Índice 
Textos aprobados
Miércoles 13 de febrero de 2019 - EstrasburgoEdición definitiva
Agencia Europea de Control de la Pesca ***I
 Informatización de los movimientos y los controles de los productos sujetos a impuestos especiales ***I
 Ley aplicable a los efectos frente a terceros de las cesiones de créditos ***I
 Programa en materia de intercambios, asistencia y formación para la protección del euro contra la falsificación de moneda para el período 2021-2027 («Programa Pericles IV») ***I
 Acuerdo de Libre Comercio UE-Singapur ***
 Acuerdo de Libre Comercio UE-Singapur (Resolución)
 Acuerdo de Protección de las Inversiones UE-Singapur ***
 Acuerdo de Protección de las Inversiones UE-Singapur (Resolución)
 Acuerdo Marco de Colaboración y Cooperación UE-Singapur ***
 Acuerdo Marco de Colaboración y Cooperación UE-Singapur (Resolución)
 Tratado constitutivo de la Comunidad del Transporte ***
 Informe de 2018 sobre Bosnia y Herzegovina
 Disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, así como normas financieras para dichos Fondos ***I
 Programa de Justicia ***I
 Situación del debate sobre el futuro de Europa
 Decisión de no formular objeciones a un acto delegado: niveles del desglose geográfico
 Decisión de no formular objeciones a un acto delegado: normas técnicas de regulación sobre la obligación de compensación a fin de ampliar el aplazamiento de las fechas de aplicación de la obligación de compensación en determinados contratos de derivados extrabursátiles
 Decisión de no formular objeciones a un acto delegado: fecha en que surte efecto la obligación de compensación para determinados tipos de contratos
 Decisión de no formular objeciones a un acto delegado: fecha hasta la cual las contrapartes podrán seguir aplicando sus procedimientos de gestión del riesgo a ciertos contratos de derivados extrabursátiles no compensados por una entidad de contrapartida central
 Cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil ***I
 Notificación y traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil ***I
 Normas comunes para garantizar las conexiones básicas de transporte de mercancías por carretera tras la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión ***I
 Normas comunes para garantizar las conexiones aéreas básicas tras la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión ***I
 Seguridad aérea tras la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión ***I
 AGCS: ajustes compensatorios necesarios que resultan de la adhesión de Chequia, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Austria, Polonia, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia y Suecia a la Unión ***
 Racionalización de las medidas para promover la finalización de la red transeuropea de transporte ***I
 Seguro de vehículos automóviles ***I
 Retroceso en los derechos de la mujer y en la igualdad de género en la UE
 Desafíos políticos y estrategias contra los tipos de cáncer que afectan a las mujeres y sus comorbilidades
 Uso del cannabis con fines terapéuticos
 Deliberaciones de la Comisión de Peticiones durante el año 2018

Agencia Europea de Control de la Pesca ***I
PDF 119kWORD 50k
Resolución
Texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 13 de febrero de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Agencia Europea de Control de la Pesca (versión codificada) (COM(2018)0499 – C8-0313/2018 – 2018/0263(COD))
P8_TA(2019)0084A8-0037/2019

(Procedimiento legislativo ordinario – codificación)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2018)0499),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 43, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8‑0313/2018),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 17 de octubre de 2018(1),

–  Visto el Acuerdo interinstitucional, de 20 de diciembre de 1994, sobre un método de trabajo acelerado con vistas a la codificación oficial de los textos legislativos(2),

–  Vistos los artículos 103 y 59 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0037/2019),

A.  Considerando que, según el grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, la propuesta en cuestión se limita a una codificación pura y simple de los textos existentes, sin ninguna modificación sustancial de estos;

1.  Aprueba su Posición en primera lectura aceptando la propuesta de la Comisión en su versión adaptada a las recomendaciones del grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión;

2.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 13 de febrero de 2019 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2019/... del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Agencia Europea de Control de la Pesca (versión codificada)

P8_TC1-COD(2018)0263


(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, el Reglamento (UE) 2019/473.)

(1) Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
(2) DO C 102 de 4.4.1996, p. 2.


Informatización de los movimientos y los controles de los productos sujetos a impuestos especiales ***I
PDF 89kWORD 49k
Decisión del Parlamento Europeo, de 13 de febrero de 2019, por la que el asunto se devuelve a la comisión competente con vistas a la celebración de negociaciones interinstitucionales sobre la propuesta no modificada de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la informatización de los movimientos y los controles de los productos sujetos a impuestos especiales (versión refundida) (COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD))(1)
P8_TA(2019)0085A8-0010/2019

(Procedimiento legislativo ordinario – refundición)

(1) Decisión aprobada de conformidad con el artículo 59, apartado 4, párrafo cuarto, del Reglamento interno (A8-0010/2019)


Ley aplicable a los efectos frente a terceros de las cesiones de créditos ***I
PDF 204kWORD 68k
Resolución
Texto consolidado
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, 13 de febrero de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la ley aplicable a los efectos frente a terceros de las cesiones de créditos (COM(2018)0096 – C8-0109/2018 – 2018/0044(COD))
P8_TA(2019)0086A8-0261/2018

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2018)0096),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 81, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0109/2018),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Banco Central Europeo de 18 de julio de 2018(1),

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social de 11 de julio de 2018(2),

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0261/2018),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 13 de febrero de 2019 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) .../... del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la ley aplicable a los efectos frente a terceros de las cesiones de créditos

P8_TC1-COD(2018)0044


EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular, su artículo 81, apartado 2,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión de la propuesta de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Banco Central Europeo(3),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(4),

Actuando de conformidad con el procedimiento legislativo ordinario(5),

Considerando lo siguiente:

(1)  La Unión se ha fijado el objetivo de mantener y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia. Para el establecimiento progresivo de tal espacio, la Unión debe adoptar medidas relativas a la cooperación judicial en materia civil con repercusión transfronteriza en la medida necesaria para el buen funcionamiento del mercado interior.

(2)  De conformidad con el artículo 81 del Tratado, esas medidas deberán incluir aquellas destinadas a garantizar la compatibilidad de las normas sobre conflicto de leyes aplicables en los Estados miembros.

(3)  El buen funcionamiento del mercado interior exige, con el fin de mejorar la previsibilidad del resultado de los litigios, la seguridad jurídica en cuanto a la ley aplicable y la libre circulación y el reconocimiento de las resoluciones judiciales, que las normas de conflicto de leyes de los Estados miembros determinen como ley aplicable la misma ley nacional, independientemente del Estado miembro del órgano jurisdiccional que conozca del asunto. [Enm. 1]

(4)  El Reglamento (CE) n.º 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo(6) no regula los efectos frente a terceros de la cesión de créditos. No obstante, el artículo 27, apartado 2, de dicho Reglamento, exige a la Comisión que presente al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo un informe sobre la eficacia frente a terceros de una cesión o subrogación de un derecho y la prioridad del derecho cedido o subrogado sobre un derecho de otra persona, acompañado, en su caso, de una propuesta de modificación del Reglamento y de una evaluación del impacto de las disposiciones que habrán de introducirse.

(5)  El 18 de febrero de 2015, la Comisión adoptó el Libro Verde «Construir una Unión de los Mercados de Capitales», que afirma que lograr una mayor seguridad jurídica en los casos de transmisión transfronteriza de créditos y establecer un orden de prioridad de tales transmisiones, en particular en los casos de insolvencia, constituye un aspecto importante del desarrollo de un mercado paneuropeo de titulización y de los acuerdos de garantía financiera, así como para otras actividades como el factoraje.

(6)  El 30 de septiembre de 2015, la Comisión adoptó la Comunicación «Plan de acción para la creación de una unión de los mercados de capitales». En este plan de acción, señaló que las diferencias en el trato nacional de los efectos frente a terceros de la cesión de créditos complican la utilización de estos instrumentos como garantías transfronterizas y llegó a la conclusión de que esta inseguridad jurídica dificulta las operaciones financieras económicamente importantes, como las titulizaciones. Anunció que la Comisión propondría normas uniformes para determinar con seguridad jurídica la ley nacional aplicable a los efectos frente a terceros de la cesión de créditos.

(7)  El 29 de junio de 2016, la Comisión adoptó un informe sobre la pertinencia de mantener el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2002/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(7) sobre los acuerdos de garantía financiera, centrándose en la cuestión de si esta Directiva funciona de manera eficaz y eficiente en lo que respecta a los actos formales necesarios para ofrecer créditos como garantía. El informe concluía que una propuesta de normas uniformes sobre los efectos frente a terceros de la cesión de créditos permitiría determinar con seguridad jurídica la ley nacional aplicable a los efectos frente a terceros de la cesión de créditos, lo que contribuiría a lograr una mayor seguridad jurídica en los casos transfronterizos de movilización de créditos como garantía.

(8)  El 29 de septiembre de 2016, la Comisión adoptó un informe sobre la eficacia de una cesión o subrogación de un crédito frente a terceros y la prioridad del crédito cedido o subrogado sobre el derecho de otra persona. El informe llegaba a la conclusión de que unas normas de conflicto de leyes uniformes que rijan la eficacia frente a terceros de la cesión, así como la prioridad entre cesionarios concurrentes o entre cesionarios y otros titulares de derechos, reforzaría la seguridad jurídica y reduciría los problemas prácticos y los costes jurídicos derivados de la actual diversidad de enfoques en los Estados miembros.

(9)  El ámbito de aplicación material y las disposiciones del presente Reglamento deben garantizar la coherencia con el Reglamento (CE) n.º 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo(8), el Reglamento (CE) n.º 593/2008 y los Reglamentos (UE) n.º 1215/2012(9) y (UE) n.º 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo(10). La interpretación del presente Reglamento debe evitar, en la medida de lo posible, las lagunas normativas entre estos instrumentos.

(10)  El presente Reglamento aplica el plan de acción para la creación de una unión de los mercados de capitales. También cumple el requisito, establecido en el artículo 27, apartado 2, del Reglamento Roma I, de que la Comisión debe publicar un informe y, en su caso, una propuesta sobre la eficacia frente a terceros de una cesión de un derecho y la prioridad del cesionario sobre el derecho de otra persona.

(11)  Actualmente no existenexiste a escala de la Unión normas de conflictos de leyesun conjunto de normas armonizadas de conflicto de leyes que regulen los efectos frente a terceros (o patrimoniales) de las cesiones de créditos. Estas normas de conflicto de leyes se establecen a nivel de los Estados miembros, pero son incoherentes, ya que se basan en diferentes criterios de conexión para determinar la ley aplicable y, por tanto, a menudo confusas, sobre todo en los Estados donde tales normas no están reguladas por una legislación aparte. En las cesiones de créditos transfronterizas, la incoherencia de las normas nacionales de conflicto de leyes es una fuente de inseguridad jurídica en cuanto a la ley aplicable a los efectos frente a terceros de las cesiones. La falta de seguridad jurídica plantea un riesgo jurídico en las cesiones de créditos transfronterizas que no existe en las cesiones nacionales, puesto que pueden aplicarse distintas leyes sustantivas nacionales dependiendo del Estado miembro cuyos órganos jurisdiccionales o autoridades conozcan de un litigio sobre la titularidad jurídica de los créditos implícitamente, el resultado de un conflicto de prioridades relativo al derecho de propiedad de un crédito tras una cesión transfronteriza puede variar en función de la legislación nacional aplicada. [Enm. 2]

(12)  Si los cesionarios no son conscientes del riesgo jurídico, o deciden hacer caso omiso de este, pueden sufrir pérdidas financieras imprevistas. La inseguridad en cuanto a quién tiene la titularidad jurídica de los créditos cedidos sobre una base transfronteriza puede tener efectos en cadena y profundizar y prolongar el impacto de una crisis financiera. Si los cesionarios deciden mitigar el riesgo jurídico buscando asesoramiento jurídico específico, incurrirán en unos costes de transacción más elevados, innecesarios en el caso de las cesiones nacionales. Si los cesionarios se desaniman ante los riesgos jurídicos y optan por renunciar a la cesión, pueden perder oportunidades de negocio y la integración del mercado puede reducirse. [Enm. 3]

(12 bis)   Este riesgo jurídico puede tener también un efecto disuasorio. Los cesionarios y los cedentes podrían optar por evitarlo y dejar pasar así oportunidades de negocio. Por tanto, esta falta de claridad no parece conforme con el objetivo de integración del mercado ni con el principio de la libre circulación de capitales inscrito en los artículos 63 a 66 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. [Enm. 4]

(13)  El objetivo del presente Reglamento consiste en proporcionar seguridad jurídica mediante el establecimiento de normas de conflicto de leyes comunes para determinar la ley nacional aplicable a los efectos frente a terceros de las cesiones de créditos, a fin de que aumente el volumen de transacciones transfronterizas de créditos, con vistas a favorecer las inversiones transfronterizas en la Unión y a facilitar el acceso a la financiación para las empresas, incluidas las pymes, y para los consumidores. [Enm. 5]

(14)  Un crédito otorga al acreedor el derecho al pago de una cantidad de dinero o al cumplimiento de una obligación por parte del deudor. La cesión de créditos permite al acreedor (cedente) transmitir su derecho a reclamar la deuda contra un deudor a otra persona (cesionario). Las leyes que rigen la relación contractual entre el acreedor y el deudor, entre el cedente y el cesionario, y entre el cesionario y el deudor designado las determinan las normas de conflicto de leyes establecidas en el Reglamento Roma I.

(14 bis)   El presente Reglamento no tiene por objeto alterar las disposiciones del Reglamento (CE) n.º 593/2008 por lo que respecta al efecto patrimonial de una cesión voluntaria entre cedente y cesionario o entre cesionario y deudor. [Enm. 6]

(15)  Las normas de conflicto de leyes establecidas en el presente Reglamento deben regular los efectos patrimoniales de las cesiones de créditos entre todas las partes implicadas en la cesión (es decir, entre el cedente y el cesionario, y entre el cesionario y el deudor), así como respecto de terceros, (por ejemplo, un acreedor del cedente), con exclusión del deudor. [Enm. 7]

(16)  Los créditos cubiertos por el presente Reglamento son los créditos comerciales, los créditos derivados de los instrumentos financieros definidos en la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo(11) y el efectivo acreditado en una cuenta abierta en una entidad de crédito. Los instrumentos financieros definidos en la Directiva 2014/65/UE incluyen los valores y derivados negociados en los mercados financieros. Si los valores son activos, los derivados son contratos que incluyen tanto derechos (o créditos) como obligaciones de las partes del contrato. [Enm. 8]

(17)  El presente Reglamento tiene por objeto los efectos frente a terceros de la cesión de créditos. No regulaRegula, en particular, la transmisión de los contratos (por ejemplo, los contratos de derivados), que incluye tanto derechos (o créditos) como obligaciones, niy la novación de contratos extensiva a tales derechos y obligaciones. Dado que el presente Reglamento no regula la transmisión ni la novación de contratos, la negociación de instrumentos financieros, así como la compensación y la liquidación de dichos instrumentos, se seguirán rigiendo por la ley aplicable a las obligaciones contractuales establecida por el Reglamento Roma I. Esta ley la eligen normalmente las partes del contrato o la determinan normas no discrecionales aplicables a los mercados financieros. [Enm. 9]

(18)  Las materias reguladas por la Directiva sobre los acuerdos de garantía financiera2002/47/CE, la Directiva sobre la firmeza de la liquidación98/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(12), la Directiva relativa al saneamiento y a la liquidación de las entidades de crédito2001/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(13) y el Reglamento por el que se establece el Registro de la Unión(UE) n.º 389/2013 de la Comisión(14) no se verán afectadas por el presente Reglamento, dado que el ámbito de aplicación de las normas de conflicto de leyes previstas en el presente Reglamento y el ámbito de aplicación de las normas de conflictos de leyes previstas en las tres Directivas mencionadas no se solapan. [Enm. 10]

(19)  El presente Reglamento debe tener carácter universal: la ley determinada en virtud del presente Reglamento deberá aplicarse aun cuando no sea la ley de un Estado miembro.

(20)  La previsibilidad resulta esencial para los terceros interesados en adquirir la titularidad jurídica sobre el crédito cedido. La aplicación de la ley del país de la residencia habitual del cedente a los efectos frente a terceros de las cesiones de créditos permite a los terceros interesados saber fácilmente de antemano qué ley nacional regirá sus derechos. La ley de la residencia habitual del cedente deberá aplicarse, por lo tanto, como regla general a los efectos frente a terceros de las cesiones de créditos. Esta norma deberá aplicarse, en particular, a los efectos frente a terceros de la cesión de créditos en el factoraje, en la constitución de garantías y, cuando las partes no hayan elegido la ley del crédito cedido, en la titulización.

(21)  La ley elegida por regla general como aplicable a los efectos frente a terceros de las cesiones de créditos deberá permitir la determinación de la ley aplicable a la cesión de créditos futuros, una práctica común en la que se ceden múltiples créditos, como en el factoraje. La aplicación de la ley de la residencia habitual del cedente deberá permitir la determinación de la ley aplicable a los efectos frente a terceros de la cesión de créditos futuros.

(22)  La necesidad de determinar quién tiene la titularidad jurídica sobre un crédito cedido se plantea a menudo a la hora de determinar la masa de la insolvencia cuando el cedente es declarado insolvente. La coherencia entre las normas de conflicto de leyes establecidas en el presente Reglamento y las establecidas en el Reglamento (UE) n.º 2015/848 sobre procedimientos de insolvencia es, por lo tanto, deseable. La coherencia debe alcanzarse mediante la aplicación, como regla, de la ley de la residencia habitual del cedente a los efectos frente a terceros de las cesiones de créditos, dado que la utilización de la residencia habitual del cedente como criterio de conexión coincide con el centro de interés principal del deudor utilizado como criterio de conexión a efectos de la insolvencia.

(23)  La Convención de las Naciones Unidas de 2001 sobre la cesión de créditos en el comercio internacional establece que la prioridad del derecho de un cesionario sobre el crédito cedido respecto del derecho de un demandante concurrente se rige por la ley del Estado donde está domiciliado el cedente. La compatibilidad entre las normas de conflicto de leyes de la Unión establecidas en el presente Reglamento y la solución propugnada a nivel internacional por la Convención facilitará la resolución de litigios internacionales.

(24)  Si el cedente cambia su residencia habitual entre varias cesiones del mismo crédito, la ley aplicable debe ser la ley de la residencia habitual del cedente en el momento en que uno de los cesionarios haga efectiva por primea vez su cesión frente a terceros mediante el cumplimiento de los requisitos con arreglo a la ley aplicable sobre la base de la residencia habitual del cedente en ese momento.

(25)  De conformidad con la práctica del mercado y las necesidades de los participantes en el mercado, los efectos frente a terceros de determinadas cesiones de créditos deberán regirse, con carácter excepcional, por la ley del crédito cedido, es decir, la ley que rige el contrato inicial entre el acreedor y el deudor del que naceque origina el derecho. [Enm. 11]

(26)  La ley del crédito cedido debe regir los efectos frente a terceros de la cesión por el titular de una cuenta de efectivo acreditado en una cuenta abierta en una entidad de crédito, donde el titular de la cuenta es el acreedor/cedente y la entidad de crédito es el deudor. Se proporciona una mayor previsibilidad a los terceros, como los acreedores del cedente, y a los cesionarios concurrentes si la ley del crédito cedido se aplica a los efectos frente a terceros de estas cesiones, dado que se presume generalmente que el crédito que el titular de una cuenta tiene sobre el efectivo acreditado en una cuenta abierta en una entidad de crédito se rige por la ley del país en el que esté situada la entidad de crédito (en lugar de por la ley de la residencia habitual del titular de la cuenta/cedente). Esta es la ley que se elige normalmente en el contrato de cuenta bancaria entre el titular de la cuenta y la entidad de crédito.

(27)  Los efectos frente a terceros de la cesión de créditos derivados de instrumentos financieros también deben estar sujetos a la ley que rige el crédito cedido, es decir, la ley que rige el contrato del que nace el crédito (como un contrato de derivados). Someter los efectos frente a terceros de las cesiones de créditos derivados de instrumentos financieros a la ley del crédito cedido en lugar de a la ley de la residencia habitual del cedente resulta esencial para preservar la estabilidad y el buen funcionamiento de los mercados financieros. Estos se preservan porque la ley que rige el instrumento financiero del que se derivan los créditos es la ley elegida por las partes del contrato o la ley determinada según normas no discrecionales aplicables a los mercados financieros.

(28)  Debe ofrecerse flexibilidad en la determinación de la ley aplicable a los efectos frente a terceros de las cesiones de créditos en el contexto de una titulización a fin de responder a las necesidades de todos los titulizadores y facilitar la expansión del mercado de titulización transfronterizo a los operadores más pequeños. Si bien la ley de la residencia habitual del cedente debe aplicarse como norma por defecto a los efectos frente a terceros de la cesión de créditos en el contexto de una titulización, el cedente (causante) y el cesionario (entidad con fines especiales) deben poder elegir que se aplique la ley del crédito cedido a los efectos frente a terceros de las cesiones de créditos. El cedente y el cesionario deben poder decidir que los efectos frente a terceros de las cesiones de créditos en el contexto de una titulización sigan rigiéndose, como norma general, por la ley de la residencia habitual del cedente o elegir la ley del crédito cedido en función de la estructura y de las características de la transacción, como, por ejemplo, el número y la ubicación de los causantes y el número de leyes que rigen los créditos cedidos. [Enm. 12]

(29)  Pueden surgir conflictos de prioridad entre los cesionarios del mismo crédito cuando los efectos frente a terceros de la cesión se rigen por la ley de la residencia habitual del cedente en una cesión y por la ley del crédito cedido en otra. En estos casos, la ley aplicable para resolver el conflicto de prioridad debe ser la ley aplicable a los efectos frente a terceros de la cesión del crédito que en primer lugar se haya hecho efectiva frente a terceros en virtud de su ley aplicable. Si las dos cesiones se hacen efectivas en el mismo momento, debe prevalecer la ley de la residencia habitual del cedente. [Enm. 13]

(30)  El ámbito de aplicación de la ley nacional determinada por el presente Reglamento como ley aplicable a los efectos frente a terceros de la cesión de créditos debe ser uniforme. La ley nacional considerada aplicable debe regular en particular i) la eficacia de la cesión frente a terceros, es decir, las medidas que debe adoptar y los procedimientos que debe seguir el cesionario para asegurarse de que adquiere la titularidad jurídica sobre el crédito cedido (por ejemplo, mediante la inscripción de la cesión ante una autoridad o un registro público o la notificación por escrito de la cesión al deudor), y ii) la prioridad, es decir, la resolución de los conflictos entre varios demandantes en cuanto a quién tiene la titularidad del crédito tras una cesión transfronteriza (por ejemplo, entre dos cesionarios cuando el mismo crédito se ceda dos veces, o entre un cesionario y un acreedor del cedente). [Enm. 14]

(31)  Dado el carácter universal del presente Reglamento, pueden ser designadas como aplicables las leyes de países con diferentes tradiciones jurídicas. Cuando, a raíz de la cesión de un crédito, se transmite el contrato del que se deriva el crédito, la ley determinada por el presente Reglamento como ley aplicable a los efectos frente a terceros de la cesión de un crédito debe regir también el conflicto de prioridad entre el cesionario del crédito y el nuevo beneficiario del mismo crédito a raíz de la transmisión del contrato del que se deriva el crédito. Por ese mismo motivo, la ley determinada por el presente Reglamento como ley aplicable a los efectos frente a terceros de la cesión de un crédito debe aplicarse también, en el caso de que se emplee la novación como equivalente funcional de la transmisión de un contrato, para resolver un conflicto de prioridad entre el cesionario de un crédito y el nuevo beneficiario del crédito funcionalmente equivalente a raíz de la novación del contrato del que se deriva el crédito.

(32)  Consideraciones de interés público justifican que se otorgue a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros la facultad, en circunstancias extraordinarias, de hacer excepciones por motivos de orden público y con base en las leyes de policía, que deben interpretarse de manera restrictiva.

(33)  El respeto de los compromisos internacionales contraídos por los Estados miembros significa que el presente Reglamento no debe afectar a los convenios internacionales de los que sean parte uno o más Estados miembros en el momento de su adopción. Para facilitar el acceso a las normas, la Comisión debe publicar una lista de los convenios correspondientes en el Diario Oficial de la Unión Europea, sobre la base de la información facilitada por los Estados miembros.

(34)  El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En particular, el presente Reglamento aspira a promover la aplicación de los artículos 17 y 47, relativos, respectivamente, al derecho de propiedad y el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, así como del artículo 16, relativo a la libertad de empresa. [Enm. 15]

(35)  Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, debido a la escala y efectos del presente Reglamento, pueden lograrse mejor a nivel de la Unión, la Unión puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. La pretendida uniformidad de las normas de conflicto de leyes sobre los efectos frente a terceros de las cesiones de créditos solo puede lograrse a través de un reglamento, dado que solamente un reglamento garantiza una interpretación y una aplicación coherentes de las normas a nivel nacional. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(36)  De conformidad con el artículo 3 y el artículo 4 bis, apartado 1, del Protocolo n.º 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, [el Reino Unido] [e] [Irlanda] [han/ha notificado su/su deseo de participar en la adopción y aplicación del presente Reglamento]/[no participan/no participa en la adopción del presente Reglamento, y no quedan/no queda vinculados/vinculado por el mismo ni sujetos/sujeto a su aplicación].

(37)  De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción del presente Reglamento y no queda vinculada por el mismo ni sujeta a su aplicación.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

CAPÍTULO I

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES

Artículo 1

Ámbito de aplicación

1.  El presente Reglamento se aplicará, en las situaciones que impliquen un conflicto de leyes, a los efectos frente a terceros de las cesiones de créditos en materia civil y mercantil, excepto en el caso de los efectos frente a terceros del deudor de los créditos cedidos. [Enm. 16]

No se aplicará, en particular, a las materias fiscales, aduaneras o administrativas.

1 bis.   El presente Reglamento debe entenderse sin perjuicio del Derecho de la Unión o nacional en materia de protección de los consumidores. [Enm. 17]

2.  Quedan excluidos del ámbito de aplicación del presente Reglamento:

a)  la cesión de créditos derivados de las relaciones familiares y de las relaciones cuya ley aplicable considere que tienen efectos comparables, incluida la obligación de alimentos;

b)  la cesión de créditos derivados de los regímenes matrimoniales, de los regímenes patrimoniales resultantes de relaciones cuya ley aplicable considere que tienen efectos comparables al matrimonio, incluidas las parejas de hecho registradas, y de las sucesiones; [Enm. 18]

c)  la cesión de créditos derivados de letras de cambio, cheques y pagarés, así como de otros instrumentos negociables en la medida en que las obligaciones nacidas de estos otros instrumentos se deriven de su carácter negociable;

d)  la cesión de créditos derivados de las cuestiones regidas por el Derecho de sociedades, asociaciones y otras personas jurídicas, tales como su constitución, mediante registro o de otro modo; capacidad jurídica; funcionamiento interno o disolución de sociedades, asociaciones o personas jurídicas, y la responsabilidad personal de los socios y administradores por las obligaciones de la sociedad, asociación o persona jurídica;

e)  la cesión de créditos derivados de la constitución de consorcios y las relaciones entre los fundadores, administradores y beneficiarios;

f)  la cesión de créditos nacidos de los contratos de seguros de vida que se derivan de operaciones realizadas por organizaciones distintas de las empresas a que se refiere el artículo 2, apartados 1 y 3, de la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(15), cuyo objeto sea suministrar a los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia, agrupados en el marco de una empresa o de un grupo de empresas, o de un sector profesional o interprofesional, prestaciones en caso de muerte, de supervivencia, de cese o de reducción de actividades, de enfermedad profesional o de accidente laboral.

f bis)  la cesión de créditos en el marco de un procedimiento colectivo con arreglo al Reglamento (UE) 2015/848. [Enm. 19]

Artículo 2

Definiciones

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

a)  «cedente»: la persona que transmite a otra persona su derecho a reclamar una deuda frente a un deudor;

b)  «cesionario»: la persona que obtiene de otra persona el derecho a reclamar una deuda frente a un deudor;

c)  «cesión»: la transmisión voluntaria del derecho a reclamar una deuda frente a un deudor; incluye la transmisión plena de créditos, la subrogación contractual, la transmisión de créditos a título de garantía, así como las prendas u otros derechos de garantía sobre créditos;

d)  «crédito»: el derecho a reclamar una deuda, cualquiera que sea su naturaleza, monetaria o no monetaria, que se derive de una obligación contractual o extracontractual;

e)  «efectos patrimoniales»: los efectos frente a terceros, es decir,«efectos frente a terceros»: el derecho del cesionario a hacer valer su titularidad jurídica sobre un crédito que le haya sido cedido frente a otros cesionarios o beneficiarios del mismo crédito o de un crédito funcionalmente equivalente, los acreedores del cedente y otros terceros, con exclusión del deudor; [Enm. 20]

f)  «residencia habitual»: en el caso de las sociedades, asociaciones y otras personas jurídicas, el lugar de su administración central; en el caso de las personas físicas que actúen en el ejercicio de una actividad profesional, su lugar de actividad principal;

g)  «entidad de crédito»: una empresa tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 1), del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo(16), incluidas las sucursales, a tenor del artículo 4, apartado 1, punto 17), de dicho Reglamento, de entidades de crédito que tengan su administración central dentro o, de conformidad con el artículo 47 de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo(17), fuera de la Unión cuando dichas sucursales estén ubicadas en el territorio de la Unión;

h)  «efectivo»: el dinero acreditado en una cuenta abierta en una entidad de crédito en cualquier divisa; [Enm. 21]

i)  «instrumento financiero»: los instrumentos especificados en la sección C del anexo I de la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo(18).

CAPÍTULO II

NORMAS UNIFORMES

Artículo 3

Aplicación universal

La ley determinada por el presente Reglamento se aplicará aun cuando no sea la ley de un Estado miembro.

Artículo 4

Ley aplicable

1.  Salvo disposición en contrario del presente artículo, los efectos frente a terceros de la cesión de créditos se regirán por la ley del país de la residencia habitual del cedente en el momento en que tenga lugarde la celebración del contrato de cesión.

Si el cedente cambia su residencia habitual entre dos cesiones sucesivas del mismo crédito a cesionarios diferentes, la prioridad del derecho de un cesionario sobre el derecho de otro cesionario se regirá por la ley de la residencia habitual del cedente en el momento de la cesión que en primer lugar se hizo efectiva frente a otros terceros con arreglo a la ley determinada como aplicable en virtud del párrafo primero.

2.  LaSin perjuicio del apartado 1 del presente artículo, la ley aplicable al crédito cedido rige los efectos frente a terceros de la cesión de:

a)  efectivo acreditado en una cuenta abierta en una entidad de crédito;

b)  activos derivados de un instrumento financieroinstrumentos financieros.

3.  El cedente y el cesionario podrán elegir la ley aplicable al derecho cedido como la ley aplicable a los efectos frente a terceros de la cesión de créditos en vista de una titulización.

La elección de la ley aplicable se indicará expresamente en el contrato de cesión o en un contrato separado. La validez formal y material del acto por el que se elige la ley se regirá por la ley elegida.

4.  La prioridad entre los cesionarios de un mismo crédito cuando los efectos frente a terceros de una de las cesiones se rijan por la ley del país en el que el cedente tenga su residencia habitual y los efectos frente a terceros de las demás cesiones se rijan por la ley del crédito cedido se regirá por la ley aplicable a los efectos frente a terceros de la cesión del crédito que en primer lugar se hizo efectiva frente a terceros en virtud de su ley aplicable. Si las dos cesiones se hacen efectivas en el mismo momento, prevalecerá la ley del país en el que el cedente tenga su residencia habitual. [Enm. 22]

Artículo 5

Ámbito de aplicación de la ley aplicable

La ley aplicable a los efectos frente a terceros de la cesión de créditos con arreglo al presente Reglamento regirá, en particular:

a)  los requisitos para asegurar la eficacia de la cesión frente a terceros distintos del deudor, como las formalidades de registro o publicación;

b)  la prioridad de los derechos del cesionario sobre los derechos de otro cesionario del mismo crédito;

c)  la prioridad de los derechos del cesionario sobre los derechos de los acreedores del cedente;

d)  la prioridad de los derechos del cesionario sobre los derechos del beneficiario de una transmisión de contrato respecto del mismo crédito;

e)  la prioridad de los derechos del cesionario sobre los derechos del beneficiario de la novación de un contrato contra el deudor respecto del crédito equivalente.

Artículo 6

Leyes de policía

1.  Las disposiciones del presente Reglamento no restringirán la aplicación de las leyes de policía de la ley del foro.

2.  Las leyes de policía son disposiciones cuya observancia considera esencial un Estado miembro para la salvaguardia de sus intereses públicos, tales como su organización política, social o económica, hasta el punto de que éstas sean aplicables a toda situación que entre dentro de su ámbito de aplicación, cualquiera que sea la ley aplicable a los efectos frente a terceros de las cesiones de créditos con arreglo a lo dispuesto en el presente Reglamento.

2 bis.  Tendrán efecto las leyes de policía de la ley del Estado miembro en el que deba realizarse o en el que se haya llevado a cabo la cesión, en la medida en que dichas leyes de policía confieran carácter ilícito a un contrato de cesión. [Enm. 23]

CAPÍTULO III

OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 7

Orden público

La aplicación de una disposición de la ley de cualquier país determinada por el presente Reglamento solo podrá ser rehusada cuando dicha aplicación se manifiestamente incompatible con el orden público del foro.

Artículo 8

Exclusión del reenvío

La aplicación de la ley de un Estado determinada por el presente Reglamento se entenderá como la aplicación de las normas jurídicas vigentes en ese Estado, con exclusión de las normas de Derecho internacional privado.

Artículo 9

Estados con más de un ordenamiento jurídico

1.  Cuando un Estado comprenda varias unidades territoriales y cada una de ellas tenga sus propias normas en materia de efectos frente a terceros de las cesiones de créditos, cada unidad territorial se considerará como un Estado a efectos de la determinación de la ley aplicable según el presente Reglamento.

2.  Los Estados miembros que comprendan varias unidades territoriales con sus propias normas jurídicas en materia de efectos frente a terceros de las cesiones de créditos no estarán obligados a aplicar el presente Reglamento a los conflictos de leyes que se planteen entre dichas unidades territoriales exclusivamente.

Artículo 10

Relaciones con otras disposiciones del Derecho de la Unión

El presente Reglamento no afectará a la aplicación de las disposiciones del Derecho de la Unión que, en materias concretas, establezcan normas de conflicto de leyes relativas a los efectos frente a terceros de las cesiones de créditos.

Artículo 11

Relación con los convenios internacionales vigentes

1.  El presente Reglamento no afectará a la aplicación de los convenios internacionales en que sean parte uno o más Estados miembros en el momento de la adopción del presente Reglamento y que establezcan normas de conflicto de leyes relativas a los efectos frente a terceros de las cesiones de créditos.

2.  Sin embargo, el presente Reglamento prevalecerá, entre los Estados miembros, sobre los convenios celebrados exclusivamente entre dos o más de ellos, en la medida en que dichos convenios versen sobre las materias reguladas por el presente Reglamento.

Artículo 12

Lista de los convenios

1.  A más tardar el [fecha de aplicación], los Estados miembros notificarán a la Comisión, los convenios a que se refiere el artículo 11, apartado 1. A partir de esa fecha, los Estados miembros notificarán a la Comisión toda denuncia de estos convenios.

2.  En el plazo de seis meses a partir de la recepción de las notificaciones a que se refiere el apartado 1, la Comisión publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea:

a)  la lista de los convenios a que se refiere el apartado 1;

b)  las denuncias a que se refiere el apartado 1.

Artículo 13

Cláusula de revisión

A más tardar el ... [cinco años después de la fecha de aplicación], la Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo un informe sobre la aplicación del presente Reglamento. El informe irá acompañado, en su caso, de propuestas de modificación del presente Reglamento.

Artículo 14

Aplicación temporal

1.  El presente Reglamento se aplicará a las cesiones de créditos celebradas con fecha de ... [fecha de aplicación] o posteriormente.

2.  La ley aplicable de conformidad con el presente Reglamento determinará si los derechos de un tercero respecto de un crédito cedido después de la fecha de aplicación del presente Reglamento tienen prioridad sobre los derechos de otro tercero adquiridos antes de la fecha de aplicación del presente Reglamento. En el caso de demandas concurrentes sobre la base de cesiones, la ley aplicable de conformidad con el presente Reglamento determinará los derechos de los cesionarios respectivos, exclusivamente con respecto a las cesiones celebradas después de ... [la fecha de aplicación del presente Reglamento]. [Enm. 24]

Artículo 15

Entrada en vigor y fecha de aplicación

El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Será aplicable a partir del ... [18 meses después de la fecha de entrada en vigor].

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en los Estados miembros de conformidad con los Tratados.

Hecho en ..., el

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

(1) DO C 303 de 29.8.2018, p. 2.
(2) DO C 367 de 10.10.2018, p. 50.
(3) DO C 303 de 29.8.2018, p. 2.
(4)DO C 367 de 10.10.2018, p. 50.
(5) Posición del Parlamento Europeo de 13 de febrero de 2019.
(6) Reglamento (CE) n.° 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I) (DO L 177 de 4.7.2008, p. 6).
(7) Directiva 2002/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de junio de 2002, sobre acuerdos de garantía financiera (DO L 168 de 27.6.2002, p. 43).
(8)Reglamento (CE) n.º 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II) (DO L 199 de 31.7.2007, p. 40).
(9)Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO L 351 de 20.12.2012, p. 1).
(10)Reglamento (UE) n.º 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, sobre procedimientos de insolvencia (DO L 141 de 5.6.2015, p. 19).
(11)Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE, (DO L 173 de 12.6.2014, pp. 349-496).
(12)Directiva 98/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 1998, sobre la firmeza de la liquidación en los sistemas de pagos y de liquidación de valores, (DO L 166 de 11.6.1998, pp. 45-50).
(13)Directiva 2001/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de abril de 2001, relativa al saneamiento y a la liquidación de las entidades de crédito, (DO L 125 de 5.5.2001, pp. 15-23).
(14)Reglamento (UE) n.º 389/2013 de la Comisión, de 2 de mayo de 2013, por el que se establece el Registro de la Unión de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y las Decisiones n.º 280/2004/CE y n.º 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se derogan los Reglamentos de la Comisión (UE) n.º 920/2010 y (CE) n.º 1193/2011, (DO L 122 de 3.5.2013, pp. 1-59).
(15) Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (DO L 335 de 17.12.2009, p. 1)
(16)Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 (DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).
(17)Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y por la que se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DO L 176 de 27.6.2013, p. 338).
(18)Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE (DO L 173 de 12.6.2014, p. 349).


Programa en materia de intercambios, asistencia y formación para la protección del euro contra la falsificación de moneda para el período 2021-2027 («Programa Pericles IV») ***I
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Resolución
Texto consolidado
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 13 de febrero de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un programa en materia de intercambios, asistencia y formación para la protección del euro contra la falsificación de moneda para el período 2021-2027 («Programa Pericles IV») (COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD))
P8_TA(2019)0087A8-0069/2019

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2018)0369),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 133 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0240/2018),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A8-0069/2019),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 13 de febrero de 2019 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2019/... del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un programa en materia de intercambios, asistencia y formación para la protección del euro contra la falsificación de moneda para el período 2021-2027 («Programa Pericles IV»)

P8_TC1-COD(2018)0194


EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 133,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Banco Central Europeo(1),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario(2),

Considerando lo siguiente:

(1)  La Unión y los Estados miembros se han fijado el objetivo de establecer las medidas necesarias para la utilización del euro como moneda única. Estas medidas incluyen la protección del euro contra la falsificación y los fraudes relacionados con la misma, contribuyendo con ello a fin de contribuir a la eficacia de la economía de la Unión y asegurando a asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas. [Enm. 1]

(2)  El Reglamento (CE) n.º 1338/2001(3) del Consejo dispone que se efectúen intercambios de información, cooperación y asistencia mutua, estableciendo así un marco armonizado para la protección del euro. Los efectos de este Reglamento se extendieron mediante el Reglamento (CE) n.º 1339/2001 del Consejo(4) a aquellos Estados miembros que no han adoptado el euro como moneda única, con el fin de dotar al euro de un nivel de protección equivalente en toda la Unión.

(3)  Las actuaciones cuyo objetivo es promover los intercambios de información y de personal, la asistencia técnica y científica y la formación especializada ayudan considerablemente a proteger la moneda única de la Unión contra la falsificación y los fraudes relacionados con la misma, y a alcanzar un nivel equivalente de protección en toda la Unión, al tiempo que demuestran la capacidad de la Unión para luchar contra la delincuencia organizada grave. Estas actuaciones también ayudan a abordar los retos comunes y los vínculos con el blanqueo de capitales y la delincuencia organizada. [Enm. 2]

(4)  Un programa para la protección del euro contra la falsificación contribuye a una mayor sensibilización de los ciudadanos de la Unión, aumentando la confianza de los ciudadanos en esta moneda y mejorando la protección del euro especialmente a través de la divulgación continua de los resultados de las actuaciones que apoya el programa. [Enm. 3]

4 bis)   Una protección sólida del euro frente a la falsificación es un componente esencial de la seguridad y la competitividad de la economía de la Unión, que es un aspecto directamente relacionado con el objetivo de la Unión de mejorar el funcionamiento y la eficacia de la unión económica y monetaria. [Enm. 4]

(5)  El apoyo ofrecido en el pasado a tales acciones, mediante las Decisiones 2001/923/CE(5) y 2001/924/CE(6) del Consejo, posteriormente modificadas y ampliadas por las Decisiones 2006/75/CE(7), 2006/76/CE(8), 2006/849/CE(9) y 2006/850/CE(10) del Consejo, y el Reglamento (UE) n.º 331/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo(11), ha permitido reforzar las acciones de la Unión y de los Estados miembros en el ámbito de la protección del euro contra la falsificación. Los objetivos del programa de protección del euro contra la falsificación de moneda («Programa Pericles») para los periodos 2002-2006, 2007-2013 y 2014-2017(12) se han alcanzado de forma satisfactoria.

(6)  Al contrario del procedimiento habitual, no se llevó a cabo una evaluación de impacto independiente del Programa. Esto puede explicarse en parte por el hecho de que, en 2017, la Comisión llevó a cabo un informe intermedio de evaluación del Programa, respaldado por un informe independiente(13). Pese a que el informe se muestra, en términos generales, positivo sobre el programa, expresa su preocupación por el número limitado de autoridades competentes que participan en las actividades del Programa, así como por la calidad de los indicadores clave de rendimiento utilizados para medir los resultados del programa.En la su Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo relativa al informe intermedio de evaluación del Programa «Pericles 2020»y su evaluación ex ante en forma de documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a su propuesta (COM(2018)0369), la Comisión llegó a la conclusión de que debería respaldarse la continuación del Programa Pericles 2020 después de 2020, teniendo en cuenta su valor añadido para la UE, sus efectos a largo plazo y la sostenibilidad de sus acciones y su contribución a la lucha contra la delincuencia organizada. [Enm. 5]

(7)  En el informe intermedio de evaluación se recomendaba la continuación de las acciones financiadas en el marco del programa Pericles 2020, teniendo en cuenta las posibilidades abordando al mismo tiempo la necesidad de simplificar la presentación de solicitudes, de fomentar la diferenciación de los beneficiarios, y la participación de un máximo de autoridades competentes de diversos países en las actividades del Programa de seguir centrándose en las amenazas de falsificación emergentes y recurrentes y de simplificar los principales indicadores de rendimiento. [Enm. 6]

7 bis)   Se han detectado centros neurálgicos de falsificación en terceros países y la falsificación del euro está adquiriendo una dimensión internacional cada vez mayor; por consiguiente, las actividades de creación de capacidad y formación en las que participen las autoridades competentes de terceros países deben considerarse esenciales para lograr la protección efectiva de la moneda única y deben fomentarse en mayor medida en el contexto del Programa. [Enm. 7]

(8)  Por consiguiente habrá de adoptarse un nuevo programa para el período 2021-2027 (el «Programa Pericles IV»). Debe garantizarse que el Programa Pericles IV sea coherente con otros programas y actividades aplicables y los complemente. Por ello, la Comisión debe efectuar todas las consultas necesarias con respecto a las necesidades de evaluación para la protección del euro con las principales partes interesadas (particularmente las autoridades nacionales competentes designadas por los Estados miembros, el Banco Central Europeo y Europol) en el seno del Comité a que se hace referencia en el Reglamento (CE) n.º 1338/2001, especialmente por lo que respecta a los intercambios, la asistencia y la formación, a efectos de aplicar el Programa Pericles IV. Además, la Comisión debería aprovechar la amplia experiencia del Banco Central Europeo en materia de formación y de suministro de información sobre los billetes en euros falsificados a la hora de aplicar el programa. [Enm. 8]

(9)  Las normas financieras horizontales adoptadas por el Parlamento Europeo y el Consejo en virtud del artículo 322 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea son aplicables al presente Reglamento. Estas normas se establecen en el Reglamento Financiero y determinan, en particular, el procedimiento para establecer y ejecutar el presupuesto por medio de subvenciones, licitaciones, premios y ejecución indirecta, y prevén la realización de controles sobre la responsabilidad de los operadores financieros. Las normas adoptadas en virtud del artículo 122 del TFUE también se refieren a la protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas relativas al Estado de Derecho en los Estados miembros, dado que el Estado de Derecho es un requisito esencial para la solidez de la gestión financiera y la eficacia de la financiación de la UE.

(10)  El presente Reglamento se ajusta a los principios de valor añadido y proporcionalidad. El Programa Pericles IV debe facilitar la cooperación entre los Estados miembros y entre la Comisión y los Estados miembros para proteger el euro contra la falsificación, sin afectar a las responsabilidades de los Estados miembros y utilizando los recursos de manera más eficiente de lo que podría hacerse a nivel nacional. La actuación a nivel de la Unión es necesaria y está justificada, ya que ayuda claramente a los Estados miembros a proteger colectivamente el euro y alienta a utilizar estructuras comunes de la UE para incrementar la cooperación y el intercambio de información entre las autoridades competentes a tiempo y de manera exhaustiva. [Enm. 9]

(11)  El Programa Pericles IV ha de ejecutarse de conformidad con el marco financiero plurianual establecido en [referencia al Reglamento (UE-Euratom 2018/… del Consejo relativo al marco financiero plurianual posterior a 2020].

(12)  A fin de garantizar unas condiciones uniformes para la aplicación del Programa Pericles IV, deben conferirse competencias de ejecución a la Comisión complementar o modificar los elementos no esenciales del presente Reglamento, la competencia para adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por lo que respecta a los indicadores y a los programas de trabajo debe delegarse en la Comisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 y con el artículo 12 y en el anexo, respectivamente. La Comisión debe adoptar los programas de trabajo anuales que establezcan las prioridades, el desglose presupuestario y los criterios de evaluación para las subvenciones destinadas a acciones. En los programas de trabajo anuales deben incluirse los casos excepcionales y debidamente justificados en que sea necesario un incremento de la cofinanciación con objeto de conceder a los Estados miembros una mayor flexibilidad económica que les permita realizar y completar proyectos para proteger y salvaguardar el euro de manera satisfactoria. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional, de 13 de abril de 2016, sobre la mejora de la legislación(14). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados. [Enm. 10]

(13)  El presente Reglamento establece una dotación financiera para el Programa Pericles IV, que debe constituir el importe de referencia privilegiado para el Parlamento Europeo y el Consejo durante el procedimiento presupuestario anual en el sentido de [referencia que se debe actualizar, según proceda, en función del nuevo acuerdo interinstitucional: apartado 17 del Acuerdo Interinstitucional de 2 de diciembre de 2013 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera].

(14)  De conformidad con el Reglamento Financiero, el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013(15) del Parlamento Europeo y del Consejo, el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo(16) y el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo(17), los intereses financieros de la Unión deben ser protegidos mediante medidas proporcionadas, incluidas la prevención, detección, corrección e investigación de irregularidades y fraudes, la recuperación de los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal utilizados y, en su caso, la imposición de sanciones administrativas. En particular, de conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 y el Reglamento (UE, Euratom) n.º 2185/96 del Consejo, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) puede realizar investigaciones, incluidos controles y verificaciones in situ, con vistas a determinar si ha habido fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión. De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1939, la Fiscalía Europea puede investigar y perseguir el fraude y otras actividades ilegales que afecten a los intereses financieros de la Unión conforme a lo dispuesto en la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo(18). De conformidad con el Reglamento Financiero, toda persona o entidad que reciba fondos de la Unión debe cooperar plenamente en la protección de los intereses financieros de esta y conceder los derechos y el acceso necesarios a la Comisión, a la OLAF, a la Fiscalía Europea y al Tribunal de Cuentas Europeo (TCE)

(15)  La Comisión debe presentar al Parlamento Europeo y al Consejo un informe de evaluación intermedio sobre la ejecución del Programa Pericles IV, así como un informe de evaluación final sobre la realización de sus objetivos.

(16)  Debe, por tanto, derogarse el Reglamento (UE) n.º 331/2014.

(17)  Conviene asegurar una transición fluida y sin interrupciones del Programa Pericles 2020 al Programa Pericles IV, por lo que procede ajustar la duración de este último con el Reglamento (UE, Euratom).../...del Consejo[relativo al marco financiero plurianual 2021-2027]. En consecuencia, el Programa Pericles IV debe aplicarse a partir del 1 de enero de 2021.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Objeto

El presente Reglamento establece el Programa Pericles IV, programa de intercambios, asistencia y formación para la protección del euro contra la falsificación de moneda (en lo sucesivo «el Programa»).

Establece los objetivos del Programa, el presupuesto para el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2027, las formas de financiación de la Unión y las normas para la concesión de dicha financiación.

Artículo 2

Objetivos del programa

1.  El Programa tiene el siguiente objetivo general:

Prevenir y combatir la falsificación y los fraudes relacionados con la misma, preservando mejorando así la competitividad de la integridad de los billetes y monedas en euros, lo que refuerza la confianza de los ciudadanos y de las empresas en la autenticidad de los billetes y las monedas y potencia la confianza en la economía de la UE, garantizando al tiempo que garantiza la sostenibilidad de las finanzas públicas. [Enm. 11]

2.  El Programa tiene el siguiente objetivo específico:

Proteger los billetes y monedas en euros contra la falsificación y los fraudes relacionados con ella, apoyando y complementando las medidas tomadas por los Estados miembros y ayudando a las autoridades nacionales y europeas competentes en sus esfuerzos encaminados a desarrollar entre ellas y con la Comisión una cooperación estrecha y regular, así como un intercambio de las mejores prácticas, incluyendo, cuando proceda, a los terceros países y a las organizaciones internacionales.

Artículo 3

Presupuesto

1.  La dotación financiera para la ejecución del Programa durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2027 será de 7 700 000 EUR(19) (a precios corrientes).

2.  Los créditos anuales serán autorizados por el Parlamento Europeo y el Consejo dentro de los límites del marco financiero plurianual.

3.  El importe a que se refiere el apartado 1 podrá dedicarse a la asistencia técnica y administrativa para la ejecución del programa, que puede comprender actividades de preparación, seguimiento, control, auditoría y evaluación, incluidos los sistemas informáticos internos.

Artículo 4

Ejecución de la financiación de la UE y modalidades de la misma

1.  El Programa se ejecutará en régimen de gestión directa de conformidad con [versión más reciente del Reglamento Financiero, Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012(20).]

2.  El Programa será ejecutado por la Comisión en cooperación con los Estados miembros, mediante consultas periódicas en diferentes fases de la ejecución del Programa, teniendo en cuenta al tiempo que se asegura la coherencia y se evitan duplicaciones innecesarias de las medidas pertinentes emprendidas por otras entidades competentes, en particular el Banco Central Europeo y Europol. A tal efecto, al preparar los programas de trabajo de conformidad con el artículo 10, la Comisión tendrá en cuenta las actividades actuales y previstas del BCE y Europol contra la falsificación del euro y el fraude. [Enm. 13]

3.  El apoyo financiero del Programa a las acciones admisibles contempladas en el artículo 6, adoptará la forma de:

subvenciones, o

contratos públicos.

Artículo 5

Acciones conjuntas

1.  Las acciones emprendidas con arreglo al Programa podrán ser organizadas conjuntamente por la Comisión y otros socios que posean conocimientos técnicos adecuados, entre ellos:

a)  los bancos centrales nacionales y el Banco Central Europeo (BCE);

b)  los Centros Nacionales de Análisis (CNA) y los Centros Nacionales de Análisis de Monedas (CNAM);

c)  el Centro Técnico y Científico Europeo (CTCE) y las Fábricas de Moneda;

d)  Europol, Eurojust e Interpol;

e)  las oficinas centrales nacionales de lucha contra la falsificación de moneda previstas en el artículo 12 del Convenio de represión de la falsificación de moneda, firmado en Ginebra el 20 de abril de 1929(21), así como los demás servicios especializados en la prevención, la detección y la represión de la falsificación de moneda;

f)  los organismos especializados en materia de técnica de reprografía y autenticación, los impresores y grabadores;

g)  organismos distintos de los referidos en las letras a) a f), que cuenten con conocimientos técnicos específicos, incluidos, cuando proceda, los de terceros países, en particular los de Estados adherentes y países candidatos; y

h)  las entidades privadas que hayan desarrollado y acreditado conocimientos técnicos y los equipos especializados en la detección de billetes y monedas falsificados.

2.  Cuando la Comisión y el BCE, Eurojust, Europol o Interpol realicen conjuntamente acciones admisibles, los gastos correspondientes se dividirán entre ellos. Cada parte asumirá en cualquier caso los gastos de viaje y alojamiento de sus propios conferenciantes.

CAPÍTULO I

admisibilidad

Artículo 6

Acciones admisibles

1.  El Programa, con arreglo a las condiciones establecidas en los programas de trabajo anuales mencionados en el artículo 10, proporcionará apoyo financiero a las siguientes acciones:

a)  El intercambio y la difusión de información, en particular mediante la organización de talleres, reuniones y seminarios, con inclusión de la formación, las contrataciones adaptadas y los intercambios de personal de las autoridades nacionales competentes y otras acciones similares. El intercambio de información se referirá entre otras cosas a:

—  las mejores prácticas en materia de prevención de la falsificación y el fraude en relación con el euro; [Enm. 14]

—  los métodos para supervisar y analizar la incidencia económica y financiera de la falsificación de moneda;

—  el funcionamiento de las bases de datos y los sistemas de alerta temprana;

—  la utilización de herramientas de detección; especialmente con ayuda de aplicaciones informáticas; [Enm. 15]

—  los métodos de estudio e investigación;

—  la asistencia científica, en particular seguimiento de novedades;

—  la protección del euro fuera de la Unión;

—  las actividades de investigación;

—  la aportación de competencias operativas especializadas;

b)  La asistencia técnica, científica y operativa que resulte necesaria como parte del Programa, en particular:

—  cualquier medida apropiada que permita desarrollar a nivel de la Unión instrumentos pedagógicos, como por ejemplo una guía de la legislación de la Unión, boletines informativos, manuales prácticos, glosarios y léxicos, bases de datos, especialmente en materia de asistencia científica o vigilancia tecnológica, o aplicaciones de apoyo informáticas como programas informáticos;

—  la realización de estudios pertinentes con una dimensión multidisciplinar y transnacional, incluida la investigación sobre características de seguridad innovadoras;

—  el desarrollo de instrumentos y métodos técnicos de apoyo a las acciones de detección a nivel de la Unión;

—  el apoyo para la cooperación en operaciones que afecten como mínimo a dos Estados, cuando dicho apoyo no pueda obtenerse de otros programas de las instituciones y organismos europeos;

c)  Compra de equipo destinado a las autoridades de terceros países responsables de la lucha contra la falsificación de moneda para proteger el euro contra la falsificación, de conformidad con el artículo 10, apartado 3.

2.  El programa tendrá en cuenta los aspectos transnacionales y multidisciplinares de la lucha contra la falsificación de moneda, previendo la participación de los siguientes grupos:

a)  el personal de los organismos que intervienen en la detección y persecución de la falsificación de moneda (en particular las fuerzas de seguridad y las administraciones aduaneras y financieras, según sus distintas atribuciones en el ámbito nacional);

b)  el personal de los servicios de inteligencia;

c)  los representantes de los bancos centrales nacionales, de las fábricas de moneda nacionales, de los bancos comerciales y de los demás intermediarios financieros, especialmente en relación con las obligaciones de las entidades financieras;

d)  los agentes judiciales, abogados especializados y miembros de la judicatura especializados en este ámbito;

e)  cualquier otro grupo de especialistas interesado, como cámaras de comercio e industria o estructuras equivalentes que puedan facilitar el acceso a las pequeñas y medianas empresas, los minoristas y las empresas de transporte de fondos.

3.  Los grupos mencionados en el apartado 2 del presente artículo podrán incluir participantes de terceros países si ello es importante para el logro de los objetivos establecidos en el artículo 2. [Enm. 17]

CAPÍTULO III

SUBVENCIONES

Artículo 7

Subvenciones

Las subvenciones en el marco del Programa se concederán y gestionarán de conformidad con el título VIII del Reglamento Financiero.

En el caso de las acciones ejecutadas mediante subvenciones, la compra de equipo no constituirá el único componente del convenio de subvención.

Artículo 8

Tasas de cofinanciación

La tasa de cofinanciación para las subvenciones concedidas en virtud del Programa no sobrepasará el 75 % de los gastos admisibles. En casos excepcionales y debidamente justificados, definidos en los programas de trabajo anuales mencionados en el artículo 10, la tasa de cofinanciación no sobrepasará el 90 % de los gastos admisibles.

Artículo 9

Entidades admisibles

Las entidades que podrán recibir financiación con arreglo al Programa serán las autoridades nacionales competentes tal como se definen en el artículo 2, letra b), del Reglamento (CE) n.º 1338/2001.

CAPÍTULO IV

PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL

Artículo 10

Programas de trabajo

1.  El Programa se ejecutará mediante La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 11 para la adopción de los programas de trabajo a que se refiere el artículo 110 del Reglamento Financiero. [Enm. 18]

2.  En el caso de las subvenciones, además de los requisitos establecidos en el artículo 108 del Reglamento Financiero, el programa de trabajo especificará los criterios fundamentales de selección y adjudicación y la tasa de cofinanciación máxima.

Artículo 11

Ejercicio de la delegación de poderes

1.  Se otorga a la Comisión el poder de adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.

2.  Los poderes para adoptar actos delegados a que se refiere refieren el artículo 10, apartado 1, y el artículo 12, apartado 2, se otorgan a la Comisión desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2027. [Enm. 19]

3.  La delegación de poderes a que se refiere refieren el artículo 10, apartado 1, y el 12, apartado 2, podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en ella. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor. [Enm. 20]

4.  Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016, así como a representantes del BCE y de Europol. [Enm. 21]

5.  Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado, lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6.  Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 12, apartado 2, entrarán en vigor únicamente si en un plazo de tres meses a partir de la notificación del acto en cuestión ni el Parlamento Europeo y el Consejo formulan objeciones o siempre que ambas instituciones informen a la Comisión, antes de que venza dicho plazo, de que no las formularán. Este plazo se podrá prorrogar tres meses a instancia del Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 12

Seguimiento

1.  En el anexo de la presente propuesta figuran los indicadores para notificar los avances del programa hacia el logro del objetivo específico establecido en el artículo 2.

2.  Para garantizar una evaluación efectiva de los avances del programa hacia el logro de sus objetivos, se faculta a la Comisión a adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 11, con objeto de desarrollar disposiciones relativas a un marco de seguimiento y evaluación, en particular mediante modificaciones del anexo encaminadas a revisar y completar los indicadores cuando ello sea necesario a efectos de la evaluación.

3.  La Comisión informará anualmente sobre los resultados del Programa al Parlamento Europeo, al Consejo, al Banco Central Europeo, a Europol, a Eurojust y a la Fiscalía Europea, teniendo en cuenta los indicadores cuantitativos y cualitativos establecidos en el anexo de la presente propuesta. [Enm. 22].

4.  Los países participantes y demás beneficiarios facilitarán a la Comisión todos los datos y la información necesarios para el seguimiento y la evaluación del Programa.

Artículo 13

Evaluación

1.  La evaluación intermedia del Programa se realizará una vez que se disponga de información suficiente relativa a su ejecución, pero en cualquier caso en un plazo máximo de cuatro años tras el inicio de dicha ejecución;

2.  Al final de la ejecución del programa, pero en un plazo máximo de dos años tras el inicio del periodo especificado en el artículo 1, la Comisión deberá realizar una evaluación final.

3.  La Comisión comunicará las conclusiones de dicha evaluación, junto con sus observaciones, al Parlamento Europeo, al Consejo y , al Banco Central Europeo a Europol, a Eurojust, y a la Fiscalía Europea. [Enm. 23]

CAPÍTULO V

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 14

Información, comunicación y publicidad

1.  Los beneficiarios de la financiación de la Unión deberán mencionar el origen de la financiación y garantizar su transparencia y visibilidad (en particular cuando promuevan las acciones y sus resultados), facilitando información coherente, efectiva y proporcionada dirigida a múltiples destinatarios (incluidos los medios de comunicación social y el público en general). [Enm. 24]

2.  La Comisión llevará a cabo acciones de información y comunicación en relación con el Programa y con sus acciones y resultados. Los recursos financieros asignados al Programa también contribuirán a financiar la comunicación institucional de las prioridades políticas de la Unión, siempre que estas guarden relación con los objetivos establecidos en el artículo 2.

Artículo 15

Derogación

Queda derogado el Reglamento (UE) n.º 331/2014, con efectos a partir del 1 de enero de 2021.

Artículo 16

Disposiciones transitorias

El presente Reglamento no afectará a la continuación o la modificación de las acciones previstas en el marco del Reglamento (UE) n.º 331/2014, el cual seguirá aplicándose a las acciones de que se trate hasta su terminación.

Artículo 17

Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Será aplicable a partir del 1 de enero de 2021.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro de conformidad con los Tratados.

Hecho en ...

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo,

El Presidente El Presidente

ANEXO

INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA

El Programa será objeto de un seguimiento estrecho basado en un conjunto de indicadores con los que se pretende determinar, con costes y cargas administrativas mínimas, el grado de consecución de los objetivos generales y específicos del Programa y con vistas a minimizar las cargas y costes administrativos . A tal efecto, se recogerán datos relativos al siguiente conjunto de indicadores clave: [Enm. 25]

a)   número de euros falsificados detectadosel número de Estados miembros y de países terceros cuyas autoridades nacionales competentes han participado en las actividades del Programa; [Enm. 26]

b)  número de talleres ilegales desmantelados; e elel número de participantes y su nivel de satisfacción, así como cualquier otra información que puedan haber aportado en relación con la utilidad de las actividades del Programa; [Enm. 27]

c)  información de retorno proporcionada por los participantes en las acciones financiadas por el por las autoridades nacionales competentes sobre el número de euros falsificados detectados y de talleres ilegales desmantelados como consecuencia directa de la cooperación mejorada a través del Programa. [Enm. 28]

Los datos e informaciones para los indicadores clave de rendimiento serán recogidos anualmente por los siguientes actoresla Comisión y los beneficiarios del programa: [Enm. 29]

—  la Comisión recogerá los datos relativos al número de billetes y monedas en euros falsificados;

—  la Comisión recogerá los datos relativos al número de talleres de falsificación desmantelados;

—  la Comisión y los beneficiarios del Programa recogerán los datos relativos a la información de retorno proporcionada por los participantes en las acciones financiadas por el Programa.

(1)DO C 378 de 19.10.2018, p. 2.
(2)Posición del Parlamento Europeo de 13 de febrero de 2019.
(3)Reglamento (CE) n° 1338/2001 del Consejo, de 28 de junio de 2001, por el que se definen las medidas necesarias para la protección del euro contra la falsificación (DO L 181 de 4.7.2001, p. 6).
(4)Reglamento (CE) n° 1339/2001 del Consejo, de 28 de junio de 2001, que amplía los efectos del Reglamento (CE) n.° 1338/2001 por el que se definen las medidas necesarias para la protección del euro contra la falsificación a los Estados miembros que no han adoptado el euro como moneda única (DO L 181 de 4.7.2001, p. 11).
(5)Decisión 2001/923/CE del Consejo, de 17 de diciembre de 2001, por la que se establece un programa de acción en materia de intercambios, asistencia y formación para la protección del euro contra la falsificación de moneda (programa «Pericles») (DO L 339 de 21.12.2001, p. 50).
(6)Decisión 2001/924/CE del Consejo, de 17 de diciembre de 2001, que amplía los efectos de la Decisión por la que se establece un programa de acción en materia de intercambios, asistencia y formación para la protección del euro contra la falsificación de moneda (programa «Pericles») a los Estados miembros que no hayan adoptado el euro como moneda única DO L 339 de 21.12.2001, p. 55).
(7)Decisión 2006/75/CE del Consejo, de 30 de enero de 2006, que modifica y prorroga la Decisión 2001/923/CE por la que se establece un programa de acción en materia de intercambios, asistencia y formación para la protección del euro contra la falsificación de moneda (programa «Pericles») (DO L 36 de 8.2.2006, p. 40).
(8)Decisión 2006/76/CE del Consejo, de 30 de enero de 2006, por la que se amplía a los Estados miembros no participantes la aplicación de la Decisión 2006/75/CE, que modifica y prorroga la Decisión 2001/923/CE por la que se establece un programa de acción en materia de intercambios, asistencia y formación para la protección del euro contra la falsificación de moneda (Programa Pericles) (DO L 36 de 8.2.2006, p. 42).
(9)Decisión 2006/849/CE del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, por la que se modifica y amplía la Decisión 2001/923/CE por la que se establece un programa de acción en materia de intercambios, asistencia y formación para la protección del euro contra la falsificación de moneda (programa «Pericles») (DO L 330 de 28.11.2006, p. 28).
(10)Decisión 2006/850/CE del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, que amplía a los Estados miembros no participantes la aplicación de la Decisión 2006/849/CE por la que se amplía la Decisión 2001/923/CE por la que se establece un programa de acción en materia de intercambios, asistencia y formación para la protección del euro contra la falsificación de moneda (Programa Pericles) (DO L 330 de 28.11.2006, p. 30).
(11)Reglamento (UE) n.º 331/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, por el que se establece un programa en materia de intercambios, asistencia y formación para la protección del euro contra la falsificación de moneda (programa «Pericles 2020» ), y se derogan las Decisiones 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE y 2006/850/CE del Consejo (DO L 103 de 5.4.2014, p. 1).
(12)Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo relativa al informe intermedio de evaluación del programa en materia de intercambios, asistencia y formación para la protección del euro contra la falsificación de moneda (Programa «Pericles 2020»), de 6.12.2017 (COM(2017)0741 final).
(13) SWD(2017)0444 final y Ares (2917) 3289297 30/06/2017
(14) DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
(15)DO L 248 de 18.9.2013, p. 1.
(16)DO L 292 de 15.11.1996, p. 2.
(17)DO L 283 de 31.10.2017, p. 1.
(18) Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de julio de 2017 sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal (DO L 198 de 28.7.2017, p. 29).
(19) Cantidad únicamente a título indicativo, dependiente del montate total del MFP
(20) Reglamento (UE, Euratom) n ° 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012 , sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n ° 1605/2002 del Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1).
(21)Serie de Tratados de la Sociedad de Naciones n.º 2623 (1931), p. 372.


Acuerdo de Libre Comercio UE-Singapur ***
PDF 110kWORD 48k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 13 de febrero de 2019, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y la República de Singapur (07971/2018 – C8-0446/2018 – 2018/0093(NLE))
P8_TA(2019)0088A8-0053/2019

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo (07971/2018),

–  Visto el proyecto de Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y la República de Singapur (07972/2018),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 91, el artículo100, apartado 2, el artículo 207, apartado 4, y el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), inciso v), y el artículo 218, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0446/2018),

–  Visto el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 16 de mayo de 2017(1),

–  Vista su Resolución no legislativa, de 13 de febrero de 2019 (2) sobre el proyecto de Decisión,

–  Vistos el artículo 99, apartados 1 y 4, así como el artículo 108, apartado 7 de su Reglamento interno,

–  Vista la recomendación de la Comisión de Comercio Internacional (A8-0053/2019),

1.  Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo;

2.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y a la República de Singapur.

(1) Dictamen del Tribunal de Justicia de 16 de mayo de 2017, 2/15, ECLI:EU:C:2017:376.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2019)0089.


Acuerdo de Libre Comercio UE-Singapur (Resolución)
PDF 129kWORD 55k
Resolución no legislativa del Parlamento Europeo, de 13 de febrero de 2019, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y la República de Singapur (07971/2018 – C8-0446/2018 – 2018/0093M(NLE))
P8_TA(2019)0089A8-0048/2019

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo (07971/2018),

–  Visto el proyecto de texto para un Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y la República de Singapur (Singapur), que refleja considerablemente el acuerdo iniciado el 20 de septiembre de 2013,

–  Vista la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo de Protección de las Inversiones entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Singapur, por otra (COM(2018)0194),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con los artículos 91, 100, apartado 2, y 207, apartado 4, así como con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), inciso v), y apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0446/2018),

–  Visto el Acuerdo de Colaboración y Cooperación UE-Singapur que se firmará el 19 de octubre de 2018,

–  Visto el Dictamen 2/15 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 16 de mayo de 2017, emitido con arreglo al artículo 218, apartado 11, del TFUE y solicitado por la Comisión el 10 de julio de 2015,

–  Vista su Resolución, de 5 de julio de 2016, sobre una nueva estrategia innovadora y orientada al futuro en materia de comercio e inversión(1),

–  Vista su Resolución, de 3 de febrero de 2016, que contiene las recomendaciones del Parlamento Europeo a la Comisión sobre las negociaciones relativas al Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS)(2),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de octubre de 2015, titulada «Comercio para todos: Hacia una política de comercio e inversión más responsable»,

–  Vista la Decisión del Consejo, de 22 de diciembre de 2009, para llevar a cabo negociaciones bilaterales en torno a los acuerdos de libre comercio con distintos Estados miembros de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), en primer lugar con Singapur,

–  Vistas las directrices de negociación del 23 de abril de 2007 para celebrar un Acuerdo de Libre Comercio interregional con los Estados miembros de la ASEAN,

–  Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su título V relativo a la acción exterior de la Unión,

–  Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en particular sus artículos 91, 100, 168 y 207, conjuntamente con el artículo 218, apartado 6, letra a), inciso v),

–  Vista su Resolución legislativa, de 13 de febrero de 2019(3), sobre el proyecto de Decisión del Consejo,

–  Visto el artículo 99, apartado 2, de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Comercio Internacional (A8-0048/2019),

A.  Considerando que la Unión y Singapur comparten valores importantes, como la democracia, el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos, la diversidad cultural y lingüística y un sólido compromiso con el comercio abierto y regulado y el sistema multilateral de comercio;

B.  Considerando que este es el primer acuerdo bilateral de comercio que se concluye entre la Unión y un Estado miembro de la ASEAN y un importante punto de partida hacia el objetivo final de un acuerdo de libre comercio entre regiones; considerando que el acuerdo también servirá como una referencia para los acuerdos que están en curso de negociación entre la Unión y otras economías importantes de la ASEAN;

C.  Considerando que, dentro de la ASEAN, la región de Singapur es, con mucho, el mayor socio de la Unión, ya que representa poco menos de una tercera parte del comercio de bienes y servicios entre la Unión y la ASEAN, y aproximadamente dos terceras partes de las inversiones entre las dos regiones;

D.  Considerando que el comercio entre la Unión y Singapur alcanza un valor superior a los 50 000 millones EUR anuales;

E.  Considerando que las previsiones apuntan a que el 90 % del crecimiento económico mundial en el futuro se generará fuera de Europa, concretamente en Asia;

F.  Considerando que Singapur es parte en el Acuerdo Global y Progresivo para la Asociación Transpacífico (CPTPP) y en las negociaciones actuales sobre la Asociación Económica Integral Regional (RCEP);

G.  Considerando que Singapur es una economía de renta alta con una renta nacional bruta de 52 600 USD per cápita en el año 2017; que su crecimiento económico ha sido uno de los mayores del mundo, con una media del 7,7 % desde su independencia;

H.  Considerando que Singapur se sitúa entre los países del mundo con los que más fácilmente se negocia, es una de las economías más competitivas del mundo y uno de los países con menos corrupción de todo el mundo;

I.  Considerando que la industria manufacturera —en particular en los sectores de la electrónica y la mecánica de precisión— y los sectores de servicios siguen siendo los dos pilares de la economía de elevado valor añadido de Singapur;

J.  Considerando que Singapur es un actor mundial en los servicios financieros y de seguros;

K.  Considerando que más de 10 000 empresas europeas tienen sus oficinas regionales en Singapur, y operan en un entorno de seguridad y certeza jurídicas; que alrededor de 50 000 empresas de la Unión realizan exportaciones a Singapur, de las cuales el 83 % son pequeñas y medianas empresas (pymes);

L.  Considerando que es probable que el Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión y Singapur tenga un efecto muy positivo en los flujos comerciales y de inversión entre la UE y Singapur; que, en un estudio de 2018 elaborado para el Parlamento Europeo, se estimaba que, en los primeros cinco años, los volúmenes comerciales entre la Unión y Singapur crecerían en un 10 %;

M.  Considerando que otras economías importantes como Japón, Estados Unidos y China ya tienen acuerdos de libre comercio con Singapur, lo que deja a la Unión en una situación de desventaja competitiva;

N.  Considerando que la evaluación de 2009 sobre la repercusión del Acuerdo de Libre Comercio UE-ASEAN en el comercio y la sostenibilidad concluyó que este acuerdo bilateral sería mutuamente beneficioso en términos de ingresos nacionales, producto interior bruto (PIB) y empleo; que no se ha elaborado todavía una evaluación del impacto sobre el comercio y la sostenibilidad específicamente para las relaciones comerciales entre la Unión y Singapur y para un período más reciente;

O.  Considerando que el análisis del impacto económico del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión y Singapur, realizado por la Comisión Europea en el año 2013, indica que el PIB de Singapur podría aumentar en un 0,94 % o en 2 700 millones EUR, y el PIB de la Unión, en 550 millones EUR;

1.  Acoge con satisfacción la firma del Acuerdo de Libre Comercio en Bruselas el 19 de octubre de 2018;

2.  Subraya que las negociaciones se concluyeron en 2012 y se llevaron a cabo siguiendo las directrices de negociación del Consejo para un acuerdo de libre comercio UE-ASEAN aprobadas en abril de 2007; lamenta el gran retraso en la presentación del acuerdo de ratificación, que se debió, entre otros factores, a la solicitud de la Comisión de un dictamen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea con el fin de aclarar si los asuntos cubiertos por el acuerdo son competencia exclusiva de la Unión o son de competencia compartida; acoge con satisfacción la claridad jurídica proporcionada por el dictamen del Tribunal de Justicia Europeo, y considera que ha reforzado el papel democráticamente legítimo del Parlamento Europeo y ha ofrecido claridad en cuanto a las competencias de la Unión en materia de política comercial; acoge con satisfacción que Singapur haya mantenido su compromiso pese al retraso, y pide la rápida entrada en vigor del acuerdo en cuanto haya sido ratificado por el Parlamento;

3.  Considera fundamental que la Unión siga en vanguardia de un sistema comercial abierto y regulado, y acoge con satisfacción el hecho de que, diez años después del inicio de las negociaciones, el ALC entre la Unión y Singapur represente hoy un elemento importante de este; pide, por tanto, a la Comisión y a los Estados miembros que impliquen activamente a otros socios de todo el mundo en la búsqueda permanente de una ambiciosa agenda global de comercio justo y abierto, que se base en la experiencia del acuerdo de libre comercio con Singapur;

4.  Destaca la importancia económica y estratégica de este acuerdo, dado que Singapur es un centro neurálgico para toda la región de la ASEAN; considera que este acuerdo es un paso importante hacia acuerdos comerciales y de inversión con otros Estados miembros de la ASEAN, sienta precedente y es un trampolín para futuros acuerdos comerciales entre regiones; hace hincapié, asimismo, en que el acuerdo evitará que los exportadores europeos se encuentren en desventaja competitiva con respecto a empresas de otros países partes en el CPTPP y la RCEP; acoge con satisfacción el hecho de que la celebración de este acuerdo, como parte de la agenda comercial global y abierta de la Unión, no solo aportará beneficios importantes a los consumidores, sino también a los trabajadores;

5.  Señala que Singapur ya ha eliminado la mayoría de sus aranceles sobre los productos europeos y que este acuerdo eliminará por completo los pocos que quedan a partir de su entrada en vigor;

6.  Acoge con satisfacción el hecho de que Singapur suprimirá ciertas medidas susceptibles de constituir barreras al comercio, como los ensayos dobles de seguridad en los coches y en sus componentes y aparatos electrónicos, lo que simplificará la exportación de mercancías desde empresas de la Unión a Singapur;

7.  Subraya que el acuerdo concederá a las empresas de la Unión un mejor acceso al mercado de servicios de Singapur, por ejemplo a los servicios financieros, de ingeniería, de arquitectura, de transporte marítimo, postales y de telecomunicaciones, y que una liberalización de esas características se guía por un sistema de «listas positivas»;

8.  Recuerda, en relación con la liberalización de los servicios financieros, que el acuerdo incluye una cláusula de excepción cautelar que permite a las partes adoptar y mantener medidas por motivos prudenciales y, en particular, a fin de proteger a depositantes e inversores, y para garantizar la integridad y estabilidad de los sistemas financieros de las partes;

9.  Celebra la firma del Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes (AMAC) por Singapur el 21 de junio de 2017, encaminado a la aplicación de la norma mundial de intercambio automático de información con fines fiscales, y su notificación a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) el 30 de junio de 2017, por la que informaba de su intención de poner en marcha intercambios automáticos, en virtud de dicho acuerdo, con todos los Estados miembros que no fueran parte en ningún acuerdo bilateral en vigor con el mismo propósito; señala que Singapur no está ni en la lista negra ni en la lista de alerta rápida del Grupo «Código de Conducta» de la Unión relativa a jurisdicciones fiscales no cooperadoras, aunque ha sido criticada por algunas ONG por ofrecer incentivos fiscales a las empresas;

10.  Resalta la mejora del acceso, en virtud de este acuerdo, al mercado de contratación pública en comparación con el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP); subraya que los criterios sociales y medioambientales también deben tenerse en cuenta a la hora de adjudicar contratos públicos; insiste en que, tanto en la Unión como en Singapur, la contratación pública debe seguir sirviendo a los intereses de los ciudadanos;

11.  Acoge con satisfacción el hecho de que Singapur haya acordado establecer un sistema de registro de indicaciones geográficas que proteja alrededor de 190 indicaciones geográficas de la Unión, con la posibilidad de añadir más en una fase posterior; recuerda que en 2016 la Unión exportó 2 200 millones EUR en productos agroalimentarios a Singapur, y señala que Singapur representa el quinto mayor mercado de exportaciones de productos alimenticios y bebidas de la Unión en Asia, ofreciendo oportunidades considerables a los agricultores y productores agroalimentarios de la Unión; acoge con satisfacción, por lo tanto, el compromiso de Singapur en este acuerdo de mantener derechos nulos sobre productos agroalimentarios, y la puesta en marcha de un sistema de certificación de establecimientos de producción de carne de la Unión que pretenden realizar exportaciones a Singapur; lamenta, no obstante, que el acuerdo no ofrezca protección automática a las 196 indicaciones geográficas de la Unión incluidas en el anexo al capítulo sobre derechos de propiedad intelectual, pues todas las indicaciones geográficas, independientemente de su origen, habrán de ser examinadas y pasar por la publicación (y en su caso la oposición), de conformidad con el proceso de registro de Singapur, para quedar protegidas; subraya que la legislación de aplicación relativa a las indicaciones geográficas, que establece el registro de indicaciones geográficas de Singapur y el procedimiento de registro de indicaciones geográficas, entrará en vigor tras la ratificación del acuerdo por el Parlamento; pide a las autoridades de Singapur que se pongan a trabajar inmediatamente sobre el procedimiento de registro, y que creen y pongan en marcha sin demora el registro antes de la ratificación del acuerdo; invita a la Comisión a seguir trabajando intensamente con las autoridades de Singapur a fin de garantizar que el mayor número posible de indicaciones geográficas de la Unión quedarán protegidas en consonancia con las condiciones de protección establecidas en el Acuerdo de Libre Comercio sin excepción ni limitación (incluidos los anexos o notas a pie de página);

12.  Recalca que el acuerdo reconoce el derecho de los Estados miembros, en todos los niveles, a definir y proveer servicios públicos, y no impide que los Gobiernos introduzcan nuevamente servicios privatizados en el sector público;

13.  Subraya que el acuerdo protege el derecho de la Unión de mantener y aplicar sus propias normas a todos los bienes y servicios vendidos en la Unión y que, por tanto, todas las importaciones procedentes de Singapur deben respetar las normas de la Unión; destaca que las normas de la Unión no deben considerarse nunca barreras comerciales, y hace hincapié en la importancia de promover estas normas a escala mundial; subraya que ninguna disposición del acuerdo impide la aplicación del principio de cautela establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

14.  Destaca la importancia de una política comercial responsable y basada en valores y la necesidad de fomentar el desarrollo sostenible; acoge con satisfacción, por consiguiente, el hecho que las dos partes se comprometieran, en virtud del capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible, a garantizar un elevado nivel de protección medioambiental y laboral, y que este puede considerarse por tanto un acuerdo comercial progresista; observa que el acuerdo también incluye un capítulo sobre obstáculos no arancelarios a la generación de energías renovables; señala que el acuerdo UE-Singapur podría ser un instrumento para luchar contra el cambio climático y acelerar e intensificar las acciones e inversiones necesarias para un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono; pide a la Unión y a Singapur que emprendan todas las acciones necesarias para aplicar los Objetivos de Desarrollo Sostenible;

15.  Recuerda que las partes se comprometieron a realizar esfuerzos continuos para ratificar y aplicar eficazmente los convenios fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo (OIT); toma nota de la información facilitada por el Gobierno de Singapur en relación con su cumplimiento de tres convenios fundamentales de la OIT pendientes, en concreto sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, sobre la discriminación y sobre el trabajo forzoso, y pide que Singapur afiance su compromiso con la OIT con vistas a avanzar hacia su plena conformidad con el contenido de estos convenios y, en última instancia, procurar su ratificación en un plazo de tiempo razonable;

16.  Acoge con beneplácito la determinación de aplicar de forma eficaz los acuerdos medioambientales multilaterales, como el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, y de practicar una gestión sostenible de los bosques y las pesquerías;

17.  Destaca que la cooperación en materia reglamentaria es voluntaria y que no debe limitar en absoluto el derecho a regular;

18.  Anima a las partes a que apliquen íntegramente las disposiciones sobre cooperación en el ámbito del bienestar animal y a que establezcan lo antes posibles, después de la entrada en vigor del Acuerdo de Libre Comercio, un grupo de trabajo mixto para convenir en un plan de acción que abarque sectores importantes, como el sector dedicado al bienestar de los peces en la acuicultura;

19.  Destaca que la participación de la sociedad civil y los interlocutores sociales en el seguimiento de la aplicación del acuerdo es fundamental, y pide que se establezcan rápidamente grupos consultivos nacionales tras la entrada en vigor del acuerdo y que se garantice una representación equilibrada de la sociedad civil en ellos; pide a la Comisión que asigne suficiente financiación para permitirles trabajar con eficacia y que preste apoyo para garantizar una participación constructiva de la sociedad civil;

20.  Observa que el Acuerdo de Colaboración y Cooperación (ACC) UE-Singapur contempla la posibilidad de que la Unión suspenda el Acuerdo de Libre Comercio en caso de que Singapur cometa violaciones de los derechos humanos fundamentales;

21.  Exhorta a la Comisión a hacer un buen uso de la cláusula de revisión general del acuerdo lo antes posible a fin de fortalecer la aplicabilidad de las disposiciones laborales y medioambientales, incluso mediante mecanismos de sanción, como último recurso;

22.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y al Servicio Europeo de Acción Exterior, así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros y de la República de Singapur.

(1) DO C 101 de 16.3.2018, p. 30.
(2) DO C 35 de 31.1.2018, p. 21.
(3) Textos Aprobados, P8_TA(2019)0088.


Acuerdo de Protección de las Inversiones UE-Singapur ***
PDF 111kWORD 48k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 13 de febrero de 2019, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo de Protección de las Inversiones entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Singapur, por otra (07979/2018 – C8-0447/2018 – 2018/0095(NLE))
P8_TA(2019)0090A8-0054/2019

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo (07979/2018),

–  Visto el proyecto de Acuerdo de Protección de las Inversiones entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Singapur, por otra (07980/2018),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 207, apartado 4, y con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), inciso v) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8‑0447/2018),

–  Visto el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 16 de mayo de 2017(1),

–  Vista su Resolución no legislativa, de 13 de febrero de 2019(2), sobre el proyecto de Decisión,

–  Vistos el artículo 99, apartados 1 y 4, así como el artículo 108, apartado 7 de su Reglamento interno,

–  Vista la recomendación de la Comisión de Comercio Internacional (A8-0054/2019),

1.  Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo;

2.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y a la República de Singapur.

(1) Dictamen 2/15, de 16 de mayo de 2017, del Tribunal de Justicia, ECLI:EU:C: 2017:376.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2019)0091.


Acuerdo de Protección de las Inversiones UE-Singapur (Resolución)
PDF 127kWORD 53k
Resolución no legislativa del Parlamento Europeo, de 13 de febrero de 2019, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo de Protección de las Inversiones entre la Unión y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Singapur, por otra (07979/2018 – C8-0447/2018 – 2018/0095M(NLE))
P8_TA(2019)0091A8-0049/2019

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo (07979/2018),

–  Visto el proyecto de Acuerdo de Protección de las Inversiones entre la Unión y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Singapur, por otra (07980/2018),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 207, apartado 4, y con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), inciso v), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) (C8‑0447/2018),

–  Vistas las directrices de negociación, de 23 de abril de 2007, sobre un acuerdo de libre comercio (ALC) con los Estados miembros de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN),

–  Vista la decisión del Consejo, de 22 de diciembre de 2009, de entablar negociaciones bilaterales para un ALC con Estados miembros concretos de la ASEAN, empezando por Singapur,

–  Vista su Resolución, de 6 de abril de 2011, sobre la futura política europea en materia de inversiones extranjeras(1),

–  Vistas las modificaciones introducidas el 12 de septiembre de 2011 en las directrices de negociación originales con objeto de autorizar a la Comisión a negociar en materia de inversiones,

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1219/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, por el que se establecen disposiciones transitorias sobre los acuerdos bilaterales de inversión entre Estados miembros y terceros países(2),

–  Vista su Resolución, de 5 de julio de 2016, sobre una nueva estrategia innovadora y orientada al futuro en materia de comercio e inversión(3),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de octubre de 2015, titulada «Comercio para todos: Hacia una política de comercio e inversión más responsable» (COM(2015)0497),

–  Visto el dictamen 2/15 del Tribunal de Justicia (TJUE)(4), de 16 de mayo de 2017, solicitado por la Comisión el 10 de julio de 2015 de conformidad con el artículo 218, apartado 11, del TFUE,

–  Vista su Resolución, de 4 de octubre de 2018, sobre la contribución de la Unión a un instrumento vinculante de las Naciones Unidas sobre las empresas transnacionales y otras empresas con características transnacionales con respecto a los derechos humanos(5),

–  Visto el Reglamento de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) sobre la Transparencia en los Arbitrajes entre Inversionistas y Estados en el Marco de un Tratado,

–  Visto el Tratado de la Unión Europea (TUE), y en particular su título V relativo a la acción exterior de la Unión,

–  Visto el TFUE, y en particular su quinta parte, títulos I, II y V, concretamente el artículo 207, en relación con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), inciso v),

–  Vista su Resolución legislativa de 13 de febrero de 2019(6) sobre el proyecto de Decisión,

–  Visto el artículo 99, apartado 2, de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Comercio Internacional (A8-0049/2019),

A.  Considerando que la Unión y Singapur comparten los mismos valores fundamentales, entre ellos la democracia, el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos, la diversidad cultural y lingüística y un firme compromiso con el comercio basado en normas en el marco del sistema multilateral de comercio;

B.  Considerando que la Unión es el principal destinatario y la principal fuente de inversión extranjera directa a escala mundial;

C.  Considerando que Singapur es el octavo mayor destinatario de inversión extranjera directa de la Unión y el primero de la región de la ASEAN;

D.  Considerando que Singapur es, con mucha diferencia, el socio más importante de la Unión en la región, ya que representa algo menos de un tercio del comercio de bienes y servicios entre la Unión y la ASEAN y aproximadamente dos tercios de todas las inversiones entre las dos regiones, y que más de 10 000 empresas europeas tienen sus oficinas regionales en Singapur y operan normalmente en un contexto de seguridad y certeza jurídicas;

E.  Considerando que Singapur es el destino principal de las inversiones europeas en Asia, y que en 2016 el volumen de las inversiones bilaterales ascendió a 256 000 millones de euros;

F.  Considerando que en la actualidad hay más de tres mil tratados internacionales de inversión vigentes y que los Estados miembros de la Unión son parte de unos mil cuatrocientos;

G.  Considerando que se trata del primer acuerdo específico de protección de las inversiones que se celebra entre la Unión y un tercer país tras los debates de las instituciones sobre la nueva estructura de los ALC de la Unión con arreglo al dictamen 2/15 del TJUE de 16 de mayo de 2017;

H.  Considerando que, habida cuenta del nuevo planteamiento de la Unión con respecto a la protección de las inversiones y su mecanismo de garantía del cumplimiento, a saber, el Sistema de Tribunales de Inversiones (STI), en 2017 Singapur accedió a revisar las disposiciones de protección de las inversiones negociadas en 2014, lo que supuso la reapertura de un acuerdo cerrado;

I.  Considerando que el Acuerdo se basa en las disposiciones de protección de las inversiones incluidas en el Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG) UE-Canadá, ratificado por el Parlamento el 15 de febrero de 2017;

J.  Considerando que el 6 de septiembre de 2017 Bélgica solicitó un dictamen del TJUE sobre la compatibilidad de las disposiciones del STI del AECG con los Tratados de la Unión;

K.  Considerando que en las economías desarrolladas cuyos sistemas judiciales funcionan correctamente son menos necesarios los mecanismos de resolución de litigios entre inversores y Estados, aunque estos mecanismos podrían garantizar una resolución más rápida de los litigios; que, no obstante, la constitución de un tribunal multilateral de inversiones independiente aumentaría la confianza en el sistema, así como la seguridad jurídica;

L.  Considerando que el Acuerdo sustituirá a los tratados bilaterales de inversión existentes entre trece Estados miembros de la Unión y Singapur, que no incluyen el nuevo planteamiento de la Unión con respecto a la protección de las inversiones y su mecanismo de garantía del cumplimiento (STI);

M.  Considerando que las Partes se han comprometido a impulsar la creación de un tribunal multilateral de inversiones, iniciativa que ha obtenido el firme respaldo del Parlamento;

N.  Considerando que el 20 de marzo de 2018 el Consejo aprobó las directrices de negociación por las que se autoriza a la Comisión a negociar, en nombre de la Unión, un convenio constitutivo de un tribunal multilateral de inversiones; que estas directrices de negociación han sido publicadas;

O.  Considerando que la Unión ha celebrado un Acuerdo de Protección de las Inversiones similar con Vietnam, que fue aprobado por la Comisión el 17 de octubre de 2018;

1.  Celebra el nuevo planteamiento de la Unión con respecto a la protección de las inversiones y su mecanismo de garantía del cumplimiento (STI), que sustituye al polémico mecanismo de solución de diferencias entre inversores y Estados, abordando algunos de sus defectos en el proceso, así como los planteamientos individuales aplicados por los Estados miembros de la Unión en los tratados bilaterales de inversión existentes;

2.  Considera esencial que el Acuerdo asegure un elevado nivel de protección de las inversiones, de transparencia y de rendición de cuentas, al tiempo que preserva el derecho de ambas Partes a legislar a todos los niveles de gobierno y a perseguir objetivos legítimos en materia de políticas públicas, como la protección de la salud pública y del medio ambiente; hace hincapié en que, si una Parte regula de una manera que afecta negativamente a una inversión o interfiere en las expectativas de beneficios de un inversor, ello no supone en sí mismo una infracción de las normas de protección de las inversiones y, por tanto, no requiere compensación alguna; hace hincapié en que el Acuerdo no debe restringir en modo alguno la autonomía de los interlocutores sociales y los derechos sindicales;

3.  Destaca que el Acuerdo garantiza que los inversores de la Unión en Singapur no serán discriminados frente a los inversores singapurenses y les brinda una protección adecuada contra expropiaciones ilegítimas;

4.  Recuerda que el STI contempla la constitución de un tribunal de inversiones permanente de primera instancia y un tribunal de apelación, cuyos miembros deberán poseer cualificaciones comparables a las de los jueces de la Corte Internacional de Justicia, así como conocimientos especializados en el ámbito del Derecho internacional público y no solo en materia de Derecho mercantil, y habrán de cumplir estrictas normas en materia de independencia, integridad y comportamiento ético por medio de un código de conducta vinculante concebido para evitar conflictos de intereses;

5.  Acoge con satisfacción el hecho de que las normas de transparencia se aplicarán a los procedimientos ante los tribunales, que los documentos contenidos en el expediente estarán a disposición del público y que las audiencias serán públicas; considera que una mayor transparencia contribuirá a infundir a los ciudadanos confianza en el sistema; acoge con satisfacción, además, la claridad con respecto a los motivos por los que un inversor puede impugnar, lo que garantiza al proceso una mayor transparencia y equidad;

6.  Destaca que terceras partes, como las organizaciones laborales y medioambientales, no tienen capacidad procesal y, por lo tanto, no pueden participar como partes afectadas para hacer cumplir las obligaciones de los inversores, pero pueden intervenir en los procedimientos del STI mediante la presentación de observaciones amicus curiae; subraya el hecho de que el tribunal de inversiones sigue constituyendo un sistema independiente que solo se aplica a los inversores extranjeros;

7.  Subraya que no debe ser posible la búsqueda del foro más favorable y que se deben evitar los procedimientos múltiples y paralelos;

8.  Recuerda que el Acuerdo se basa fundamentalmente en las disposiciones de protección de las inversiones contenidas en el AECG, pues incorpora disposiciones sobre las obligaciones de los antiguos jueces, un código de conducta para evitar conflictos de intereses y un tribunal de apelación plenamente operativo en el momento de su celebración;

9.  Se congratula del compromiso de Singapur con la constitución del tribunal multilateral de inversiones, un tribunal de Derecho internacional independiente y público facultado para conocer de litigios de inversión entre inversores y Estados que hayan reconocido la competencia del mismo sobre sus tratados bilaterales de inversión y cuyo objetivo último debe consistir en reformar y sustituir el actual, desequilibrado, costoso y fragmentando régimen de protección de las inversiones; considera que el Acuerdo representa un avance fundamental a tal efecto; anima a la Comisión a que siga esforzándose por llegar a los terceros países para que creen cuanto antes el tribunal multilateral de inversiones;

10.  Celebra la decisión del Consejo de publicar la directriz de negociación de 20 de marzo de 2018 relativa al tribunal multilateral de inversiones y le insta a que haga públicas las directrices de negociación de todos los acuerdos de comercio e inversión, anteriores y futuros, de manera inmediata tras su adopción, a fin de aumentar la transparencia y el control público;

11.  Subraya el hecho de que el Acuerdo sustituirá a los tratados bilaterales de inversión existentes entre trece Estados miembros de la Unión y Singapur, alcanzando así una mayor coherencia en comparación con dichos tratados bilaterales de inversión, que se basan en disposiciones obsoletas de protección de las inversiones e incluyen el mecanismo de resolución de litigios entre inversores y Estados; subraya que el Acuerdo también creará nuevos derechos para las reclamaciones de los inversores en los otros quince Estados miembros; hace hincapié en que los tribunales nacionales operativos son la opción principal para la resolución de litigios entre inversores, pero considera que el Acuerdo constituye un paso importante hacia la reforma de las normas mundiales sobre protección de las inversiones y resolución de litigios;

12.  Lamenta la falta de disposiciones sobre las responsabilidades de los inversores y destaca, en este contexto, la importancia de la responsabilidad social de las empresas; insta a la Comisión a que considere la adopción de disposiciones legislativas similares a las relativas a los minerales de guerra y la madera, como, por ejemplo, para la industria textil; recuerda la importancia de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos;

13.  Observa la falta de un planteamiento global con respecto al cumplimiento de la legislación en materia de derechos humanos por parte de las empresas, así como la indisponibilidad de mecanismos de recurso; constata la labor iniciada en las Naciones Unidas por el Grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos para elaborar un instrumento vinculante de las Naciones Unidas; alienta a la Comisión y a los Estados miembros de la Unión a que adopten un planteamiento constructivo con respecto a esta iniciativa;

14.  Alienta a la Comisión a que siga trabajando en la mejora de la accesibilidad del STI, en particular para las pymes y las empresas más pequeñas;

15.  Pide a la Comisión y a Singapur que acuerden sanciones más severas para los casos de incumplimiento del código de conducta por parte de miembros de los tribunales, y que garanticen su aplicación efectiva a partir de la entrada en vigor del Acuerdo;

16.  Considera que la aprobación de este Acuerdo otorgará a la Unión un mayor poder de negociación de acuerdos similares con otros países de la ASEAN con miras al establecimiento de normas análogas sobre la protección de las inversiones en toda la región;

17.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Servicio Europeo de Acción Exterior y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de la República de Singapur.

(1) DO C 296 E de 2.10.2012, p. 34.
(2) DO L 351 de 20.12.2012, p. 40.
(3) DO C 101 de 16.3.2018, p. 30.
(4) Dictamen 2/15 del Tribunal de Justicia de 16 de mayo de 2017 (ECLI:EU:C:2017:376).
(5) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0382.
(6) Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(2019)0090.


Acuerdo Marco de Colaboración y Cooperación UE-Singapur ***
PDF 110kWORD 48k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 13 de febrero de 2019, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la firma, en nombre de la Unión, del Acuerdo Marco de Colaboración y cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Singapur, por otra (15375/2018 – C8-0026/2019 – 2018/0403(NLE))
P8_TA(2019)0092A8-0020/2019

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo (15375/2018),

–  Visto el proyecto de Acuerdo Marco de Colaboración y cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Singapur, por otra (08224/2014),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 212 y el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0026/2019),

–  Vista su Resolución no legislativa, de 13 de febrero de 2019(1), sobre el proyecto de Decisión,

–  Visto el artículo 99, apartados 1 y 4, así como el artículo 108, apartado 7, de su Reglamento interno,

–  Vista la recomendación de la Comisión de Asuntos Exteriores (A8-0020/2019),

1.  Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo;

2.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y a la República de Singapur.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2019)0093.


Acuerdo Marco de Colaboración y Cooperación UE-Singapur (Resolución)
PDF 151kWORD 55k
Resolución no legislativa del Parlamento Europeo, de 13 de febrero de 2019, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo Marco de Colaboración y Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Singapur, por otra (15375/2018 – C8-0026/2019 – 2018/0403M(NLE))
P8_TA(2019)0093A8-0023/2019

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo (15375/2018),

–  Visto el proyecto de Acuerdo de Colaboración y Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Singapur, por otra (08224/2014),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 212, en relación con el artículo 218, apartado 6, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0026/2019),

–  Visto el Acuerdo de Colaboración y Cooperación UE-Singapur, firmado en Bruselas el 19 de octubre de 2018,

–  Vistos el Acuerdo de Libre Comercio UE-Singapur y el Acuerdo de Protección de las Inversiones UE-Singapur, firmados en Bruselas el 19 de octubre de 2018,

–  Visto el Acuerdo de Cooperación CEE-ASEAN, firmado en marzo de 1980, que constituye el marco jurídico de las relaciones entre la Unión Europea y la ASEAN(1),

–  Vista la 12.ª Cumbre de la Reunión Asia-Europa (ASEM), celebrada en Bruselas los días 18 y 19 de octubre de 2018,

–  Vista la 10.ª reunión interparlamentaria UE-Singapur, celebrada en Singapur el 23 de mayo de 2017,

–  Vista la Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, publicada por la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad en junio de 2016,

–  Vistas las Directrices relativas a la política exterior y de seguridad de la UE en el Asia Oriental, aprobadas por el Consejo el 15 de junio de 2012,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 28 de mayo de 2018, sobre el refuerzo de la cooperación de la UE en Asia y con Asia en materia de seguridad,

–  Vista la estrategia de la UE para conectar Europa y Asia, basada en una conectividad sostenible,

–  Vistas sus recientes Resoluciones sobre la ASEAN, y en particular las de 3 de octubre de 2017, sobre las relaciones políticas de la Unión con la ASEAN(2), y de 15 de enero de 2014, sobre el futuro de las relaciones UE-ASEAN(3),

–  Vista su Resolución legislativa, de 13 de febrero de 2019(4), sobre el proyecto de Decisión,

–  Visto el artículo 99, apartado 2, de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A8-0023/2019),

A.  Considerando que las relaciones entre la Unión Europea y Singapur se remontan a varias décadas y se basan en una larga historia de amistad y en estrechos vínculos históricos, políticos y económicos; que la asociación bilateral se basa en unos valores comunes y en el compromiso en favor de un mundo pacífico y próspero;

B.  Considerando que ambas partes en el Acuerdo de Colaboración y Cooperación UE-Singapur (ACC) reafirman su respeto de los principios democráticos, el Estado de Derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales de derechos humanos aplicables;

C.  Considerando que Singapur es miembro fundador de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), que en 2017 celebró sus cuarenta años de existencia;

D.  Considerando que, durante su presidencia de la ASEAN en 2018, bajo el lema «Resiliencia e innovación», Singapur organizó dos cumbres de la ASEAN y promovió la unidad, la seguridad y la cooperación económica dentro de esta asociación, mediante el lanzamiento de iniciativas tales como la «ASEAN Youth Fellowship»;

E.  Considerando que Singapur es un estrecho aliado de los Estados Unidos, país con el que celebró un acuerdo de libre comercio en 2003 y que considera imprescindible para la seguridad, la estabilidad y el equilibrio de la región Asia-Pacífico;

F.  Considerando que Singapur ocupó el noveno puesto en el Índice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de 2017;

G.  Considerando que Singapur ocupó el sexto puesto en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional de 2017, lo que hace de él uno de los países menos corruptos del mundo;

H.  Considerando que el primer Foro de Jóvenes Líderes UE-ASEAN tuvo lugar en febrero de 2018;

I.  Considerando que Singapur ha experimentado unos niveles récord de contaminación atmosférica como consecuencia de incendios forestales en los países vecinos, debidos en gran parte a la quema intencionada de tierras para el cultivo de aceite de palma y de plantaciones de madera;

J.  Considerando que la Constitución de Singapur garantiza los derechos a la libertad de expresión y de reunión y asociación pacíficas, si bien estos derechos están gravemente restringidos por motivos de seguridad, protección del orden público, moralidad, privilegios parlamentarios y armonía racial y religiosa; que Singapur ocupa el puesto 151 de un total de 180 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2018; que las leyes de Singapur sobre desacato, sedición y difamación se utilizan para acallar las voces críticas de activistas, blogueros y medios de comunicación;

K.  Considerando que Singapur sigue aplicando la pena de muerte; que, tras un breve período sin ejecuciones, su número va en aumento desde 2014;

L.  Considerando que los derechos de la comunidad LGBTI de Singapur están gravemente restringidos; que una relación sexual consensuada entre dos hombres es ilegal y está castigada con una pena de hasta dos años de cárcel; que la ley en Singapur no reconoce las relaciones entre personas del mismo sexo;

M.  Considerando que Singapur aún no ha ratificado dos convenios fundamentales de la OIT, a saber, el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación y el Convenio sobre la discriminación;

Acuerdo de Colaboración y Cooperación UE-Singapur

1.  Acoge favorablemente la celebración del ACC, que reviste una importancia estratégica y proporcionará un marco jurídico para las largas relaciones bilaterales y el compromiso en favor del refuerzo y la ampliación de la cooperación en los foros regionales e internacionales y en ámbitos como la protección del medio ambiente, la estabilidad internacional, la justicia, la seguridad y el desarrollo;

2.  Destaca las oportunidades que ofrece el ACC en nuevos ámbitos de cooperación, como los derechos humanos, la justicia, la libertad y la seguridad y la no proliferación de armas nucleares, así como para la cooperación científica y tecnológica en sectores como la energía, el medio ambiente, la lucha contra el cambio climático, la protección de los recursos naturales y el transporte, en particular el transporte marítimo y aéreo;

3.  Acoge favorablemente la cooperación en lo referente a vínculos interpersonales, sociedad de la información, sectores audiovisual y de los medios de comunicación, educación e intercambios culturales, empleo y asuntos sociales, salud y estadísticas, que ayudará a evaluar los progresos del Acuerdo;

4.  Considera que el ACC —el acuerdo marco— está estrechamente vinculado, a nivel político, al Acuerdo de Libre Comercio y al Acuerdo de Protección de las Inversiones y los complementa; recuerda que el artículo 44 del ACC permite la no ejecución de los Acuerdos en caso de violación grave y sistemática de los elementos esenciales, incluidos los principios democráticos, el Estado de Derecho y los derechos humanos;

5.  Celebra la firma, el 21 de junio de 2017, por Singapur del Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes (AMAC), encaminado a la aplicación de la norma mundial de intercambio automático de información con fines fiscales, y su notificación, el 30 de junio de 2017, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), por la que informaba de su intención de poner en marcha intercambios automáticos, en virtud de ese Acuerdo, con todos los Estados miembros de la Unión con los que no tuviera ningún acuerdo bilateral en vigor con el mismo propósito; anima a las Partes a hacer pleno uso de las disposiciones de cooperación fiscal del ACC;

Derechos humanos y libertades fundamentales

6.  Reafirma el compromiso y la implicación necesarios en favor del respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos sociales, la democracia, las libertades fundamentales, la buena gobernanza y el Estado de Derecho, y en favor de la colaboración en este ámbito; recuerda que los derechos humanos ocupan un lugar central en las relaciones de la Unión con terceros países; pide a las autoridades de Singapur que garanticen, en todas las circunstancias, el respeto del Derecho internacional, la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos, y considera que la Unión debe seguir prestando su apoyo a Singapur para la inclusión social, el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho y la promoción de la paz, la seguridad y la reforma judicial; acoge con satisfacción el debate público abierto sobre la revisión de la ley no aplicada sobre el castigo de las relaciones consensuadas entre personas del mismo sexo, y pide al Gobierno de Singapur que proteja plenamente los derechos de la comunidad LGBTI; insta al Gobierno de Singapur a que suprima las leyes que penalizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo; subraya la necesidad de una mayor cooperación en materia de derechos de la mujer e insta al Gobierno de Singapur a que facilite la adopción de legislación que prohíba todas las formas de discriminación contra la mujer y basada en la orientación sexual;

7.  Pide a la Unión que entable un diálogo con el Gobierno de Singapur con el fin de introducir una moratoria inmediata de la pena capital como paso previo a su abolición;

8.  Pide al Gobierno de Singapur que proteja las libertades de expresión y de reunión, ya que son elementos esenciales para el buen funcionamiento de la democracia;

9.  Pide a la Unión que entable un diálogo con las autoridades de Singapur con vistas a facilitar la ratificación por parte del país de los instrumentos de derechos humanos y de los convenios fundamentales de la OIT; constata que Singapur todavía no ha ratificado los Convenios sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación y sobre la discriminación, y que ha denunciado el Convenio sobre el trabajo forzoso; espera que Singapur siga colaborando con la OIT para avanzar en su plena adaptación al contenido de dichos Convenios y, en última instancia, hacia su ratificación;

Relaciones UE-Singapur

10.  Hace hincapié en que la celebración del ACC imprime un fuerte impulso a un mayor compromiso entre la Unión, Singapur y la región del Asia Sudoriental en general;

11.  Subraya el valor político de una estrecha relación de comercio e inversión entre Singapur y la Unión;

12.  Subraya la especial experiencia de la Unión en materia de desarrollo institucional, mercado único, convergencia normativa, gestión de crisis, ayuda humanitaria y socorro en caso de catástrofe, así como en derechos humanos y democracia; subraya que la Unión debe intensificar el diálogo político y la cooperación en cuestiones como los derechos fundamentales, y en cuestiones de interés común, incluidos el Estado de Derecho y la seguridad y la protección de la libertad de expresión;

13.  Celebra que el ACC respalde los intercambios interpersonales, como la movilidad académica en el marco del programa Erasmus Mundus, y facilite el ulterior desarrollo de intercambios culturales con objeto de promover la comprensión mutua y el conocimiento de las culturas respectivas;

14.  Destaca el papel de la Fundación Asia-Europa (ASEF), con sede en Singapur, como principal instrumento de los intercambios culturales entre Asia y Europa; acoge con satisfacción su papel en la inclusión de las preocupaciones de la sociedad civil como elemento esencial de las deliberaciones en la ASEM;

15.  Subraya que el Centro de la Unión Europea en Singapur, creado en 2009 en colaboración con la Universidad Nacional de Singapur y la Universidad Tecnológica de Nanyang, promueve el conocimiento y la comprensión de la Unión y sus políticas y forma parte de la red mundial de centros de excelencia de la UE;

16.  Anima a los investigadores de Singapur a que desarrollen proyectos conjuntos de investigación e innovación con entidades de la Unión en el marco de iniciativas de investigación de la Unión como el programa Horizonte 2020, y a que aborden retos mundiales comunes relacionados con el cambio climático, el medio ambiente, la biotecnología, la salud, el envejecimiento de la población, la energía, los recursos naturales y la seguridad alimentaria;

Cooperación regional e internacional

17.  Considera que Singapur es un socio fundamental a la hora de responder a las catástrofes humanitarias en el Asia Sudoriental, así como un actor destacado en la estabilidad política de toda la región;

18.  Expresa su preocupación por las graves repercusiones que el cambio climático tendrá en Singapur y en la región de la ASEAN; acoge con satisfacción la positiva contribución de Singapur a los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible; celebra la ratificación por parte de Singapur del Acuerdo de París el 21 de septiembre de 2016 y espera que cumpla los objetivos de reducción de emisiones previstos para 2030; aspira a trabajar con Singapur y la ASEAN para acelerar la aplicación del Acuerdo de París sobre cambio climático; subraya que es necesario prestar asistencia a Singapur y a los demás países de la ASEAN para potenciar la protección y el uso sostenible de la biodiversidad, en particular de los arrecifes de coral, y la rehabilitación sistemática de los ecosistemas forestales; se congratula del papel de Singapur en la labor regional de reducción de la deforestación; insta a una mayor cooperación entre la Unión y Singapur para frenar eficazmente los incendios forestales y adoptar tecnologías más respetuosas con el medio ambiente en los transportes y los edificios;

19.  Considera que hay margen, interés y necesidad para que la Unión y la ASEAN colaboren en el desarrollo de una estrategia conjunta de economía circular;

20.  Celebra la creación de un Foro de Jóvenes Líderes UE-ASEAN, que permitirá a los jóvenes dirigentes de la Unión y de los países de la ASEAN intercambiar ideas y entablar relaciones para apoyar las relaciones entre la Unión y la ASEAN;

21.  Destaca que la ACC proporcionará una oportunidad para que la Unión refuerce su contribución a la puesta en marcha de objetivos compartidos en la zona del Indopacífico; pide que se redoblen los esfuerzos conjuntos en aras de una región del Indopacífico libre y abierta;

22.  Pide que se coopere con Singapur en pos de intereses comunes relacionados con la aplicación de las políticas de conectividad de la ASEAN y la Unión; hace hincapié en la necesidad de colaborar en relación con la iniciativa denominada «Un cinturón, una ruta», con el fin de trabajar en pro de la aplicación de los objetivos y criterios de conectividad acordados durante la reciente Cumbre UE-China; reitera la necesidad de promover la gobernanza multilateral;

23.  Subraya que Singapur ha defendido el multilateralismo regional en el Asia Sudoriental; toma nota del papel que desempeña Singapur en los diálogos interregionales UE‑ASEAN en los ámbitos diplomático, económico e institucional, y destaca el apoyo de Singapur a la integración regional en el Asia Sudoriental;

24.  Observa la localización estratégica de Singapur; toma nota de la contribución de Singapur a la seguridad regional y mundial; acoge favorablemente la cumbre anual sobre la seguridad en Asia, conocida también como el Diálogo de Shangri-La, que se celebra en el hotel Shangri-La de Singapur desde 2002;

25.   Manifiesta su honda preocupación por el aumento de las tensiones en el mar de la China Meridional; pide a la ASEAN que acelere las consultas sobre un código de conducta para la resolución pacífica de conflictos y controversias en este ámbito, y a la Unión que apoye este proceso; insiste en que esta cuestión debe resolverse de acuerdo con el Derecho internacional en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM); celebra que Singapur, país que no es parte interesada, haya instado a las partes a gestionar sus diferencias de forma pacífica y con arreglo al Derecho internacional, incluida la CNUDM;

26.  Solicita, al igual que Singapur, la libertad de navegación y de sobrevuelo en la zona, y destaca que redunda en el interés de la Unión promover la estabilidad en el Asia Sudoriental; destaca el papel fundamental que desempeñan el Foro Regional de la ASEAN y la Cumbre de Asia Oriental a la hora de promover los diálogos sobre seguridad entre la región y las potencias extrarregionales, a saber, China y los Estados Unidos;

27.  Acoge con satisfacción el programa de la ASEAN para el desarrollo de cibercapacidades, puesto en marcha a iniciativa de Singapur y destinado a ayudar a las naciones de la ASEAN a detectar y responder a las amenazas informáticas; constata que la ASEAN no dispone de normas comunes en materia de ciberprotección, lo que podría obstaculizar la cooperación en el ámbito de la seguridad informática en la región; pide a la Unión que comparta sus experiencias en materia de amenazas informáticas e híbridas y que respalde el desarrollo de capacidades de la ASEAN en este ámbito;

28.  Felicita a Singapur por el despliegue de tropas y material para apoyar a la coalición multinacional en Irak entre 2003 y 2008, así como por su participación posterior en las operaciones contra el Estado Islámico en Irak y en Siria;

29.  Reconoce la disposición de Singapur a organizar cumbres, y el papel que desempeña en ellas, con el fin de promover la paz y fomentar la confianza en Asia y otras regiones del mundo;

Marco institucional conforme al ACC

30.  Celebra que en el marco del ACC se establezca un Comité Mixto integrado por representantes de ambas partes a un alto nivel apropiado, encargado de garantizar el buen funcionamiento y la aplicación del Acuerdo, de establecer prioridades y de formular recomendaciones para promover los objetivos del Acuerdo;

31.  Pide intercambios regulares entre el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y el Parlamento, para permitir a este último realizar un seguimiento de la aplicación del ACC y de la consecución de sus objetivos;

o
o   o

32.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Servicio Europeo de Acción Exterior y a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de Singapur.

(1) DO L 144 de 10.6.1980, p. 2.
(2) DO C 346 de 27.9.2018, p. 44.
(3) DO C 482 de 23.12.2016, p. 75.
(4) Textos Aprobados, P8_TA(2019)0092.


Tratado constitutivo de la Comunidad del Transporte ***
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Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 13 de febrero de 2019, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Tratado constitutivo de la Comunidad del Transporte (13111/2018 – C8-0473/2018 – 2018/0282(NLE))
P8_TA(2019)0094A8-0022/2019

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo (13111/2018),

–  Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad del Transporte(1),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 91 y el artículo 100, apartado 2, así como con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), y el artículo 218, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0473/2018),

–  Visto el artículo 99, apartados 1 y 4, así como el artículo 108, apartado 7, de su Reglamento interno,

–  Vista la recomendación de la Comisión de Transportes y Turismo (A8-0022/2019),

1.  Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo;

2.  Encarga a su presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de la República de Albania, Bosnia y Herzegovina, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Kosovo(2), Montenegro y la República de Serbia.

(1) DO L 278 de 27.10.2017, p. 3.
(2) La denominación «Kosovo» se entiende sin perjuicio de las posiciones sobre su estatuto y está en consonancia con la Resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y con la Opinión de la Corte Internacional de Justicia sobre la declaración de independencia de Kosovo.


Informe de 2018 sobre Bosnia y Herzegovina
PDF 159kWORD 69k
Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de febrero de 2019, sobre el Informe de 2018 de la Comisión sobre Bosnia y Herzegovina (2018/2148(INI))
P8_TA(2019)0095A8-0467/2018

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Acuerdo de Estabilización y Asociación (AEA) entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y Bosnia y Herzegovina, por otra,

–  Visto el Protocolo del AEA entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y Bosnia y Herzegovina, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea, que fue rubricado el 18 de julio de 2016 y entró en vigor el 1 de febrero de 2017,

–  Vista la solicitud de adhesión de Bosnia y Herzegovina a la Unión Europea, de 15 de febrero de 2016, y la presentación de las respuestas de este país al cuestionario de la Comisión, el 28 de febrero de 2018,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 19 y 20 de junio de 2003 sobre los Balcanes Occidentales, así como el anexo a las mismas titulado «Programa de Salónica para los Balcanes Occidentales: avanzar en la integración europea»,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo de 16 de octubre de 2017 sobre Bosnia y Herzegovina, de 26 de junio de 2018 sobre la ampliación y el proceso de estabilización y asociación, y de 15 de octubre de 2018 sobre Bosnia y Herzegovina / Operación EUFOR Althea,

–  Vistas la primera reunión de la Comisión Parlamentaria de Estabilización y Asociación UE-Bosnia y Herzegovina, celebrada los días 5 y 6 de noviembre de 2015, la segunda reunión del Consejo de Estabilización y Asociación UE-Bosnia y Herzegovina, celebrada el 10 de julio de 2017, la tercera reunión de la Comisión de Estabilización y Asociación UE-Bosnia y Herzegovina, celebrada el 27 de marzo de 2018, y la tercera reunión del Consejo de Estabilización y Asociación UE-Bosnia y Herzegovina, celebrada el 13 de julio de 2018,

–  Visto el Proceso de Berlín, en particular las conclusiones de la presidencia de la reunión de los líderes durante la Cumbre de los Balcanes Occidentales, celebrada en Londres el 10 de julio de 2018, vistas las tres declaraciones conjuntas firmadas ese mismo día sobre la cooperación regional y las relaciones de buena vecindad, sobre las personas desaparecidas y sobre los crímenes de guerra, y vista la declaración anticorrupción emitida por Bosnia y Herzegovina en esa misma ocasión,

–  Vistos la Declaración de Sofía adoptada durante la Cumbre UE-Balcanes Occidentales de 17 de mayo de 2018, y el Programa de Prioridades de Sofía anejo,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 6 de febrero de 2018, titulada «Una perspectiva creíble de ampliación y un mayor compromiso de la UE con los Balcanes Occidentales» (COM(2018)0065),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 17 de abril de 2018, titulada «Comunicación de 2018 sobre la política de ampliación de la UE» (COM(2018)0450), acompañada del documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado «Bosnia and Herzegovina 2018 Report» (Informe de 2018 sobre Bosnia y Herzegovina) (SWD(2018)0155),

–  Vista la declaración de la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad / vicepresidenta de la Comisión (AR/VP), Federica Mogherini, y del comisario de Política Europea de Vecindad y Negociaciones de Ampliación, Johannes Hahn, de 2 de mayo de 2018, sobre la reforma electoral en Bosnia y Herzegovina de cara a las elecciones a la Cámara de los Pueblos de la Federación,

–  Vistos los resultados de las elecciones que tuvieron lugar el 7 de octubre de 2018,

–  Vista la declaración sobre los resultados y conclusiones preliminares de la misión internacional de observación electoral de la OSCE/OIDDH, publicada el 8 de octubre de 2018,

–  Vista la declaración conjunta del 8 de octubre de 2018 de la AR/VP Federica Mogherini y del comisario Johannes Hahn sobre las elecciones en Bosnia y Herzegovina,

–  Vistas las conclusiones conjuntas del diálogo económico y financiero entre la Unión Europea y los Balcanes Occidentales y Turquía, de 25 de mayo de 2018,

–  Vista la declaración local de la Unión de 1 de junio de 2018 sobre el Código de Procedimiento Penal de Bosnia y Herzegovina,

–  Vistos el 53.º(1) y el 54.º(2) informes al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del Alto Representante para la Aplicación del Acuerdo de Paz sobre Bosnia y Herzegovina, de 3 de mayo de 2018 y 31 de octubre de 2018, respectivamente,

–  Vista la agenda de reformas de Bosnia y Herzegovina 2015-2018, adoptada en julio de 2015, así como el mecanismo de coordinación, adoptado por el Consejo de Ministros de Bosnia y Herzegovina y los Gobiernos de la Federación de Bosnia y Herzegovina y la República Srpska el 23 de agosto de 2016,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre el país,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A8-0467/2018),

A.  Considerando que la Unión ha confirmado su compromiso con la perspectiva europea de Bosnia y Herzegovina, así como con su integridad, soberanía y unidad territoriales;

B.  Considerando que la solicitud de adhesión del país a la Unión Europea representa una elección estratégica y un compromiso de avanzar hacia la Unión;

C.  Considerando que la Comisión está elaborando su dictamen sobre la solicitud de adhesión de Bosnia y Herzegovina a la Unión Europea; que Bosnia y Herzegovina, utilizando el mecanismo de coordinación de asuntos europeos, elaboró sus respuestas al cuestionario de la Comisión y las presentó el 28 de febrero de 2018; que Bosnia y Herzegovina recibió más de 600 preguntas de seguimiento el 20 de junio de 2018 y todavía no ha podido enviar sus respuestas a las preguntas adicionales;

D.  Considerando que desde mediados de 2017 se está produciendo una marcada ralentización de la adopción de reformas relacionadas con la Unión, a pesar del compromiso de Bosnia y Herzegovina con la agenda de reformas; que la adhesión a la Unión Europea es un proceso global que requiere voluntad política, esfuerzos conjuntos de todas las partes interesadas y consenso sobre la agenda de reformas; que los ciudadanos de Bosnia y Herzegovina deben figurar en el núcleo de las reformas institucionales, económicas y sociales;

E.  Considerando que el 7 de octubre de 2018 se celebraron elecciones generales en Bosnia y Herzegovina; que los partidos políticos no han sido capaces de llegar a un acuerdo por lo que se refiere a los cambios en la legislación electoral necesarios para resolver la laguna jurídica derivada de las decisiones del Tribunal Constitucional en el asunto Ljubić sobre la elección de los miembros de la Cámara de los Pueblos de la Federación; que los esfuerzos de facilitación en este asunto, liderados por los embajadores de la Unión Europea y los Estados Unidos de América en Bosnia y Herzegovina, con la participación de la Comisión de Venecia, no han sido fructíferos;

F.  Considerando que Bosnia y Herzegovina sigue incumpliendo el Convenio Europeo de Derechos Humanos, a la vista del asunto Sejdić-Finci y de otros asuntos relacionados; que el Consejo ha encargado a la Comisión que preste especial atención a este asunto cuando elabore su dictamen sobre la solicitud de adhesión de Bosnia y Herzegovina; que se espera que el dictamen de la Comisión examine, por tanto, temas relacionados con la funcionalidad y revise la compatibilidad del marco jurídico con el acervo de la Unión, detectando las reformas constitucionales y de otro tipo que sean necesarias; que cuanto más cerca esté Bosnia y Herzegovina de su adhesión a la Unión, más apremiante será la necesidad de una reforma constitucional, orientada a mejorar su funcionalidad y a garantizar la protección de los derechos humanos; que, hasta la fecha, los líderes políticos del país no han sido capaces de subsanar dichas deficiencias en la Constitución de Bosnia y Herzegovina;

G.  Considerando que no se están aplicando trece decisiones del Tribunal Constitucional de Bosnia y Herzegovina y numerosas decisiones constitucionales a nivel de las entidades (veintiocho en la Federación y siete en la República Srpska); que la aplicación de las decisiones del Tribunal Constitucional es un elemento esencial para la defensa del Estado de Derecho;

H.  Considerando que Bosnia y Herzegovina es un Estado Parte del Convenio sobre la evaluación del impacto ambiental en un contexto transfronterizo (Espoo, 1991);

I.  Considerando que no hay espacio en la Europa moderna para la glorificación de personas condenadas por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad;

J.  Considerando que los continuos desafíos al proceso de reconciliación deben afrontarse con más firmeza;

K.  Considerando que la corrupción, incluso al más alto nivel, sigue siendo generalizada;

1.  Acoge con satisfacción la presentación de las respuestas de Bosnia y Herzegovina al cuestionario de la Comisión; insta a Bosnia y Herzegovina a que responda de forma oportuna, transparente y detallada a las preguntas de seguimiento, que revisten un carácter más técnico, con el fin de contribuir al dictamen de la Comisión sobre su solicitud de adhesión a la Unión Europea;

2.  Manifiesta su preocupación por la marcada ralentización del ritmo de las reformas debida a desacuerdos entre las partes y a la campaña preelectoral altamente polarizada, que comenzó muy pronto; subraya que el compromiso manifestado por las autoridades de Bosnia y Herzegovina con la vía europea debe ir acompañado de una aplicación coherente de las reformas derivadas de la agenda de reformas y dar lugar a resultados concretos en beneficio de los ciudadanos, independientemente de su afiliación étnica o religiosa; lamenta que no se haya logrado ningún avance sustancial, aparte de la adopción de estrategias a escala nacional en los ámbitos del medio ambiente, el desarrollo rural y la energía, y de algunas medidas de reforma relevantes, como las modificaciones a la Ley sobre impuestos especiales, necesarias para asegurar la financiación del FMI y el BERD;

3.  Deplora que la retórica de división étnico-nacionalista haya dominado una vez más la campaña electoral y continúe caracterizando el discurso de todos los agentes políticos del país; pide a todos los líderes políticos que participen a la mayor brevedad en la formación de los gobiernos a todos los niveles, trabajando juntos de forma constructiva en interés de los ciudadanos de su país; pide la comunicación adecuada al público del proceso de integración en la Unión Europea, también como un proyecto para la reconciliación y para el desarrollo de una cultura política basada en el compromiso y el entendimiento mutuo;

4.  Observa que este ciclo electoral se caracterizó una vez más por una segmentación en función de criterios étnicos y que la campaña electoral se centró principalmente en cuestiones controvertidas relacionadas con el pasado, más que en propuestas de soluciones concretas con miras a resolver los problemas cotidianos de los ciudadanos; lamenta la retórica preelectoral nacionalista e incendiaria, que ahonda en las diferencias entre los tres pueblos constituyentes; toma nota de que las elecciones del 7 de octubre de 2018 fueron competitivas y, por lo general, ordenadas, a pesar de algunas irregularidades, y de que los ciudadanos de Bosnia y Herzegovina ejercieron su derecho democrático de manera tranquila y organizada; reitera que todas las alegaciones de irregularidades relacionadas con las elecciones deben investigarse y condenarse en los términos más claros posibles, y que ha de denunciarse cualquier actividad ilícita; subraya las continuas deficiencias en el proceso de elecciones democráticas y espera que se aborden sin demora las recomendaciones de la OSCE/OIDDH; recuerda que la decisión de 2010 del Tribunal Constitucional relativa al derecho democrático de los ciudadanos de Mostar a votar en las elecciones locales aún no se ha aplicado;

5.  Lamenta que no alcanzara un acuerdo antes de las elecciones sobre los cambios en la legislación electoral necesarios para resolver la laguna jurídica derivada de las decisiones del Tribunal Constitucional en el asunto Ljubić sobre la elección de los miembros de la Cámara de los Pueblos de la Federación; toma nota de la decisión de la Comisión Electoral Central (CEC) sobre la atribución de escaños en la Cámara de los Pueblos de la Federación adoptada el 18 de diciembre de 2018 y pide a todos los actores políticos que aborden, de manera sistemática, las lagunas jurídicas restantes en la Ley Electoral de Bosnia y Herzegovina; insta a todos los líderes políticos y a los diputados electos de los Parlamentos a que den muestras de responsabilidad, eviten las declaraciones que pongan en tela de juicio la unidad del Estado, dejen de lado sus puntos de vista opuestos y busquen compromisos y soluciones aceptables para todos; advierte contra los retrasos y los intentos de bloquear la constitución de las autoridades tras las elecciones, ya que no servirá ni a los intereses de los ciudadanos ni al objetivo de integración europea; destaca que la celebración de elecciones, la aplicación de sus resultados y la formación del gobierno de conformidad con las disposiciones legales pertinentes constituyen elementos esenciales de una democracia que funcione correctamente, así como requisitos para cualquier país que aspire a formar parte de la Unión;

6.  Reitera firmemente la necesidad de una constitución rápida de la Cámara de los Pueblos de la Federación en consonancia con las sentencias del Tribunal Constitucional de Bosnia y Herzegovina, como también se recuerda en la declaración conjunta de la AR/VP Mogherini y del comisario Hahn sobre las elecciones en Bosnia y Herzegovina;

7.  Lamenta que siga sin resolverse la cuestión de la representación democrática y legítima de tres pueblos constituyentes y de todos los ciudadanos; insta a todas las partes a que encuentren un compromiso oportuno, ya que esta cuestión debe ser abordada lo antes posible por los nuevos legisladores, también a través de la puesta en marcha de las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto Sejdić-Finci y otros asuntos relacionados; reitera la necesidad de llevar a cabo reformas constitucionales, políticas y electorales que transformen Bosnia y Herzegovina en un Estado plenamente eficaz, integrador y funcional basado en el Estado de Derecho;

8.  Deplora que, debido a los intentos de introducir un bloqueo étnico en las normas de votación de la Comisión Parlamentaria de Estabilización y Asociación UE-Bosnia y Herzegovina, los delegados de Bosnia y Herzegovina no hayan podido llegar a un acuerdo sobre el reglamento interno de dicha Comisión, que, en consecuencia, no ha celebrado ninguna reunión en tres años; lamenta la falta de cooperación con el Parlamento Europeo, recuerda que este hecho constituye un claro incumplimiento de las obligaciones derivadas del AEA e insta a todos los agentes a que acuerden y acepten el reglamento interno de la Comisión Parlamentaria de Estabilización y Asociación sobre la base de las recomendaciones del Parlamento Europeo sobre dicho tema; señala que contar con unas instituciones democráticas operativas, incluido el Parlamento, es una condición previa para avanzar en el proceso de integración europea;

9.  Manifiesta su preocupación por la falta de evaluaciones de impacto sistemáticas de la reglamentación y de consultas públicas, por las prácticas de seguimiento y presentación de informes insuficientes y de baja calidad, así como por la falta de un requisito formal de publicación de documentos clave de la planificación gubernamental;

10.  Pide que se adopten más estrategias a escala nacional no discriminatorias y con perspectiva de género en ámbitos como el empleo y la gestión de las finanzas públicas, lo que permitirá una aplicación coherente de las reformas en todo el país, así como el acceso a una mayor financiación del Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP); observa con satisfacción que la adopción de estrategias pertinentes a escala nacional ha permitido la financiación adicional del IAP II en ámbitos clave, como la agricultura y el desarrollo rural, el medio ambiente y la energía, en el marco del documento de estrategia indicativo para el período de 2014-2020, recientemente revisado; destaca la necesidad de asegurar una mejor absorción de la ayuda preadhesión, especialmente a través de la mejora de la coordinación de los donantes y la capacidad administrativa; pide la adopción de un programa nacional para la aproximación de la legislación del país al acervo de la Unión, un requisito legal en virtud del AEA y un medio indispensable para prepararse de cara a la adhesión a la Unión Europea;

11.  Reitera su llamamiento en favor de la adopción de una estrategia nacional en materia de derechos humanos; subraya que deben adoptarse lo antes posible modificaciones a la Ley del Defensor del Pueblo, con el fin de garantizar el cumplimiento de los Principios de París; considera necesario que Bosnia y Herzegovina establezca un mecanismo nacional para la prevención de la tortura y el maltrato, así como que apruebe una ley estatal sobre los derechos de la población civil torturada durante la guerra, de conformidad con sus obligaciones internacionales; estima que Bosnia y Herzegovina debe realizar mayores esfuerzos para adaptar las condiciones de las prisiones y las instalaciones de detención policiales a las normas internacionales; insta una vez más a las autoridades de la República Srpska a que deroguen la disposición relativa a la pena de muerte de su Constitución; reitera la necesidad de garantizar un acceso no discriminatorio a la justicia en todo el país a través de un sistema armonizado y sostenible de asistencia jurídica gratuita; pide a las autoridades que promuevan activamente los valores europeos y que continúen ambicionando una perspectiva europea;

12.  Pide a las autoridades de Bosnia y Herzegovina que adopten medidas concretas para incluir la perspectiva de género en todas las políticas, incluida la agenda de reformas, y manifiesta su preocupación por la infrarrepresentación de las mujeres en los puestos de toma de decisiones, en particular a nivel local; insta a los partidos políticos de Bosnia y Herzegovina a que redoblen sus esfuerzos para garantizar que las mujeres estén representadas en todos los niveles del sistema político;

13.  Lamenta que Bosnia y Herzegovina siga infringiendo el Convenio Europeo de Derechos Humanos al no aplicar las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en los asuntos Sejdić-Finci, Zornić, Pilav y Šlaku, lo que permite una evidente discriminación entre los ciudadanos de Bosnia y Herzegovina y contradice manifiestamente los valores y las normas de la Unión; recuerda que la Comisión debe prestar atención a esta cuestión a la hora de elaborar su dictamen; sostiene que la aplicación de estas sentencias ayudaría a establecer una sociedad democrática operativa; subraya que, como en el caso de cualquier país candidato a la adhesión a la Unión Europea, se espera que Bosnia y Herzegovina adapte progresivamente su Constitución y su sistema jurídico a los requisitos del acervo de la Unión en materia de no discriminación, y confía en que se realicen progresos en este ámbito esencial a su debido tiempo; insiste en que la aplicación de estas sentencias no debe afectar a que prosiga la aplicación de la agenda de reformas y debe llevar a la eliminación de cualquier restricción del derecho a ser elegible basada en el origen étnico o la residencia, o en la decisión de un ciudadano de no afiliarse a ninguno de los pueblos constituyentes; considera, por tanto, que las reformas constitucional y electoral deben ir de la mano; pide a los líderes políticos que eviten la retórica nacionalista que provoca división de la sociedad y que prosigan el dialogo y las actividades políticas orientadas a la cooperación entre los representantes políticos de los tres pueblos y del resto de la población;

14.  Pide que se adopten medidas más eficaces para luchar contra todas las formas de discriminación, en particular mediante la adopción de estrategias nacionales en materia de derechos humanos y de lucha contra la discriminación; alienta la cooperación de los tres pueblos y del resto de la población con respecto a las cuestiones culturales, religiosas y educativas, superando las divisiones étnicas; lamenta que no se hayan realizado avances hacia la resolución del problema de «dos escuelas bajo un mismo techo»; insta a que se tomen medidas decisivas a todos los niveles a fin de encontrar soluciones sistémicas que garanticen una educación inclusiva y no discriminatoria para todos los niños; señala que la adopción de programas y planes de estudio en todo el territorio de Bosnia y Herzegovina debe respetar la diversidad cultural y lingüística de los ciudadanos, y hacer hincapié, al mismo tiempo, en el entendimiento mutuo y la reconciliación; manifiesta su preocupación por que la falta de recursos y de coordinación dificulte la aplicación del plan de acción para la infancia 2015-2018; acoge con satisfacción la legislación de Bosnia y Herzegovina en materia de cuidados de acogida y subraya la necesidad de seguir apoyando la desinstitucionalización de la atención a la infancia en todo el país; pide un mejor acceso a la educación y a servicios sociales adecuados para los niños con discapacidad, así como, en términos más generales, que se mejore el acceso a edificios, instituciones y al transporte para las personas con discapacidad;

15.  Pide una aplicación más efectiva de las disposiciones jurídicas relativas a la igualdad entre hombres y mujeres, reduciendo las diferencias salariales entre ambos sexos y mejorando el acceso de las mujeres al mercado laboral, así como que se luche contra los estereotipos de género en la sociedad; observa con preocupación la falta de una aplicación eficaz de la legislación para la prevención de la violencia de género y la protección contra la misma, especialmente contra la violencia doméstica; señala la necesidad de armonizar la legislación con el Convenio de Estambul; insta a que se realicen avances para garantizar el respeto de los derechos de las personas con discapacidad, en particular respondiendo con rapidez a las recomendaciones pertinentes de las Naciones Unidas; reconoce las medidas adoptadas en favor de la protección jurídica de las personas LGBTI, pero subraya que sigue quedando trabajo por hacer en lo que respecta a la persecución de los delitos de violencia y de odio contra dichas personas, así como el fomento de su inclusión social;

16.  Manifiesta su preocupación por que la falta de coordinación entre los distintos estamentos de la autoridad y la falta de financiación sigan obstaculizando la protección efectiva de las minorías y los grupos vulnerables, en particular de la población romaní; pide que se adopten medidas adicionales para fortalecer la protección de los derechos de las minorías; observa con preocupación que los resultados de la encuesta de 2017 sobre los romaníes marginados en Bosnia y Herzegovina muestran su limitado acceso a oportunidades en todos los aspectos del desarrollo humano; condena la estigmatización y la exclusión social de la población romaní; pide al Gobierno de Bosnia y Herzegovina que honre a las víctimas del holocausto romaní, que declare el 2 de agosto como Día del Holocausto Romaní y que incluya a las víctimas romaníes en las conmemoraciones que se celebran el 27 de enero de cada año con motivo del Día Conmemorativo del Holocausto; acoge con satisfacción la adopción de un plan de acción revisado 2017-2020 en materia de vivienda, empleo y asistencia sanitaria para la población romaní; insiste en que deben adoptarse medidas para seguir mejorando la educación, las tasas de desempleo, la salud, la vivienda y las condiciones de vida de los romaníes y otras minorías, centrándose en mejorar y aplicar plenamente las políticas y los marcos legislativos pertinentes en vigor; manifiesta su preocupación por la escasa representación de las minorías nacionales en la vida política y pública;

17.  Toma nota de la participación de Bosnia y Herzegovina en la evaluación PISA de la OCDE de 2018, gracias al apoyo económico de la Comisión Europea; felicita a las instituciones educativas de Bosnia y Herzegovina (ministerios e instituciones competentes a escala cantonal, de entidad y estatal, así como en el distrito de Brčko) por su cooperación y deseo de trabajar conjuntamente; insta a los futuros gobiernos a todos los niveles a que utilicen los resultados de las pruebas, que se espera se publiquen en 2019, para participar en un debate constructivo y en la elaboración de reformas educativas que eleven la calidad de los resultados educativos;

18.  Pide una reforma integral de los sistemas de protección social, eliminando las prácticas discriminatorias de acuerdo con las obligaciones en materia de derechos humanos y garantizando el establecimiento de normas mínimas adecuadas para proteger a la población más vulnerable, también subsanando las deficiencias en la legislación que impiden que algunos niños tengan seguro médico; invita a todas las instituciones pertinentes en Bosnia y Herzegovina a que fortalezcan la coordinación y la colaboración en lo que se refiere a la vigilancia de los derechos del niño, incluido el establecimiento de un mecanismo integral de recogida de datos sobre los derechos del niño en Bosnia y Herzegovina;

19.  Señala que Bosnia y Herzegovina sigue siendo un país de origen, tránsito y destino de la trata de seres humanos; pide que se mejore la gestión de las fronteras y que se refuercen las unidades de investigación especializadas en la trata de seres humanos con el fin de luchar eficazmente contra los traficantes;

20.  Manifiesta su preocupación por las insuficientes reformas educativas y económicas, que está dando lugar a unos elevados niveles de desempleo juvenil y a una emigración económica, así como por la falta de políticas adecuadas y de inversiones en la juventud y la infancia; insta a Bosnia y Herzegovina a abordar el elevado desequilibrio de género en las tasas de participación en el mercado de trabajo y la exclusión de los jóvenes pertenecientes a grupos minoritarios de las medidas de educación y empleo; pide una política mucho más proactiva y sistemática con respecto a la juventud de Bosnia y Herzegovina, que debe tener por objeto empoderar a los jóvenes en el país; anima a Bosnia y Herzegovina, a este respecto, a que se establezca un marco específico y garantice el pleno funcionamiento de la Comisión para la Coordinación de Asuntos de la Juventud en el seno del Ministerio de Asuntos Civiles de Bosnia y Herzegovina;

21.  Pide la adopción de estrategias y legislación sobre los derechos de las personas que pertenecen a grupos minoritarios y que su protección se aplique plenamente y reciba financiación pública;

22.  Pide a Bosnia y Herzegovina que garantice el derecho de propiedad; señala la falta de un marco legislativo global en relación con el manejo de las solicitudes de restitución y anima a las autoridades a que abran un diálogo con las partes interesadas acerca de las cuestiones relacionadas con la restitución de los bienes incautados o la indemnización por ellos;

23.  Lamenta la falta de progresos con respecto a la libertad de expresión y la independencia de los medios de comunicación; rechaza firmemente los continuos intentos de ejercer presión política y económica sobre los medios de comunicación; condena los casos recurrentes de intimidación, amenazas de muerte y ataques verbales y físicos contra periodistas, en particular los que cubren crímenes de guerra que no han sido objeto de procedimientos judiciales; pide a las autoridades que recopilen datos sobre estos casos, que garanticen que se realice una investigación y se juzgue a los autores sin demora y que promuevan un entorno propicio a la libertad de expresión; destaca que deben reforzarse la estabilidad financiera y la neutralidad política del Organismo Regulador de las Comunicaciones; reitera su llamamiento a que se garanticen la independencia y la financiación sostenible de los organismos públicos de radiodifusión, así como la disponibilidad de los contenidos en todos los idiomas oficiales; pide que se preste mayor atención a las condiciones de trabajo de los periodistas en todo el sector; expresa su preocupación por la falta de transparencia de la propiedad de los medios de comunicación y reitera su llamamiento para que se asegure la transparencia completa con la adopción de un marco legislativo correspondiente; lamenta que, debido a obstrucciones políticas, no haya podido establecerse un servicio público funcional de radiodifusión; reitera su llamamiento a que se garantice el pluralismo de los medios de comunicación e insiste en que producir y emitir contenidos de TV y radio en todas las lenguas oficiales de Bosnia y Herzegovina contribuiría a proteger la diversidad cultural del país; destaca que, como ocurre en otros países de la región, persiste la preocupación con respecto a la instrumentalización política de los medios de comunicación, ya sea de forma directa por parte de actores políticos, o por parte de actores económicos en sus intentos por ejercer una influencia política;

24.  Acoge con satisfacción los esfuerzos destinados a promover la reconciliación, el respeto mutuo y la tolerancia religiosa en el país, en particular los del Consejo Interreligioso de Bosnia y Herzegovina; lamenta la persistencia de casos de discriminación por razones religiosas, así como de incidentes en lugares de culto; encomia y apoya a quienes luchan por la libertad de expresión, contra la incitación al odio y contra el odio religioso y promueven la inclusión; rechaza la incitación al miedo a los demás y pide a las autoridades que reaccionen con prontitud y coherencia en todos estos casos;

25.  Acoge con satisfacción la adopción del marco estratégico para la reforma de la administración pública en Bosnia y Herzegovina para 2018-2022 y pide que se aplique rápidamente; llama la atención de nuevo sobre la fragmentación y la politización del sistema de elaboración de políticas en Bosnia y Herzegovina y subraya la necesidad de que se reforme el marco constitucional de acuerdo con las normas más estrictas en materia de derechos humanos y libertades y de que se mejore la calidad, la coherencia y la asequibilidad financiera de las políticas públicas en todo el país; pide que se adopte una estrategia de ámbito nacional sobre la gestión de las finanzas públicas y que se aumente la transparencia presupuestaria en Bosnia y Herzegovina, así como que se elaboren mecanismos más sólidos para prevenir la ineficacia y el derroche de los recursos públicos, especialmente en el ámbito de la contratación pública; pide, en particular, que se tomen medidas para reducir el riesgo de politización de la función pública mediante un sistema eficaz de gestión de los recursos humanos a todos los niveles administrativos y a través de la normalización de los procedimientos de la función pública a todos los niveles de gobierno, en particular en los niveles federal y cantonal de la Federación;

26.  Constata que se han realizado algunos avances a la hora de establecer mecanismos institucionales de cooperación entre las autoridades y las organizaciones de la sociedad civil y de garantizar la financiación pública para las organizaciones de la sociedad civil; reitera su llamamiento en favor de que se adopte un marco estratégico de cooperación con la sociedad civil en todos los niveles de gobernanza, se aumente la transparencia de la adopción de decisiones de carácter público y se hagan mayores esfuerzos para facilitar el control público del trabajo de los gobiernos; subraya, además, la necesidad de aumentar la participación de la sociedad civil en la planificación, la supervisión y la aplicación de los programas de apoyo de la Unión; insta a las autoridades a que entablen un diálogo efectivo que pueda dar lugar a iniciativas de carácter legislativo y de creación de capacidades que fortalezcan la capacidad de los interlocutores sociales y la sociedad civil; subraya la necesidad de que se ponga financiación pública a la disposición de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el ámbito de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho, incluidas las organizaciones de vigilancia y defensa, así como de pequeñas organizaciones de base;

27.  Manifiesta su preocupación por la corrupción generalizada en Bosnia y Herzegovina y por la persistente brecha entre la voluntad política manifestada por luchar contra ella y la falta de resultados concretos; subraya la inexistencia de un registro de casos de perfil alto y la debilidad y la inadecuación del marco jurídico e institucional para combatir la corrupción sistémica en ámbitos como la financiación de los partidos políticos, la contratación pública, los conflictos de intereses y la declaración de patrimonio; pide que se adopten medidas para mejorar el marco jurídico e institucional de lucha contra la corrupción en consonancia con las normas europeas, mediante una mejor armonización de los planes de acción adoptados a distintos niveles, la aplicación de las estrategias existentes y la mejora de la cooperación entre los órganos de prevención de la corrupción y con la agencia de lucha contra la corrupción;

28.  Considera que son necesarios más esfuerzos para mejorar la lucha contra la corrupción generalizada; insta a que se tomen medidas para mejorar de forma significativa los registros en el ámbito de la prevención y la represión de la corrupción, en particular medidas para imponer sanciones efectivas y disuasorias, como la confiscación de los bienes obtenidos a través de actividades delictivas; hace hincapié en la necesidad de crear capacidades para combatir e investigar los delitos económicos, financieros y relacionados con la contratación pública; subraya que debe prestarse especial atención a la realización de controles efectivos de la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales, así como a la mejora del acceso público a las declaraciones de patrimonio de los funcionarios públicos, incluidas las de los candidatos a las elecciones, y a su supervisión; pide que se dé respuesta a las recomendaciones del GRECO, en particular a las relativas a la financiación de los partidos políticos y los conflictos de intereses; considera esencial que Bosnia y Herzegovina adopte una ley sobre conflictos de intereses de conformidad con las normas europeas e internacionales; insta a Bosnia y Herzegovina a que realice un análisis del marco jurídico existente de lucha contra la corrupción y que posteriormente adopte una estrategia coherente para subsanar las lagunas y las deficiencias detectadas, de conformidad con las normas internacionales y europeas;

29.  Acoge con satisfacción la adopción, en marzo de 2017, del plan de acción sobre la aplicación de la estrategia de reforma del sector de la justicia para 2014-2018 y el establecimiento de las estructuras necesarias en materia de notificación y seguimiento; señala la necesidad de llevar a cabo su aplicación de forma decidida; manifiesta su preocupación por las continuas amenazas por motivos políticos contra el poder judicial; reitera la necesidad de reforzar la independencia del poder judicial, en particular respecto de influencias políticas, así como su imparcialidad, profesionalidad, eficiencia y responsabilidad; acoge con satisfacción el plan de acción detallado adoptado a fin de aplicar las recomendaciones de la Comisión Europea con respecto a cuestiones de la competencia del Alto Consejo Judicial y Fiscal con vistas a reforzar las medidas disciplinarias y las relativas a la integridad y el nombramiento del poder judicial, también mejorando la declaración del patrimonio; insta a la rápida adopción y aplicación de los correspondientes actos legislativos; hace hincapié en la necesidad de revisar la ley del Alto Consejo Judicial y Fiscal sobre la base de las recomendaciones de la Comisión y el Dictamen de la Comisión de Venecia; pide la normalización de los códigos penales para los casos de crímenes de guerra, y hace hincapié en la importancia de las evaluaciones de género de la reforma judicial en curso;

30.  Lamenta que las autoridades de todos los niveles continúen soslayando o rechazando decisiones vinculantes del poder judicial, incluso de la instancia superior, y recuerda que dichos actos representan un grave desafío al Estado de Derecho;

31.  Acoge con satisfacción la reducción adicional del retraso acumulado en los casos de crímenes de guerra, la continua tendencia positiva en la persecución de los casos de crímenes de guerra con violencia sexual y las mejoras en lo que respecta al apoyo a las víctimas y los testigos; insta a las autoridades de Bosnia y Herzegovina a que armonicen la legislación relativa a las víctimas civiles de la guerra para incluir asimismo a las víctimas de violencia sexual, con vistas a poner fin a la discriminación por motivos de estatuto y en cuanto al acceso a reparación en las distintas entidades; pide que se modifique con rapidez la estrategia nacional sobre crímenes de guerra, con el fin de garantizar una distribución más eficiente de los casos entre los distintos niveles de gobernanza y de establecer nuevos criterios y plazos para el tratamiento de los casos más complejos;

32.  Observa que sigue sin haber una estrategia global de justicia transicional y un mecanismo robusto para compensar las violaciones masivas de los derechos humanos durante la guerra en todo el país, en particular a las víctimas de violencia sexual relacionada con la guerra; pide que se adopten la Ley relativa a las víctimas de la tortura en Bosnia y Herzegovina, la estrategia sobre la justicia transicional y el programa para las víctimas de violencia sexual, y que se establezca un fondo especial de compensaciones para las víctimas de violación, torturas y abusos durante la guerra, así como mecanismos adecuados de compensación para las víctimas civiles de la guerra, que deben consistir en restitución, compensación, rehabilitación, reparación y garantías de no repetición;

33.  Reitera su apoyo a la iniciativa de constituir la Comisión Regional para el establecimiento de los hechos sobre todas las víctimas de crímenes de guerra y otras vulneraciones graves de los derechos humanos cometidas en el territorio de la antigua Yugoslavia (RECOM); destaca la importancia de que los dirigentes de Bosnia y Herzegovina actúen con seriedad con miras a su establecimiento; subraya la importancia de este proceso y la necesidad de participación activa de todos los dirigentes políticos regionales para que la RECOM dé comienzo a su labor sin más dilación; pide que se preste atención a la propuesta de la coalición de la RECOM en relación con un plan de acción con fechas y datos de referencia claros;

34.  Deplora todo tipo de glorificación de personas condenadas por los crímenes más graves contra la humanidad; pide con carácter de urgencia que se respete a las víctimas de crímenes de guerra y se fomente la reconciliación; recuerda a todos los líderes políticos e instituciones de Bosnia y Herzegovina que tienen la responsabilidad de evaluar con objetividad los acontecimientos acaecidos durante la guerra, en interés de la verdad, la reconciliación y un futuro de paz, y para evitar que se abuse del poder judicial con fines políticos; hace hincapié en que los crímenes de guerra deben abordarse sobre la base del concepto de la independencia del poder judicial y que no deben explotarse para fines políticos inmediatos, entregarse al revisionismo histórico y exacerbar las divisiones en la sociedad; lamenta la decisión de la Asamblea Nacional de la República Srpska de revocar su aprobación del Informe de la Comisión Srebrenica de 2004 y condena las declaraciones de todas las partes que glorifiquen a los criminales de guerra;

35.  Subraya que, si bien se han logrado avances significativos, aún debe prestarse la atención adecuada en Bosnia y Herzegovina al trauma causado por la violencia sexual relacionada con los conflictos de la guerra de 1992-1995; hace hincapié en que debe garantizarse que las mujeres y los hombres supervivientes, incluidos los niños nacidos en este contexto, tengan un acceso equitativo a cuidados, apoyo y la justicia a través de reparaciones integrales, en particular la rehabilitación y la mitigación de la estigmatización de los supervivientes de la violencia sexual relacionada con los conflictos;

36.  Reconoce que se han logrado algunos progresos, aún insuficientes, en la aplicación del anexo VII del Acuerdo de Paz de Dayton sobre refugiados y desplazados internos; toma nota de la lentitud de los progresos de la acción relativa a los números permanentemente elevados de desplazados internas, repatriados pertenecientes a minorías, refugiados y desaparecidos; pide a las autoridades que entablen una cooperación intensiva entre las dos entidades, y que compartan toda la información militar y de inteligencia para identificar a las personas que siguen desaparecidas a consecuencia de la guerra; acoge con satisfacción las recientes iniciativas orientadas a mejorar la cooperación regional para resolver la cuestión de las personas desaparecidas, y pide a las autoridades de Bosnia y Herzegovina que participen en este proceso; señala la importancia de recopilar datos sobre los repatriados; condena los casos de ataques contra sus propiedades y señala que el éxito de la política de repatriación en Bosnia y Herzegovina es crucial para la reconciliación;

37.  Pide nuevamente que se apliquen medidas adicionales y programas concretos en el ámbito de retorno de los refugiados, el acceso a la asistencia sanitaria y al empleo, la protección social, la seguridad y la educación, y que se preste una atención especial a la indemnización por daños y perjuicios por los bienes que no puedan ser devueltos; insta, a este respecto, a que se reanuden las operaciones de la Comisión sobre las Reclamaciones de Bienes Inmuebles de las Personas Desplazadas y los Refugiados;

38.  Lamenta que el país siga sufriendo debido a la existencia de minas terrestres que cubren alrededor del 2,2 % de su superficie total y afectan directamente la seguridad de más de 540 000 habitantes; acoge con satisfacción el apoyo continuo de la Unión de la acción antiminas y aplaude al Batallón de Desminado de las Fuerzas Armadas de Bosnia y Herzegovina por su excelente labor; observa con preocupación la falta de cantidades suficientes de tecnología avanzada de desminado, que podría dar lugar a una reducción del ritmo actual de 3 km2 anuales de territorio desminado a 1 km2 anual a partir de 2020; insta, por consiguiente, a los Estados miembros a que doten al Batallón de Desminado de los medios y el equipamiento necesarios;

39.  Acoge con satisfacción la adopción de la Estrategia 2017-2020 para la lucha contra la delincuencia organizada, así como los avances en la aplicación de los planes de acción sobre las medidas contra el blanqueo de capitales y sobre la financiación del terrorismo; pide que se redoblen los esfuerzos por establecer un registro de investigaciones, enjuiciamientos, condenas firmes y decomisos de los productos de la delincuencia organizada; acoge con satisfacción la muy esperada adopción de las modificaciones al Código de Procedimiento Penal por parte de la Cámara de Representantes de Bosnia y Herzegovina el 17 de septiembre de 2018, ya que son fundamentales para que las instituciones del Estado de Derecho puedan llevar a cabo investigaciones delicadas y cooperar con los servicios de seguridad internacionales, y pide a la Comisión que siga de cerca su aplicación; destaca que armonizar la Ley de la Agencia de Inteligencia y Seguridad con las normas europeas e internacionales debe seguir teniendo gran prioridad para las autoridades; valora positivamente que Bosnia y Herzegovina haya sido retirada de la lista del GAFI de «terceros países de alto riesgo con deficiencias estructurales en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo» y pide que se hagan mayores esfuerzos en este ámbito para que sea retirada de la lista de países de alto riesgo de la Unión;

40.  Pide que prosigan los esfuerzos para combatir la radicalización y que se adopten más medidas para identificar, prevenir y abordar en todos sus aspectos el problema de los combatientes extranjeros, junto con el tráfico ilícito de armas, y que se rastree el dinero destinado a promover la radicalización; anima a las autoridades a que sigan mejorando las capacidades de Bosnia y Herzegovina para luchar contra el terrorismo mediante la mejora de la coordinación, la cooperación y el intercambio de inteligencia criminal, la prevención de la radicalización juvenil y programas de desradicalización; pide a las autoridades que desarrollen una estrategia de lucha contra la ciberdelincuencia y otras amenazas a la seguridad similares; recuerda la necesidad de una mayor cooperación con los países vecinos en cuestiones de gestión de fronteras;

41.  Elogia los esfuerzos de las autoridades de Bosnia y Herzegovina para poner fin a la salida de sus ciudadanos a campos de batalla extranjeros e insta a las autoridades a que dicten sentencias adecuadas para los combatientes terroristas extranjeros y que gestionen su subsiguiente reintegración social; observa con preocupación que se han identificado células de radicalización en algunos lugares del país;

42.  Observa con preocupación el creciente número de migrantes que llegan a Bosnia y Herzegovina y la falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno para hacer frente a esta situación; considera que la cuestión de la migración no debe politizarse; se congratula de la ayuda humanitaria de la Unión destinada a hacer frente a las crecientes necesidades de los refugiados, los solicitantes de asilo y los migrantes en el país y la adopción el 10 de agosto de 2018 de una medida especial (por un importe de seis millones de euros) para apoyar a Bosnia y Herzegovina en la gestión de los flujos migratorios; hace hincapié en la importancia de que se tengan en cuenta la perspectiva de género de la ayuda humanitaria y el impacto de los campos de refugiados en las comunidades de acogida; cree que la cooperación con los países vecinos y la Unión es esencial para hacer frente a este reto común;

43.  Pide la adopción de un nuevo conjunto de reformas renovado inmediatamente después de la instauración de las nuevas autoridades en Bosnia y Herzegovina a fin de reanudar el proceso de reforma y avanzar en la integración europea del país; insiste en que el apoyo económico de la Unión debe ir acompañado de condiciones efectivas y en que los planes de acción y los marcos de supervisión deben ser desarrollados por la Unión conforme a los veinte principios del pilar europeo de derechos sociales, a fin de hacer realidad la «nueva dimensión reforzada para los Balcanes Occidentales», de conformidad con lo estipulado en la Estrategia para los Balcanes Occidentales de 2018; reconoce que Bosnia y Herzegovina ha realizado algunos avances en materia de desarrollo económico y competitividad, pero observa que el país se encuentra todavía en una fase temprana en cuanto al establecimiento de una economía de mercado que funcione; cree firmemente que tras las elecciones debe concederse una prioridad elevada al avance de las reformas socioeconómicas, con la adecuada participación de los interlocutores sociales, con vistas a mejorar las condiciones de vida en el país; toma nota de los muy limitados progresos en el terreno social; destaca la necesidad de reforzar los indicadores económicos fundamentales, como el crecimiento, el empleo y la lucha contra la economía informal; señala la importancia de reestructurar el sector público, incluidas las empresas públicas, seguir reduciendo la economía informal y la carga fiscal que hace pesar sobre el trabajo, mejorar el entorno empresarial (también mediante el desarrollo del espacio económico único de Bosnia y Herzegovina), fortalecer el uso de las finanzas públicas favorable al crecimiento , especialmente centrándose en necesidades a medio plazo como la infraestructura y la educación, y proporcionar información estadística amplia y oportuna de conformidad con las normas europeas e internacionales;

44.  Toma nota de los lentos progresos en protección del medio ambiente y del clima; recuerda la necesidad de alinearse con el acervo de la Unión y de asegurar una aplicación eficaz y estructurada de la legislación medioambiental en todo el país, conforme a las normas de la Unión y de acuerdo con la estrategia nacional de aproximación medioambiental; destaca una vez más la necesidad de abordar rápidamente la contaminación atmosférica transfronteriza causada por la refinería de petróleo de Brod, conforme a las políticas medioambientales de la Unión; hace hincapié en que Bosnia y Herzegovina debe cumplir plenamente sus obligaciones en relación con el Convenio sobre la Evaluación del Impacto Ambiental en un Contexto Transfronterizo y el Protocolo sobre la Evaluación Estratégica medioambiental, sobre todo en relación con las actividades en las cuencas de los ríos Neretva y Trebišnjica; subraya que la planificación y construcción de proyectos y centrales hidroeléctricas debe cumplir la legislación internacional y de la Unión en materia de medio ambiente, incluida la Directiva relativa a la conservación de las aves silvestres, la Directiva sobre hábitats y la Directiva relativa a la evaluación de impacto ambiental; destaca la urgente necesidad de evitar cualquier impacto negativo en zonas de interés natural elevado mejorando la calidad de las evaluaciones de impacto ambiental y garantizando la participación pública y la consulta a la sociedad civil sobre los proyectos de importancia;

45.  señala que los mercados de la electricidad y el gas siguen estando fragmentados y dominados por los operadores históricos importantes; pide a las autoridades de Bosnia y Herzegovina que sigan desarrollando su infraestructura de transporte y energía y que creen con urgencia cadenas funcionales de energía y transporte; pide a Bosnia y Herzegovina que aproveche el nuevo paquete de la Unión para el desarrollo de la conectividad regional, y que trabaje para completar el mercado regional de energía de conformidad con sus compromisos climáticos; aboga por la continuación de las inversiones en proyectos de infraestructura con los que se mejorarán las conexiones de transporte dentro de Bosnia y Herzegovina y con los países vecinos; pide que, cuando deban seleccionarse contratistas, se respeten las normas de las licitaciones y el principio de transparencia, a fin de prevenir los abusos de autoridad y la corrupción y de garantizar la selección de las mejores ofertas; expresa su respaldo a la propuesta de reducir las tarifas de itinerancia en los Balcanes Occidentales;

46.  Acoge con satisfacción las relaciones bilaterales constructivas y estables con los países vecinos y la firma de varios acuerdos bilaterales con ellos; pide el fortalecimiento de las relaciones de buena vecindad con los países de la región y nuevos esfuerzos para resolver todos los litigios bilaterales pendientes, como la demarcación de las fronteras con Serbia y Croacia, con el objetivo, entre otros, de avanzar hacia la adhesión a las organizaciones europeas;

47.  Acoge con satisfacción la estrategia de política exterior para el periodo 2018-2023 adoptada por la presidencia de Bosnia y Herzegovina, en la que se afirma claramente que la adhesión a la Unión Europea es uno de los objetivos estratégicos principales del país; lamenta que el grado de armonización con las declaraciones de la Unión y las decisiones del Consejo de la Unión relativas a la política exterior y de seguridad común (PESC) haya disminuido al 61 % en 2017; insiste en que deben lograrse resultados en cuanto a la aproximación progresiva con la PESC y pide mejoras sustanciales en este ámbito, que constituye un componente esencial de la pertenencia a la Unión Europea; insta encarecidamente a Bosnia y Herzegovina a que suscriba las decisiones del Consejo que introducen medidas restrictivas de la Unión en el contexto de la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia y de los acontecimientos en la región oriental de Ucrania, y lamenta la falta deliberada de cooperación a este respecto de algunos actores políticos;

48.  Observa la creciente influencia de potencias extranjeras en Bosnia y Herzegovina y está firmemente convencido de que la consolidación del compromiso de Bosnia y Herzegovina con la Unión sigue siendo la mejor manera de asegurar el avance hacia los valores europeos, la estabilidad y la prosperidad en el país; acoge con satisfacción la presencia continua de la operación Althea de la EUFOR en el país, que presta asistencia en la creación de capacidades y la formación de las fuerzas armadas de Bosnia y Herzegovina, así como para mantener la capacidad de disuasión para apoyar un entorno seguro y protegido; celebra la extensión del mandato de la EUFOR por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hasta noviembre de 2019;

49.  Insta a las autoridades a que garanticen la estricta conformidad con las normas y los objetivos políticos de la Unión e internacionales en los ámbitos de energía y cambio climático; lamenta que los esfuerzos del país para luchar contra el cambio climático se queden en el plano de las declaraciones y que al mismo tiempo se adopten decisiones sobre la planificación de nuevas centrales térmicas de carbón; pide, por consiguiente, que se cancelen los planes y proyectos hidroeléctricos que son perjudiciales para la naturaleza y contrarios a la voluntad de la población local, no se ajustan a los planes de ordenación territorial locales o de entidad, y solo benefician a los inversores;

50.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), al Consejo, a la Comisión, a la Presidencia de Bosnia y Herzegovina, al Consejo de Ministros de Bosnia y Herzegovina, a la Asamblea Parlamentaria de Bosnia y Herzegovina, a los Gobiernos y Parlamentos de la Federación de Bosnia y Herzegovina, la República Srpska y el Distrito de Brčko, y a los Gobiernos de los diez cantones.

(1) S/2018/416, 3.5.2018.
(2) S/2018/974, 31.10.2018.


Disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, así como normas financieras para dichos Fondos ***I
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Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 13 de febrero de 2019 sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo y Migración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Gestión de las Fronteras y Visados (COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))(1)
P8_TA(2019)0096A8-0043/2019

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

Texto de la Comisión   Enmienda
Enmienda 1
Propuesta de Reglamento
Título
Propuesta de
Propuesta de
REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo y Migración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Gestión de las Fronteras y Visados
por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo y Migración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Gestión de las Fronteras y Visados
Enmienda 2
Propuesta de Reglamento
Considerando 1
(1)  El artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece que, a fin de reforzar su cohesión económica, social y territorial, la Unión ha de proponerse reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las regiones o islas menos favorecidas, y que se ha de prestar especial atención a las zonas rurales, a las zonas afectadas por una transición industrial y a las regiones que padecen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes. El artículo 175 del TFUE exige a la Unión que apoye la consecución de estos objetivos a través de la actuación que realiza mediante el Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola, sección «Orientación», el Fondo Social Europeo, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Banco Europeo de Inversiones y otros instrumentos. El artículo 322 del TFUE establece la base para la adopción de las normas financieras que determinan las modalidades de establecimiento y ejecución del presupuesto, así como las referentes a la rendición y censura de cuentas, y para el control de la responsabilidad de los agentes financieros.
(1)  El artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece que, a fin de reforzar su cohesión económica, social y territorial, la Unión ha de proponerse reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las regiones o islas menos favorecidas, y que se ha de prestar especial atención a las zonas rurales, a las zonas afectadas por una transición industrial y a las regiones que padecen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes. Estas regiones se benefician especialmente de la política de cohesión. El artículo 175 del TFUE exige a la Unión que apoye la consecución de estos objetivos a través de la actuación que realiza mediante el Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola, sección «Orientación», el Fondo Social Europeo, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Banco Europeo de Inversiones y otros instrumentos. El artículo 322 del TFUE establece la base para la adopción de las normas financieras que determinan las modalidades de establecimiento y ejecución del presupuesto, así como las referentes a la rendición y censura de cuentas, y para el control de la responsabilidad de los agentes financieros.
Enmienda 3
Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)
(1 bis)  De cara al futuro de la Unión Europea y sus ciudadanos, es importante que la política de cohesión siga siendo la principal política de inversión de la Unión, y su nivel de financiación para el período 2021-2027 debe ser al menos equivalente al del período de programación 2014-2020. La financiación adicional de otros ámbitos de actividad o programas de la Unión no debe ir en detrimento del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo Plus o el Fondo de Cohesión.
Enmienda 430
Propuesta de Reglamento
Considerando 2
(2)  Con el fin de avanzar en el desarrollo de una ejecución coordinada y armonizada de los Fondos de la UE en régimen de gestión compartida, a saber, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional («FEDER»), el Fondo Social Europeo Plus («FSE+») y el Fondo de Cohesión, así como las medidas financiadas en régimen de gestión compartida en el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca («FEMP»), el Fondo de Asilo y Migración («FAMI»), el Fondo de Seguridad Interior («FSI») y el Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras («IGFV»), deben establecerse normas financieras sobre la base del artículo 322 del TFUE para todos estos Fondos («los Fondos»), especificando claramente el ámbito de aplicación de las disposiciones pertinentes. Además, deben establecerse disposiciones comunes basadas en el artículo 177 del TFUE para cubrir las normas políticas específicas del FEDER, el FSE+, el Fondo de Cohesión y el FEMP.
(2)  Con el fin de avanzar en el desarrollo de una ejecución coordinada y armonizada de los Fondos de la UE en régimen de gestión compartida, a saber, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional («FEDER»), el Fondo Social Europeo Plus («FSE+») y el Fondo de Cohesión, así como las medidas financiadas en régimen de gestión compartida en el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca («FEMP»), el Fondo de Asilo y Migración («FAMI»), el Fondo de Seguridad Interior («FSI») y el Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras («IGFV»), deben establecerse normas financieras sobre la base del artículo 322 del TFUE para todos estos Fondos («los Fondos»), especificando claramente el ámbito de aplicación de las disposiciones pertinentes. Además, deben establecerse disposiciones comunes basadas en el artículo 177 del TFUE para cubrir las normas políticas específicas del FEDER, el FSE+, el Fondo de Cohesión, el FEMP y, hasta un determinado punto, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feader).
Enmienda 5
Propuesta de Reglamento
Considerando 4
(4)  Las regiones ultraperiféricas y las regiones septentrionales escasamente pobladas deben beneficiarse de medidas específicas y de financiación adicional con arreglo al artículo 349 del TFUE y al artículo 2 del Protocolo n.° 6 del Acta de Adhesión de 1994.
(4)  Las regiones ultraperiféricas y las regiones septentrionales escasamente pobladas deben beneficiarse de medidas específicas y de financiación adicional con arreglo al artículo 349 del TFUE y al artículo 2 del Protocolo n.° 6 del Acta de Adhesión de 1994 para contrarrestar las desventajas específicas que padecen como consecuencia de su situación geográfica.
Enmienda 6
Propuesta de Reglamento
Considerando 5
(5)  Los principios horizontales contemplados en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea («TUE») y en el artículo 10 del TFUE, incluidos los principios de subsidiariedad y proporcionalidad enunciados en el artículo 5 del TUE, deben respetarse en la ejecución de los Fondos, teniendo en cuenta la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Los Estados miembros deben observar asimismo las obligaciones que impone la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y garantizar la accesibilidad en consonancia con su artículo 9 y de acuerdo con el Derecho de la Unión que armoniza los requisitos de accesibilidad aplicables a los productos y los servicios. Los Estados miembros y la Comisión deben procurar la erradicación de las desigualdades, el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres y la integración de la perspectiva de género, así como la lucha contra la discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. Los Fondos no deben apoyar acciones que favorezcan cualquier tipo de segregación. Los objetivos de los Fondos deben perseguirse en el marco del desarrollo sostenible y del fomento, por parte de la Unión, del objetivo de conservación, protección y mejora de la calidad del medio ambiente, tal como se recoge en el artículo 11 y el artículo 191, apartado 1, del TFUE y teniendo en cuenta el principio de que quien contamina paga. A fin de proteger la integridad del mercado interior, las operaciones en beneficio de empresas deben cumplir las normas de la Unión sobre ayudas estatales establecidas en los artículos 107 y 108 del TFUE.
(5)  Los principios horizontales contemplados en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea («TUE») y en el artículo 10 del TFUE, incluidos los principios de subsidiariedad y proporcionalidad enunciados en el artículo 5 del TUE, deben respetarse en la ejecución de los Fondos, teniendo en cuenta la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Los Estados miembros deben observar asimismo las obligaciones que imponen la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y garantizar la accesibilidad en consonancia con su artículo 9 y de acuerdo con el Derecho de la Unión que armoniza los requisitos de accesibilidad aplicables a los productos y los servicios. En ese contexto, los Fondos deben ejecutarse de modo que se promuevan la desinstitucionalización y la asistencia de carácter local. Los Estados miembros y la Comisión deben procurar la erradicación de las desigualdades, el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres y la integración de la perspectiva de género, así como la lucha contra la discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. Los Fondos no deben apoyar acciones que favorezcan cualquier tipo de segregación o exclusión o que apoyen infraestructuras inaccesibles para las personas con discapacidad. Los objetivos de los Fondos deben perseguirse en el marco del desarrollo sostenible y del fomento, por parte de la Unión, del objetivo de conservación, protección y mejora de la calidad del medio ambiente, tal como se recoge en el artículo 11 y el artículo 191, apartado 1, del TFUE y teniendo en cuenta el principio de que quien contamina paga, así como los compromisos asumidos en el marco del Acuerdo de París. A fin de proteger la integridad del mercado interior, las operaciones en beneficio de empresas deben cumplir las normas de la Unión sobre ayudas estatales establecidas en los artículos 107 y 108 del TFUE. Dado que la pobreza es uno de los mayores retos de la Unión, los Fondos deben contribuir a su erradicación. También deben contribuir a cumplir el compromiso de la Unión y sus Estados miembros de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
Enmienda 7
Propuesta de Reglamento
Considerando 9
(9)  Con el fin de reflejar la importancia de abordar el cambio climático en consonancia con el compromiso de la UE de aplicar el Acuerdo de París y su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, los Fondos contribuirán a integrar la lucha contra el cambio climático y a conseguir un objetivo global del 25 % de los gastos presupuestarios de la UE en favor de objetivos climáticos.
(9)  Con el fin de reflejar la importancia de abordar el cambio climático en consonancia con el compromiso de la UE de aplicar el Acuerdo de París y su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, los Fondos contribuirán a integrar la lucha contra el cambio climático y a conseguir un objetivo global del 30 % de los gastos presupuestarios de la UE en favor de objetivos climáticos. Los mecanismos de reducción del impacto del cambio climático deben formar parte integrante de la programación y la ejecución.
Enmienda 8
Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)
(9 bis)   Habida cuenta del impacto de los flujos migratorios procedentes de terceros países, la política de cohesión debe contribuir a los procesos de integración, en particular prestando apoyo en materia de infraestructuras a las ciudades y las autoridades locales y regionales que están en primera línea y más implicadas en la aplicación de las políticas de integración.
Enmienda 9
Propuesta de Reglamento
Considerando 10
(10)  La Comisión debe ejecutar parte del presupuesto de la Unión asignado a los Fondos en régimen de gestión compartida con los Estados miembros a tenor del Reglamento (UE, Euratom) [número del nuevo Reglamento Financiero] del Parlamento Europeo y del Consejo12 (el «Reglamento Financiero»). Por tanto, al ejecutar los Fondos en régimen de gestión compartida, la Comisión y los Estados miembros deben respetar los principios contemplados en el Reglamento Financiero, como los de buena gestión financiera, transparencia y no discriminación.
(10)  La Comisión debe ejecutar parte del presupuesto de la Unión asignado a los Fondos en régimen de gestión compartida con los Estados miembros a tenor del Reglamento (UE, Euratom) [número del nuevo Reglamento Financiero] del Parlamento Europeo y del Consejo12 (el «Reglamento Financiero»). Por tanto, al ejecutar los Fondos en régimen de gestión compartida, la Comisión y los Estados miembros deben respetar los principios contemplados en el Reglamento Financiero, como los de buena gestión financiera, transparencia y no discriminación. La preparación y ejecución de los programas debe incumbir a los Estados miembros y debe ser llevada a cabo al nivel territorial apropiado, de conformidad con su marco institucional, jurídico y financiero, y por los organismos designados por ellos al efecto. Los Estados miembros deben abstenerse de añadir normas que compliquen el uso de los Fondos por parte de los beneficiarios.
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12 DO L […] de […], p. […].
12 DO L […] de […], p. […].
Enmienda 10
Propuesta de Reglamento
Considerando 11
(11)  El principio de asociación es un elemento clave en la ejecución de los Fondos que se basa en el enfoque de la gobernanza multinivel y garantiza la participación de la sociedad civil y los interlocutores sociales. Con el fin de que haya continuidad en la organización de la asociación, debe seguir siendo de aplicación el Reglamento Delegado (UE) n.º 240/2014 de la Comisión13.
(11)  El principio de asociación es un elemento clave en la ejecución de los Fondos que se basa en el enfoque de la gobernanza multinivel y garantiza la participación de las autoridades regionales y locales y otras autoridades públicas, la sociedad civil y los interlocutores sociales. Con el fin de que haya continuidad en la organización de la asociación, la Comisión debe estar facultada para modificar y adaptar el Reglamento Delegado (UE) n.º 240/2014 de la Comisión13.
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13 Reglamento Delegado (UE) n.º 240/2014 de la Comisión, de 7 de enero de 2014, relativo al Código de Conducta Europeo sobre las asociaciones en el marco de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (DO L 74 de 14.3.2014, p. 1).
13 Reglamento Delegado (UE) n.º 240/2014 de la Comisión, de 7 de enero de 2014, relativo al Código de Conducta Europeo sobre las asociaciones en el marco de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (DO L 74 de 14.3.2014, p. 1).
Enmienda 11
Propuesta de Reglamento
Considerando 12
(12)  A nivel de la Unión, el Semestre Europeo de coordinación de la política económica constituye el marco para determinar las prioridades nacionales de reforma y hacer un seguimiento de su ejecución. Los Estados miembros desarrollan sus propias estrategias plurianuales de inversión nacionales en apoyo de estas prioridades de reforma. Esas estrategias deben presentarse junto con los programas de reforma nacionales a fin de esbozar y coordinar los proyectos de inversión prioritarios que han de recibir financiación nacional y de la Unión. También han de servir para dar un uso coherente a la financiación de la Unión y para maximizar el valor añadido del apoyo financiero que se recibe concretamente de los Fondos, de la Función Europea de Estabilización de las Inversiones y de InvestEU.
suprimido
Enmienda 12
Propuesta de Reglamento
Considerando 13
(13)  Los Estados miembros deben determinar el modo en que se tienen en cuenta en la preparación de los documentos de programación las recomendaciones específicas por país pertinentes adoptadas de conformidad con el artículo 121, apartado 2, del TFUE y las recomendaciones pertinentes del Consejo adoptadas de conformidad con el artículo 148, apartado 4, del TFUE («REP»). Durante el período de programación 2021-2027 («período de programación»), los Estados miembros deben referir periódicamente al comité de seguimiento y a la Comisión los avances en la ejecución de los programas de apoyo a las REP. En las revisiones intermedias, los Estados miembros deben considerar, entre otras cuestiones, la necesidad de modificar los programas para adaptarse a las REP pertinentes que se hayan adoptado o modificado desde que se inició el período de programación.
(13)  Los Estados miembros deben tener en cuenta en la preparación de los documentos de programación las recomendaciones específicas por país pertinentes adoptadas de conformidad con el artículo 121, apartado 2, del TFUE y las recomendaciones pertinentes del Consejo adoptadas de conformidad con el artículo 148, apartado 4, del TFUE («REP»), cuando sean coherentes con los objetivos del programa. Durante el período de programación 2021-2027 («período de programación»), los Estados miembros deben referir periódicamente al comité de seguimiento y a la Comisión los avances en la ejecución de los programas de apoyo a las REP y la aplicación del pilar europeo de derechos sociales. En las revisiones intermedias, los Estados miembros deben considerar, entre otras cuestiones, la necesidad de modificar los programas para adaptarse a las REP pertinentes que se hayan adoptado o modificado desde que se inició el período de programación.
Enmienda 13
Propuesta de Reglamento
Considerando 14
(14)  Los Estados miembros deben tener en cuenta en sus programas el contenido de sus proyectos de planes nacionales de energía y clima, que deben desarrollarse con arreglo al Reglamento relativo a la gobernanza de la Unión de la Energía14, y los resultados del proceso que dé lugar a recomendaciones de la Unión sobre dichos planes, así como las necesidades financieras asignadas a inversiones con bajas emisiones de carbono.
(14)  Los Estados miembros deben tener en cuenta en sus programas el contenido de sus proyectos de planes nacionales de energía y clima, que deben desarrollarse con arreglo al Reglamento relativo a la gobernanza de la Unión de la Energía14, y los resultados del proceso que dé lugar a recomendaciones de la Unión sobre dichos planes, también durante la revisión intermedia, así como las necesidades financieras asignadas a inversiones con bajas emisiones de carbono.
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14 [Reglamento relativo a la gobernanza de la Unión de la Energía, y por el que se modifican la Directiva 94/22/CE, la Directiva 98/70/CE, la Directiva 2009/31/CE, el Reglamento (CE) n.º 663/2009, el Reglamento (CE) n.º 715/2009, la Directiva 2009/73/CE, la Directiva 2009/119/CE del Consejo, la Directiva 2010/31/UE, la Directiva 2012/27/UE, la Directiva 2013/30/UE y la Directiva (UE) 2015/652 del Consejo y se deroga el Reglamento (UE) n.º 525/2013 (COM(2016)0759 final/2 - 2016/0375(COD))].
14 [Reglamento relativo a la gobernanza de la Unión de la Energía, y por el que se modifican la Directiva 94/22/CE, la Directiva 98/70/CE, la Directiva 2009/31/CE, el Reglamento (CE) n.º 663/2009, el Reglamento (CE) n.º 715/2009, la Directiva 2009/73/CE, la Directiva 2009/119/CE del Consejo, la Directiva 2010/31/UE, la Directiva 2012/27/UE, la Directiva 2013/30/UE y la Directiva (UE) 2015/652 del Consejo y se deroga el Reglamento (UE) n.º 525/2013 (COM(2016)0759 final/2 - 2016/0375(COD))].
Enmienda 14
Propuesta de Reglamento
Considerando 15
(15)  El Acuerdo de Asociación, elaborado por cada Estado miembro, debe ser un documento estratégico que guíe las negociaciones entre la Comisión y el Estado miembro en cuestión sobre el diseño de los programas. Para atenuar la carga administrativa, no debería ser necesario modificar los acuerdos de asociación durante el período de programación. Los acuerdos de asociación se pueden incluir como parte de un programa con el fin de facilitar la programación y evitar solapamientos en el contenido de los documentos de programación.
(15)  El Acuerdo de Asociación, elaborado por cada Estado miembro, debe ser un documento estratégico que guíe las negociaciones entre la Comisión y el Estado miembro en cuestión sobre el diseño de los programas. Para atenuar la carga administrativa, no debería ser necesario modificar los acuerdos de asociación durante el período de programación. Debe ser posible incluir los acuerdos de asociación como parte de un programa con el fin de facilitar la programación y evitar solapamientos en el contenido de los documentos de programación.
Enmienda 15
Propuesta de Reglamento
Considerando 16
(16)  Cada Estado miembro debe disponer de la flexibilidad necesaria para contribuir a InvestEU con vistas a la provisión de garantías presupuestarias para las inversiones en dicho Estado miembro.
(16)  Cada Estado miembro podría disponer de la flexibilidad necesaria para contribuir a InvestEU con vistas a la provisión de garantías presupuestarias para las inversiones en dicho Estado miembro, conforme a determinadas condiciones especificadas en el artículo 10 del presente Reglamento.
Enmienda 16
Propuesta de Reglamento
Considerando 17
(17)  Debe establecerse una lista limitada de condiciones favorables, así como un conjunto conciso y exhaustivo de criterios objetivos para su evaluación, con el fin de garantizar los prerrequisitos necesarios para el uso eficaz y eficiente de la ayuda de la Unión concedida por los Fondos. Cada condición favorable debe ir vinculada a un objetivo específico y ser de aplicación automática si dicho objetivo específico resulta seleccionado para recibir ayuda. Si no se cumplen dichas condiciones, los gastos relacionados con operaciones enmarcadas en los correspondientes objetivos específicos no deben incluirse en las solicitudes de pago. Con el fin de mantener un marco de inversión propicio, es necesario realizar un seguimiento periódico del cumplimiento continuo de las condiciones favorables. También es importante garantizar que las operaciones seleccionadas para recibir ayuda se ejecuten de forma coherente con las estrategias y los documentos de planificación que subyacen a las condiciones favorables que se cumplen, garantizando así que todas las operaciones cofinanciadas estén en consonancia con el marco de actuación de la Unión.
(17)  Debe establecerse una lista limitada de condiciones favorables, así como un conjunto conciso y exhaustivo de criterios objetivos para su evaluación, con el fin de garantizar los prerrequisitos necesarios para el uso inclusivo, no discriminatorio, eficaz y eficiente de la ayuda de la Unión concedida por los Fondos. Cada condición favorable debe ir vinculada a un objetivo específico y ser de aplicación automática si dicho objetivo específico resulta seleccionado para recibir ayuda. Si no se cumplen dichas condiciones, los gastos relacionados con operaciones enmarcadas en los correspondientes objetivos específicos no deben incluirse en las solicitudes de pago. Con el fin de mantener un marco de inversión propicio, es necesario realizar un seguimiento periódico del cumplimiento continuo de las condiciones favorables. También es importante garantizar que las operaciones seleccionadas para recibir ayuda se ejecuten de forma coherente con las estrategias y los documentos de planificación que subyacen a las condiciones favorables que se cumplen, garantizando así que todas las operaciones cofinanciadas estén en consonancia con el marco de actuación de la Unión.
Enmienda 17
Propuesta de Reglamento
Considerando 18
(18)  Los Estados miembros deben establecer para cada programa un marco de rendimiento que abarque todos los indicadores, etapas y metas con el fin de someter a seguimiento y evaluación el rendimiento del programa, e informar sobre él.
(18)  Los Estados miembros deben establecer para cada programa un marco de rendimiento que abarque todos los indicadores, etapas y metas con el fin de someter a seguimiento y evaluación el rendimiento del programa, e informar sobre él. Ello permitiría que la selección y evaluación de los proyectos se oriente a los resultados.
Enmienda 18
Propuesta de Reglamento
Considerando 19
(19)  El Estado miembro debe llevar a cabo una revisión intermedia de cada uno de los programas que reciban ayuda del FEDER, el FSE+ y el Fondo de Cohesión. Dicha revisión debe dar lugar a un ajuste exhaustivo de los programas basado en su rendimiento, al tiempo que brinda la oportunidad de integrar los nuevos retos y las REP pertinentes formuladas en 2024. Paralelamente, en 2024, junto con el ajuste técnico de 2025, la Comisión debe revisar las asignaciones totales de todos los Estados miembros en el marco del objetivo de inversión en empleo y crecimiento de la política de cohesión para los años 2025, 2026 y 2027, aplicando el método de asignación establecido en el acto de base pertinente. Dicha revisión, junto con el resultado de la revisión intermedia, debe dar lugar a modificaciones de los programas en relación con las asignaciones financieras de los años 2025, 2026 y 2027.
(19)  El Estado miembro debe llevar a cabo una revisión intermedia de cada uno de los programas que reciban ayuda del FEDER, el FSE+ y el Fondo de Cohesión. Dicha revisión debe dar lugar a un ajuste exhaustivo de los programas basado en su rendimiento, al tiempo que brinda la oportunidad de integrar los nuevos retos y las REP pertinentes formuladas en 2024, así como los progresos realizados con los planes nacionales de energía y clima y el pilar europeo de derechos sociales. También se deben tener en cuenta los retos demográficos. Paralelamente, en 2024, junto con el ajuste técnico de 2025, la Comisión debe revisar las asignaciones totales de todos los Estados miembros en el marco del objetivo de inversión en empleo y crecimiento de la política de cohesión para los años 2025, 2026 y 2027, aplicando el método de asignación establecido en el acto de base pertinente. Dicha revisión, junto con el resultado de la revisión intermedia, debe dar lugar a modificaciones de los programas en relación con las asignaciones financieras de los años 2025, 2026 y 2027.
Enmiendas 425/rev, 444/rev, 448 y 469
Propuesta de Reglamento
Considerando 20
(20)  Deben perfeccionarse los mecanismos que garantizan un vínculo entre las políticas de financiación de la UE y la gobernanza económica de la Unión, para permitir a la Comisión presentar al Consejo una propuesta de suspensión total o parcial de los compromisos de uno o varios de los programas del Estado miembro en cuestión si este no adopta medidas eficaces en el contexto del proceso de gobernanza económica. Con el fin de garantizar una ejecución uniforme, y dada la importancia de los efectos financieros de las medidas impuestas, deben otorgarse competencias de ejecución al Consejo, que debe actuar basándose en una propuesta de la Comisión. Con el fin de facilitar la adopción de las decisiones necesarias para garantizar una actuación eficaz en el contexto del proceso de gobernanza económica, las votaciones deben hacerse por mayoría cualificada inversa.
suprimido
Enmienda 20
Propuesta de Reglamento
Considerando 20 bis (nuevo)
(20 bis)  En casos debidamente justificados, los Estados miembros podrían presentar en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento una solicitud de flexibilidad para los gastos estructurales públicos o equivalentes financiados por la administración pública mediante la cofinanciación de las inversiones realizadas en el marco de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE»). A la hora de definir el ajuste presupuestario en virtud del componente preventivo o correctivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, la Comisión debe evaluar atentamente esas solicitudes.
Enmienda 21
Propuesta de Reglamento
Considerando 22 bis (nuevo)
(22 bis)  Los grandes proyectos constituyen una proporción sustancial del gasto de la Unión y con frecuencia revisten importancia estratégica con respecto a la realización de la estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Así pues, está justificado que las operaciones que superen determinados umbrales sigan estando sujetas a procedimientos específicos de aprobación conforme al presente Reglamento. El umbral debe establecerse en relación con el coste elegible total después de tener en cuenta los ingresos netos esperados. En aras de la claridad, conviene a tal efecto definir el contenido de una solicitud relativa a un gran proyecto. La solicitud debe contener la información necesaria para garantizar que la contribución financiera de los Fondos no dé lugar a una pérdida importante de puestos de trabajo en los centros ya existentes en la Unión. Los Estados miembros deben facilitar toda la información necesaria, y la Comisión debe evaluar los grandes proyectos a fin de determinar si la contribución financiera solicitada está justificada.
Enmienda 22
Propuesta de Reglamento
Considerando 23
(23)  Con el fin de consolidar el enfoque respecto al desarrollo territorial integrado, las inversiones en forma de herramientas territoriales tales como las inversiones territoriales integradas («ITI»), el desarrollo local participativo («DLP») o cualquier otra herramienta de esta índole en el marco del objetivo político de «una Europa más próxima a sus ciudadanos» en apoyo de iniciativas diseñadas por los Estados miembros respecto a las inversiones programadas para el FEDER deben basarse en estrategias de desarrollo territorial y local. A efectos de las ITI y de las herramientas territoriales diseñadas por los Estados miembros, deben establecerse requisitos mínimos respecto al contenido de las estrategias territoriales. Esas estrategias territoriales deben desarrollarse y respaldarse bajo la responsabilidad de las autoridades u organismos pertinentes. Con el fin de garantizar la participación de las autoridades u organismos pertinentes en la ejecución de las estrategias territoriales, tales autoridades u organismos deben encargarse de la selección de las operaciones que han de recibir apoyo, o participar en dicha selección.
(23)  Con el fin de consolidar el enfoque respecto al desarrollo territorial integrado, las inversiones en forma de herramientas territoriales tales como las inversiones territoriales integradas («ITI»), el desarrollo local participativo («DLP», conocido como «Leader» en el Feader) o cualquier otra herramienta de esta índole en el marco del objetivo político de «una Europa más próxima a sus ciudadanos» en apoyo de iniciativas diseñadas por los Estados miembros respecto a las inversiones programadas para el FEDER deben basarse en estrategias de desarrollo territorial y local. Debe aplicarse el mismo principio a las iniciativas conexas, como la de los pueblos inteligentes. A efectos de las ITI y de las herramientas territoriales diseñadas por los Estados miembros, deben establecerse requisitos mínimos respecto al contenido de las estrategias territoriales. Esas estrategias territoriales deben desarrollarse y respaldarse bajo la responsabilidad de las autoridades u organismos pertinentes. Con el fin de garantizar la participación de las autoridades u organismos pertinentes en la ejecución de las estrategias territoriales, tales autoridades u organismos deben encargarse de la selección de las operaciones que han de recibir apoyo, o participar en dicha selección.
Enmienda 23
Propuesta de Reglamento
Considerando 24
(24)  Para movilizar mejor el potencial existente a nivel local, es necesario reforzar y facilitar el DLP. En el DLP deben tenerse en cuenta las necesidades y el potencial locales, así como las características socioculturales relevantes, además de favorecer los cambios estructurales, fomentar la capacidad de las comunidades locales y estimular la innovación. Conviene promover la cooperación estrecha y el uso integrado de los Fondos para formular estrategias de desarrollo local. Los grupos de acción local, que representan los intereses de las comunidades locales, deben encargarse, como principio esencial, del diseño y la ejecución de las estrategias de DLP. Con el fin de facilitar el apoyo coordinado de los diferentes Fondos a las estrategias del DLP, así como su ejecución, debe propiciarse la aplicación de un enfoque basado en la determinación de un «Fondo principal».
(24)  Para movilizar mejor el potencial existente a nivel local, es necesario reforzar y facilitar el DLP. En el DLP deben tenerse en cuenta las necesidades y el potencial locales, así como las características socioculturales relevantes, además de favorecer los cambios estructurales, fomentar la capacidad de las comunidades locales y la capacidad administrativa y estimular la innovación. Conviene promover la cooperación estrecha y el uso integrado de los Fondos para formular estrategias de desarrollo local. Los grupos de acción local, que representan los intereses de las comunidades locales, deben encargarse, como principio esencial, del diseño y la ejecución de las estrategias de DLP. Con el fin de facilitar el apoyo coordinado de los diferentes Fondos a las estrategias del DLP, así como su ejecución, debe propiciarse la aplicación de un enfoque basado en la determinación de un «Fondo principal».
Enmienda 24
Propuesta de Reglamento
Considerando 25
(25)  Al objeto de atenuar la carga administrativa, deberá prestarse asistencia técnica a iniciativa del Estado miembro en cuestión mediante la aplicación de un tipo fijo basado en los avances en la ejecución del programa. Esa asistencia técnica puede complementarse con medidas específicas de refuerzo de las capacidades administrativas que utilicen métodos de reembolso no vinculados a los costes. Las acciones y los resultados concretos, así como los pagos correspondientes de la Unión, pueden acordarse en una hoja de ruta y dar lugar a pagos por los resultados obtenidos sobre el terreno.
(25)  Al objeto de atenuar la carga administrativa, deberá prestarse asistencia técnica a iniciativa del Estado miembro en cuestión mediante la aplicación de un tipo fijo basado en los avances en la ejecución del programa. Esa asistencia técnica puede complementarse con medidas específicas de refuerzo de las capacidades administrativas, como la evaluación del conjunto de capacidades del personal, que utilicen métodos de reembolso no vinculados a los costes. Las acciones y los resultados concretos, así como los pagos correspondientes de la Unión, pueden acordarse en una hoja de ruta y dar lugar a pagos por los resultados obtenidos sobre el terreno.
Enmienda 25
Propuesta de Reglamento
Considerando 27
(27)  Para examinar el rendimiento de los programas, los Estados miembros deben constituir comités de seguimiento. En el caso del FEDER, el FSE+ y el Fondo de Cohesión, los informes anuales de ejecución deben sustituirse por un diálogo anual estructurado sobre las políticas basado en la información y los datos más recientes facilitados por el Estado miembro en cuestión acerca de la ejecución de los programas.
(27)  Para examinar el rendimiento de los programas, los Estados miembros deben constituir comités de seguimiento que estén integrados también por representantes de la sociedad civil y de los interlocutores sociales. En el caso del FEDER, el FSE+ y el Fondo de Cohesión, los informes anuales de ejecución deben sustituirse por un diálogo anual estructurado sobre las políticas basado en la información y los datos más recientes facilitados por el Estado miembro en cuestión acerca de la ejecución de los programas.
Enmienda 26
Propuesta de Reglamento
Considerando 28
(28)  Con arreglo a lo dispuesto en los apartados 22 y 23 del Acuerdo Interinstitucional sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 201616, resulta necesario evaluar los Fondos sobre la base de información recogida según requisitos específicos de seguimiento, evitando al mismo tiempo un exceso de regulación y de cargas administrativas, en particular para los Estados miembros. Cuando proceda, esos requisitos pueden incluir indicadores mensurables como base para evaluar los efectos de los Fondos sobre el terreno.
(28)  Con arreglo a lo dispuesto en los apartados 22 y 23 del Acuerdo Interinstitucional sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 201616, resulta necesario evaluar los Fondos sobre la base de información recogida según requisitos específicos de seguimiento, evitando al mismo tiempo un exceso de regulación y de cargas administrativas, en particular para los Estados miembros. Cuando proceda, esos requisitos pueden incluir indicadores mensurables como base para evaluar los efectos de los Fondos sobre el terreno. En la medida de lo posible, los indicadores deben elaborarse teniendo en cuenta las cuestiones de género.
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16 DO L 123 de 12.5.2016, p. 13.
16 DO L 123 de 12.5.2016, p. 13.
Enmienda 27
Propuesta de Reglamento
Considerando 29
(29)  Con el fin de garantizar la disponibilidad de información exhaustiva y actualizada sobre la ejecución de los programas, debe exigirse una provisión más frecuente de informes electrónicos basados en datos cuantitativos.
(29)  Con el fin de garantizar la disponibilidad de información exhaustiva y actualizada sobre la ejecución de los programas, debe exigirse una provisión eficaz y oportuna de informes electrónicos basados en datos cuantitativos.
Enmienda 28
Propuesta de Reglamento
Considerando 30
(30)  Para contribuir a la preparación de programas y actividades relacionados del próximo período de programación, la Comisión debe llevar a cabo una evaluación intermedia de los Fondos. Al final del período de programación, la Comisión debe realizar evaluaciones retrospectivas de los Fondos centradas en los efectos de estos.
(30)  Para contribuir a la preparación de programas y actividades relacionados del próximo período de programación, la Comisión debe llevar a cabo una evaluación intermedia de los Fondos. Al final del período de programación, la Comisión debe realizar evaluaciones retrospectivas de los Fondos centradas en los efectos de estos. Los resultados de esas evaluaciones deben hacerse públicos.
Enmienda 29
Propuesta de Reglamento
Considerando 34
(34)  En lo que respecta a las subvenciones concedidas a los beneficiarios, los Estados miembros deben hacer cada vez más uso de las opciones de costes simplificados. El umbral asociado al uso obligatorio de opciones de costes simplificados debe vincularse a los costes totales de la operación, con el fin de garantizar el mismo tratamiento de todas las operaciones por debajo del umbral, con independencia de que la ayuda sea pública o privada.
(34)  En lo que respecta a las subvenciones concedidas a los beneficiarios, los Estados miembros deben hacer cada vez más uso de las opciones de costes simplificados. El umbral asociado al uso obligatorio de opciones de costes simplificados debe vincularse a los costes totales de la operación, con el fin de garantizar el mismo tratamiento de todas las operaciones por debajo del umbral, con independencia de que la ayuda sea pública o privada. Si un Estado miembro tiene la intención de proponer la utilización de una opción de costes simplificados, debe consultar al comité de seguimiento.
Enmienda 30
Propuesta de Reglamento
Considerando 36
(36)  A fin de optimizar el uso de las inversiones medioambientales cofinanciadas, deben garantizarse las sinergias con el Programa LIFE de Medio Ambiente y Acción por el Clima, en particular a través de sus proyectos integrados estratégicos y los proyectos estratégicos relativos a la naturaleza.
(36)  A fin de optimizar el uso de las inversiones medioambientales cofinanciadas, deben garantizarse las sinergias con el Programa LIFE de Medio Ambiente y Acción por el Clima, en particular a través de sus proyectos integrados estratégicos y los proyectos estratégicos relativos a la naturaleza, así como con los proyectos financiados en el marco de Horizonte Europa y otros programas de la Unión.
Enmienda 31
Propuesta de Reglamento
Considerando 38
(38)  Para que la intervención de los Fondos sea efectiva y justa y tenga un impacto sostenible, deben establecerse disposiciones que garanticen que las inversiones en infraestructuras o las inversiones productivas sean duraderas e impidan obtener de los Fondos ventajas indebidas. Las autoridades de gestión deben cuidarse especialmente de no apoyar la reubicación al seleccionar operaciones y de tratar como irregularidades las cantidades indebidamente pagadas a operaciones que incumplan el requisito de durabilidad.
(38)  Para que la intervención de los Fondos sea inclusiva, efectiva y justa y tenga un impacto sostenible, deben establecerse disposiciones que garanticen que las inversiones en infraestructuras o las inversiones productivas no sean discriminatorias, sean duraderas e impidan obtener de los Fondos ventajas indebidas. Las autoridades de gestión deben cuidarse especialmente de no apoyar la reubicación al seleccionar operaciones y de tratar como irregularidades las cantidades indebidamente pagadas a operaciones que incumplan el requisito de durabilidad.
Enmienda 32
Propuesta de Reglamento
Considerando 40
(40)  Para optimizar el valor añadido de las inversiones financiadas total o parcialmente con cargo al presupuesto de la Unión, deben buscarse sinergias, en particular, entre los Fondos y los instrumentos de gestión directa, incluido el Instrumento Operativo de Reforma. Esas sinergias deben conseguirse por medio de mecanismos clave, concretamente el reconocimiento de los tipos fijos para los costes elegibles de Horizonte Europa en caso de operaciones similares y la posibilidad de combinar la financiación de diferentes instrumentos de la Unión en la misma operación, siempre que se evite la doble financiación. Por lo tanto, el presente Reglamento debe establecer normas para la financiación complementaria procedente de los Fondos.
(40)  Para optimizar el valor añadido de las inversiones financiadas total o parcialmente con cargo al presupuesto de la Unión, deben buscarse sinergias, en particular, entre los Fondos y los instrumentos de gestión directa, incluido el Instrumento Operativo de Reforma. Mediante esta coordinación política se deben promover mecanismos fáciles de utilizar y la gobernanza multinivel. Esas sinergias deben conseguirse por medio de mecanismos clave, concretamente el reconocimiento de los tipos fijos para los costes elegibles de Horizonte Europa en caso de operaciones similares y la posibilidad de combinar la financiación de diferentes instrumentos de la Unión en la misma operación, siempre que se evite la doble financiación. Por lo tanto, el presente Reglamento debe establecer normas para la financiación complementaria procedente de los Fondos.
Enmienda 33
Propuesta de Reglamento
Considerando 42 bis (nuevo)
(42 bis)   Las autoridades de gestión deben tener la posibilidad de aplicar los instrumentos financieros mediante la adjudicación directa de un contrato al Grupo BEI, a los bancos de fomento nacionales y a las instituciones financieras internacionales.
Enmienda 34
Propuesta de Reglamento
Considerando 44
(44)  Sin perjuicio de las normas aplicables sobre ayudas estatales y contratación pública ya clarificadas durante el período de programación 2014-2020, las autoridades de gestión deben tener la posibilidad de decidir cuáles son las opciones de ejecución de los instrumentos financieros más apropiadas para abordar las necesidades específicas de las regiones destinatarias.
(44)  Sin perjuicio de las normas aplicables sobre ayudas estatales y contratación pública ya clarificadas durante el período de programación 2014-2020, las autoridades de gestión deben tener la posibilidad de decidir cuáles son las opciones de ejecución de los instrumentos financieros más apropiadas para abordar las necesidades específicas de las regiones destinatarias. En este contexto, la Comisión, en cooperación con el Tribunal de Cuentas Europeo, debe ofrecer a auditores, autoridades de gestión y beneficiarios orientaciones para evaluar el cumplimiento de las normas en materia de ayudas estatales y desarrollar regímenes de ayudas estatales.
Enmienda 35
Propuesta de Reglamento
Considerando 45 bis (nuevo)
(45 bis)   Con el fin de reforzar la responsabilidad y la transparencia, la Comisión debe implantar un sistema de tramitación de reclamaciones accesible a todos los ciudadanos y partes interesadas en todas las fases de preparación y ejecución de los programas, incluidas las de seguimiento y evaluación.
Enmienda 36
Propuesta de Reglamento
Considerando 46
(46)  Para acelerar el inicio de la ejecución de los programas, debe facilitarse la continuidad de las disposiciones de ejecución del período de programación anterior. Debe mantenerse el uso del sistema informático ya establecido para el período de programación anterior, adaptado según proceda, a menos que se requiera una nueva tecnología.
(46)  Para acelerar el inicio de la ejecución de los programas, debe facilitarse en la medida de lo posible la continuidad de las disposiciones de ejecución, incluidos los sistemas administrativos e informáticos, del período de programación anterior. Debe mantenerse el uso del sistema informático ya establecido para el período de programación anterior, adaptado según proceda, a menos que se requiera una nueva tecnología.
Enmienda 37
Propuesta de Reglamento
Considerando 48 bis (nuevo)
(48 bis)  Para respaldar un uso eficaz de los Fondos, el apoyo del Grupo BEI debe estar disponible para todos los Estados miembros que lo soliciten. Ello podría incluir el desarrollo de capacidades, el apoyo a la determinación, preparación y ejecución de proyectos, y el asesoramiento sobre instrumentos financieros y plataformas de inversión.
Enmienda 38
Propuesta de Reglamento
Considerando 50
(50)  Para garantizar un equilibrio adecuado entre la ejecución eficaz y eficiente de los Fondos y los costes y las cargas administrativos conexos, la frecuencia, el alcance y la cobertura de las comprobaciones de gestión deben basarse en una evaluación de riesgos que tenga en cuenta factores como el tipo de operaciones ejecutadas, los beneficiarios y el nivel de riesgo identificado en anteriores comprobaciones y auditorías de la gestión.
(50)  Para garantizar un equilibrio adecuado entre la ejecución eficaz y eficiente de los Fondos y los costes y las cargas administrativos conexos, la frecuencia, el alcance y la cobertura de las comprobaciones de gestión deben basarse en una evaluación de riesgos que tenga en cuenta factores como el tipo de operaciones ejecutadas, la complejidad y el número de operaciones, los beneficiarios y el nivel de riesgo identificado en anteriores comprobaciones y auditorías de la gestión. Las medidas de gestión y control aplicables a los Fondos deben ser proporcionales al nivel de riesgo para el presupuesto de la Unión.
Enmienda 39
Propuesta de Reglamento
Considerando 58
(58)  Asimismo, los Estados miembros deben evitar, detectar y tratar con eficacia toda irregularidad, en particular el fraude cometido por los beneficiarios. Por otro lado, de conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/201318 y los Reglamentos (Euratom, CE) n.º 2988/9519 y n.º 2185/9620, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) puede llevar a cabo investigaciones administrativas, incluidos controles y verificaciones in situ, con el fin de establecer la posible existencia de fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión. De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/193921, la Fiscalía Europea puede investigar y perseguir el fraude y otros delitos que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión, tal como establece la Directiva (UE) 2017/1371, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal22. Los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para que toda persona o entidad que reciba fondos de la Unión coopere plenamente en la protección de los intereses financieros de esta, conceda los derechos y el acceso necesarios a la Comisión, la OLAF, la Fiscalía Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) y garantice que las terceras partes implicadas en la ejecución de fondos de la Unión concedan derechos equivalentes. Los Estados miembros deben informar a la Comisión de las irregularidades detectadas, en especial el fraude, y del seguimiento que se da a estas irregularidades y a las investigaciones de la OLAF.
(58)  Asimismo, los Estados miembros deben evitar, detectar y tratar con eficacia toda irregularidad, en particular el fraude cometido por los beneficiarios. Por otro lado, de conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/201318 y los Reglamentos (Euratom, CE) n.º 2988/9519 y n.º 2185/9620, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) puede llevar a cabo investigaciones administrativas, incluidos controles y verificaciones in situ, con el fin de establecer la posible existencia de fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión. De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/193921, la Fiscalía Europea puede investigar y perseguir el fraude y otros delitos que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión, tal como establece la Directiva (UE) 2017/1371, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal22. Los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para que toda persona o entidad que reciba fondos de la Unión coopere plenamente en la protección de los intereses financieros de esta, conceda los derechos y el acceso necesarios a la Comisión, la OLAF, la Fiscalía Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) y garantice que las terceras partes implicadas en la ejecución de fondos de la Unión concedan derechos equivalentes. Los Estados miembros deben informar detalladamente a la Comisión de las irregularidades detectadas, en especial el fraude, y del seguimiento que se da a estas irregularidades y a las investigaciones de la OLAF. Los Estados miembros que no participen en la cooperación reforzada con la Fiscalía Europea deben informar a la Comisión sobre las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales nacionales en relación con los casos de irregularidades que afectan al presupuesto de la Unión.
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18 Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Euratom) n.º 1074/1999 del Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).
18 Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Euratom) n.º 1074/1999 del Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).
19 Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas. (DO L 312 de 23.12.1995, p. 1).
19 Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas. (DO L 312 de 23.12.1995, p. 1).
20 Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades (DO L 292 de 15.11.1996, p. 2).
20 Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades (DO L 292 de 15.11.1996, p. 2).
21 Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea (DO L 283 de 31.10.2017, p. 1).
21 Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea (DO L 283 de 31.10.2017, p. 1).
22 Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal (DO L 198 de 28.7.2017, p. 29).
22 Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal (DO L 198 de 28.7.2017, p. 29).
Enmienda 40
Propuesta de Reglamento
Considerando 61
(61)  Conviene establecer criterios objetivos para designar las regiones y zonas que pueden acogerse a la ayuda de los Fondos. Para ello, la identificación de las regiones y zonas a nivel de la Unión debe basarse en el sistema común de clasificación de las regiones establecido por el Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo23, modificado por el Reglamento (UE) n.º 868/2014 de la Comisión24.
(61)  Conviene establecer criterios objetivos para designar las regiones y zonas que pueden acogerse a la ayuda de los Fondos. Para ello, la identificación de las regiones y zonas a nivel de la Unión debe basarse en el sistema común de clasificación de las regiones establecido por el Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo23, modificado en último lugar por el Reglamento (UE) 2016/2066 de la Comisión24.
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23 Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por el que se establece una nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas (NUTS) (DO L 154 de 21.6.2003, p. 1).
23 Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por el que se establece una nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas (NUTS) (DO L 154 de 21.6.2003, p. 1).
24 Reglamento (UE) n.º 868/2014 de la Comisión, de 8 de agosto de 2014, que modifica los anexos del Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece una nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas (NUTS) (DO L 241 de 13.8.2014, p. 1).
24 Reglamento (UE) 2016/2066 de la Comisión, de 21 de noviembre de 2016, que modifica los anexos del Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece una nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas (NUTS) (DO L 322 de 29.11.2016, p. 1).
Enmienda 41
Propuesta de Reglamento
Considerando 62
(62)  A fin de establecer un marco financiero adecuado para el FEDER, el FSE+ y el Fondo de Cohesión, la Comisión debe disponer el desglose anual de las asignaciones disponibles por Estado miembro en el marco del objetivo de inversión en empleo y crecimiento, junto con la lista de regiones elegibles, así como las asignaciones para el objetivo de cooperación territorial europea (Interreg). Teniendo en cuenta que las asignaciones nacionales de los Estados miembros deben establecerse sobre la base de los datos estadísticos y las previsiones disponibles en 2018, y dadas las incertidumbres de la predicción, la Comisión debe revisar las asignaciones totales de todos los Estados miembros en 2024 sobre la base de las estadísticas más recientes disponibles en ese momento y, cuando exista una divergencia acumulada superior al +/- 5 %, ajustar dichas asignaciones para los años 2025 a 2027, a fin de que en las modificaciones de los programas queden plasmados al mismo tiempo los resultados de la revisión intermedia y el ejercicio de ajuste técnico.
(62)  A fin de establecer un marco financiero adecuado para el FEDER, el FSE+, el FEMP y el Fondo de Cohesión, la Comisión debe disponer el desglose anual de las asignaciones disponibles por Estado miembro en el marco del objetivo de inversión en empleo y crecimiento, junto con la lista de regiones elegibles, así como las asignaciones para el objetivo de cooperación territorial europea (Interreg). Teniendo en cuenta que las asignaciones nacionales de los Estados miembros deben establecerse sobre la base de los datos estadísticos y las previsiones disponibles en 2018, y dadas las incertidumbres de la predicción, la Comisión debe revisar las asignaciones totales de todos los Estados miembros en 2024 sobre la base de las estadísticas más recientes disponibles en ese momento y, cuando exista una divergencia acumulada superior al +/- 5 %, ajustar dichas asignaciones para los años 2025 a 2027, a fin de que en las modificaciones de los programas queden plasmados al mismo tiempo los resultados de la revisión intermedia y el ejercicio de ajuste técnico.
Enmienda 42
Propuesta de Reglamento
Considerando 63
(63)  Los proyectos de redes transeuropeas de transporte de conformidad con el Reglamento (UE) [nuevo Reglamento sobre el MCE]25 seguirán estando financiados con cargo al Fondo de Cohesión mediante gestión compartida y mediante el modo de ejecución directa en el marco del Mecanismo «Conectar Europa» («MCE»). Sobre la base del acertado planteamiento del período de programación 2014-2020, deben transferirse a estos efectos 10 000 000 000 EUR del Fondo de Cohesión al MCE.
(63)  Los proyectos de redes transeuropeas de transporte de conformidad con el Reglamento (UE) [nuevo Reglamento sobre el MCE]25 seguirán estando financiados con cargo al Fondo de Cohesión mediante gestión compartida y mediante el modo de ejecución directa en el marco del Mecanismo «Conectar Europa» («MCE»). Sobre la base del acertado planteamiento del período de programación 2014-2020, deben transferirse a estos efectos 4 000 000 000 EUR del Fondo de Cohesión al MCE.
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25 Reglamento (UE) […] del Parlamento Europeo y del Consejo, de […], relativo a [MCE] (DO L […] de […], p. […]).
25 Reglamento (UE) […] del Parlamento Europeo y del Consejo, de […], relativo a [MCE] (DO L […] de […], p. […]).
Enmienda 43
Propuesta de Reglamento
Considerando 64
(64)  Debe asignarse cierta cantidad de los recursos del FEDER, el FSE+ y el Fondo de Cohesión a la Iniciativa Urbana Europea, que debe ejecutarse mediante la gestión directa o indirecta de la Comisión.
(64)  Debe asignarse cierta cantidad de los recursos del FEDER, el FSE+ y el Fondo de Cohesión a la Iniciativa Urbana Europea, que debe ejecutarse mediante la gestión directa o indirecta de la Comisión. Debe seguir reflexionándose en el futuro sobre el apoyo específico que se presta a regiones y comunidades desfavorecidas.
Enmienda 44
Propuesta de Reglamento
Considerando 65 bis (nuevo)
(65 bis)   Con el fin de hacer frente a los retos a los que se enfrentan las regiones de renta media, tal como se expone en el séptimo informe sobre la cohesión1 bis (bajo crecimiento en comparación con las regiones más desarrolladas, pero también en comparación con las regiones menos desarrolladas, problema al que se enfrentan especialmente las regiones con un PIB per cápita comprendido entre el 90 % y el 100 % del PIB medio de la Europa de los Veintisiete), las «regiones en transición» deben recibir el apoyo adecuado y definirse como regiones cuyo PIB per cápita se sitúa entre el 75 % y el 100 % del PIB medio de la Europa de los Veintisiete.
___________________
1 bis Séptimo informe sobre la cohesión económica, social y territorial de la Comisión, titulado «Mi región, mi Europa, nuestro futuro: Séptimo informe sobre la cohesión económica, social y territorial» (COM(2017)0583, 9 de octubre de 2017).
Enmienda 45
Propuesta de Reglamento
Considerando 66 bis (nuevo)
(66 bis)  En el contexto de la salida del Reino Unido de la Unión, varios Estados miembros y regiones estarán más expuestos a las consecuencias de dicha salida que otros, debido a su geografía y a la naturaleza o a la extensión de sus vínculos comerciales. Por consiguiente, es importante identificar soluciones prácticas para el apoyo también en el marco de la política de cohesión, a fin de abordar los retos con que se enfrentarán las regiones y Estados miembros afectados una vez se haya producido la salida del Reino Unido. Asimismo, será necesario desarrollar una cooperación continua que dé lugar a intercambios de información y buenas prácticas a nivel de los entes locales y regionales y de los Estados miembros.
Enmienda 46
Propuesta de Reglamento
Considerando 67
(67)  Es preciso establecer los porcentajes máximos de cofinanciación en el ámbito de la política de cohesión por categoría de regiones, a fin de garantizar que se respete el principio de cofinanciación merced a un grado apropiado de ayuda nacional pública o privada. Estos porcentajes deben reflejar el nivel de desarrollo económico de las regiones en términos de RNB per cápita en relación con la media de la EU-27.
(67)  Es preciso establecer los porcentajes máximos de cofinanciación en el ámbito de la política de cohesión por categoría de regiones, a fin de garantizar que se respete el principio de cofinanciación merced a un grado apropiado de ayuda nacional pública o privada. Estos porcentajes deben reflejar el nivel de desarrollo económico de las regiones en términos de RNB per cápita en relación con la media de la EU-27 y salvaguardar a la vez un trato no menos favorable a causa de cambios de categoría.
Enmienda 47
Propuesta de Reglamento
Considerando 69
(69)  Además, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del TFUE por lo que respecta al establecimiento de los criterios, aplicables a todos los Estados miembros, para determinar los casos de irregularidades de los que debe informarse, la definición de los costes unitarios, los importes a tanto alzado, los tipos fijos y la financiación no vinculada a los costes, así como al establecimiento de metodologías de muestreo normalizadas listas para ser utilizadas.
(69)  Además, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del TFUE por lo que respecta a la modificación del Código de Conducta Europeo sobre las asociaciones para adaptarlo al presente Reglamento, al establecimiento de los criterios, aplicables a todos los Estados miembros, para determinar los casos de irregularidades de los que debe informarse, la definición de los costes unitarios, los importes a tanto alzado, los tipos fijos y la financiación no vinculada a los costes, así como al establecimiento de metodologías de muestreo normalizadas listas para ser utilizadas.
Enmienda 48
Propuesta de Reglamento
Considerando 70
(70)  Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante su trabajo preparatorio, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 2016. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupan de la preparación de actos delegados.
(70)  Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo consultas oportunas y transparentes con todas las partes interesadas durante su trabajo preparatorio, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 2016. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupan de la preparación de actos delegados.
Enmienda 49
Propuesta de Reglamento
Considerando 73
(73)  Los objetivos del presente Reglamento, a saber, reforzar la cohesión económica, social y territorial y establecer normas financieras comunes para parte del presupuesto de la Unión ejecutado en régimen de gestión compartida, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros debido, por un lado, a la amplitud de las disparidades entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y al retraso de las regiones menos favorecidas, así como a lo limitado de los recursos financieros de los Estados miembros y las regiones, y, por otro, a la necesidad de un marco de ejecución coherente que abarque varios fondos de la Unión en régimen de gestión compartida. Dado que estos objetivos pueden, por tanto, lograrse mejor a nivel de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad enunciado en el artículo 5 del TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en ese mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.
(73)  Los objetivos del presente Reglamento, a saber, reforzar la cohesión económica, social y territorial y establecer normas financieras comunes para parte del presupuesto de la Unión ejecutado en régimen de gestión compartida, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros debido, por un lado, a la amplitud de las disparidades entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y a los desafíos específicos a los que se enfrentan las regiones menos favorecidas, así como a lo limitado de los recursos financieros de los Estados miembros y las regiones, y, por otro, a la necesidad de un marco de ejecución coherente que abarque varios fondos de la Unión en régimen de gestión compartida. Dado que estos objetivos pueden, por tanto, lograrse mejor a nivel de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad enunciado en el artículo 5 del TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en ese mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.
Enmienda 50
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra a
a)  las normas financieras para el Fondo Europeo de Desarrollo Regional («FEDER»), el Fondo Social Europeo Plus («FSE+»), el Fondo de Cohesión («FC»), el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca («FEMP»), el Fondo de Asilo y Migración («FAMI»), el Fondo de Seguridad Interior («FSI») y el Instrumento de Gestión de las Fronteras y Visados («IGFV») (en lo sucesivo, «los Fondos»);
a)  las normas financieras para el Fondo Europeo de Desarrollo Regional («FEDER»), el Fondo Social Europeo Plus («FSE+»), el Fondo de Cohesión («FC»), el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural («Feader»), el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca («FEMP»), el Fondo de Asilo y Migración («FAMI»), el Fondo de Seguridad Interior («FSI») y el Instrumento de Gestión de las Fronteras y Visados («IGFV») (en lo sucesivo, «los Fondos»);
Enmienda 431
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra b
b)  las disposiciones comunes aplicables al FEDER, al FSE+, al Fondo de Cohesión y al FEMP.
b)  las disposiciones comunes aplicables al FEDER, al FSE+, al Fondo de Cohesión y al FEMP, y en el caso del Feader, tal como se dispone en el apartado 1 bis del presente artículo.
Enmienda 432
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 bis (nuevo)
1 bis.   El artículo 2, apartado 4 bis, del capítulo I del título I, el artículo 5 del capítulo II, los artículos 22 a 28 del capítulo II del título III, y los artículos 41 a 43 de la sección I del capítulo III del título IV, se aplicarán a las medidas de ayudas financiadas con cargo al Feader, y el artículo 2, apartados 15 a 25, del capítulo I del título I, además de los artículos 52 a 56 del capítulo II de la sección II del título V, se aplican a los instrumentos financieros previstos en el artículo 74 del Reglamento (UE) [...] («Reglamento sobre los planes estratégicos de la PAC») y apoyados en el marco del Feader.
Enmienda 54
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1
(1)  las recomendaciones del Consejo adoptadas con arreglo al artículo 121, apartado 2, y al artículo 148, apartado 4, del TFUE en relación con los desafíos estructurales que es preciso abordar mediante inversiones plurianuales que entran en el ámbito de aplicación de los Fondos tal como se establece en los Reglamentos específicos de cada Fondo, así como las recomendaciones pertinentes adoptadas con arreglo al artículo [XX] del Reglamento (UE) n.º [número del nuevo Reglamento relativo a la gobernanza de la Unión de la Energía] del Parlamento Europeo y del Consejo;
(1)  las recomendaciones del Consejo adoptadas con arreglo al artículo 121, apartados 2 y 4, y al artículo 148, apartado 4, del TFUE en relación con los desafíos estructurales que es preciso abordar mediante inversiones plurianuales que entran en el ámbito de aplicación de los Fondos tal como se establece en los Reglamentos específicos de cada Fondo, así como las recomendaciones pertinentes adoptadas con arreglo al artículo [XX] del Reglamento (UE) n.º [número del nuevo Reglamento relativo a la gobernanza de la Unión de la Energía] del Parlamento Europeo y del Consejo;
Enmienda 55
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)
1 a)   «condición favorable»: una condición previa concreta y definida con precisión que tiene una vinculación efectiva con un impacto directo en la realización eficaz y eficiente de un objetivo específico del programa;
Enmienda 56
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4 bis (nuevo)
4 bis)  «programa»: en el contexto del Feader, los planes estratégicos de la PAC a que se hace referencia en el Reglamento (UE) [...] (en lo sucesivo «el Reglamento sobre los planes estratégicos de la PAC»);
Enmienda 57
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8 – letra c
c)  en el contexto de los regímenes de ayudas estatales, la empresa que recibe la ayuda;
c)  en el contexto de los regímenes de ayudas estatales, el organismo o la empresa, según corresponda, que recibe la ayuda, salvo cuando la ayuda por empresa sea igual o inferior a 200 000 EUR, en cuyo caso el Estado miembro de que se trate puede decidir que el beneficiario es el organismo que otorga la ayuda, sin perjuicio de lo establecido en los Reglamentos (UE) n.º 1407/20131 bis, (UE) n.º 1408/20131 ter y (UE) n.º 717/20141 quater de la Comisión;
__________________
1 bis DO L 352 de 24.12.2013, p. 1.
1 ter DO L 352 de 24.12.2013, p. 9.
1 quater DO L 190 de 28.6.2014, p. 45.
Enmienda 58
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 9
(9)  «fondo para pequeños proyectos»: operación dentro de un programa Interreg, cuyo objetivo sea seleccionar y ejecutar proyectos de volumen financiero limitado;
(9)  «fondo para pequeños proyectos»: operación dentro de un programa Interreg, cuyo objetivo sea seleccionar y ejecutar proyectos, en particular proyectos interpersonales, de volumen financiero limitado;
Enmienda 59
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 21
(21)  «fondo específico»: fondo creado por una autoridad de gestión o un fondo de cartera para ofrecer productos financieros a los destinatarios finales;
(21)  «fondo específico»: fondo creado por una autoridad de gestión o un fondo de cartera a través del que ofrecen productos financieros a los destinatarios finales;
Enmienda 60
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 36 bis (nuevo)
36 bis)  «principio de la eficiencia energética en primer lugar»: priorización, en las decisiones de planificación, política e inversión en materia de energía, de las medidas que doten de mayor eficiencia a la demanda y el suministro de energía;
Enmienda 61
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 37
(37)  «defensa contra el cambio climático»: proceso destinado a garantizar que las infraestructuras sean resilientes ante los efectos adversos del clima con arreglo a la normativa y las orientaciones nacionales, si las hubiera, o a normas reconocidas internacionalmente.
(37)  «defensa contra el cambio climático»: proceso destinado a garantizar que las infraestructuras sean resilientes ante los efectos adversos del clima con arreglo a normas reconocidas internacionalmente o a la normativa y las orientaciones nacionales, si las hubiera, que se respete el principio de «la eficiencia energética en primer lugar» y que se opte por vías específicas de reducción de las emisiones y descarbonización.
Enmienda 62
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 37 bis (nuevo)
37 bis)  «BEI»: el Banco Europeo de Inversiones, el Fondo Europeo de Inversiones o cualquier filial del Banco Europeo de Inversiones.
Enmienda 63
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a
a)  una Europa más inteligente, promoviendo una transformación económica innovadora e inteligente;
a)  una Europa más competitiva y más inteligente, promoviendo una transformación económica innovadora e inteligente y fortaleciendo las pequeñas y medianas empresas;
Enmienda 64
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b
b)  una Europa más verde y baja en carbono, promoviendo una transición energética limpia y equitativa, la inversión verde y azul, la economía circular, la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos;
b)  una Europa más verde, baja en carbono, en transición hacia una economía con cero emisiones netas de carbono y resiliente, promoviendo una transición energética limpia y equitativa, la inversión verde y azul, la economía circular, la mitigación del cambio climático y la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos;
Enmienda 65
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c
c)  una Europa más conectada mediante el refuerzo de la movilidad y la conectividad regional en el ámbito de las TIC;
c)  una Europa más conectada mediante el refuerzo de la movilidad, en particular la movilidad inteligente y sostenible y la conectividad regional en el ámbito de las TIC;
Enmienda 66
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra d
d)  una Europa más social mediante la aplicación del pilar europeo de derechos sociales;
d)  una Europa más social e integradora mediante la aplicación del pilar europeo de derechos sociales;
Enmienda 67
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra e
e)  una Europa más próxima a sus ciudadanos, fomentando el desarrollo integrado y sostenible de las zonas urbanas, rurales y costeras y las iniciativas locales.
e)  una Europa más próxima a sus ciudadanos, fomentando el desarrollo integrado y sostenible de todas las regiones, zonas e iniciativas locales.
Enmienda 68
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3
3.  Los Estados miembros informarán sobre el apoyo a los objetivos medioambientales y climáticos aplicando una metodología basada en diversos tipos de intervención para cada uno de los Fondos. Esa metodología consistirá en atribuir una ponderación específica a la ayuda proporcionada en un nivel que refleje en qué medida dicha ayuda contribuye a la consecución de los objetivos medioambientales y climáticos. En el caso del FEDER, el FSE+ y el Fondo de Cohesión, la ponderación dependerá de las dimensiones y los códigos establecidos para los tipos de intervención en el Anexo I.
3.  Los Estados miembros velarán por la defensa contra el cambio climático en las operaciones pertinentes en todo el proceso de planificación y ejecución e informarán sobre el apoyo a los objetivos medioambientales y climáticos aplicando una metodología basada en diversos tipos de intervención para cada uno de los Fondos. Esa metodología consistirá en atribuir una ponderación específica a la ayuda proporcionada en un nivel que refleje en qué medida dicha ayuda contribuye a la consecución de los objetivos medioambientales y climáticos. En el caso del FEDER, el FSE+ y el Fondo de Cohesión, la ponderación dependerá de las dimensiones y los códigos establecidos para los tipos de intervención en el Anexo I.
Enmienda 69
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4
4.  Los Estados miembros y la Comisión garantizarán la coordinación, complementariedad y coherencia entre los Fondos y otros instrumentos de la Unión, como el programa de apoyo a las reformas, incluidos el Instrumento Operativo de Reforma y el Instrumento de Apoyo Técnico. Asimismo, optimizarán los mecanismos de coordinación entre los responsables de evitar duplicaciones durante las fases de planificación y ejecución.
4.  De conformidad con sus respectivas responsabilidades y en consonancia con los principios de la subsidiariedad y la gobernanza multinivel, los Estados miembros y la Comisión garantizarán la coordinación, complementariedad y coherencia entre los Fondos y otros instrumentos de la Unión, como el programa de apoyo a las reformas, incluidos el Instrumento Operativo de Reforma y el Instrumento de Apoyo Técnico. Asimismo, optimizarán los mecanismos de coordinación entre los responsables a fin de evitar duplicaciones durante las fases de planificación y ejecución.
Enmienda 70
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4 bis (nuevo)
4 bis.   Los Estados miembros y la Comisión velarán por el cumplimiento de las normas pertinentes en materia de ayudas de Estado.
Enmienda 71
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1
1.  Los Estados miembros y la Comisión ejecutarán la parte del presupuesto de la Unión asignada a los Fondos en régimen de gestión compartida de conformidad con el artículo [63] del Reglamento (UE, Euratom) [número del nuevo Reglamento Financiero] (en lo sucesivo, «el Reglamento Financiero»).
1.  Los Estados miembros, de conformidad con su marco institucional y jurídico, y la Comisión ejecutarán la parte del presupuesto de la Unión asignada a los Fondos en régimen de gestión compartida de conformidad con el artículo [63] del Reglamento (UE, Euratom) [número del nuevo Reglamento Financiero] (en lo sucesivo, «el Reglamento Financiero»).
Enmienda 72
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2
2.  No obstante, la Comisión ejecutará el importe de la ayuda procedente del Fondo de Cohesión transferida al Mecanismo «Conectar Europa» (en lo sucesivo, «MCE»), la Iniciativa Urbana Europea, las inversiones interregionales en innovación, el importe de la ayuda procedente del FSE+ transferida a la cooperación transnacional, los importes de la contribución a InvestEU37 y la asistencia técnica por iniciativa de la Comisión en régimen de gestión directa o indirecta de conformidad con [el artículo 62, apartado 1, letras a) y c)] del Reglamento Financiero.
2.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1, apartado 2, la Comisión ejecutará el importe de la ayuda procedente del Fondo de Cohesión transferida al Mecanismo «Conectar Europa» (en lo sucesivo, «MCE»), la Iniciativa Urbana Europea, las inversiones interregionales en innovación, el importe de la ayuda procedente del FSE+ transferida a la cooperación transnacional, los importes de la contribución a InvestEU37 y la asistencia técnica por iniciativa de la Comisión en régimen de gestión directa o indirecta de conformidad con [el artículo 62, apartado 1, letras a) y c)] del Reglamento Financiero.
_________________
_________________
37 Reglamento (UE) n.º […], relativo a [...] (DO L […] de […], p. […])].
37 Reglamento (UE) n.º […], relativo a [...] (DO L […] de […], p. […])].
Enmienda 73
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3
3.  La Comisión podrá ejecutar la cooperación con las regiones ultraperiféricas en el marco del objetivo de cooperación territorial europea (Interreg) en régimen de gestión indirecta.
3.  La Comisión podrá ejecutar, con el acuerdo del Estado miembro y la región afectados, la cooperación con las regiones ultraperiféricas en el marco del objetivo de cooperación territorial europea (Interreg) en régimen de gestión indirecta.
Enmienda 74
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – parte introductoria
1.  Cada Estado miembro organizará una asociación con las autoridades regionales y locales competentes. Dicha asociación constará, como mínimo, de los siguientes socios:
1.  Para el acuerdo de asociación y para cada programa, cada Estado miembro organizará, de conformidad con su marco institucional y jurídico, una asociación genuina y efectiva con las autoridades locales y regionales competentes. Dicha asociación constará, como mínimo, de los siguientes socios:
Enmienda 75
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a
a)  autoridades urbanas y otras autoridades públicas;
a)  autoridades regionales, locales y urbanas y otras autoridades públicas;
Enmienda 76
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra c
c)  los organismos pertinentes que representen a la sociedad civil, los interlocutores medioambientales y los organismos responsables de promover la inclusión social, los derechos fundamentales, los derechos de las personas con discapacidad, la igualdad de género y la no discriminación.
c)  los organismos que representen a la sociedad civil, como los interlocutores medioambientales, las organizaciones no gubernamentales y los organismos responsables de promover la inclusión social, los derechos fundamentales, los derechos de las personas con discapacidad, la igualdad de género y la no discriminación.
Enmienda 77
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra c bis (nueva)
(c bis)   entidades de investigación y universidades, si procede.
Enmiendas 78 y 459
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2
2.  Con arreglo al principio de la gobernanza multinivel, el Estado miembro procurará la participación de estos socios en la preparación de los Acuerdos de Asociación y a lo largo de los procesos de preparación y ejecución de los programas, por ejemplo, mediante la participación en comités de seguimiento con arreglo al artículo 34.
2.  Con arreglo al principio de la gobernanza multinivel y conforme a un enfoque ascendente, el Estado miembro procurará la participación de estos socios en la preparación de los Acuerdos de Asociación y a lo largo de los procesos de preparación, ejecución y evaluación de los programas, por ejemplo, mediante la participación en comités de seguimiento con arreglo al artículo 34. En este contexto, los Estados miembros destinarán un porcentaje adecuado de los recursos de los Fondos al desarrollo de la capacidad administrativa de los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil.
En el caso de programas transfronterizos, los Estados miembros en cuestión incluirán a los socios de todos los Estados miembros participantes.
Enmienda 79
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3
3.  La organización y la ejecución de la asociación se llevarán a cabo de conformidad con el Reglamento Delegado (UE) n.º 240/2014 de la Comisión38.
3.  La organización y la ejecución de la asociación se llevarán a cabo de conformidad con el Reglamento Delegado (UE) n.º 240/2014 de la Comisión38. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 107 en lo referente a las modificaciones del Reglamento Delegado (UE) n.º 240/2014 de la Comisión, a fin de adaptarlo al presente Reglamento.
_________________
_________________
38Reglamento Delegado (UE) n.º 240/2014 de la Comisión, de 7 de enero de 2014, relativo al Código de Conducta Europeo sobre las asociaciones en el marco de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (DO L 74 de 14.3.2014, p. 1).
38Reglamento Delegado (UE) n.º 240/2014 de la Comisión, de 7 de enero de 2014, relativo al Código de Conducta Europeo sobre las asociaciones en el marco de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (DO L 74 de 14.3.2014, p. 1).
Enmienda 80
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4
4.  Una vez al año, como mínimo, la Comisión consultará a las organizaciones representativas de los socios a nivel de la Unión sobre la ejecución de los programas.
4.  Una vez al año, como mínimo, la Comisión consultará a las organizaciones representativas de los socios a nivel de la Unión sobre la ejecución de los programas e informará de los resultados al Parlamento Europeo y al Consejo.
Enmienda 81
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 bis (nuevo)
Artículo 6 bis
Principios horizontales
1.  Los Estados miembros y la Comisión garantizarán el respeto de los derechos fundamentales y la conformidad con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en la ejecución de los Fondos.
2.  Los Estados miembros y la Comisión velarán por que se tengan en cuenta y se promuevan la igualdad entre hombres y mujeres, la generalización de la consideración del género y la integración de una perspectiva de género a lo largo de la preparación y la ejecución de los programas, entre lo que se incluye lo que se refiere al seguimiento, la presentación de informes y la evaluación.
3.  Los Estados miembros y la Comisión tomarán las medidas oportunas para evitar cualquier discriminación por razón de género, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual durante la preparación, la ejecución, el seguimiento, la presentación de informes y la evaluación de los programas. En particular, durante la preparación y la ejecución de los programas se tendrá en cuenta la accesibilidad para las personas con discapacidad.
4.  Los objetivos de los Fondos se perseguirán de conformidad con el principio de desarrollo sostenible, teniendo en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y con el fomento por parte de la Unión del objetivo de conservación, protección y mejora de la calidad del medio ambiente y de lucha contra el cambio climático, teniendo en cuenta el principio de que «quien contamina paga», conforme a lo establecido en el artículo 191, apartados 1 y 2, del TFUE.
Los Estados miembros y la Comisión velarán por que en la preparación y la ejecución de los programas se promuevan los requisitos de protección medioambiental, la eficiencia de los recursos, el principio de «la eficiencia energética en primer lugar», una transición energética socialmente justa, la economía circular, la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo, la biodiversidad, la resiliencia frente a catástrofes y la prevención y gestión de riesgos. Tratarán de evitar las inversiones relacionadas con la producción, el tratamiento, la distribución, el almacenamiento o la combustión de combustibles fósiles.
Enmienda 82
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1
1.  Cada Estado miembro elaborará un Acuerdo de Asociación en el que se establezcan los mecanismos para utilizar los Fondos de modo eficaz y eficiente durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2027.
1.  Cada Estado miembro elaborará un Acuerdo de Asociación en el que se establezcan los mecanismos para utilizar los Fondos de modo eficaz y eficiente durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2027. Dicho Acuerdo de Asociación se preparará conforme al código de conducta establecido por el Reglamento Delegado de la Comisión (UE) n.º 240/2014.
Enmienda 83
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2
2.  El Estado miembro presentará el Acuerdo de Asociación a la Comisión con anterioridad o simultáneamente a la presentación del primer programa.
2.  El Estado miembro presentará el Acuerdo de Asociación a la Comisión con anterioridad o simultáneamente a la presentación del primer programa, pero no más tarde del 30 de abril de 2021.
Enmienda 84
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3
3.  El Acuerdo de Asociación podrá presentarse junto con el programa nacional de reformas correspondiente.
3.  El Acuerdo de Asociación podrá presentarse junto con el programa nacional de reformas correspondiente y el plan nacional de energía y clima.
Enmienda 85
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra a
a)  objetivos políticos seleccionados, con indicación de qué Fondos y programas contribuirán a su consecución y la justificación correspondiente, además de, cuando proceda, la justificación del uso de la modalidad de ejecución de InvestEU, teniendo en cuenta las recomendaciones específicas pertinentes por país;
a)  objetivos políticos seleccionados, con indicación de qué Fondos y programas contribuirán a su consecución y la justificación correspondiente, teniendo en cuenta y enumerando las recomendaciones específicas pertinentes por país así como los desafíos regionales;
Enmienda 86
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra b – inciso i
i)  un resumen de las políticas elegidas y de los principales resultados previstos para cada uno de los Fondos, incluido, cuando proceda, el uso de InvestEU;
i)  un resumen de las políticas elegidas y de los principales resultados previstos para cada uno de los Fondos;
Enmienda 87
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra b – inciso ii
ii)  coordinación, delimitación y aspectos complementarios entre los Fondos, así como, cuando proceda, la coordinación entre programas nacionales y regionales;
ii)  coordinación, delimitación y aspectos complementarios entre los Fondos, así como, cuando proceda, la coordinación entre programas nacionales y regionales, en particular con respecto a los planes estratégicos de la PAC a que se refiere el Reglamento (UE) [...] (Reglamento sobre los planes estratégicos de la PAC);
Enmienda 88
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra b – inciso iii
iii)  aspectos complementarios entre los Fondos y otros instrumentos de la Unión, incluidos los proyectos estratégicos integrales de LIFE y los proyectos estratégicos relativos a la naturaleza;
iii)  aspectos complementarios y sinergias entre los Fondos y otros instrumentos de la Unión, incluidos los proyectos estratégicos integrales de LIFE y los proyectos estratégicos relativos a la naturaleza y, cuando proceda, proyectos financiados en el marco de Horizonte Europa;
Enmienda 89
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra b – inciso iii bis (nuevo)
iii bis)   cumplimiento de los objetivos, políticas y medidas de los planes nacionales de energía y clima;
Enmienda 90
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra c
c)  asignación financiera preliminar de cada uno de los Fondos por objetivo político a escala nacional, respetando las normas específicas de cada Fondo sobre concentración temática;
c)  ;asignación financiera preliminar de cada uno de los Fondos por objetivo político a escala nacional y, si procede, a escala regional, respetando las normas específicas de cada Fondo sobre concentración temática;
Enmienda 91
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra d
d)  cuando proceda, desglose de los recursos financieros por categoría de regiones con arreglo al artículo 102, apartado 2, e importes de los créditos propuestos para su transferencia entre categorías de regiones con arreglo al artículo 105;
d)  desglose de los recursos financieros por categoría de regiones con arreglo al artículo 102, apartado 2, e importes de los créditos propuestos para su transferencia entre categorías de regiones con arreglo al artículo 105;
Enmienda 92
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra e
e)  importes que cada uno de los Fondos aportará a InvestEU por categoría de regiones;
suprimida
Enmienda 93
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra g
g)  resumen de las actuaciones que emprenderá el Estado miembro en cuestión con el fin de reforzar su capacidad administrativa para la ejecución de los Fondos.
g)  resumen de las actuaciones que emprenderá el Estado miembro en cuestión con el fin de reforzar su capacidad administrativa para la ejecución de los Fondos y su sistema de gestión y control.
Enmienda 94
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra g bis (nueva)
g bis)   cuando proceda, un enfoque integrado para abordar los retos demográficos de las regiones o las necesidades específicas de regiones y zonas;
Enmienda 95
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra g ter (nueva)
g ter)   una estrategia de comunicación y visibilidad.
Enmienda 96
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 bis (nuevo)
El BEI, a petición de los Estados miembros, podrá participar en la preparación del Acuerdo de Asociación, así como en las actividades relacionadas con la preparación de las operaciones, instrumentos financieros y asociaciones público-privadas.
Enmienda 97
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 2
Con respecto al objetivo de cooperación territorial europea (Interreg), el Acuerdo de Asociación contendrá únicamente la lista de programas planificados.
Con respecto al objetivo de cooperación territorial europea (Interreg), el Acuerdo de Asociación contendrá únicamente la lista de programas planificados y las necesidades de inversión transfronteriza en el Estado miembro afectado.
Enmienda 98
Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1
1.  La Comisión evaluará el Acuerdo de Asociación y si cumple lo dispuesto en el presente Reglamento y las normas específicas de cada Fondo. En su evaluación, la Comisión tendrá en cuenta, en particular, las recomendaciones específicas pertinentes por país.
1.  La Comisión evaluará el Acuerdo de Asociación y si cumple lo dispuesto en el presente Reglamento y las normas específicas de cada Fondo. En su evaluación, la Comisión tendrá en cuenta las disposiciones de los artículos 4 y 6, las recomendaciones específicas pertinentes por país, así como las medidas vinculadas con los planes nacionales integrados de energía y clima y el modo en que se abordan.
Enmienda 99
Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2
2.  La Comisión podrá formular observaciones en un plazo de tres meses a partir de la fecha en que el Estado miembro presente el Acuerdo de Asociación.
2.  La Comisión podrá formular observaciones en un plazo de dos meses a partir de la fecha en que el Estado miembro presente el Acuerdo de Asociación.
Enmienda 100
Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3
3.  El Estado miembro revisará el Acuerdo de Asociación teniendo en cuenta las observaciones realizadas por la Comisión.
3.  El Estado miembro revisará el programa teniendo en cuenta las observaciones realizadas por la Comisión en el plazo de un mes a partir de su presentación.
Enmienda 101
Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4
4.  La Comisión adoptará una decisión, mediante un acto de ejecución por el que se aprobará el Acuerdo de Asociación, en un plazo máximo de cuatro meses a partir de la fecha en que el Estado miembro en cuestión haya presentado dicho Acuerdo de Asociación. El Acuerdo de Asociación no se modificará.
4.  La Comisión adoptará una decisión, mediante un acto de ejecución por el que se aprobará el Acuerdo de Asociación, en un plazo máximo de cuatro meses a partir de la fecha en que el Estado miembro en cuestión haya presentado por primera vez dicho Acuerdo de Asociación. El Acuerdo de Asociación no se modificará.
Enmienda 428
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1
1.  Los Estados miembros podrán asignar, en el Acuerdo de Asociación o en la solicitud de modificación de un programa, el importe del FEDER, del FSE+, del Fondo de Cohesión y del FEMP que se aportará a InvestEU y se ejecutará mediante garantías presupuestarias. El importe que se aportará a InvestEU no superará el 5 % de la asignación total de cada Fondo, excepto en casos debidamente justificados. Este tipo de contribuciones no constituirán una transferencia de recursos con arreglo al artículo 21.
1.  A partir del 1 de enero de 2023, los Estados miembros podrán asignar, con el acuerdo de las autoridades de gestión afectadas, en la solicitud de modificación de un programa, hasta el 2 % del FEDER, del FSE+, del Fondo de Cohesión y del FEMP que se aportará a InvestEU y se ejecutará mediante garantías presupuestarias. Hasta el 3 % de la asignación total de cada Fondo podrá asignarse además a InvestEU en la revisión intermedia. Este tipo de contribuciones estará disponible para las inversiones acordes con los objetivos de la política de cohesión en la misma categoría de regiones a las que se dirigían los Fondos originales. Si un importe del FEDER, del FSE+, del Fondo de Cohesión y del FEMP se aporta a InvestEU, serán de aplicación las condiciones favorables expuestas en el artículo 11 y en los anexos III y IV del presente Reglamento. Solo se podrán asignar recursos correspondientes a años civiles futuros.
Enmienda 103
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2
2.   En el Acuerdo de Asociación se podrán asignar recursos del año civil en curso y de los siguientes. En la solicitud de modificación de un programa, solo se podrán asignar recursos de años civiles futuros.
suprimido
Enmienda 104
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3
3.  El importe mencionado en el apartado 1 se utilizará para la provisión de la parte de la garantía de la UE en el marco del compartimento del Estado miembro.
3.  El importe mencionado en el apartado 1 se utilizará para la provisión de la parte de la garantía de la UE en el marco del compartimento del Estado miembro correspondiente.
Enmienda 105
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4 – párrafo 1
Si no se celebra un acuerdo de contribución, tal como se establece en el artículo [9] del [Reglamento InvestEU], como máximo el 31 de diciembre de 2021, por el importe contemplado en el apartado 1 asignado en el Acuerdo de Asociación, el Estado miembro presentará una solicitud de modificación del programa o programas para utilizar el correspondiente importe.
Si no se celebra un acuerdo de contribución, tal como se establece en el artículo [9] del [Reglamento InvestEU], como máximo el 31 de diciembre de 2023, por el importe contemplado en el apartado 1, el Estado miembro presentará una solicitud de modificación del programa o programas para utilizar el correspondiente importe.
Enmienda 106
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4 – párrafo 2
El acuerdo de contribución por el importe contemplado en el apartado 1 asignado en la solicitud de modificación de un programa se celebrará al mismo tiempo que la adopción de la decisión por la que se modifique el programa.
El acuerdo de contribución por el importe contemplado en el apartado 1 asignado en la solicitud de modificación de un programa se celebrará, o se modificará según el caso, al mismo tiempo que la adopción de la decisión por la que se modifique el programa.
Enmienda 107
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 5
5.  Si no se celebra un acuerdo de garantía, tal como se establece en el artículo [9] del [Reglamento InvestEU], en un plazo de nueve meses a partir de la aprobación del acuerdo de contribución, los correspondientes importes aportados al fondo de provisión común en concepto de provisiones se volverán a transferir al programa o programas y el Estado miembro presentará la correspondiente solicitud de modificación del programa.
5.  Si no se celebra un acuerdo de garantía, tal como se establece en el artículo [9] del [Reglamento InvestEU], en un plazo de nueve meses a partir de la aprobación del acuerdo de contribución, los correspondientes importes aportados al fondo de provisión común en concepto de provisiones se volverán a transferir al programa o programas originales y el Estado miembro presentará la correspondiente solicitud de modificación del programa. En este caso concreto, los recursos de años civiles anteriores podrán modificarse, siempre que los compromisos aún no se hayan ejecutado.
Enmienda 108
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 7
7.  Los recursos devengados por los importes aportados a InvestEU o atribuibles a ellos y entregados mediante garantías presupuestarias se pondrán a disposición del Estado miembro y se usarán en ayuda con arreglo al mismo objetivo u objetivos en forma de instrumentos financieros.
7.  Los recursos devengados por los importes aportados a InvestEU o atribuibles a ellos y entregados mediante garantías presupuestarias se pondrán a disposición del Estado miembro y de la autoridad local o regional afectados por la contribución, y se usarán en ayuda con arreglo al mismo objetivo u objetivos en forma de instrumentos financieros.
Enmienda 109
Propuesta de Reglamento
Artículo 11 apartado 1 – párrafo 1
En cada objetivo específico, el presente Reglamento establece condiciones previas para su ejecución eficaz y eficiente (en lo sucesivo, «condiciones favorables»).
En cada objetivo específico, el presente Reglamento establece condiciones previas para su ejecución eficaz y eficiente (en lo sucesivo, «condiciones favorables»). Las condiciones favorables se aplicarán únicamente en la medida en que contribuyan a conseguir los objetivos específicos del programa.
Enmienda 110
Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2
2.  Al preparar un programa o introducir un nuevo objetivo específico como parte de la modificación de un programa, el Estado miembro evaluará si se cumplen las condiciones favorables vinculadas al objetivo específico seleccionado. Se cumple una condición favorable cuando se satisfacen todos los criterios relativos a ella. En cada programa o modificación de un programa, el Estado miembro determinará qué condiciones favorables se cumplen o se incumplen y, si considera que una condición favorable se cumple, lo justificará.
2.  Al preparar un programa o introducir un nuevo objetivo específico como parte de la modificación de un programa, el Estado miembro evaluará si se cumplen las condiciones favorables vinculadas al objetivo específico seleccionado. Se cumple una condición favorable cuando se satisfacen todos los criterios relativos a ella. En cada programa o modificación de un programa, el Estado miembro determinará qué condiciones favorables se cumplen o se incumplen y, si considera que una condición favorable se cumple, lo justificará. A petición de un Estado miembro, el BEI podrá contribuir a las evaluaciones de las acciones necesarias para cumplir las condiciones favorables pertinentes.
Enmienda 111
Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 4 – párrafo 1
La Comisión dispondrá de un plazo de tres meses a partir de la información mencionada en el apartado 3 para llevar a cabo una evaluación e informar al Estado miembro de si está de acuerdo con el cumplimiento de la condición favorable.
La Comisión dispondrá de un plazo de dos meses a partir de la información mencionada en el apartado 3 para llevar a cabo una evaluación e informar al Estado miembro de si está de acuerdo con el cumplimiento de la condición favorable.
Enmienda 112
Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 4 – párrafo 2
Si la Comisión no está de acuerdo con la evaluación del Estado miembro, se lo comunicará y le dará la oportunidad de presentar sus observaciones en el plazo de un mes.
Si la Comisión no está de acuerdo con la evaluación del Estado miembro, se lo comunicará y le dará la oportunidad de presentar sus observaciones en el plazo máximo de dos meses.
Enmienda 113
Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 5 – párrafo 1
No se podrá incluir en las solicitudes de pago el gasto relativo a operaciones correspondientes al objetivo específico de que se trate hasta que la Comisión haya informado al Estado miembro del cumplimiento de la condición favorable con arreglo a lo dispuesto en el apartado 4.
Se podrá incluir en las solicitudes de pago el gasto relativo a operaciones correspondientes al objetivo específico de que se trate antes de que la Comisión haya informado al Estado miembro del cumplimiento de la condición favorable con arreglo a lo dispuesto en el apartado 4, sin perjuicio de la suspensión del reembolso hasta que se cumpla la condición.
Enmienda 115
Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1
El Estado miembro establecerá un marco de rendimiento que permita el seguimiento, la presentación de informes y la evaluación del rendimiento de los programas durante su ejecución, y contribuya a medir el rendimiento global de los Fondos.
El Estado miembro, si procede en cooperación con las autoridades locales y regionales, establecerá un marco de rendimiento que permita el seguimiento, la presentación de informes y la evaluación del rendimiento de los programas durante su ejecución, y contribuya a medir el rendimiento global de los Fondos.
Enmienda 116
Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2
2.  Las etapas y las metas se fijarán en relación con cada objetivo específico dentro de un programa, con la excepción de la asistencia técnica y del objetivo específico para subsanar las carencias materiales establecido en el artículo [4, letra c), inciso vii)] del Reglamento del FSE+.
2.  Las etapas y las metas se fijarán en relación con cada objetivo específico dentro de un programa, con la excepción de la asistencia técnica y del objetivo específico para subsanar las carencias materiales establecido en el artículo [4, apartado 1, inciso xi)] del Reglamento del FSE+.
Enmienda 117
Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – parte introductoria
1.  En el caso de los programas que reciban ayuda del FEDER, el FSE+ y el Fondo de Cohesión, el Estado miembro revisará cada programa teniendo en cuenta los siguientes elementos:
1.  En el caso de los programas que reciban ayuda del FEDER, el FSE+ y el Fondo de Cohesión, el Estado miembro y las autoridades de gestión competentes revisarán cada programa teniendo en cuenta los siguientes elementos:
Enmienda 118
Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra a
a)  los retos identificados en las recomendaciones específicas pertinentes por país adoptadas en 2024;
a)  los nuevos retos identificados en las recomendaciones específicas pertinentes por país adoptadas en 2024 y los objetivos identificados en la implementación de los planes nacionales integrados de energía y clima, si procede;
Enmienda 119
Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra b
b)  la situación socioeconómica del Estado miembro o la región de que se trate;
b)  la situación socioeconómica del Estado miembro o la región de que se trate, en particular el estado de la puesta en práctica del pilar europeo de derechos sociales y las necesidades territoriales con vistas a reducir las disparidades, así como las desigualdades económicas y sociales;
Enmienda 120
Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra d bis (nueva)
d bis)  todo cambio financiero, económico o social negativo importante que requiera un ajuste de los programas, también como consecuencia de conmociones simétricas o asimétricas en los Estados miembros y sus regiones.
Enmienda 121
Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 1
El Estado miembro presentará a la Comisión, como máximo el 31 de marzo de 2025, una solicitud de modificación de cada programa de conformidad con el artículo 19, apartado 1. El Estado miembro justificará la modificación basándose en los elementos establecidos en el apartado 1.
En función del resultado de la revisión, el Estado miembro presentará a la Comisión, como máximo el 31 de marzo de 2025, una solicitud de modificación de cada programa de conformidad con el artículo 19, apartado 1, o comunicará que no se ha solicitado ninguna modificación. El Estado miembro justificará la modificación basándose en los elementos establecidos en el apartado 1 o, si procede, explicará los motivos por los que no solicita la modificación de un programa.
Enmienda 122
Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 2 – letra a
a)  asignaciones de los recursos financieros por prioridad, incluidos los importes correspondientes a 2026 y 2027;
a)  las asignaciones iniciales revisadas de los recursos financieros por prioridad, incluidos los importes correspondientes a 2026 y 2027;
Enmienda 123
Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 2 – letra b bis (nueva)
b bis)   los importes de las contribuciones previstas a InvestEU por Fondos y por categoría de regiones, si procede;
Enmienda 124
Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 bis (nuevo)
3 bis.   La Comisión adoptará, a más tardar el 31 de marzo de 2026, un informe que resuma los resultados de la revisión a que se refieren los apartados 1 y 2. La Comisión transmitirá este informe al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones.
Enmiendas 425/rev, 444/rev, 448 y 469
Propuesta de Reglamento
Artículo 15
[...]
suprimido
Enmienda 140
Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1
1.  Los Estados miembros prepararán los programas para la ejecución de los Fondos correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2027.
1.  Los Estados miembros, en cooperación con los socios mencionados en el artículo 6, prepararán los programas para la ejecución de los Fondos correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2027.
Enmienda 141
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 1
Un programa se compondrá de prioridades. Cada prioridad corresponderá a un único objetivo político o a la asistencia técnica. Una prioridad correspondiente a un objetivo político se compondrá de uno o más objetivos específicos. Más de una prioridad puede corresponder al mismo objetivo político.
Un programa se compondrá de prioridades. Cada prioridad corresponderá a uno o varios objetivos políticos o a la asistencia técnica. Una prioridad correspondiente a un objetivo político se compondrá de uno o más objetivos específicos. Más de una prioridad puede corresponder al mismo objetivo político.
Enmienda 142
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a – inciso i
i)  las disparidades económicas, sociales y territoriales, excepto en el caso de los programas que reciben ayuda del FEMP;
i)  las disparidades económicas, sociales y territoriales y las desigualdades, excepto en el caso de los programas que reciben ayuda del FEMP;
Enmienda 143
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a – inciso ii
ii)  las deficiencias del mercado, las necesidades de inversión y los aspectos complementarios con otras modalidades de ayuda;
ii)  las deficiencias del mercado, las necesidades de inversión y los aspectos complementarios y sinergias con otras modalidades de ayuda;
Enmienda 144
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a – inciso iii
iii)  los retos identificados en las recomendaciones específicas pertinentes por país y otras recomendaciones pertinentes de la Unión dirigidas al Estado miembro;
iii)  los retos identificados en las recomendaciones específicas pertinentes por país;
Enmienda 145
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a – inciso iv
iv)  los retos en materia de capacidad administrativa y gobernanza;
iv)  los retos en materia de capacidad administrativa y gobernanza y medidas de simplificación;
Enmienda 146
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a – inciso iv bis (nuevo)
iv bis)   un enfoque integrado para abordar los retos demográficos, en su caso;
Enmienda 147
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a – inciso vi bis (nuevo)
vi bis)   los retos y objetivos relacionados identificados en los planes nacionales de energía y clima y en el pilar europeo de derechos sociales;
Enmienda 148
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a – inciso vii
vii)  en el caso de los programas que reciben ayuda del FAMI, el FSI y el IGFV, los avances en la aplicación del acervo de la Unión y de los planes de acción pertinentes;
vii)  en el caso de los programas que reciben ayuda del FAMI, el FSI y el IGFV, los avances en la aplicación del acervo de la Unión y de los planes de acción pertinentes, así como las deficiencias detectadas;
Enmienda 149
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 1 – letra d – inciso i
i)  los tipos de acciones relacionados, incluida una lista de operaciones de importancia estratégica planificadas, y su contribución prevista a esos objetivos específicos y a estrategias macrorregionales y estrategias de cuencas marítimas, si procede;
i)  los tipos de acciones relacionados, incluida una lista indicativa y un calendario de operaciones de importancia estratégica planificadas, y su contribución prevista a esos objetivos específicos y a estrategias macrorregionales y estrategias de cuencas marítimas, si procede;
Enmienda 150
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 1 – letra d – inciso iii bis (nuevo)
iii bis)   las acciones dirigidas a proteger la igualdad, la inclusión y la no discriminación;
Enmienda 151
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 1 – letra d – inciso v
v)  las acciones interregionales y transnacionales con beneficiarios de por lo menos otro Estado miembro;
v)  las acciones interregionales, transfronterizas y transnacionales con beneficiarios de por lo menos otro Estado miembro;
Enmienda 152
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 1 – letra d – inciso v bis (nuevo)
v bis)   la sostenibilidad de las inversiones;
Enmienda 153
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 1 – letra d – inciso vii bis (nuevo)
vii bis)   una descripción del modo en que se buscarán aspectos complementarios y sinergias con otros Fondos e instrumentos;
Enmienda 154
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 1 – letra i
i)  el enfoque previsto para las actividades de comunicación y visibilidad del programa mediante la definición de sus objetivos, el público destinatario, los canales de comunicación, la presencia en los medios sociales, el presupuesto planificado y los indicadores pertinentes de seguimiento y evaluación;
i)  el enfoque previsto para las actividades de comunicación y visibilidad del programa mediante la definición de sus objetivos, el público destinatario, los canales de comunicación, cuando proceda la presencia en los medios sociales, así como el presupuesto planificado y los indicadores pertinentes de seguimiento y evaluación;
Enmienda 155
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 1 – letra j
j)  la autoridad de gestión, la autoridad de auditoría y el organismo al que la Comisión hará los pagos.
j)  la autoridad de gestión, la autoridad de auditoría, el organismo responsable de la función de contabilidad contemplada en el artículo 70 y el organismo al que la Comisión hará los pagos.
Enmienda 156
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 2
Las letras c) y d) del presente apartado no se aplicarán al objetivo específico establecido en el artículo [4, letra c), inciso vii)] del Reglamento del FSE+.
Las letras c) y d) del presente apartado no se aplicarán al objetivo específico establecido en el artículo [4, apartado 1, inciso xi)] del Reglamento del FSE+.
Enmienda 157
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 2 bis (nuevo)
Se adjuntará al programa un informe medioambiental que contenga información relevante sobre los efectos en el medio ambiente de conformidad con la Directiva 2001/42/CE, teniendo en cuenta las necesidades de mitigación del cambio climático.
Enmienda 158
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 6
6.  En el caso de los programas del FEDER, el FSE+ y el Fondo de Cohesión presentados de conformidad con el artículo 16, el cuadro mencionado en el apartado 3, letra f), inciso ii) incluirá únicamente los importes correspondientes a los ejercicios 2021 a 2025.
6.  En el caso de los programas del FEDER, el FSE+ y el Fondo de Cohesión presentados de conformidad con el artículo 16, el cuadro mencionado en el apartado 3, letra f), inciso ii) incluirá los importes correspondientes a los ejercicios 2021 a 2027.
Enmienda 160
Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1
1.  La Comisión evaluará el programa y si cumple lo dispuesto en el presente Reglamento y en los Reglamentos específicos de cada Fondo, así como su conformidad con el Acuerdo de Asociación. En su evaluación, la Comisión tendrá en cuenta, en particular, las recomendaciones específicas pertinentes por país.
1.  La Comisión evaluará el programa y si cumple lo dispuesto en el presente Reglamento y en los Reglamentos específicos de cada Fondo, así como su conformidad con el Acuerdo de Asociación. En su evaluación, la Comisión tendrá en cuenta, en particular, las recomendaciones específicas pertinentes por país, así como los retos pertinentes identificados en la aplicación de los planes nacionales integrados de energía y clima y en el pilar europeo de derechos sociales y el modo en que se afrontan.
Enmienda 161
Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2
2.  La Comisión podrá presentar sus observaciones en el plazo de tres meses a partir de la fecha en que el Estado miembro presente el programa.
2.  La Comisión podrá presentar sus observaciones en el plazo de dos meses a partir de la fecha en que el Estado miembro presente el programa.
Enmienda 162
Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3
3.  El Estado miembro revisará el programa teniendo en cuenta las observaciones realizadas por la Comisión.
3.  El Estado miembro revisará el programa teniendo en cuenta las observaciones realizadas por la Comisión, el Consejo y el Parlamento en el plazo de dos meses a partir de su presentación.
Enmienda 163
Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 4
4.  La Comisión adoptará una decisión, mediante un acto de ejecución por el que se aprobará el programa, en un plazo máximo de seis meses a partir de la fecha en que el Estado miembro haya presentado dicho programa.
4.  La Comisión adoptará una decisión, mediante un acto de ejecución por el que se aprobará el programa, en un plazo máximo de cinco meses a partir de la fecha en que el Estado miembro haya presentado por vez primera dicho programa.
Enmienda 164
Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2
2.  La Comisión evaluará la modificación y si cumple lo dispuesto en el presente Reglamento y en los Reglamentos específicos de cada Fondo, incluidos los requisitos a nivel nacional, y podrá formular observaciones en el plazo de tres meses a partir de la presentación del programa modificado.
2.  La Comisión evaluará la modificación y si cumple lo dispuesto en el presente Reglamento y en los Reglamentos específicos de cada Fondo, incluidos los requisitos a nivel nacional, y podrá formular observaciones en el plazo de dos meses a partir de la presentación del programa modificado.
Enmienda 165
Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3
3.  El Estado miembro revisará el programa modificado y tendrá en cuenta las observaciones realizadas por la Comisión.
3.  El Estado miembro revisará el programa modificado y tendrá en cuenta las observaciones realizadas por la Comisión en el plazo de dos meses a partir de su presentación.
Enmienda 166
Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4
4.  La Comisión aprobará la modificación de un programa en un plazo máximo de seis meses a partir de la fecha en que el Estado miembro la presente.
4.  La Comisión aprobará la modificación de un programa en un plazo máximo de tres meses a partir de la fecha en que el Estado miembro la presente.
Enmienda 167
Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 5 – párrafo 1
Durante el período de programación, el Estado miembro podrá transferir un importe del 5 % como máximo de la asignación inicial de una prioridad y del 3 % como máximo del presupuesto del programa a otra prioridad del mismo Fondo del mismo programa. En el caso de los programas que reciben ayuda del FEDER y del FSE+, la transferencia solo se podrá hacer con asignaciones de la misma categoría de regiones.
Durante el período de programación, el Estado miembro podrá transferir un importe del 7 % como máximo de la asignación inicial de una prioridad y del 5 % como máximo del presupuesto del programa a otra prioridad del mismo Fondo del mismo programa. Al hacerlo, el Estado miembro deberá respetar el código de conducta establecido por el Reglamento Delegado de la Comisión (UE) n.º 240/2014. En el caso de los programas que reciben ayuda del FEDER y del FSE+, la transferencia solo se podrá hacer con asignaciones de la misma categoría de regiones.
Enmienda 168
Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 6
6.  En el caso de las correcciones de índole puramente administrativa o de redacción que no afecten a la ejecución del programa, no será precisa la aprobación de la Comisión. Los Estados miembros informarán a la Comisión de tales correcciones.
6.  En el caso de las correcciones de índole puramente administrativa, técnica o de redacción que no afecten a la ejecución del programa, no será precisa la aprobación de la Comisión. Los Estados miembros informarán a la Comisión de tales correcciones.
Enmienda 169
Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2
2.  El FEDER y el FSE+ podrán financiar, de forma complementaria y con un límite del 10 % de la ayuda de dichos Fondos por cada prioridad de un programa, la totalidad o una parte de una operación cuyos costes sean elegibles para la ayuda del otro Fondo según las normas de elegibilidad que se le apliquen, a condición de que esos costes sean necesarios para la ejecución de la operación.
2.  El FEDER y el FSE+ podrán financiar, de forma complementaria y con un límite del 15 % de la ayuda de dichos Fondos por cada prioridad de un programa, la totalidad o una parte de una operación cuyos costes sean elegibles para la ayuda del otro Fondo según las normas de elegibilidad que se le apliquen, a condición de que esos costes sean necesarios para la ejecución de la operación.
Enmienda 170
Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1
1.  Los Estados miembros podrán solicitar una transferencia del 5 % como máximo de las asignaciones financieras del programa de cualquiera de los Fondos a cualquier otro Fondo en régimen de gestión compartida o a cualquier instrumento en régimen de gestión directa o indirecta.
1.  Con el fin de garantizar la flexibilidad, los Estados miembros podrán solicitar, si así lo acuerda el comité de seguimiento del programa, una transferencia del 5% como máximo de las asignaciones financieras del programa de cualquiera de los Fondos al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo Plus, el Fondo de Cohesión o el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
Enmiendas 171 y 434
Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2
2.  Los recursos transferidos se ejecutarán con arreglo a las normas del Fondo o del instrumento al que se transfieren dichos recursos y, en el caso de que la transferencia se haga a instrumentos en régimen de gestión directa o indirecta, en beneficio del Estado miembro de que se trate.
2.  Los recursos transferidos se ejecutarán con arreglo a las normas del Fondo o del instrumento al que se transfieren dichos recursos.
Enmiendas 172, 433 y 434
Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3
3.  En las solicitudes con arreglo al apartado 1 se deberá establecer el importe total transferido cada año desglosado por Fondos y categorías de regiones, cuando proceda, acompañado de la debida justificación, e indicando el programa o programas revisados de los que se desea transferir recursos con arreglo al artículo 19, así como a qué otro Fondo o instrumento se transfieren los importes.
3.  En las solicitudes con arreglo al apartado 1 se deberá establecer el importe total transferido cada año desglosado por Fondos y categorías de regiones, cuando proceda, acompañado de la debida justificación con vistas a los aspectos complementarios y al impacto que se espera obtener, e indicando el programa o programas revisados de los que se desea transferir recursos con arreglo al artículo 19, así como a qué otro Fondo o instrumento se transfieren los importes.
Enmienda 173
Propuesta de Reglamento
Título III – capítulo I bis (nuevo)
CAPÍTULO I bis - Grandes proyectos
Enmienda 174
Propuesta de Reglamento
Artículo 21 bis (nuevo)
Artículo 21 bis
Contenido
Como parte de un programa o programas, el FEDER y el Fondo de Cohesión podrán apoyar una operación que comprenda una serie de trabajos, actividades o servicios dirigida a efectuar una tarea indivisible de una naturaleza económica o técnica precisa con objetivos claramente determinados y un coste total elegible superior a 100 000 000 EUR («gran proyecto»). Los instrumentos financieros no se considerarán grandes proyectos.
Enmienda 175
Propuesta de Reglamento
Artículo 21 ter (nuevo)
Artículo 21 ter
Información necesaria para la aprobación de un gran proyecto
Antes de la aprobación de un gran proyecto, la autoridad de gestión presentará a la Comisión la siguiente información:
a)  datos relativos al organismo que vaya a encargarse de la ejecución del gran proyecto así como a su capacidad;
b)  una descripción de la inversión y su ubicación;
c)  el coste total y el coste elegible total;
d)  los estudios de viabilidad realizados, incluido un análisis de las opciones, y los resultados;
e)  un análisis coste-beneficio, incluido un análisis económico y financiero, y una evaluación de riesgos;
f)  un análisis del impacto medioambiental, teniendo en cuenta las necesidades por lo que respecta a la adaptación al cambio climático y su mitigación, así como la resiliencia frente a las catástrofes;
g)  una explicación sobre el modo en que el gran proyecto es coherente con las prioridades pertinentes del programa o los programas de que se trate, así como sobre su contribución prevista a la consecución de los objetivos específicos de dichas prioridades y la contribución prevista al desarrollo socioeconómico;
h)  el plan de financiación donde figuren los recursos financieros totales planeados y la ayuda prevista de los Fondos, el BEI y todas las demás fuentes de financiación, junto con indicadores físicos y financieros para hacer un seguimiento de los avances, teniendo en cuenta los riesgos identificados;
i)  el calendario de ejecución del gran proyecto y, si se espera que el período de ejecución sea más prolongado que el período de programación, las fases para las que se solicita ayuda de los Fondos durante el período de programación.
Enmienda 176
Propuesta de Reglamento
Artículo 21 quater (nuevo)
Artículo 21 quater
Decisión sobre un gran proyecto
1.  La Comisión evaluará el gran proyecto sobre la base de la información contemplada en el artículo 21 ter a fin de determinar si está justificada la contribución financiera solicitada para el gran proyecto seleccionado por la autoridad de gestión. La Comisión adoptará, mediante un acto de ejecución, una decisión sobre la aprobación de la contribución financiera al gran proyecto seleccionado a más tardar en un plazo de tres meses a partir de la fecha de presentación de la información contemplada en el artículo 21 ter.
2.  La aprobación por parte de la Comisión en virtud del apartado 1 estará condicionada a la celebración del contrato de los trabajos iniciales o, en el caso de las operaciones ejecutadas en el marco de estructuras de asociaciones público-privadas (APP), a la firma del acuerdo de APP entre el organismo público y el organismo del sector privado, en los tres años siguientes a la fecha de la aprobación.
3.  Si la Comisión no aprueba la contribución financiera al gran proyecto seleccionado, motivará en su decisión las razones de la denegación.
4.  Los grandes proyectos sometidos a aprobación en virtud del apartado 1 figurarán en la lista de grandes proyectos en un programa.
5.  El gasto relacionado con un gran proyecto podrá incluirse en una solicitud de pago tras la presentación para su aprobación contemplada en el apartado 1. En caso de que la Comisión no apruebe el gran proyecto seleccionado por la autoridad de gestión, se rectificarán en consecuencia la declaración de gastos siguiente a la retirada de la solicitud del Estado miembro o la adopción de la decisión de la Comisión.
(Esta enmienda requerirá las consiguientes adaptaciones del anexo V.)
Enmienda 177
Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 1 – letra c
c)  otra herramienta territorial de apoyo a las iniciativas diseñadas por el Estado miembro para las inversiones programadas para el FEDER con arreglo al objetivo político mencionado en el artículo 4, apartado 1, letra e).
c)  otra herramienta territorial de apoyo a las iniciativas diseñadas por el Estado miembro para las inversiones programadas con arreglo al objetivo político mencionado en el artículo 4, apartado 1, letra e).
Enmienda 178
Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 1 bis (nuevo)
Los Estados miembros garantizarán la coherencia y la coordinación cuando las estrategias de desarrollo local estén financiadas por más de un Fondo.
Enmienda 179
Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a
a)  zona geográfica cubierta por la estrategia;
a)  zona geográfica cubierta por la estrategia incluidas las interrelaciones económicas, sociales y medioambientales;
Enmienda 180
Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d
d)  descripción de la participación de los socios de conformidad con el artículo 6 en la preparación y la ejecución de la estrategia.
d)  descripción de la participación de los socios contemplados en el artículo 6 en la preparación y la ejecución de la estrategia.
Enmienda 181
Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2
2.  Las estrategias territoriales se elaborarán bajo la responsabilidad de las autoridades u organismos territoriales pertinentes, ya sean urbanos, locales o de otra índole.
2.  Las estrategias territoriales se elaborarán y se aprobarán bajo la responsabilidad de las autoridades públicas pertinentes, ya sean regionales, locales o de otra índole. Los documentos estratégicos ya existentes que afecten a las zonas cubiertas podrán ser actualizados y utilizados como estrategias territoriales.
Enmienda 182
Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3 – párrafo 1
Cuando la lista de operaciones que vayan a recibir ayuda no se haya incluido en la estrategia territorial, las autoridades u organismos territoriales pertinentes, ya sean urbanos, locales o de otra índole, seleccionarán las operaciones o participarán en su selección.
Cuando la lista de operaciones que vayan a recibir ayuda no se haya incluido en la estrategia territorial, las autoridades u organismos territoriales pertinentes, ya sean regionales, locales o de otra índole, seleccionarán las operaciones o participarán en su selección.
Enmienda 183
Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3 bis (nuevo)
3 bis.   Al preparar las estrategias territoriales, las entidades mencionadas en el apartado 2 cooperarán con las autoridades de gestión competentes, con el fin de determinar el ámbito de aplicación de las operaciones que reciban ayuda en el marco del programa en cuestión.
Enmienda 184
Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4
4.  Cuando una autoridad u organismo territorial, ya sea urbano, local o de otra índole, realice tareas distintas de la selección de operaciones y que sean responsabilidad de la autoridad de gestión, dicha autoridad de gestión deberá identificar a la autoridad u organismo de que se trate como organismo intermedio.
4.  Cuando una autoridad u organismo público, ya sea regional, local o de otra índole, realice tareas distintas de la selección de operaciones y que sean responsabilidad de la autoridad de gestión, dicha autoridad de gestión deberá identificar a la autoridad u organismo de que se trate como organismo intermedio.
Enmienda 185
Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)
Las operaciones seleccionadas pueden recibir ayuda en el marco de más de una prioridad del mismo programa.
Enmienda 186
Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1
1.  Cuando una estrategia ejecutada de conformidad con el artículo 23 conlleve inversiones que reciban ayuda de uno o varios Fondos, de más de un programa o de más de una prioridad del mismo programa, las acciones podrán llevarse a cabo como inversión territorial integrada («ITI»).
1.  Cuando una estrategia ejecutada de conformidad con el artículo 23 conlleve inversiones que reciban ayuda de uno o de más de un Fondo, de más de un programa o de más de una prioridad del mismo programa, las acciones podrán llevarse a cabo como inversión territorial integrada («ITI»). Cuando proceda, cada ITI podrá complementarse con apoyo financiero del Feader.
Enmienda 187
Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2 bis (nuevo)
2 bis.   Cuando la lista de operaciones que vayan a recibir ayuda no se haya incluido en la estrategia territorial, las autoridades u organismos públicos pertinentes, ya sean regionales, locales o de otra índole, seleccionarán las operaciones o participarán en su selección.
Enmienda 188
Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1
1.  El FEDER, el FSE+ y el FEMP podrán prestar apoyo al desarrollo local participativo.
1.  El FEDER, el FSE+, el FEMP y el Feader prestarán apoyo al desarrollo local participativo. En el contexto del Feader, este desarrollo se designará como «desarrollo local LEADER».
Enmienda 189
Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – letra b
b)  esté dirigido por grupos de acción local compuestos por representantes de los intereses socioeconómicos locales públicos y privados, en los que ningún grupo de interés único controle la toma de decisiones;
b)  esté dirigido por grupos de acción local compuestos por representantes de los intereses socioeconómicos locales públicos y privados, en los que ningún grupo de interés único, incluido el sector público, controle la toma de decisiones;
Enmienda 190
Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – letra d
d)  preste apoyo al establecimiento de redes, incluya aspectos innovadores en el contexto local y, cuando proceda, contribuya a la cooperación con otros agentes territoriales.
d)  preste apoyo al establecimiento de redes, a los enfoques ascendentes, a la accesibilidad, a los aspectos innovadores en el contexto local y, cuando proceda, a la cooperación con otros agentes territoriales.
Enmienda 191
Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 4
4.  Cuando la ejecución de una estrategia de este tipo conlleve la ayuda de más de un Fondo, las autoridades de gestión pertinentes podrán elegir uno de los Fondos en cuestión como Fondo principal.
4.  Cuando la ejecución de una estrategia de este tipo conlleve la ayuda de más de un Fondo, las autoridades de gestión pertinentes podrán elegir uno de los Fondos en cuestión como Fondo principal. Asimismo, podrá especificarse el tipo de medidas y operaciones que han de financiarse por medio de cada uno de los Fondos de que se trate.
Enmienda 192
Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – letra d
d)  objetivos de dicha estrategia, incluidos valores mensurables de las metas fijadas para los resultados, y las correspondientes acciones planificadas;
d)  objetivos de dicha estrategia, incluidos valores mensurables de las metas fijadas para los resultados, y las correspondientes acciones planificadas como respuesta a las necesidades locales identificadas por la comunidad local;
Enmienda 193
Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – letra f
f)  plan financiero, incluida la asignación prevista de cada Fondo y programa participantes.
f)  plan financiero, incluida la asignación prevista de cada Fondo, incluido si procede el Feader, y cada programa participantes.
Enmienda 194
Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 4
4.  En la decisión de aprobación de una estrategia se establecerán la asignación de cada uno de los Fondos y programas participantes y las responsabilidades relativas a las tareas de gestión y control del programa o programas.
4.  En la decisión de aprobación de una estrategia se establecerán la asignación de cada uno de los Fondos y programas participantes y las responsabilidades relativas a las tareas de gestión y control del programa o programas. Las correspondientes contribuciones públicas nacionales se garantizarán por adelantado para todo el período.
Enmienda 195
Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2
2.  Las autoridades de gestión deberán velar por que los grupos de acción local o bien seleccionen un socio del grupo que actúe como socio principal en los asuntos administrativos y financieros, o bien se presenten como una estructura común legalmente constituida.
2.  Las autoridades de gestión deberán velar por que los grupos de acción local sean inclusivos y,o bien designen a un socio del grupo que actúe como socio principal en los asuntos administrativos y financieros, o bien se presenten como una estructura común legalmente constituida, con el fin de llevar a cabo las tareas relativas a la estrategia de desarrollo local participativo.
Enmienda 196
Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 3 – letra a
a)  generar la capacidad de los agentes locales para desarrollar y ejecutar las operaciones;
a)  generar la capacidad administrativa de los agentes locales para desarrollar y ejecutar las operaciones;
Enmienda 197
Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 5
5.  El grupo de acción local podrá ser un beneficiario y ejecutar las operaciones de conformidad con la estrategia.
5.  El grupo de acción local podrá ser un beneficiario y ejecutar las operaciones de conformidad con la estrategia, fomentando la separación de funciones dentro del grupo de acción local.
Enmienda 198
Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – parte introductoria
1.  El Estado miembro velará por que la cobertura de la ayuda de los Fondos al desarrollo local participativo incluya los siguientes elementos:
1.  Con miras a garantizar la complementariedad y las sinergias, el Estado miembro velará por que la cobertura de la ayuda de los Fondos al desarrollo local participativo incluya los siguientes elementos:
Enmienda 199
Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – letra a
a)  desarrollo de capacidades y medidas preparatorias de apoyo al diseño y la ejecución futura de las estrategias;
a)  desarrollo de capacidades administrativas y medidas preparatorias de apoyo al diseño y la ejecución futura de las estrategias;
Enmienda 200
Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – letra b bis (nueva)
b bis)   animación de la estrategia de desarrollo local participativo a fin de facilitar el intercambio entre las partes interesadas, proporcionarles información y apoyar a los posibles beneficiarios en la preparación de sus solicitudes;
Enmienda 201
Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 bis (nuevo)
1 bis.   Las medidas a que se refiere el párrafo primero podrán incluir, en particular:
a)  asistencia para la preparación y valoración de proyectos;
b)  apoyo al refuerzo institucional y creación de capacidades administrativas para la gestión eficaz de los Fondos;
c)  estudios relacionados con los informes de la Comisión sobre los Fondos y el informe de cohesión;
d)  medidas relacionadas con el análisis, la gestión, el seguimiento, el intercambio de información y la ejecución de los Fondos, así como medidas relacionadas con la aplicación de los sistemas de control y la asistencia técnica y administrativa;
e)  evaluaciones, informes de expertos, estadísticas y estudios, incluidos los de naturaleza general, relativos al funcionamiento actual y futuro de los Fondos;
f)  medidas encaminadas a difundir información, apoyar la creación de redes, si procede, realizar actividades de comunicación, con particular atención a los resultados y el valor añadido del apoyo de los Fondos, y a concienciar y promover la cooperación y el intercambio de experiencia, también con terceros países;
g)  la instalación, el funcionamiento y la interconexión de sistemas informatizados de gestión, seguimiento, auditoría, control y evaluación;
h)  acciones para mejorar los métodos de evaluación y el intercambio de información sobre prácticas de evaluación;
i)  acciones relacionadas con la auditoría;
j)  el refuerzo de la capacidad nacional y regional en relación con la planificación de inversiones, las necesidades de financiación, la preparación, la concepción y la ejecución de instrumentos financieros, planes de acción conjuntos y grandes proyectos;
k)  la divulgación de buenas prácticas con el fin de ayudar a los Estados miembros a reforzar la capacidad de los socios pertinentes a los que se refiere el artículo 6, apartado 1, y de sus organizaciones centrales.
Enmienda 202
Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 ter (nuevo)
1 ter.   La Comisión dedicará al menos el 15 % de los recursos para asistencia técnica a iniciativa de la Comisión a mejorar la eficacia de la comunicación con el público y a reforzar las sinergias entre las actividades de comunicación llevadas a cabo a iniciativa de la Comisión mediante la ampliación de la base de conocimiento de los resultados, en particular a través de una recogida y una difusión más eficaces de los datos, de evaluaciones e informes y, especialmente, destacando la contribución de los Fondos a la mejora de la vida de los ciudadanos y aumentando la visibilidad del apoyo de los Fondos así como incrementando la sensibilización en cuanto a los resultados y el valor añadido de dicho apoyo. Las medidas de información, comunicación y visibilidad en lo que respecta a los resultados y el valor añadido del apoyo de los Fondos, con especial énfasis en las operaciones, se mantendrán con posterioridad a la finalización de los programas, cuando corresponda. También contribuirán a la comunicación institucional de las prioridades políticas de la Unión en la medida en que tengan relación con los objetivos generales del presente Reglamento.
Enmienda 203
Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2
2.  Estas acciones podrán corresponder a períodos de programación futuros y anteriores.
2.  Estas acciones podrán corresponder a períodos de programación anteriores y futuros.
Enmienda 204
Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2 bis (nuevo)
2 bis.  Con el fin de evitar situaciones en las que se suspendan los pagos, la Comisión velará por que los Estados miembros y las regiones que padezcan problemas de cumplimiento debido a la falta de capacidad administrativa reciban asistencia técnica adecuada para mejorar dicha capacidad.
Enmienda 205
Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1
1.  A iniciativa de un Estado miembro, los Fondos podrán prestar ayuda a acciones necesarias para la administración y el uso eficaz de los Fondos; estas acciones podrán corresponder a períodos de programación anteriores y posteriores.
1.  A iniciativa de un Estado miembro, los Fondos podrán prestar ayuda a acciones necesarias para la administración y el uso eficaz de los Fondos, para el desarrollo de capacidades de los socios mencionados en el artículo 6, así como para garantizar funciones tales como la preparación, la formación, la gestión, el seguimiento, la evaluación, la visibilidad y la comunicación; estas acciones podrán corresponder a períodos de programación anteriores y posteriores.
Enmienda 206
Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 3
3.  Dentro de cada programa, la asistencia técnica adoptará la forma de una prioridad relativa a un único Fondo.
3.  Dentro de cada programa, la asistencia técnica adoptará la forma de una prioridad relativa a un único Fondo o a varios Fondos.
Enmienda 207
Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – parte introductoria
2.  El porcentaje de los Fondos que se reembolsará en concepto de asistencia técnica será el siguiente:
2.  Sobre la base de un acuerdo entre la Comisión y los Estados miembros y teniendo en cuenta el plan financiero del programa, el porcentaje de los Fondos que se reembolsará en concepto de asistencia técnica podrá ascender a hasta:
Enmienda 208
Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – letra a
a)  ayuda del FEDER correspondiente al objetivo de inversión en empleo y crecimiento y ayuda del Fondo de Cohesión: 2,5 %;
a)  ayuda del FEDER correspondiente al objetivo de inversión en empleo y crecimiento y ayuda del Fondo de Cohesión: 3 %;
Enmienda 209
Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – letra b
b)  ayuda del FSE+: 4 %; programas con arreglo al artículo 4, apartado 1, letra c), inciso vii), del Reglamento del FSE+: 5 %; 5 %;
b)  ayuda del FSE+: 5 %; programas con arreglo al artículo 4, apartado 1, inciso xi), del Reglamento del FSE+: 6 %;
Enmienda 210
Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – letra d
d)  ayuda del FAMI, el FSI y el IGFV: 6 %.
d)  ayuda del FAMI, el FSI y el IGFV: 7 %.
Enmienda 211
Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)
En el caso de las regiones ultraperiféricas, el porcentaje para a), b) y c) será hasta un 1 % más elevado.
Enmienda 212
Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – párrafo 1
Además del artículo 31, el Estado miembro podrá proponer que se emprendan acciones adicionales de asistencia técnica para reforzar la capacidad de las autoridades del Estado miembro, los beneficiarios y los socios pertinentes, cuando sea necesario para la administración y el uso eficaz de los Fondos.
Además del artículo 31, el Estado miembro podrá proponer que se emprendan acciones adicionales de asistencia técnica para reforzar la capacidad institucional y la eficiencia de las autoridades y los servicios públicos, los beneficiarios y los socios pertinentes, cuando sea necesario para la administración y el uso eficaz de los Fondos.
Enmienda 213
Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – párrafo 2
La ayuda para tales acciones se ejecutará mediante financiación no vinculada a los costes de conformidad con el artículo 89.
La ayuda para tales acciones se ejecutará mediante financiación no vinculada a los costes de conformidad con el artículo 89. Podrá prestarse la asistencia técnica en forma de un programa específico opcional, bien a través de una financiación no relacionada con los costes de asistencia técnica, o bien a través de un reembolso de los costes directos.
Enmienda 214
Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 – párrafo 1
El Estado miembro creará un comité para hacer el seguimiento de la ejecución del programa («comité de seguimiento») en un plazo máximo de tres meses a partir de la fecha de notificación al Estado miembro en cuestión de la decisión por la que se aprueba el programa.
El Estado miembro creará un comité para hacer el seguimiento de la ejecución del programa («comité de seguimiento»), tras consultar a la autoridad de gestión, en un plazo máximo de tres meses a partir de la fecha de notificación al Estado miembro en cuestión de la decisión por la que se aprueba el programa.
Enmienda 215
Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2
2.  Cada comité de seguimiento adoptará su reglamento interno.
2.  Cada comité de seguimiento adoptará su reglamento interno, teniendo en cuenta la necesidad de plena transparencia.
Enmienda 216
Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 5
5.  Las disposiciones de los apartados 1 a 4 no se aplicarán a los programas contemplados en el artículo [4, letra c), inciso vi)] del Reglamento del FSE+ y la correspondiente asistencia técnica.
5.  Las disposiciones de los apartados 1 a 4 no se aplicarán a los programas contemplados en el artículo [4, apartado 1, inciso xi)] del Reglamento del FSE+ y la correspondiente asistencia técnica.
Enmienda 217
Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – párrafo 1
El Estado miembro determinará la composición del comité de seguimiento y garantizará una representación equilibrada de las autoridades y organismos intermedios pertinentes de los Estados miembros y de los representantes de los socios contemplados en el artículo 6.
El Estado miembro determinará la composición del comité de seguimiento y garantizará una representación equilibrada de las autoridades y organismos intermedios pertinentes de los Estados miembros y de los representantes de los socios contemplados en el artículo 6, a través de un proceso transparente.
Enmienda 218
Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2
2.  Los representantes de la Comisión participarán en los trabajos del comité de seguimiento a título consultivo.
2.  Los representantes de la Comisión participarán en los trabajos del comité de seguimiento a título de seguimiento y consultivo. Si procede, se podrá invitar a los representantes del BEI a participar en los trabajos del comité de seguimiento a título consultivo.
Enmienda 219
Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2 bis (nuevo)
2 bis.  Para el FAMI, el FSI y el IGFV, las agencias descentralizadas pertinentes participarán en los trabajos del comité de seguimiento a título consultivo.
Enmienda 220
Propuesta de Reglamento
Artículo 35 apartado 1 – letra a bis (nueva)
a bis)   propuestas de posibles medidas de simplificación para los beneficiarios;
Enmienda 221
Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – letra b
b)  cualquier problema que afecte al rendimiento del programa y las medidas adoptadas para abordarlo;
b)  cualquier problema que afecte al rendimiento del programa y las medidas adoptadas para abordarlo, incluida también, si procede, cualquier irregularidad;
Enmienda 222
Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – letra i
i)  el progreso realizado en la creación de capacidad administrativa para entidades públicas y beneficiarios, cuando corresponda.
i)  el progreso realizado en la creación de capacidad administrativa para entidades públicas, socios y beneficiarios, cuando corresponda.
Enmienda 224
Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2 – letra b
b)  los informes anuales de rendimiento de los programas que reciban ayuda del FEMP, el FAMI, el FSI y el IGFV, y el informe final de rendimiento de los programas financiados por el FEDER, el FSE+ y el Fondo de Cohesión;
b)  los informes anuales de rendimiento de los programas que reciban ayuda del FEMP, el FAMI, el FSI y el IGFV, y el informe final de rendimiento de los programas financiados por el FEDER, el FSE+ y el Fondo de Cohesión;
Enmienda 225
Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2 – letra d bis (nueva)
d bis)   los cambios en la lista de las operaciones de importancia estratégica planificadas mencionadas en el artículo 17, apartado 3, letra d);
Enmienda 226
Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2 bis (nuevo)
2 bis.   El comité de seguimiento podrá proponer a la autoridad de gestión otras funciones de intervención.
Enmienda 227
Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – párrafo 1
Se organizará una reunión anual de revisión entre la Comisión y cada Estado miembro para examinar el rendimiento de cada programa.
Se organizará una reunión anual de revisión entre la Comisión y cada Estado miembro para examinar el rendimiento de cada programa. Las autoridades de gestión participarán debidamente en este proceso.
Enmienda 228
Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 6
6.  En el caso de los programas que reciban ayuda del FEMP, el FAMI, el FSI y el IGFV, el Estado miembro presentará un informe anual de rendimiento con arreglo a los Reglamentos específicos de cada Fondo.
6.  En el caso de los programas que reciban ayuda del FEMP, el FAMI, el FSI y el IGFV, el Estado miembro presentará un informe anual de rendimiento con arreglo a los Reglamentos específicos de cada Fondo.
Enmienda 229
Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – párrafo 2
Los primeros datos se transmitirán como máximo el 31 de enero de 2022 y los últimos, el 31 de enero de 2030.
Los primeros datos se transmitirán como máximo el 28 de febrero de 2022 y los últimos, el 28 de febrero de 2030.
Enmienda 230
Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – párrafo 3
En el caso de los programas con arreglo al artículo 4, apartado 1, letra c), inciso vii), del Reglamento del FSE+, el plazo para transmitir los datos expirará el 30 de noviembre de cada año.
En el caso de los programas con arreglo al artículo 4, apartado 1, inciso xi), del Reglamento del FSE+, el plazo para transmitir los datos expirará el 30 de noviembre de cada año.
Enmienda 231
Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2 – letra a
a)  el número de operaciones seleccionadas, su coste elegible total, la contribución de los Fondos y el gasto elegible total declarado por los beneficiarios a la autoridad de gestión, todo ello desglosado​por tipo de intervención;
a)  en las transmisiones de datos cuyo plazo expire el 31 de enero, el 31 de marzo, el 31 de mayo, el 31 de julio, el 30 de septiembre y el 30 de noviembre de cada año, el número de operaciones seleccionadas, su coste elegible total, la contribución de los Fondos y el gasto elegible total declarado por los beneficiarios a la autoridad de gestión, todo ello desglosado​por tipo de intervención;
Enmienda 232
Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2 – letra b
b)  los valores de los indicadores de realización y de resultados para las operaciones seleccionadas y los valores alcanzados por las operaciones.
b)  en las transmisiones de datos cuyo plazo expire el 31 de mayo y el 30 de noviembre de cada año, los valores de los indicadores de realización y de resultados para las operaciones seleccionadas y los valores alcanzados por las operaciones.
Enmienda 233
Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1
1.  La autoridad de gestión llevará a cabo evaluaciones del programa. Cada evaluación examinará la eficacia, la eficiencia, la pertinencia, la coherencia y el valor añadido de la UE del programa con la finalidad de mejorar la calidad de su diseño y su ejecución.
1.  La autoridad de gestión llevará a cabo evaluaciones del programa. Cada evaluación examinará el carácter inclusivo y no discriminatorio, la eficacia, la eficiencia, la pertinencia, la coherencia, la visibilidad y el valor añadido de la UE del programa con la finalidad de mejorar la calidad de su diseño y su ejecución.
Enmienda 234
Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2 bis (nuevo)
2 bis.   La evaluación a la que hace referencia el apartado 2 deberá incluir una evaluación del impacto socioeconómico y las necesidades de financiación en el marco de los objetivos políticos mencionados en el artículo 4, apartado 1, en el marco de los programas y entre ellos con especial énfasis en lograr una Europa más inteligente a través de la promoción de una transformación económica innovadora e inteligente y una Europa más conectada mediante el refuerzo de la movilidad, incluida la movilidad inteligente y sostenible, y la conectividad regional en el ámbito de las TIC. La Comisión publicará en su sitio web los resultados de la evaluación y los comunicará al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité Europeo de las Regiones.
Enmienda 235
Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b
b)  otros socios y organismos pertinentes.
b)  otros socios y organismos pertinentes, incluidas las autoridades públicas, ya sean regionales, locales o de otra índole, así como los interlocutores económicos y sociales.
Enmienda 236
Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1
1.  La autoridad de gestión se asegurará de que, en un plazo de seis meses a partir de la aprobación del programa, haya un sitio web donde esté disponible la información sobre los programas de los que es responsable, que incluya los objetivos, las actividades, las oportunidades de financiación disponibles y los logros del programa.
1.  La autoridad de gestión se asegurará de que, en un plazo de seis meses a partir de la aprobación del programa, haya un sitio web donde esté disponible la información sobre los programas de los que es responsable, que incluya los objetivos, las actividades, el calendario indicativo para las convocatorias de propuestas, las oportunidades de financiación disponibles y los logros del programa.
Enmienda 237
Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a
a)  en el caso de las entidades jurídicas, el nombre del beneficiario;
a)  en el caso de las entidades jurídicas, el nombre del beneficiario y del contratista;
Enmienda 240
Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1 – letra a
a)  haciendo una breve descripción de la operación en el sitio web profesional del beneficiario o en los medios de comunicación sociales, en caso de que los tenga, de manera proporcionada al nivel de la ayuda prestada, incluidos sus objetivos y resultados, y destacando la ayuda financiera de la Unión;
a)  haciendo una breve descripción de la operación en el sitio web profesional del beneficiario y en los medios de comunicación sociales, en caso de que los tenga, de manera proporcionada al nivel de la ayuda prestada, incluidos sus objetivos y resultados, y destacando la ayuda financiera de la Unión;
Enmienda 241
Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1 – letra c – parte introductoria
c)  exhibiendo placas o vallas publicitarias tan pronto como comience la ejecución física de las operaciones que impliquen inversiones físicas o la compra de equipos, teniendo en cuenta lo siguiente:
c)  exhibiendo placas o vallas publicitarias permanentes, bien visibles para el público, tan pronto como comience la ejecución física de las operaciones que impliquen inversiones físicas o la compra de equipos, teniendo en cuenta lo siguiente:
Enmienda 243
Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1 – letra d
d)  para las operaciones que no se incluyan en la letra c), exhibiendo públicamente como mínimo un cartel impreso o una pantalla electrónica de tamaño mínimo A3 con información sobre la operación donde se destaque la ayuda de los Fondos;
d)  para las operaciones que no se incluyan en la letra c), exhibiendo en un lugar bien visible para el público como mínimo un cartel impreso o una pantalla electrónica de tamaño mínimo A3 con información sobre la operación donde se destaque la ayuda de los Fondos;
Enmienda 244
Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1 – letra e bis (nueva)
e bis)   exhibiendo de forma permanente, desde el momento de la ejecución física, el emblema de la Unión, claramente visible por el público y de conformidad con las características técnicas establecidas en el anexo VIII;
Enmienda 245
Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1 – párrafo 2
Este requisito no se aplicará a las operaciones que reciben ayuda con arreglo al objetivo específico establecido en el artículo 4, apartado 1, letra c), inciso vii), del Reglamento del FSE+.
Este requisito no se aplicará a las operaciones que reciben ayuda con arreglo al objetivo específico establecido en el artículo 4, apartado 1, inciso xi), del Reglamento del FSE+.
Enmienda 246
Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1
Los Estados miembros utilizarán la contribución de los Fondos para prestar ayuda a los beneficiarios en forma de subvenciones, instrumentos financieros o premios, o de una combinación de estas modalidades.
Los Estados miembros utilizarán la contribución de los Fondos para prestar ayuda a los beneficiarios en forma de subvenciones, utilización limitada de instrumentos financieros o premios, o de una combinación de estas modalidades.
Enmienda 247
Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – párrafo 1 – letra c
c)  un tipo fijo de hasta el 25 % de los costes directos elegibles, siempre que el tipo se calcule con arreglo a lo dispuesto en el artículo 48, apartado 2, letra a).
c)  un tipo fijo de hasta el 25 % de los costes directos elegibles, siempre que el tipo se calcule con arreglo a lo dispuesto en el artículo 48, apartado 2, letras a) o c).
Enmienda 248
Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 2 – letra a
a)  dividiendo entre 1 720 horas los últimos costes salariales brutos anuales documentados en el caso de las personas que trabajan a tiempo completo, o por la prorrata de 1 720 horas correspondiente en el caso de las personas que trabajan a tiempo parcial;
a)  dividiendo entre 1 720 horas los últimos costes salariales brutos anuales documentados, con los costes adicionales previstos a fin de tener en cuenta factores como los aumentos de las tarifas o las promociones del personal, en el caso de las personas que trabajan a tiempo completo, o por la prorrata de 1 720 horas correspondiente en el caso de las personas que trabajan a tiempo parcial;
Enmienda 249
Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 2 – letra b
b)  dividiendo por el tiempo de trabajo mensual los últimos costes salariales brutos anuales documentados de la persona de que se trate con arreglo a la normativa nacional aplicable a la que se haga referencia en el contrato de trabajo.
b)  dividiendo por el tiempo de trabajo mensual los últimos costes salariales brutos mensuales documentados de la persona de que se trate, con los costes adicionales previstos a fin de tener en cuenta factores como los aumentos de las tarifas o las promociones del personal, con arreglo a la normativa nacional aplicable a la que se haga referencia en el contrato de trabajo.
Enmienda 250
Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 2
2.  Los instrumentos financieros proporcionarán ayuda a los destinatarios finales únicamente para inversiones nuevas de las que se espere que sean viables desde el punto de vista financiero, como, por ejemplo, porque generen ingresos o ahorros, y que no obtengan una financiación suficiente del mercado.
2.  Los instrumentos financieros proporcionarán ayuda a los destinatarios finales únicamente para inversiones nuevas de las que se espere que sean viables desde el punto de vista financiero, como, por ejemplo, porque generen ingresos o ahorros, y que no obtengan una financiación suficiente del mercado. Dicha ayuda podrá dirigirse a inversiones en activos tanto materiales como inmateriales, así como a capital de explotación, de conformidad con las normas de la Unión aplicables en materia de ayudas de Estado.
Enmienda 251
Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 3 – párrafo 2 – letra a
a)  propuesta del importe de la contribución del programa al instrumento financiero y el efecto de palanca que se espera conseguir;
a)  propuesta del importe de la contribución del programa al instrumento financiero y el efecto de palanca que se espera conseguir, acompañada de las evaluaciones pertinentes;
Enmienda 252
Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 5
5.  Los instrumentos financieros se podrán combinar con una ayuda complementaria en forma de subvenciones de un programa como una única operación de instrumentos financieros, dentro de un único acuerdo de financiación, en el que el organismo que ejecuta el instrumento financiero proporcionará las dos variantes de la ayuda. En ese caso, las normas aplicables a los instrumentos financieros se aplicarán a dicha operación única de instrumentos financieros.
5.  Los instrumentos financieros se podrán combinar con una ayuda complementaria en forma de subvenciones de un programa como una única operación de instrumentos financieros, dentro de un único acuerdo de financiación, en el que el organismo que ejecuta el instrumento financiero proporcionará las dos variantes de la ayuda. Cuando el importe de la ayuda del programa en forma de subvención sea inferior al importe de la ayuda del programa en forma de instrumento financiero, se aplicarán las normas aplicables a los instrumentos financieros.
Enmienda 253
Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 2 – párrafo 2
La autoridad de gestión seleccionará al organismo que ejecute el instrumento financiero.
La autoridad de gestión seleccionará al organismo que ejecute el instrumento financiero mediante la adjudicación directa o indirecta de un contrato.
Enmienda 254
Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)
La autoridad de gestión podrá confiar tareas de ejecución mediante una adjudicación directa a:
a)  el BEI;
b)  una institución financiera internacional de la que sea accionista un Estado miembro;
c)  un banco o institución públicos, constituidos como entidad jurídica que desarrollen actividades financieras con carácter profesional.
Enmienda 255
Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 7
7.  La autoridad de gestión, cuando gestione un instrumento financiero con arreglo al apartado 2, o el organismo que ejecute el instrumento financiero, cuando gestione el instrumento financiero con arreglo al apartado 3, deberán llevar cuentas separadas o mantener un código contable por prioridad y por cada categoría de regiones para cada contribución del programa, y por separado para los recursos contemplados en los artículos 54 y 56 respectivamente.
7.  La autoridad de gestión, cuando gestione un instrumento financiero con arreglo al apartado 2, o el organismo que ejecute el instrumento financiero, cuando gestione el instrumento financiero con arreglo al apartado 3, deberán llevar cuentas separadas o mantener un código contable por prioridad y por cada categoría de regiones o por tipo de intervención para el Feader para cada contribución del programa, y por separado para los recursos contemplados en los artículos 54 y 56 respectivamente.
Enmienda 256
Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 7 bis (nuevo)
7 bis.   Las exigencias de presentación de informes sobre la utilización de instrumentos financieros para los fines previstos se limitará a las autoridades de gestión y a los intermediarios financieros.
Enmienda 257
Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 2
2.  Los intereses y otros beneficios atribuibles a la ayuda de los Fondos abonada a instrumentos financieros deberán emplearse con el mismo objetivo u objetivos que la ayuda inicial de los Fondos dentro del mismo instrumento financiero; o, tras la liquidación del instrumento financiero, en otros instrumentos financieros u otras modalidades de ayuda, hasta el final del período de elegibilidad.
2.  Los intereses y otros beneficios atribuibles a la ayuda de los Fondos abonada a instrumentos financieros deberán emplearse con el mismo objetivo u objetivos que la ayuda inicial de los Fondos dentro del mismo instrumento financiero; o, tras la liquidación del instrumento financiero, en otros instrumentos financieros u otras modalidades de ayuda para inversiones nuevas en destinatarios finales; o, cuando proceda, para cubrir las pérdidas en el importe nominal de la contribución de los fondos al instrumento financiero resultantes de un interés negativo, en caso de que tales pérdidas se produzcan a pesar de una gestión activa de la tesorería por parte de los organismos que ejecuten los instrumentos financieros; hasta el final del período de elegibilidad.
Enmienda 258
Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 1
1.  La ayuda de los Fondos a instrumentos financieros que se invierta en los destinatarios finales, así como cualquier tipo de ingresos generados por dichas inversiones que sean atribuibles a la ayuda de los Fondos, se podrá utilizar para el tratamiento diferenciado de inversores que operen con arreglo al principio de la economía de mercado mediante una distribución adecuada de riesgos y beneficios.
1.  La ayuda de los Fondos a instrumentos financieros que se invierta en los destinatarios finales, así como cualquier tipo de ingresos generados por dichas inversiones que sean atribuibles a la ayuda de los Fondos, se podrá utilizar para el tratamiento diferenciado de inversores que operen con arreglo al principio de la economía de mercado, o para otras formas de ayuda de la Unión, mediante una distribución adecuada de riesgos y beneficios, teniendo en cuenta el principio de buena gestión financiera.
Enmienda 259
Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 2
2.  El nivel de dicho tratamiento diferenciado no superará lo necesario para crear incentivos para atraer recursos privados; dicho nivel se determinará ya sea mediante un proceso competitivo o una evaluación independiente.
2.  El nivel de dicho tratamiento diferenciado no superará lo necesario para crear incentivos para atraer recursos privados; dicho nivel se determinará ya sea mediante un proceso competitivo o la evaluación ex ante realizada en consonancia con el artículo 52 del presente Reglamento.
Enmienda 260
Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 1
1.  Los recursos devueltos, antes de que finalice el período de elegibilidad, a los instrumentos financieros y procedentes de los destinatarios finales o de la liberación de recursos reservados con arreglo a un contrato de garantía, incluidos los reembolsos de capital y todo tipo de ingresos generados que se puedan atribuir a la ayuda de los Fondos, se reutilizarán en el mismo instrumento financiero o en otro distinto para seguir invirtiendo en los destinatarios finales, con arreglo al mismo objetivo u objetivos específicos y para cualesquiera costes o comisiones de gestión asociados a estas nuevas inversiones.
1.  Los recursos devueltos, antes de que finalice el período de elegibilidad, a los instrumentos financieros y procedentes de los destinatarios finales o de la liberación de recursos reservados con arreglo a un contrato de garantía, incluidos los reembolsos de capital y todo tipo de ingresos generados que se puedan atribuir a la ayuda de los Fondos, se reutilizarán en el mismo instrumento financiero o en otro distinto para seguir invirtiendo en los destinatarios finales, con arreglo al mismo objetivo u objetivos específicos y para cualesquiera costes o comisiones de gestión asociados a estas nuevas inversiones, teniendo en cuenta el principio de buena gestión financiera.
Enmienda 261
Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)
Los ahorros logrados mediante operaciones más eficientes no se considerará que constituyan ingresos generados a los efectos del párrafo primero. En particular, los ahorros de costes derivados de las medidas de eficiencia energética no darán lugar a una reducción correspondiente de las subvenciones para funcionamiento.
Enmienda 262
Propuesta de Reglamento
Artículo 57 – apartado 2 – párrafo 1
El gasto será elegible para una contribución de los Fondos si, en la ejecución de operaciones, el beneficiario o el socio privado de una operación de APP ha incurrido en él y lo ha abonado entre la fecha de presentación del programa a la Comisión, o a partir del 1 de enero de 2021 si esta fecha es anterior, y el 31 de diciembre de 2029.
El gasto será elegible para una contribución de los Fondos si, en la ejecución de operaciones, el beneficiario o el socio privado de una operación de APP ha incurrido en él y lo ha abonado entre la fecha de presentación del programa a la Comisión, o a partir del 1 de enero de 2021 si esta fecha es anterior, y el 31 de diciembre de 2030.
Enmienda 263
Propuesta de Reglamento
Artículo 57 – apartado 4
4.  La totalidad o parte de una operación podrá ejecutarse fuera de un Estado miembro, incluso fuera de la Unión, siempre que la operación contribuya a los objetivos del programa.
4.  La totalidad o parte de una operación en el marco del FEDER, el FSE+ o el Fondo de Cohesión podrá ejecutarse fuera de un Estado miembro, incluso fuera de la Unión, siempre que la operación corresponda a uno de los cinco componentes del objetivo de cooperación territorial europea (Interreg) tal como se define en el artículo 3 del Reglamento (UE) [...] («Reglamento de la CTE») y contribuya a los objetivos del programa.
Enmienda 264
Propuesta de Reglamento
Artículo 57 – apartado 6
6.  Las operaciones no se seleccionarán para recibir ayuda de los Fondos si han concluido materialmente o se han ejecutado íntegramente antes de presentar a la autoridad de gestión la solicitud de financiación conforme al programa, al margen de que se hayan efectuado todos los pagos relacionados.
6.  Las operaciones no se seleccionarán para recibir ayuda de los Fondos si han concluido materialmente o se han ejecutado íntegramente antes de presentar a la autoridad de gestión la solicitud de financiación conforme al programa, al margen de que se hayan efectuado todos los pagos relacionados. El presente apartado no se aplicará a la compensación por los costes adicionales en las regiones ultraperiféricas en el marco del FEMP ni a los gastos financiados a través de asignaciones suplementarias específicas del FEDER y el FSE+ para las regiones ultraperiféricas.
Enmienda 265
Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a
a)  intereses de deuda, excepto respecto de subvenciones concedidas en forma de bonificaciones de intereses o subvenciones de comisiones de garantía;
a)  intereses de deuda, excepto respecto de subvenciones concedidas en forma de bonificaciones de intereses o subvenciones de comisiones de garantía o respecto de una contribución a instrumentos financieros que resulte de intereses negativos;
Enmienda 266
Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c
c)   impuesto sobre el valor añadido («IVA»), excepto en las operaciones cuyo coste total sea inferior a 5 000 000 EUR.
suprimida
Enmienda 267
Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)
La elegibilidad de las operaciones del impuesto sobre el valor añadido («IVA») se determinará caso por caso, excepto para las operaciones cuyo coste total sea inferior a 5 000 000 EUR y para las inversiones y gastos de los destinatarios finales.
Enmienda 268
Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 1 – párrafo 2
El Estado miembro podrá reducir el plazo establecido en el párrafo primero a tres años en casos de mantenimiento de inversiones o de puestos de trabajo creados por pymes.
El Estado miembro podrá reducir el plazo establecido en el párrafo primero a tres años en los casos debidamente justificados mencionados en las letras a), b) y c) de mantenimiento de puestos de trabajo creados por pymes.
Enmienda 269
Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 3
3.  Los apartados 1 y 2 no se aplicarán a las operaciones en las que se produzca el cese de una actividad productiva por quiebra no fraudulenta.
3.  Los apartados 1 y 2 no se aplicarán a las contribuciones del programa recibidas o efectuadas por instrumentos financieros ni a las operaciones en las que se produzca el cese de una actividad productiva por quiebra no fraudulenta.
Enmienda 270
Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 3 – párrafo 1
En el caso contemplado en el apartado 1, letra d), las comisiones de gestión se calcularán sobre la base del rendimiento. Si los organismos que ejecuten un fondo de cartera y/o fondos específicos con arreglo al artículo 53, apartado 3, son seleccionados mediante adjudicación directa de un contrato, el importe de los costes y las comisiones de gestión abonados a dichos organismos que puede ser declarado como gasto elegible estará sometido a un umbral máximo del 5 % del importe total de las contribuciones del programa desembolsadas a los destinatarios finales en forma de préstamos o inversiones en capital o cuasicapital, o reservadas con arreglo a contratos de garantía.
En el caso contemplado en el apartado 1, letra d), las comisiones de gestión se calcularán sobre la base del rendimiento. Durante los tres primeros meses de la ejecución de los instrumentos financieros, la remuneración base para los costes y las comisiones de gestión será elegible. Si los organismos que ejecuten un fondo de cartera y/o fondos específicos con arreglo al artículo 53, apartado 2, son seleccionados mediante adjudicación directa de un contrato, el importe de los costes y las comisiones de gestión abonados a dichos organismos que puede ser declarado como gasto elegible estará sometido a un umbral máximo del 5 % del importe total de las contribuciones del programa desembolsadas a los destinatarios finales en forma de préstamos o inversiones en capital o cuasicapital, o reservadas con arreglo a contratos de garantía.
Enmienda 271
Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 3 – párrafo 2
Dicho umbral no se aplicará cuando la selección de los organismos que ejecuten los instrumentos financieros se haga mediante una licitación con arreglo al Derecho aplicable y en dicha licitación se establezca la necesidad de un nivel superior de costes y comisiones de gestión.
Cuando la selección de los organismos que ejecuten los instrumentos financieros se haga mediante una licitación con arreglo al Derecho aplicable y en dicha licitación se establezca la necesidad de un nivel superior de costes y comisiones de gestión, que estarán basadas en el rendimiento.
Enmienda 272
Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 2
2.  Los Estados miembros deberán garantizar la legalidad y la regularidad del gasto incluido en las cuentas presentadas a la Comisión y emprenderán todas las acciones necesarias para prevenir irregularidades, incluido el fraude, detectarlas, corregirlas e informar sobre ellas.
2.  Los Estados miembros deberán garantizar la legalidad y la regularidad del gasto incluido en las cuentas presentadas a la Comisión y emprenderán todas las acciones necesarias para prevenir irregularidades, incluido el fraude, detectarlas, corregirlas e informar sobre ellas. Los Estados miembros cooperarán plenamente con la OLAF.
Enmienda 273
Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 4
4.  Los Estados miembros garantizarán la calidad y fiabilidad del sistema de seguimiento y de los datos sobre indicadores.
4.  Los Estados miembros garantizarán la calidad, independencia y fiabilidad del sistema de seguimiento y de los datos sobre indicadores.
Enmienda 274
Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 6 – párrafo 1
Los Estados miembros adoptarán las disposiciones necesarias para garantizar la tramitación efectiva de las reclamaciones relativas a los Fondos. A petición de la Comisión, examinarán las reclamaciones presentadas a la Comisión que entren en el ámbito de aplicación de sus programas e informarán a la Comisión de los resultados de dichos exámenes.
Los Estados miembros adoptarán las disposiciones necesarias para garantizar la tramitación efectiva de las reclamaciones relativas a los Fondos. El ámbito de aplicación, las normas y los procedimientos relacionados con dichas disposiciones serán responsabilidad de los Estados miembros, de conformidad con su marco institucional y jurídico. A petición de la Comisión de conformidad con el artículo 64, apartado 4 bis, examinarán las reclamaciones presentadas a la Comisión que entren en el ámbito de aplicación de sus programas e informarán a la Comisión de los resultados de dichos exámenes.
Enmienda 275
Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 7 – párrafo 1
Los Estados miembros garantizarán que todos los intercambios de información entre los beneficiarios y las autoridades de los programas se lleven a cabo mediante sistemas de intercambio electrónico de datos con arreglo al anexo XII.
Los Estados miembros garantizarán que todos los intercambios de información entre los beneficiarios y las autoridades de los programas se lleven a cabo mediante sistemas sencillos de intercambio electrónico de datos con arreglo al anexo XII.
Enmienda 276
Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 7 – párrafo 2
En el caso de los programas que reciban ayuda del FEMP, el FAMI, el FSI y el IGFV, el párrafo primero se aplicará a partir del 1 de enero de 2023.
En el caso de los programas que reciban ayuda del FEMP, el FAMI, el FSI y el IGFV, el párrafo primero se aplicará a partir del 1 de enero de 2022.
Enmienda 277
Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 7 – párrafo 3
El párrafo primero no se aplicará a los programas contemplados en el artículo [4, apartado 1, letra c), inciso vii)] del Reglamento del FSE+.
El párrafo primero no se aplicará a los programas contemplados en el artículo [4, apartado 1, inciso xi)] del Reglamento del FSE+.
Enmienda 278
Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 11
11.  La Comisión adoptará un acto de ejecución en el que establezca el formato que se debe utilizar para notificar irregularidades, de conformidad con el procedimiento consultivo al que se refiere el artículo 109, apartado 2 con el fin de garantizar unas condiciones uniformes para la aplicación del presente artículo.
11.  La Comisión adoptará un acto de ejecución en el que establezca el formato que se debe utilizar para notificar irregularidades, de conformidad con el procedimiento consultivo al que se refiere el artículo 109, apartado 2 con el fin de garantizar unas condiciones y normas uniformes para la aplicación del presente artículo.
Enmienda 279
Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 1 – párrafo 1
La Comisión se cerciorará de que los Estados miembros dispongan de sistemas de gestión y control que cumplan lo dispuesto en el presente Reglamento y de que dichos sistemas funcionen con eficacia durante la ejecución de los programas. La Comisión elaborará una estrategia de auditoría y un plan de auditoría basado en una evaluación del riesgo.
La Comisión se cerciorará de que los Estados miembros dispongan de sistemas de gestión y control que cumplan lo dispuesto en el presente Reglamento y de que dichos sistemas funcionen con eficacia y eficiencia durante la ejecución de los programas. La Comisión elaborará para los Estados miembros una estrategia de auditoría y un plan de auditoría basado en una evaluación del riesgo.
Enmienda 280
Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 2
2.  Las auditorías de la Comisión se llevarán a cabo en un plazo máximo de tres años civiles a partir de la aceptación de las cuentas en que figure el gasto de que se trate. Este plazo no se aplicará a las operaciones en las que se sospeche que pueda haber fraude.
2.  Las auditorías de la Comisión se llevarán a cabo en un plazo máximo de dos años civiles a partir de la aceptación de las cuentas en que figure el gasto de que se trate. Este plazo no se aplicará a las operaciones en las que se sospeche que pueda haber fraude.
Enmienda 281
Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 4 – párrafo 1 – letra a
a)  Excepto en casos urgentes, la Comisión avisará de la auditoría a la autoridad competente del programa con una antelación mínima de doce días laborables. Podrán participar en dichas auditorías funcionarios o representantes autorizados del Estado miembro.
a)  Excepto en casos urgentes, la Comisión avisará de la auditoría a la autoridad competente del programa con una antelación mínima de quince días laborables. Podrán participar en dichas auditorías funcionarios o representantes autorizados del Estado miembro.
Enmienda 282
Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 4 – párrafo 1 – letra c
c)  La Comisión dispondrá de un plazo máximo de tres meses a partir del último día de la auditoría para enviar a la autoridad competente del Estado miembro las conclusiones preliminares de dicha auditoría en una de las lenguas oficiales de la Unión, como mínimo.
c)  La Comisión dispondrá de un plazo máximo de dos meses a partir del último día de la auditoría para enviar a la autoridad competente del Estado miembro las conclusiones preliminares de dicha auditoría en una de las lenguas oficiales de la Unión, como mínimo.
Enmienda 283
Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 4 – párrafo 1 – letra d
d)  La Comisión dispondrá de un plazo máximo de tres meses a partir de la fecha en que reciba una respuesta completa de la autoridad competente del Estado miembro a las conclusiones preliminares de la auditoría para enviar el informe de la auditoría en una de las lenguas oficiales de la Unión, como mínimo.
d)  La Comisión dispondrá de un plazo máximo de dos meses a partir de la fecha en que reciba una respuesta completa de la autoridad competente del Estado miembro a las conclusiones preliminares de la auditoría para enviar el informe de la auditoría en una de las lenguas oficiales de la Unión, como mínimo. La respuesta del Estado miembro se considerará completa si la Comisión no ha informado de la existencia de documentación pendiente en un plazo de dos meses.
Enmienda 284
Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 4 – párrafo 2
La Comisión podrá ampliar los plazos contemplados en las letras c) y d) por un período adicional de tres meses.
En casos debidamente justificados, la Comisión podrá ampliar los plazos contemplados en las letras c) y d) por un período adicional de dos meses.
Enmienda 285
Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 4 bis (nuevo)
4 bis.   Sin perjuicio del artículo 63, apartado 6, la Comisión proporcionará un sistema de gestión de reclamaciones accesible para los ciudadanos y las partes interesadas.
Enmienda 286
Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 2
2.  La autoridad de auditoría será una autoridad pública, funcionalmente independiente de las entidades auditadas.
2.  La autoridad de auditoría será una autoridad pública o privada, funcionalmente independiente de la autoridad de gestión y de los organismos o entidades a los que se les hayan encomendado o en los que se hayan delegado funciones.
Enmienda 287
Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 1 – letra e
e)  registrar y almacenar en un sistema electrónico los datos de cada operación que sean necesarios para realizar su seguimiento, evaluación, gestión financiera, verificaciones y auditorías; y garantizar la seguridad, integridad y confidencialidad de los datos y de la autenticación de los usuarios.
e)  registrar y almacenar en sistemas electrónicos los datos de cada operación que sean necesarios para realizar su seguimiento, evaluación, gestión financiera, verificaciones y auditorías; y garantizar la seguridad, integridad y confidencialidad de los datos y de la autenticación de los usuarios.
Enmienda 288
Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – apartado 1 – párrafo 1
Para la selección de las operaciones, la autoridad de gestión establecerá y aplicará criterios y procedimientos que sean transparentes y no discriminatorios, garanticen la igualdad de género y tengan en cuenta la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el principio de desarrollo sostenible, así como la política de la Unión en materia de medio ambiente de conformidad con el artículo 11 y el artículo 191, apartado 1, del TFUE.
Para la selección de las operaciones, la autoridad de gestión establecerá y aplicará criterios y procedimientos que sean transparentes y no discriminatorios, garanticen la accesibilidad para personas con discapacidad, la igualdad de género y tengan en cuenta la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el principio de desarrollo sostenible, así como la política de la Unión en materia de medio ambiente de conformidad con el artículo 11 y el artículo 191, apartado 1, del TFUE.
Enmienda 289
Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – apartado 3 – letra a
a)  garantizará que las operaciones seleccionadas se ajusten al programa y proporcionen una contribución efectiva al logro de sus objetivos específicos;
a)  garantizará que las operaciones seleccionadas sean sostenibles, se ajusten al programa y a estrategias territoriales y proporcionen una contribución efectiva al logro de sus objetivos específicos;
Enmienda 290
Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – apartado 3 – letra c
c)  garantizará que las operaciones seleccionadas presenten la mejor relación entre el importe de la ayuda, las actividades acometidas y la consecución de los objetivos;
c)  garantizará que las operaciones seleccionadas presenten una relación adecuada entre el importe de la ayuda, las actividades acometidas y la consecución de los objetivos;
Enmienda 291
Propuesta de Reglamento
Apartado 67 – apartado 3 – letra e
e)  garantizará que las operaciones seleccionadas que entran dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo48 están sujetas a una evaluación de impacto medioambiental o a un procedimiento de comprobación previa, sobre la base de los requisitos de dicha Directiva en su versión modificada por la Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo49;
e)  garantizará que las operaciones seleccionadas que entran dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo48 están sujetas a una evaluación de impacto medioambiental o a un procedimiento de comprobación previa y que se ha tenido en cuenta adecuadamente la evaluación de soluciones alternativas, así como una amplia consulta pública, sobre la base de los requisitos de dicha Directiva en su versión modificada por la Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo49;
_________________
_________________
48 Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO L 26 de 28.1.2012, p. 1).
48 Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO L 26 de 28.1.2012, p. 1).
49 Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO L 124 de 25.4.2014, p. 1).
49 Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO L 124 de 25.4.2014, p. 1).
Enmienda 292
Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – apartado 3 – letra f
f)  verificará que, si la operación ha comenzado antes de presentar una solicitud de financiación a la autoridad de gestión, se haya cumplido el Derecho aplicable;
f)  se asegurará de que, si la operación ha comenzado antes de presentar una solicitud de financiación a la autoridad de gestión, se haya cumplido el Derecho aplicable;
Enmienda 293
Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – apartado 3 – letra j
j)  garantizará la defensa contra el cambio climático de las inversiones en infraestructuras cuya vida útil sea de al menos cinco años.
j)  garantizará, antes de adoptar decisiones de inversión, la defensa contra el cambio climático de las inversiones en infraestructuras cuya vida útil sea de al menos cinco años, así como la aplicación del principio «primero, la eficiencia energética».
Enmienda 294
Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – apartado 5 bis (nuevo)
5 bis.   La autoridad de gestión podrá decidir también, en casos debidamente justificados, contribuir hasta con el 5 % de la asignación financiera del Programa en el marco del FEDER y el FSE+ a proyectos específicos en el Estado miembro que pueda acogerse a ella en el marco de Horizonte Europa, incluso los seleccionados en la segunda fase, siempre que esos proyectos específicos contribuyan a los objetivos del Programa en dicho Estado miembro.
Enmienda 295
Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – apartado 6
6.  Si la autoridad de gestión selecciona una operación de importancia estratégica, informará de ello a la Comisión inmediatamente y le proporcionará toda la información pertinente sobre dicha operación.
6.  Si la autoridad de gestión selecciona una operación de importancia estratégica, informará de ello a la Comisión en el plazo de un mes y le proporcionará toda la información pertinente sobre dicha operación, incluido un análisis coste-beneficio.
Enmienda 296
Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b
b)  en función de la disponibilidad de financiación, garantizará que los beneficiarios reciban el importe debido en su totalidad y en un plazo máximo de noventa días a partir de la fecha en que el beneficiario presente la solicitud de pago;
b)  para la prefinanciación y los pagos intermedios, garantizará que los beneficiarios reciban el importe debido en su totalidad para los gastos verificados y en un plazo máximo de sesenta días a partir de la fecha en que el beneficiario presente la solicitud de pago;
Enmienda 297
Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 1 – letra a
a)  elaborar y presentar a la Comisión solicitudes de pago con arreglo a los artículos 85 y 86;
a)  elaborar y presentar a la Comisión solicitudes de pago con arreglo a los artículos 85 y 86, teniendo en cuenta las auditorías realizadas por la autoridad de auditoría o bajo su responsabilidad;
Enmienda 298
Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 1 – letra b
b)  elaborar las cuentas con arreglo al artículo 92 y mantener registros de todos los elementos de las cuentas en un sistema electrónico;
b)  elaborar y presentar las cuentas, confirmar su integridad, exactitud y corrección con arreglo al artículo 92 y mantener registros de todos los elementos de las cuentas en un sistema electrónico;
Enmienda 299
Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – apartado 6 bis (nuevo)
6 bis.   La auditoría se llevará a cabo en relación con la norma aplicable en el momento de la convención de la operación auditada, excepto cuando las nuevas normas sean más favorables al beneficiario.
Enmienda 300
Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – apartado 6 ter (nuevo)
6 ter.   La constatación de una irregularidad, en el marco de la auditoría de una operación que dé lugar a una sanción económica, no podrá dar lugar a la ampliación del alcance del control o a correcciones financieras más allá del gasto cubierto por el ejercicio contable del gasto auditado.
Enmienda 301
Propuesta de Reglamento
Artículo 72 – apartado 1
1.  La autoridad de auditoría preparará una estrategia de auditoría basada en una evaluación del riesgo, en la que se tenga en cuenta la descripción del sistema de gestión y control establecido en el artículo 63, apartado 9, y se incluyan las auditorías de sistemas y las auditorías de operaciones. La estrategia de auditoría incluirá auditorías de sistemas de las autoridades de gestión y autoridades a cargo de la función de contabilidad que hayan sido designadas recientemente, en un plazo de nueve meses a partir de su primer año en funcionamiento. La estrategia de auditoría se preparará con arreglo a la plantilla establecida en el anexo XVIII y se actualizará anualmente a raíz del primer informe de control anual y el dictamen de auditoría presentados a la Comisión. La estrategia podrá abarcar uno o más programas.
1.  La autoridad de auditoría preparará, tras consultar a la autoridad de gestión, una estrategia de auditoría basada en una evaluación del riesgo, en la que se tenga en cuenta la descripción del sistema de gestión y control establecido en el artículo 63, apartado 9, y se incluyan las auditorías de sistemas y las auditorías de operaciones. La estrategia de auditoría incluirá auditorías de sistemas de las autoridades de gestión y autoridades a cargo de la función de contabilidad que hayan sido designadas recientemente. La auditoría se realizará en un plazo de nueve meses a partir de su primer año en funcionamiento. La estrategia de auditoría se preparará con arreglo a la plantilla establecida en el anexo XVIII y se actualizará anualmente a raíz del primer informe de control anual y el dictamen de auditoría presentados a la Comisión. La estrategia podrá abarcar uno o más programas. En la estrategia de auditoría, la autoridad de auditoría podrá determinar un límite para las auditorías de cuentas únicas.
Enmienda 302
Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)
En caso de desacuerdo entre la Comisión y un Estado miembro sobre las conclusiones de auditoría, se establecerá un procedimiento de conciliación.
Enmienda 303
Propuesta de Reglamento
Artículo 74 – apartado 1 – párrafo 2
La Comisión y las autoridades de auditoría utilizarán en primer lugar toda la información y registros disponibles en el sistema electrónico contemplado en el artículo 66, apartado 1, letra e), incluidos los resultados de las comprobaciones de gestión, y únicamente solicitarán y obtendrán de los correspondientes beneficiarios documentos adicionales y pruebas de auditoría cuando, según su criterio profesional, sea necesario para respaldar unas conclusiones de auditoría sólidas.
La Comisión y las autoridades de auditoría utilizarán en primer lugar toda la información y registros disponibles en los sistemas electrónicos contemplados en el artículo 66, apartado 1, letra e), incluidos los resultados de las comprobaciones de gestión, y únicamente solicitarán y obtendrán de los correspondientes beneficiarios documentos adicionales y pruebas de auditoría cuando, según su criterio profesional, sea necesario para respaldar unas conclusiones de auditoría sólidas.
Enmienda 304
Propuesta de Reglamento
Artículos 75 – apartado 1
1.  La autoridad de gestión llevará a cabo comprobaciones de gestión sobre el terreno con arreglo al artículo 68, apartado 1, únicamente al nivel de los organismos que ejecutan el instrumento financiero y, en el contexto de los fondos de garantía, al nivel de los organismos que proporcionan los nuevos préstamos subyacentes.
1.  La autoridad de gestión llevará a cabo comprobaciones de gestión sobre el terreno con arreglo al artículo 68, apartado 1, únicamente al nivel de los organismos que ejecutan el instrumento financiero y, en el contexto de los fondos de garantía, al nivel de los organismos que proporcionan los nuevos préstamos subyacentes. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento Financiero, si el instrumento financiero prevé informes de control que respalden la solicitud de pago, la autoridad de gestión podrá decidir no realizar comprobaciones de gestión sobre el terreno.
Enmienda 305
Propuesta de Reglamento
Artículo 75 – apartado 2 – párrafo 2
No obstante, el BEI u otras instituciones financieras internacionales de las que un Estado miembro sea accionista facilitarán a la autoridad de gestión informes de control que respalden las solicitudes de pago.
(No afecta a la versión española).
Enmienda 306
Propuesta de Reglamento
Artículo 75 – apartado 3
3.  La autoridad de auditoría llevará a cabo auditorías de sistemas y auditorías de operaciones con arreglo a los artículos 71, 73 o 77 al nivel de los organismos que ejecutan el instrumento financiero y, en el contexto de los fondos de garantía, al nivel de los organismos que proporcionan los nuevos préstamos subyacentes.
3.  La autoridad de auditoría llevará a cabo auditorías de sistemas y auditorías de operaciones con arreglo a los artículos 71, 73 o 77 al nivel de los organismos que ejecutan el instrumento financiero y, en el contexto de los fondos de garantía, al nivel de los organismos que proporcionan los nuevos préstamos subyacentes. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento Financiero, si el instrumento financiero facilita a la autoridad de auditoría un informe anual de auditoría elaborado por sus auditores externos al término de cada año civil que englobe los elementos incluidos en el anexo XVII, la autoridad de auditoría podrá decidir no llevar a cabo nuevas auditorías.
Enmienda 307
Propuesta de Reglamento
Artículos 75 – apartado 3 bis (nuevo)
3 bis.   En el contexto de los fondos de garantía, los organismos responsables de la auditoría de los programas podrán llevar a cabo verificaciones o auditorías de los organismos que proporcionan los nuevos préstamos subyacentes solo cuando se produzcan una o varias de las siguientes situaciones:
a)  que los documentos que justifiquen la ayuda del instrumento financiero a los destinatarios finales no estén disponibles a nivel de la autoridad de gestión o al nivel de los organismos que ejecutan los instrumentos financieros;
b)  que existan pruebas de que la documentación disponible a nivel de autoridad de gestión o a nivel de organismos que ejecutan los instrumentos financieros no constituye una relación veraz y exacta de la ayuda facilitada.
Enmienda 308
Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 1
1.  Sin perjuicio de las normas aplicables en materia de ayudas estatales, la autoridad de gestión garantizará que todos los documentos justificativos relacionados con una operación que reciba ayuda de los Fondos se conserven al nivel adecuado durante un período de cinco años a partir del 31 de diciembre del año en que la autoridad de gestión hizo el último pago al beneficiario.
1.  Sin perjuicio de las normas aplicables en materia de ayudas estatales, la autoridad de gestión garantizará que todos los documentos justificativos relacionados con una operación que reciba ayuda de los Fondos se conserven al nivel adecuado durante un período de tres años a partir del 31 de diciembre del año en que la autoridad de gestión hizo el último pago al beneficiario.
Enmienda 309
Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 2 bis (nuevo)
2 bis.   El período de conservación de documentos podrá reducirse, proporcionalmente al perfil de riesgo y el tamaño de los beneficiarios, por decisión de la autoridad de gestión.
Enmienda 310
Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria
La prefinanciación de cada Fondo se abonará en tramos anuales antes del 1 de julio de cada año, en función de la disponibilidad de la financiación, con arreglo al siguiente calendario:
La prefinanciación de cada Fondo se abonará en tramos anuales antes del 1 de julio de cada año con arreglo al siguiente calendario:
Enmienda 311
Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b
b)  2022: 0.5 %;
b)  2022: 0,7 %;
Enmienda 312
Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c
c)  2023: 0.5 %;
c)  2023: 1 %;
Enmienda 313
Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d
d)  2024: 0.5 %;
d)  2024: 1,5 %;
Enmienda 314
Propuesta de Reglamento
Artículos 84 – apartado 2 – párrafo 1 – letra e
e)  2025: 0.5 %;
e)  2025: 2 %;
Enmienda 315
Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 2 – párrafo 1 – letra f
f)  2026: 0.5
f)  2026: 2 %
Enmienda 316
Propuesta de Reglamento
Artículo 85 – apartado 3 – letra b
b)  el importe de la asistencia técnica calculado con arreglo al artículo 31, apartado 2;
b)  el importe de la asistencia técnica calculado con arreglo al artículo 31;
Enmienda 317
Propuesta de Reglamento
Artículos 85 – apartado 4 – letra c bis (nueva)
c bis)   en el caso de las ayudas de Estado, los anticipos abonados al beneficiario por el organismo que concede la ayuda podrán incluirse en la solicitud de pago siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes: que estén sujetos a una garantía bancaria o equivalente, no superen el 40 % del importe total de la ayuda que vaya a concederse a un beneficiario para una operación dada y estén cubiertos por los gastos abonados por los beneficiarios y justificados mediante facturas pagadas en un plazo de tres años.
Enmienda 318
Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 1
1.  Si los instrumentos financieros se ejecutan de conformidad con el artículo 53, apartado 2, las solicitudes de pago presentadas de conformidad con el anexo XIX incluirán los importes totales desembolsados o, en el caso de las garantías, los importes reservados con arreglo a contratos de garantía, por la autoridad de gestión a los destinatarios finales contemplados en el artículo 62, apartado 1, letras a), b) y c).
1.  Si los instrumentos financieros se ejecutan de conformidad con el artículo 53, apartado 1, las solicitudes de pago presentadas de conformidad con el anexo XIX incluirán los importes totales desembolsados o, en el caso de las garantías, los importes reservados con arreglo a contratos de garantía, por la autoridad de gestión a los destinatarios finales contemplados en el artículo 62, apartado 1, letras a), b) y c).
Enmienda 319
Propuesta de Reglamento
Artículos 86 – apartado 2 – parte introductoria
2.  Si los instrumentos financieros se ejecutan con arreglo al artículo 53, apartado 3, las solicitudes de pago que incluyan gasto de los instrumentos financieros deberán cumplir las siguientes condiciones en su presentación:
2.  Si los instrumentos financieros se ejecutan con arreglo al artículo 53, apartado 2, las solicitudes de pago que incluyan gasto de los instrumentos financieros deberán cumplir las siguientes condiciones en su presentación:
Enmienda 320
Propuesta de Reglamento
Artículos 87 – apartado 1
1.  En función de la financiación disponible, la Comisión efectuará los pagos intermedios en un plazo máximo de sesenta días a partir de la fecha en que haya recibido la solicitud de pago.
1.  La Comisión efectuará los pagos intermedios en un plazo máximo de sesenta días a partir de la fecha en que haya recibido la solicitud de pago.
Enmienda 321
Propuesta de Reglamento
Artículos 90 – apartado 1 – letra a
a)  hay pruebas que apuntan a una deficiencia grave respecto a la que no se han adoptado medidas correctoras;
a)  hay pruebas concluyentes de una deficiencia grave respecto a la que no se han adoptado medidas correctoras;
Enmienda 322
Propuesta de Reglamento
Artículo 91 – apartado 1 – letra e
e)  el Estado miembro no ha emprendido las acciones necesarias con arreglo al artículo 15, apartado 6.
suprimida
Enmienda 323
Propuesta de Reglamento
Artículo 99 – apartado 1
1.  La Comisión liberará todo importe de un programa que no haya sido usado para una prefinanciación con arreglo al artículo 84 o por el que no se haya presentado una solicitud de pago con arreglo a los artículos 85 y 86 a más tardar el 26 de diciembre del segundo año civil siguiente al año de los compromisos presupuestarios para los años 2021 a 2026.
1.  La Comisión liberará todo importe de un programa que no haya sido usado para una prefinanciación con arreglo al artículo 84 o por el que no se haya presentado una solicitud de pago con arreglo a los artículos 85 y 86 a más tardar el 31 de diciembre del tercer año civil siguiente al año de los compromisos presupuestarios para los años 2021 a 2026.
Enmienda 324
Propuesta de Reglamento
Artículo 99 – apartado 2
2.   El importe cubierto por la prefinanciación o las solicitudes de pago dentro del plazo establecido en el apartado 1 en relación con los compromisos presupuestarios de 2021 será del 60 % de dichos compromisos. El 10 % de los compromisos presupuestarios de 2021 se añadirá a cada uno de los compromisos presupuestarios de los años 2022 a 2025 con el fin de calcular los importes por cubrir.
suprimido
Enmienda 325
Propuesta de Reglamento
Artículo 99 – apartado 3
3.  La parte de los compromisos que siga abierta el 31 de diciembre de 2029 será liberada si no se han presentado a la Comisión en el plazo establecido en el artículo 38, apartado 1 el paquete de fiabilidad y el informe final de rendimiento de los programas que reciban ayuda del FSE+, del FEDER y del Fondo de Cohesión.
3.  La parte de los compromisos que siga abierta el 31 de diciembre de 2030 será liberada si no se han presentado a la Comisión en el plazo establecido en el artículo 38, apartado 1 el paquete de fiabilidad y el informe final de rendimiento de los programas que reciban ayuda del FSE+, del FEDER y del Fondo de Cohesión.
Enmienda 326
Propuesta de Reglamento
Artículo 100 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)
b bis)  no haya sido posible presentar una solicitud de pago a tiempo debido a retrasos a escala de la Unión a la hora de establecer el marco jurídico y administrativo de los Fondos para el período 2021-2027.
Enmienda 327
Propuesta de Reglamento
Artículo 101 – apartado 2
2.  El Estado miembro dispondrá de un mes para expresar su acuerdo con el importe que vaya a liberarse o para presentar sus observaciones.
2.  El Estado miembro dispondrá de dos meses para expresar su acuerdo con el importe que vaya a liberarse o para presentar sus observaciones.
Enmienda 328
Propuesta de Reglamento
Artículo 102 – apartado 1
1.  El FEDER, el FSE+ y el Fondo de Cohesión prestarán ayuda al objetivo de inversión en empleo y crecimiento en todas las regiones del nivel 2 de la clasificación común de unidades territoriales estadísticas (en lo sucesivo, «regiones del nivel NUTS 2») establecida por el Reglamento (CE) n.º 1059/2003, modificado por el Reglamento (CE) n.º 868/2014 de la Comisión.
1.  El FEDER, el FSE+ y el Fondo de Cohesión prestarán ayuda al objetivo de inversión en empleo y crecimiento en todas las regiones del nivel 2 de la clasificación común de unidades territoriales estadísticas (en lo sucesivo, «regiones del nivel NUTS 2») establecida por el Reglamento (CE) n.º 1059/2003, modificado por el Reglamento (UE) 2016/2066 de la Comisión.
Enmienda 329
Propuesta de Reglamento
Artículo 103 – apartado 1 – párrafo 1
Los recursos para la cohesión económica, social y territorial disponibles para compromisos presupuestarios en el período de 2021-2027 se elevarán a 330 624 388 630 EUR en precios de 2018.
Los recursos para la cohesión económica, social y territorial disponibles para compromisos presupuestarios en el período de 2021-2027 se elevarán a 378 097 000 000 EUR en precios de 2018.
(Esta enmienda tiene por objeto restablecer un importe equivalente al disponible para el período 2014-2020, con los incrementos necesarios, en consonancia con la posición del PE sobre la propuesta de MFP para 2021-2027. Requerirá la consiguiente adaptación de los cálculos del anexo XXII).
Enmienda 330
Propuesta de Reglamento
Artículo 103 – apartado 2 – párrafo 1
La Comisión adoptará, mediante un acto de ejecución, una decisión en la que figure el desglose anual de los recursos totales por Estado miembro en el marco del objetivo de inversión en empleo y crecimiento, por categoría de regiones, junto con la lista de regiones elegibles con arreglo a la metodología establecida en el anexo XXII.
La Comisión adoptará, mediante un acto de ejecución, una decisión en la que figure el desglose anual de los recursos totales por Estado miembro en el marco del objetivo de inversión en empleo y crecimiento, por categoría de regiones, junto con la lista de regiones elegibles con arreglo a la metodología establecida en el anexo XXII. La asignación mínima global de los Fondos a nivel nacional debe ser igual al 76 % del presupuesto asignado a cada Estado miembro o región durante el período 2014-2020.
Enmienda 429
Propuesta de Reglamento
Artículo 103 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)
Sin perjuicio de las asignaciones nacionales para los Estados miembros, la financiación para las regiones que desciendan de categoría en el período 2021-2027 se mantendrá al mismo nivel que las asignaciones de 2014-2020.
Enmienda 331
Propuesta de Reglamento
Artículo 103 – apartado 2 – párrafo 2 ter (nuevo)
Habida cuenta de la especial importancia de la financiación de la cohesión para la cooperación transfronteriza y transnacional, así como para las regiones ultraperiféricas, los criterios de elegibilidad en relación con dicha financiación no deben ser menos favorables que en el período 2014-2020 y deben garantizar la máxima continuidad con los programas existentes.
(Esta enmienda requerirá la consiguiente adaptación de los cálculos del anexo XXII.)
Enmienda 332
Propuesta de Reglamento
Artículo 104 – apartado 1 – parte introductoria
1.  Los recursos para el objetivo de inversión en empleo y crecimiento se elevarán al 97,5 % de los recursos totales (es decir, un total de 322 194 388 630 EUR) y se asignarán de la siguiente forma:
1.  Los recursos para el objetivo de inversión en empleo y crecimiento se elevarán al 97 % de los recursos totales (es decir, un total de 366 754 000 000 EUR (a precios de 2018): De este importe, 5 900 000 000 EUR se asignarán a la Garantía Infantil procedentes de los recursos del FSE +. La dotación restante de 360 854 000 000 EUR (a precios de 2018) se asignará de la siguiente forma:
Enmienda 333
Propuesta de Reglamento
Artículo 104 –apartado 1 – letra a
a)  el 61,6 % (es decir, un total de 198 621 593 157 EUR) para las regiones menos desarrolladas;
a)  el 61,6 % (es decir, un total de 222 453 894 000 EUR) para las regiones menos desarrolladas;
Enmienda 334
Propuesta de Reglamento
Artículo 104 – apartado 1 – letra b
b)  el 14,3 % (es decir, un total de 45 934 516 595 EUR) para las regiones en transición;
b)  el 14,3 % (es decir, un total de 51 446 129 000 EUR) para las regiones en transición;
Enmienda 335
Propuesta de Reglamento
Artículo 104 – apartado 1 – letra c
c)  el 10,8 % (es decir, un total de 34 842 689 000 EUR) para las regiones más desarrolladas;
c)  el 10,8 % (es decir, un total de 39 023 410 000 EUR) para las regiones más desarrolladas;
Enmienda 336
Propuesta de Reglamento
Artículo 104 – apartado 1 – letra d
d)  el 12,8 % (es decir, un total de 41 348 556 877 EUR) para los Estados miembros que reciban ayuda del Fondo de Cohesión;
d)  el 12,8 % (es decir, un total de 46 309 907 000 EUR) para los Estados miembros que reciban ayuda del Fondo de Cohesión;
Enmienda 337
Propuesta de Reglamento
Artículo 104 – apartado 1 – letra e
e)  el 0,4 % (es decir, un total de 1 447 034 001 EUR) como financiación adicional para las regiones ultraperiféricas definidas en el artículo 349 del TFUE y las regiones del nivel NUTS 2 que cumplan los criterios establecidos en el artículo 2 del Protocolo no 6 del Acta de adhesión de 1994.
e)  el 0,4 % (es decir, un total de 1 620 660 000 EUR) como financiación adicional para las regiones ultraperiféricas definidas en el artículo 349 del TFUE y las regiones del nivel NUTS 2 que cumplan los criterios establecidos en el artículo 2 del Protocolo no 6 del Acta de adhesión de 1994.
Enmienda 338
Propuesta de Reglamento
Artículo 104 – apartado 3 – párrafo 1
El importe de los recursos disponibles para el FSE+ con arreglo al objetivo de inversión en empleo y crecimiento será de 88 646 194 590 EUR.
Los recursos disponibles para el FSE+ ascenderán al 28,8 % de los recursos con arreglo al objetivo de inversión en empleo y crecimiento (es decir, serán de 105 686 000 000 EUR a precios de 2018). Esto no incluye la dotación financiera para el capítulo dedicado al empleo e innovación social o el capítulo de la salud.
Enmienda 339
Propuesta de Reglamento
Artículo 104 – apartado 3 – párrafo 2
El importe de la financiación adicional para las regiones ultraperiféricas contemplado en el apartado 1, letra e), asignado al FSE+ será de 376 928 934 EUR.
El importe de la financiación adicional para las regiones ultraperiféricas contemplado en el apartado 1, letra e), asignado al FSE+ corresponderá al 0,4 % de los recursos mencionados en el párrafo primero (es decir, será de 424 296 054 EUR a precios de 2018).
Enmienda 340
Propuesta de Reglamento
Artículo 104 – apartado 4 – párrafo 1
El importe de la ayuda del Fondo de Cohesión que debe transferirse al MCE será de 10 000 000 000 EUR. Se empleará para proyectos de infraestructuras de transporte, organizando licitaciones específicas de conformidad con el Reglamento (UE) [número del nuevo Reglamento MCE], exclusivamente en los Estados miembros elegibles para la financiación del Fondo de Cohesión.
El importe de la ayuda del Fondo de Cohesión que debe transferirse al MCE será de 4 000 000 000 EUR a precios de 2018. Se empleará para proyectos de infraestructuras de transporte, teniendo en cuenta las necesidades de inversión en infraestructura de los Estados miembros y regiones, organizando licitaciones específicas de conformidad con el Reglamento (UE) [número del nuevo Reglamento MCE], exclusivamente en los Estados miembros elegibles para la financiación del Fondo de Cohesión.
Enmienda 341
Propuesta de Reglamento
Artículo 104 – apartado 4 – párrafo 5
El 30 % de los recursos transferidos al MCE estarán disponibles inmediatamente después de la transferencia para todos los Estados miembros elegibles para la financiación del Fondo de Cohesión para financiar proyectos de infraestructuras de transporte con arreglo al Reglamento (UE) [el nuevo Reglamento MCE].
suprimido
Enmienda 342
Propuesta de Reglamento
Artículo 104 – apartado 4 – párrafo 6
Las normas aplicables al sector del transporte con arreglo al Reglamento (UE) [el nuevo Reglamento MCE] se aplicarán a las licitaciones específicas contempladas en el párrafo primero. Hasta el 31 de diciembre de 2023, la selección de proyectos elegibles para la financiación se hará respetando las asignaciones nacionales con arreglo al Fondo de Cohesión con respecto al 70 % de los recursos transferidos al MCE.
Las normas aplicables al sector del transporte con arreglo al Reglamento (UE) [el nuevo Reglamento MCE] se aplicarán a las licitaciones específicas contempladas en el párrafo primero. Hasta el 31 de diciembre de 2023, la selección de proyectos elegibles para la financiación se hará respetando las asignaciones nacionales con arreglo al Fondo de Cohesión.
Enmienda 343
Propuesta de Reglamento
Artículo 104 – apartado 5
5.  500 000 000 EUR de los recursos destinados al objetivo de inversión en empleo y crecimiento se asignarán a la Iniciativa Urbana Europea en régimen de gestión directa o indirecta de la Comisión.
5.  560 000 000 EUR a precios de 2018 de los recursos destinados al objetivo de inversión en empleo y crecimiento se asignarán a la Iniciativa Urbana Europea en régimen de gestión directa o indirecta de la Comisión.
Enmienda 344
Propuesta de Reglamento
Artículo 104 – apartado 6
6.  175 000 000 EUR de los recursos del FSE+ destinados al objetivo de inversión en empleo y crecimiento se asignarán a la cooperación transnacional en apoyo de soluciones innovadoras en régimen de gestión directa o indirecta.
6.  196 000 000 EUR a precios de 2018 de los recursos del FSE+ destinados al objetivo de inversión en empleo y crecimiento se asignarán a la cooperación transnacional en apoyo de soluciones innovadoras en régimen de gestión directa o indirecta.
Enmienda 345
Propuesta de Reglamento
Artículo 104 – apartado 7
7.  Los recursos destinados al objetivo de cooperación territorial europea (Interreg) se elevarán al 2,5 % de los recursos totales disponibles para compromisos presupuestarios de los Fondos en el período 2021-2027 (es decir, un total de 8 430 000 000 EUR).
7.  Los recursos destinados al objetivo de cooperación territorial europea (Interreg) se elevarán al 3 % de los recursos totales disponibles para compromisos presupuestarios de los Fondos en el período 2021-2027 (es decir, un total de 11 343 000 000 EUR a precios de 2018).
Enmienda 346
Propuesta de Reglamento
Artículo 105 – apartado 1 – letra a
a)  no más del 15 % del total de las asignaciones destinadas a las regiones menos desarrolladas para las regiones en transición o las regiones más desarrolladas y de las regiones en transición para las regiones más desarrolladas;
a)  no más del 5 % del total de las asignaciones destinadas a las regiones menos desarrolladas para las regiones en transición o las regiones más desarrolladas y de las regiones en transición para las regiones más desarrolladas;
Enmienda 347
Propuesta de Reglamento
Artículo106 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a
a)  el 70 % para las regiones menos desarrolladas;
a)  el 85 % para las regiones menos desarrolladas;
Enmienda 348
Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b
b)  el 55 % para las regiones en transición;
b)  el 65 % para las regiones en transición;
Enmienda 349
Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 3 – párrafo 1 – letra c
c)  el 40 % para las regiones más desarrolladas.
c)  el 50 % para las regiones más desarrolladas.
Enmienda 350
Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 3 – párrafo 2
Los porcentajes de cofinanciación establecidos en la letra a) también se aplicarán a las regiones ultraperiféricas.
Los porcentajes de cofinanciación establecidos en la letra a) también se aplicarán a las regiones ultraperiféricas y a la dotación adicional para las regiones ultraperiféricas.
Enmienda 351
Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 3 – párrafo 3
El porcentaje de cofinanciación del Fondo de Cohesión a nivel de cada prioridad no superará el 70 %.
El porcentaje de cofinanciación del Fondo de Cohesión a nivel de cada prioridad no superará el 85 %.
Enmienda 352
Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 3 – párrafo 4
El Reglamento del FSE+ podrá establecer porcentajes de cofinanciación más elevados para las prioridades que presten apoyo a acciones innovadoras con arreglo al artículo [14] de dicho Reglamento.
El Reglamento del FSE+ podrá establecer en casos debidamente justificados porcentajes de cofinanciación más elevados hasta el 90 % para las prioridades que presten apoyo a acciones innovadoras con arreglo al artículo [13] y el artículo [4, apartado 1, letras x y xi] de dicho Reglamento así como para los programas que estén dirigidos a subsanar las carencias materiales, con arreglo al artículo [9]; el desempleo juvenil, con arreglo al artículo [10]; el apoyo a la Garantía Infantil Europea, con arreglo al artículo [10 bis]; y la cooperación transnacional, con arreglo al artículo [11 ter].
Enmienda 353
Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 4 – párrafo 1
El porcentaje de cofinanciación de los programas Interreg no superará el 70 %.
El porcentaje de cofinanciación de los programas Interreg no superará el 85 %.
Enmienda 453
Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 4 bis (nuevo)
4 bis.  En casos debidamente justificados, los Estados miembros podrán presentar en el marco actual del Pacto de Estabilidad y Crecimiento una solicitud de mayor flexibilidad para los gastos estructurales públicos o equivalentes financiados por la administración pública mediante la cofinanciación de las inversiones realizadas en el marco de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. A la hora de definir el ajuste presupuestario en virtud del componente preventivo o correctivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, la Comisión evaluará atentamente esas solicitudes de manera que refleje la importancia estratégica de las inversiones.
Enmienda 354
Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – apartado 1
La Comisión estará facultada para adoptar un acto delegado con arreglo al artículo 108 con el fin de modificar los anexos del presente Reglamento para adaptarlos a los cambios que se produzcan durante el período de programación en aspectos no esenciales del presente Reglamento, excepto en el caso de los anexos III, IV, X y XXII.
La Comisión estará facultada para adoptar un acto delegado con arreglo al artículo 108 con el fin de modificar los anexos del presente Reglamento para adaptarlos a los cambios que se produzcan durante el período de programación en aspectos no esenciales del presente Reglamento, excepto en el caso de los anexos III, IV, X y XXII. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 108 para modificar y adaptar el Reglamento Delegado (UE) n.º 240/2014 al que se hace referencia en el artículo 6, apartado 3, del presente Reglamento.
Enmienda 355
Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 2
2.  Los poderes para adoptar los actos delegados a que se refieren el artículo 63, apartado 10, el artículo 73, apartado 4, el artículo 88, apartado 4, el artículo 89, apartado 4, y el artículo 107 se delegarán en la Comisión por un período indefinido a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.
2.  Los poderes para adoptar los actos delegados a que se refieren el artículo 6, apartado 3, el artículo 63, apartado 10, el artículo 73, apartado 4, el artículo 88, apartado 4, el artículo 89, apartado 4, y el artículo 107 se delegarán en la Comisión desde la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento hasta el 31 de diciembre de 2027.
Enmienda 356
Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 3
3.  La delegación de competencias mencionada en el artículo 63, apartado 10, el artículo 73, apartado 4, el artículo 88, apartado 4, y el artículo 89, apartado 1, podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de las competencias que en ella se especifiquen. La decisión de revocación surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.
3.  La delegación de competencias mencionada en el artículo 6, apartado 3, el artículo 63, apartado 10, el artículo 73, apartado 4, el artículo 88, apartado 4, el artículo 89, apartado 4, y el artículo 107 podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de las competencias que en ella se especifiquen. La decisión de revocación surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.
Enmienda 357
Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 6
6.  Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 63, apartado 10, del artículo 73, apartado 4, del artículo 88, apartado 4, y del artículo 89, apartado 4, y del artículo 107 entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo hayan formulado objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.
6.  Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 6, apartado 3, del artículo 63, apartado 10, del artículo 73, apartado 4, del artículo 88, apartado 4, del artículo 89, apartado 4, y del artículo 107 entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo hayan formulado objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.
Enmienda 359
Propuesta de Reglamento
Anexo I – Cuadro 1 – Objetivo político 1 – celda 001 – columna 1
001 Inversión en activos fijos en microempresas directamente vinculadas a actividades de investigación e innovación
001 Inversión en activos fijos en microempresas directamente vinculadas a actividades de investigación e innovación o vinculadas a la competitividad
Enmienda 360
Propuesta de Reglamento
Anexo I – Cuadro 1 – Objetivo político 1 – celda 002 – columna 1
002 Inversión en activos fijos en pequeñas y medianas empresas (incluidos centros de investigación privados) directamente vinculadas a actividades de investigación e innovación
002 Inversión en activos fijos en pequeñas y medianas empresas (incluidos centros de investigación privados) directamente vinculadas a actividades de investigación e innovación o vinculadas a la competitividad
Enmienda 361
Propuesta de Reglamento
Anexo I – Cuadro 1 – Objetivo político 1 – celda 004 – columna 1
004 Inversión en activos inmateriales en microempresas directamente vinculadas a actividades de investigación e innovación
004 Inversión en activos inmateriales en microempresas directamente vinculadas a actividades de investigación e innovación o vinculadas a la competitividad
Enmienda 362
Propuesta de Reglamento
Anexo I – Cuadro 1 – Objetivo político 1 – celda 005 – columna 1
005 Inversión en activos inmateriales en pequeñas y medianas empresas (incluidos centros de investigación privados) directamente vinculadas a actividades de investigación e innovación
005 Inversión en activos inmateriales en pequeñas y medianas empresas (incluidos centros de investigación privados) directamente vinculadas a actividades de investigación e innovación o vinculadas a la competitividad
Enmienda 363
Propuesta de Reglamento
Anexo I – Cuadro 1 – Objetivo político 2 – celda 035 – columna 1
035 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de riesgos relacionados con el clima: inundaciones (incluida la sensibilización, la protección civil y los sistemas e infraestructuras de gestión de catástrofes)
035 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de riesgos relacionados con el clima: inundaciones y corrimientos de tierras (incluida la sensibilización, la protección civil y los sistemas e infraestructuras de gestión de catástrofes)
Enmienda 364
Propuesta de Reglamento
Anexo I – Cuadro 1 – Objetivo político 1 – celda 043

Texto de la Comisión

043

Tratamiento de residuos domésticos: tratamiento biomecánico y térmico

0%

100%

Enmienda

 

suprimido

 

 

Enmienda 365
Propuesta de Reglamento
Anexo I – Cuadro 1 – Objetivo político 3 – celda 056 – columna 1
056 Autopistas y carreteras de nueva construcción: red principal de la RTE-T
056 Autopistas, puentes y carreteras de nueva construcción: red principal de la RTE-T
Enmienda 366
Propuesta de Reglamento
Anexo I – Cuadro 1 – Objetivo político 3 – celda 057 – columna 1
057 Autopistas y carreteras de nueva construcción: red global de la RTE-T
057 Autopistas, puentes y carreteras de nueva construcción: red global de la RTE-T
Enmienda 367
Propuesta de Reglamento
Anexo I – Cuadro 1 – Objetivo político 3 – celda 060 – columna 1
060 Autopistas y carreteras reconstruidas o mejoradas: red principal de la RTE-T
060 Autopistas, puentes y carreteras reconstruidos o mejorados: red principal de la RTE-T
Enmienda 368
Propuesta de Reglamento
Anexo I – Cuadro 1 – Objetivo político 3 – celda 061 – columna 1
061 Autopistas y carreteras reconstruidas o mejoradas: red global de la RTE-T
061 Autopistas, puentes y carreteras reconstruidos o mejorados: red global de la RTE-T
Enmienda 369
Propuesta de Reglamento
Anexo I – Cuadro 1 – Objetivo político 5 – celda 128 – columna 1
128 Protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo público y servicios de turismo afines.
128 Protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo público y servicios de turismo
Enmienda 370
Propuesta de Reglamento
Anexo I – Cuadro 1 – Objetivo político 5 – celda 130 – columna 1
130 Protección, desarrollo y promoción del patrimonio cultural y el turismo ecológico
130 Protección, desarrollo y promoción del patrimonio cultural y el turismo ecológico, salvo en lo referente a los espacios Natura 2000
Enmienda 371
Propuesta de Reglamento
Anexo I – Cuadro 3 – celda 12 – columna Inversión territorial integrada (ITI)
Ciudades, municipios y suburbios
Ciudades, municipios, suburbios y zonas rurales conectadas
Enmienda 372
Propuesta de Reglamento
Anexo I – Cuadro 3 – celda 16 – columna Inversión territorial integrada (ITI)
Zonas con escasa densidad de población
Zonas rurales y con escasa densidad de población
Enmienda 373
Propuesta de Reglamento
Anexo I – Cuadro 3 – celda 22 – columna Desarrollo local participativo (CLLD)
Ciudades, municipios y suburbios
Ciudades, municipios, suburbios y zonas rurales conectadas
Enmienda 374
Propuesta de Reglamento
Anexo I – Cuadro 3 – celda 26 – columna Desarrollo local participativo (CLLD)
Zonas con escasa densidad de población
Zonas rurales y con escasa densidad de población
Enmienda 375
Propuesta de Reglamento
Anexo I – Cuadro 3 – celda 32 – columna – Otro tipo de instrumento territorial con arreglo al objetivo político 5
Ciudades, municipios y suburbios
Ciudades, municipios, suburbios y zonas rurales conectadas
Enmienda 376
Propuesta de Reglamento
Anexo I – Cuadro 3 – celda 36 – columna – Otro tipo de instrumento territorial con arreglo al objetivo político 5
Zonas con escasa densidad de población
Zonas rurales y con escasa densidad de población
Enmienda 377
Propuesta de Reglamento
Anexo I – Cuadro 4 – celda 17
17 Hostelería
17 Turismo y hostelería
Enmienda 378
Propuesta de Reglamento
Anexo III – Cuadro Condiciones favorables horizontales – celda 6 – columna 2
Existe un marco nacional para aplicar la CDPD, que incluye:
Existe un marco nacional para aplicar la CDPD, que incluye:
1.  Objetivos con metas mensurables, recopilación de datos y mecanismo de seguimiento.
1.  Objetivos con metas mensurables, recopilación de datos y mecanismo de seguimiento, aplicables a todos los objetivos políticos.
2.  Disposiciones para garantizar que la política, la legislación y las normas sobre accesibilidad se reflejan adecuadamente en la preparación y la aplicación de los programas.
2.  Disposiciones para garantizar que la política, la legislación y las normas sobre accesibilidad se reflejan adecuadamente en la preparación y la aplicación de los programas con arreglo a las disposiciones de la CDPD y que se incluyen en los criterios de selección y obligaciones de los proyectos.
2 bis.  Disposiciones de presentación de informes al comité de seguimiento sobre la conformidad de las operaciones apoyadas.
Enmienda 379
Propuesta de Reglamento
Anexo III – Cuadro Condiciones favorables horizontales – celda 6 bis (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda

Implementación de los principios y derechos del pilar europeo de derechos sociales que contribuyan a una convergencia y una cohesión reales en el seno de la Unión.

Disposiciones a escala nacional para garantizar la correcta implementación de los principios del pilar europeo de derechos sociales que contribuyan a aumentar la convergencia y la cohesión social en la Unión, en particular los principios de prevención de la competencia desleal en el mercado interior.

Enmienda 380
Propuesta de Reglamento
Anexo III – Cuadro Condiciones favorables horizontales – celda 6 ter (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda

Aplicación efectiva del principio de asociación

Existe un marco para que todos los socios desempeñen un papel de pleno derecho en la preparación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de los programas, lo cual incluye:

 

1.  Disposiciones para garantizar procedimientos transparentes de cara a la participación de los socios.

 

2.  Disposiciones para la difusión y la divulgación de la información pertinente para que los socios preparen y hagan un seguimiento de las reuniones.

 

3.  Apoyo a la atribución de poderes a los socios y la creación de capacidades.

Enmienda 381
Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Objetivo político 2 – celda 2 – columna 4
Se ha adoptado un Plan Nacional de Energía y Clima, que incluye:
Se ha adoptado un Plan Nacional de Energía y Clima, conforme con el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1,5 °C, que incluye:
1.  Todos los elementos requeridos por el modelo que figura en el anexo I del Reglamento sobre la gobernanza de la Unión de la Energía
1.  Todos los elementos requeridos por el modelo que figura en el anexo I del Reglamento sobre la gobernanza de la Unión de la Energía
2.  Un esquema indicativo de los recursos y mecanismos financieros para las medidas que promueven la energía con baja emisión de carbono
2.  Un esquema de los recursos y mecanismos financieros para las medidas que promueven la energía con baja emisión de carbono
Enmienda 382
Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Objetivo político 2 – celda 4 – columna 2
FEDER y Fondo de Cohesión
FEDER y Fondo de Cohesión
2.4  Promover la adaptación al cambio climático, la prevención de riesgo y la resiliencia frente a las catástrofes
2.4  Promover la adaptación al cambio climático y de índole estructural, la prevención de riesgo y la resiliencia frente a las catástrofes
Enmienda 383
Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Objetivo político 2 – celda7 – columna 4
Existe un marco de acción prioritaria con arreglo al artículo 8 de la Directiva 92/43/CEE, que incluye:
Existe un marco de acción prioritaria con arreglo al artículo 8 de la Directiva 92/43/CEE, que incluye:
1.  Todos los elementos requeridos por el modelo para el marco de acción prioritaria para 2021-2027 acordado por la Comisión y los Estados miembros
1.  Todos los elementos requeridos por el modelo para el marco de acción prioritaria para 2021-2027 acordado por la Comisión y los Estados miembros, incluidas las medidas prioritarias y una estimación de las necesidades de financiación
2.  La identificación de las medidas prioritarias y una estimación de las necesidades de financiación
Enmienda 384
Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Objetivo político 3 – punto 3.2 – columna 2
3.2  Desarrollar una RTE-T sostenible, resiliente al cambio climático, inteligente, segura e intermodal
(No afecta a la versión española).
Enmienda 385
Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Objetivo político 3 – punto 3.2 – columna 4 – punto -1 bis (nuevo)
-1 bis.  Exige que se garantice la cohesión social, económica y territorial, así como, en mayor medida, la compleción de las conexiones pendientes y la eliminación de los cuellos de botella en la RTE-T, lo que significa también inversiones en infraestructuras físicas
Enmienda 386
Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Objetivo político 3 – punto 3.2 – columna 4 – punto 1
1.  Incluye una justificación económica de las inversiones previstas basada en un análisis sólido de la demanda y la modelización del tráfico, que deben tener en cuenta las repercusiones previstas de la liberalización en el sector de los ferrocarriles
1.  Incluye una justificación económica de las inversiones previstas basada en un análisis sólido de la demanda y la modelización del tráfico, que deben tener en cuenta las repercusiones previstas de la apertura de los mercados de servicios ferroviarios
Enmienda 387
Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Objetivo político 3 – celda 2 – columna 4 – punto 2
2.  Refleja la calidad del aire, teniendo en cuenta en particular los planes nacionales de descarbonización,
2.  Refleja la calidad del aire, teniendo en cuenta en particular las estrategias nacionales de reducción de las emisiones procedentes del sector del transporte
Enmienda 388
Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Objetivo político 3 – celda 2 – columna 4 – punto 3
3.  Incluye las inversiones en los corredores de la red básica de la RTE-T, tal como se definen en el Reglamento (UE) n.º 1316/2013, de conformidad con los respectivos planes de trabajo de la RTE-T
3.  Incluye las inversiones en los corredores de la red básica de la RTE-T, tal como se definen en el Reglamento (UE) n.º 1316/2013, de conformidad con los respectivos planes de trabajo de la RTE-T, así como los tramos identificados en el marco de la red global
Enmienda 389
Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Objetivo político 3 – celda 2 – columna 4 – punto 4
4.  Para las inversiones más allá de la red básica de la RTE-T, garantiza la complementariedad ofreciendo una conectividad suficiente entre las regiones y comunidades locales con la RTE-T básica y sus nodos
4.  Para las inversiones más allá de la red básica de la RTE-T, garantiza la complementariedad ofreciendo una conectividad suficiente entre las redes de ciudades, regiones y comunidades locales con la RTE-T básica y sus nodos
Enmienda 390
Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Objetivo político 3 – punto 2 – columna 4 – punto 9 bis (nuevo)
9 bis.  Promueve iniciativas turísticas regionales y transfronterizas sostenibles que pueden traducirse en situaciones beneficiosas tanto para los turistas como los habitantes, como la interconexión de la red EuroVelo con la red ferroviaria transeuropea
Enmienda 391
Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Objetivo político 4 – celda 1 – columna 2 – punto FSE
FSE:
FSE:
4.1.1  Mejorar el acceso al empleo de los demandantes de empleo, incluidos los jóvenes, y de las personas inactivas y promover el trabajo por cuenta propia y la economía social;
4.1.1  Mejorar el acceso al empleo de los demandantes de empleo, y en particular de los jóvenes y los desempleados de larga duración, y de las personas inactivas y promover el trabajo por cuenta propia y la economía social;
4.1.2  Modernizar las instituciones y servicios del mercado laboral para garantizar una asistencia personalizada y oportuna y apoyar la adecuación entre la demanda y la oferta de empleo, las transiciones y la movilidad en el mercado laboral;
4.1.2  Modernizar las instituciones y servicios del mercado laboral para evaluar y prever las necesidades de capacidades y garantizar una asistencia personalizada y oportuna y apoyar la adecuación entre la demanda y la oferta de empleo, las transiciones y la movilidad en el mercado laboral;
Enmienda 392
Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Objetivo político 4 – celda 2 – columna 2 – punto FSE
FSE
FSE
4.1.3  Promover una mejor conciliación del trabajo y la vida personal, incluido el acceso a los servicios de cuidado de niños, un entorno de trabajo saludable y debidamente adaptado que permita abordar los riesgos para la salud, la adaptación al cambio de los trabajadores y el envejecimiento activo y saludable
4.1.3  Promover la participación de las mujeres en el mercado laboral y una mejor conciliación del trabajo y la vida personal, incluido el acceso a los servicios de cuidado de niños, un entorno de trabajo saludable y debidamente adaptado que permita abordar los riesgos para la salud, la adaptación al cambio de los trabajadores, las empresas y los empresarios, y el envejecimiento activo y saludable
Enmienda 393
Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Objetivo político 4 – celda 2 – columna 4 – punto 2
2.  Medidas para corregir los desequilibrios entre hombres y mujeres en el empleo, la remuneración y las pensiones, y promueve la conciliación del trabajo y la vida privada, incluida la mejora del acceso a la educación y cuidados de la primera infancia, con metas
2.  Medidas para corregir los desequilibrios entre hombres y mujeres en el empleo, la remuneración, la seguridad social y las pensiones, y promueve la conciliación del trabajo y la vida privada, incluida la mejora del acceso a la educación y cuidados de la primera infancia, con metas
Enmienda 394
Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Objetivo político 4 – celda 3 – columna 2 – punto FSE
FSE:
FSE:
4.2.1  Mejorar la calidad, la eficacia y la adecuación al mercado laboral de los sistemas de educación y formación
4.2.1  mejorar la calidad, la inclusividad y la eficacia y la adecuación al mercado laboral de los sistemas de educación y formación con vistas a apoyar la adquisición de competencias clave, incluidas las capacidades digitales y facilitar la transición de la educación el empleo;
4.2.2  Promover las oportunidades flexibles de mejora y actualización de las capacidades para todos, incluidas la facilitación de las transiciones profesionales y la promoción de la movilidad profesional
4.2.2  Promover el aprendizaje permanente y, en particular, las oportunidades flexibles de mejora y actualización de las capacidades para todos y el aprendizaje no formal e informal, incluidas la facilitación de las transiciones profesionales y la promoción de la movilidad profesional
4.2.3  Promover la igualdad en el acceso, en particular para los grupos desfavorecidos, a la educación y formación inclusivas y de calidad, desde la educación y el cuidado de la primera infancia, pasando por la educación general y la formación profesional, hasta la enseñanza superior
4.2.3  Promover la igualdad en el acceso a una educación y una formación de calidad e inclusivas y su culminación, en particular para los grupos desfavorecidos desde la educación y el cuidado de la primera infancia, pasando por la educación general y la formación profesional, hasta la enseñanza superior y la educación y el aprendizaje de los adultos, incluida la facilitación de la movilidad del aprendizaje para todos;
Enmienda 395
Propuesta de Reglamento
Anexo IV –celda 4.2 – columna 4: Criterios de cumplimiento de la condición favorable – punto 1
1.  Sistemas basados en pruebas para anticipar y prever las capacidades, así como mecanismos para el seguimiento de los graduados y servicios de orientación eficaz y de calidad dirigidos a los educandos de todas las edades
1.  Sistemas basados en pruebas para anticipar y prever las capacidades, así como mecanismos para el seguimiento de los graduados y servicios de orientación eficaz y de calidad dirigidos a los educandos de todas las edades, en particular enfoques centrados en el alumno
Enmienda 396
Propuesta de Reglamento
Anexo IV –celda 4.2 – columna 4: Criterios de cumplimiento de la condición favorable – punto 2
2.  Medidas destinadas a garantizar la igualdad de acceso, la participación y la finalización de una educación y formación de calidad, pertinente e inclusiva, y la adquisición de competencias clave en todos los niveles, incluida la enseñanza superior
2.  Medidas destinadas a garantizar la igualdad de acceso, la participación y la finalización de una educación y formación de calidad, asequible, pertinente, no segregada e inclusiva, y la adquisición de competencias clave en todos los niveles, incluida la enseñanza superior
Enmienda 397
Propuesta de Reglamento
Anexo IV –celda 4.2 – columna 4: Criterios de cumplimiento de la condición favorable – punto 3
3.  Un mecanismo de coordinación en todos los niveles de la educación y la formación, incluida la educación terciaria, así como una clara atribución de responsabilidades entre los correspondientes organismos nacionales o regionales
3.  Un mecanismo de coordinación en todos los niveles de la educación y la formación, incluida la educación terciaria y los proveedores de aprendizaje no formal e informal, así como una clara atribución de responsabilidades entre los correspondientes organismos nacionales o regionales
Enmienda 398
Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Objetivo político 4 – celda 4 – columna 2 – punto 4.3
FEDER:
FEDER:
4.3  aumentar la integración socioeconómica de las comunidades marginadas, los migrantes y los grupos desfavorecidos a través de medidas integradas que incluyan la vivienda y los servicios sociales
4.3  aumentar la integración socioeconómica de las comunidades marginadas, los refugiados y migrantes bajo protección internacional y los grupos desfavorecidos a través de medidas integradas que incluyan la vivienda y los servicios sociales
Enmienda 399
Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Objetivo político 4 – celda 4 – columna 2 – punto 4.3.1
FSE:
FSE:
4.3.1  Promover la inclusión activa, también con vistas a fomentar la igualdad de oportunidades y la participación activa y mejorar la empleabilidad;
4.3.1  Fomentar la inclusión activa, también con vistas a fomentar la igualdad de oportunidades y la participación activa y mejorar la empleabilidad;
Enmienda 400
Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Objetivo político 4 – punto 4 – columna 2 – punto 4.3.1 bis (nuevo)
4.3.1 bis.   Promoción de la integración social de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, en particular las más desfavorecidas y los niños
Enmienda 401
Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Objetivo político 4 – celda 4 – columna 4
Un marco estratégico nacional para la inclusión social y la reducción de la pobreza, que incluye:
Un marco estratégico nacional y un plan de acción para la inclusión social y la reducción de la pobreza, que incluye:
1.  Un diagnóstico basado en pruebas de la pobreza y la exclusión social, incluida la pobreza infantil, la situación de carencia de hogar, la segregación educativa y espacial, el acceso limitado a servicios e infraestructuras esenciales y las necesidades específicas de las personas vulnerables;
1.  Un diagnóstico basado en pruebas de la pobreza y la exclusión social, incluida la pobreza infantil, la situación de carencia de hogar, la segregación educativa y espacial, el acceso limitado a servicios e infraestructuras esenciales y las necesidades específicas de las personas vulnerables;
2.  Medidas destinadas a prevenir y luchar contra la segregación en todos los ámbitos, en particular ayuda a una renta adecuada, mercados laborales inclusivos y acceso a servicios de calidad para las personas vulnerables, incluidos los migrantes.
2.  Medidas destinadas a prevenir y luchar contra la segregación en todos los ámbitos, en particular ayuda a una renta adecuada, la protección social, mercados laborales inclusivos y acceso a servicios de calidad para las personas vulnerables, incluidos los migrantes y refugiados
3.  Medidas para pasar de la asistencia institucional a una asistencia de carácter local.
3.  Medidas de cara a una transición de la asistencia institucional a una asistencia de carácter familiar y local basada en una estrategia de desinstitucionalización y en un plan de acción.
4.  Disposiciones para garantizar que su diseño, aplicación, seguimiento y revisión se lleva a cabo en estrecha cooperación con los interlocutores sociales y las organizaciones pertinentes de la sociedad civil
4.  Disposiciones para garantizar que su diseño, aplicación, seguimiento y revisión se lleva a cabo en estrecha cooperación con los interlocutores sociales y las organizaciones pertinentes de la sociedad civil
Enmienda 402
Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Objetivo político 4 – celda 5 – columna 2
FSE:
FSE:
4.3.2  Promover la integración socioeconómica de las comunidades marginadas, como la población romaní
4.3.2  Promover la integración socioeconómica de los nacionales de terceros países y de las comunidades marginadas, como la población romaní
Enmienda 403
Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Objetivo político 4 – celda 6 – columna 2
FSE:
FSE:
4.3.4  Mejorar el acceso equitativo y oportuno a servicios de calidad, sostenibles y asequibles; mejorar la accesibilidad, eficacia y resiliencia de los sistemas de asistencia sanitaria; mejorar el acceso a los servicios de cuidados de larga duración
4.3.4  Mejorar el acceso equitativo y oportuno a servicios de calidad, sostenibles y asequibles; modernizar los sistemas de protección social, y en especial promover el acceso a la protección social; mejorar la accesibilidad, eficacia y resiliencia de los sistemas de asistencia sanitaria; mejorar el acceso a los servicios de cuidados de larga duración
Enmienda 404
Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Objetivo político 4 – celda 6 – columna 4 – puntos 2, 3 y 3 bis (nuevo)
Existe un marco estratégico nacional o regional en materia de salud, que incluye:
Existe un marco estratégico nacional o regional en materia de salud, que incluye:
1.  Cartografía de las necesidades de asistencia sanitaria y cuidados de larga duración, también en lo que se refiere al personal médico, con el fin de garantizar la sostenibilidad y la coordinación de las medidas
1.  Cartografía de las necesidades de asistencia sanitaria y cuidados de larga duración, también en lo que se refiere al personal médico, con el fin de garantizar la sostenibilidad y la coordinación de las medidas
2.  Medidas para garantizar la eficiencia, la sostenibilidad, la accesibilidad y la asequibilidad de los servicios de asistencia sanitaria y de cuidados de larga duración, prestando una atención específica a las personas excluidas de los sistemas de atención sanitaria y de cuidados de larga duración.
2.  Medidas para garantizar la eficiencia, la sostenibilidad, la accesibilidad y la asequibilidad de los servicios de asistencia sanitaria y de cuidados de larga duración, prestando una atención específica a las personas excluidas de los sistemas de atención sanitaria y de cuidados de larga duración y a aquellos a quienes más difícil resulta llegar.
3.  Medidas para promover los servicios de proximidad, incluidas la prevención y la atención primaria, la asistencia a domicilio y servicios comunitarios
3.  Medidas para promover los servicios de proximidad, incluidas la prevención y la atención primaria, la asistencia a domicilio y servicios comunitarios, así como la transición de la asistencia institucional a la asistencia familiar y local
3 bis.   Medidas para garantizar la eficacia, sostenibilidad, accesibilidad y asequibilidad de los sistemas de protección social
Enmienda 405
Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 2 – Cuadro 1 T: Estructura del programa

 

Texto de la Comisión

ID

Título [300]

AT

Base para el cálculo

Fondo

Categoría de región apoyada

Objetivo específico seleccionado

1

Prioridad 1

No

 

FEDER

Más desarrollada

OE 1

En transición

Menos desarrollada

OE 2

Región ultraperiférica y con baja densidad de población

Más desarrollada

OE 3

2

Prioridad 2

No

 

FSE+

Más desarrollada

OE 4

En transición

Menos desarrollada

OE 5

Región ultraperiférica

3

Prioridad 3

No

 

FC

N/A

 

3

Prioridad Asistencia técnica

 

 

 

N/A

..

Prioridad Empleo juvenil

No

 

FSE+

 

 

..

Prioridad específica REP

No

 

FSE+

 

 

..

Prioridad específica Acciones innovadoras

No

 

FSE+

 

OE 8

 

Prioridad específica Carencias materiales

No

 

FSE+

 

OE 9

 

Enmienda

ID

Título [300]

AT

Base para el cálculo

Fondo

Categoría de región apoyada

Objetivo específico seleccionado

1

Prioridad 1

No

 

FEDER

Más desarrollada

OE 1

En transición

Menos desarrollada

OE 2

Región ultraperiférica y con baja densidad de población

Más desarrollada

OE 3

2

Prioridad 2

No

 

FSE+

Más desarrollada

OE 4

En transición

Menos desarrollada

OE 5

Región ultraperiférica

3

Prioridad 3

No

 

FC

N/A

 

3

Prioridad Asistencia técnica

 

 

 

N/A

..

Prioridad Empleo juvenil

No

 

FSE+

 

 

 

Prioridad Garantía Infantil

No

 

FSE+

 

 

..

Prioridad específica REP

No

 

FSE+

 

 

..

Prioridad específica Acciones innovadoras

No

 

FSE+

 

OE 8

 

Prioridad específica Carencias materiales

No

 

FSE+

 

OE 9

Enmienda 406
Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 2.1 – cuadro

Texto de la Comisión

[ ] Esta es una prioridad para responder a un recomendación específica por país

[ ]Esta es una prioridad relativa al empleo juvenil

[ ]Esta es una prioridad en materia de acciones innovadoras

[ ]Esta es una prioridad para subsanar las carencias materiales

Enmienda

[ ]Esta es una prioridad para responder a un recomendación específica por país

[ ]Esta es una prioridad relativa al empleo juvenil

[ ]Esta es una prioridad relativa a la Garantía Juvenil

[ ]Esta es una prioridad en materia de acciones innovadoras

[ ]Esta es una prioridad para subsanar las carencias materiales

Enmienda 407
Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.1 – punto 2.1.1 – parte introductoria
2.1.1.  Objetivo específico54 (objetivo de empleo y crecimiento) o ámbito de apoyo (FEMP) – repítase para cada objetivo específico o ámbito de apoyo seleccionados, para prioridades distintas de la asistencia técnica
2.1.1.  Objetivo específico54 (objetivo de empleo y crecimiento) o ámbito de apoyo (FEMP) – repítase para cada objetivo específico o ámbito de apoyo seleccionados, para prioridades distintas de la asistencia técnica
__________________
__________________
54 Excepto para un objetivo específico establecido en el artículo 4, apartado 1, letra c), inciso vii, del Reglamento del FSE+
Excepto para un objetivo específico establecido en el artículo 4, apartado 1, inciso xi), del Reglamento del FSE+
Enmienda 408
Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.1 – punto 2.1.1 – punto 2.1.1.2 – parte introductoria
2.1.1.2  Indicadores55
2.1.1.2  Indicadores
_________________
55 Antes de la evaluación intermedia del FEDER, el FSE+ y el FC en 2025, solamente desglose para los años 2021 a 2025.
Enmienda 409
Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.1 – punto 2.1.1 – punto 2.1.1.3 – parte introductoria
2.1.1.3  Desglose indicativo de los recursos del programa (UE) por tipo de intervención 56 (no aplicable al FEMP)
2.1.1.3  Desglose indicativo de los recursos del programa (UE) por tipo de intervención (no aplicable al FEMP)
_________________
56 Antes de la evaluación intermedia del FEDER, el FSE+ y el FC en 2025, solamente desglose para los años 2021 a 2025.
Enmienda 410
Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.1 – punto 2.1.2 – párrafo 8
Criterios para la selección de operaciones57
Criterios para la selección de operaciones57
__________________
__________________
57 Solo para programas limitados a los objetivos específicos establecidos en el artículo 4, apartado 1, letra c, inciso vii), del Reglamento FSE+
Solo para programas limitados a los objetivos específicos establecidos en el artículo 4, apartado 1, inciso xi), del Reglamento FSE+
Enmienda 411
Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 3 – cuadro 16
[...]
suprimido
Enmienda 412
Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 3 – punto 3.2 – parte introductoria
3.2  Total de créditos financieros por Fondo y cofinanciación nacional59
3.2  Total de créditos financieros por Fondo y cofinanciación nacional
_________________
59 Antes de la evaluación intermedia del FEDER, el FSE+ y el FC en 2025, solamente los créditos financieros para los años 2021 a 2025

(1) De conformidad con el artículo 59, apartado 4, párrafo cuarto, del Reglamento interno, el asunto se devuelve a la comisión competente con vistas a la celebración de negociaciones interinstitucionales (A8-0043/2019)


Programa de Justicia ***I
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Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 13 de febrero de 2019 sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Programa de Justicia (COM(2018)0384 – C8-0235/2018 – 2018/0208(COD))(1)
P8_TA(2019)0097A8-0068/2019

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

Texto de la Comisión   Enmienda
Enmienda 1
Propuesta de Reglamento
Considerando 1
(1)  Conforme al artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, «la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres». El artículo 3 especifica además que la «Unión tiene como finalidad promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos» y que, entre otras cosas, «respetará la riqueza de su diversidad cultural y lingüística y velará por la conservación y el desarrollo del patrimonio cultural europeo». Estos valores se reafirman y articulan en los derechos, libertades y principios consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea («la Carta»).
(1)  Conforme al artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, «la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres». El artículo 3 especifica además que la «Unión tiene como finalidad promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos» y que, entre otras cosas, «respetará la riqueza de su diversidad cultural y lingüística y velará por la conservación y el desarrollo del patrimonio cultural europeo». Por otra parte, el artículo 8 del TFUE estipula que, «en todas sus acciones, la Unión se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad» y luchar contra la discriminación al definir y ejecutar sus políticas y acciones. Estos valores se reafirman y articulan en los derechos, libertades y principios consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea («la Carta») y en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Enmienda 2
Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)
(1 bis)  De conformidad con los artículos 8 y 10 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, todas las actividades del Programa de Justicia deben apoyar la integración de la perspectiva de género, incluida la presupuestación basada en el género, y la integración de objetivos de no discriminación.
Enmienda 3
Propuesta de Reglamento
Considerando 2
(2)  Estos derechos y valores han de seguir promoviéndose y haciéndose respetar, compartiéndose entre los ciudadanos y los pueblos de la Unión y ocupando un lugar central en las sociedades de Europa. Por consiguiente, se creará en el presupuesto de la Unión un nuevo Fondo de Justicia, Derechos y Valores que comprenderá el programa Derechos y Valores y el Programa de Justicia. En unos momentos en que las sociedades europeas se enfrentan al extremismo, el radicalismo y la división, es más importante que nunca promover, fortalecer y defender la justicia, los derechos y los valores de la UE: los derechos humanos, el respeto por la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad y el Estado de Derecho. Esto tendrá implicaciones directas y profundas para la vida política, social, cultural, judicial y económica de la UE. Como parte del nuevo Fondo, el programa Derechos y Valores reunirá el Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía 2014-2020, establecido por el Reglamento (UE) n.º 1381/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo10, y el programa Europa para los Ciudadanos, establecido por el Reglamento n.º 390/2014 del Consejo11. El Programa de Justicia (en lo sucesivo, «el Programa») seguirá apoyando el desarrollo de un Espacio Europeo de Justicia integrado y la cooperación transfronteriza, continuando así el Programa de Justicia 2014-2020, establecido por el Reglamento (UE) n.º 1381/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo12 (en lo sucesivo denominado «el Programa precedente»).
(2)  Estos derechos y valores han de seguir cultivándose, protegiéndose y promoviéndose activamente por la Unión y todos los Estados miembros en todas sus políticas, de modo coherente, además de seguir haciéndose respetar y compartiéndose entre los ciudadanos y los pueblos de la Unión y ocupando un lugar central en las sociedades de Europa. Por otra parte, un Espacio Europeo de Justicia plenamente operativo y unos sistemas judiciales nacionales de calidad, independientes y eficaces, así como la consolidación de la confianza mutua, son necesarios para que prospere el mercado interior y para defender los valores comunes de la Unión. Por consiguiente, se creará en el presupuesto de la Unión un nuevo Fondo de Justicia, Derechos y Valores que comprenderá el programa Derechos y Valores y el Programa de Justicia. En unos momentos en que las sociedades europeas se enfrentan al extremismo, el radicalismo, la polarización y la división y que están en curso procedimientos en virtud del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea relacionados con infracciones sistemáticas del Estado de Derecho, así como procedimientos de incumplimiento relacionados con el Estado de Derecho en los Estados miembros, es más importante que nunca promover, fortalecer y defender la justicia, los derechos y los valores de la UE: los derechos humanos y los derechos fundamentales, el respeto por la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, incluida la igualdad de género, la no discriminación y el Estado de Derecho, dado que el deterioro de estos derechos y valores en cualquier Estado miembro puede tener efectos perjudiciales para la Unión en su conjunto. Esto tendrá implicaciones directas y profundas para la vida política, social, cultural, judicial y económica de la UE. Como parte del nuevo Fondo, el programa Derechos y Valores reunirá el Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía 2014-2020, establecido por el Reglamento (UE) n.º 1381/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, y el programa Europa para los Ciudadanos, establecido por el Reglamento (UE) n.º 390/2014 del Consejo. El Programa de Justicia (en lo sucesivo, «el Programa») seguirá apoyando el desarrollo de un Espacio Europeo de Justicia integrado y la cooperación transfronteriza, continuando así el Programa de Justicia 2014-2020, establecido por el Reglamento (UE) n.º 1381/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo12 (en lo sucesivo denominado «el Programa precedente»).
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10Reglamento (UE) n.º 1381/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establece el programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía para el período de 2014 a 2020 ( DO L 354 de 28.12.2013, p. 62).
10Reglamento (UE) n.º 1381/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establece el programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía para el período de 2014 a 2020 ( DO L 354 de 28.12.2013, p. 62).
11Reglamento (UE) n.º 390/2014 del Consejo, de 14 de abril de 2014, por el que se establece el programa Europa para los Ciudadanos para el período 2014-2020 (DO L 115 de 17.4.2014 p. 3).
11Reglamento (UE) n.º 390/2014 del Consejo, de 14 de abril de 2014, por el que se establece el programa Europa para los Ciudadanos para el período 2014-2020 (DO L 115 de 17.4.2014, p. 3).
12Reglamento (UE) n.º 1381/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establece el programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía para el período de 2014 a 2020 ( DO L 354 de 28.12.2013, p. 62).
12Reglamento (UE) n.º 1381/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establece el programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía para el período de 2014 a 2020 ( DO L 354 de 28.12.2013, p. 62).
Enmienda 4
Propuesta de Reglamento
Considerando 3
(3)  El Fondo de Justicia, Derechos y Valores y sus dos programas de financiación subyacentes se centrarán principalmente en las personas y entidades que contribuyen a hacer que nuestros valores y derechos comunes y nuestra rica diversidad se mantengan vivos y dinámicos. El objetivo final es reforzar y mantener nuestras sociedades democráticas, igualitarias, inclusivas y basadas en derechos. Esto incluye una sociedad civil dinámica, la promoción de la participación democrática, cívica y social de las personas y el fomento de la rica diversidad de la sociedad Europea, todo ello basándonos en nuestra historia y nuestra memoria comunes. Asimismo, el artículo 11 del Tratado de la UE establece que las «instituciones darán a los ciudadanos y a las asociaciones representativas, por los cauces apropiados, la posibilidad de expresar e intercambiar públicamente sus opiniones en todos los ámbitos de actuación de la Unión».
(3)  El Fondo de Justicia, Derechos y Valores y sus dos programas de financiación subyacentes se centrarán en las personas y entidades que contribuyen a hacer que nuestros valores y derechos comunes y nuestra rica diversidad se mantengan vivos y dinámicos. El objetivo final es reforzar y mantener nuestras sociedades democráticas, igualitarias, abiertas, inclusivas y basadas en derechos, en particular mediante la financiación de actividades que promuevan una sociedad civil dinámica, bien desarrollada, resiliente y capacitada, que permita la participación democrática, cívica y social de las personas y la aplicación y puesta en práctica adecuadas de los derechos humanos y fundamentales, fomentando la rica diversidad de la sociedad europea, todo ello basándonos en nuestra historia y nuestra memoria comunes. El artículo 11 del Tratado de la UE exige a las instituciones que mantengan un diálogo abierto, transparente y periódico con la sociedad civil y establece que las «instituciones darán a los ciudadanos y a las asociaciones representativas, por los cauces apropiados, la posibilidad de expresar e intercambiar públicamente sus opiniones en todos los ámbitos de actuación de la Unión». Esto es especialmente importante habida cuenta de la creciente reducción del espacio para la sociedad civil independiente en una serie de Estados miembros.
Enmienda 5
Propuesta de Reglamento
Considerando 4
(4)  El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) prevé la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia dentro del respeto de los derechos fundamentales y de los distintos sistemas y tradiciones jurídicos de los Estados miembros. Con este fin, la Unión puede adoptar medidas para desarrollar la cooperación judicial en materia civil y la cooperación judicial en materia penal, y promover y apoyar la actuación de los Estados miembros en el ámbito de la prevención de la delincuencia. En el futuro desarrollo de un Espacio Europeo de Justicia se garantizarán el respeto de los derechos fundamentales y de los principios y valores comunes, como el de no discriminación, la igualdad de género, la tutela judicial efectiva para todos, el Estado de Derecho y un sistema judicial independiente que funcione correctamente.
(4)  El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) prevé la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia dentro del respeto de los derechos fundamentales y de los distintos sistemas y tradiciones jurídicos de los Estados miembros. El respeto y el fomento del Estado de Derecho, los derechos fundamentales y la democracia en la Unión son requisitos previos para la defensa de todos los derechos y obligaciones consagrados en los Tratados y para la generar confianza en la Unión entre las personas. La manera en que se aplica el Estado de Derecho en los Estados miembros desempeña un papel clave a la hora de garantizar la confianza mutua entre estos y entre sus sistemas jurídicos. Con este fin, la Unión puede adoptar medidas para desarrollar la cooperación judicial en materia civil y penal y, si procede, administrativa, y promover y apoyar la actuación de los Estados miembros en el ámbito de la prevención de la delincuencia, prestando especial atención a los delitos transfronterizos importantes, los delitos fiscales, los delitos contra el medio ambiente, el terrorismo y las infracciones de los derechos fundamentales, como la trata de seres humanos, en el ámbito de la protección de los derechos de las víctimas. En el futuro desarrollo de un Espacio Europeo de Justicia a escala local, regional y nacional, deben garantizarse y fomentarse el respeto de los derechos humanos y fundamentales y de los principios y valores comunes, como el de no discriminación, la solidaridad, la igualdad de trato sobre la base de cualquiera de los criterios recogidos en el artículos 21 de la Carta, la tutela judicial efectiva para todos, el Estado de Derecho, la democracia y un sistema judicial independiente que funcione correctamente.
Enmienda 6
Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)
(4 bis)   El artículo 81 del TFUE dispone explícitamente que la Unión puede adoptar actos jurídicos para aproximar las legislaciones de los Estados miembros. Según el Tratado, dichos actos pueden adoptarse, entre otras cosas, para la ejecución y el reconocimiento mutuos de las sentencias y decisiones extrajudiciales en los distintos Estados miembros; la notificación y el traslado transfronterizos de documentos judiciales y extrajudiciales; la compatibilidad de las normas del Derecho privado internacional aplicables en los Estados miembros en materia de conflictos de leyes y de jurisdicción; la cooperación en la obtención de pruebas; una tutela judicial efectiva; la supresión de los obstáculos para el correcto funcionamiento de los procedimientos civiles, penales y administrativos, que puede incluir lograr que los procedimientos de los tribunales nacionales sean más compatibles; el desarrollo de métodos alternativos de resolución de litigios (RAL); y el fomento de la formación de los magistrados y del personal al servicio de la administración de justicia.
Enmienda 7
Propuesta de Reglamento
Considerando 5
(5)  La financiación debería seguir siendo una de las herramientas fundamentales para tener éxito en la consecución de los ambiciosos objetivos fijados en los Tratados. Estos objetivos deberían lograrse, entre otras cosas, mediante el establecimiento de un Programa de Justicia flexible y eficaz a fin de facilitar la planificación y la consecución de dichos objetivos.
(5)  La financiación es una de las herramientas más importantes para tener éxito en la consecución de los ambiciosos objetivos fijados en los Tratados. Estos objetivos deberían lograrse, entre otras cosas, mediante el establecimiento de un Programa de Justicia flexible y eficaz a fin de facilitar la planificación y la consecución de dichos objetivos, teniendo en cuenta cuáles son las actividades que aportan el mayor valor añadido de la Unión mediante la utilización de indicadores clave de rendimiento, siempre que sea posible.
Enmienda 8
Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)
(5 bis)  El objetivo del Programa debe consistir en aumentar la flexibilidad y accesibilidad de sus fondos y proporcionar las mismas oportunidades y condiciones de financiación a las organizaciones de la sociedad civil de dentro de la Unión que a las de fuera de la Unión.
Enmienda 9
Propuesta de Reglamento
Considerando 6
(6)  Para el establecimiento progresivo de un espacio de libertad, seguridad y justicia, la Unión debe adoptar medidas relativas a la cooperación judicial en materia civil y penal, basándose en el principio de reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales, que constituye la piedra angular de la cooperación judicial en la Unión desde el Consejo Europeo de Tampere de 15 y 16 de octubre de 1999. El reconocimiento mutuo exige un alto nivel de confianza recíproca entre los Estados miembros. Se han adoptado medidas de aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en varios ámbitos a fin de facilitar el reconocimiento mutuo y fomentar la confianza recíproca. Un espacio de justicia que funcione correctamente y en el que se eliminen los obstáculos a los procedimientos judiciales transfronterizos y al acceso a la justicia en situaciones con una dimensión transfronteriza sería también clave a la hora de garantizar el crecimiento económico.
(6)  Para el establecimiento progresivo de un espacio de libertad, seguridad y justicia para todos, la Unión debe adoptar medidas relativas a la cooperación judicial en materia civil y penal, basándose en el principio de reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales, que constituye la piedra angular de la cooperación judicial en la Unión desde el Consejo Europeo de Tampere de 15 y 16 de octubre de 1999. El reconocimiento mutuo exige un alto nivel de confianza recíproca entre los Estados miembros. Se han adoptado medidas de aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en varios ámbitos a fin de facilitar el reconocimiento mutuo y fomentar la confianza recíproca. Un espacio de justicia que funcione correctamente y en el que se eliminen los obstáculos a los procedimientos judiciales transfronterizos y al acceso a la justicia en situaciones con una dimensión transfronteriza sería también clave a la hora de garantizar el crecimiento económico y una mayor integración.
Enmienda 10
Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)
(6 bis)   Tal y como ha recordado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su jurisprudencia, la independencia judicial forma parte de la esencia del derecho fundamental a un juicio justo y representa la base para la confianza y el reconocimiento mutuos.
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TJUE, Gran Sala, 27 de febrero de 2018, C-64/16, Asociação Sindical dos Juízes Portugueses, ECLI:EU:C:2018:117; TJUE, Gran Sala, 25 de julio de 2018, C-216/18 PPU, L.M., ECLI:EU:C:2018:586.
Enmienda 11
Propuesta de Reglamento
Considerando 6 ter (nuevo)
(6 ter)   El acceso a la justicia debe incluir, en particular el acceso a los tribunales, a métodos alternativos de resolución de litigios, así como a los titulares de cargos públicos a los que la ley obligue a facilitar a las partes un asesoramiento jurídico independiente e imparcial.
Enmienda 12
Propuesta de Reglamento
Considerando 6 quater (nuevo)
(6 quater)  La incorporación de la perspectiva de género en los sistemas judiciales debe considerarse un objetivo importante para desarrollar aún más el Espacio Europeo de Justicia. La discriminación interseccional en los sistemas de justicia sigue siendo uno de los obstáculos principales en lo que se refiere al acceso igualitario de las mujeres a la justicia. Por consiguiente, el Programa debe contribuir de manera activa a la eliminación de cualquier discriminación y obstáculo para las minorías, las personas con discapacidad, los migrantes, los solicitantes de asilo, las personas mayores, las personas que viven en zonas remotas o cualquier grupo vulnerable que pueda encontrar restricciones en el acceso a la justicia, y apoyar procedimientos y decisiones con perspectiva de género y favorables a las víctimas en los sistemas judiciales.
Enmienda 13
Propuesta de Reglamento
Considerando 7
(7)  El respeto del Estado de Derecho es fundamental para una alto nivel de confianza mutua en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior, en particular para la eficacia de la cooperación judicial en asuntos civiles y penales, que se basa en el reconocimiento mutuo. El Estado de Derecho es uno de los valores comunes consagrados en el artículo 2 del TUE, y el principio de tutela judicial efectiva previsto en el artículo 19, apartado 1, del TUE y en el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales constituye una manifestación concreta del Estado de Derecho. La promoción del Estado de Derecho mediante el apoyo a los esfuerzos por incrementar la independencia, la calidad y la eficacia de los sistemas de justicia nacionales refuerza la confianza mutua, indispensable para la cooperación judicial en materia civil y penal.
(7)  El pleno respeto y el fomento del Estado de Derecho es fundamental para un alto nivel de confianza mutua en el ámbito de la libertad, la seguridad y la justicia y los asuntos de interior, en particular para la eficacia de la cooperación judicial en asuntos civiles y penales, que se basa en el reconocimiento mutuo. El Estado de Derecho es uno de los valores comunes consagrados en el artículo 2 del TUE, y el principio de tutela judicial efectiva previsto en el artículo 19, apartado 1, del TUE y en el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales constituye una manifestación concreta del Estado de Derecho. La promoción del Estado de Derecho mediante el apoyo a los esfuerzos por incrementar la independencia, la transparencia, la rendición de cuentas, la calidad y la eficacia de los sistemas de justicia nacionales refuerza la confianza mutua, indispensable para la cooperación judicial en materia civil y penal.
Enmienda 14
Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)
(7 bis)   Es importante recordar que la justicia ratifica el Estado de Derecho en la sociedad y garantiza el derecho de todo el mundo a un juicio justo por parte de un tribunal imparcial e independiente con vistas a proteger los valores europeos.
Enmienda 15
Propuesta de Reglamento
Considerando 8
(8)  De conformidad con los artículos 81, apartado 2, letra h). y 82, apartado 1, letra c), del Tratado de Funcionamiento de la UE, la Unión apoyará la formación de jueces, magistrados, profesionales del Derecho y personal al servicio de la administración de justicia como herramienta para mejorar la cooperación judicial en materia civil y penal, sobre la base del principio de reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales. La formación de los profesionales de la justicia es una herramienta importante para desarrollar una visión compartida sobre la mejor manera de defender el Estado de Derecho. Contribuye al establecimiento de un Espacio Europeo de Justicia mediante la creación de una cultura jurídica común entre los profesionales de la justicia de los Estados miembros. Resulta esencial garantizar la aplicación correcta y coherente del Derecho en la Unión y la confianza mutua entre los profesionales de la justicia en los litigios transfronterizos. Las actividades de formación apoyadas por el Programa deben basarse en evaluaciones sólidas de las necesidades de formación, emplear métodos de formación punteros, incluir actos transfronterizos que reúnan a profesionales de la justica de diferentes Estados miembros, contar con elementos de aprendizaje activo y de creación de redes, y ser sostenibles.
(8)  De conformidad con los artículos 81, apartado 2, letra h). y 82, apartado 1, letra c), del Tratado de Funcionamiento de la UE, la Unión apoyará la formación de jueces, magistrados, profesionales del Derecho y personal al servicio de la administración de justicia como herramienta para mejorar la cooperación judicial en materia civil, penal y, si procede, administrativa, sobre la base del principio de reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales. La formación de los profesionales de la justicia es una herramienta importante para desarrollar una visión compartida sobre la mejor manera de aplicar y defender el Estado de Derecho y los derechos fundamentales. Contribuye al establecimiento de un Espacio Europeo de Justicia mediante la creación de una cultura jurídica común entre los profesionales de la justicia de los Estados miembros. Resulta esencial garantizar la aplicación no discriminatoria, correcta y coherente del Derecho en la Unión y la confianza mutua y la comprensión entre los profesionales de la justicia en los litigios transfronterizos. Las actividades de formación apoyadas por el Programa deben basarse en evaluaciones sólidas de las necesidades de formación, emplear métodos de formación punteros, incluir actos transfronterizos que reúnan a profesionales de la justicia, incluidos aquellos que trabajan en organizaciones de defensa de los derechos humanos, de diferentes Estados miembros, contar con elementos de aprendizaje activo y de creación de redes, y ser sostenibles. Deben incluir cursos de formación para jueces, fiscales, abogados, policías acerca de los desafíos y obstáculos a los que se enfrentan las personas en situaciones de vulnerabilidad, en particular los niños, las minorías étnicas, las personas LGBTI, las personas con discapacidad, las víctimas de la violencia de género y de otros tipos de violencia interpersonal, y las víctimas de la trata de seres humanos, y la manera de garantizar que las víctimas de estos delitos están adecuadamente protegidas. Estos cursos de formación deben organizarse con la participación directa de las víctimas y las organizaciones que les representan o les ayudan.
Enmienda 16
Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)
(8 bis)   Unos plazos razonables de los procedimientos tienen como finalidad la seguridad jurídica, que es el requisito clave para el Estado de Derecho.
Enmienda 17
Propuesta de Reglamento
Considerando 8 ter (nuevo)
(8 ter)  En virtud de la Decisión (UE) 2017/865 del Consejo, de 11 de mayo de 2017, relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, en lo que respecta a asuntos relacionados con la cooperación judicial en materia penal, y la decisión correspondiente en materia asilo y no devolución, el Programa debe apoyar la formación de jueces, magistrados, profesionales del Derecho y personal al servicio de la administración de justicia con fines de sensibilización y promoción de la aplicación práctica del Convenio en este ámbito para proteger mejor a las víctimas de violencia contra las mujeres y las niñas en la Unión.
Enmienda 18
Propuesta de Reglamento
Considerando 9
(9)  En la formación judicial puede haber distintos participantes, como las autoridades jurídicas, judiciales y administrativas de los Estados miembros, las instituciones universitarias, los organismos nacionales competentes para la formación judicial, las organizaciones o redes de formación de nivel europeo o las redes de coordinadores de órganos jurisdiccionales del Derecho de la Unión. Los organismos y entidades que persiguen un objetivo de interés general europeo en el ámbito de la formación judicial, como la Red Europea de Formación Judicial (REFJ), la Academia de Derecho Europeo (ERA), la Red Europea de Consejos del Poder Judicial (RECPJ), la Asociación de Consejos de Estado y Tribunales Supremos Administrativos de la Unión Europea (ACA-Europe), la Red de Presidentes de Tribunales Supremos de la Unión Europea (RPTSUE) y el Instituto Europeo de Administración Pública (IEAP), deben seguir desempeñando su papel en la promoción de los programas de formación con una genuina dimensión europea destinados a jueces, magistrados, profesionales del Derecho y personal al servicio de la administración de justicia, y por tanto podrían recibir apoyo financiero adecuado con arreglo a los procedimientos y criterios establecidos en los programas anuales de trabajo adoptados por la Comisión con arreglo al presente Reglamento.
(9)  En la formación judicial puede haber distintos participantes, como las autoridades jurídicas, judiciales y administrativas de los Estados miembros, las instituciones universitarias, los organismos nacionales competentes para la formación judicial, las organizaciones o redes de formación de nivel europeo o las redes de coordinadores de órganos jurisdiccionales del Derecho de la Unión, así como las organizaciones pertinentes de la sociedad civil, incluidas las que emprenden acciones de representación. Los organismos y entidades que persiguen un objetivo de interés general europeo en el ámbito de la formación judicial, como la Red Europea de Formación Judicial (REFJ), la Academia de Derecho Europeo (ERA), la Red Europea de Consejos del Poder Judicial (RECPJ), la Asociación de Consejos de Estado y Tribunales Supremos Administrativos de la Unión Europea (ACA-Europe), la Red de Presidentes de Tribunales Supremos de la Unión Europea (RPTSUE) y el Instituto Europeo de Administración Pública (IEAP), deben seguir desempeñando su papel en la promoción de los programas de formación con una genuina dimensión europea destinados a jueces, magistrados, profesionales del Derecho y personal al servicio de la administración de justicia, y por tanto podrían recibir apoyo financiero adecuado con arreglo a los procedimientos y criterios establecidos en los programas anuales de trabajo adoptados por la Comisión con arreglo al presente Reglamento. Además, las organizaciones en el ámbito de los derechos fundamentales y los profesionales que trabajan con víctimas de la violencia, así como las instituciones académicas especializadas, también podrían contribuir a estos programas de formación, por lo que debería recabarse su colaboración cuando proceda. Teniendo en cuenta que las juezas están insuficientemente representadas en los cargos de mayor responsabilidad, debe fomentarse la participación de las mujeres que ejercen como juezas, fiscales u otras profesionales del Derecho en las actividades de formación.
Enmienda 19
Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)
(9 bis)   Pide a los Estados miembros que aumenten la inversión en el desarrollo de la formación judicial y la educación continua de los jueces, ya que estas actividades son la base de un sistema judicial eficaz, independiente e imparcial.
Enmienda 20
Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)
(10 bis)  Asimismo, el Programa debe apoyar el fomento de las mejores prácticas entre tribunales competentes específicamente en materia de violencia de género y el intercambio de recursos y materiales de formación comunes sobre la violencia de género destinados a jueces, fiscales, abogados, policía y otros profesionales que están en contacto con las víctimas de violencia de género.
Enmienda 21
Propuesta de Reglamento
Considerando 11
(11)  Las medidas del Programa deben apoyar un mayor reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales y la necesaria aproximación de la legislación, que facilitará la cooperación entre todas las autoridades pertinentes, incluidas las Unidades de Inteligencia Financiera, y la protección judicial de los derechos individuales en los asuntos civiles y mercantiles. El Programa debe también promover el desarrollo de la legislación procesal relativa a los asuntos con una dimensión transfronteriza, así como una mayor convergencia del Derecho civil a fin de contribuir a eliminar los obstáculos al funcionamiento correcto y eficiente de los procedimientos judiciales y extrajudiciales en beneficio de todas las partes en los litigios civiles. Por último, con el fin de apoyar la eficacia del control de la observancia y de la aplicación práctica del Derecho de la Unión sobre cooperación judicial en materia civil, el Programa debe apoyar el funcionamiento de la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil establecida mediante la Decisión 2011/470/CE del Consejo.
(11)  Las medidas del Programa deben apoyar un mayor reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales, la confianza recíproca entre Estados miembros y la necesaria aproximación de la legislación, que facilitará la cooperación entre todas las autoridades pertinentes, incluidas las Unidades de Inteligencia Financiera, y la protección judicial de los derechos individuales en los asuntos civiles y mercantiles. El Programa debe también promover el desarrollo de la legislación procesal relativa a los asuntos con una dimensión transfronteriza, incluidos los procedimientos de mediación, centrándose especialmente en facilitar un acceso no discriminatorio a la justicia para todas las víctimas, así como una mayor convergencia, en particular, del Derecho civil a fin de contribuir a eliminar los obstáculos al funcionamiento correcto y eficiente de los procedimientos judiciales y extrajudiciales en beneficio de todas las partes en los litigios civiles. Por último, con el fin de apoyar la eficacia del control de la observancia y de la aplicación práctica del Derecho de la Unión sobre cooperación judicial en materia civil, el Programa debe apoyar el funcionamiento de la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil establecida mediante la Decisión 2001/470/CE del Consejo.
Enmienda 22
Propuesta de Reglamento
Considerando 12
(12)  En aplicación del artículo 3, apartado 3, del TUE, del artículo 24 de la Carta y de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989, el Programa debe promover la protección de los derechos del niño y tener en cuenta su promoción en la ejecución de todas sus acciones.
(12)  En aplicación del artículo 3, apartado 3, del TUE, del artículo 24 de la Carta y de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989, el Programa debe promover la protección de los derechos del niño y tener en cuenta su promoción en la ejecución de todas sus acciones. Para ello, se debe prestar especial atención a las acciones encaminadas a la protección de los derechos del niño en el contexto de la justicia civil y penal, incluida la protección de los niños que acompañan a sus progenitores durante una privación de libertad y de los hijos menores de padres encarcelados. También se debe considerar la prestación de un apoyo adecuado a las actividades de formación cuyo objetivo sea la correcta aplicación de la Directiva (UE) 2016/800 relativa a las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales.
Enmienda 23
Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)
(12 bis)  En aplicación del artículo 3, apartado 3, del TUE, del artículo 23 de la Carta y del Convenio sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), el Programa debe contribuir a la protección de los derechos de las mujeres e integrar la promoción de las cuestiones de género en la ejecución de todas sus acciones. A fin de garantizar y reforzar el acceso de las mujeres y las niñas a la justicia en los casos de violencia de género, los Estados miembros deben ratificar el Convenio de Estambul y adoptar una legislación integral contra la violencia de género en la Unión.
Enmienda 24
Propuesta de Reglamento
Considerando 12 ter (nuevo)
(12 ter)   De conformidad con la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico, el Programa debe apoyar la protección de las personas pertenecientes a minorías raciales o étnicas, como los romaníes, e integrar la promoción de sus derechos en la ejecución de todas sus acciones, especialmente mediante el refuerzo de las medidas contra la discriminación.
Enmienda 25
Propuesta de Reglamento
Considerando 13
(13)  El Programa 2014-2020 ha posibilitado las actividades de formación sobre el Derecho de la Unión, en particular en lo relativo al alcance y la aplicación de la Carta, dirigidas a los miembros del poder judicial y otros profesionales del Derecho. En sus conclusiones de 12 de octubre de 2017 sobre la aplicación de la Carta en 2016, el Consejo recordó la importancia de la concienciación sobre la aplicación de la Carta, en particular entre los responsables políticos, los profesionales del Derecho y los propios titulares de los derechos, tanto a nivel nacional como de la Unión. Por lo tanto, a fin de lograr la incorporación generalizada de los derechos fundamentales de forma coherente, es necesario ampliar el apoyo financiero a las actividades de concienciación dirigidas a autoridades públicas distintas de las autoridades judiciales y los profesionales del Derecho.
(13)  El Programa 2014-2020 ha posibilitado las actividades de formación sobre el Derecho de la Unión, en particular en lo relativo al alcance y la aplicación de la Carta, dirigidas a los miembros del poder judicial y otros profesionales del Derecho. En sus conclusiones de 12 de octubre de 2017 sobre la aplicación de la Carta en 2016, el Consejo recordó la importancia de la concienciación sobre la aplicación de la Carta, en particular entre los responsables políticos, los profesionales del Derecho y los propios titulares de los derechos, tanto a nivel nacional como de la Unión. Por lo tanto, a fin de lograr la incorporación generalizada de los derechos fundamentales de forma coherente, es necesario ampliar el apoyo financiero a las actividades de concienciación dirigidas a autoridades públicas distintas de las autoridades judiciales y los profesionales del Derecho, así como a las ONG que también se dedican a esta labor.
Enmienda 26
Propuesta de Reglamento
Considerando 14
(14)  Según establece el artículo 67 del TFUE, la Unión debe constituir un espacio de libertad, seguridad y justicia en el que se respeten los derechos fundamentales, para lo cual resulta esencial el acceso a la justicia. A fin de facilitar el acceso efectivo a la justicia y con vistas al fomento de la confianza mutua, que resulta indispensable para el correcto funcionamiento del espacio de libertad, seguridad y justicia, es necesario ampliar el apoyo financiero a las actividades de autoridades distintas de las autoridades judiciales y los profesionales del Derecho, así como a las organizaciones de la sociedad civil, que contribuyen a estos objetivos.
(14)  Según establece el artículo 67 del TFUE, la Unión debe constituir un espacio de libertad, seguridad y justicia en el que se respeten los derechos fundamentales, para lo cual resulta esencial el acceso no discriminatorio de todas las personas a la justicia. A fin de facilitar el acceso efectivo a la justicia y con vistas al fomento de la confianza mutua, que resulta indispensable para el correcto funcionamiento del espacio de libertad, seguridad y justicia, es necesario ampliar el apoyo financiero a las actividades de autoridades distintas de las autoridades judiciales a nivel regional y local y los profesionales del Derecho, así como a las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las que representan los derechos de las víctimas de delitos, que contribuyen a estos objetivos. Con el fin de lograr el acceso a la justicia para todas las personas, debe prestarse apoyo, en particular, a las actividades que faciliten un acceso efectivo e igualitario a la justicia para las personas en situación de vulnerabilidad, como los niños, las minorías étnicas, las personas LGBTI, las personas con discapacidad, las víctimas de violencia de género y otras formas de violencia interpersonal, así como las víctimas de la trata de seres humanos y los migrantes, con independencia de su estatuto de residencia.
Enmienda 27
Propuesta de Reglamento
Considerando 15
(15)  Con arreglo a los artículos 8 y 10 del TFUE, el Programa debe también apoyar la integración en todas sus actividades de los objetivos de igualdad entre mujeres y hombres, y de lucha contra la discriminación.
(15)  Con arreglo a los artículos 8 y 10 del TFUE, el Programa debe adoptar un enfoque transversal para promover la igualdad de género y debe apoyar la integración en todas sus actividades de los objetivos de igualdad de género y de lucha contra la discriminación. Deben llevarse a cabo regularmente un seguimiento y una evaluación para valorar de qué forma se abordan estos objetivos en las actividades del Programa.
Enmienda 28
Propuesta de Reglamento
Considerando 16
(16)  Las acciones cubiertas por el presente Reglamento deben contribuir a la creación de un Espacio Europeo de Justicia mediante el incremento de la cooperación y la creación de redes transfronterizas y el logro de una aplicación correcta, coherente y congruente del Derecho de la Unión. Las actividades de financiación deben contribuir también a un entendimiento común de los valores de la Unión y del Estado de Derecho, a un mayor conocimiento del Derecho y las políticas de la Unión, a la puesta en común de los conocimientos especializados y de las mejores prácticas en la utilización de los instrumentos de cooperación judicial por todas las partes interesadas concernidas, así como a la proliferación de soluciones digitales interoperables que permitan una cooperación transfronteriza eficaz y sin fisuras, y deben proporcionar una base analítica sólida de apoyo al desarrollo, el control del cumplimiento y la correcta aplicación del Derechos y las políticas de la Unión. La intervención de la Unión permite que las acciones se lleven a cabo de manera coherente en toda la Unión y aporta economías de escala. Además, la Unión está mejor situada que los Estados miembros para abordar situaciones transfronterizas y proporcionar una plataforma europea para el aprendizaje mutuo.
(16)  Las acciones cubiertas por el presente Reglamento deben contribuir a la creación de un Espacio Europeo de Justicia mediante la promoción de la independencia y la eficacia del sistema judicial, el incremento de la cooperación y la creación de redes transfronterizas, la consolidación de la confianza mutua entre los sistemas judiciales de los Estados miembros y el logro de una aplicación correcta, coherente y congruente del Derecho de la Unión. Ha de prestarse especial atención a la aplicación de la legislación de la Unión en materia de igualdad y a una mejor ejecución y coordinación de los distintos instrumentos de la Unión para la protección de las víctimas. Las actividades de financiación deben contribuir también a un entendimiento común de los valores de la Unión y del Estado de Derecho, a un mayor conocimiento del Derecho y las políticas de la Unión, a la puesta en común de los conocimientos especializados y de las mejores prácticas en la utilización de los instrumentos de cooperación judicial por todas las partes interesadas concernidas, así como a la proliferación y promoción de soluciones digitales interoperables que permitan una cooperación transfronteriza eficaz y sin fisuras, y deben proporcionar una base analítica sólida de apoyo al desarrollo, el control del cumplimiento y la correcta comprensión y aplicación del Derechos y las políticas de la Unión. La intervención de la Unión permite que las acciones se lleven a cabo de manera coherente en toda la Unión y aporta economías de escala. Además, la Unión está mejor situada que los Estados miembros para abordar situaciones transfronterizas y proporcionar una plataforma europea para el aprendizaje mutuo y el intercambio de buenas prácticas.
Enmienda 29
Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)
(16 bis)  El programa también debe contribuir a mejorar la cooperación con terceros países en los caso en que la legislación de la Unión tenga una aplicación extraterritorial, a mejorar el acceso a la justicia y a hacer frente a los retos judiciales y procesales, en particular, en los casos de trata de seres humanos, y en relación con el cambio climático y la responsabilidad empresarial de las empresas.
Enmienda 30
Propuesta de Reglamento
Considerando 16 ter (nuevo)
(16 ter)   Tal y como destacó el informe del Parlamento Europeo sobre el cuadro de indicadores de la justicia de la Comisión Europea para 2017, aún existen desequilibrios de género significativos entre los jueces, magistrados, profesionales del Derecho y personal al servicio de la administración de justicia de los Estados miembros, especialmente (pero no exclusivamente) por lo que respecta a los siguientes aspectos: la proporción de juezas en los niveles superiores de la judicatura, la transparencia en los nombramientos, la conciliación entre las responsabilidades laborales y personales y la existencia de prácticas de orientación mediante tutores. Por tanto, el Programa debe promover las actividades de formación orientadas a poner fin a estos desequilibrios. Por ejemplo, dichas actividades pueden adaptarse a las mujeres que ejercen como juezas, magistradas o profesionales del Derecho o formen parte del personal al servicio de la administración de justicia de los Estados miembros o, cuando proceda, orientarse tanto a los hombres como a las mujeres, con el fin de sensibilizar a todo el personal pertinente.
Enmienda 31
Propuesta de Reglamento
Considerando 16 quater (nuevo)
(16 quater)  El sistema judicial de la Unión no proporciona una justicia y una protección adecuadas a las mujeres y las niñas y, por consiguiente, las víctimas de violencia de género no reciben el apoyo necesario. Lo mismo cabe decir de la falta de protección y de apoyo para las víctimas de la trata sexual, las mujeres refugiadas y migrantes, las personas LGBTIQ y las personas con discapacidad.
Enmienda 32
Propuesta de Reglamento
Considerando 17
(17)  La Comisión debe garantizar la coherencia general, la complementariedad y las sinergias con el trabajo de los órganos, oficinas y agencias de la Unión, como Eurojust, eu-LISA o la Fiscalía Europea, y debe hacer balance de los trabajos de otros actores nacionales e internacionales en los ámbitos que abarca el Programa.
(17)  La Comisión debe garantizar la coherencia general, la complementariedad y las sinergias con el trabajo de los órganos, oficinas y agencias de la Unión, como Eurojust, la FRA, la OLAF, eu-LISA o la Fiscalía Europea, con el fin de hacer balance de los trabajos de otros actores nacionales e internacionales en los ámbitos que abarca el Programa y recomendar mejoras cuando sea necesario.
Enmienda 33
Propuesta de Reglamento
Considerando 18
(18)  Es necesario garantizar el valor añadido europeo de todas las acciones y actividades llevadas a cabo en el marco del Programa, su complementariedad con respecto a las actividades de los Estados miembros y su coherencia con otras actividades de la Unión. Con el fin de garantizar la eficiencia en la asignación de fondos con cargo al presupuesto general de la Unión, deben buscarse la coherencia, la complementariedad y las sinergias entre los programas de financiación que apoyen ámbitos de actuación estrechamente vinculados entre sí, especialmente en el marco del Fondo de Justicia, Derechos y Valores —y, por tanto, con el programa Derechos y Valores— y entre el presente programa y el Programa sobre el Mercado Único, la gestión de las fronteras y la seguridad, en particular el asilo y la migración (Fondo de Asilo, Migración e Integración), el Fondo de Seguridad Interior, las infraestructuras estratégicas, en particular el Programa Europa Digital, el Programa Erasmus+, el Programa Marco de Investigación e Innovación, el Instrumento de Ayuda Preadhesión y el Reglamento LIFE13.
(18)  Es necesario garantizar la viabilidad, la visibilidad, el principio fundamental del valor añadido europeo y la buena gestión financiera en la ejecución de todas las acciones y actividades llevadas a cabo en el marco del Programa de Justicia, su complementariedad con respecto a las actividades de los Estados miembros y su coherencia con otras actividades de la Unión. Con el fin de garantizar que la asignación de fondos con cargo al presupuesto general de la Unión sea eficiente y se base en el rendimiento, deben buscarse la coherencia, la complementariedad y las sinergias entre los programas de financiación que apoyen ámbitos de actuación estrechamente vinculados entre sí, especialmente en el marco del Fondo de Justicia, Derechos y Valores —y, por tanto, con el programa Derechos y Valores— y entre el presente programa y el Programa sobre el Mercado Único, la gestión de las fronteras y la seguridad, en particular el asilo y la migración (Fondo de Asilo, Migración e Integración), el Fondo de Seguridad Interior, las infraestructuras estratégicas, en particular el Programa Europa Digital, el Fondo Social Europeo Plus, el Programa Erasmus+, el Programa Marco de Investigación e Innovación, el Instrumento de Ayuda Preadhesión y el Reglamento LIFE13. La ejecución del Programa de Justicia no debe ir en detrimento de la legislación y las políticas de la Unión relativas a la protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas del Estado de Derecho en los Estados miembros, sino ser completada por ellas.
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13Reglamento (UE) n.° 1293/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, relativo al establecimiento de un Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.° 614/2007. Texto pertinente a efectos del EEE.
13Reglamento (UE) n.° 1293/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, relativo al establecimiento de un Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.° 614/2007. (DO L 347 de 20.12.2013, p. 185).
Enmienda 34
Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)
(19 bis)   Es preciso perfeccionar los mecanismos que garantizan el vínculo entre las políticas de financiación y los valores de la Unión, de modo que la Comisión pueda presentar una propuesta al Consejo para transferir al Programa los recursos asignados a un Estado miembro en régimen de gestión compartida en los casos en que dicho Estado miembro esté sujeto a procedimientos relacionados con los valores de la Unión. Un mecanismo integral de la Unión en materia de democracia, Estado de Derecho y derechos fundamentales debe garantizar la revisión regular y equitativa de todos los Estados miembros, proporcionando la información necesaria para la activación de medidas relacionadas con deficiencias generales de los valores de la Unión en los Estados miembros. A fin de garantizar una aplicación uniforme y en vista de la importancia de los efectos financieros de las medidas impuestas, deben conferirse competencias de ejecución al Consejo, el cual actuará sobre la base de una propuesta de la Comisión. A fin de facilitar la adopción de cuantas decisiones sean necesarias para garantizar una actuación eficaz, se debe requerir la mayoría cualificada inversa.
Enmienda 35
Propuesta de Reglamento
Considerando 19 ter (nuevo)
(19 ter)  Es importante garantizar la buena gestión financiera del Programa, así como la mayor eficacia y facilidad posibles de su ejecución, velando, al mismo tiempo, por la seguridad jurídica y la accesibilidad del Programa a todos los participantes.
Enmienda 36
Propuesta de Reglamento
Considerando 19 quater (nuevo)
(19 quater)  La mejora de la ejecución y la calidad del gasto deben ser los principios que rijan la consecución de los objetivos del Programa, garantizándose a la vez una utilización óptima de los recursos financieros.
Enmienda 37
Propuesta de Reglamento
Considerando 20
(20)  El Reglamento (UE, Euratom) n.º [el nuevo RF] («el Reglamento Financiero») es aplicable al presente Programa. Establece normas sobre la ejecución del presupuesto de la Unión, entre otras, las relativas a subvenciones, premios, contratos públicos, ejecución indirecta, , instrumentos financieros y garantías presupuestarias.
(20)  El Reglamento (UE, Euratom) n.º [el nuevo RF] («el Reglamento Financiero») es aplicable al presente Programa. Establece normas sobre la ejecución del presupuesto de la Unión, entre otras, las relativas a subvenciones, premios, contratos públicos, ejecución indirecta, instrumentos financieros y garantías presupuestarias, y exige plena transparencia en el uso los recursos, una buena gestión financiera y un uso prudente de los recursos. En particular, en el marco de la ejecución de este Programa deben operacionalizarse y reforzarse aún más las normas relativas a la posibilidad de que las organizaciones de la sociedad civil locales, regionales, nacionales y transnacionales se financien por medio de subvenciones de funcionamiento de carácter plurianual y subvenciones en cascada, así como las disposiciones que garanticen unos procedimientos de concesión de subvenciones rápidos y flexibles, como los procedimientos de solicitud en dos fases, y unos procedimientos de solicitud y presentación de informes que sean sencillos. Los criterios de cofinanciación deben tener en cuenta el trabajo voluntario.
Enmienda 38
Propuesta de Reglamento
Considerando 21
(21)  Los tipos de financiación y los métodos de ejecución previstos en el presente Reglamento deben elegirse en función de su capacidad para cumplir los objetivos específicos de las acciones y para lograr resultados, teniendo en cuenta, en particular, los costes de los controles, la carga administrativa y el riesgo de incumplimiento esperado. Esto implica que deba considerarse el empleo de cantidades fijas únicas, de tipos fijos y de costes unitarios, así como la financiación no ligada a los costes a la que se refiere el artículo 125, apartado 1, del Reglamento Financiero.
(21)  Los tipos de financiación y los métodos de ejecución previstos en el presente Reglamento deben elegirse en función de su capacidad para cumplir los objetivos específicos de las acciones y para lograr los resultados deseados, teniendo en cuenta, en particular, los costes de los controles, la carga administrativa, el tamaño y la capacidad de las partes interesadas pertinentes y los beneficiarios a los que va dirigida, y el riesgo de incumplimiento esperado. Esto implica que deba considerarse el empleo de cantidades fijas únicas, de tipos fijos, de costes unitarios y de subvenciones en cascada, así como la financiación no ligada a los costes a la que se refiere el artículo 125, apartado 1, del Reglamento Financiero.
Enmienda 39
Propuesta de Reglamento
Considerando 22
(22)  De conformidad con el Reglamento Financiero, el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo15, el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2988/95 del Consejo16, el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo17 y el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo18, los intereses financieros de la Unión deben protegerse con medidas proporcionadas, incluidas la prevención, detección, corrección e investigación de irregularidades y fraudes, la recuperación de los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal utilizados y, en su caso, la imposición de sanciones administrativas. En particular, de conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 y el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) puede llevar a cabo investigaciones administrativas, incluidos controles y verificaciones in situ, con el fin de establecer la posible existencia de fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión. De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1939, la Fiscalía Europea puede investigar y perseguir los casos de fraude y otros delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión, tal como dispone la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo19. Con arreglo a las disposiciones del Reglamento Financiero, cualquier persona o entidad que reciba fondos de la Unión está obligada a cooperar plenamente en la protección de los intereses financieros de la Unión, a conceder los derechos pertinentes y el acceso a la Comisión, la OLAF, la Fiscalía Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo y a garantizar que las terceras partes implicadas en la ejecución de los fondos de la Unión concedan derechos equivalentes.
(22)  De conformidad con el Reglamento Financiero, el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo15, el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2988/95 del Consejo16, el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo17 y el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo18, los intereses financieros de la Unión deben protegerse con medidas proporcionadas, incluidas la completa transparencia en relación con los procedimientos de financiación y selección del Programa, la prevención, detección, corrección e investigación de irregularidades y fraudes, la recuperación de los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal utilizados y, en su caso, la imposición de sanciones administrativas. En particular, de conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 y el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) debe llevar a cabo investigaciones administrativas, incluidos controles y verificaciones in situ, con el fin de establecer la posible existencia de fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión. De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1939, la Fiscalía Europea debe investigar y perseguir los casos de fraude y otros delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión, tal como dispone la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo19. Con arreglo a las disposiciones del Reglamento Financiero, cualquier persona o entidad que reciba fondos de la Unión está obligada a cooperar plenamente en la protección de los intereses financieros de la Unión, a conceder los derechos pertinentes y el acceso a la Comisión, la OLAF, la Fiscalía Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo y a garantizar que las terceras partes implicadas en la ejecución de los fondos de la Unión concedan derechos equivalentes.
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15 Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Euratom) n.º 1074/1999 del Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).
15 Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Euratom) n.º 1074/1999 del Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).
16 Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO L 312 de 23.12.1995, p. 1).
16 Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO L 312 de 23.12.1995, p. 1).
17 Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades (DO L 292 de 15.11.1996, p. 2).
17 Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades (DO L 292 de 15.11.1996, p. 2).
18 Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea («la FE») (DO L 283 de 31.10.2017, p. 1).
18 Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea («la FE») (DO L 283 de 31.10.2017, p. 1).
19 Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal (DO L 198 de 28.7.2017, p. 29).
19 Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal (DO L 198 de 28.7.2017, p. 29).
Enmienda 40
Propuesta de Reglamento
Considerando 23
(23)  Los terceros países que son miembros del Espacio Económico Europeo (EEE) pueden participar en los programas de la Unión en el marco de la cooperación establecida con arreglo al Acuerdo sobre el EEE, que prevé la ejecución de programas sobre la base de decisiones tomadas en virtud de dicho Acuerdo. Asimismo, cabe la participación de terceros países en virtud de otros instrumentos jurídicos. Se debe incluir una disposición específica en el presente Reglamento a fin de otorgar los derechos y el acceso necesarios al ordenador competente, a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude («OLAF») y al Tribunal de Cuentas Europeo para que puedan ejercer plenamente sus respectivas competencias.
(23)  Los terceros países que son miembros del Espacio Económico Europeo (EEE) pueden participar en los programas de la Unión en el marco de la cooperación establecida con arreglo al Acuerdo sobre el EEE, que prevé la ejecución de programas sobre la base de decisiones tomadas en virtud de dicho Acuerdo. Asimismo, cabe la participación de terceros países en virtud de otros instrumentos jurídicos. Se debe incluir una disposición específica en el presente Reglamento a fin de otorgar los derechos y el acceso necesarios al ordenador competente, a los organismos y las redes de derechos humanos, incluidas las instituciones nacionales responsables de la protección de los derechos humanos en cada Estado miembro, a los organismos y las redes responsables de las políticas de igualdad y no discriminación, a los defensores del pueblo, a la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude («OLAF») y al Tribunal de Cuentas Europeo para que puedan ejercer plenamente sus respectivas competencias y mejorar sus sinergias y su cooperación. Debe ser posible incluir a terceros países, sobre todo cuando su participación fomente los objetivos del Programa, siempre que sea conforme a los principios y las condiciones generales de participación de dichos países en programas de la Unión establecidos en los respectivos acuerdos marco, decisiones del Consejo de Asociación o acuerdos similares.
Enmienda 41
Propuesta de Reglamento
Considerando 24 bis (nuevo)
(24 bis)  La propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas del Estado de Derecho en los Estados miembros tiene por objeto preparar a la Unión para proteger mejor su presupuesto cuando las deficiencias del Estado de Derecho menoscaben o amenacen con menoscabar la buena gestión financiera de los intereses financieros de la Unión. Debe complementar el Programa de Justicia, cuya función es diferente, a saber, seguir apoyando el desarrollo de un Espacio Europeo de Justicia basado en el Estado de Derecho y la confianza mutua, así como garantizar que las personas puedan disfrutar de sus derechos.
Enmienda 42
Propuesta de Reglamento
Considerando 25
(25)  De conformidad con [el artículo 94 de la Decisión 2013/755/UE1] del Consejo, las personas y entidades establecidas en los países y territorios de ultramar pueden optar a la financiación, conforme a las normas y los objetivos del Programa y a los posibles acuerdos aplicables al Estado miembro del que dependa el país o territorio de ultramar de que se trate.
(25)  De conformidad con [el artículo 94 de la Decisión 2013/755/UE1] del Consejo, las personas y entidades establecidas en los países y territorios de ultramar pueden optar a la financiación, conforme a las normas y los objetivos del Programa y a los posibles acuerdos aplicables al Estado miembro del que dependa el país o territorio de ultramar de que se trate. Es fundamental que el Programa garantice que dichas personas y entidades reciban información suficiente sobre su subvencionabilidad.
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1 Decisión 2013/755/UE del Consejo, de 25 de noviembre de 2013, relativa a la asociación de los países y territorios de ultramar con la Unión Europea («Decisión de Asociación ultramar») (DO L 344 de 19.12.2013, p. 1).
1 Decisión 2013/755/UE del Consejo, de 25 de noviembre de 2013, relativa a la asociación de los países y territorios de ultramar con la Unión Europea («Decisión de Asociación ultramar») (DO L 344 de 19.12.2013, p. 1).
Enmienda 43
Propuesta de Reglamento
Considerando 25 bis (nuevo)
(25 bis)   En función de su importancia y pertinencia, este Programa debe contribuir al cumplimiento del compromiso de la Unión y sus Estados miembros de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible.
Enmienda 44
Propuesta de Reglamento
Considerando 27
(27)  A tenor de lo dispuesto en los apartados 22 y 23 del Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016, es necesario evaluar el presente Programa en función de la información recogida a través de los requisitos específicos de control, evitando al mismo tiempo la regulación excesiva y las cargas administrativas, en particular para los Estados miembros. Estos requisitos podrán incluir, cuando proceda, indicadores mensurables como fundamento para evaluar los efectos del Programa sobre el terreno.
(27)  A tenor de lo dispuesto en los apartados 22 y 23 del Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016, es necesario evaluar el presente Programa en función de la información recogida a través de los requisitos específicos de control, evitando al mismo tiempo la regulación excesiva y las cargas administrativas, en particular para los beneficiarios del Programa. Estos requisitos deben incluir, cuando sea posible, indicadores mensurables como fundamento para evaluar los efectos del Programa sobre el terreno.
Enmienda 45
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 2
Establece los objetivos del Programa, el presupuesto para el período 2021-2027, las formas de financiación de la Unión y las normas para la concesión de dicha financiación.
Establece los objetivos del Programa, el presupuesto para el período que va del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2027, las formas de financiación de la Unión y las normas para la concesión de dicha financiación.
Enmienda 46
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – apartado 1
1.  «Jueces, magistrados, profesionales del Derecho y personal al servicio de la administración de justicia»: jueces, magistrados, fiscales y personal de juzgados y tribunales, así como otros profesionales del Derecho asociados al poder judicial tales como abogados, notarios, agentes judiciales o equivalentes, administradores concursales, mediadores, intérpretes y traductores judiciales, peritos judiciales, personal de prisiones y agentes de libertad vigilada.
1.  «Jueces, magistrados, profesionales del Derecho y personal al servicio de la administración de justicia»: jueces, magistrados, fiscales y personal de juzgados y tribunales, así como otros profesionales del Derecho asociados al poder judicial tales como abogados de la fiscalía y la defensa, notarios, agentes judiciales o equivalentes, administradores concursales, mediadores, intérpretes y traductores judiciales, peritos judiciales, personal de prisiones y agentes de libertad vigilada.
Enmienda 47
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1
1.  El objetivo general del Programa es contribuir a un mayor desarrollo de un Espacio Europeo de Justicia basado en el Estado de Derecho, el reconocimiento mutuo y la confianza recíproca;
1.  El objetivo general del Programa es contribuir a un mayor desarrollo de un Espacio Europeo de Libertad, Seguridad y Justicia basado en el Estado de Derecho, incluidas la independencia de los jueces y la imparcialidad de la justicia, en el reconocimiento mutuo, la confianza recíproca y la cooperación transfronteriza, con lo que se contribuye además al desarrollo de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales;
Enmienda 48
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – parte introductoria
2.  El Programa persigue los siguientes objetivos específicos, cuya descripción detallada figura en el anexo I:
2.  El Programa persigue los siguientes objetivos específicos:
Enmienda 49
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a
a)  Facilitar y apoyar la cooperación judicial en materia civil y penal y promover el Estado de Derecho mediante, entre otras cosas, el apoyo a los esfuerzos por mejorar la eficacia de los sistemas nacionales de justicia y la ejecución de las resoluciones judiciales.
a)  En un marco de democracia y respeto de los derechos fundamentales, facilitar y apoyar la cooperación judicial en materia civil y penal, incluida la cooperación más allá de las fronteras de la Unión cuando el Derecho de la Unión pueda aplicarse extraterritorialmente, reforzar el acceso a la justicia para las personas físicas y jurídicas y promover el Estado de Derecho y la independencia de la judicatura, mediante, entre otras cosas, el apoyo a los esfuerzos por mejorar la eficacia de los sistemas nacionales de justicia, la ejecución adecuada de las resoluciones judiciales y la protección de las víctimas.
Enmienda 50
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra b
b)  Apoyar y promover la formación judicial con el fin de fomentar una cultura común jurídica judicial y del Estado de Derecho.
b)  Apoyar y promover la formación judicial, tanto nacional como transnacional, que incluya la terminología jurídica, con el fin de fomentar una cultura común jurídica, judicial y del Estado de Derecho, así como la aplicación coherente y efectiva de los instrumentos jurídicos de la Unión en materia de reconocimiento mutuo y de garantías procesales. Tal formación debe tener perspectiva de género, tomar en consideración las necesidades específicas de los niños y las personas con discapacidad, estar orientada a las víctimas, cuando proceda, y cubrir, en especial, el Derecho civil y penal y, cuando proceda, el Derecho administrativo, los derechos fundamentales y la lucha contra el terrorismo y la radicalización.
Enmienda 51
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra c
c)  Facilitar el acceso efectivo a la justicia para todos y las vías de recurso eficaces, en particular mediante medios electrónicos, a través de la promoción de procedimientos civiles y penales eficaces y de la promoción y el apoyo de los derechos de las víctimas de la delincuencia, así como de los derechos procesales de las personas sospechosas o acusadas en los procesos penales.
c)  Facilitar el acceso efectivo y no discriminatorio a la justicia para todos, haciendo hincapié en las desigualdades y la discriminación por cualquier motivo, por ejemplo los enumerados en el artículo 21 de la Carta, y las vías de recurso eficaces, en particular mediante medios electrónicos (justicia en red), a través de la promoción de procedimientos civiles, penales y, cuando proceda, administrativos eficaces y de la promoción y el apoyo de los derechos de todas las víctimas de la delincuencia, así como de los derechos procesales de las personas sospechosas o acusadas en los procesos penales, con especial atención a los niños y las mujeres.
Enmienda 52
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra c bis (nueva)
c bis)   Promover la aplicación práctica de la investigación relacionada con las drogas para apoyar a las organizaciones de la sociedad civil, ampliar la base de conocimientos en este ámbito y desarrollar métodos innovadores para afrontar los fenómenos de las nuevas sustancias psicoactivas, la trata de seres humanos y el tráfico de productos.
Enmienda 53
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)
2 bis.  En la ejecución de todas sus acciones, el Programa procurará apoyar y promover, como objetivo horizontal, la protección de la igualdad de derechos y el principio de no discriminación consagrado en el artículo 21 de la Carta.
Enmienda 54
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1
1.  La dotación financiera para la ejecución del Programa durante el período comprendido entre 2021 y 2027 ascenderá a [305 000 000] EUR a precios corrientes.
1.  En el sentido del [la referencia debe actualizarse, según proceda, con arreglo al nuevo Acuerdo interinstitucional: apartado 17 del Acuerdo interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera], la dotación financiera para la ejecución del Programa durante el período comprendido entre 2021 y 2027, que representa la referencia principal para la Autoridad Presupuestaria durante el procedimiento presupuestario anual, ascenderá a 316 000 000 EUR a precios de 2018 (356 000 000 EUR a precios corrientes).
Enmienda 55
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)
2 bis.  El presupuesto asignado a las acciones vinculadas a la promoción de la igualdad de género se indicará anualmente;
Enmienda 56
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4
4.  Los recursos asignados a los Estados miembros en el marco de la gestión compartida podrán transferirse al Programa si estos así lo solicitan. La Comisión gestionará estos recursos directamente, de conformidad con el artículo 62, apartado 1, letra a), del Reglamento Financiero o indirectamente, de conformidad con el artículo 62, apartado 1, letra c). En la medida de lo posible, dichos recursos se utilizarán en beneficio del Estado miembro de que se trate.
4.  Los recursos asignados a los Estados miembros en el marco de la gestión compartida podrán transferirse al Programa si estos así lo solicitan o si lo solicita la Comisión. La Comisión gestionará estos recursos directamente, de conformidad con el artículo 62, apartado 1, letra a), del Reglamento Financiero. En la medida de lo posible, dichos recursos se utilizarán en beneficio del Estado miembro de que se trate.
Enmienda 58
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2
2.  El Programa podrá proporcionar financiación en cualquiera de las formas establecidas en el Reglamento Financiero.
2.  El Programa podrá proporcionar financiación en cualquiera de las formas establecidas en el Reglamento Financiero, principalmente mediante subvenciones de acción y subvenciones de funcionamiento anuales y plurianuales. Dicha financiación garantizará una buena gestión financiera, un uso prudente de los fondos públicos, menores niveles de carga administrativa para el operador del Programa y para los beneficiarios, así como la accesibilidad de los posibles beneficiarios a los fondos del Programa. Podrá utilizar cantidades fijas únicas, costes unitarios, tipos fijos, subvenciones en cascada y apoyo financiero a terceros. La cofinanciación se aceptará en especie y podrá ser objeto de exención cuando la financiación complementaria sea escasa.
Enmienda 59
Propuesta de Reglamento
Artículo 7
Artículo 7
Artículo 7
Tipos de acciones
Tipos de acciones
La acciones que contribuyan a la consecución de un objetivo específico de los señalados en el artículo 3 podrán recibir financiación en virtud del presente Reglamento. En particular, las acciones enumeradas en el anexo I podrán optar a la financiación.
Las acciones que contribuyan a la consecución de un objetivo específico de los señalados en el artículo 3 podrán recibir financiación en virtud del presente Reglamento. En particular, las siguientes acciones podrán optar a la financiación:
1)   sensibilización y difusión de información para mejorar el conocimiento de las políticas y del Derecho de la Unión, incluidos el Derecho sustantivo y el procesal, de los instrumentos de cooperación judicial, de la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del Derecho comparado y de las normas europeas e internacionales, prestando especial atención a incrementar el conocimiento de los ámbitos multidisciplinarios, transdisciplinarios e interdisciplinarios del Derecho, como el comercio y los derechos humanos, y a cómo facilitar la litigación extraterritorial;
2)  aprendizaje mutuo a través tanto del intercambio de buenas prácticas entre partes interesadas, incluidas las organizaciones de la sociedad civil, a fin de mejorar el conocimiento y la comprensión mutua del Derecho civil y penal y de los sistemas jurídicos de los Estados miembros, en particular el Estado de Derecho y el acceso a la justicia, como del refuerzo de la confianza mutua y el intercambio de buenas prácticas en lo que respecta a la justicia adaptada a los niños y al fomento e integración de la perspectiva de género en todo el sistema judicial;
3)  cursos de formación para jueces, fiscales, abogados, policías y otras personas que desplieguen su actividad laboral en el sistema de justicia acerca de los desafíos y obstáculos a los que se enfrentan las personas en situaciones de vulnerabilidad, en particular los niños, las minorías étnicas, las personas LGBTI, las personas con discapacidad, las víctimas de la violencia de género y de otros tipos de violencia interpersonal, y las víctimas de la trata de seres humanos, y de la manera de garantizar que las víctimas de estos delitos están adecuadamente protegidas;
4)  acciones analíticas y de supervisión destinadas a mejorar el conocimiento y la comprensión de los posibles obstáculos al correcto funcionamiento del Espacio Europeo de Justicia y a mejorar la aplicación del Derecho y las políticas de la Unión en los Estados miembros, teniendo en cuenta asimismo las repercusiones del Derecho de la Unión en terceros países;
5)  acciones para la mejora del buen funcionamiento del Espacio Europeo de Justicia, en particular mediante el seguimiento de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales en los Estados miembros y la investigación acerca de la eliminación de los obstáculos que impiden el acceso universal, no discriminatorio y efectivo para todos a la justicia;
6)  iniciativas tendentes a la eliminación de las diferencias en materia de equilibrio de género existentes entre la judicatura y el personal al servicio de la Administración de Justicia de los Estados miembros mediante formación o bien adaptada a las profesionales, o bien dirigida tanto a las como a los profesionales, que sensibilice acerca de cuestiones como la proporción reducida de magistradas en los escalafones superiores del poder judicial o la necesidad de transparencia y criterios objetivos durante los procedimientos de nombramiento;
7)  formación de las partes interesadas relevantes, incluidas las organizaciones de la sociedad civil activas en la defensa de las víctimas de la delincuencia y en la presentación de procedimientos de recurso, a fin de que adquieran un mayor conocimiento en cuanto a las políticas y el Derecho de la Unión, incluidos, entre otras cosas, el Derecho sustantivo y procesal, los derechos fundamentales, el apoyo y la protección de las víctimas de la delincuencia, el uso del recurso colectivo y la competencia universal, el uso de los instrumentos de cooperación judicial de la Unión, la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el lenguaje jurídico y el Derecho comparado;
8)  formación multidisciplinaria para el personal de la Administración de Justicia y otras partes interesadas pertinentes en el ámbito del Derecho penitenciario, la detención y la gestión de las prisiones, con el fin de facilitar la difusión de buenas prácticas;
9)  formación multidisciplinaria para el personal de la Administración de Justicia y otras partes interesadas pertinentes en el ámbito de la justicia de menores al objeto de preparar e impulsar la correcta aplicación de la Directiva (UE) 2016/800 relativa a las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales;
10)  desarrollo y mantenimiento de las herramientas basadas en las tecnologías de la información y de las comunicaciones («TIC»), así como de la justicia en red, a fin de aumentar la eficiencia de los sistemas judiciales y de la cooperación entre estos mediante dichas tecnologías, incluida la interoperabilidad transfronteriza de sistemas y aplicaciones, la privacidad y la protección de datos;
11)  desarrollo de las capacidades de las redes clave a nivel europeo y de las redes judiciales europeas, incluidas las redes establecidas por el Derecho de la Unión para garantizar la aplicación y el cumplimiento efectivos del Derecho de la Unión, y promover y seguir desarrollando este Derecho, los objetivos políticos y las estrategias de la Unión en los ámbitos cubiertos por el Programa;
12)  apoyo estructural a organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas pertinentes que operan en los ámbitos cubiertos por el Programa y creación de capacidades y formación para los juristas que trabajan para estas organizaciones, así como a actividades concretas de estas, entre las que se incluyen la defensa de causas diversas, las actividades de creación de redes, los litigios por vulneraciones de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, la movilización pública, y la educación, así como la prestación de los correspondientes servicios;
13)  mejora del conocimiento del Programa y de la difusión, transferibilidad y transparencia de sus resultados, y fomento del acercamiento a los ciudadanos mediante, entre otras cosas, la creación de oficinas de programa o redes nacionales de puntos de contacto independientes y el apoyo a dichas oficinas o redes;
14)  estudios de parámetros de referencia, investigaciones, análisis y encuestas, valoraciones, evaluaciones de impacto, y elaboración y publicación de guías, informes y material educativo.
Enmienda 60
Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1
1.  Las acciones que hayan recibido una contribución en el marco del Programa podrán también recibir contribuciones de cualquier otro programa de la Unión, incluidos los fondos en régimen de gestión compartida, a condición de que las contribuciones no sufraguen los mismos gastos. [La financiación acumulativa no excederá del total de los costes subvencionables de la acción, y el apoyo proveniente de los distintos programas de la Unión podrá calcularse a prorrata].
1.  Las acciones que hayan recibido una contribución en el marco del Programa podrán también recibir contribuciones de cualquier otro programa de la Unión, incluidos los fondos en régimen de gestión compartida, a condición de que las contribuciones no sufraguen los mismos gastos y se evite una duplicación de la fuente de fondos indicando claramente las fuentes de financiación para cada categoría de gastos, de acuerdo con el principio de buena gestión financiera. [La financiación acumulativa no excederá del total de los costes subvencionables de la acción, y el apoyo proveniente de los distintos programas de la Unión podrá calcularse a prorrata].
Enmienda 61
Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 2 – letra a
a)  haber sido evaluadas en una convocatoria de propuestas en el marco del Programa;
a)  haber sido debidamente evaluadas en una convocatoria de propuestas en el marco del Programa;
Enmienda 62
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3
3.  Podrán concederse subvenciones de funcionamiento sin convocatoria de propuestas a la Red Europea de Formación Judicial («REFJ») a fin de financiar los gastos asociados a su programa de trabajo permanente.
3.  Se concederán subvenciones de funcionamiento sin convocatoria de propuestas a la Red Europea de Formación Judicial («REFJ») a fin de financiar los gastos asociados a su programa de trabajo permanente.
Enmienda 63
Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2
2.  La Comisión adoptará el programa de trabajo por medio de un acto de ejecución. Dicho acto de ejecución se adoptará de conformidad con el procedimiento consultivo al que se refiere el artículo 17.
2.  La Comisión adoptará el programa de trabajo por medio de un acto delegado. Dicho acto delegado se adoptará de conformidad con el artículo 14.
Enmienda 65
Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1
1.  Los indicadores para informar de los progresos del Programa en la consecución de los objetivos específicos establecidos en el artículo 3 figuran en el anexo II.
1.  Los indicadores para informar de los progresos del Programa en la consecución de los objetivos específicos establecidos en el artículo 3 figuran en el anexo. Los datos recogidos para el seguimiento y la presentación de informes se desglosarán, cuando proceda, por sexo, edad y categoría de personal.
Enmienda 66
Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 bis (nuevo)
2 bis.  El seguimiento también servirá para evaluar la forma en que se han abordado en las distintas acciones del Programa la igualdad de género y la lucha contra la discriminación.
Enmienda 67
Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3
3.  El sistema de información sobre el rendimiento garantizará que los datos para el seguimiento de la ejecución del Programa y los resultados se recopilan de manera eficiente, efectiva y oportuna. A tal fin, deberán imponerse requisitos de información proporcionados a los receptores de los fondos de la Unión y a los Estados miembros.
3.  El sistema de información sobre el rendimiento garantizará que los datos correctos para el seguimiento de la ejecución del Programa y los resultados se recopilan de manera eficiente, efectiva, precisa y oportuna. A tal fin, deberán imponerse requisitos de información proporcionados a los receptores de los fondos de la Unión y a los Estados miembros. La Comisión ofrecerá formatos de fácil utilización, así como directrices y apoyo, en particular a los solicitantes y beneficiarios que acaso no dispongan de los recursos y el personal adecuados para cumplir los requisitos de información.
Enmienda 68
Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1
1.  Las evaluaciones se efectuarán en tiempo oportuno a fin de que puedan tenerse en cuenta en el proceso de toma de decisiones.
1.  Las evaluaciones se efectuarán en tiempo oportuno y de forma bien documentada, a fin de que puedan tenerse en cuenta en el proceso de toma de decisiones y de realizar un seguimiento de la ejecución de las acciones llevadas a cabo con arreglo al Programa y el logro de los objetivos establecidos en el artículo 3. Todas las evaluaciones tendrán una perspectiva de género e incluirán un análisis detallado del presupuesto del Programa destinado a acciones relacionadas con la igualdad de género.
Enmienda 69
Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2
2.  La evaluación intermedia del Programa se llevará a cabo una vez que se disponga de suficiente información sobre su ejecución, pero, a más tardar, cuatro años después del inicio de la ejecución.
2.  La evaluación intermedia del Programa se llevará a cabo una vez que se disponga de suficiente información sobre su ejecución, pero, a más tardar, tres años después del inicio de la ejecución.
Enmienda 70
Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3
3.  Tras la conclusión de la ejecución del Programa, pero, a más tardar, cuatro años después del plazo previsto en el artículo 1, la Comisión llevará a cabo una evaluación final del Programa.
3.  Tras la conclusión de la ejecución del Programa, pero, a más tardar, tres años después del plazo previsto en el artículo 1, la Comisión llevará a cabo una evaluación final del Programa.
Enmienda 71
Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 bis (nuevo)
3 bis.  En las evaluaciones intermedia y final del Programa se evaluarán, entre otros aspectos:
a)  la percepción de las repercusiones del Programa en lo que respecta al acceso a la justicia a partir de datos cuantitativos y cualitativos recabados a escala europea;
b)  el número y la calidad de los instrumentos y herramientas desarrollados mediante acciones financiadas con cargo al Programa;
c)  el valor añadido europeo del Programa;
d)  el nivel de financiación en relación con los resultados obtenidos;
e)  los posibles obstáculos administrativos, organizativos o estructurales a la más fácil, eficaz y eficiente aplicación del Programa.
Enmienda 72
Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 4
4.  Antes de adoptar un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016.
4.  Antes de adoptar un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016. El grupo de expertos consultado guardará un equilibrio de género.
Enmienda 73
Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1
1.  Los receptores de la financiación de la Unión deberán mencionar el origen de la financiación y garantizar su visibilidad (en particular cuando promuevan las acciones y sus resultados) facilitando información coherente, efectiva y proporcionada dirigida a múltiples destinatarios, incluidos los medios de comunicación y el público.
1.  Los receptores de la financiación de la Unión deberán mencionar el origen de la financiación y garantizar su visibilidad (en particular cuando promuevan las acciones y sus resultados) facilitando información coherente, efectiva y proporcionada sobre el valor añadido europeo del Programa dirigida a múltiples destinatarios, incluidos los medios de comunicación y el público, poniéndose con ello de manifiesto el valor añadido de la Unión y contribuyéndose a la labor de recopilación de datos de la Comisión para aumentar la transparencia presupuestaria.
Enmienda 74
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1
1.  La Comisión estará asistida por un comité. Dicho comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.
1.  La Comisión estará asistida por un comité. Dicho comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011 y contará con la asistencia de las organizaciones pertinentes de la sociedad civil y de defensa de los derechos humanos. En el comité quedarán garantizados el equilibrio de género y una representación adecuada de las minorías y de otros grupos marginados.
Enmienda 75
Propuesta de Reglamento
Anexo I
Anexo I
suprimido
Actividades del programa
Los objetivos específicos del Programa a que se refiere el artículo 3, apartado 2, se perseguirán, en particular, mediante el apoyo a las actividades siguientes:
1.  La sensibilización y la difusión de información para mejorar el conocimiento de las políticas y del Derecho de la Unión, incluidos el Derecho sustantivo y el procesal, de los instrumentos de cooperación judicial, de la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del Derecho comparado y de las normas europeas e internacionales.
2.  El aprendizaje mutuo a través del intercambio de buenas prácticas entre partes interesadas a fin de mejorar el conocimiento y la comprensión mutua del Derecho civil y penal y de los sistemas jurídicos de los Estados miembros, incluido el Estado de Derecho, y el refuerzo de la confianza mutua.
3.  Las actividades analíticas y de supervisión25 destinadas a mejorar el conocimiento y la comprensión de los potenciales obstáculos al correcto funcionamiento del Espacio Europeo de Justicia y a mejorar la aplicación del Derecho y las políticas de la Unión en los Estados miembros.
4.  la formación de las partes interesadas relevantes a fin de que mejoren sus conocimientos de las políticas y el Derecho de la Unión, incluyendo, entre otras cosas, el Derecho sustantivo y procesal, el uso de los instrumentos de cooperación judicial de la UE, la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el lenguaje jurídico y el Derecho comparado.
5.  El desarrollo y el mantenimiento de las herramientas basadas en las tecnologías de la información y la comunicación («TIC») a fin de aumentar la eficiencia de los sistemas judiciales y de la cooperación entre estos mediante las TIC, incluida la interoperabilidad transfronteriza de sistemas y aplicaciones.
6.  El desarrollo de las capacidades de las redes clave a nivel europeo y de las redes judiciales europeas, incluidas las redes establecidas por el Derecho de la Unión para garantizar la aplicación y el cumplimiento efectivos del Derecho de la Unión, promover y seguir desarrollando este Derecho, los objetivos políticos y las estrategias de la Unión en los ámbitos cubiertos por el Programa, y apoyar a las organizaciones de la sociedad civil que operan en dichos ámbitos.
7.  mejorar el conocimiento del programa y la difusión y transferibilidad de sus resultados y fomentar el acercamiento a los ciudadanos mediante, entre otras cosas, la creación de oficinas de programa / redes nacionales de puntos de contacto y el apoyo a dichas oficinas/redes.
__________________
25 Estas acciones incluyen, por ejemplo, la recopilación de datos y estadísticas; el desarrollo de metodologías y, cuando proceda, indicadores o parámetros de referencia comunes; estudios, investigaciones, análisis y encuestas; evaluaciones; evaluación de impacto; la elaboración y publicación de guías, informes y material educativo.
Enmienda 76
Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 1 – parte introductoria
Anexo II
Anexo
Indicadores
Indicadores
El Programa será objeto de seguimiento sobre la base de un conjunto de indicadores destinados a medir el grado de complimiento de los objetivos generales y específicos del Programa y con vistas a minimizar las cargas administrativas y los costes. A tal fin, se recopilarán datos en relación con el conjunto de indicadores clave que figura a continuación.
El Programa será objeto de seguimiento sobre la base de un conjunto de indicadores cualitativos y cuantitativos destinados a medir el grado de complimiento de los objetivos generales y específicos del Programa y con vistas a minimizar las cargas administrativas y los costes y maximizar la eficacia de los sistemas de justicia. A tal fin, y dentro del respeto a los derechos en materia de privacidad y protección de datos, se recopilarán datos, que se desglosarán, cuando proceda, por sexo, edad y categoría de personal, en relación con el conjunto de indicadores clave que figura a continuación.
Enmienda 77
Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 1 – cuadro
Número de jueces, magistrados, profesionales del Derecho y personal al servicio de la administración de justicia que han participado en actividades de formación (incluidos los intercambios de personal, las visitas de estudio, los talleres y los seminarios) financiados con cargo al Programa, incluida la subvención de funcionamiento de la Red Europea de Formación Judicial
Número de jueces, magistrados, profesionales del Derecho y personal al servicio de la Administración de Justicia que han participado en acciones de formación (incluidos los intercambios de personal, las visitas de estudio, los talleres y los seminarios) financiados con cargo al Programa, incluida la subvención de funcionamiento de la Red Europea de Formación Judicial
Número de miembros del personal de organizaciones de la sociedad civil y de miembros de estas que han participado en acciones de formación
Número de intercambios de información en el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS)
Número de intercambios de información en el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS)
Número de asuntos y acciones y nivel de resultados de la cooperación transfronteriza, incluida la cooperación mediante el empleo de herramientas y procedimientos informáticos establecidos a escala de la Unión
Número de consultas del Portal Europeo de e-Justicia / de páginas que abordan la necesidad de información sobre asuntos civiles transfronterizos
Número de personas que se han beneficiado de:
Número de personas que se han beneficiado de:
i)   las actividades de aprendizaje mutuo y de intercambio de buenas prácticas;
i)   las acciones de aprendizaje mutuo y de intercambio de buenas prácticas;
ii)   las actividades de sensibilización, información y difusión
ii)   las acciones de sensibilización, información y difusión;
ii bis)  las acciones de creación de capacidades dirigidas a organizaciones de la sociedad civil;
ii ter)  las acciones relacionadas con informar a las personas sobre el acceso a la justicia;
ii quater)  las acciones dirigidas a jueces relativas a las dificultades para la litigación y a la manera de aplicar el Derecho internacional privado y el Derecho de la Unión en los asuntos transfronterizos o multidisciplinarios;
ii quinquies)  las acciones de sensibilización financiadas con cargo al Programa
Cobertura geográfica de las acciones financiadas con cargo al Programa
Evaluación por los participantes de las acciones en las que han participado y de su previsible sostenibilidad

(1) De conformidad con el artículo 59, apartado 4, párrafo cuarto, del Reglamento interno, el asunto se devuelve a las comisiones competentes con vistas a la celebración de negociaciones interinstitucionales (A8-0068/2019).


Situación del debate sobre el futuro de Europa
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Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de febrero de 2019, sobre la situación del debate sobre el futuro de Europa (2018/2094(INI))
P8_TA(2019)0098A8-0427/2018

El Parlamento Europeo,

–  Visto Tratado de la Unión Europea (TUE) y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Vistos el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta Social Europea, su Protocolo Adicional y su versión revisada,

–  Visto el artículo 295 del TFUE,

–  Vista la reunión informal de los veintisiete jefes de Estado y de Gobierno, de 29 de junio de 2016,

–  Vistas la Declaración y la Hoja de Ruta de Bratislava de los veintisiete Estados miembros, de 16 de septiembre de 2016,

–  Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2016, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el establecimiento de un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales(1),

–  Vista su Resolución, de 19 de enero de 2017, sobre un pilar europeo de derechos sociales(2),

–  Vista su Resolución, de 16 de febrero de 2017, sobre mejora del funcionamiento de la construcción de la Unión Europea aprovechando el potencial del Tratado de Lisboa(3),

–  Vista su Resolución, de 16 de febrero de 2017, sobre posibles modificaciones y ajustes de la actual configuración institucional de la Unión Europea(4),

–  Vista su Resolución, de 16 de febrero de 2017, sobre la capacidad presupuestaria de la zona del euro(5),

–  Vista su Resolución, de 16 de marzo de 2017, sobre las repercusiones constitucionales, jurídicas e institucionales de una política común de seguridad y defensa: posibilidades que ofrece el Tratado de Lisboa(6),

–  Visto el Libro Blanco de la Comisión, de 1 de marzo de 2017, y los cinco documentos de reflexión posteriores (COM(2017)2025, COM(2017)0206, COM(2017)0240, COM(2017)0291, COM(2017)0315, COM(2017)0358),

–  Vista la Declaración de Roma, de 25 de marzo de 2017,

–  Vista la notificación del Reino Unido, de 29 de marzo de 2017, de su intención de retirarse de la Unión Europea,

–  Vista la Resolución del Comité Económico y Social Europeo, de 6 de julio de 2017, sobre el «Libro Blanco de la Comisión sobre el futuro de Europa y otros aspectos»(7),

–  Vista la Resolución del Comité Europeo de las Regiones, de 12 de mayo de 2017, sobre el Libro Blanco de la Comisión Europea sobre el futuro de Europa — Reflexiones y escenarios para la Europa de los Veintisiete en 2025(8),

–  Vistas las distintas aportaciones de los Parlamentos nacionales sobre el Libro Blanco de la Comisión y los documentos de reflexión sobre el futuro de Europa,

–  Visto el discurso sobre el estado de la Unión 2018 pronunciado el 12 de septiembre de 2018 por el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker,

–  Visto el discurso sobre el estado de la Unión pronunciado el 13 de septiembre de 2017 por el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, y su hoja de ruta hacia una Europa más unida, más fuerte y más democrática, de 24 de octubre de 2017 (COM(2017)0650),

–  Visto el discurso pronunciado por el presidente francés, Emmanuel Macron, en la Universidad de la Sorbona el 26 de septiembre de 2017, titulado «Initiative pour l’Europe: Une Europe souveraine, unie, démocratique» («Iniciativa para Europa: una Europa soberana, unida y democrática»),

–  Vista la cumbre informal de jefes de Estado y de Gobierno celebrada el 29 de septiembre de 2017 en Tallin,

–  Vista la Agenda de los Dirigentes refrendada en la reunión del Consejo Europeo de los días 19 y 20 de octubre de 2017,

–  Vista la proclamación interinstitucional sobre el pilar europeo de derechos sociales, de 17 de noviembre de 2017, del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión,

–  Vista la hoja de ruta para la profundización de la Unión Económica y Monetaria de la Comisión, de 6 de diciembre de 2017 (COM(2017)0821), y, en particular, la propuesta relativa a la creación del Fondo Monetario Europeo (COM(2017)0827), la propuesta de integrar el contenido del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en el marco jurídico de la Unión (COM(2017)0824) y la comunicación sobre un ministro europeo de Economía y Finanzas (COM(2017)0823),

–  Vista la reunión del Consejo Europeo de los días 14 y 15 de diciembre de 2017, así como la reunión de dirigentes y las reuniones de la Cumbre del Euro celebradas al margen de la misma,

–  Vista la carta de 20 de diciembre de 2017 firmada por veintiséis Parlamentos nacionales de veinte Estados miembros sobre la transparencia en la toma de decisiones del Consejo,

–  Vista la declaración de 10 de enero de 2018, adoptada en la Cumbre de los países del sur de la Unión Europea (Chipre, España, Francia, Grecia, Italia, Malta, Portugal), titulada «Bringing the EU forward in 2018», así como la declaración sobre el futuro de Europa formulada el 26 de enero de 2018 por los países del Grupo de Visegrado (Chequia, Eslovaquia, Hungría y Polonia) y la declaración conjunta de los ministros de Finanzas de Finlandia, Dinamarca, Estonia, Irlanda Letonia, Lituania, los Países Bajos y Suecia de 6 de marzo de 2018,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de febrero de 2018, titulada «Una Europa que responde: opciones institucionales para hacer más eficiente el trabajo de la Unión Europea» (COM(2018)0095),

–  Vista la Recomendación (UE) 2018/234 de la Comisión, de 14 de febrero de 2018, con vistas a reforzar el carácter europeo y el desarrollo eficiente de las elecciones de 2019 al Parlamento Europeo(9),

–  Vista la reunión informal de los veintisiete jefes de Estado y de Gobierno, de 23 de febrero de 2018,

–  Vista su Resolución, de 1 de marzo de 2018, sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea en 2016(10),

–  Vista su Resolución, de 19 de abril de 2018, sobre la aplicación de las disposiciones del Tratado relativas a los Parlamentos nacionales(11),

–  Vista la propuesta de la Comisión de Reglamento del Consejo por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2021-2027, de 2 de mayo de 2018 (COM(2018)0322),

–  Vista la propuesta de la Comisión de Decisión del Consejo sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea, de 2 de mayo de 2018 (COM(2018)0325),

–  Vista la Cumbre UE-Balcanes Occidentales, de 17 de mayo de 2018,

–  Visto el informe especial del Defensor del Pueblo Europeo relativo a la investigación estratégica OI/2/2017/TE sobre la transparencia del proceso legislativo del Consejo, de 16 de mayo de 2018,

–  Vista la Declaración de Meseberg, de 19 de junio de 2018,

–  Vista la reunión del Consejo Europeo celebrada los días 28 y 29 de junio de 2018,

–  Visto el dictamen del Comité de las Regiones de 9 de octubre de 2018 titulado «Reflecting on Europe: the voice of local and regional authorities to rebuild trust in the European Union» (Reflexionar sobre Europa: la voz de las autoridades locales y regionales para recuperar la confianza en la Unión Europea),

–  Vistos los debates sobre el futuro de Europa con los jefes de Estado y de Gobierno, auspiciados por el Parlamento Europeo,

–  Vista la carta de la Comisión de Asuntos Jurídicos,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales y las opiniones de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de la Comisión de Comercio Internacional, de la Comisión de Control Presupuestario y de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A8-0427/2018),

A.  Considerando que la Unión Europea es un ejemplo único de integración supranacional que ha traído consigo paz, prosperidad y bienestar duraderos ya desde la revolucionaria Declaración de Schuman de 9 de mayo de 1950; que la seguridad, el respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos y el bienestar de su población de forma compartida han estado en el centro de sus aspiraciones y de sus acciones;

B.  Considerando que la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, la moneda única, el programa Erasmus, las políticas regionales, agrícolas y de cohesión y Horizonte 2020 son logros fundamentales de la Unión, entre muchos otros, que contribuyen al bienestar de los ciudadanos europeos; que la Unión necesita contar con los recursos y las competencias adecuados para hacer frente a los retos del siglo XXI;

C.  Considerando que en los últimos años la Unión se ha enfrentado a varias crisis que han puesto a prueba su resiliencia y su capacidad para actuar con unidad y determinación;

D.  Considerando que durante el período 2014-2017 se han aplicado unas políticas monetarias y macroeconómicas más eficaces y equilibradas desde el punto de vista social que han contribuido a la recuperación económica y social de la Unión, como las políticas no convencionales del Banco Central Europeo, la flexibilidad del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y el Plan de Inversiones para Europa;

E.  Considerando que, si bien Europa ha logrado contener y superar parcialmente los momentos más críticos de la crisis financiera y económica, aún quedan por delante reformas importantes y urgentes a nivel de la Unión y de los Estados miembros en el ámbito de la gobernanza económica en general y la zona del euro en particular, así como en términos de mayor refuerzo del mercado único y de recuperación y desarrollo de estándares sociales de nuestros estados de bienestar;

F.  Considerando que, a la vista de los múltiples retos actuales y futuros a los que se enfrenta la Unión tanto a nivel interno como externo en un entorno global inestable y parcialmente hostil, en particular los relativos a la migración, el declive democrático, el terrorismo, la seguridad, el cambio climático, las cuestiones medioambientales, el mantenimiento del orden mundial multilateral, la realización de la UEM, la globalización, el comercio internacional libre, justo y basado en normas, los asuntos exteriores y la defensa, el desarrollo del pilar social y la lucha contra el populismo antieuropeo, la intolerancia y la xenofobia, la Unión debe promover un espíritu renovado de cooperación y solidaridad entre sus miembros basado en los artículos 2 y 3 del TUE y la Carta de los Derechos Fundamentales, y que al mismo tiempo el objetivo consagrado en el Tratado de Lisboa de crear una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa debe seguir inspirando las acciones emprendidas por la Unión, con vistas a reforzar aún más la integración europea y a abordar correctamente estos retos;

G.  Considerando que el Parlamento está muy preocupado por el incremento de los movimientos populistas, xenófobos y antieuropeos en toda Europa; que la Unión y sus Estados miembros deben intensificar sus esfuerzos para defender y promover los valores democráticos, los principios fundacionales y los objetivos de la integración europea;

H.  Considerando que el referéndum celebrado en el Reino Unido en junio de 2016, que culminó con la comunicación del Reino Unido el 29 de marzo de 2017 de su intención de abandonar la Unión Europea, ha intensificado el debate sobre el futuro de la Unión; que las negociaciones sobre la retirada prevista del Reino Unido de la Unión han puesto de manifiesto el alto nivel de interdependencia de los Estados miembros, el grado en que todos dependemos de los instrumentos y las políticas comunes y los costes que conlleva la salida de la Unión;

I.  Considerando que la intensificación del debate sobre el futuro de Europa se refleja, además de en las propias Resoluciones del Parlamento sobre el futuro de Europa de 16 de febrero de 2017, en la Declaración y Hoja de Ruta de Bratislava, el Libro Blanco de la Comisión sobre el futuro de Europa, la Declaración de Roma, la Agenda de los Dirigentes adoptada por el Consejo Europeo en octubre de 2017, y en diversas aportaciones realizadas por los Estados miembros individualmente o agrupados entre sí, y por el Comité Económico y Social Europeo y el Comité Europeo de las Regiones, al igual que en debates en el Pleno en el Parlamento Europeo sobre el futuro de Europa con jefes de Estado o de Gobierno, en reuniones de comisiones interparlamentarias y en la organización de diálogos ciudadanos y de consultas por parte de diferentes instituciones, órganos y Estados miembros;

J.  Considerando que la encuesta Parlámetro, realizada entre el 8 y el 26 de septiembre de 2018, muestra que el 62 % de los encuestados cree que la pertenencia de sus países a la Unión es positiva y que el 68 % considera que su país se ha beneficiado de su pertenencia a la Unión, el resultado más elevado obtenido desde 1983;

K.  Considerando que los valores y principios en los que se fundamenta la Unión definen una esfera en la que todos los ciudadanos europeos pueden reconocerse, independientemente de las diferencias políticas o culturales ligadas a la identidad nacional;

L.  Considerando que las próximas elecciones al Parlamento Europeo brindan la oportunidad de hacer balance del debate sobre el futuro de Europa, también a la vista de las principales prioridades institucionales del Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo de cara a la nueva legislatura;

M.  Considerando que la Unión encara un período especialmente importante en cuanto a su proceso de construcción, dada la naturaleza y dimensión de sus retos, y que estos solo pueden superarse trabajando conjuntamente y mediante una mayor y mejor integración y solidaridad entre Estados miembros, utilizando plenamente las actuales disposiciones del Tratado de Lisboa y, posteriormente, reformando los Tratados a fin de mejorar el proceso decisorio institucional y garantizar el equilibrio adecuado de competencias;

N.  Considerando que el objetivo de las reformas institucionales debe ser una mayor democratización de los procesos decisorios y la mejora de la transparencia en la toma de decisiones y la rendición de cuentas de la Unión y sus instituciones; que, a la luz de estos objetivos, es el momento apropiado y oportuno de promover una participación cívica significativa en el proyecto europeo y de organizar consultas e incentivar un diálogo regular con los ciudadanos y las asociaciones representativas, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 11 del TUE;

O.  Considerando que la Unión precisa una estructura de gobierno más sólida, con un mayor control democrático por parte del Parlamento, para hacer frente a los retos actuales y futuros; que la transparencia y la integridad de las instituciones y organismos de la Unión constituyen condiciones indispensables para lograr la confianza de los ciudadanos;

P.  Considerando que la Declaración conjunta franco-alemana de Meseberg contiene una serie de reflexiones y propuestas para reforzar la cooperación europea, en particular en el ámbito de la gobernanza económica;

Q.  Considerando que la promoción de una dimensión europea de la cultura y la educación resulta fundamental para reforzar la ciudadanía europea, teniendo en cuenta que la Unión adolece de un déficit de conocimiento que hace que las generaciones jóvenes tiendan a dar por sentados los avances que logra;

1.  Recuerda que las Resoluciones del Parlamento sobre el futuro de Europa, de 16 de febrero de 2017, hacen hincapié en la importancia de un marco institucional único y del método comunitario y sugieren varias propuestas e iniciativas de especial importancia para la integración europea que pueden contribuir a la construcción del futuro de Europa;

2.  Subraya que la Unión debe hacer frente a los retos que plantea su futuro con una mayor y mejor integración política, respetando plenamente y promoviendo los derechos humanos, las libertades fundamentales y los principios democráticos, y trabajando conjuntamente; destaca que los ciudadanos quieren una Europa que proteja sus derechos, su bienestar y su modelo social sobre la base de la soberanía compartida, lo que exige una integración política adecuada; invita a los jefes de Estado y de Gobierno a que sigan por este camino con un espíritu de solidaridad y colaboración renovado;

3.  Señala que todos los jefes de Estado y de Gobierno que se dirigieron al Parlamento en sesión plenaria durante los debates sobre el futuro de Europa reconocieron la necesidad de afrontar conjuntamente los retos del futuro y de hacer mejor lo que únicamente se puede lograr juntos;

4.  Reitera su convicción de que la integración diferenciada debe continuar estando abierta a todos los Estados miembros y seguir sirviendo de método para lograr una integración y una solidaridad europeas más profundas, algo que no debe confundirse con la idea de una Europa a la carta; insiste en la necesidad de evitar cualquier percepción de la creación de Estados miembros de primera y de segunda clase dentro de la Unión en el debate en curso sobre la integración diferenciada;

5.  Recuerda que la integración diferenciada no debe servir como medio para disminuir la integración política;

6.  Hace hincapié en que la crisis ha provocado un desequilibrio entre las principales instituciones de la Unión, y en que el Consejo Europeo está ejerciendo su propia iniciativa política en detrimento del derecho de iniciativa de la Comisión y está reforzando el método intergubernamental; considera, no obstante, que el método comunitario es el más idóneo para el funcionamiento de la Unión; recuerda las numerosas resoluciones aprobadas por el Parlamento a este respecto y reitera su petición al Consejo Europeo de que respete plenamente los límites de sus competencias de conformidad con lo dispuesto, en particular, en el artículo 15 del TUE;

7.  Reitera que la unanimidad que exigen los Tratados en algunas cuestiones fundamentales supone un obstáculo casi insuperable en momentos y decisiones importantes y defiende, por lo tanto, con respecto a los procedimientos de toma de decisiones, el principio de votación por mayoría cualificada en el Consejo y, en el caso de la legislación, el uso del procedimiento legislativo ordinario en todos los ámbitos en los que sea posible; recuerda que en el marco de los Tratados actuales esto puede conseguirse mediante el uso de diversas «cláusulas pasarela» o, en el caso de la cooperación reforzada, mediante el uso del artículo 333 del TFUE;

8.  Acoge con satisfacción, a este respecto, el anuncio del presidente Juncker en su discurso sobre el estado de la Unión de 13 de septiembre de 2017 y 12 de septiembre de 2018 de la intención de proponer el uso de la mayoría cualificada en el Consejo en determinados ámbitos políticos específicos, pero lamenta que el Reglamento sobre el marco financiero plurianual no se encuentre entre las cuestiones enumeradas;

9.  Acoge con satisfacción, en especial, que la Comisión haya propuesto el uso de la mayoría cualificada en la política exterior y de seguridad común (PESC) en el caso de posiciones sobre cuestiones relacionadas con los derechos humanos en foros internacionales, decisiones para el establecimiento de regímenes de sanciones y decisiones para la puesta en marcha o aplicación de misiones civiles en respuesta a crisis exteriores, habida cuenta de la importancia de acelerar la toma de decisiones y de mejorar su efectividad, así como la necesidad de que la Unión hable con una sola voz;

10.  Reitera su propuesta de transformar el Consejo en una verdadera cámara legislativa en pie de igualdad con el Parlamento, tal y como se destaca en su Resolución, de 16 de febrero de 2017, sobre la mejora del funcionamiento de la construcción de la Unión Europea aprovechando el potencial del Tratado de Lisboa, y de mejorar la transparencia de su proceso decisorio; señala, en este contexto, el informe especial elaborado por el Defensor del Pueblo Europeo sobre la transparencia del proceso legislativo del Consejo y la carta de las delegaciones de la COSAC de 20 de diciembre de 2017, en la que se pide mayor transparencia en la toma de decisiones políticas, en particular por parte del Consejo y órganos informales como el Eurogrupo, en consonancia con peticiones similares formuladas por el Parlamento a este respecto;

11.  Considera que existen diferentes opciones para hacer más ágil a la Comisión adaptando la estructura y los métodos de trabajo del Colegio de Comisarios, por ejemplo, con el nombramiento de vicepresidentes responsables de una agrupación de políticas o el nombramiento de comisarios senior y junior;

12.  Recuerda que, aunque el Parlamento no tiene un derecho formal de iniciativa legislativa en virtud de los Tratados actuales, puede solicitar que la Comisión presente cualquier propuesta adecuada sobre cuestiones que, en su opinión, requieran un acto de la Unión a efectos de la aplicación de los Tratados, y recuerda a la Comisión, de conformidad con el artículo 10 del Acuerdo Interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación(12), su obligación de prestar una atención rápida y detallada a las solicitudes de propuestas de actos de la Unión; recuerda, además, que este acuerdo interinstitucional también contiene disposiciones sobre la programación anual y plurianual interinstitucional, que constituyen una herramienta adicional para que el Parlamento dirija la agenda legislativa;

13.  Recuerda su propuesta de que, en caso de una posible revisión futura de los Tratados, el derecho de iniciativa legislativa también pueda atribuirse al Parlamento como representante directo de los ciudadanos de la Unión;

14.  Insiste en la obligación de reforzar el poder de control y, en particular, el derecho de investigación del Parlamento y de conferirle unas facultades específicas, reales y claramente delimitadas;

15.  Toma nota del informe del Grupo Operativo sobre Subsidiariedad, Proporcionalidad y «Hacer menos pero de forma más eficiente», de 10 de julio de 2018, en el que se presentan recomendaciones sobre una nueva forma de trabajar en materia de subsidiariedad y proporcionalidad; considera que muchas de esas recomendaciones ya han sido destacadas por el Parlamento, sobre todo en lo relativo al papel de los Parlamentos nacionales en la Unión y a la reforma deseable del sistema de alerta temprana; recuerda que dicho Grupo Operativo observó que existe valor añadido de la Unión en todos sus sectores de actividad y, por consiguiente, no identificó ninguna competencia ni ámbito de actuación del Tratado que deban ser delegados de nuevo, total o parcialmente, en los Estados miembros de forma definitiva;

16.  Acoge con satisfacción las recomendaciones de las distintas instituciones que piden un papel más activo para los Parlamentos nacionales, especialmente en el control de la acción de sus gobiernos en las instituciones europeas; recuerda asimismo el papel fundamental de las autoridades locales y, en particular, de los parlamentos regionales con competencias legislativas;

17.  Subraya la importancia de la cooperación a nivel interinstitucional, en el respeto de las prerrogativas de cada institución consagradas en los Tratados, ya que a esta cooperación se la ha dotado de un nuevo marco con el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016, y subraya que la simplificación es un ejercicio continuo cuyo objetivo es que los procesos y procedimientos a nivel de la Unión sean más fáciles de comprender, garantizando que se tengan en cuenta las opiniones de todas las partes interesadas pertinentes y, en última instancia, facilitando la participación de los ciudadanos en la labor de la Unión Europea;

18.  Se felicita de que en la Cumbre social en favor del empleo justo y el crecimiento celebrada en Gotemburgo se proclamara conjuntamente el apoyo al pilar europeo de derechos sociales firmado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión; señala que las competencias e instrumentos necesarios para cumplir con el pilar están principalmente en manos de las autoridades locales, regionales y nacionales, así como de los interlocutores sociales y la sociedad civil, y que el Semestre Europeo ofrece un marco para seguir la pista a los resultados de los Estados miembros a este respecto; recuerda, asimismo, en este contexto que el diálogo social ha demostrado ser un instrumento indispensable para mejorar el proceso legislativo y de elaboración de políticas de la Unión y reforzar su legitimidad social;

19.  Observa el carácter no vinculante del pilar social, que es incapaz como tal de redirigir los esfuerzos de la Unión de las políticas económicas, de mercado interior y presupuestarias hacia objetivos sociales; señala que, en virtud de la cláusula social horizontal consagrada en el artículo 9 del TFUE, la Unión debe analizar detenidamente las repercusiones de su legislación sobre las normas sociales y el empleo, consultando debidamente a los interlocutores sociales;

20.  Destaca que la protección del medio ambiente debe convertirse en una prioridad principal para la Unión en vista del actual deterioro medioambiental, y que ha de integrarse en todas las políticas y acciones de la Unión; señala que la Unión debe emprender una acción eficaz para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar la proporción de energías renovables en la combinación energética y de ahorro energético hasta llegar a los niveles necesarios para alcanzar los objetivos fijados en el Acuerdo de París;

21.  Pide de nuevo a los Estados miembros que firmen y ratifiquen la Carta Social Europea revisada y el Convenio Europeo de Seguridad Social (STCE n.º 78);

22.  Subraya la importancia de continuar el proceso de profundizar y completar la UEM con el fin de contribuir a preservar la estabilidad de la moneda única y mejorar la convergencia de las políticas económicas, presupuestarias y del mercado de trabajo, así como las cuestiones sociales, entre los Estados miembros; reitera que, a excepción de la exclusión voluntaria de Dinamarca, todos los Estados miembros están obligados a adoptar el euro; apoya la adopción de nuevas medidas para el desarrollo del MEDE;

23.  Destaca, en este sentido, la necesidad de un compromiso político firme, una gobernanza eficiente y responsabilidad democrática a escala europea y nacional, en particular en lo que se refiere al control parlamentario en las distintas fases del Semestre Europeo por parte del Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales, con el fin de conferir mayor legitimidad social, económica y democrática a la gobernanza económica y financiera de la zona del euro y mejorar el seguimiento de las recomendaciones de la Unión;

24.  Recuerda su punto de vista, plasmado en su Resolución, de 16 de febrero de 2017, sobre posibles modificaciones y ajustes de la actual configuración institucional de la Unión Europea, de que la política presupuestaria y económica debería convertirse en una «competencia compartida» entre la Unión y los Estados miembros;

25.  Toma nota de la convergencia de las posturas adoptadas por Francia y Alemania sobre la idea de una capacidad presupuestaria para la zona del euro; reitera su opinión de que dicha capacidad debe desarrollarse dentro del marco de la Unión;

26.  Toma nota de la propuesta de la Comisión relativa a la Función Europea de Estabilización de las Inversiones y está debatiendo nuevas herramientas presupuestarias para lograr la estabilización;

27.  Toma nota de la propuesta de la Comisión relativa a un programa de apoyo a las reformas; destaca la importancia de no debilitar las facultades de codecisión y supervisión del Parlamento a la hora de gastar los fondos de la Unión; expresa su preocupación por el hecho de que en el período 2011-2017 solo se aplicaran plenamente el 9 % de las recomendaciones específicas por país (REP); toma nota del mecanismo de convergencia, que constituirá un incentivo y ayudará a los Estados miembros que no pertenecen a la zona del euro a aplicar las reformas y a cumplir los criterios para la introducción del euro a través de políticas presupuestarias y económicas sostenibles;

28.  Se congratula por el futuro programa InvestEU y destaca que el fondo debe continuar reduciendo la brecha de inversión en la Unión; apoya las inversiones en activos materiales e inmateriales, incluido el patrimonio cultural, para fomentar el crecimiento, la inversión y el empleo, prestando especial atención a las pequeñas y medianas empresas (pymes), las empresas de pequeña y mediana capitalización y las empresas sociales, y contribuir así a la mejora del bienestar, a una distribución más justa de los ingresos, y a la cohesión económica, social y territorial de la Unión;

29.  Toma nota de la Comunicación de la Comisión sobre un ministro europeo de Economía y Finanzas; señala que la fusión de los puestos de vicepresidente de la Comisión para Asuntos Económicos y presidente del Eurogrupo podría mejorar el control parlamentario a nivel europeo;

30.  Opina que el futuro presupuesto de la Unión debe promover el valor añadido europeo en términos de impacto socioeconómico; apoyar la modernización de las políticas de la Unión; garantizar la financiación para hacer frente a los nuevos retos; seguir contribuyendo a la convergencia económica y social y a la cohesión entre los Estados miembros y dentro de ellos, a fin de reforzar la solidaridad, la estabilidad y la igualdad europeas, así como un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, en particular a la luz de los compromisos de la Unión con respecto al Acuerdo de París; garantizar el respeto y la promoción de los valores fundamentales, tal como se establece en los artículos 2 y 3 del TUE; y dotarse de nuevos recursos propios, teniendo en cuenta el trabajo del Grupo de Alto Nivel sobre Recursos Propios;

31.  Se felicita de que la propuesta de la Comisión relativa a los recursos propios introduzca verdaderos recursos propios nuevos, tal y como había pedido el Parlamento, aunque lamenta que no se introduzcan otras posibles fuentes de ingresos; expresa su preocupación por la propuesta de la Comisión para el MFP correspondiente al período 2021-2027, ya que carece de un compromiso financiero para afrontar los retos actuales y futuros que se le plantean a la Unión; lamenta la postura adoptada por algunos Estados miembros que se niegan a aportar más recursos a la Unión, a pesar del reconocimiento unánime de la necesidad de hacer frente a nuevos retos y responsabilidades y, por tanto, la necesidad de mayores recursos financieros; señala que el gasto a nivel de la Unión puede ahorrar dinero a nivel nacional al evitar la duplicación y mediante economías de escala;

32.  Subraya la importancia de garantizar una convergencia económica y social al alza en el proceso del Semestre Europeo; reconoce la importancia del establecimiento del pilar europeo de derechos sociales; observa que el Semestre Europeo se ha reforzado y racionalizado, pero destaca que una mejor participación de los Parlamentos nacionales ayudaría a mejorar la apropiación nacional, lo que llevaría a una mejor aplicación de las recomendaciones específicas por país, mejorando así el proceso del Semestre Europeo; señala que corresponde ante todo a los Estados miembros elegir políticas presupuestarias y económicas sostenibles y adecuadas;

33.  Lamenta que hasta la fecha no se haya realizado un seguimiento concreto de su petición de un código de convergencia, que se aprobaría mediante el procedimiento de codecisión, con el fin de disponer de un marco más eficaz para la coordinación de la política económica; recuerda además que, pese a reconocer que el Semestre Europeo ya se ha simplificado, pidió la celebración de un acuerdo interinstitucional con el fin de que se confiriera al Parlamento un papel de mayor calado en el Semestre Europeo; recuerda, en este contexto, su sugerencia, plasmada concretamente en su resolución sobre la aplicación de las disposiciones del Tratado de Lisboa relativas a los Parlamentos nacionales, de que es necesario coordinar mejor los calendarios presupuestarios a escala nacional y europea en todo el proceso, a fin de reservar una mayor participación al Parlamento Europeo y a los Parlamentos nacionales en el Semestre Europeo;

34.  Destaca la importancia del compromiso con el proceso para completar la unión bancaria y la necesidad de garantizar la apertura y la igualdad de trato de todos los Estados miembros que participen en ella; recuerda la necesidad de proseguir con la realización de la unión bancaria, en particular mediante un Sistema Europeo de Garantía de Depósitos y un mecanismo de protección presupuestaria para el Fondo Único de Resolución, así como de medidas para lograr la reducción de los riesgos;

35.  Acoge con satisfacción las propuestas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales presentadas por la Comisión en el contexto de la revisión del Sistema Europeo de Supervisión Financiera (SESF); anima al Consejo a concluir junto con el Parlamento las negociaciones legislativas antes de que finalice la presente legislatura, ya que las políticas contra el blanqueo de capitales deben reforzarse para evitar futuras situaciones en las que las instituciones financieras faciliten de forma activa el blanqueo de capitales;

36.  Pide a la Comisión que, con ayuda de las autoridades europeas de supervisión, determine y suprima los obstáculos al mercado interior, así como que contribuya a garantizar la protección de los consumidores; considera que una de las prioridades más importantes de la Comisión debería ser la aplicación efectiva de la legislación de la Unión;

37.  Pide a la Comisión que dé prioridad a los reglamentos frente a las directivas como instrumento legislativo para la unión bancaria y la legislación sobre servicios financieros, caso por caso y si procede, para evitar la fragmentación y que se cree una situación en la que los supervisores se tengan que ocupar de los distintos regímenes nacionales;

38.  Hace hincapié en la urgente necesidad de completar la Unión de los Mercados de Capitales; señala que unos mercados de capitales sólidos y bien integrados complementan la unión bancaria, gracias a su contribución a la distribución del riesgo privado, al aumento de la convergencia económica, a la protección de las perturbaciones futuras y a su posible promoción para una mejor asignación de fondos donde sea necesario; pide que se realice un estudio exhaustivo sobre el marco más apropiado para poder tener en cuenta mejor la rápida evolución de la naturaleza de los servicios financieros; subraya que un mejor acceso a fuentes adicionales de financiación sería especialmente de ayuda para las empresas emergentes y las pymes, promoviendo su crecimiento sólido y su desarrollo sostenible;

39.  Acoge con satisfacción el trabajo realizado hasta la fecha y considera necesario continuar la revisión exhaustiva de la legislación vigente sobre el IVA; destaca la urgente necesidad de intensificar la lucha contra el fraude, la evasión y la elusión fiscales; toma nota del trabajo de la Comisión sobre una fiscalidad justa de la economía digital;

40.  Invita a todas las instituciones y órganos de la Unión, en particular a la Comisión, al Banco Central Europeo, al Banco Europeo de Inversiones y al Mecanismo Único de Supervisión, a que intensifiquen aún más sus esfuerzos de comunicación para explicar mejor su trabajo y mejorar la información de que disponen los ciudadanos de la Unión;

41.  Destaca que Europa es una fuerza positiva en el mundo y que lo debe seguir siendo, defendiendo sus valores, el multilateralismo y el Derecho internacional; recuerda que la Unión y sus Estados miembros son los principales contribuyentes a la ayuda internacional para el desarrollo;

42.  Acoge con satisfacción la decisión del Consejo que establece la cooperación estructurada permanente (CEP), la revisión anual coordinada de la defensa y el Fondo Europeo de Defensa como pasos importantes hacia una política de defensa común, y señala las propuestas realizadas por determinados Estados miembros de cara a un Consejo de Seguridad de la Unión Europea y una Iniciativa de intervención europea; recuerda su petición de crear un Consejo de Ministros de Defensa, con carácter permanente, bajo la presidencia de la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión (AR/VP), y subraya la importancia de un control democrático adecuado de las decisiones adoptadas en este ámbito y la necesidad de reforzar la cooperación entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales a este respecto;

43.  Aplaude el refuerzo del Mecanismo Comunitario de Protección Civil y pide una vez más la creación de un Cuerpo Comunitario de Protección Civil, teniendo en cuenta que los tratados en vigor constituyen una buena base a tal efecto;

44.  Recuerda la adhesión pendiente de la Unión al Convenio Europeo de Derechos Humanos; pide la incorporación de las disposiciones del Tratado Euratom en el TUE y en el TFUE;

45.  Lamenta la falta de acuerdo entre los Estados miembros sobre las prioridades y la aplicación de una política de inmigración integral a nivel europeo, que haría posible organizar y regular los flujos migratorios, controlar nuestras fronteras exteriores de forma más efectiva, cooperar con los países de origen y de tránsito, y garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los migrantes y solicitantes de asilo, entre otros objetivos; subraya que es necesario subsanar las contradicciones obvias en los intereses expuestos por los Estados miembros, así como el descontento expresado por los ciudadanos, con el fin de no poner en peligro el proyecto de integración europea, que sufre directamente las consecuencias de la instrumentalización del fenómeno migratorio por los partidos euroescépticos;

46.  Recuerda su posición sobre la revisión del sistema de Dublín; subraya, además, la importancia de reforzar su asociación con África y toma nota de la Comunicación de la Comisión, de 12 de septiembre de 2018, titulada «Reforzar las vías legales hacia Europa: una parte indispensable de una política de migración equilibrada y global que establezca canales legales para la migración» (COM(2018)0635);

47.  Destaca la importancia de una política agrícola común (PAC) respaldada por un presupuesto bien financiado; recuerda la importancia primordial de la PAC para la historia de la Unión; hace notar el papel fundamental que desempeña a la hora de garantizar el dinamismo de las regiones rurales y el abastecimiento seguro de alimentos; señala que la próxima reforma de la PAC constituye una oportunidad para reforzar la consecución de sus objetivos; destaca que la PAC es y debe seguir siendo una de las políticas más importantes y más integradas, y que seguirá contribuyendo a la construcción del futuro de Europa mediante una mayor integración, la preservación del medio ambiente, la seguridad alimentaria y la protección de los ciudadanos de la Unión; toma nota de que las políticas agrícola y de desarrollo rural tienen un gran potencial en términos de suministro de bienes públicos; destaca que la agricultura europea desempeña un papel fundamental en la alimentación del planeta y en la creación de empleo para 46 millones de personas; subraya el papel que desempeña la PAC en el mantenimiento del estado y la calidad del suelo, el agua y otros recursos naturales; hace hincapié en la posición crucial que ocupa la agricultura entre las prioridades de la Unión para mitigar los efectos del cambio climático y promover un desarrollo sostenible; subraya la importancia de una PAC bien financiada y reformada para encarar los múltiples retos que deberá afrontar la Unión en el futuro; pone de relieve que la PAC no se centra únicamente en la agricultura y los agricultores, sino que también pretende ayudar a las comunidades rurales más amplias en las que estos llevan a cabo sus actividades y desarrollarlas;

48.  Hace hincapié en que la política comercial común debe seguir siendo un pilar fundamental de la política exterior de la Unión, ya que repercute directamente en la vida de los ciudadanos, y en que debe ayudar a la Unión a adaptarse a su nuevo papel en un mundo de múltiples protagonistas en la esfera internacional; insta al Consejo, a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior a que cooperen en los siguientes ámbitos:

   a) afianzar la política comercial común integrándola en el marco político más amplio; asumir el liderazgo en la política comercial mundial en los ámbitos multilateral y bilateral;
   b) liderar la defensa de un sistema comercial mundial abierto, basado en normas, justo, orientado al desarrollo y sostenible, garantizar que las empresas de la Unión puedan operar mundialmente en un marco de igualdad de condiciones, normas predecibles, competencia leal y obligaciones definidas, que debe incluir trabajar de manera constructiva en una posición común de la Unión frente a las negociaciones intergubernamentales de las Naciones Unidas sobre responsabilidad por violaciones de los derechos humanos y fomentar la rendición de cuentas y las obligaciones vinculantes de diligencia debida de las empresas en relación con las cadenas de suministro y producción;
   c) mantener al Parlamento informado, de forma integral e inmediata, acerca de las negociaciones y el mandato del Consejo, y a lo largo de la aplicación de los acuerdos internacionales, con el fin de garantizar el ejercicio de sus competencias y prerrogativas; simplificar y acortar los procesos de negociación y reforzar el control del Parlamento a lo largo de los mismos; aumentar la transparencia ante los ciudadanos de la Unión mediante la publicación de las directrices de negociación (mandatos) para los acuerdos comerciales antes de que se inicien las negociaciones; respetar plenamente las disposiciones de los Tratados y la jurisprudencia reciente de la Unión que determinan que la política comercial común es competencia exclusiva de la Unión;
   d) incluir sistemáticamente capítulos sobre comercio digital, pymes, comercio vinculante y de obligado cumplimiento y desarrollo sostenible, además de disposiciones relativas a la igualdad de género, en los acuerdos comerciales, y asumir el liderazgo sobre estas cuestiones en los debates multilaterales; defender la privacidad de los datos de los ciudadanos de la Unión;
   e) reforzar la coherencia de la política comercial común con la PESC, la política europea de desarrollo y la política climática, a fin de garantizar los valores y objetivos recogidos en el artículo 3, apartado 5, del TUE y en los artículos 21, 207 y 208 del TFUE, respetando plenamente el Consenso Europeo sobre Desarrollo;

49.  Considera que la Unión debe seguir fomentando el comercio internacional, al tiempo que defiende las normas sociales, laborales y medioambientales; advierte contra las guerras comerciales, en las que solo hay perdedores y que aumentan las tensiones políticas y de seguridad;

50.  Recuerda que el artículo 17, apartado 7, del TUE establece que «teniendo en cuenta las elecciones al Parlamento Europeo y tras mantener las consultas apropiadas, el Consejo Europeo propondrá al Parlamento Europeo un candidato al cargo de Presidente de la Comisión Europea»; subraya su voluntad de seguir con el proceso de designación de cabezas de lista (Spitzenkandidaten) para la elección del próximo presidente de la Comisión, y acoge con satisfacción el apoyo de la Comisión y de determinados Estados miembros a este respecto; subraya que, en el proceso de investidura del presidente de la Comisión, las consultas adecuadas con el Parlamento son de vital importancia, ya que, tras las elecciones, determinarán el candidato que podrá contar con el respaldo de la mayoría de los miembros que lo componen y transmitirá los resultados de sus deliberaciones internas al Consejo Europeo; destaca que el candidato debe haber sido designado como cabeza de lista (Spitzenkandidat) por uno de los partidos políticos europeos y haber hecho campaña en favor del cargo de presidente de la Comisión en el período previo a las elecciones europeas; considera que esta práctica ha dado buenos resultados, reforzando la legitimidad social de las elecciones europeas y el papel supranacional del Parlamento Europeo como un exponente de la ciudadanía y democracia europeas; advierte una vez más de que el Parlamento estará preparado para rechazar, en el procedimiento de investidura del presidente de la Comisión, a cualquier candidato que no haya sido designado como cabeza de lista (Spitzenkandidat) en el período previo a las elecciones europeas;

51.  Lamenta la tentación frecuente y extendida de culpar a Bruselas de las decisiones impopulares y de eximir a las autoridades nacionales de sus responsabilidades y medidas políticas, dado que esta actitud injusta y oportunista daña a Europa, fomenta el nacionalismo y los sentimientos antieuropeístas y desacredita a las instituciones de la Unión; considera asimismo que las falsas acusaciones contravienen el imperativo de responsabilidad de la actividad gubernamental; destaca que la correcta aplicación y puesta en práctica del Derecho de la Unión es esencial para la materialización de las políticas de la Unión y para fomentar la confianza mutua entre la Unión, los Estados miembros y los ciudadanos, y expresa su preocupación por las acciones de los Estados miembros que no lo hacen deliberadamente;

52.  Destaca la necesidad de llevar a cabo una evaluación más estricta de las consecuencias sociales y medioambientales de las políticas de la Unión, teniendo en cuenta asimismo el coste de la no legislación a escala europea (el denominado «coste de la no Europa»);

53.  Subraya la necesidad de prestar especial atención al Derecho administrativo de la Unión, como se indica en su Resolución, de 9 de junio de 2016, en la que se pide una administración de la Unión Europea abierta, eficiente e independiente(13);

54.  Subraya la necesidad de reforzar el espacio público europeo como un espacio democrático supranacional; hace hincapié en que los principales retos a los que se enfrenta Europa deben abordarse y debatirse desde una perspectiva europea y no únicamente desde una perspectiva nacional, y dando pleno efecto a las disposiciones consagradas en los artículos 10 y 11 del TUE; señala que, por este motivo, la democracia europea necesita reforzar la dimensión transnacional de sus objetivos y retos, promoviendo al mismo tiempo una ciudadanía europea basada en los valores comunes de la Unión Europea y con más educación institucional europea y un marco social deliberativo y más participativo, así como una campaña más europea y menos nacional de cara a las próximas elecciones europeas de 2019;

55.  Acoge con satisfacción el enfoque adoptado por la Unión en las negociaciones sobre la retirada ordenada del Reino Unido de la Unión Europea, y subraya la excepcional unidad mostrada por las instituciones europeas y los Estados miembros; señala que la experiencia en las negociaciones celebradas ha demostrado la enorme complejidad de tales decisiones;

56.  Subraya una vez más que ni la soberanía nacional ni la subsidiariedad pueden justificar ni legitimar que un Estado miembro se aparte sistemáticamente de los valores fundamentales de la Unión Europea que inspiraron la redacción de los artículos introductorios de los Tratados europeos, que todos los Estados miembros suscribieron voluntariamente y se comprometieron a respetar; subraya, asimismo, que la defensa de estos valores es fundamental para la cohesión del proyecto europeo, los derechos de todos los europeos y la confianza mutua necesaria entre los Estados miembros; pide de nuevo a la Comisión que presente sin demora una propuesta por la que se dé efecto a su Resolución, de 25 de octubre de 2016, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el establecimiento de un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales;

57.  Recuerda que, según el Tribunal de Justicia (asuntos acumulados C-8/15 P a C- 10/15 P(14)), las instituciones europeas tienen la obligación de respetar y defender las disposiciones de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluso cuando actúen fuera del marco jurídico de la Unión;

58.  Insiste en que, en el contexto del debate sobre el futuro de Europa, es necesario reflexionar sobre cómo podría reformarse el sistema presupuestario de la Unión con el fin de proporcionar un presupuesto adecuado para garantizar la financiación de las políticas previstas y mejorar el equilibrio entre la previsibilidad y la capacidad de respuesta, así como sobre cómo garantizar que las disposiciones generales de financiación no sean más complejas de lo necesario para cumplir los objetivos de la Unión y garantizar la rendición de cuentas; opina que se debe reforzar la condicionalidad previa de las políticas, en los casos necesarios, sin poner en riesgo la operatividad de los programas, con el fin de garantizar una buena gestión financiera eficaz en la ejecución del gasto de la Unión;

59.  Destaca la importancia de centrarse, en particular, en la mejora de la eficiencia de la financiación y en los mecanismos democráticos de control del presupuesto de la Unión; pide que todas las instituciones de la Unión mejoren sus procedimientos y prácticas destinados a proteger los intereses financieros de la Unión y que contribuyan activamente a un procedimiento de aprobación de la gestión orientado a los resultados; considera, en este contexto, que el procedimiento de aprobación de la gestión es un instrumento indispensable de responsabilidad democrática de cara a los ciudadanos de la Unión, y recuerda las dificultades que se han producido reiteradamente debido a la falta de cooperación del Consejo; insiste en que el Consejo debe rendir cuentas y practicar la transparencia, al igual que las demás instituciones; hace hincapié en que no debería haber excepciones en este sentido;

60.  Llama la atención sobre el fenómeno de la corrupción, que tiene consecuencias financieras importantes y supone una grave amenaza para la democracia, el Estado de Derecho y la inversión pública; señala la importancia de proteger el dinero de los contribuyentes de la Unión contra el fraude y otras actividades ilegales que afectan a los intereses financieros de la Unión;

61.  Reitera que, habida cuenta de la situación actual del proyecto de integración, la Unión debe agotar todas las vías posibles para garantizar la plena aplicación del Tratado de Lisboa; señala que la posterior revisión de los Tratados debería basarse en la celebración de un Convención que garantice la inclusividad a través de su composición de representantes y ofrezca una plataforma para la reflexión y la interacción con las partes interesadas y los ciudadanos, con vistas a debatir y extraer conclusiones de las diversas aportaciones al proceso de reflexión sobre el futuro de Europa realizadas por las instituciones y otros organismos de la Unión y las propuestas presentadas por los jefes de Estado y de Gobierno, los Parlamentos nacionales y la sociedad civil, y en las consultas a la ciudadanía;

62.  Destaca que ya ha comenzado el proceso de reflexión sobre el futuro de Europa a partir de las diversas posiciones adoptadas por el Parlamento, el Consejo Europeo y la Comisión con respecto a la reforma de la Unión; lamenta que, a pesar de estas posiciones, solo se hayan contemplado reformas mínimas; hace hincapié en que, una vez investidos el nuevo Parlamento y la nueva Comisión, deben aprovechar la labor realizada en la anterior legislatura y empezar a trabajar en las propuestas formuladas;

63.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO C 215 de 19.6.2018, p. 162.
(2) DO C 242 de 10.7.2018, p. 24.
(3) DO C 252 de 18.7.2018, p. 215.
(4) DO C 252 de 18.7.2018, p. 201.
(5) DO C 252 de 18.7.2018, p. 235.
(6) DO C 263 de 25.7.2018, p. 125.
(7) DO C 345 de 13.10.2017, p. 11.
(8) DO C 306 de 15.9.2017, p. 1.
(9) DO L 45 de 17.2.2018, p. 40.
(10) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0056.
(11) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0186.
(12) DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
(13) DO C 86 de 6.3.2018, p. 126.
(14) Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 20 de septiembre de 2016, Ledra Advertising Ltd y otros / Comisión Europea y Banco Central Europeo, ECLI:EU:C:2016:701.


Decisión de no formular objeciones a un acto delegado: niveles del desglose geográfico
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Decisión del Parlamento Europeo de no formular objeciones al Reglamento Delegado de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CE) n.º 184/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los niveles del desglose geográfico (C(2018)08872 – 2018/3002(DEA))
P8_TA(2019)0099B8-0080/2019

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Reglamento Delegado de la Comisión (C(2018)08872),

–  Vista la carta de la Comisión de Comercio Internacional al presidente de la Conferencia de Presidentes de Comisión, de fecha 28 de enero de 2019,

–  Visto el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 184/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de enero de 2005, relativo a las estadísticas comunitarias sobre balanza de pagos, comercio internacional de servicios e inversiones extranjeras directas(1), y, en particular, su artículo 2, apartado 3, y su artículo 10, apartado 6,

–  Vista la Recomendación de Decisión presentada por la Comisión de Comercio Internacional,

–  Visto el artículo 105, apartado 6, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que el 29 de marzo de 2017 el Reino Unido notificó su intención de retirarse de la Unión con arreglo al artículo 50 del Tratado de la Unión Europea; que los Tratados dejarán de aplicarse al Reino Unido a partir de la fecha de entrada en vigor de un acuerdo de retirada o, en su defecto, dos años después de la notificación, es decir, a partir del 30 de marzo de 2019, salvo si el Consejo Europeo, de acuerdo con el Reino Unido, decide por unanimidad prorrogar dicho plazo;

B.  Considerando que en el Reglamento (CE) n.º 184/2005 se establece un marco común para la elaboración sistemática de estadísticas comunitarias de la balanza de pagos, el comercio internacional de servicios y las inversiones extranjeras directas;

C.  Considerando que la retirada del Reino Unido de la Unión tendría como consecuencia que el Reino Unido se convertiría en un tercer país y que, por lo tanto, las estadísticas comunitarias de la balanza de pagos, el comercio internacional de servicios y las inversiones extranjeras directas tendrían que considerar al Reino Unido como un tercer país, y no como un Estado miembro;

D.  Considerando que las únicas modificaciones que prevé el Reglamento Delegado (C(2018)08872) consisten en clasificar el Reino Unido como tercer país a efectos de la aplicación del Reglamento (CE) n.º 184/2005;

E.  Considerando que la rápida publicación del Reglamento Delegado en el Diario Oficial de la Unión Europea ofrecería una mayor seguridad jurídica y un plazo adecuado para su aplicación antes del 30 de marzo de 2019;

1.  Declara que no formulará objeciones al Reglamento Delegado (C(2018)08872);

2.  Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión al Consejo y a la Comisión.

(1) DO L 35 de 8.2.2005, p. 23.


Decisión de no formular objeciones a un acto delegado: normas técnicas de regulación sobre la obligación de compensación a fin de ampliar el aplazamiento de las fechas de aplicación de la obligación de compensación en determinados contratos de derivados extrabursátiles
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Decisión del Parlamento Europeo de no formular objeciones al Reglamento Delegado de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2015/2205, el Reglamento Delegado (UE) 2016/592 y el Reglamento Delegado (UE) 2016/1178 por el que se completa el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las normas técnicas de regulación sobre la obligación de compensación a fin de ampliar el aplazamiento de las fechas de aplicación de la obligación de compensación en determinados contratos de derivados extrabursátiles (C(2018)09047 – 2018/2998(DEA))
P8_TA(2019)0100B8-0088/2019

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Reglamento Delegado de la Comisión (C(2018)09047),

–  Vista la carta de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, por la que le solicita que declare que no formulará objeciones al Reglamento Delegado,

–  Vista la carta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios al presidente de la Conferencia de Presidentes de Comisión, de 4 de febrero de 2019,

–  Visto el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones(1), y en particular su artículo 5, apartado 2, y su artículo 82, apartado 6,

–  Visto el artículo 13, del Reglamento (UE) n.º 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), se modifica la Decisión n.º 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/77/CE de la Comisión(2),

–  Vistos los proyectos de normas técnicas de regulación relativas a la obligación de compensación con arreglo al Reglamento EMIR (número 6), presentados por las Autoridades Europeas de Supervisión, el 27 de septiembre de 2018, con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 648/2012,

–  Vista la recomendación de Decisión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios,

–  Visto el artículo 105, apartado 6, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que el acto delegado contiene detalles importantes relativos a la exención de la obligación de compensación para las operaciones intragrupo con entidades del grupo de terceros países, cuando no se haya adoptado una decisión sobre equivalencia de conformidad con el artículo 13, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 648/2012 para el tercer país en el que esté establecida la entidad del grupo;

B.  Considerando que el Parlamento reconoce la importancia de adoptar rápidamente este acto, puesto que la Comisión todavía no ha adoptado decisiones de equivalencia y la primera fecha aplazada de aplicación de la obligación de compensación fue el 21 de diciembre de 2018, pero también considera que la Comisión ha retrasado innecesariamente la adopción de este acto hasta el 19 de diciembre de 2018, mientras que la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) había publicado sus proyectos de normas técnicas de regulación ya el 27 de septiembre de 2018;

C.  Considerando que el Parlamento estima que las normas técnicas de regulación no son «iguales» al proyecto de normas técnicas de regulación presentado por las Autoridades Europeas de Supervisión (AES) debido a los cambios introducidos por la Comisión en dicho proyecto, y considera que dispone de tres meses (periodo de control) para formular objeciones al proyecto de normas técnicas de regulación; que el Parlamento insta a la Comisión a que indique un periodo de control de solo un mes únicamente en aquellos casos en que la Comisión haya adoptado los proyectos de las AES sin cambios, es decir, cuando el proyecto y las normas técnicas de regulación adoptadas sean «iguales»;

1.  Declara que no formulará objeciones al Reglamento Delegado;

2.  Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión al Consejo y a la Comisión.

(1) DO L 201 de 27.7.2012, p. 1.
(2) DO L 331 de 15.12.2010, p. 84.


Decisión de no formular objeciones a un acto delegado: fecha en que surte efecto la obligación de compensación para determinados tipos de contratos
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Decisión del Parlamento Europeo de no formular objeciones al Reglamento Delegado de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2015/2205 de la Comisión, el Reglamento Delegado (UE) 2016/592 de la Comisión y el Reglamento Delegado (UE) 2016/1178 de la Comisión por los que se completa el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la fecha en que surte efecto la obligación de compensación para determinados tipos de contratos (C(2018)09122 – 2018/3004(DEA))
P8_TA(2019)0101B8-0090/2019

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Reglamento Delegado de la Comisión (C(2018)09122),

–  Vista la carta de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, por la que le solicita que declare que no formulará objeciones al Reglamento Delegado,

–  Vista la carta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios al presidente de la Conferencia de Presidentes de Comisión, de 4 de febrero de 2019,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, titulada «Preparación para la retirada del Reino Unido de la Unión Europea el 30 de marzo de 2019: aplicación del Plan de Acción de Contingencia de la Comisión» (COM(2018)0890),

–  Visto el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones(1), y en particular su artículo 5, apartado 2, y su artículo 82, apartado 6,

–  Visto el artículo 13, del Reglamento (UE) n.º 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), se modifica la Decisión n.º 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/77/CE de la Comisión(2),

–  Vistos los proyectos de normas técnicas de regulación relativas a la novación de contratos para los cuales la obligación de compensación aún no ha entrado en vigor, presentados por la Autoridad Europea de Valores y Mercados el 8 de noviembre de 2018, con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 648/2012,

–  Vista la recomendación de Decisión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios,

–  Visto el artículo 105, apartado 6, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que el acto delegado contiene normas importantes relativas a las operaciones realizadas entre una contraparte establecida en el Reino Unido y una contraparte establecida en la UE-27, y es parte del paquete de medidas de contingencia en caso de Brexit sin acuerdo;

B.  Considerando que el Parlamento está de acuerdo en la importancia que reviste para las autoridades competentes y los mercados financieros la exención de determinadas operaciones resultantes de la novación, por un periodo limitado de doce meses, si la contraparte establecida en el Reino Unido cambia a una contraparte dentro de la UE-27;

C.  Considerando que el Parlamento estima que las normas técnicas de regulación no son «iguales» al proyecto de normas técnicas de regulación presentado por las Autoridades Europeas de Supervisión (AES) debido a los cambios introducidos por la Comisión en dicho proyecto, y considera que dispone de tres meses (periodo de control) para formular objeciones al proyecto de normas técnicas de regulación; que el Parlamento insta a la Comisión a que indique un periodo de control de solo un mes únicamente en aquellos casos en que la Comisión haya adoptado los proyectos de las AES sin cambios, es decir, cuando el proyecto y las normas técnicas de regulación adoptadas sean «iguales»;

1.  Declara que no formulará objeciones al Reglamento Delegado;

2.  Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión al Consejo y a la Comisión.

(1) DO L 201 de 27.7.2012, p. 1.
(2) DO L 331 de 15.12.2010, p. 84.


Decisión de no formular objeciones a un acto delegado: fecha hasta la cual las contrapartes podrán seguir aplicando sus procedimientos de gestión del riesgo a ciertos contratos de derivados extrabursátiles no compensados por una entidad de contrapartida central
PDF 118kWORD 43k
Decisión del Parlamento Europeo de no formular objeciones al Reglamento Delegado de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2016/2251 de la Comisión por el que se completa el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la fecha hasta la cual las contrapartes podrán seguir aplicando sus procedimientos de gestión del riesgo a ciertos contratos de derivados extrabursátiles no compensados por una entidad de contrapartida central (C(2018)09118 – 2018/3003(DEA))
P8_TA(2019)0102B8-0089/2019

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Reglamento Delegado de la Comisión (C(2018)09118),

–  Vista la carta de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, por la que le solicita que declare que no formulará objeciones al Reglamento Delegado,

–  Vista la carta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios al presidente de la Conferencia de Presidentes de Comisión, de 4 de febrero de 2019,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, titulada «Preparación para la retirada del Reino Unido de la Unión Europea el 30 de marzo de 2019: aplicación del Plan de Acción de Contingencia de la Comisión» (COM(2018)0890),

–  Visto el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones(1), y en particular su artículo 11, apartado 5, y su artículo 82, apartado 6,

–  Visto el artículo 13, del Reglamento (UE) n.º 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), se modifica la Decisión n.º 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/78/CE de la Comisión(2),

–  Visto el artículo 13 del Reglamento (UE) n.º 1094/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación), se modifica la Decisión n.º 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/79/CE de la Comisión(3),

–  Visto el artículo 13, del Reglamento (UE) n.º 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), se modifica la Decisión n.º 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/77/CE de la Comisión(4),

–  Vistos los proyectos de normas técnicas de regulación relativas a la novación de contratos bilaterales no sujetos a márgenes bilaterales, presentados por las Autoridades Europeas de Supervisión, el 27 de noviembre de 2018, con arreglo al artículo 11, apartado 15, del Reglamento (UE) n.º 648/2012,

–  Vista la recomendación de Decisión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios,

–  Visto el artículo 105, apartado 6, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que el acto delegado contiene normas importantes relativas a las operaciones realizadas entre una contraparte establecida en el Reino Unido y una contraparte establecida en la UE-27, y es parte del paquete de medidas de contingencia en caso de Brexit sin acuerdo;

B.  Considerando que el Parlamento está de acuerdo en la importancia que reviste para las autoridades competentes y los mercados financieros la exención de determinadas operaciones resultantes de la novación, por un periodo limitado de doce meses, si la contraparte establecida en el Reino Unido cambia a una contraparte dentro de la UE-27;

C.  Considerando que el Parlamento estima que las normas técnicas de regulación no son «iguales» al proyecto de normas técnicas de regulación presentado por las Autoridades Europeas de Supervisión (AES) debido a los cambios introducidos por la Comisión en dicho proyecto, y considera que dispone de tres meses (periodo de control) para formular objeciones al proyecto de normas técnicas de regulación; que el Parlamento insta a la Comisión a que indique un periodo de control de solo un mes únicamente en aquellos casos en que la Comisión haya adoptado los proyectos de las AES sin cambios, es decir, cuando el proyecto y las normas técnicas de regulación adoptadas sean «iguales»;

1.  Declara que no formulará objeciones al Reglamento Delegado;

2.  Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión al Consejo y a la Comisión.

(1) DO L 201 de 27.7.2012, p. 1.
(2) DO L 331 de 15.12.2010, p. 12.
(3) DO L 331 de 15.12.2010, p. 48.
(4) DO L 331 de 15.12.2010, p. 84.


Cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil ***I
PDF 200kWORD 66k
Resolución
Texto consolidado
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 13 de febrero de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil (COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD))
P8_TA(2019)0103A8-0477/2018

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2018)0378),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 81 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0242/2018),

—  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 17 de octubre de 2018(1),

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0477/2018),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 13 de febrero de 2019 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) .../... del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil

P8_TC1-COD(2018)0203


EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 81,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(2),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario(3),

Considerando lo siguiente:

(1)  En aras del buen funcionamiento del mercado interior y del desarrollo de un espacio europeo de justicia en materia civil basado en los principios de confianza mutua y reconocimiento mutuo de las sentencias, es necesario seguir mejorando y facilitando la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito derelación con la obtención de pruebas. [Enm. 1]

(2)  El Reglamento (CE) n.º 1206/2001 del Consejo(4) establece las normas relativas a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil.

(2 bis)   A los efectos del presente Reglamento, el término «órgano jurisdiccional» debe tener una interpretación amplia que abarque tanto a aquellos órganos jurisdiccionales en el estricto sentido del término, que ejerzan funciones judiciales, como a otros organismos o autoridades que, con arreglo a la legislación nacional, estén facultados para obtener pruebas de conformidad con el presente Reglamento, como es el caso de los cuerpos de seguridad o los notarios en determinados Estados miembros y en situaciones específicas. [Enm. 2]

(2 ter)  Es esencial disponer de medios eficaces para obtener, conservar y presentar pruebas y tener debidamente en cuenta los derechos de defensa y la necesidad de proteger la información confidencial. En este contexto, es importante fomentar el uso de las tecnologías modernas. [Enm. 3]

(3)  Deben utilizarse todos los medios adecuados que ofrecen las tecnologías modernas de la comunicación para asegurar la rapidez en lacon eficacia una transmisión rápida y directa de las solicitudes y las comunicaciones, teniendo presente a este respecto la constante evolución de esas tecnologías. Por lo tanto, todas las comunicaciones y todos los intercambios de documentos deben llevarse a cabo, por regla general, a través de un sistema informático descentralizado compuesto de sistemas informáticos nacionales. [Enm. 4]

(3 bis)   El sistema informático descentralizado debe basarse en el sistema e-CODEX y gestionarse desde la eu-LISA. Se debe dotar a la eu-LISA de recursos suficientes para que se pueda introducir y mantener operativo dicho sistema, así como para facilitar asistencia técnica si surgen problemas en el funcionamiento del sistema. La Comisión debe presentar cuanto antes, y en todo caso antes de finales de 2019, una propuesta de Reglamento sobre la comunicación transfronteriza en los procedimientos judiciales (e-CODEX). [Enm. 5]

(4)  A fin de garantizar el reconocimiento mutuo de las pruebas digitales, no debe poder negarse la fuerza probatoria de tales pruebas, siempre que se hayan obtenido en un Estado miembro de conformidad con su ordenamiento jurídico, debido exclusivamente a su naturaleza digital. Este principio debe entenderse sin perjuicio de la determinación, de acuerdo con la legislación nacional, del nivel de calidad y el valor de las pruebas, con independencia de que sean digitales o no. [Enm. 6]

(5)  El Reglamento (CE) n.º 1206/2001 no debe ser óbice para que las autoridades puedan intercambiar información en el marco de los sistemas establecidos por otros instrumentos de la Unión, como el Reglamento (CE) n.º 2201/2003(5) del Consejo o el Reglamento (CE) n.º 4/2009 del Consejo(6), incluso en los casos en que dicha información tenga fuerza probatoria, lo que deja la elección del método más adecuado a la autoridad requirente.

(5 bis)   Los procedimientos de obtención, conservación y presentación de pruebas deben garantizar el respeto de los derechos procesales de las partes, así como la protección, la integridad y la confidencialidad de los datos personales y la privacidad, de conformidad con el Derecho de la Unión. [Enm. 7]

(6)  Actualmente no se aprovecha todo el potencial de las tecnologías de comunicación modernas, en especial la videoconferencia, que constituye un medio importante y directo para simplificar y acelerar la obtención de pruebas. Cuando la práctica de la prueba consista en la toma de declaración a un testigo o un perito, o en el interrogatorio de una parte y estas personas estén domiciliadas en otro Estado miembro, el órgano jurisdiccional debe obtener dichas pruebas directamente por videoconferencia sio por cualquier otra tecnología de comunicación a distancia adecuada de que dispongan los órganos jurisdiccionales respectivos, a menos que, habida cuenta de las circunstancias específicas del caso, estima adecuada la utilización de dicha tecnología y siempre que los órganos jur