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Procedimiento : 2018/2684(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : B8-0096/2019

Textos presentados :

B8-0096/2019

Debates :

PV 12/02/2019 - 21
CRE 12/02/2019 - 21

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PV 13/02/2019 - 16.9
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Textos aprobados :

P8_TA(2019)0111

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Miércoles 13 de febrero de 2019 - Estrasburgo Edición definitiva
Retroceso en los derechos de la mujer y en la igualdad de género en la UE
P8_TA(2019)0111B8-0096/2019

Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de febrero de 2019, sobre la involución en el ámbito de los derechos de la mujer y la igualdad de género en la Unión Europea (2018/2684(RSP))

El Parlamento Europeo,

–  Vista la pregunta a la Comisión sobre la involución en el ámbito de los derechos de la mujer y la igualdad de género en la Unión Europea (O-000135/2018 – B8-0005/2019),

–  Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género,

–  Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en particular sus artículos 8 y 153 (sobre igualdad entre hombres y mujeres), 10 y 19 (sobre la no discriminación) y 6, 9 y 168 (sobre la salud),

–  Visto el Tratado de la Unión Europea, en particular sus artículos 2 y 3, por los que se establecen los principios de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación como valores fundamentales de la Unión,

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular sus artículos 21 (sobre la no discriminación), 23 (sobre la igualdad entre mujeres y hombres) y 35 (sobre la protección de la salud),

–  Vistos la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing de septiembre de 1995 y la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (Conferencia de El Cairo) de septiembre de 1994 con su programa de acción, así como los resultados de sus respectivas conferencias de revisión,

–  Visto el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH),

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW),

–  Visto el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul),

–  Vistas las conclusiones del coloquio anual de 2017 sobre los derechos fundamentales titulado «Derechos de las mujeres en tiempos difíciles», organizado por la Comisión,

–  Vistos el artículo 128, apartado 5, y el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que una involución puede definirse como una resistencia al cambio social progresista, un retroceso en los derechos adquiridos o el mantenimiento de un status quo no igualitario, y que resulta especialmente preocupante la involución de los derechos de la mujer y de la igualdad de género; que tal resistencia puede ejercerse con independencia del contexto social o la edad, puede ser formal e informal, y puede implicar estrategias activas o pasivas para oponerse a los nuevos avances intentando modificar leyes o políticas que en último término limiten los derechos adquiridos de los ciudadanos; que ello ha ido acompañado de la difusión de noticias falsas y de creencias en estereotipos perjudiciales;

B.  Considerando que los derechos de la mujer son derechos humanos;

C.  Considerando que el grado de igualdad de género es a menudo indicativo y la primera advertencia del deterioro de la situación de los derechos y valores fundamentales, entre ellos la democracia y el Estado de Derecho, en una determinada sociedad; que los esfuerzos por restringir o menoscabar los derechos de la mujer son con frecuencia el reflejo de un conflicto social más amplio;

D.  Considerando que, en virtud del Derecho internacional y de los Tratados de la Unión, todos los Estados miembros han contraído obligaciones y deberes al objeto de respetar, garantizar, proteger y observar los derechos fundamentales y de la mujer;

E.  Considerando que la igualdad entre hombres y mujeres es uno de los valores fundamentales de la Unión; que el derecho a la igualdad de trato y la no discriminación es un derecho fundamental consagrado en los Tratados y debe aplicarse en la legislación, en la práctica, en la jurisprudencia y en la vida cotidiana;

F.  Considerando que, de conformidad con el artículo 8 del TFUE, «la Unión se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad»; que la labor de eliminar tales desigualdades es responsabilidad en primer lugar de los Estados miembros;

G.  Considerando que el índice de igualdad de género muestra desigualdades persistentes, con solo una ligera mejora desde 2005 a 2015; que aún se deben incorporar importantes mejoras en todos los Estados miembros con miras a crear sociedades igualitarias desde una perspectiva de género, en las que las mujeres y los hombres estén representados, sean respetados y se sientan seguros por igual en todos los ámbitos de la vida personal y laboral; que todas las personas se benefician de las consecuencias de las políticas de género y que repercuten de manera muy positiva en toda la sociedad; que, si dejamos de avanzar en materia de derechos de la mujer, estaremos involucionando;

H.  Considerando que la creación de una política de igualdad debe basarse en el acceso a las mismas oportunidades para las mujeres y los hombres y, al mismo tiempo, debe apoyar a las mujeres y a los hombres en la conciliación entre su trabajo y la vida familiar;

I.  Considerando que el avance en materia de igualdad de género y fomento de los derechos de la mujer no es automático ni lineal; que la protección y la promoción de la igualdad de género exigen un esfuerzo constante;

J.  Considerando que la discriminación contra la mujer puede adquirir múltiples formas, entre ellas la discriminación estructural, laboral y económica, que puede presentar un carácter larvado y silencioso debido a su ubiquidad;

K.  Considerando que en el presente decenio asistimos a una ofensiva visible y organizada a escala mundial y europea contra la igualdad de género y los derechos de las mujeres, también en la Unión, que se manifiesta especialmente en ciertos Estados miembros;

L.  Considerando que puede observarse la involución también en el ámbito de la Unión, y que sigue siendo de lamentar el posicionamiento de la Comisión, al principio de la legislatura actual, en contra de proseguir con la estrategia de igualdad de género que había seguido anteriormente;

M.  Considerando que los principales objetivos perseguidos con esta ola de resistencia frente a los derechos de la mujer y la igualdad de género parecen ser comunes entre los países y abarcan ámbitos clave del marco institucional y político en relación con la igualdad de género y los derechos de la mujer, como la integración de la perspectiva de género, la protección social y laboral, la educación, la salud sexual y reproductiva y los derechos afines, la prevención y lucha contra la violencia hacia las mujeres y la violencia de género, los derechos de las personas LGBTI+, la presencia de mujeres en los puestos de toma de decisiones políticas, y los espacios de trabajo y una financiación adecuada para las organizaciones y los movimientos de mujeres y de defensa de otros derechos humanos; que algunos activistas y organizaciones que hacen campaña en contra de los derechos humanos aspiran, con sus estrategias, a revocar la legislación vigente en materia de derechos humanos básicos relacionada con: la sexualidad y la reproducción, como el derecho de acceso a métodos anticonceptivos modernos, técnicas de reproducción asistida o abortos seguros; la igualdad de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI+); el acceso a la investigación de células madre; y el derecho a cambiar de género o sexo sin temor a consecuencias legales;

N.  Considerando que las mujeres se ven especialmente afectadas por el trabajo precario y por varias formas de trabajo atípico; que las tasas de desempleo se dispararon en el periodo 2008-2014 debido a la profunda crisis económica que azotó a toda la Unión y que, en 2014, la tasa de desempleo de las mujeres (10,4 %) todavía era superior a la de los hombres (10,2 %); que la crisis económica ha repercutido sobre toda la Unión, pero en particular sobre las áreas rurales, que están experimentando unos niveles catastróficos de paro, pobreza y despoblación que afectan especialmente a las mujeres;

O.  Considerando que las organizaciones y grupos de mujeres y los defensores de los derechos de la mujer han actuado como catalizadores y líderes de los avances legislativos y políticos en la última década en lo que respecta a la evolución y la práctica de los derechos de la mujer; que estas organizaciones están encontrando dificultades significativas para obtener financiación, debido a los criterios restrictivos y las cargas administrativas, así como a un entorno cada vez más hostil que ya no les permite llevar a cabo eficazmente sus funciones de interés público;

P.  Considerando que muchos Estados miembros todavía no han ratificado ni incorporado el Convenio de Estambul, y que existen restricciones estatales al acceso a los derechos sexuales y reproductivos dentro de la Unión;

Q.  Considerando que durante la primera mitad de 2018 se produjo una oleada en contra del Convenio de Estambul en varios Estados miembros, lo que dio pie a la incitación al odio, en especial contra las personas LGBTI+; que en ningún momento se ha plantado cara a esta reacción ni en el Consejo ni en el Consejo Europeo;

R.  Considerando que en 2017 el Consejo de Europa advirtió de que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres corrían peligro debido a que varios de sus miembros habían intentado restringir la legislación sobre el acceso al aborto y la contracepción; que, en un espíritu similar, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD) emitieron una declaración conjunta en agosto de 2018 en la que hacían hincapié en que el acceso a un aborto seguro y legal, así como a los servicios y la información conexos, son aspectos fundamentales de la salud reproductiva de las mujeres, e instaban a los países a detener la regresión con respecto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas, pues ello pone en peligro su salud y sus vidas; que el Parlamento ha reconocido que denegar el acceso seguro y legal al aborto es una forma de violencia contra las mujeres;

S.  Considerando que, en algunos Estados miembros, las asociaciones que se oponen a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres reciben el pleno respaldo de determinados gobiernos, respaldo que se manifiesta, en parte, a través de la asignación de fondos públicos, lo que les permite organizar sus acciones a escala internacional y europea de forma coordinada;

T.  Considerando que no todos los Estados miembros ofrecen una enseñanza sobre relaciones, sexualidad e igualdad de género conforme a las normas de educación sexual de la Organización Mundial de la Salud y a su plan de acción en materia de salud sexual y reproductiva, lo que equivale a incumplir las directrices internacionales; que la creciente resistencia a esta educación y la estigmatización de quienes participan en ella por parte de determinados movimientos políticos resulta alarmante y que a menudo esta resistencia se debe en numerosos Estados miembros a campañas de desinformación sobre el contenido de la educación sexual que impiden que se lleve a cabo una enseñanza informativa, importante e inclusiva para todos;

U.  Considerando que las estructuras patriarcales presentes en todo el mundo desde hace siglos originan la represión de las mujeres y la supresión de sus derechos, y perpetúan las desigualdades de género; que acabar con estas estructuras comportará un conflicto con distintos mecanismos y posiciones de poder en todo el mundo;

V.  Considerando que el fomento de la igualdad de género y la inversión en la población femenina redunda en beneficio de toda la sociedad, pues las mujeres que dispongan de recursos económicos suficientes y oportunidades de liderazgo invertirán en la salud, alimentación, educación y bienestar de sus hijos y familias;

1.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que mantengan un firme compromiso con la igualdad de género, los derechos de las mujeres y los derechos de las personas LGBTI+, incluidos los derechos de las minorías más vulnerables, y a que den prioridad a estas cuestiones; recuerda a todos los Estados miembros su obligación de defender los derechos de las mujeres y fomentar la igualdad de género; pide que se denuncien de manera generalizada aquellos discursos y medidas que menoscaben los derechos, la autonomía y la emancipación de las mujeres en todos los ámbitos; observa que una manera importante de combatir la involución es fomentando activamente la igualdad de género basada en los derechos e incorporando la perspectiva de género en todos los ámbitos;

2.  Señala que la naturaleza, la intensidad y los efectos de la involución en el ámbito de los derechos de la mujer han variado de un país a otro y de una región a otra, permaneciendo en algunos casos en el nivel de la retórica y plasmándose, en otros, en medidas e iniciativas concretas; que, no obstante, puede apreciarse en casi todos los Estados miembros; opina que el debate y las opciones políticas también han conformado dicha involución;

3.  Observa que la independencia de las mujeres mediante la emancipación socioeconómica requiere políticas laborales que contribuyan a luchar contra las desigualdades y la discriminación significativas en el trabajo, promuevan la revalorización de los salarios y la regulación del trabajo y del tiempo de trabajo, combatan y prohíban todas las formas de empleo precario y defiendan el derecho a la negociación colectiva;

4.  Observa que las más vulnerables a dicha involución son las mujeres pertenecientes a grupos minoritarios, entre ellos, las minorías sexuales y de género y las minorías étnicas y religiosas;

5.  Hace hincapié en que la igualdad de género no puede lograrse a menos que todas las mujeres, incluidas las pertenecientes a grupos étnicos y religiosos minoritarios que sufren desigualdades interseccionales, disfruten de igualdad de derechos;

6.  Condena la reinterpretación y reorientación de las políticas de igualdad de género en términos de política familiar y de maternidad que se está produciendo en algunos Estados miembros; señala que está dirigida tan solo a determinados grupos y que su planteamiento no es inclusivo; observa asimismo que esta política no muestra ningún interés por llevar a cabo un cambio estructural sostenible que dé lugar a una mejora sostenible de los derechos de las mujeres y la igualdad de género;

7.  Pide a los Estados miembros que garanticen la protección y el reconocimiento de los derechos de la mujer y de las personas LGBTI+ como principios igualitarios de la democracia y del Estado de Derecho; considera, no obstante, que consagrar los derechos de la mujer en la legislación no basta para alcanzar la igualdad de género, y que esta no se logrará a menos que los Estados miembros transpongan, adopten y finalmente ejecuten la legislación necesaria para proteger plenamente los derechos de las mujeres; lamenta que la defensa de los derechos de la mujer no se contemple de una forma integral, como un principio rector de todas las políticas públicas nacionales y europeas, acompañado por el presupuesto correspondiente; estima fundamental invertir en la prevención de la involución a través de la educación; pide a la Comisión y a los Estados miembros que sensibilicen en mayor medida a la población acerca de la importancia y los beneficios que supone salvaguardar los derechos de las mujeres y la igualdad de género para la sociedad, así como eliminar los estereotipos de género, y que respalden también el desarrollo y la difusión de investigaciones e información contrastadas en materia de derechos de las mujeres;

8.  Pide a los Estados miembros que se comprometan con los tratados y convenios internacionales, y con los principios consagrados en sus leyes fundamentales, y que los cumplan, como medio para garantizar el respeto e impulsar los derechos de las minorías y de las mujeres, incluidos la salud sexual y reproductiva y los derechos afines, y la igualdad de género en general;

9.  Hace hincapié en que la prevención y la lucha contra todas las formas de violencia hacia las mujeres, incluidas las prácticas tradicionales nocivas y la violencia de género, sigue enfrentándose a numerosos desafíos; manifiesta su preocupación ante las distintas formas de violencia que se han intensificado, como la incitación al odio sexista y contra las personas LGBTI, la misoginia y la violencia en línea, incluido el acoso y el acecho, pero también la violencia hacia las mujeres en el entorno laboral, o la derivada de la trata y la prostitución; recuerda que es preciso adoptar medidas para prevenir la violencia de género, proteger a las mujeres y las niñas frente a ella, y llevar ante la justicia a los responsables, garantizando al mismo tiempo que los refugios de mujeres dispongan de financiación, personal y apoyo adecuados; recuerda la importancia fundamental de aplicar la Directiva sobre los derechos de las víctimas, la Directiva sobre la orden europea de protección y la Directiva contra la trata de seres humanos; destaca la necesidad de abordar la falta de datos comparables con miras a informar adecuadamente a los responsables políticos de estas novedades; pide que sigan poniéndose en marcha campañas de sensibilización sobre la lucha contra la violencia de género y doméstica en el nivel de la Unión y de los Estados miembros;

10.  Pide a sus diputados que demuestren una tolerancia cero frente a la incitación al odio sexista observada durante las sesiones plenarias con la introducción de cambios en el Reglamento interno a fin de incorporar tal prohibición;

11.  Reitera la demanda de que se implanten en el Parlamento Europeo las medidas más eficaces para luchar contra el acoso sexual a fin de alcanzar una igualdad de género real; solicita que se realice una auditoría externa que ponga de manifiesto las mejores normas de funcionamiento a fin de introducir formación obligatoria sobre respeto y dignidad en el trabajo para todo el personal del Parlamento, incluidos los diputados, y que se reorganicen los dos comités competentes en materia de acoso a fin de incluir a expertos independientes y respetar la paridad;

12.  Considera que la colaboración de los hombres desempeña un papel importante en el fomento de la igualdad de género y la eliminación de la violencia contra las mujeres;

13.  Condena la campaña en contra del Convenio de Estambul, que combate la violencia contra las mujeres, y su malinterpretación; expresa su preocupación ante el rechazo hacia la norma de tolerancia cero frente a la violencia contra las mujeres y la violencia de género, para la cual existe un fuerte consenso internacional; indica que se está cuestionando la esencia misma de los principios de derechos humanos, igualdad, autonomía y dignidad; pide al Consejo que lleve a término el proceso de ratificación y pleno cumplimiento del Convenio de Estambul por parte de la Unión, y que promueva su ratificación por todos los Estados miembros;

14.  Observa que la violencia doméstica se considera la forma más extendida de violencia en algunos Estados miembros, y manifiesta su preocupación por el creciente número de mujeres que la sufren;

15.  Manifiesta su repulsa más enérgica por el aumento de la violencia contra las mujeres, que halla brutal reflejo en el impresionante número de homicidios;

16.  Observa que las víctimas de la violencia de género, incluida la violencia doméstica, a menudo tienen un acceso limitado a la justicia y a una protección adecuada a pesar de la legislación en materia de lucha contra todas las formas de violencia, y que existen deficiencias en la aplicación y el cumplimiento efectivo de las leyes; pide a los Estados miembros que garanticen que todas las víctimas de la violencia doméstica y de género reciban una asistencia jurídica con perspectiva de género a fin de evitar la revictimización y la impunidad, así como de mejorar el índice de denuncias de estos delitos;

17.  Señala la preocupante tendencia a la reducción del espacio de la sociedad civil tanto en Europa como en el resto del mundo, así como al aumento de la penalización, burocratización y restricción de la financiación de las organizaciones de derechos fundamentales, incluidos los activistas y organizaciones que luchan por los derechos de la mujer;

18.  Expresa su firme apoyo y su solidaridad hacia las iniciativas de amplio alcance, en particular las iniciativas de base, en favor de la igualdad de género promovidas por las organizaciones y movimientos de mujeres; subraya la necesidad de un apoyo financiero continuo a fin de garantizar que puedan seguir trabajando; pide, por ello, un aumento de la financiación que aportan los Estados miembros y la Unión a los instrumentos financieros disponibles para estas organizaciones; insiste en que el acceso a estos fondos debe comportar menos burocracia y no estar sujeto a discriminaciones basadas en los objetivos y la actividad de las organizaciones;

19.  Muestra, por tanto, su preocupación por las noticias sobre los recortes de los recursos disponibles para las organizaciones en defensa de los derechos de las mujeres y los centros de acogida para mujeres en algunos Estados miembros;

20.  Exhorta a los Estados miembros a que velen por que existan los recursos económicos adecuados para la aplicación de los instrumentos de lucha contra todas las formas de violencia, sobre todo la violencia contra las mujeres;

21.  Señala la tendencia de algunos Estados miembros a construir un panorama de ONG paralelo formado por organizaciones y personas progubernamentales; destaca la importancia de un panorama de ONG crítico y diverso, tanto para los derechos de las mujeres y la igualdad como para el desarrollo de la sociedad en su conjunto;

22.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que revisen sus mecanismos de distribución, seguimiento y evaluación de los fondos, y a que se aseguren de que estos tengan en cuenta la perspectiva de género y se adapten a los problemas a que se enfrentan movimientos y organizaciones concretos, especialmente los pequeños y medianos, en tiempos de involución, y a que utilicen instrumentos como las evaluaciones de impacto de género y la presupuestación de género cuando proceda; pide a la Comisión y a los Estados miembros que aumenten la financiación destinada a la protección y promoción de los derechos de la mujer y la igualdad de género, incluidos la salud sexual y reproductiva y los derechos afines, tanto en la Unión como en el resto del mundo;

23.  Pide a la Comisión que preste ayuda financiera directa y significativa a las organizaciones de mujeres de aquellos países donde, con carácter sistémico, las organizaciones de la sociedad civil sufren ataques y se ven privadas de fondos, con el fin de garantizar la continuidad de los servicios de protección y apoyo a las mujeres y sus derechos que se hayan visto interrumpidos, y que lleve a cabo un análisis global de la financiación para garantizar que la distribución de los fondos de la Unión por parte de los Estados miembros apoye a organizaciones cuyas actividades y servicios sean no discriminatorios, inclusivos y orientados a los supervivientes y no perpetúen estereotipos de género, roles de género tradicionales o la intolerancia;

24.  Considera la prostitución una forma grave de violencia y explotación;

25.  Pide a la Comisión que promueva una evaluación de la situación actual de la prostitución en la Unión, cuyas redes de traficantes se aprovechan del mercado único, y que conceda ayuda económica a los programas que permitan a las víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual escapar de la prostitución;

26.  Pide a la Comisión que en la próxima estrategia de salud pública incluya la promoción y la mejora de la salud sexual y reproductiva y de los derechos afines;

27.  Pide a los Estados miembros que detengan y reviertan los recortes que afectan a los programas de igualdad de género, a los servicios públicos y, en particular, a la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva;

28.  Lamenta que en algunos Estados miembros la duración del permiso de maternidad esté sujeta a la economía, y no tenga en cuenta los aspectos sociales y de salud tanto de las mujeres como de los niños; recuerda que la protección de los derechos de maternidad, paternidad y parentales va acompañada de la protección de los derechos laborales y de la seguridad en el empleo;

29.  Recuerda que garantizar la igualdad de género y reducir la brecha de salarios y pensiones entre hombres y mujeres conlleva importantes beneficios sociales y económicos para las familias y las sociedades;

30.  Aboga por iniciativas específicas orientadas al empoderamiento económico de las mujeres y que aborden la segregación por sexos y el acceso de la mujer al mercado laboral, en particular en los ámbitos del emprendimiento femenino, la digitalización y las ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas (CTIM) al objeto de combatir la brecha digital;

31.  Destaca la necesidad de dotar a las mujeres de capacidades y medios para participar en la toma de decisiones y el liderazgo con miras a combatir los estereotipos negativos;

32.  Pide que se realicen esfuerzos reales con miras a eliminar las diferencias salariares entre mujeres y hombres, que influyen negativamente en la posición social y económica de las mujeres; resalta que la defensa y la aplicación activa de la negociación colectiva, la revalorización de los salarios, la prohibición de todas las formas de empleo precario y la regulación de los derechos laborales son cruciales para colmar la brecha salarial entre hombres y mujeres;

33.  Destaca la necesidad de seguir mejorando la recopilación de datos desglosados por género en ámbitos tales como el empleo informal, la iniciativa empresarial y el acceso a financiación, el acceso a servicios sanitarios, la violencia contra las mujeres y el trabajo no remunerado; hace hincapié en la necesidad de recopilar y utilizar datos y pruebas de calidad para elaborar políticas fundadas y basadas en pruebas;

34.  Lamenta que, en el Reglamento por el que se establece el marco financiero plurianual para el periodo 2021-2027, no se haya reconocido la presupuestación con perspectiva de género como principio horizontal, y pide al Consejo que modifique urgentemente dicho Reglamento con el fin de reafirmar su compromiso con la igualdad de género; pide a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen a la presupuestación un enfoque con perspectiva de género de manera que analice de manera explícita la proporción de fondos públicos que se destina a las mujeres y a la lucha contra la involución en materia de género garantizando que todas las políticas de movilización de recursos y asignación de gastos fomenten la igualdad de género;

35.  Observa que la integración de la perspectiva de género forma parte de una estrategia general sobre la igualdad de género y destaca, por lo tanto, que el compromiso de las instituciones de la Unión en este ámbito resulta fundamental; lamenta, en este contexto, que la Unión no haya adoptado una estrategia de igualdad de género para 2016-2020, de modo que el Compromiso estratégico para la igualdad entre mujeres y hombres ha quedado reducido a un documento de trabajo; reitera su llamamiento a la Comisión para que adopte una estrategia de la Unión en materia de derechos de la mujer e igualdad de género;

36.  Insta al Consejo a que desbloquee la directiva destinada a mejorar el equilibrio de género entre los administradores no ejecutivos de las empresas cotizadas (la denominada «Directiva sobre mujeres en los consejos de administración») a fin de abordar el considerable desequilibrio existente entre mujeres y hombres en el ámbito de la toma de decisiones de carácter económico al más alto nivel;

37.  Insta al Consejo a que desbloquee la directiva relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato fuera del mercado laboral entre las personas independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, que tiene por objeto ampliar la protección contra la discriminación mediante un planteamiento horizontal;

38.  Reitera su petición a la Comisión de que revise la refundición de la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006 , relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación(1), y aboga por un seguimiento legislativo adecuado de la Recomendación de la Comisión de 2014 sobre la transparencia en materia de retribución, con el fin de acabar con la persistente brecha salarial;

39.  Lamenta la interrupción de los trabajos acerca de la Directiva sobre la ampliación del permiso de maternidad;

40.  Pide a la Comisión que elabore una hoja de ruta coherente y exhaustiva para la consecución de la igualdad de género y la protección de la igualdad de derechos de las mujeres, que comprenda la eliminación de todas las formas de violencia contra estas;

41.  Pide a la Comisión que realice un estrecho seguimiento de la promoción y situación de la igualdad de género en los Estados miembros más afectados, con especial atención al marco institucional, estratégico y legislativo;

42.  Manifiesta su preocupación por el hecho de que los opositores de los derechos reproductivos y de la autonomía de las mujeres han tenido una gran influencia en la política y el Derecho nacional, en especial en algunos Estados miembros, buscando debilitar la salud sexual y reproductiva y los derechos afines de las mujeres, en concreto en cuanto al acceso a la planificación familiar y la contracepción, e intentando restringir o eliminar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo; reitera la necesidad de adoptar políticas tendentes a proteger la maternidad y la paternidad, garantizando una protección laboral y social sólida, así como políticas que garanticen las infraestructuras de apoyo familiar, centros preescolares y la atención a domicilio de personas enfermas o de edad avanzada;

43.  Critica que se manipule el feminismo y la lucha por los derechos de las mujeres con el fin de incitar al racismo;

44.  Recomienda que los Estados miembros velen por ofrecer una educación sobre sexualidad y relaciones a todos los jóvenes; considera que las estrategias educativas más amplias son un instrumento clave para prevenir todas las formas de violencia, en particular la de género, especialmente en la adolescencia;

45.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión y al Consejo.

(1) DO L 204 de 26.7.2006, p. 23.

Última actualización: 27 de enero de 2020Aviso jurídico - Política de privacidad