El Parlamento Europeo,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 21 de noviembre de 2018, titulada «Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2019: Por una Europa más fuerte en un contexto de incertidumbre a escala mundial» (COM(2018)0770),

–  Vistos los objetivos de desarrollo sostenible adoptados por los líderes mundiales en septiembre de 2015 y refrendados por el Consejo, que manifestó su compromiso con su aplicación,

–  Visto el pilar europeo de derechos sociales anunciado por el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea en noviembre de 2017,

–  Visto el proyecto de informe conjunto sobre el empleo de la Comisión y del Consejo, de 21 de noviembre de 2018, que acompaña a la Comunicación de la Comisión relativa al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2019 (COM(2018)0761),

–  Vista la Recomendación de la Comisión, de 21 de noviembre de 2018, de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro (COM(2018)0759),

–  Visto el Informe de la Comisión, de 21 de noviembre de 2018, titulado «Informe sobre el Mecanismo de Alerta 2019» (COM(2018)0758),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 21 de noviembre de 2018, titulada «Evaluación general de los proyectos de planes presupuestarios para 2019» (COM(2018)0807),

–  Vista su Resolución, de 29 de noviembre de 2018, sobre la situación de las mujeres con discapacidad(1),

–  Vista su Resolución, de 15 de noviembre de 2018, sobre los servicios asistenciales en la Unión para la mejora de la igualdad de género(2),

–  Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2018, sobre empleo y políticas sociales en la zona del euro(3),

–  Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2018, sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aspectos sociales y relativos al empleo del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2018(4),

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la brecha digital de género;

–  Visto el debate con representantes de los Parlamentos nacionales sobre las prioridades del Semestre Europeo de 2018,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y la opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0162/2019),

A.  Considerando que la tasa de empleo de las personas de entre 20 y 64 años se situó en el 73,2 % en 2017, lo que indica que la Unión va bien encaminada para alcanzar el objetivo de una tasa de empleo del 75 % especificado en la Estrategia Europa 2020;

B.  Considerando que los empleos dignos y la seguridad en el empleo son un factor importante para combatir la exclusión social y deben fomentarse a fin de ayudar a solucionar el desempleo en toda la Unión, así como de impulsar la demanda interna y estimular el crecimiento; que el porcentaje de trabajadores a tiempo parcial aumentó del 16,8 % al 18,7 % del total entre 2008 y 2017, con niveles más altos y un aumento mayor en el caso de los jóvenes;

C.  Considerando que existen grandes disparidades en las tasas de empleo en toda la Unión, entre los Estados miembros, pero también dentro de cada uno de ellos, así como en la calidad del empleo;

D.  Considerando que, si bien las tasas de desempleo de larga duración y de desempleo juvenil están disminuyendo a escala de la Unión, siguen siendo elevadas en varios Estados miembros;

E.  Considerando que la tasa de desempleo juvenil en la Unión es de 18,6 % y sigue siendo superior a la de 2008; que la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) estima que los jóvenes que no trabajan, no estudian y no reciben formación («ninis») suponen un coste para la Unión de 153 000 millones de euros anuales, mientras que el coste total estimado de crear la Garantía Juvenil es de 21 000 millones de euros al año; que se destina actualmente un importe de 2 000 millones de euros a la Garantía Juvenil para el periodo 2017-2020;

F.  Considerando que, a medida que van apareciendo y se expanden nuevas formas de trabajo, como el trabajo en plataformas digitales y el trabajo por cuenta propia, habrá que modernizar y adaptar la protección social, tradicionalmente orientada a los trabajadores a tiempo completo con contratos indefinidos;

G.  Considerando que el aumento de la tasa de empleo en los Estados miembros ha ido acompañado del aumento de las formas atípicas, precarias y no formales de empleo, incluidos los contratos de cero horas, el debilitamiento del diálogo social y, en algunos Estados miembros, la descentralización de la negociación colectiva, lo que ha perjudicado a los derechos de los trabajadores;

H.  Considerando que los empleos más precarios son aquellos en que las personas no pueden hacer valer sus derechos, donde no existe la protección de la seguridad social, se pone en peligro la salud y la seguridad, y el trabajo no proporciona ingresos suficientes para permitir una vida digna; que la inseguridad es otro elemento clave de la precariedad y abarca la incertidumbre laboral, la insuficiencia de ingresos, la falta de protección contra el despido y la incertidumbre sobre la duración del trabajo y sobre el futuro empleo;

I.  Considerando que, si bien la desigualdad de ingresos en la Unión disminuyó ligeramente en 2017, la pobreza de las personas con empleo sigue siendo inaceptablemente elevada, situándose en el 9,6 % de la población activa, y afecta principalmente a las mujeres;

J.  Considerando que el número total de personas en riesgo de pobreza o exclusión social se sitúa en el 22,5 % y que, pese a estar por debajo de los niveles anteriores a la crisis, el objetivo principal de Europa 2020 de reducir el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en 20 millones sigue estando lejos de alcanzarse; que el índice del riesgo de pobreza o exclusión social de los niños sigue disminuyendo, pero aún es inaceptablemente elevado; que el índice del riesgo de pobreza o exclusión social de los niños procedentes de familias monoparentales es el doble de la media correspondiente a los niños en general; que los elevados niveles de desigualdad reducen los resultados de la economía y el potencial de crecimiento sostenible;

K.  Considerando que la globalización ha contribuido a impulsar el crecimiento económico, pero que sus beneficios se reparten de forma desigual tanto entre los Estados miembros como dentro de ellos; que debe revisarse el carácter integrador del modelo de crecimiento europeo, y que es necesario reforzarlo, en especial en cuanto a la sostenibilidad social y ambiental;

L.  Considerando que el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) subraya la urgencia de adoptar medidas para combatir el cambio climático, que puede llegar a ser irreversible en tres años; que deben también destinarse presupuestos en todos los niveles de gobernanza (tanto de inversión pública como privada) a fin de modernizar y descarbonizar la industria, el transporte y la energía;

M.  Considerando que la economía de la Unión está entrando en su sexto año de crecimiento continuo, de recuperación de la inversión, de crecimiento de la demanda y de aumento de la creación de empleo, a la vez que la disparidad de las tasas de crecimiento en toda la zona del euro es la más baja de la historia de la UEM; que, no obstante, es de lamentar que los beneficios del crecimiento no se repartan equitativamente;

N.  Considerando que los ingresos de los hogares han aumentado más lentamente que el PIB, lo que plantea dudas sobre el carácter integrador del crecimiento reciente;

O.  Considerando que el cambio demográfico y el aumento de la esperanza de vida plantean retos muy importantes, en términos de sostenibilidad e idoneidad, para los sistemas de pensiones, asistencia sanitaria y cuidados de larga duración;

P.  Considerando que un diálogo social fluido es un elemento clave de la economía social de mercado europea, que refuerza la cohesión social y reduce los conflictos en la sociedad, en beneficio mutuo de los trabajadores, los empleadores y los gobiernos;

Q.  Considerando que la integración, a partir de 2018, del pilar europeo de los derechos sociales en el Semestre Europeo ha contribuido al crecimiento inclusivo y al empleo, lo cual ha permitido reducir los desequilibrios macroeconómicos;

R.  Considerando que el Semestre Europeo debería contribuir a la plena realización del pilar europeo de derechos sociales con miras a garantizar la igualdad de trato y la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, el derecho de mujeres y hombres a una retribución igual por un trabajo igual, así como el derecho de acceso a unos servicios de salud de buena calidad y asequibles;

S.  Considerando que los 80 millones de europeos con discapacidad, así como varios grupos específicos, incluidos jóvenes y comunidades marginados, aquellos con enfermedades crónicas y los procedentes de minorías se enfrentan a barreras específicas al acceder al empleo y presentan un mayor riesgo de pobreza y de exclusión social; que la contribución de las organizaciones de la sociedad civil es esencial en cuanto a la prestación de servicios para la inclusión y la garantía de su representación en la elaboración de políticas;

T.  Considerando que las persistentes desigualdades en materia de salud y la creciente carga que suponen las enfermedades crónicas conducen a altos niveles de mortalidad prematura en toda la Unión y afectan a la mano de obra, la productividad y los sistemas de bienestar social;

U.  Considerando que el principio de igualdad de género es un valor fundamental de la Unión consagrado en los artículos 8 y 19 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que establecen la obligación de eliminar las desigualdades, promover la igualdad de género y combatir la discriminación por razón de sexo, así como de velar por la inclusión de la perspectiva de género en todas las políticas y actividades de la Unión;

V.  Considerando que la tasa de empleo de las mujeres en 2017 fue del 66,5 %, pero que la brecha de género en el empleo sigue siendo un importante 12 %, al igual que la brecha salarial y, consecuentemente, la brecha de pensiones entre hombres y mujeres; que más mujeres que hombres son víctimas de la pobreza y que las mujeres presentan un riesgo mayor de exclusión social en la vejez, con unos ingresos por pensiones casi un 40 % inferiores debido a la acumulación de desigualdades de género a lo largo de sus vidas, lo que supone un reto para muchas mujeres y para la sociedad; que el acceso a servicios de asistencia asequibles y de calidad puede facilitar la participación equitativa en el mercado laboral de hombres y mujeres;

W.  Considerando que la presencia de más mujeres en los puestos de decisión potenciaría la igualdad de género;

X.  Considerando que los cuidadores no profesionales o familiares corren un mayor riesgo de sufrir pobreza, tanto durante el periodo dedicado al cuidado de otras personas como a la hora de acceder a los derechos de pensión; que los cuidadores familiares son predominantemente mujeres; que el 80 % de los cuidados prestados en la Unión corresponde a cuidadores informales no remunerados, el 75 % de los cuales son mujeres;

Y.  Considerando que la calidad de los servicios de dispensación de cuidados muestra importantes diferencias cualitativas de un Estado miembro a otro, entre entornos privados y públicos, zonas rurales y urbanas, y grupos de edades; que las mujeres se ven afectadas por los recortes en servicios públicos, incluidas la sanidad, la educación y la vivienda: directamente como usuarias de servicios y empleadas e indirectamente mediante su apoyo a los familiares que dependen de servicios públicos fundamentales;

Z.  Considerando que las mujeres, debido a la función que desempeñan en la familia, tienden más a interrumpir sus carreras profesionales, que con mayor frecuencia son ellas las que dejan el mercado laboral para ocuparse de un hijo o de un familiar enfermo; que este papel desempeñado por las mujeres puede ser un freno en sus carreras; que se están llevando a cabo debates sobre el equilibrio entre vida profesional y vida privada;

AA.  Considerando que se ha avanzado significativamente en la consecución del objetivo principal de 2020 de una tasa de abandono escolar prematuro del 10 % así como del objetivo del 40 % de titulados de la enseñanza superior, pero que siguen existiendo grandes disparidades entre los Estados miembros; que debe alentarse a los Estados miembros a aumentar la accesibilidad y la aceptación pública de la formación profesional, garantizando al mismo tiempo que la calidad de la educación superior se mantenga como prioridad para lograr los objetivos principales de 2020;

AB.  Considerando que, en la era digital, las competencias digitales son fundamentales para todas las tareas personales o profesionales, pero que más del 40 % de los adultos de la Unión no poseen competencias digitales básicas; que 60 millones de adultos carecen de competencias básicas de lectura, escritura y cálculo; que la brecha de género al medir las capacidades digitales por encima del nivel básico es del 12,9 %;

AC.  Considerando que los trabajadores poco cualificados y de más edad tienen muchas menos probabilidades de participar en programas de reciclaje y formación; que las microempresas y las pymes carecen a menudo de recursos para organizar la formación y el reciclaje de sus empleados;

AD.  Considerando que la exclusión en materia de vivienda, la carencia de hogar y la asequibilidad de la vivienda representan un reto muy importante en muchos Estados miembros, y nada menos que en diez se registran tasas de hacinamiento superiores a la media europea; que la vivienda es el mayor gasto para los europeos y que los precios de la vivienda crecen más rápidamente que los ingresos en la mayoría de los Estados miembros; que la desigualdad y la exclusión en materia de vivienda se refuerzan mutuamente, y que las mujeres, los niños y las personas de origen inmigrante son particularmente vulnerables a la exclusión en materia de vivienda y a la carencia de hogar;

AE.  Considerando que los retos a largo plazo —como el envejecimiento de la población, la digitalización y sus efectos sobre el trabajo, el cambio climático y el uso insostenible de los recursos naturales— siguen siendo apremiantes;

1.  Reconoce los progresos realizados en relación con el cuadro de indicadores sociales, pero señala que la mayoría de los Estados miembros se enfrenta a retos en al menos un indicador principal y que el 10 % de todas las evaluaciones se definen como «situaciones críticas»;

2.  Subraya que los objetivos y compromisos sociales de la Unión son tan importantes como sus objetivos económicos; destaca que la necesidad de invertir en desarrollo social no es solo un medio para garantizar que se logran el crecimiento económico y la convergencia, sino que también debe ser un objetivo específico en sí mismo; celebra que se reconozca la importancia del pilar social y la necesidad de fortalecer la dimensión social de la Unión, además de responder a las desigualdades entre regiones y dentro de estas; pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen los derechos sociales mediante la aplicación del pilar europeo de derechos sociales, de modo que se cree una verdadera dimensión social de la Unión, también tomando nota de algunos estudios recientes(5) y mejorando la visibilidad política y los efectos del cuadro de indicadores clave sociales y de empleo, al tiempo que se cumplen todas las recomendaciones específicas por país, incluidas las destinadas a acciones transformadoras para una Unión más sostenible desde un punto de vista social, económico y ambiental; pide a la Comisión que utilice los 20 principios del pilar europeo de derechos sociales como marcadores para evaluar el éxito de los países en la integración de su compromiso con este en sus políticas económicas, así como que refuerce su capacidad de supervisión de la situación social;

3.  Pide el compromiso pleno del Semestre Europeo con el pilar europeo de derechos sociales, subrayando la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, el derecho a igual remuneración por trabajo de igual valor y el derecho a unos servicios de asistencia asequibles y de calidad;

4.  Señala que algunos Estados miembros se enfrentan a problemas estructurales en el mercado laboral, como una participación baja, la segmentación del mercado laboral y desajustes entre las capacidades y las cualificaciones; observa que existe una creciente necesidad de adoptar medidas concretas para integrar o reintegrar a los trabajadores inactivos, incluidos los migrantes, en el mercado laboral;

5.  Pide una mayor coherencia dentro del Semestre Europeo, así como la garantía de que las cuestiones destacadas en el informe conjunto sobre el empleo se tengan debidamente en cuenta en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento y en las recomendaciones específicas por país, y de que las prioridades se mantengan de un año para otro, a menos que se considere que están resueltas;

6.  Señala que se prevé que todas las economías de los Estados miembros sigan creciendo, aunque a un ritmo más lento; destaca la necesidad de colmar el déficit de inversión en lo que se refiere a la investigación y la innovación en infraestructuras, incluidos los servicios sociales, sanitarios y asistenciales, así como a la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, la vivienda energéticamente eficiente y digna, y el capital humano; pide a la Comisión y a los Estados miembros que maximicen sus esfuerzos para invertir en una educación y formación asequibles, accesibles y específicas de alta calidad, reforzando las medidas de capacitación y de reconversión, incluidas las competencias digitales y transferibles, y que promuevan el aprendizaje permanente y el desarrollo de capacidades; resalta la importancia de adoptar medidas específicas para las mujeres y las niñas, que siguen estando infrarrepresentadas en el sector digital y el sector de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (CTIM), y de reforzar la formación inicial y el desarrollo profesional continuo de profesores y formadores; pide a los Estados miembros que refuercen sus sistemas de educación, aprendizaje y formación profesional y el aprendizaje basado en la realidad, al tiempo que mejoran su adecuación a las necesidades, actuales y previstas, del mercado laboral; observa asimismo la importancia de las capacidades y competencias obtenidas en entornos de aprendizaje informal, y pide a los Estados miembros que creen sistemas de validación para las competencias informales, en especial las adquiridas a través de actividades de voluntariado;

7.  Comparte la opinión de la Comisión de que el actual crecimiento económico debe traducirse en una concentración de la inversión en la descarbonización de la industria, el transporte y los sistemas energéticos europeos; pide, por tanto, a la Comisión y a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos con el fin de proporcionar una formación apropiada y accesible para el conjunto adecuado de competencias, y que apoyen a las empresas a fin de formar, reconvertir y mejorar las capacidades de la mano de obra, así como de readaptar los sistemas de educación y formación;

8.  Señala que en algunos Estados miembros el desempleo sigue siendo elevado por la falta de crecimiento y la debilidad estructural que se deriva en gran medida de unos marcos que regulan el mercado laboral ineficaces y, en muchos casos, rígidos;

9.  Observa que, a pesar de las mejoras, existen diferencias sustanciales entre Estados miembros y regiones, en términos de recuperación económica y progreso, debido a las debilidades estructurales preexistentes en varios Estados miembros, especialmente en el ámbito del empleo y la productividad; considera, a este respecto, que para lograr la convergencia gradual en toda la Unión también se deben abordar las divergencias dentro de los Estados miembros, ya que las disparidades regionales repercuten en el potencial de crecimiento europeo, puesto que muchas políticas y servicios se prestan en el ámbito regional;

10.  Considera que, además de servir de guía para recomendaciones políticas, el cuadro de indicadores adjunto al pilar social debe servir de ejemplo para realizar análisis similares de los resultados de los distintos países en relación con las políticas ambientales y frente al cambio climático, a fin de que puedan evaluarse con el mismo rigor;

11.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que examinen atentamente la cuestión de la pobreza de las personas con empleo y que propongan soluciones, tanto a escala de la Unión como nacional, para hacer frente a esta cuestión tan insidiosa; considera que debe emprenderse una acción inmediata y coordinada para invertir esta tendencia, que amenaza con fragmentar la cohesión social y la solidaridad intergeneracional; reitera su preocupación por el elevado número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, a pesar de la tendencia a la baja; se muestra especialmente preocupado por los elevados índices de pobreza infantil, pobreza en las zonas rurales y pobreza de las personas de más edad, muy marcados en las mujeres; pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten todas las medidas necesarias para reducir significativamente la pobreza, en particular la pobreza infantil; pide a la Comisión y a los Estados miembros que otorguen un mayor reconocimiento al trabajo y los conocimientos de las ONG, las organizaciones de lucha contra la pobreza y en defensa de la inclusión social, y a las propias personas que se encuentran en situación de pobreza, fomentando su participación en el intercambio de buenas prácticas; señala que los elevados niveles de desigualdad reducen la producción económica y el potencial de crecimiento sostenible e inclusivo;

12.  Recuerda que el salario digno es importante no solo para la cohesión social, sino también para mantener una economía fuerte y una población activa productiva; pide a los Estados miembros que apliquen medidas para mejorar la calidad del empleo y reducir la dispersión salarial, en particular, incrementando los mínimos salariales en forma, cuando corresponda, de salarios mínimos fijados en niveles dignos; pide, en este contexto, políticas que respeten, promuevan y fortalezcan la negociación colectiva y la posición de los trabajadores en los sistemas de fijación de salarios, ya que desempeñan un papel esencial para lograr unas condiciones de trabajo de alto nivel; cree que todo lo expuesto debe realizarse para respaldar la demanda agregada y la recuperación económica, reducir las desigualdades salariales y combatir la pobreza de los ocupados; destaca, en este contexto, que la legislación y las políticas europeas deben respetar los derechos y las libertades sindicales, estar en consonancia con los convenios colectivos y defender la igualdad de trato de los trabajadores;

13.  Subraya que, si bien las tasas de desempleo en la Unión se encuentran en su nivel más bajo, la tasa de vacantes de empleo en la Unión aumentó del 1,9 % en 2017 al 2,2 % en 2018; observa con preocupación que los desajustes de capacidades son considerables; recuerda que el papel de los Estados miembros consiste en garantizar el acceso a una educación y formación de calidad; pide a los Estados miembros que den prioridad a la inversión pública para garantizar que todos puedan disfrutar de su derecho a una educación y formación de calidad; considera que la orientación profesional y la formación pueden actuar como motor de un crecimiento sostenible e integrador; subraya que la adecuación de las cualificaciones y las capacidades a las perspectivas de empleo es una condición indispensable para la creación de un mercado de trabajo competitivo en la Unión, y que debe abordarse facilitando una cooperación más estrecha entre los sistemas educativos y las empresas y los sindicatos, fomentando, por ejemplo, la educación dual, las prácticas, el aprendizaje en el trabajo y el aprendizaje basado en la realidad en todas las formas y en todos los niveles de la educación, también en la educación superior;

14.  Pide a la Comisión que siga apoyando el portal europeo de la movilidad profesional (EURES) y otros programas que facilitan la movilidad en el ámbito del aprendizaje y la formación; señala que el reconocimiento mutuo de las cualificaciones aumenta las oportunidades de empleo, especialmente en los países con tasas de vacantes de empleo elevadas;

15.  Subraya que la integración de los desempleados de larga duración a través de medidas adecuadas a su caso particular es un factor clave para luchar contra las desigualdades, la pobreza y la exclusión social y contribuirá, en última instancia, a la sostenibilidad de los sistemas nacionales de seguridad social; pide, en este contexto, un mayor esfuerzo para la creación de capacidades orientadas hacia el mercado laboral y que se aumente de manera significativa la proporción de formación orientada a la práctica, con el fin de alcanzar el objetivo de empleabilidad; considera necesario tener en cuenta la situación social de estos ciudadanos y sus necesidades, en especial en términos de ingresos suficientes, viviendas adecuadas, transporte público, atención sanitaria y cuidados infantiles, así como garantizar un mejor control a escala europea de las políticas aplicadas a nivel nacional;

16.  Pide a los Estados miembros que garanticen que los jóvenes denominados «ninis», incluidos los que tienen alguna discapacidad o necesidades complejas, puedan, de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión Europea y del Tribunal de Cuentas Europeo, acogerse a la Garantía Juvenil y beneficiarse de ella de forma real y significativa; destaca la importancia de abordar las actuales deficiencias que afectan a la calidad de las ofertas y el alcance del programa; considera que deben realizarse más esfuerzos para establecer normas de calidad, proporcionar un mayor apoyo financiero continuado tanto a través de los instrumentos de financiación de la Unión como de los presupuestos nacionales, y garantizar una participación significativa de los jóvenes y de las organizaciones juveniles en la concepción, aplicación y seguimiento de las medidas de la Garantía Juvenil; subraya la necesidad de reconocer que, por motivo de los criterios de edad, algunos de esos desempleados o subempleados cuando eran jóvenes no han sido incluidos en las medidas dirigidas específicamente a los trabajadores más jóvenes y, por lo tanto, necesitan que se les brinde la oportunidad de actualizar sus capacidades; hace hincapié en que la educación es el factor más importante para no caer en la pobreza; opina que es fundamental incrementar la enseñanza de capacidades digitales básicas en los centros educativos, como el manejo de los medios digitales y los conocimientos básicos de programación; destaca, en este contexto, que es necesario que los centros educativos dispongan de un equipamiento técnico adecuado, con la infraestructura digital adecuada; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que apliquen con determinación y sin demora el sistema de formación dual establecido como modelo a seguir en la Unión, al tiempo que reconoce la necesidad de adaptarlo a los sistemas propios de los Estados miembros;

17.  Subraya la importancia de supervisar el porcentaje total de la población de personas con edades entre los 15 y los 24 años consideradas «ninis», además de otros indicadores auxiliares, y de prestar particular atención a las niñas y las mujeres jóvenes, puesto que hay una diferencia de género considerable en la proporción de jóvenes que no tienen trabajo ni reciben una enseñanza o formación;

18.  Señala que la Unión sigue sufriendo problemas estructurales que deben abordarse; subraya la necesidad vital de impulsar la demanda interna promoviendo la inversión pública y privada, así como reformas estructurales equilibradas desde el punto de vista social y económico que reduzcan las desigualdades y promuevan trabajos inclusivos y de calidad, crecimiento sostenible, inversión social y saneamiento presupuestario responsable, contribuyendo así a garantizar la senda hacia la cohesión y un entorno de convergencia social al alza para las empresas y los servicios públicos, con vistas a crear empleos de mayor calidad al tiempo que se equilibran las dimensiones social y económica; hace hincapié en que esas prioridades solo podrán realizarse si se da prioridad a la inversión en capital humano en el marco de una estrategia común;

19.  Destaca que unas reformas responsables desde el punto de vista social deben basarse en la solidaridad, la integración, la justicia social y una distribución justa de la riqueza, creando así un modelo que garantice la igualdad y la protección social, proteja a los grupos vulnerables y mejore las condiciones de vida para todos los ciudadanos; subraya, además, la necesidad de reorientar las políticas económicas de la Unión hacia una economía de mercado social;

20.  Pide a la Comisión que lleve a cabo una evaluación del impacto de género de las reformas estructurales;

21.  Pide a la Comisión y a todos los Estados miembros que pongan en marcha o refuercen la regulación de las nuevas formas de trabajo; en este contexto, expresa su preocupación por la cobertura de los trabajadores atípicos y los trabajadores autónomos, que a menudo no tienen pleno acceso al sistema de protección social; pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen y promuevan medidas de probada eficacia para reducir el trabajo no declarado que permitan el reconocimiento de los derechos laborales de los trabajadores y cuidadores domésticos y que mejoren las condiciones de trabajo; pide a los Estados miembros y a la Comisión que prohíban los contratos de cero horas;

22.  Pide a los Estados miembros que incrementen la cobertura y la eficacia de las políticas activas del mercado laboral, haciendo que estén más orientadas a resultados, y en estrecha colaboración con los servicios públicos de empleo, los interlocutores sociales y otras partes interesadas pertinentes, así como con la sociedad civil, cuando proceda;

23.  Señala la importancia de la dimensión de estabilización automática de los sistemas de bienestar social para absorber las ondas de choque social causadas por los factores externos, como las recesiones; pide a los Estados miembros, por tanto, que introduzcan políticas para restablecer la seguridad del empleo ofreciendo una protección proactiva, incluso en caso de despido; además, pide a los Estados miembros, en el marco de la Recomendación n.º 202 de la OIT, que define los niveles mínimos de protección social, que garanticen y aumenten la inversión en sistemas de protección social con objeto de garantizar su buen funcionamiento a la hora de afrontar y prevenir la pobreza y las desigualdades, garantizando al mismo tiempo su sostenibilidad;

24.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos con vistas a una mayor inclusión de las personas con discapacidad en el mercado laboral, eliminando los obstáculos legislativos a la creación de incentivos para su empleo y garantizando la accesibilidad de los centros de trabajo mediante un mayor uso de las nuevas tecnologías asistenciales para favorecer, por ejemplo, la comunicación y la movilidad de las personas con discapacidad; pide a la Comisión y a los Estados miembros, además, que redoblen sus esfuerzos para garantizar una mayor inclusión en el mercado laboral de los grupos que están más alejados de él, como las familias monoparentales, los cuidadores informales, las personas con enfermedades de larga duración, con discapacidad, con problemas de salud o enfermedades crónicas complejas, los inmigrantes y refugiados y las personas pertenecientes a minorías étnicas y religiosas; pide a los Estados miembros que aumenten sus esfuerzos para mejorar las capacidades de los trabajadores y fomentar puestos de trabajo dignos que den lugar a un empleo de calidad;

25.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen que todas las acciones para la inclusión de la población romaní se ajusten a los principios generales de las estrategias nacionales de integración de los gitanos acordadas;

26.  Señala que las microempresas y las pequeñas y medianas empresas son enormemente importantes para un desarrollo sostenible e integrador, el crecimiento económico y la creación de empleo en Europa; pide un mayor apoyo para que las microempresas y las pymes puedan organizar formación pertinente para sus empleados; pide a la Comisión y a los Estados miembros que presten mayor y mejor atención a los intereses de las microempresas y las pymes en el proceso de elaboración de políticas, mediante la creación del marco reglamentario adecuado para las empresas, incluidas las pequeñas empresas y las microempresas, para crear puestos de trabajo, por ejemplo mediante la aplicación de normativa inteligente;

27.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que intensifiquen los esfuerzos con vistas a garantizar una imposición más justa, también en la economía digital, dado que se trata de una condición para un crecimiento más inclusivo;

28.  Manifiesta su preocupación por la escasa atención prestada a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento; pide a los Estados miembros y a la Comisión que adopten todas las medidas necesarias para mejorar la conciliación de la vida familiar y la vida profesional e impulsar la igualdad de género; pide que se desarrollen unos servicios asistenciales de calidad, accesibles y asequibles a lo largo de todo el ciclo de vida, así como servicios de atención infantil y de educación temprana, al tiempo que se sigue persiguiendo la consecución de los objetivos de Barcelona 2002 por lo que respecta al cuidado de los niños y la adopción de una legislación que promueva fórmulas de trabajo flexibles; pide el reconocimiento de los cuidadores familiares, así como la mejora de sus condiciones de trabajo, y formas adecuadas de apoyo y reconocimiento de la importante labor de los cuidadores familiares, que prestan la mayor parte de la asistencia en la Unión, ofreciendo, por ejemplo, derechos de pensión y de seguridad social, así como el reconocimiento de la formación y de las capacidades adquiridas de manera informal; pide que se promuevan modalidades de trabajo flexibles y la utilización de permisos ventajosos de maternidad, paternidad, parentales y para cuidadores; reconoce que esta cuestión requiere una respuesta polifacética y pide a los Estados miembros que la aborden con carácter urgente; cree firmemente que la adopción de la Directiva sobre conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores es un paso necesario para mejorar la conciliación de la vida familiar y la vida profesional;

29.  Pide a los Estados miembros que mejoren el equilibrio de género en los sectores pertinentes y en las empresas y que concedan, en este contexto, particular atención a las mujeres discapacitadas, ya que son un eslabón vulnerable en el mercado de trabajo;

30.  Manifiesta su preocupación por la segregación vertical y horizontal del mercado de trabajo a escala de la Unión Europea, así como por la brecha en materia de salarios y pensiones entre mujeres y hombres y el reducido número de mujeres en los procesos de decisión; insiste en que la tasa de empleo de las mujeres sigue siendo inferior a la de los hombres; subraya que esta brecha en materia de empleo es particularmente importante entre las madres y las mujeres con responsabilidades en dispensación de cuidados;

31.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen una mayor inclusión de la perspectiva de género en el desarrollo de las recomendaciones específicas por país, los programas de estabilidad y convergencia y los programas de reforma nacionales, introduciendo medidas y objetivos cualitativos para combatir las desigualdades persistentes, y que apliquen sistemáticamente el principio de la presupuestación de género;

32.  Pide a los Estados miembros que fijen en sus programas nacionales de reformas objetivos cuantitativos específicos sobre el empleo femenino en general;

33.  Pide a la Comisión y al Consejo que establezcan un pilar relativo a la igualdad de género en la Estrategia 2020 y un objetivo general de igualdad de género;

34.  Pide a la Comisión que incluya el Índice de Igualdad de Género como una de las herramientas del Semestre Europeo para supervisar los progresos en el ámbito de los objetivos sociales y de empleo;

35.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que supervisen la participación de las mujeres en el mercado de trabajo; pide a los Estados miembros que desbloqueen la Directiva sobre la presencia de la mujer en los consejos de administración;

36.  Pide a los Estados miembros y a la Comisión que supriman todas las restricciones a la participación de las mujeres en el mercado de trabajo y que eliminen todos los sesgos de género en materia fiscal y otros posibles incentivos que perpetúen roles sexistas;

37.  Pide políticas que apoyen al empresariado femenino facilitando a las mujeres en esa situación el acceso a la financiación y a oportunidades comerciales, ofreciéndoles una formación personalizada y creando medidas para garantizar una conciliación justa de la vida familiar y la vida profesional;

38.  Destaca que la discriminación de género sigue siendo un problema persistente, tal como demuestran las diferencias salariales entre hombres y mujeres (los ingresos brutos medios por hora de los empleados son aproximadamente un 16 % superiores a los de las empleadas) y que la brecha de género en materia de pensiones es del 37 %; subraya que la brecha de pensiones, que es el indicador más importante de la desigualdad entre hombres y mujeres, se debe a la escasa representación de las mujeres en los sectores bien remunerados, a la discriminación en el mercado laboral y a la elevada tasa de mujeres que trabajan a tiempo parcial, así como a la falta de mecanismos adecuados de conciliación de las obligaciones familiares y laborales entre hombres y mujeres;

39.  Recuerda que el cambio de la composición por edad y el aumento de la esperanza de vida de la población que este comporta requiere la adaptación de los sistemas de pensiones y la aplicación de las reformas oportunas en algunos Estados miembros, con objeto de garantizar unas pensiones sostenibles y adecuadas; reitera su llamamiento para establecer créditos de asistencia en los sistemas de pensiones con objeto de compensar las contribuciones no efectuadas por parte de mujeres y hombres por haber realizado cuidados de menores y a largo plazo como medio para reducir la brecha salarial y de pensiones entre hombres y mujeres, así como de salvaguardar la equidad intergeneracional; pide a la Unión y a los Estados miembros que establezcan y apliquen políticas, en colaboración con los interlocutores sociales y las organizaciones de defensa de la igualdad de género, destinadas a reducir la brecha salarial y de pensiones entre hombres y mujeres; pide a los Estados miembros que lleven a cabo periódicamente evaluaciones comparativas de salarios como complemento de estos esfuerzos; recuerda al Consejo Europeo que considere emplear los informes anuales sobre la igualdad entre mujeres y hombres en el contexto del Semestre Europeo a fin de mejorar la incorporación de la perspectiva de género;

40.  Destaca que todas las personas deben poder contar con acceso universal a pensiones de jubilación y de vejez públicas, solidarias y adecuadas; reconoce las dificultades a las que se enfrentan los Estados miembros para reforzar la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, pero subraya la importancia de salvaguardar la solidaridad en dichos sistemas; considera que la mejor forma de garantizar pensiones sostenibles, seguras y adecuadas para las mujeres y los hombres consiste en aumentar la tasa global de empleo y crear un mayor número de puestos de trabajo de calidad para todas las edades, así como mejorar las condiciones de trabajo y de empleo y realizar el gasto público adicional necesario; considera que las reformas de los sistemas de pensiones deben centrarse, entre otras cosas, en la edad efectiva de jubilación, y deben reflejar las tendencias del mercado laboral, las tasas de natalidad, la situación de salud y riqueza, las condiciones laborales y la tasa de dependencia económica; considera que estas reformas deben, asimismo, tener en cuenta la situación de millones de trabajadores en Europa, en particular de las mujeres, los jóvenes y los trabajadores autónomos, que se ven más afectados por el empleo precario y atípico, los períodos de desempleo involuntario y las reducciones de la jornada de trabajo;

41.  Observa que los servicios sociales y sanitarios son esenciales para apoyar la lucha contra la pobreza y la exclusión social, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que faciliten inversiones y margen de maniobra presupuestario para desarrollar dichos servicios, de forma que se garantice que resulten asequibles, accesibles y de alta calidad;

42.  Lamenta que no se haya incluido la crisis de la vivienda entre las principales prioridades políticas para 2019 e insta a la Comisión y a los Estados miembros a que hagan un mejor uso del Semestre para supervisar y apoyar los progresos en cuanto a la asequibilidad de la vivienda y la carencia de hogar, ya que son cuestiones fundamentales que suscitan preocupación; pide a la Comisión que, como primer paso, incluya el indicador de sobrecarga del coste de la vivienda de las estadísticas comunitarias sobre la renta y las condiciones de vida (EU-SILC) en el cuadro de indicadores sociales, de conformidad con el principio 19 del PEDS; subraya que la existencia de unas tasas elevadas de superpoblación entre los jóvenes (15-29 años) tiene consecuencias negativas en el aprendizaje, el desarrollo personal y profesional y la calidad de vida; considera necesaria la asignación prioritaria de los fondos públicos a los jóvenes que carecen de una vivienda decente;

43.  Opina que la política de cohesión, en calidad de una de las principales políticas de inversión de la Unión Europea, ha demostrado su eficacia a la hora de aumentar la cohesión social y reducir las desigualdades; anima a los Estados miembros a que aprovechen plenamente los fondos disponibles para la aplicación del PEDS;

44.  Reitera su petición a la Comisión de que apoye a los Estados miembros en favor de una mayor utilización de los fondos estructurales para inversión en estructuras de salud pública y servicios para niños, personas mayores y otras personas dependientes, y con ello facilitar la reincorporación de las mujeres al mercado laboral y garantizar una conciliación justa de la vida familiar y la vida profesional;

45.  Recuerda que el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento favorece una serie de ámbitos de inversión social, entre los que se incluyen la salud, los sistemas de asistencia a largo plazo y la vivienda pública; subraya que el Comité Económico y Social Europeo ha defendido los numerosos efectos positivos de una inversión social bien planificada, eficaz y eficiente orientada al futuro;

46.  Pide a los Estados miembros, a la Comisión y al Parlamento Europeo que reconozcan en mayor medida la experiencia de las ONG en el ámbito social, trabajando en favor de un diálogo civil, de conformidad con el artículo 11 del Tratado de la Unión Europea en el marco del proceso del Semestre;

47.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0484. (2) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0464. (3) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0432. (4) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0078. (5) Véanse los estudios de la OCDE [«In it together: why less inequalities benefits all» (¿Por qué nos beneficia a todos reducir la desigualdad?), 2015] y del FMI [«Causes and consequences of income inequality» (Causas y consecuencias de la desigualdad de ingresos), junio de 2015].