización digital en los currículos escolares de todos los niveles educativos en los países en desarrollo, con vistas a adquirir las capacidades necesarias para mejorar el acceso a la información;

26.  Destaca que la educación debe preparar a la próxima generación para vivir una vida plenamente productiva en un mundo transformado por la robotización y la automatización; considera que, para responder a las expectativas tanto de los solicitantes de empleo como de las empresas, la formación disponible debe ser verdaderamente profesionalizante y, para ello, no deben excluirse las asociaciones con el sector privado en el ámbito de la formación profesional; destaca en este sentido la importancia de la flexibilidad de las competencias y hace hincapié en la importancia de las habilidades para la vida y las habilidades sociales en la educación; está convencido de que, además de los conocimientos académicos impartidos en las escuelas, los niños deben adquirir aptitudes de pensamiento que les permitan cuestionar, habilidades creativas que permitan llevar las ideas a la práctica, y que es necesario hacer realidad el aprendizaje permanente mediante una acción a lo largo de toda la vida;

27.  Insiste en el vínculo entre educación y salud; indica que la medicina escolar y la educación en materia de salud, además de favorecer el aprendizaje, permiten llegar a amplios sectores de la sociedad; pide que se opte por un planteamiento integrado y exhaustivo con respecto a la educación sexual de las niñas y los niños que aborde aspectos relacionados con la salud, como el VIH, la planificación familiar y el embarazo, y contribuya asimismo a la consecución de objetivos más amplios, como un mayor acceso de las niñas a la educación; destaca la importancia que revisten los proveedores de asistencia sanitaria para la prestación de apoyo psicosocial, sobre todo en los países afectados por conflictos, al objeto de mejorar la resiliencia de los niños de corta edad;

28.  Alienta a los Estados a que instauren al menos un año de educación gratuita en la primera infancia, de conformidad con el objetivo 4.2 de los ODS;

29.  Reafirma que solo un entorno propicio favorece una educación de calidad, incluyendo la participación de los padres, los aspectos nutricionales, la seguridad, así como el acceso a la electricidad, al agua y a un saneamiento adecuado, con el fin de permitir a los niños y niñas sacar auténticamente provecho de la escuela y de aumentar los niveles de finalización de los estudios, especialmente la enseñanza primaria;

Mejorar la calidad de la ayuda

30.  Opina que las evaluaciones de los sistemas educativos –incluidas las enseñanzas impartidas por centros no estatales–, la calidad de la educación y los resultados del aprendizaje son un requisito previo para mejorar la eficacia de la ayuda; pide a la Comisión y a los Estados miembros que financien la investigación, la agregación de datos y unos instrumentos de evaluación fiables, técnicos, no discriminatorios e independientes;

31.  Estima que es primordial mejorar la coordinación de los donantes de fondos para la educación dentro de los grupos locales con el fin de evitar la duplicación de esfuerzos de ayuda e incluso conflictos entre ellos; pide a los Estados miembros que utilicen de manera más sistemática la programación conjunta y la delegación; recuerda que la ayuda al desarrollo no puede estar al servicio de una estrategia de influencia;

32.  Subraya la obligación de los gobiernos de garantizar el derecho a la educación de sus ciudadanos; destaca, en consecuencia, la necesidad de garantizar la capacidad de los responsables en todos los niveles educativos para prestar servicios universales, así como de contar con unas instituciones, estrategias y planes educativos nacionales equitativos, accesibles y no discriminatorios que realmente estén gestionados por los países de que se trate y se basen en una consulta significativa y en una participación estratégica de los agentes principales, incluida la sociedad civil, con objetivos específicos y mecanismos de seguimiento, unas evaluaciones e inspecciones regulares, una delimitación de responsabilidades clara y transparente, y una asignación de recursos sujeta a controles independientes; promueve la adopción de marcos reglamentarios nacionales para la configuración y el funcionamiento de los servicios educativos;

33.  Hace hincapié en la previsibilidad de la ayuda y la apropiación de esta por parte de los Estados socios; señala, a ese respecto, que el apoyo presupuestario y la ayuda aportada por las organizaciones multilaterales son los elementos que mejor responden a esos imperativos;

34.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que den prioridad al apoyo presupuestario sectorial cuando sea posible, con criterios estrictos, entre ellos la buena administración, y controles exhaustivos, en particular para evitar que se registren casos de corrupción; recuerda que los países terceros beneficiarios se comprometen a reembolsar los pagos en caso de irregularidades graves; aboga por hacer partícipe a la sociedad civil en el seguimiento de los convenios de financiación; destaca la necesidad de crear un mecanismo de seguimiento que investigue si la ayuda al desarrollo se está aplicando de manera abusiva e imponga las sanciones correspondientes, entre ellas la reasignación de los recursos financieros en favor de países que apliquen mejores prácticas en dicho ámbito;

35.  Anima a la Comisión y a los Estados miembros a que promuevan el papel de las administraciones locales y de las organizaciones de la sociedad civil en la preparación y la ejecución de los programas de ayuda a la educación, también en el marco del apoyo presupuestario;

36.  Observa que solo un tercio de la ayuda en el ámbito educativo se canaliza a través de los organismos multilaterales, contra dos tercios en el ámbito de la salud; pide, por tanto, a la Comisión y a los Estados miembros que aumenten su contribución financiera a la Alianza Mundial para la Educación y al fondo «La educación no puede esperar»; estima que la mencionada Alianza debería estar en condiciones, en su próximo plan estratégico para después de 2020, de ampliar de tres a seis años su periodo de programación a fin de que la financiación sea más estable y previsible, lo cual es especialmente necesario para reforzar los sistemas educativos nacionales;

o
o   o

37.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

(1) Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(2018)0239.
(2) Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(2018)0104.


Eficiencia energética ***I
PDF 122kWORD 43k
Resolución
Texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 13 de noviembre de 2018, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética (COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD))
P8_TA(2018)0442A8-0391/2017

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2016)0761),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 194, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0498/2016),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el Protocolo n.º 1 sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea,

–  Visto el Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 26 de abril de 2017(1),

–  Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 13 de julio de 2017(2),

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, de su Reglamento interno y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 29 de junio de 2018, de aprobar la Posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y la opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A8-0391/2017),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación(3);

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 13 de noviembre de 2018 con vistas a la adopción de la Directiva (UE) 2018/... del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética

P8_TC1-COD(2016)0376


(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, la Directiva (UE) 2018/2002.)

(1) DO C 246 de 28.7.2017, p. 42.
(2) DO C 342 de 12.10.2017, p. 119.
(3) La presente Posición sustituye a las enmiendas aprobadas el 17 de enero de 2018 (Textos Aprobados, P8_TA(2018)0010).


Gobernanza de la Unión de la Energía ***I
PDF 137kWORD 55k
Resolución
Texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 13 de noviembre de 2018, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la gobernanza de la Unión de la Energía, y por el que se modifican la Directiva 94/22/CE, la Directiva 98/70/CE, la Directiva 2009/31/CE, el Reglamento (CE) n.º 663/2009, el Reglamento (CE) n.º 715/2009, la Directiva 2009/73/CE, la Directiva 2009/119/CE del Consejo, la Directiva 2010/31/UE, la Directiva 2012/27/UE, la Directiva 2013/30/UE y la Directiva (UE) 2015/652 del Consejo y se deroga el Reglamento (UE) n.º 525/2013 (COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD))
P8_TA(2018)0443A8-0402/2017

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2016)0759),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, el artículo 192, apartado 1, y el artículo 194, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0497/2016),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 26 de abril de 2017(1),

–  Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 13 de julio de 2017(2),

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, de su Reglamento interno y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 29 de junio de 2018, de aprobar la Posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Vistas las deliberaciones conjuntas de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, de conformidad con el artículo 55 del Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y la opinión de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A8-0402/2017),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación(3);

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 13 de noviembre de 2018 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2018/... del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, y por el que se modifican la Directiva 94/22/CE, la Directiva 98/70/CE, la Directiva 2009/31/CE, el Reglamento (CE) n.º 663/2009, el Reglamento (CE) n.º 715/2009, la Directiva 2009/73/CE, la Directiva 2009/119/CE del Consejo, la Directiva 2010/31/UE, la Directiva 2012/27/UE, la Directiva 2013/30/UE y la Directiva (UE) 2015/652 del Consejo y se deroga el Reglamento (UE) n.º 525/2013

P8_TC1-COD(2016)0375


(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, el Reglamento (UE) 2018/1999.)

(1) DO C 246 de 28.7.2017, p. 34.
(2) DO C 342 de 12.10.2017, p. 111.
(3) La presente Posición sustituye a las enmiendas aprobadas el 17 de enero de 2018 (Textos Aprobados, P8_TA(2018)0011).


Fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables ***I
PDF 123kWORD 64k
Resolución
Texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 13 de noviembre de 2018, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables (refundición) (COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD))
P8_TA(2018)0444A8-0392/2017

(Procedimiento legislativo ordinario – refundición)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2016)0767),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 194, apartado 2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0500/2016),

–  Vista la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre la base jurídica propuesta,

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 26 de abril de 2017(1),

–  Previa consulta al Comité de las Regiones,

–  Visto el Acuerdo Interinstitucional, de 28 de noviembre de 2001, para un recurso más estructurado a la técnica de la refundición de los actos jurídicos(2),

–  Vista la carta dirigida el 20 de octubre de 2017 por la Comisión de Asuntos Jurídicos a la Comisión de Industria, Investigación y Energía, de conformidad con el artículo 104, apartado 3, de su Reglamento interno,

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, de su Reglamento interno y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 26 de junio de 2018, de aprobar la Posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistos los artículos 104, 59 y 39 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, y las opiniones de la Comisión de Desarrollo, de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y de la Comisión de Peticiones (A8-0392/2017),

A.  Considerando que, según el grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, la propuesta de la Comisión no contiene ninguna modificación de fondo aparte de las señaladas como tales en ella, y que, en lo que se refiere a la codificación de las disposiciones inalteradas de los actos anteriores junto con dichas modificaciones, la propuesta se limita a una codificación pura y simple de los textos existentes, sin ninguna modificación sustancial de estos;

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación(3), teniendo en cuenta las recomendaciones del grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 13 de noviembre de 2018 con vistas a la adopción de la Directiva (UE) 2018/... del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables

P8_TC1-COD(2016)0382


(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, la Directiva (UE) 2018/2001.)

(1) DO C 246 de 28.7.2017, p. 55.
(2) DO C 77 de 28.3.2002, p. 1.
(3) La presente Posición sustituye a las enmiendas aprobadas el 17 de enero de 2018 (Textos Aprobados, P8_TA(2018)0009).


Plan plurianual para las poblaciones de pequeños pelágicos del mar Adriático y para las pesquerías de estas poblaciones ***I
PDF 257kWORD 70k
Resolución
Texto consolidado
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 13 de noviembre de 2018, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un plan plurianual para las poblaciones de pequeños pelágicos del mar Adriático y para las pesquerías de estas poblaciones (COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD))
P8_TA(2018)0445A8-0337/2018

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2017)0097),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 43, artículo 2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0095/2017),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 31 de mayo de 2017(1),

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Pesca y la posición en forma de enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A8-0337/2018),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 13 de noviembre de 2018 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) .../... del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un plan plurianual para las poblaciones de pequeños pelágicos del mar Adriático y para las pesquerías de estas poblaciones

P8_TC1-COD(2017)0043


EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 43, apartado 2,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(2),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario(3),

Considerando lo siguiente:

(1)  La política pesquera común (PPC) debe contribuir a la protección del medio ambiente marino, a la gestión sostenible de todas las especies que se explotan comercialmente y, en particular, al logro de un buen estado medioambiental del medio marino a más tardar en el año 2020, tal como establece el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(4), así como al estado de conservación favorable para especies y hábitats de conformidad con la Directiva del Consejo 92/43/CEE3(5) y la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(6). [Enm. 1]

(1 bis)   En la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Nueva York en 2015, la Unión y sus Estados miembros se comprometieron a que, en 2020 a más tardar, regularían eficazmente las capturas y pondrían fin a la sobrepesca, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y a las prácticas pesqueras destructivas, así como a aplicar planes de gestión basados en los conocimientos científicos, con objeto de restablecer las poblaciones de peces en el plazo más breve posible, al menos a niveles que puedan producir el rendimiento máximo sostenible determinado por sus características biológicas. [Enm. 2]

(2)  El Reglamento (UE) n.º 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo(7) establece las normas de la política pesquera común, de conformidad con las obligaciones internacionales de la Unión. Los objetivos de dicha política son, entre otros, garantizar que las actividades de pesca y acuicultura sean económica, social y medioambientalmente sostenibles a largo plazo, aplicar el criterio de precaución a la gestión pesquera e implantar en la gestión pesquera el enfoque ecosistémico. [Enm. 3]

(2 bis)  De conformidad con el Reglamento (UE) n.º 1380/2013, una gestión de la pesca basada en los mejores dictámenes científicos disponibles exige unos conjuntos de datos armonizados, fiables y exactos. [Enm. 4]

(3)  El Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca (CCTEP) y el Comité Consultivo Científico de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM) han indicado en dictámenes científicos que el nivel de explotación de las poblaciones de anchoa y sardina en el mar Adriático es superior al que se requiere para alcanzar el rendimiento máximo sostenible (RMS).

(3 bis)  El mar Adriático constituye una importante subzona del Mediterráneo y representa alrededor de una tercera parte del valor total de los desembarques. [Enm. 5]

(4)  A pesar de estar gestionado con arreglo a un plan de gestión internacional en virtud de la CGPM y planes de gestión nacionales adoptados con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1967/2006 del Consejo(8), las poblaciones de anchoa y sardina del Adriático siguen estando sobreexplotadas y las actuales medidas de gestión se consideran insuficientes para alcanzar el RMS antes de 2020. Los Estados miembros y las partes interesadas han manifestado su apoyo al desarrollo y aplicación de planes de gestión para esas dos poblaciones a escala de la Unión.

(4 bis)   Se prevé que los planes de gestión aplicados y las medidas técnicas introducidas en 2016 causen efectos sobre las poblaciones y que tengan que analizarse y tomarse en consideración al establecer el plan plurianual para las poblaciones de pelágicos en la región. [Enm. 6]

(4 ter)   La introducción de un enfoque de escape mínimo exigirá cambios en la toma de muestras biológicas y en los protocolos de investigación, proceso que llevará tiempo, siendo necesario un período de transición antes de que pueda ponerse en práctica. [Enm. 99]

(5)  Las actuales medidas de gestión de los pequeños pelágicos en el mar Adriático se refieren al acceso a las aguas, el control del esfuerzo pesquero y las medidas técnicas para regular el uso de los artes de pesca. Los dictámenes científicos han mostrado que el control de las capturas es el medio más apropiado para adaptar la mortalidad por pesca y constituiría una herramienta de gestión más eficaz de las especies de pequeños pelágicos(9). [Enm. 7]

(6)  Para lograr los objetivos de la PPC, deben adoptarse una serie de medidas de conservación combinadas según proceda, como planes plurianuales, y medidas técnicas o el establecimiento y el reparto de las posibilidades de pesca. [Enm. 8]

(6 bis)   La pesca de pequeños pelágicos en el mar Adriático, en particular en las subzonas geográficas 17 y 18, tiene un impacto muy importante en los medios de vida y en el futuro de la comunidad costera de los Estados miembros. [Enm. 9]

(6 ter)   En consonancia con los principios y objetivos de la PPC y con arreglo al artículo 18 del Reglamento (UE) n.º 1380/2013, debe utilizarse la regionalización para adoptar y aplicar medidas que tengan en cuenta las particularidades de cada zona de pesca y salvaguarden las condiciones ambientales. [Enm. 10]

(6 quater)   Las posibilidades de pesca han de asignarse de conformidad con los principios establecidos en el artículo 17 del Reglamento (UE) n.º 1380/2013, aplicando criterios transparentes y objetivos, incluidos los de índole medioambiental, social y económica. Las posibilidades de pesca también deben distribuirse de forma equitativa dentro de los distintos segmentos de la pesca, incluidas la pesca tradicional y la pesca a pequeña escala. Además, los Estados miembros deben ofrecer incentivos para que los buques pesqueros utilicen aparejos de pesca selectivos o técnicas de pesca con una repercusión medioambiental reducida. [Enm. 11]

(7)  Con arreglo a los artículos 9 y 10 del Reglamento (UE) n.º 1380/2013, los planes plurianuales deben basarse en los mejores dictámenes científicos, técnicos y económicos disponibles, y contener objetivos, metas cuantificables con plazos precisos, puntos de referencia de conservación, objetivos de conservación y medidas técnicas para aplicación de la obligación de desembarque, así como medidas diseñadas para evitar y reducir las capturas no deseadas tanto como sea posible, y salvaguardias. [Enm. 12]

(8)  El objetivo del plan plurianual debería ser contribuir al cumplimiento de los objetivos de la PPC y, en particular, alcanzarrestaurar y mantener las poblaciones de peces por encima de los niveles de biomasa capaces de producir el RMS para las poblaciones afectadas, aplicando la obligación de desembarque, al logro de un sector de la pesca sostenible y al establecimiento de un marco de gestión eficaz. [Enm. 13]

(8 bis)   El presente Reglamento no debe considerarse como un precedente para otros planes plurianuales en el mar Mediterráneo, a menos que se disponga lo contrario. [Enm. 14]

(8 ter)   Un plan plurianual debe establecer siempre un equilibrio entre el resultado alcanzable, teniendo en cuenta los plazos, y el impacto socioeconómico. [Enm. 15]

(9)  Además, el artículo 15 del Reglamento (UE) n.º 1380/2013 introdujo una obligación de desembarque, incluidas todas las capturas de especies que están sujetas a tallas mínimas tal como se definen en el anexo III del Reglamento (CE) n.º 1967/2006. No obstante lo dispuesto en el artículo 15, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1380/2013, el Reglamento Delegado (UE) n.º 1392/2014 de la Comisión(10) estableció un plan de descartes de tres años en el que se preveía una exención de minimis de la obligación de desembarque de anchoa, sardina, caballa y jurel en el Adriático. Con vistas a aplicar la obligación de desembarque, procede ampliar la validez de las medidas establecidas en el Reglamento Delegado (UE) n.º 1392/2014, incluyendo sus disposiciones correspondientes en el plan plurianual.

(10)  De conformidad con el enfoque ecosistémico, y ademáseste plan debe contribuir también al logro del descriptor relativo a la pesca debuen estado medioambiental, tal como se establece en la Directiva 2008/56/CE, y han de tenerseteniendo en cuenta en el marco de la gestión pesquera los descriptores cualitativos 1, 4 y 6 del anexo I de dicha Directiva. Este plan también debe contribuir al logro del estado de conservación favorable para especies y hábitats, como se exige en la Directiva 2009/147/CE y en la Directiva 92/43/CEE, respectivamente. [Enm. 16]

(11)  El artículo 16, apartado 4, del Reglamento (UE) n.º 1380/2013 dispone que las posibilidades de pesca se fijen de conformidad con los objetivos establecidos en los planes plurianuales. [Enm. 17]

(12)  Conviene establecer un objetivo de mortalidad por pesca (F) que corresponda al objetivo de la consecución y mantenimiento del rendimiento máximo sostenible como intervalos de valores que sean compatibles con la consecución del rendimiento máximo sostenible (FRMS). Dichos intervalos, basados en los mejores dictámenes científicos disponibles, son necesarios para aportar flexibilidad a la hora de tener en cuenta los avances en los dictámenes científicos, para contribuir a la ejecución de la obligación de desembarque y para tener en cuenta las características de las pesquerías mixtas. El CCTEP ha calculado los intervalos FRMS(11). de formaBasados en este plan, están obtenidos de forma que no se produzca una reducción superior al 5 % en el rendimiento a largo plazo con respecto al RMS(12). Además, el límite superior del intervalo tiene un tope, de forma que la probabilidad de que el nivel de la población caiga por debajo del valor Blim no es superior al 5 %. [Enm. 18]

(13)  Con objeto de fijar las posibilidades de pesca, debe haber un umbral paraalcanzar los intervalos FRMS en condiciones de utilización normal, así como un límite superior objetivos del plan plurianual, el objetivo para determinados casos, siempre y cuando se considere que la población afectada se encuentra en buen estadocada una de las especies debe ser el SSBpa. Solo debendebe poder fijarse hasta el límiteun objetivo superior las posibilidades de pesca si, sobre la base de los dictámenes o pruebas científicos, es necesario para la consecución de los objetivos establecidos en el presente Reglamento en el caso de las pesquerías mixtas, o bien si es necesario para evitar daños a una población derivados de la dinámica poblacional entre especies o dentro de la misma especie, o con el fincuando alguna de limitar las variaciones en las posibilidades de pesca de un año a otropoblaciones de pequeños pelágicos se sitúe por debajo del SSBlim. [Enm. 19]

(14)  Si los objetivos relativos al RMS no están disponibles, debe aplicarse el criterio de precaución.

(15)  Para las poblaciones para las que estén disponibles, y con el fin de aplicar medidas de salvaguardia, es necesario fijar puntos de referencia de conservación expresados como RMS BtriggerSSBlim y BlimSSBpa para las poblaciones de anchoa y de sardinalos pequeños pelágicos. En caso de que el tamaño de la población caiga por debajo de RMS Btrigger, debe reducirse la mortalidad por pescadel SSBlim, deben tomarse medidas correctoras para contribuir a un rápido retorno de las poblaciones afectadas a niveles por debajoencima del FMSYSSBpa. [Enm. 20]

(16)  Deben aplicarse medidas de salvaguardia adicionales en caso de que el tamaño de la población caiga por debajo del punto de referencia Blim. Las medidas de salvaguardia deben incluir la reducción de las posibilidades de pesca y medidas de conservación específicas cuando los dictámenes científicos indiquen que una población se encuentra amenazada. Estas medidas deberían completarse con otras medidas, según proceda, como medidas de la Comisión con arreglo al artículo 12 del Reglamento (UE) n.º 1380/2013, o medidas de los Estados miembros de conformidad con el artículo 13 del Reglamento (UE) n.º 1380/2013. [Enm. 21]

(17)  En el caso de poblaciones para las que no se disponga de puntos de referencia, debe aplicarse el principio de precaución. En el caso concreto de poblaciones capturadas como capturas accesorias, a falta de dictámenes científicos sobre los niveles mínimos de biomasa reproductora de dichas poblaciones, deben adoptarse medidas de conservación específicas cuando los dictámenes científicos indiquen que se necesitan medidas correctoras. [Enm. 22]

(18)  Con objeto de permitir la aplicación de la obligación de desembarque establecida en el artículo 15, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1380/2013, el plan debe prever medidas de gestión adicionales, en particular medidas para eliminar los descartes de forma gradual, para contabilizar los peces de talla inferior a la talla mínima de referencia a efectos de conservación y para minimizar y, si es posible, eliminar, las repercusiones negativas de las actividades pesqueras en el medio marino. Esas medidas deben establecerse mediante actos delegados. [Enm. 23]

(18 bis)  El CCTEP y diversos expertos independientes han revisado una recomendación conjunta remitida por Croacia, Italia y Eslovenia (Grupo de alto nivel Adriatica) y un estudio de las características técnicas de las redes de cerco con jareta y de su impacto en las comunidades del fondo marino. Procede, por consiguiente, establecer una excepción al párrafo segundo del apartado 3 del artículo 13 y al punto 2 del Anexo II del Reglamento (CE) n.º 1967/2006. [Enm. 24]

(19)  De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1380/2013, debe establecerse el plazo para la presentación de las recomendaciones conjuntas de los Estados miembros con interés directo de gestión.

(19 bis)   Cuando los dictámenes científicos indiquen que la pesca recreativa tiene un impacto significativo en la mortalidad por pesca de una población específica, el Consejo debe tomar en consideración dicho tipo de pesca. A tal efecto, el Consejo debe ser capaz de fijar un total admisible de capturas (TAC) para las capturas comerciales que tenga en cuenta el volumen de las capturas de la pesca recreativa o de adoptar otras medidas que restrinjan dicho tipo de pesca, como límites de capturas y períodos de veda. [Enm. 25]

(20)  El plan debe prever también la adopción, mediante actos delegados y teniendo en cuenta los mejores dictámenes científicos disponibles, de determinadas medidas técnicas, temporales y espaciales complementarias, a fin de contribuir a la consecución de los objetivos del plan, en particular por lo que se refiere a la protección de los juveniles, o para mejorar la selectividad. [Enm. 26]

(20 bis)   A la hora de definir las medidas técnicas derivadas del plan plurianual o actos delegados ulteriores adoptados con arreglo al mismo, deben protegerse las artes de pesca artesanal basadas en prácticas históricas e implantadas en las comunidades pesqueras. [Enm. 27]

(21)  Con el fin de garantizar el pleno cumplimiento de las medidas establecidas en el presente Reglamento, deben adoptarse medidas de control específicas para complementar las establecidas en el Reglamento (CE) n.º 1224/2009 del Consejo(13).

(21 bis)   Para que el sector pueda hacer frente a las medidas de reducción del esfuerzo pesquero y la consiguiente disminución de los ingresos para las empresas y las gentes del mar, conviene prever modalidades de acceso prioritario a un apoyo adecuado por parte del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) de conformidad con en el Reglamento (UE) n.º 508/2014 del Parlamento Europeo y el Consejo(14). [Enm. 28]

(21 ter)   Por tanto, en aras de asegurar una aplicación coherente con el impacto socioeconómico, es conveniente, por un lado, establecer excepciones a los plazos de las medidas de paralización temporal contempladas en el artículo 33 del Reglamento (UE) n.º 508/2014, ampliándolo solo a los buques afectados por el presente plan plurianual, y, por otro, autorizar el acceso de esos mismos buques a las medidas de paralización definitiva previstas en el artículo 34 de dicho Reglamento, y la reapertura de las mismas. [Enm. 29]

(22)  Reconociendo que en el mar Adriático los buques que pescan pequeños pelágicos suelen llevar a cabo mareas de corta duración, el uso de la notificación previa prevista en el artículo 17 del Reglamento (CE) n.º 1224/2009 debe adaptarse de forma que las notificaciones previas se presenten al menos una hora y media hora antes de la hora estimada de llegada al puerto. Sin embargo, teniendo en cuenta el efecto limitado en las poblaciones en cuestión de las mareas de cantidades de pescado muy pequeñas, conviene establecer un umbral para dichas notificaciones previas, a saber, cuando los buques conserven a bordo al menos una tonelada de anchoa o de sardinapequeños pelágicos. [Enm. 30]

(23)  Reconociendo que los instrumentos electrónicos de control garantizan un mejor y más oportuno control de las pesquerías, en particular de la distribución espacial de las actividades pesqueras y de la explotación de las poblaciones, el uso del sistema de localización de buques y del cuaderno diario electrónico tal como exigen, respectivamente, los artículos 9 y 15 del Reglamento (CE) n.º 1224/2009, debe ampliarse a todos los buques pesqueros de una eslora total de ocho metros.

(24)  Deben establecerse para las capturas de anchoa y de sardinapequeños pelágicos unas cantidades máximas por encima de las cuales un buque pesquero deberá desembarcar en un puerto designado o en un lugar cercano a la costa, tal como dispone el artículo 43 del Reglamento (CE) n.º 1224/2009. Además, al designar dichos puertos o lugares cercanos a la costa, los Estados miembros deben aplicar los criterios establecidos en el artículo 43, apartado 5, de ese Reglamento, de tal manera que se garantice un control eficaz. [Enm. 31]

(25)  Con vistas a adaptarse al progreso técnico y científico de forma oportuna y proporcionada, y a garantizar la flexibilidad y permitir la evolución de determinadas medidas, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea con vistas a completar el presente Reglamento en lo que respecta a las medidas correctoras para la conservación de la caballa y del jurel, la aplicación de la obligación de desembarque y las medidas técnicas. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016(15). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados. [Enm. 32]

(26)  De conformidad con el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 1380/2013, conviene establecer disposiciones relativas a la evaluación periódica por parte de la Comisión de la pertinencia y eficacia de la aplicación del presente Reglamento. Dicha evaluación se debe ajustar a una evaluación periódica del plan que se base en dictámenes científicos. El plan debe evaluarse tres años después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento y, posteriormente, cada cinco años. Dicho período permite, en principio, la plena aplicación de la obligación de desembarque y la adopción y aplicación de medidas regionalizadas, así como la apreciación de los efectos que estas tienen sobre las poblaciones y la pesca. Además, este es el período mínimo exigido por los organismos científicos. [Enm. 33]

(27)  De conformidad con el artículo 9, apartado 4, del Reglamento (UE) n.º 1380/2013, con carácter previo a la elaboración de dicho plan se ha evaluado su probable influencia económica y social(16).

(27 bis)   Para apoyar a los pescadores en la aplicación de las medidas previstas por el presente Reglamento, los Estados miembros deberían hacer el mayor uso posible de las medidas contempladas en el Reglamento (UE) n.º 508/2014. Es conveniente aclarar que podrá considerarse que las medidas de paralización temporal que se hayan adoptado para alcanzar los objetivos del presente Reglamento reúnen las condiciones para recibir ayuda en virtud del Reglamento (UE) n.º 508/2014, con el fin de tener en cuenta los aspectos socioeconómicos del presente Reglamento. Además, procede conceder a los buques afectados por el presente plan plurianual una excepción de los períodos durante los cuales se puede conceder ayuda, así como del límite máximo de la contribución financiera del FEMP para las medidas de paralización temporal establecidas en el Reglamento (UE) n.º 508/2014. [Enm. 34]

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Objeto y ámbito de aplicación

1.  El presente Reglamento establece un plan plurianual para las poblaciones de pequeños pelágicos del mar Adriático.

2.  El presente Reglamento se aplicará a las poblaciones de anchoa (Engraulis encrasicolus) y sardina (Sardina pilchardus) en el mar Adriático («las poblaciones afectadaslos pequeños pelágicos») y a las pesquerías que explotanafectan a dichas poblaciones. TA efectos de aplicación de la obligación de desembarque prevista en el artículo 15 del Reglamento (UE) n.º 1380/2013, el presente Reglamento también se aplicará a las capturas accesorias de caballa (Scomber spp.) y de jurel (Trachurus spp.) en el mar Adriático cuando sean capturados durante la pesca de una de las poblaciones afectadas o de ambaspequeños pelágicos. [Enm. 35]

Artículo 2

Definiciones

1.  A los efectos del presente Reglamento, se aplicarán las definiciones establecidas en el artículo 4 del Reglamento (UE) n.º 1380/2013, el artículo 4 del Reglamento (CE) n.º 1224/2009 y el artículo 2 del Reglamento (CE) n.º 1967/2006:

2.  Además, se entenderá por:

a)  «mar Adriático»: las subzonas geográficas 17 y 18 de la CGPM;

b)  «subzona geográfica de la CGPM»: la subzona geográfica de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM), tal como se define en el anexo I del Reglamento (UE) n.º 1343/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo(17);

b bis)  «dedicación de la actividad pesquera»: una proporción del 50 % como mínimo de sardina o anchoa con respecto al total de la captura, en peso vivo; [Enm. 37]

c)  «poblaciones de pequeñospequeños pelágicos»: las poblaciones enumeradas en el artículo 1, apartado 2, del presente Reglamento, o cualquier combinación de ellasde sardina (Sardina pilchardus) y anchoa (Engraulis encrasicolus); [Enm. 38]

c bis)  «mejores dictámenes científicos disponibles»: dictámenes científicos de acceso público que están respaldados por los datos y métodos científicos más actualizados y que han sido emitidos o revisados de manera colegiada por un organismo científico de la Unión o internacional independiente reconocido por la Unión o a escala internacional, como el Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca (CCTEP) y la CGPM, y que cumplen los requisitos establecidos en el artículo 25 del Reglamento (UE) n.º 1380/2013; [Enm. 104]

d)  «intervalo de FRMS»: un intervalo de valores en el que todos los niveles de mortalidad por pesca dentro de los límites científicamente indicados de dicho intervalo, en situaciones de pesquerías mixtas y de conformidad con los dictámenes científicos, arrojan un rendimiento máximo sostenible a largo plazo en las condiciones ambientales medias existentes sin que ello afecte significativamente al proceso de reproducción de las poblaciones afectadas; [Enm. 39]

d bis)  «día de pesca»: todo período continuado de veinticuatro horas, o parte del mismo, durante el cual un buque pesquero se dedica a una actividad pesquera, como buscar pescado, largar, calar, remolcar o halar un arte de pesca, subir capturas a bordo, transbordar, llevar a bordo, transformar a bordo, trasladar, enjaular, engordar y desembarcar pescado y productos de la pesca, tal como se define en el artículo 4, punto 28, del Reglamento (UE) n.º 1380/2013; [Enm. 40]

d ter)  «SSBlim»: el punto de referencia de la biomasa de población reproductora por debajo del cual deben adoptarse medidas de gestión correctoras para garantizar la reconstitución de las poblaciones hasta un nivel dentro de los límites biológicos seguros; [Enm. 41]

d quater)  «SSBpa»: el punto de referencia de precaución de la biomasa de población reproductora por debajo del cual deben adoptarse medidas de gestión para garantizar la reconstitución de las poblaciones hasta un nivel dentro de los límites biológicos seguros; [Enm. 42]

e)  «RMS Btrigger»: el punto de referencia de la biomasa de población reproductora por debajo del cual deben adoptarse medidas de gestión específicas y adecuadas para garantizar que los índices de explotación, junto con las variaciones naturales, reconstituyan las poblaciones por encima de niveles capaces de producir el rendimiento máximo sostenible a largo plazo; [Enm. 43]

f)  «posibilidad de pesca»: derecho legal cuantificado de pesca, expresado en capturas o en esfuerzo pesquero.

Artículo 3

Objetivos

1.  El plan plurianual contribuirá al logro de los objetivos de la política pesquera común que figuran en el artículo 2 del Reglamento (UE) n.º 1380/2013, en particular aplicando el criterio de precaución a la gestión pesquera, y tendrá como objetivo asegurar que la explotación de los recursos biológicos marinos vivos restablezca y mantenga las poblaciones de especies capturadas por encima de los niveles que puedan producir el RMS. [Enm. 45]

2.  El plan plurianual debe ofrecer un marco de gestión eficaz, sencillo y estable para la explotación de las poblaciones de pequeños pelágicos en el mar Adriático.

2 bis.   El plan plurianual tendrá en cuenta los aspectos socioeconómicos durante su elaboración o modificación, de conformidad con el artículo 2, apartado 5, del Reglamento (UE) n.º 1380/2013. [Enm. 47]

3.  El plan plurianual contribuirá a eliminarreducir los descartes, evitando y reduciendo en la medida de lo posible las capturas no deseadas, y a la ejecución de la obligación de desembarque establecida en el artículo 15 del Reglamento (UE) n.º 1380/2013 en el caso de las especies sujetas a dicha obligación y a las que se aplica el presente Reglamento. [Enm. 48]

4.  El plan plurianual aplicará a la gestión pesquera un enfoque ecosistémico a fin de garantizar que las actividades pesqueras tengan un impacto negativo mínimo, y, si es posible, nulo, en el ecosistema marino, en particular sobre hábitats amenazados y especies protegidas, incluidos los mamíferos, las aves y los reptiles marino. Será coherente con la legislación medioambiental de la Unión, en particular con el objetivo de lograr un buen estado medioambiental para 2020, como se establece en el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2008/56/CE, y con los objetivos y las normas estipulados en las Directivas 2009/147/CE y 92/43/CEE. [Enm. 49]

5.  En particular, el plan plurianual tendrá como finalidad:

a)  garantizar que se cumplen las condiciones descritas en el anexo I, descriptor 3, de la Directiva 2008/56/CE; así como

b)  contribuir al cumplimiento de otros descriptores pertinentes del anexo I de la Directiva 2008/56/CE en proporción a la función desempeñada por la pesca en su cumplimiento.

5 bis.   Las medidas en virtud del plan se adoptarán de conformidad con los mejores dictámenes científicos disponibles. [Enm. 50]

CAPÍTULO II

OBJETIVOS SOCIOECONÓMICOS, SALVAGUARDIAS Y MEDIDAS ESPECÍFICAS [Enm. 51]

Artículo 4

Objetivos relativos a la anchoa y la sardinalos pequeños pelágicos [Enm. 52]

1.  El objetivo de mortalidad por pescaLos puntos de referencia objetivo para los pequeños pelágicos deberá alcanzarse lo antes posible y, de forma progresiva y paulatina, a más tardar en 2020 en el caso de las poblaciones afectadas, y mantenerse a partir de entonces enpor encima de los intervalosvalores establecidos en el anexo I y en consonancia con los objetivos establecidos en el artículo 3, apartado 1. [Enm. 53]

2.  Las posibilidadesmedidas de pesca deberán ajustarse a los intervalos relativosgestión para los pequeños pelágicos deberán ajustarse a los objetivospuntos de mortalidad por pescareferencia objetivo establecidos en el anexo I, columna A, del presente Reglamento. [Enm. 54]

3.  No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, podrán fijarse posibilidadeslas medidas de pesca engestión podrán perseguir niveles correspondientes a niveles de mortalidad por pesca inferioresvalores superiores a los establecidos en el anexo I, columna A., si:

a)  sobre la base de los dictámenes o pruebas científicos, se considera necesario para la consecución de los objetivos establecidos en el artículo 3, en el caso de las pesquerías mixtas;

b)  sobre la base de dictámenes o pruebas científicos, es necesario para evitar daños graves a una población derivados de la dinámica poblacional entre especies o dentro de la misma especie; o

c)  una de las poblaciones de pequeños pelágicos se sitúa por debajo del punto de referencia establecido en el anexo I, columna B. [Enm. 55]

4.  No obstante lo dispuesto en los apartados 2 y 3, podrán fijarse posibilidades de pesca para una población con arreglo a los intervalos de mortalidad por pesca establecidos en el anexo I, columna B, siempre y cuando la población afectada se sitúe por encima del punto de referencia del límite inferior de biomasa reproductora establecido en el anexo II, columna A:

a)  si, sobre la base de los dictámenes o pruebas científicos, se considera necesario para la consecución de los objetivos establecidos en el artículo 3, en el caso de las pesquerías mixtas,

b)  si, sobre la base de dictámenes o pruebas científicos, es necesario para evitar daños graves a una población derivados de la dinámica poblacional entre especies o dentro de la misma especie, o

c)  para limitar las variaciones en las posibilidades de pesca entre años consecutivos a un máximo del 20 %. [Enm. 56]

4 bis.   Cuando los dictámenes científicos indiquen que la pesca recreativa tiene un impacto significativo en la mortalidad por pesca de una población específica, el Consejo deberá tenerla en cuenta y podrá limitar la pesca recreativa cuando establezca posibilidades de pesca con el fin de evitar que se supere el objetivo total de mortalidad por pesca. [Enm. 57]

Artículo 4 bis

Objetivos socioeconómicos

A fin de tener en cuenta los objetivos socioeconómicos contemplados en el artículo 2, apartado 5, letra f), del Reglamento (UE) n.º 1380/2013, al aplicar las medidas técnicas y de conservación previstas en el presente Reglamento, los Estados miembros harán un uso amplio de las medidas pertinentes contempladas en el Reglamento (UE) n.º 508/2014. [Enm. 58]

Artículo 5

Salvaguardias

1.  En el anexo II se establecen lLos puntos de referencia de conservación expresados como niveles mínimo y límite de la biomasa de la población reproductora que deberán aplicarsese aplicarán para salvaguardar la plena capacidad reproductora de las poblaciones afectadas. [Enm. 59]

1 bis.   Tres años después de la aplicación de las medidas de gestión mencionadas en el artículo 6, apartado 1 bis, la investigación científica comprobará la eficacia de las medidas adoptadas, en particular para las poblaciones a las que se aplica el presente Reglamento y para las pesquerías que las explotan. [Enm. 60]

2.  Cuando los dictámenes científicos indiquen que la biomasa de la población reproductora de cualquiera de las poblaciones afectadaslos pequeños pelágicos se sitúa por debajo del punto de referencia para los niveles mínimos de biomasa de la población reproductora establecido en el anexo III, columna AB, se adoptarán todas las medidas correctoras adecuadas que garanticencontribuyan a que la población afectadalos pequeños pelágicos puedan puede volver a alcanzar rápidamente los niveles superiores a los capacesal punto de producirreferencia fijado en el RMSAnexo I, columna A. En particular, no obstante lo dispuesto en el artículo 4, apartadosapartado 2 y 4, las posibilidades de pesca de las poblaciones afectadas se fijarán a un nivel coherente y en consonancia con una mortalidad por pesca reducida por debajo del intervalo establecido en el anexo I, columna A, del presente Reglamento,su artículo 4, apartado 3, las medidas de gestión se adaptarán teniendo en cuenta la reducción de la biomasa de dicha población. [Enm. 61]

3.  Cuando los dictámenes científicos indiquen que la biomasa de la población reproductora de cualquieraambas poblaciones de las poblaciones afectadaspequeños pelágicos se sitúa por debajo del punto de referencia para los niveles límite de biomasa de la población reproductora (BlimSSBlim) establecido en el anexo III, columna B, se adoptarán más medidas correctoras que garanticencontribuyan a que la población afectada puedelas dos poblaciones puedan volver a alcanzar rápidamente los niveles superiores a los capaces de producir el RMSel punto de referencia fijado en el Anexo I, columna A. En particular, no obstante lo dispuesto en el artículo 4, apartadosapartado 2 y 4, esas medidas correctoras pueden incluir la suspensión de la pesca selectiva de la población correspondiente y la reducción adecuadaotras medidas de las posibilidades de pescagestión adecuadas. [Enm. 62]

Artículo 6

Medidas específicas de conservación

1.   Si los dictámenes científicos indican que es necesario aplicar medidas correctoras para la conservación de las poblaciones de pequeños pelágicos mencionadas en el artículo 1, apartado 2, del presente Reglamento o, en el caso de la anchoa y la sardina, si la biomasa reproductora de cualquiera de dichas poblaciones para un año determinado se sitúa por debajo de los puntos de referencia de conservación establecidos en el anexo III, columna AB, del presente Reglamento, la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados en relación con los elementos que se indican a continuación, de conformidad con el artículo 16 del presente Reglamento y el artículo 18 del Reglamento (UE) n.º 1380/2013:

a)  las características de los artes de pesca, en particular el tamaño de malla, la construcción de los artes, su tamaño o la utilización de dispositivos de selectividad, para garantizar o mejorar la selectividad;

b)  la utilización de los artes de pesca y la profundidad de calado de los artes, para garantizar o mejorar la selectividad;

c)  la prohibición o la limitación de la pesca en zonas específicas, para proteger a los peces reproductores y juveniles o a los peces por debajo de las tallas mínimas de referencia a efectos de conservación o las especies de peces no objetivo;

d)  la prohibición o limitación de la pesca o de la utilización de determinados artes de pesca durante períodos de tiempo específicos, para proteger a los peces reproductores y juveniles o a los peces por debajo de las tallas mínimas de referencia a efectos de conservación o las especies de peces no objetivo;

e)  las tallas mínimas de referencia a efectos de conservación, con el fin de garantizar la protección de los juveniles de organismos marinos;

f)  otras características vinculadas a la selectividad. [Enm. 63]

1 bis.  No obstante el párrafo 1, a fin de alcanzar los objetivos establecidos en el artículo 4, se aplicarán, durante los años 2019 a 2022, las siguientes medidas:

a)  en 2019 el límite de capturas de pequeños pelágicos se fijará en el nivel de capturas de 2014; a partir de 2020, los límites de capturas de pequeños pelágicos se reducirán gradualmente cada año para el Estado miembro afectado en un 4 % en comparación con el año anterior, hasta 2022; no obstante, no se aplicará esta reducción si el año anterior el total de capturas de cada Estado miembro afectado es inferior en más de un 2 % respecto del nivel de capturas de 2014;

b)  el esfuerzo de pesca de los buques pesqueros que capturan pequeños pelágicos no excederá de más de 180 días al año ni de más de 20 días al mes, con un número máximo de 144 días de pesca anuales tanto para la sardina como para la anchoa;

c)  cada año se declararán vedas espaciotemporales a fin de proteger las zonas de desove y cría; dichas vedas, para distintos tipos de artes de pesca, cubrirán la totalidad de las zonas de distribución de pequeños pelágicos en el mar Adriático durante períodos que no serán inferiores a 15 días seguidos y de hasta 30 días seguidos; estas vedas se declararán durante los siguientes períodos:

i)  para la sardina, del 1 de octubre al 31 de marzo, y

ii)  para la anchoa, del 1 de abril al 30 de septiembre;

d)  se declararán vedas adicionales para los buques de más de 12 m de eslora total, independientes para cada tipo de arte de pesca, durante un período que no será inferior a seis meses; estas vedas cubrirán al menos el 30 % de la superficie que haya sido señalada como zona de cría o de importancia para la protección de las clases de peces de corta edad (en aguas territoriales e interiores);

e)  la capacidad total de la flota de arrastreros y cerqueros que pesquen activamente en las poblaciones de pequeños pelágicos no excederá de la capacidad registrada de la flota activa en 2014 en términos de arqueo bruto o tonelaje de registro bruto, potencia del motor (kW) y número de buques. [Enm. 70]

1 ter.  No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 bis, a fin de garantizar la estabilidad y limitar las variaciones en las medidas de gestión, la duración de las vedas a que se refieren las letras c) y d) del mismo no deberá variar en más de un 10 % en años consecutivos. [Enm. 71]

Artículo 6 bis

Medidas técnicas

1.  A efectos del presente Reglamento, no se aplicará lo previsto en el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 13 y en el punto 2 del Anexo II del Reglamento (CE) n.º 1967/2006.

2.  A efectos del presente Reglamento, la longitud máxima de las redes de cerco (redes de cerco con jareta y jábegas sin jareta) se limitará a 600 metros, y la altura de la red, a 1/3 de su longitud. [Enm. 72]

CAPÍTULO III

DISPOSICIONES VINCULADAS A LA OBLIGACIÓN DE DESEMBARQUE

Artículo 7

Disposiciones vinculadas a la obligación de desembarque de pequeños pelágicos capturados en el mar Adriático

Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 15 del presente Reglamento y al artículo 18 del Reglamento (UE) n.º 1380/2013 en lo referente a: [Enm. 73]

a)  las exenciones de la ejecución de la obligación de desembarque para las especies respecto de las cuales existan pruebas científicaslos mejores dictámenes científicos disponibles que demuestren altas tasas de supervivencia, teniendo en cuenta las características del arte, de las prácticas de pesca y del ecosistema, a fin de facilitar la ejecución de la obligación de desembarque; [Enm. 74]

b)  las exenciones de minimis para permitir la ejecución de la obligación de desembarque; dichas exenciones de minimis se establecerán para los casos contemplados en el artículo 15, apartado 5, letra c), del Reglamento (UE) n.º 1380/2013 y de conformidad con las condiciones establecidas en este; así como

c)  las disposiciones específicas sobre documentación de las capturas, en particular a efectos de control de la ejecución de la obligación de desembarque.

d)  el establecimiento de tallas mínimas de referencia a efectos de conservación con el fin de garantizar la protección de los juveniles de organismos marinos. [Enm. 75]

CAPÍTULO IV

REGIONALIZACIÓN

Artículo 8

Cooperación regional

1.  El artículo 18, apartados 1 a 6, del Reglamento (UE) n.º 1380/2013 se aplicará a las medidas a que se refieren los artículos 6 y 7 del presente Reglamento.

2.  A los efectos del apartado 1 del presente artículo, los Estados miembros con interés directo de gestión podrán presentar recomendaciones conjuntas de conformidad con el artículo 18, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1380/2013, por primera vez a más tardar doce meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento y, posteriormente, doce meses después de cada presentación de la evaluación del plan plurianual de conformidad con el artículo 14 del presente Reglamento. También podrán presentar tales recomendaciones cuando así lo consideren necesario, en particular en caso de cambio brusco de la situación de cualquiera de las poblaciones a las que se aplica el presente Reglamento. Las recomendaciones conjuntas sobre medidas que afecten a un determinado año civil se presentarán a más tardar el 1 de junio del año anterior.

3.  Las atribuciones conferidas en virtud de los artículos 6 y 7 del presente Reglamento se entenderán sin perjuicio de los poderes conferidos a la Comisión en virtud de otras disposiciones de la legislación de la Unión, incluido el Reglamento (UE) n.º 1380/2013.

CAPÍTULO V

CONTROL Y OBSERVANCIA

Artículo 9

Relación con el Reglamento (CE) n.º 1224/2009

Las medidas de control previstas en el presente capítulo se aplicarán además de las establecidas en el Reglamento (CE) n.º 1224/2009, salvo disposición contraria establecida en el presente capítulo.

Artículo 10

Notificación previa

1.  No obstante lo dispuesto en el artículo 17, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 1224/2009, la notificación previa a la que se hace referencia en dicho artículo se remitirá al menos unamedia hora y media antes de la hora estimada de llegada a puerto. Las autoridades competentes de los Estados miembros ribereños podrán, caso por caso, dar permiso de entrada a puerto anticipada. [Enm. 76]

2.  Los capitanes de los buques pesqueros de la Unión que lleven a bordo al menos una toneladados toneladas de anchoa o una toneladados toneladas de sardina deberán cumplir la obligación de notificación previa. Esas cantidades se calcularán sin incluir las capturas contempladas en el artículo 15, apartado 11, del Reglamento (UE) n.º 1380/2013. [Enm. 77]

Artículo 11

Sistema de localización de buques

1.  A los efectos del presente Reglamento, la aplicación de las disposiciones previstas en el artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 1224/2009 se ampliará a los buques pesqueros de eslora total igual o superior a ocho metros y dedicados a la pesca de pequeños pelágicos en el Adriático.

2.  La exención prevista en el artículo 9, apartado 5, del Reglamento (CE) n.º 1224/2009 no se aplicará a los barcos dedicados a la pesca de pequeños pelágicos en el Adriático conforme a lo dispuesto en el presente Reglamento, independientemente de su eslora.

Artículo 12

Cumplimentación y transmisión electrónicas de los cuadernos diarios de pesca

1.  A los efectos del presente Reglamento, la obligación de llevar un cuaderno diario de pesca electrónico y de enviarlo por vía electrónica al menos una vez al día a la autoridad competente del Estado miembro de pabellón prevista en el artículo 15, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 1224/2009 se ampliará a los capitanes de los buques pesqueros de la Unión de eslora total igual o superior a ocho metros dedicados a la pesca de anchoa o de sardina.

2.  La exención prevista en el artículo 9, apartado 5, del Reglamento (CE) n.º 1224/2009 no se aplicará a los barcos dedicados a la pesca de anchoa o de sardina, independientemente de su eslora.

2 bis.   No obstante lo dispuesto en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1224/2009, los capitanes de todos los barcos pesqueros de la Unión cuya eslora total sea igual o superior a 12 metros comunicarán la información indicada en el artículo 14 de dicho Reglamento antes del comienzo de la operación de desembarque. [Enm. 78]

Artículo 13

Puertos designados

El umbral aplicable al peso vivo de las especies de las respectivas poblaciones objeto del plan plurianual por encima del cual un buque pesquero deberá desembarcar sus capturas en un puerto designado o en un lugar cercano a la costa, tal como se indica en el artículo 43 del Reglamento (CE) n.º 1224/2009, será el siguiente:

a)  2 000 kg de anchoa;

b)  2 000 kg de sardina.

CAPÍTULO VI

REVISIÓN

Artículo 14

Evaluación del plan plurianual

La Comisión velará por que, cincotres años después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, y cada cinco años a partir de entonces, se evalúe la incidencia del plan plurianual sobre las poblaciones a las que se aplica el presente Reglamento y sobre las pesquerías que las explotan. La Comisión presentará los resultados de dicha evaluación al Parlamento Europeo y al Consejo y remitirá, cuando proceda, una propuesta de modificación del Reglamento. [Enm. 80]

CAPÍTULO VII

DISPOSICIONES DE PROCEDIMIENTO

Artículo 15

Ejercicio de la delegación

1.  Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículoartículo 18 del Reglamento (UE) n.º 1380/2013. [Enm. 81]

2.  Los poderes para adoptar los actos delegados a que se refieren los artículos 6 y 7 se otorgarán a la Comisión por un período de cinco años desde ... [la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento]. La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de poderes a más tardar nueve meses antes de que finalice el período de cinco años. La delegación de poderes se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más tardar tres meses antes del final de cada período.

3.  La delegación de poderes mencionada en los artículos 6 y 7 podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4.  Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a expertos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación.

5.  Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6.  Los actos delegados adoptados en virtud de los artículos 6 y 7 entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 15 bis

Ayuda del FEMP

1.  Las medidas de paralización temporal adoptadas para lograr los objetivos del plan plurianual se considerarán una paralización temporal de las actividades pesqueras a efectos del artículo 33, apartado 1, letras a) y c), del Reglamento (UE) n.º 508/2014.

2.  No obstante lo dispuesto en el artículo 33, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 508/2014, hasta el 31 de diciembre de 2020 la duración máxima de la ayuda en virtud del presente Reglamento será de nueve meses para los buques pesqueros sujetos a las vedas espaciotemporales previstas en el presente Reglamento.

3.  Con el fin de garantizar la aplicación del apartado 2 del presente artículo, no obstante lo dispuesto en el artículo 25, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 508/2014, será posible aumentar la contribución financiera total del FEMP por encima del límite máximo del 15 % establecido en dicho artículo.

4.  Al ejecutar las medidas previstas en el artículo 30 del Reglamento (UE) n.º 508/2014, se concederá prioridad a los pesadores afectados por la aplicación de las medidas contenidas en el presente plan plurianual.

5.  Hasta el 31 de diciembre de 2020 y sin perjuicio del plazo previsto en el artículo 34, apartado 4, del Reglamento (UE) n.º 508/2014, los buques que hayan paralizado todas sus actividades de pesca como resultado de las medidas de reducción del esfuerzo pesquero previstas en el presente Reglamento podrán beneficiarse de la ayuda a la paralización definitiva contemplada en el artículo 34 del Reglamento (UE) n.º 508/2014. [Enm. 82]

CAPÍTULO VIII

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 16

Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en ..., el

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

ANEXO I

Puntos de referencia objetivo

(a que se hace referencia en el artículolos artículos 4 y 5) [Enm. 86]

Población

Intervalo del objetivo de mortalidad por pesca compatible con la consecución del rendimiento máximo sostenible (FRMS)Objetivo de puntos de referencia para los pequeños pelágicos

Columna A

Columna B

Anchoa

0,23 – 0,30SSBpa

0,30 – 0,364SSBlim

Sardina

0,065 – 0,08

0,08 – 0,11SSBlim

[Enm. 87]

ANEXO II

Puntos de referencia de conservación

(a que se hace referencia en el artículo 5)

Población

Punto de referencia para los niveles mínimos de biomasa de la población reproductora (en toneladas) (RMS Btrigger)

Punto de referencia para los niveles límite de biomasa (en toneladas) (Blim)

Columna A

Columna B

Anchoa

139 000

69 500

Sardina

180 000

36 000

[Enm. 84]

(1) DO C 288 de 31.8.2017, p. 68.
(2)DO C 288 de 31.8.2017, p. 68.
(3)Posición del Parlamento Europeo de 13 de noviembre de 2018.
(4)Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, por la que se establece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino (Directiva marco sobre la estrategia marina) (DO L 164 de 25.6.2008, p. 19).
(5) Directiva del Consejo 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, sobre la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DO L 206 de 22.7.1992, p. 7).
(6) Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres (DO L 20 de 26.1.2010, p. 7).
(7)Reglamento (UE) n.º 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la política pesquera común, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1954/2003 y (CE) n.º 1224/2009 del Consejo, y se derogan los Reglamentos (CE) n.º 2371/2002 y (CE) n.º 639/2004 del Consejo y la Decisión 2004/585/CE del Consejo (DO L 354 de 28.12.2013, p. 22).
(8)Reglamento (CE) n.º 1967/2006 del Consejo, de 21 de diciembre de 2006, relativo a las medidas de gestión para la explotación sostenible de los recursos pesqueros en el mar Mediterráneo y por el que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 2847/93 y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1626/94 (Reglamento del Mediterráneo) (DO L 36 de 8.2.2007, p. 6).
(9)Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) Assessment of Mediterranean Sea stocks - part 2 (STECF-11-14).[Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca (CCTEP). Evaluación de las poblaciones del mar Mediterráneo, parte 2 (CCTEP-11-14); documento en inglés].
(10)Reglamento Delegado (UE) n.º 1392/2014 de la Comisión, de 20 de octubre de 2014, por el que se establece un plan de descartes para determinadas pesquerías de pequeños pelágicos en el mar Mediterráneo (DO L 370 de 30.12.2014, p. 21).
(11) Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) – Small pelagic stocks in the Adriatic Sea. Mediterranean assessments part 1 (STECF-15-14) [Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca (CCTEP). Poblaciones de pequeños pelágicos del Adriático. Evaluaciones del Mediterráneo, parte 1 (CCTEP-15-14); documento en inglés]. 2015. [Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo, EUR 27492 EN, JRC 97707, 52 pp.] [The second part of this reference seems to be mistaken. OPOCE, please check.]
(12)Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) – Small pelagic stocks in the Adriatic Sea. Mediterranean assessments part 1 (STECF-15-14) [Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca (CCTEP). Poblaciones de pequeños pelágicos del Adriático. Evaluaciones del Mediterráneo, parte 1 (CCTEP-15-14); documento en inglés]. 2015. [Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo, EUR 27492 EN, JRC 97707, 52 pp.] [The second part of this reference seems to be mistaken. OPOCE, please check.]
(13)Reglamento (CE) n.º 1224/2009 del Consejo, de 20 de noviembre de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común, se modifican los Reglamentos (CE) n.º 847/96, (CE) n.º 2371/2002, (CE) n.º 811/2004, (CE) n.º 768/2005, (CE) n.º 2115/2005, (CE) n.º 2166/2005, (CE) n.º 388/2006, (CE) n.º 509/2007, (CE) n.º 676/2007, (CE) n.º 1098/2007, (CE) n.º 1300/2008 y (CE) n.º 1342/2008 y se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 2847/93, (CE) n.º 1627/94 y (CE) n.º 1966/2006 (DO L 343 de 22.12.2009, p. 1).
(14) Reglamento (UE) n.º 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 2328/2003, (CE) n.º 861/2006, (CE) n.º 1198/2006 y (CE) n.º 791/2007 del Consejo, y el Reglamento (UE) n.º 1255/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 149 de 20.5.2014, p. 1).
(15) DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
(16)Evaluación de impacto... [incluir referencia cuando se publique].
(17)Reglamento (UE) n.º 1343/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, sobre determinadas disposiciones aplicables a la pesca en la zona del Acuerdo CGPM (Comisión General de Pesca del Mediterráneo) y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1967/2006 del Consejo, relativo a las medidas de gestión para la explotación sostenible de los recursos pesqueros en el Mar Mediterráneo (DO L 347 de 30.12.2011, p. 44).


El Estado de Derecho en Rumanía
PDF 136kWORD 56k
Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de noviembre de 2018, sobre el Estado de Derecho en Rumanía (2018/2844(RSP))
P8_TA(2018)0446B8-0522/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los Tratados, y en particular los artículos 2, 3, 4, 6 y 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Visto el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH),

–  Vista la Constitución de Rumanía,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, titulada «Un nuevo marco de la UE para reforzar el Estado de Derecho» (COM(2014)0158),

–  Visto su debate sobre la democracia y la justicia en Rumanía, celebrado el 2 de febrero de 2017,

–  Visto su debate sobre las amenazas al Estado de Derecho derivadas de la reforma del sistema de justicia rumano, celebrado el 7 de febrero de 2018,

–  Visto su debate sobre el Estado de Derecho en Rumanía, celebrado el 3 de octubre de 2018,

–  Visto el intercambio de puntos de vista, celebrado el 1 de octubre de 2018 en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, con el vicepresidente primero de la Comisión, Frans Timmermans,

–  Vista la audiencia celebrada el 22 de marzo de 2017 en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, sobre democracia y justicia en Rumanía,

–  Vista la declaración conjunta de 24 de enero de 2018 del presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, y del vicepresidente primero Frans Timmermans, sobre los últimos acontecimientos en Rumanía,

–  Visto el dictamen conjunto de la Comisión de Venecia, de 16 de marzo de 2018, sobre el proyecto de Ley de Rumanía n.o 140/2017 por el que se modifica el Decreto n.o 26/2000 sobre asociaciones y fundaciones,

–  Visto el dictamen conjunto de la Comisión de Venecia, de 20 de octubre de 2018, sobre la reforma de las leyes rumanas n.o 303/2004 sobre el estatuto de los jueces y los fiscales, n.o 304/2004 sobre la organización del poder judicial, y n.o 317/2004 sobre el Consejo Superior de la Magistratura,

–  Visto el dictamen conjunto de la Comisión de Venecia, de 20 de octubre de 2018, sobre la reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de Rumanía, que afecta asimismo a la Ley n.o 78/2000 sobre prevención, detección y sanción de los actos de corrupción, y a la Ley n.o 304/2004 sobre la organización del poder judicial,

–  Visto el informe ad hoc sobre Rumanía, de 11 de abril de 2018, del Grupo de Estados del Consejo de Europa contra la Corrupción (GRECO),

–  Visto el informe de la Comisión, de 15 de noviembre de 2017 sobre la evolución de la situación en Rumanía, elaborado en el marco del Mecanismo de Cooperación y Verificación,

–  Vista la aprobación por el Parlamento rumano, en diciembre de 2017, de tres leyes de reforma del poder judicial, por las que se modifica la Ley n.o 303/2004 sobre el estatuto de los jueces y los fiscales, la Ley n.o 304/2004 sobre la organización del poder judicial, y la Ley n.o 317/2004 sobre el Consejo Superior de la Magistratura, Vista la aprobación de la reforma del Código Penal, en junio de 2018, y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en julio de 2018,

–  Vistas la Resolución 2226/2018 y la Recomendación 2134/2018 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa,

–  Vista la Decisión del Tribunal Constitucional de Rumanía, de 20 de octubre de 2018, por la que se determina la inconstitucionalidad de 64 de las 96 modificaciones introducidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal; vista la declaración del Tribunal Constitucional, de 25 de octubre de 2018, según la cual 30 de las modificaciones introducidas en el Código Penal son incompatibles con la Constitución,

–  Vistas las reiteradas protestas que contra la corrupción y a favor del Estado de Derecho se vienen produciendo masivamente desde enero de 2017, incluida la gran manifestación de «Diáspora en Casa» del 10 de agosto de 2018 en Bucarest, que se saldó con cientos de heridos que requirieron atención médica tras la violenta intervención de las fuerzas policiales,

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que la Unión Europea se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías, y que estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad que se caracteriza por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres (artículo 2 del TUE);

B.  Considerando que el artículo 6, apartado 3, del TUE confirma que los derechos fundamentales, garantizados por el CEDH y derivados de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros, son principios generales del Derecho de la Unión;

C.  Considerando que la Unión opera sobre la base de la presunción de la confianza mutua, en el sentido de que los Estados miembros actúan de conformidad con la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, consagrados en el CEDH y en la Carta de los Derechos Fundamentales;

D.  Considerando que la independencia del poder judicial se consagra en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales y el artículo 6 del CEDH, y que es un requisito esencial del principio democrático de la separación de poderes;

E.  Considerando que en su informe sobre Rumania de abril de 2018 el Grupo de Estados del Consejo de Europa contra la Corrupción (GRECO) expresó serios reparos en cuanto a diversos aspectos de las leyes sobre el estatuto de los jueces y los fiscales, sobre la organización del poder judicial y sobre el Consejo Superior de la Magistratura aprobadas por el Parlamento rumano, así como sobre ciertos proyectos de reforma de la legislación penal; que el GRECO cuestiona el proceso legislativo, teme el impacto sobre la independencia del poder judicial y sugiere la existencia de una violación implícita de las normas anticorrupción;

F.  Considerando que la Comisión de Venecia, en su dictamen n.o 924/2018, de 20 de octubre de 2018, que se ciñó a «determinados aspectos especialmente controvertidos de los proyectos», concluyó que «si bien, a raíz de algunas críticas y de diversas resoluciones del Tribunal Constitucional, se han aportado a los proyectos mejoras muy bienvenidas [...] persisten en ellos aspectos importantes que [...] podrían traducirse en presiones sobre jueces y fiscales y en última instancia socavar la independencia del poder judicial y de sus miembros y que, junto con las disposiciones sobre jubilación anticipada, podrían perjudicar también la eficiencia y calidad del mismo, con consecuencias negativas para la lucha contra la corrupción», entendiendo que estos aspectos son susceptibles de «socavar la confianza de la ciudadanía en el poder judicial»(1);

G.  Considerando que la Comisión de Venecia, en su dictamen n.o 930/2018, de 20 de octubre de 2018, concluyó que es «necesario y oportuno que el Parlamento de Rumanía acometa una reforma de las leyes penales a fin de aplicar las resoluciones del Tribunal Constitucional y las correspondientes Directivas de la Unión Europea» y que muchas de las modificaciones «perjudicarán gravemente la eficacia del sistema de justicia rumano en la lucha contra diversas manifestaciones delictivas, incluidas las relacionadas con la corrupción, los delitos violentos y la delincuencia organizada»(2);

H.  Considerando que la Comisión de Venecia, en su dictamen conjunto n.o 914/2018, de 16 de marzo de 2018, se felicitó de que «durante las reuniones en Bucarest, los promotores del proyecto de Ley manifestaron su disposición a modificarlo en determinados aspectos» y pidió a las autoridades rumanas que tuvieran en cuenta sus principales recomendaciones, a saber, que «los nuevos requisitos de información y publicación previstos en el proyecto, incluidas las sanciones de suspensión de actividades y disolución en caso de incumplimiento, son claramente innecesarios y desproporcionados, por lo que deberían ser retirados», y que la publicación de informes financieros detallados cada seis meses y la indicación de la fuente de ingresos independientemente del importe, junto a la sanción de desmantelamiento, tendrá un «efecto inhibidor sobre la sociedad civil» y chocará con «la libertad de asociación y el derecho al respeto de la vida privada»(3);

I.  Considerando que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha pedido a Rumanía que rechace los proyectos de ley recientemente propuestos que imponen a las ONG obligaciones de información financiera adicionales, que los modifique en consonancia con las recomendaciones de la Comisión de Venecia y la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OIDDH de la OSCE) y que los someta a un proceso de consulta pública general antes de su aprobación(4);

J.  Considerando que el 19 de julio de 2018 la Comisión llevó a Rumanía al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la no transposición a su derecho nacional de la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales; que el 24 de octubre de 2018 el Parlamento rumano aprobó el «proyecto de Ley de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo»;

K.  Considerando que se está produciendo un debate respecto al papel de los servicios de inteligencia rumanos y sus supuestas interferencias en las actividades del poder judicial, lo que plantea preguntas respecto al posible alcance y modalidades de dicha injerencia; que la Comisión de Venencia, en su dictamen n.o 924/2018, de 20 de octubre de 2018, concluyó que «parece necesaria una revisión exhaustiva de la normativa legal sobre control de los servicios de inteligencia»;

L.  Considerando que en mayo de 2016 se presentó una petición de revisión de la Constitución de Rumanía para restringir la definición de familia al matrimonio entre hombre y mujer; que numerosos grupos de defensa de los derechos humanos expresaron su preocupación por la posible vulneración de las normas internacionales en la materia y el aumento de la discriminación contra los homosexuales en Rumanía; que dicha revisión fue apoyada por una mayoría parlamentaria de dos tercios; que el referéndum para ratificarla no logró alcanzar la participación requerida del 30 %;

M.  Considerando que, según el Informe Anual de 2018 sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas LGTBI en Europa publicado por la Región Europea de la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas (ILGA-Europe), Rumanía ocupa el puesto 25 entre los 28 Estados miembros de la Unión en lo relativo a incitación al odio, discriminación y legislación contra las personas LGTBI,

N.  Considerando que la Unión Europea está comprometida con el respeto de la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, así como con el derecho a la información y a la libertad de expresión; que la denuncia de irregularidades es una parte esencial del periodismo de investigación y de la libertad de prensa y que, según la Comunicación de la Comisión, de 23 de abril de 2018, sobre el refuerzo de la protección de los denunciantes en la UE (COM(2018)0214), en la mayoría de los Estados miembros los denunciantes solo están protegidos en situaciones muy limitadas; que las funciones de vigilante público de los medios de comunicación son cruciales para la defensa de estos derechos y para la protección de todos los demás derechos fundamentales;

O.  Considerando que Reporteros sin Fronteras ha llamado la atención sobre los intentos de convertir los medios rumanos en herramientas de propaganda política y expresado su preocupación por la censura política en los medios(5);

P.  Considerando que el artículo 12 de la Carta de los Derechos Fundamentales establece que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación en todos los niveles, especialmente en los ámbitos político, sindical y cívico;

Q.  Considerando que las informaciones sobre la violenta intervención de la policía rumana durante las protestas del 10 de agosto de 2018 han suscitado serias dudas en cuanto a la proporcionalidad en el uso de la fuerza y la vulneración de los derechos fundamentales de los manifestantes, lo que ha dado lugar a varias investigaciones de las autoridades judiciales y policiales rumanas;

R.  Considerando que la corrupción sigue suponiendo un desafío en la Unión; que la naturaleza y el alcance de la corrupción puede variar de un Estado a otro, pero no por ello deja de perjudicar al conjunto de la Unión y a su economía y sociedad, de lastrar el desarrollo económico, de socavar la democracia y de dañar el Estado de Derecho;

S.  Considerando que el fiscal en jefe de la Dirección Nacional Anticorrupción fue cesado en su cargo el 9 de julio de 2018, contra la opinión del Consejo Judicial a raíz de una resolución del Tribunal Constitucional que limita los poderes del presidente; que, en sentido contrario, la Comisión de Venecia, en su dictamen n.o 924/2018 de 20 de octubre de 2018, estimó que es importante «reforzar la independencia de los fiscales y preservar y ampliar el papel de instituciones como la Presidencia y el Consejo Superior de la Magistratura, susceptibles de contrarrestar la influencia del Ministerio [de Justicia]»;que el 24 de octubre de 2018 el ministro de Justicia pidió el cese del fiscal general, bajo la acusación de extralimitarse en sus competencias;

1.  Destaca que es de importancia fundamental garantizar que se respeten plenamente los valores europeos comunes enumerados en el artículo 2 del TUE y que se garanticen los derechos fundamentales establecidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea;

2.  Expresa su profunda preocupación por la reforma legislativa del sistema judicial y penal rumano, y concretamente por su potencial de socavar a nivel estructural la independencia del sistema y la capacidad de luchar eficazmente contra la corrupción en el país, así como de debilitar el Estado de Derecho;

3.  Condena la violenta y desproporcionada intervención policial durante las protestas de Bucarest de agosto de 2018; pide a las autoridades rumanas que garanticen una investigación transparente, imparcial y efectiva de las intervenciones de la policía antidisturbios;

4.  Pide a las autoridades rumanas que instauren garantías para asegurar una base transparente y legal para toda cooperación institucional y evitar cualquier interferencia que eluda el sistema de controles y equilibrios; pide que se refuerce el control parlamentario sobre los servicios de inteligencia;

5.  Insta a las autoridades rumanas a que contrarresten cualquier medida que despenalice la corrupción en el ejercicio de cargos públicos y a que apliquen la estrategia nacional anticorrupción;

6.  Recomienda encarecidamente que se reconsidere la legislación sobre la financiación, organización y funcionamiento de las ONG por lo que respecta al posible efecto intimidatorio sobre la sociedad civil y su choque con el principio de libertad de asociación y el derecho a la intimidad; considera que esta legislación debe ser plenamente armonizada con el marco de la Unión;

7.  Insta al Gobierno y al Parlamento rumanos a que apliquen plenamente todas las recomendaciones de la Comisión Europea, del GRECO y de la Comisión de Venecia, y a que se abstengan de llevar a cabo cualquier reforma que pueda poner en peligro el respeto del Estado de Derecho, lo que también incluye la independencia judicial; insta a un compromiso continuado con la sociedad civil y destaca la necesidad de abordar las cuestiones citadas más arriba sobre la base de un proceso transparente e inclusivo; anima a solicitar, de forma proactiva, la evaluación por la Comisión de Venecia de las medidas legislativas en cuestión antes de su aprobación definitiva;

8.  Pide al Gobierno rumano que coopere con la Comisión Europea, conforme al principio de cooperación leal establecido en el Tratado;

9.  Reitera su pesar por la decisión de la Comisión de no publicar el informe sobre la lucha contra la corrupción en 2017, e insta encarecidamente a la Comisión a que reanude sin demora su labor de observación de la corrupción en todos los Estados miembros; pide a la Comisión que desarrolle un sistema de indicadores rigurosos y criterios uniformes fácilmente aplicables para medir el nivel de corrupción en los Estados miembros y evaluar sus políticas de lucha contra la corrupción, de acuerdo con la Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de marzo de 2016, sobre el Informe anual 2014 sobre la protección de los intereses financieros de la UE(6);

10.  Pide enérgicamente un proceso periódico, sistemático y objetivo de vigilancia y diálogo en el que participen todos los Estados miembros con el fin de salvaguardar los valores fundamentales de la Unión, a saber, la democracia, los derechos fundamentales y el Estado de Derecho, con la participación del Consejo, la Comisión y el Parlamento, tal como se propone en su Resolución, de 25 de octubre de 2016, sobre el establecimiento de un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales (Pacto sobre la Democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Fundamentales)(7); reitera que este mecanismo debería consistir en un informe anual con recomendaciones específicas por país(8);

11.  Pide a la Comisión que, en su calidad de guardiana de los Tratados, supervise el seguimiento dado por las autoridades rumanas a las recomendaciones y al mismo tiempo siga ofreciendo a este país todo su apoyo para dar con las soluciones adecuadas;

12.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Consejo, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y al presidente de Rumanía.

(1) Dictamen de la Comisión de Venecia n.o 924/2018, de 20 de octubre de 2018 (CDL-AD(2018)017).
(2) Dictamen de la Comisión de Venecia n.o 930/2018, de 20 de octubre de 2018 (CDL-AD(2018)021).
(3) Dictamen Conjunto de la Comisión de Venecia n.o 914/2018, de 16 de marzo de 2018 (CDL-AD(2018)004).
(4) Resolución 2226/2018 y Recomendación 2134/2018 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.
(5) https://rsf.org/esromania
(6) DO C 50 de 9.2.2018, p. 2.
(7) DO C 215 de 19.6.2018, p. 162.
(8) Véase: Resolución del Parlamento Europeo de 13 de diciembre de 2016 sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea en 2015 (DO C 238 de 6.7.2018, p. 2).


Normas mínimas para las minorías en la Unión Europea
PDF 179kWORD 70k
Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de noviembre de 2018, sobre las normas mínimas para las minorías en la Unión Europea (2018/2036(INI))
P8_TA(2018)0447A8-0353/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los artículos 2 y 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE) y el artículo 19 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Vistos los artículos 10, 21 y 22 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Vista la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico(1) (Directiva sobre igualdad racial),

–  Vistos los criterios de Copenhague, así como el conjunto de normas de la Unión que un país candidato tiene que cumplir si desea adherirse a esta (el acervo),

–  Vistas la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948,

–  Vista la Resolución de las Naciones Unidas A/RES/60/7, adoptada por su Asamblea General el 1 de noviembre de 2005 con el título «Recordación del Holocausto»,

–  Vistos el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y los protocolos al mismo, en especial el protocolo n.º 12 sobre la no discriminación,

–  Vistos el Informe sobre los derechos fundamentales de 2018 de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) y su segunda Encuesta de la Unión Europea sobre las minorías y la discriminación (EU-MIDIS II),

–  Vistos la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo (A/RES/61/106), aprobados el 13 de diciembre de 2006,

–  Vistos el Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales del Consejo de Europa y la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias,

–  Vista la Resolución 1985 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, adoptada en 2014, sobre la situación y los derechos de las minorías nacionales en Europa,

–  Vista la Resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa n.º 2153, adoptada en 2017, sobre el fomento de la inclusión de los gitanos y travellers,

–  Vista la Resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa n.º 2196, adoptada en 2018, sobre la protección y el fomento de las lenguas regionales o minoritarias en Europa,

–  Vista la Resolución n.º 424 del Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa, adoptada en 2017, sobre las lenguas regionales y minoritarias en la Europa de hoy,

–  Vista la Recomendación n.º 1201 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, adoptada en 1993, para un protocolo adicional al Convenio Europeo de Derechos Humanos sobre los derechos de las minorías,

–  Vista la Declaración del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre el auge del antigitanismo y la violencia racista contra los gitanos, adoptada el 1 de febrero de 2012,

–  Vista la directriz n.º 5 sobre las relaciones entre el Consejo de Europa y la Unión Europea, adoptada en la tercera cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Varsovia los días 16 y 17 de mayo de 2005,

–  Visto el Documento de Copenhague de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), de 1990, y las numerosas directrices y recomendaciones temáticas sobre los derechos de las minorías publicadas por el Alto Comisionado de la OSCE para las Minorías Nacionales y la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE,

–  Vista su Resolución, de 7 de febrero de 2018, sobre la protección y no discriminación de minorías en los Estados miembros de la Unión(2),

–  Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2017, sobre los aspectos de la integración de los gitanos en la Unión relacionados con los derechos fundamentales: combatir el antigitanismo(3),

–  Vista la Decisión Marco 2008/913/JAI del Consejo, de 28 de noviembre de 2008, relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho penal(4),

–  Vista su Resolución, de 13 de diciembre de 2016, sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea(5),

–  Vista su Resolución, de 15 de abril de 2015, con ocasión del Día Internacional del Pueblo Gitano – antigitanismo en Europa y reconocimiento por la UE del día de conmemoración del genocidio del pueblo gitano durante la Segunda Guerra Mundial(6),

–  Vista su Resolución, de 11 de septiembre de 2013, sobre las lenguas europeas amenazadas de desaparición y la diversidad lingüística en la Unión Europea(7),

–  Vista su Resolución, de 8 de junio de 2005, sobre la protección de las minorías y las políticas de lucha contra la discriminación en la Unión Europea ampliada(8),

–  Vista su Resolución, de 12 de diciembre de 2017, sobre el Informe sobre la ciudadanía de la UE 2017: Fortaleciendo los derechos de los ciudadanos en una Unión de cambio democrático(9),

–  Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2016, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el establecimiento de un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales(10),

–  Vistas las sentencias y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en particular en el asunto T-646/13 (Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe /Comisión), y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH),

–  Vistos los informes y estudios de la FRA, por ejemplo, el informe «Respeto y protección de personas pertenecientes a minorías 2008-2010», así como los demás informes pertinentes de las organizaciones nacionales, europeas e internacionales y las ONG sobre este asunto,

–  Vistas las actividades y conclusiones del Intergrupo de Minorías tradicionales, Comunidades nacionales y las Lenguas del Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la opinión de la Comisión de Cultura y Educación (A8-0353/2018),

A.  Considerando que los derechos de las personas que pertenecen a minorías son parte integrante de los derechos humanos, que son universales, indivisibles e independientes; que proteger y promover los derechos de las minorías es fundamental para la paz, la seguridad y la estabilidad y para el fomento de la tolerancia, el respeto y la comprensión mutuos y la cooperación entre todas las personas que viven en un mismo territorio;

B.  Considerando que la Unión es un crisol de culturas, lenguas, religiones, tradiciones e historia que forman una comunidad de ciudadanos diversos unidos por sus valores fundamentales comunes; que esta riqueza no es inherente, sino que debe protegerse y nutrirse;

C.  Considerando que aproximadamente el 8 % de los ciudadanos de la Unión pertenece a una minoría nacional y aproximadamente el 10 % habla una lengua regional o minoritaria; que el acoso, la discriminación y la violencia persistentes limitan la capacidad de las personas para disfrutar plenamente de sus derechos y libertades fundamentales y socavan su participación en la sociedad en condiciones de igualdad;

D.  Considerando que la protección de los derechos de las personas pertenecientes a minorías puede ayudar a construir un futuro sostenible para Europa y contribuir a garantizar el respeto de los principios de dignidad, igualdad y no discriminación; que los beneficios no se limitan a las minorías pues esta protección y promoción aportarán estabilidad, desarrollo económico y prosperidad para todos;

E.  Considerando que el Tratado de Lisboa introdujo el término «personas pertenecientes a minorías» en el Derecho de la Unión, la primera referencia explícita de la historia del Derecho de la Unión; que el artículo 2 del TUE establece que la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, la primacía del Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías, y que estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres; considerando que estos valores son comunes a todos los Estados miembros y que deben ser respetados y promovidos activamente por cada uno de ellos y por la Unión en todas sus políticas, tanto internas como externas, de manera coherente; que estos derechos merecen el mismo trato que los demás derechos consagrados en los Tratados;

F.  Considerando que los Tratados de la Unión, siguiendo el enfoque del Derecho internacional a este respecto, no definen el término «minorías»; que, en virtud del artículo 17 del TUE, la Comisión debe velar por que se apliquen los Tratados;

G.  Considerando que el artículo 19 del TFUE establece que el Consejo, por unanimidad, con arreglo a un procedimiento legislativo especial, y previa aprobación del Parlamento Europeo, podrá adoptar acciones adecuadas para luchar contra la discriminación;

H.  Considerando que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea hace de la noción de «minorías nacionales» un término del Derecho de la Unión; que el artículo 21 de la Carta subraya explícitamente que está prohibida la discriminación; que se debe prestar especial atención a la protección de los derechos fundamentales de las personas en las situaciones más vulnerables;

I.  Considerando que, al definir la ciudadanía de la Unión, el artículo 9 del TUE dispone expresamente que la Unión respetará el principio de la igualdad de sus ciudadanos, que se beneficiarán por igual de la atención de sus instituciones, órganos y organismos;

J.  Considerando que el Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales y la Carta de las Lenguas son importantes logros del sistema internacional de protección de las minorías e importantes instrumentos normativos internacionales para los Estados parte; que el impacto de los acuerdos en cuestión se ve debilitado por la lentitud del proceso de ratificación, las reservas formuladas por las Partes y por la falta de poderes de control, que los hace dependientes de la buena voluntad de los Estados; que la no aplicación sistemática de las sentencias, decisiones y recomendaciones también conduce a una normalización del incumplimiento de los dos instrumentos internacionales;

K.  Considerando que las mejores prácticas que ya se aplican en algunos Estados miembros, como Italia (Trentino-Alto Adigio / Tirol Meridional) o Alemania (Schleswig-Holstein) deben tenerse en cuenta a la hora de desarrollar normas mínimas comunes para la protección de los derechos de las personas pertenecientes a minorías;

L.  Considerando que se garantizan los derechos de las personas pertenecientes a minorías tanto en los acuerdos internacionales multilaterales como en los bilaterales y se confirman en el orden constitucional de muchos Estados y que su observancia constituye un requisito esencial para evaluar el Estado de Derecho;

M.  Considerando que la Directiva sobre igualdad racial constituye una medida jurídica clave para luchar contra la discriminación étnica y racial; que varios Estados miembros aún no la han aplicado plenamente; que, según se establece en el artículo 5 de dicha Directiva, con el fin de garantizar la plena igualdad en la práctica, el principio de igualdad de trato no impedirá que un Estado miembro mantenga o adopte medidas específicas para prevenir o compensar las desventajas que afecten a personas de un origen racial o étnico concreto;

N.  Considerando que el lema de la Unión «Unida en la diversidad» adoptado desde el año 2000, subraya el respeto de la diversidad como uno de los valores fundamentales de la Unión Europea;

O.  Considerando que los criterios de Copenhague forman parte de los criterios de adhesión a la Unión; que uno de los tres criterios de Copenhague claramente obliga a los países a garantizar la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y el respeto y la protección de las minorías; que no existe ningún otro control de los derechos de las minorías una vez que un país candidato se convierte en Estado miembro;

P.  Considerando que la experiencia ha demostrado que los países en fase de preadhesión están más dispuestos a cumplir los criterios de Copenhague; que, como consecuencia de la falta de un marco adecuado para garantizar el cumplimiento de estos criterios después de la adhesión, los Estados miembros pueden experimentar posteriormente un grave retroceso; que la Unión sigue careciendo de normas europeas comunes para proteger a las minorías en los Estados miembros;

Q.  Considerando que, en la actualidad, la Unión dispone de instrumentos de eficacia limitada para responder a las manifestaciones sistemáticas e institucionales de discriminación, racismo y xenofobia; que, a pesar de los numerosos llamamientos a la Comisión al respecto, solo se han adoptado medidas limitadas para garantizar una protección eficaz de las personas pertenecientes a minorías;

R.  Considerando que es necesario desarrollar mecanismos y procesos sólidos del Estado de Derecho para garantizar el respeto de los principios y valores del Tratado en toda la Unión; que el respeto de los derechos de las personas pertenecientes a minorías es uno de los elementos constitutivos de estos valores; que deberían existir mecanismos eficaces para colmar las lagunas existentes; que dichos mecanismos deben estar basados en pruebas, ser objetivos y no discriminatorios, respetar los principios de subsidiariedad, necesidad y proporcionalidad, ser aplicable a las instituciones tanto de los Estados miembros como de la Unión, y estar basado en un enfoque gradual, que incluya tanto una vertiente preventiva como una vertiente correctiva; que, en su Resolución, de 25 de octubre de 2016, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el establecimiento de un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, el Parlamento ha confirmado su apoyo a este respecto, y que esto podría ser fundamental para adoptar un enfoque europeo coordinado en relación con la gobernanza, algo que, por el momento, no existe;

S.  Considerando que las lenguas, la expresión más directa de la cultura, son parte integral de la identidad europea; que el respeto por la diversidad lingüística es un valor fundamental de la Unión, tal como se estipula, por ejemplo, en el artículo 22 de la Carta y en el preámbulo del TUE, en el que se lee «inspirándose en la herencia cultural, religiosa y humanista de Europa, a partir de la cual se han desarrollado los valores universales de los derechos inviolables e inalienables de la persona, así como la libertad, la democracia, la igualdad y el Estado de Derecho»;

T.  Considerando que la diversidad lingüística es una parte importante de la riqueza cultural de una región; que entre 40 y 50 millones de personas en la Unión hablan una de sus 60 lenguas regionales y minoritarias, algunas de las cuales se encuentran en grave peligro; que el declive de las lenguas minoritarias es perceptible en toda Europa; que las lenguas habladas por pequeñas comunidades y sin carácter oficial están aún más expuestas al peligro de extinción;

U.  Considerando que se calcula que una de cada mil personas utiliza la lengua de signos nacional como su primera lengua; que a estas lenguas debe concedérseles el estatuto de lenguas oficiales;

V.  Considerando que en las sociedades inclusivas, la identidad individual y la identidad nacional son importantes y que ninguna de las dos excluye a la otra; que los sistemas legislativos nacionales de los Estados miembros en relación con las minorías contienen lagunas importantes y representan un bajo nivel de armonización y simetría;

W.  Considerando que el patrimonio cultural de Europa es rico y diverso; que el patrimonio cultural enriquece la vida de los ciudadanos; que en el artículo 3 del TUE se dispone, entre otras cosas, que la Unión «respetará la riqueza de su diversidad cultural y lingüística y velará por la conservación y el desarrollo del patrimonio cultural europeo»; que las personas pertenecientes a minorías que han vivido en Europa durante siglos contribuyen a este patrimonio rico, único y diverso y forman parte integrante de la identidad europea;

X.  Considerando que existen grandes diferencias entre los distintos Estados miembros en lo que respecta al reconocimiento de las minorías y al respeto de sus derechos; que las minorías en toda la Unión siguen enfrentándose a una discriminación institucionalizada y están sujetas a estereotipos despectivos e incluso a menudo ven restringidos o aplicados de forma selectiva sus derechos adquiridos;

Y.  Considerando que existe una diferencia entre la protección de las minorías y las políticas de lucha contra la discriminación; que la no discriminación no es suficiente para detener la asimilación; que la igualdad efectiva va más allá de la no discriminación y significa garantizar a las minorías el disfrute de sus derechos, como el derecho a la identidad, al uso de la lengua y a la educación, a los derechos culturales y de ciudadanía, etc., en las mismas condiciones que la mayoría;

Z.  Considerando que el aumento de la violencia xenófoba y de la incitación al odio en la Unión Europea, a menudo promovida por fuerzas de extrema derecha, afecta y se dirige a personas pertenecientes a minorías;

AA.  Considerando que los ciudadanos de la Unión pertenecientes a minorías esperan que se haga más a nivel europeo para proteger sus derechos, como lo atestigua el gran número de peticiones presentadas al Parlamento Europeo a este respecto;

AB.  Considerando que la iniciativa ciudadana europea «Minority SafePack» ha recogido 1 215 879 firmas en toda la Unión, mostrando la voluntad de esos ciudadanos europeos de reforzar el marco legislativo que rige las políticas sobre minorías a nivel de la Unión;

AC.  Considerando que se puede mejorar considerablemente la manera en que se protegen los derechos de las minorías en la Unión; que la legitimidad de las instituciones democráticas se basa en la participación y la representación de todos los grupos de la sociedad, incluidas las personas pertenecientes a minorías;

1.  Recuerda que los Estados miembros están obligados a garantizar a las minorías el pleno ejercicio de los derechos humanos, como individuos y como comunidad;

2.  Recuerda que, mientras que la protección de las minorías es parte de los criterios de Copenhague, tanto para los países candidatos como para los Estados miembros, no existe ninguna garantía de que los países candidatos vayan a respetar los compromisos asumidos en virtud de los criterios de Copenhague una vez que se conviertan en Estados miembros;

3.  Señala que la Unión sigue careciendo de instrumentos eficaces para controlar y hacer valer los derechos de las minorías; lamenta que, en el ámbito de la protección de las minorías, la Unión haya dado por supuesto que sus Estados miembros respetan los derechos de las minorías o haya confiado en instrumentos de supervisión externos, como los de las Naciones Unidas, el Consejo de Europa o la OSCE;

4.  Señala que el respeto de los criterios de Copenhague —que los Estados deben cumplir antes y después de su adhesión a la Unión— debe estar sujeto a un seguimiento constante y a un diálogo constante en el Parlamento, la Comisión y el Consejo y entre estas instituciones; subraya la necesidad de crear un sistema global de protección a escala de la Unión para las minorías, acompañado de un sólido mecanismo de supervisión;

5.  Recuerda que, de conformidad con el artículo 17, apartado 1, del TUE, la Comisión, en su calidad de guardiana de los Tratados, cuenta con la legitimidad y autoridad para velar por que todos los Estados miembros respeten el Estado de Derecho y otros valores mencionados en el artículo 2 del TUE; considera, por lo tanto, que las medidas adoptadas por la Comisión para llevar a cabo su misión y garantizar que se sigan cumpliendo las condiciones que existían antes de la adhesión del Estado miembro no constituyen una violación de la soberanía de los Estados miembros;

6.  Recuerda que, en el marco de las normas internacionales existentes, todos los Estados miembros tienen derecho a definir a las personas pertenecientes a minorías nacionales;

7.  Recuerda que no existen normas comunes para los derechos de las minorías en la política de la Unión ni una interpretación común de quién puede ser considerada persona perteneciente a una minoría; señala que no existe ninguna definición de minoría en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, ni en el Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales; subraya la necesidad de proteger a todas las minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, independientemente de la definición, e insiste en que cualquier definición debe aplicarse de manera flexible, ya que la inclusión de facto de los beneficiarios bajo la protección de los derechos de las minorías suele formar parte de un proceso evolutivo que, con el tiempo, puede conducir al reconocimiento formal; recomienda que, respecto a los principios de subsidiariedad, proporcionalidad y no discriminación, la definición de «minoría nacional» debe basarse en la definición incluida en la Recomendación n.º 1201 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (1993) para un protocolo adicional al Convenio Europeo de Derechos Humanos sobre los derechos de las minorías, es decir, un grupo de personas de un Estado que:

   residen en el territorio de ese Estado y son ciudadanos del mismo;
   mantienen desde largo tiempo lazos firmes y duraderos con ese Estado;
   exhiben características distintivas étnicas, culturales, religiosas o lingüísticas;
   son suficientemente representativos, aunque en menor número que el resto de la población de ese Estado o de una región de ese Estado,
   están motivados por el interés de preservar conjuntamente aquello que constituye su identidad común, incluida su cultura, sus tradiciones, su religión o su idioma;

8.  Recuerda la directriz n.º 5 sobre las relaciones entre el Consejo de Europa y la Unión Europea tal como fue adoptada por los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros del Consejo de Europa, reunidos en Varsovia los días 16 y 17 de mayo de 2005, en la que se afirma que la Unión se esforzará por transponer al Derecho de la Unión aquellos aspectos de los convenios del Consejo de Europa que entren en su ámbito de competencias;

9.  Observa que algunas disposiciones del Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales y de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias (la «Carta de las Lenguas») entran en las competencias de la Unión, y recuerda la conclusión de la FRA en el sentido de que, si bien la Unión no posee la competencia legislativa general para regular la protección de las minorías nacionales como tal, sí puede legislar sobre varias cuestiones que afectan a las personas pertenecientes a minorías;

10.  Considera que es necesaria una propuesta legislativa sobre normas mínimas de protección de las minorías en la Unión, tras una adecuada evaluación de impacto y con arreglo a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad aplicables a los Estados miembros, con el fin de mejorar la situación de las minorías y proteger los derechos ya existentes en todos los Estados miembros, evitando al mismo tiempo los dobles raseros; considera, respetando al mismo tiempo los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, que dichas normas deben comenzar por aquellas ya codificadas en instrumentos jurídicos internacionales y que deben estar firmemente ancladas en un marco jurídico que garantice la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales en la Unión e ir acompañadas de un mecanismo de supervisión de su funcionamiento; pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que sus ordenamientos jurídicos garanticen que no se discrimine a las personas pertenecientes a minorías y que adopten y apliquen medidas de protección específicas;

11.  Recuerda que la protección de los derechos de las minorías es parte de la propuesta para la celebración de un pacto de la Unión sobre la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales; recuerda, a este respecto, la solicitud formulada en su Resolución, de 25 de octubre de 2016, sobre un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, y reitera su solicitud a la Comisión de que presente una propuesta para la celebración de un pacto de la Unión sobre la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales; pide a la Comisión que integre los derechos de las minorías en todos los ámbitos posibles del mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales;

12.  Anima a la Comisión a crear un órgano a nivel de la Unión (ya sea dentro de las estructuras existentes o como órgano separado) para el reconocimiento y la protección de las minorías en la Unión;

13.  Acoge con satisfacción el éxito del registro y la recopilación de firmas de la campaña de la Iniciativa Ciudadana Europea titulada «Minority Safepack», que aboga por un marco europeo para la protección de las minorías; anima a la Comisión a estudiar formas de avanzar de modo que los intereses y las necesidades de las minorías pudieran estar mejor representados a nivel de la Unión.

14.  Anima a la Comisión y a los Estados miembros a que protejan el derecho de las personas pertenecientes a minorías nacionales a preservar, proteger y desarrollar su propia identidad, y a que adopten las medidas necesarias para promover una participación efectiva de las minorías en la vida social, económica y cultural, así como en los asuntos públicos;

15.  Recuerda que el acceso a la ciudadanía de la Unión se adquiere a través de la nacionalidad de un Estado miembro, regulada por las leyes nacionales; recuerda que, en el contexto del acceso a la ciudadanía nacional, los Estados miembros deben regirse por los principios del Derecho de la Unión, como los principios de proporcionalidad y de no discriminación, ambos ampliamente desarrollados en la jurisprudencia del TJUE; considerando que el artículo 20 del TFUE dispone que será ciudadano de la Unión toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro, con los derechos y obligaciones consagrados en los Tratados y en la Carta; recuerda que, según los Tratados, todo ciudadano de la Unión ha de beneficiarse por igual de la atención de las instituciones de la Unión;

16.  Recuerda su profunda preocupación por el número de gitanos apátridas en Europa, lo que conlleva una denegación total de su acceso a servicios sociales, educativos y sanitarios y los relega a los márgenes de la sociedad; pide a los Estados miembros que supriman la apatridia y garanticen que todas las personas puedan disfrutar de los derechos humanos fundamentales;

17.  Anima a los Estados miembros a que adopten medidas eficaces para eliminar cualquier obstáculo al acceso al sistema sanitario para las personas pertenecientes a minorías; observa que los grupos minoritarios tienen menor acceso a los servicios de salud y a la información sanitaria; anima a la Comisión y a los Estados miembros a que garanticen a las minorías el acceso a la asistencia sanitaria, tanto física como mental, y sin discriminación;

18.  Pide a la Unión Europea que se adhiera, y a los Estados miembros que ratifiquen el Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales y la Carta de las Lenguas, y que respeten los principios establecidos en dichos documentos; pide a los Estados miembros y a la Comisión que se abstengan de adoptar actos contrarios a dichos principios; subraya que, a la vez que establecen normas mínimas para las minorías en la Unión, las instituciones y los Estados miembros deben abstenerse de adoptar leyes y medidas administrativas que debiliten o conculquen los derechos de las personas pertenecientes a minorías;

19.  Reafirma que los pueblos indígenas, en el ejercicio de sus derechos, deben estar libres de todo tipo de discriminación y tener derecho a la dignidad y a la diversidad de su cultura, sus tradiciones, su historia y sus aspiraciones, lo que deberá reflejarse adecuadamente en la educación y la información pública; alienta a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho a que ratifiquen el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales (Convenio n.º 169 de la OIT) y lo apliquen de buena fe;

20.  Considera que deben desarrollarse normas mínimas comunes para la protección de los derechos de las personas pertenecientes a minorías en la Unión, siguiendo los principios de procedimiento de buena vecindad, relaciones amistosas y garantizando la cooperación tanto entre los Estados miembros como con los países vecinos no pertenecientes a la Unión, sobre la base de la aplicación de las normas y los estándares internacionales; considera que la adopción de normas comunes y mínimas europeas no debe menoscabar los derechos y las normas ya existentes que protegen a las personas pertenecientes a minorías; recuerda la necesidad de ejecutar los compromisos adoptados y los principios desarrollados en el marco de la OSCE, en especial sus directrices y recomendaciones temáticas; recuerda que la Comisión ya ha tenido en cuenta estas normas en el marco de los criterios de Copenhague durante las negociaciones de adhesión; pide a la Comisión, a este respecto, que aplique las mismas normas a todos los Estados miembros de la Unión;

21.  Subraya que las políticas de no discriminación por sí solas no resuelven los problemas a los que se enfrentan las minorías y no previenen su asimilación; observa que las personas pertenecientes a minorías son una categoría especial en cuanto al derecho de recurso y tienen necesidades específicas que deben satisfacerse a fin de garantizarles una igualdad plena y efectiva, y que es necesario respetar y fomentar sus derechos, entre ellos el derecho a expresarse libremente, conservar y desarrollar su identidad cultural o lingüística, respetando la identidad, los valores y los principios del Estado en que residen; insta a la Comisión a que fomente el control periódico de la diversidad lingüística y cultural en la Unión;

22.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que continúen apoyando y financiando la recopilación de datos sobre igualdad fiables y sólidos, consultando con los representantes de las minorías para medir las desigualdades y la discriminación; pide que se lleve a cabo un seguimiento eficaz a escala de la Unión de la situación de las minorías nacionales y étnicas; considera que la FRA debe realizar un mejor seguimiento de la discriminación contra las minorías nacionales y étnicas en los Estados miembros;

23.  Reconoce el importante papel de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en la protección de las minorías, la lucha contra la discriminación y la promoción de los derechos de las minorías; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que promuevan una financiación suficiente y el apoyo a esas organizaciones;

24.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que salvaguarden la protección de las minorías y aborden las desigualdades dentro de las mismas, ya que las personas pertenecientes a minorías se enfrentan a menudo a discriminaciones múltiples e intersectoriales; pide a la Comisión y a los Estados miembros que lleven a cabo investigaciones que aborden el complejo problema de la discriminación múltiple e intersectorial;

Lucha contra la discriminación, los delitos motivados por el odio y la incitación al odio

25.  Manifiesta su preocupación por el alarmante aumento de los delitos de odio y la incitación al odio motivados por el racismo, la xenofobia o la intolerancia religiosa dirigidos contra las minorías en Europa; pide a la Unión y a los Estados miembros que intensifiquen la lucha contra los delitos de odio y las actitudes y comportamientos discriminatorios; pide a la Comisión y a la FRA que continúen su trabajo sobre el control de los delitos de odio y la incitación al odio en los Estados miembros dirigidos contra las minorías, y que informen regularmente sobre los casos y las tendencias;

26.  Condena inequívocamente toda forma de discriminación, sea cual sea la causa, y toda forma de segregación, el discurso del odio, los delitos motivados por el odio y la exclusión social, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que condenen claramente y sancionen la negación de las atrocidades contra minorías nacionales o étnicas; Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2017, sobre los aspectos de la integración de los gitanos en la Unión relacionados con los derechos fundamentales: combatir el antigitanismo; recuerda que todos los ciudadanos europeos deben recibir asistencia y gozar de protección en la misma medida, con independencia de su origen étnico o cultural; pide a la Comisión que cree un marco europeo y a los Estados miembros que elaboren planes nacionales específicos para hacer frente a la violencia xenófoba y a la incitación al odio contra las personas pertenecientes a minorías;

27.  Subraya que los Estados miembros deben promover unas relaciones amistosas y estables mutuas, y les anima a que mantengan un diálogo abierto y de apoyo con los países vecinos, especialmente en las regiones fronterizas en las que existen diversas lenguas y culturas;

28.  Anima a la Comisión y a los Estados miembros a que introduzcan actividades de concienciación que sensibilicen a la población de la Unión sobre la diversidad, y a que promuevan todas las formas pacíficas de manifestación de las culturas minoritarias; anima a los Estados miembros a que incluyan la historia de las minorías nacionales y étnicas y a que promuevan la cultura de la tolerancia en sus escuelas como parte de los planes de estudio; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que lancen diálogos culturales, incluso, aunque no exclusivamente, en los colegios, sobre las diferentes formas y caras del odio contra grupos minoritarios; anima a los Estados miembros a que velen por que la no discriminación, así como la historia y los derechos de las personas pertenecientes a minorías, se integren en los contenidos del sistema educativo nacional;

29.  Anima a la Comisión y a los Estados miembros a lanzar campañas contra los discursos de incitación al odio, a crear unidades de lucha contra los delitos motivados por el odio en el seno de las fuerzas policiales basadas en el conocimiento de los retos a los que se enfrentan los diferentes grupos minoritarios y a realizar actividades de formación continua, así como a garantizar la igualdad de las personas pertenecientes a minorías ante la ley y a garantizar la igualdad de acceso a la justicia y a los derechos procesales.

30.  Considera que la Comisión y los Estados miembros deben velar por que los miembros de las minorías puedan ejercer sus derechos sin temor; a este respecto, insta a los Estados miembros a que incluyan educación obligatoria en derechos humanos, ciudadanía democrática y alfabetización política en sus programas escolares a todos los niveles; anima a la Comisión y a los Estados miembros a que proporcionen formación obligatoria a los responsables políticos, que son fundamentales para la correcta aplicación de la legislación de la Unión y de los Estados miembros y que deben estar preparados para servir a todos los ciudadanos desde un enfoque basado en los derechos humanos; pide a la Comisión y a los Estados miembros que aborden la discriminación intersectorial tanto en sus políticas como a través de sus programas de financiación;

31.  Anima a los Estados miembros a que, para generar confianza mutua, establezcan comisiones nacionales de la verdad y la reconciliación con el fin de reconocer la persecución, la exclusión y el rechazo de los miembros de minorías a lo largo de los siglos, y a que documenten estas cuestiones; pide a los Estados miembros que condenen inequívocamente y sancionen la negación de las atrocidades cometidas contra miembros de minorías nacionales, y les anima a que celebren y honren los principales días de conmemoración de los grupos minoritarios a nivel estatal, como por ejemplo la jornada de conmemoración del holocausto romaní; anima a los Estados miembros a que creen instituciones que muestren la historia y la cultura de los grupos minoritarios y a que les presten asistencia financiera y administrativa;

32.  Considera clave la participación activa y significativa de los grupos minoritarios en los ámbitos social, económico, político y cultural; pide, por tanto, a la Comisión y a los Estados miembros que elaboren estrategias que incluyan medidas proactivas y de reacción sobre la base de consultas reales y sistemáticas con los representantes de los grupos minoritarios, y que los involucren en la gestión, el seguimiento y la evaluación de los programas y proyectos generales que se pongan en marcha a todos los niveles, incluido el local, con el fin de salvaguardar su carácter inclusivo y no discriminatorio;

33.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la aplicación y cumplimiento plenos de la Directiva sobre igualdad racial, y les anima a participar en campañas de concienciación sobre la legislación relativa a la lucha contra la discriminación; considera que los Estados miembros deben velar por que las sanciones sean suficientemente eficaces, proporcionadas y disuasorias, tal como exige la Directiva; pide a la Comisión que supervise adecuadamente la aplicación de la Directiva;

34.  Lamenta que la propuesta de Directiva sobre igualdad de trato de 2008 (COM(2008)0426) siga todavía pendiente de la aprobación del Consejo; reitera su llamamiento al Consejo para que adopte su posición lo antes posible;

Minorías nacionales y étnicas

35.  Toma nota de que las minorías nacionales y étnicas son grupos de personas pertenecientes a minorías que han estado viviendo en el mismo territorio y compartiendo una identidad común, en algunos casos como resultado de cambios de fronteras, y en otros por el hecho de haber vivido largo tiempo en una zona, donde han sabido preservar su identidad; pide a la Comisión y a los Estados miembros que protejan la identidad cultural y lingüística de las minorías nacionales, y que creen las condiciones para la promoción de esa identidad; destaca la importante función que las autoridades regionales y locales de la Unión pueden desempeñar en la protección de las minorías nacionales y étnicas, y considera que la reorganización administrativa y la redelimitación territorial no debe tener consecuencias negativas para ellas; anima a los Estados miembros a proporcionar recursos financieros para la aplicación de los derechos de las minorías con cargo al presupuesto central, a fin de no sobrecargar los presupuestos locales;

36.  Anima a la Comisión y a los Estados miembros a que garanticen la igualdad de oportunidades de las minorías nacionales y étnicas para participar en la vida política y social de la sociedad. anima a los Estados miembros a que adopten sistemas y leyes electorales que faciliten la representación de las minorías nacionales y étnicas; pide a los Estados miembros que adopten medidas correctoras inmediatas para poner fin a la inscripción discriminatoria de los nacimientos, que lleven a cabo la inscripción de los nacimientos de los miembros de los grupos minoritarios sin discriminación y que se aseguren de que los carnés de identidad expedidos no son discriminatorios;

37.  Anima a la Comisión y a los Estados miembros a que hagan un análisis coherente de las políticas actuales en materia de minorías con el fin de aclarar los puntos fuertes y los retos, y de garantizar el respeto de los derechos de las minorías nacionales y étnicas;

38.  Pide a la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) que elabore un dictamen sobre la manera de crear medios para proteger y promover los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales, de conformidad con la sentencia del TJUE en el asunto T-646/13;

Derechos culturales

39.  Subraya que las actividades culturales son ámbitos esenciales para preservar la identidad de las minorías nacionales y que la preservación de las tradiciones de las minorías y la expresión de los valores artísticos en la lengua materna son especialmente importantes a la hora de preservar la diversidad europea; señala que mantener el patrimonio cultural de las minorías es de interés común para la Unión y los Estados miembros; anima a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen, mejoren y promuevan los derechos culturales de las minorías;

40.  Recuerda que es esencial comprender qué se entiende por «cultura» para definir el alcance de los derechos de las minorías a este respecto; señala que la cultura, en sentido amplio, es la suma de todas las actividades y logros materiales e inmateriales de una comunidad y aquello que la distingue de otras comunidades; subraya que los derechos culturales deben incluir el derecho a participar en la vida cultural, el derecho a disfrutar de la cultura, el derecho a escoger el grupo de pertenencia, los derechos lingüísticos y la protección del patrimonio cultural y científico;

41.  Anima a la Comisión y a los Estados miembros a que reconozcan la contribución de las minorías nacionales y étnicas al patrimonio cultural de la Unión, refuerce el diálogo con los representantes de las personas pertenecientes a minorías e identifique y aplique políticas y acciones coordinadas para la gestión sostenible de la preservación y el desarrollo de su cultura; anima a los Estados miembros a que garanticen un nivel adecuado de institucionalización de las prácticas a nivel nacional para proteger los derechos culturales;

42.  Anima a la Comisión y a los Estados miembros a que asocien y apoyen a las minorías nacionales y étnicas y a las personas pertenecientes a ellas en la promoción del conocimiento y las cualificaciones necesarios para salvaguardar y para desarrollar y gestionar de forma sostenible el patrimonio cultural y transmitirlo a las generaciones futuras; pide a la Comisión y a los Estados miembros que establezcan y mantengan fondos culturales sustanciales para las personas pertenecientes a minorías, tanto a nivel horizontal como vertical, con el fin de garantizar un apoyo eficaz, transparente y equitativo a la vida cultural de las comunidades minoritarias;

43.  Destaca que los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental en lo que respecta a los derechos culturales y lingüísticos; recuerda que el poder recibir y publicar información y contenido, y tener acceso a ellos en una lengua que uno pueda entender plenamente y en la que uno pueda comunicarse es una condición previa para una participación igualitaria y efectiva en la vida pública, económica, social y cultural; observa, a este respecto, que debe prestarse especial atención a las necesidades de las personas que pertenecen a minorías nacionales y étnicas que viven en zonas fronterizas, rurales y aisladas; expresa su preocupación por la escasa financiación de los medios de comunicación que publican o emiten en lenguas regionales o minoritarias; anima a la Comisión y a los Estados miembros a que proporcionen una financiación adecuada a las organizaciones o a los medios de comunicación que representen a las minorías, a fin de contribuir a la preservación de las minorías y de las identidades culturales y de permitirles compartir sus puntos de vista, su lengua y su cultura con la mayoría;

44.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen que los medios de comunicación puedan operar con independencia, que promuevan el uso de las lenguas minoritarias en los medios y que tengan en cuenta a las minorías nacionales y étnicas en la concesión de licencias a los servicios de medios de comunicación, incluida la asignación de emisoras de radio y televisión; pide a la Comisión y a los Estados miembros que proporcionen fondos adecuados a las organizaciones de representación de las minorías, con vistas a fomentar su sentido de pertenencia a sus respectivos grupos minoritarios y de identificación con los mismos, y para atraer la atención de la mayoría hacia las identidades, lenguas, historias y culturas de dichos grupos minoritarios;

45.  Recuerda la importancia fundamental que revisten los medios de comunicación públicos a la hora de promover estos contenidos, en particular en el marco del control democrático por los entes locales y regionales; anima a la Comisión a que cree las condiciones jurídicas y reglamentarias que permitan garantizar la libertad de prestación de servicios, transmisión y recepción de contenidos audiovisuales en las regiones en las que viven minorías con el fin de que puedan ver o escuchar contenidos en su lengua materna, emitiéndose estos a través de las fronteras sin estar geobloqueados;

46.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen por los medios adecuados que los servicios de medios audiovisuales no contengan ninguna incitación a la violencia o al odio contra personas pertenecientes a minorías; destaca que los medios de comunicación desempeñan un papel importante a la hora de cubrir las vulneraciones de los derechos de las minorías y que, si no se denuncian, las realidades cotidianas a las que estas se enfrentan siguen siendo invisibles;

47.  Anima a los Estados miembros a que se abstengan de actos políticos y jurídicos y de políticas encaminadas a establecer medidas restrictivas, tales como las obligaciones de subtitulado y/o traducción y las cuotas obligatorias para los programas en lenguas oficiales; anima a la Comisión y a los Estados miembros a que permitan y fomenten la presencia de medios de comunicación regionales o en lenguas minoritarias, también en interfaces en línea; pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen una financiación adecuada o subvenciones a organizaciones y medios de comunicación que representan a minorías nacionales y étnicas, teniendo en cuenta sus necesidades y características específicas regionales;

48.  Pide a los Estados miembros que, en el espíritu del Año Europeo del Patrimonio Cultural, valoricen y fomenten sus culturas minoritarias, promoviendo la divulgación de su historia y tradiciones y velando por evitar el aislamiento de las comunidades en cuestión;

49.  Destaca que el desarrollo de cualquier política en materia de patrimonio cultural debe ser integrador y participativo, basarse en las comunidades locales y prever la consulta y el diálogo con las comunidades minoritarias correspondientes;

Derecho a la educación

50.  Señala que la educación desempeña un papel clave en la socialización y el desarrollo de la identidad y sigue siendo el principal instrumento para revitalizar y preservar las lenguas minoritarias en peligro; destaca que toda persona perteneciente a una minoría nacional tiene derecho a la educación en la lengua minoritaria; subraya que la continuidad de la educación en la lengua materna es vital para preservar la identidad cultural y lingüística; toma nota de que, en lo que se refiere a la educación en lenguas minoritarias, no hay un único modelo de buenas prácticas que sea el adecuado para todas las minorías nacionales y étnicas; señala la necesidad de prestar especial atención a las personas que utilizan la lengua de signos;

51.  Recuerda que el artículo 14 del Convenio Marco del Consejo de Europa para la Protección de las Minorías Nacionales recomienda a los Estados Partes que se esfuercen por asegurar, en la medida de lo posible y en el marco de su sistema educativo, que las personas pertenecientes a las minorías nacionales tengan la posibilidad de aprender la lengua minoritaria en cuestión o de recibir enseñanza en esa lengua, sin perjuicio del aprendizaje de la lengua oficial o de la enseñanza en la misma;

52.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros en sus futuras acciones para habilitar las herramientas adecuadas para la promoción y apoyo del uso oficial de las lenguas habladas por las minorías nacionales y étnicas en los territorios donde viven, a escala local o regional, de conformidad con los principios del Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales y de la Carta de las Lenguas, velando al mismo tiempo por que la protección y el fomento del uso de las lenguas regionales y minoritarias no vayan en detrimento de las lenguas oficiales y la obligación de aprenderlas;

53.  Lamenta que algunos Estados miembros aún no hayan ratificado la Carta de las Lenguas y que incluso algunos de los que la han ratificado no la apliquen eficazmente; expresa su decepción por el hecho de que en algunos Estados miembros no se apliquen los derechos existentes o estos se infrinjan abiertamente;

54.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros y a la Comisión que velen por que, en consonancia con las normas internacionales, las personas pertenecientes a minorías nacionales y étnicas tengan sus derechos garantizados y disfruten de oportunidades adecuadas en lo relativo a la escolarización en lenguas minoritarias y a recibir enseñanza en su lengua materna, tanto en los centros educativos públicos como privados; anima a los Estados miembros a que formulen políticas educativas adecuadas y que apliquen las que mejor responsan a las necesidades de las minorías nacionales y étnicas, inclusive a través de programas educativos específicos o de planes de estudio y libros de texto especiales; anima a los Estados miembros a que contribuyan a financiar la formación de los docentes para garantizar la enseñanza efectiva en una lengua minoritaria y a que incorporen las mejores prácticas en materia de enseñanza de lenguas extranjeras a la metodología de la enseñanza de lenguas oficiales en lo que se refiere a los planes de estudios para las escuelas que proporcionan educación en una lengua minoritaria; subraya que los Estados miembros deben velar por que tanto las lenguas regionales o minoritarias como la lengua oficial se enseñen utilizando los métodos adecuados;

55.  Alienta a los Estados miembros a que garanticen que las personas que hablan una lengua regional o minoritaria como lengua materna tengan la oportunidad de aprender debidamente la lengua oficial, incorporando las buenas prácticas de la enseñanza de lenguas extranjeras y de segundas lenguas al enfoque metodológico adoptado para la enseñanza de la lengua oficial del Estado.

56.  Subraya que las personas pertenecientes a minorías también deben aprender la lengua, historia y cultura de la población mayoritaria, y que el alumnado perteneciente a dicha mayoría, al igual que el público en general, debe familiarizarse con la historia y la cultura de las minorías y tener la posibilidad de aprender lenguas minoritarias;

57.  Anima a los Estados miembros a que promuevan la elaboración de libros de texto que satisfagan los requisitos de los hablantes de lenguas regionales o minoritarias o, si esto no fuera posible, faciliten el uso de libros de texto de otros países publicados en dichas lenguas, en cooperación con los organismos reguladores en materia de educación de los países en los que se utilizan las lenguas en cuestión;

58.  Subraya la importancia de la enseñanza superior en la lengua materna y de la formación de especialistas con conocimientos de terminología específica, especialmente en las regiones con un gran número de hablantes de la lengua de que se trate; destaca la necesidad crítica de instruir a los médicos en lenguas minoritarias;

59.  Alienta a los Gobiernos de los Estados miembros a que involucren a representantes de las minorías en las deliberaciones sobre la organización de sus sistemas educativos;

60.  Anima a los Estados miembros a que definan umbrales preferenciales para el aprendizaje de las lenguas regionales o minoritarias, para garantizar la equidad en la educación; pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan el derecho de las personas pertenecientes a las minorías nacionales y étnicas residentes en zonas con presencia importante de dichas minorías, incluidas las zonas rurales y con asentamientos muy dispersos, a recibir enseñanza en lengua minoritaria, particularmente en su lengua materna, si existe una demanda suficiente; pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen que las políticas y las reformas educativas no limiten el derecho a la escolarización en lenguas minoritarias;

61.  Anima a la Comisión y a los Estados miembros a que promuevan la disponibilidad de un apoyo integrado en un plano vertical a las lenguas regionales y minoritarias en los sistemas educativos, en concreto mediante la creación, en los ministerios de educación de los Estados miembros, así como en el seno de la Comisión, de unidades responsables de la incorporación de la enseñanza en lenguas minoritarias y regionales a los planes de estudios; anima a los Estados miembros a que promuevan, para las lenguas minoritarias, una línea continua de aprendizaje, desde la educación preescolar hasta la educación terciaria;

62.  Destaca que la formación de los profesores y el acceso a unos libros de texto y a material didáctico de buena calidad son condiciones previas esenciales para garantizar una educación de calidad para los estudiantes; Considera que los planes de estudio, los materiales didácticos y los libros de texto de historia deben ofrecer una imagen justa, precisa e informativa de las sociedades y culturas de los grupos minoritarios; observa que un problema ampliamente reconocido y que debe abordarse en relación con la educación en lenguas minoritarias es la insuficiente disponibilidad de materiales didácticos de calidad y de profesores debidamente cualificados para enseñar en lenguas minoritarias; observa que la enseñanza multidimensional de la historia debe ser un requisito en todas las escuelas, tanto en las comunidades mayoritarias como minoritarias; destaca la importancia de desarrollar cursos de formación para docentes a fin de responder a las necesidades de la enseñanza en los diferentes niveles y en las diferentes modalidades escolares;

63.  Subraya que la enseñanza de las lenguas minoritarias contribuye a la comprensión mutua entre las mayorías y las minorías, y acerca a las comunidades; anima a los Estados miembros a que apliquen medidas positivas para garantizar una representación adecuada de las minorías en la enseñanza, así como en la administración pública y en las agencias ejecutivas a nivel nacional, regional y municipal;

64.  Anima a la Comisión a que refuerce el fomento de los programas centrados en el intercambio de experiencias y mejores prácticas en materia de educación en las lenguas regionales y minoritarias de Europa; pide a la Unión y a la Comisión que hagan mayor hincapié en las lenguas regionales y minoritarias en la futura generación de los programas Erasmus+, Europa Creativa y Europa para los Ciudadanos en el contexto del nuevo marco financiero plurianual;

65.  Lamenta profundamente que, en algunos Estados miembros de la Unión, los alumnos pertenecientes a minorías no sean incorporados a las instituciones del sistema de enseñanza general, sino derivados a escuelas especiales alegando que no dominan suficientemente la lengua en la que se imparten las clases; recuerda que la educación en una lengua minoritaria o la pertenencia a una minoría particular no pueden utilizarse como excusa para segregar a los niños por razón de identidad; pide a los Estados miembros que no apliquen esta forma de segregación y que adopten medidas adecuadas para que esos alumnos puedan estar escolarizados en escuelas normales; anima a los Estados miembros que consideren la introducción de temas relativos a los derechos humanos fundamentales y a los derechos de las minorías, en particular en los programas escolares, como forma de promover la diversidad cultural y la tolerancia a través de la educación;

Derechos lingüísticos

66.  Toma nota de que la lengua es un elemento esencial de la identidad cultural y los derechos humanos de las minorías; destaca la necesidad de promover el derecho a utilizar una lengua minoritaria tanto en privado como en público sin discriminación alguna, en las zonas con poblaciones considerables de personas pertenecientes a minorías, de velar por que esa lengua pueda transmitirse de generación en generación, y de proteger la diversidad lingüística dentro de la Unión; pide a la Comisión Europea que refuerce su plan de promover la enseñanza y el uso de las lenguas regionales como posible medio de atajar la discriminación lingüística en la Unión Europea, y promover la diversidad lingüística; recuerda que la promoción del conocimiento de lenguas minoritarias por parte de las personas que no son miembros de la minoría de que se trate es una forma de fomentar la comprensión y el reconocimiento mutuos;

67.  Destaca que, en su Resolución de 11 de septiembre de 2013, sobre las lenguas europeas amenazadas de desaparición y la diversidad lingüística en la Unión Europea(11), el Parlamento recordó que la Comisión debería prestar atención al hecho de que, con sus políticas, algunos Estados miembros y regiones están poniendo en peligro la supervivencia de lenguas dentro de sus fronteras, aunque estas lenguas no estén en peligro en el contexto europeo; pide a la Comisión que estudie los obstáculos administrativos y legislativos que se interponen en el empleo de estas lenguas;

68.  Señala que, además de sus 24 lenguas oficiales, la Unión Europea acoge a otras 60 lenguas que también forman parte de su patrimonio lingüístico y cultural y que son habladas, en determinadas regiones o por grupos específicos, por 40 millones de personas; señala que el multilingüismo de la Unión Europea es único al nivel de las organizaciones internacionales; señala que el principio de multilingüismo está consagrado en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que obliga a la Unión a respetar la diversidad lingüística y apoyar el rico patrimonio lingüístico y cultural mediante la promoción del aprendizaje de idiomas y de la diversidad lingüística;

69.  Anima a la Comisión a los Estados miembros a que posibiliten y fomenten, en el contexto de las autoridades administrativas y las organizaciones de servicio público, el uso de las lenguas regionales o minoritarias en la práctica, de acuerdo con el principio de proporcionalidad, por ejemplo en las relaciones entre los particulares y las organizaciones, por una parte, y las autoridades públicas, por otra; anima a los Estados miembros a que faciliten la información y los servicios públicos en esas lenguas, también en internet, en las zonas con presencia sustancial de personas pertenecientes a las minorías nacionales y étnicas;

70.  Anima a los Estados miembros a que fomenten el acceso a las lenguas minoritarias y regionales financiando y respaldando actividades de traducción, doblaje y subtitulado, así como codificando una terminología adecuada y no discriminatoria en los registros administrativo, comercial, económico, social, técnico y jurídico;

71.  Anima a las autoridades municipales de las zonas en cuestión a que permitan el uso de las lenguas regionales y minoritarias; anima a los Estados miembros a que se sirvan de las buenas prácticas ya existentes a nivel nacional como orientaciones;

72.  Anima a la Comisión y a los Estados miembros a que promuevan el uso de las lenguas regionales o minoritarias a nivel local y regional; anima activamente a las autoridades municipales, en este contexto, a que garanticen el uso de dichas lenguas en la práctica;

73.  Anima a la Comisión y a los Estados miembros a que velen por que en las zonas con presencia notable de habitantes pertenecientes a minorías nacionales el marcado y etiquetado de seguridad, las instrucciones obligatorias importantes y los anuncios públicos de importación a los ciudadanos, ya sean facilitados por las autoridades o el sector privado, así como los topónimos y las denominaciones topográficas, se escriban correctamente y estén disponibles en las lenguas comúnmente utilizadas en una región determinada, incluidas las señales de entrada o salida de las zonas urbanas y en todas las demás señales viarias de carácter informativo;

74.  Toma nota de que la representación visual de las lenguas regionales y minoritarias —señalización viaria, nombres de calles, denominaciones de las entidades administrativas, públicas y comerciales, etc.— es fundamental para promover y proteger los derechos de las minorías nacionales o étnicas, ya que refleja y contribuye al uso indispensable de las lenguas regionales y minoritarias, animando a las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas a que utilicen, preserven y desarrollen su identidad lingüística específica y sus derechos lingüísticos, expresen su identidad local multiétnica y refuercen su identificación como miembros de grupos que viven en una comunidad local o regional;

75.  Pide a los Estados miembros que se abstengan o supriman las prácticas jurídicas que impiden el acceso de las minorías al espectro completo de las profesiones ejercidas en un Estado determinado; pide a los Estados miembros que garanticen un acceso adecuado a los servicios jurídicos y judiciales; destaca que también debe informarse explícitamente a los representantes de las minorías sobre los procedimientos que deben seguirse en virtud de su legislación nacional en caso de que se hayan violado sus derechos como personas pertenecientes a una minoría;

76.  Anima a la Comisión y a los Estados miembros a que reconozcan que toda persona perteneciente a una minoría nacional tiene derecho a utilizar su apellido (patronímico) y su nombre de pila en la lengua minoritaria y el derecho a su reconocimiento oficial, incluso en el contexto de la libre circulación en la Unión;

77.  Anima a la Comisión y a los Estados miembros a que emprendan acciones para prevenir todo obstáculo administrativo o financiero que pueda menoscabar la diversidad lingüística a escala europea y nacional e impida el ejercicio y la aplicación de los derechos lingüísticos de las personas que pertenecen a minorías nacionales y étnicas; insta a los Estados miembros a que pongan fin a las prácticas lingüísticamente discriminatorias;

Conclusión

78.  Pide a la Comisión que elabore un marco común de normas mínimas de la Unión para la protección de las minorías; recomienda que dicho marco común prevea etapas mensurables y una notificación periódica, y consista, como mínimo, en:

   la elaboración de directrices que se hagan eco de las buenas prácticas en los Estados miembros, en cooperación con las distintas partes interesadas implicadas en la protección de los derechos de las minorías,
   una recomendación de la Comisión, teniendo en cuenta las medidas nacionales existentes, la subsidiariedad y la proporcionalidad,
   una propuesta legislativa de Directiva, que se elaboraría tras la adecuada evaluación de impacto y con arreglo a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad aplicables a los Estados miembros, basada en los puntos citados, sobre normas mínimas para las minorías en la Unión, con inclusión de criterios y sanciones claros;

79.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que el marco incluya la recopilación de datos, así como metodologías para la vigilancia y denuncia basadas en trabajos sobre el terreno y orientadas a los aspectos financieros y de calidad, dado que estos elementos sirven para apoyar unas políticas efectivas basadas en pruebas y pueden contribuir a mejorar la eficacia de las estrategias, acciones y medidas adoptadas;

o
o   o

80.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de los países candidatos, a la OSCE, a la OCDE, al Consejo de Europa y a las Naciones Unidas.

(1) DO L 180 de 19.7.2000, p. 22.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0032.
(3) DO C 346 de 27.9.2018, p. 171.
(4) DO L 328 de 6.12.2008, p. 55
(5) DO C 238 de 6.7.2018, p. 2.
(6) DO C 328 de 6.9.2016, p. 4.
(7) DO C 93 de 9.3.2016, p. 52.
(8) DO C 124 E de 25.5.2006, p. 405.
(9) DO C 369 de 11.10.2018, p. 11.
(10) DO C 215 de 19.6.2018, p. 162.
(11) DO C 93 de 9.3.2016, p. 52.


Digitalización para el desarrollo: reducción de la pobreza mediante la tecnología
PDF 161kWORD 64k
Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de noviembre de 2018, sobre la digitalización para el desarrollo: reducción de la pobreza mediante la tecnología (2018/2083(INI))
P8_TA(2018)0448A8-0338/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los artículos 208, 209, 210, 211 y 214 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Vistos la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible y el documento final aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015 titulado «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible» y los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),

–  Visto el Consenso Europeo en materia de Desarrollo «Nuestro mundo, nuestra dignidad, nuestro futuro»(1), aprobado en mayo de 2017,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de octubre de 2015, titulada «Comercio para todos: Hacia una política de comercio e inversión más responsable» (COM(2015)0497),

–  Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 2 de mayo de 2017, titulado «Digital4Development: mainstreaming digital technologies and services into EU Development Policy» (Digitalización para el desarrollo: integración de los servicios y tecnologías digitales en la política de desarrollo de la UE) (SWD(2017)0157),

–  Vista la Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa, aprobada en mayo de 2015,

–  Visto el Plan Europeo de Inversiones Exteriores,

–  Visto el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la aplicación de la estrategia de política comercial «Comercio para todos»: una política comercial equilibrada y progresista para encauzar la globalización (COM(2017)0491),

–  Vista su Resolución, de 12 de diciembre de 2017, titulada «Hacia una estrategia de comercio digital»(2),

–  Vista su Resolución, de 16 de diciembre de 2015, sobre la preparación para la Cumbre Humanitaria Mundial: retos y oportunidades para la ayuda humanitaria(3),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de mayo de 2014, titulada «Reforzar el papel del sector privado para lograr un crecimiento inclusivo y sostenible en los países en desarrollo» (COM(2014)0263),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de noviembre de 2017, sobre digitalización para el desarrollo,

–  Vista la Undécima Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en Buenos Aires (Argentina) del 10 al 13 de diciembre de 2017,

–  Vistas las iniciativas de apoyo a los países en desarrollo (UIT-D) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de las Naciones Unidas,

–  Visto el Acuerdo sobre Tecnología de la Información (ATI) de la Organización Mundial del Comercio,

–  Vista la Declaración Ministerial realizada en Cancún en 2016 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre la economía digital,

–  Vista la Declaración conjunta realizada por los ministros del G7 del ámbito de las TIC en su reunión en Takamatsu (Japón) de los días 29 y 30 de abril de 2016,

–  Vista la iniciativa «Comercio Electrónico para Todos» de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD),

–  Vistos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo (A/RES/61/106),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Desarrollo (A8-0338/2018),

A.  Considerando que el Consenso Europeo en materia de Desarrollo de 2017 subraya la importancia de las tecnologías y servicios de la información y la comunicación como elementos que facilitan el crecimiento inclusivo y el desarrollo sostenible;

B.  Considerando que la estrategia de la Comisión sobre la digitalización para el desarrollo incluye el crecimiento económico y los derechos humanos, la salud, la educación, la agricultura y la seguridad alimentaria, las infraestructuras básicas, el agua y el saneamiento, la gobernanza, la protección social y los objetivos transversales en materia de género y medio ambiente;

C.  Considerando que las tecnologías digitales ofrecen potencial para garantizar la sostenibilidad y la protección del medio ambiente; que, no obstante, la producción de equipos digitales utiliza determinados metales raros con bajo índice de reciclabilidad y escasas reservas accesibles, y que los residuos de aparatos electrónicos y eléctricos constituyen un reto para el medio ambiente y la salud; que, según un estudio conjunto del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) e Interpol(4), los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos son un ámbito prioritario de la delincuencia ambiental;

D.  Considerando que, de conformidad con los datos actualizados de 2017 de la base de datos de la iniciativa del Banco Mundial Identificación para el Desarrollo, se estima que unos 1 100 millones de personas en todo el mundo no pueden demostrar oficialmente su identidad, en particular su inscripción de nacimiento, y que el 78 % de esas personas viven en el África subsahariana y en Asia; que esto constituye una barrera importante para alcanzar el Objetivo n.º 16.9 de los ODS, pero también para poder ser un agente en el entorno digital y beneficiarse de él;

E.  Considerando que los ODS mencionan explícitamente las tecnologías digitales en cinco de los objetivos (ODS 4 sobre la educación; ODS 5 sobre la igualdad de género; ODS 8 sobre el trabajo decente y el crecimiento económico; ODS 9 sobre industria, innovación e infraestructuras; ODS 17 sobre las alianzas);

F.  Considerando que los ODS subrayan que facilitar un acceso a internet universal y asequible para las personas de los países menos adelantados (PMA) de aquí a 2020 será crucial para fomentar el desarrollo, puesto que el desarrollo de una economía digital podría ser un motor para el empleo digno y el crecimiento inclusivo, el volumen de las exportaciones y su diversificación;

G.  Considerando que, según la UNCTAD, la digitalización cada vez genera más monopolios y plantea nuevos retos para las políticas antimonopolio y de competencia, tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados(5);

H.  Considerando que, en su examen general de la aplicación de los resultados de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información(6), la Asamblea General de las Naciones Unidas se comprometió a encauzar el potencial de las TIC para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y otros objetivos de desarrollo acordados a nivel internacional, señalando que las TIC podrían acelerar el progreso de los diecisiete ODS;

I.  Considerando que la conectividad sigue siendo un reto y una preocupación que se encuentra en el origen de varias brechas digitales en cuanto al acceso a las TIC y su uso;

J.  Considerando que la velocidad a la que se está desplegando la economía digital y las brechas significativas existentes en los países en desarrollo en relación con la economía digital en términos de desarrollo de políticas nacionales seguras, normativa y protección de los consumidores, señalan la urgente necesidad de ampliar el desarrollo de capacidades y la asistencia técnica a los países en desarrollo, especialmente los PMA;

K.  Considerando que la alfabetización y las capacidades digitales son elementos clave que posibilitan la mejora y el progreso social y personal, el fomento del espíritu emprendedor y la construcción de unas economías digitales fuertes;

L.  Considerando que la digitalización también debería contribuir a mejorar la prestación de asistencia humanitaria y la resiliencia, la prevención de riesgos de catástrofe y el apoyo transitorio, vinculando la ayuda humanitaria y la ayuda al desarrollo en contextos frágiles y afectados por conflictos;

M.  Considerando que más de la mitad de la población mundial aún está fuera de línea y que se ha producido un lento avance hacia la consecución del ODS 9, consistente en aumentar significativamente el acceso a las TIC y esforzarse por facilitar un acceso a internet universal y asequible en los PMA para 2020;

N.  Considerando que en todo el planeta se está produciendo un drástico aumento de los servicios móviles y que el número de usuarios de teléfonos móviles está sobrepasando la cifra de personas con acceso a electricidad, saneamiento o agua potable;

O.  Considerando que la innovación humanitaria debe ser coherente con los principios humanitarios (humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia) y con el principio de dignidad;

P.  Considerando que la innovación humanitaria debe darse con el objetivo de promover los derechos, la dignidad y las capacidades de la población destinataria, y que debe ser posible que todos los miembros de una comunidad afectada por una crisis puedan beneficiarse de la innovación, sin obstáculos discriminatorios a su uso;

Q.  Considerando que se deben utilizar el análisis y la mitigación de riesgos para evitar daños no deliberados, incluidos los que afectan a la privacidad y la seguridad de los datos y tienen efectos en las economías locales;

R.  Considerando que la experimentación, los proyectos piloto y los ensayos deben realizarse de conformidad con las normas éticas reconocidas a nivel internacional;

La necesidad de apoyar la digitalización de los países en desarrollo

1.  Acoge con satisfacción la estrategia de la Comisión sobre la digitalización para el desarrollo, pues integra las tecnologías digitales en la política de desarrollo de la Unión, que debe tener como objetivo contribuir al logro de los ODS; insiste en la importancia de reforzar una digitalización centrada en los ODS; recuerda que la revolución digital plantea a las sociedades un nuevo conjunto de retos, que conllevan tanto riesgos como oportunidades;

2.  Reitera el enorme potencial de la tecnología y los servicios digitales para la consecución de los ODS, siempre que se adopten medidas para abordar los efectos disruptivos de las tecnologías, como la automatización del trabajo, el impacto sobre la empleabilidad, la exclusión digital y la desigualdad, la ciberseguridad, la privacidad de los datos y las cuestiones reglamentarias; recuerda que toda estrategia digital debe ser plenamente acorde con la ejecución de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y contribuir a esta, en especial por lo que respecta al ODS 4 sobre una educación de calidad, el ODS 5 sobre el logro de la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas, el ODS 8 sobre el trabajo decente y el crecimiento económico, y el ODS 9 sobre industria, innovación e infraestructuras; recuerda asimismo que, si se han de alcanzar los ODS para 2030, es necesaria una alianza mundial, nacional, regional y local reforzada entre los agentes gubernamentales, científicos, económicos y de la sociedad civil;

3.  Señala que, a pesar del aumento de la penetración de internet, muchos países en desarrollo y economías emergentes van a la zaga a la hora de beneficiarse de la digitalización, muchas personas siguen sin tener acceso a las TIC y existen grandes disparidades tanto entre países como entre las zonas urbanas y rurales; recuerda que la tecnología digital sigue siendo un instrumento y no un fin, y considera que, dadas las limitaciones financieras, debe darse prioridad a los medios más eficaces para alcanzar los ODS, y que en algunos países, aunque la digitalización pueda ser útil, sigue siendo necesario satisfacer las necesidades humanas básicas, especialmente en lo que se refiere al acceso a los alimentos, la energía, el agua y el saneamiento, la educación y la salud, tal como se destaca en el informe de las Naciones Unidas sobre los ODS de 2017; considera, no obstante, que las condiciones para el desarrollo de la tecnología digital deben integrarse desde el principio del diseño de la infraestructura, aunque esto se logre en una fase posterior;

4.  Subraya que es imprescindible que toda estrategia de comercio digital se ajuste plenamente al principio de coherencia de las políticas en favor del desarrollo, que es esencial para alcanzar los ODS; hace hincapié en que el acceso a la conectividad a internet y a métodos digitales de pago que sean fiables y conformes a las normas internacionales, junto con legislación para proteger a los consumidores de bienes y servicios en línea, los derechos de propiedad intelectual, las normas de protección de los datos de carácter personal y una legislación fiscal y aduanera adecuada en materia de comercio electrónico, son esenciales para permitir el comercio digital, el desarrollo sostenible y el crecimiento inclusivo; observa, a este respecto, el potencial que reviste el acuerdo sobre facilitación del comercio para apoyar las iniciativas digitales en los países en desarrollo y facilitar el comercio transfronterizo;

5.  Pide que se elabore un plan de acción para la innovación técnica destinada a la asistencia humanitaria que garantice el cumplimiento de los principios jurídicos y éticos recogidos en documentos como el Consenso Europeo sobre Desarrollo «Nuestro mundo, nuestra dignidad, nuestro futuro», y «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible»;

6.  Subraya que todos los aspectos de la innovación humanitaria deben ser objeto de valoración y seguimiento, incluida una evaluación de los efectos primarios y secundarios del proceso de innovación; hace hincapié en que es necesario acometer un examen ético y un análisis de riesgos antes de iniciar proyectos humanitarios de innovación y digitalización, y que se debe incluir a expertos externos o terceras partes, en su caso;

7.  Pide que, en la acción exterior de la Unión, se apliquen los principios consagrados en la Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa, apoyando los marcos reglamentarios de los socios de la Unión;

8.  Pide financiación suficiente dentro del marco financiero plurianual (MFP) para 2021-2027 a fin de facilitar la optimización de las tecnologías digitales en todos los aspectos de la política de desarrollo;

9.  Observa que la introducción de la tecnología digital en los países en desarrollo a menudo se ha adelantado al establecimiento de las instituciones estatales, las normas jurídicas y otros mecanismos que podrían contribuir a gestionar los nuevos retos que surjan, en particular en lo que respecta a la ciberseguridad; destaca la importancia de una colaboración más estrecha entre investigadores e innovadores a nivel interregional, de fomentar actividades de investigación y desarrollo que promuevan el progreso científico y la transferencia de tecnología y conocimientos técnicos; pide que la digitalización ocupe un lugar destacado en el futuro acuerdo posterior al de Cotonú, como un elemento que facilite el desarrollo inclusivo y sostenible, de conformidad con las directrices de negociación;

10.  Pide más acciones conjuntas de cooperación en infraestructuras digitales, ya que ello debe convertirse en una de las actividades clave en las asociaciones de la Unión con organizaciones regionales, especialmente la Unión Africana; señala la importancia de la asistencia técnica y de la transferencia de conocimientos especializados a instituciones que estén desarrollando políticas digitales a nivel nacional, regional y continental;

11.  Pide que se introduzca la digitalización en las estrategias nacionales de desarrollo de los Estados miembros;

12.  Pide un esfuerzo intersectorial más coordinado e integral por parte de la comunidad internacional, incluidos los agentes no estatales, como los representantes de la sociedad civil, el tercer sector, las empresas privadas y el sector académico, para garantizar que la transición a una economía más digital no deje a nadie atrás y contribuya a la consecución de la Agenda de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, garantizando el acceso a las tecnologías y servicios digitales de todos los agentes económicos y ciudadanos y evitando un exceso de enfoques diferentes que creen incompatibilidades, solapamientos o lagunas en la legislación; pide asimismo una mejora de la articulación política entre la Unión, sus Estados miembros y otros agentes pertinentes, con miras a mejorar la coordinación, la complementariedad y la creación de sinergias;

13.  Señala que la tecnología, la inteligencia artificial y la automatización ya están sustituyendo a algunos empleos de media y baja cualificación; pide a la Comisión que promueva una digitalización centrada en los ODS y destaca que los niveles mínimos de protección social financiados por los Estados, son esenciales para hacer frente a algunos efectos disruptivos de las nuevas tecnologías, a fin de superar los cambios en los mercados laborales mundiales y en la división internacional del trabajo, que afectan especialmente a los trabajadores poco cualificados de los países en desarrollo;

14.  Pide que el sector privado contribuya de forma responsable a la digitalización para el desarrollo mediante la tecnología y la innovación, los conocimientos especializados, la inversión, la gestión del riesgo, y modelos empresariales y crecimiento sostenibles, que deben hacer énfasis en la prevención, la reducción, la reparación, el reciclado y la reutilización de materias primas;

15.  Lamenta que menos de la mitad de todos los países en desarrollo cuenten con legislación en materia de protección de datos, y alienta a la Unión a que preste asistencia técnica a las autoridades pertinentes en la elaboración de dicha legislación, basándose, en particular, en su experiencia y en su propia legislación, reconocida internacionalmente como modelo en este ámbito; subraya la necesidad de que se tengan en cuenta los costes que puede suponer la adecuación de esa legislación, en particular para las pymes; observa que, debido a la dimensión transfronteriza de la tecnología digital, es necesario evitar que la legislación sobre protección de datos varíe demasiado, ya que podría generar incompatibilidades;

16.  Pide a todas las partes interesadas que recopilen, traten, analicen y difundan datos y estadísticas a nivel local, regional, nacional y mundial, a fin de garantizar un elevado nivel de protección de los datos, de conformidad con las normas e instrumentos internacionales pertinentes y de forma que se traten de alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; señala que la recopilación exacta y oportuna de datos garantiza un seguimiento adecuado de la aplicación, el ajuste de las políticas y la intervención cuando sea necesario, así como la evaluación de los resultados obtenidos y su impacto; recuerda, sin embargo, que si bien la «revolución de los datos» facilita, acelera y abarata la producción y el análisis de datos procedentes de una amplia gama de fuentes, también plantea enormes retos en cuanto a la seguridad y la privacidad; destaca, por lo tanto, que la innovación en la recopilación de datos en los países en desarrollo no debe sustituir a las estadísticas oficiales sino solo completarlas;

17.  Lamenta la brecha digital persistente que existe dentro de cada país en términos de género, geografía, edad, ingresos, etnicidad, estado de salud o discapacidad, entre otros factores de discriminación; insiste, por lo tanto, en que la cooperación internacional para el desarrollo debe dirigirse hacia un mayor progreso e inclusión de las personas que se encuentran en una situación desfavorecida o vulnerable, promoviendo al mismo tiempo el uso responsable de las herramientas digitales y la concienciación adecuada sobre los posibles riesgos; pide que se apoye la innovación adaptada a las necesidades locales y la transición hacia economías basadas en el conocimiento;

18.  Pide, por lo tanto, que se hagan mayores esfuerzos para hacer frente a los retos de la exclusión digital por medio de la educación y la formación en capacidades digitales esenciales, así como iniciativas para facilitar el uso adecuado de las TIC y el uso de herramientas digitales en la aplicación de metodologías participativas, en función de la edad, la situación personal y los antecedentes, incluyendo a las personas mayores y las personas con discapacidad; señala que la cooperación internacional para el desarrollo podría basarse en las tecnologías digitales orientadas hacia una mejor integración de los grupos desfavorecidos, siempre que tengan acceso a las tecnologías digitales; acoge favorablemente iniciativas como la Africa Code Week, que contribuye al empoderamiento de los jóvenes africanos promoviendo la alfabetización digital; destaca la importancia del aprendizaje en línea y del aprendizaje a distancia para llegar a zonas alejadas y a personas de todas las edades;

19.  Pide la introducción de la alfabetización digital en los currículos de todos los niveles educativos, desde la escuela primaria a la universidad, en los países en desarrollo, con vistas a la adquisición de las capacidades necesarias para mejorar el acceso a información; considera, no obstante, que las herramientas de las TIC y las nuevas tecnologías no deben sustituir a los profesores y las escuelas reales, sino que deben utilizarse como un medio para mejorar el acceso a la educación y mejorar su calidad; destaca que las nuevas tecnologías son un instrumento clave para la difusión de los conocimientos, la formación de los profesores y la gestión de los centros; insiste asimismo en la necesidad de contar con mejores centros de formación locales (incluidas escuelas de programación) para formar a los desarrolladores y alentar la creación de soluciones informáticas y aplicaciones digitales acordes con la realidad y las necesidades locales;

20.  Subraya que colmar la brecha digital conlleva el despliegue de unas infraestructuras, especialmente en zonas rurales y alejadas, que resulten adecuadas en términos de cobertura de alta calidad y sean asequibles, fiables y seguras, así como el acceso a ellas; observa que las principales causas que obstaculizan la conectividad incluyen la pobreza y la falta de servicios esenciales, junto con unas redes terrestres subdesarrolladas, la falta de unas políticas públicas y unos marcos reglamentarios facilitadores, el elevado gravamen de productos y servicios digitales, una baja competencia de mercado y la ausencia de una red energética;

21.  Manifiesta su preocupación por la dependencia tecnológica de un pequeño número de agentes, en particular de los GAFA (Google, Apple, Facebook y Amazon), y pide que se desarrollen alternativas para promover la competencia; señala que este objetivo podrían llevarlo a cabo en asociación la Unión Europea y África;

22.  Recuerda que los países en desarrollo están lejos de ser inmunes a los ciberataques y pone de relieve los riesgos de perturbación de la estabilidad económica, política y democrática si no se garantiza la seguridad digital; pide a todas las partes interesadas del mundo digitalmente conectado que asuman una responsabilidad activa adoptando iniciativas concretas para promover una mayor concienciación y conocimiento sobre la ciberseguridad; señala, a tal fin, la importancia de desarrollar capital humano a todos los niveles para reducir las amenazas a la ciberseguridad por medio de la formación, la educación y una mayor concienciación, y de establecer marcos adecuados en materia de Derecho penal y transnacionales adecuados para luchar contra la ciberdelincuencia, así como de participar activamente en foros internacionales como el Foro Mundial de la OCDE sobre seguridad digital;

23.  Recuerda el potencial que la digitalización ofrece para la reducción de la brecha de inclusión social, acceso a la información y marginalidad económica en las zonas periféricas;

La digitalización: un instrumento para el desarrollo sostenible

24.  Acoge de buen grado el Plan Europeo de Inversiones Exteriores, por el que se promueve la inversión en soluciones digitales innovadoras para las necesidades locales, la inclusión financiera y la creación de empleo digno; señala que la digitalización supone una importante oportunidad de inversión y que, sobre la base del trabajo conjunto con las instituciones financieras europeas e internacionales y el sector privado, la financiación mixta constituiría por lo tanto un significativo instrumento para movilizar recursos financieros;

25.  Pide a la Comisión que ponga en marcha nuevas iniciativas que presten especial atención al desarrollo de infraestructuras digitales, el fomento de la gobernanza electrónica y las capacidades digitales, el refuerzo de la economía digital y la promoción de ecosistemas de empresas emergentes centradas en los ODS, que incluyan oportunidades de financiación para microempresas y pequeñas y medianas empresas a fin de permitirles interactuar digitalmente con empresas multinacionales y acceder a cadenas de valor mundiales;

26.  Pide a la Comisión que continúe integrando las tecnologías y los servicios digitales en la política de desarrollo de la Unión, tal y como se establece, entre otros, en la agenda de digitalización para el desarrollo; subraya la necesidad de promover el uso de las tecnologías digitales en ámbitos políticos específicos, como la gobernanza electrónica, la agricultura, la educación, la gestión del agua, la salud y la energía;

27.  Pide a la Comisión que aumente la inversión en infraestructuras digitales de los países en desarrollo, a fin de salvar la significativa brecha digital, de una forma eficaz orientada al desarrollo y basada en principios;

28.  Recuerda que las microempresas y las pymes de los países en desarrollo constituyen la mayor parte de las empresas y dan empleo a la mayoría de los trabajadores de los sectores manufacturero y de servicios; reitera que facilitar un comercio electrónico transfronterizo bien regulado puede tener un impacto directo sobre la mejora de los medios de subsistencia, el fomento de mayores niveles de vida y el impulso del empleo y del desarrollo económico; reafirma la contribución que podrían hacer tales esfuerzos a la igualdad de género, puesto que buena parte de dichas empresas pertenecen a mujeres y son dirigidas por estas; insiste en la necesidad de reducir los obstáculos jurídicos, administrativos y sociales al emprendimiento, en particular el de las mujeres; pide que la digitalización se utilice también para promover la educación y el desarrollo de capacidades para el emprendimiento en los países en desarrollo a la vez que se crea un entorno favorable para las empresas emergentes y las empresas innovadoras;

29.  Insiste en la necesidad de frenar el comercio de minerales cuya explotación financia conflictos armados o implica trabajos forzados; recuerda que el coltán está en la base de la mayoría de los dispositivos electrónicos (en particular los teléfonos inteligente) y que la guerra civil, a raíz de su explotación, extracción y comercio ilegal, que ha afectado a la región africana de los Grandes Lagos, en especial a la República Democrática del Congo, ha causado más de ocho millones de víctimas; pide que se ponga fin a la explotación de menores en las minas de coltán y a su comercio ilegal para conseguir una extracción y comercialización correctas que beneficie a la población local;

30.  Señala que la agricultura, como el mayor sector de la economía africana, puede potencialmente beneficiarse de las tecnologías digitales; subraya que las plataformas digitales pueden emplearse en los países en desarrollo para informar a los agricultores sobre los precios del mercado y conectarlos con compradores potenciales, así como para ofrecer información práctica sobre métodos de cultivo y tendencias del mercado, información meteorológica y advertencias y consejos sobre enfermedades de animales y plantas; subraya, no obstante, en un contexto en que la agricultura cada vez requiere más conocimientos y alta tecnología, que la agricultura digital también puede tener enormes efectos disruptivos de carácter social y medioambiental en los países en desarrollo, ya que el acceso a las últimas tecnologías puede seguir estando restringido a explotaciones agrícolas industrializadas de gran tamaño que operan en el mercado de las exportaciones y de los cultivos comerciales, mientras que los conocimientos y capacidades limitados podrían profundizar la marginación de las explotaciones agrícolas de pequeña escala en los países en desarrollo;

31.  Insiste en que la financiación de la Unión para la agricultura de los países en desarrollo debe estar en consonancia con el carácter transformador de la Agenda 2030 y del Acuerdo de París y, en consecuencia, con las conclusiones de la Evaluación Internacional del Papel del Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología en el Desarrollo Agrícola (IAASTD) y las recomendaciones del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación; subraya que esto implica reconocer la multifuncionalidad de la agricultura y efectuar una transición rápida de los monocultivos basados en el uso intensivo de productos químicos a una agricultura diversificada y sostenible basada en prácticas agroecológicas y en el refuerzo de los sistemas de alimentación locales y la agricultura a pequeña escala;

32.  Señala que las herramientas de las TIC pueden emplearse para difundir información que puede ser crucial durante las catástrofes naturales y tecnológicas y las emergencias, así como en zonas frágiles y afectadas por conflictos; subraya que las tecnologías digitales pueden permitir a las comunidades con bajos ingresos y otras comunidades vulnerables tener acceso a servicios básicos de calidad como la sanidad, la educación, el agua y la electricidad, así como a asistencia humanitaria y otros servicios públicos y privados; hace hincapié en la importancia de la lucha contra la desinformación en línea («noticias falsas») e insiste en la necesidad de programas específicos centrados en la alfabetización digital como herramienta para abordar estos retos;

33.  Hace hincapié en que la innovación tecnológica en el ámbito de la asistencia humanitaria es una prioridad, muy especialmente en el contexto de los desplazamientos forzosos, para contribuir a soluciones sostenibles que aporten estabilidad y dignidad a la vida de las personas y puedan facilitar el nexo con el desarrollo humanitario; acoge con satisfacción las iniciativas globales para facilitar la innovación humanitaria, como la Alianza Mundial para la Innovación Humanitaria, el Fondo para la Innovación Humanitaria y el Pulso Mundial de las Naciones Unidas, y pide que la Unión promueva datos abiertos y apoye firmemente a las comunidades globales de desarrolladores y diseñadores de software que estén construyendo tecnología abierta práctica con vistas a solucionar problemas internacionales humanitarios y de desarrollo;

34.  Recalca que tecnologías digitales como los SMS y las aplicaciones para teléfonos móviles pueden ofrecer nuevas herramientas asequibles para distribuir información importante, que podría ser usada por personas pobres o aisladas y por personas con discapacidad; toma nota del potencial de la tecnología de los teléfonos móviles, que puede comportar ventajas como unos costes de acceso más reducidos debido a una cobertura de red cada vez mayor, la facilidad de su uso y los costes cada vez menores de las llamadas y los mensajes de texto; recuerda asimismo, no obstante, que los teléfonos móviles generan riesgos para la salud y el medio ambiente, sobre todo por la extracción de recursos minerales y el aumento de los niveles de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos; subraya que la digitalización tiene potencial para impulsar o socavar la democracia, y pide a la Unión que, cuando promueva el uso de la innovación tecnológica en la ayuda al desarrollo, estudie debidamente estos riesgos a fin de controlar el uso indebido de las tecnologías digitales, y también para promover la gobernanza de internet;

35.  Subraya la importancia de construir un ecosistema sostenible para la economía digital con el fin de reducir el impacto ecológico ligado a la digitalización mediante el desarrollo de un uso eficiente de los recursos tanto en el sector digital como en el de la energía, en particular dando prioridad a la economía circular; pide que el Plan Europeo de Inversiones Exteriores (PEIE) apoye la responsabilidad del productor, en particular apoyando a las pymes que desarrollen actividades de reutilización, reparación y reacondicionamiento e incorporen sistemas de recogida en sus actividades con el fin de eliminar los componentes peligrosos utilizados en los aparatos eléctricos y electrónicos; pide que se mejore la concienciación de los consumidores sobre los efectos de los dispositivos electrónicos en el medio ambiente y que se aborde de forma eficaz la responsabilidad de las empresas en la fabricación de aparatos eléctricos y electrónicos; subraya, asimismo, la necesidad de apoyar la elaboración de estadísticas sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y las políticas nacionales sobre estos residuos en los países en desarrollo, a fin de minimizar la producción de estos residuos, evitar el vertido ilegal y el tratamiento inadecuado de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, promover el reciclado y crear empleos en los sectores del reacondicionamiento y el reciclado;

36.  Reconoce que las tecnologías digitales ofrecen al sector de la energía herramientas innovadoras para optimizar el uso de los recursos; recuerda, no obstante, que las tecnologías digitales dejan una importante huella ecológica, como consumidoras de recursos energéticos (se calcula que las emisiones de CO2 del sector digital suponen entre un 2 y un 5 % de las emisiones totales) y de metales (como plata, cobalto, cobre y tántalo), poniendo en duda su sostenibilidad a largo plazo; reafirma la necesidad de cambiar los modelos de producción y consumo para luchar contra el cambio climático;

37.  Reconoce el papel potencial de la tecnología digital para promover la democracia y la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones;

38.  Subraya la importancia de la creación y la puesta en marcha de plataformas digitales estatales a efectos informativos que aumenten las posibilidades de la población de conocer en profundidad sus propios derechos y los servicios ofrecidos por el Estado a los ciudadanos;

39.  Subraya que las aplicaciones de la administración electrónica contribuyen a que el acceso a los servicios públicos sea más rápido y barato, mejoran la coherencia y la satisfacción de los ciudadanos, facilitan la articulación y las actividades de la sociedad civil y aumentan la transparencia, contribuyendo así de forma notable a promover la democratización y a la lucha contra la corrupción; recalca el papel vital de la tecnología y la digitalización para lograr una política presupuestaria y una administración eficaces que permitan un aumento efectivo de la movilización de recursos nacionales y contribuyan a luchar contra la evasión y el fraude fiscales; insiste en que es imprescindible crear identidades digitales seguras, puesto que podría ayudar a determinar las cifras de personas necesitadas de determinados servicios básicos;

40.  Pide que se aprovechen las posibilidades ofrecidas por la tecnología digital para mejorar la inscripción de los niños en los registros de nacimientos, fallecimientos y matrimonios; señala que Unicef estima que, solo en el África subsahariana, 95 millones de niños no han sido inscritos al nacer(7) y, por lo tanto, no tienen un certificado de nacimiento, y que este hecho impide el reconocimiento legal del niño y, en consecuencia, su existencia como miembro de la sociedad desde su nacimiento y luego en su vida adulta, lo que distorsiona los datos demográficos de los países con consecuencias importantes para la evaluación de las necesidades de la población, en particular en lo que respecta al acceso a la educación o a la atención sanitaria;

41.  Reconoce el papel central de la tecnología digital en la gestión de los servicios sanitarios, en la respuesta de emergencia a las epidemias, en la difusión de campañas de salud pública, en el acceso público a los servicios de salud y en la formación destinada al personal sanitario, en el apoyo y la promoción de la investigación básica y en el desarrollo de los servicios de información de la sanidad y la sanidad electrónica; pide, por tanto, a los responsables políticos que introduzcan los marcos políticos y reglamentarios apropiados para ampliar los proyectos de sanidad electrónica, y a la Comisión que facilite los recursos financieros necesarios a este respecto;

42.  Acoge con satisfacción el programa en línea «DEVCO Academy», que permite formar en línea a personas de los países socios de la Unión; pide que se sigan desarrollando programas de formación para los responsables locales y el establecimiento de procedimientos para la solicitud de subvenciones de la Unión, a fin de que esos socios estén en condiciones de comprender mejor las expectativas, los objetivos y las condiciones y, de este modo, aumentar las posibilidades de que sus proyectos sean seleccionados; subraya que estas iniciativas, siempre que sean fácilmente accesibles, eficaces y pertinentes, tendrían un impacto positivo en la absorción de la ayuda y en la imagen de la Unión entre sus socios;

o
o   o

43.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y al Servicio Europeo de Acción Exterior.

(1) DO C 210 de 30.6.2017, p. 1.
(2) DO C 369 de 11.10.2018, p. 22.
(3) DO C 399 de 24.11.2017, p. 106.
(4) Estudio del PNUMA e Interpol titulado «The Rise of Environmental Crime. A growing Threat to Natural Resources, Peace, Development and Security» (El aumento de los delitos ambientales: una creciente amenaza para los recursos naturales, la paz, el desarrollo y la seguridad), 2016.
(5) UNCTAD: «South South Digital Cooperation for Industrialisation: A Regional Integration Agenda» (Cooperación digital Sur-Sur para la industrialización: una agenda regional para la integración), 2017.
(6) Asamblea General de las Naciones Unidas, A/RES/70/125.
(7) https://www.unicef.org/french/publications/files/UNICEF_SOWC_2016_French_LAST.pdf.

Aviso jurídico - Política de privacidad