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Procedimiento : 2019/2712(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : B9-0174/2019

Textos presentados :

B9-0174/2019

Debates :

PV 25/11/2019 - 14
CRE 25/11/2019 - 13
CRE 25/11/2019 - 14

Votaciones :

PV 28/11/2019 - 8.8
CRE 28/11/2019 - 8.8
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P9_TA(2019)0079

Textos aprobados
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Jueves 28 de noviembre de 2019 - Estrasburgo Edición provisional
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2019 (COP 25)
P9_TA-PROV(2019)0079B9-0174/2019

Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de noviembre de 2019, sobre la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2019 (COP25) en Madrid (España) (2019/2712(RSP))

El Parlamento Europeo,

–  Vistos la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y su Protocolo de Kioto,

–  Visto el acuerdo adoptado en la 21.ª Conferencia de las Partes de la CMNUCC (COP21) en París el 12 de diciembre de 2015 (Acuerdo de París),

–  Vistos la 24.ª Conferencia de las Partes en la CMNUCC (COP24), el 14.º período de sesiones de la reunión de las Partes en el Protocolo de Kioto (CMP14) y la tercera parte del primer período de sesiones de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París (CMA1.3), celebrada en Katowice (Polonia), del 2 al 14 de diciembre de 2018,

–  Vista la decisión de la Mesa de la COP de la CMNUCC, de 1 de noviembre de 2019, por la que se acepta la propuesta formulada por el Gobierno de Chile, en su calidad de Presidencia entrante, de celebrar la COP25 en Madrid (España) del 2 al 13 de diciembre de 2019,

–  Vistos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),

–  Vista la Cumbre sobre la Acción Climática organizada por el secretario general de las Naciones Unidas el 23 de septiembre de 2019,

–  Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2018, sobre la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2018 (COP24) en Katowice (Polonia)(1),

–  Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2019, sobre el cambio climático – una visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra de conformidad con el Acuerdo de París(2),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 28 de noviembre de 2018, titulada «Un planeta limpio para todos – La visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra» (COM(2018)0773),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de 20 de junio de 2019,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo de 4 de octubre de 2019,

–  Visto el Plan de contribuciones nacionales de la UE y sus Estados miembros, transmitido el 6 de marzo de 2015 por Letonia y la Comisión Europea a la CMNUCC,

–  Vistos el informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (GIECC) sobre el calentamiento global de 1,5 °C, su quinto informe de evaluación y su informe de síntesis, así como sus informes especiales sobre el cambio climático y la tierra y el océano y la criosfera en un clima cambiante,

–  Visto el informe de referencia sobre adaptación de la Comisión Mundial sobre la Adaptación,

–  Vistos el noveno informe de síntesis del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), de noviembre de 2018, titulado «Informe sobre la disparidad en las emisiones 2018», y su cuarto informe sobre la brecha de adaptación de 2018,

–  Vista la evaluación de indicadores de la Agencia Europea de Medio Ambiente titulada «Economic losses from climate-related extremes in Europe» (Pérdidas económicas derivadas de fenómenos climáticos extremos en Europa), publicada el 2 de abril de 2019,

–  Vistos la declaración de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) sobre el estado del clima mundial en 2018, de marzo de 2019, y el 14.º boletín de la OMM sobre los gases de efecto invernadero, de 22 de noviembre de 2018,

–  Vista la Declaración de Silesia para la Solidaridad y la Reconversión Justa, la Declaración ministerial de Silesia «Bosques para el Clima» y la Asociación «Driving Change Together» (Impulsemos juntos el cambio) para potenciar la electromovilidad y los modos de transporte con cero emisiones, suscritas en paralelo a la Conferencia sobre el Clima COP24,

–  Visto el resumen para responsables de políticas del informe de evaluación regional de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), de miércoles, 29 de mayo de 2019,

–  Vista su Resolución, de 15 de noviembre de 2017, sobre un plan de acción en pro de la naturaleza, las personas y la economía(3),

–  Visto el informe de síntesis de alto nivel de la última reunión en materia de información científica sobre el clima convocada por el Grupo Asesor Científico de la Cumbre sobre la Acción Climática 2019, titulado «United in Science» (Unidos en la ciencia),

–  Vista la encuesta del Eurobarómetro de abril de 2019 sobre el cambio climático,

–  Vistas las preguntas al Consejo (O-000029/2019 – B9-0055/2019) y a la Comisión (O-000030/2019 – B9-0056/2019) sobre la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2019 (COP25) en Madrid (España),

–  Vistos el artículo 136, apartado 5, y el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que el Acuerdo de París entró en vigor el 4 de noviembre de 2016; y que a 19 de noviembre de 2019 habían depositado ante las Naciones Unidas sus instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión 187 de las 197 Partes en la CMNUCC;

B.  Considerando que la Unión y sus Estados miembros presentaron, el 6 de marzo de 2015, sus contribuciones previstas determinadas a nivel nacional a la CMNUCC, por las que se comprometen a alcanzar el objetivo vinculante de reducir al menos un 40 % las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero de aquí a 2030 con respecto a los niveles de 1990;

C.  Considerando que los compromisos contraídos hasta la fecha por los signatarios del Acuerdo de París no serán suficientes para alcanzar su objetivo común; y que las actuales contribuciones determinadas a nivel nacional presentadas por la Unión y sus Estados miembros no se ajustan a los objetivos establecidos en el Acuerdo de París y deben revisarse;

D.  Considerando que el informe del GIECC sobre el calentamiento de 1,5 °C demuestra que las repercusiones del aumento de la temperatura pueden ser significativamente menos graves con un aumento de 1,5 °C que con un aumento de 2 °C;

E.  Considerando que los cuatro últimos años (de 2015 a 2018) fueron los más cálidos de los registros de temperatura globales y que 2018 marcó un récord de emisiones de carbono mundiales; que julio de 2019 fue el mes más cálido del que se tiene registro, y que el año 2019 sigue la tendencia actual, con lo que el período 2015-2019 va camino de convertirse en el quinquenio más cálido del que se tiene constancia, según la OMM;

F.  Considerando que, según la OMM, la concentración mundial de CO2 era de 407,8 partes por millón (ppm) en 2018 —2,2 ppm mayor que en 2017—, y que las concentraciones de CO2 van camino de alcanzar o incluso superar las 410 ppm a finales de 2019;

G.  Considerando que se han celebrado manifestaciones por el clima en 185 países de todo el mundo como parte de un movimiento global, alcanzándose un récord de 7,6 millones de personas que salieron a la calle en septiembre de 2019 en la mayor movilización por el clima de la historia;

H.  Considerando que en el preámbulo del Acuerdo de París se reconoce la importancia de garantizar la integridad de todos los ecosistemas, incluidos los océanos, y que en el artículo 4, apartado 1, letra d), de la CMNUCC se insta a todas las Partes a fomentar la gestión sostenible, la conservación y el reforzamiento de los sumideros y depósitos de todos los gases de efecto invernadero, inclusive la biomasa, los bosques y los océanos, así como otros ecosistemas terrestres, costeros y marinos;

I.  Considerando que Chile, país que ocupará la Presidencia entrante de la COP25, ha manifestado que va a poner el énfasis en el papel de los océanos en la lucha contra el calentamiento global, y que esta decisión resulta especialmente pertinente a raíz de la publicación de un nuevo y alarmante informe del GEICC sobre el calentamiento de los océanos;

J.  Considerando que los bosques contribuyen de forma importante a la mitigación del cambio climático y a la adaptación a dicho cambio; que los bosques en crecimiento absorben alrededor del 10 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión; que la deforestación representa casi el 20 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y que se debe, en particular, a la expansión de la producción industrial de aceite de palma, soja y ganado, incluida la destinada al mercado de la Unión; y que la Unión debe reducir su contribución indirecta a la deforestación («deforestación incorporada») de la que es responsable;

K.  Considerando que el Parlamento ya ha solicitado a la Comisión en varias ocasiones —por ejemplo, en su Resolución de 14 marzo de 2019 sobre el cambio climático— que examine la tarificación del CO2 en los sectores que aún están fuera de los regímenes de comercio de derechos de emisión de la Unión (RCDE UE);

L.  Considerando que el cambio climático afecta de forma desproporcionada a los países en desarrollo, a pesar de que emiten mucho menos CO2 que los países desarrollados;

1.  Recuerda que el cambio climático constituye uno de los retos más importantes para la humanidad y que todos los Estados y agentes a escala mundial deben hacer cuanto esté en su mano para combatirlo; subraya que la cooperación internacional oportuna, la solidaridad y un compromiso coherente y firme con la acción común son la única manera de cumplir nuestra responsabilidad colectiva de proteger el planeta en su conjunto;

2.  Observa que los graves riesgos del cambio climático se encuentran entre las principales preocupaciones de la población; recuerda que, según la encuesta del Eurobarómetro de 2019, el 93 % de los ciudadanos de la Unión consideran que el cambio climático es un problema grave; acoge con satisfacción que cada vez más personas en todo el mundo, en particular de las generaciones más jóvenes, se movilicen para luchar contra el cambio climático; y que exijan una mayor ambición colectiva, así como una rápida actuación que permita cumplir los objetivos del Acuerdo de París y no superar el límite de 1,5° C; insta tanto a los Gobiernos nacionales, regionales y locales como a la Unión a tener en cuenta estas exigencias;

3.  Es consciente de que el apoyo público es indispensable para que las ambiciosas e inclusivas medidas y políticas de la Unión en materia climática lleguen a buen puerto; considera que este aspecto debe reflejarse en los esfuerzos que realiza la Unión para luchar contra el cambio climático;

4.  Reconoce que el peso del cambio climático ya recae de forma desproporcionada en los países del sur global, y seguirá haciéndolo, que los países del sur global son más vulnerables a los efectos negativos del cambio climático que el norte global, que ya están sufriendo pérdidas y daños y además tienen menos capacidad para adaptarse, y que los países del sur global han contribuido a la crisis del clima considerablemente menos que el norte global;

5.  Recuerda que el Acuerdo de París reconoce en su preámbulo que el «derecho a la salud» es un derecho fundamental; subraya que en el artículo 4, apartado 1, letra f) de la CMNUCC se afirma que «todas las Partes [...] deberán [...] emplear métodos apropiados, por ejemplo evaluaciones del impacto, formulados y determinados a nivel nacional, con miras a reducir al mínimo los efectos adversos en la economía, la salud pública y la calidad del medio ambiente, de los proyectos o medidas emprendidos por las Partes para mitigar el cambio climático o adaptarse a él»; considera que la salud debe estar incluida en los planes nacionales de adaptación y en las comunicaciones nacionales al CMNUCC;

6.  Lamenta que los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relativos al cambio climático no incluyan la salud; observa, no obstante, que esta situación está siendo remediada gracias a iniciativas de investigación académica de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Secretaría de la CMNUCC; saluda la adopción de la declaración política de alto nivel de las Naciones Unidas sobre la cobertura sanitaria universal, de 23 de septiembre de 2019;

7.  Reconoce que será prácticamente imposible alcanzar la mayoría de los ODS de las Naciones Unidas si no se cumplen las ambiciones sobre el clima y el medio ambiente acordadas en la COP21;

8.  Destaca que ya se están haciendo sentir los efectos directos del cambio climático; recalca que, según el informe de la Comisión Mundial sobre la Adaptación, el cambio climático podría empujar a la pobreza a más de cien millones de personas de aquí a 2030 y el rendimiento de las cosechas podría reducirse entre un 5 y un 30 % de aquí a 2050, dejando en situación de inseguridad alimentaria a las zonas especialmente vulnerables;

9.  Destaca que, según las previsiones, un calentamiento no mitigado transformará la economía global reduciendo la renta media mundial en un 23 % de aquí a 2100 y acrecentando las desigualdades de renta en el mundo; resalta que, a diferencia de estimaciones anteriores, las pérdidas mundiales previstas son aproximadamente lineales respecto de la temperatura media mundial, mientras que las pérdidas medianas son mucho mayores de lo que indicaban los principales modelos(4);

La base científica para la acción por el clima

10.  Subraya que el informe especial del GIECC sobre el calentamiento global de 1,5 ºC representa la evaluación científica más completa y actualizada de las vías para lograr la mitigación en consonancia con el Acuerdo de París; hace hincapié en que, según este informe, para estar en condiciones de limitar el calentamiento global a 1,5º C para 2100 con un rebasamiento nulo o limitado, deberá alcanzarse a más tardar en 2067 un nivel de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero, así como reducir las emisiones anuales de estos gases de aquí a 2030 a un máximo de 27,4 GtCO2eq anuales en todo el mundo; subraya que, en vista de dichas conclusiones y en consonancia con el Acuerdo de París, la Unión, en calidad de líder mundial, debe esforzarse, junto con las demás principales economías mundiales, por lograr un nivel neto de cero emisiones de gases de efecto invernadero lo antes posible y de aquí a 2050 a más tardar;

11.  Destaca que el informe especial del GIECC sobre el cambio climático y la tierra pone de relieve los efectos especialmente drásticos del calentamiento global en los suelos; manifiesta su preocupación por que la degradación de los suelos provocada por la actividad humana—principalmente por prácticas agrícolas insostenibles— y el aumento de las perturbaciones en el uso de la tierra, como los incendios forestales, están reduciendo todavía más la capacidad de la tierra para funcionar como un sumidero de carbono; subraya que es de esperar un agravamiento de estas drásticas consecuencias si continúan las tendencias mundiales actuales;

12.  Hace hincapié en que, en el informe especial del GIECC sobre el océano y la criosfera en un clima cambiante, se destaca que los mecanismos climáticos dependen de la salud de los ecosistemas oceánicos y marinos, que actualmente se ven afectados por el calentamiento global, la contaminación, la sobreexplotación de la biodiversidad marina, la subida del nivel del mar, la acidificación, la desoxigenación, las olas de calor marinas, la fusión sin precedentes tanto de los glaciares como del hielo marino y la erosión costera; pone asimismo de relieve las constataciones de dicho informe en relación con los riesgos agravados para los ecosistemas marinos, las economías y los medios de vida costeros; recuerda que el océano es parte de la solución para mitigar los efectos del cambio climático y adaptarse a este; subraya que la COP25 será la primera «COP Azul»; pide, por tanto, a la Unión que conceda un elevado nivel de prioridad a los océanos tanto en la agenda del Pacto Verde Europeo como en el marco de las negociaciones mundiales sobre el clima actualmente en curso;

13.  Manifiesta su preocupación a la luz del informe sobre la disparidad en las emisiones en 2018 publicado por el PNUMA, que concluye que, con las actuales contribuciones determinadas a nivel nacional sin condiciones, será imposible alcanzar el objetivo del Acuerdo de París de mantener el calentamiento muy por debajo de 2 ºC, y que se estima que dichas contribuciones provocarán, en cambio, un calentamiento de 3,2 ºC(5) de aquí a 2100, suponiendo que la acción por el clima permanezca sin cambios a lo largo del presente siglo; destaca el alto riesgo de que un calentamiento de 3,2 °C lleve a cruzar determinados puntos de inflexión y se provoque un calentamiento masivo suplementario;

14.  Manifiesta su preocupación por las conclusiones del informe de síntesis de alto nivel titulado «United in Science» (Unidos en la ciencia), dado a conocer con ocasión de la Cumbre sobre la Acción Climática de las Naciones Unidas de 2019, en particular que en 2017 volvió a producirse un crecimiento de las emisiones debidas al carbón y que las emisiones de CO2 debidas a combustibles fósiles volvieron a alcanzar un máximo en 2018, lo que ha dado lugar a unas alarmantes concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera que no tienen precedentes;

15.  Destaca que el actual nivel de ambición de las contribuciones determinadas a nivel nacional se ha de multiplicar por cinco para que no se supere el límite de 1,5 °C; recalca que esta ambición mundial sigue siendo viable desde el punto de vista técnico y que aportaría muchos beneficios complementarios al medio ambiente y a la salud pública;

16.  Subraya que, según la OMS, el cambio climático afecta a factores sociales y ambientales determinantes para la salud (aire limpio, agua potable, alimentos suficientes y refugio seguro) y que, entre 2030 y 2050, se prevé un aumento de más de 250 000 muertes al año por malnutrición, malaria, diarrea y exceso de calor, debido a las elevadas temperaturas atmosféricas extremas que contribuyen directamente a los fallecimientos por enfermedades cardiovasculares y respiratorias, especialmente entre las personas mayores y vulnerables; recalca que, debido a las inundaciones, las olas de calor, las sequías y los incendios, el cambio climático tiene graves efectos en la salud humana, pudiendo provocar, entre otros, malnutrición, daños para la salud mental, enfermedades cardiovasculares y respiratorias e infecciones transmitidas por vectores; destaca que el deterioro de las condiciones de higiene, así como las dificultades de acceso al agua potable y a los servicios de salud están poniendo en jaque la salud de las mujeres, especialmente durante el embarazo;

17.  Hace hincapié en que el informe de evaluación mundial sobre la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas de la IPBES de 2019, el informe especial del GIECC sobre el cambio climático y la tierra, el informe especial del GIECC sobre el océano y la criosfera en un clima cambiante y el informe de referencia sobre adaptación de la Comisión Mundial para la Adaptación incluyen el cambio climático entre las principales causas directas de pérdida de biodiversidad y degradación del suelo; destaca que se espera que sus consecuencias negativas para la naturaleza, la biodiversidad, los servicios de los ecosistemas, los océanos y la seguridad alimentaria se agraven a lo largo de las próximas décadas;

18.  Reitera que la conservación estricta de ecosistemas ricos en carbono tales como turberas, humedales, pastizales, manglares y bosques intactos es una opción de respuesta con efectos inmediatos que en modo alguno puede sustituirse mediante la forestación, la reforestación y la restauración de suelos degradados, pues no tienen efectos inmediatos;

19.  Hace hincapié en que el informe de evaluación mundial de la IPBES sobre biodiversidad y servicios de los ecosistemas indica que un millón de especies están en riesgo de extinción en la actualidad; recuerda el papel fundamental que desempeña la biodiversidad para que la especie humana pueda combatir el calentamiento global y adaptarse a él; expresa su inquietud ante las consecuencias de la pérdida de biodiversidad para nuestra capacidad de resistencia; destaca que la pérdida de biodiversidad no es solo un problema ambiental, sino también una cuestión con repercusiones de mayor alcance para la sociedad y la economía;

Una ambiciosa política climática de la Unión: las contribuciones determinadas a nivel nacional de la Unión y la estrategia a largo plazo

20.  Pide a todas las Partes en la CMNUCC, en cooperación con las regiones y los agentes no estatales, que contribuyan de manera constructiva al proceso que debe aplicarse de aquí a 2020, cuando deben actualizarse las contribuciones determinadas a nivel nacional para garantizar su compatibilidad con el objetivo de temperatura a largo plazo del Acuerdo de París; reconoce que los compromisos actuales no son suficientes para alcanzar los objetivos del Acuerdo; destaca, en consecuencia, que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero deben alcanzar su nivel máximo lo antes posible y que todas las Partes, en especial los Estados miembros de la Unión y todos los países del G20, deben redoblar sus esfuerzos y actualizar sus contribuciones determinadas a nivel nacional de aquí a principios de 2020, tal como prevé el Acuerdo de París;

21.  Celebra la puesta en marcha de la Alianza de Ambición Climática durante la Cumbre sobre la Acción Climática de las Naciones Unidas de 2019, en la que 59 Partes en la CMNUCC han manifestado su intención de presentar contribuciones determinadas a nivel nacional mejoradas a más tardar en 2020, tal como se prevé en el Acuerdo de París, así como 65 Partes, incluida la Unión, que trabajan por alcanzar el nivel cero de emisiones netas de gases de efecto invernadero de aquí a 2050; lamenta, no obstante, que no todos los Estados miembros estuvieran dispuestos a apoyar un aumento del nivel de ambición de las contribuciones determinadas a nivel nacional de la Unión, a pesar de las peticiones en este sentido del Parlamento Europeo;

22.  Destaca la importancia de que la Unión disponga de una política climática ambiciosa e inclusiva a fin de resultar un socio creíble y fiable en la escena mundial y de mantener el liderazgo mundial de la Unión en materia de clima; insiste, por tanto, en la necesidad de que la Unión invierta y avance de manera significativa en materia de investigación e innovación aplicable a la industria;

23.  Insta una vez más a los líderes de la Unión a que apoyen, en el Consejo Europeo de los días 12 y 13 de diciembre de 2019, el objetivo a largo plazo de la Unión de alcanzar un nivel de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero en el territorio de la Unión cuanto antes y en 2050 a más tardar; pide al país que ostenta la Presidencia del Consejo y a la Comisión que, a continuación, comuniquen este objetivo cuanto antes a la Secretaría de la CMNUCC; destaca que para alcanzar este objetivo a más tardar en 2050 de la manera más rentable y evitar la dependencia de tecnologías de eliminación de carbono que pudieran plantear riesgos significativos para los ecosistemas, la biodiversidad y la seguridad alimentaria, debe aumentarse el nivel de ambición para 2030; subraya que las soluciones basadas en la naturaleza son un instrumento clave para que la Unión alcance sus objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero; lamenta que la Unión perdiera la oportunidad que brindaba la Cumbre sobre el Clima de las Naciones Unidas de septiembre de 2019 para establecer un mayor nivel de ambición y demostrar su liderazgo por lo que respecta al cumplimiento del Acuerdo de París; considera sumamente importante que la Unión envíe un mensaje claro durante la COP25 sobre su inclinación por mejorar su contribución al Acuerdo de París;

24.  Apoya la actualización de las contribuciones determinadas a nivel nacional de la Unión con un objetivo de reducción de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero del 55 % para 2030 con respecto a los niveles de 1990; pide, por tanto, a los dirigentes de la Unión que apoyen un aumento correspondiente del nivel de ambición de las contribuciones determinadas a nivel nacional de la Unión; considera que esto debe hacerse en combinación con la inclusión en el Derecho de la Unión del objetivo de alcanzar la neutralidad en emisiones de carbono lo antes posible y, a más tardar, en 2050; pide a otras economías mundiales que actualicen sus contribuciones determinadas a nivel nacional para lograr un impacto a escala mundial;

25.  Espera que el Pacto Verde Europeo defina una estrategia global y ambiciosa para lograr una Europa climáticamente neutra a más tardar en 2050, incluido el objetivo de una reducción del 55 % de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero a más tardar en 2030; pide a la Comisión que adapte en consecuencia todas sus políticas pertinentes, en especial, aquellas en materia de clima, agricultura y cohesión;

26.  Hace hincapié en que, para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, se necesitan medidas concretas de aplicación y una ejecución a escala nacional y de la Unión, como la aplicación efectiva de los objetivos en materia de energías renovables y eficiencia energética para 2030;

27.  Subraya que todas las políticas climáticas deben llevarse a cabo con arreglo al principio de una transición justa y en estrecha colaboración con la sociedad civil y los interlocutores sociales; considera, por tanto, que una implicación reforzada de los interlocutores sociales y de la sociedad civil en el ámbito nacional y de la Unión constituye una condición necesaria para alcanzar la neutralidad de emisiones de carbono en todos los sectores de la economía de una manera justa, inclusiva y socialmente sostenible; opina que las soluciones basadas en la naturaleza, así como la restauración y la conservación de los ecosistemas y la diversidad biológica son vitales para permitir mitigar el cambio climático y adaptarse a él;

28.  Considera que, para seguir garantizando una mayor estabilidad de los mercados, convendría que la Unión determinara un objetivo adicional de reducción de las emisiones para 2040, ya que de esta manera se aumentaría la estabilidad y se garantizaría el cumplimiento del objetivo de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050; recuerda que es necesario actualizar periódicamente los objetivos a fin de garantizar que son coherentes con la aplicación del Acuerdo de París;

29.  Considera que se debe seguir trabajando en la elaboración de un modelo fiable para medir el impacto climático basado en el consumo; toma nota de la conclusión del análisis en profundidad de la Comisión en el sentido de que los esfuerzos de la Unión por reducir las emisiones de su producción se ven contrarrestados de algún modo por las importaciones de bienes con una mayor huella de carbono, pero que aun así la Unión ha contribuido notablemente a la reducción de las emisiones en otros países a causa del aumento de los flujos comerciales y la mejora de la eficiencia en materia de carbono de sus exportaciones;

30.  Hace hincapié en que se necesita un marco internacional más sólido a fin de proteger la biodiversidad mundial, detener su actual declive y recuperarla en la medida de lo posible; considera que dicho marco debe basarse en objetivos y compromisos firmes, que comprendan las contribuciones determinadas a nivel nacional y otros instrumentos adecuados, compromisos financieros y mejores garantías de creación de capacidades, así como un mecanismo de revisión cada cinco años, con especial hincapié en una ambición de trayectoria ascendente;

COP25 en Madrid (España)

31.  Reconoce los logros de la COP24 en Katowice, que imprimió un mayor impulso a la acción por el clima y, en combinación con la finalización del Programa de Trabajo del Acuerdo de París (el Código normativo de Katowice), aportó orientaciones operativas para el Acuerdo de París; observa, no obstante, que algunos asuntos pendientes de Katowice deben zanjarse en la COP25, en concreto los mecanismos previstos en el artículo 6 del Acuerdo de París; considera asimismo que en la COP25 deberán adoptarse varias decisiones de aplicación, en concreto en los ámbitos de la mitigación, la adaptación, la transparencia y el apoyo; espera con interés que en la COP25 concluyan con éxito la revisión del Mecanismo Internacional de Varsovia para las Pérdidas y los Daños, así como las negociaciones sobre el Plan de Acción en materia de Género; reconoce que se producirán nuevos debates para acordar calendarios comunes en la COP25;

32.  Subraya la importancia de fijar períodos de aplicación comunes para las contribuciones determinadas a nivel nacional puesto que, a pesar de que muchas Partes en la CMNUCC tienen calendarios a cinco o diez años, otras presentan períodos de ejecución más cortos o no han especificado ningún calendario; señala que mantener los distintos calendarios podría afectar negativamente las futuras negociaciones sobre la ambición en relación con el clima; considera que los períodos comunes de aplicación para las contribuciones determinadas a nivel nacional garantizarían que todas las Partes actualicen y comuniquen sus compromisos al unísono y mejoren la suma total y la medición de los esfuerzos mundiales; apoya la introducción de un calendario común a cinco años para todas las contribuciones determinadas a nivel nacional a partir de 2030, que corresponde con el ciclo de ambición del Acuerdo de París, y no perjudica a los compromisos adicionales a largo plazo que las Partes puedan aplicar internamente;

33.  Celebra que Chile sea uno de los países emergentes con mayor éxito en la transición hacia una energía limpia y, en especial, que presente el mayor aumento de producción de energía solar del mundo; considera que los compromisos de Chile en favor de la lucha contra la emergencia climática deben servir de inspiración a muchos países de América del Sur y del resto del mundo;

34.  Hace hincapié en que la acción mundial durante la próxima década afectará al futuro de la humanidad en los próximos 10 000 años; pide, por tanto, a la Comisión y a todas las Partes en la COP25 que adopten medidas decididas y ambiciosas;

35.  Reconoce la función de los enfoques cooperativos para lograr unos resultados más ambiciosos en relación con la mitigación y la adaptación, así como para fomentar el desarrollo sostenible y la integridad medioambiental; hace hincapié en la necesidad de que estos esfuerzos contribuyan a una reducción global de emisiones e impidan un aumento de las emisiones durante los períodos correspondientes a las contribuciones determinadas a nivel nacional o entre tales períodos; manifiesta su preocupación por los escasos avances alcanzados en el marco de la 50.ª reunión entre períodos de sesiones de la CMNUCC, celebrada en Bonn, sobre los mecanismos relacionados con el mercado y los mecanismos no relacionados con el mercado;

36.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que aboguen por unas normas internacionales estrictas y sólidas en relación con el artículo 6 del Acuerdo de París; admite la multitud de problemas para la integridad ambiental y la sostenibilidad que han creado un gran número de proyectos relativos al Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y a la Aplicación Conjunta (AC) en el marco del Protocolo de Kioto; pide que se eviten las lagunas en la contabilidad o el doble cómputo de las reducciones de emisiones o su consideración adicional; manifiesta su preocupación por la posible utilización de las unidades expedidas en virtud del Protocolo de Kioto para los objetivos de las contribuciones determinadas a nivel nacional puesto que socavaría en gran medida la integridad medioambiental de los futuros mecanismos establecidos en virtud del artículo 6; subraya que los derechos de emisión negociados con los nuevos mecanismos del mercado deben ser adicionales y aumentar los esfuerzos de mitigación de las contribuciones determinadas a nivel nacional actuales y futuras; respalda que una parte de los ingresos procedentes de los mecanismos del artículo 6 se destine a brindar apoyo al infrafinanciado Fondo de Adaptación;

37.  Considera que la COP25 debe establecer un nuevo nivel de ambición, tanto para la aplicación del Acuerdo de París como de cara a la próxima ronda de contribuciones determinadas a nivel nacional, que deben reflejar un mayor compromiso con la acción por el clima en todos los sectores tanto en tierra firme como en los océanos;

38.  Subraya la importancia de que la Unión hable con una única voz en la COP25 a fin de preservar su poder político y su credibilidad; insta a todos los Estados miembros a que apoyen el mandato de la Unión durante las negociaciones y en las reuniones bilaterales con otros agentes;

El papel de los bosques

39.  Recuerda que el Acuerdo de París exige que todas las Partes actúen para conservar y mejorar los sumideros, incluidos los bosques; observa que detener la deforestación y la degradación forestal, y permitir que los bosques vuelvan a crecer, supondría, como mínimo, el 30 % de todas las acciones de mitigación necesarias para limitar el calentamiento global a 1,5 ºC; subraya que los bosques gestionados de manera sostenible revisten suma importancia en la lucha contra el cambio climático por el aumento de la captura de CO2 gracias al crecimiento de los bosques, el almacenamiento de carbono en los productos de la madera, la sustitución de la energía y las materias primas fósiles, por una parte, y por la reducción de los riesgos de incendios forestales, de infestaciones por plagas y de enfermedades, por otra; subraya la importancia de las prácticas incentivadoras para conservar los sumideros de carbono naturales, incluidos los bosques primarios y suelos forestales intactos, reconocidos como irremplazables en la Comunicación de la Comisión sobre la intensificación de la actuación de la Unión para restaurar los bosques;

40.  Pide a todas las Partes, incluida la Unión y sus Estados miembros, que cumplan sus compromisos internacionales, entre otros, los contraídos en el marco del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques (FNUB), el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CDB), la Declaración de Nueva York sobre los bosques y el ODS 15, en particular la meta 15.2, cuyo objetivo es promover la aplicación de la gestión sostenible de todo tipo de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar significativamente la forestación y la reforestación a escala mundial para 2020; pide que se realicen mayores esfuerzos a todos los niveles políticos para evitar el deterioro de los bosques en Europa y, en caso necesario, restaurarlos para que recuperen su buen estado; pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen medidas para la reforestación de los suelos degradados y de los que no son aptos para la explotación agrícola;

41.  Cree que, habida cuenta del papel fundamental que desempeñan los bosques en la lucha contra el cambio climático y de los desafíos a los que se enfrentan algunos propietarios de bosques en Europa debido a las sequías extremas y las plagas, la Comisión debe contemplar la posibilidad de establecer un marco de incentivos en caso de que la gestión forestal sostenible deje de tener interés económico;

La resiliencia frente al cambio climático por medio de la adaptación

42.  Acoge con satisfacción la publicación del informe de la Comisión relativo a la aplicación de la estrategia de adaptación al cambio climático de la UE, que muestra que se ha avanzado en cierta medida en relación con cada una de sus ocho actuaciones; observa, no obstante, que, pese a los esfuerzos mundiales para reducir las emisiones, los impactos del cambio climático son inevitables y resulta de vital importancia adoptar más medidas de adaptación; pide, por consiguiente, a la Comisión que revise la estrategia a la luz de las conclusiones del informe, que señalan que la Unión sigue siendo vulnerable a los impactos del clima tanto dentro como fuera de sus fronteras; destaca que son necesarias inversiones en adaptación por parte de las aseguradoras, así como inversiones tanto públicas como privadas en investigación e innovación; considera que la protección de la salud y la seguridad humanas, el freno al declive de la biodiversidad, la degradación de los suelos y la promoción de la adaptación urbana constituyen ámbitos prioritarios;

43.  Observa que el artículo 8 del Acuerdo de París (sobre pérdidas y daños) establece que las Partes deben cooperar con respecto a las pérdidas y los daños relacionados con los efectos adversos del cambio climático; destaca, por consiguiente, la importancia de una acción de apoyo a escala mundial en ámbitos especialmente vulnerables a los impactos del cambio climático;

44.  Reitera que las medidas de adaptación constituyen una necesidad ineludible para todos los países si han de minimizar los efectos negativos del cambio climático y aprovechar plenamente las oportunidades de un crecimiento resiliente a este fenómeno y un desarrollo sostenible; destaca la necesidad de desarrollar sistemas y herramientas uniformes que permitan hacer un seguimiento de los progresos y la eficacia de los planes y actuaciones nacionales en materia de adaptación; lamenta que los proyectos de planes nacionales de energía y clima de los Estados miembros carezcan de objetivos ambiciosos en materia de eficiencia energética y energías renovables; recuerda que las energías renovables, incluida la energía marina renovable, como elemento de la economía circular, son parte de la solución para mitigar los efectos del cambio climático y adaptarse a ellos; pide a los Estados miembros que refuercen sus planes nacionales de energía y clima y que apliquen plenamente el Acuerdo de París;

La financiación de la lucha contra el cambio climático y otros medios de aplicación

45.  Acoge con satisfacción la decisión de la COP24 de que el Fondo de Adaptación continúe al servicio del Acuerdo de París; reconoce la importancia de este Fondo para las comunidades más vulnerables al cambio climático y, por tanto, acoge con satisfacción las nuevas contribuciones voluntarias por importe de 10 millones USD realizadas por los Estados miembros al Fondo para 2019;

46.  Reconoce que el 37 % del presupuesto de la Unión se destina actualmente a la financiación de la política agrícola común (PAC), en el marco de la cual se podría movilizar una cantidad significativa de fondos para incentivar y recompensar las prácticas respetuosas con el clima y el medio ambiente en la agricultura;

47.  Reitera que la PAC no debe seguir concediendo subvenciones a actividades perjudiciales para el medio ambiente y el clima, como la desecación de turberas y la extracción excesiva de agua para el riego, y que no debe penalizar la presencia de árboles en las zonas agrícolas;

48.  Reconoce que la Unión y sus Estados miembros son los mayores proveedores de financiación pública para la lucha contra el cambio climático; acoge con satisfacción la decisión de la COP24 de adoptar un objetivo más ambicioso a partir de 2025, que se sumará al compromiso actual de movilizar 100 000 millones USD al año a partir de 2020; manifiesta, sin embargo, su preocupación por que los compromisos de los países desarrollados continúen estando muy lejos de alcanzar el objetivo colectivo de 100 000 millones USD al año; confía en que, a partir de 2025, las economías emergentes contribuyan a dicho importe superior de financiación internacional para la lucha contra el cambio climático;

49.  Reconoce que el cambio climático no es un desafío localizado y que los impactos climáticos registrados fuera de la Unión también tienen repercusiones dentro de ella, puesto que fenómenos como los huracanes, las sequías, las inundaciones y los fuegos forestales pueden llegar a afectar a la seguridad alimentaria y del agua de la Unión, así como a las cadenas de suministro de bienes y servicios; pide a la Comisión y a los Estados miembros que den prioridad a la ampliación de la financiación internacional para la lucha contra el cambio climático destinada a la adaptación, a fin de situarla al nivel de la destinada a la mitigación, y que proporcionen financiación para la lucha contra el cambio climático en materia de pérdidas y daños;

50.  Destaca la importancia de llevar a la práctica el objetivo mundial relativo a la adaptación y de movilizar importantes fondos nuevos para la adaptación en países en desarrollo; pide a la Unión y a sus Estados miembros que se comprometan a aumentar significativamente la financiación que destinan a la adaptación; reconoce la necesidad de avanzar en materia de pérdidas y daños, para lo que se deben obtener recursos adicionales de fuentes innovadoras de financiación pública en virtud del Mecanismo Internacional de Varsovia;

51.  Subraya el papel que desempeña la financiación sostenible y considera esencial que las principales instituciones financieras internacionales adopten y desarrollen rápidamente una financiación ecológica para conseguir una descarbonización satisfactoria de la economía mundial; destaca la necesidad de aplicar el Plan de Acción de la Unión sobre Finanzas Sostenibles y acoge con satisfacción el establecimiento de la Plataforma internacional de finanzas sostenibles;

52.  Resalta, asimismo, el papel del sector privado, incluidas las corporaciones y los mercados financieros, en la consecución de los objetivos de sostenibilidad; celebra los esfuerzos realizados por legislar en el ámbito de la sostenibilidad de las finanzas e insta a la Comisión a que introduzca requisitos de transparencia y rendición de cuentas para las empresas participadas, especialmente por lo que respecta al menoscabo de la sostenibilidad y los derechos humanos en los países en desarrollo;

53.  Acoge con satisfacción el acuerdo alcanzado por 196 Gobiernos en la COP14 del Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica para incrementar la inversión en la naturaleza y las personas para 2020 y con posterioridad; destaca que el crecimiento económico puede fomentar el desarrollo sostenible únicamente si no está asociado al deterioro de la biodiversidad y de la capacidad de la naturaleza para contribuir al sostenimiento de la humanidad;

54.  Hace hincapié en que el presupuesto de la Unión debe ser coherente con sus compromisos internacionales en materia de desarrollo sostenible y con sus objetivos en materia de clima y energía a medio y largo plazo, y que no debe ser contraproducente para la consecución de estos objetivos ni obstaculizar su aplicación; pide, por tanto, a la Comisión que garantice la protección del clima y la biodiversidad en las inversiones de la Unión y que presente normas armonizadas y vinculantes cuando proceda; pide a la Comisión que garantice que el próximo marco financiero plurianual (MFP) cumpla plenamente el Acuerdo de París y que no se efectúe ningún gasto que lo contravenga; subraya la importancia del aprovisionamiento del Fondo Verde para el Clima y anima a los Estados miembros a que, como mínimo, dupliquen sus contribuciones a la movilización inicial de recursos; acoge con satisfacción la decisión adoptada por el Consejo de Administración del BEI de poner fin a la financiación de la mayoría de los proyectos de energías procedentes de combustibles fósiles después de 2021 y de aumentar gradualmente el porcentaje de su financiación dedicada a la acción por el clima y la sostenibilidad medioambiental, hasta alcanzar el 50 % de sus operaciones a partir de 2025; considera que se trata de un primer paso ambicioso hacia la transformación del BEI en un Banco Europeo de Clima; pide a los Estados miembros que apliquen el mismo principio por lo que respecta a las garantías de créditos a la exportación; aboga por garantías públicas específicas en favor de las inversiones ecológicas, el etiquetado de financiación ecológica, las ventajas fiscales para los fondos de inversión ecológicos y la emisión de bonos verdes; subraya la necesidad de una financiación más ambiciosa de la investigación y la innovación aplicable a la industria;

55.  Pide al BEI que revise su estrategia climática en 2020 y adopte planes de acción concretos y ambiciosos para cumplir su compromiso de armonizar todas sus actividades de financiación con el Acuerdo de París, así como que adapte urgentemente todas sus políticas y directrices de concesión de préstamos a los objetivos del Acuerdo de París;

56.  Destaca la importancia de una transición justa hacia una economía climáticamente neutra y la necesidad de un enfoque anticipatorio y participativo para garantizar que los ciudadanos se beneficien de la transición y apoyar a las regiones y comunidades más vulnerables; considera la creación de un fondo de transición justa como una de las herramientas que pueden emplearse a escala de la Unión para garantizar una transición inclusiva e informada para las personas y las regiones de la Unión más afectadas por la descarbonización, como las regiones mineras en transición; reconoce que, por sí solos, los fondos de compensación no garantizan una transición justa y que toda política de transición debe girar en torno a una estrategia global de la Unión orientada a desarrollar y modernizar dichas regiones de la Unión, así como a apoyar a aquellos que se encuentran en primera línea de la transición; considera que la transición climática de la Unión debe ser ecológica, económica y socialmente sostenible; pide a la Unión y a los Estados miembros que adopten políticas y financiación adecuadas a tal efecto, sujetas a compromisos claros creíbles y ejecutables a corto y a largo plazo para descarbonizar todos los sectores económicos de los Estados miembros afectados, también mediante la integración en sus planes nacionales de energía y clima definitivos, de políticas concretas para abandonar progresivamente el carbón, los demás combustibles fósiles y las subvenciones a los combustibles fósiles ateniéndose a un calendario compatible con el compromiso de la Unión de mantener el calentamiento global en consonancia con los objetivos a largo plazo del Acuerdo de París y el objetivo de neutralidad climática para 2050;

57.  Considera que la democratización del sistema energético es de vital importancia para lograr una transición energética sostenible satisfactoria; pide, por tanto, una mejora de los derechos y de las competencias de los ciudadanos, con el fin de que puedan participar en la producción de energía segura y limpia;

58.  Subraya la importancia de iniciar conversaciones con países de todo el mundo que dependan actualmente de las exportaciones de combustibles fósiles, con el fin de determinar cómo se podría aplicar una estrategia de seguridad conjunta en materia de energía y clima de modo que mejorasen las perspectivas de futuro de esas regiones;

59.  Considera que la energía nuclear puede contribuir a la consecución de los objetivos climáticos dado que no emite gases de efecto invernadero, así como garantizar una cuota importante de la producción de electricidad en Europa; considera, no obstante, que, debido a los residuos que genera, esta energía requiere una estrategia a medio y largo plazo que tenga presentes los avances tecnológicos (láser, fusión, etc.) destinados a mejorar la sostenibilidad de todo el sector;

60.  Respalda la labor de la Coalición de Ministros de Hacienda para la Acción por el Clima y anima a todos los Gobiernos a que asuman el compromiso de la Coalición de adaptar todas las políticas y prácticas dentro del ámbito de competencias de los ministerios de Hacienda a los objetivos del Acuerdo de París, así como a que adopten un sistema de tarificación del carbono eficaz, tal como se establece en los principios de Helsinki;

61.  Recuerda a las Partes que es necesario asignar recursos suficientes para pasar de los compromisos a la acción y aplicar las medidas necesarias para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París; apoya el creciente impulso a la introducción de un mecanismo de ajuste del carbono en las fronteras de la Unión para las importaciones destinadas a sus Estados miembros, a fin de crear condiciones de igualdad en materia de comercio internacional y evitar las fugas de carbono;

El papel de los agentes no estatales

62.  Acoge con satisfacción el enérgico y creciente movimiento de jóvenes contra el cambio climático; destaca la importancia de entablar un diálogo constructivo con los jóvenes y de animarlos a participar en la elaboración de políticas a todos los niveles; celebra la creciente movilización mundial de un espectro cada vez más amplio de agentes no estatales comprometidos con la acción por el clima a través de la consecución de resultados concretos y cuantificables; destaca el papel fundamental de la sociedad civil, el sector privado y los Gobiernos subestatales a la hora de influir en la opinión pública y la acción estatal y dirigirlas, así como de intercambiar conocimientos y mejores prácticas sobre el desarrollo y la aplicación de medidas de mitigación y adaptación; pide a la Unión, a los Estados miembros y a todas las Partes que incentiven la labor de los agentes no estatales, que lideran cada vez más a menudo la lucha contra el cambio climático, que respalden dicha labor y que colaboren con dichos agentes; considera, asimismo, que es necesaria la participación ciudadana, así como una mayor concienciación;

63.  Destaca el papel crucial que desempeñan las ciudades en la aplicación de los objetivos del Acuerdo de París, dado que, según el informe resumido de la ONU sobre el ODS 11 de 2018 titulado «Tracking Progress towards Inclusive, Safe, Resilient and Sustainable Cities and Human Settlements» (Progresos realizados en el logro de ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles), estas constituyen la fuente de más del 70 % de todas las emisiones de gases de efecto invernadero, residuos y contaminación atmosférica; acoge con satisfacción el compromiso de 102 ciudades en la Cumbre sobre la Acción Climática de las Naciones Unidas de lograr la neutralidad climática, a más tardar, en 2050; pide a las Partes que impliquen más a las ciudades en sus planes de reducción de emisiones;

Apertura, inclusión y transparencia

64.  Subraya que es necesaria la participación efectiva de todas las Partes en la consecución del objetivo de limitar el aumento de la temperatura media mundial a 1,5 °C, lo que exige, a su vez, que se aborde la cuestión de los intereses creados o contrapuestos; reitera, en este contexto, su apoyo a la introducción en la CMNUCC de una política específica en materia de conflictos de interés; pide a la Comisión y a los Estados miembros que tomen las riendas de este proceso sin comprometer los fines y objetivos de la CMNUCC y del Acuerdo de París;

65.  Subraya que el 80 % de las personas desplazadas por el cambio climático son mujeres y niños, que, por lo general, sufren los efectos del cambio climático en mayor medida que los hombres y soportan una carga mayor que ellos, a pesar de no estar tan implicados en la toma de decisiones clave sobre la acción por el clima; destaca, en consecuencia, que la capacitación de todos los géneros marginados, así como su participación y liderazgo plenos y en igualdad de condiciones en foros internacionales como la CMNUCC y su implicación en la acción por el clima a nivel nacional, regional y local, son esenciales para el éxito y la eficacia de dicha acción; considera que la Unión y los Estados miembros deben apoyar plenamente la aplicación del Plan de Acción en materia de Género de la CMNUCC, en especial mediante la integración de la perspectiva de género en las políticas climáticas y de desarrollo de la Unión, y que deben promover la participación de las mujeres indígenas y de los defensores de los derechos de la mujer en el marco de la CMNUCC;

66.  Observa que las consecuencias del cambio climático en cuanto a la supervivencia, nutrición y acceso a la educación, entre otros aspectos, son especialmente graves en el caso de la salud, la protección y el desarrollo de niños y adolescentes; considera que es necesario tomar medidas para limitar estos efectos perjudiciales;

Esfuerzo global de todos los sectores

67.  Recomienda a la Comisión que estudie establecer vínculos y otras formas de cooperación con las partes interesadas de los mercados del carbono de terceros países y regiones, así como que incentive el establecimiento de mercados del carbono adicionales y de otros mecanismos de tarificación del carbono que aporten un aumento de la eficiencia, un ahorro de costes y una reducción del riesgo de fugas de carbono mediante la creación de unas condiciones de competencia equitativas a escala mundial; pide a la Comisión que establezca salvaguardias para garantizar que cualquier vinculación con el RCDE UE siga contribuyendo permanentemente a la mitigación y no socave los compromisos internos de la Unión en materia de emisiones de gases de efecto invernadero;

68.  Recuerda que todos los sectores deben contribuir a lograr una economía neutra desde el punto de vista del clima y que la descarbonización de la economía de la Unión no debe traducirse en el traslado de las emisiones de carbono a terceros países a través de fugas de carbono, sino que debe convertirse en un éxito para nuestra economía y nuestra industria gracias a una inversión y unos instrumentos apropiados, así como a oportunidades para desarrollar las innovaciones y tecnologías de vanguardia necesarias; cree en el éxito de los enfoques basados en el mercado; estima que las medidas de ajuste en frontera de las emisiones de carbono han de estar basadas en un estudio de viabilidad y ser compatibles con las normas de la OMC;

69.  Toma nota del anuncio de la presidenta electa de la Comisión, Ursula von der Leyen, de ampliar el RCDE a sectores que aún no están cubiertos por el régimen de comercio de la Unión; rechaza una inclusión directa en el RCDE UE;

70.  Destaca que el transporte es el único sector que ha visto aumentar sus emisiones desde 1990; subraya que esto no es compatible con un objetivo de neutralidad climática a largo plazo y que requiere reducciones de mayor envergadura y más rápidas de las emisiones de todos los sectores de la sociedad, incluidos el sector de la aviación y el marítimo; recuerda que el sector del transporte deberá estar totalmente descarbonizado, a más tardar, en 2050; observa que el análisis de la Comisión muestra que los objetivos y las medidas mundiales actuales previstos por la Organización Marítima Internacional (OMI) y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), incluso si se aplicaran íntegramente, no lograrían las reducciones necesarias de las emisiones, y que se requieren importantes medidas adicionales que sean coherentes con el objetivo de lograr un nivel de cero de emisiones netas de los gases de efecto invernadero en todos los sectores de la economía; considera que, para garantizar la coherencia de las contribuciones determinadas a nivel nacional con los compromisos exigidos por el Acuerdo de París en todos los sectores de la economía, se debe alentar a las Partes a que incluyan las emisiones procedentes del transporte marítimo y aéreo internacional, y a que acuerden y apliquen medidas a nivel internacional, regional y nacional para reducir las emisiones de estos sectores;

71.  Recuerda que se prevé que para 2020 las emisiones mundiales de la aviación internacional superen aproximadamente en un 70 % las de 2005 y que puedan incluso aumentar en un 300-700 % de aquí a 2050; manifiesta su preocupación por el nivel de ambición del Plan de Compensación y Reducción de Carbono para la Aviación Internacional (CORSIA) de la OACI, a la luz de los trabajos en curso sobre las normas y las prácticas recomendadas que deben seguirse al aplicar el Plan a partir de 2019; subraya que las normas actuales no son satisfactorias y que resulta inaceptable una mayor dilución del Plan CORSIA; pide a la Comisión y a los Estados miembros que hagan todo lo posible por reforzar las disposiciones del Plan CORSIA y que apoyen la adopción de un objetivo a largo plazo para reducir de forma significativa las emisiones dentro del sector de la aviación salvaguardando, al mismo tiempo, la autonomía legislativa de la Unión respecto a la aplicación de la Directiva del RCDE; hace, asimismo, hincapié en la necesidad de abordar en todos los planes internacionales y de la Unión las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la aviación no relacionadas con el carbono;

72.  Expresa su profunda preocupación por la adopción de la resolución A40-19 en la 40.ª Asamblea de la OACI y de la denominada cláusula de exclusividad del régimen conocido como CORSIA; insta a los Estados miembros a que presenten una reserva formal relativa a esta parte de la resolución, a fin de preservar la autonomía legislativa de la Unión en relación con las medidas destinadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del sector de la aviación;

73.  Recuerda que la Comisión tiene la obligación legal de presentar un informe al Parlamento Europeo y al Consejo en un plazo de doce meses a partir de la adopción por la OACI de los instrumentos pertinentes y antes de que el Plan CORSIA sea operativo; que en ese informe se analizarán, entre otras cuestiones, el nivel de ambición y la integridad medioambiental global del Plan CORSIA, incluido su nivel de ambición general en relación con los objetivos del Acuerdo de París; destaca que, en calidad de colegisladores, el Parlamento Europeo y el Consejo son las únicas instituciones que pueden decidir cualquier futura modificación de la Directiva del RCDE; subraya que solo debe llevarse a cabo una nueva modificación de la Directiva del RCDE si es coherente con el compromiso de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en todos los sectores de la economía de la Unión, que no prevé el uso de créditos de compensación después de 2020;

74.  Acoge con satisfacción el creciente apoyo a un enfoque coordinado a escala de la UE para los precios de la aviación, y pide a la Comisión que presente lo antes posible una revisión ambiciosa de la Directiva sobre fiscalidad de la energía en este sentido que incluya el fin de las exenciones fiscales aplicadas actualmente al queroseno y a los combustibles marítimos;

75.  Recuerda que se prevé un incremento hasta 2050 de las emisiones de CO2 procedentes del transporte marítimo que oscilaría entre el 50 y el 250 %; acoge con satisfacción el acuerdo sobre la estrategia inicial de la OMI en materia de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de los buques, que constituye un primer paso para que el sector contribuya a la consecución del objetivo de temperatura del Acuerdo de París; insta a la OMI a que avance rápidamente en la adopción de medidas a corto y medio plazo para contribuir a alcanzar los objetivos de la estrategia; destaca la importancia y la urgencia de aplicar medidas a corto y medio plazo antes de 2023; pide a la Unión, a la Comisión y a los Estados miembros que hagan todo lo posible por apoyar la rápida designación del mar Mediterráneo como un espacio combinado de control de las emisiones de SOx y NOx, como un paso fundamental para reducir las emisiones procedentes del transporte marítimo en Europa; hace hincapié en que deben estudiarse inmediatamente medidas y actuaciones adicionales, incluidos instrumentos de tarificación del carbono, para hacer frente a las emisiones marítimas en consonancia con la estrategia sectorial de transformación a bajas emisiones; manifiesta, por tanto, su convencimiento de que la Unión y los Estados miembros deben hacer un seguimiento estrecho de la repercusión y de la aplicación de la estrategia inicial de la OMI; acoge con satisfacción la propuesta de un Reglamento de la Unión para reflejar debidamente el sistema mundial de recopilación de datos para los datos de consumo del combustible de los buques (procedimiento de seguimiento, notificación y verificación, SNV) y el sistema mundial de recogida de datos de la OMI sobre el consumo de combustible de los buques; recuerda que el SNV constituye un primer paso que, en última instancia, debe permitir a la Unión adoptar objetivos obligatorios de reducción de las emisiones; insta a la Comisión a que proponga tan pronto como sea posible medidas adicionales de la Unión en el marco de su estrategia de descarbonización para 2050, como la inclusión del sector marítimo en el RCDE de la Unión y la introducción de una norma sobre eficiencia de los buques y de una etiqueta para los buques, así como una estrategia de cooperación con otras Partes que estén dispuestas a actuar cuanto antes, a fin de reducir las emisiones marítimas en consonancia con el objetivo de temperatura del Acuerdo de París;

76.  Destaca que ya hay soluciones sencillas para reducir las emisiones, como la disminución de los límites de velocidad o la creación de zonas de control de emisiones, que están previstos en el Convenio internacional MARPOL; considera que la estrategia de descarbonización y el Pacto Verde Europeo deben orientar las inversiones y la investigación de carácter ambicioso hacia buques de cero emisiones y buques verdes con compuestos ecológicos, una mejor gestión de los residuos y del agua y la mejora de infraestructuras, como la electrificación de los puertos, que son necesarias para lograr que el mercado comience a crecer antes de 2030;

77.  Insta a que se incremente la financiación destinada a la investigación y a la introducción en el mercado de combustibles alternativos;

78.  Recuerda que el 23 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero tiene su origen en la agricultura; destaca que, para garantizar una alimentación suficiente para una población mundial en aumento, es necesario invertir en técnicas y métodos de producción agrícolas inteligentes, como la captura del metano procedente del estiércol, un uso más eficiente de los fertilizantes, el uso de la biomasa en ciclos y una mayor eficiencia en los métodos de producción de carne y productos lácteos;

79.  Recuerda que, si bien la agricultura es responsable de alrededor del 10 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión, tiene potencial para ayudar a la Unión a reducir sus emisiones mediante una buena gestión del suelo, la agrosilvicultura, la protección de la biodiversidad y otras técnicas de gestión de la tierra; reconoce que la agricultura tiene potencial para reducir las emisiones anuales en un volumen aproximado de 3,9 gigatoneladas de equivalentes de CO2 de aquí a 2050 (alrededor del 8 % de las emisiones mundiales actuales de gases de efecto invernadero);

80.  Señala que aproximadamente el 60 % del metano mundial es emitido por fuentes como la agricultura, los vertederos de residuos, las instalaciones de tratamiento de aguas residuales y la producción y el transporte por tubería de combustibles fósiles; recuerda que el metano es un potente gas de efecto invernadero con un potencial de calentamiento global veintiocho veces superior al del CO2 que puede mantenerse durante un período de cien años; recuerda a la Comisión su obligación legal de estudiar lo antes posible opciones de actuación para reducir rápidamente las emisiones de metano como parte de un plan estratégico de la Unión para el metano; pide a la Comisión que presente a tal efecto las propuestas legislativas adecuadas al Parlamento y al Consejo en la primera mitad de su mandato;

81.  Reconoce el papel relevante y positivo que puede desempeñar el sector agrícola en la lucha contra el cambio climático y subraya la importancia de reformar la PAC para ayudar a los agricultores a desarrollar y aplicar prácticas agrícolas inteligentes en materia climática, como la captura de carbono y el reciclado de emisiones de carbono;

82.  Subraya el importante papel de los sumideros naturales para lograr la neutralidad con respecto a los gases de efecto invernadero en la Unión; pide a la Comisión que desarrolle una estrategia detallada de la Unión para la mejora sostenible de los sumideros naturales, en consonancia con el objetivo de neutralidad de los gases de efecto invernadero para 2050; anima a los Estados miembros a que aborden exhaustivamente esta cuestión en sus estrategias a largo plazo, tal como exige el artículo 15, apartado 4, letra b), del Reglamento relativo a la gobernanza;

83.  Reconoce el papel atribuido a la captura y al almacenamiento de carbono en la mayoría de las hipótesis relativas a un calentamiento global de 1,5 °C recogidas en el informe especial del GIECC sobre el calentamiento global de 1,5 °C y en la Comunicación de la Comisión titulada «Un planeta limpio para todos»;

84.  Apoya una acción más enérgica para alcanzar los objetivos fijados por los Estados miembros en el marco del Plan Estratégico Europeo de Tecnología Energética con el fin de aplicar la captura y el almacenamiento de carbono a escala comercial en los sectores energéticos e industriales de la Unión y de desarrollar un marco reglamentario sólido para contribuir a eliminar directamente el CO2 de la atmósfera a fin de garantizar un almacenamiento seguro, a más tardar, en 2022;

85.  Lamenta profundamente que las subvenciones a los combustibles fósiles aún sigan aumentando y asciendan a unos 55 000 millones EUR al año en la Unión; pide con carácter de urgencia a todos los Estados miembros que introduzcan políticas, programaciones y medidas concretas en sus planes nacionales integrados de energía y clima definitivos para que se abandonen progresivamente todas las subvenciones directas e indirectas a los combustibles fósiles de aquí a 2020, con el fin de cumplir los compromisos mundiales de la Unión y liberar recursos que puedan emplearse en la consecución de una sociedad neutra desde el punto de vista climático; pide a las demás Partes que adopten medidas similares;

86.  Acoge con satisfacción la entrada en vigor de la enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal; considera que debe dar un nuevo impulso a la Unión a fin de garantizar una rápida revisión del Reglamento sobre los gases fluorados para hacer frente a las deficiencias conocidas que ponen en peligro las ambiciones de la Unión en relación con el cambio climático, como el comercio ilegal de hidrofluorocarburos (HFC) y las medidas insuficientes contra el uso de hexafluoruro de azufre (SF6);

Industria y competitividad

87.  Considera que la prosperidad económica, la competitividad industrial, el desarrollo sostenible y la política en materia de cambio climático deben reforzarse mutuamente; destaca que la Unión debe encabezar la transición hacia una economía de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero de aquí a 2050, garantizando en el proceso una ventaja competitiva para los sectores económicos de la Unión;

88.  Destaca la crucial importancia que reviste el logro de los objetivos del Acuerdo de París, manteniendo al mismo tiempo los puestos de trabajo y una base industrial dentro de la Unión, con el fin de proporcionar a las personas de este sector una perspectiva positiva y demostrar al mundo que la industria y la neutralidad climática no son incompatibles; acoge con gran satisfacción el compromiso y los esfuerzos de muchos agentes industriales europeos para ser climáticamente neutros y anima a los sectores o empresas todavía indecisos a que sigan su ejemplo;

89.  Celebra, asimismo, los esfuerzos y avances realizados hasta el momento por los ciudadanos, las empresas y los sectores económicos de la Unión para cumplir las obligaciones del Acuerdo de París en consonancia con el Código normativo de Katowice; observa, sin embargo, que estos esfuerzos no son suficientes para lograr una economía de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero, a más tardar, en 2050; anima, por tanto, a los Estados miembros, a sus regiones y municipios, así como a las empresas y a los sectores económicos a que se fijen objetivos más ambiciosos y a que los persigan activamente a través del Pacto Verde Europeo, a fin de afrontar los retos climáticos y aprovechar plenamente las oportunidades que se derivan del Acuerdo de París;

90.  Destaca que un marco jurídico estable y fiable y unas señales políticas claras tanto a escala mundial como de la Unión facilitan y potencian las inversiones relacionadas con el clima y pueden contribuir a evitar la dependencia del carbono; subraya, a este respecto, la importancia de una aplicación adecuada y oportuna de la normativa denominada «Energía limpia para todos los europeos» y pide que se desarrollen una estrategia de la Unión en materia de política industrial a largo plazo y una legislación de la Unión en materia de cambio climático, en consonancia con los compromisos de la Unión en el marco del Acuerdo de París, concebidas para garantizar el desarrollo de la industria de la Unión a largo y corto plazo, en particular a través del respaldo a las pymes, la creación de empleos de calidad y el apoyo a la transición ecológica, garantizando, al mismo tiempo, que la industria de la Unión sea competitiva a escala mundial, que la Unión alcance un nivel de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero de aquí a 2050 y que nadie quede excluido;

91.  Celebra que diversos países, en los que están ubicados importantes competidores de los sectores de gran consumo de energía de la Unión, hayan introducido el comercio de carbono u otros mecanismos de tarificación; anima a otros países a hacer lo mismo; pide que estos mecanismos se amplíen a todos los sectores de gran consumo de energía;

92.  Destaca la importancia de aumentar el número de empleos de calidad y de trabajadores cualificados en la industria de la Unión para encauzar la innovación y la transición hacia procesos de producción sostenibles; subraya la necesidad de ayudar a las regiones productoras de carbón y con altas emisiones de carbono que cuentan con un gran número de trabajadores en sectores dependientes del carbono, a que inviertan en dichas regiones y desarrollen programas de reciclaje y capacitación profesional para atraer a compañías, empresas emergentes y sectores nuevos e innovadores con el fin de construir una economía regional sostenible y garantizar, al mismo tiempo, que nadie quede excluido;

93.  Destaca el hecho de que no todas las regiones parten del mismo punto a la hora de luchar contra el cambio climático ni cuentan con las mismas herramientas y que, por tanto, las consecuencias del cambio climático son diferentes en cada caso; subraya, así pues, que es fundamental que se lleve a cabo una transición que tenga en cuenta las particularidades de los sectores, regiones, poblaciones más vulnerables;

Política energética

94.  Destaca el papel central que desempeña la energía en la transición hacia una economía de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero;

95.  Subraya que, en el marco de la transición energética sostenible, es necesario afrontar el problema de la pobreza energética reforzando los derechos de los consumidores de energía, informándoles mejor, mejorando las medidas de eficiencia energética en los edificios, especialmente para los hogares con bajos ingresos, y abordando esta cuestión en las políticas sociales;

96.  Destaca la importancia de la eficiencia energética y de la energía renovable para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, así como para la seguridad energética y la reducción de la pobreza energética;

97.  Subraya que es necesario que todos los sectores trabajen juntos eficazmente para descarbonizar la economía de la Unión y alcanzar una economía de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero; destaca que los países deben ser flexibles por lo que respecta a la manera en la que descarbonizan sus economías para que sea más fácil paliar los costes sociales vinculados a la transición y lograr la aceptación y el apoyo de la sociedad;

98.  Considera que una mayor integración del mercado interior de la energía de la Unión desempeñará un papel fundamental, especialmente en la consecución de una economía de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero;

99.  Recuerda que dar prioridad a la eficiencia energética, en particular a través de la aplicación del principio «primero, la eficiencia energética», y ejercer el liderazgo mundial en energías renovables son dos de los objetivos principales de la Unión respecto a la Unión de la Energía; subraya que la Unión ha fijado sus objetivos mínimos para 2030 en un 32 % por lo que respecta a las energías renovables y en un 32,5 % por lo que respecta a la eficiencia energética; destaca que estos objetivos —a pesar de suponer una mayor reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de lo que se preveía anteriormente— no están en consonancia con la reducción del 50-55 % propuesta por la nueva presidenta electa de la Comisión ni con el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 °C; pide a la Comisión y al Consejo que determinen los esfuerzos adicionales que se necesitan para impulsar las energías renovables y la eficiencia energética de conformidad con el objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero; pide que se promuevan a escala mundial medidas de eficiencia energética y que se empleen las energías renovables de manera oportuna;

100.  Acoge con satisfacción el incremento de la cuota de la energía renovable en el suministro energético mundial, especialmente en el caso del sector eléctrico; manifiesta su preocupación por la lenta aceptación de la energía renovable por lo que respecta a la calefacción, la refrigeración y el transporte, especialmente en el sector de la aviación y el marítimo; muestra su profunda preocupación por la ralentización (desde 2014) de la ampliación de la cuota de mercado global de las energías renovables en la Unión, que está poniendo en peligro los objetivos de la Unión en materia de energía y clima; destaca que todos los sectores deben incrementar su consumo de energías renovables para que se puedan alcanzar objetivos de sostenibilidad a largo plazo;

Investigación, innovación, tecnologías digitales y política espacial

101.  Es consciente de la importancia capital de la ciencia y las innovaciones científicas para el éxito de la lucha contra el cambio climático y la consecución de los objetivos estratégicos del Acuerdo de París y de cualquier otro programa climático ambicioso; destaca la necesidad del liderazgo de la Unión tanto a la hora de luchar contra el cambio climático como de fomentar el progreso técnico hacia un desarrollo resiliente desde el punto de vista del clima;

102.  Hace hincapié en la importancia de proseguir y reforzar la investigación y la innovación en relación con la mitigación del cambio climático, las políticas de adaptación, la eficiencia en el uso de los recursos, las tecnologías de bajas emisiones y sin emisiones, el uso sostenible de materias primas secundarias («economía circular») y la recopilación de datos sobre el cambio climático para luchar contra este fenómeno; destaca la necesidad de dar prioridad a la financiación de proyectos de energía sostenible dentro del nuevo programa Horizonte Europa, dados los compromisos de la Unión en el marco de la Unión de la Energía y del Acuerdo de París;

103.  Recuerda que la investigación, la innovación y la competitividad constituyen uno de los cinco pilares de la estrategia de la Unión para la Unión de la Energía; recuerda, por tanto, el papel fundamental que desempeñan los investigadores en la lucha contra el calentamiento global y subraya la importancia de una estrecha cooperación científica entre los socios internacionales a este respecto;

104.  Recuerda el papel fundamental de las tecnologías digitales en el respaldo a la transición energética e industrial, en particular en la mejora de la eficiencia y el ahorro energéticos y de la reducción de emisiones; hace hincapié en los beneficios que la digitalización de los sectores económicos europeos puede reportar al clima a través de un uso más eficiente de los recursos, como el reciclado y la reducción de la intensidad del consumo de materiales; destaca los beneficios climáticos de la plena digitalización de las redes de transmisión y distribución y de los centros de distribución de la energía, así como de los programas de respuesta a la demanda que se gestionan por medio de aplicaciones informáticas;

105.  Reconoce el papel del nuevo Programa Espacial de la Unión a la hora de apoyar la lucha de la Unión contra el cambio climático y sus efectos; recuerda el papel fundamental que han desempeñado los servicios de datos e información de Copernicus, el sistema europeo de observación de la Tierra, a la hora de vigilar el planeta; hace hincapié en la importancia de Copernicus a la hora de facilitar la coordinación internacional de los sistemas de observación y de los intercambios de datos relacionados;

Cambio climático y deforestación

106.  Recuerda que, según el informe del 25 de junio de 2019 sobre el cambio climático y la pobreza del relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos de las Naciones Unidas, el cambio climático amenaza con acabar con los avances logrados en los últimos cincuenta años en materia de desarrollo, sanidad mundial y disminución de la pobreza y que se calcula que los países en desarrollo soportarán entre el 75 y el 80 % de los costes del cambio climático;

107.  Destaca que los países en desarrollo son los más vulnerables y los más expuestos al cambio climático y que están menos preparados para soportar sus crecientes y devastadores efectos, entre los que se encuentran las crisis alimentarias y del agua, la destrucción material provocada por los desastres naturales, los desplazamientos y el aumento de las tensiones a causa de la escasez de recursos; recuerda que el cambio climático tiene graves consecuencias para el desarrollo económico a largo plazo de los países en desarrollo y, en particular, de los menos adelantados;

108.  Pone el ejemplo de los ciclones Idai y Kenneth (el último de los cuales fue el más potente que ha azotado el continente africano en toda su historia), que devastaron las Comoras, Malaui, Mozambique y Zimbabue en el primer semestre de 2019, provocando numerosas muertes y obligando a proporcionar ayuda humanitaria inmediata a más de dos millones de personas, cuyo coste ascendió a cerca de 400 millones USD, cubierto en gran parte por la Unión, mientras que el de reconstrucción se estimó en 3 000 millones USD;

109.  Señala que la resiliencia de las infraestructuras de los países en desarrollo será fundamental por lo que respecta a su capacidad de adaptación al cambio climático; insiste, por tanto, en la necesidad de promover la inversión en infraestructuras resilientes en los países en desarrollo para ayudarles a soportar la creciente gravedad de los desastres naturales;

110.  Recuerda su posición de que al menos un 45 % de los fondos del Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (IVDCI) propuesto para el período 2021-2027 se destine a objetivos relacionados con el clima y el medio ambiente;

111.  Insiste en un enfoque conjunto respecto a la aplicación del Acuerdo de París y de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que abarque tanto las políticas internas como externas y respete al máximo el principio de coherencia de las políticas en favor del desarrollo, en particular en materia de desarrollo, comercio, agricultura, energía y clima;

112.  Hace hincapié en la interdependencia del clima, la economía y la sociedad; subraya, en particular, las repercusiones directas que el cambio climático tiene sobre las comunidades indígenas y la grave amenaza que se cierne sobre la supervivencia de muchas de ellas, incluidas las comunidades que viven aisladas; destaca que, según el GIECC, la sabiduría indígena y tradicional es un recurso fundamental a la hora de luchar contra el cambio climático, en particular porque en torno al 80 % de la biodiversidad que queda en el mundo se encuentra en los territorios de los pueblos indígenas; manifiesta su consternación por el reciente asesinato del líder indígena Emrya Wajãpi en el norte de Brasil y celebra la declaración realizada el 29 de julio de 2019 por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la que se instaba al Gobierno de Brasil a que frenase la invasión de los territorios indígenas y garantizase a estos pueblos el ejercicio pacífico de sus derechos colectivos sobre ellos, de conformidad con el Convenio n.º 169 de la OIT;

113.  Pide a los países desarrollados, incluidos los Estados miembros de la Unión, que intensifiquen su apoyo al intercambio de conocimientos, al desarrollo de capacidades y a la transferencia de tecnología a los países en desarrollo y que, de esta manera, cumplan los artículos 9 a 11 del Acuerdo de París, los artículos 49, 116 y 120 de la Agenda de Acción de Adís Abeba sobre la financiación para el desarrollo y, asimismo, los compromisos relativos al ODS 17, incluidas las metas 17.6 a 17.8; subraya, en este sentido, el potencial positivo de incrementar las inversiones de la Unión en prometedores proyectos de investigación científica; pide, además, a la Unión que impulse la adopción de una declaración comparable a la Declaración de Doha de 2001 relativa al acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y la salud pública, con el objetivo de que se fomente la transferencia legítima de tecnologías respetuosas con el clima a países en desarrollo;

114.  Destaca la importancia fundamental de la inversión y el crecimiento privados para la transición hacia infraestructuras y métodos de producción respetuosos con el clima; hace hincapié en la necesidad de maximizar la contribución de esta inversión a la acción por el clima y la consecución de los ODS, también a través de incentivos y del fomento de asociaciones público-privadas; considera que el Plan Europeo de Inversiones Exteriores es una herramienta fundamental a este respecto; hace hincapié, además, en que el crecimiento y el desarrollo sostenibles e inclusivos son necesarios para que los países en desarrollo puedan participar en la transición climática a través de estrategias de innovación y avances tecnológicos, entre otros medios; expresa su convencimiento de que la Unión debe promover rápidamente la financiación privada responsable y sostenible, en particular respecto a las obligaciones en materia de derechos humanos y a las contribuciones a las economías nacionales de los países en desarrollo; previene, no obstante, contra una dependencia excesiva de las contribuciones voluntarias del sector privado;

115.  Toma nota del creciente interés en la elaboración de normas relativas a las inversiones sostenibles y respetuosas con el clima y reitera su preocupación respecto a la posibilidad de que la proliferación de iniciativas privadas dificulte la comparación y la comprobación; celebra, en este sentido, las iniciativas puestas en marcha por la Comisión y la comunidad internacional para apoyar la inversión en la acción por el clima y el diálogo político sobre esta cuestión en los países en desarrollo, como la Alianza mundial contra el cambio climático+ (AMCC+) y el Fondo Verde para el Clima; anima, en este sentido, a la Comisión y a los Estados miembros a que continúen participando en los foros internacionales para promover la eficacia y la equidad en la acción por el clima;

La diplomacia climática

116.  Apoya firmemente la continuación y el refuerzo adicional del alcance político y la diplomacia climática de la Unión, lo que resulta esencial para impulsar la movilización por el clima en los países socios y en la opinión pública mundial; considera, sin embargo, que los esfuerzos efectuados no han resultado adecuados a todas luces y que los recursos humanos asignados por la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior distan mucho de ser suficientes; propone, por tanto, un aumento drástico de los recursos humanos en este ámbito; anima a la Comisión y a los Estados miembros a que aborden la diplomacia climática de la Unión de manera holística estableciendo vínculos entre el cambio climático y el desarrollo sostenible, la agricultura, la resolución de conflictos, la migración y las preocupaciones humanitarias con el fin de facilitar la transición mundial hacia la neutralidad neta en emisiones, la resiliencia frente al cambio climático, el desarrollo sostenible y la seguridad alimentaria y del agua;

117.  Hace hincapié en las crecientes implicaciones del cambio climático para la seguridad internacional y la estabilidad regional derivadas del deterioro medioambiental, la pérdida de medios de subsistencia, los desplazamientos provocados por el clima y otros problemas asociados en los que el cambio climático a menudo puede ser considerado un multiplicador de amenazas; insta, por tanto, a la Unión y a los Estados miembros a que trabajen con sus socios de todo el mundo a fin de comprender, integrar, anticipar y gestionar mejor los efectos desestabilizadores del cambio climático; alienta la aplicación de un programa de alerta temprana para los principales puntos de inflexión potenciales, que podrían socavar las estructuras y ecosistemas sostenibles en las regiones o continentes más grandes;

118.  Acoge con satisfacción el compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las actuaciones concretas emprendidas con este fin en muchas partes del mundo, como los compromisos realmente ambiciosos de muchos países en desarrollo y pequeños Estados insulares; lamenta, no obstante, la falta de ambición y la ausencia de debate sobre el aumento de las contribuciones determinadas a nivel nacional en muchas grandes economías; recuerda que la Unión representa el 9 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, a pesar de que solo alberga al 6,7 % de la población mundial, lo que hace que sea absolutamente esencial que Europa demuestre una mayor ambición, sobre todo a causa de su responsabilidad histórica respecto al cambio climático y a su obligación de dar ejemplo al resto del mundo; destaca que no será posible alcanzar los objetivos del Acuerdo de París y evitar puntos de inflexión si otras grandes economías no se fijan también unos objetivos más ambiciosos;

119.  Pide a la Comisión que analice inmediatamente la posibilidad de llevar a cabo acciones adicionales para animar a otras grandes economías a que aumenten sus contribuciones determinadas a nivel nacional, apliquen más medidas concretas y valoren enfoques innovadores;

120.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que utilicen todos los instrumentos disponibles (por ejemplo, negociaciones internacionales, acuerdos comerciales y regionales o asociaciones internacionales) para promover y fomentar la cooperación en la transición mundial hacia la neutralidad neta en emisiones, la resiliencia frente al cambio climático, el desarrollo sostenible y la seguridad alimentaria y del agua;

121.  Recalca la necesidad de integrar la ambición en materia de cambio climático en todas las políticas de la Unión, incluida la política comercial; pide a la Comisión que vele por que todos los acuerdos de comercio e inversión suscritos por la Unión sean plenamente compatibles con el Acuerdo de París y los ODS y que las disposiciones medioambientales y climáticas sean jurídicamente vinculantes y aplicables; pide a la Comisión que lleve a cabo y publique una evaluación exhaustiva de la coherencia de los acuerdos vigentes y futuros con el Acuerdo de París; pide a la Comisión que vele por que cualquier acuerdo comercial contenga disposiciones vinculantes relativas al cumplimiento del Acuerdo de París, incluidas disposiciones relativas a la gestión y la conservación sostenible de los bosques; pide a la Comisión que preste especial atención al ciclo de vida de los productos comercializados, desde su concepción hasta su consumo, para proteger los recursos naturales y tener en cuenta las repercusiones acumuladas, incluido el transporte;

122.  Pide a la Comisión y al Consejo que incorporen el Acuerdo de París en los acuerdos comerciales para incentivar a los socios comerciales a que alcancen los objetivos fijados en el mismo; pide, asimismo, a la Comisión y al Consejo que revisen los acuerdos comerciales para incorporar a estos acuerdos bilaterales obligaciones climáticas ambiciosas, incentivando así a los socios a que adopten estrategias climáticas en consonancia con el Acuerdo de París;

123.  Acoge con gran satisfacción el anuncio de Rusia de que aplicará el Acuerdo de París;

124.  Reconoce que la asociación entre la Unión y los Estados Unidos es de suma importancia para la consecución de los objetivos estratégicos del Acuerdo de París y de otras estrategias ambiciosas; reitera, por tanto, su pesar por el anuncio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de su intención de retirar al país del Acuerdo de París; acoge con gran satisfacción la continua movilización en favor de la acción por el clima de los principales Estados, ciudades, universidades y otros agentes no estatales de los Estados Unidos en el marco de la campaña «We are still in» (Seguimos dentro); confía en que los Estados Unidos vuelvan a unirse a la lucha contra el cambio climático y que, en colaboración con la Unión, se sitúen a la vanguardia de las negociaciones de los acuerdos mundiales sobre comercio, industria y energía en consonancia con el Acuerdo de París;

125.  Lamenta profundamente la mediocre reacción del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y del Gobierno brasileño ante la proliferación y la magnitud nunca vistas de los incendios forestales en el Amazonas brasileño; considera que la Unión y sus Estados miembros deben hacer todo lo que esté en su mano, a través de la cooperación y la asistencia internacionales, para luchar contra la destrucción del medio ambiente del Amazonas y de otras zonas de vital importancia para el ecosistema mundial, y tener en cuenta el papel que pueden desempeñar sus propias políticas comerciales;

Papel del Parlamento Europeo

126.  Considera que debe integrar la delegación de la Unión, puesto que ha de dar su aprobación a los acuerdos internacionales y desempeña un papel fundamental en la aplicación interna del Acuerdo de París en calidad de colegislador; confía, por consiguiente, en que se le permita asistir a todas las reuniones de coordinación de la Unión durante la COP25 en Madrid y en que se le garantice el acceso a todos los documentos preparatorios desde el inicio de las negociaciones;

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127.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros y a la Secretaría de la CMNUCC, con solicitud de que la distribuya a todas las Partes de dicho Convenio que no sean miembros de la Unión.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0430.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2019)0217.
(3) DO C 356 de 4.10.2018, p. 38.
(4) Burke y otros 2015, Global non-linear effect of temperature on economic production, Nature, Vol 527, pp.235‑239.
(5) Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Informe sobre la disparidad en las emisiones 2018, p. 21.

Última actualización: 29 de noviembre de 2019Aviso jurídico