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Procedimiento : 2018/2107(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A8-0090/2019

Textos presentados :

A8-0090/2019

Debates :

PV 14/03/2019 - 7
CRE 14/03/2019 - 7

Votaciones :

PV 14/03/2019 - 11.5
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Textos aprobados :

P8_TA(2019)0207

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Jueves 14 de marzo de 2019 - Estrasburgo
Aplicación del Reglamento relativo al Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG)
P8_TA(2019)0207A8-0090/2019

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2019, sobre la aplicación del Reglamento (UE) n.º 978/2012, relativo al SPG (2018/2107(INI))

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 978/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por el que se aplica un sistema de preferencias arancelarias generalizadas y se deroga el Reglamento (CE) n.º 732/2008 del Consejo(1),

–  Vistos el Reglamento (UE) n.º 607/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, que deroga el Reglamento (CE) n.º 552/97 del Consejo, por el que se retira temporalmente a Myanmar/Birmania el beneficio de las preferencias arancelarias generalizadas(2), y su Resolución, de 23 de mayo de 2013, sobre el restablecimiento del acceso de Myanmar/Birmania a las preferencias arancelarias generalizadas(3),

–  Vistos la evaluación intermedia del Reglamento actual relativo al SPG de julio de 2018(4) y el informe de la Comisión sobre la aplicación del Reglamento (UE) n.º 978/2012(5), acompañado del documento de trabajo de los servicios de la Comisión del 4 de octubre de 2018(6),

–  Vistos los informes de la Comisión, de 28 de enero de 2016 y 19 de enero de 2018, sobre el Sistema de Preferencias Generalizadas durante el periodo 2014-2015(7) y 2016-2017(8), respectivamente, en los que se evalúan los efectos del SPG centrándose en el rendimiento de los beneficiarios del SPG+,

–  Vistos la audiencia pública sobre el SPG organizada por la Comisión de Comercio Internacional (INTA), de 16 de febrero de 2016, el intercambio de puntos de vista sobre la concesión del SPG+ a Sri Lanka, de 21 de marzo de 2017, y el intercambio de puntos de vista sobre la aplicación del Reglamento relativo al SPG, de 19 de febrero de 2018,

–  Vistos los artículos 5 y 21 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

–  Visto el artículo 208 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Vista la decisión del Defensor del Pueblo Europeo en el asunto 1409/2014/MHZ sobre la abstención de la Comisión Europea de realizar una evaluación previa de impacto en materia de derechos humanos relativa al Acuerdo de Libre Comercio UE-Vietnam(9),

–  Vista su Resolución, de 5 de julio de 2016, sobre la aplicación de las recomendaciones del Parlamento del año 2010, relativas a los estándares sociales y medioambientales, los derechos humanos y la responsabilidad civil de las empresas(10),

–  Vista su Resolución, de 12 de diciembre de 2018, sobre el Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2017) y la política de la UE al respecto(11),

–  Vista su Resolución, de 27 de abril de 2017, sobre la iniciativa emblemática de la Unión en el sector de la confección(12),

–  Vista su Resolución, de 14 de junio de 2017, sobre la situación actual de la aplicación del Pacto de Sostenibilidad en Bangladés(13),

–  Vistas las asociaciones específicas voluntarias con varios países, como el Pacto de Sostenibilidad con Bangladés y la iniciativa sobre los derechos laborales con Myanmar/Birmania,

–  Vista la Estrategia conjunta de la Unión y sus Estados miembros de 2007, titulada «Ayuda al comercio: Aumento del apoyo de la UE para las necesidades del sector del comercio en los países en desarrollo»,

–  Vistos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para 2030 (en lo sucesivo, «ODS»),

–  Vistos los Convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre trabajo infantil, trabajo forzoso, discriminación, libertad de asociación y negociación colectiva,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 12 de mayo de 2016, sobre la UE y las cadenas de valor mundiales responsables,

–  Vista su Resolución, de 12 de septiembre de 2017, sobre el impacto del comercio internacional y las políticas comerciales de la Unión en las cadenas de valor mundiales(14),

–  Vistos el artículo 52 de su Reglamento interno, así como el artículo 1, apartado 1, letra e), y el anexo 3 de la Decisión de la Conferencia de Presidentes, de 12 de diciembre de 2002, sobre el procedimiento de autorización para la elaboración de informes de propia iniciativa(15),

–  Vistos el informe de la Comisión de Comercio Internacional y las opiniones de la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Comisión de Desarrollo (A8-0090/2019),

A.  Considerando que la Unión fue la primera en aplicar un SPG en 1971, tras la recomendación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), en cuyo marco los países industrializados concederían preferencias comerciales generalizadas, no recíprocas y no discriminatorias a los países en desarrollo, de modo que les ayudarían a generar ingresos suplementarios a través del comercio internacional con el fin de reducir la pobreza, promover la buena gestión de gobierno y fomentar el desarrollo sostenible;

B.  Considerando que, en el artículo 207 del TFUE, se establece que la política comercial de la Unión debe basarse en los principios y en los objetivos de la política exterior de la Unión y promover los valores defendidos por esta, contemplados en el artículo 2 del TUE, y contribuir a alcanzar los objetivos que se enumeran en su artículo 21, como son el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos, los derechos y libertades fundamentales, la igualdad, el respeto de la dignidad humana y la protección del medio ambiente y de los derechos sociales;

C.  Considerando que, en sus conclusiones, el Defensor del Pueblo Europeo concluyó que la buena administración requiere necesariamente la observancia y el respeto de los derechos fundamentales; cuando no se respetan los derechos fundamentales, no puede haber buena administración; las instituciones y organismos de la Unión siempre deben tener en cuenta la adecuación de sus acciones con los derechos fundamentales y también deben aspirar a promover la causa de los derechos humanos en los países socios;

D.  Considerando que el SPG actual se estableció de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 978/2012, adoptado sobre la base del artículo 207 del TFUE, de conformidad con el procedimiento legislativo ordinario y con el Parlamento Europeo, que cumplía por primera vez la función de colegislador de un Reglamento relativo al SPG;

E.  Considerando que, en virtud del artículo 40 del Reglamento relativo al SPG, la Comisión debe presentar un informe sobre la aplicación del Reglamento relativo al SPG al Parlamento Europeo y al Consejo cinco años después de su adopción, y que debe servir de base para el próximo Reglamento relativo al SPG que se adoptará en 2022; que dicho Reglamento está en vigor desde el 1 de enero de 2014; que se ha llevado a cabo una evaluación independiente y a fondo del funcionamiento del presente Reglamento con el objetivo de facilitar información para la revisión de la Comisión, y que se ha elaborado una lista de recomendaciones concretas;

F.  Considerando que el sistema incluye tres regímenes: el SPG general, el régimen de incentivos SPG+ y el régimen «Todo menos armas» (TMA); que los beneficiarios del SPG estándar, 18 países actualmente, se benefician de una reducción de los derechos de aduana para el 66 % de todas las categorías de productos de la Unión; que 8 beneficiarios del SPG+ exportan aproximadamente el 66 % de todas las categorías de productos exentos de aranceles a cambio de su compromiso de aplicar en la práctica 27 convenios internacionales fundamentales que abarcan los derechos laborales, los derechos humanos, el buen gobierno y las inquietudes medioambientales; que al menos 49 países menos desarrollados acogidos al sistema TMA del SPG cuentan con acceso libre de derechos a todos los productos de la Unión, a excepción de las armas y las municiones; que todos los países beneficiarios están obligados por convenios internacionales en los ámbitos de los derechos humanos y de los derechos laborales en el marco del Reglamento relativo al SPG, mientras que los países que se benefician del SPG+ también están obligados por convenios internacionales en materia medioambiental y de buen gobierno; que solo el régimen SPG+ establece un diálogo estructurado que evalúa la aplicación efectiva de esos convenios por parte de los países beneficiarios; que, los países beneficiarios del SPG también deben estar en condiciones de aplicar pautas y normas internacionales, lo que incluye preparar, aplicar y hacer cumplir la legislación pertinente, especialmente en el ámbito de la construcción del Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción;

G.  Considerando que los objetivos principales de la reforma del SPG de 2012 eran centrarse más en los países necesitados (los países menos adelantados y otros países de renta baja y de ingresos más bajos), seguir promoviendo los principios básicos del desarrollo sostenible y el buen gobierno, y mejorar la estabilidad y predictibilidad, así como la certidumbre, para los actores económicos;

H.  Considerando que diversos convenios, directrices y normas internacionales tienen como fin evitar las violaciones de los derechos humanos; que los países beneficiarios del SPG en particular tienen la obligación de aplicar dichas directrices y de crear las condiciones jurídicas y económicas adecuadas para que puedan operar las empresas y encontrar un lugar en las cadenas mundiales de suministro;

I.  Considerando que la Unión debe dar una respuesta aún más eficaz al dumping social y ambiental y a la competencia desleal y las prácticas comerciales desleales, además de garantizar la igualdad de condiciones;

J.  Considerando que, en varios países, las zonas francas industriales están exentas de la legislación laboral, lo que impide el pleno derecho a ejercer una actividad sindical o a interponer un recurso judicial; que ello constituye una violación de las normas fundamentales de la OIT y podría comportar efectos negativos para los derechos humanos;

K.  Considerando que la igualdad de género en todas las políticas de la Unión está consagrada en el artículo 8 del TFUE; que los acuerdos comerciales y de inversión afectan de forma diferente a las mujeres y a los hombres debido a desigualdades estructurales de género; que, según la OIT, en 2012 fueron víctimas de trabajos forzosos 21 millones de personas en todo el mundo (un 55 % de las cuales eran mujeres y niñas), un 90 % de ellas en el sector privado de la economía;

L.  Considerando que el artículo 19, apartado 6, del Reglamento relativo al SPG requiere que la Comisión tenga en cuenta «toda la información pertinente» para determinar si los países beneficiarios del SPG cumplen debidamente sus obligaciones en materia de derechos humanos, incluida la información suministrada por la sociedad civil; que la participación de la sociedad civil y los interlocutores sociales en la aplicación del régimen SPG puede favorecer la legitimidad y la eficacia de la política comercial común de la Unión;

M.  Considerando que el Reglamento relativo al SPG permite a la Unión suspender las preferencias en los casos más graves de violaciones de los derechos humanos, en virtud del capítulo V, artículo 19, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento, que prevé la retirada temporal de regímenes preferenciales por una serie de razones, entre las que se encuentran las violaciones sistemáticas de los principios establecidos en los convenios enumerados en la parte A del anexo VIII;

N.  Considerando que la Comisión ha iniciado el proceso en el caso de Camboya y está en proceso de abrir investigaciones en el caso de Myanmar/Birmania por violaciones de los derechos humanos en el marco de posibles retiradas de la iniciativa «Todo menos Armas»;

Principales conclusiones y recomendaciones

1.  Acoge con satisfacción la evaluación intermedia sobre la aplicación del vigente Reglamento relativo al SPG, que analiza si es probable que se alcancen los objetivos establecidos en él; celebra que el nuevo Reglamento haya propiciado un aumento de las exportaciones de los beneficiarios de la iniciativa «Todo menos armas» (TMA) y del régimen del SPG+, lo que constituye un importante factor en la lucha para la erradicación de la pobreza;

2.  Observa con satisfacción que en 2016 entraron en la Unión mercancías importadas por un valor total de 62 600 millones de euros con arreglo al SPG (lo que representa una tendencia al alza), desglosado como sigue: 31 600 millones de euros procedentes de los beneficiarios del SPG estándar, alrededor de 7 500 millones de euros procedentes de los beneficiarios del SPG+, y 23 500 millones de euros procedentes de los beneficiarios del TMA (datos de Eurostat, septiembre de 2017);

3.  Recuerda que el SPG ayuda a las industrias de los países en desarrollo a superar las dificultades que estos encuentran en los mercados de exportación debido a los elevados costes iniciales; insiste en que, según la UNCTAD, los objetivos del SPG son aumentar los ingresos de exportación, fomentar la industrialización de los países en desarrollo y, por consiguiente, de los PMA, y acelerar su crecimiento con el fin de erradicar la pobreza;

4.  Subraya que el SPG+ es un instrumento clave de la política comercial de la Unión que ofrece un mejor acceso al mercado y está acompañado de un estricto mecanismo de control destinado a promover los derechos humanos y laborales, la protección del medio ambiente y la buena gobernanza en los países en desarrollo vulnerables;

5.  Observa que el Reglamento actual relativo al SPG ha estado en vigor durante tres años, desde el inicio del proceso de evaluación intermedia, que ya ha detectado elementos cuya reforma debe considerarse en el próximo Reglamento relativo al SPG; acoge con satisfacción las recomendaciones que figuran en el informe final de la evaluación intermedia;

6.  Hace hincapié en que el SPG, como parte de la política comercial de la Unión, debe basarse en los principios de su política exterior (eficacia, transparencia y valores), tal como se recoge en el artículo 21 del TUE; subraya que el artículo 208 del TFUE establece el principio de coherencia de las políticas de desarrollo y fija como objetivo principal la erradicación de la pobreza; destaca que la Comunicación de la Comisión «Comercio para todos» reafirma estos principios;

7.  Reconoce que el SPG+ desempeña un papel importante en la promoción de los derechos laborales internacionales, los derechos humanos, la buena gobernanza y las normas de protección del medio ambiente en sus países beneficiarios, no solo ofreciendo incentivos para cumplir estas normas, sino también estableciendo una plataforma para mantener un diálogo periódico en los ámbitos cubiertos por los convenios, y promoviendo la participación en reformas esenciales;

8.  Reconoce que el SPG ha aportado beneficios económicos a los países beneficiarios y a la Unión, ya que han aumentado las exportaciones a la Unión y han mejorado los índices de utilización de las preferencias de los beneficiarios del TMA y el SPG+; insta a la Unión a que trabaje para incrementar la sensibilización con respecto a las normas del SPG en los países beneficiarios, con objeto de promover un uso aún mejor del sistema; pide a la Comisión que evalúe la distribución de los beneficios en lo relativo al régimen del SPG, cuando sea posible, sobre la base de los datos disponibles; toma nota de que, en algunos casos, el aumento de las exportaciones y de las oportunidades económicas ha generado efectos negativos no deseados para los derechos fundamentales y el desarrollo social, por ejemplo al dar lugar al acaparamiento de tierras o al incumplimiento de los derechos laborales; hace hincapié, por tanto, en que las preferencias comerciales deben ir acompañadas de la aplicación de convenios internacionales y de reformas a fin de evitar que los programas del SPG conlleven un aumento de los niveles de dumping ambiental y social;

9.  Acoge con satisfacción la simplificación del mecanismo de acceso al SPG+, encaminada a incrementar su atractivo para los países beneficiarios del SPG estándar; subraya que muchos de los países candidatos a beneficiarse del SPG+ han ratificado varios de los convenios internacionales necesarios para la admisión en el SPG+; destaca que el seguimiento constante y sistemático del proceso de aplicación tiene una importancia fundamental, y que este puede lograrse intensificando la cooperación entre todas las partes a fin de mejorar la recopilación de información y el análisis en profundidad utilizando toda la información y los recursos disponibles, por ejemplo, los informes de los organismos internacionales de supervisión, entre ellos, las Naciones Unidas, la OIT, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), e incluyendo la participación directa de la sociedad civil y de los interlocutores sociales en el proceso; resalta que ello es necesario para garantizar el pleno potencial del SPG+ a la hora de mejorar la situación de los derechos laborales, promover la igualdad de género y abolir el trabajo infantil y el trabajo forzado únicamente mediante el cumplimiento efectivo de los 27 convenios;

10.  Insta a la Comisión a que, en su relación con los países beneficiarios del SPG+ y del compromiso reforzado del TMA, aborde las cuestiones relativas a la reducción del espacio a disposición de la sociedad civil y la protección de los defensores de los derechos humanos en situación de riesgo, ya que estas cuestiones están relacionadas directamente con las obligaciones jurídicas en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y las disposiciones pertinentes de los convenios fundamentales de la OIT, de acuerdo con la Comunicación de la Comisión «Comercio para todos»; pide asimismo a la Comisión que estudie nuevas opciones para la participación estructurada, formal e independiente de la sociedad civil, representantes de los sindicatos y el sector privado, que podrían servir como posibles vías para reforzar el proceso de supervisión;

11.  Destaca que, en general, el SPG parece haber creado incentivos para ratificar los convenios internacionales y, como consecuencia, ha establecido un mejor marco para que se produzcan avances; subraya la importancia de poner en marcha nuevas medidas exhaustivas para garantizar que el SPG promueve el desarrollo ambiental positivo; recomienda que el Acuerdo de París se incluya en la lista de los 27 convenios internacionales fundamentales que deben respetar los países beneficiarios del SPG+; destaca que aún queda mucho por hacer en los países beneficiarios para alcanzar un modelo de desarrollo sostenible;

12.  Reconoce el progreso logrado en cuanto a la aplicación real a través de un mayor seguimiento y el diálogo entre la Unión y los países beneficiarios, en especial en la supervisión de la aplicación de los 27 convenios fundamentales; hace hincapié en la necesidad de una mayor coordinación entre el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), las Delegaciones de la Unión, las misiones diplomáticas de los Estados miembros, los gobiernos de los países beneficiarios, las organizaciones internacionales, las empresas, los interlocutores sociales y la sociedad civil con el fin de mejorar la recogida de información y profundizar en el análisis del seguimiento; recomienda, en la medida de lo posible, mayor transparencia y mejor comunicación entre los colegisladores y las partes interesadas en el marco de los procesos de retirada del SPG, en especial durante el procedimiento de investigación de la Comisión;

13.  Reconoce que la ratificación y los avances en la aplicación efectiva de los convenios pertinentes son puntos de referencia importantes para lograr los progresos necesarios en el marco del sistema; pide a la Comisión que vele por que las medidas que se adopten a fin de supervisar la aplicación efectiva de los convenios por parte los países beneficiarios se ajusten plenamente a los documentos de estrategia del país, con miras a garantizar la coherencia, la consistencia y la incorporación de los derechos humanos en la política comercial;

14.  Destaca la necesidad de un compromiso continuo y de una mayor transparencia en el seguimiento del SPG+, al tiempo que se garantiza que la Unión conserva su plena capacidad de influencia en los países beneficiarios en este diálogo, en especial en el marco del cuadro de indicadores; pide a la Comisión que estudie nuevas medidas en este ámbito y en el del diálogo con los países beneficiarios a fin de aumentar la transparencia, la supervisión y la eficacia del régimen;

15.  Considera que cualquier decisión de suspensión de las preferencias debe ser plenamente coherente con el objetivo general de reducir la pobreza, y hace hincapié en que los actos de Derecho derivado de la Unión deben diseñarse e interpretarse con arreglo al Derecho primario de la Unión y a los principios generales de Derecho de la Unión a este respecto; hace hincapié, por tanto, en la necesidad de mantener el enfoque específico actual en cuanto a la retirada de las preferencias y de garantizar que esta se limita a sectores específicos y se concibe de manera que se minimicen los efectos negativos para la población local; pide a la Comisión que recurra a las retiradas graduales de las preferencias comerciales u otras medidas de retirada acotadas en el tiempo, cuando proceda; destaca, finalmente, que la retirada de preferencias comerciales debe considerarse una medida de último recurso aplicada solo en casos de graves deficiencias en la aplicación efectiva de los convenios internacionales y una clara falta de voluntad y compromiso por parte del país beneficiario para abordarlos; destaca, al mismo tiempo, el carácter condicional de los regímenes y que tal condicionalidad debe utilizarse para preservar la credibilidad de cada sistema y garantizar la acción en casos de violaciones graves y sistemáticas de los convenios;

16.  Acoge con satisfacción las recientes decisiones de la Comisión de poner en marcha el proceso de retirada de las preferencias en el marco de la iniciativa TMA a Camboya y de enviar una misión de emergencia de alto nivel de la Unión a Myanmar/Birmania en respuesta a la situación de los derechos humanos en ambos países; espera que la Comisión mantenga al Parlamento puntualmente informado y le haga partícipe de futuras medidas, en particular en lo que respecta a la suspensión de las preferencias;

17.  Observa que ha disminuido considerablemente el número de países beneficiarios a causa de la reforma de los criterios de admisión que, junto con la graduación de productos, ha dado lugar a una reducción general del volumen de las importaciones de la Unión procedentes de países que se benefician del SPG; reconoce que estas reformas permiten que las preferencias se centren en los países más necesitados; pide a la Comisión que garantice la coherencia y la congruencia entre los regímenes SPG y ALC en la evaluación de impacto para el próximo Reglamento, con el objetivo de preservar por completo el papel central del SPG para los países en desarrollo dentro de la política comercial de la Unión; observa, en este sentido, que los países beneficiarios del TMA se enfrentan a una presión competitiva cada vez mayor de los países que han firmado ALC con la Unión; señala además que algunos países que anteriormente estaban sujetos al seguimiento del SPG+ hoy quedan bajo ALC que incluyen capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible, que deben ser efectivos y aplicables;

18.  Lamenta que el régimen del SPG, en especial en el caso de los 29 países de la iniciativa TMA, no haya comportado ningún cambio en sus perfiles de diversificación de exportaciones a escala de producto y, en algunos casos, incluso haya producido un deterioro; lamenta además que no haya contribuido lo suficiente a la diversificación económica; pide que se adopten más medidas para mejorar la diversificación de las exportaciones de los países del SPG; lamenta que la diversificación entre los beneficiarios parezca haberse visto obstruida por la eliminación de la posibilidad de acumulación con los países que han abandonado el SPG, pues ya no pueden beneficiarse de las normas de origen para los beneficiarios del SPG; exige enérgicamente que se reintroduzca esa posibilidad, especialmente para los países más vulnerables; señala la disminución significativa de la diversificación de las exportaciones para los beneficiarios del SPG estándar en todos los niveles del sector; pide a la Comisión que considere reformar y ampliar la lista de productos en el ámbito de aplicación del Reglamento, en particular en lo que se refiere a productos semielaborados y acabados, y, cuando sea necesario, suavizar las normas de origen para los países más vulnerables; alienta a los países beneficiarios del SPG a que introduzcan medidas efectivas dirigidas a diversificar los productos; subraya, en este sentido, la necesidad de crear acceso a los conocimientos y la tecnología para diversificar productos de forma que las exportaciones puedan sostenerse por sí mismas en el marco de la competencia mundial, en especial en Europa;

19.  Pide a los países beneficiarios del SPG que pongan en marcha y apliquen de forma efectiva medidas jurídicas para proteger la propiedad intelectual;

20.  Observa con satisfacción que el índice de utilización de las preferencias para los beneficiarios de la iniciativa TMA es elevado; destaca la importancia del desarrollo de capacidades en los países beneficiarios a fin de apoyarles para que saquen el máximo provecho del sistema; pide que se utilicen más eficazmente a este respecto las medidas en el marco de la iniciativa sobre ayuda al comercio; opina que debería considerarse incluir los servicios en el próximo Reglamento relativo al SPG con miras a seguir fomentando una mayor diversificación; destaca además, en este contexto, la importancia de un enfoque interempresarial; aboga por el establecimiento de plataformas sectoriales y multilaterales y de servicios en línea, que reúnan a empresas exportadoras de los países beneficiarios del SPG, empresas importadoras de la Unión y posibles nuevos operadores en ambas partes (aquellos que actualmente no exportan ni importan), con el objetivo de intercambiar mejores prácticas y dar a conocer las normas del SPG, sus condiciones y las perspectivas económicas que ofrece;

21.  Acoge con satisfacción la conclusión de la primera investigación de salvaguardia en el marco del Reglamento, y considera que esta cláusula debería garantizar la protección de los intereses financieros, económicos, sociales y ambientales de la Unión; destaca que, al ofrecer preferencias para productos sensibles, es necesario permitir que reciban un trato especial con objeto de evitar poner en peligro a determinados sectores;

22.  Hace hincapié en que todas las partes del territorio de los países beneficiarios, incluidas las zonas francas industriales, quedan cubiertas por el régimen y las obligaciones que se derivan de la ratificación de los convenios pertinentes; insta a los países beneficiarios a que apliquen de manera efectiva las normas laborales, e insta a la Comisión a que aborde las violaciones de las normas de la OIT, incluidas la negociación colectiva y la libertad de asociación en las zonas francas industriales de los actuales o potenciales países beneficiarios, y a que garantice que se elimine cualquier exclusión; pide a la Comisión que estudie vías para garantizar que los productos de las zonas francas industriales no queden dentro del sistema de preferencias en tanto que están exentas de la legislación nacional e incumplen los convenios internacionales pertinentes;

23.  Hace hincapié en que el SPG ha incrementado el dinamismo del sector empresarial, ha contribuido al empoderamiento económico de las mujeres en cierta medida y ha favorecido su participación en la mano de obra, en especial de las industrias de los países exportadores que comercian con la Unión; subraya en este sentido que es importante crear entornos empresariales adecuados para que las mujeres aprovechen estas nuevas capacidades y experiencias con el objetivo de poder ascender en las estructuras empresariales o poder establecer sus propias empresas nuevas; observa, no obstante, que las mujeres siguen siendo objeto de discriminación, y expresa su preocupación por las condiciones de trabajo de las mujeres, en especial en el sector textil y de la confección; reitera su resolución, de 27 de abril de 2017, y pide a la Comisión que efectúe un seguimiento al respecto;

24.  Acoge con satisfacción el efecto que ha tenido el SPG en la adopción de tecnologías más limpias y seguras y de iniciativas voluntarias en materia de responsabilidad social de las empresas, lo que tiene un impacto positivo directo sobre los trabajadores y el medio ambiente; considera que deben planearse medidas para seguir fomentando este desarrollo y evaluarlo de manera creíble; reconoce la necesidad de encontrar el equilibrio adecuado entre la acción reguladora y la acción voluntaria en la diligencia debida de las empresas a este respecto, y pide a la Comisión que estudie vías para establecer obligaciones en materia de diligencia debida;

25.  Considera que la Unión debe garantizar la coherencia política alentando a otros actores internacionales, como las empresas multinacionales, a participar plenamente en la mejora de los derechos humanos, los derechos sociales y las normas medioambientales en todo el mundo, en particular obligando a los operadores económicos a aplicar prácticas de diligencia debida de conformidad con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos; pide a la Comisión que muestre liderazgo para garantizar el respeto de los derechos humanos y los derechos laborales en las cadenas de valor mundiales, y que informe sobre la aplicación de la Resolución del Parlamento de 2016 sobre la aplicación de sus recomendaciones sobre las normas sociales y medioambientales, los derechos humanos y la responsabilidad empresarial, incluido su llamamiento para insertar la responsabilidad social de las empresas (RSE) en el Reglamento y reformar las normas de la OMC a fin de establecer requisitos de diligencia debida y transparencia de la cadena de suministro, basándose en los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos;

26.  Recuerda que la Unión debe fomentar, por coherencia con las políticas seguidas por otros actores internacionales, como las empresas multinacionales, la plena participación en la mejora del respeto de los derechos humanos, de los derechos de los niños, de los derechos sociales, de los derechos ambientales y de la higiene pública en el mundo; pide a la Unión que vele por el respeto de los derechos humanos en la legislación laboral en las cadenas de valor mundiales, es decir, a lo largo de toda la cadena de suministro;

27.  Pide a la Comisión que, en relación con el nuevo Reglamento relativo al SPG, examine nuevas posibilidades para introducir preferencias arancelarias para productos cuya producción sostenible sea verificable; considera que las mercancías deben ser, con carácter voluntario, objeto de un proceso de certificación en cuanto a su modo sostenible de producción, y se deben presentar las correspondientes pruebas cuando se importen a la Unión;

o
o   o

28.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO L 303 de 31.10.2012, p. 1. 1.
(2) DO L 181 de 29.6.2013, p. 13.
(3) DO C 55 de 12.2.2016, p. 112.
(4) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/october/tradoc_157434.pdf
(5) COM(2018)0665.
(6) SWD(2018)0430.
(7) COM(2016)0029.
(8) COM(2018)0036.
(9) https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64308
(10) DO C 101 de 16.3.2018, p. 19.
(11) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0515.
(12) DO C 298 de 23.8.2018, p. 100.
(13) DO C 331 de 18.9.2018, p. 100.
(14) DO C 337 de 20.9.2018, p. 33.
(15) http://www.europarl.europa.eu/RegData/organes/conf_pres_groupes/proces_verbal/2002/12-12/CPG_PV(2002)12-12(ANN01)_ES.doc

Última actualización: 27 de enero de 2020Aviso jurídico - Política de privacidad