El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Sudán, y en particular las de 31 de mayo de 2018(1), 15 de marzo de 2018(2), 16 de noviembre de 2017(3) y 6 de octubre de 2016(4),

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, del que la República de Sudán es Estado parte desde 1986,

–  Vista la concesión del Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia al defensor de los derechos humanos Salih Mahmoud Osman en 2007,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo sobre Sudán, de 19 de noviembre de 2018,

–  Vista la declaración de la troika (Estados Unidos, Noruega y el Reino Unido) y de Canadá, de 8 de enero de 2019, sobre la respuesta a las continuas protestas en Sudán,

–  Vistas las declaraciones del portavoz para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 24 de diciembre de 2018 y de 11 de enero de 2019, sobre las continuas protestas en Sudán,

–  Vista la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos,

–  Vista la Constitución de Sudán de 2005,

–  Visto el Acuerdo de Cotonú firmado por el Gobierno de Sudán en 2005,

–  Vista la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,

–  Vistos los diálogos interactivos sobre la situación de los derechos humanos en Sudán, organizados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 11 de diciembre de 2018,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que, a mediados de diciembre, el Gobierno de Sudán anunció el fin de las subvenciones a los productos de primera necesidad en respuesta a una espiral inflacionista; que la inflación del país, cercana al 122 %, es en la actualidad la segunda más elevada del mundo(5);

B.  Considerando que, desde el 19 de diciembre de 2018, han estado saliendo a las calles manifestantes en todo Sudán para protestar por el aumento de los precios, los recortes en las subvenciones a los productos básicos y la escasez de combustible; que estas protestas se han ido extendiendo desde las ciudades y los pueblos a Jartum, la capital;

C.  Considerando que las manifestaciones han aumentado y decenas de miles de nuevos manifestantes han salido a la calle, lo que refleja que una amplia representación de la sociedad sudanesa es contraria al régimen autoritario y pide la dimisión del presidente Omar al-Bashir, en el poder desde hace 29 años;

D.  Considerando que 22 partidos políticos se han retirado del Gobierno en solidaridad con los manifestantes; que las manifestaciones están respaldadas por antiguos aliados del presidente y miembros del partido en el poder considerados como un auténtico desafío para el presidente Al-Bashir, quien pretende modificar el artículo 57 de la Constitución con el fin de obtener un mandato de por vida;

E.  Considerando que, el 1 de enero de 2019, 22 partidos y grupos políticos de la oposición exigieron el traspaso del poder del presidente Al-Bashir a un «consejo soberano» y un gobierno de transición que debía fijar una fecha «adecuada» para la celebración de elecciones democráticas; que las próximas elecciones presidenciales están previstas para 2020; que, con arreglo a la Constitución de Sudán, el presidente Al-Bashir no está autorizado a volver a presentar su candidatura cuando finalice su actual mandato; que algunos legisladores de Sudán han anunciado su intención de modificar la Constitución con el fin de ampliar los límites del mandato presidencial, permitiendo así al presidente Al-Bashir volver a presentarse a las elecciones en 2020;

F.  Considerando que las autoridades sudanesas desplegaron a las fuerzas de seguridad nacionales, a la policía y a fuerzas paramilitares que hicieron un uso excesivo de la fuerza para dispersar a los manifestantes desarmados, pegándoles con porras y disparando munición real, balas de goma y gases lacrimógenos;

G.  Considerando que el presidente Al-Bashir es el único jefe de Estado en ejercicio perseguido por los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y el genocidio cometidos durante su campaña de depuración étnica en Darfur, y que es objeto de dos órdenes de detención, emitidas el 4 de marzo de 2009 y el 12 de julio de 2010 por la Corte Penal Internacional (CPI); que aunque Sudán no es un Estado parte del Estatuto de Roma, la Resolución 1593 (2005) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas le obliga a cooperar con la CPI; que, a pesar de la orden de detención en su contra, el presidente Al-Bashir ha proseguido sus crímenes con impunidad, extendiendo los bombardeos contra civiles fuera de Darfur, a los Estados sudaneses de Nilo Azul y Kordofán del Sur;

H.  Considerando que, según algunas organizaciones internacionales de derechos humanos, el número de víctimas mortales era de 45 a 1 de enero de 2019; que el Gobierno sudanés da cuenta de solamente 24 muertes; que otros tres manifestantes perdieron la vida el 9 de enero de 2019 en una manifestación contra el Gobierno en Sudán; que ese mismo día tuvo lugar en Jartum el primer mitin que se haya celebrado en apoyo del presidente Al-Bashir;

I.  Considerando que, según el Gobierno sudanés, la policía ha detenido a 816 personas en tres semanas de protestas, pero según la sociedad civil el número real es muy superior; que varios profesores de la Universidad de Jartum fueron detenidos tras sumarse a las protestas; que varios líderes de la oposición, periodistas, defensores de los derechos humanos, profesores y estudiantes, incluidos los que sufren heridas graves, siguen detenidos sin recibir visitas de familiares, abogados o médicos;

J.  Considerando que el 8 de enero de 2019 fue detenido en su despacho Salih Mahmoud Osman, abogado sudanés especializado en derechos humanos y laureado con el premio Sájarov en 2007; que las autoridades han confirmado su detención, pero no han comunicado dónde se encuentra; que la familia del señor Osman está muy preocupada por su detención, ya que padece de hipertensión y de diabetes que precisan de seguimiento médico;

K.  Considerando que la ola de detenciones ha afectado a muchos defensores de los derechos humanos y varios miembros de la oposición;

L.  Considerando que, el 8 de enero de 2019, el exvicepresidente Ali Osman Taha advirtió a opositores del Gobierno que «brigadas» de milicianos defenderían el país;

M.  Considerando que la existencia de unos medios de comunicación libres, independientes e imparciales constituye uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática; que el Gobierno ha bloqueado el acceso a las redes sociales y que varios periódicos han renunciado a la publicación después de que el Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad sudanés (NISS, por sus siglas en inglés) restringiera la publicación de información relativa a las protestas; que el uso generalizado de redes privadas virtuales ha permitido que se compartieran imágenes gráficas y vídeos de manifestantes heridos o muertos; que Sudán ocupa el puesto 174 de 180 países en el índice de libertad de prensa 2018 de Reporteros Sin Fronteras; que, el 13 de enero de 2019, la Asociación de Profesionales Sudaneses, que agrupa, entre otros, a médicos, profesores e ingenieros, hizo un llamamiento a manifestarse en la capital, Jartum, y otras ciudades como Madani (este), Kosti (sur) y Dongola (norte) con motivo de una «semana de insurrección»; que por primera vez se han convocado manifestaciones en Nyala y Al-Fasher, en la región en conflicto de Darfur;

N.  Considerando que, según los defensores de los derechos humanos, las personas de la región de Darfur en particular han sido objeto de acoso y detenciones en todo el país, incluso aunque no hubieran participado en las manifestaciones;

O.  Considerando que Sudán aún tiene pendiente la ratificación de otros importantísimos tratados universales de derechos humanos, como la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer;

P.  Considerando que la troika formada por los Estados Unidos, Noruega y el Reino Unido y apoyada por Canadá ha condenado la brutal represión de las manifestaciones en Sudán;

Q.  Considerando que la Unión mantiene contactos de alto nivel con el Gobierno sudanés, en particular mediante visitas de comisarios a Sudán;

R.  Considerando que Sudán está clasificado como el cuarto peor país para ser cristiano en el índice mundial de persecución de los cristianos elaborado por Open Doors Internacional en 2018; que la situación es igualmente difícil para otras minorías religiosas y para los no creyentes;

1.  Condena enérgicamente el uso excesivo de la fuerza por parte del NISS durante las protestas populares y la represión actual por parte de las autoridades en Sudán, que sigue afectando a activistas y defensores de los derechos humanos, así como a abogados, estudiantes y médicos;

2.  Pide al Gobierno sudanés que ponga fin al uso letal de la fuerza, las detenciones arbitrarias y la detención de manifestantes pacíficos, y que evite más derramamientos de sangre y la práctica de torturas; destaca que todos los cuerpos policiales y de seguridad deben actuar bajo su control directo y de conformidad con las obligaciones constitucionales e internacionales de Sudán;

3.  Transmite su pésame a las víctimas de la violencia que comenzó al iniciarse las protestas populares, así como a sus familias;

4.  Pide la puesta en libertad inmediata e incondicional de Salih Mahmoud Osman, galardonado con el Premio Sájarov, e insta a las autoridades sudanesas a que le garanticen atención médica urgente y acceso sin trabas a su abogado y a su familia;

5.  Pide al Gobierno de Sudán que respete el derecho de la población a expresar su inquietud y permita a todos los defensores de los derechos humanos en Sudán realizar su labor legítima en defensa de los derechos humanos sin restricciones ni represalias;

6.  Expresa su especial preocupación por la suerte que corren 32 estudiantes universitarios originarios de Darfur que fueron detenidos el 23 de diciembre de 2018 por las autoridades sudanesas y fueron exhibidos ante los medios de comunicación acusados de, al parecer, haber recibido entrenamiento en Israel y ser responsables de las protestas en curso;

7.  Pide al Gobierno de Sudán que ponga en libertad de inmediato y sin condiciones a todos los defensores de los derechos humanos, periodistas, líderes de la oposición política y otros manifestantes detenidos actualmente sin cargos ni juicio, y que permita a los que se enfrentan a un juicio acceder plenamente a la representación legal; pide al Gobierno de Sudán que dé a conocer el paradero de esas personas;

8.  Pide al Gobierno de Sudán que investigue rápidamente todas las acusaciones de tortura, malos tratos y detención arbitraria, así como de uso excesivo de la fuerza contra las personas detenidas por parte de la policía y el Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad, incluida la denegación de los tratamientos médicos necesarios, y que haga que los responsables rindan cuentas en juicios justos, con objeto de hacer públicos los resultados y llevar a los responsables ante la justicia de conformidad con las normas internacionales;

9.  Considera que unos medios de comunicación libres, independientes e imparciales son uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática, en la que los debates abiertos desempeñan un papel decisivo; pide a la Unión que redoble sus esfuerzos en favor de la promoción de la libertad de expresión a través de sus instrumentos y políticas exteriores, también en Sudán;

10.  Pide que se ponga fin de inmediato a las restricciones impuestas al acceso a internet y a los recortes de la libertad de expresión a través de la censura de la prensa, e insta a Sudán a emprender reformas para garantizar la libertad de expresión, de conformidad con sus obligaciones constitucionales y compromisos internacionales, incluido el Acuerdo de Cotonú, modificado por primera vez en Luxemburgo el 25 de junio de 2005;

11.  Lamenta la persecución respaldada por el Estado contra cristianos, fieles de otras religiones y no creyentes, así como el cierre y la demolición de iglesias; reafirma que la libertad de religión, conciencia o creencias es un derecho humano universal que se ha de proteger en todo lugar y respecto de todos;

12.  Subraya la importancia de respetar el calendario electoral, pero observa con preocupación que ha comenzado el proceso de modificación de la Constitución de Sudán para que el presidente Al-Bashir pueda volver a presentarse como candidato a la presidencia;

13.  Reitera su petición de que el presidente Al-Bashir respete el Derecho internacional de conformidad con los convenios y tratados de los que su Gobierno es parte; apoya además el papel de la Corte Penal Internacional (CPI) en el enjuiciamiento del presidente Al-Bashir por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio;

14.  Recuerda la declaración que el comisario Christos Stylianides realizó el 31 de mayo de 2018 en el Parlamento Europeo, en la que afirmó que la Unión seguiría sirviéndose de los diferentes medios a su disposición para promover y proteger los derechos humanos de las mujeres y las niñas en Sudán, por ejemplo mejorando su acceso a una educación y unos servicios sanitarios de calidad y sensibilizando a las diversas comunidades sobre sus derechos, en particular para que disminuyan las prácticas dañinas como la mutilación genital femenina;

15.  Insta a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) y a los Estados miembros a que garanticen que la gestión de la migración y las acciones de lucha contra el terrorismo no socaven el apoyo a los derechos humanos; expresa su preocupación a la vista de que el régimen sudanés utiliza la cooperación en materia de migración de la Unión y los distintos Estados miembros con Sudán como una excusa y para reforzar su capacidad para controlar y oprimir a la población, por ejemplo incrementando las capacidades de vigilancia, también en las fronteras, y suministrando equipos, como los equipos biométricos; pide, en consecuencia, a la Unión y a sus Estados miembros que garanticen una transparencia total respecto de los proyectos que implican a Sudán en el ámbito de la seguridad, incluyendo todas las actividades ya planificadas y a los beneficiarios de la financiación nacional y de la Unión;

16.  Reitera su llamamiento para que se prohíba a escala de la Unión la exportación, la venta, la modernización y el mantenimiento de cualesquiera equipos de seguridad que puedan utilizarse o se utilicen para la represión interior, incluida la tecnología de vigilancia de internet, a los Estados en los que la situación de los derechos humanos sea lamentable, como ocurre en Sudán;

17.  Toma nota de las declaraciones realizadas por el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior en el contexto de las protestas en curso; pide a la vicepresidenta / alta representante que condene públicamente la alarmante situación en Sudán y utilice todos los medios de influencia a su disposición para presionar a las autoridades sudanesas a fin de que pongan fin a la violencia y la represión en curso, las detenciones masivas y los asesinatos, y que las aliente a respetar los compromisos que han asumido respecto de las normas y leyes internacionales;

18.  Subraya el compromiso de la Unión de proporcionar ayuda humanitaria y apoyar a las organizaciones de la sociedad civil en Sudán, y anima a la Unión y a sus Estados miembros a que sigan desplegando sus esfuerzos en esos ámbitos; insta a la Comisión a incrementar el apoyo financiero destinado a los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil en Sudán en el marco del Fondo Europeo de Desarrollo;

19.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Gobierno de Sudán, a la Unión Africana, al secretario general de las Naciones Unidas, a los copresidentes de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE y al Parlamento Panafricano.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0233. (2) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0080. (3) DO C 356 de 4.10.2018, p. 50. (4) DO C 215 de 19.6.2018, p. 33. (5) Cálculos realizados por el Prof. Steve H. Hanke, Universidad Johns Hopkins, https://allafrica.com/stories/201807230267.html