Índice 
Textos aprobados
Jueves 14 de febrero de 2019 - EstrasburgoEdición definitiva
La situación en Chechenia y el caso de Oyub Titiev
 Zimbabue
 Defensores de los derechos de las mujeres en Arabia Saudí
 Mecanismo para superar los obstáculos jurídicos y administrativos en un contexto transfronterizo ***I
 Proyecto de Acuerdo de Cooperación entre Eurojust y Georgia *
 Evaluación de las tecnologías sanitarias ***I
 Marco para el control de las inversiones extranjeras directas en la Unión Europea ***I
 Interoperabilidad de los sistemas de telepeaje de las carreteras y facilitación del intercambio transfronterizo de información sobre el impago de cánones de carretera en la Unión ***I
 Reconocimiento mutuo de mercancías comercializadas legalmente en otro Estado miembro ***I
 Comisiones cobradas por pagos transfronterizos en la Unión y comisiones en concepto de conversión de divisas ***I
 Normas comunes de acceso al mercado internacional de los servicios de autocares y autobuses ***I
 Modificación de la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética y del Reglamento (UE) 2018/1999 sobre la Gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, con motivo de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea ***I
 El derecho a manifestarse de forma pacífica y el uso proporcionado de la fuerza
 Derechos de las personas intersexuales
 El futuro de la lista de medidas sobre las personas LGBTI (2019-2024)
 El futuro del Tratado INF y su repercusión en la Unión
 Naiades II – Un programa de acción para dar apoyo al transporte por vías navegables interiores
 Protección de los animales durante el transporte dentro y fuera de la Unión
 Fortalecimiento de la competitividad del mercado interior mediante el desarrollo de la unión aduanera de la UE y su gobernanza
 Aplicación de las disposiciones jurídicas y de la Declaración Común que garantiza el control parlamentario sobre las agencias descentralizadas

La situación en Chechenia y el caso de Oyub Titiev
PDF 122kWORD 52k
Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de febrero de 2019, sobre la situación en Chechenia y el caso de Oyub Titiev (2019/2562(RSP))
P8_TA(2019)0115RC-B8-0107/2019

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre la situación en Chechenia, en particular las de 8 de febrero de 2018, sobre Rusia, el caso de Oyub Titiev y la organización de derechos humanos Memorial(1), y de 23 de octubre de 2014, sobre el cierre de la ONG «Memorial» (galardonada con el Premio Sájarov 2009) en Rusia(2),

–  Vista la declaración realizada por los presidentes de su Comisión de Asuntos Exteriores y de su Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento, de 12 de enero de 2018, en la que pedían la inmediata liberación del defensor de los derechos humanos Oyub Titiev,

–  Vista la declaración de la Unión, de 19 de enero de 2018, sobre las violaciones de los derechos humanos en relación con la organización de derechos humanos Memorial en Rusia y las declaraciones del portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), de 11 de enero de 2018, sobre la detención del director de la organización de derechos humanos Memorial, Oyub Titiev, en la República de Chechenia, y de 27 de junio de 2018, sobre los casos de los defensores de los derechos humanos rusos Oyub Titiev y Yuri Dmitriev,

–  Vistos el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que disponen que ninguna persona puede ser sometida a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y de los que la Federación de Rusia es parte,

–  Vista la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998,

–  Visto el Convenio del Consejo de Europa para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales,

–  Vista la Constitución de la Federación de Rusia, y en particular el capítulo 2 sobre las libertades y los derechos humanos y civiles,

–  Visto el séptimo informe periódico de la Federación de Rusia, que fue examinado por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en sus 3136.ª y 3137.ª reuniones de los días 16 y 17 de marzo de 2015,

–  Visto el informe del ponente de la OSCE en el marco del Mecanismo de Moscú sobre los casos de presuntas violaciones de derechos humanos y de impunidad en la República de Chechenia de la Federación de Rusia, de 21 de diciembre de 2018,

–  Vistas las directrices de la Unión Europea sobre los defensores de los derechos humanos,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que la Federación de Rusia, como signataria de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, se ha comprometido con los principios de la democracia, del Estado de Derecho y del respeto de las libertades fundamentales y los derechos humanos;

B.  Considerando que los compromisos internacionales de la Federación de Rusia incluyen la obligación de proteger a los defensores de los derechos humanos; que la ley de 2012 sobre «agentes extranjeros» limita gravemente la capacidad de las ONG para trabajar de manera independiente y eficaz; que, en virtud de esta ley, el Centro de Derechos Humanos «Memorial» ha sido designado como «agente extranjero» por el Ministerio de Justicia de la Federación de Rusia;

C.  Considerando que Chechenia ha experimentado un grave deterioro de la situación de los derechos humanos en los últimos años, lo que impide de hecho que los periodistas independientes y los defensores de los derechos humanos continúen su trabajo sin poner en riesgo su vida y la vida de sus familiares, amigos y compañeros de trabajo; que los numerosos informes de violaciones sistemáticas y graves de los derechos humanos en Chechenia demuestran que las autoridades chechenas y rusas no respetan el Estado de Derecho;

D.  Considerando que Oyub Titiev, director de la oficina de Chechenia de Memorial, fue detenido el 9 de enero de 2018 y acusado formalmente y enviado a prisión preventiva por acusaciones falsas de adquisición y tenencia ilegal de estupefacientes; que estas acusaciones han sido refutadas por Oyub Titiev y denunciadas por otras ONG y defensores de los derechos humanos como inventadas y como un intento de obstruir su labor y la de su organización en materia de derechos humanos;

E.  Considerando que los tribunales prorrogaron la detención de Oyub Titiev en varias ocasiones antes de la celebración de las vistas en el Tribunal Municipal de Shali en Chechenia el 19 de julio de 2018; que el veredicto es inminente y se prevé para mediados de febrero de 2019; que Oyub Titiev corre el riesgo de ser declarado culpable de un delito que no cometió y de pasar hasta diez años en la cárcel;

F.  Considerando que los familiares de Oyub Titiev han sufrido acoso y amenazas que los han obligado a abandonar Chechenia; que Memorial fue blanco de otras acciones en 2018, incluido un incendio provocado en sus oficinas en Ingushetia el 17 de enero de 2018, un ataque contra el coche del abogado del Sr. Titiev en Daguestán el 22 de enero de 2018 y un ataque contra el jefe de la oficina de Memorial en Daguestán el 28 de marzo de 2018; que, desde el asesinato en 2009 de la predecesora de Oyub Titiev en el cargo de director de la oficina en Chechenia de Memorial, Natalia Estemirova, los autores de este delito aún no han sido llevados ante la justicia;

G.  Considerando que Memorial es una de las últimas organizaciones que siguen trabajando en Chechenia en el ámbito de los derechos humanos, a saber, documentando y denunciando las violaciones de los derechos humanos, prestando asistencia a las víctimas de tales violaciones y ayudándolas a exigir justicia, y que probablemente ha sido atacada como represalia por denunciar las violaciones de los derechos humanos y pedir justicia; que Memorial recibió el Premio Sájarov del Parlamento Europeo a la Libertad de Conciencia en 2009 y que, en 2018, Oyub Titiev recibió el Premio Francoalemán de Derechos Humanos y Estado de Derecho (diciembre), el Premio de Derechos Humanos Václav Havel (octubre) y el Premio del Grupo de Helsinki de Moscú de Derechos Humanos (mayo);

H.  Considerando que los funcionarios chechenos han amenazado reiteradamente a los defensores de los derechos humanos o han denunciado su trabajo y no han condenado públicamente las amenazas de violencia contra ellos, creando y perpetuando así un clima de impunidad para los autores de actos de violencia contra los defensores de los derechos humanos; que, por esta razón, en la mayoría de los casos las víctimas se abstienen de reclamar justicia, al temer las represalias de las autoridades locales;

1.  Reitera su llamamiento en pro de la liberación inmediata de Oyub Titiev, director de la organización de derechos humanos Memorial en Chechenia, que fue detenido el 9 de enero de 2018 y acusado de adquisición y tenencia ilegal de drogas, y cuyo veredicto está previsto para mediados de febrero de 2019; insta a las autoridades chechenas a que garanticen el pleno respeto de los derechos humanos y jurídicos de Oyub Titiev, incluido su derecho a un juicio justo, el acceso sin trabas a su abogado y a una atención médica, y la protección contra el acoso judicial y la criminalización;

2.  Condena enérgicamente las reiteradas declaraciones públicas por parte de funcionarios chechenos que denuncian la labor de los defensores y las organizaciones de derechos humanos o que se dirigen a personas concretas, así como su renuencia a condenar públicamente y a investigar las amenazas y los actos de violencia contra estos grupos y personas;

3.  Expresa su profunda inquietud por la preocupante tendencia a la detención, los ataques y la intimidación de periodistas independientes, defensores de los derechos humanos y sus seguidores, así como de ciudadanos de a pie, que parecen formar parte de campañas coordinadas; considera que el caso de Oyub Titiev es ilustrativo de otros numerosos casos de enjuiciamiento basados en pruebas inventadas en las que se sustenta el deficiente sistema judicial de la República de Chechenia y la Federación de Rusia; recuerda que también se han presentado cargos similares en relación con la tenencia de drogas contra Zhalaudi Gueriev, periodista de «Caucasian Knot», y contra el activista de derechos humanos Ruslan Kutaev, y pide que también se les libere;

4.  Insta a las autoridades de la República de Chechenia y de la Federación de Rusia a que pongan fin al acoso y a la persecución de sus ciudadanos y a que pongan fin al clima de impunidad para los autores de actos de violencia contra los defensores de los derechos humanos, sus familiares, colegas y simpatizantes, y sus organizaciones;

5.  Pide a la Federación de Rusia que proteja a todos sus ciudadanos respetando plenamente sus derechos humanos, respete su propia Constitución y su legislación y cumpla sus compromisos internacionales de respetar el Estado de Derecho y las libertades fundamentales y los derechos humanos de todos sus ciudadanos, incluidos los que dedican su tiempo, sus recursos y su trabajo a la defensa de los derechos de sus conciudadanos;

6.  Pide a las autoridades rusas que deroguen la Ley de 2015 sobre «organizaciones indeseables» y la Ley de 2012 sobre «agentes extranjeros», así como toda la legislación conexa, que se ha utilizado sistemáticamente para acosar y atacar a los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil; expresa su preocupación por el hecho de que algunas ONG rusas hayan tenido que cerrar para evitar verse estigmatizadas como «agentes extranjeros» y evitar la persecución judicial;

7.  Pide que se ponga fin de inmediato al acoso y las detenciones de defensores de los derechos humanos en Chechenia sobre la base de acusaciones inventadas, a los ataques a sus colegas y familiares y a la intimidación de sus simpatizantes, que parecen responder al objetivo de obstaculizar y, en última instancia, poner fin al trabajo legítimo y útil de sus organizaciones;

8.  Reitera su llamamiento a la Comisión, al SEAE y a los Estados miembros para que sigan vigilando de cerca la situación de los derechos humanos en Chechenia, incluido el juicio de Oyub Titiev, que pidan el cese inmediato de las mencionadas violaciones de los derechos humanos, que planteen los casos de todas las personas procesadas por razones políticas en las reuniones pertinentes con representantes rusos, y que sigan ofreciendo una asistencia rápida y eficaz a las víctimas de persecución y a sus familiares, también a la hora de tramitar las solicitudes de asilo;

9.  Pide a la Comisión que colabore con las organizaciones internacionales de derechos humanos activas en la Federación de Rusia y con las organizaciones rusas de derechos humanos y la sociedad civil pese a la ley rusa sobre «agentes extranjeros», y que siga ofreciendo apoyo a Memorial y a otras organizaciones similares;

10.  Pide a las personalidades deportivas y artísticas internacionales que se abstengan de participar en actos públicos en Chechenia o en actos patrocinados por los líderes de la República de Chechenia; reitera su apoyo a una «Ley Magnitski» a escala de la Unión Europea, que debería penalizar a los autores de violaciones graves de los derechos humanos, y pide al Consejo que prosiga sus trabajos sobre este asunto sin demora; destaca, a este respecto, que los autores de violaciones de los derechos humanos en la República de Chechenia de la Federación de Rusia no deben obtener visados de la Unión ni estar autorizados a mantener activos en los Estados miembros de la Unión;

11.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Consejo de Europa, a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, al presidente, al Gobierno y al Parlamento de la Federación de Rusia y a las autoridades chechenas.

(1) DO C 463 de 21.12.2018, p. 31.
(2) DO C 274 de 27.7.2016, p. 21.


Zimbabue
PDF 128kWORD 56k
Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de febrero de 2019, sobre Zimbabue (2019/2563(RSP))
P8_TA(2019)0116RC-B8-0110/2019

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Zimbabue,

–  Vistos el informe final de la misión de observación electoral de la Unión en las elecciones armonizadas de Zimbabue de 2018 y la carta enviada el 10 de octubre por el jefe de dicha misión al presidente Mnangagwa en relación con las conclusiones principales del informe final,

–  Vista la declaración del portavoz de la VP/AR, de 17 de enero de 2019, sobre la situación en Zimbabue,

–  Vistas las declaraciones efectuadas el 24 de julio de 2018 y el 18 de enero de 2019 por el portavoz del alto comisionado / vicepresidente de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Zimbabue,

–  Visto el comunicado conjunto emitido tras la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y de la Unión Africana de los días 21 y 22 de enero de 2019,

–  Visto el informe de seguimiento de la Comisión de Derechos Humanos de Zimbabue tras la huelga general conocida como «Stay Away», del 14 al 16 de enero de 2019 y los posteriores disturbios,

–  Visto el informe de la comisión de investigación de Zimbabue sobre la violencia posterior a las elecciones del 1 de agosto,

–  Vista la declaración del portavoz de la VP/AR, de 2 de agosto de 2018, sobre las elecciones en Zimbabue,

–  Vista la declaración conjunta, de 2 de agosto de 2018, de las misiones internacionales de observación electoral desplegadas en las elecciones armonizadas de Zimbabue en la que se denunciaba el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y el ejército para acallar las protestas,

–  Vista la declaración local conjunta, de 9 de agosto de 2018, de la delegación de la Unión, los jefes de misión de los Estados miembros de la Unión presentes en Harare y los jefes de misión de Australia, Canadá y los Estados Unidos, sobre la persecución de la oposición en Zimbabue,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo de la Unión, de 22 de enero de 2018, sobre la actual transición política en Zimbabue,

–  Vista la Decisión (PESC) 2017/288 del Consejo, de 17 de febrero de 2017, por la que se modifica la Decisión 2011/101/PESC relativa a medidas restrictivas contra Zimbabue(1),

–  Vista la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, de junio de 1981, que ha sido ratificada por Zimbabue,

–  Vista la Constitución de Zimbabue,

–  Visto el Acuerdo de Cotonú,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que el pueblo zimbabuense soportó durante muchos años un régimen autoritario dirigido por el presidente Robert Mugabe, quien conservó su poder mediante corrupción, violencia, elecciones plagadas de irregularidades y un aparato de seguridad brutal;

B.  Considerando que, el 30 de julio de 2018, Zimbabue celebró sus primeras elecciones presidenciales y parlamentarias tras la dimisión de Robert Mugabe en noviembre de 2017; que las elecciones ofrecieron al país la oportunidad de romper con la historia de elecciones polémicas marcadas por el abuso de los derechos políticos y humanos y la violencia promovida por el Estado;

C.  Considerando que, el 3 de agosto de 2018, la Comisión Electoral de Zimbabue declaró a Emmerson Mnangagwa ganador de las elecciones presidenciales con el 50,8 % de los votos, frente al 44,3 % del candidato de la oposición Nelson Chamisa; que la oposición impugnó inmediatamente los resultados y alegó que las elecciones fueron fraudulentas; que el Tribunal Constitucional desestimó estas acusaciones por falta de pruebas y el presidente Mnangagwa fue investido oficialmente el 26 de agosto para un nuevo mandato;

D.  Considerando que en el informe final de la misión de observación electoral de la Unión se afirma que las cifras presentadas por la Comisión Electoral de Zimbabue contienen numerosas anomalías e imprecisiones y se formularon preguntas suficientes para generar dudas sobre la exactitud y fiabilidad de las cifras presentadas;

E.  Considerando que, el día después de las elecciones, el retraso en el anuncio de los resultados ya había provocado un estallido de violencia poselectoral que dejó seis muertos y numerosos heridos en las protestas convocadas por la oposición; que los observadores internacionales, incluida la Unión, condenaron la violencia y el uso excesivo de la fuerza por parte del ejército y de las fuerzas de seguridad interior;

F.  Considerando que la Comisión de Derechos Humanos de Zimbabue publicó una declaración el 10 de agosto de 2018 sobre las elecciones armonizadas de 2018 y el entorno postelectoral en el que confirmaba que fuerzas militares agredieron a manifestantes, expresaba su profunda preocupación ante la brutalidad y la conducta violenta de la policía, y afirmaba que se vulneraron los derechos fundamentales de los manifestantes; que la Comisión ha pedido al gobierno que establezca un diálogo nacional;

G.  Considerando que el 26 de agosto de 2018, al jurar su cargo en Harare, el presidente Emmerson Mnangagwa prometió un futuro más brillante, compartido por todos los zimbabuenses, más allá de los partidos, con un compromiso inquebrantable del gobierno con el constitucionalismo, un afianzamiento del Estado de Derecho, el principio de separación de poderes, la independencia del poder judicial y políticas que atraerían capital tanto nacional como mundial;

H.  Considerando que en septiembre de 2018 el presidente Mnangagwa creó una comisión de investigación que, en diciembre de 2018, concluyó que las manifestaciones que provocaron lesiones y grandes daños a bienes fueron incitadas y organizadas tanto por las fuerzas de seguridad como por miembros de la Alianza MDC, y que el despliegue del ejército estaba justificado y era conforme a la Constitución; que la oposición rechazó dicho informe; que la comisión ha pedido que se investigue dentro de las fuerzas de seguridad y se procese a quienes hayan cometido delitos, y ha recomendado el pago de una indemnización a las víctimas;

I.  Considerando que las tensiones políticas han aumentado drásticamente desde las elecciones y persisten las denuncias de violencia, lo que pone en grave riesgo la trayectoria democrática iniciada en el país;

J.  Considerando que el hundimiento de la economía, la falta de acceso a los servicios sociales y el incremento del precio de los productos más básicos ha llevado a las personas a la ira; que entre el 14 y el 18 de enero de 2019 Zimbabue asistió a una oleada de protestas y manifestaciones durante una huelga nacional a iniciativa del Congreso de Sindicatos de Zimbabue tras un aumento del 150 % en el precio de los combustibles; que las protestas también respondían al aumento de la pobreza, el mal estado de la economía y la degradación de las condiciones de vida;

K.  Considerando que, ante este movimiento de protesta, el 14 de enero de 2019, el gobierno denunció un «plan deliberado de socavar el orden constitucional» y aseguró que iba a «responder adecuadamente a quienes conspiran para sabotear la paz»;

L.  Considerando que la policía antidisturbios respondió con violencia excesiva y violaciones de los derechos humanos, incluido el uso de munición real, detenciones arbitrarias, secuestros, redadas en instalaciones médicas que tratan a las víctimas de la represión, juicios rápidos y masivos de los detenidos, tortura de detenidos, casos de violación y destrucción de bienes públicos y privados;

M.  Considerando que la Comisión de Derechos Humanos designada por el gobierno hizo público un informe en el que revelaba que soldados y policía habían recurrido sistemáticamente a la tortura;

N.  Considerando que los disturbios se han saldado con 17 muertos y cientos de heridos; que alrededor de mil personas han sido detenidas, incluidos niños de edades comprendidas entre los 9 y los 16 años, y que se ha denegado la fianza a dos tercios de los detenidos; que muchos siguen detenidos ilegalmente y podrían haber sido objeto de palizas y agresiones durante su detención;

O.  Considerando que las pruebas demuestran que el ejército ha sido responsable en gran medida de los actos de asesinato, violación y robo a mano armada; que cientos de activistas y miembros de la oposición siguen escondiéndose;

P.  Considerando que los observadores en materia de derechos humanos y los actores locales e internacionales, incluida la Unión, han condenado ampliamente la respuesta del Gobierno a las protestas como «desproporcionada» y «excesiva»;

Q.  Considerando que la interrupción de las telecomunicaciones se ha convertido en un instrumento del régimen para bloquear la coordinación de las manifestaciones organizadas a través de las redes sociales; que se bloqueó repetidamente las comunicaciones móviles y terrestres, además de internet y los canales de las redes sociales, a fin de impedir el acceso a la información y la comunicación y de ocultar las violaciones masivas de los derechos humanos que el Estado se preparaba para cometer; que el Tribunal Supremo de Zimbabue declaró ilegal el uso de la Ley sobre la interceptación de comunicaciones para suspender las comunicaciones en línea;

R.  Considerando que las autoridades organizaron una búsqueda masiva puerta a puerta de manifestantes, arrancando de sus hogares a manifestantes pacíficos, defensores de los derechos humanos, activistas políticos, destacados dirigentes de la sociedad civil y a sus familiares;

S.  Considerando que países vecinos como Sudáfrica se han convertido en un polo de atracción para los zimbabuenses que huyen de la opresión política y de las dificultades económicas;

T.  Considerando que la policía ha utilizado continuamente la legislación de manera indebida, como por ejemplo la Ley sobre orden público y seguridad, a fin de justificar la represión de los miembros de la oposición y de los defensores de los derechos humanos, así como de prohibir manifestaciones legítimas y pacíficas;

U.  Considerando que el historial de Zimbabue con respecto a los derechos humanos y la democracia es uno de los peores del mundo; que la población de Zimbabue y los defensores de los derechos humanos siguen sufriendo ataques, incitación al odio, campañas de difamación, actos de intimidación y acoso, y que periódicamente surgen denuncias de actos de tortura;

V.  Considerando que el presidente llamó al diálogo nacional, que se inició el 6 de febrero, e invitó a todos los partidos políticos a participar, pero que el Movimiento por el Cambio Democrático (MDC), el principal partido de la oposición, se negó a adherirse;

W.  Considerando que Zimbabue es un país signatario del Acuerdo de Cotonú, cuyo artículo 96 establece que el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales es un elemento esencial de la cooperación entre la ACP y la Unión;

1.  Destaca su deseo unánime de que Zimbabue se convierta en una nación pacífica, democrática y próspera en la que todos los ciudadanos reciban un trato adecuado y sean iguales ante la ley, y en la que los órganos del Estado actúen en nombre de los ciudadanos y no en su contra;

2.  Condena firmemente la violencia que se desató durante las recientes protestas en Zimbabue; cree firmemente que la protesta pacífica forma parte de un proceso democrático y que el uso excesivo de la fuerza como respuesta debe evitarse en todas las circunstancias;

3.  Insta al presidente Mnangagwa a que se mantenga fiel a sus promesas de investidura, avance rápidamente para controlar la situación y coloque otra vez al país en la senda de la reconciliación y el respeto de la democracia y del Estado de Derecho;

4.  Insta a las autoridades de Zimbabue a que pongan fin de inmediato a los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad y a que investiguen, de manera rápida e imparcial, todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y funcionarios estatales, a fin de esclarecer las responsabilidades individuales, con vistas a garantizar la rendición de cuentas; recuerda que la Constitución del país define un organismo independiente para investigar las reclamaciones de conducta indebida por parte de la policía y el ejército, pero que el gobierno aún debe constituirlo;

5.  Insta al gobierno de Zimbabue a que retire urgentemente todo el personal militar y la milicia juvenil desplegados en todo el país que aterrorizan a la población, lo que supone una clara violación de la Constitución de Zimbabue;

6.  Estima que la libertad de reunión, asociación y expresión son elementos esenciales de toda democracia; hace hincapié en que expresar una opinión de manera no violenta es un derecho constitucional de todos los ciudadanos de Zimbabue, y recuerda a las autoridades su obligación de proteger el derecho de todos los ciudadanos a manifestarse contra el deterioro de sus condiciones sociales y económicas; pide al Gobierno que ponga fin a la persecución específica de dirigentes y miembros del Congreso de Sindicatos de Zimbabue;

7.  Destaca el papel fundamental que desempeña la oposición en una sociedad democrática;

8.  Insta a las autoridades de Zimbabue a que liberen inmediata e incondicionalmente a todos los presos políticos;

9.  Pide al Gobierno de Zimbabue que ponga fin inmediatamente al acoso y la criminalización de los agentes de la sociedad civil y reconozca el papel legítimo de los defensores de los derechos humanos;

10.  Pide al gobierno de Zimbabue que cumpla las disposiciones de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos y de los instrumentos de derechos humanos que ha ratificado Zimbabue;

11.  Manifiesta su profunda preocupación ante las denuncias de violaciones de las garantías procesales mediante juicios rápidos y masivos; insiste en que el poder judicial debe respetar el Estado de Derecho y garantizar que se respeten, en todas las circunstancias, su independencia y el derecho a un juicio justo; denuncia todas las detenciones efectuadas sin presentar cargos;

12.  Pide a las autoridades de Zimbabue que emprendan una investigación rápida, exhaustiva, imparcial e independiente de las denuncias de violaciones y abusos de los derechos humanos, incluidas la violación y la violencia sexual por parte de las fuerzas de seguridad, y que lleven a los responsables ante la justicia; pide que el acceso a los servicios médicos se proporcione universalmente a las víctimas de violencia sexual sin temor a represalias;

13.  Condena el cierre de internet que permitió a las autoridades ocultar las violaciones de los derechos humanos cometidas por el ejército y las fuerzas de seguridad interior y obstaculizar la denuncia independiente y la documentación de abusos durante la represión e inmediatamente después de las elecciones; resalta que el acceso a la información es un derecho que las autoridades deben respetar con arreglo a sus obligaciones constitucionales e internacionales;

14.  Denuncia el uso abusivo y el carácter restrictivo de la Ley sobre orden público y seguridad, e insta a las autoridades de Zimbabue a que adapten la legislación a las normas internacionales para la protección y promoción de los derechos humanos;

15.  Expresa su especial preocupación ante la situación económica y social de Zimbabue; recuerda que los principales problemas del país son la pobreza, el desempleo, la desnutrición crónica y el hambre; considera que estos problemas solo pueden resolverse mediante la aplicación de políticas ambiciosas en materia de empleo, educación, salud y agricultura;

16.  Pide a todos los agentes políticos que actúen con responsabilidad y mesura, y en particular que se abstengan de incitar a la violencia;

17.  Recuerda al gobierno de Zimbabue que el apoyo de la Unión Europea y sus Estados miembros en el contexto del Acuerdo de Cotonú, y para el comercio, el desarrollo y la asistencia económica, está condicionado al respeto del Estado de Derecho y de los convenios y tratados internacionales en los que es parte;

18.  Recuerda que el apoyo a largo plazo depende de reformas generales y no de meras promesas; aboga por un compromiso europeo con Zimbabue basado en valores y firme en su posición frente a las autoridades del país;

19.  Insta al gobierno a que aplique de inmediato las recomendaciones sobre la violencia postelectoral que formuló la comisión de investigación, en especial el fomento de la tolerancia política y el liderazgo responsable, y la constitución de un diálogo nacional que sea creíble, inclusivo, transparente y responsable;

20.  Toma nota de la voluntad del gobierno de cumplir los compromisos en materia de reformas; subraya, no obstante, que estas reformas deben ser tanto políticas como económicas; anima al gobierno, a la oposición, a los representantes de la sociedad civil y a los líderes religiosos a que entablen un diálogo nacional en igualdad de condiciones en el que se respeten y protejan los derechos humanos;

21.  Pide al gobierno que aplique plenamente las recomendaciones formuladas por la misión de observación electoral de la Unión, en especial en lo relativo al Estado de Derecho y a un entorno político inclusivo; subraya las diez recomendaciones prioritarias que destaca la misión de la Unión y se recogen en la carta enviada el 10 de octubre de 2018 por el jefe de misión al presidente Mnangagwa, en especial: para crear la igualdad de condiciones para todos los partidos políticos y garantizar un marco jurídico más claro y coherente; para reforzar la Comisión Electoral de Zimbabue haciendo que sea verdaderamente independiente y transparente, con lo que se recupere la confianza en el proceso electoral; para garantizar que el fortalecimiento de la independencia de dicha comisión la libere de la supervisión gubernamental a la hora de aprobar sus reglamentos; y para crear un proceso electoral más integrador;

22.  Pide a la delegación de la Unión y a las embajadas de los Estados miembros en Zimbabue que sigan de cerca la evolución del país y que utilicen todos los medios adecuados para apoyar a los defensores de los derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y los sindicatos, promover los elementos esenciales del Acuerdo de Cotonú y respaldar a los movimientos en favor de la democracia;

23.  Pide a la Unión que intensifique su diálogo político con Zimbabue en materia de derechos humanos sobre la base del artículo 8 del Acuerdo de Cotonú;

24.  Pide al Consejo Europeo que revise sus medidas restrictivas contra particulares y entidades en Zimbabue, incluidas las medidas actualmente suspendidas, a la luz de las responsabilidades por la reciente violencia estatal;

25.  Insta a la comunidad internacional, en especial a la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional y a la Unión Africana, a que proporcione una asistencia más activa a Zimbabue a fin de hallar una solución democrática sostenible a la crisis actual;

26.  Insta a los países vecinos a que cumplan las disposiciones del Derecho internacional y a que protejan a quienes huyen de la violencia en Zimbabue brindándoles asilo, en especial a corto plazo;

27.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al SEAE, al Gobierno y al Parlamento de Zimbabue, a los Gobiernos de los Estados miembros de la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional y de la Unión Africana, y al secretario general de la Commonwealth.

(1) DO L 42 de 18.2.2017, p. 11.


Defensores de los derechos de las mujeres en Arabia Saudí
PDF 138kWORD 51k
Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de febrero de 2019, sobre los defensores de los derechos de las mujeres en Arabia Saudí (2019/2564(RSP))
P8_TA(2019)0117RC-B8-0111/2019

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus resoluciones anteriores sobre Arabia Saudí, en particular la Resolución, de 11 de marzo de 2014, sobre Arabia Saudí, sus relaciones con la UE y su papel en Oriente Próximo y el Norte de África(1); la Resolución, de 12 de febrero de 2015, sobre el caso de Raif Badawi, Arabia Saudí(2); la Resolución, de 8 de octubre de 2015, sobre el caso de Alí Mohamed al-Nimr(3); la Resolución, de 31 de mayo de 2018, sobre la situación de los defensores de los derechos de las mujeres en Arabia Saudí(4); y la Resolución, de 25 de octubre de 2018, sobre el asesinato del periodista Yamal Jashogui en el consulado saudí de Estambul(5),

–  Vistas las declaraciones de 29 de mayo de 2018 del portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las recientes detenciones en Arabia Saudí, y de 31 de julio de 2018, sobre las detenciones arbitrarias de defensores y activistas de los derechos humanos en Arabia Saudí, incluidos activistas de los derechos de las mujeres,

–  Vista la declaración, de 12 de octubre de 2018, de varios relatores especiales de las Naciones Unidas en la que se pedía la liberación inmediata de todos los defensores de los derechos de las mujeres,

–  Visto el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) de diciembre de 2017;

–  Vista la pertenencia de Arabia Saudí al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas, así como su pertenencia al consejo ejecutivo de esta Comisión desde enero de 2019,

–  Visto el discurso pronunciado por el comisario Christos Stylianides en nombre de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) en el debate del día 4 de julio de 2017 ante el Parlamento Europeo sobre la elección de Arabia Saudí como miembro de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas,

–  Visto el discurso de apertura de la VP/AR en la 5.ª reunión ministerial UE-Liga de los Estados Árabes, en el que afirmó: «y permítanme decir que la cooperación entre Europa y el mundo árabe nunca ha sido tan importante y, según creo, nunca ha sido tan necesaria»,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,

–  Vistas las conclusiones de 9 de marzo de 2018 del Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer sobre los informes periódicos tercero y cuarto de Arabia Saudí,

–  Visto el informe del Detention Review Panel sobre las activistas privadas de libertad en Arabia Saudí,

–  Vista el proyecto de ley contra el acoso aprobado por el Consejo de la Shura saudí el 28 de mayo de 2018,

–  Visto el examen periódico universal de Arabia Saudí, de noviembre de 2018,

–  Visto el índice de la libertad de prensa de 2018 de Reporteros sin Fronteras, en el que Arabia Saudí ocupa el 169.º lugar de 180 países,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

–  Vistas las Directrices de la Unión Europea sobre los defensores de los derechos humanos,

–  Vista la concesión del Premio Sájarov a la libertad de conciencia y expresión al bloguero saudí Raif Badawi en 2015,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que activistas detenidos por las autoridades saudíes por su labor en favor de los derechos de las mujeres siguen privados de libertad sin cargos; considerando que entre dichos activistas se cuentan Luyain al-Hazlul, Aziza al-Yusef, Imán al-Nafyán, Nuf Abdulaziz, Mayaa al-Zahrani, Samar Badawi, Nasima al-Sada, Shadan al-Anezi, Abir Namankani, Amal al-Harbi y Hatún al-Fasi, todas ellas defensoras de los derechos de las mujeres, así como hombres que apoyan el movimiento, como Muhamad al-Rabia; que estos activistas son conocidos por su campaña contra la prohibición de que las mujeres conduzcan y su apoyo a la abolición del sistema de tutela masculina; que fueron detenidos antes del 24 de junio de 2018, fecha prevista para levantar la prohibición de que condujeran las mujeres; que, al parecer, algunos de ellos serán sometidos a juicio ante el Tribunal Penal Especializado, que se creó inicialmente para juzgar a los detenidos por delitos relacionados con el terrorismo;

B.  Considerando que la defensora de los derechos humanos Israa al-Gomgam, de la región de Qatif, sigue sujeta a detención arbitraria; que recientemente se levantó la pena de muerte que se le había impuesto, pero que siguen pesando contra ella cargos que no han sido comunicados; que existe preocupación por el bienestar físico y mental de Israa al-Gomgam;

C.  Considerando que, según determinados informes, los interrogadores saudíes han sometido a torturas, malos tratos y abusos sexuales a al menos tres de las activistas detenidas en mayo de 2018; que se han impuesto prohibiciones de viaje a familiares de las activistas, como es caso de los padres de Luyain al-Hazlul;

D.  Considerando que el Ministerio de Medios de Comunicación de Arabia Saudí ha rechazado las denuncias de tortura a presos en el reino, afirmando que se trata de informaciones sin fundamento;

E.  Considerando que la activista Luyain al-Hazlul lleva privada de libertad desde marzo de 2018, tras asistir a una sesión de examen de Arabia Saudí en el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; que estuvo en régimen de aislamiento entre mayo y septiembre de 2018, período en el que fue torturada, según sus padres;

F.  Considerando que una delegación de la Comisión de Derechos Humanos de Arabia Saudí visitó a Luyain al-Hazlul tras la publicación de la información de que había sido torturada; que dicha delegación no pudo garantizar su protección; que un fiscal la visitó posteriormente para recoger su testimonio;

G.  Considerando que Luyain al-Hazlul ha sido propuesta para el edición de 2019 Premio Nobel de la Paz;

H.  Considerando que Arabia Saudí sigue imponiendo a las mujeres algunas de las restricciones más severas, a pesar de las recientes reformas del gobierno tendentes a impulsar los derechos de las mujeres en el ámbito del empleo; que el sistema político y social saudí sigue siendo discriminatorio, convirtiendo de hecho a las mujeres en ciudadanos de segunda, que no permite la libertad de religión y creencias, discrimina gravemente a la numerosa mano de obra extranjera del país y que reprime con severidad todas las voces discrepantes;

I.  Considerando que Arabia Saudí cuenta con una serie de leyes discriminatorias, en particular las disposiciones relativas al estado civil y a la situación de las trabajadoras migrantes, el Código del Estado Civil, el Código de Trabajo, la Ley de Nacionalidad y el sistema de tutela masculina, que supedita a la autorización de un tutor masculino el ejercicio por las mujeres de la mayoría de sus derechos consagrados en la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer;

J.  Considerando que, en el marco del sistema de tutela masculina, las mujeres saudíes están privadas del control más básico sobre sus vidas; que siguen vigentes las leyes discriminatorias relativas al matrimonio y al divorcio, y que las mujeres están obligadas por ley a obtener la autorización de un tutor masculino para matricularse en la enseñanza superior, buscar empleo, viajar o casarse; que, a diferencia de los hombres, las mujeres saudíes con cónyuges extranjeros no pueden transmitir la nacionalidad a sus hijos o sus cónyuges;

K.  Considerando que, según el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la reserva general de Arabia Saudí respecto de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer es incompatible con el objeto y la finalidad de dicha Convención e inadmisible con arreglo a su artículo 28;

L.  Considerando que desde que el príncipe heredero Muhamad bin Salmán al-Saud accedió al poder en junio de 2017, numerosos defensores de los derechos humanos, activistas y críticos del régimen que expresado abiertamente su opinión han sido objeto de detención arbitraria o han sido condenados injustamente a largas penas de prisión por el mero hecho de ejercer su derecho a la libertad de expresión;

M.  Considerando que la agenda reformista Visión 2030, destinada a la transformación económica y social del país —también a través de la emancipación de las mujeres—, debe ofrecer a las mujeres saudíes una genuina oportunidad de conseguir su emancipación jurídica, que es absolutamente imprescindible para el pleno disfrute de los derechos que les reconoce la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; que, no obstante, la reciente oleada de detenciones y supuestas torturas de que son víctimas los activistas en favor de los derechos de las mujeres parece ser contraria a este objetivo y podría desviar la atención de la agenda de reformas; que el decreto Visión 2030 carece de un marco jurídico adecuado;

N.  Considerando que la libertad de expresión y la libertad de prensa y medios de comunicación, tanto en línea como fuera de la red, son condiciones previas imprescindibles y catalizadoras de la democracia y la reforma, y constituyen controles esenciales del poder;

O.  Considerando que Arabia Saudí tiene uno de los índices de ejecuciones más elevados del mundo; que entre 2014 y 2017 el número medio anual de ejecuciones fue de, al menos, 126; que las autoridades imponen la pena de muerte por delitos no violentos como el contrabando de drogas, la traición y el adulterio; que delitos como la apostasía, que según el Derecho internacional de los derechos humanos no deben tipificarse como delito, también han sido castigados con la pena de muerte;

P.  Considerando que el índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas atribuye a Arabia Saudí en 2018 el valor de 0,853, lo que supone el 39.º puesto de un total de 138 países y territorios; que a Arabia Saudí le corresponde un valor de 0,234 en el índice de desigualdad de género de las Naciones Unidas, por lo que ocupa el puesto 39.º de un total de 189 países en el índice de 2017; que el país tiene en el índice de desarrollo en relación con el género de las Naciones Unidas un valor de 0.877 (39.º puesto en el mundo);

1.  Condena enérgicamente la detención de las defensoras de los derechos humanos que abogaban por el levantamiento de la prohibición de conducir, así como de todos los defensores pacíficos de los derechos humanos, periodistas, abogados y activistas, y manifiesta su consternación ante las noticias creíbles de que varios de ellos son objeto de tortura sistemática, incluida Luyain al-Hazlul;

2.  Pide a las autoridades saudíes que pongan en libertad, inmediata e incondicionalmente, a estos defensores de los derechos de las mujeres y a todos los defensores de los derechos humanos, abogados, periodistas y otros presos de conciencia privados de libertad y condenados únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y por su labor pacífica en favor de los derechos humanos, y que permitan a observadores internacionales independientes reunirse con los defensores de los derechos humanos privados de libertad;

3.  Insta a las autoridades saudíes a que faciliten el acceso de médicos independientes a las personas privadas de libertad; resalta que el trato dado a todas las personas privadas de libertad, incluidos los defensores de los derechos humanos, durante su detención, debe atenerse a las condiciones establecidas en el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, aprobado mediante la Resolución 43/173, de 9 de diciembre de 1988, de la Asamblea General de las Naciones Unidas;

4.  Insiste en que entre los observadores independientes se cuenten observadores de la Delegación de la Unión en Arabia Saudí o de las instituciones de la Unión, así como titulares de los mandatos de derechos humanos de las Naciones Unidas, como el relator especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, u ONG internacionales;

5.  Insiste en que las autoridades saudíes pongan término a todas las formas de acoso, también a escala judicial, contra Luyain al-Hazlul, Aziza al-Yusef, Imán al-Nafyán, Nuf Abdulaziz, Mayaa al-Zahrani, Samar Badawi, Nasima al-Sada, Shadan al-Anezi, Abir Namankani, Amal al-Harbi, Hatún al-Fasi, Israa al-Gomgam, Muhamad al-Rabia y todos los demás defensores de los derechos humanos en el país, de manera que puedan realizar sus actividades sin obstáculos injustificados ni miedo a represalias contra ellos y sus familias;

6.  Condena la represión y tortura que se practican contra los defensores de los derechos humanos, incluidos los defensores de los derechos de las mujeres, en Arabia Saudí, lo que socava la credibilidad del proceso de reforma del país; denuncia la discriminación permanente y sistemática de la que son objeto las mujeres y niñas en Arabia Saudí;

7.  Insta a Arabia Saudí a que garantice públicamente la seguridad de todos los activistas detenidos, permita que las mujeres detenidas tengan acceso a abogados y que puedan ver a sus familiares, presente pruebas de que se encuentran bien y libere a las personas encarceladas únicamente por defender reformas pacíficamente;

8.  Rinde homenaje y apoya a los defensores de los derechos de las mujeres saudíes que buscan un trato equitativo y justo en su sociedad y a quienes han defendido los derechos humanos a pesar de las dificultades a que se enfrentan;

9.  Expresa su profunda preocupación por la incidencia de la violencia de género en Arabia Saudí, que sigue sin notificarse ni documentarse en gran medida y que se ha justificado aludiendo a razones retrógradas como la necesidad de imponer disciplina a las mujeres sometidas a la tutela masculina; insta las autoridades saudíes a que adopten medidas legislativas exhaustivas para tipificar y penalizar concretamente todas las formas de violencia de género contra las mujeres, en particular la mutilación genital femenina, la violación, incluida la violación conyugal, la agresión sexual y el acoso sexual, y a que eliminen todos los obstáculos al acceso de las mujeres a la justicia; manifiesta su profunda preocupación por las informaciones referidas a la prevalencia de la práctica del matrimonio infantil;

10.  Lamenta la existencia del sistema de tutela masculina, en virtud del cual sigue siendo necesaria la autorización de un tutor masculino en diversos ámbitos, como los viajes internacionales, el acceso a los servicios de asistencia sanitaria, la elección de domicilio, el matrimonio, la presentación de denuncias ante la justicia y la salida de los centros públicos de acogida para mujeres maltratadas y de los centros de detención; subraya que este sistema es un reflejo del sistema patriarcal, profundamente enraizado en el país; insta al Gobierno saudí a que suprima inmediatamente el sistema de tutela masculina y a que derogue otras leyes que discriminen a las mujeres y las niñas;

11.  Toma nota de la reciente aprobación de una ley en virtud de la cual las mujeres saudíes pueden ser informadas por un mensaje de texto sobre su divorcio para protegerlas de que se ponga fin a su matrimonio sin su conocimiento; hace hincapié en que esta ley no aborda el hecho de que las mujeres saudíes solo pueden obtener el divorcio en casos extremadamente limitados como, por ejemplo, cuando tienen el consentimiento de su marido o cuando han sido maltratadas por él;

12.  Expresa su preocupación por los servicios web gubernamentales mediante los cuales los tutores pueden hacer un seguimiento de las mujeres, indicar cuándo y cómo pueden cruzar las fronteras de Arabia Saudí y recibir mensajes SMS en tiempo prácticamente real cuando viajan;

13.  Acoge con satisfacción que se haya levantado la prohibición de que las mujeres conduzcan en el reino como uno de los elementos de la agenda Visión 2030;

14.  Pide a las autoridades saudíes que revisen la Ley sobre asociaciones y fundaciones de diciembre de 2015 a fin de permitir que las activistas se organicen de modo autónomo y trabajen con libertad e independencia sin injerencias indebidas por parte de las autoridades; insta, asimismo, a que se revise la Ley antiterrorista, la Ley de lucha contra la ciberdelincuencia y la Ley de prensa y publicaciones, que se utilizan reiteradamente para perseguir a los defensores de los derechos humanos, así como todas las disposiciones discriminatorias presentes en el ordenamiento jurídico, también en ámbitos como las herencias;

15.  Pide a las autoridades saudíes que ratifiquen el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, retiren las reservas formuladas en relación con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y ratifiquen el Protocolo Facultativo a esta Convención de modo que las mujeres saudíes puedan disfrutar plenamente de los derechos consagrados en la Convención, así como que pongan fin a los matrimonios infantiles, a los matrimonios forzosos y al código de vestimenta obligatoria para las mujeres; insta a Arabia Saudí a que curse una invitación permanente a todos los titulares de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que visiten el país;

16.  Hace hincapié en que el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y de asociación y reunión pacíficas están protegidos por el Derecho internacional de los derechos humanos; pide a las autoridades saudíes que permitan una prensa y unos medios de comunicación independientes y que garanticen la libertad de expresión en línea y fuera de ella, así como la libertad de asociación y de reunión pacífica a todos los habitantes de Arabia Saudí; insta a las autoridades saudíes a que levanten las restricciones impuestas a los defensores de los derechos humanos, que les impiden expresarse en las redes sociales y en los medios de comunicación internacionales;

17.  Pide a las autoridades saudíes que impongan una moratoria inmediata a la aplicación de la pena de muerte como un paso hacia su abolición; pide que se revisen todas las condenas a muerte para asegurarse de que los juicios en que se impusieron dichas condenas se ajustaron a las normas internacionales;

18.  Recomienda el envío a Arabia Saudí antes de que finalice la presente legislatura de una delegación ad hoc de la Subcomisión de Derechos Humanos y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género para visitar a las mujeres encarceladas y celebrar las reuniones que se imponen con las autoridades saudíes;

19.  Toma nota del compromiso entre la Unión y Arabia Saudí y anima a que se siga dialogando;

20.  Lamenta las declaraciones desafortunadas del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y de los Estados miembros sobre los casos de las defensoras de los derechos humanos detenidas desde mayo de 2018;

21.  Pide a la VP/AR, al SEAE y a los Estados miembros que planteen los casos de Luyain al-Hatzlul, Imán al-Nafyán, Aziza al-Yusef, Samar Badawi, Nasima al-Sada y de todas las demás defensoras de los derechos humanos en sus conversaciones con las autoridades saudíes, y que exijan su liberación; insiste en que, a la espera de su liberación, los diplomáticos de la Unión deben pedir a las autoridades saudíes que garanticen su seguridad y que investiguen de modo exhaustivo las denuncias de tortura;

22.  Pide a la Comisión y al Parlamento que examinen la falta de listados referidos a Arabia Saudí en el Registro de transparencia de la UE;

23.  Pide a la VP/AR, al SEAE y a los Estados miembros que planteen los casos de Israa al-Gomgam, su marido Musa al-Hashim y sus cuatro codefensores Ahmad al-Matrud, Alí Uwaisher, Jalid al-Ganim y Mujajba al-Muzain en sus conversaciones con las autoridades saudíes, y que exijan su liberación; pide, además, que se plantee el caso del sheij Salmánn Al-Auda y que se exija su liberación;

24.  Pide a la VP/AR, al SEAE y a los Estados miembros que fijen una posición unificada para garantizar que los servicios diplomáticos europeos en Arabia Saudí utilicen sistemáticamente los mecanismos previstos en las Directrices de la UE sobre defensores de los derechos humanos, incluidas declaraciones públicas, gestiones diplomáticas, supervisión de juicios y visitas a prisiones, en relación con los defensores de los derechos de las mujeres saudíes detenidos desde mayo de 2018;

25.  Pide que en la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se presente una resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en Arabia Saudí; pide a la Unión que plantee, ante el próximo Consejo de Derechos Humanos y la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, la cuestión relativa a la pertenencia de Estados con historiales cuestionables en materia de derechos humanos, también en lo que se refiere al respecto de los derechos de las mujeres y la igualdad de género; pide a la Unión que proponga ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el nombramiento de un relator especial sobre los derechos humanos en Arabia Saudí;

26.  Pide, de nuevo, a las autoridades saudíes que suspendan toda nueva flagelación de Raif Badawi y que sea puesto en libertad de forma inmediata e incondicional; insiste en que todos los altos representantes de la Unión, en particular la VP/AR y todos los comisarios, planteen sistemáticamente el caso de Raif Badawi en sus contactos con sus homólogos saudíes y soliciten reunirse con él durante sus visitas al país; se compromete a redoblar sus esfuerzos en apoyo de su liberación; pide a su presidente que viaje a Riad para plantear directamente ante las autoridades el caso de los galardonados con el Premio Sájarov;

27.  Pide a la VP/AR, al SEAE y a los Estados miembros que velen por la plena aplicación de las Directrices de la Unión sobre defensores de los derechos humanos y que extiendan su protección y su apoyo a los defensores de los derechos humanos, en particular a las mujeres que defienden los derechos humanos; pide a la VP/AR que informe sobre el estado actual de la cooperación militar y de seguridad entre los Estados miembros y el régimen saudí;

28.  Reitera su llamamiento al Consejo para que acuerde una posición común con el fin de imponer un embargo a escala de la Unión a la venta de armas a Arabia Saudí y para que respete la Posición Común 2008/944/CFSP(6); se manifiesta a favor de un embargo a la exportación de sistemas de vigilancia y otros productos de doble uso que pudieran utilizarse en Arabia Saudí con fines relacionados con la represión de sus ciudadanos, incluidas las defensoras de los derechos humanos; manifiesta su alarma por el uso de estas armas y de la tecnología de cibervigilancia por parte de las autoridades de Arabia Saudí; recuerda a los Estados miembros que los acuerdos de armamento que continúansocial media celebrando con Arabia Saudí son contrarios a la Posición Común de la UE sobre las exportaciones de armas; pide al SEAE que proponga la aplicación de medidas restrictivas contra Arabia Saudí en respuesta a las violaciones de los derechos humanos, incluidas la congelación de activos y la prohibición de visados, y al Consejo que las adopte;

29.  Insta a la VP/AR, al SEAE y a los Estados miembros a que sigan dialogando con Arabia Saudí sobre derechos humanos y libertades fundamentales y el inquietante papel del país en la región; expresa su disposición a mantener un diálogo constructivo y abierto con las autoridades saudíes, en particular con parlamentarios, sobre la aplicación de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos; pide que se realice un intercambio de conocimientos en materia judicial y jurídica para reforzar la protección de los derechos individuales en Arabia Saudí;

30.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Servicio Europeo de Acción Exterior, al secretario general de las Naciones Unidas, al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al rey Salmán bin Abdulaziz al-Saud y al príncipe heredero Muhamad bin Salmán al-Saud, al Gobierno del Reino de Arabia Saudí y al secretario general del Centro para el Diálogo Nacional del Reino de Arabia Saudí.

(1) DO C 378 de 9.11.2017, p. 64.
(2) DO C 310 de 25.8.2016, p. 29.
(3) DO C 349 de 17.10.2017, p. 34.
(4) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0232.
(5) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0434.
(6) Posición Común 2008/944/PESC del Consejo, de 8 de diciembre de 2008, por la que se definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares, DO L 335 de 13.12.2008, p. 99.


Mecanismo para superar los obstáculos jurídicos y administrativos en un contexto transfronterizo ***I
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Resolución
Texto consolidado
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 14 de febrero de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un mecanismo para superar los obstáculos jurídicos y administrativos en un contexto transfronterizo (COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD))
P8_TA(2019)0118A8-0414/2018

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2018)0373),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 175, párrafo tercero, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8‑0228/2018),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 19 de septiembre de 2018(1),

–  Visto el dictamen del Comité de las Regiones de 5 de diciembre de 2018 (2),

–  Vistos los dictámenes motivados por escrito presentados por el Parlamento sueco, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo n.° 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, en los que se afirma que el proyecto de acto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo Regional y la opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A8-0414/2018),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 14 de febrero de 2019 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) .../... del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un mecanismo para superar los obstáculos jurídicos y administrativos en un contexto transfronterizo

P8_TC1-COD(2018)0198


EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 175, párrafo tercero,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(3),

Visto el dictamen del Comité de las Regiones(4),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario(5),

Considerando lo siguiente:

(1)  El artículo 175, párrafo tercero, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) contempla la posibilidad de adoptar acciones específicas al margen de los fondos objeto del párrafo primero de dicho artículo para alcanzar el objetivo de cohesión económica y social recogido en el TFUE. El desarrollo armonioso del conjunto de la Unión y el refuerzo de la cohesión económica, social y territorial requieren estrechar la cooperación territorial. A tal efecto, procede adoptar las medidas oportunas para mejorar las condiciones en las que se ponen en práctica las iniciativas de cooperación territorial.

(2)  El artículo 174 del TFUE reconoce los retos a los que se enfrentan las regiones fronterizas y establece que la Unión debe prestar una atención especial a estas regiones a la hora de desarrollar y proseguir su acción encaminada a reforzar su propia cohesión económica, social y territorial. Debido al aumento del número de fronteras terrestres y marítimas, la Unión y sus vecinos inmediatos de la Asociación Europea de Libre Comercio («AELC») tienen cuarenta fronteras terrestres interiores.

(2 bis)   Para mejorar la vida de los ciudadanos en regiones transfronterizas con fronteras marítimas o en regiones transfronterizas entre los Estados miembros y terceros países, la aplicación del presente Reglamento y la utilización del mecanismo deben extenderse a esas regiones, en el respeto del Derecho de la Unión. [Enm. 1]

(3)  En su Comunicación «Impulsar el crecimiento y la cohesión en las regiones fronterizas de la UE»(6) (en lo sucesivo, la «Comunicación sobre regiones fronterizas») la Comisión expone que, a lo largo de las últimas décadas, el proceso de integración europea ha ayudado a las regiones fronterizas interiores a pasar de ser zonas principalmente periféricas a ser zonas de crecimiento y oportunidades. La compleción del mercado único en 1992 impulsó la productividad de la Unión y redujo los costes merced a la supresión de las formalidades aduaneras, la armonización o el reconocimiento mutuo de las normas técnicas y la reducción de los precios como resultado de la competencia; el comercio dentro de la UE aumentó un 15 % en diez años; se generó un crecimiento adicional y se crearon unos 2,5 millones de puestos de trabajo.

(4)  La Comunicación sobre regiones fronterizas ha proporcionado también pruebas de que sigue existiendo una serie de obstáculos jurídicos en las regiones fronterizas, especialmente en lo relativo a los servicios de salud, legislación laboral, impuestos, desarrollo empresarial, y las barreras vinculadas a las diferencias en las culturas administrativas y los marcos jurídicos nacionales. Ni la financiación de la Cooperación Territorial Europea ni el apoyo institucional a la cooperación de las Agrupaciones europeas de cooperación territorial (AECT) son suficientes, por sí solos, para eliminar dichas barreras que constituyen verdaderos obstáculos a la cooperación eficaz.

(5)  Desde 1990, los programas en el marco del objetivo de la cooperación territorial europea, más conocida como «Interreg»(7), han prestado apoyo a los programas de cooperación transfronteriza a lo largo de las regiones fronterizas de la Unión, incluidas las fronteras con los países de la AELC. Ha financiado miles de proyectos e iniciativas que han ayudado a mejorar la integración europea. Los principales logros de los programas Interreg son: el aumento de la confianza, la mayor conectividad, la mejora del medio ambiente, la mejora de la salud y el crecimiento económico. Desde los proyectos interpersonales hasta las inversiones en infraestructuras y el apoyo a las iniciativas de cooperación institucional, Interreg ha sido verdaderamente decisivo para las regiones fronterizas y ha contribuido a su transformación. Interreg ha apoyado también la cooperación en determinadas fronteras marítimas. No obstante, los obstáculos jurídicos no son un problema tan acusado para las regiones transfronterizas marítimas, debido a la imposibilidad material de cruzar la frontera diariamente o varias veces por semana para trabajar, estudiar y formarse, hacer compras, usar instalaciones y servicios de interés económico general o para varios de estos fines, o en el caso de rápidas intervenciones de emergencia.

(6)  El apoyo financiero de Interreg para la cooperación transfronteriza se ha complementado con las AECT, creadas desde 2006 en virtud del Reglamento (UE) n.º 1082/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo(8). Sin embargo, en virtud del artículo 7, apartado 4, párrafo primero, del Reglamento (CE) n.º 1082/2006, las AECT no pueden ejercer competencias normativas para superar los obstáculos jurídicos y administrativos en un contexto transfronterizo.

(7)  En su Comunicación sobre regiones fronterizas, la Comisión hizo referencia, entre otras medidas, a una iniciativa iniciada bajo la Presidencia luxemburguesa en 2015: Varios Estados miembros están estudiando la utilidad de un nuevo instrumento que simplifique los proyectos transfronterizos haciendo posible, de forma voluntaria y acordada por las autoridades competentes encargadas, que las normas de un Estado miembro sean aplicables en el Estado miembro vecino. Esto sería aplicable a una acción o un proyecto individual limitado en el tiempo, situado en una región fronteriza e iniciado por autoridades locales o regionales.

(8)  Aunque ya existen varios mecanismos eficaces de cooperación transfronteriza a nivel local, regional e intergubernamental en determinadas regiones de la Unión, no abarcan todas las regiones fronterizas de la Unión. A fin de completar los sistemas existentes, es necesario, por tanto, crear un mecanismo voluntario para la resolución de los obstáculos legales y administrativos en todas las regiones fronterizas (en lo sucesivo, «el Mecanismo»), lo que no impide la creación de mecanismos alternativos comparables en función de las necesidades específicas a nivel nacional, regional o local. [Enm. 2]

(9)  En pleno respeto de la configuración institucional y constitucional de los Estados miembros, la utilización del Mecanismo debe ser es voluntaria con respecto a las regiones fronterizas de un Estado miembro determinado en el que exista otro mecanismo eficaz o pueda crearse con el Estado miembro vecino. Debe consistir en dos medidas: la firma y la celebración de un Compromiso Transfronterizo Europeo («el Compromiso») o la firma de una Declaración Transfronteriza Europea («la Declaración»). Los Estados miembros deben poder optar por la utilización del instrumento que consideren más beneficioso. [Enm. 3]

(9 bis)   Las autoridades competentes de los Estados miembros, países, entidades o regiones en cuestión deben adoptar, de conformidad con sus respectivas competencias específicas definidas constitucional y legalmente, la solución jurídica ad hoc propuesta antes de la celebración o la firma del Compromiso o de la firma de la Declaración de conformidad con el presente Reglamento. [Enm. 4]

(10)  El Compromiso debe ser de aplicación inmediata, en el sentido de que, en virtud de la celebración del Compromiso, determinadas disposiciones jurídicas de un Estado miembro deben aplicarse en el territorio del Estado miembro vecino. También debe aceptarse que los Estados miembros adopten un acto legislativo que prevea la celebración de un Compromiso, con el fin de evitar que en la legislación nacional adoptada formalmente por un órgano legislativo se introduzcan excepciones por una autoridad distinta del órgano legislativo y en contravención de la claridad jurídica o de la transparencia, o de ambas cosas.

(11)  La Declaración seguiría exigiendo un procedimiento legislativo en el Estado miembro. La autoridad que celebra el Compromiso debe realizar una declaración formal que active en un determinado plazo el procedimiento legislativo necesario para modificar el Derecho interno normalmente aplicable y aplicar posteriormente, mediante una excepción explícita, la legislación de un Estado miembro vecino para, de este modo, eliminar los obstáculos a la aplicación de proyectos transfronterizos conjuntos. [Enm. 5]

(12)  Los obstáculos jurídicos son percibidos principalmente por personas que interactúan en las fronteras terrestres, como los trabajadores transfronterizos, donde las personas cruzan las fronteras de forma diaria o semanal. A fin de concentrar el efecto del presente Reglamento en las regiones más cercanas a la frontera y con el mayor grado de integración e interacción entre Estados miembros vecinos, el presente Reglamento debe ser aplicable a las regiones transfronterizas, en el sentido del territorio abarcado por regiones vecinas con fronteras terrestres o marítimas en dos o más Estados miembros, en regiones del nivel NUTS 3(9). Esto no debe impedir a los Estados miembros aplicar el Mecanismo también a las fronteras marítimas y exteriores distintas de las fronteras con los países de la AELC de manera voluntaria en relación con todas las partes afectadas. [Enm. 6]

(13)  Para coordinar los cometidos de las distintas autoridades, que en algunos Estados miembros incluyen órganos legislativos nacionales y regionales, dentro de un Estado miembro determinado, y entre las de uno o más Estados miembros vecinos, cada Estado miembro que opte por aplicar el Mecanismo debe estar obligado a crear un Punto de coordinación transfronteriza nacional y, cuando proceda, regional, y definir sus tareas y competencias durante las diferentes etapas del Mecanismo, que abarcan el inicio, la celebración, la aplicación y el seguimiento de los Compromisos y las Declaraciones. [Enm. 7]

(14)  La Comisión debe establecer un punto de coordinación a escala de la Unión, como anunció en la Comunicación sobre regiones fronterizas. Este punto de coordinación debe estar en contacto con los distintos Puntos de coordinación transfronteriza nacionales y, cuando proceda, regionales. La Comisión debe crear y mantener dicha base de datos de Compromisos y Declaraciones de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo(10).

(15)  El presente Reglamento debe establecer el procedimiento para celebrar un Compromiso o una Declaración y describir con detalle las distintas fases; la elaboración y presentación de un documento de iniciativa, un análisis preliminar realizado por el Estado miembro que ha de aplicar las disposiciones legales de un Estado miembro vecino, la elaboración del Compromiso o de la Declaración que vaya a celebrarse y, por último, el procedimiento de celebración del Compromiso o de la Declaración. Los elementos que vayan a ser incluidos en el documento de iniciativa, el proyecto de Compromiso y Declaración y sus versiones definitivas deben establecerse también en detalle, así como los plazos aplicables.

(16)  Más concretamente, el presente Reglamento debe definir quién puede ser iniciador de un proyecto conjunto. Como el Mecanismo debe mejorar la aplicación de proyectos transfronterizos conjuntos, el primer grupo deben ser los organismos que inician, o que inician y ejecutan, dicho proyecto conjunto. El término «proyecto» debe entenderse en un sentido amplio, que abarque tanto un elemento específico de infraestructura o una serie de actividades con respecto a un determinado territorio, o ambas cosas. En segundo lugar, una autoridad local o regional situada en una determinada región transfronteriza o que ejerce el poder público en dicha región transfronteriza debe estar facultada para tomar la iniciativa de aplicar el Derecho nacional que constituye un obstáculo, pero la modificación o excepción de ese Derecho están fuera de su competencia institucional. En tercer lugar, los órganos creados para la cooperación transfronteriza situados en una determinada región transfronteriza o que la abarca al menos de forma parcial, incluidas las AECT, o los órganos similares para organizar el desarrollo transfronterizo de forma estructurada también deben ser iniciadores. Por último, los órganos especializados en la cooperación transfronteriza que también pueden ser conscientes de la eficacia de resoluciones eficaces existentes en otro país de la Unión para un problema comparable también deben ser capaces de presentar una iniciativa. Con el fin de crear sinergia entre los órganos directamente afectados por el obstáculo y los expertos en cooperación transfronteriza en general, todos los grupos pueden iniciar el Mecanismo conjuntamente.

(17)  Unos actores clave en los Estados miembros a los que se solicita la celebración de un Compromiso o una Declaración deben ser los respectivos Puntos de coordinación transfronteriza nacionales o regionales que sirven de enlace con todas las autoridades competentes en su Estado miembro y con su homólogo en el Estado miembro vecino. También debe quedar claro que el Punto de coordinación transfronteriza puede decidir si debe ponerse en marcha un procedimiento conducente a la celebración de un Compromiso o una Declaración o si ya se ha encontrado una solución que podría aplicarse a uno o más obstáculos jurídicos. Por otra parte, también debe establecerse que el Estado miembro cuyas disposiciones jurídicas se han de aplicar en el otro Estado miembro puede denegar dicha solicitud fuera de su territorio. Toda decisión debe estar debidamente motivada y ser comunicada a su debido tiempo a todos los socios. [Enm. 8]

(18)  El presente Reglamento debe establecer normas detalladas sobre la ejecución, aplicación y seguimiento de los Compromisos y Declaraciones que han de celebrarse y firmarse.

(19)  La ejecución de un Compromiso de aplicación directa debe consistir en la aplicación de disposiciones nacionales de otro Estado miembro en la ejecución de proyectos transfronterizos conjuntos. Esto debe implicar o bien la modificación de actos administrativos jurídicamente vinculantes ya adoptados de conformidad con el Derecho nacional normalmente aplicable o bien, cuando aún no se haya hecho, la adopción de nuevos actos administrativos basados en la legislación de otro Estado miembro en un plazo acordado por todos los socios para poder lanzar los proyectos conjuntos a su debido tiempo. Cuando sean varias las autoridades competentes de diferentes aspectos de un obstáculo jurídico complejo, el Compromiso debe ir acompañado de un calendario para cada uno de estos aspectos. Respetando el principio de subsidiariedad, la adopción y transmisión de los actos administrativos nuevos o modificados debe regirse por el Derecho nacional en materia de procedimientos administrativos. [Enm. 9]

(20)  La aplicación de Declaraciones debe consistir principalmente en la elaboración y presentación de una propuesta legislativa para modificar el Derecho nacional vigente o establecer excepciones al mismo. Después de la adopción, dichas modificaciones o excepciones deben hacerse públicas y, a continuación, deben aplicarse como Declaraciones mediante la modificación y adopción de actos administrativos jurídicamente vinculantes.

(21)  Sobre la base de los actos jurídicamente vinculantes, el respeto de las obligaciones y los derechos de sus destinatarios deben ser objeto de seguimiento. Los Estados miembros deben poder decidir si dicho control se encomienda a las autoridades del Estado miembro que transfiere sus disposiciones jurídicas porque esas autoridades están más familiarizadas con esas normas, o si dicho seguimiento se encomienda a las autoridades del Estado miembro donde se aplican dichas disposiciones porque esas autoridades están más familiarizadas con el sistema jurídico restante de los Estados miembros que se comprometen y con el Derecho por el que se rigen los destinatarios.

(22)  Debe aclararse la protección de las personas que residen en las regiones transfronterizas directa o indirectamente afectadas por la aplicación y el seguimiento de un Compromiso y la legislación modificada en virtud de una Declaración que se consideren perjudicadas por actos u omisiones de la aplicación. Tanto para el Compromiso como la Declaración, el Derecho del Estado miembro vecino se aplicaría en el Estado miembro que se compromete como si se incorporase en su propia legislación y la protección jurídica debe corresponder, por consiguiente, a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro que se compromete, incluso cuando las personas tengan su residencia legal en el Estado miembro que realiza la transferencia. El mismo principio debe aplicarse a las vías de recurso legal contra el Estado miembro cuyo acto administrativo es objeto de recurso. No obstante, debe aplicarse un criterio diferente al recurso legal contra el seguimiento de la aplicación del Compromiso o la Declaración. Cuando una autoridad del Estado miembro que realiza la transferencia haya aceptado supervisar la aplicación de las disposiciones jurídicas modificadas del Estado miembro que se compromete y pueda actuar con respecto a personas residentes en la zona transfronteriza en nombre de las autoridades del Estado miembro que se compromete, pero en su propio nombre, los órganos jurisdiccionales competentes deben ser los del Estado miembro en el que dichas personas tengan su residencia legal. Por otra parte, en caso de que la autoridad competente que realiza la transferencia no pueda actuar en su propio nombre, sino en nombre de la autoridad competente que se compromete, los órganos judiciales competentes deben ser los del Estado miembro que se compromete, independientemente de la residencia legal de la persona.

(23)  El presente Reglamento debe establecer normas sobre su aplicación, el seguimiento de su aplicación y sobre las obligaciones de los Estados miembros en lo que respecta a sus disposiciones nacionales de aplicación.

(24)  Para crear una base de datos con arreglo al artículo 87, deben concederse facultades de ejecución a la Comisión para fijar normas sobre su funcionamiento, la protección de los datos y el modelo que deben utilizar los Puntos de coordinación transfronteriza cuando presenten información relativa a la aplicación y a la utilización del Mecanismo. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el procedimiento consultivo previsto en el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo(11). En la práctica y con fines de coordinación, el comité competente para el procedimiento de adopción de actos de ejecución debe ser el «Comité de Coordinación para los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos». [Enm. 10]

(25)  Las normas nacionales de aplicación deben especificar qué regiones fronterizas de un Estado miembro determinado están incluidas en el Compromiso o la Declaración. Por consiguiente, la Comisión estará en condiciones de evaluar si, para el tramo fronterizo no mencionado, el Estado miembro ha optado por un mecanismo diferente. [Enm. 11]

(26)  El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular el derecho a la protección de datos de carácter personal (artículo 8), el derecho a la educación (artículo 14), la libertad profesional y derecho a trabajar (artículo 15), en particular la libertad para buscar un empleo, trabajar, establecerse o prestar servicios en cualquier Estado miembro, la libertad de empresa (artículo 16), el acceso a la seguridad social y los servicios sociales (artículo 34), el acceso a la atención sanitaria (artículo 35) y, el acceso a los servicios de interés económico general (artículo 36) y un alto nivel de protección del medio ambiente de conformidad con el principio de desarrollo sostenible (artículo 37). [Enm. 12]

(27)  Las condiciones de la cooperación territorial deben crearse de acuerdo con el principio de subsidiariedad recogido en el artículo 5, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE). Los Estados miembros han emprendido distintas iniciativas individuales, bilaterales o incluso multilaterales para superar los obstáculos jurídicos fronterizos. No obstante, estos mecanismos no existen en todos los Estados miembros o no para todas las fronteras de un Estado miembro determinado. La instrumentos de financiación (principalmente Interreg) y los instrumentos jurídicos (principalmente las AECT) previstos a escala de la Unión no han sido suficientes hasta el momento para superar los obstáculos jurídicos fronterizos en toda la Unión. Los objetivos de la acción propuesta, por lo tanto, no pueden alcanzarse de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que, debido a las dimensiones o los efectos de la acción propuesta, pueden lograrse mejor a nivel de la Unión. Son necesarias, por tanto, medidas adicionales por parte del legislador de la Unión.

(28)  De acuerdo con el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 5, apartado 4, del TUE, el contenido y la forma de la acción de la Unión no deben exceder de lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados. El recurso al Mecanismo específico creado al amparo del presente Reglamento para superar obstáculos jurídicos en las regiones transfronterizas es voluntario y no impide en modo alguno el uso de instrumentos alternativos comparables. En caso de que un Estado miembro decidiera, en respecto a un determinado tramo fronterizo proyecto conjunto con uno o más Estados miembros vecinos, continuar resolviendo los obstáculos jurídicos en una determinada región transfronteriza en el marco de los mecanismos eficaces que haya establecido a nivel nacional o que haya creado formal o informalmente, junto con uno o varios Estados miembros vecinos, no es necesario seleccionar el Mecanismo establecido en virtud del presente Reglamento. Del mismo modo, en caso de que un Estado miembro decidiera, en respecto a un determinado tramo fronterizo proyecto conjunto con uno o más Estados miembros vecinos, adherirse a un mecanismo eficaz existente creado formal o informalmente por uno o más Estados miembros vecinos, a condición de que ese mecanismo permita la adhesión, tampoco es necesario seleccionar el Mecanismo establecido en virtud del presente Reglamento. Por último, en caso de que un Estado miembro decidiera, junto con uno o más Estados miembros vecinos, crear formal o informalmente un nuevo mecanismo eficaz para superar los obstáculos jurídicos que impidan la ejecución de un proyecto conjunto en regiones transfronterizas, no es necesario seleccionar el Mecanismo establecido en virtud del presente Reglamento. Por consiguiente, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar sus objetivos en el caso de las regiones transfronterizas para las cuales los Estados miembros no disponen de mecanismos eficaces para superar los obstáculos jurídicos existentes. [Enm. 13]

(28 bis)   El presente Reglamento debe respetar el principio de subsidiariedad. No debe vulnerar en ningún caso la soberanía de los Estados miembros ni entrar en contradicción con sus respectivas Constituciones. [Enm. 14]

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1

Objeto

1.  El presente Reglamento establece un mecanismo voluntario para permitir aplicar en un Estado miembro, con respecto a un único proyecto conjunto en una región transfronteriza, las disposiciones legales de otro Estado miembro, cuando la aplicación de las disposiciones jurídicas del primero constituya un obstáculo jurídicouno o varios obstáculos jurídicos que obstaculice impidan la aplicación de un proyecto conjunto (en lo sucesivo, «el Mecanismo»). [Enm. 15]

2.  El Mecanismo consistirá en una de las siguientes medidas:

a)  la celebración de un Compromiso Transfronterizo Europeo, que es de aplicación directa,

b)  la celebración de una Declaración Transfronteriza Europea, que exigiría un procedimiento legislativo en el Estado miembro.

3.  Asimismo, el presente Reglamento establece

a)  la organización y los cometidos de los Puntos de coordinación transfronteriza en los Estados miembros,

b)  la función coordinadora de la Comisión en lo que respecta al Mecanismo,

c)  la protección jurídica de las personas residentes o que viven por un período limitado en una región transfronteriza con respecto al Mecanismo. [Enm. 16]

Artículo 2

Ámbito de aplicación

1.  El presente Reglamento es aplicable a las regiones transfronterizas, tal como se definen en el artículo 3, punto 1.

2.  Cuando un Estado miembro comprenda varias entidades territoriales con poderes legislativos, el presente Reglamento será aplicable asimismo a esas entidades territoriales, incluidas sus respectivas autoridades o disposiciones jurídicas.

Artículo 3

Definiciones

A efectos del presente Reglamento serán de aplicación las siguientes definiciones:

1)  «región transfronteriza»: el territorio abarcado por regiones vecinas con fronteras terrestres o marítimas en dos o más Estados miembros, en regiones del nivel NUTS 3; [Enm. 17]

2)  «proyecto conjunto»: cualquier elemento de infraestructura con un impacto en una determinada región transfronteriza o cualquier servicio de interés económico general que se presta en una determinada región transfronteriza, independientemente de si este impacto tiene lugar en uno o en ambos lados de la frontera; [Enm. 18]

3)  «disposición jurídica»: toda disposición jurídica o administrativa, norma o práctica administrativa aplicable a un proyecto conjunto, independientemente de que sea adoptada o ejecutada por un órgano ejecutivo o legislativo;

4)  «obstáculo jurídico»: toda disposición jurídica relativa a la planificación, el desarrollo, la dotación de personal, la financiación o el funcionamiento de un proyecto conjunto que obstaculiza la capacidad inherente de una región fronteriza cuando interactúa a través de la frontera;

5)  «iniciador»: el agente que identifica el obstáculo jurídico uno o varios obstáculos jurídicos y pone en marcha el Mecanismo al presentar un documento de iniciativa; [Enm. 19]

6)  «documento de iniciativa»: el documento elaborado por uno o varios iniciadores para activar el Mecanismo;

7)  «Estado miembro que se compromete»: el Estado miembro en cuyo territorio una o varias disposiciones jurídicas de un Estado miembro que realiza la transferencia serán aplicables en virtud de un Compromiso Transfronterizo Europeo (el «Compromiso») o una Declaración Transfronteriza Europea (la «Declaración») determinados, o en el que se establecerá, en ausencia de una disposición jurídica apropiada, una solución jurídica ad hoc;

8)  «Estado miembro que realiza la transferencia»: el Estado miembro cuyas disposiciones jurídicas serán aplicables en el Estado miembro que se compromete en virtud de un Compromiso o una Declaración determinados;

9)  «autoridad competente que se compromete»: la autoridad del Estado miembro que se compromete que tiene competencia para aceptar la aplicación de las disposiciones jurídicas del Estado miembro que realiza la transferencia en su territorio en virtud de un Compromiso determinado o, en el caso de una Declaración, para comprometerse a iniciar el procedimiento legislativo necesario a fin de establecer una excepción a sus disposiciones jurídicas nacionales;

10)  «autoridad competente que realiza la transferencia»: la autoridad del Estado miembro que realiza la transferencia que tiene competencia para la adopción de las disposiciones jurídicas que serán aplicables en el Estado miembro que se compromete y para su aplicación en su propio territorio, o para ambas cosas;

11)  «área de aplicación»: el área del Estado miembro que se compromete, donde se aplicarán las disposiciones jurídicas del Estado miembro que realiza la transferencia o una solución jurídica ad hoc.

Artículo 4

Opciones de los Estados para superar los obstáculos jurídicos

1.  Un Estado miembro podráLos Estados miembros podrán optar por el Mecanismo o por fórmulas existentes deotras fórmulas para superar los obstáculos jurídicos que impidan la ejecución de un proyecto conjunto en regiones transfronterizas en un determinado tramo fronterizo con uno o más Estados miembros vecinos. [Enm. 20]

2.  Un Estado miembro podrá también decidir, con respecto a un determinado tramo fronterizo proyecto conjunto en regiones transfronterizas con uno o más Estados miembros vecinos, adherirse a una vía eficaz existente constituida formal o informalmente por uno o varios Estados miembros vecinos, o aplicar el Mecanismo con respecto a la Declaración. [Enm. 21]

3.  Los Estados miembros podrán utilizaraplicar también el Mecanismo en regiones transfronterizas con fronteras marítimas o a un proyecto conjunto en regiones transfronterizasuna región transfronteriza entre uno o varios Estados miembros y uno o más terceros países, o uno o más países y territorios de ultramarde manera voluntaria en relación con todas las partes afectadas. [Enm. 22]

4.  Los Estados miembros informarán a la Comisión de toda decisión que se adopte en virtud del presente artículo.

Artículo 5

Puntos de coordinación transfronteriza

1.  Cuando unCada Estado miembro opte por el Mecanismo, establecerá o designará uno o más Puntos de coordinación transfronteriza de una de las siguientes maneras: [Enm. 23]

a)  designando, a nivel nacional o regional, o a ambos niveles, un Punto de coordinación transfronteriza como organismo independiente;

b)  estableciendo un Punto de coordinación transfronteriza dentro de una autoridad o de un organismo existente, a nivel nacional o regional;

c)  confiando a una autoridad o a un organismo apropiado los cometidos adicionales como Punto de coordinación transfronteriza a escala nacional o regional.

2.  Asimismo, los Estados miembros que se comprometen y los Estados miembros que realizan la transferencia determinarán:

a)  si es el Punto de coordinación transfronteriza o una autoridad competente que se compromete o que realiza la transferencia quien puede celebrar y firmar un Compromiso y decidir la excepción al Derecho nacional aplicable a partir de la fecha de entrada en vigor de dicho Compromiso; o

b)  si es el Punto de coordinación transfronteriza o una autoridad competente que se compromete o que realiza la transferencia quien puede firmar una Declaración manifestando formalmente que la autoridad competente que se compromete hará lo necesario para que los actos legislativos u otros actos sean adoptados por los órganos legislativos competentes de dicho Estado miembro en un plazo determinado.

3.  Los Estados miembros informarán a la Comisión acerca de los Puntos de coordinación transfronteriza designados a más tardar en la fecha de inicio de la aplicación del presente Reglamento.

Artículo 6

Cometidos de los Puntos de coordinación transfronteriza

1.  Cada uno de los Puntos de coordinación transfronteriza tendrá al menos los siguientes cometidos:

a)  aplicar el procedimiento establecido en los artículos 10 y 11;

b)  coordinar la elaboración, la firma, la aplicación y el seguimiento de todos los Compromisos y las Declaraciones referentes al territorio de su Estado miembro;

c)  crear y mantener una base de datos que abarque todos los Puntos de coordinación transfronteriza referentes al territorio de su Estado miembro;

d)  servir de enlace, cuando los haya, con los Puntos de coordinación transfronteriza del Estado miembro vecino o de los Estados miembros vecinos y con los Puntos de coordinación transfronteriza de otras entidades territoriales con poderes legislativos de su propio Estado miembro o de otro Estado miembro; [Enm. 24]

e)  servir de enlace con la Comisión;

f)  apoyar a la Comisión en lo que se refiere a su base de datos sobre Compromisos y Declaraciones.

2.  Cada Estado miembro o cada entidad territorial con poderes legislativos en dicho Estado miembro podrá decidir encomendar a los respectivos Puntos de coordinación transfronteriza también los siguientes cometidos:

a)  en su caso, celebrar Compromisos o Declaraciones en virtud de los artículos 16, apartado 2, y 17, apartado 2;

b)  a petición de un iniciador determinado, apoyar a dicho iniciador, entre otras cosas mediante la identificación de la autoridad competente que se compromete en el mismo Estado miembro o la autoridad competente que realiza la transferencia en otro Estado miembro;

c)  a petición de una determinada autoridad competente que se compromete situada en otro Estado miembro sin su propio Punto de coordinación transfronteriza, realizar el análisis preliminar de un documento de iniciativa; [Enm. 25]

d)  hacer un seguimiento de la aplicación de todos los Compromisos y Declaraciones referentes al territorio de su Estado miembro;

e)  recordar a la autoridad competente que se compromete que cumpla los plazos fijados en un Compromiso o en una Declaración determinados y solicitar una respuesta en un plazo determinado;

f)  informar a la autoridad que supervisa a la autoridad competente que se compromete sobre los plazos incumplidos establecidos en un Compromiso o en una Declaración determinados.

3.  En caso de que al menos uno de varios obstáculos jurídicos afecte a una cuestión de competencia legislativa a nivel nacional, el Punto de coordinación transfronteriza asumirá los cometidos enumerados en los artículos 9 a 17 y se coordinará con el Punto o los Puntos de coordinación transfronteriza regionales pertinentes del mismo Estado miembro, a no ser que el Estado miembro haya decidido que los cometidos establecidos en los artículos 14 a 17 se encomienden a una autoridad competente que se compromete a nivel nacional.

4.  En caso de que ninguno de los obstáculos jurídicos afecte a una cuestión de competencia legislativa a nivel nacional, el Punto de coordinación transfronteriza regional competente asumirá los cometidos enumerados en los artículos 9 a 17 y se coordinará con el otro Punto o los demás Puntos de coordinación transfronteriza regionales de los mismos Estados miembros, cuando el proyecto conjunto afecte a más de una entidad territorial, a no ser que el Estado miembro haya decidido que los cometidos establecidos en los artículos 14 a 17 se encomienden a un Punto de coordinación transfronteriza nacional. El Punto de coordinación transfronteriza regional competente mantendrá informado al Punto de coordinación transfronteriza nacional sobre cualquier procedimiento de Compromiso o Declaración.

Artículo 7

Cometidos de coordinación de la Comisión

1.  La Comisión desempeñará los siguientes cometidos de coordinación:

a)  servir de enlace con los Puntos de coordinación transfronteriza;

b)  publicarcrear, publicar y mantener actualizada una listabase de datos de todos los Puntos de coordinación transfronteriza nacionales y regionales; [Enm. 26]

c)  crear y mantener una base de datos de todos los Compromisos y Declaraciones.

1 bis.   La Comisión elaborará una estrategia de comunicación de apoyo con el objetivo de:

a)  fomentar el intercambio de buenas prácticas;

b)  facilitar información práctica y una interpretación del ámbito temático y el enfoque temático del presente Reglamento; y

c)  aclarar el procedimiento exacto para adoptar un Compromiso o una Declaración.[Enm. 27]

2.  La Comisión adoptará un acto de ejecución relativo al funcionamiento de la base de datos a que se refiere la letra c) del apartado 1 y a los formularios que deben utilizarse para que los Puntos de coordinación transfronteriza presenten la información relativa a la aplicación y a la utilización del Mecanismo. Dicho acto de ejecución se adoptará de conformidad con el procedimiento consultivo al que se refiere el artículo 23, apartado 2.

CAPÍTULO II

Procedimiento para celebrar y firmar un Compromiso o para firmar una Declaración

Artículo 8

Elaboración y presentación del documento de iniciativa

1.  El iniciador determinará el obstáculo jurídicouno o varios obstáculos jurídicos por lo que se refiere a la planificación, el desarrollo, la dotación de personal, la financiación o el funcionamiento de un proyecto conjunto. [Enm. 28]

2.  El iniciador será uno de los siguientes:

a)  el organismo público o privado responsable de iniciar, o de iniciar y ejecutar, un proyecto conjunto;

b)  una o más autoridades locales o regionales situadas en una determinada región transfronteriza o que ejercen un poder público en esa región transfronteriza;

c)  un organismo con o sin personalidad jurídica constituido para la cooperación transfronteriza situado en una determinada región transfronteriza o que la abarca al menos de forma parcial, incluidas las Agrupaciones europeas de cooperación territorial en virtud del Reglamento (CE) n.º 1082/2006, las Eurorregiones, Euregios y organismos similares;

d)  una organización creada en nombre de regiones transfronterizas con el objetivo de promover intereses de los territorios transfronterizos y facilitar el establecimiento de una red de agentes y la puesta en común de experiencias, como la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas, la Mission Opérationnelle Transfrontalière o el Servicio Centroeuropeo de Iniciativas Transfronterizas; o

e)  varias de las entidades mencionadas en las letras a) a d) de forma conjunta.

3.  El iniciador elaborará un documento de iniciativa redactado de conformidad con el artículo 9.

4.  El iniciador presentará el documento de iniciativa al Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que se compromete y enviará una copia al Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que realiza la transferencia.

Artículo 9

Contenido del documento de iniciativa

1.  El documento de iniciativa incluirá, al menos, los siguientes elementos:

a)  una descripción del proyecto conjunto y de su contexto, del correspondiente obstáculo jurídicode uno o varios obstáculos jurídicos correspondientes en el Estado miembro que se compromete, así como de las razones para superar el obstáculo jurídicouno o varios obstáculos jurídicos; [Enm. 29]

b)  una lista de las disposiciones jurídicas específicas del Estado miembro que realiza la transferencia por las que se supera el obstáculo jurídicosuperan uno o varios obstáculos jurídicos o, cuando no existen disposiciones jurídicas adecuadas, una propuesta para una solución jurídica ad hoc; [Enm. 30]

c)  una justificación del área de aplicación;

d)  la duración previsible o, cuando esté debidamente justificado, su duración ilimitada;

e)  una lista de la autoridad o las autoridades competentes que se comprometen;

f)  una lista de la autoridad o las autoridades competentes que realizan la transferencia.

2.  El área de aplicación se limitará al mínimo necesario para la ejecución efectiva del proyecto conjunto.

Artículo 10

Análisis preliminar del documento de iniciativa por parte del Estado miembro o los Estados miembros que se comprometecomprometen y realizan la transferencia [Enm. 31]

1.  El Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que se compromete analizará el documento de iniciativa. Se mantendrá en contacto con todas las autoridades competentes que se comprometen y con el Punto de coordinación transfronteriza nacional o, según proceda, con otros Puntos de coordinación transfronteriza regionales del Estado miembro que se compromete y con el Punto de coordinación transfronteriza nacional del Estado miembro que realiza la transferencia. [Enm. 32]

1 bis.   En un plazo de tres meses desde la recepción de un documento de iniciativa, el Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que realiza la transferencia enviará su reacción preliminar al Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que se compromete. [Enm. 33]

2.  En un plazo de tresseis meses a partir de la recepción del documento de iniciativa, el Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que se compromete adoptará una o más de las siguientes medidas, que deberán transmitirse al iniciador por escrito: [Enm. 34]

a)  informar al iniciador de que el documento de iniciativa se ha elaborado de conformidad con el artículo 9 y, por tanto, es admisible;

b)  solicitar, en caso necesario, la presentación de un documento de iniciativa revisado o información adicional específica, indicando el motivo y en qué aspecto no se considera suficiente el documento de iniciativa;

c)  informar al iniciador sobre su evaluación de que no existe ningún obstáculo jurídico, expresando los motivos e indicando las vías de recurso legal contra dicha resolución con arreglo al Derecho del Estado miembro que se compromete;

d)  informar al iniciador sobre su evaluación de que el obstáculo jurídico consisteuno o varios obstáculos jurídicos consisten en uno de los casos enumerados en el artículo 12, apartado 4, y describir el compromiso de la autoridad competente que se compromete, a fin de modificar o adaptar dicho obstáculo jurídico; [Enm. 35]

e)  informar al iniciador sobre su evaluación de que el obstáculo jurídico consisteuno o varios obstáculos jurídicos consisten en una de las situaciones contempladas en el artículo 12, apartado 4, exponiendo sus razones para negarse a modificar o adaptar dicho obstáculo jurídico e indicando las vías de recurso legal contra dicha resolución con arreglo al Derecho del Estado miembro que se compromete; [Enm. 36]

f)  comprometerse con el iniciador a encontrar una solución al obstáculo jurídico o los obstáculos jurídicos en un plazo de seis meses, bien mediante la firma de un Compromiso con el Punto de coordinación transfronteriza del Estado miembro que realiza la transferencia, o bien con la autoridad competente que realiza la transferencia, designada como tal por el Estado miembro que realiza la transferencia, o bien proponiendo una solución jurídica ad hoc dentro del marco jurídico del Estado miembro que se compromete;

f bis)   reorientar al iniciador para que opte por un mecanismo existente, según lo previsto en el artículo 4, apartado 2, a fin de superar uno o varios obstáculos jurídicos que impidan la ejecución de un proyecto conjunto o de transmitir directamente el documento de iniciativa al organismo competente en el mecanismo correspondiente; [Enm. 37]

f ter)   informar al iniciador de que uno o varios Estados miembros afectados han decidido no superar uno o más obstáculos jurídicos identificados por el iniciador, exponiendo sus razones por escrito. [Enm. 38]

3.  En casos debidamente justificados, la autoridad competente que se compromete podrá prorrogar una vez, por un máximo de seis meses, el plazo a que se refiere la letra f) del apartado 2 e informará al iniciador y al Estado miembro que realiza la transferencia, expresando los motivos por escrito.

Artículo 11

Análisis preliminar del documento de iniciativa por parte del Estado miembro que realiza la transferencia

Tras la recepción de un documento de iniciativa, el Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que realiza la transferencia llevará a cabo también los cometidos mencionados en el artículo 10, apartado 2, y podrá enviar su reacción preliminar al Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que se compromete. [Enm. 39]

Artículo 12

Fase posterior al análisis preliminar del documento de iniciativa

1.  En caso de que el Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que se compromete solicite un documento de iniciativa revisado o información específica adicional, analizará el documento de iniciativa revisado o la información específica adicional, o ambos, y adoptará, en el plazo de tresseis meses a partir de su recepción, las medidas como si se hubiera presentado por primera vez el documento de iniciativa. [Enm. 40]

2.  En caso de que el Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que se compromete considere que el documento de iniciativa revisado sigue sin estar elaborado de conformidad con el artículo 10 o que la información específica adicional todavía no es suficiente, comunicará por escrito al iniciador, en el plazo de tresseis meses a partir de la recepción del documento de iniciativa revisado, su decisión de poner fin al procedimiento. Esta decisión deberá estar debidamente justificada. [Enm. 41]

3.  Si del análisis realizado por el Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que se compromete o la autoridad competente que se compromete se concluye que el obstáculo jurídico descritouno o varios obstáculos jurídicos descritos en el documento de iniciativa se basan en un malentendido o interpretación errónea de la legislación pertinente o en la falta de información suficiente sobre la legislación pertinente, el procedimiento finaliza al informar al iniciador sobre la apreciación de que no existe ningún obstáculo jurídico. [Enm. 42]

4.  Cuando el obstáculo jurídico consistauno o varios obstáculos jurídicos consistan únicamente en una disposición administrativa, norma o práctica administrativa del Estado miembro que se compromete o en una disposición administrativa, norma o práctica administrativa que se diferencie claramente de una disposición adoptada en virtud de un procedimiento legislativo y, por tanto, pueda ser modificada o adaptada sin un procedimiento legislativo, la autoridad competente que se compromete informará al iniciador por escrito de que se niega o de que está dispuesta a modificar o adaptar la disposición administrativa, norma o práctica administrativa pertinente en un plazo de ocho meses. [Enm. 43]

5.  En casos debidamente justificados, la autoridad competente que se compromete podrá prorrogar una vez, por un máximo de ocho meses, el plazo a que se refiere el apartado 4 e informará al iniciador y al Estado miembro que realiza la transferencia, expresando los motivos por escrito.

Artículo 13

Elaboración del proyecto de Compromiso o de Declaración

El Punto de coordinación transfronteriza o la autoridad competente que se compromete del Estado miembro que se compromete elaborará un proyecto de Compromiso o un proyecto de Declaración de conformidad con el artículo 14, sobre la base del documento de iniciativa.

Artículo 14

Contenido del proyecto de Compromiso y del proyecto de Declaración

1.  El proyecto de Compromiso incluirá, al menos, los siguientes elementos:

a)  la descripción del proyecto conjunto y de su contexto, del correspondiente obstáculo jurídicode uno o varios obstáculos jurídicos correspondientes, así como de las razones para superar el obstáculo jurídicouno o varios obstáculos jurídicos; [Enm. 44]

b)  la lista de la disposición o las disposiciones jurídicas específicas que constituyen el obstáculo jurídicouno o varios obstáculos jurídicos y que, por consiguiente, no se aplicarán al proyecto conjunto; [Enm. 45]

c)  el área de aplicación;

d)  la duración de la aplicación y una justificación de esa duración;

e)  la autoridad o las autoridades competentes que se comprometen;

f)  las disposiciones jurídicas específicas del Estado miembro que realiza la transferencia que se aplicarán al proyecto conjunto;

g)  la propuesta de solución jurídica ad hoc, cuando no existan disposiciones jurídicas adecuadas en el marco jurídico del Estado miembro que realiza la transferencia;

h)  la autoridad o las autoridades competentes que realizan la transferencia;

i)  la autoridad o las autoridades del Estado miembro que se compromete que sean competentes para la ejecución y el seguimiento;

j)  la autoridad o las autoridades del Estado miembro que realiza la transferencia a las que se propone designar conjuntamente para la ejecución y el seguimiento;

k)  la fecha de su entrada en vigor.

La fecha de entrada en vigor contemplada en la letra k) será bien la fecha de la firma en la que el último de los dos Puntos de coordinación transfronteriza o las autoridades competentes hayan firmado o bien la fecha en que se haya notificado al iniciador.

2.  Además de los elementos indicados en el apartado 1, el proyecto de Compromiso incluirá también una fecha de aplicación, que puede

a)  fijarse en la misma fecha de su entrada en vigor;

b)  fijarse con efecto retroactivo;

c)  aplazarse a una fecha en el futuro.

3.  Además de los elementos enumerados en el apartado 1, el proyecto de Declaración incluirá también una declaración formal de la fecha o las fechas en que cada autoridad competente que se compromete presentará una propuesta formal al respectivo órgano legislativo con el fin de modificar las disposiciones jurídicas nacionales en consecuencia.

La fecha mencionada en el párrafo primero no será posterior a doce meses después de la celebración de la Declaración.

Artículo 15

Transmisión del proyecto de Compromiso o proyecto de Declaración

1.  Cuando la autoridad competente que se compromete haya elaborado el proyecto de Compromiso o proyecto de Declaración, transmitirá dicho proyecto al Punto de coordinación transfronteriza del Estado miembro que se compromete:

a)  en un plazo máximo de tresseis meses después de que se haya transmitido información de conformidad con el artículo 10, apartado 2, o el artículo 12, apartados 1 y 2; [Enm. 46]

b)  en un plazo máximo de ocho meses con arreglo al artículo 12, apartados 4 y 5.

2.  Cuando el Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que se compromete haya elaborado el proyecto de Compromiso o proyecto de Declaración o cuando lo haya recibido de la autoridad competente que se compromete, transmitirá ese proyecto al Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que realiza la transferencia dentro de los plazos contemplados en las letras a) o b) del apartado 1.

3.  En ambos casos, se enviará también una copia para información al iniciador.

Artículo 16

Cometidos del Estado miembro que realiza la transferencia para la celebración y firma del Compromiso o la firma de la Declaración

1.  El Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que realiza la transferencia examinará el proyecto de Compromiso o proyecto de Declaración recibidos en virtud del artículo 15 y, en un plazo máximo de tresseis meses tras la recepción del proyecto y previa consulta a las autoridades competentes que realizan la transferencia, adoptará una o más de las siguientes medidas: [Enm. 47]

a)  mostrar su acuerdo con el proyecto de Compromiso o proyecto de Declaración, firmar dos copias originales y devolver una al Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que se compromete;

b)  mostrar su acuerdo con el proyecto de Compromiso o proyecto de Declaración, tras corregir o complementar la información contemplada en las letras f) y h) del artículo 14, apartado 1, firmar dos copias originales del proyecto de Compromiso o proyecto de Declaración revisado y devolver una al Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que se compromete;

c)  negarse a firmar el proyecto de Compromiso o proyecto de Declaración, y enviar una justificación detallada al Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que se compromete;

d)  negarse a firmar el proyecto de Compromiso o proyecto de Declaración y enviar al Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que se compromete un proyecto modificado en lo que respecta a la información a la que se hace referencia en las letras c), d) y, en su caso, la letra g) del artículo 14, apartado 1, así como, en el caso del proyecto de Compromiso, la información a que se refiere el artículo 14, apartado 2, con una justificación de las modificaciones.

2.  En los Estados miembros en los que la autoridad competente que realiza la transferencia deba firmar un Compromiso o una Declaración, el Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que realiza la transferencia enviará, con arreglo a las letras a) y b) del apartado 1, una de las dos copias originales firmadas por la autoridad competente que realiza la transferencia al Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que se compromete. [Enm. 48]

3.  Si el Estado miembro que realiza la transferencia está de acuerdo, de conformidad con la letra a) o la letra b) del apartado 1, en firmar un Compromiso o una Declaración, deberá, además, confirmar o rechazar explícitamente que la autoridad o las autoridades competentes que se proponen para ser designadas conjuntamente para la aplicación y el seguimiento del Compromiso o la Declaración en virtud de la letra j) del artículo 14, apartado 1, asuman los cometidos que deban llevarse a cabo en el área de aplicación.

Artículo 17

Cometidos del Estado miembro que se compromete para la celebración y firma del Compromiso o la firma de la Declaración

1.  El Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que se compromete examinará la respuesta remitida por el Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que realiza la transferencia y adoptará, en un plazo máximo de un mestres meses después de su recepción, al menos una de las siguientes medidas, que deberán trasladarse por escrito a la autoridad competente que realiza la transferencia: [Enm. 49]

a)  en el caso de ladel artículo 16, apartado 1, letra a) del apartado 2, finalizar el Compromiso o la Declaración, firmar dostres copias originales y devolver una al Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que realiza la transferencia para su firma; [Enm. 50]

b)  en el caso de ladel artículo 16, apartado 1, letra b) del apartado 2, modificar en consecuencia el Compromiso o la Declaración en lo que respecta a la información del proyecto de Compromiso o del proyecto de Declaración contemplada en las letras f) y h) del artículo 14, apartado 1, finalizar el Compromiso o la Declaración, firmar dostres copias originales y devolver una al Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que realiza la transferencia para su firma; [Enm. 51]

c)  en el caso de ladel artículo 16, apartado 1, letra c) del apartado 2, informar al iniciador y a la Comisión, añadiendo la justificación establecida por la autoridad competente que realiza la transferencia; [Enm. 52]

d)  en el caso de ladel artículo 16, apartado 1, letra d) del apartado 2, tener en consideración las modificaciones y bien proceder con arreglo a la letra b) del presente apartado o bien iniciar un segundo procedimiento con arreglo al artículo 9 en el que se expongaa la letra c) del presente apartado exponiendo por qué la autoridad competente que se compromete no puede aceptar algunas o la totalidad de las modificaciones. [Enm. 53]

2.  Una vez recibido el Compromiso o la Declaración, firmados asimismo por el Punto de coordinación transfronteriza competente o la autoridad competente que realiza la transferencia en los casos de las letras a) o b) del apartado 1 o, si el Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que realiza la transferencia ha reaccionado de manera positiva al segundo procedimiento indicado en la letra d) del apartado 1, el Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que se compromete deberá: [Enm. 54]

a)  enviar el Compromiso o la Declaración final al iniciador;

b)  enviar la segunda copia original al Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que realiza la transferencia;

c)  enviar una copia a todas las autoridades competentes que se comprometen;

d)  enviar una copia al punto de coordinación a escala de la Unión; y

e)  solicitar al servicio competente del Estado miembro que se compromete responsable de publicaciones oficiales que publique el Compromiso o la Declaración.

CAPÍTULO III

Ejecución y seguimiento de los Compromisos y las Declaraciones

Artículo 18

Ejecución del Compromiso

1.  La información a que se hace referencia en la letra c) del artículo 17, apartado 2, enviada a todas las autoridades competentes que se comprometen afectadas irá acompañada de un calendario, conforme al cual cada una de estas autoridades deberá, en su caso, modificar cualquier acto administrativo adoptado en virtud del Derecho aplicable en relación con el proyecto conjunto y adoptar cualquier acto administrativo necesario para aplicar el Compromiso al proyecto conjunto con el fin de aplicarle la disposición jurídica del Estado miembro que realiza la transferencia o una resolución jurídica ad hoc.

2.  Se enviará una copia del calendario al Punto de coordinación transfronteriza nacional y, si procede, al Punto de coordinación transfronteriza regional del Estado miembro que se compromete.

3.  De conformidad con el Derecho nacional aplicable a tales actos administrativos, cualquier acto administrativo a que se refiere el apartado 1 deberá adoptarse y notificarse al iniciador, en particular al organismo público o privado responsable de iniciar, o de iniciar y ejecutar, un proyecto conjunto.

4.  Una vez que se hayan adoptado todos los actos administrativos con respecto a un determinado proyecto conjunto, el Punto de coordinación transfronteriza del Estado miembro que se compromete informará al Punto de coordinación transfronteriza del Estado miembro que realiza la transferencia y al punto de coordinación a nivel de la Unión.

5.  El Punto de coordinación transfronteriza del Estado miembro que realiza la transferencia informará, cuando proceda, a las autoridades competentes que realizan la transferencia.

Artículo 19

Ejecución de la Declaración

1.  Cada autoridad competente que se compromete enumerada en una Declaración con arreglo al artículo 14, apartado 3, presentará, a más tardar en la respectiva fecha fijada en la Declaración firmada, una propuesta formal al respectivo órgano legislativo con el fin de modificar las disposiciones jurídicas nacionales en consecuencia.

2.  En caso de que no se pueda respetar la respectiva fecha fijada en la Declaración firmada, en particular en vista de próximas elecciones para el órgano legislativo competente, la autoridad competente que se compromete informará por escrito al iniciador, así como a los Puntos de coordinación transfronteriza competentes del Estado miembro que realiza la transferencia y del Estado miembro que se compromete.

3.  Una vez que se haya presentado una propuesta formal al respectivo órgano legislativo, la respectiva autoridad competente que se compromete enviará, al iniciador y a los Puntos de coordinación transfronteriza competentes del Estado miembro que realiza la transferencia y del Estado miembro que se compromete, información actualizada por escrito sobre el seguimiento del respectivo órgano legislativo, y así lo hará cada seis meses desde la fecha de presentación formal.

4.  En la fecha de entrada en vigor del acto legislativo de modificación o de su publicación en el Boletín Oficial o en ambas, cada autoridad competente que se compromete modificará todo acto administrativo adoptado con arreglo al Derecho nacional aplicable por lo que se refiere al proyecto conjunto y adoptará cualquier acto administrativo necesario para aplicar las disposiciones jurídicas modificadas al proyecto conjunto.

5.  De conformidad con el Derecho nacional aplicable a tales actos administrativos, cualquier acto administrativo a que se refiere el apartado 4 deberá adoptarse y notificarse al iniciador, en particular si este iniciador es un organismo público o privado responsable de iniciar, o de iniciar y ejecutar, un proyecto conjunto.

6.  Una vez que se hayan adoptado todos los actos administrativos con respecto a un determinado proyecto conjunto, el Punto de coordinación transfronteriza del Estado miembro que se compromete informará al Punto de coordinación transfronteriza del Estado miembro que realiza la transferencia y al punto de coordinación a nivel de la Unión.

7.  El Punto de coordinación transfronteriza del Estado miembro que realiza la transferencia informará, cuando proceda, a las autoridades competentes que realizan la transferencia.

Artículo 20

Seguimiento de los Compromisos y las Declaraciones

1.  Sobre la base de los actos administrativos contemplados en el artículo 18, apartado 1, y el artículo 19, apartado 4, el Estado miembro que realiza la transferencia y el Estado miembro que se compromete decidirán si el seguimiento de la aplicación de un Compromiso o de la legislación nacional modificada en virtud de una Declaración se encomendará a las autoridades del Estado miembro que realiza la transferencia, en particular debido a su experiencia con las disposiciones jurídicas que se transfieren, o a las autoridades del Estado miembro que se compromete.

2.  En caso de que el seguimiento de la aplicación de las disposiciones jurídicas que se transfieren se encomiende a las autoridades del Estado miembro que realiza la transferencia, el Estado miembro que se compromete decidirá, de acuerdo con los Estados miembros que realizan la transferencia, si las autoridades del Estado miembro que realiza la transferencia actuarán con respecto a los destinatarios de los cometidos de seguimiento por cuenta y en nombre de las autoridades del Estado miembro que se compromete o por cuenta de ellas, pero en su propio nombre.

CAPÍTULO IV

Protección jurídica contra la aplicación y el seguimiento de Compromisos y Declaraciones

Artículo 21

Protección jurídica contra la aplicación de un Compromiso o una Declaración

1.  Cualquier persona residente en el territorio cubierto por un Compromiso o una Declaración o, aunque no resida en dicho territorio, que sea usuario de un servicio de interés económico general que se preste en dicho territorio (en lo sucesivo, «persona residente en la región transfronteriza») y se considere perjudicada por los actos u omisiones de la aplicación, en virtud de un Compromiso o una Declaración, de una disposición jurídica de un Estado miembro que realiza la transferencia estará facultado para solicitar tutela judicial ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro que se compromete.

2.  No obstante, los órganos jurisdiccionales competentes para la tutela judicial contra actos administrativos adoptados de conformidad con el artículo 18, apartado 3, y el artículo 19, apartado 5, serán exclusivamente los órganos jurisdiccionales del Estado miembro cuyas autoridades hayan emitido el acto administrativo.

3.  Las disposiciones del presente Reglamento no afectarán al ejercicio por parte de las personas de sus derechos constitucionales nacionales de recurso contra las autoridades que sean parte de un Compromiso respecto a lo siguiente:

a)  resoluciones administrativas respecto de las actividades que se realicen en virtud de un Compromiso;

b)  acceso a los servicios en su propia lengua; y

c)  acceso a la información.

En estos casos, los órganos judiciales competentes serán los del Estado miembro cuya Constitución haga posible el derecho de recurso.

Artículo 22

Protección jurídica contra el seguimiento de Compromisos o Declaraciones

1.  Cuando la autoridad competente que realiza la transferencia haya aceptado hacer un seguimiento de la aplicación de las disposiciones jurídicas del Estado miembro que realiza la transferencia en el área pertinente y pueda actuar en su propio nombre respecto a las personas residentes en la región transfronteriza del Estado miembro que se compromete, los órganos jurisdiccionales competentes de la tutela judicial contra cualquier acción u omisión de esa autoridad serán los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en que dichas personas tengan su residencia legal.

2.  Cuando la autoridad competente que realiza la transferencia haya aceptado hacer un seguimiento de la aplicación de las disposiciones jurídicas del Estado miembro que se compromete en el territorio del Estado miembro que se compromete, pero no pueda actuar en su propio nombre respecto a las personas residentes en la región transfronteriza, los órganos jurisdiccionales competentes de la tutela judicial contra cualquier acción u omisión de esa autoridad serán únicamente los órganos jurisdiccionales del Estado miembro que se compromete, incluso en el caso de las personas que tengan su residencia legal en el Estado miembro que realiza la transferencia.

CAPÍTULO V

Disposiciones finales

Artículo 23

Procedimiento de comité

1.  La Comisión estará asistida por el Comité de Coordinación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos creado en virtud del artículo 108, apartado 1, del Reglamento (UE) n.° .../... [nuevo Reglamento sobre disposiciones comunes]. Dicho Comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

2.  En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 4 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Artículo 24

Disposiciones de desarrollo en los Estados miembros

1.  Los Estados miembros adoptarán las disposiciones adecuadas para garantizar la aplicación efectiva del presente Reglamento.

2.  A más tardar el ... [fecha de la aplicación del presente Reglamento], los Estados miembros informarán a la Comisión de cualesquiera disposiciones adoptadas en virtud del apartado 1.

3.  La Comisión hará pública la información recibida de los Estados miembros.

Artículo 25

Elaboración de informes

1.   A más tardar el dd.mm.yyyy [i.e. the first day of the month following the date of entry into force of this Regulation + fivethree years], la Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité de las Regiones un informe de evaluación de la aplicación del presente Reglamento, basado en indicadores sobre su eficacia, eficiencia, pertinencia, valor añadido europeo y margen de simplificación.

2.   En el informe que se menciona en el apartado 1, la Comisión hará una referencia especial al ámbito geográfico y material del presente Reglamento, definido, respectivamente, en los puntos 1) y 2) del artículo 3.

3.   Antes de que se elabore el informe, la Comisión llevará a cabo una consulta pública con los distintos agentes, incluidas las entidades territoriales locales y regionales y la sociedad civil. [Enm. 55]

Artículo 26

Entrada en vigor y aplicación

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Será de aplicación a partir del ... [the first day of the month following the date of entry into force of this Regulation + one year].

Sin embargo, el artículo 24 será de aplicación a partir del ... [the first day of the month following the date of entry into force of this Regulation].

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en ..., el

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente / La Presidenta

(1) DO C 440 de 6.12.2018, p. 124.
(2) DO C ....
(3)DO C 440 de 6.12.2018, p. 124.
(4)DO C ....
(5) Posición del Parlamento Europeo de 14 de febrero de 2019.
(6)Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: Impulsar el crecimiento y la cohesión en las regiones fronterizas de la UE, COM(2017)0534 de 20.9.2017.
(7)Se han sucedido cinco periodos de programación de Interreg: INTERREG I (1990-1993), INTERREG II (1994-1999), INTERREG III (2000-2006), INTERREG IV (2007-2013) e INTERREG V (2014-2020).
(8)Reglamento (CE) n.º 1082/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, sobre la Agrupación europea de cooperación territorial (AECT) (DO L 210 de 31.7.2006, p. 19).
(9)Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por el que se establece una nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas (NUTS) (DO L 154 de 21.6.2003, p. 1).
(10)Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).
(11)Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).


Proyecto de Acuerdo de Cooperación entre Eurojust y Georgia *
PDF 113kWORD 42k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 14 de febrero de 2019, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución del Consejo por la que se aprueba la celebración por parte de Eurojust del Acuerdo de Cooperación entre Eurojust y Georgia (13483/2018 – C8-0484/2018 – 2018/0813(CNS))
P8_TA(2019)0119A8-0065/2019

(Consulta)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto del Consejo (13483/2018),

–  Vistos el artículo 39, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, en su versión modificada por el Tratado de Ámsterdam, y el artículo 9 del Protocolo n.º 36 sobre las disposiciones transitorias, conforme a los cuales ha sido consultado por el Consejo (C8‑0484/2018),

–  Vista la Decisión 2002/187/JAI del Consejo, de 28 de febrero de 2002, por la que se crea Eurojust para reforzar la lucha contra las formas graves de delincuencia(1), y en particular su artículo 26 bis, apartado 2,

–  Visto el artículo 78 quater de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8‑0065/2019),

1.  Aprueba el proyecto del Consejo;

2.  Pide al Consejo que le informe si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

3.  Pide al Consejo que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente el texto aprobado por el Parlamento;

4.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

(1) DO L 63 de 6.3.2002, p. 1.


Evaluación de las tecnologías sanitarias ***I
PDF 352kWORD 108k
Resolución
Texto consolidado
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 14 de febrero de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre evaluación de las tecnologías sanitarias y por el que se modifica la Directiva 2011/24/UE (COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD))
P8_TA(2019)0120A8-0289/2018

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2018)0051),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0024/2018),

–  Vista la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre la base jurídica propuesta,

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistos los dictámenes motivados presentados por la Cámara de Diputados checa, el Bundestag alemán, el Senado francés y la Dieta polaca, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, en los que se afirma que el proyecto de acto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 23 de mayo de 2018(1),

–  Vistos los artículos 59 y 39 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A8-0289/2018),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación(2);

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 14 de febrero de 2019 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) .../... del Parlamento Europeo y del Consejo sobre evaluación de las tecnologías sanitarias y por el que se modifica la Directiva 2011/24/UE

P8_TC1-COD(2018)0018


(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 114 y su artículo 168, apartado 4, [Enm. 1]

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(3),

Visto el dictamen del Comité de las Regiones(4),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario(5),

Considerando lo siguiente:

(1)  El desarrollo de tecnologías sanitarias es un motor clave del crecimiento económico y la innovación en la Unión clave para alcanzar el alto grado de protección de la salud que han de garantizar las políticas sanitarias, en beneficio de todos los ciudadanos. Las tecnologías sanitarias son un sector innovador de la economía que forma parte de un mercado global de gastos en asistencia sanitaria que representa el 10 % del producto interior bruto de la UE. Las tecnologías sanitarias incluyen medicamentos, productos sanitarios y procedimientos médicos, así como medidas para la prevención, el diagnóstico o el tratamiento de enfermedades. [Enm. 2]

(1 bis)  El gasto en medicamentos supuso en 2014 un 1,41 % del PIB y un 17,1 % del gasto sanitario total, del que es un elemento importante. El gasto en salud en la Unión representa el 10 % del PIB, esto es, 1 300 000 millones EUR al año, de los cuales 220 000 millones EUR corresponden al gasto farmacéutico y 110 000 millones EUR al de productos sanitarios. [Enm. 3]

(1 ter)  Las Conclusiones del Consejo de 16 de junio de 2016 y la Resolución del Parlamento Europeo, de 2 de marzo de 2017, sobre las opciones de la Unión para mejorar el acceso a los medicamentos(6), pusieron de relieve que son muchas las barreras existentes en la Unión para acceder a medicamentos y tecnologías innovadoras, entre las que destacan la falta de nuevos tratamientos para determinadas enfermedades y el precio elevado de los medicamentos, que en numerosos casos no tienen valor terapéutico añadido.

(1 quater)  La autorización de comercialización de medicamentos por parte de la Agencia Europea de Medicamentos se basa en los principios de seguridad y eficacia. Generalmente, son las agencias evaluadoras de tecnologías sanitarias a escala nacional las que realizan la evaluación de la eficacia comparativa, toda vez que las autorizaciones comerciales no conllevan un estudio de eficacia comparada.

(2)  La evaluación de las tecnologías sanitarias (ETS) es un proceso científico basado en datos contrastados que permite a las autoridades competentes determinar la eficacia relativa de tecnologías existentes o nuevas. La ETS se centra específicamente en el valor terapéutico añadido de una tecnología sanitaria en comparación con otras tecnologías existentes o nuevas. [Enm. 6]

(2 bis)  Tal y como señaló la Organización Mundial de la Salud (OMS) durante la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud celebrada en mayo de 2014, la ETS debe ser una herramienta para apoyar la cobertura universal de salud. [Enm. 7]

(2 ter)  La ETS debe ser instrumental en la promoción de la innovación que ofrece los mejores resultados para los pacientes y la sociedad en general y que es una herramienta necesaria para garantizar la aplicación y utilización adecuadas de las tecnologías sanitarias. [Enm. 8]

(3)  La ETS abarca tanto aspectos clínicos como no clínicos de una tecnología sanitaria. Las acciones conjuntas sobre ETS cofinanciadas por la UE [acciones conjuntas de la Red europea de evaluación de tecnologías sanitarias (acciones conjuntas EUnetHTA)] han identificado nueve ámbitos con referencia a los cuales se evalúan las tecnologías sanitarias. De estos nueve ámbitos (que forman el modelo básico de la ETS), cuatro son clínicos y cinco no clínicos. Los cuatro ámbitos clínicos de evaluación se refieren a la identificación de un problema sanitario y la tecnología actual, el examen de las características técnicas de la tecnología evaluada, su seguridad relativa y su eficacia técnica relativa. Los cinco ámbitos de evaluación no clínicos se refieren al coste y la evaluación económica de una tecnología, y sus aspectos éticos, organizativos, sociales y jurídicos. Los aspectos científicos de los ámbitos clínicos son, por lo tanto, más adecuados para la evaluación conjunta a nivel de la UE sobre su base objetiva científica, mientras que la evaluación de los ámbitos no clínicos tiende a estar más estrechamente relacionada con los contextos y enfoques nacionales y regionales. [Enm. 9]

(3 bis)  Los profesionales de la salud, los pacientes y los centros sanitarios tienen que saber si una nueva tecnología sanitaria constituye o no una mejora con respecto a las tecnologías sanitarias existentes, en términos de beneficios y riesgos. Por tanto, las evaluaciones clínicas conjuntas tienen como objetivo definir el valor terapéutico añadido de las tecnologías sanitarias nuevas o existentes frente a otras tecnologías sanitarias nuevas o existentes mediante la realización de evaluaciones comparativas basadas en ensayos comparativos frente a la mejor intervención probada hasta la fecha («tratamiento estándar») o frente al tratamiento actual más común cuando no exista un tratamiento estándar. [Enm. 10]

(4)  La ETS es una herramienta importante para promover la innovación de calidad y dirigir la investigación a las necesidades de los sistemas sanitarios no cubiertas en los ámbitos del diagnóstico, terapéuticas o de procedimiento y a las prioridades clínicas y sociales. La ETS puede también mejorar las pruebas científicas utilizadas para la toma de decisiones clínicas, la eficiencia en la utilización de los recursos, la sostenibilidad de los sistemas sanitarios, el acceso de los pacientes a estas tecnologías sanitarias y la competitividad del sector a través de una mayor previsibilidad y una investigación más eficiente. Los Estados miembros utilizan el resultado de la ETS se utiliza para fundamentar las decisiones relativas a la asignación de recursos presupuestarios en el ámbito de la salud, por ejemplo, en relación con el establecimiento de los niveles de precios o de reembolso de las tecnologías sanitarias para aumentar las pruebas científicas en las que se basan las decisiones a la hora de introducir las tecnologías sanitarias en sus sistemas, es decir, apoyar las decisiones sobre cómo asignar recursos. La ETS puede, por lo tanto, ayudar a los Estados miembros a crear y mantener sistemas sanitarios sostenibles y a fomentar una innovación que proporcione mejores resultados para los pacientes. [Enm. 11]

(4 bis)  La cooperación en el ámbito de la ETS también puede desempeñar un papel durante todo el ciclo de la tecnología sanitaria: en las primeras etapas de desarrollo, mediante el análisis horizontal («horizontal scanning») para detectar aquellas que tendrán un impacto importante; en las fases de diálogo temprano y de asesoramiento científico; en el mejor diseño de estudios para velar por una mayor eficiencia de la investigación; y en las etapas centrales de evaluación global, cuando la tecnología está ya establecida. Finalmente, la ETS puede ayudar en la toma de decisiones en materia de desinversión cuando una tecnología se vuelve obsoleta e inapropiada frente a mejores alternativas disponibles. Una mayor colaboración entre los Estados miembros en el ámbito de la ETS debe también ayudar a mejorar y armonizar las normas de asistencia sanitaria y las prácticas de diagnóstico y de cribado de recién nacidos en la Unión. [Enm. 12]

(4 ter)  La cooperación en el ámbito de la ETS puede ir más allá de los productos farmacéuticos y de los productos sanitarios. También puede abarcar ámbitos como diagnóstico complementario a tratamientos, procedimientos quirúrgicos, programas de prevención y cribado y de promoción de la salud, herramientas de tecnología de la información y la comunicación (TIC) y fórmulas de organización sanitaria o procesos de atención integrada. Los requisitos para evaluar diferentes tecnologías varían dependiendo de sus características específicas por lo que debería haber un enfoque en materia de ETS coherente y adecuado para estas tecnologías diversas. Por otra parte, en ámbitos específicos, como los tratamientos en el caso de las enfermedades raras, los medicamentos de uso pediátrico, la medicina de precisión o las terapias avanzadas, es probable que el valor añadido de la cooperación a escala de la Unión sea aún mayor. [Enm. 13]

(5)  La realización de evaluaciones paralelas por varios Estados miembros y las divergencias entre las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre los procesos y metodologías de evaluación puede pueden dar lugar a que los desarrolladores de tecnologías sanitarias se enfrenten a múltiples y divergentes una duplicación de las solicitudes de datos. Puede dar lugar también a duplicaciones y variaciones en los resultados que aumenten que podría aumentar las cargas financieras y administrativas que suponen un obstáculo para la libre circulación de las tecnologías sanitarias en cuestión y el buen funcionamiento del mercado interior. En algunos casos justificados en los que es necesario tener en cuenta las especificidades del sistema de atención sanitaria nacional y regional y las prioridades, podría ser necesario realizar una evaluación complementaria de determinados aspectos. No obstante, las evaluaciones que no son pertinentes para las decisiones en determinados Estados miembros podría retrasar la aplicación de tecnologías innovadoras y, por tanto, el acceso de los pacientes a tratamientos innovadores beneficiosos. [Enm. 14]

(6)  Aunque los Estados miembros han realizado algunas evaluaciones conjuntas en el marco de las acciones conjuntas cofinanciadas por la UE, la producción de resultados ha sido ineficaz, confiando en una cooperación basada en proyectos a falta de un modelo sostenible de cooperación. La utilización de los resultados de las Estas evaluaciones se llevaron a cabo en tres fases, conforme al artículo 15 de la Directiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo(7), y a través de tres acciones conjuntas, incluidas sus evaluaciones clínicas conjuntas, a nivel de los Estados miembros ha seguido siendo escasa, lo que significa que no se ha abordado suficientemente la duplicación de , cada una con sus objetivos específicos y presupuesto: EUnetHTA 1, de 2010 a 2012 (6 millones de euros); EUnetHTA 2, de 2012 a 2015 (9,5 millones de euros); y EUnetHTA 3, iniciada en junio de 2016 y con duración hasta 2020 (20 millones de euros). Dada la duración temporal de estas acciones y el interés en una continuidad, el presente Reglamento establece una forma más sostenible de garantizar la continuación de las evaluaciones sobre la misma tecnología por parte de autoridades y organismos de ETS de diferentes Estados miembros en plazos idénticos o similares. conjuntas. Hasta la fecha, los principales resultados del trabajo conjunto incluyen el modelo de evaluación, el modelo básico de ETS, que representa un marco para los informes ETS; una base de datos para compartir proyectos planificados, en curso o recientemente publicados realizados por agencias individuales (base de datos POP); una base de datos y conocimientos para almacenar la información, y el estado de la evaluación de tecnologías prometedoras o sobre la solicitud de estudios adicionales que surjan de la ETS; y un conjunto de guías metodológicas y herramientas de apoyo para las agencias de ETS entre las que se incluyen guías para la adaptación de informes de un país a otro. [Enm. 15]

(6 bis)  Sin embargo, en el marco de las acciones conjuntas, la generación de resultados ha resultado ineficaz y, como consecuencia de la falta de un modelo sostenible de cooperación, se sustenta en una cooperación basada en proyectos. La utilización de los resultados de las acciones conjuntas, incluidas sus evaluaciones clínicas conjuntas a escala de los Estados miembros ha seguido siendo escasa, lo que significa que no se ha abordado suficientemente la duplicación de evaluaciones sobre la misma tecnología sanitaria por parte de autoridades y organismos de ETS de diferentes Estados miembros en plazos idénticos o similares. [Enm. 16]

(7)  En sus Conclusiones de diciembre de 2014 sobre la innovación en beneficio de los pacientes(8), el Consejo reconoció el papel fundamental de la evaluación de las tecnologías sanitarias como instrumento de política sanitaria para respaldar una elección basada en pruebas, sostenible y equitativa en el ámbito de la asistencia sanitaria y las tecnologías sanitarias en beneficio de los pacientes. Por otra parte, el Consejo instó a la Comisión a seguir apoyando la cooperación de manera sostenible y pidió el refuerzo de la colaboración sobre la ETS entre los Estados miembros y la necesidad de explorar oportunidades de cooperación sobre el intercambio de la información entre organismos competentes. Además, en sus Conclusiones, de diciembre de 2015, sobre la medicina personalizada para pacientes, el Consejo pidió a los Estados miembros y a la Comisión que reforzasen las metodologías de la ETS aplicables a la medicina personalizada y en las Conclusiones del Consejo, de junio de 2016, sobre el refuerzo del equilibrio de los sistemas farmacéuticos en la Unión Europea y sus Estados miembros se confirmó una vez más que los Estados miembros ven un claro valor añadido de la cooperación en materia de ETS. A su vez, el informe conjunto de la DG ECFIN y del Comité de Política Económica de la Comisión, de octubre de 2016, abogó a favor de un refuerzo de la cooperación europea en relación con la ETS. [Enm. 17]

(8)  En su Resolución de 2 de marzo de 2017, sobre las opciones de la Unión para mejorar el acceso a los medicamentos(9), el Parlamento Europeo instó a la Comisión a proponer cuanto antes una legislación sobre un sistema europeo de evaluación de tecnologías sanitarias y a armonizar unos criterios transparentes de evaluación de las tecnologías sanitarias para evaluar el valor terapéutico añadido de los medicamentos y la eficacia relativa de las tecnologías sanitarias en comparación con la mejor alternativa disponible, teniendo en cuenta el grado de innovación y el valor para los pacientes. [Enm. 18]

(9)  En su Comunicación de 2015 «Mejorar el mercado único»(10), la Comisión declaró su intención de introducir una iniciativa de ETS para reforzar la coordinación con el fin de evitar las evaluaciones múltiples de un producto en diferentes Estados miembros y mejorar el funcionamiento del mercado único de las tecnologías sanitarias

(10)  A fin de garantizar un mejor funcionamiento del mercado interior y contribuir a un nivel elevado de protección de la salud humana, conviene aproximar las normas sobre realización de evaluaciones clínicas a nivel nacional y las evaluaciones clínicas de determinadas tecnologías sanitarias a nivel de la Unión, y que apoyan también la continuación de la cooperación voluntaria entre los Estados miembros sobre determinados aspectos de la ETS. Esa aproximación debe garantizar los niveles de calidad más elevados y adaptarse a las mejores prácticas disponibles. No debe promover la convergencia hacia el mínimo común denominador ni obligar a los organismos encargados de la ETS con más conocimientos técnicos y normas más estrictas a que acepten requisitos más bajos. En su lugar, debe conducir a una mejora de la capacidad y calidad de la ETS a escala nacional y regional. [Enm. 19]

(11)  De conformidad con el artículo 168, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), los Estados miembros siguen siendo responsables de la organización y prestación de su asistencia sanitaria. Por ello, conviene restringir el ámbito de aplicación de las normas de la Unión a aquellos aspectos de la ETS que se refieren a la evaluación clínica de una tecnología sanitaria y, en particular, garantizar que las conclusiones de la evaluación se limiten a los resultados relacionados con la eficacia comparativa de una tecnología sanitaria. La evaluación clínica conjunta que es objeto del presente Reglamento es un análisis científico de los efectos relativos de la tecnología sanitaria sobre la eficacia, la seguridad y la efectividad, denominados comúnmente como resultados clínicos, que se evalúa en relación con los indicadores comparativos que se consideran apropiados actualmente en relación con grupos o subgrupos de pacientes, teniendo en cuenta los criterios del modelo básico de ETS. Debe incluir la consideración del grado de certeza sobre los efectos relativos, sobre la base de los datos disponibles. Por lo tanto, el resultado de dichas evaluaciones clínicas conjuntas no debe afectar a la discrecionalidad de los Estados miembros en relación con las decisiones subsiguientes sobre fijación de precios y reembolso de las tecnologías sanitarias, incluido el establecimiento de criterios para dicha fijación de precios y reembolso que pueden depender tanto de consideraciones clínicas como no clínicas y que siguen siendo exclusivamente una cuestión de competencia nacional. Queda, por tanto, fuera del ámbito del presente Reglamento la evaluación que cada Estado miembro haga en el marco de su valoración nacional. [Enm. 20]

(12)  A fin de garantizar una amplia aplicación de las normas armonizadas y de reforzar la colaboración entre los Estados miembros sobre los aspectos clínicos de la ETS y permitir la puesta en común de conocimientos técnicos y recursos en los organismos de ETS, reduciendo, así, los residuos y las deficiencias en la asistencia sanitaria, conviene exigir que se realicen evaluaciones clínicas conjuntas para todos los medicamentos sometidos al procedimiento centralizado de autorización de la comercialización previsto en el Reglamento (CE) n.º 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo(11), que incorpora una nueva sustancia activa, y cuando dichos medicamentos se autorizan posteriormente para una nueva indicación terapéutica. Deben realizarse también evaluaciones clínicas sobre determinados productos sanitarios a tenor del Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo(12) que pertenecen a las clases de riesgo superior y para los que los paneles de expertos pertinentes han emitido su dictamen o punto de vista. Debe efectuarse una selección de productos sanitarios para la evaluación clínica conjunta sobre la base de criterios específicos , teniendo en cuenta la necesidad de más datos clínicos sobre todas estas nuevas tecnologías. [Enm. 21]

(13)  A fin de garantizar que las evaluaciones clínicas conjuntas realizadas sobre las tecnologías sanitarias sigan siendo precisas, y pertinentes, , de calidad y se basen en las mejores pruebas científicas disponibles en un momento concreto, conviene establecer requisitos un procedimiento flexible y reglado para la actualización de las evaluaciones, en particular cuando se haya puesto a disposición nuevas pruebas o nuevos datos adicionales disponibles con posterioridad a la evaluación inicial pueden y esas nuevas pruebas o nuevos datos puedan aumentar la exactitud prueba científica y, por tanto, la calidad de la evaluación. [Enm. 22]

(14)  Debe establecerse un grupo de coordinación compuesto por representantes de las autoridades y organismos de evaluación de las tecnologías sanitarias de los Estados miembros con responsabilidad y experiencia probada para supervisar la realización de las evaluaciones clínicas conjuntas y otro trabajo conjunto en el ámbito del presente Reglamento. [Enm. 23]

(15)  Con objeto de garantizar un enfoque de las evaluaciones clínicas y consultas científicas conjuntas dirigido por los Estados miembros, estos deben designar autoridades y organismos de ETS a escala nacional o regional que contribuyan a la toma de decisiones para realizar estas evaluaciones como miembros del Grupo de Coordinación. Las autoridades y organismos designados deben garantizar un alto nivel de representación adecuado en el Grupo de Coordinación y conocimientos técnicos especializados en sus subgrupos, teniendo en cuenta la necesidad posibilidad de ofrecer asesoramiento de expertos sobre la ETS de medicamentos y productos sanitarios. La estructura organizativa debe respetar los distintos mandatos de los subgrupos que realizan las evaluaciones clínicas conjuntas y las consultas científicas conjuntas. Debe evitarse todo conflicto de intereses. [Enm. 24]

(15 bis)  La transparencia y el conocimiento público del proceso son esenciales. Por consiguiente, todos los datos clínicos objeto de evaluación deben tener el nivel más elevado de transparencia y de conocimiento público con el fin de lograr confianza en el sistema. En caso de que haya datos confidenciales por razones comerciales, las necesidades en el ámbito de la confidencialidad deben estar claramente definidas y justificadas y los datos confidenciales bien delimitados y protegidos. [Enm. 25]

(16)  Para que los procedimientos armonizados cumplan su objetivo de mercado interior, debe exigirse a y de aumento de la calidad de la innovación y de la prueba clínica, los Estados miembros que tengan plenamente deben tener en cuenta los resultados de las evaluaciones clínicas conjuntas y no repitan dichas evaluaciones repetirlas. En función de las necesidades nacionales, los Estados miembros han de tener derecho a complementar las evaluaciones clínicas conjuntas con pruebas clínicas y análisis adicionales para tener en cuenta las diferencias en los comparadores o el marco de tratamiento específico a escala nacional. Estas evaluaciones clínicas complementarias deben estar debidamente justificadas y ser proporcionadas y deben notificarse a la Comisión y al Grupo de Coordinación. Por lo demás, el cumplimiento de esta obligación no impide que los Estados miembros lleven a cabo evaluaciones no clínicas sobre la misma tecnología sanitaria o que extraigan conclusiones sobre el valor clínico añadido de las tecnologías en cuestión como parte de procesos de evaluación nacionales que pueden considerar tanto datos y criterios clínicos como no clínicos específicos del Estado miembro en cuestión, a escala nacional y/o regional. Esto tampoco impide que los Estados miembros elaboren sus propias recomendaciones o decisiones sobre la fijación de precios o el reembolso. [Enm. 26]

(16 bis)  Con objeto de utilizar la evaluación clínica para la decisión nacional de reembolso, debe referirse, preferentemente, a la población a la que se reembolsaría el medicamento en un determinado Estado miembro. [Enm. 27]

(17)  El plazo para las evaluaciones clínicas conjuntas de los medicamentos debe establecerse, en la medida de lo posible, en relación con el plazo aplicable a la finalización del procedimiento centralizado de autorización de la comercialización previsto en el Reglamento (CE) nº. 726/2004. Dicha coordinación debe garantizar que las evaluaciones clínicas puedan facilitar efectivamente el acceso al mercado y contribuir a la disponibilidad oportuna de tecnologías innovadoras para los pacientes. Por regla general, el proceso debe estar finalizado en el momento de la publicación de la decisión de la Comisión por la que se concede la autorización de comercialización. [Enm. 28]

(17 bis)  La consulta científica conjunta, al abordar los medicamentos huérfanos, tiene que garantizar que ningún planteamiento nuevo debe ocasionar retrasos innecesarios para las evaluaciones de medicamentos huérfanos en comparación con la situación actual y habida cuenta del enfoque pragmático adoptado a través de la Red europea de evaluación de tecnologías sanitarias. [Enm. 29]

(18)  El establecimiento de un plazo para las evaluaciones clínicas conjuntas de productos sanitarios tecnologías sanitarias debe tener en cuenta la vía de acceso muy descentralizada al mercado para los productos sanitarios y la disponibilidad de datos probatorios adecuados requeridos para realizar una evaluación clínica conjunta. Dado que los datos requeridos pueden estar disponibles solo después de que un producto sanitario se haya comercializado y a fin de permitir la selección de productos sanitarios para la evaluación clínica conjunta en el momento apropiado, debe ser posible que las evaluaciones de dichos productos tengan lugar a raíz del lanzamiento al mercado de los productos sanitarios. los plazos fijados en el Reglamento (CE) n.º 726/2004 para completar el procedimiento centralizado de autorización para los medicamentos y el marcado CE de conformidad para los productos sanitarios previsto en el Reglamento (UE) 2017/745, así como el marcado de conformidad para productos sanitarios para diagnóstico in vitro del Reglamento (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo y del Consejo(13). En todo caso, estas evaluaciones deben tener en cuenta la disponibilidad de pruebas científicas y de datos probatorios adecuados en la cantidad requerida para realizar una evaluación clínica conjunta y deberán tener lugar en un plazo lo más cercano posible a su autorización de comercialización, en el caso de los medicamentos, y, en todo caso, sin retrasos injustificados e innecesarios. [Enm. 30]

(19)  En todos los casostodo caso, el trabajo conjunto realizado con arreglo al presente Reglamento, en particular las evaluaciones clínicas conjuntas, debe producir resultados oportunos de gran calidad y no retrasar sin retrasar o interferir en el marcado CE de productos sanitarios o el acceso al mercado de tecnologías sanitarias o interferir con dicho marcado o acceso. Este trabajo debe ser independiente y distinto de las evaluaciones reglamentarias de la seguridad, la calidad, la eficacia o el rendimiento de las tecnologías sanitarias realizadas con arreglo a otra legislación de la Unión y no influir en las decisiones adoptadas de conformidad con otra legislación de la Unión. [Enm. 31]

(19 bis)  Las labores relacionadas con la ETS en el marco del presente Reglamento deben ser independientes y distintas de las evaluaciones reglamentarias de la seguridad y la eficacia de las tecnologías sanitarias realizadas con arreglo a otros actos legislativos de la Unión y no deben influir en otros aspectos que no entren en el ámbito del presente Reglamento, adoptado de conformidad con otros actos legislativos de la Unión. [Enm. 32]

(19 ter)  En el caso de los medicamentos huérfanos, el informe conjunto no debe volver a evaluar los criterios de declaración de «huérfano». Sin embargo, los asesores y los coasesores deben tener acceso pleno a los datos utilizados por las autoridades responsables de conceder la autorización de comercialización de un medicamento, así como la posibilidad de utilizar o crear datos adicionales pertinentes para la evaluación de un medicamento en el contexto de una evaluación clínica conjunta. [Enm. 33]

(19 quater)  El Reglamento (UE) 2017/745, relativo a los productos sanitarios, y el Reglamento (UE) 2017/746, relativo a los productos sanitarios para diagnóstico in vitro, establecen la autorización de estos productos sobre la base de los principios de transparencia y seguridad y no en la eficacia. No obstante, el aumento progresivo de la oferta de productos sanitarios para resolver problemas clínicos ha generado un nuevo paradigma hacia un modelo en el que el mercado está muy fragmentado, la innovación es sobre todo incremental y en el que faltan pruebas clínicas, lo que implica la necesidad de una intensificación de la cooperación y un intercambio de información más frecuente entre los organismos evaluadores. Por ello, se precisa avanzar hacia un sistema de autorización centralizada que evalúe los productos sobre la base de la seguridad, eficacia y calidad. Este es uno de los ámbitos en los que los Estados miembros reclaman mayor colaboración en una futura ETS europea. En la actualidad son 20 Estados miembros, y Noruega, los que cuentan con sistemas de evaluación de tecnologías sanitarias para productos sanitarios y 12 Estados miembros, además de Noruega, han establecido guías y llevan a cabo diálogos tempranos. EUnetHTA viene haciendo evaluaciones de la eficacia relativa de alta calidad de los productos sanitarios sobre la base de una metodología que puede servir de referencia en este Reglamento. [Enm. 34]

(20)  A fin de facilitar la participación eficaz de los Los desarrolladores de tecnologías sanitarias en las evaluaciones clínicas conjuntas, en casos apropiados, debe brindarse a dichos desarrolladores la oportunidad de participar en las pueden llevar a cabo consultas científicas conjuntas con el Grupo de Coordinación o con grupos de trabajo designados para tal fin compuestos por profesionales de los organismos evaluadores estatales o regionales a fin de obtener orientación sobre las pruebas y los datos que es posible que se requieran a efectos de la evaluación clínica necesidades clínicas de la investigación así como los diseños más adecuados de estudios para obtener las mejores pruebas posibles y eficiencia de la investigación. Dada la naturaleza preliminar de la consulta, cualquier orientación ofrecida no debe vincular ni a los desarrolladores de tecnologías sanitarias ni a las autoridades y organismos de ETS. [Enm. 35]

(20 bis)  Las consultas científicas conjuntas deben versar sobre el diseño del estudio clínico, la determinación de los mejores comparadores sobre la base de las mejores prácticas médicas en el interés de los pacientes. El proceso de consulta debe ser transparente. [Enm. 36]

(21)  Las evaluaciones clínicas conjuntas y las consultas científicas conjuntas requieren podrían requerir el intercambio de información confidencial desde el punto de vista comercial entre los desarrolladores de tecnologías sanitarias y las autoridades y organismos de ETS. Para garantizar la protección de dicha información, la información proporcionada al Grupo de Coordinación en el marco de las evaluaciones y las consultas solo debe revelarse a una tercera parte después de que se haya celebrado un acuerdo de confidencialidad. Además, es necesario que toda información sobre los resultados de las consultas científicas conjuntas hecha pública se presente de forma anónima con la redacción de cualquier información comercial sensible. [Enm. 37]

(21 bis)  Las evaluaciones clínicas conjuntas requieren de todos los datos clínicos y de las pruebas científicas disponibles públicamente aportadas por parte de los desarrolladores de tecnologías sanitarias. Los datos clínicos usados, los estudios, la metodología y los resultados clínicos utilizados deben hacerse públicos. Ofrecer el mayor nivel posible de apertura pública de los datos científicos y las evaluaciones debe permitir avanzar en la investigación biomédica, así como en la confianza en el sistema. Cuando se compartan datos sensibles desde el punto de vista comercial, debe protegerse la confidencialidad de tales datos mediante su presentación en un formato anónimo con la redacción de informes antes de su publicación, preservando el interés público. [Enm. 38]

(21 ter)  Según el Defensor del Pueblo Europeo, si la información de un documento tiene consecuencias para la salud de las personas (como la información sobre la eficacia de un medicamento), el interés público de la divulgación de dicha información debe impedir por lo general que prospere toda reclamación relativa a la sensibilidad comercial. La salud pública debe prevalecer siempre sobre los intereses comerciales. [Enm. 39]

(22)  Con objeto de garantizar la utilización eficiente de los recursos disponibles, conviene prever la «exploración de perspectivas» para permitir la identificación precoz de tecnologías sanitarias emergentes que puedan tener el mayor impacto en los pacientes, la salud pública y los sistemas sanitarios así como una orientación estratégica de la investigación. Dicha exploración debe facilitar la priorización de las tecnologías que van a seleccionarse para la evaluación clínica conjunta por el Grupo de Coordinación. [Enm. 40]

(23)  La Unión debe continuar apoyando la cooperación voluntaria sobre ETS entre los Estados miembros en ámbitos tales como el desarrollo y la aplicación de programas de vacunación, y el desarrollo de capacidades de los sistemas nacionales de ETS. Dicha cooperación voluntaria debe facilitar también las sinergias con iniciativas de la Estrategia para el Mercado Único Digital en ámbitos pertinentes de la sanidad y la asistencia sanitaria digitales y basados en datos a fin de proporcionar datos adicionales del mundo real pertinentes para la ETS. [Enm. 41]

(24)  A fin de garantizar la inclusividad y la transparencia del trabajo conjunto, el Grupo de Coordinación debe cooperar con las partes interesadas y consultarlas ampliamente. Sin embargo, para proteger la integridad Con vistas a mantener la objetividad, la transparencia y la calidad del trabajo conjunto, deben elaborarse normas para garantizar la independencia, la apertura y la imparcialidad del trabajo conjunto y asegurar que dichas consultas no den lugar a ningún conflicto de intereses. [Enm. 42]

(24 bis)  Debe garantizarse el diálogo entre el Grupo de Coordinación y las asociaciones de pacientes, las organizaciones de consumidores, las ONG del ámbito de la salud y los profesionales, en particular sobre la base de una red de las partes interesadas, con una garantía de independencia, transparencia e imparcialidad con respecto a las decisiones que se adopten. [Enm. 43]

(24 ter)  A fin de garantizar una toma de decisiones eficiente y facilitar el acceso a los medicamentos, es importante que haya una cooperación apropiada entre los responsables de la adopción de decisiones en las etapas clave de la vida útil de los medicamentos. [Enm. 44]

(25)  Con objeto de garantizar un enfoque uniforme del trabajo conjunto previsto en el presente Reglamento, deben otorgarse a , el Grupo de Coordinación, compuesto por las autoridades nacionales y/o regionales y por organismos nacionales y/o regionales encargados de la evaluación de la tecnología sanitaria, con reconocida capacidad, independencia e imparcialidad, debe elaborar la metodología para garantizar una alta calidad del trabajo en su conjunto. La Comisión debe apoyar, mediante actos de ejecución, esa metodología y la Comisión poderes de ejecución para establecer un marco de procedimiento y metodológico común para las evaluaciones clínicas, procedimientos para las evaluaciones clínicas conjuntas y procedimientos para las consultas científicas conjuntas. Cuando proceda, y en casos justificados, deben elaborarse normas distintas para los medicamentos y los productos sanitarios. Para elaborar dichas normas, la Comisión debe se deben tener en cuenta los resultados del trabajo ya realizado en las acciones conjuntas EUnetHTA y, en particular, las directrices metodológicas y los modelos de presentación de datos y las. Debe tener también en cuenta iniciativas de ETS financiadas a través del programa de investigación Horizonte 2020, así como iniciativas regionales de ETS como las iniciativas Beneluxa y la Declaración de La Valeta. Dichos poderes deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo.(14). [Enm. 45]

(25 bis)  El marco metodológico, atendiendo a la Declaración de Helsinki, debe garantizar una calidad elevada y un nivel elevado de pruebas clínicas mediante la elección de los valores de referencia más adecuados. Debe basarse en normas elevadas de calidad, en las mejores pruebas científicas disponibles, derivadas primordialmente de ensayos clínicos aleatorizados doble-ciego, metaanálisis y revisiones sistemáticas, y ha de tener en cuenta criterios clínicos clínicos útiles, pertinentes, tangibles, concretos y adaptados a la situación clínica en cuestión, con preferencia por los «end-points» (variables principales de valoración). Los documentos que deben ser proporcionados por el solicitante deben corresponder a los datos públicos más recientes. [Enm. 46]

(25 ter)  Cualquier tipo de detalles concretos en cuanto a la metodología, como, por ejemplo, en relación con las vacunas, debe justificarse y adaptarse a circunstancias muy específicas, debe tener el mismo rigor científico y someterse a las mismas normas científicas y nunca debe ir en detrimento de la calidad de las tecnologías sanitarias o de la prueba clínica. [Enm. 47]

(25 quater)  La Comisión debe proporcionar un soporte administrativo en relación con el trabajo conjunto del Grupo de Coordinación, que ha de ser el que presente, previa consulta a las partes interesadas, el informe final sobre dicho trabajo. [Enm. 48]

(26)  A fin de garantizar que el presente Reglamento sea plenamente operativo y adaptarlo a la evolución técnica y científica, debe delegarse a La Comisión el poder de debe adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea con respecto al contenido de los documentos que deben presentarse, los informes, los informes resumidos de ejecución con respecto a las normas de procedimiento para las evaluaciones clínicas conjuntas, el contenido de los documentos para las solicitudes y los informes de consultas científicas conjuntas, así como las normas para seleccionar a las partes interesadas. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016(15). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo deben recibir toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y debe concederse sistemáticamente a estos expertos acceso a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupan de la preparación de actos delegados. [Enm. 49]

(27)  A fin de garantizar que haya suficientes recursos disponibles para el trabajo conjunto y el soporte administrativo estable previsto en el presente Reglamento, la Unión debe proporcionar garantizar una financiación pública estable y permanente dentro del marco financiero plurianual para el trabajo conjunto y la cooperación voluntaria, y así como para el marco de apoyo para respaldar estas actividades. La financiación debe abarcar los costes de producción de la evaluación clínica conjunta y los informes de consulta científica conjunta. Los Estados miembros deben tener la posibilidad de enviar a la Comisión expertos en comisión de servicios para apoyar a la secretaría del Grupo de Coordinación. La Comisión Europea debe establecer un sistema de tasas para los desarrolladores de tecnologías sanitarias que soliciten tanto consultas científicas conjuntas como evaluaciones clínicas conjuntas, que se destinen a la investigación sobre necesidades médicas no cubiertas. Estas tasas no pueden utilizarse en ningún caso para financiar las actividades del trabajo conjunto en virtud del presente Reglamento. [Enm. 50]

(28)  Para facilitar el trabajo conjunto y el intercambio de información entre los Estados miembros sobre la ETS, debe preverse la creación de una plataforma de IT que contenga bases de datos apropiadas y canales seguros de comunicación, así como toda la información sobre el procedimiento, la metodología, la formación y los intereses de asesores y participantes en la red de partes interesadas, informes y resultados del trabajo conjunto, que han de ser públicos. La Comisión debe también garantizar un vínculo entre la plataforma de IT y otras infraestructuras de datos pertinentes a efectos de la ETS, tales como registros de datos del mundo real. [Enm. 51]

(28 bis)  La cooperación debe basarse en el principio de buena gobernanza, que incluye la transparencia, objetividad, independencia de la experiencia y equidad del procedimiento. La confianza es una condición previa para una cooperación exitosa, y solo se puede lograr mediante un verdadero compromiso de todos los actores y el acceso a experiencia, desarrollo de capacidades y producción de alta calidad. [Enm. 52]

(28 ter)  Dado que en la actualidad no existe una definición consensuada sobre lo que puede considerarse innovación de calidad o valor terapéutico añadido, la Unión debe adoptar definiciones de esos términos con el acuerdo o consenso de todas las partes. [Enm. 53]

(29)  Para garantizar el establecimiento y funcionamiento sin problemas de las evaluaciones conjuntas a nivel de la Unión, así como para salvaguardar su calidad, conviene prever un período transitorio que permita la ampliación progresiva del número de evaluaciones conjuntas realizadas anualmente. El número de evaluaciones que deben llevarse a cabo debe determinarse teniendo en cuenta los recursos disponibles y el número de Estados miembros participantes con vistas a alcanzar la plena capacidad al final del período transitorio. El establecimiento de dicho período transitorio debe también ofrecer a los Estados miembros la oportunidad de adaptar completamente sus sistemas nacionales al marco para el trabajo conjunto en términos de asignación de recursos, calendario y priorización de las evaluaciones.

(30)  Durante el período transitorio, la participación en las evaluaciones clínicas conjuntas y las consultas científicas conjuntas no debe ser obligatoria para los Estados miembros. Esto no debe afectar a la obligación de los Estados miembros de aplicar normas armonizadas a las evaluaciones clínicas realizadas a nivel nacional. Además, durante el período transitorio, los Estados miembros que no participen en el trabajo conjunto pueden decidir participar en cualquier momento. Con objeto de garantizar una organización estable y correcta del trabajo conjunto y el funcionamiento del mercado interior, no se permitirá que los Estados miembros que ya participan se retiren del marco para el trabajo conjunto. Las evaluaciones clínicas que hayan comenzado en los Estados miembros antes de la aplicación del presente Reglamento deben continuar, salvo que estos decidan suspenderlas. [Enm. 54]

(31)  A fin de garantizar que el marco de apoyo siga siendo tan eficiente y rentable como sea posible, Tras el período transitorio, y previamente a la obligatoriedad del sistema de ETS establecido en el presente Reglamento la Comisión debe presentar un informe sobre la implementación de las disposiciones relativas al de evaluación del impacto sobre el conjunto del procedimiento puesto en marcha. Dicha evaluación de impacto debe evaluar, entre otros criterios, los avances realizados en materia de acceso a nuevas tecnologías sanitarias por los pacientes y en el funcionamiento del mercado interior, el impacto en la calidad de la innovación y en la sostenibilidad de los sistemas sanitarios, así como la adecuación del ámbito de aplicación de las evaluaciones clínicas conjuntas y sobre el funcionamiento del marco de apoyo a más tardar dos años después del fin del período transitorio. El informe puede considerar, en particular, si es necesario trasladar este marco de apoyo a una agencia de la Unión e introducir un mecanismo de pago a través del cual los desarrolladores de tecnologías sanitarias contribuirían también a la financiación del trabajo conjunto. [Enm. 55]

(32)  La Comisión debe realizar una evaluación del presente Reglamento. Con arreglo al apartado 22 del Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 2016, dicha evaluación debe basarse en los cinco criterios de eficiencia, eficacia, pertinencia, coherencia y valor añadido de la UE, y debe estar apoyada por un programa de seguimiento.Los resultados de dicha evaluación también deben comunicarse al Parlamento Europeo y al Consejo. [Enm. 56]

(33)  La Directiva 2011/24/UE establece que la Unión debe apoyar y facilitar la cooperación y el intercambio de información científica entre los Estados miembros dentro de una red voluntaria formada por las autoridades u organismos nacionales encargados de la evaluación de las tecnologías sanitarias que designen los Estados miembros. Dado que estas cuestiones están reguladas por el presente Reglamento, la Directiva 2011/24/UE debe modificarse en consecuencia.

(34)  Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, la aproximación de las normas de los Estados miembros sobre la realización de evaluaciones clínicas a nivel nacional y la creación de un marco de evaluaciones clínicas conjuntas obligatorias de determinadas las tecnologías sanitarias a nivel de la Unión que entran en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros únicamente, sino que, debido a su dimensión y sus efectos, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo. [Enm. 57]

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 1

Objeto

1.  Teniendo en cuenta los resultados del trabajo ya realizado en las acciones conjuntas EUnetHTA, el presente Reglamento establece: [Enm. 58]

a)  un marco de apoyo y procedimientos para la cooperación sobre evaluación clínica de las tecnologías sanitarias a nivel de la Unión; [Enm. 59]

b)  normas metodologías comunes para la evaluación clínica de las tecnologías sanitarias. [Enm. 60]

2.  El presente Reglamento no afectará a los derechos y obligaciones de los Estados miembros con respecto a la organización y prestación de servicios sanitarios y atención médica y la asignación de los recursos destinados al efecto. Además, este Reglamento no interferirá en la competencia nacional exclusiva de los Estados miembros para la adopción de decisiones nacionales en materia de fijación de precios y reembolso. [Enm. 61]

Artículo 2

Definiciones

A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

a)  «medicamento»: un medicamentos de uso humano según se define en la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(16);

b)  «producto sanitario»: un producto sanitario según se define en el Reglamento (UE) 2017/745;

b bis)  «producto sanitario para diagnóstico in vitro»: un producto sanitario para diagnóstico in vitro según se define en el Reglamento (UE) 2017/746; [Enm. 62]

b ter)  «evaluación de un producto sanitario»: la evaluación de un método compuesto por más de un producto sanitario o un método formado por un producto sanitario y una cadena de cuidados específica de otros tratamientos; [Enm. 63]

c)  «tecnología sanitaria»: una tecnología sanitaria según se define en la Directiva 2011/24/UE;

d)  «evaluación de tecnología sanitaria»: un proceso multidisciplinar de evaluación comparativa, basado en ámbitos de evaluación clínica y no clínica, que compila y evalúa los datos disponibles sobre cuestiones clínicas y no clínicas relacionadas con la utilización de una tecnología sanitaria;

e)  «evaluación clínica conjunta»: una la recopilación sistemática de información científica y su evaluación comparativa y una síntesis de estos procesos, la comparación de lade los datos científicos disponibles sobre una tecnología sanitaria en comparación cuestión con otra u otras tecnologías sanitarias basada en los siguientes ámbitos clínicos o procesos existentes, que constituyan una referencia para una indicación clínica concreta, y sobre la base de las mejores pruebas científicas clínicas y de unos criterios clínicos pertinentes para el paciente, teniendo en cuenta los siguientes ámbitos clínicos de evaluación de tecnologías sanitarias: la descripción del problema sanitario abordado por la tecnología sanitaria y la utilización actual de otras tecnologías sanitarias o procesos sanitarios que abordan dicho problema sanitario, la descripción y la caracterización técnica de la tecnología sanitaria, la eficacia clínica relativa y la seguridad relativa de la tecnología sanitaria; [Enm. 64]

f)  «evaluación no clínica»: la parte de una evaluación de tecnologías sanitarias basada en los siguientes ámbitos no clínicos de evaluación de tecnologías sanitarias: el coste y la evaluación económica de una tecnología sanitaria, y los aspectos éticos, organizativos, sociales y jurídicos relacionados con su utilización;

g)  «evaluación colaborativa»: una evaluación clínica de un producto sanitario realizada a nivel de la Unión por una serie de autoridades y organismos de evaluación de las tecnologías sanitarias interesados que participan de forma voluntaria.

g bis)  «valoración»: extracción de conclusiones sobre el valor añadido de las tecnologías de que se trate como parte de los procesos de valoración nacionales que podrán tener en cuenta tanto datos y criterios clínicos como no clínicos en el marco de la asistencia nacional. [Enm. 65]

g ter)  «resultados sanitarios pertinentes para el paciente»: datos que reflejan o predicen la mortalidad, la morbilidad, la calidad de vida relacionada con la salud y los episodios adversos. [Enm. 202]

Artículo 3

Grupo de Coordinación sobre Evaluación de Tecnologías Sanitarias de los Estados miembros

1.  Se crea el Grupo de Coordinación sobre Evaluación de Tecnologías Sanitarias de los Estados miembros (el «Grupo de Coordinación»).

2.  Los Estados miembros designarán sus autoridades y organismos nacionales o regionales responsables de la evaluación de tecnologías sanitarias como miembros del Grupo de Coordinación y sus subgrupos e informarán a la Comisión de ello y de cualquier cambio posterior. Los Estados miembros podrán designar más de una autoridad u organismo responsables de la evaluación de tecnologías sanitarias nivel nacional como miembros del Grupo de Coordinación y uno o más de sus subgrupos. [Enm. 66]

3.  El Grupo de Coordinación actuará por consenso y, en caso necesario, mediante votación por mayoría simple. Habrá un voto por Estado miembro cualificada.

Los procedimientos llevados a cabo por el Grupo de Coordinación serán transparentes, y el acta y los votos de la reunión estarán documentados y serán puestos a disposición del público, incluido cualquier posible voto particular. [Enm. 203]

4.  Las reuniones del Grupo de Coordinación estarán copresididas por la Comisión, sin derecho de voto, y un copresidente elegido anualmente entre los miembros del Grupo para un período que se establecerá en su reglamento internode forma rotatoria. Estas copresidencias desempeñarán exclusivamente funciones administrativas. [Enm. 68]

5.  Los miembros del Grupo de Coordinación designarán a sus representantes en el Grupo de Coordinación, ya sean autoridades u organismos nacionales o regionales de evaluación, y los subgrupos de los que sean miembros, de forma ad hoc o permanente.e informarán a Los Estados miembros podrán revocar dichas designaciones cuando ello esté justificado por los requisitos de la designación. No obstante, habida cuenta de la carga de trabajo, la composición de los subgrupos o los conocimientos específicos exigidos, los expertos de estas autoridades u organismos evaluadores podrán ser más de uno por cada Estado miembro, sin perjuicio de que en la toma de decisiones cada Estado miembro solo tenga un voto. Las designaciones tendrán en cuenta los conocimientos técnicos necesarios para conseguir los objetivos del subgrupo. El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión de su designación y de cualquier cambio posterior.serán informados de todas las designaciones y de las posibles revocaciones de las mismas. [Enm. 69]

6.  Para garantizar un trabajo de alta calidad, los miembros del Grupo de Coordinación y sus representantes designados respetarán los principios de independenciaprocederán de agencias u organismos nacionales o regionales de evaluación de tecnologías sanitarias competentes en ese ámbito.

Los miembros del Grupo de Coordinación, y los expertos y evaluadores en general, no deberán tener intereses financieros o de otro tipo en la industria de desarrollo de las tecnologías sanitarias o en compañías de seguros que puedan afectar a su imparcialidad y confidencialidad.Se comprometerán a actuar en interés público y de manera independiente, y harán una declaración anual de intereses. Dichas declaraciones de intereses se registrarán en la plataforma de IT a la que se refiere el artículo 27 y se pondrán a disposición del público.

Los miembros del Grupo de Coordinación deberán declarar, en cada reunión, cualquier interés específico que pueda afectar a su independencia con respecto a los puntos del orden del día. Cuando surja un conflicto de intereses, el miembro del Grupo de Coordinación en cuestión se retirará de la reunión cuando se aborden los puntos pertinentes del orden del día. Las normas de procedimiento para los casos de conflicto de intereses se regularán conforme a lo estipulado en el artículo 22, apartado 1, letra a), inciso iii bis).

Para garantizar la transparencia y la publicidad de los procesos y promover la confianza en el sistema, todos los datos clínicos que se evalúen tendrán el máximo nivel de transparencia y publicidad. Cuando los datos sean confidenciales por razones comerciales, su confidencialidad estará claramente definida y justificada, y los datos confidenciales estarán bien delimitados y protegidos. [Enm. 70]

7.  La Comisión publicará una lista actualizada de los miembros designados del Grupo de Coordinación y sus subgrupos y otros expertos, junto con sus cualificaciones y ámbitos de experiencia y su declaración anual de intereses, en la plataforma de IT a la que se refiere el artículo 27.

La información mencionada en el párrafo primero será actualizada anualmente por la Comisión y siempre que se considere necesario ante posibles nuevas circunstancias. Estas actualizaciones estarán a disposición del público. [Enm. 71]

8.  El Grupo de Coordinación:

a)  adoptará normas de procedimiento para la realización de sus reuniones y las actualizará cuando sea necesario;

b)  coordinará y aprobará el trabajo de sus subgrupos;

c)  garantizará la cooperación cooperará con organismos pertinentes a nivel de la Unión para facilitar la generación de datos adicionales necesarios para su trabajo; [Enm. 72]

d)  garantizará la participación consulta apropiada de las partes interesadas y los expertos en su trabajo. Estas consultas estarán documentadas, incluidas las declaraciones de intereses públicamente disponibles de las partes interesadas consultadas, y se recogerán en el informe final de evaluación conjunta; [Enm. 73]

e)  creará subgrupos para lo siguiente:

i)  evaluaciones clínicas conjuntas;

ii)  consultas científicas conjuntas;

iii)  identificación de tecnologías sanitarias emergentes;

iv)  cooperación voluntaria;

v)  preparación de los programas de trabajo anuales e informes anuales, y actualizaciones de las normas y documentos de trabajo comunes.

9.  El Grupo de Coordinación podrá reunirse en diferentes formaciones para las siguientes categorías de tecnología sanitaria: medicamentos, productos sanitarios y otras tecnologías sanitarias.

10.  El Grupo de Coordinación podrá crear subgrupos independientes para las siguientes categorías de tecnología sanitaria: medicamentos, productos sanitarios y otras tecnologías sanitarias.

10 bis.  En cualquier caso, estarán a disposición del público el reglamento interno del Grupo de Coordinación y de sus subgrupos, los órdenes del día de sus reuniones, las decisiones adoptadas, así como el detalle de los votos y de las explicaciones de voto, incluidas las opiniones minoritarias. [Enm. 74]

Artículo 4

Programa de trabajo anual e informe anual

1.  El subgrupo designado de conformidad con el artículo 3, apartado 8, letra e), preparará un programa de trabajo anual para su aprobación por el Grupo de Coordinación el 31 de diciembre de cada año a más tardar.

2.  El programa de trabajo anual establecerá el trabajo conjunto que se realizará el año civil siguiente a su aprobación e incluirá:

a)  el número previsto de evaluaciones clínicas conjuntas y los tipos de tecnología sanitaria que se evaluarán;

b)  el número previsto de consultas científicas conjuntas;

c)  la cooperación voluntaria.

Lo dispuesto en el párrafo primero, letras a), b) y c), se determinará en función de la importancia de su impacto en los pacientes, la salud pública o los sistemas de asistencia sanitaria. [Enm. 75]

3.  En la preparación del programa de trabajo anual, el subgrupo designado:

a)  tomará en consideración el estudio anual sobre las tecnologías sanitarias emergentes mencionado en el artículo 18;

b)  tendrá en cuenta los recursos a disposición del Grupo de Coordinación para el trabajo conjunto;

c)  consultará a la Comisión y a la red de partes interesadas, en el marco de las reuniones anuales previstas en el artículo 26, sobre el proyecto de programa de trabajo anual y tendrá en cuenta su dictamen sus observaciones. [Enm. 76]

4.  El subgrupo designado preparará un informe anual para su aprobación por el Grupo de Coordinación el 28 de febrero de cada año a más tardar.

5.  El informe anual proporcionará información sobre el trabajo conjunto realizado el año civil anterior a su aprobación.

5 bis.  Tanto el informe anual como el programa de trabajo anual se publicarán en la plataforma de IT a la que se refiere el artículo 27. [Enm. 77]

Capítulo II

Trabajo conjunto sobre evaluación de tecnologías sanitarias a nivel de la Unión

Sección 1

Evaluaciones clínicas conjuntas

Artículo 5

Ámbito de aplicación de las evaluaciones clínicas conjuntas

1.  El Grupo de Coordinación realizará evaluaciones conjuntas sobre:

a)  medicamentos sujetos al procedimiento de autorización previsto en el Reglamento (CE) n.º 726/2004, incluso cuando se haya modificado la decisión de la Comisión por la que se concede una autorización de comercialización debido a un cambio en la indicación o indicaciones terapéuticas para las que se concedió la autorización inicial, con excepción de los medicamentos autorizados con arreglo a los artículos 10 y 10 bis de la Directiva 2001/83/CE;

a bis)  otros medicamentos no sujetos al procedimiento de autorización previsto en el Reglamento (CE) n.º 726/2004 cuando el desarrollador de tecnología sanitaria haya optado por el procedimiento de autorización centralizada, siempre y cuando se trate de medicamentos que supongan una innovación técnica, científica o terapéutica significativa, o cuya autorización redunde en interés de la salud pública; [Enm. 78]

b)  medicamentos clasificados en las clases IIb y III con arreglo al artículo 51 del Reglamento (UE) 2017/745 con respecto a los cuales los paneles de expertos pertinentes hayan emitido un dictamen científico en el marco del procedimiento de consulta de la evaluación clínica con arreglo al artículo 54 de dicho Reglamento y que estén considerados como una innovación importante y con un impacto potencial significativo en la salud pública o los sistemas de atención sanitaria; [Enm. 79]

c)  productos sanitarios para diagnóstico in vitro clasificados como clase D con arreglo al artículo 47 del Reglamento (UE) 2017/746 para los que los paneles de expertos pertinentes hayan presentado sus opiniones en el marco del procedimiento con arreglo al artículo 48, apartado 6, de dicho Reglamento y que estén considerados como una innovación importante y con un impacto potencial significativo en la salud pública o los sistemas de atención sanitaria. [Enm. 80]

2.  El Grupo de Coordinación seleccionará los productos sanitarios mencionados en el apartado 1, letras b) y c), para la evaluación clínica conjunta sobre la base de los siguientes criterios:

a)  necesidades médicas no satisfechas;

b)  impacto potencial en los pacientes, la salud pública o los sistemas de asistencia sanitaria;

c)  dimensión transfronteriza importante;

d)  valor añadido a escala de la Unión importante;

e)  los recursos disponibles.

e bis)  necesidad de un mayor número de pruebas clínicas; [Enm. 81]

e ter)  a solicitud del desarrollador de tecnologías sanitarias; [Enm. 82]

Artículo 6

Preparación de informes de evaluación clínica conjunta

1.  El Grupo de Coordinación iniciará las evaluaciones clínicas conjuntas de tecnologías sanitarias sobre la base de su programa de trabajo anual designando un subgrupo para supervisar la preparación del informe de evaluación clínica conjunta en nombre del Grupo de Coordinación.

El informe de evaluación clínica conjunta irá acompañado de un informe resumido que contendrá, al menos, los datos clínicos comparados, las variables principales de valoración, los comparadores, la metodología, las pruebas clínicas utilizadas y las conclusiones sobre la eficacia, seguridad y eficacia relativa y las limitaciones de la evaluación, las posturas divergentes, un resumen de las consultas realizadas y las observaciones presentadas. Ambos se elaborarán de conformidad con los requisitos del presente artículo y los requisitos establecidos con arreglo a los artículos 11, 22 y 23.establecidos por el Grupo de Coordinación, y se harán públicos, independientemente de las conclusiones del informe.

En el caso de los medicamentos a los que se refiere el artículo 5, apartado 1, letra a), el Grupo de Coordinación aprobará el informe de evaluación clínica conjunta en un plazo de 80-100 días para garantizar el cumplimiento de los plazos para la fijación de precios y el reembolso establecidos en la Directiva 89/105/CEE del Consejo(17). [Enm. 83]

2.  El subgrupo designado solicitará a los desarrolladores al desarrollador de tecnologías sanitarias pertinentes pertinente que presenten presente toda la documentación actualizada que incluya la información, los datos y las pruebas los estudios, incluidos los resultados negativos y positivos, necesarios para la evaluación clínica conjunta.Dicha documentación incluirá los datos disponibles provenientes de todos los ensayos realizados, así como de todos los estudios en los que se haya utilizado la tecnología, ambos de suma importancia para garantizar la alta calidad de las evaluaciones.

Para los medicamentos a los que se refiere el artículo 5, apartado 1, letra a), la metodología incluirá como mínimo:

a)  el expediente de presentación;

b)  una indicación del estado de la autorización de comercialización;

c)  el informe público europeo de evaluación (EPAR), si se dispone del mismo, incluido el resumen de las características del producto. La Agencia Europea de Medicamentos facilitará al Grupo de Coordinación los informes de evaluaciones científicas aprobados pertinentes;

d)  cuando proceda, los resultados de estudios adicionales solicitados por el Grupo de Coordinación y disponibles para el desarrollador de tecnologías sanitarias;

e)  cuando proceda, y si está disponible para el desarrollador de tecnologías sanitarias, los informes de ETS sobre la tecnología sanitaria de que se trate que ya estén disponibles;

f)  la información sobre los estudios y los registros de estudios disponibles para el desarrollador de tecnologías sanitarias.

Los desarrolladores de tecnologías sanitarias tendrán la obligación de presentar todos los datos solicitados.

Los asesores también podrán acceder a las bases de datos y las fuentes de información clínica públicas, como registros de pacientes, bases de datos o redes europeas de referencia, cuando dicho acceso se considere necesario para complementar la información aportada por el desarrollador y para efectuar una evaluación clínica más precisa de la tecnología sanitaria. La reproducibilidad de la evaluación implica que esta información sea pública.

La relación entre los evaluadores y los desarrolladores de tecnología sanitaria será independiente e imparcial. Los desarrolladores de tecnologías sanitarias podrán ser consultados pero no participarán activamente en el proceso de evaluación. [Enm. 84]

2 bis.  El Grupo de Coordinación podrá considerar justificadamente, en el caso de los medicamentos huérfanos, que no existe razón importante o prueba adicional que respalde un análisis clínico adicional más allá de la evaluación del beneficio considerable ya realizada por la Agencia Europea de Medicamentos. [Enm. 85]

3.  El subgrupo designado nombrará, entre sus miembros, un asesor y un coasesor para realizar la evaluación clínica conjunta. El asesor y un coasesor serán diferentes de los designados previamente de conformidad con el artículo 13, apartado 3, salvo en situaciones excepcionales y justificadas en las que no se disponga de los conocimientos técnicos necesarios, y sujeto a la aprobación del Grupo de Coordinación. Los nombramientos tendrán en cuenta los conocimientos científicos necesarios para la evaluación. [Enm. 86]

4.  El asesor, con la ayuda del coasesor, elaborará el proyecto de informe de evaluación clínica conjunta y el informe resumido.

5.  Las conclusiones del informe de evaluación clínica conjunta se limitarán a lo siguiente incluirán: [Enm. 87]

a)  un análisis de los efectos relativos la efectividad y la seguridad relativas de la tecnología sanitaria que se está evaluando en los resultados sanitarios lo que se refiere a las variables principales de valoración pertinentes para el paciente la entidad clínica y el grupo de pacientes elegidos para la evaluación, incluidas la mortalidad, la morbilidad y la calidad de vida, y en comparación con una o varias terapias comparativas que deberá establecer el Grupo de Coordinación; [Enm. 88]

b)  el grado de certidumbre sobre los efectos relativos basado en las mejores pruebas clínicas disponibles y en comparación con las mejores terapias estándar. La evaluación se basará en las variables principales de valoración clínica fijadas de conformidad con los estándares internacionales de la medicina basada en pruebas, en especial en lo que respecta a la mejora del estado de salud, la reducción de la duración de la enfermedad, la prolongación de la supervivencia, la disminución de efectos secundarios o la mejora de la calidad de vida. Se hará asimismo referencia a las diferencias específicas de los subgrupos. [Enm. 89]

Las conclusiones no incluirán una valoración.

El asesor y el coasesor garantizarán que la selección de los grupos de pacientes pertinentes sea representativa para los Estados miembros participantes, con el fin de que puedan tomar las decisiones adecuadas sobre la financiación de estas tecnologías a partir de los presupuestos sanitarios nacionales. [Enm. 90]

6.  Cuando, en cualquier fase de la preparación del proyecto de informe de evaluación clínica conjunta, el asesor considere que para completar el informe es preciso obtener datos probatorios adicionales del desarrollador de tecnologías sanitarias que presenta la documentación, podrá solicitar al subgrupo designado que suspenda el plazo establecido para elaborar el informe y que solicite datos probatorios adicionales a dicho desarrollador. Previa consulta al desarrollador sobre el tiempo necesario para preparar los datos probatorios adicionales necesarios, la solicitud del asesor especificará el número de días laborables durante los que se suspenderá la preparación del informe. Si, en el curso del proceso, dispone de nuevos datos clínicos, el desarrollador de tecnologías sanitarias de que se trate comunicará también de forma proactiva esa nueva información al asesor. [Enm. 91]

7.  Los miembros del subgrupo designado o el Grupo de Coordinación presentarán, en un periodo mínimo de 30 días laborables, sus observaciones durante la preparación del proyecto de informe de evaluación clínica conjunta y el informe resumido. La Comisión podrá también presentar observaciones. [Enm. 92]

8.  El asesor proporcionará el proyecto de informe de evaluación clínica conjunta y el informe resumido al desarrollador de tecnologías sanitarias que presenta la documentación y fijará un plazo para que el desarrollador presente observaciones. [Enm. 93]

9.  El subgrupo designado garantizará que se ofrezca a las partes interesadas, incluidos los pacientes Los pacientes, las organizaciones de consumidores, los profesionales de la salud, las ONG y otros desarrolladores de tecnologías sanitarias y los expertos clínicos, la oportunidad de podrán presentar observaciones durante la preparación del proyecto de informe de evaluación clínica conjunta y el informe resumido y fijara en un plazo para que presenten observaciones fijado por el subgrupo designado.

La Comisión publicará las declaraciones de intereses de todas las partes interesadas consultadas en la plataforma de IT a la que se refiere el artículo 27. [Enm. 94]

10.  Tras la recepción y la consideración de las observaciones presentadas de conformidad con los apartados 7, 8 y 9, el asesor, con la ayuda del coasesor, finalizará el proyecto de informe de evaluación clínica conjunta e informe resumido, y los presentará al subgrupo designado y a la Comisión para que formulen Grupo de Coordinación para que formule observaciones. La Comisión publicará todas las observaciones, a las que se responderá debidamente, en la plataforma de IT a la que se refiere el artículo 27. [Enm. 95]

11.  El asesor, con ayuda del coasesor, tendrá en cuenta las observaciones del subgrupo designado y la Comisión, Grupo de Coordinación y presentará un proyecto final de informe de evaluación clínica conjunta y el informe resumido al Grupo de Coordinación para aprobación final. [Enm. 96]

12.  El Grupo de Coordinación aprobará el informe de evaluación clínica conjunta y el informe resumido finales, si es posible por consenso o, si es necesario, por mayoría simple cualificada de Estados miembros.

Las posiciones divergentes y las razones en las que se basen se registrarán en el informe final.

El informe final incluirá un análisis de sensibilidad en caso de que exista uno o más de los siguientes elementos:

a)  diferentes opiniones sobre los estudios que han de excluirse por su importante parcialidad;

b)  posiciones divergentes sobre si se deben excluir los estudios que no reflejan el desarrollo tecnológico actual; o

c)  controversias en torno a la definición de los límites de la falta de pertinencia en relación con las variables principales de valoración pertinentes para el paciente.

La elección de uno o más comparadores y de las variables principales de valoración pertinentes para el paciente se justificará y documentará desde el punto de vista médico en el informe final.

El informe final recogerá también los resultados de la consulta científica conjunta realizada de acuerdo con el artículo 12. Los informes de consulta científica se harán públicos una vez concluidas las evaluaciones clínicas conjuntas. [Enm. 206]

13.  El asesor velará por que se suprima del dicho informe de evaluación clínica conjunta y el informe resumido aprobados toda información comercialmente sensiblecontengan la información clínica objeto de la evaluación, la metodología y los estudios utilizados. El asesor consultará al desarrollador sobre el informe antes de su publicación. El desarrollador dispondrá de diez días laborables para comunicar al asesor toda la información que considere confidencial y para justificar el carácter comercial sensible de la misma. En última instancia, el asesor y el coasesor decidirán si la solicitud de confidencialidad del desarrollador está justificada. [Enm. 98].

14.  El Grupo de Coordinación presentará el informe de evaluación clínica conjunta y el informe resumido aprobados al desarrollador de tecnologías sanitarias que presenta la documentación y a la Comisión, que incluirá ambos informes en la plataforma de IT. [Enm. 99].

14 bis.  A la recepción del informe de evaluación clínica conjunta aprobado y del informe resumido, el desarrollador de la tecnología sanitaria en cuestión podrá notificar sus objeciones por escrito al Grupo de Coordinación y a la Comisión en un plazo de siete días laborables. En este caso, el desarrollador expondrá sus objeciones de manera pormenorizada. El Grupo de Coordinación examinará las objeciones en un plazo de siete días laborables y revisará el informe, si procede.

El Grupo de Coordinación aprobará y presentará el informe de evaluación clínica conjunta final, el informe resumido y un documento explicativo en el que se indique la manera cómo se han abordado las objeciones del desarrollador de tecnologías sanitarias que presenta la documentación y la Comisión. [Enm. 100]

14 ter.  El informe de evaluación clínica conjunta y el informe resumido estarán listos en un plazo superior a los 80 días e inferior a los 100 días, salvo en casos justificados en los que, por la importancia de la necesidad clínica, haya que acelerar o retrasar el proceso. [Enm. 101]

14 quater.  Cuando el desarrollador de tecnologías sanitarias que presenta la documentación retire, de forma motivada, la solicitud de evaluación de comercialización, o cuando la Agencia Europea de Medicamentos ponga fin a una evaluación, se informará al Grupo de Coordinación al respecto para que ponga fin al procedimiento de evaluación clínica conjunta. La Comisión publicará las razones de la retirada de la solicitud o la finalización de la evaluación en la plataforma de IT a la que se refiere el artículo 27. [Enm. 102]

Artículo 7

Lista de tecnologías sanitarias evaluadas

1.  Cuando la Comisión considere que el informe de evaluación clínica conjunta y el informe resumido aprobados cumplen los requisitos de fondo y de procedimiento establecidos en el presente Reglamento, incluirá el nombre de la tecnología sanitaria que ha sido objeto del informe y el informe resumido aprobados aprobado, independientemente de si ha sido adoptado o no, en una lista de tecnologías que han sido objeto de evaluación clínica conjunta (la «Lista de tecnologías sanitarias evaluadas» o la «Lista») a más tardar treinta días después de la recepción del informe y el informe resumido aprobados del Grupo de Coordinación. [Enm. 103]

2.  Cuando, en el plazo de treinta días a partir de la recepción del informe de evaluación clínica conjunta y el informe resumido aprobados, la Comisión concluya que estos informes no cumplen los requisitos de fondo jurídicos y de procedimiento establecidos en el presente Reglamento, informará al Grupo de Coordinación de las razones que han motivado sus conclusiones y le solicitaráque revise el informe y el informe resumido , de forma razonada, que se revise la evaluación. [Enm. 104]

3.  El subgrupo designado considerará las conclusiones mencionadas en el apartado 2 e invitará al desarrollador de tecnologías sanitarias a presentar sus observaciones en un plazo determinado. El subgrupo designado revisará el informe de evaluación clínica conjunta y el informe resumido teniendo en cuenta las observaciones presentadas por el desarrollador de tecnologías sanitarias. El asesor, con ayuda del coasesor, modificará el informe de evaluación clínica conjunta y el informe resumido en consecuencia y los presentará al Grupo de Coordinación. Se aplicará el artículo 6, apartados 12 a 14. la Comisión, desde el punto de vista del procedimiento, antes de que se emita un dictamen definitivo. [Enm. 105]

4.  Tras la presentación del informe de evaluación clínica conjunta y el informe resumido modificados aprobados y cuando la Comisión considere que estos informes cumplen los requisitos de fondo y de procedimiento establecidos en el presente Reglamento, incluirá el nombre de la tecnología sanitaria que ha sido objeto del informe y el informe resumido en la Lista de tecnologías sanitarias evaluadas. [Enm. 106]

5.  Si la Comisión concluye que el informe de evaluación clínica conjunta y el informe resumido aprobados no cumplen los requisitos de fondo y de procedimiento establecidos en el presente Reglamento, rehusará la inclusión del nombre de la tecnología sanitaria la tecnología sanitaria objeto de la evaluación será incluida en la Lista, junto con el informe resumido de la evaluación y las observaciones formuladas por la Comisión, y todo ello se publicará en la plataforma de IT a la que se refiere el artículo 27. La Comisión informará de ello al Grupo de Coordinación, exponiendo las razones de la no inclusión del informe negativo. Las obligaciones establecidas en el artículo 8 no se aplicarán con respecto a la tecnología sanitaria en cuestión. El Grupo de Coordinación informará al desarrollador de tecnologías sanitarias que presenta la documentación en consecuencia e incluirá información resumida sobre dichos informes en su informe anual. [Enm. 107]

6.  Con respecto a las tecnologías sanitarias incluidas en la Lista de tecnologías sanitarias evaluadas, la Comisión publicará, en la plataforma de IT a la que se refiere el artículo 27, el informe de evaluación clínica conjunta y el informe resumido aprobados en la plataforma de TI a la que se refiere el artículo 27 , junto con las observaciones de las partes interesadas y los informes provisionales, y los pondrá a disposición del desarrollador de tecnologías sanitarias que presenta la documentación a más tardar diez días laborables después de su inclusión en la Lista. [Enm. 108]

Artículo 8

Utilización de los informes de evaluación clínica conjunta a nivel de los Estados miembros

1.  Para las tecnologías sanitarias incluidas en la Lista de Tecnologías Sanitarias Evaluadas o para las que se ha iniciado una evaluación clínica conjunta, los Estados miembros: [Enm. 109]

a)  no realizarán una utilizarán los informes de evaluación clínica o un proceso de evaluación equivalente sobre una tecnología sanitaria incluida en la Lista conjunta en sus evaluaciones de tecnologías sanitarias evaluadas o para la que se ha iniciado una evaluación clínica conjuntaa nivel de Estado miembro; [Enm. 110]

b)  aplicarán los informes de no duplicarán la evaluación clínica conjunta en sus evaluaciones de tecnologías sanitarias a nivel de Estado miembro. [Enm. 111]

1 bis.  El requisito establecido en el apartado 1, letra b), no impedirá que los Estados miembros o las regiones realicen sus evaluaciones sobre el valor clínico añadido de las tecnologías en cuestión como parte de los procesos de valoración nacionales o regionales que pueden examinar datos y pruebas clínicos y no clínicos adicionales que sean específicos del Estado miembro afectado que no se incluyeran en la evaluación clínica conjunta, y que son necesarios para completar la evaluación de la tecnología sanitaria o el precio global y el proceso de reembolso.

Dichas evaluaciones complementarias podrán confrontar la tecnología en cuestión con un comparador representativo de la mejor norma de asistencia basada en pruebas existente en el Estado miembro correspondiente que, independientemente de la solicitud del Estado miembro durante la fase de especificación, no se incluyera en la evaluación clínica conjunta. Podrán evaluar asimismo la tecnología en un marco de asistencia específico del Estado miembro correspondiente, basado en su práctica clínica, o la configuración escogida para el reembolso.

Cualquier medida de este tipo estará justificada y será necesaria y proporcionada para el logro de este objetivo, no duplicará trabajo realizado a escala de la Unión ni demorará indebidamente el acceso del paciente a esas tecnologías.

Los Estados miembros notificarán a la Comisión y al Grupo de Coordinación su intención de complementar la evaluación clínica conjunta junto con una justificación de su realización. [Enm. 112]

2.  Los Estados miembros notificarán presentarán a la Comisión el resultado de una evaluación de tecnologías sanitarias relativa en una tecnología sanitaria que haya sido sometida a una a través de la plataforma de TI a que se refiere el artículo 27, información sobre cómo se tuvo en cuenta el informe de evaluación clínica conjunta en el plazo de treinta días después la evaluación de tecnología sanitaria a nivel su finalización. Dicha notificación estará acompañada de información sobre cómo se han aplicado las conclusiones del informe de evaluación clínica conjunta en la evaluación global de la tecnología sanitariade Estado miembro, así como otros datos clínicos y pruebas adicionales que se hayan tenido en cuenta, de manera que la Comisión facilitará pueda facilitar el intercambio de esta información entre los Estados miembros a través de la plataforma de TI a la que se refiere el artículo 27. [Enm. 113]

Artículo 9

Actualizaciones de las evaluaciones clínicas conjuntas

1.  El Grupo de Coordinación realizará actualizaciones de las evaluaciones conjuntas cuando:

a)  la decisión de la Comisión de conceder la autorización de comercialización de un medicamento mencionado en el artículo 5, apartado 1, letra a), estaba supeditada al cumplimiento de requisitos adicionales posteriores a la autorización;

b)  el informe inicial de evaluación clínica conjunta especificaba la necesidad de realizar una actualización una vez que estén disponibles datos probatorios adicionales para una evaluación suplementariaen el plazo fijado en ese informe. [Enm. 114]

b bis)  lo solicite algún Estado miembro o un desarrollador de tecnologías sanitarias que considere que hay una nueva prueba clínica; [Enm. 115]

b ter)  hayan transcurrido cinco años desde la evaluación, existan nuevas pruebas clínicas relevantes, o con anterioridad, cuando surjan nuevas pruebas o datos clínicos. [Enm. 116]

1 bis.  Para los casos contemplados en las letras a), b), b bis) y b ter) del párrafo primero, el desarrollador de tecnologías debe presentar la información adicional. En caso de que no fuera así, la evaluación conjunta anterior quedaría fuera del ámbito del artículo 8.

Se seguirá manteniendo la base de datos “EVIDENT ” para recopilar pruebas clínicas conforme aparezcan a partir del uso de la tecnología sanitaria en la vida real, así como para el seguimiento de los resultados en términos de salud. [Enm. 117]

2.  El Grupo de Coordinación podrá efectuar actualizaciones de evaluaciones clínicas conjuntas cuando uno o varios de sus miembros lo soliciten.

Las actualizaciones de evaluaciones clínicas conjuntas se solicitarán cuando se haya publicado nueva información que no estuviera disponible en el momento de elaborarse el informe conjunto inicial. Cuando se solicite una actualización del informe de evaluación clínica conjunta, el miembro que lo haya propuesto podrá actualizar dicho informe y proponer la aprobación de los otros Estados miembros mediante el reconocimiento mutuo. Cuando se actualice el informe de evaluación clínica conjunta, el Estado miembro aplicará los métodos y las normas establecidos por el Grupo de Coordinación.

Cuando un Estado miembro no esté de acuerdo con una actualización, se remitirá el caso al Grupo de Coordinación. El Grupo de Coordinación decidirá si se lleva a cabo una actualización basada en la nueva información.

Cuando se apruebe una actualización por reconocimiento mutuo o tras una decisión del Grupo de Coordinación, el informe de evaluación clínica conjunta se considerará actualizado. [Enm. 118]

3.  Las actualizaciones se llevarán a cabo de conformidad con las normas de procedimiento establecidas con arreglo al artículo 11, apartado 1, letra d).

Artículo 10

Disposiciones transitorias para las evaluaciones clínicas conjuntas

Durante el período transitorio mencionado en el artículo 33, apartado 1:

a)  el Grupo de Coordinación:

i)  basará el número anual de evaluaciones cínicas conjuntas previstas en el número de Estados miembros que participan y los recursos de los que dispone;

ii)  seleccionará los medicamentos mencionados en el artículo 5, apartado 1, letra a) para evaluación clínica conjunta sobre la base de los criterios de selección mencionados en el artículo 5, apartado 2.

b)  los miembros del Grupo de Coordinación de los Estados miembros que no participen en evaluaciones clínicas conjuntas:

i)  no serán nombrados asesores o coasesores;

ii)  no presentarán observaciones sobre los proyectos de informes de evaluación clínica conjunta y los informes resumidos;

iii)  no participarán en el proceso de aprobación de los informes finales de evaluación clínica conjunta y los informes resumidos;

iv)  no participarán en la elaboración y el proceso de aprobación de las partes de los programas de trabajo anuales sobre las evaluaciones clínicas conjuntas;

v)  no estarán sujetos a las obligaciones establecidas en el artículo 8 con respecto a las tecnologías sanitarias que hayan sido sometidas a evaluación clínica conjunta.

Artículo 11

Adopción de normas de procedimiento detalladas para las evaluaciones clínicas conjuntas

1.  La Comisión, de conformidad con el presente Reglamento, elaborará, mediante actos de ejecución, normas de procedimiento para: [Enm. 119]

a)  la presentación de información, datos y pruebas por parte de los desarrolladores de tecnologías sanitarias; [Enm. 120]

b)  el nombramiento de asesores y coasesores;

c)  determinar las fases detalladas del procedimiento y su calendario, así como la duración global de las evaluaciones clínicas conjuntas; [Enm. 121]

d)  las actualizaciones de las evaluaciones clínicas conjuntas;

e)  la cooperación con la Agencia Europea de Medicamentos en la elaboración y la actualización de las evaluaciones clínicas conjuntas sobre medicamentos;

f)  la cooperación con los organismos y paneles de expertos notificados en la elaboración y la actualización de las evaluaciones clínicas conjuntas sobre productos sanitarios. [Enm. 122]

2.  Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 30, apartado 2.

Sección 2

Consultas científicas conjuntas

Artículo 12

Solicitudes de consultas científicas conjuntas

1.  Los desarrolladores de tecnologías sanitarias podrán solicitar una consulta científica conjunta con el Grupo de Coordinación para obtener asesoramiento científico en relación con los datos y pruebas que es probable que se soliciten como parte de una evaluación clínica conjunta aspectos clínicos para el diseño óptimo de los estudios científicos y de la investigación para obtener la mejor prueba científica, mejorar la predictibilidad, aunar las prioridades de investigación y aumentar la calidad y eficiencia de esta, a fin de obtener las mejores pruebas. [Enm. 123]

Los desarrolladores de tecnologías sanitarias encargados del desarrollo de medicamentos podrán solicitar que la consulta científica conjunta tenga lugar de manera paralela al proceso de recepción de asesoramiento científico de la Agencia Europea de Medicamentos con arreglo al artículo 57, apartado 1, letra n), del Reglamento (CE) n.º 726/2004. En tal caso, realizarán dicha solicitud en el momento de la presentación de una solicitud de asesoramiento científico a la Agencia europea de Medicamentos.

2.  Al considerar la solicitud de consulta científica conjunta, el Grupo de Coordinación tendrá en cuenta los siguientes criterios:

a)  la probabilidad de que la tecnología sanitaria en fase de desarrollo sea objeto de una evaluación clínica conjunta de conformidad con el artículo 5, apartado 1;

b)  las necesidades médicas no satisfechas;

c)  el impacto potencial en los pacientes, la salud pública o los sistemas de asistencia sanitaria;

d)  una dimensión transfronteriza importante;

e)  un valor añadido a escala de la Unión importante;

f)  los recursos disponibles.

f bis)  las prioridades de la investigación clínica de la Unión. [Enm. 124]

3.  En el plazo de quince días después de la recepción de la solicitud, el Grupo de Coordinación informará al desarrollador de tecnologías sanitarias solicitante de si emprenderá o no la consulta científica conjunta. Cuando el Grupo de Coordinación deniegue la solicitud, informará de ello al desarrollador de tecnologías sanitarias y explicará las razones, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el apartado 2.

Las consultas científicas conjuntas no condicionarán la objetividad e independencia de la evaluación tecnológica conjunta, ni sus resultados o conclusiones. El asesor y coasesor nombrados para llevarla a cabo con arreglo al artículo 13, apartado 3, no coincidirán con el asesor y coasesor nombrados según el artículo 6, apartado 3, para la evaluación tecnológica conjunta.

El objeto y un resumen del contenido de las consultas serán publicados en la plataforma TI a la que se refiere el artículo 27. [Enm. 125]

Artículo 13

Preparación de informes Procedimiento de consulta científica conjunta [Enm. 126]

1.  Tras aceptar una solicitud de consulta científica conjunta de conformidad con el artículo 12 y sobre la base de su programa anual de trabajo, el Grupo de Coordinación designará un subgrupo para supervisar la preparación del informe de consulta científica conjunta en nombre del Grupo de Coordinación.

El informe de consulta científica conjunta se preparará de conformidad con los requisitos del presente artículo y conforme a las normas de al procedimiento y la documentación establecidas con arreglo a los artículos 16 y 17. [Enm. 127]

2.  El subgrupo designado solicitará al desarrollador de tecnologías sanitarias que presente la documentación disponible y actualizada que incluya todas las fases de tratamiento de la información, los datos y las pruebas los estudios necesarios para la consulta científica conjunta, como los datos disponibles de todos los ensayos realizados y de todos los estudios en los que se utilizase la tecnología. Podrá desarrollarse una vía de evaluación clínica adaptada para los medicamentos huérfanos, debido al limitado número de pacientes inscritos en ensayos clínicos o a la ausencia de un comparador. Toda esa información será puesta a disposición del público a la conclusión de las evaluaciones clínicas conjuntas.

Un subgrupo designado y el desarrollador de tecnologías sanitarias de que se trate celebrarán una reunión conjunta sobre la base de la documentación descrita en el párrafo 1. [Enm. 128]

3.  El subgrupo designado nombrará, entre sus miembros, un asesor y un coasesor con responsabilidad para realizar la consulta científica conjunta, quienes no coincidirán con el asesor y el coasesor nombrados con arreglo al artículo 6, apartado 3. Los nombramientos tendrán en cuenta los conocimientos científicos necesarios para la evaluación. [Enm. 129]

4.  El asesor, con la ayuda del coasesor, elaborará el proyecto de informe de consulta científica conjunta.

5.  Cuando, en cualquier fase de la preparación del proyecto de informe de consulta científica conjunta, el asesor considere que para completar el informe es preciso obtener datos probatorios adicionales del desarrollador de tecnologías sanitarias, podrá solicitar al subgrupo designado que suspenda el plazo para elaborar el informe y que solicite datos probatorios adicionales a dicho desarrollador. Previa consulta al desarrollador de tecnologías sanitarias sobre el tiempo necesario para preparar los datos probatorios adicionales necesarios, la solicitud del asesor especificará el número de días laborables durante los que se suspenderá la preparación del informe.

6.  Los miembros del subgrupo designado presentarán sus observaciones durante la preparación del proyecto de informe de consulta científica conjunta.

7.  El asesor proporcionará el proyecto de informe de consulta científica conjunta al desarrollador de tecnologías sanitarias para que presenta la documentación este formule observaciones y fijará un plazo para que el desarrollador pueda presentar observacionespresentarlas. [Enm. 130]

8.  El subgrupo designado garantizará que se ofrezca a las partes interesadas, incluidos los pacientes desarrollador de tecnologías sanitarias, los pacientes, los profesionales sanitarios y los expertos clínicos, la oportunidad de podrán presentar observaciones durante la preparación del proyecto de informe de consulta científica conjunta y fijará un plazo para que presenten observaciones. [Enm. 131]

9.  Tras la recepción y la consideración de toda la información y las observaciones presentadas de conformidad con los apartados 2, 6, 7 y 8, el asesor, con la ayuda del coasesor, finalizará el proyecto de informe de consulta científica conjunta y lo presentará al subgrupo designado para que formule observaciones. Todas las observaciones, que serán públicas y recibirán respuesta cuando proceda, serán publicadas en la plataforma TI del artículo 27, tras la finalización de la evaluación clínica conjunta. Las observaciones publicadas incluirán las observaciones de las partes interesadas y toda diferencia de opinión expresada por los miembros del subgrupo durante el procedimiento. [Enm. 132].

10.  Cuando la consulta científica conjunta se realice de manera paralela al asesoramiento científico emitido por la Agencia Europea de Medicamentos, el asesor intentará la coordinación con la Agencia con respecto a la coherencia de las conclusiones del informe de consulta científica conjunta con las conclusiones del asesoramiento científico coordinar los plazos. [Enm. 133]

11.  El asesor, con ayuda del coasesor, tendrá en cuenta las observaciones de los miembros del subgrupo designado y presentará el proyecto final de informe de consulta científica conjunta al Grupo de Coordinación.

12.  El Grupo de Coordinación aprobará el informe de consulta científica conjunta final, si es posible por consenso o, si es necesario, por mayoría simple cualificada de Estados miembros, a más tardar cien días después del inicio de la preparación del informe mencionado en el apartado 4. [Enm. 207]

Artículo 14

Informes de consulta científica conjunta

1.  El Grupo de Coordinación comunicará el informe de consulta científica conjunta aprobado al desarrollador de tecnologías sanitarias solicitantes al menos diez días laborables después de su aprobación.

2.  El Grupo de Coordinación incluirá información resumida anonimizada sobre la consultas científicas conjuntas en sus informes anuales y la plataforma de TI a la que se refiere el artículo 27.Esa información recogerá el objeto de las consultas y las observaciones.

Los informes de consulta científica se harán públicos una vez concluidas las evaluaciones clínicas conjuntas. [Enm. 135]

3.  Los Estados miembros no realizarán una consulta científica o una consulta equivalente sobre una tecnología sanitariacontemplada en el artículo 5 para la que no se haya iniciado una consulta científica conjunta y cuando el contenido de la solicitud sea el mismo que el contemplado , salvo que no se tuvieran en cuenta datos clínicos y pruebas adicionales, y dichos datos y pruebas se consideren necesarios. Estas consultas científicas nacionales se enviarán a la Comisión para su publicación en la consulta científica conjunta plataforma TI a que se refiere el artículo 27. [Enm. 136]

Artículo 15

Disposiciones transitorias para las consultas científicas conjuntas

Durante el período transitorio mencionado en el artículo 33, apartado 1:

a)  el Grupo de Coordinación basará el número anual de consultas científicas conjuntas previstas en el número de Estados miembros que participan y los recursos de los que dispone;

b)  los miembros del Grupo de Coordinación de los Estados miembros que no participen en consultas científicas conjuntas:

i)  no serán nombrados asesores o coasesores;

ii)  no formularán observaciones sobre los informes de consulta científica conjunta;

iii)  no participarán en el proceso de aprobación de los informes finales de consulta científica conjunta;

iv)  no participarán en la elaboración y el proceso de aprobación de las partes de los programas de trabajo anuales sobre las consultas científicas conjuntas.

Artículo 16

Adopción de normas de procedimiento detalladas para las consultas científicas conjuntas

1.  La Comisión elaborará, mediante actos de ejecución, normas de procedimiento para:

a)  la presentación de solicitudes de desarrolladores de tecnologías sanitarias y su participación en la elaboración de informes de consulta científica conjunta; [Enm. 137]

b)  el nombramiento de asesores y coasesores;

c)  determinar las fases detalladas del procedimiento y su calendario;

d)  la consulta formulación de observaciones por parte de pacientes, profesionales sanitarios, asociaciones de pacientes, interlocutores sociales, organizaciones no gubernamentales, expertos clínicos y otras partes interesadas pertinentes; [Enm. 138]

e)  la cooperación con la Agencia Europea de Medicamentos sobre consultas científicas conjuntas relativas a medicamentos cuando un desarrollador de tecnologías sanitarias solicite que la consulta se lleve a cabo de manera paralela al proceso de asesoramiento de la Agencia;

f)  la cooperación con paneles de expertos mencionada en el artículo 106, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/745 sobre las consultas científicas conjuntas relativas a productos sanitarios.

2.  Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 30, apartado 2.

Artículo 17

Documentación y normas para seleccionar partes interesadas para las consultas científicas conjuntas.

La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de ejecución de conformidad con el artículo 31 los artículos 30 y 32 en relación con: [Enm. 139]

a)  el contenido procedimiento de: [Enm. 140]

i)  las solicitudes de consultas científicas conjuntas de los desarrolladores de tecnologías sanitarias;

ii)  los expedientes de información, datos y pruebas que deben presentar los desarrolladores para las consultas científicas conjuntas;

iii)  los informes de consulta científica conjunta.

iii bis)  la participación de las partes interesadas a los efectos de la presente sección, incluidas las normas sobre conflictos de intereses. Las declaraciones de intereses de todas las partes interesadas y expertos consultados se pondrán a disposición del público. Las partes interesadas y los expertos con un conflicto de intereses no podrán participar en el proceso. [Enm. 141]

b)  las normas para determinar las partes interesadas a las que debe consultarse a los efectos de la presente sección. [Enm. 142]

Sección 3

Tecnologías sanitarias emergentes

Artículo 18

Identificación de tecnologías sanitarias emergentes

1.  El Grupo de Coordinación elaborará cada año un estudio sobre las tecnologías sanitarias emergentes que se espera que tengan un impacto importante en los pacientes, la salud pública o los sistemas de asistencia sanitaria.

2.  En la preparación del estudio, el Grupo de Coordinación consultará a:

a)  los desarrolladores de tecnologías sanitarias;

b)  las organizaciones de pacientes y de consumidores y los profesionales sanitarios en su reunión anual; [Enm. 143]

c)  los expertos clínicos;

d)  la Agencia Europea de Medicamentos, incluso sobre la notificación previa de medicamentos antes de las solicitudes de autorización de comercialización;

e)  el Grupo de Coordinación de Productos Sanitarios creado en el artículo 103 del Reglamento 2017/745.

2 bis.  Al preparar el estudio, el Grupo de Coordinación se asegurará de que la información comercialmente confidencial proporcionada por el desarrollador de tecnologías sanitarias goce de la protección adecuada. A tal fin, el Grupo de Coordinación ofrecerá al desarrollador de tecnologías sanitarias una oportunidad para que presente observaciones con respecto a los contenidos del estudio y tomará debidamente en consideración dichas observaciones. [Enm. 144]

3.  Las conclusiones del estudio se resumirán en el informe anual del Grupo de Coordinación y se tendrán en cuenta en la elaboración de sus programas de trabajo anuales.

Sección 4

Cooperación voluntaria en la evaluación de las tecnologías sanitarias

Artículo 19

Cooperación voluntaria

1.  La Comisión apoyará toda cooperación e intercambio de información científica adicional entre los Estados miembros sobre las siguientes cuestiones: [Enm. 145]

a)  las evaluaciones no clínicas sobre tecnologías sanitarias;

b)  las evaluaciones colaborativas sobre productos sanitarios;

c)  las evaluaciones de tecnologías sanitarias relativas a tecnologías sanitarias distintas de los medicamentos y los productos sanitarios;

d)  el suministro de datos adicionales necesarios para apoyar las evaluaciones de tecnologías sanitarias.

d bis)  las evaluaciones clínicas de medicamentos y productos sanitarios efectuadas por los Estados miembros; [Enm. 146]

d ter)  las medidas relacionadas con el uso compasivo en la práctica clínica, para mejorar su base objetiva y elaborar un registro a tal fin; [Enm. 147]

d quater)  la elaboración de guías de mejores prácticas médicas basadas en las pruebas científicas; [Enm. 148]

d quinquies)  la desinversión en tecnologías obsoletas; [Enm. 149]

d sexies)  el endurecimiento de las normas sobre generación de datos clínicos y su seguimiento. [Enm. 150]

2.  Se utilizará el Grupo de Coordinación para facilitar la cooperación mencionada en el apartado 1.

3.  La cooperación mencionada en el apartado 1, letras b), c), d ter) y d sexies) podrá llevarse a cabo utilizando las normas de procedimiento establecidas de conformidad con el artículo 11 y las normas comunes establecidas de conformidad con los artículos 22 y 23. [Enm. 151]

4.  La cooperación mencionada en el apartado 1 se incluirá en los programas de trabajo anuales del Grupo de Coordinación y los resultados de la cooperación se incluirán en sus informes anuales y en la plataforma de TI a la que se refiere el artículo 27.

Capítulo III

Normas para las evaluaciones clínicas

Artículo 20

Normas armonizadas para las evaluaciones clínicas

1.   Las normas de procedimiento y la metodología comunes establecidas de conformidad con el artículo 22 y los requisitos establecidos de conformidad con el artículo 23 se aplicarán a:

a)  las evaluaciones clínicas conjuntas realizadas de conformidad con el capítulo II;

b)  las evaluaciones clínicas de medicamentos y productos sanitarios efectuadas por los Estados miembros. [Enm. 152]

1 bis.  Cuando sea relevante y apropiado, se alentará a los Estados miembros a que apliquen las normas de procedimiento y la metodología comunes contempladas en el presente Reglamento a las evaluaciones clínicas de medicamentos y dispositivos médicos no incluidos dentro del ámbito de aplicación del presente Reglamento y que sean llevadas a cabo por los Estados miembros a nivel nacional. [Enm. 153]

Artículo 21

Informes de evaluación clínica

1.  Cuando un Estado miembro lleve a cabo una evaluación clínica, dicho Estado miembro presentará a la Comisión el informe de evaluación clínica y el informe resumido a más tardar treinta días laborables después de la finalización de la evaluación de tecnologías sanitarias.

2.  La Comisión publicará los informes resumidos mencionados en el apartado 1 en la plataforma de TI a la que se refiere el artículo 27 y pondrá los informes de evaluación clínica a disposición de los Estados miembros a través de dicha plataforma de TI.

Artículo 22

Normas de procedimiento y metodología comunes

1.  Teniendo en cuenta los resultados del trabajo ya realizado en las acciones conjuntas EUnetHTA y tras consultar a las partes interesadas pertinentes, la Comisión adoptará actos de ejecución relativos a: [Enm. 154]

a)  las normas de procedimiento para:

i)  garantizar que las autoridades y organismos responsables de tecnologías sanitarias los miembros del Grupo de Coordinación realicen evaluaciones clínicas de manera independiente y transparente, sin conflictos de intereses, de conformidad con el artículo 3, apartados 6 y 7; [Enm. 155]

ii)  los mecanismos para la interacción entre los organismos de tecnologías sanitarias y los desarrolladores de tecnologías sanitarias durante las evaluaciones clínicas, siempre que se respeten las disposiciones de los artículos precedentes; [Enm. 156]

iii)  la consulta las observaciones de pacientes, profesionales sanitarios, organizaciones de consumidores, expertos clínicos y otras partes interesadas en las evaluaciones clínicas y las respuestas debidamente justificadas, siempre que se respeten las disposiciones de los artículos precedentes; [Enm. 157].

iii bis)  tratar los posibles conflictos de intereses; [Enm. 158]

iii ter)  garantizar que las evaluaciones de productos sanitarios puedan tener lugar en el momento oportuno tras el lanzamiento al mercado, permitiendo el uso de datos de eficacia clínica, incluidos datos del mundo real. El momento oportuno se determinará en cooperación con las partes interesadas pertinentes. [Enm. 159]

b)  las metodologías utilizadas para formular los contenidos y diseñar las evaluaciones clínicas. un mecanismo de sanciones en caso de incumplimiento por parte del desarrollador de tecnologías de los requisitos de información disponible que debe suministrar, de manera que se garantice la calidad del proceso. [Enm. 160]

1 bis.  En un plazo de [seis meses] a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, el Grupo de Coordinación elaborará un proyecto de Reglamento de ejecución sobre las metodologías que deban utilizarse sistemáticamente para llevar a cabo las evaluaciones y consultas clínicas conjuntas, y definirá el contenido de dichas evaluaciones y consultas. Las metodologías se desarrollarán sobre la base de las directrices metodológicas y los modelos de presentación de datos de la EUnetHTA existentes. En cualquier caso, las metodologías cumplirán los siguientes criterios:

a)  las metodologías se basarán en altos estándares de calidad, en las mejores pruebas científicas disponibles, derivadas primordialmente, cuando sea viable en la práctica y éticamente justificable, de ensayos clínicos aleatorizados doble-ciego, metaanálisis y revisiones sistemáticas;

b)  las evaluaciones de la efectividad relativa se basarán en las variables principales de valoración pertinentes para el paciente, con criterios útiles, pertinentes, tangibles, concretos y adaptados a la situación clínica en cuestión;

c)  las metodologías tendrán en cuenta las especificidades de los nuevos procedimientos y de determinados tipos de medicamentos de los que se disponga de menos pruebas clínicas cuando se autorice su comercialización (como los medicamentos huérfanos o las autorizaciones de comercialización condicionadas). Sin embargo, dicha ausencia de pruebas no impedirá la generación de las pruebas adicionales requeridas para su seguimiento posterior y que pueden precisar una evaluación futura, y no afectarán a la seguridad de los pacientes ni a la calidad científica;

d)  los comparadores serán aquellos de referencia para la entidad clínica en cuestión, y el comparador mejor y/o más habitual basado en la tecnología o en el proceso;

e)  para los medicamentos, a los efectos de la evaluación clínica, los desarrolladores de tecnologías proporcionarán al Grupo de Coordinación el expediente en formato eCTD presentado a la Agencia Europea de Medicamentos para la autorización centralizada. Ese expediente incluirá el informe de estudio clínico;

f)  la información que deba ser proporcionada por el desarrollador de tecnologías sanitarias responderá a los datos públicos más actualizados. El incumplimiento de este requisito podrá poner en marcha un mecanismo sancionador;

g)  los ensayos clínicos serán los estudios por excelencia en el ámbito biomédico, por lo que el uso de otro tipo de estudio, por ejemplo, epidemiológico, podrá quedar restringido a casos excepcionales y habrá de estar plenamente justificado;

h)  los métodos comunes, así como los requisitos en materia de datos y las medidas basadas en resultados, tomarán en consideración las especificidades de los productos sanitarios y los productos sanitarios para diagnóstico in vitro;

i)  en lo que se refiere a las vacunas, la metodología tendrá en cuenta el efecto para toda la vida de una vacuna mediante un horizonte temporal de los análisis adecuado, los efectos indirectos, como la inmunidad colectiva, y los elementos independientes de la vacuna, como, por ejemplo, su índice de cobertura vinculado a programas;

j)  cuando sea viable en la práctica y éticamente justificable, el desarrollador de tecnologías sanitarias realizará al menos un ensayo clínico aleatorizado controlado en el que compare su tecnología sanitaria en términos de resultados clínicamente pertinentes con un comparador activo considerado como una de las mejores intervenciones probadas actuales en el momento en que se diseñó del ensayo (tratamiento estándar), o la intervención más común cuando no exista un tratamiento estándar. El desarrollador de tecnologías proporcionará los datos y los resultados de los ensayos comparativos realizados en el expediente documental presentado para la evaluación clínica conjunta.

En el caso de un producto sanitario, la metodología se adaptará a sus características y especificidades, teniendo como base la metodología ya desarrollada por la EUnetHTA.

El Grupo de Coordinación presentará el proyecto de Reglamento de ejecución a la Comisión para su aprobación.

En un plazo de [tres meses] a partir de la recepción del proyecto de medida, la Comisión decidirá si lo aprueba mediante un acto de ejecución adoptado de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 30, apartado 2.

En caso de que la Comisión tenga la intención de no aprobar un proyecto de medida o de aprobarlo parcialmente o si propone enmiendas, devolverá el proyecto al Grupo de Coordinación y justificará los motivos. En un plazo de [seis semanas], el Grupo de Coordinación podrá modificar el proyecto de medida basándose en las indicaciones y enmiendas propuestas por la Comisión y volverá a presentarlo a la Comisión.

Si transcurrido el plazo de [seis semanas], el Grupo de Coordinación no ha presentado un proyecto de medida modificado o ha presentado un proyecto de medida que no está modificado conforme a las enmiendas propuestas por la Comisión, esta podrá adoptar el Reglamento de ejecución con las modificaciones que considere pertinentes o rechazarlo.

En el caso de que el Grupo de Coordinación no presente un proyecto de medida a la Comisión dentro del plazo contemplado en el [párrafo 1], la Comisión podrá adoptar el Reglamento de ejecución sin que se haya presentado un proyecto del Grupo de Coordinación. [Enm. 208/rev]

2.  Los actos de ejecución a que se refiere el apartado 1 se aprobarán de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 30, apartado 2.

Artículo 23

Contenido de los documentos que deben presentarse y los informes, y normas para la selección de las partes interesadas

La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con El Grupo de Coordinación, siguiendo el mismo procedimiento establecido en el artículo 31 en relación con 2, apartado 1, letra a), fijará: [Enm. 162]

a)  el contenido formato y los modelos de: [Enm. 163]

i)  los expedientes de información, los datos y las pruebas que deben presentar los desarrolladores de tecnologías sanitarias para las evaluaciones clínicas;

ii)  los informes de evaluación clínica;

iii)  los informes resumidos de evaluación clínica.

b)  las normas para determinar las partes interesadas a las que debe consultarse a los efectos de la sección 1 del capítulo II y del presente capítulo, sin perjuicio del artículo 26. [Enm. 164].

Capítulo IV

Marco de apoyo

Artículo 24

Financiación de la Unión [Enm. 165]

1.  La Unión garantizará la financiación del trabajo del Grupo de Coordinación y sus subgrupos y de las actividades en apoyo de dicho trabajo, que implican su cooperación con la Comisión, con la Agencia Europea de Medicamentos y con la red de partes interesadas a la que se refiere el artículo 26. La ayuda financiera de la Unión a las actividades contempladas en el presente Reglamento se aplicará de conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo(18).

2.  La financiación mencionada en el apartado 1 incluirá la financiación de la participación de las autoridades y organismos de tecnologías sanitarias designados de los Estados miembros en apoyo del trabajo relativo a las evaluaciones clínicas conjuntas y las consultas científicas conjuntas El asesor y los coasesores tendrán derecho a una asignación especial para compensarlos por su trabajo en las evaluaciones clínicas conjuntas y las consultas científicas conjuntas de conformidad con las disposiciones internas de la Comisión.

2 bis.  La Unión garantizará una financiación pública estable y permanente destinada al trabajo conjunto en materia de ETS que se lleve a cabo sin financiación directa o indirecta por parte de los desarrolladores de tecnologías sanitarias. [Enm. 166]

2 ter.  La Comisión podrá establecer un sistema de tasas a los desarrolladores de tecnologías sanitarias que soliciten tanto consultas científicas conjuntas como evaluaciones clínicas conjuntas, que destinará a financiar la investigación de necesidades médicas no cubiertas o prioridades clínicas. En ningún caso se utilizará este sistema de tasas para financiar las actividades en virtud del presente Reglamento. [Enm. 167]

Artículo 25

Apoyo de la Comisión al Grupo de Coordinación

La Comisión apoyará el trabajo del Grupo de Coordinación. En particular, la Comisión:

a)  albergará en sus instalaciones y copresidirá —con derecho a voz, pero no a voto— las reuniones del Grupo de Coordinación; [Enm. 168]

b)  se hará cargo de la secretaría del Grupo de Coordinación y proporcionará apoyo administrativo, científico y de TI; [Enm. 169]

c)  publicará en la plataforma de TI a la que se refiere el artículo 27 los programas de trabajo anuales del Grupo de Coordinación, sus informes anuales, las actas resumidas de sus reuniones y los informes e informes resumidos de las evaluaciones clínicas conjuntas;

d)  verificará que el trabajo del Grupo de Coordinación se realice de manera independiente y transparente, de conformidad con las normas de procedimiento establecidas; [Enm. 170]

e)  facilitará la cooperación con la Agencia Europea de Medicamentos sobre el trabajo conjunto relativo a los medicamentos, incluido el intercambio de información confidencial;

f)  facilitará la cooperación con los organismos pertinentes a nivel de la Unión sobre el trabajo conjunto relativo a los productos sanitarios, incluido el intercambio de información confidencial. [Enm. 171]

Artículo 26

Red de partes interesadas

1.  La Comisión creará una red de partes interesadas a través de una convocatoria abierta de candidaturas y una selección de las organizaciones adecuadas de partes interesadas sobre la base de criterios de selección establecidos en la convocatoria abierta de candidaturas, como la legitimidad, la representación, la transparencia y la responsabilidad.

Las organizaciones a quienes se destine la convocatoria abierta de candidaturas serán asociaciones de pacientes, organizaciones de consumidores, organizaciones no gubernamentales del ámbito de la salud, desarrolladores de tecnologías sanitarias y profesionales sanitarios.

Para la selección de los miembros de la red de partes interesadas se aplicarán las mejores prácticas en prevención de conflictos de intereses.

El Parlamento Europeo contará con dos representantes en la red de partes interesadas. [Enm. 172]

2.  La Comisión publicará la lista de organizaciones de partes interesadas incluidas en la red de partes interesadas. Las partes interesadas carecerán de conflictos de intereses y sus declaraciones de intereses se publicarán en la plataforma de TI. [Enm. 173]

3.  La Comisión organizará reuniones ad hoc una reunión entre la red de partes interesadas y el Grupo de Coordinación al menos una vez al año para fomentar un diálogo constructivo. Las funciones de la red de partes interesadas incluirán: [Enm. 174]

a)  poner al día a las partes interesadas sobre el trabajo del Grupointercambiar información sobre el trabajo del Grupo de Coordinación y el proceso de evaluación; [Enm. 175]

b)  prever un intercambio de información sobre el trabajo del Grupo de Coordinaciónparticipar en seminarios o talleres o acciones específicas llevadas a cabo sobre aspectos concretos. [Enm. 176]

b bis)  apoyar el acceso a experiencias de la vida real sobre enfermedades y su gestión y sobre el uso concreto de las tecnologías sanitarias, a efectos de una mejor comprensión del valor que las partes interesadas dan a las pruebas científicas aportadas durante el proceso de evaluación; [Enm. 177]

b ter)  contribuir a una comunicación más centrada y eficiente con y entre las partes interesadas, al objeto de respaldar su papel en el uso racional y seguro de las tecnologías sanitarias; [Enm. 178]

b quater)  elaborar una lista de prioridades para la investigación médica; [Enm. 179]

b quinquies)  recabar aportaciones para el programa de trabajo anual y el estudio anual preparados por el Grupo de Coordinación; [Enm. 180]

Los intereses y los documentos constitutivos de las partes interesadas, así como un resumen de las reuniones anuales y de las posibles actividades, serán publicados en la plataforma de TI del artículo 27. [Enm. 181]

4.  A petición del Grupo de Coordinación, la Comisión invitará a pacientes, profesionales sanitarios y expertos clínicos nombrados por la red de partes interesadas a asistir a las reuniones del Grupo de Coordinación como observadores. [Enm. 182]

5.  A petición del Grupo de Coordinación, la red de partes interesadas apoyará al Grupo de Coordinación en la identificación de conocimientos en materia de pacientes y clínicos para el trabajo de sus subgrupos.

Artículo 27

Plataforma de TI

1.  Aprovechando el trabajo ya iniciado por las acciones conjuntas EUnetHTA, la Comisión desarrollará y mantendrá una plataforma de TI que incluirá información sobre: [Enm. 183]

a)  evaluaciones clínicas conjuntas previstas, en curso y finalizadas, y evaluaciones de tecnologías sanitarias de los Estados miembros;

b)  consultas científicas conjuntas;

c)  estudios sobre la identificación de tecnologías sanitarias emergentes;

d)  resultados de la cooperación voluntaria entre Estados miembros.

d bis)  una lista de los miembros del Grupo de Coordinación, sus subgrupos y otros expertos, junto con su declaración de intereses económicos; [Enm. 184]

d ter)  toda la información cuya publicación se requiera en virtud del presente Reglamento; [Enm. 185]

d quater)  los informes finales de evaluación clínica conjunta y los informes resumidos, en un formato accesible para el profano y en todas las lenguas oficiales de la Unión; [Enm. 186]

d quinquies)  una lista de las organizaciones incluidas en la red de partes interesadas; [Enm. 187]

2.  La Comisión garantizará niveles apropiados de el acceso público a la información incluida en la plataforma de TI para los organismos de los Estados miembros, los miembros de la red de partes interesadas y el público en general. [Enm. 188]

Artículo 28

Informe de aplicaciónevaluación del período transitorio [Enm. 189]

A más tardar dos años después Al final del del fin del período transitorio mencionado en el artículo 33, apartado 1, la Comisión informará sobre la aplicación de las disposiciones relativas al y previamente a que el sistema armonizado de evaluación de tecnologías sanitarias establecido en virtud del presente Reglamento se convierta en obligatorio, la Comisión presentará un informe de evaluación de impacto sobre el conjunto del procedimiento puesto en marcha que evalúe, entre otros criterios, los avances realizados en materia de acceso de los pacientes a las nuevas tecnologías sanitarias y el funcionamiento del mercado interior, el impacto en la calidad de la innovación —como el desarrollo de medicamentos innovadores en ámbitos con necesidades no cubiertas—, en la sostenibilidad de los sistemas sanitarios, la calidad de las ETS y su capacidad a escala nacional y regional, así como la adecuación del ámbito de aplicación de las evaluaciones clínicas conjuntas y el funcionamiento del marco de apoyo a que se refiere el presente capítulo. [Enm. 190]

Capítulo V

Disposiciones finales

Artículo 29

Evaluación y seguimiento

1.  A más tardar cinco años después de la publicación del informe a que se refiere el artículo 28, la Comisión realizará una evaluación del presente Reglamento e informará sobre sus conclusiones.

2.  A más tardar el … [un año después de la fecha de aplicación] la Comisión elaborará un programa para el seguimiento de la aplicación del presente Reglamento. El programa de seguimiento establecerá los medios con los que se recopilarán los datos y otras pruebas necesarias, y la periodicidad de dicha recopilación. En él se especificarán las medidas que deben adoptar la Comisión y los Estados miembros a la hora de recopilar y analizar los datos y otras pruebas.

3.  Los informes anuales del Grupo de Coordinación se utilizarán como parte del programa de seguimiento.

Artículo 30

Procedimiento de comité

1.  La Comisión estará asistida por un Comité. Dicho Comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

2.  En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Artículo 31

Ejercicio de la delegación

1.  Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.

2.  Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en los artículos 17 y 23 se otorgarán a la Comisión por un período de tiempo indefinido a partir del … [insert date of entry into force of this Regulation].

3.  La delegación de poderes mencionada en los artículos 17 y 23 podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La Decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La Decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4.  Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016.

5.  Tan pronto como adopte un acto delegado, la Comisión lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6.  Los actos delegados adoptados en virtud de los artículos 17 y 23 entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo. [Enm. 191]

Artículo 32

Preparación de actos de ejecución y delegados [Enm. 192]

1.  La Comisión adoptará los actos de ejecución y delegados mencionados en los artículos 11, 16, 17 y 22 y 23 a más tardar en la fecha de aplicación del presente Reglamento. [Enm. 193]

2.  Cuando prepare dichos actos de ejecución y delegados, la Comisión tendrá en cuenta las características distintivas de los sectores de medicamentos y productos sanitarios, así como el trabajo ya iniciado en las acciones conjuntas EUnetHTA. [Enm. 194]

Artículo 33

Disposiciones transitorias

1.  Los Estados miembros podrán retrasar su participación en el sistema de evaluaciones clínicas conjuntas y consultas científicas conjuntas a las que se refieren las secciones 1 y 2 del capítulo II hasta el ... [3cuatro años después de la fecha de aplicación] para los medicamentos contemplados en el artículo 5, apartado 1, letras a) y a bis), y hasta ... [siete años después de la fecha de aplicación] para los productos sanitarios contemplados en el artículo 5, apartado 1, letra b),y para los productos sanitarios para diagnóstico in vitro contemplados en el artículo 5, apartado 1, letra c). [Enm. 195].

2.  Los Estados miembros notificarán a la Comisión si tienen la intención de utilizar el período transitorio establecido en el aparato 1 al menos un año antes de la fecha de aplicación del presente Reglamento.

3.  Los Estados miembros que hayan retrasado su participación de conformidad con el apartado 1 podrán empezar a participar con efectos a partir del siguiente ejercicio financiero previa notificación a la Comisión al menos tres meses antes del comienzo de dicho ejercicio financiero.

Artículo 34

Cláusula de salvaguardia

1.  Los Estados miembros podrán realizar una evaluación clínica utilizando medios distintos de las normas previstas en el capítulo III del presente Reglamento, por los motivos enumerados en el artículo 8, apartado 1 bis, y por motivos relacionados con la necesidad de proteger la salud pública en el Estado miembro de que se trate siempre que la medida esté justificada y sea necesaria y proporcionada para la consecución de dicho objetivo. [Enm. 196]

2.  Los Estados miembros notificarán a la Comisión y al Grupo de Coordinación su intención de llevar a cabo una evaluación clínica utilizando medios diferentes junto con las justificaciones para hacerlo. [Enm. 197]

2 bis.  El Grupo de Coordinación podrá evaluar si la solicitud obedece a los motivos contemplados en el apartado 1, y elevar sus conclusiones a la Comisión. [Enm. 198]

3.  En un plazo de tres meses a partir de la fecha de recepción de la notificación prevista en el apartado 2, la Comisión aprobará o rechazará la evaluación prevista después de haber verificado si cumple o no los requisitos mencionados en el apartado 1 y si se trata o no de un medio de discriminación arbitraria o una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros. En ausencia de una decisión de la Comisión al final del período de tres meses, la evaluación clínica prevista se considerará aprobada. La decisión de la Comisión se publicará en la plataforma TI a que se refiere el artículo 27. [Enm. 199]

Artículo 35

Modificación de la Directiva 2011/24/UE

1.  Se suprime el artículo 15 de la Directiva 2011/24/UE.

2.  Las referencias al artículo suprimido se entenderán hechas al presente Reglamento.

Artículo 36

Entrada en vigor y fecha de aplicación

1.  El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

2.  Se aplicará a partir del ... [3 años después de la fecha de entrada en vigor].

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en ..., el

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

(1) DO C 283 de 10.8.2018, p. 28.
(2) La presente Posición se corresponde con las enmiendas aprobadas el 3 de octubre de 2018 (Textos Aprobados, P8_TA(2018)0369).
(3)DO C 283 de 10.8.2018, p. 28.
(4)DO C ...
(5) Posición del Parlamento Europeo de 14 de febrero de 2019.
(6) DO C 263 de 25.7.2018, p. 4.
(7) Directiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza(DO L 88 de 4.4.2011, p. 45).
(8) DO C 438 de 6.12.2014, p. 12.
(9)Resolución del Parlamento Europeo, de 2 de marzo de 2017, sobre las opciones de la Unión para mejorar el acceso a los medicamentos – 2016/2057(INI).
(10)COM(2015)0550, p. 19.
(11)Reglamento (CE) n.º 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos (DO L 136 de 30.4.2004, p. 1).
(12)Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los productos sanitarios, por el que se modifican la Directiva 2001/83/CE, el Reglamento (CE) n.º 178/2002 y el Reglamento (CE) n.º 1223/2009 y por el que se derogan las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE del Consejo (DO L 117 de 5.5.2017, p. 1).
(13) Reglamento (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los productos sanitarios para diagnóstico in vitro y por el que se derogan la Directiva 98/79/CE y la Decisión 2010/227/UE de la Comisión (DO L 117 de 5.5.2017, p. 176).
(14)Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
(15)Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea, de 13 de abril de 2016, sobre la mejora de la legislación (DO L 123 de 12.5.2016, p. 1)
(16)Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano (DO L 311 de 28.11.2001, p. 67).
(17) Directiva 89/105/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la transparencia de las medidas que regulan la fijación de precios de los medicamentos para uso humano y su inclusión en el ámbito de los sistemas nacionales de seguro de enfermedad (DO L 40 de 11.2.1989, p. 8).
(18)Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1).


Marco para el control de las inversiones extranjeras directas en la Unión Europea ***I
PDF 124kWORD 61k
Resolución
Texto
Anexo
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 14 de febrero de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un marco para el control de las inversiones extranjeras directas en la Unión Europea (COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))
P8_TA(2019)0121A8-0198/2018

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2017)0487),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 207, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0309/2017),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 19 de abril de 2018(1),

–  Visto el dictamen del Comité de las Regiones de 23 de marzo de 2018(2),

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, del Reglamento interno, y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 5 de diciembre de 2018, de aprobar la posición del Parlamento, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Comercio Internacional y las opiniones de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, de la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A8-0198/2018),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Toma nota de la declaración de la Comisión adjunta a la presente Resolución, que se publicará en la serie L del Diario Oficial de la Unión Europea junto con el acto legislativo definitivo;

3.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

4.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 14 de febrero de 2019 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2019/... del Parlamento Europeo y del Consejo para el control de las inversiones extranjeras directas en la Unión

P8_TC1-COD(2017)0224


(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, el Reglamento (UE) 2019/452.)

ANEXO A LA RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN

En respuesta a la petición del Parlamento Europeo, la Comisión Europea se compromete a:

–  compartir con el Parlamento Europeo, cuando estén listos, los formularios normalizados que la Comisión Europea preparará para facilitar el cumplimiento por los Estados miembros de las obligaciones de notificación anual en virtud del artículo 5 del Reglamento, y a

–  compartir con el Parlamento Europeo estos formularios normalizados cada año, en paralelo a la presentación del informe anual al Parlamento Europeo y al Consejo, de conformidad con el artículo 5, apartado 3, del Reglamento.

(1) DO C 262 de 25.7.2018, p. 94.
(2) DO C 247 de 13.7.2018, p. 28.


Interoperabilidad de los sistemas de telepeaje de las carreteras y facilitación del intercambio transfronterizo de información sobre el impago de cánones de carretera en la Unión ***I
PDF 124kWORD 45k
Resolución
Texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 14 de febrero de 2019, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la interoperabilidad de los sistemas de telepeaje de las carreteras y por la que se facilita el intercambio transfronterizo de información sobre el impago de cánones de carretera en la Unión (versión refundida) (COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))
P8_TA(2019)0122A8-0199/2018

(Procedimiento legislativo ordinario – refundición)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2017)0280),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 91, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0173/2017),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 18 de octubre de 2017(1),

–  Previa consulta al Comité de las Regiones,

–  Visto el Acuerdo interinstitucional, de 28 de noviembre de 2001, para un recurso más estructurado a la técnica de la refundición de los actos jurídicos(2),

–  Vista la carta dirigida el 24 de julio de 2017 por la Comisión de Asuntos Jurídicos a la Comisión de Transportes y Turismo, de conformidad con el artículo 104, apartado 3, de su Reglamento interno,

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, del Reglamento interno, y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 28 de noviembre de 2018, de aprobar la posición del Parlamento, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistos los artículos 104 y 59 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Transportes y Turismo y la opinión de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A8-0199/2018),

A.  Considerando que, según el grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, la propuesta de la Comisión no contiene ninguna modificación de fondo aparte de las señaladas como tales en ella, y que, en lo que se refiere a la codificación de las disposiciones inalteradas de los actos anteriores junto con dichas modificaciones, la propuesta se limita a una codificación pura y simple de los textos existentes, sin ninguna modificación sustancial de estos;

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación, teniendo en cuenta las recomendaciones del grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 14 de febrero de 2019 con vistas a la adopción de la Directiva (UE) 2019/... del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la interoperabilidad de los sistemas de telepeaje de carretera y por la que se facilita el intercambio transfronterizo de información sobre el impago de cánones de carretera en la Unión (versión refundida)

P8_TC1-COD(2017)0128


(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, la Directiva (UE) 2019/520.)

(1) DO C 81 de 2.3.2018, p. 181..
(2) DO C 77 de 28.3.2002, p. 1.


Reconocimiento mutuo de mercancías comercializadas legalmente en otro Estado miembro ***I
PDF 122kWORD 42k
Resolución
Texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 14 de febrero de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al reconocimiento mutuo de mercancías comercializadas legalmente en otro Estado miembro (COM(2017)0796 – C8-0005/2018 – 2017/0354(COD))
P8_TA(2019)0123A8-0274/2018

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2017)0796),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0005/2018),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 23 de mayo de 2018(1),

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, del Reglamento interno, y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 28 de noviembre de 2018, de aprobar la posición del Parlamento, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A8-0274/2018),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 14 de febrero de 2019 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2019/... del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al reconocimiento mutuo de mercancías comercializadas legalmente en otro Estado miembro y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 764/2008

P8_TC1-COD(2017)0354


(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, el Reglamento (UE) 2019/515.)

(1) DO C 283 de 10.8.2018, p.19.


Comisiones cobradas por pagos transfronterizos en la Unión y comisiones en concepto de conversión de divisas ***I
PDF 123kWORD 42k
Resolución
Texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 14 de febrero de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 924/2009 en lo que respecta a determinadas comisiones cobradas por pagos transfronterizos en la Unión y las comisiones en concepto de conversión de divisas (COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD))
P8_TA(2019)0124A8-0360/2018

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2018)0163),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8‑0129/2018),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Banco Central Europeo de 31 de agosto de 2018(1),

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 11 de julio de 2018(2),

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, de su Reglamento interno y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 19 de diciembre de 2018, de aprobar la Posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A8-0360/2018),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 14 de febrero de 2019 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2019/... del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 924/2009 en lo que respecta a determinadas comisiones cobradas por pagos transfronterizos en la Unión y a las comisiones por conversión de divisas

P8_TC1-COD(2018)0076


(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, el Reglamento (UE) 2019/518.)

(1) DO C 382 de 23.10.2018, p. 7.
(2) DO C 367 de 10.10.2018, p. 28.


Normas comunes de acceso al mercado internacional de los servicios de autocares y autobuses ***I
PDF 238kWORD 72k
Resolución
Texto consolidado
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 14 de febrero de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1073/2009, relativo a las normas comunes de acceso al mercado internacional de los servicios de autocares y autobuses (COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))
P8_TA(2019)0125A8-0032/2019

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM((2017)0647),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 91, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0396/2017),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen motivado presentado por el Parlamento irlandés, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, en el que se afirma que el proyecto de acto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 19 de abril de 2018(1),

–  Visto el dictamen del Comité de las Regiones(2),

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Transportes y Turismo (A8-0032/2019),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 14 de febrero de 2019 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) .../... del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1073/2009, relativo a las normas comunes de acceso al mercado internacional de los servicios de autocares y autobuses

P8_TC1-COD(2017)0288


(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 91, apartado 1,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(3),

Visto el dictamen del Comité de las Regiones(4),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario(5),

Considerando lo siguiente:

(1)  La aplicación del Reglamento (CE) n.º 1073/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo(6) ha puesto de manifiesto que algunos operadores de los mercados nacionales se enfrentan a obstáculos injustificados para desarrollar servicios interurbanos de autocares que beneficien a los viajeros. Además, los servicios de transporte de viajeros por carretera no han seguido el ritmo de las necesidades cambiantes de los ciudadanos en lo que se refiere a la disponibilidad y la calidad, y los modos de transporte sostenibles siguen contando con una cuota modal reducida. Como consecuencia, algunos grupos de ciudadanos se encuentran en desventaja en lo que se refiere a la disponibilidad de los servicios de transporte de viajeros, y han aumentado los accidentes en carretera, las emisiones, los atascos y los costes de las infraestructuras debido al mayor uso del automóvil. [Enm. 1]

(2)  A fin de garantizar un marco coherente en toda la Unión para el transporte interurbano de viajeros mediante servicios regulares de autocares y autobuses, el Reglamento (CE) n.º 1073/2009 ha de aplicarse a todo transporte interurbano efectuado mediante servicios regulares. Por consiguiente, debe ampliarse el ámbito de aplicación de dicho Reglamento, pero sin aplicarlo a los centros urbanos o suburbanos o las conurbaciones y sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo(7). [Enm. 2]

(3)  Debe designarse en Cada Estado debe designar un organismo regulador independiente e imparcial, encargado de emitir dictámenes vinculantes, a fin de garantizar el correcto funcionamiento del mercado del transporte de viajeros por carretera. El organismo también puede encargarse de otros sectores regulados como el ferroviario, el de la energía o las telecomunicaciones. [Enm. 3]

(4)  Las operaciones de servicios regulares comerciales no deben afectar a la estabilidad económica de los contratos de servicios públicos existentes o adjudicados de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1370/2007. Por ello, el organismo regulador debe estar en posición de efectuar un análisis económico objetivo y estar habilitado, en su caso, para proponer las medidas necesarias para velar por que así sea. Las operaciones de servicios regulares comerciales no deben competir con operadores de transporte a quienes se hayan otorgado derechos exclusivos para prestar determinados servicios públicos de transporte de viajeros a cambio del cumplimiento de obligaciones de servicio público en el marco de un contrato de servicio público. [Enm. 4]

(5)  Los servicios regulares en forma de transportes de cabotaje han de estar sujetos a la posesión de una licencia comunitaria y al uso de un tacógrafo inteligente con arreglo a lo dispuesto en el capítulo II del Reglamento (UE) n.º 165/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo(8). Para facilitar el control real de estos servicios por parte de los cuerpos de seguridad, deben aclararse las normas relativas a la expedición de licencias comunitarias y debe desarrollarse un módulo de Sistema de Información del Mercado Interior (IMI) para la transmisión de las declaraciones de desplazamiento y las solicitudes electrónicas, de manera que los inspectores que realizan controles en carretera tengan acceso directo y en tiempo real a los datos y la información contenidos en el Registro Europeo de Empresas de Transporte por Carretera (ERRU) y en el IMI, y se pueda garantizar que realmente se pagan las cotizaciones sociales de los conductores de autobuses desplazados. [Enm. 5]

(6)  A fin de garantizar la competencia leal en el mercado, los operadores de servicios regulares deben obtener derechos de acceso a las terminales en condiciones justas, equitativas, no discriminatorias y transparentes. La explotación de una terminal debe ser autorizada por una autoridad nacional, que ha de comprobar cuáles son los requisitos necesarios que han de cumplirse. Los recursos contra las decisiones que denieguen o restrinjan el acceso deben presentarse ante el organismo regulador. Los Estados miembros podrían excluir a aquellas terminales que sean de propiedad y uso exclusivos del operador de terminales para sus propios servicios de transporte de viajeros por carretera. [Enm. 6]

(7)  Si bien se mantiene la autorización de los servicios regulares, deben adaptarse algunas normas relativas al procedimiento para obtenerla.

(8)  La autorización de servicios regulares nacionales e internacionales debe estar sujeta a un procedimiento de autorización. La autorización debe concederse, salvo que existan motivos específicos para denegarla atribuibles al solicitante o que el servicio pueda afectar a la estabilidad económica de un contrato de servicio público. Debe introducirse un límite de distancia, determinado por los Estados miembros y en ningún caso superior a 100 kilómetros por trayecto, para garantizar que las operaciones de servicios regulares comerciales no afecten a la estabilidad económica de los contratos de servicios públicos existentes. En el caso de las rutas que ya estén siendo explotadas en virtud de más de un contrato de servicio público, debe poder aumentarse dicho límite. [Enm. 7]

(9)  Los transportistas no residentes deben ser capaces de efectuar servicios regulares nacionales en las mismas condiciones que los transportistas residentes, siempre y cuando respeten las disposiciones relativas al transporte por carretera u otras disposiciones pertinentes del Derecho nacional, internacional y de la Unión. [Enm. 8]

(10)  Deben simplificarse en la medida de lo siempre que sea posible las formalidades administrativas, sin renunciar por ello a los necesarios controles y sanciones que permitan garantizar la correcta aplicación y el efectivo cumplimiento del Reglamento (CE) n.º 1073/2009. La hoja de ruta representa una carga administrativa innecesaria y, por tanto, debe suprimirse. [Enm. 9]

(11)  Las excursiones locales constituyen un transporte de cabotaje autorizado y se les aplican las normas generales sobre el cabotaje. Por consiguiente, debe suprimirse el artículo relativo a las excursiones locales. [Enm. 10]

(12)  Dada la importancia de la aplicación efectiva del Reglamento (CE) n.º 1073/2009, las normas relativas a los controles en carretera y en las empresas deben modificarse para incluir los transportes de cabotaje.

(13)  En la medida en que el presente Reglamento armoniza las normas de los mercados nacionales relativas a los servicios regulares de autobuses y autocares y el acceso a las terminales, los Estados miembros no están en medida de cumplir plenamente sus objetivos, en particular en lo referente a la promoción de la movilidad interurbana y el aumento de la distribución modal de los modos de transporte de viajeros sostenibles. Por tanto, la UE puede adoptar medidas con arreglo al principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar los objetivos perseguidos.

(14)  Con el objetivo de tener en cuenta los progresos técnicos y los avances del mercado, debe delegarse en la Comisión la facultad de adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a fin de que modifique los anexos I y II del Reglamento (CE) 1073/2009, así como para complementar dicho Reglamento con medidas relativas al formato de los certificados de las operaciones de transporte por cuenta propia, el formato de las solicitudes de autorización y de las propias autorizaciones, el procedimiento y los criterios que deben seguirse para determinar si un servicio propuesto puede afectar a la estabilidad económica de un contrato de servicio público, y las obligaciones de información de los Estados miembros. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016(9). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo deben recibir toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y los expertos del Parlamento Europeo y del Consejo han de tener acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados. [Enm. 11]

(15)  Procede, por lo tanto, modificar en consecuencia el Reglamento (CE) n.º 1073/2009.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El Reglamento (CE) n.° 1073/2009 se modifica como sigue:

1)  En el artículo 1, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:"

«4. El presente Reglamento se aplicará a los servicios nacionales interurbanos de transporte de viajeros por carretera por cuenta ajena explotados por un transportista no residente, con arreglo a lo dispuesto en el capítulo V y sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 1370/2007.». [Enm. 12]

"

2)  El artículo 2 se modifica como sigue:

a)  el punto 2 se sustituye por el texto siguiente:"

«2. «servicios regulares»: los servicios que aseguren el transporte de personas con una frecuencia y un itinerario determinados, bien sea sin paradas intermedias, bien recogiendo y depositando viajeros en paradas previamente fijadas;»;

"

b)  el punto 7 se sustituye por el texto siguiente:"

«7. «transportes de cabotaje»: los servicios nacionales de transporte de viajeros por carretera efectuados por cuenta ajena en un Estado miembro de acogida;»; [Enm. 83]

"

c)  se añaden los puntos 9 a 11 ter siguientes:"

«9. «terminal»: toda instalación con una superficie mínima de 600 m2, autorizada que ponga plazas de aparcamiento a disposición de los autocares y autobuses para recoger y depositar desembarcar o embarcar a los viajeros; [Enm. 13]

10.  «operador de terminales»: toda entidad de un Estado miembro responsable de la gestión deconceder acceso a una terminal que reúna los requisitos necesarios en materia de competencia profesional y capacidad financiera; [Enm. 14]

11.  «alternativa viable»: otra terminal económicamente viable para el transportista y con una infraestructura y conectividad comparable a la de la terminal solicitada inicialmente, que ofrezca a los viajeros acceso a otras formas de transporte público y que le permita al transportista efectuar el servicio de transporte de viajeros de que se trate de forma similar a la que permitiría la terminal solicitada inicialmente;.». [Enm. 15]

11 bis.  «contrato de servicio público»: uno o varios actos jurídicamente vinculantes que plasmen el acuerdo entre una autoridad competente y un operador de servicio público determinado de confiar a este último la gestión y la explotación de los servicios públicos de transporte de viajeros sometidos a las obligaciones de servicio público; según el Derecho de los Estados miembros, el contrato podrá consistir asimismo en una decisión adoptada por la autoridad competente que revista la forma de acto legislativo o reglamentario independiente, o que contenga las condiciones con arreglo a las cuales la autoridad competente preste por sí misma o confíe la prestación de esos servicios a un operador interno; [Enm. 16]

11 ter.  «ruta alternativa»: ruta con el mismo origen y destino que la de un servicio regular existente que pueda utilizarse como alternativa.» [Enm. 17]

"

3)  Antes del capítulo 2, se inserta el artículo siguiente:"

«Artículo 3 bis

Organismo regulador

1.  Las autoridades competentes de cada Estado miembro designará designarán un único organismo público regulador nacional del sector del transporte de viajeros por carretera. Dicho organismo será una autoridad imparcial jurídicamente distinta, transparente e independiente de cualquier otra entidad pública o privada en lo relativo a las cuestiones organizativas, funcionales, jerárquicas y de toma de decisiones. Además, será independiente de toda autoridad competente que participe en la adjudicación de un contrato de servicio público. [Enm. 18]

El organismo regulador podrá encargarse ser un organismo ya existente responsable de otros sectores servicios regulados. [Enm. 19]

2.  El organismo regulador del sector del transporte de viajeros por carretera tendrá la capacidad organizativa necesaria en lo relativo a los recursos humanos, financieros y otro tipo de recursos para desempeñar sus funciones. Esta capacidad será proporcional a la importancia de dicho sector en el Estado miembro de que se trate. [Enm. 20]

2 bis.  Sin perjuicio de las facultades de las autoridades nacionales de competencia, el organismo regulador tendrá la facultad de supervisar la situación de la competencia en el mercado interior en lo que respecta a los servicios regulares de transporte de viajeros por carretera, con el fin de impedir la discriminación o el abuso de posición dominante en el mercado, también a través de la subcontratación. Sus dictámenes serán vinculantes. [Enm. 21]

3.  El organismo regulador se encargará de:

   a) efectuar análisis económicos para determinar si un nuevo servicio propuesto afectaría a la estabilidad económica de un contrato de servicio público;
   b) recabar y facilitar información sobre el acceso a las terminales; ypara garantizar así que el acceso de los operadores de servicios a las terminales se conceda en condiciones justas, equitativas, no discriminatorias y transparentes; [Enm. 22]
   c) resolver los recursos contra las decisiones de los operadores de terminales; y [Enm. 23]
   c bis) crear un registro en formato electrónico de acceso público en el que figurarán todos los servicios regulares nacionales e internacionales autorizados. [Enm. 24]

4.  En el ejercicio de sus tareas, el organismo regulador podrá solicitar información pertinente a las otras autoridades competentes, los operadores de terminales, los solicitantes de autorizaciones o cualquier otro tercero afectado en el territorio del Estado miembro en cuestión. [Enm. 25]

La información solicitada se facilitará en un plazo razonable establecido por el organismo regulador, y no que no podrá ser superior a un mes. En casos debidamente justificados, el organismo regulador podrá ampliar el plazo para presentar la información en dos semanas adicionales como máximo. El organismo regulador deberá ser capaz de garantizar el cumplimiento de las solicitudes de información mediante sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias. [Enm. 26]

5.  Los Estados miembros garantizarán que las decisiones adoptadas por el organismo regulador puedan ser objeto de un recurso judicial rápido. Este recurso podrá tener efecto suspensivo solo cuando el efecto inmediato de la decisión del organismo regulador pueda provocar daños irreversibles o manifiestamente excesivos al recurrente. Esta disposición no prejuzgará los poderes otorgados constitucionalmente al órgano jurisdiccional que conozca del recurso en el Estado miembro de que se trate. [Enm. 27]

6.  Se harán públicas las decisiones que tome el organismo regulador en un plazo de dos semanas a partir de su adopción.». [Enm. 28]

"

4)  El artículo 4 se modifica como sigue:

a)  el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:"

«1. La realización de transportes internacionales de viajeros y de transportes de cabotaje con autocares y autobuses estará supeditada a la posesión de una licencia comunitaria expedida por las autoridades competentes del Estado miembro de establecimiento.»;

"

b)  en el apartado 2, el párrafo tercero se sustituye por el texto siguiente:"

«La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 26 para modificar los anexos I y II con el fin de adaptarlos al progreso técnico.».

"

5)  El artículo 5 se modifica como sigue:

a)  en el apartado 3, se suprime el párrafo quinto;

b)  en el apartado 5, el párrafo tercero se sustituye por el texto siguiente:"

«La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 26 que establezcan el formato de los certificados.».

"

6)  Se inserta el artículo siguiente:"

«Artículo 5 bis

Acceso a las terminales

1.  Los operadores de terminales concederán a los transportistas el derecho de acceso a la terminal para explotar servicios regulares incluyendo todas las facilidades y servicios que se presten en la misma en condiciones justas, equitativas, no discriminatorias y transparentes.

1 bis.  En el caso de que los operadores de terminales concedan el acceso, los operadores de autocares y autobuses deben cumplir las condiciones vigentes aplicables a la terminal. [Enm. 29]

2.  Los operadores de terminales procurarán admitir todas las solicitudes de acceso con el objetivo de asegurar un uso óptimo de las terminales.

Las solicitudes de acceso a las terminales solo podrán rechazarse en caso de que no haya por motivos debidamente justificados de falta de capacidad suficiente, impago reiterado de las tasas, infracciones graves y reiteradas, debidamente justificadas, por parte del operador de transporte por carretera, u otras disposiciones nacionales, siempre que la aplicación sea sistemática y no se discrimine a determinados transportistas que solicitan acceso a una terminal ni sus modelos de negocio respectivos. Cuando se rechace una solicitud, el operador de la terminal también comunicará su decisión a la autoridad reguladora. [Enm. 30].

Cuando un operador de terminales rechace una solicitud de acceso, ofrecerá alguna alternativa viable se le alentará a indicar las mejores alternativas viables de las que tenga conocimiento. [Enm. 31]

3.  Los operadores de terminales publicarán al menos la siguiente información en dos o más sus lenguas oficiales nacionales respectivas y en otra lengua oficial de la Unión: [Enm. 32]

   a) una lista en la que se enumeren los servicios prestados, así como los precios de dichos servicios;
   a bis) una lista de toda la infraestructura existente y de los requisitos técnicos de la terminal; [Enm. 33]
   b) las normas para programar la adjudicación de capacidad;
   c) el horario y la adjudicación de capacidad vigentes.

Previa solicitud, el operador de la terminal y el organismo regulador facilitarán esta información de manera gratuita en formato electrónico y, cuando dispongan de un sitio web, la publicarán en este último.

La información se mantendrá actualizada y se modificará cuando proceda.».

3 bis.  Los Estados miembros podrán excluir de la aplicación del presente artículo a aquellas terminales que sean de propiedad y uso exclusivos del operador de terminales para sus propios servicios de transporte de viajeros por carretera. Al examinar una solicitud de exclusión, los organismos reguladores tomarán en consideración la disponibilidad de alternativas viables.». [Enm. 34]

"

7)  Se inserta el artículo siguiente:"

«Artículo 5 ter

Procedimiento para conceder el acceso a las terminales

1.  Todo transportista que desee obtener acceso a una terminal presentará una solicitud al operador de la misma.

2.  En caso de que no sea posible conceder el acceso conforme a lo requerido en la solicitud, el operador de la terminal consultará a todos los transportistas interesados con el objetivo de dar cabida a esta última. [Enm. 35]

3.  El operador de la terminal tomará su decisión sobre toda solicitud de acceso a una terminal sin demora y a más tardar en un plazo de dos meses un mes a partir de la fecha en que el transportista la haya presentado. Las resoluciones relativas al Cuando se rechace el acceso deberán motivarse , el operador de la terminal justificará su decisión. [Enm. 36]

4.  Los solicitantes podrán recurrir las decisiones de los operadores de terminales. Los recursos se presentarán ante el organismo regulador.

5.  Cuando el organismo regulador conozca del recurso contra la decisión de un operador de terminales, adoptará una decisión motivada en un plazo determinado y, en cualquier caso, en un plazo de tres semanas desde la recepción de toda la información pertinente.

La decisión sobre el recurso que tome este organismo será vinculante a reserva de las disposiciones del Derecho nacional en materia de revisión judicial. El organismo regulador podrá velar por su cumplimiento mediante sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias. [Enm. 37]

La decisión únicamente estará sujeta a revisión judicial.».

"

8)  El artículo 6 se modifica como sigue:

a)  en el apartado 1, la primera frase del párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:"

«La autorización se expedirá a nombre del transportista, en papel o formato electrónico, y será intransferible.»;

"

b)  el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:"

«4. «La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 26 que establezcan el formato de las autorizaciones.»;

"

9)  El artículo 7 se modifica como sigue:

a)  los apartados 1 y 2 se sustituyen por el texto siguiente:"

«1. Las solicitudes de autorización de servicios regulares se presentarán a la autoridad de autorización en papel o formato electrónico.

2.  La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 26 que establezcan el formato de las solicitudes.»;

"

10)  El artículo 8 se sustituye por el texto siguiente:"

«Artículo 8

Procedimiento Procedimientos de autorización, suspensión y retirada de autorización para el transporte internacional de viajeros en distancias inferiores a de hasta 100 kilómetros en línea recta por trayecto [Enm. 38]

1.  La autorización se expedirá previo acuerdo de las autoridades competentes de todos aquellos Estados miembros en cuyo territorio se recojan o depositen viajeros y se ofrezcan transportes en distancias inferiores a definidas por cada Estado miembro de hasta 100 kilómetros en línea recta por trayecto. En el plazo de dos semanas desde la recepción de la solicitud, la autoridad expedidora enviará a dichas autoridades competentes una copia de esta última, acompañada de copias de toda la documentación pertinente, solicitándoles su acuerdo. Al mismo tiempo, la autoridad expedidora enviará dichos documentos a las autoridades competentes de otros Estados miembros cuyo territorio se atraviese, a los efectos informativos. [Enm. 39]

2.  Las autoridades competentes de los Estados miembros cuyo acuerdo se haya solicitado darán a conocer su decisión a la autoridad expedidora en un plazo de tres dos meses. Este plazo empezará a correr a partir de la fecha de recepción de la solicitud de acuerdo que figure en el acuse de recibo. En caso de que las autoridades competentes de los Estados miembros cuyo acuerdo se haya solicitado estén en contra, deberán exponer los motivos de su desacuerdo. [Enm. 40]

Si las autoridades competentes de los Estados miembros cuyo acuerdo se haya solicitado no responden dentro del plazo previsto en el párrafo primero, se considerará que dichas autoridades dan su acuerdo.

3.  La autoridad expedidora resolverá en un plazo de cuatro tres meses a partir de la fecha en que el transportista haya presentado la solicitud. [Enm. 41]

4.  La autorización se aprobará salvo que su denegación pueda justificarse por uno o varios de los motivos objetivos relacionados con el interés público enumerados en las letras a) a d) del artículo 8 quater, apartado 2). [Enm. 42]

4 bis.  En el caso de que un servicio regular internacional de autocares y autobuses haya puesto en riesgo la estabilidad económica de un contrato de servicio público, debido a razones excepcionales que era imposible prever al otorgar la autorización y que no son responsabilidad del titular del contrato de servicio público, el Estado miembro de que se trate podrá, con el acuerdo de la Comisión, suspender o retirar la autorización de prestar el servicio tras dar un preaviso de seis meses al transportista. El transportista podrá recurrir dicha decisión. [Enm. 43]

5.  Si alguna de las autoridades competentes no está de acuerdo con la autorización, el asunto podrá ser remitido a la Comisión en el plazo de dos meses a partir de la recepción de su respuesta.

6.  Previa consulta a los Estados miembros de las autoridades competentes que hayan manifestado su desacuerdo, la Comisión tomará una decisión, a más tardar, en el plazo de cuatro dos meses a partir de la recepción de la comunicación de la autoridad expedidora. La decisión entrará en vigor a los treinta días de su notificación a las autoridades competentes de los Estados miembros afectados. [Enm. 44]

7.  La decisión de la Comisión resultará de aplicación hasta el momento en que los Estados miembros alcancen un acuerdo y la autoridad expedidora adopte una decisión sobre la solicitud.»;

"

11)  Se añaden los artículos siguientes:"

«Artículo 8 bis

Procedimiento Procedimientos de autorización, suspensión y retirada de autorización para el transporte internacional de viajeros en distancias iguales o superiores a 100 kilómetros en línea recta por trayecto [Enm. 45]

1.  La autoridad expedidora resolverá sin demora y a más tardar en un plazo de dos meses a partir de la fecha en que el transportista haya presentado la solicitud. [Enm. 46]

2.  La autorización se aprobará salvo que su denegación pueda justificarse por uno o varios de los motivos enumerados en las letras a) a c bis) del artículo 8 quater, apartado 2. [Enm. 47]

3.  La autoridad expedidora facilitará a las autoridades competentes de los Estados miembros en cuyo territorio se recojan o depositen embarquen o desembarquen viajeros, así como a las autoridades competentes de los Estados miembros cuyo territorio se atraviese sin recoger ni depositar viajeros, junto con su valoración, una copia junto con su valoración, una copia de la solicitud y de todos los demás documentos pertinentes, en el plazo de dos semanas desde la recepción de la solicitud y de todos los demás documentos pertinentes solicitándoles su acuerdo. La autoridad expedidora transmitirá también, a efectos informativos, los documentos pertinentes a las autoridades competentes de los Estados miembros cuyo territorio se atraviese sin que embarquen o desembarquen pasajeros. [Enm. 48]

3 bis.  Si alguna de las autoridades competentes de los Estados miembros en cuyo territorio embarcan o desembarcan pasajeros no está de acuerdo con la autorización por alguna de las causas enumeradas en el apartado2, podrá no aprobarse la autorización, si bien el asunto podrá remitirse a la Comisión en el plazo de un mes a partir de la recepción de su respuesta. [Enm. 49]

3 ter.  Previa consulta a los Estados miembros de las autoridades competentes que hayan manifestado su desacuerdo, la Comisión tomará una decisión en el plazo de cuatro meses a partir de la recepción de la comunicación de la autoridad expedidora. La decisión entrará en vigor a los treinta días de su notificación a los Estados miembros afectados. [Enm. 50]

3 quater.  La decisión de la Comisión resultará de aplicación hasta el momento en que los Estados miembros alcancen un acuerdo y la autoridad expedidora adopte una decisión sobre la solicitud. [Enm. 51]

Artículo 8 ter

Procedimiento de autorización de los servicios regulares nacionales

1.  La autoridad expedidora resolverá a más tardar en un plazo de dos meses a partir de la fecha en que el transportista haya presentado la solicitud. Este plazo podrá ampliarse a cuatro tres meses cuando se requiera un análisis de conformidad con el artículo 8 quater, apartado 2, letra d). [Enm. 52]

2.  La autorización se aprobará salvo que su denegación pueda justificarse por uno o varios de los motivos enumerados en las letras a) a c bis) del artículo 8 quater, apartado 2, y si el servicio realiza el transporte de viajeros en distancias inferiores de un máximo de 100 kilómetros en línea recta por trayecto, artículo 8 quater, apartado 2, letra d). [Enm. 53]

3.  La distancia a que se hace referencia en el apartado 2 puede ampliarse a 120 kilómetros si el servicio regular que se prevé introducir se presta entre un punto de destino y un punto de llegada que ya son objeto de más de un contrato de servicio público. [Enm. 54]

Artículo 8 quater

Decisiones de las autoridades expedidoras de la autorización

1.  De conformidad con el procedimiento previsto en los artículos 8, 8 bis y 8 ter, la autoridad expedidora concederá la autorización o la autorización con restricciones, o rechazará la solicitud. La autoridad expedidora informará de su decisión a todas las autoridades competentes a que se refiere el artículo 8, apartado 1.

2.  Las decisiones de denegación de una solicitud, de concesión de una autorización con restricciones o de suspensión o retirada de una autorización, deberán motivarse y basarse en los análisis del órgano regulador, y, si procede, tendrán en cuenta los análisis del organismo regulador. El solicitante o el transportista encargado de efectuar el servicio de que se trate tendrá la posibilidad de recurrir las decisiones de la autoridad expedidora. [Enm. 55].

La autorización se aprobará salvo que su denegación pueda justificarse Una solicitud de autorización solo podrá rechazarse por uno o varios de los motivos siguientes: [Enm. 56]

   a) el solicitante no está en condiciones de explotar el servicio objeto de la solicitud con el material de que dispone directamente;
   b) el solicitante no ha respetado la normativa nacional o internacional sobre transporte por carretera y, en particular, las condiciones y exigencias relativas a las autorizaciones para los servicios de transporte internacional de viajeros, o ha cometido una infracción grave de la legislación sobre transporte por carretera de la Unión o nacional o, en su caso, regional, y en particular de las normas aplicables a los requisitos técnicos de los vehículos y a las normas de emisión, así como a los períodos de conducción y de descanso de los conductores; [Enm. 57]
   c) en el caso de una solicitud de renovación de la autorización, no se han respetado las condiciones de la autorización;
   c bis) el interesado ha solicitado autorización para un servicio regular que discurra por la misma ruta o por otra ruta alternativa, cuando una autoridad competente haya otorgado a un operador de servicio público un derecho exclusivo para prestar determinados servicios públicos de transporte de pasajeros a cambio del cumplimiento de obligaciones de servicio público en el marco de un contrato de servicio público de conformidad con el artículo 3 del Reglamento (CE) n.° 1370/2007. Este motivo de rechazo se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8 quinquies, apartado 1, letra a), del presente Reglamento; [Enm. 58]
   d) un organismo regulador ha determinado, sobre la base de un análisis económico objetivo, que el servicio pondría en riesgo la estabilidad económica de un contrato de servicio público. Dicho análisis evaluará las características estructurales y geográficas pertinentes del mercado y la red en cuestión (tamaño, características de la demanda, complejidad de la red, aislamiento técnico y geográfico y servicios cubiertos por el contrato) y si el nuevo servicio da como resultado una mejora en la calidad de los servicios o de la rentabilidad. [Enm. 59]

Las autoridades expedidoras no rechazarán una solicitud solo por el hecho de que el transportista que solicite la autorización ofrezca precios inferiores a los que ofrecen otros transportistas por carretera o a menos que la autoridad reguladora u otros organismos nacionales pertinentes determinen que el solicitante que pretende entrar en el mercado tiene la intención de ofrecer servicios a precios inferiores a su valor normal durante un período de tiempo prolongado y que, al hacerlo, socavará probablemente la competencia leal. Las autoridades expedidoras no podrán denegar una solicitud únicamente debido a que el trayecto de que se trate ya esté siendo explotado por otros transportistas por carretera. [Enm. 60]

3.  Los Estados miembros garantizarán que las decisiones adoptadas por la autoridad expedidora puedan ser objeto de recurso judicial. Este recurso podrá tener efecto suspensivo solo cuando el efecto inmediato de la decisión de la autoridad expedidora pueda provocar daños irreversibles o manifiestamente excesivos al recurrente. Esta disposición no prejuzgará los poderes otorgados constitucionalmente al órgano jurisdiccional que conozca del recurso en el Estado miembro de que se trate.

Artículo 8 quinquies

Restricciones del derecho de acceso

1.  Los Estados miembros podrán restringir el derecho de acceso al mercado internacional y nacional de los servicios regulares de autobuses y autocares si el servicio regular propuesto realiza transportes de viajeros en distancias inferiores a de hasta 100 kilómetros en línea recta de distancia y en caso de que el servicio pueda poner en riesgo la estabilidad económica de un contrato de servicio público, o cualquier distancia, si se produce en un centro o conurbación urbana o suburbana, o satisface las necesidades de transporte entre ese centro o conurbación y las zonas circundantes, o si el solicitante no ha cumplido con las disposiciones en materia de transporte u otras disposiciones pertinentes de la legislación nacional, de la Unión o internacional. [Enm. 61].

1 bis.  Cuando una autoridad competente haya otorgado derechos exclusivos a una empresa que preste un servicio público de conformidad con el artículo 3 del Reglamento (CE) n.º 1370/2007, la protección de los derechos exclusivos solo se referirá a la operación de los servicios públicos de transporte de viajeros que prestan servicios a las mismas rutas o a rutas alternativas. Esta concesión de derechos exclusivos no impedirá la autorización de nuevos servicios regulares cuando dichos servicios no compitan con el servicio prestado con arreglo al contrato de servicio público o que opere en otras rutas. [Enm. 62]

2.  Las autoridades competentes que hayan adjudicado un contrato de servicio público o los operadores de servicios públicos que ejecuten dicho contrato podrán solicitar al organismo regulador que realice un análisis para determinar si la estabilidad económica del contrato de servicio público se vería afectada.

Cuando se reciba la solicitud, el organismo regulador la examinará la solicitud y decidirá podrá decidir si llevar a cabo el análisis económico de conformidad con el artículo 8 quater, apartado 2, letra d), a menos que existan razones excepcionales, prácticas o de otra índole, que justifiquen la decisión de no hacerlo. Informará a las partes interesadas de su decisión. [Enm. 63]

3.  Cuando el organismo regulador efectúe un análisis económico, informará a todas las partes interesadas de los resultados de dicho análisis y de sus conclusiones en el plazo de seis semanas más breve posible, nunca superior a tres meses, a partir de la recepción de toda la información pertinente. El organismo regulador podrá determinar si debe concederse la autorización, si debe concederse sujeta a determinadas condiciones, o si debe denegarse. [Enm. 64]

Las conclusiones de este organismo serán vinculantes para las autoridades expedidoras.

4.  Las autoridades competentes y los operadores de servicios públicos facilitarán al organismo regulador la información necesaria a los efectos de los apartados 2 y 3.

5.  La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 26 que establezcan el procedimiento y los criterios que deben seguirse para aplicar el presente artículo, especialmente en lo que respecta a la realización del análisis económico.». [Enm. 65]

5 bis.  Los Estados miembros podrán liberalizar aún más el sistema de autorización de servicios regulares nacionales teniendo en cuenta los procedimientos de autorización y los límites de kilometraje. [Enm. 66]

"

12)  En el artículo 9, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:"

«Los artículos 8, 8 bis, 8 ter y 8 quater serán aplicables, mutatis mutandis, a las solicitudes de renovación de autorizaciones o de modificación de las condiciones en que se deben explotar los servicios sujetos a autorización.».

"

13)  El título del capítulo IV se sustituye por el texto siguiente:"

«SERVICIOS REGULARES ESPECIALES EXENTOS DE AUTORIZACIÓN»

"

13 bis.  En el artículo 11, se añade el apartado siguiente:"

«3 bis. Tras la autorización de un servicio regular nacional a un transportista no residente y antes de que este empiece a prestar el servicio correspondiente, un Estado miembro podrá decidir si exige a dicho transportista no residente el cumplimiento de las condiciones respecto del requisito de establecimiento en el Estado miembro de acogida previstas en el Reglamento (CE) n.º 1071/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo*. Dicha decisión deberá motivarse. La decisión tendrá en cuenta el tamaño y duración de la actividad del transportista no residente en el Estado miembro de acogida. Si el Estado miembro de acogida determina que el transportista no residente no cumple el requisito de establecimiento, podrá retirar las autorizaciones pertinentes para los servicios regulares nacionales que se le hubieran concedido o suspenderlas hasta que se cumpla dicho requisito

_________________________

* Reglamento (CE) n.º 1071/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas comunes relativas a las condiciones que han de cumplirse para el ejercicio de la profesión de transportista por carretera y por el que se deroga la Directiva 96/26/CE del Consejo (DO L 300 de 14.11.2009, p. 51)..». [Enm. 67]

"

14)  En el artículo 12, se suprimen los apartados 1 a 5.

15)  Se suprime el artículo 13. [Enm. 68]

16)  El artículo 15 se sustituye por el texto siguiente:"

«Artículo 15

Transportes de cabotaje autorizados

Los transportes de cabotaje se admitirán para los siguientes servicios:

   a) los servicios regulares especiales explotados temporalmente, a condición de que estén amparados por un contrato celebrado entre el organizador y el transportista;
   b) los servicios discrecionales explotados temporalmente; [Enm. 69]
   c) los servicios regulares explotados de conformidad con el presente Reglamento por un transportista no residente en el Estado miembro de acogida en el curso de un servicio internacional regular de conformidad con el presente Reglamento, con excepción de los servicios de transporte que satisfagan las necesidades de un centro urbano o conurbación, o sus necesidades de transporte con las áreas circundantes. El transporte de cabotaje no se efectuará independientemente de dicho servicio internacional..». [Enm. 70]

"

16 bis.  En el artículo 16, apartado 1, la parte introductoria se sustituye por el texto siguiente:"

«1. Sin perjuicio de la aplicación de la normativa comunitaria, la realización de los transportes de cabotaje previstos en el artículo 15 estará sometida a la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo* y a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes en el Estado miembro de acogida, en lo que se refiere a los siguientes ámbitos:

___________________________

* Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios (DO L 18 de 21.1.1997, p. 1). [Enm. 72]

"

17)  Se suprime el artículo 17. [Enm. 73]

17 bis)  El artículo 17 se sustituye por lo siguiente:"

«Artículo 17

Documentos de control para los transportes de cabotaje

1.  Los transportes de cabotaje en forma de servicios discrecionales se realizarán al amparo de la una hoja de ruta contemplada en el artículo 12, que se llevará a bordo del vehículo y , ya sea en papel o formato digital, que se presentará cuando lo pidan los agentes encargados del control a petición de cualquier inspector autorizado.

2.  La hoja de ruta incluirá los siguientes datos:

   a) los puntos de partida y de destino del servicio;
   b) las fechas de comienzo y de fin del servicio.

3.  Las hojas de ruta serán expedidas en los talonarios a que se hace referencia en el artículo 12, certificados por la autoridad o el organismo competente del Estado miembro de establecimiento.

4.  En el caso de los servicios regulares especiales, tendrá valor de documento de control el contrato celebrado entre el transportista y el organizador del transporte o una copia auténtica del mismo. No obstante, se cumplimentará una hoja de ruta en forma de resumen mensual.

No obstante, se cumplimentará una hoja de ruta en forma de resumen mensual.

5.  Las hojas de ruta utilizadas se remitirán a la autoridad o al organismo competente del Estado miembro de establecimiento, según las modalidades que determinen la autoridad o el organismo citados.

5.  Durante los controles, el conductor estará autorizado a ponerse en contacto con la sede, el gestor de transporte o cualquier otra persona o entidad que pueda proporcionar los documentos solicitados [Enm. 74]

"

18)  En el artículo 19, apartado 2, la primera frase se sustituye por el texto siguiente:"

«2. Los transportistas que realicen transportes de cabotaje o presten servicios de transporte internacional de viajeros en autocar y autobús permitirán que se realicen controles destinados a garantizar que los servicios se llevan a cabo correctamente, en particular en lo que se refiere a los períodos de conducción y descanso de los conductores.».

"

19)  El artículo 20, se sustituye por el texto siguiente:"

«Artículo 20

Asistencia mutua

1.  Los Estados miembros colaborarán entre ellos a la hora de aplicar y supervisar el presente Reglamento. Además, intercambiarán información a través de los puntos de contacto nacionales según lo previsto en el artículo 18 del Reglamento (CE) n.º 1071/2009.

2.  Los organismos reguladores cooperarán cuando efectúen análisis económicos para determinar si los servicios regulares propuestos pondrían en riesgo un contrato de servicio público de explotación internacional de servicios públicos de transporte. La autoridad expedidora consultará a los organismos reguladores de todos los demás Estados miembros en los que se preste el servicio regular internacional de que se trate y, cuando proceda, les solicitará toda la información necesaria para tomar la decisión de autorización.».

"

20)  El artículo 26 se sustituye por el texto siguiente:"

«Artículo 26

Ejercicio de la delegación

1.  Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.

2.  Los poderes para adoptar los actos delegados a que se refieren el artículo 4, apartado 2, el artículo 5, apartado 5, el artículo 6, apartado 4, el artículo 7, apartado 2, el artículo 8 quinquies, apartado 5, y el artículo 28, apartado 3, se otorgan a la Comisión por un período de tiempo indefinido a partir del ... [fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].

3.  La delegación de poderes mencionada en el artículo 4, apartado 2, el artículo 5, apartado 5, el artículo 6, apartado 4, el artículo 7, apartado 2, el artículo 8 quinquies, apartado 5, y el artículo 28, apartado 3, podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La Decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La Decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4.  Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016.

5.  Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6.  Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 4, apartado 2, del artículo 5, apartado 5, del artículo 6, apartado 4, del artículo 7, apartado 2, del artículo 8 quinquies, apartado 5, y del artículo 28, apartado 3, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.».

"

21)  El artículo 28 se sustituye por el texto siguiente:"

«Artículo 28

Informes

1.  Cada año, el 31 de enero a más tardar, y por primera vez el 31 de enero de [...el primer mes de enero después de la entrada en vigor del presente Reglamento], las autoridades competentes de los Estados miembros comunicarán a la Comisión el número de autorizaciones de servicios regulares expedidas el año anterior y el número total de autorizaciones de servicios regulares vigentes el 31 de diciembre de ese mismo año. Dicha información se facilitará desglosada por Estado miembro de destino del servicio regular. Los Estados miembros comunicarán también a la Comisión los datos relativos a los transportes de cabotaje en forma de servicios regulares especiales y servicios discrecionales, efectuados durante el año anterior por los transportistas residentes. [Enm. 75]

2.  Cada año, el 31 de enero a más tardar, y por primera vez el 31 de enero de [...el primer mes de enero después de la entrada en vigor del presente Reglamento], las autoridades competentes del Estado miembro de acogida facilitarán a la Comisión estadísticas sobre el número de autorizaciones expedidas el año anterior para los transportes de cabotaje en forma de servicios regulares a que se refiere el artículo 15, letra c).

3.  La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 26 para determinar el formato del cuadro que debe usarse para comunicar las estadísticas previstas en los apartados 1 y 2 y los datos que deben facilitarse.

4.  Cada año, el 31 de enero a más tardar, y por primera vez el 31 de enero de [...el primer mes de enero tras la entrada en vigor del presente Reglamento], los Estados miembros informarán a la Comisión del número de transportistas titulares de una licencia comunitaria desde el 31 de diciembre de año anterior y el número de copias auténticas correspondientes a los vehículos que estuvieran en circulación en dicha fecha.

5.  A más tardar el [introducir la fecha calculada correspondiente a un plazo de 5 años después de la entrada en vigor del presente Reglamento], la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo relativo a la aplicación del presente Reglamento. El informe incluirá información sobre la medida en que el presente Reglamento haya contribuido a mejorar el funcionamiento del mercado del sistema de transporte de viajeros por carretera, en particular para los viajeros, el personal de autobuses y autocares y el medio ambiente.». [Enm. 76]

"

Artículo 2

Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Será aplicable a partir del [XX].

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en , el

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

(1) DO C 262 de 25.7.2018, p. 47.
(2) DO C 387 de 25.10.2018, p. 70.
(3)DO C 262 de 25.7.2018, p. 47.
(4)DO C 387 de 25.10.2018, p. 70.
(5) Posición del Parlamento Europeo de 14 de febrero de 2019.
(6) Reglamento (CE) n.º 1073/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen normas comunes de acceso al mercado internacional de los servicios de autocares y autobuses y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 561/2006 (DO L 300 de 14.11.2009, p. 88).
(7) Reglamento (CE) n.° 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007 sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n°  1191/69 y (CEE) n°  1107/70 del Consejo (DO L 315 de 3.12.2007, p. 1).
(8) Reglamento (UE) n.° 165/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, relativo a los tacógrafos en el transporte por carretera, por el que se deroga el Reglamento (CEE) n ° 3821/85 del Consejo relativo al aparato de control en el sector de los transportes por carretera y se modifica el Reglamento (CE) n ° 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera (DO L 60 de 28.2.2014, p. 1).
(9)DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.


Modificación de la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética y del Reglamento (UE) 2018/1999 sobre la Gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, con motivo de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea ***I
PDF 123kWORD 45k
Resolución
Texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 14 de febrero de 2019, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se adaptan la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la eficiencia energética [modificada por la Directiva (UE) 2018/XXX], y el Reglamento (UE) 2018/XXX del Parlamento Europeo y del Consejo [relativo a la gobernanza de la Unión de la Energía], con motivo de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea (COM(2018)0744 – C8-0482/2018 – 2018/0385(COD))
P8_TA(2019)0126A8-0014/2019

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2018)0744),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y los artículos 192, apartado 1, y 194, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8‑0482/2018),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 30 de enero de 2019, de aprobar la Posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A8-0014/2019),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 14 de febrero de 2019 con vistas a la adopción de la Decisión (UE) 2019/... del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética y el Reglamento (UE) 2018/1999 sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, a causa de la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión

P8_TC1-COD(2018)0385


(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, la Decisión (UE) 2019/504.)


El derecho a manifestarse de forma pacífica y el uso proporcionado de la fuerza
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Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de febrero de 2019, sobre el derecho a manifestarse de forma pacífica y el uso proporcionado de la fuerza (2019/2569(RSP))
P8_TA(2019)0127B8-0103/2019

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los Tratados, y en particular los artículos 2, 3, 4, 6 y 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «la Carta»),

–  Vistos el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en la materia,

–  Vista su Resolución, de 16 de enero de 2019, sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea en 2017(1),

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías; que estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre hombres y mujeres;

B.  Considerando que el Estado de Derecho es la piedra angular de la democracia y uno de los principios fundamentales de la Unión, que opera sobre la base de la presunción de la confianza mutua en que los Estados miembros respetan la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales consagrados en la Carta y en el CEDH;

C.  Considerando que la Unión se ha comprometido a respetar la libertad de expresión y de información, así como la libertad de reunión y asociación;

D.  Considerando que el artículo 11 del CEDH y el artículo 12 de la Carta establecen que «toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación con otras personas, incluido el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses»;

E.  Considerando que a tenor del artículo 11 del CEDH, «el ejercicio de estos derechos no podrá ser objeto de otras restricciones que aquellas que, previstas por la ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos de terceros»;

F.  Considerando que el artículo 11 del CEDH establece asimismo que la libertad de reunión «[...] no prohíbe que se impongan restricciones legítimas al ejercicio de estos derechos por los miembros de las fuerzas armadas, de la policía o de la Administración del Estado»;

G.  Considerando que el artículo 12 de la Carta también afirma que «los partidos políticos a escala de la Unión contribuyen a expresar la voluntad política de los ciudadanos de la Unión»;

H.  Considerando que es necesario proteger la libertad de asociación; que una sociedad civil dinámica y unos medios de comunicación pluralistas desempeñan un papel crucial en el fomento de una sociedad abierta y plural y de la participación de los ciudadanos en el proceso democrático, así como en el fortalecimiento de la rendición de cuentas de los Gobiernos;

I.  Considerando que la libertad de reunión va acompañada de la libertad de expresión, garantizada por el artículo 11 de la Carta y el artículo 10 del CEDH, que sostiene que «toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, y que este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras»;

J.  Considerando que, conforme a lo indicado en el artículo 10 del CEDH, «el ejercicio de estas libertades que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones, previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos de terceros, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial»;

K.  Considerando que el artículo 52 de la Carta estipula que «cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la presente Carta deberá ser establecida por la ley y respetar el contenido esencial de dichos derechos y libertades»;

L.  Considerando que, en virtud del artículo 4, apartado 2, del TUE, la Unión «respetará las funciones esenciales del Estado [de los Estados miembros], especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden público y salvaguardar la seguridad nacional»; y que, «la seguridad nacional seguirá siendo responsabilidad exclusiva de cada Estado miembro»;

M.  Considerando que, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, todas las restricciones de los derechos fundamentales y de las libertades civiles deben respetar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad;

N.  Considerando que se ha criticado a las fuerzas policiales de diversos Estados miembros por socavar el derecho a manifestarse y por emplear una fuerza excesiva;

1.  Pide a los Estados miembros que respeten los derechos a la libertad de reunión pacífica, a la libertad de asociación y a la libertad de expresión;

2.  Subraya que el debate público es vital para el funcionamiento de las sociedades democráticas;

3.  Condena la adopción de leyes restrictivas en materia de libertad de reunión en varios Estados miembros en los últimos años;

4.  Condena el uso de intervenciones violentas y desproporcionadas por parte de las autoridades estatales durante las protestas y las manifestaciones pacíficas; anima a las autoridades competentes a que garanticen una investigación transparente, imparcial, independiente y eficaz en los casos en que existan sospechas o denuncias de uso de una fuerza desproporcionada; recuerda que las fuerzas policiales siempre deben ser responsables del cumplimiento de sus obligaciones y de su actuación en los marcos jurídicos y operativos pertinentes;

5.  Pide a los Estados miembros que garanticen que el uso de la fuerza por parte de las autoridades policiales siempre sea legal, proporcionado, necesario y que se registre como último recurso, así como que preserve la vida humana y la integridad física; observa que el uso indiscriminado de la fuerza contra multitudes contraviene el principio de proporcionalidad;

6.  Señala el importante papel de los periodistas y los reporteros gráficos a la hora de informar acerca de casos de violencia desproporcionada y condena todos los casos en que han sido el objetivo de ataques intencionados;

7.  Cree que la violencia contra los manifestantes pacíficos no puede ser nunca una solución en un debate o en la política;

8.  Reconoce que la policía, en la que también se han producido numerosas víctimas, actúa en condiciones difíciles, debido en particular a la hostilidad de algunos manifestantes, pero también a una carga de trabajo excesiva; condena todo tipo de violencia contra personas o bienes por parte de manifestantes militantes violentos, que acuden solo con fines violentos y minan la legitimidad de las protestas pacíficas;

9.  Anima a las autoridades de los Estados miembros encargadas de hacer cumplir la ley a que participen activamente en la formación impartida por la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL) sobre «Orden público: control policial de acontecimientos importantes»; anima a los Estados miembros a intercambiar mejores prácticas a este respecto;

10.  Hace hincapié en la importancia de garantizar la seguridad de los agentes de seguridad, los agentes de policía y los soldados que participan en las operaciones de mantenimiento de la seguridad durante las manifestaciones públicas de protesta;

11.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Consejo de Europa, a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y a las Naciones Unidas.

(1)  Textos Aprobados, P8_TA(2019)0032.


Derechos de las personas intersexuales
PDF 145kWORD 52k
Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de febrero de 2019, sobre los derechos de las personas intersexuales (2018/2878(RSP))
P8_TA(2019)0128B8-0101/2019

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea,

–  Vistos los artículos 8 y 10 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, su artículo 21,

–  Vista la Carta Social Europea y, en particular, su artículo 11,

–  Vista la Directiva 2012/29/UE, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos(1),

–  Visto el Informe publicado por la Comisión Europea en 2011 y titulado «Trans and Intersex People» («Personas transexuales e intersexuales»),

–  Vistos los informes finales del proyecto piloto Health4LGBTI, financiado por la Comisión Europea, sobre las desigualdades en materia de salud que sufren las personas LGBTI,

–  Vista su Resolución, de 4 de febrero de 2014, sobre la hoja de ruta de la UE contra la homofobia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género(2),

–  Vista su Resolución, de 13 de diciembre de 2016, sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea en 2015(3),

–  Visto el documento publicado en mayo de 2015 por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) titulado «The Fundamental Rights Situation for Intersex People» («La situación de los derechos fundamentales de las personas intersexuales»)(4),

–  Vista la publicación en línea de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de noviembre de 2017, titulada «Mapping Minimum Age Requirements Concerning The Rights of The Child in The EU »(«Cartografía de los requisitos en materia de edad mínima en relación con los derechos del niño en la UE»)(5),

–  Visto el Informe sobre los derechos fundamentales 2018 de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Visto el Convenio Europeo de Derechos Humanos,

–  Visto el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes,

–  Vista la Resolución 2191 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, adoptada en 2017, sobre el fomento de los derechos humanos de las personas intersexuales y la eliminación de su discriminación,

–  Visto el Informe de 2015 del comisario para los derechos humanos del Consejo de Europa titulado «Human Rights and Intersex People» («Derechos humanos y personas intersexuales»),

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,

–  Visto el Informe de 2013 del relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,

–  Vistos los Principios de Yogyakarta («Principios y obligaciones de los Estados sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características sexuales»), aprobados en noviembre de 2006, y los diez principios complementarios («Más diez»), aprobados el 10 de noviembre de 2017,

–  Vistas las preguntas al Consejo y a la Comisión sobre los derechos de las personas intersexuales (O-000132/2018 – B8-0007/2019 y O-000133/2018 – B8-0008/2019),

–  Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior,

–  Vistos el artículo 128, apartado 5, y el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que los individuos intersexuales nacen con características físicas sexuales que no se ajustan a las normas médicas o sociales de los cuerpos de hombre o mujer y que estas variaciones en las características sexuales se pueden manifestar en las características primarias (como los genitales internos y externos y la estructura hormonal y cromosómica) o secundarias (como la masa muscular, la distribución del vello o la estatura);

B.  Considerando que las personas intersexuales están expuestas a numerosos tipos de violencia y discriminación en la Unión Europea y que la opinión pública y los responsables políticos desconocen, en gran medida, estas violaciones de los derechos humanos;

C.  Considerando que entre los menores intersexuales se registra una prevalencia elevada de intervenciones quirúrgicas y de tratamientos médicos pese a que, en la mayoría de los casos, no son necesarios desde el punto de vista médico; que la cirugía estética y la cirugía de urgencia se pueden proponer como un paquete, lo que impide que las personas intersexuales y sus padres tengan toda la información relativa a las consecuencias de cada una de ellas;

D.  Considerando que las intervenciones quirúrgicas y los tratamientos médicos y quirúrgicos se practican en niños intersexuales sin su consentimiento previo, personal, pleno e informado; que las mutilaciones genitales de las personas intersexuales pueden dejar secuelas de por vida, como por ejemplo traumas psicológicos o deficiencias físicas;

E.  Considerando que las personas y los niños intersexuales que pertenecen a otras minorías y grupos desfavorecidos están marginados en mayor medida, socialmente excluidos y corren el riesgo de ser objeto de violencia y discriminación debido a su cruce de identidades;

F.  Considerando que en la mayoría de los Estados miembros se puede realizar una operación quirúrgica a un niño intersexual o a una persona intersexual con discapacidad con el consentimiento de su tutor legal, independientemente de la capacidad de la persona intersexual para decidir por sí misma;

G.  Considerando que, en muchos casos, los padres o tutores legales están muy presionados para tomar decisiones sin estar completamente informados de las secuelas que puede sufrir su hijo de por vida;

H.  Considerando que numerosas personas intersexuales no disfrutan de un acceso pleno a sus historiales médicos y que, por lo tanto, no saben que son intersexuales o desconocen los tratamientos médicos a los que han sido sometidos;

I.  Considerando que las variaciones intersexuales siguen siendo clasificadas como enfermedad, como ocurre en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de la Organización Mundial de la Salud, a falta de pruebas que demuestren la efectividad a largo plazo de los tratamientos existentes;

J.  Considerando que algunas personas intersexuales no se identifican con el género que se les asigna médicamente al nacer; que el reconocimiento legal de género basado en la autodeterminación solo es posible en seis Estados miembros; que muchos Estados miembros siguen exigiendo la esterilización para el reconocimiento legal de género;

K.  Considerando que la legislación contra la discriminación a escala de la Unión, y en la mayoría de los Estados miembros, no incluye la discriminación basada en características sexuales, ya sea como categoría independiente o interpretada como una forma de discriminación basada en el sexo;

L.  Considerando que numerosos niños intersexuales se enfrentan a violaciones de los derechos humanos y a la mutilación genital en la Unión cuando se someten a tratamientos normalizadores del sexo;

1.  Toma nota de la urgente necesidad de abordar las violaciones de los derechos humanos de las personas intersexuales y pide a la Comisión y a los Estados miembros que propongan medidas legislativas para abordar estas cuestiones;

Medicalización y patologización

2.  Condena firmemente los tratamientos normalizadores del sexo y las intervenciones quirúrgicas; acoge con satisfacción las leyes que prohíben las intervenciones quirúrgicas (como en el caso de Malta y Portugal) y anima a otros Estados miembros a adoptar una legislación similar en el plazo más breve posible;

3.  Subraya la necesidad de proporcionar asesoramiento y apoyo adecuados a los niños intersexuales y a las personas intersexuales con discapacidad, así como a sus padres o tutores, y de informarles plenamente sobre las consecuencias de los tratamientos normalizadores del sexo;

4.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen a las organizaciones que trabajan para acabar con el estigma del que son víctima las personas intersexuales;

5.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que aumenten la financiación de las organizaciones ciudadanas de personas intersexuales;

6.  Pide a los Estados miembros que mejoren el acceso de las personas intersexuales a su historial médico y que garanticen que nadie sea sometido a tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas innecesarios durante la infancia o la niñez, garantizando de este modo la integridad corporal, la autonomía y la autodeterminación de los niños afectados;

7.  Considera que la patologización de las variaciones intersexuales pone en peligro el pleno disfrute por parte de las personas intersexuales del derecho al grado de salud más elevado posible tal y como se consagra en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño; pide a los Estados miembros que garanticen que la intersexualidad deje de ser considerada una patología;

8.  Acoge con satisfacción que en la undécima revisión de Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) las identidades transexuales dejen de tratarse, aun parcialmente, como una patología; apunta, sin embargo, que la categoría de «incongruencia de género» en la infancia considera que los comportamientos no normativos de género en la infancia constituyen una patología; por tanto, pide a los Estados miembros que continúen esforzándose por eliminar esta categoría de la CIE-11 y que adapten la futura revisión de la CIE a sus sistemas nacionales de salud;

Documentos de identidad

9.  Destaca la importancia de los procedimientos flexibles de inscripción de los nacimientos; acoge con satisfacción la legislación adoptada en algunos Estados miembros que permite el reconocimiento jurídico del género sobre la base de la autodeterminación; anima a otros Estados miembros a adoptar una legislación similar, entre los que figuran procedimientos flexibles para cambiar los marcadores de género, siempre que se sigan registrando, así como los nombres que figuran en los certificados de nacimiento y en los documentos de identidad (incluida la posibilidad de utilizar nombres neutros en cuanto al género);

Discriminación

10.  Lamenta la falta de reconocimiento de las características sexuales como un motivo de discriminación en toda la Unión y, por consiguiente, destaca la importancia de este criterio para garantizar el acceso a la justicia a las personas intersexuales;

11.  Pide a la Comisión que refuerce el intercambio de buenas prácticas a este respecto; pide a los Estados miembros que adopten las medidas legislativas que se imponen para velar por la protección, el respeto y el fomento adecuado de los derechos fundamentales de las personas intersexuales, incluidos los niños intersexuales, así como su protección plena frente a la discriminación;

Sensibilización pública

12.  Pide a todas las partes interesadas que investiguen sobre las personas intersexuales desde una perspectiva sociológica y de derechos humanos y no desde una perspectiva médica;

13.  Pide a la Comisión que se asegure de que los fondos de la Unión no apoyan proyectos de investigación o médicos que contribuyan en mayor medida a las violaciones de los derechos humanos de las personas intersexuales en el contexto de las redes europeas de referencia; pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen y financien la investigación sobre la situación de los derechos humanos de las personas intersexuales;

14.  Pide a la Comisión que adopte un enfoque holístico basado en los derechos en relación con las personas intersexuales y que coordine mejor el trabajo de la DG de Justicia y Consumidores, la DG de Educación, Juventud, Deporte y Cultura y la DG de Salud y Seguridad Alimentaria para garantizar la coherencia de las políticas y programas de apoyo a las personas intersexuales, incluida la formación de los funcionarios públicos y del cuerpo médico;

15.  Pide a la Comisión que refuerce la dimensión intersexual en su lista plurianual de acciones LGBTI para el periodo actual y que comience a preparar una renovación de esta estrategia para el próximo periodo plurianual (2019-2024);

16.  Pide a la Comisión que facilite el intercambio de mejores prácticas entre los Estados miembros en materia de protección de los derechos humanos y de la integridad física de las personas intersexuales;

o
o   o

17.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros y a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

(1) DO L 315 de 14.11.2012, p. 57.
(2) DO C 93 de 24.3.2017, p. 21.
(3) DO C 238 de 6.7.2018, p. 2.
(4) https://fra.europa.eu/en/publication/2015/fundamental-rights-situation-intersex-people
(5) http://fra.europa.eu/en/publication/2017/mapping–minimum–age–requirements–concerning–rights–child–eu


El futuro de la lista de medidas sobre las personas LGBTI (2019-2024)
PDF 128kWORD 52k
Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de febrero de 2019, sobre el futuro de la lista de medidas sobre las personas LGBTI (2019-2024) (2019/2573(RSP))
P8_TA(2019)0129B8-0127/2019

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea,

–  Vistos los artículos 8 y 10 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, su artículo 21,

–  Visto el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales,

–  Vista la Recomendación CM/Rec(2010)5 del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros sobre medidas para combatir la discriminación basada en la orientación sexual o la identidad de género, adoptada el 31 de marzo de 2010,

–  Vistas la propuesta de Directiva del Consejo por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual (COM(2008)0426), y la Posición del Parlamento, de 2 de abril de 2009, sobre dicha propuesta,

–  Vistas las Directrices para promover y proteger el disfrute de todos los derechos humanos por las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI), aprobadas por el Consejo de la Unión Europea en su reunión del 24 de junio de 2013,

–  Vistas las conclusiones del Consejo Europeo, de 16 de junio de 2016, sobre la igualdad de las personas LGBTI,

–  Vistos los resultados del estudio sobre las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales en la UE realizado por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) y publicado el 17 de mayo de 2013,

–  Vista su Resolución, de 4 de febrero de 2014, sobre la hoja de ruta de la UE contra la homofobia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género(1),

–  Vista su Resolución, de 16 de enero de 2019, sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea en 2017(2),

–  Vista la Resolución 2191(2017), de 12 de octubre de 2017, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre la promoción de los derechos humanos de las personas intersexuales y la eliminación de su discriminación,

–  Vista la «Lista de medidas de la Comisión para promover la igualdad de las personas LGBTI», de diciembre de 2015,

–  Vistos los informes anuales de la Comisión de 2016 y 2017 sobre la aplicación de la lista de medidas para promover la igualdad de las personas LGBTI,

–  Vista la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de 5 de junio de 2018 (Relu Adrian Coman y otros v Inspectoratul General pentru Imigrări and Ministerul Afacerilor Interne)(3), así como demás jurisprudencia relevante del TJUE y del TEDR,

–  Visto el Informe de mayo de 2015 de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea titulado The fundamental rights situation for intersex people («La situación de los derechos fundamentales de las personas intersexuales»),

–  Visto el Informe de marzo de 2017 de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea titulado Current migration situation in the EU: Lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex asylum seekers («Situación migratoria actual en la UE: solicitantes de asilo lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales»),

–  Visto el Informe de 2015 del comisario para los derechos humanos del Consejo de Europa titulado Human Rights and Intersex People («Derechos humanos y personas intersexuales»),

–  Vista la Resolución 2048(2015), de 22 de abril de 2015, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre la discriminación de las personas transgénero en Europa,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW),

–  Visto el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul),

–  Vista la pregunta a la Comisión sobre el futuro de la lista de medidas sobre las personas LGBTI (2019-2024) (O-000006/2019 – B8-0014/2019),

–  Vistos el artículo 128, apartado 5, y el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que las personas LGBTI siguen sufriendo discriminación y violencia en la Unión Europea; que no todos los Estados miembros brindan a estas personas protección juridica frente a la discriminación;

B.  Considerando que el Parlamento Europeo, en su Resolución de 4 de febrero de 2014 sobre la hoja de ruta de la UE contra la homofobia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, pidió a la Comisión que adopte una estrategia sobre la igualdad de las personas LGBTI;

C.  Considerando que el Consejo Europeo, en sus conclusiones sobre la igualdad de las personas LGBTI, de 16 de junio de 2016, pidió a los Estados miembros que trabajen junto con la Comisión en lo relativo a la lista de medidas sobre las personas LGBTI;

D.  Considerando que la Comisión ha adoptado una serie de marcos estratégicos exhaustivos en otros aspectos relacionados con los derechos fundamentales, como por ejemplo la discapacidad y la inclusión de la población romaní, pero que aún tiene pendiente tomar este tipo de medidas en relación con los derechos de las personas LGBTI;

E.  Considerando que la lista de medidas para promover la igualdad de las personas LGBTI publicada por la Comisión en 2015 constituye una estrategia no vinculante y no exhaustiva;

F.  Considerando que los informes de la Comisión sobre la aplicación de la lista de medidas para promover la igualdad de las personas LGBTI demuestran que se han dado pasos importantes pero también que resta mucho por hacer para garantizar la igualdad entre todos los ciudadanos de la Unión, incluidas las personas LGBTI;

G.  Considerando que, si bien las orientaciones adoptadas por el Consejo Europeo para promover y proteger el disfrute de todos los derechos humanos por parte de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) han sido vinculantes para la Unión y sus Estados miembros en su acción exterior desde 2013, la falta de un compromiso complementario interno por parte de la Unión plantea una amenaza para la cohesión exterior e interior;

H.  Considerando que la Directiva contra la discriminación sigue bloqueada en el Consejo;

1.  Reitera las recomendaciones de su Resolución sobre la hoja de ruta de la Unión Europea;

2.  Observa en los últimos años una involución en la Unión Europea en relación con la igualdad de género, que incide directamente sobre las personas LGBTI; pide a la Comisión que se comprometa a enfrentar esta involución, a hacer de la igualdad y de la no discriminación un ámbito prioritario y a velar por que este compromiso sea asumido también en el trabajo de la siguiente Comisión, cuyo mandato se iniciará este mismo año;

3.  Pide a la Comisión que en su programa de trabajo para 2019-2024 dé prioridad a los derechos de las personas LGBTI y que refuerce la cooperación entre las distintas direcciones generales en los ámbitos en los que estos derechos deban ser aplicados de manera transversal, como por ejemplo en la salud y en la educación, tal como se recoge en la lista de medidas para las personas LGBTI;

4.  Pide a la Comisión que apruebe otro documento estratégico para promover la igualdad de las personas LGBTI;

5.  Pide a la Comisión que supervise y haga cumplir la implantación de la legislación antidiscriminación y de las medidas para garantizar los derechos de las personas LGBTI en todos los ámbitos;

6.  Pide a la Comisión que siga trabajando en los temas ya incluidos en la lista de medidas sobre las personas LGBTI;

7.  Pide a la Comisión que involucre al Parlamento y a las organizaciones de la sociedad civil en el diseño de su futura lista de medidas sobre las personas LGBTI;

8.  Pide a la Comisión que prosiga con sus campañas de comunicación y de sensibilización de la opinión pública en relación con las personas LGTBI y sus familias; destaca la importancia de este tipo de acciones a todos los niveles, así como de centrarse en las ventajas de la diversidad para la sociedad más que en la mera normalización de las personas LGBTI;

9.  Pide a la Comisión que dé facilidades y apoye a los Estados miembros en su aplicación de programas de educación sexual y relacional exhaustivos y de calidad que ofrezcan información y educación sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos sin juicios de valor y con enfoque positivo e inclusivo de las personas LGBTI;

10.  Pide a la Comisión que tome medidas concretas para garantizar la libertad de circulación de todas las familias, incluidas las de personas LGBTI, en consonancia con la resolución del TJUE en el reciente asunto Coman;

11.  Observa que ocho Estados miembros exigen la esterilización y que dieciocho Estados miembros exigen un diagnóstico de salud mental para acceder al reconocimiento jurídico del género; pide a la Comisión que valore si dichos requisitos se atienen a lo dispuesto en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea;

12.  Pide a la Comisión que incorpore una perspectiva interseccional en su futuro trabajo en relación con los derechos de las personas LGBTI, que tome en consideración las experiencias de discriminación interseccional vividas por personas LGBTI marginadas y que desarrolle medidas para atender a las necesidades de estas personas, habilitando, por ejemplo, financiación para redes de apoyo específico de colectivos LGBTI marginados;

13.  Pide a la Comisión que siga trabajando junto con los Estados miembros con vistas a la ejecución de sus futuras acciones en relación con los derechos de las personas LGBTI;

14.  Pide a la Comisión que refuerce el intercambio de buenas prácticas a este respecto; pide a los Estados miembros que adopten la legislación necesaria para velar por la protección, el respeto y el fomento adecuado de los derechos fundamentales de los niños LGBTI, así como por su protección plena frente a la discriminación;

15.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos y los Gobiernos de los Estados miembros y a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

(1) DO C 93 de 24.3.2017, p. 21.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2019)0032.
(3) Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 5 de junio de 2018, ECLI:EU:C:2018:385.


El futuro del Tratado INF y su repercusión en la Unión
PDF 129kWORD 55k
Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de febrero de 2019, sobre el futuro del Tratado INF y su repercusión en la Unión (2019/2574(RSP))
P8_TA(2019)0130RC-B8-0128/2019

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Tratado entre los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre la Eliminación de sus Misiles de Alcance Intermedio y de Menor Alcance (en lo sucesivo, el «Tratado INF») firmado en Washington el 8 de diciembre de 1987 por el entonces presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, y el líder de la Unión Soviética, Mijaíl Gorbachov(1),

–  Visto el informe de 2018 sobre la adhesión y el cumplimiento de los acuerdos y compromisos en materia de control de armas, no proliferación y desarme, elaborado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos,

–  Vista la declaración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de 21 de octubre de 2018, en la que avisaba de la retirada de los Estados Unidos del Tratado INF,

–  Vista la declaración del secretario de Estado de los Estados Unidos, de 2 de febrero de 2019, sobre la intención de los Estados Unidos de retirarse del Tratado INF(2),

–  Vista la declaración del presidente ruso Vladimir Putin, de 2 de febrero de 2019, en la que afirmaba que también Rusia suspendería su participación en el Tratado,

–  Vista la declaración sobre el Tratado INF hecha pública por los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN el 4 de diciembre de 2018(3),

–  Vista la «Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea – Una visión común, una actuación conjunta: una Europa más fuerte»,

–   Vistas las preocupaciones expresadas en 2019 por los Estados Unidos y la OTAN sobre el incumplimiento por parte de Rusia del Tratado INF, en particular en lo referente a su nuevo sistema de misiles 9M729, y más recientemente en la declaración de 1 de febrero de 2019 del Consejo del Atlántico Norte(4),

–  Vistas las observaciones de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) Federica Mogherini en ocasión de la Séptima Conferencia de No Proliferación y Desarme de la Unión, celebrada en Bruselas los días 18 y 19 de diciembre de 2018,

–  Vista su Resolución, de 27 de octubre de 2016, sobre seguridad nuclear y no proliferación(5),

–  Vista la declaración conjunta sobre la cooperación UE-OTAN, firmada el 10 de julio de 2018 en Bruselas,

–  Vista la Agenda para el Desarme de las Naciones Unidas(6),

–  Visto el objetivo de desarrollo sostenible n.º 16 de las Naciones Unidas consistente en promover sociedades pacíficas e inclusivas en el marco del desarrollo sostenible(7),

–  Visto el informe anual de situación de 2017 sobre la aplicación de la Estrategia de la Unión Europea contra la proliferación de armas de destrucción masiva de 18 de mayo de 2018,

–  Visto el Tratado sobre la No Proliferación Nuclear (TNP) de 1968, que impone a todos los Estados la obligación de proseguir el desarme nuclear de buena fe y cesar la carrera armamentística nuclear,

–  Visto el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares aprobado el 7 de julio de 2017 por la Asamblea General de las Naciones Unidas,

–  Vista su Resolución, de 10 de marzo de 2010, relativa al Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares(8),

–  Vista la estrategia de la Unión contra la proliferación de armas de destrucción masiva, aprobada por el Consejo Europeo el 12 de diciembre de 2003,

–  Vistas las conclusiones del Consejo sobre la Novena Conferencia de las Partes Encargada del Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (8079/15),

–  Visto el Premio Nobel de la Paz de 2017 otorgado a la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN), y su declaración de 1 de febrero de 2019 titulada «US withdrawal from INF Treaty puts Europe (and the world) at risk» (La retirada estadounidense del Tratado INF pone en peligro a Europa (y al mundo)),

–  Visto el artículo 123, apartados 2 y 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que el Tratado INF, firmado en 1987 por los Estados Unidos y la Unión Soviética, fue un acuerdo único de la época de la Guerra Fría, ya que obligaba a ambos países a destruir sus existencias de misiles balísticos y de crucero lanzados desde tierra, tanto nucleares como armados de forma convencional, con alcance entre 500 y 5 500 km, en lugar de establecer límites al respecto, y prohibía a las partes la posesión, producción y ensayos en vuelo de estos misiles;

B.  Considerando que, antes de mayo de 1991, se habían destruido unos 2 692 misiles con arreglo a las disposiciones del Tratado; que a continuación siguieron diez años de inspecciones sobre el terreno; que en última instancia más de 3 000 misiles con cabezas nucleares fueron retirados gracias al Tratado INF;

C.  Considerando que el Tratado INF ha contribuido a contener la competencia estratégica entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, y posteriormente la Federación de Rusia, y a construir y reforzar la estabilidad durante la época de la Guerra Fría; que Europa ha sido el principal beneficiario del Tratado INF, que ha sido fundamental para mantener su seguridad durante más de tres décadas; que el Tratado sigue siendo un pilar de la paz y la estabilidad internacional, en particular como parte de la arquitectura de seguridad europea;

D.  Considerando que en 2014 el Gobierno de Obama afirmó que Rusia incumplía sus obligaciones en virtud del Tratado INF en cuanto a la no posesión, producción o ensayo de misiles de crucero lanzados desde tierra con un alcance de entre 500 y 5 500 km, ni a la posesión ni producción de lanzadores para dichos misiles; que en informes posteriores, publicados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en 2015, 2016, 2017 y 2018, se reiteraron las acusaciones de los Estados Unidos acerca de la continua vulneración del Tratado por parte de Rusia;

E.  Considerando que los Estados Unidos y la OTAN han cuestionado repetidamente a Rusia acerca de sus actividades de desarrollo de misiles, en especial en cuanto al sistema de misiles 9M729, que consideran que vulnera el Tratado INF;

F.  Considerando que, en diciembre de 2017, con ocasión del 30.º aniversario del Tratado, el Gobierno del presidente Trump anunció una «estrategia integrada» de medidas diplomáticas, militares y económicas, con el fin de restablecer el cumplimiento por parte de Rusia; que estas medidas incluían esfuerzos diplomáticos a través de la Comisión Especial de Verificación, la puesta en marcha de un programa de investigación y desarrollo militar y medidas económicas contra las entidades rusas implicadas en el desarrollo y la producción de misiles no conformes;

G.  Considerando que tanto los Estados Unidos como Rusia se han abstenido de abordar sus preocupaciones mutuas mediante el diálogo diplomático; que no se ha convocado a la Comisión Especial de Verificación establecida por el Tratado para tratar, entre otros asuntos, las cuestiones relativas al cumplimiento;

H.  Considerando que, el 20 de octubre de 2018, el presidente Trump anunció que los Estados Unidos se retirarían del Tratado debido a los incumplimientos de Rusia y la no participación de China; que, el 4 de diciembre de 2018, tras la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció que los Estados Unidos habían constatado que Rusia había infringido el Tratado y que, como respuesta, suspenderían sus obligaciones con efecto a los sesenta días, a menos que Rusia volviera a respetar el Tratado plenamente y de modo verificable;

I.  Considerando que, el 1 de febrero de 2019, pasado el plazo de sesenta días concedido a Rusia para volver a cumplir plenamente el Tratado, los Estados Unidos anunciaron que suspenderían sus obligaciones en virtud del Tratado INF e iniciarían el proceso de retirada del mismo a menos que Rusia, que, según los Estados Unidos, contraviene gravemente el Tratado, volviera a cumplir sus condiciones en un plazo de seis meses; que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha pedido a Rusia que aproveche el periodo de seis meses que ofrecen los Estados Unidos para volver a cumplir plenamente el Tratado;

J.  Considerando que, el 4 de diciembre de 2018, los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN reconocieron que Rusia había infringido el Tratado INF y pidieron a Rusia que volviera a cumplir el Tratado con carácter urgente y de modo verificable;

K.  Considerando que, el 2 de febrero de 2019, Rusia anunció que suspendería el Tratado INF y desarrollaría nuevos tipos de misiles; que las autoridades rusas han mostrado reiteradamente sus preocupaciones por las instalaciones de misiles de defensa de la OTAN;

L.  Considerando que China, junto con otros países no signatarios del Tratado INF, ha llevado a cabo una proliferación generalizada de su arsenal de misiles, lo que demuestra la necesidad de un nuevo Tratado que vincule a los Estados Unidos, Rusia y China;

M.  Considerando que la posible resolución del Tratado podría generar una escalada de tensiones entre los Estados que poseen armas nucleares, malentendidos y una nueva carrera de armamentos;

N.  Considerando que el Tratado INF es uno de los cimientos que sostienen la estabilidad estratégica mundial, la paz mundial y la seguridad regional; que el mantenimiento del Tratado contribuiría a los esfuerzos por mantener, a su vez, otros acuerdos vigentes en materia de control de armas y desarme, y por crear condiciones más favorables para las negociaciones sobre limitaciones de armas, desarme y no proliferación; que los anuncios de retirada ponen en cuestión la posibilidad de que se prorroguen otros tratados importantes sobre control armamentístico, como el Tratado entre los Estados Unidos de América y la Federación de Rusia sobre Medidas para la Ulterior Reducción y Limitación de las Armas Estratégicas Ofensivas («nuevo START»), lo que socavaría gravemente el régimen internacional de control armamentístico que ha proporcionado décadas de estabilidad en lo que respecta a las armas nucleares, con lo que el planeta dejaría de contar con límites jurídicamente vinculantes y verificables en materia de arsenales nucleares;

O.  Considerando que, el 20 de septiembre de 2017, el secretario general de las Naciones Unidas abrió para su firma el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, que hasta la fecha ha sido firmado por setenta Estados, de los que veintiuno se han convertido en Estados parte a través de la ratificación de la adhesión, entre ellos un Estado miembro de la Unión, Austria, y que probablemente Irlanda entregará sus instrumentos de ratificación al secretario general de las Naciones Unidas en los próximos meses.;

P.  Considerando que la ICAN, galardonada con el Premio Nobel de la Paz, ha pedido a todos los Estados que ratifiquen el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares;

1.  Apoya el cumplimiento del Tratado INF, así como su continuación y refuerzo; recuerda su vital contribución a la paz y la seguridad en Europa y en el resto del mundo, así como al desarme y la no proliferación mundiales;

2.  Expresa su honda preocupación por los incumplimientos del Tratado, y el posterior anuncio de los Estados Unidos, y después de Rusia, de suspender sus obligaciones en virtud del mismo y su retirada en un plazo de seis meses; subraya que estos acontecimientos suponen una amenaza para uno de los intereses esenciales de Europa en términos de seguridad, así como para la seguridad y la paz a nivel europeo y mundial; teme que estas acciones puedan dar lugar a errores de cálculo y percepciones erróneas que provoquen un deterioro de las relaciones entre los Estados Unidos y Rusia, una escalada de la tensión, mayores amenazas y riesgos nucleares y militares, así como un posible retorno a las carreras armamentísticas desestabilizadoras, que serían perjudiciales para la seguridad y la estabilidad estratégica de Europa;

3.  Condena a Rusia por haber seguido infringiendo los términos del Tratado;

4.  Pide a la Federación de Rusia que vuelva a un cumplimiento pleno y verificable del Tratado, con el fin de dar respuesta a las preocupaciones planteadas por los Estados Unidos y la OTAN, en respuesta al incumplimiento continuado por parte de Rusia de los términos del Tratado, e insta a Rusia a que se comprometa con el futuro a largo plazo del acuerdo;

5.  Reconoce la importancia de la transparencia plena y del diálogo en aras de generar confianza en la aplicación del Tratado INF y de cualquier otro acuerdo que apoye la estabilidad y la seguridad estratégicas; en virtud de todo lo expuesto, pide tanto a Rusia como a los Estados Unidos que resuelvan las respectivas acusaciones de incumplimiento, a fin de entablar un diálogo constructivo bajo los auspicios del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Comisión de Verificación Especial u otros foros apropiados, con el objetivo de reducir las tensiones, teniendo en cuenta los intereses y preocupaciones de ambas partes, prosigan las negociaciones de buena fe para salvaguardar el Tratado INF antes de la retirada efectiva en agosto de 2019, mejoren la transparencia y el seguimiento mutuo, y establezcan unas normas y garantías más sólidas en lo que respecta a sus respectivos misiles y sus capacidades nucleares;

6.  Insta a la VP/AR a que aproveche el período de seis meses para utilizar todos los medios políticos y diplomáticos a su disposición para entablar un diálogo con los Estados signatarios del INF, con el fin de restablecer la confianza transfronteriza, ofreciendo al mismo tiempo los conocimientos y la experiencia de mediación de la Unión, con el objetivo de evitar la retirada tanto de los Estados Unidos como de Rusia; insta a la VP/AR a que promueva la preservación y el desarrollo del Tratado INF y a que entable negociaciones para un tratado multilateral aplicable a esta categoría de misiles; pide a la VP/AR que garantice que la Unión asume un papel proactivo y creíble como garante de la seguridad, en particular por su proximidad, así como un papel sólido y constructivo en el desarrollo y el refuerzo de la arquitectura mundial basada en normas en materia de no proliferación, control armamentístico y desarme;

7.  Pone de relieve que el incierto futuro del Tratado INF no debe poner en peligro otros acuerdos sobre control armamentístico; insta a ambas partes a que prorroguen el nuevo Tratado START de 2010, antes de que expire en 2021, que limita el número de cabezas estratégicas desplegadas por cada una de las partes a 1 550;

8.  Reitera su compromiso pleno con el mantenimiento de regímenes internacionales eficaces de control de armas, desarme y no proliferación como piedra angular de la seguridad mundial y europea; opina que Europa debe predicar con el ejemplo para ser creíble y avanzar hacia un mundo libre de armas nucleares; pide a los Estados miembros de la Unión que conviertan el desarme nuclear multilateral en una de las prioridades de la política exterior y de seguridad de la Unión; reitera su compromiso con la aplicación de políticas concebidas para avanzar en la reducción y eliminación de todos los arsenales nucleares;

9.  Cree que la seguridad europea debe seguir siendo indivisible; solicita a todos los Estados miembros de la Unión que son también miembros de la OTAN que actúen en consecuencia; pide a la VP/AR que desarrolle una evaluación común de la amenaza en la que se analicen las implicaciones para la seguridad de la Unión en caso de que dejen de aplicarse el Tratado INF a la Unión y a sus ciudadanos, y que informen al Parlamento con puntualidad, de conformidad con el artículo 36 del Tratado de la Unión Europea, y desarrollen posteriormente una estrategia creíble y ambiciosa de desarme nuclear basada en un multilateralismo eficaz;

10.  Solicita a la VP/AR que plantee propuestas para movilizar los fondos de la Unión y reforzar la base de conocimientos y capacidades de la Unión en lo que respecta a la no proliferación, control de armas y capacidad humana para analizar las amenazas derivadas de las armas nucleares; pide a la VP/AR que presente unos planes prudentes para evitar el uso no intencionado o accidental de las armas nucleares;

11.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Servicio Europeo de Acción Exterior, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, a la OTAN, a las Naciones Unidas, al presidente y a los miembros del Congreso de los Estados Unidos, al presidente de la Federación de Rusia, y a los miembros de la Duma rusa y del Consejo de la Federación de Rusia.

(1) https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201657/v1657.pdf
(2) https://www.state.gov/secretary/remarks/2019/02/288722.htm
(3) https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_161122.htm
(4) https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_162996.htm
(5) DO C 215 de 19.6.2018, p. 202.
(6) https://www.un.org/disarmament/sg-agenda/es/
(7) https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
(8) DO C 349 E de 22.12.2010, p. 77.


Naiades II – Un programa de acción para dar apoyo al transporte por vías navegables interiores
PDF 122kWORD 53k
Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de febrero de 2019, NAIADES II – Programa de acción para dar apoyo al transporte por vías navegables interiores (2018/2882(RSP))
P8_TA(2019)0131B8-0079/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vista la pregunta con solicitud de respuesta oral formulada a la Comisión sobre NAIADES II – programa de acción para dar apoyo al transporte por vías navegables interiores (O-000016/2014 – B7-0104/2014),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 17 de enero de 2006, sobre el fomento del transporte por vías navegables – «NAIADES» – Programa de Acción Europeo Integrado para el Transporte por Vías Navegables (COM(2006)0006),

–  Vista su Resolución, de 26 de octubre de 2006, sobre el fomento del transporte por vías navegables: NAIADES, Programa de Acción Europeo Integrado para el Transporte por Vías Navegables(1),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de septiembre de 2013, titulada «Hacia la calidad del transporte por vías navegables – NAIADES II» (COM(2013)0623),

–  Vista su Resolución, de 6 de febrero de 2014, sobre NAIADES II – programa de acción para dar apoyo al transporte por vías navegables interiores(2),

–  Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 18 de septiembre de 2018, titulado «Informe provisional sobre la aplicación del programa de acción NAIADES II para el fomento del transporte por vías navegables interiores (para el período 2014-2017)» (SWD(2018)0428),

–  Vista la comunicación de la Comisión, de 20 de julio de 2016, titulada «Estrategia europea a favor de la movilidad de bajas emisiones» (COM(2016)0501),

–  Vista su Resolución, de 15 de diciembre de 2011, sobre la Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por un sistema de transportes competitivo y sostenible(3),

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que las vías navegables interiores conectan múltiples puertos, ciudades y núcleos industriales de la Unión con sus principales regiones agrícolas, lo que supone una importante contribución a los objetivos europeos de descarbonización, crecimiento sostenible y cohesión territorial;

B.  Considerando que para alcanzar los objetivos del acuerdo de París de 2015 (COP21) es necesaria una transferencia modal desde el transporte por carretera hacia la navegación interior, y que el transporte por vías navegables interiores tiene capacidad suficiente para absorber volúmenes de mercancías y pasajeros muy superiores y con ello aliviar el congestionado sistema de transporte por carretera europeo;

C.  Considerando que el transporte por vías navegables interiores es fundamental para seguir limitando los efectos adversos del transporte mediante un uso más eficiente de la tierra y la energía y una reducción del ruido y del número de accidentes;

D.  Considerando que, si se pretende mejorar el rendimiento medioambiental, la actual flota de navegación interior necesita ser modernizada y adaptada al progreso de la técnica, lo que garantizaría a este tipo de transporte una ventaja competitiva dentro del transporte multimodal;

E.  Considerando que hasta la fecha se han destinado al sector de la navegación interior recursos financieros harto limitados, y que el acceso a la financiación sigue siendo difícil para un sector integrado fundamentalmente por pequeñas empresas;

1.  Apoya las acciones específicas emprendidas hasta la fecha y acoge favorablemente las acciones previstas en el programa de acción NAIADES II 2014-2020;

2.  Insta a la Comisión a que actualice y renueve el programa NAIADES antes de 2020 para garantizar que el potencial del transporte por vías navegables interiores como modo de transporte seguro, sostenible y eficiente dentro del sistema de transporte multimodal pueda ser explotado al máximo mediante una estrategia europea a largo plazo orientada a lograr una transferencia modal exitosa;

3.  Subraya que cuando se elaboren iniciativas de transporte, las vías navegables interiores deben considerarse desde una perspectiva holística y a largo plazo en el marco de la política de transporte sostenible e intermodal de la Unión;

4.  Destaca que la navegación interior con fines turísticos es un sector floreciente y que la competitividad de importantes sectores de la Unión depende de un transporte por vías navegables interiores fiable y rentable para su abastecimiento; pide, por consiguiente, unas políticas proactivas orientadas a apoyar un sector de la navegación interior sostenible, en particular con vistas a afrontar los retos digitales, tecnológicos y medioambientales en logística y movilidad;

5.  Destaca que para 2020 el 80 % de la población de la Unión vivirá en áreas urbanas, lo que acrecentará la demanda de transporte público y de una mejor logística urbana, y que la ampliación de las actuales infraestructuras terrestres resulta a menudo cara y complicada; pide a la Comisión y a los Estados miembros que integren la navegación interior en sus políticas urbanas y portuarias y que, dado que muchas ciudades de la Unión se ubican junto a vías navegables, aprovechen todo su potencial de transporte de mercancías y pasajeros, para mejorar la calidad de vida y reducir los niveles de congestión;

6.  Recalca que los anteriores programas de acción no han alcanzado por completo sus objetivos como consecuencia de falta de recursos específicos; pide por ende a la Comisión que garantice que el programa de acción NAIADES III reciba la financiación específica adecuada para alcanzar sus objetivos, apoyada por una estrategia bien estructurada con objetivos alcanzables a corto y medio plazo y una hoja de ruta concreta que determine, entre otras cosas, los recursos para su ejecución;

7.  Pide a la Comisión que, de manera periódica, efectúe estudios de mercado y elabore previsiones para analizar más precisamente la evolución de las pautas del transporte por vías navegables interiores para mercancías y pasajeros y determinar las políticas adecuadas en función de los datos y responder mejor a las tendencias emergentes y a los nuevos mercados;

8.  Destaca la importancia de eliminar los cuellos de botella para lograr unas vías navegables de calidad como condición para el desarrollo e integración de la navegación interior y los puertos interiores en la red transeuropea de transporte (TEN-T); pide a la Comisión que otorgue prioridad de financiación, en el marco del Mecanismo «Conectar Europa», a la rehabilitación, adaptación, actualización y automatización de las infraestructuras de canales, esclusas, riberas y puertos y a la mejora de las secciones transfronterizas de la red principal;

9.  Destaca, además de las obligaciones de los Estados miembros de completar la red principal para 2030, la responsabilidad de estos de incrementar el rendimiento, la resiliencia climática, la fiabilidad y la disponibilidad de las infraestructuras existentes a través de la rehabilitación, a fin de asegurar la función del transporte por vías navegables interiores como modo de transporte y de promover un uso inteligente de unos recursos financieros escasos;

10.  Celebra los trabajos previstos y en fase de ejecución en los corredores del Atlántico, Báltico-Adriático, Mediterráneo, Báltico-Mar del Norte, Mediterráneo-Mar del Norte, Oriente-Mediterráneo Oriental, Rin-Alpes y Rin-Danubio, así como el hecho de que, en general, cada vez más Estados inviertan en el desarrollo de puertos y vías navegables interiores; pide por ende a la Comisión que apoye la ejecución de proyectos en la red transeuropea de transportes (TEN-T);

11.  Señala que para un transporte sostenible y eficaz en las regiones del interior es fundamental una capacidad de esclusas suficiente y que las esclusas juegan un importante papel en la gestión segura de la regulación de los cursos de agua y en la producción de energías limpias; pide por consiguiente a la Comisión que reserve subvenciones suficientes para la rehabilitación, renovación y mejora de las esclusas;

12.  Insta a la Comisión a priorizar las subvenciones a los proyectos de vías navegables interiores en general, dado que la experiencia demuestra que los socios privados solo participan en la ejecución de los trabajos, quedando la responsabilidad de la financiación a cargo de las autoridades públicas por el carácter público y polivalente de las vías navegables;

13.  Observa que la digitalización del transporte por vías navegables interiores desempeña un importante papel en la potenciación de la eficiencia, la seguridad y el rendimiento medioambiental de la navegación interior; Pide por ende a la Comisión que elabore una estrategia de ejecución para la zona de vías navegables digital (DINA, por sus siglas en inglés) y un marco regulador adecuado para el transporte conectado y automatizado por vías acuática, incluida la revisión de la Directiva 2005/44/CE relativa a los servicios de información fluvial (SIF) armonizados en las vías navegables interiores de la Comunidad(4), teniendo en cuenta las iniciativas existentes —como por ejemplo el Sistema de Información RheinPorts (RPIS)— y creando un fundamento jurídico sólido a escala de toda la UE para el intercambio transfronterizo de información sobre canales, trayectos, mercancías y tráfico con un único punto de acceso;

14.  Destaca la importancia de integrar los servicios digitales de navegación interior dentro del flujo de datos de los otros modos de transporte para facilitar un servicio multimodal de puerta a puerta sin discontinuidad, puesto que la combinación del internet físico y la sincromodalidad potencia la agrupación de volúmenes en los corredores entre los puertos marítimos y las regiones interiores, lo que se traduce en un uso más equilibrado de las infraestructuras terrestres y en una reducción en los niveles de congestión y de otros efectos externos adversos.

15.  Destaca que para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París de 2015 (COP21), la resiliencia y descarbonización del sistema de transporte deben alcanzarse mediante una transferencia acelerada hacia el transporte hipocarbónico, la eficiencia de recursos y unos sistemas de propulsión ecológicos; señala que esta transición exige unas normas y una financiación en consonancia para incentivar una gestión innovadora de las vías navegables, una aceptación más generalizada de los buques ecológicos y de la readaptación en la medida de lo posible, así como el despliegue de las infraestructuras de repostaje necesarias;

16.  Recomienda que se exploten las sinergias entre las redes de energía limpia y las redes de vías navegables, para optimizar el uso de la energía hidroeléctrica generada en estas, la energía eólica en los puertos y otras fuentes de energía limpia en los centros de movilidad ribereños para abastecer el transporte, los hogares y la industria, al tiempo que se minimizan los costes de distribución;

17.  Destaca la importancia de ofrecer una financiación adecuada para las nuevas tecnologías, la innovación y las infraestructuras y servicios de transporte sostenibles en el marco de los actuales y futuros programas de la Unión, como por ejemplo el Mecanismo «Conectar Europa», Horizonte 2000, Horizonte Europa, el mercado único, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo de Cohesión, para incentivar la implantación de la innovación e incrementar el rendimiento medioambiental y digital del transporte por vías navegables interiores; pide a la Comisión que establezca canales de financiación específica para realizar este objetivo;

18.  Observa que la investigación tecnológica específica debe ir acompañada de una investigación socioeconómica y prenormativa para fomentar la innovación en regulación y financiación e impulsar el compromiso de los actores del mercado para garantizar una aceptación de mercado más generalizada;

19.  Pide a los Estados miembros que sigan desarrollando estrategias nacionales para estimular y apoyar el transporte por vías navegables interiores, teniendo en cuenta los actuales programas de acción NAIADES y el próximo programa de acción europeo para el transporte por vías navegables, y que alienten a las autoridades regionales, locales y portuarias a que hagan lo propio;

20.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO C 313 E de 20.12.2006, p. 443.
(2) DO C 93 de 24.3.2017, p. 145.
(3) DO C 168 E de 14.6.2013, p. 72.
(4) DO L 255 de 30.9.2005, p. 152.


Protección de los animales durante el transporte dentro y fuera de la Unión
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Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de febrero de 2019, sobre la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1/2005 del Consejo relativo a la protección de los animales durante el transporte dentro y fuera de la Unión (2018/2110(INI))
P8_TA(2019)0132A8-0057/2019

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, relativo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas(1),

–  Visto el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con arreglo al cual, «al formular y aplicar las políticas de la Unión [...], la Unión y los Estados miembros tendrán plenamente en cuenta las exigencias en materia de bienestar de los animales como seres sensibles»,

–  Vista la evaluación europea de la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1/2005 relativo a la protección de los animales durante el transporte, junto con sus anexos correspondientes, publicada por el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (EPRS)(2) en octubre de 2018,

–  Vista su Resolución, de 12 de diciembre de 2012, sobre la protección de los animales durante el transporte(3),

–  Visto el dictamen científico de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), de 12 de enero de 2011, sobre el bienestar animal durante el transporte(4),

–  Visto el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 10 de noviembre de 2011, sobre el impacto del Reglamento (CE) n.º 1/2005 del Consejo relativo a la protección de los animales durante el transporte (COM(2011)0700),

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo, de 15 de febrero de 2012, relativa a la estrategia de la Unión Europea para la protección y el bienestar de los animales 2012-2015 (COM(2012)0006),

–  Vista su Declaración n.º 49/2011, de 15 de marzo de 2012, sobre el establecimiento de un límite máximo de ocho horas de viaje para los animales transportados en la Unión Europea con el fin de sacrificarlos(5),

–  Vista la sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de abril de 2015(6),

–  Visto el Informe Especial n.º 31/2018 del Tribunal de Cuentas Europeo sobre el bienestar animal en la UE(7),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y las opiniones de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de la Comisión de Transportes y Turismo y de la Comisión de Peticiones (A8-0057/2019),

A.  Considerando que la Unión, tal como establece el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, considera que los animales no son meros bienes, productos o posesiones, sino seres sensibles, lo que significa que son capaces de sentir placer y dolor; que la legislación de la Unión ha traducido esta idea en medidas que deben garantizar que los animales se mantengan y se transporten en condiciones en las que no sufran malos tratos, abusos, dolor ni sufrimiento; que en la Unión es donde más se respeta y defiende el bienestar de los animales, siendo un ejemplo para el resto del mundo;

B.  Considerando que cada año se transportan millones de animales entre Estados miembros y dentro de estos, así como a terceros países, a lo largo de grandes distancias, para su reproducción, cría, engorde y sacrificio; que también se transportan animales con fines de entretenimiento, para competiciones y como animales de compañía; que a la ciudadanía de la Unión le preocupa cada vez más el cumplimiento de las normas sobre bienestar animal, en especial durante el transporte de animales vivos;

C.  Considerando que, en su Resolución de 12 de diciembre de 2012, el Parlamento pidió que los tiempos de viaje de los animales destinados al sacrificio se redujeran a un máximo de ocho horas;

D.  Considerando que, según la definición de 2008 de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), «bienestar animal» significa que un animal está sano, dispone de espacio suficiente, está bien alimentado, se siente seguro, puede manifestar su comportamiento natural y no experimenta sensaciones como el miedo, el dolor o la angustia; que esto no suele darse en la amplia mayoría de los casos en que se transportan animales vivos, sobre todo en distancias largas;

E.  Considerando que el Reglamento (CE) n.º 1/2005 relativo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas se aplica al transporte de todos los animales vertebrados vivos efectuado dentro de la Unión;

F.  Considerando que compete a los Estados miembros garantizar la correcta aplicación y observancia del Reglamento a nivel nacional, incluidas las inspecciones oficiales, mientras que a la Comisión le corresponde velar por que los Estados miembros apliquen correctamente la legislación de la Unión;

G.  Considerando que los Estados miembros no están aplicando el Reglamento (CE) n.º 1/2005 de forma lo suficientemente rigurosa o estricta dentro de la Unión, y que, fuera de esta, no se preocupan en absoluto por su aplicación;

H.  Considerando que el gran número de infracciones constatadas en 2017 por la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión en varios Estados miembros requeriría que se incoaran los correspondientes procedimientos de infracción con base en los Tratados;

I.  Considerando que el transporte resulta angustioso para los animales, ya que los expone a una serie de factores de estrés que atentan contra su bienestar; que, en el caso de los intercambios comerciales con terceros países, los animales soportan un sufrimiento adicional debido a unos desplazamientos muy largos, que incluyen largas paradas en las fronteras para el control de documentos, de los vehículos y de la aptitud de los animales para el transporte;

J.  Considerando que la calidad y la frecuencia de las inspecciones de los Estados miembros tienen un impacto directo en el nivel de cumplimiento de los requisitos; que un análisis de los informes de inspección de los Estados miembros revela enormes diferencias entre estos últimos en cuanto al número de inspecciones, que van desde cero a varios millones al año, y la incidencia de las infracciones, que van desde cero hasta el 16,6 %, lo que indica que los Estados miembros adoptan enfoques distintos con respecto a las inspecciones, por ejemplo, estrategias aleatorias o basadas en el riesgo; que esas diferencias de enfoque hacen imposible también la comparación de datos entre Estados miembros;

K.  Considerando que la formación y educación de los conductores para promover una conducción cuidadosa basada en los tipos de animales que se transportan mejoraría el bienestar de los animales durante el transporte(8);

L.  Considerando que una manipulación adecuada de los animales puede reducir el tiempo de carga y descarga de estos, así como la pérdida de peso y el número de lesiones y heridas, y mejorar la calidad de la carne;

M.  Considerando que hay amplios estudios que demuestran que el bienestar de los animales influye en la calidad de la carne;

N.  Considerando que la calidad en el manejo de los animales durante las operaciones de carga y descarga, así como la atención durante el tránsito, deberían seguir siendo el objetivo principal para proteger el bienestar de los animales durante el transporte;

O.  Considerando que la aptitud para el transporte es un factor importante a la hora de garantizar el bienestar de los animales durante el transporte, ya que los riesgos para el bienestar durante el transporte son mayores para los animales heridos, debilitados, gestantes, no destetados o enfermos; que puede haber incertidumbre en cuanto a la aptitud para el transporte y la fase de gestación;

P.  Considerando que el mayor porcentaje de infracciones se debe a cuestiones relativas a la aptitud, seguidas en segundo lugar por cuestiones de documentación;

Q.  Considerando que los responsables no suelen tener claro cómo se debe proceder cuando los animales son declarados no aptos para el transporte;

R.  Considerando que, a menudo, los responsables no saben con exactitud cuán avanzada está la gestación de un animal;

S.  Considerando que es especialmente problemático transportar terneros y corderos no destetados;

T.  Considerando que los ganaderos son los más interesados en mantener a sus animales aptos para el transporte y quienes tienen más que perder si el transporte no se ajusta a las normas existentes;

U.  Considerando que, con frecuencia, se producen negligencias a la hora de proveer a los animales de alimentos y agua suficientes y de respetar el período de descanso de veinticuatro horas al detenerse en un puesto de control verificado;

V.  Considerando que en los vehículos de transporte suele haber hacinamiento; que las elevadas temperaturas y una ventilación insuficiente dentro de los vehículos constituyen un grave problema;

W.  Considerando que en varios Estados miembros se han producido brotes recientes de enfermedades animales infecciosas, como la peste porcina africana, la gripe aviar y enfermedades de los pequeños rumiantes y del ganado bovino; que el transporte de animales vivos aumenta el riesgo de propagación de estas enfermedades;

X.  Considerando que el transporte de carne y de otros productos de origen animal, así como el de semen y embriones, resulta, desde el punto de vista técnico y administrativo, más fácil para los ganaderos, y, en ocasiones, más beneficioso en términos económicos, que el transporte de animales vivos para su sacrificio o reproducción; que la Federación de Veterinarios de Europa y la OIE hacen hincapié en que los animales deberían criarse lo más cerca posible de las instalaciones en las que nacen, y sacrificarse lo más cerca posible del punto de producción; que la existencia de instalaciones de sacrificio, incluidas instalaciones móviles, en los lugares de crianza o en su proximidad pueden ayudar a crear medios de vida en las zonas rurales;

Y.  Considerando que el sacrificio de los animales en el lugar más cercano posible al lugar de cría sería la mejor manera de garantizar su bienestar;

Z.  Considerando que los mataderos están distribuidos de forma desigual en el territorio de los Estados miembros;

AA.  Considerando que, para algunos Estados miembros y cadenas de suministro de la Unión, el transporte de animales vivos para su posterior producción o sacrificio es importante a fin de garantizar la competencia en el mercado;

Recomendaciones

Aplicación y observancia

1.  Observa que cada año se transportan millones de animales vivos para su sacrificio o reproducción dentro de la Unión y desde esta a terceros países; considera que, cuando el Reglamento (CE) n.º 1/2005 se aplica y observa correctamente, tiene un impacto positivo en el bienestar de los animales durante el transporte; acoge con satisfacción las directrices de la Comisión al respecto, pero lamenta que, según el Informe Especial n.º 31/2018 del Tribunal de Cuentas Europeo, esas directrices y algunas de las medidas programadas por la Comisión se hayan retrasado hasta cinco años; observa que siguen existiendo problemas graves con el transporte y que la observancia del Reglamento parece ser la principal preocupación de las personas relacionadas con su aplicación;

2.  Destaca que la Comisión de Peticiones recibe un número muy elevado de peticiones sobre el bienestar de los animales durante el transporte, en las que con frecuencia se denuncian infracciones sistemáticas, continuas y graves del Reglamento (CE) n.º 1/2005 del Consejo tanto por parte de los Estados miembros como de los transportistas;

3.  Subraya que el sufrimiento de los animales durante el transporte es motivo de una gran preocupación social; señala que, el 21 de septiembre de 2017, se hizo entrega a la Comisión de más de un millón de firmas en apoyo de la campaña #StopTheTrucks, en la que los ciudadanos de la Unión pedían que se pusiera fin al transporte de larga distancia;

4.  Lamenta que los progresos en la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1/2005 por parte de los Estados miembros hayan sido insuficientes para cumplir el objetivo principal del Reglamento, que consiste en mejorar el bienestar de los animales durante el transporte, en particular en lo que se refiere a la comprobación de los cuadernos de a bordo u hojas de ruta y a la aplicación de sanciones; pide a los Estados miembros que mejoren de forma sustancial el cumplimiento del Reglamento; pide a la Comisión que garantice una observancia eficaz y uniforme de la legislación de la Unión existente sobre el transporte de animales en todos los Estados miembros; insta a la Comisión a que tome medidas legales e imponga sanciones a los Estados miembros que no apliquen el Reglamento debidamente;

5.  Hace hincapié en que una aplicación parcial es insuficiente para alcanzar el objetivo general del Reglamento consistente en evitar lesiones o sufrimientos indebidos a los animales o la muerte de estos durante el transporte, por lo que es necesario desplegar más esfuerzos para prevenir hechos graves que repercuten de forma significativa en el bienestar animal y para perseguir a los responsables de los mismos;

6.  Lamenta que aún no se hayan resuelto una serie de cuestiones relacionadas con el Reglamento (CE) n.º 1/2005, entre las que se incluyen: el hacinamiento; la falta de espacio libre en altura suficiente; la no realización de las paradas de descanso requeridas y el no suministro de alimentos y agua; dispositivos de ventilación y distribución de agua inadecuados; el transporte a temperaturas extremadamente altas; el transporte de animales no aptos; el transporte de terneros no destetados; la necesidad de determinar el estado de gestación de los animales vivos; la medida en que la que se comprueban los cuadernos de a bordo u hojas de ruta; la relación entre infracciones, control del cumplimiento y sanciones; el impacto «mixto» de la formación, la educación y la certificación; y la yacija insuficiente, tal y como señalan asimismo el Tribunal de Cuentas Europeo en su Informe Especial n.º 31/2018 y las ONG en las denuncias presentadas a la Comisión; pide que se realicen mejoras en los ámbitos arriba mencionados;

7.  Pide a todos los Estados miembros que velen por que los viajes se planifiquen y ejecuten, desde el punto de partida hasta el de destino, conforme a los requisitos de la Unión en materia de bienestar de los animales, teniendo en cuenta los diferentes medios de transporte y las diversas condiciones geográficas de la Unión y los terceros países;

8.  Subraya que el incumplimiento sistemático de determinados ámbitos del Reglamento por parte de los Estados miembros conduce a una competencia desleal que se traduce en una desigualdad de condiciones entre los operadores de los distintos Estados miembros, lo que puede dar lugar, a su vez, a una competición a la baja en lo que se refiere a las normas de bienestar animal durante el transporte; pide a la Comisión que, habida cuenta de que la magnitud de las sanciones puede llegar a ser hasta diez veces superior en algunos Estados miembros en comparación con otros, desarrolle un sistema armonizado de sanciones de la Unión para garantizar que estas sean eficaces, proporcionadas y disuasorias, teniendo en cuenta las infracciones reiteradas; pide a la Comisión que elabore un plan de trabajo para armonizar las sanciones en los Estados miembros;

9.  Lamenta que la Comisión no haya tenido en cuenta la Resolución del Parlamento de 12 de diciembre de 2012 y hace hincapié en que una aplicación estricta y armonizada, junto con unas sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias con arreglo al artículo 25 del Reglamento, es fundamental para mejorar el bienestar de los animales durante el transporte, y en que los Estados miembros no pueden limitarse únicamente a emitir recomendaciones e instrucciones; pide a la Comisión que atienda a la petición formulada en dicha Resolución de que se compruebe si el Reglamento presenta incompatibilidades con los requisitos legales de los distintos Estados miembros;

10.  Considera que, cuando las infracciones reiteradas se producen en circunstancias que no escapan al control del transportista, deben dar lugar a enjuiciamiento; pide a los Estados miembros que persigan las infracciones del Reglamento, especialmente las infracciones reiteradas; considera que unas sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias deberían incluir la confiscación de vehículos y el reciclaje obligatorio de los responsables del bienestar y el transporte de animales, y opina que esto debería armonizarse a través de la Unión; considera que las sanciones deberían reflejar el perjuicio, el alcance, la duración y la reiteración de la infracción;

11.  Pide a los Estados miembros que utilicen de forma más eficaz las amplias competencias de ejecución que les otorga el Reglamento, incluida la obligación de exigir a los transportistas que establezcan sistemas para impedir la reiteración de infracciones, y la de suspender o retirar la autorización a un transportista; pide a los Estados miembros que adopten suficientes medidas correctoras y sanciones para evitar el sufrimiento de los animales y para disuadir a los operadores de seguir incumpliendo la normativa; pide a los Estados miembros y a la Comisión que se fijen como objetivo lograr que no se produzca ningún incumplimiento en la aplicación y observancia del Reglamento;

12.  Pide a la Comisión que, tras consultar a los puntos de contacto nacionales, establezca una lista de los operadores que hayan cometido infracciones graves y reiteradas del Reglamento, basándose en los informes de inspección y aplicación; pide a la Comisión que publique y actualice esta lista con frecuencia, y que promueva asimismo ejemplos de buenas prácticas, tanto en materia de transporte como de gobernanza;

13.  Hace hincapié en que el incumplimiento del Reglamento por parte de los Estados miembros compromete su finalidad de prevenir la aparición y propagación de enfermedades animales infecciosas, ya que el transporte es uno de los factores que intervienen en la rápida propagación de estas enfermedades, incluidas las que pueden transmitirse a los seres humanos; observa que, a menudo, los vehículos no cumplen los requisitos del artículo 12 de la Directiva 64/432/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1964, en su versión modificada; relativa a problemas de policía sanitaria en materia de intercambios intracomunitarios de animales de las especies bovina y porcina(9), considera, en particular, que el almacenamiento inadecuado de los residuos plantea riesgos para la propagación de enfermedades y el aumento de la resistencia a los antimicrobianos; pide a la Comisión que desarrolle procedimientos armonizados para conceder autorizaciones a buques y camiones y que tome medidas para evitar la propagación de enfermedades animales infecciosas a través del transporte, tanto del realizado dentro de la Unión como desde terceros países, mediante el fomento de medidas de bioseguridad y un mayor bienestar de los animales;

14.  Aboga por una mayor cooperación entre las autoridades competentes para reforzar la aplicación mediante el uso de la tecnología a fin de crear un circuito de comunicación en tiempo real entre el Estado miembro de partida, el Estado miembro de destino y los Estados atravesados en tránsito; pide a la Comisión que desarrolle sistemas de geolocalización que permitan el seguimiento de la ubicación de los animales y de la duración de sus desplazamientos en los vehículos de transporte, así como los eventuales incumplimientos de horarios de transporte; opina que el hecho de que unos animales que salieron en buenas condiciones de salud lleguen en mal estado debería dar lugar a una investigación exhaustiva y que, en caso de que esto se repita, las partes responsables de la cadena de transporte deben ser sancionadas inmediatamente con arreglo a la ley, y el agricultor propietario debe tener derecho a ser indemnizado en virtud del Derecho nacional por el lucro cesante que pueda derivarse de esa situación; considera, además, que las autoridades competentes deberían sancionar estrictamente al organizador y al agente certificador de un cuaderno de a bordo u hoja de ruta en el Estado miembro de partida en caso de que este se cumplimente de manera falsa o engañosa;

15.  Considera que es especialmente difícil garantizar la observancia del Reglamento cuando un viaje transcurre por varios Estados miembros y las distintas tareas relacionadas con dicha observancia (aprobación del cuaderno de a bordo u hoja de ruta, autorización del transportista, certificación de la competencia y de la homologación del vehículo, etc.) son realizadas por varios Estados miembros; pide a los Estados miembros que detecten infracciones que informen a los demás Estados miembros implicados, conforme a lo establecido en el artículo 26 del Reglamento, para evitar que se repitan las infracciones y permitir una evaluación óptima de los riesgos;

16.  Pide a la Comisión que presente informes periódicos al Parlamento sobre la aplicación y la observancia del Reglamento en los que se incluya un desglose de las infracciones por Estado miembro, por especie y por tipo de infracción en relación con el volumen de transporte de animales vivos por Estado miembro;

17.  Celebra los casos en los que gobiernos, científicos, empresas, representantes de la industria y autoridades nacionales competentes han colaborado para definir las mejores prácticas a fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos previstos en la legislación, como es el caso del sitio web «Guía sobre transporte de animales», entre otros; pide a la Comisión que difunda y promueva las mejores prácticas para los Estados miembros en relación con el transporte de ganado y que apoye la plataforma de la Unión sobre bienestar animal, promoviendo un diálogo profundo y el intercambio de buenas prácticas entre todos los actores; pide a la Comisión que elabore una nueva estrategia para el bienestar de los animales para el período 2020-2024 y apoye la innovación en el transporte de animales;

18.  Pide a la Comisión que siga cooperando con la OIE, la EFSA y los Estados miembros para respaldar la aplicación y el correcto cumplimiento del Reglamento (CE) n.º 1/2005 con el fin de fomentar un diálogo reforzado sobre cuestiones relativas al bienestar de los animales durante el transporte, prestando especial atención a:

   una mejor aplicación de la normativa de la Unión en materia de bienestar de los animales durante el transporte, gracias al intercambio de información y mejores prácticas y a la participación directa de las partes interesadas;
   el apoyo a las actividades de formación dirigidas a los conductores y las empresas de transporte;
   una mejor difusión de las guías y fichas informativas sobre el transporte de animales, traducidas a todas las lenguas de la Unión;
   el desarrollo, por parte de las empresas, de compromisos voluntarios para seguir mejorando el bienestar de los animales durante el transporte, y acciones sobre tales compromisos;
   el aumento de los intercambios de información y un mayor recurso a las mejores prácticas entre las autoridades nacionales para reducir el número de infracciones cometidas por las empresas de transporte y los conductores;

19.  Pide a la Comisión que evalúe la compatibilidad del Reglamento con el Reglamento (CE) n.º 561/2006 relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera(10), por lo que respecta a los tiempos de conducción y de descanso de los conductores;

20.  Subraya la importancia de distinguir entre la responsabilidad de las empresas de transporte de animales y la de los agricultores, ya que son estas empresas, y no los agricultores, las que deben ser consideradas responsables de los problemas derivados del transporte de animales; recuerda que los agricultores son los más interesados en el bienestar de los animales, por razones emocionales y afectivas, pero también por razones económicas;

21.  Recuerda que la Comisión, como guardiana de los Tratados, es responsable de controlar la correcta aplicación de la legislación de la Unión; pide al Defensor del Pueblo Europeo que investigue si la Comisión ha fracasado sistemáticamente en su obligación de garantizar el cumplimiento del Reglamento actual y si, por lo tanto, la Comisión podría ser responsable de mala administración;

22.  Lamenta la decisión adoptada por la Conferencia de Presidentes de no proponer la constitución de una comisión parlamentaria de investigación sobre el bienestar de los animales durante el transporte dentro y fuera de la Unión, a pesar del apoyo manifestado por un gran número de diputados de diferentes grupos políticos; recomienda, por lo tanto, que el Parlamento constituya una comisión de investigación sobre el bienestar de los animales durante el transporte dentro y fuera de la Unión desde el inicio de la próxima legislatura, con el fin de hacer un seguimiento e investigar adecuadamente las presuntas infracciones y la mala administración en la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1/2005 del Consejo relativo a la protección de los animales durante el transporte;

Recopilación de datos, inspecciones y seguimiento

23.  Deplora la dificultad de llevar a cabo un análisis coherente de la aplicación del Reglamento debido a los diferentes enfoques para la recopilación de datos que existen entre los Estados miembros; pide a la Comisión que establezca normas mínimas comunes para los sistemas de localización aplicables a todos los viajes, con el fin de permitir una mayor armonización en la recopilación de datos y una evaluación de los parámetros objeto de seguimiento; pide a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos para facilitar a la Comisión datos armonizados, exhaustivos y completos sobre las inspecciones de transporte y los niveles de infracción; pide a los Estados miembros que efectúen controles sin previo aviso y elaboren y apliquen una estrategia basada en el riesgo para orientar sus actividades de inspección hacia las formas de transporte de alto riesgo, con el fin de maximizar la eficacia de los limitados recursos de inspección;

24.  Señala que, según el Informe Especial del Tribunal de Cuentas de 2018 sobre el bienestar de los animales en la UE, la Comisión ha reconocido que los datos notificados por los Estados miembros no son lo suficientemente completos, coherentes, fiables o detallados para permitir extraer conclusiones sobre el cumplimiento de la legislación a escala de la Unión;

25.  Subraya que las inspecciones han de realizarse de manera uniforme en toda la Unión y sobre una proporción adecuada de los animales transportados cada año en cada uno de los diferentes Estados miembros, con el fin de garantizar y preservar el buen funcionamiento del mercado interior y evitar distorsiones de la competencia dentro de la Unión; pide a la Comisión, además, que aumente el número de inspecciones in situ sin previo aviso realizadas por la Oficina Alimentaria y Veterinaria (OAV) y centradas en el bienestar y el transporte de los animales; considera que los diferentes métodos de recopilación de datos y mecanismos de control complican la definición de una visión exacta en relación con la observancia en cada Estado miembro; pide a la Comisión, por consiguiente, que adopte una estructura de comunicación de información más armonizada y siga analizando los datos generados por los informes de las inspecciones de la OAV y los resultados de los Estados miembros en relación con sus planes nacionales de control plurianual; reconoce que las auditorías de la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria constituyen una importante fuente de información para que la Comisión evalúe la aplicación del Reglamento actual; pide a la Comisión que lleve a acabo al menos siete visitas sin previo aviso cada año, en consonancia con la recomendación del Tribunal de Cuentas Europeo;

26.  Pide a la Comisión que proporcione orientación a los Estados miembros sobre la forma en que el sistema informático veterinario integrado (Traces) puede utilizarse para apoyar la preparación de análisis de riesgo para las inspecciones del transporte de animales vivos, según lo recomendado por el Tribunal de Cuentas en su Informe Especial de 2018, en el que señala que las autoridades de los Estados miembros responsables de llevar a cabo las inspecciones de transporte apenas utilizaron información procedente de Traces para orientar las inspecciones; pide un sistema de control más eficaz y transparente que incluya el acceso del público a la información recogida a través de Traces; pide, además, que se aumente el número de inspecciones anuales efectuadas por la OAV;

27.  Pide a los Estados miembros que aumenten los controles a lo largo de toda la cadena de producción y, en particular, que lleven a cabo inspecciones eficaces y sistemáticas de las partidas de animales antes de la carga, con el fin de poner fin a las prácticas que infringen el Reglamento y empeoran las condiciones de transporte, por tierra o por mar, de los animales, como permitir que los medios de transporte con exceso de carga o los animales no aptos continúen sus largos viajes o que se sigan utilizando puestos de control con instalaciones inadecuadas para el descanso, la alimentación y la provisión de agua de los animales transportados;

28.  Manifiesta su preocupación por el bajo nivel de inspecciones en algunos Estados miembros y por que las infracciones notificadas sean escasas o nulas; cuestiona la exactitud de los sistemas de inspección y comunicación; pide a los Estados miembros que actualmente realizan escasas o nulas inspecciones que lleven a cabo un número suficiente de inspecciones y presenten informes de inspección exhaustivos a la Comisión;

29.  Pide a los Estados miembros que inspeccionen la carga de los animales en los vehículos también en los transportes intraeuropeos, con el fin de comprobar si se han cumplido los requisitos del Reglamento (CE) n.º 1/2005;

30.  Coincide con la Comisión en que es una buena práctica que las autoridades competentes inspeccionen todas las partidas destinadas a terceros países durante la fase de carga(11); considera que también debe inspeccionarse en la fase de carga un porcentaje de partidas intraeuropeas proporcionalmente al número de infracciones notificadas por las ONG y las inspecciones de la OAV; considera que las autoridades competentes deben comprobar durante la fase de carga que se respetan los requisitos del Reglamento en cuanto a espacio en el suelo y en altura y que los sistemas de ventilación y de distribución de agua, así como los bebederos, funcionan correctamente, y garantizar que son adecuados para las especies transportadas, que no se cargan animales no aptos y que se dispone de suficiente alimento y yacija;

31.  Pide a los Estados miembros que garanticen que existe un número suficiente de sistemas de provisión de agua accesibles, limpios, en correcto funcionamiento y adecuados para las diferentes especies, así como que el depósito de agua está lleno y que se dispone de suficientes yacijas limpias;

32.  Pide a los Estados miembros que garanticen que las autoridades competentes comprueban si los cuadernos de a bordo u hojas de ruta incluyen datos realistas y, por tanto, cumplen el artículo 14, apartado 1, del Reglamento;

33.  Pide a los Estados miembros que garanticen que los vehículos de transporte respetan las necesidades de espacio mínimo de acuerdo con el anexo I, capítulo VII, del Reglamento y que, cuando las temperaturas sean elevadas, la carga ganadera sea proporcionalmente más reducida;

34.  Pide a los Estados miembros que garanticen que la altura interior de los vehículos de transporte cumpla unas normas mínimas y que no haya huecos entre el suelo o la pared del vehículo y los tabiques;

35.  Reconoce que se han producido progresos en el transporte de animales en la Unión, pero expresa su preocupación por el número de informes que atestiguan el uso de vehículos inadecuados para transportar animales vivos, tanto por vía terrestre como marítima, y pide que se intensifique la supervisión de dichas prácticas y la aplicación de sanciones por ellas; reconoce que a menudo se ignoran los requisitos establecidos en los artículos 20 y 21 del Reglamento en relación con el transporte en buques destinados al transporte de ganado; pide a los Estados miembros que no autoricen el uso de vehículos y de buques destinados al transporte de ganado que no respeten los requisitos del Reglamento, y que retiren las autorizaciones ya concedidas en caso de incumplimiento; pide a los Estados miembros que sean más rigurosos en los procedimientos de certificación y aprobación de los vehículos y en la concesión de certificados de competencia a los conductores;

36.  Pide, por tanto, normas armonizadas y vinculantes para la autorización de vehículos y buques como medios de transporte de ganado, que debería expedir una autoridad central de la Unión; considera que dicha autoridad debe ser responsable de determinar la idoneidad del medio de transporte para el transporte de animales por lo que respecta al estado del vehículo y a la naturaleza de su equipamiento (por ejemplo, la existencia de un sistema de navegación por satélite adecuado);

37.  Pide a los operadores que prevean una formación integral de los conductores y los cuidadores, de conformidad con el anexo IV del Reglamento, para garantizar el correcto trato de los animales;

38.  Reconoce que algunos Estados miembros tienen buques y puertos que cumplen las normas exigidas, pero destaca que, no obstante, en el caso del transporte marítimo, prevalecen las condiciones deficientes, en particular por lo que respecta a la carga y la descarga; pide a los Estados miembros que sean más rigurosos en sus procedimientos de certificación y homologación de los buques, que mejoren los controles de los buques destinados al transporte de ganado y la aptitud de los animales antes de la carga y que inspeccionen debidamente las operaciones de carga de conformidad con el Reglamento; pide a los Estados miembros que faciliten a la Comisión planes detallados de sus instalaciones de inspección; pide a la Comisión que elabore, actualice y difunda una lista de los puertos que dispongan de instalaciones adecuadas para la inspección de animales; pide además a las autoridades competentes que no aprueben los cuadernos de a bordo u hojas de ruta en los que se prevea utilizar puertos que no dispongan de tales instalaciones; pide a los Estados miembros que adapten sus puertos y garanticen el correcto mantenimiento de sus buques, con el fin de mejorar las condiciones de bienestar de los animales en el transporte marítimo;

39.  Pide a la Comisión que apruebe alternativas innovadoras para el control de las exportaciones de conformidad con el artículo 133, apartado 2, del Reglamento (UE) 2016/429(12), como las inspecciones de las plataformas, que mejoran el bienestar de los animales gracias a una menor carga ganadera y no requieren que los animales sean descargados, lo que acorta los tiempos de espera;

40.  Observa que el requisito de los certificados zoosanitarios para el transporte entre Estados miembros crea un incentivo negativo para elegir destinos nacionales en detrimento del destino más cercano posible; pide a la Comisión que haga uso de las competencias que le confiere el artículo 144, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/429 para adoptar un acto delegado que establezca una excepción para los desplazamientos que supongan un riesgo bajo de propagación de la enfermedad;

Tiempos de viaje

41.  Insiste en que el tiempo de viaje para todos los animales no debe ser más largo de lo necesario, teniendo en cuenta las diferencias geográficas a nivel de Estado miembro y de acuerdo con el considerando 5 del Reglamento, que establece que «por razones vinculadas al bienestar de los animales, conviene limitar en la medida de lo posible los viajes largos», y con el considerando 18, que establece que «los viajes largos pueden ser más nocivos para el bienestar de los animales que los viajes efectuados en distancias cortas»;

42.  Insiste en que el tiempo de viaje de los animales, incluido el tiempo de carga y descarga, debe tener en cuenta las recomendaciones veterinarias específicas de cada especie, independientemente de que el transporte se realice por tierra, por mar o por aire;

43.  Lamenta las infracciones del Reglamento relativas a la mala aplicación o la ausencia de aplicación de las normas específicas sobre los animales no destetados, como los terneros, los corderos, los cabritos, los potros y los lechones que reciben alimentación láctea, y pide que se introduzcan medidas más detalladas para garantizar la plena protección del bienestar de estos animales durante su transporte;

44.  Pide a los Estados miembros que garanticen que los animales no destetados se descarguen al menos durante una hora con el fin de suministrarles electrolitos o sucedáneos de la leche, y que su transporte no supere las ocho horas en total;

45.  Pide a la Comisión que establezca una definición de «animal no destetado» según las distintas especies, y que el viaje en el caso de estos animales esté limitado a una distancia máxima de cincuenta kilómetros y a una duración máxima de una hora y media, habida cuenta de la dificultad que reviste garantizar su bienestar durante el transporte;

46.  Señala que a menudo los documentos para la planificación del transporte indican únicamente el nombre del lugar y no incluyen direcciones precisas de los puestos de control y de abastecimiento y de los centros de concentración, lo que dificulta considerablemente el control;

47.  Pide, habida cuenta de su Resolución de 12 de diciembre de 2012, que los tiempos de viaje sean lo más breves posible y, en particular, que se eviten los viajes largos y muy largos y los viajes fuera de las fronteras de la Unión, recurriendo a estrategias alternativas, como las instalaciones de sacrificio locales o móviles de proximidad, económicamente viables y distribuidas de manera justa, la promoción de circuitos cortos de comercialización y la venta directa, la sustitución, cuando sea posible, del transporte de animales reproductores por el uso de esperma o embriones y el transporte de canales y productos cárnicos, así como mediante iniciativas normativas y no normativas en los Estados miembros para facilitar el sacrificio en las explotaciones; pide a la Comisión que defina claramente los tiempos de viaje específicos, según proceda, para el transporte de todas las distintas especies de animales vivos, así como para el transporte de animales no destetados;

48.  Observa que algunos requisitos, así como la evolución de las condiciones del mercado y las decisiones políticas, han hecho que los pequeños mataderos resulten inviables desde el punto de vista económico, lo que ha dado lugar a una disminución global de su número; insta a la Comisión y a las autoridades locales de los Estados miembros a que apoyen y promuevan, cuando sea necesario, las opciones de mataderos en las explotaciones, locales o móviles económicamente viables y de instalaciones de transformación de la carne en los Estados miembros, de modo que los animales sean sacrificados lo más cerca posible de su lugar de cría, lo que, además, favorece el mantenimiento del empleo en las zonas rurales; pide al Consejo y a la Comisión que desarrollen una estrategia para avanzar hacia un modelo más regional de producción ganadera en el que los animales nazcan, se engorden y se sacrifiquen en la misma región, siempre que sea posible y teniendo en cuenta las diferencias geográficas, en lugar de ser transportados a distancias extremadamente largas;

49.  Insta a la Comisión a que estudie cómo se puede incentivar a los ganaderos, los mataderos y la industria cárnica para que sacrifiquen los animales en el matadero más próximo, con el fin de evitar largos tiempos de transporte de los animales y reducir las emisiones; pide a la Comisión que facilite soluciones innovadoras a este respecto, como los mataderos móviles, garantizando al mismo tiempo un elevado nivel de bienestar de los animales;

50.  Considera que, en determinados casos, no sería viable una reducción de los tiempos de viaje permitidos, como se prevé actualmente en el anexo 1, capítulo V, del Reglamento, por lo que deben encontrarse soluciones para los casos en que las circunstancias geográficas y el aislamiento rural requieran el transporte de animales vivos por tierra o por mar para su posterior producción o sacrificio;

51.  Pide a los Estados miembros que, en caso de que se determine la inaptitud para el transporte, permitan, en su caso, el sacrificio de urgencia directamente en las explotaciones de cría y de ceba de animales, siempre que no puedan adoptarse medidas de primeros auxilios para evitar el sufrimiento innecesario de los animales;

52.  Observa que el valor social y económico de un animal puede repercutir en sus condiciones de transporte; destaca que las normas de transporte para los animales reproductores en el sector equino son de elevada calidad;

53.  Pide a la Comisión que desarrolle una estrategia para garantizar el cambio del transporte de animales vivos a un comercio predominantemente de carne y canal y de productos reproductivos, habida cuenta de las consecuencias del transporte de animales vivos para el medio ambiente y el bienestar y la salud de los animales; considera que esa estrategia debe tener presentes los factores económicos que influyen en la decisión de transportar animales vivos; pide a la Comisión que incluya en dicha estrategia el transporte a terceros países;

54.  Pide a los Estados miembros que pongan a disposición de los mataderos programas para el sacrificio ritual de los animales, dado que una parte importante de la exportación de animales vivos se destina a los mercados de Oriente Próximo;

55.  Reconoce la actual distorsión del mercado provocada por los distintos aranceles aplicados a los animales vivos y a la carne, que incentivan en gran medida el comercio de animales vivos; insta a la Comisión a que, junto con sus socios comerciales, revise esta distorsión con el objetivo de reducir el comercio de animales vivos y, cuando proceda, sustituir dichas ventas por carne;

56.  Recuerda que, de conformidad con el Reglamento actual, ya es obligatorio hacer una pausa en un puesto de control aprobado, una vez transcurrido el tiempo máximo de transporte de équidos domésticos y de animales domésticos de las especies bovina, ovina, caprina y porcina, cuando la duración del viaje sea superior a ocho horas;

Bienestar de los animales

57.  Pide a las autoridades competentes de los Estados miembros que velen por que en los puntos de salida de la Unión estén presentes veterinarios oficiales encargados de comprobar que los animales están en condiciones de proseguir el viaje y que los vehículos o buques cumplen los requisitos del Reglamento; observa, en particular, que el artículo 21 del Reglamento especifica que los veterinarios deben controlar los vehículos antes de que salgan de la Unión para asegurarse de que no están abarrotados, de que disponen de suficiente espacio libre en altura, de que disponen de yacijas, de que transportan suficiente alimento y agua, y de que los dispositivos de ventilación y distribución de agua funcionan correctamente;

58.  Aboga por que se utilicen planes de contingencia para todos los viajes, que incluyan, por ejemplo, camiones de sustitución e instalaciones de acogida de emergencia, de manera que los transportistas puedan reaccionar de forma eficaz ante las emergencias y reducir el impacto de un retraso o un accidente en los animales que se transportan para la reproducción o el sacrificio, tal como ya se exige a los transportistas en el caso de los viajes largos de conformidad con el Reglamento;

59.  Insiste en que la legislación en materia de bienestar de los animales ha de basarse en la ciencia y la tecnología más reciente; lamenta que, a pesar de las claras recomendaciones de la EFSA y de la solicitud formulada por el Parlamento en su Resolución de 2012, la Comisión no haya actualizado las normas sobre el transporte de animales con las pruebas científicas más recientes; pide, por tanto, a la Comisión que actualice las normas que abordan necesidades específicas sobre la base de los conocimientos científicos y de la tecnología más recientes, en particular por lo que respecta a factores como una ventilación y un control de la temperatura y la humedad suficientes en todos los vehículos, bebederos y alimentos líquidos adecuados, en particular para los animales no destetados, una densidad de población reducida y un espacio mínimo en altura suficiente, así como la adaptación de los vehículos a las necesidades de cada especie; hace hincapié en el dictamen de la EFSA, que concluye que en el bienestar de los animales intervienen otros aspectos además de la duración del viaje, como un carga y descarga adecuada y el diseño de los vehículos;

60.  Manifiesta su preocupación por los viajes en que se abreva a los animales con agua contaminada no apta para su consumo o se priva a los animales de acceso al agua debido al mal funcionamiento o a la colocación incorrecta de los sistemas de distribución de agua; destaca la necesidad de garantizar que los vehículos utilizados para el transporte de animales vivos transporten una cantidad de agua suficiente durante los viajes y que la cantidad suministrada sea siempre adecuada a las necesidades específicas de las especies de animales transportadas y su número;

61.  Acoge favorablemente el compromiso de la Comisión de desarrollar unos indicadores de bienestar animal que promuevan mejores resultados en materia de bienestar de los animales durante el transporte; considera que la Comisión debe desarrollar esos indicadores sin demora, de forma que se puedan utilizar como complemento de los requisitos legislativos actuales;

62.  Pide a la Comisión que cualquier revisión futura de la normativa sobre el bienestar de los animales durante el transporte se base en indicadores objetivos y fundamentados científicamente con el fin de evitar decisiones arbitrarias que tengan repercusiones económicas injustificadas para los sectores ganaderos;

63.  Insiste en que, en virtud de la legislación de la Unión, los agricultores tienen la responsabilidad legal de garantizar que sus animales no sufran lesiones, daños o sufrimientos indebidos durante el transporte;

64.  Subraya que las infracciones se deben con frecuencia a la inadecuación de los sistemas de ventilación de los vehículos utilizados para el transporte de animales vivos por carretera durante viajes largos, y que, en dichas situaciones, se confina a los animales en espacios reducidos caracterizados por temperaturas extremas, que exceden con creces el espectro térmico y los límites de tolerancia previstos por el Reglamento;

65.  Pide a la Comisión que garantice que en todos los Estados miembros se procede al aturdimiento, sin excepción, antes del sacrificio ritual religioso;

66.  Lamenta que los compartimentos destinados a los animales no siempre garanticen un espacio suficiente para permitir una ventilación adecuada dentro de los vehículos e impidan los movimientos naturales de los animales, lo que les obliga a menudo a adoptar posturas antinaturales durante largos períodos, en clara violación de las especificaciones técnicas a que se refieren el artículo 6 y el anexo I, capítulo II, punto 1.2, del Reglamento;

67.  Considera que es necesario convertir en obligatoria la presencia de veterinarios a bordo de los buques utilizados para el transporte de animales vivos, comunicar y llevar la cuenta del número de animales que mueren durante el viaje y preparar planes de emergencia para hacer frente a situaciones en el mar que puedan afectar negativamente al bienestar de los animales transportados;

68.  Constata que los agricultores, los transportistas y las autoridades competentes de los distintos Estados miembros interpretan y aplican de forma diferente el Reglamento (CE) n.º 1/2005, especialmente en lo que respecta a la aptitud de los animales para el transporte; pide a la Comisión que revise el Reglamento con objeto de especificar más detalladamente los requisitos de transporte cuando sea necesario; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que, en un contexto de igualdad de condiciones, garanticen que en el futuro el Reglamento se ejecute y aplique de forma armonizada y uniforme en toda la Unión, especialmente en lo que respecta a la aptitud de los animales para el transporte;

69.  Pide a la Comisión que establezca una definición completa de lo que supone la aptitud para el transporte de los animales y que elabore directrices prácticas para su evaluación; pide a los Estados miembros que organicen actividades de sensibilización e información, que incluyan una formación sólida, periódica y obligatoria, así como una educación y certificación para los conductores, los transportistas, los comerciantes, los centros de concentración, los mataderos, los veterinarios, los agentes de aduanas y cualquier otro operador que participe en el transporte de animales, con el fin de reducir los elevados niveles de incumplimiento en lo relativo a la aptitud para el transporte; pide a los operadores que garanticen una formación completa de los conductores y cuidadores, de conformidad con el anexo IV del Reglamento;

70.  Solicita una estricta vigilancia con el fin de evitar el transporte de animales enfermos, débiles o de escaso peso, animales lactantes, hembras preñadas y hembras para las que no se haya respetado el tiempo necesario de destete;

71.  Destaca que, de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1/2005, ya es obligatorio proporcionar a los animales transportados durante viajes largos agua, alimento y períodos de descanso a intervalos suficientes y en condiciones adecuadas a su especie y edad; insta a la Comisión a que lleve a cabo un seguimiento más eficaz, con el fin de garantizar el cumplimiento integral y armonizado de estos requisitos legales por parte de todos los Estados miembros;

72.  Destaca la necesidad de que los Estados miembros garanticen que el transporte de animales se organiza adecuadamente, teniendo presentes las condiciones meteorológicas y el tipo de transporte utilizado;

73.  Hace hincapié en que, cuando sea necesario descargar a los animales en terceros países durante un período de descanso de veinticuatro horas, el organizador debe encontrar un lugar de descanso con instalaciones equivalentes a las de un puesto de control de la Unión; pide a las autoridades competentes que inspeccionen periódicamente esas instalaciones y que no aprueben los diarios de a bordo u hojas de ruta si no se ha confirmado que el lugar de descanso propuesto dispone de instalaciones equivalentes a las de la Unión;

74.  Pide a los Estados miembros que velen por que los planes de transporte incluyan comprobantes de la reserva en un puesto de control que ofrezca alimento, agua y yacijas limpias; pide a la Comisión que defina los requisitos apropiados para la ubicación y las instalaciones de los lugares de descanso;

75.  Reconoce que la reducción de la densidad de población y la interrupción de los viajes para permitir descansar a los animales tienen repercusiones económicas negativas para los operadores de transporte que pueden afectar a la manipulación adecuada de los animales transportados; pide a la Comisión que favorezca los incentivos de cara a una manipulación adecuada;

76.  Pide a los Estados miembros que velen por la mejora de los registros de las explotaciones en lo que respecta a los tiempos de gestación;

77.  Pide a la Comisión que, basándose en los conocimientos científicos, elabore directrices relativas al agua para los animales transportados en jaulas y a las condiciones de transporte de los polluelos que favorezcan un alto nivel de bienestar;

78.  Recuerda que lo Estados miembros han de encontrar soluciones que salvaguarden el bienestar de los animales que se encuentran al final de su ciclo vital y de producción;

Ayuda económica

79.  Solicita un uso más amplio de la medida de desarrollo rural «pagos en favor del bienestar de los animales», de conformidad con el artículo 33 del Reglamento (UE) n.º 1305/2013(13), que prevé el apoyo a normas en materia de bienestar de los animales más exigentes que las normas obligatorias aplicables;

80.  Pide que la próxima reforma de la PAC mantenga y refuerce el vínculo entre los pagos de la PAC y mejores condiciones de bienestar de los animales que respeten plenamente o vayan más allá de las normas establecidas en el Reglamento (CE) n.º 1/2005;

81.  Aboga por que se apoyen medidas destinadas a lograr una distribución equilibrada de los mataderos en los Estados miembros que garantice que se tiene en cuenta el número de animales en determinadas regiones;

Terceros países

82.  Manifiesta su preocupación por los continuos informes sobre problemas de transporte y de bienestar de los animales en determinados terceros países; observa que los sacrificios en determinados terceros países a los que la Unión envía animales conllevan un sufrimiento extremo y prolongado e infringen con regularidad las normas internacionales sobre bienestar en el momento del sacrificio establecidas por la OIE; pide a la Comisión y a los Estados miembros, aun reconociendo que la demanda en los terceros países suele ser de animales vivos, que promuevan el cambio, cuando sea posible, al transporte de carne o canales en lugar de animales vivos a terceros países, así como el transporte de esperma y embriones en lugar de animales reproductores;

83.  Critica enérgicamente las estadísticas elaboradas por la Comisión acerca del cumplimiento del Reglamento por lo que se refiere a los viajes realizados para el transporte de animales vivos a terceros países, y subraya que dichos datos se han elaborado sin llevar a cabo controles sistemáticos de los vehículos utilizados para este tipo de transporte;

84.  Pide a la Comisión que, en sus negociaciones comerciales bilaterales con terceros países, exija el respeto de las normas de la Unión en materia de bienestar de los animales y defienda la internacionalización, en el marco de la Organización Mundial del Comercio, de las disposiciones de la Unión en la materia;

85.  Lamenta que las normas aplicadas por determinados terceros países no sean tan estrictas como las de la Unión; pide a la Comisión que refuerce los requisitos vigentes de cara a los socios comerciales de la Unión, especialmente en lo que respecta al comercio con animales y su transporte, hasta que sean al menos tan estrictos como las normas de la Unión; pide a los Estados miembros que exportan a terceros países que colaboren con las autoridades locales para mejorar las normas en materia de bienestar de los animales;

86.  Solicita un cumplimiento coherente e íntegro de la sentencia de 2015 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-424/13, en la que el Tribunal dictaminó que, en el caso del transporte de animales que implique un viaje largo que empiece en el territorio de la Unión y prosiga fuera de este, para que se autorice la salida al organizador del viaje, este debe presentar un cuaderno de a bordo que sea realista por lo que respecta al cumplimiento de las normas, prestando especial atención a las previsiones meteorológicas; pide a las autoridades competentes que no aprueben los cuadernos de a bordo u hojas de ruta cuando, en consonancia con la sentencia del Tribunal, los animales deban ser descargados durante períodos de descanso de 24 horas en un tercer país, a menos que el organizador haya encontrado un lugar para ese descanso que ofrezca unas instalaciones equivalentes a las de un puesto de control; recuerda asimismo, en este contexto, que solo se dispone de una lista de los establos en las rutas por terceros países de 2009, a menudo sin una dirección precisa, lo que dificulta considerablemente la realización de las inspecciones necesarias con arreglo a la legislación de la Unión; pide a los veterinarios oficiales presentes en los puntos de salida que comprueben, tal como exige el Reglamento (CE) n.º 1/2005, que antes de que los vehículos salgan de la Unión se cumple lo dispuesto en el Reglamento;

87.  Recuerda asimismo, a este respecto, la propuesta de la Comisión de Directiva relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (denunciantes) (COM(2018)0218), en particular en el contexto de los controles veterinarios;

88.  Lamenta los retrasos a menudo prolongados en fronteras y puertos, y hace hincapié en el aumento del dolor y la angustia que provocan a los animales; pide a los Estados miembros que tienen fronteras con terceros países que habiliten espacios destinados al descanso en los que se pueda descargar a los animales y procurarles alimento, agua, descanso y atención veterinaria, de forma que se puedan cumplimentar correctamente los cuadernos de a bordo u hojas de ruta, y que abran carriles específicos en las aduanas, con suficiente personal, para los animales transportados, con el fin de reducir los periodos de espera, sin menoscabar por ello la calidad de los controles sanitarios y aduaneros en las fronteras; pide asimismo a los Estados miembros que mejoren la cooperación en lo que respecta a la planificación del transporte de animales, a fin de evitar la llegada simultánea de un número excesivo de transportes para el control en las fronteras;

89.  Pide a la Comisión que intensifique la cooperación y la comunicación, incluyendo una mayor asistencia mutua y un intercambio de información más rápido, entre las autoridades competentes de todos los Estados miembros y terceros países con el fin de reducir los problemas relativos al bienestar y las enfermedades de los animales debidos a una mala administración, garantizando que los exportadores cumplan plenamente los requisitos administrativos; pide a la Comisión que promueva el bienestar de los animales a escala internacional y que emprenda iniciativas para sensibilizar a los terceros países;

90.  Pide a la Comisión que ejerza presión sobre los países de tránsito que imponen obstáculos burocráticos y de seguridad que retrasan sin necesidad el transporte de animales vivos;

91.  Pide a los Estados miembros y a la Comisión que presten especial atención a las infracciones en materia de bienestar de los animales durante los viajes a terceros países por vías navegables y por vía marítima y que evalúen las posibles infracciones de la legislación, como la violación de la prohibición de arrojar animales muertos por la borda al mar Mediterráneo (en muchos casos tras haber cortado las marcas auriculares), dada la práctica imposibilidad de deshacerse de ellos en los puertos de destino;

92.  Hace hincapié en la Decisión del Consejo 2004/544/CE relativa a la celebración del Convenio europeo sobre protección de los animales durante el transporte internacional(14), en la que por transporte se entiende cualquiera de los siguientes: entre dos Estados miembros cuando se atraviese el territorio de un tercer país; entre un Estado miembro y un tercer país; o entre dos Estados miembros directamente;

93.  Subraya que, a menos que las normas relativas al transporte de animales en los terceros países sean conformes con las de la Unión y su aplicación sea suficiente para garantizar el pleno respeto del Reglamento, el transporte de animales vivos a terceros países debe estar sujeto a acuerdos bilaterales con el fin de atenuar esas diferencias y, en caso de que no se alcancen tales acuerdos, debe prohibirse;

94.  Recuerda a los Estados miembros que, según jurisprudencia reiterada(15), pueden establecer normas nacionales más estrictas para la protección de los animales durante el transporte, siempre que estas sean conformes con el objetivo principal del Reglamento (CE) n.º 1/2005;

95.  Pide a la Comisión que promueva el intercambio de buenas prácticas y de medidas de equivalencia reglamentaria en materia de transporte de animales vivos con terceros países;

o
o   o

96.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Cuentas Europeo, a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO L 3 de 5.1.2005, p. 1.
(2)http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621853/EPRS_STU(2018)621853_EN.pdf
(3) DO C 434 de 23.12.2015, p. 59.
(4) Diario Oficial de la EFSA 2011: 9(1):1966.
(5) DO C 251 E de 31.8.2013, p. 116.
(6) Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 23 de abril de 2015, Zuchtvieh-Export GmbH/Stadt Kempten, C-424/13, ECLI:EU:C:2015:259.
(7) Informe Especial n.º 31/2018 del Tribunal de Cuentas Europeo, de 14 de noviembre de 2018, titulado «Bienestar animal en la UE: reducir la diferencia entre unos objetivos ambiciosos y su aplicación práctica».
(8) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1966
(9) DO 121 de 29.7.1964, p. 1977.
(10) DO L 102 de 11.4.2006, p. 1.
(11) Informe final de una auditoría realizada en los Países Bajos del 20 de febrero de 2017 al 24 de febrero de 2017 con objeto de evaluar el bienestar de los animales durante el transporte a terceros países, Comisión Europea, Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria, 2017.
(12) Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo a las enfermedades transmisibles de los animales y por el que se modifican o derogan algunos actos en materia de sanidad animal («Legislación sobre sanidad animal») (DO L 84 de 31.3.2016, p. 1).
(13) DO L 347 de 20.12.2013, p. 347.
(14) DO L 241 de 13.7.2004, p. 21.
(15) Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 14 de octubre de 2004, Comisión de las Comunidades Europeas / Reino de los Países Bajos, C-113/02, y sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 8 de mayo de 2008, Danske Svineproducenter / Justitsministeriet, C-491/06.


Fortalecimiento de la competitividad del mercado interior mediante el desarrollo de la unión aduanera de la UE y su gobernanza
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Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de febrero de 2019, sobre el fortalecimiento de la competitividad del mercado interior mediante el desarrollo de la unión aduanera de la UE y su gobernanza (2018/2109(INI))
P8_TA(2019)0133A8-0059/2019

El Parlamento Europeo,

–  Vistos el Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el Código Aduanero de la Unión(1), y su correspondiente acto delegado (Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 de la Comisión, de 28 de julio de 2015(2)), acto de ejecución (Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 de la Comisión, de 2 de noviembre de 2015(3)), acto delegado transitorio (Reglamento Delegado (UE) 2016/341 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2015(4)), y programa de trabajo (Decisión de Ejecución (UE) 2016/578 de la Comisión, de 11 de abril de 2016(5)),

–  Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 952/2013 a fin de prolongar la utilización transitoria de medios distintos de las técnicas de tratamiento electrónico de datos previstas en el Código Aduanero de la Unión (COM(2018)0085),

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo titulada «Desarrollo de la unión aduanera de la UE y de su gobernanza» (COM(2016)0813),

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo titulada «Primer informe bianual sobre el avance en el desarrollo de la unión aduanera de la UE y de su gobernanza» (COM(2018)0524),

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo titulada «Segundo informe de situación sobre la aplicación de la estrategia y el plan de acción de la UE para la gestión de los riesgos aduaneros» (COM(2018)0549),

–  Visto el informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la estrategia informática para las aduanas (COM(2018)0178),

–  Vista la Posición en primera lectura del Parlamento Europeo sobre la propuesta de la Comisión sobre el marco jurídico de la Unión para las infracciones y sanciones aduaneras (COM(2013)0884),

–  Vista la Decisión n.º 70/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a un entorno sin soporte papel en las aduanas y el comercio(6),

–  Vista la resolución del Parlamento Europeo, de 17 de enero de 2017, sobre la respuesta a los desafíos de la aplicación del Código Aduanero de la Unión(7),

–  Visto el informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación del Código Aduanero de la Unión y sobre el ejercicio de los poderes para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 284 del mismo (COM(2018)0039 final),

–  Visto el Informe Especial n.º 19/2017 del Tribunal de Cuentas Europeo titulado «Regímenes de importación: las insuficiencias en el marco jurídico y una aplicación ineficaz afectan a los intereses financieros de la UE»,

–  Visto el Informe Especial n.º 26/2018 del Tribunal de Cuentas Europeo titulado «Una serie de retrasos en los sistemas informáticos aduaneros: ¿qué ha fallado?»,

–  Visto el informe del Consejo (11760/2017) sobre los progresos realizados en la lucha contra el fraude en el ámbito de los impuestos especiales,

–  Visto el informe de situación de Europol y de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea sobre la falsificación y la piratería en la Unión Europea,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y la opinión de la Comisión de Comercio Internacional (A8-0059/2019),

A.  Considerando que la unión aduanera, que celebra su cincuenta aniversario este año, es uno de los pilares de la Unión Europea y uno de los mayores bloques comerciales del mundo, y que una unión aduanera plenamente operativa es esencial para el correcto funcionamiento del mercado único y de un comercio sin trabas dentro de la Unión, y es una parte esencial de la política comercial común frente a terceros países en beneficio tanto de las empresas como de los ciudadanos de la Unión, así como para la credibilidad de la Unión Europea, que en virtud de la unión aduanera se halla en una posición sólida en la negociación de acuerdos comerciales con países terceros;

B.  Considerando que las autoridades aduaneras deben alcanzar el equilibrio necesario entre la facilitación del comercio legítimo, los controles aduaneros diseñados para proteger la seguridad de la Unión y de sus ciudadanos, la confianza de los consumidores en los bienes que entran en el mercado único, y los intereses financieros y comerciales de la Unión, y son responsables de la aplicación de más de sesenta actos jurídicos, además del marco jurídico aduanero, para la lucha contra el comercio y el tráfico ilegales, y para la concesión del estatuto de operador económico autorizado;

C.  Considerando que la normalización de la información y de los procesos aduaneros desempeña un papel clave en la homogeneización de los controles, especialmente en lo que respecta a fenómenos como la clasificación incorrecta y la infravaloración de las importaciones y la notificación incorrecta del origen de las mercancías, que son perjudiciales para todos los operadores económicos, pero en particular para las pequeñas y medianas empresas;

D.  Considerando que las importaciones y exportaciones de la Unión ascendieron a 3 700 000 millones EUR en 2017 y que los derechos de aduana recaudados representan el 15 % del presupuesto de la Unión;

E.  Considerando que la aplicación del Código Aduanero de la Unión resulta esencial para preservar los recursos propios de la Unión, en particular los derechos de aduana, y los intereses fiscales nacionales, pero también para garantizar la seguridad de los consumidores europeos y la competencia leal en el mercado interior;

F.  Considerando que el Código Aduanero estipula que los sistemas electrónicos necesarios para su aplicación deben ser desplegados antes del 31 de diciembre de 2020; que aunque la digitalización de los procedimientos aduaneros dio comienzo ya en 2003 y se previó en 2008 con la adopción del Reglamento (CE) n.º 450/2008, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el Código Aduanero comunitario (código aduanero modernizado)(8) y de la Decisión n.º 70/2008/CE (Decisión sobre la aduana electrónica);

G.  Considerando que la digitalización de las aduanas es un proceso en curso, siendo actualmente de tipo electrónico más del 98 % de las declaraciones de aduanas; que a día de hoy se tramitan mediante sistemas electrónicos los siguientes ámbitos: tránsitos (NCTS), control de exportaciones (ECS), datos de seguridad (ICS), gestión de riesgos (CRMS), registro de operadores económicos y números de identificación (EORI), autorizaciones (CDS), operadores económicos autorizados (AEO), información arancelaria vinculante (EBTI), cuotas y aranceles (QUOTA), suspensiones arancelarias autónomas, nomenclatura combinada (TARIC), vigilancia de importaciones y exportaciones (SURV2) y sistema de exportadores registrados para certificados de origen (REX);

H.  Considerando que el objetivo del programa aduanero propuesto en virtud del Marco Financiero Plurianual 2021-2017 es apoyar las actividades de las autoridades aduaneras de los Estados miembros y la cooperación entre las mismas;

I.  Considerando que la salida del Reino Unido de la Unión plantea un reto para el correcto funcionamiento de la Unión;

J.  Considerando que la implantación de sistemas electrónicos clave para la plena aplicación del Código Aduanero de la Unión se retrasará y postergará más allá del 31 de diciembre de 2020;

K.  Considerando que la herramienta de rendimiento de la unión aduanera opera evaluando el funcionamiento de esta, sobre la base de indicadores clave de rendimiento en una serie de ámbitos como por ejemplo la protección de los intereses financieros, la garantía de la protección y seguridad de los ciudadanos de la Unión y la evaluación de la importancia de los servicios aduaneros para la contribución al crecimiento y a la competitividad de la Unión;

L.  Considerando que la gobernanza del programa Aduana 2020 y por ende del trabajo en los sistemas informático aduaneros se comparte entre la Comisión, los Estados miembros y los representantes de los intereses comerciales, en una multitud de estructuras decisorias cuya multiplicación afecta de manera negativa y duradero a su eficacia y a la gestión de los proyectos informáticos;

M.  Considerando, tras la conclusión del actual programa Aduana 2020 y tras un análisis coste-beneficio de las diversas opciones posibles, será necesario proceder a una revisión de la gobernanza de los programas aduaneros;

1.  Subraya el trabajo realizado diariamente por las autoridades aduaneras de los Estados miembros y los servicios de la Comisión, que se esfuerzan por proteger al mercado interior frente a la competencia desleal en forma de productos falsificados y productos objeto de dúmping, por facilitar el comercio y reducir la burocracia, por recaudar ingresos para los presupuestos nacionales y de la Unión, y por proteger a la población contra las amenazas terroristas, medioambientales y para la salud, entre otras;

2.  Recuerda que la unión aduanera constituye es uno de los primeros logros de la Unión Europea y puede considerarse uno de sus principales éxitos, puesto que ha hecho posibles que las empresas establecidas en la Unión puedan vender sus bienes e invertir en toda la Unión, pero también ha permitido a la Unión eliminar las fronteras interiores y competir con el resto del mundo; destaca que el mercado único de la Unión sería imposible sin el entorno libre de aranceles que ofrece la unión aduanera y el papel que esta desempeña en la supervisión de las importaciones y exportaciones;

3.  Subraya que una unión aduanera plenamente funcional es esencial para garantizar la credibilidad y fortaleza de la Unión y su posición negociadora en la negociación de los acuerdos comerciales; hace hincapié en que una unión aduanera eficiente de la Unión ayuda a facilitar el comercio legal y a reducir las cargas administrativas para los comerciantes legítimos, consideración que es importante para el desarrollo de empresas competitivas; subraya la importancia de garantizar unos controles eficaces –entre otros medios, fomentando la cooperación con las autoridades aduaneras de terceros países– y evitar cualquier obstáculo indebido al comercio legal;

4.  Subraya que es fundamental la creación de procesos aduaneros agilizados en toda la Unión, basados en una reforma de las infraestructuras informáticas; estima que la digitalización tiene el potencial de hacer más transparentes y accesibles el intercambio de información y el pago de derechos, en particular para las pequeñas y medianas empresas (pymes) y los operadores económicos de terceros países, y ofrece oportunidades para la simplificación de las normas y procedimientos aduaneros;

5.  Señala que las divergencias actuales y en nivel y calidad de los controles, así como de los procedimientos aduaneros y las políticas de sanciones en los puntos de entrada en la unión aduanera, a menudo dan lugar a una distorsión de los flujos comerciales, alimentando el problema de la búsqueda del foro más favorable y poniendo en peligro la integridad del mercado único; pide encarecidamente, en este sentido, que la Comisión y los Estados miembros aborden esta cuestión;

6.  Alienta a la Comisión a que redoble sus esfuerzos por crear una ventanilla única aduanera integrada de la Unión que ayude a las empresas a presentar toda la información y documentación necesaria en un único lugar, de manera que todas puedan cumplir los requisitos normativos para la importación, exportación y tránsito de mercancías;

7.  Recuerda que el Reino Unido pasará a ser país tercero tras su salida de la Unión, alterando de este modo las fronteras exteriores de esta, y destaca que el proceso del Brexit no debería repercutir negativamente en el desarrollo y gobernanza de las aduanas de la Unión;

Digitalización de los procedimientos aduaneros

8.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen un planteamiento más eficiente, rentable y ágil para la gestión de los sistemas informáticos destinados a las autoridades aduaneras; pide, en particular, que se proceda a una evaluación más precisa y realista del tiempo y recursos necesarios y del alcance de los proyectos informáticos individuales que contribuirán a digitalizar los procedimientos aduaneros;

9.  Lamenta que la aplicación de los nuevos sistemas informáticos para la unión aduanera haya sufrido una serie de retrasos, debido a los cuales la Comisión ha solicitado al Parlamento y al Consejo una ampliación del período transitorio más allá del plazo fijado en 2020 establecido en el Código Aduanero de la Unión; y también deplora que la Comisión solo haya facilitado información incompleta para justificar esta nueva prórroga, en particular por lo que se refiere a su responsabilidad y a las de los Estados miembros, impidiendo así que el Parlamento Europeo pueda ejercer adecuadamente su control presupuestario y político;

10.  Hace hincapié en que, si bien se espera que el 75 % de los componentes europeos de los sistemas informáticos necesarios para la aplicación del Código Aduanero de la Unión estén listos en diciembre de 2020, eso no significa que el 75 % de los sistemas informáticos vayan a estar listos para esa fecha, ya que el 25 % de dichos sistemas dependen de componentes nacionales de los que son responsables los Estados miembros y respecto de los cuales se han observado retrasos;

11.  Considera que la Comisión y el Consejo deben garantizar, como prioridad absoluta, la aplicación del Código Aduanero y la digitalización de los procedimientos aduaneros dentro del nuevo plazo; por consiguiente, insta a la Comisión y a los Estados miembros a que hagan todo lo necesario para evitar retrasos adicionales; opina que, a este respecto, la creación de la arquitectura informática requiere el desarrollo y el despliegue de diecisiete herramientas informáticas con importantes consecuencias a nivel de recursos financieros y humanas; considera por ello que resulta imperioso evitar la duplicación de recursos a la hora de llevar a cabo los proyectos informáticos de los Estados miembros y de la Comisión;

12.  Pide a la Comisión que actualice el calendario para su programa de trabajo en el ámbito del Código Aduanero de la Unión, para tener cuenta la prórroga del período transitorio que ella(9) misma ha propuesto conforme a lo decidido por el Parlamento Europeo y el Consejo; pide al Parlamento y al Consejo que trabajen en pos de una rápida adopción de dicha prórroga y que la doten de las condiciones necesarias para que el despliegue de la arquitectura informática aduanera sea un éxito sin perjuicio de que se lleven a cabo exámenes de seguridad globales, para evitar que los posibles problemas no pongan en peligro las los controles adecuados llevados a cabo por las autoridades aduaneras de los Estados miembros; destaca, al igual que el Tribunal de Cuentas Europeo, que puesto que las mismas causas producen los mismos efectos, el proceso de actualización del plan estratégico plurianual de 2017, al haberse concentrado la ejecución de seis herramientas informáticas en el mismo año, representa un importante desafío e implica que existe un gran riesgo de que los nuevos plazos tampoco se cumplan, y el plazo de aplicación del código de aduanero tenga que prorrogarse más allá de 2025;

13.  Pide a la Comisión que actualice su plan estratégico plurianual escalonando los proyectos a lo largo de todo el período transitorio, con el fin de evitar en la medida de lo posible la concentración de despliegues al término del período, y estableciendo hitos vinculantes, inclusiva para los Estados miembros;

14.  Pide a la Comisión que no modifique las especificaciones jurídicas y técnicas ya adoptadas para las diecisiete herramientas informáticas, dado que la envergadura de los proyectos que deben llevarse a cabo y el tiempo necesario para su despliegue no son compatibles ni con la continua evolución de las tecnologías ni con las inevitables modificaciones legislativas y reglamentarias que se producirán durante dicho período;

15.  Recuerda que, según el Tribunal de Cuentas, la Comisión era conocedora de los retrasos pero optó por excluir este dato de sus informes oficiales, lo que impidió que las partes interesadas (como el Parlamento Europeo, las demás instituciones de la Unión no representadas en la estructura de gobierno de Aduana 2020, y las empresas y los ciudadanos interesados) fueran plenamente informadas del riesgo de retrasos en tiempo real; pide, por lo tanto, a la Comisión que informe de manera regular y transparente sobre la ejecución del plan estratégico plurianual y sobre la puesta en marcha de los sistemas electrónicos aduaneros, para no repetir los errores de la programación anterior, e informar sobre posibles nuevas prórrogas período transitorio para no hacerlo sin previo aviso o sin acciones correctoras adecuadas;

16.  Solicita a la Comisión que evalúe de manera continuada el programa Aduana 2020 y que subsane las deficiencias constatadas, en particular por la infrautilización de los equipos de expertos formados con arreglo al programa, posibilitando el incremento de la cooperación entre servicios aduaneros;

17.  Subraya que el seguimiento, el análisis y la evaluación continuos de las políticas de los posibles impactos son elementos esenciales de la gobernanza de la unión aduanera; toma nota y se felicita de la labor de la Comisión en el desarrollo de una herramienta en relación con el rendimiento de la unión aduanera que permita en el futuro su evaluación sistemática, en función de los objetivos estratégicos de la unión en términos de eficiencia, eficacia y uniformidad; pide a los Estados miembros que apoyen la labor de seguir desarrollando esta herramienta;

18.  Sugiere a la Comisión que esta herramienta evalúe asimismo el rendimiento de los controles aduaneros en términos de potencial de digitalización y de flujos de datos, para crear unos controles basados en riesgos aún más eficaces al tiempo que se optimiza la carga que pesa sobre las autoridades aduaneras;

Gobernanza, presentación de informes y financiación del programa Aduana

19.  Toma nota de las acciones emprendidas por la Comisión y los Estados miembros para garantizar la aplicación uniforme y coherente del Código Aduanero, en particular en materia de formación y mediante la adopción de directrices; pide, no obstante, a la Comisión y a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos e incrementen los recursos desplegados para garantizar la plena aplicación del Código Aduanero adoptado en 2013 y de unos procedimientos aduaneros uniformes en toda la Unión; solicita, a este respecto, a la Comisión que presente un plan de acción que pueda basarse provechosamente en una revisión inter pares de las prácticas aduaneras, en el intercambio de buenas prácticas y en una cooperación reforzada entre los servicios aduaneros y un programa de formación dotado de recursos suficientes;

20.  Recuerda que la Comisión está trabajando en un entorno de Ventanilla Aduanera Única de la Unión que permitiría a los operadores económicos presentar a destinatarios diversos y en un formato normalizado los datos requeridos para un amplio abanico de fines normativos (veterinarios, sanitarios, medioambientales, etc.), a través de puntos de acceso armonizados; pide a la Comisión y a los Estados miembros que prosigan esta importante labor;

21.  Toma nota del esfuerzo financiero soportado por el presupuesto europeo, que ha aumentado la dotación para el próximo programa Aduana 2021-2027 a 842 844 000 EUR, a precios de 2018; pide que los Estados miembros inviertan asimismo los recursos humanos y financieros necesarios para lograr el despliegue de los componentes nacionales, elementos esenciales estos que condicionan la aplicación del sistema electrónico aduanero europeo, y solicita a la Comisión que le presente a su debido tiempo un informe sobre el despliegue de los componentes de la Unión y de los componentes externos a la Unión desarrollados por los Estados miembros;

22.  Destaca que actualmente los servicios aduaneros tienen que hacer frente a un espectacular incremento del volumen de bienes adquiridos por internet fuera de la Unión en lo que respecta a controles y cobro de los preceptivos derechos, especialmente porque el volumen de bienes de bajo valor importados a la Unión crece anualmente a ritmo del 10-15 %; pide a la Comisión y a los Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos para afrontar mejor este reto;

23.  Pide a la Comisión que proponga, al término de la implantación de los 17 sistemas informáticos relacionados con el Código Aduanero de la Unión del programa Aduana 2020, una estructura de gobernanza más eficaz para la ejecución de los proyectos informáticos aduaneros y de sus actualizaciones; subraya que, vistos los retos económicos, fiscales y de seguridad que representa el sistema informático aduanero, es esencial que la solución adoptada mantenga plenamente la soberanía europea;

24.  Destaca que el programa «Aduana 2021-2027», al apoyar a las autoridades de los Estados miembros, contribuirá no solo a incrementar los ingresos presupuestarios de la Unión, sino también a garantizar la seguridad de los productos, la protección de los consumidores europeos y la igualdad de condiciones para las empresas de la Unión;

Salida del Reino Unido de la Unión Europea

25.  Subraya que la incertidumbre que rodea la salida del Reino Unido de la Unión Europea plantea un reto de primera magnitud para las empresas europeas; pide, por consiguiente, a la Comisión y a los Estados miembros que faciliten a las partes interesadas información exhaustiva sobre las repercusiones de la salida del Reino Unido en el ámbito aduanero y en determinados tipos de impuestos indirectos como el IVA y los impuestos especiales;

26.  Hace hincapié en que, tras la salida del Reino Unido, no deben quedar en el sistema aduanero —incluyendo en las fronteras exteriores de la Unión— lagunas que allanen el camino al comercio ilegal o a la evasión de las deudas de derecho público previstas en la legislación de la Unión;

o
o   o

27.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO L 269 de 10.10.2013, p. 1.
(2) DO L 343 de 29.12.2015, p. 1.
(3) DO L 343 de 29.12.2015, p. 558.
(4) DO L 69 de 15.3.2016, p. 1.
(5) DO L 99 de 15.4.2016, p. 6.
(6) DO L 23 de 26.1.2008, p. 21.
(7) DO C 242 de 10.7.2018, p. 41.
(8) DO L 145 de 4.6.2008, p. 1.
(9) Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 952/2013 a fin de prolongar la utilización transitoria de medios distintos de las técnicas de tratamiento electrónico de datos previstas en el Código Aduanero de la Unión (COM(2018)0085),


Aplicación de las disposiciones jurídicas y de la Declaración Común que garantiza el control parlamentario sobre las agencias descentralizadas
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Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de febrero de 2019, sobre la aplicación de las disposiciones jurídicas y de la Declaración Común que garantiza el control parlamentario sobre las agencias descentralizadas (2018/2114(INI))
P8_TA(2019)0134A8-0055/2019

El Parlamento Europeo,

–  Vistas las disposiciones del Tratado relativas a las agencias, y en particular los artículos 5 y 9 del Tratado de la Unión Europea (TUE), así como los artículos 15, 16, 71, 123, 124, 127, 130, 228, 263, 265, 267, 277, 282, 287, 290, 291, 298 y 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en particular sus artículos 41, 42, 43, 51 y 52,

–  Vistos la Declaración Común del Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre las agencias descentralizadas, de 19 de julio de 2012, y el Planteamiento Común anexo a esta,

–  Vistos el artículo 52 de su Reglamento interno, así como el artículo 1, apartado 1, letra e), y el anexo 3 de la Decisión de la Conferencia de Presidentes, de 12 de diciembre de 2002, sobre el procedimiento de autorización para la elaboración de informes de propia iniciativa,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales y las opiniones de la Comisión de Presupuestos, de la Comisión de Control Presupuestario, de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A8-0055/2019),

A.  Considerando que las agencias desempeñan un papel fundamental en la aplicación de las políticas de la Unión a escala europea y nacional, llevando a cabo una gran variedad de cometidos para contribuir a la aplicación de las políticas de la Unión, como la creación de redes o el apoyo a la cooperación entre las autoridades nacionales y de la Unión; que una buena cooperación entre las agencias de la Unión y los Estados miembros contribuye a aumentar la eficiencia y la eficacia del trabajo de dichas agencias; que las agencias también han establecido una cooperación entre ellas a través de la Red de Agencias de la Unión Europea;

B.  Considerando que la coordinación y la colaboración entre las diferentes agencias y las comisiones parlamentarias han sido satisfactorias en líneas generales; que Europol es la única agencia sujeta al control del Parlamento Europeo conjuntamente con los Parlamentos nacionales a través el Grupo Conjunto de Control Parlamentario;

C.  Considerando que las agencias se han ido creando y han ido evolucionando con el paso del tiempo, cada una de manera diferente; que el Tratado de Lisboa ha supuesto el reconocimiento oficial de la existencia de las agencias como parte del poder ejecutivo la Unión, al incluirlas formalmente en los Tratados;

D.  Considerando que las agencias deben rendir cuentas primordialmente ante el Parlamento y el Consejo, los cuales, a su vez, deben velar por el establecimiento de mecanismos de control adecuados en los actos legislativos que regulan a dichas agencias y, posteriormente, por la correcta aplicación de estos mecanismos; que la existencia de agencias dentro del poder ejecutivo de la Unión no debe debilitar el control del Parlamento sobre dicho poder según se dispone en el artículo 14 del TUE;

E.  Considerando que los Tratados no incluyen ni una definición de las agencias descentralizadas ni una descripción general de las competencias que se les pueden atribuir;

F.  Considerando que una serie de agencias tienen su base jurídica en el artículo 352 del TFUE y otras son creadas sobre la base jurídica específica para un sector;

G.  Considerando que la Declaración Común y el Planteamiento Común de 2012 son fruto de la labor del Grupo de trabajo interinstitucional sobre las agencias reguladoras, creado por la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo al objeto de evaluar la coherencia, eficacia, responsabilidad y transparencia de las agencias después de que la propuesta de Acuerdo interinstitucional sobre las agencias reguladoras que había presentado la Comisión en 2005 no recibiese el apoyo necesario por parte del Consejo y el Parlamento;

H.  Considerando que en el Planteamiento Común hay disposiciones relativas a la estructura y el gobierno de las agencias, así como sobre su funcionamiento, la programación de sus actividades, su financiación, la gestión de sus recursos presupuestarios, sus procedimientos presupuestarios y sobre responsabilidad, control y transparencia, todo lo cual contribuye a garantizar el control parlamentario de las agencias descentralizadas;

I.  Considerando que, a pesar de una apreciación generalmente positiva, las agencias han visto que, en ocasiones, sus dictámenes científicos y técnicos han sido recibidos con desconfianza;

Principales observaciones

1.  Observa que los Tratados, los reglamentos constitutivos de las agencias y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así como la Declaración Común y el Planteamiento Común, contemplan mecanismos para garantizar la rendición de cuentas por parte de las agencias; destaca que, a través de la atribución de competencias, el Parlamento tiene facultades de control sobre las agencias descentralizadas, facultades que, sin embargo, no se detallan en los Tratados; pone de relieve, a este respecto, el carácter no vinculante de la Declaración Común y el Planteamiento Común; lamenta, no obstante, que las instituciones aún no hayan acordado un marco reglamentario vinculante;

2.  Señala que el Parlamento ejerce la función de control de las agencias de distintas maneras:

   en cuanto una de las ramas de la autoridad presupuestaria al adoptar decisiones relativas a las contribuciones del presupuesto de la Unión a las agencias;
   en cuanto autoridad de aprobación de la gestión;
   mediante la designación de miembros de los consejos de administración de las agencias;
   mediante el procedimiento de nombramiento (o cese) de los directores generales;
   mediante sus consultas sobre los programas de trabajo;
   mediante la presentación de los informes anuales;
   por otros métodos (visitas de delegación, grupos o personas de contacto, intercambios de puntos de vista, audiencias, reuniones informativas, asesoramiento especializado);

3.  Observa que las disposiciones de los reglamentos constitutivos difieren en mayor o menor grado de los mecanismos de rendición de cuentas y control parlamentario que figuran en el Planteamiento Común, lo que puede deberse a las grandes diferencias en la labor y las funciones de cada agencia;

4.  Señala que las comisiones parlamentarias han desempeñado activamente su labor de control, a pesar de las grandes diferencias entre las disposiciones de los reglamentos constitutivos;

5.  Reconoce la aplicación, por parte de las agencias de la Unión, de la Declaración Común y el Planteamiento Común, así como de su hoja de ruta; destaca, en particular, las recomendaciones del Grupo de trabajo interinstitucional sobre las agencias descentralizadas, respaldadas por la Conferencia de Presidentes el 18 de enero de 2018; toma nota de que, con la reunión de seguimiento del 12 de julio de 2018, se dio por concluida la labor del Grupo de trabajo;

Recomendaciones

6.  Considera que podría hacerse un mayor esfuerzo por racionalizar determinadas disposiciones de los reglamentos constitutivos de las agencias en lo que respecta a sus mecanismos de gobernanza y rendición de cuentas, teniendo en cuenta los distintos tipos de agencias que existen y definiendo los principios generales que han de regir la relación entre las instituciones de la Unión y las agencias; señala que todos estos aspectos también deben ser objeto de las evaluaciones de impacto que se realicen con motivo de la creación de una agencia; subraya que las agencias deben disponer de un cierto grado de flexibilidad organizativa para poder adaptarse mejor a las tareas previstas y a las necesidades que surjan en el desempeño de sus funciones; acoge con satisfacción la organización interna basada en uno o varios clústeres de las agencias que trabajan ámbitos similares;

7.  Pide, por consiguiente, una evaluación exhaustiva de la aplicación del Planteamiento Común en todos sus aspectos, con unos documentos de análisis detallados similares a los elaborados en 2010, que preste especial atención a los aspectos de gobernanza, revise en particular la compatibilidad de las disposiciones incluidas con las competencias de codecisión y control del Parlamento, y tenga en cuenta al mismo tiempo la necesidad de flexibilidad ante el variado panorama de las agencias descentralizadas;

8.  Lamenta que el Parlamento, como principal garante del respeto del principio de democracia en la Unión, no haya participado plenamente en el procedimiento de selección de la nueva sede de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y la Autoridad Bancaria Europea (ABE); recuerda, a este respecto, su solicitud para que se revise lo antes posible la Declaración Conjunta y el Planteamiento Común de 2012, y recuerda asimismo el compromiso del Consejo de emprender dicha revisión, invitando a la Comisión a que presente, a más tardar en abril de 2019, un análisis pormenorizado de la Declaración Conjunta y el Planteamiento Común en lo que atañe a la sede de las agencias descentralizadas;

9.  Subraya que la ubicación de la sede de una agencia no debe afectar al desempeño de sus competencias y funciones, a su estructura de gobernanza, al funcionamiento de su organización principal ni a la financiación principal de sus actividades;

10.  Confía en que en las futuras decisiones sobre la ubicación o reubicación de las agencias se respeten plenamente las prerrogativas del Parlamento y del Consejo en su calidad de colegisladores; considera que se debe contar sistemáticamente con la participación del Parlamento, a lo largo de todo el proceso legislativo y en condiciones de igualdad con el Consejo y la Comisión, a la hora de definir y ponderar los criterios para la ubicación de todos los organismos y agencias de la Unión, de forma transparente; señala que, en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 2016, el Parlamento, el Consejo y la Comisión se comprometieron a cooperar de manera leal y transparente, y que en dicho Acuerdo se pone de relieve el principio de igualdad entre los colegisladores, que está consagrado en los Tratados; subraya el valor que aportaría reforzar el intercambio de información desde las fases iniciales de los futuros procesos relativos a la ubicación de las agencias, ya que este intercambio temprano de información facilitaría a las tres instituciones el ejercicio de sus derechos y prerrogativas;

11.  Considera que la decisión sobre la ubicación de una agencia es de gran importancia, y que las instituciones de la Unión han de tener en cuenta, para tomar la mejor decisión posible, criterios objetivos como la accesibilidad, las sinergias administrativas y la proximidad a las partes interesadas;

12.  Pide a la Comisión, de conformidad con las recomendaciones del Grupo de trabajo interinstitucional sobre los recursos de las agencias descentralizadas, que presente cuanto antes una evaluación de las agencias con múltiples ubicaciones, aplicando un enfoque coherente para evaluar su valor añadido teniendo en cuenta los gastos que generan; pide que se adopten medidas significativas sobre la base de los resultados de esa evaluación con el fin de reducir el número de ubicaciones múltiples cuando proceda;

13.  Propone que, sobre la base de una revisión del Planteamiento Común, se vuelva a estudiar sin apriorismos la posibilidad de elaborar un acuerdo interinstitucional sobre las agencias, en el que se incluirían disposiciones relativas a la revisión quinquenal de los principios que rigen la creación y el funcionamiento de las agencias, recurriendo para ello a los conocimientos de un grupo de eminentes expertos;

14.  Considera que tal acuerdo interinstitucional debe respetar las competencias del Parlamento Europeo en los procedimientos de codecisión y debe abarcar asimismo la relación entre cada agencia y las instituciones del Estado miembro en el que está ubicada, así como medidas de transparencia, procedimientos para evitar conflictos de intereses y garantizar el equilibrio de género entre los miembros de los órganos de gobierno y de asesoramiento, y la aplicación de la integración de la perspectiva de género en todas las actividades de las agencias;

15.  Considera que, al elaborar dicho acuerdo interinstitucional, deben abordarse también varias propuestas específicas para fortalecer la supervisión democrática, mejorar la rendición de cuentas de las agencias de la Unión y reforzar el sistema de presentación de informes al Parlamento, como por ejemplo:

   fijar un plazo para que las agencias respondan a las preguntas que les sean formuladas por el Parlamento Europeo o por el Consejo;
   establecer disposiciones para la comunicación de información sensible y confidencial y para la consulta de las comisiones parlamentarias, cuando sea necesario;
   estudiar si debe o no haber un número determinado de miembros de los respectivos consejos de administración designados por el Parlamento;
   examinar el valor añadido de la participación de los representantes u observadores del Parlamento en las reuniones de las juntas de supervisores y de los grupos de partes interesadas;
   racionalizar la intervención del Parlamento en los programas de trabajo anuales y plurianuales de las agencias;
   racionalizar y armonizar las obligaciones de presentación de informes, en particular en el caso de los informes anuales de actividades, los informes de gestión presupuestaria y financiera y las cuentas definitivas;
   informar al Parlamento de forma detallada acerca de las medidas adoptadas para poner en práctica las recomendaciones de la autoridad de aprobación de la gestión (informes de seguimiento) y las del Tribunal de Cuentas;

16.  Considera asimismo que el papel del Parlamento en la supervisión de la dimensión de gobernanza de las agencias descentralizadas podría mejorarse considerablemente; sugiere, además, que se refuerce la cooperación con el Grupo de Control Parlamentario Conjunto y que se revisen las normas relativas a las misiones enviadas a las agencias, a fin de permitir un contacto mejor y más frecuente entre las comisiones parlamentarias y las agencias comprendidas en su ámbito de competencias;

17.  Propone que, en el contexto de la revisión quinquenal, sobre la base de las actividades de control de las comisiones del Parlamento referidas a las agencias comprendidas en su ámbito de competencias y con el fin de completar dichas actividades, la Comisión de Asuntos Constitucionales celebre un debate anual sobre el funcionamiento y la gobernanza de las agencias, seguido, si se considera adecuado o necesario, de un debate en el Pleno con miras a facilitar un sistema más sólido y estructurado de control de las actividades de las agencias en el seno del Parlamento; propone asimismo, habida cuenta de la función de las agencias como intermediarias entre la Unión y los Estados miembros, un período de consulta con los Parlamentos nacionales en caso de que deseen aportar su contribución en la materia;

18.  Considera que las agencias de la Unión deben aplicar las normas y principios de buena gobernanza y de mejora de la legislación, también mediante la realización de consultas públicas abiertas sobre sus proyectos de propuestas de normas derivadas y terciarias, cuando el ámbito de la agencia así lo permita; propone que las agencias estén sometidas a las mismas normas de transparencia que la Comisión, incluidas las normas y obligaciones relativas a las interacciones con representantes de intereses;

19.  Subraya que, sin dejar de velar por que todas las misiones derivadas del marco normativo se lleven a cabo en su totalidad y dentro del plazo establecido, las agencias de la Unión deben atenerse estrictamente al cumplimiento de sus cometidos y actuar de conformidad con los mandatos que les hayan sido atribuidos por el Parlamento y el Consejo; considera imperativo que las agencias de la Unión sean transparentes en el desempeño de sus mandatos;

20.  Propone que todas las agencias puedan emitir dictámenes no vinculantes sobre los expedientes en curso que estén comprendidos en su ámbito de competencias;

21.  Considera asimismo que, en caso de que se modifiquen los Tratados en el futuro, debe estudiarse la manera de fortalecer el engarce de las agencias en ellos, en particular en lo que respecta a los artículos 13 y 14 del TUE y los artículos 290 y 291 del TFUE, mediante la inclusión de una definición clara de los distintos tipos de agencias, las competencias que se les pueden atribuir y los principios generales que garanticen el control parlamentario;

Cuestiones presupuestarias

22.  Señala que la financiación de las agencias mediante tasas asciende actualmente a cerca de 1 000 millones de euros anuales, lo que puede aliviar la presión sobre el presupuesto de la Unión y puede ser una forma eficaz de financiar las actividades de las agencias en los casos en que su modelo de negocio lo permita; expresa su preocupación, no obstante, por los posibles conflictos de intereses que pueden surgir si las agencias estuvieran obligadas a depender de las contribuciones de sus miembros como principal fuente de ingresos; insiste en que deben adoptarse medidas de salvaguardia para evitar cualquier tipo de conflicto de intereses;

23.  Destaca la necesidad de tener presentes las nuevas prioridades en materia de clima y sostenibilidad del próximo marco financiero plurianual (MFP), así como las misiones asignadas a determinadas agencias para la aplicación del MFP;

24.  Observa que, si bien las agencias descentralizadas presentan una serie de rasgos comunes en lo que atañe a la gestión presupuestaria, la aplicación de un mismo rasero ha ido en detrimento de la eficiencia y eficacia de la gestión de algunas agencias; considera que el objetivo de reducción de personal del 5 % y la «reserva de reasignación» entre agencias constituyen prácticas que no están destinadas a repetirse; reitera su intención de oponerse en el futuro a soluciones de este tipo;

25.  Observa con preocupación de que varias agencias tienen dificultades para atraer a personal cualificado debido a las condiciones laborales ofrecidas; considera que los organismos de la Unión deben estar en condiciones de atraer a personal cualificado para desempeñar sus cometidos de manera eficaz y eficiente; pide, por tanto, medidas concretas encaminadas a lograr estos objetivos;

26.  Toma nota de que la cooperación reforzada entre las agencias mediante el uso compartido de servicios ha permitido ahorros, como los conseguidos creando un portal común para las licitaciones; anima a que se sigan examinando las posibilidades de compartir servicios, ya sea entre las propias agencias o entre la Comisión y las agencias, a fin de crear nuevas sinergias y optimizar las existentes; considera que, en ciertos casos, podría lograrse una mayor eficiencia presupuestaria gracias a una estrecha cooperación en materia de servicios de apoyo administrativo y de gestión de instalaciones entre los organismos y agencias de la Unión que se encuentran muy próximos;

27.  Observa que los presupuestos de las agencias deben elaborarse de conformidad con el principio de presupuestación basada en el rendimiento, teniendo en cuenta los objetivos de la agencia y los resultados previstos de su labor; preconiza un enfoque temático para la presupuestación de las agencias descentralizadas a fin de priorizar mejor sus tareas, intensificar la cooperación y evitar duplicaciones, en particular en el caso de las agencias que trabajan en el mismo ámbito de actuación;

28.  Observa con preocupación que algunos requisitos administrativos son desproporcionados para las agencias de dimensiones modestas; confía en que la Comisión y el Consejo se aseguren de que tales requisitos guarden la debida proporción con los recursos financieros y humanos de todas las agencias;

29.  Recuerda que durante el procedimiento legislativo se aportan modificaciones a la propuesta original de la Comisión; observa con preocupación que los estados financieros actualizados no suelen estar disponibles hasta el final del procedimiento legislativo, si es que llegan a facilitarse; recuerda la doble función del Parlamento Europeo y del Consejo como autoridad legislativa y presupuestaria;

30.  Acoge con satisfacción el proyecto de texto revisado de la Comisión del Reglamento Financiero marco para las agencias descentralizadas y, en particular, los planes de refuerzo de la gobernanza de estas agencias incluidos en dicho proyecto;

31.  Estima, no obstante, que siguen sin resolverse una serie de cuestiones, e insta a la Comisión a que presente sin demora una evaluación de las agencias con múltiples ubicaciones, tal como recomendó el Grupo de trabajo interinstitucional, así como propuestas de posibles fusiones, cierres o transferencias de cometidos a la Comisión, basadas en un análisis detenido y minucioso y con criterios claros y transparentes, evaluación y propuestas que estaban previstas en el mandato del Grupo de trabajo interinstitucional, pero que nunca fueron examinadas de forma adecuada debido a la falta de propuestas en este sentido por parte de la Comisión;

32.  Señala que la fiscalización de las agencias descentralizadas «seguirá siendo responsabilidad del Tribunal de Cuentas, que gestionará todos los procedimientos administrativos y de contratación pública necesarios y los financiará»; reitera que las auditorías llevadas a cabo por auditores del sector privado han incrementado considerablemente la carga administrativa de las agencias y, como resultado del tiempo dedicado a la adjudicación y la administración de los contratos de auditoría, han generado gastos adicionales, aumentando la presión sobre sus recursos cada vez escasos; recalca que es imperativo resolver esta cuestión de conformidad con el Planteamiento Común, en el contexto de la revisión del Reglamento Financiero marco; pide a todas las partes implicadas en esta revisión que aporten urgentemente claridad a esta cuestión con el fin de reducir de manera significativa las cargas administrativas excesivas;

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33.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como al Tribunal de Cuentas Europeo y a las agencias descentralizadas de la Unión Europea.

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