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Textos aprobados
Jueves 28 de noviembre de 2019 - Estrasburgo
Situación de las libertades en Argelia
 Cuba, en particular el caso de José Daniel Ferrer
 Haití
 Acuerdo UE-EE.UU. sobre la asignación de una parte del contingente arancelario para las importaciones de carne de vacuno de calidad superior ***
 Acuerdo UE-EE.UU. sobre la asignación de una parte del contingente arancelario para las importaciones de carne de vacuno de calidad superior (Resolución)
 Situación en Bolivia
 Emergencia climática y ambiental
 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2019 (COP 25)
 Adhesión de la Unión al Convenio de Estambul y otras medidas de lucha contra la violencia de género
 Acciones recientes de la Federación de Rusia contra jueces, fiscales e investigadores lituanos que participaron en la investigación de los trágicos sucesos del 13 de enero de 1991 en Vilna
 Medidas destinadas a hacer frente a las consecuencias para la agricultura europea de la resolución de la OMC en el litigio Airbus
 Crisis del Órgano de Apelación de la OMC
 Negociaciones en curso de un nuevo Acuerdo de Asociación UE-ACP

Situación de las libertades en Argelia
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Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de noviembre de 2019, sobre la situación de las libertades en Argelia (2019/2927(RSP))
P9_TA(2019)0072RC-B9-0193/2019

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Argelia, en particular su Resolución, de 30 de abril de 2015, sobre el encarcelamiento de trabajadores y defensores de los derechos humanos en Argelia(1) y su Resolución, de 27 de marzo de 2019, sobre el tema «Después de la Primavera Árabe: el camino a seguir en la región MENA (Oriente Próximo y África del Norte)»(2),

–  Vista la actualización por país correspondiente a Argelia en el Informe anual de la Unión sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo en 2018, adoptado por el Consejo el 18 de marzo de 2019,

–  Vista el 11.º período de sesiones del Consejo de Asociación UE-Argelia, de 14 de mayo de 2018,

–  Visto el tercer examen periódico universal sobre Argelia, adoptado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su 36.º período de sesiones celebrado los días 21 y 22 de septiembre de 2017,

–  Vistas las prioridades comunes de la Asociación entre la República Argelina Democrática y Popular y la Unión Europea en el marco de la Política Europea de Vecindad revisada, de 13 de marzo de 2017, que se centran en la aplicación de la revisión constitucional y el apoyo de la Unión al progreso de la democracia y los derechos humanos en Argelia,

–  Visto el Acuerdo de Asociación entre la Unión y Argelia(3) y en particular su artículo 2, que establece que el respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos fundamentales inspira las políticas internas e internacionales de las Partes y constituye un elemento esencial del Acuerdo,

–  Vista la Constitución argelina, revisada el 7 de febrero de 2016, y, en particular, sus artículos 2, 34 a 36, 39, 41, 42, 48 y 54,

–  Vistos las Directrices de la UE sobre los defensores de los derechos humanos, la pena de muerte, la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y la libertad de expresión en internet y fuera de internet, y el nuevo Marco Estratégico y el Plan de Acción de la Unión sobre Derechos Humanos, que tienen por objeto colocar la protección y la vigilancia de los derechos humanos en el centro de todas las políticas de la Unión,

–  Vistos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y la Convención sobre los Derechos del Niño,

–  Vistas la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones,

–  Vista la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos,

–  Vista la Ley argelina 12-06 sobre las asociaciones y la Ordenanza 06-03, que regula el culto religioso no musulmán,

–  Vistos el artículo 144, apartado 5, y el artículo 132, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que Argelia es un vecino próximo y un socio clave de la Unión Europea y de la región del norte de África;

B.  Considerando que el 16 de febrero de 2019, diez días después de que Abdelaziz Bouteflika anunciara su candidatura para un quinto mandato presidencial, comenzaron en Argelia protestas pacíficas, conocidas como el Hirak (movimiento); que el 2 de abril de 2019 se produjo la dimisión de Abdelaziz Bouteflika, que el presidente del Consejo de la Nación, Abdelkader Bensalah, asumió la Jefatura del Estado en funciones; que la cúpula militar bajo las órdenes del teniente general Ahmed Gaid Salah ha ejercido abiertamente el poder en el país desde la dimisión de Abdelaziz Bouteflika;

C.  Considerando que Abdelaziz Bouteflika fue presidente desde 1999; que la revisión constitucional de 2016 limitó a dos el número máximo de mandatos presidenciales para los futuros presidentes; que la revisión constitucional no puede aplicarse con carácter retroactivo, por lo que Abdelaziz Bouteflika podía presentarse a un quinto mandato; que las elecciones presidenciales, previstas inicialmente el 18 de abril de 2019, se aplazaron en un primer momento hasta el 4 de julio de 2019 y una segunda vez hasta el 12 de diciembre de 2019;

D.  Considerando que durante los meses de febrero, marzo y abril se produjeron manifestaciones pacíficas en todo el país y, a continuación, todos los martes y viernes en las últimas cuarenta semanas; que en las últimas semanas los manifestantes han organizado marchas nocturnas por todo el país;

E.  Considerando que el Hirak goza de un amplio apoyo y constituye el mayor movimiento de protesta en Argelia; que en las manifestaciones participan mayoritariamente personas jóvenes; que los manifestantes exigen el fin de la corrupción, la falta de oportunidades para la participación política, las elevadas tasas de desempleo y la represión de las manifestaciones, así como un marco más pluralista e inclusivo de cara a la preparación de elecciones libres, como parte de una transición política más amplia;

F.  Considerando que Argelia ocupa el puesto 141 de los 180 países analizados en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, que observa que la libertad de prensa en el país está «bajo amenaza» y que los periodistas son a menudo objeto de persecución; que las organizaciones independientes de medios de comunicación, los ciudadanos que ejercen como periodistas en las redes sociales y otros canales de información se enfrentan a la censura estructural de todo contenido que las autoridades argelinas consideren que apoya opiniones disidentes;

G.  Considerando que, desde enero de 2018, las autoridades argelinas han cerrado varias iglesias, la mayoría pertenecientes a la Iglesia Protestante de Argelia, la organización —reconocida legalmente— que agrupa a las iglesias protestantes en Argelia;

H.  Considerando que la redactora jefe de la emisora de radio pública La Chaîne 3, Meriem Abdú, dimitió el 23 de febrero de 2019 protesta por la cobertura sesgada del Hirak; que otros periodistas han sido detenidos o intimidados, como el excorresponsal árabe de France 24, Sofiane Merakchi, y los periodistas Azeb al-Sheij y Abdelmuyi Jeladi, que llevan detenidos desde el 26 de septiembre de 2019 y el 14 de octubre de 2019 respectivamente;

I.  Considerando que, el 4 de marzo de 2019, Nadia Madasi, presentadora en Canal Algérie durante los últimos 15 años, dimitió tras haber sido presuntamente víctima de la censura; que, el 5 de marzo de 2019, el Ministerio de Comunicación sancionó al periódico Echorouk y al canal de televisión El Bilad por cubrir las manifestaciones; que el grupo de Facebook «Algérie - Debout!» (¡En pie, Argelia!) con más de 500 000 miembros, fue cerrado y su fundador y administrador, Sofiane Benyunes, fue acosado e interrogado varias veces antes de que se presentaran cargos contra él; que las publicaciones Jeune Afrique, Tout Sur l’Algérie, Algérie Part, Interlignes, y Observ’Algérie han sido censuradas;

J.  Que cada vez son más frecuentes los casos de persecución y detención de participantes en las protestas del Hirak, defensores de los derechos humanos, periodistas y blogueros con el fin de impedirles el ejercicio de su libertad de expresión, asociación y reunión pacífica;

K.  Considerando que el Colegio de Abogados de Argelia (Union nationale des ordres des avocats, UNOA) ha denunciado de manera unánime las detenciones de activistas del Hirak y la supresión de las libertades; que el 24 de octubre de 2019 unos 500 abogados se manifestaron en Argel para exigir que se respetase el derecho de los participantes en las protestas a un juicio justo y la independencia judicial; que el Colegio de Abogados de Argelia ha formado un comité de apoyo a los abogados defensores de los manifestantes y disidentes detenidos;

L.  Considerando que, según la Liga Argelina de Defensa de los Derechos Humanos (Ligue algérienne pour la défense des droits de l’homme, LADDH), más de cien personas han sido detenidas en relación con las protestas pacíficas desde el comienzo del Hirak; que las acusaciones formuladas («socavar la unidad nacional y la integridad territorial», «incitar a la asamblea» y «desmoralizar al ejército») son vagas y contrarias a las normas internacionales en materia de derechos humanos;

M.  Considerando que Lajdar Bouregaa, de 87 años de edad y veterano de la guerra de la independencia, fue detenido el 29 de junio de 2019 por criticar al jefe del ejército; que Nour al-Huda Dahmani, estudiante de 22 años, recuperó la libertad el 25 de noviembre de 2019 tras haber sido condenada a seis meses de prisión por participar en una marcha estudiantil el 17 de septiembre de 2019, convirtiéndose en un icono de las manifestaciones que los estudiantes organizan semanalmente; que Ibrahim Dauayi y otros cuatro activistas fueron detenidos el 12 de octubre de 2019 por protestar contra una visita del ministro de Juventud;

N.  Considerando que Kamal Edín Fejar, médico y activista pro derechos humanos, defensor de la comunidad amazigh At-Mzab y antiguo miembro de la LADDH, fue detenido en medio de las protestas masivas y murió el 28 de mayo de 2019 durante su arresto, tras 53 días de huelga de hambre, a consecuencia presuntamente de las condiciones en que se encontraba detenido y de negligencia médica; que el joven Ramzi Yettou, de 22 años, sucumbió a las lesiones provocadas por la brutal paliza que le propinó la policía en abril de 2019;

O.  Considerando que Karim Tabú, una destacada figura de la oposición, antiguo secretario general del Frente de las Fuerzas Socialistas (Front des forces socialistes, FFS), el partido histórico de la oposición y actual jefe del partido no reconocido Unión Democrática y Social, fue arrestado el 12 de septiembre de 2019; que fue liberado por el tribunal de Tipaza el 26 de septiembre de 2019, pero menos de 14 horas más tarde fue detenido de nuevo en jurisdicción distinta (Sidi M’Hamed) pero en condiciones similares y actualmente está detenido en un régimen de aislamiento de facto;

P.  Considerando que varios miembros de la organización Rassemblement actions jeunesse (RAJ), incluidos su fundador Hakim Adad, su presidente Abdeluahab Fersaui y sus miembros Masinisa Aisus, Yalal Mokrani, Ahmed Buider, Kamel Ulduali, Karim Butata, Ahcén Kadi, Wafi Tigrin y Jiredine Meyani fueron arrestados durante manifestaciones pacíficas en apoyo de los presos de conciencia en Argelia;

Q.  Considerando que varios manifestantes, como Samir Belarbi, Fodil Buumala, Fuad Uicher, Saida Deffeur y Rauf Rai, que permanecieron detenidos, y defensores de los derechos humanos, incluidos Said Budur, Hamid Gura y Slimaán Hamituch están siendo procesados por «debilitar la moral del ejército»;

R.  Considerando que el 11 de noviembre de 2019 el tribunal de Sidi M’Hamed en Argel abrió juicio a 42 activistas, incluida Samira Mesuci, miembro de la Asamblea Popular Provincial, acusada de «comprometer la integridad del territorio nacional» por ondear la bandera amazigh; que esta bandera se ha desplegado junto con la bandera nacional en todo el país durante las manifestaciones semanales; que varios tribunales del país han liberado a manifestantes detenidos con los mismos cargos;

S.  Considerando que la Constitución de Argelia consagra libertades fundamentales, incluida la libertad de asociación, definida con mayor detalle en la Ley 12-06; que la Ley 12-06 exige que todas las asociaciones, incluidas las que ya se hayan registrado con éxito, antes de ser operativas legalmente, se registren y obtengan un recibo de registro del Interior; que las solicitudes de prerregistro de varias organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y organizaciones religiosas y organizaciones de beneficiencia, como la LADDH, EuroMedRights, la RAJ, Amnistía Internacional, la Asociación Protestante de Argelia, la Comisión Nacional para los Grupos Religiosos No Musulmanes y la Asociación Feminista para el Desarrollo Personal y el Ejercicio de la Ciudadanía siguen pendientes, a pesar de que cumplen todos los requisitos legales; que, por tanto, carecen de estatuto jurídico oficial;

T.  Considerando que, con arreglo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Argelia, los Gobiernos deben garantizar el derecho a la libertad de religión, pensamiento y conciencia de todas las personas en su territorio, y en particular de las minorías religiosas; que este derecho incluye la libertad para ejercer la religión o las creencias que elija cada uno, de manera pública o privada, solo o con otras personas;

1.  Condena enérgicamente las detenciones arbitrarias e ilegales, las interpelaciones, las intimidaciones y los ataques a periodistas, sindicalistas, abogados, estudiantes, defensores de los derechos humanos y la sociedad civil, así como a todos los manifestantes pacíficos que participan en las manifestaciones pacíficas del Hirak;

2.  Pide a la autoridades argelinas que pongan en libertad inmediata e incondicionalmente a todas las personas encausadas por haber ejercido su derecho a la libertad de expresión, en particular a Hakim Adad, Abdeluahab Fersaui, Masinisa Aisus, Yalal Mokrani, Ahmed Buider, Kamel Ulduali, Karim Butata, Ahcén Kadi, Wafi Tigrin, Jiredine Meyani, Samir Belarbi, Karim Tabú, Fodil Bumala, Lajdar Buregaa, Samira Mesuci, Ibrahim Daouayi, Salah Mati, Sofián Merakchi, Azeb al-Cheij, Fouad Uicher y Saida Deffeur, así como a los demás manifestantes pacíficos, defensores de los derechos humanos y periodistas encarcelados de forma arbitraria, a pesar de que la legislación de Argelia permite sus actividades, de acuerdo con los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Argelia; pide a las autoridades argelinas que levanten la prohibición de viajar y la libertad condicional impuestas a Slimaán Hamituch, Abdelmonyi Jeladi y Mustafá Benyama;

3.  Pide a las autoridades argelinas que pongan fin a toda forma de intimidación, incluidos el acoso judicial y legislativo, la criminalización y las detenciones y arrestos arbitrarios, a manifestantes pacíficos, defensores de los derechos humanos, periodistas críticos y blogueros, y que tomen las medidas adecuadas para garantizar su protección física y psicológica, su seguridad y la libertad para llevar a cabo sus actividades legítimas y pacíficas; pide a las autoridades argelinas que velen por el derecho de libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, así como por la libertad de los medios de comunicación, que está garantizada por la Constitución de Argelia y por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que ha sido firmado y ratificado por Argelia;

4.  Pide que se ponga fin a las violaciones de la libertad de culto de cristianos, ahmadis y otras minorías religiosas; recuerda al Gobierno de Argelia que la Ordenanza 06-03 garantiza el ejercicio de la libertad de culto; pide a las autoridades argelinas que reabran los edificios eclesiásticos afectados;

5.  Pide a la autoridades argelinas que modifiquen la Ley 91-19, de 2 de diciembre de 1991, a fin de eliminar todas las restricciones a las manifestaciones pacíficas que no sean absolutamente necesarias o proporcionadas en términos de lo dispuesto en el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; expresa su preocupación por que, a pesar de las disposiciones de la revisión constitucional de 2016, no se haya revocado el Decreto de 18 de junio de 2001, que prohíbe las manifestaciones en el capital, y se esté aplicando de manera generalizada en todo el país;

6.  Pide a las autoridades argelinas que, durante la dispersión de concentraciones públicas se evite y elimine efectivamente cualquier forma de uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del orden; condena enérgicamente el uso excesivo de la fuerza que causó la muerte de Ramzi Yetu; pide a las autoridades argelinas que lleven a cabo una investigación independiente de todos los casos de uso excesivo de la fuerza por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad y que pidan cuentas a sus autores;

7.  Destaca que un poder judicial independiente es uno de los elementos fundamentales para el funcionamiento de una democracia y pide a las autoridades argelinas que promuevan y garanticen la independencia del poder judicial;

8.  Pide al Servicio Europeo de Acción Exterior, a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen a los grupos de la sociedad civil, a los defensores de los derechos humanos, a los periodistas y a los manifestantes, en particular mediante la organización de visitas a los centros penitenciarios, la observación de juicios y la emisión de declaraciones públicas, y que apoyen a la Comisión de la UNOA y a otras organizaciones que actúan en defensa de los derechos humanos, y que sigan de cerca la situación de los derechos humanos en Argelia, recurriendo a todos los instrumentos a su alcance, incluido el Instrumento Europeo para la democracia y los derechos humanos;

9.  Insta a las autoridades argelinas a que deroguen la Ley 12-06 de 2012 sobre asociaciones y que entablen un diálogo auténtico e integrador con las organizaciones de la sociedad civil con vistas a elaborar una nueva ley que esté en consonancia con las normas internacionales sobre derechos humanos y con la Constitución de Argelia;

10.  Pide a las autoridades argelinas que garanticen a toda la población el pleno ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión o creencia, que está garantizado por la Constitución de Argelia y por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

11.  Expresa su preocupación por los obstáculos administrativos a los que se enfrentan las minorías religiosas en Argelia, y especialmente por lo que respecta a la Orden 06-03; anima al Gobierno argelino a revisar la Ordenanza 06-03 para adaptarla a la Constitución y a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, a saber, las disposiciones del artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

12.  Acoge con satisfacción el reconocimiento constitucional del tamazight como lengua oficial en 2016 y alienta a que se aplique en la práctica; pide la puesta en libertad inmediata e incondicional de los 42 detenidos por ondear la bandera amazigh;

13.  Pide que se encuentre una solución a la crisis sobre la base de un proceso político pacífico e integrador; está convencido de que las reformas democráticas y un diálogo constructivo e integrador que garantice la estabilidad política, económica y social en Argelia podrían servir de cauce para relanzar una Unión del Magreb Árabe próspera, lo que constituye un elemento importante para el éxito de la cooperación entre ambas orillas del Mediterráneo;

14.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros, a la Delegación de la UE en Argel, al Gobierno de Argelia, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y al Consejo de Europa.

(1) DO C 346 de 21.9.2016, p. 106.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2019)0318.
(3) DO L 265 de 10.10.2005, p. 2.


Cuba, en particular el caso de José Daniel Ferrer
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Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de noviembre de 2019, sobre Cuba, en particular el caso de José Daniel Ferrer (2019/2929(RSP))
P9_TA(2019)0073RC-B9-0200/2019

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus resoluciones anteriores sobre Cuba, en particular las de 17 de noviembre de 2004 sobre Cuba(1), de 2 de febrero de 2006 sobre la posición de la Unión con respecto al Gobierno cubano(2), de 21 de junio de 2007 sobre Cuba(3), de 11 de marzo de 2010 sobre la situación de los presos políticos y de conciencia en Cuba(4), de 5 de julio de 2017, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión, del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por un lado, y la República de Cuba, por otro(5), y de 15 de noviembre de 2018(6),

–  Visto el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la Unión Europea y Cuba firmado en diciembre de 2016 y aplicado provisionalmente desde el 1 de noviembre de 2017,

–  Visto el segundo Consejo Conjunto entre la Unión y Cuba, celebrado el 9 de septiembre de 2019 en La Habana,

–  Visto el segundo diálogo oficial sobre derechos humanos entre la Unión y Cuba, celebrado al amparo del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación el 3 de octubre de 2019 en Bruselas,

–  Visto el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas relativo a Cuba, de mayo de 2018,

–  Vistos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984 y en la que Cuba es Estado parte,

–  Vistas las directrices de la Unión Europea sobre defensores de los derechos humanos,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la que Cuba es signataria,

–  Vistos el artículo 144, apartado 5, y el artículo 132, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que el 1 de octubre de 2019 el líder opositor de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer, fue detenido arbitrariamente sin cargos y se le impidió todo contacto con el exterior durante al menos 72 horas;

B.  Considerando que las autoridades cubanas le han encarcelado, acosado e intimidado durante más de una década debido a su activismo político pacífico; que en 2018 se le recluyó en régimen de aislamiento durante diez días;

C.  Considerando que el 2 de noviembre de 2019 José Daniel Ferrer envió clandestinamente una carta en la que afirmaba que había sufrido torturas y malos tratos, que su vida había corrido peligro durante la detención y que se le había denegado la debida atención médica; que, según la información facilitada por su familia el 15 de noviembre de 2019, se encuentra en la prisión de Aguardientes en Santiago de Cuba, donde se le recluyó en una celda de castigo; que, el 7 de noviembre de 2019, su esposa lo vio durante unos minutos y confirmó que su estado de salud estaba en estado crítico dado que había perdido la mitad de su peso corporal, a consecuencia también de una huelga de hambre que había emprendido;

D.  Considerando que, según varias organizaciones no gubernamentales, no es más que uno de los 120 presos políticos encarcelados en Cuba; que muchos periodistas independientes, disidentes pacíficos y defensores de los derechos humanos, en su mayoría miembros de la oposición democrática, son víctimas de persecución, detención arbitraria o encarcelación en Cuba, como es el caso de José Guía Piloto, Silverio Portal Contreras, Mitzael Díaz Paseiro, Orlando Zapata Tamayo, Eliecer Bandera Barrera, Edilberto Ronal Azuaga y Roberto de Jesús Quiñones Haces;

E.  Considerando que el 28 de octubre de 2019 falleció Armando Sosa Fortuny, el preso político cubano que llevaba más tiempo privado de libertad, concretamente 43 años; que las autoridades cubanas no habían acordado su puesta en libertad a pesar del deterioro de su salud;

F.  Considerando que, en virtud de las normas internacionales de derechos humanos, toda persona que sea detenida o privada de libertad debe ser informada de los motivos en el momento de la detención y presentada sin demora ante un juez;

G.  Considerando que las actuaciones del Gobierno cubano infringen lo dispuesto en el artículo 1, apartado 5, y el artículo 22 del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión y Cuba firmado en 2016, por el que el Gobierno cubano se compromete a defender y mejorar los derechos humanos;

H.  Considerando que el Parlamento dio su aprobación al Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación el 5 de julio de 2017; que en la aprobación del Parlamento se exponía con claridad sus motivos de profunda preocupación acerca de la situación de los derechos humanos y se incluye una cláusula de suspensión para el caso de violación de las disposiciones relativas a los derechos humanos;

I.  Considerando que el diálogo sobre derechos humanos entre la Unión y Cuba, encabezado por el representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, comenzó en 2015, y la quinta ronda tuvo lugar el 9 de octubre de 2018; que, el 3 de octubre de 2019, la Unión y Cuba celebraron su segundo diálogo oficial sobre derechos humanos; que dicho diálogo no ha producido resultados tangibles a pesar de la reelección de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el período 2017-2019; que el diálogo político debe incluir un diálogo directo e intenso con la sociedad civil y con todos los actores políticos de la oposición sin restricción alguna;

J.  Considerando que, coincidiendo con la celebración de la segunda reunión del Consejo Conjunto entre la Unión y Cuba el 9 de septiembre de 2019 en La Habana, se detuvo arbitrariamente a más de un centenar de activistas; que la Unión no se ha pronunciado sobre estas acciones y tampoco se ha pronunciado sobre la situación de José Daniel Ferrer;

K.  Considerando que el Parlamento ha concedido en tres ocasiones su Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia a activistas cubanos, a saber, Oswaldo Payá en 2002, las Damas de Blanco en 2005 y Guillermo Fariñas en 2010; que los galardonados con el Premio Sájarov y sus familiares siguen sufriendo con frecuencia acoso e intimidación y se les impide salir del país y participar en actos internacionales;

L.  Considerando que los derechos humanos, la libertad, y la dignidad y los intereses de los ciudadanos están mejor representados y defendidos en una democracia;

1.  Condena la detención arbitraria de José Daniel Ferrer y pide con urgencia a las autoridades cubanas su liberación inmediata; solicita que se le permita acceder a un abogado de su elección, ponerse en contacto con su familia y tener acceso a toda la documentación relacionada con su detención y los motivos en los que esta se basa;

2.  Denuncia la tortura y los malos tratos que José Daniel Ferrer denunció haber sufrido en su carta; recuerda que las autoridades cubanas tienen el deber de evitar la tortura y los malos tratos, así como de garantizar una investigación rápida e imparcial; insta a las autoridades cubanas a que permitan a José Daniel Ferrer recibir inmediatamente la atención médica que él escoja y a que le garanticen alimentos y agua en buenas condiciones de higiene;

3.  Reitera su profunda preocupación por la persecución, el acoso y los ataques continuados contra disidentes pacíficos, periodistas independientes, defensores de los derechos humanos y miembros de la oposición política en Cuba; pide que cesen de inmediato esas acciones y se ponga en libertad a todos los presos políticos y a las personas detenidas de manera arbitraria exclusivamente por ejercer su libertad de expresión y de reunión; pide que se ofrezcan mayores garantías respecto al derecho a un juicio justo y a la independencia del poder judicial y que se garantice que las personas privadas de libertad tengan acceso a un abogado independiente;

4.  Reitera su llamamiento a los Estados miembros, al SEAE y a su delegación en Cuba para que condenen firme y públicamente la detención arbitraria de José Daniel Ferrer y de las personas mencionadas más arriba y adopten todas las medidas necesarias para defender la democracia y los derechos humanos;

5.  Lamenta que, a pesar de haberse adoptado el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la Unión y Cuba, no haya mejorado la situación de la democracia y de los derechos humanos; pide que se cumplan las obligaciones vinculantes establecidas en este Acuerdo y pide unos parámetros de referencia claros a este respecto;

6.  Reitera que en dicho Acuerdo figura una disposición que prevé su suspensión en el caso de que se vulneren las disposiciones sobre derechos humanos; insiste, por ello, en que la Unión Europea supervise y haga un seguimiento estrecho del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba a la hora de aplicar este Acuerdo y se informe regularmente al Parlamento al respecto; considera que el encarcelamiento y el tratamiento de José Daniel Ferrer y otros presos políticos constituyen un «caso de especial urgencia», tal como se establece en el artículo 85, apartado 3, letra b), del Acuerdo, y pide a la Unión, a este respecto, que convoque una reunión urgente;

7.  Pide que el Gobierno cubano aplique reformas jurídicas para garantizar las libertades de prensa, asociación y manifestación, y ponga en marcha las reformas políticas que permitan unas elecciones libres, justas y democráticas que tengan en cuenta la voluntad soberana y libremente expresada del pueblo cubano; insta al Gobierno cubano a que ajuste su política en materia de derechos humanos a las normas internacionales definidas en las cartas, declaraciones e instrumentos internacionales de los que Cuba es signataria y que permita a la sociedad civil y a los miembros de la oposición política participar activamente y sin restricciones en la vida política y social; pide al Gobierno cubano que permita a los observadores independientes de derecho humanos, tanto nacionales como internacionales, entrar sin trabas a su país y que invite a los relatores especiales de las Naciones Unidas sobre la promoción y la protección de los derechos a la libertad de reunión pacífica y de expresión y sobre la situación de los defensores de los derechos humanos;

8.  Recuerda que desde 2003 Cuba ha mantenido una moratoria sobre la pena de muerte; hace un llamamiento a las autoridades cubanas en favor de la abolición de la pena de muerte para todos los delitos; pide que se revisen todas las condenas a muerte para garantizar que los juicios cumplen las normas internacionales;

9.  Pide a las autoridades cubanas que garanticen la libertad de los medios de comunicación y la libertad de expresión, también mediante la derogación del Decreto n.º 349, que limita la libertad de expresión artística, y que cesen el acoso y la detención de periodistas independientes; pide al Gobierno cubano que deje de imponer la censura en línea, de bloquear los sitios de internet y de restringir el acceso a la información;

10.  Lamenta que se denegara a varias organizaciones de la sociedad civil europea y cubana la posibilidad de participar en el diálogo con la sociedad civil, en el marco más amplio del diálogo sobre derechos humanos del mencionado Acuerdo entre la Unión y Cuba, que tuvo lugar el 2 de octubre de 2019, como consecuencia de la negativa del Gobierno cubano a concederles su autorización; pide, asimismo, que se establezca entre la Unión y Cuba un diálogo institucionalizado, formal, abierto y público con la sociedad civil verdaderamente independiente, similar a aquellos mantenidos con otros países con los que la Unión tiene acuerdos de cooperación;

11.  Pide al nuevo alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión que reconozca la existencia de una oposición política al Gobierno cubano y que apoye su inclusión en el diálogo político entre la Unión y Cuba; hace un llamamiento, en este sentido, a todos los representantes de los Estados miembros para que planteen los problemas en materia de derechos humanos en sus visitas a las autoridades cubanas y que se reúnan con los galardonados con el Premio Sájarov cuando viajen a Cuba, a fin de garantizar la aplicación interna y externa coherente de la política de derechos humanos de la Unión, reforzando así la participación de la sociedad civil independiente;

12.  Pide al SEAE y a la Comisión que apoyen activamente a los grupos de la sociedad civil y a las personas que defienden los derechos humanos en Cuba, por ejemplo mediante la organización de visitas a las prisiones, la observación de juicios y declaraciones públicas; pide al nuevo alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión que informe al Parlamento sobre las medidas adoptadas hasta la fecha por la Delegación de la Unión;

13.  Pide al nuevo alto representante / vicepresidente que, tras años de inacción, exija a las autoridades cubanas que pongan en marcha reformas conducentes a una transformación democrática del país en consonancia con el mencionado Acuerdo entre la Unión y Cuba; señala que la situación actual en Cuba socava los principios en materia de derechos humanos y democracia en los que se basa dicho Acuerdo;

14.  Lamenta profundamente que las autoridades cubanas se hayan negado a permitir que varias delegaciones y grupos políticos del Parlamento Europeo visiten Cuba, a pesar de que el Parlamento concedió su aprobación a dicho Acuerdo; pide a las autoridades que les permitan inmediatamente la entrada en el país;

15.  Denuncia la actitud intervencionista del Gobierno cubano y pide que ponga fin a todas sus actividades de injerencia en varios países latinoamericanos;

16.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Gobierno y a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a la Comisión, al representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a los Gobiernos de los Estados miembros de la CELAC.

(1) DO C 201 E de 18.8.2005, p. 83.
(2) DO C 288 E de 24.11.2006, p. 81.
(3) DO C 146 E de 12.6.2008, p. 377.
(4) DO C 349 E de 22.12.2010, p. 82.
(5) DO C 334 de 19.9.2018, p. 99.
(6) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0460.


Haití
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Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de noviembre de 2019 sobre Haití (2019/2928(RSP))
P9_TA(2019)0074RC-B9-0214/2019

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus resoluciones anteriores sobre Haití, en particular las de 19 de enero de 2011, sobre la situación en Haití un año después del terremoto: ayuda humanitaria y reconstrucción(1), y de 8 de febrero de 2018, sobre la esclavitud infantil en Haití(2),

–  Visto el Informe anual de la Unión sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo en 2018, y en particular su actualización para Haití, adoptado por el Consejo el 13 de mayo de 2019,

–  Visto el informe final de la misión de seguimiento electoral de la Unión a Haití, desarrollada entre el 19 y el 23 de noviembre de 2018,

–  Vistos la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) y el informe anual, de julio de 2017, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) sobre la situación de los derechos humanos en Haití, del 1 de julio de 2015 al 31 de diciembre de 2016,

–  Visto el informe a la MINUSTAH y a la OACDH sobre presuntas violaciones y abusos de los derechos humanos los días 13 y 14 de noviembre de 2018 en el distrito de La Saline, Puerto Príncipe,

–  Visto el Examen Periódico Universal (EPU) de Haití, adoptado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su 34.º período de sesiones el 17 de marzo de 2017,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas de 16 de diciembre de 1966, y del que Haití es Estado parte,

–  Visto el Acuerdo de Cotonú,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,

–  Vista la Convención sobre los Derechos del Niño, de la que Haití es signatario,

–  Vista la Resolución 2476 (2019) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 25 de junio de 2019,

–  Visto el informe final de la misión de observación electoral de la Unión Europea de 2015,

–  Vista la declaración realizada el 7 de noviembre de 2019 por la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, en nombre de la Unión Europea sobre la situación en Haití,

–  Visto el artículo publicado por Amnistía Internacional el 31 de octubre de 2019, que presenta pruebas del uso excesivo de la fuerza contra manifestantes,

–  Visto el informe, de 1 de octubre de 2019, de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas relativo a la situación en Haití,

–  Vista la declaración efectuada por la Delegación de la Unión Europea en Haití el 28 de mayo de 2019,

–  Vistos el artículo 144, apartado 5, y el artículo 132, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que el anuncio del Gobierno en julio de 2018 de la supresión de subvenciones, lo que permitiría un aumento de hasta el 50 % de los precios de los combustibles, provocó protestas generalizadas y los peores disturbios civiles que se han visto en el país en años; que esta medida respondía a los recortes acordados con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en febrero de 2018 a cambio de créditos financieros por valor de 96 millones de dólares para ayudar al país a pagar su deuda externa;

B.  Considerando las manifestaciones organizadas por líderes de la oposición pedían la dimisión del presidente Jovenel Moïse debido a la inflación galopante, acusaciones de corrupción sistemática en el Gobierno, en la que también estaba implicado el expresidente Michel Martelly, y la inseguridad económica y alimentaria, sin que recibieran gran atención en el extranjero; que las manifestaciones que comenzaron hace más de un año como protesta contra los escándalos de corrupción que afectaban a las autoridades haitianas han provocado un centenar de víctimas y se han convertido en un gran enfrentamiento; que la corrupción parece ser un problema endémico de la sociedad y la política haitianas;

C.  Considerando que las fuerzas de seguridad reprimieron la protestas utilizando munición real y gases lacrimógenos; que, según la OACDH, en febrero fallecieron 41 personas en las protestas y cien resultaron heridas; que, de acuerdo con las últimas cifras de la OACDH, entre el 15 de septiembre y el 1 de noviembre de 2019 al menos 42 personas murieron en protestas similares, 19 de ellas a manos de las fuerzas de policía, y 86 personas resultaron heridas;

D.  Considerando que Haití ha permanecido sin Gobierno desde marzo de 2019, lo que ha impedido al país acceder a la ayuda financiera internacional y a los créditos del Banco Mundial; que a partir de enero de 2020 Haití se encontrará sin Parlamento por no haberse celebrado las elecciones parlamentarias en octubre de 2019; que el Sr. Moïse ha indicado su intención de introducir reformas constitucionales que refuercen los poderes de la presidencia del país;

E.  Considerando que no se han emprendido acciones legales, a pesar de las manifestaciones; que esta impunidad y la falta de atención de la comunidad internacional han alimentado aún más la violencia; que la crisis prolongada y continua también ha tenido como consecuencia una mayor limitación del acceso a la sanidad, la alimentación, la educación y otras necesidades, y ha causado una mayor escasez de electricidad y combustible;

F.  Considerando que muchas comunidades aún carecen de acceso a la red eléctrica tras el terremoto de 2010 y dependen de generadores de electricidad para sus necesidades cotidianas; que el aumento del precio de los combustibles ha limitado aún más las oportunidades económicas;

G.  Considerando que existen pruebas creíbles de que policías armados con rifles semiautomáticos han disparado munición real durante las protestas, en violación de la legislación internacional de derechos humanos y de las normas sobre el uso de la fuerza; que los periodistas son objeto de acoso continuo y de ataques físicos; que Néhémie Joseph, periodista de Radio Méga que cubría las protestas, recibió disparos en la cabeza en su coche el 11 de octubre de 2019, Chery Dieu-Nalio, fotoperiodista de la agencia Associated Press, recibió un disparo en la cara en septiembre de 2019, Pétion Rospide, periodista de Radio Sans Fin, recibió un disparo en la cabeza en su coche en junio de 2019 y el también periodista Vladjimir Legagneur desapareció en marzo de 2018;

H.  Considerando que la impunidad también se mantiene en casos como el de la matanza de La Saline, en las afueras de la capital, Puerto Príncipe, en donde en octubre de 2018 se dio muerte indiscriminadamente a setenta personas y trece mujeres fueron violadas; que el Gobierno atribuyó la matanza a una guerra entre bandas; que la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití (MINUJUSTH), basándose en informaciones recogidas por la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH), atribuyen esa matanza a un intento de la esposa del presidente, Martine Moïse, y de varios representantes del Gobierno de comprar a la población de La Saline para frenar las manifestaciones contra el presidente Moïse, y suponen que la matanza fue la consecuencia de su rechazo de tal pago; que las organizaciones de derechos humanos en Haití han pedido que una misión de la OEA investigue la masacre;

I.  Considerando que la situación en el país ha empeorado acusadamente desde octubre de 2017, cuando las fuerzas de pacificación de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) fueron sustituidos por la MINUJUSTH, cuyo personal solamente tiene una formación limitada en materia policial;

J.  Considerando que la discriminación de género sigue siendo motivo de seria preocupación en el país; que Haití tiene un índice de desigualdad de género de 0,593, lo que sitúa al país en el puesto 142 de los 159 países comprendidos en el índice de 2015; que son sistemáticas la discriminación, la estigmatización, la exclusión y la violencia contra las personas LGBTI y están generalizadas en Haití; que las niñas reciben una educación escasa o ninguna en absoluto; que hasta 2005 no se adoptaron leyes que penalizaran la violación y la violencia doméstica, el Código penal no se ha revisado desde 1835, y la protección jurídica de las mujeres y las niñas suele ser desigual; que el 7 de noviembre de 2019, 10 detenidas, entre las que había una niña de 15 años, fueron violadas en la prisión civil de Gonaïves; que el hacinamiento, la escasez de alimentos, la falta de visitas de familiares y otras condiciones inhumanas se han generalizado en el sistema de prisiones haitiano desde el inicio de las protestas;

K.  Considerando que la mayoría de los niños de Haití no han podido ir a la escuela desde el comienzo del curso en septiembre; que el analfabetismo y el acceso a la educación son problemas graves en Haití, ya que cerca de la mitad de los haitianos de más de 15 años de edad son analfabetos y al menos 350 000 niños y jóvenes siguen sin estar escolarizados en la enseñanza primaria o secundaria en el país;

L.  Considerando que el sistema de restavèk, una forma moderna de esclavitud, sigue siendo una práctica consistente en que niños haitianos de familias pobres son enviados por sus padres a vivir con otras familias y trabajar para ellas como sirvientes, y a menudo sufren malos tratos y no tienen acceso a la escolarización;

M.  Considerando que Haití, que está situado en el puesto 168 de todos los países del mundo en el índice de desarrollo humano del PNUD, lo que supone un descenso con respecto a clasificaciones anteriores, tiene una necesidad permanente de ayuda humanitaria y ayuda para el desarrollo; que, según el Banco Mundial, Haití sigue siendo el país más pobre de América y uno de los Estados más empobrecidos del mundo, con un 59 % de la población por debajo del umbral nacional de pobreza, un 24 % por debajo del umbral de pobreza extrema y más del 40 % sin empleo; que la corrupción de los poderes públicos es omnipresente, y según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional de 2018, Haití ocupa el puesto 161 de los 180 Estados objeto de seguimiento;

1.  Condena enérgicamente la represión de las protestas pacíficas por parte de las autoridades haitianas, así como el uso de fuerza con resultado de muertes, y el recurso a detenciones arbitrarias, intimidación, acoso y violencia sexual; exige que las autoridades haitianas se abstengan de inmediato del uso ilegal de la fuerza, en particular del uso de armas de fuego y munición real, contra manifestantes pacíficos, y que salvaguarden el derecho de las personas a manifestarse libre y pacíficamente; respalda las demandas del pueblo haitiano de que se ponga fin a la corrupción y la impunidad;

2.  Subraya que, para evitar más inestabilidad y más sufrimientos de la población, todas las partes implicadas deben abstenerse de recurrir a la violencia; pide a todas las partes que entablen un diálogo interhaitiano franco, abierto e incluyente a fin de atender mejor las necesidades básicas y las aspiraciones de la población y de aportar soluciones duraderas a la crisis política, económica y humanitaria actual;

3.  Recuerda que debe seguir siendo prioritario reformar la justicia y poner fin a la prisión preventiva prolongada, así como luchar contra la corrupción, como se indica en el último Examen Periódico Universal; pide a la comunidad internacional que preste apoyo al pueblo haitiano para consolidar un sistema judicial independiente y firme, que sea capaz de llevar a juicio a los perpetradores y castigarlos con independencia de su posición social;

4.  Pide una investigación independiente de la matanza de La Saline, el acoso y los ataques a periodistas y las muertes que se produjeron a mediados de septiembre de 2019; exige que todos los perpetradores de delitos sean llevados a juicio y castigados; insiste en la importancia de la libertad de los medios de comunicación para informar sobre la situación; insta a todos los actores a que se abstengan de perseguir a periodistas y les dejen informar sobre la situación en el país; insiste en que debe garantizarse el derecho de expresión pacífica de opiniones y críticas;

5.  Respalda la petición de que se envíe a Haití una misión de expertos independientes de la OEA por un periodo prolongado, con el cometido de elucidar las numerosas violaciones de los derechos humanos cometidas en el país y con el objetivo de llevar a cabo investigaciones imparciales, exhaustivas, transparentes e independientes, además de mejorar la rendición de cuentas y aportar justicia y verdad a las familias y las víctimas supervivientes, como exigen las organizaciones nacionales de derechos humanos;

6.  Rechaza toda tentativa de algunas fuerzas de reinstaurar la dictadura; subraya la apremiante necesidad de gobernanza estructural y reformas económicas para restablecer la confianza en el sistema político del país; pone de relieve la necesidad de erradicar la corrupción sistémica de los poderes públicos, el clientelismo y la erosión del Estado de Derecho;

7.  Pide al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y a la embajada de la Unión en Puerto Príncipe que apoyen la plena estabilización democrática del país y contribuyan a poner fin a la corrupción y otras formas de delincuencia;

8.  Acoge con satisfacción el establecimiento de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 16 de octubre de 2019, que tendrá el cometido de asesorar al Gobierno de Haití con vistas a la mejora de la estabilidad política y la buena gobernanza; pide a las Naciones Unidas que continúen desempeñando un papel activo en el proceso de mantenimiento de la paz y de preparación de la paz, sin repetir errores del pasado; pide a las Naciones Unidas y sus países miembros que investiguen efectivamente los casos de presunta explotación sexual o abusos sexuales cometidos por miembros de las fuerzas de pacificación de la MINUSTAH y organizaciones no gubernamentales en Haití, y que enjuicien a los perpetradores de estos crímenes y presten apoyo a las víctimas y las indemnicen;

9.  Pide a la Unión que consolide y apoye la capacidad de las organizaciones de Haití para asumir el liderazgo a la hora de decidir sobre el tipo de ayuda prestada al país, así como sobre sus beneficiarios;

10.  Pide con urgencia al Gobierno de Haití que permita un acceso sin restricciones a las organizaciones humanitarias, de manera que puedan llevar a cabo sus operaciones, asistir a quienes lo necesiten y distribuir alimentos y otras ayudas vitales;

11.  Pide que se ponga fin a la práctica de los restavèk; pide al Gobierno haitiano que adopte medidas que garanticen el registro y la protección de los niños, tanto física como psicológicamente, y haga respetar la escolarización; pide a la Unión que coopere con el Gobierno haitiano para aplicar un marco legislativo que proteja los derechos de los niños;

12.  Destaca la necesidad de combatir la violencia contra las mujeres y las niñas, legislar contra todas las formas de violencia de género y despenalizar el aborto, que actualmente está prohibido en todas las circunstancias, incluso en casos de violación; considera necesario adoptar medidas urgentes para proteger y apoyar a las mujeres y los niños víctimas de abuso sexual, con atención médica y psicológica y programas específicos de inclusión social y rehabilitación; condena las violaciones en grupo de mujeres detenidas en la prisión de Gonaïves; pide una investigación rápida, imparcial, independiente y eficaz de esas acusaciones; recuerda que, cuando el Estado priva a alguien de su libertad, es responsable de garantizar su integridad y protegerlo de actos de violencia;

13.  Condena los proyectos de ley anti LGBT votados en 2017, que pedían una prohibición del matrimonio homosexual y clasificaban la homosexualidad, junto con la pornografía infantil, el incesto y la explotación sexual comercial de menores, como una razón para denegar a un ciudadano un certificado de buena conducta; manifiesta su preocupación por las circunstancias que rodean la muerte de Charlot Jeudy, presidente del grupo de defensa LGBTQI Kouraj;

14.  Pide al Gobierno de Haití que instaure un sistema administrativo que garantice el registro de todos los recién nacidos, así como la adopción de medidas para registrar a los que no fueron inscritos al nacer;

15.  Pide una lucha sistemática contra la violencia hacia las personas mayores;

16.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Estados miembros, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo de Ministros ACP-UE, a las instituciones del Cariforum, al Gobierno y al Parlamento de Haití y al secretario general de las Naciones Unidas.

(1) DO C 136 E de 11.5.2012, p. 46.
(2) DO C 463 de 21.12.2018, p. 40.


Acuerdo UE-EE.UU. sobre la asignación de una parte del contingente arancelario para las importaciones de carne de vacuno de calidad superior ***
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Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 28 de noviembre de 2019, Celebración del Acuerdo entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea sobre la asignación a los Estados Unidos de una parte del contingente arancelario de carne de vacuno de calidad superior contemplado en el Memorándum de Entendimiento Revisado con respecto a la importación de carne de vacuno procedente de animales no tratados con determinadas hormonas de crecimiento y a los derechos aumentados aplicados por los Estados Unidos a determinados productos de la Unión Europea (2014) (10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE))
P9_TA(2019)0075A9-0038/2019

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo (10681/2019),

–  Visto el proyecto de Acuerdo entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea sobre la asignación a los Estados Unidos de una parte del contingente arancelario de carne de vacuno de calidad superior contemplado en el Memorándum de Entendimiento Revisado con respecto a la importación de carne de vacuno procedente de animales no tratados con determinadas hormonas de crecimiento y a los derechos aumentados aplicados por los Estados Unidos a determinados productos de la Unión Europea (2014) (10678/2019),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 207, apartado 4, párrafo primero, y el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), inciso v), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C9‑0107/2019),

–  Vista su Resolución no legislativa, de 28 de noviembre de 2019(1), sobre el proyecto de Decisión,

–  Visto el artículo 105, apartados 1 y 4, así como el artículo 114, apartado 7, de su Reglamento interno,

–  Vista la opinión de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural,

–  Vista la recomendación de la Comisión de Comercio Internacional (A9-0038/2019),

1.  Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo;

2.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de los Estados Unidos de América.

(1) Textos Aprobados, P9_TA(2019)0076.


Acuerdo UE-EE.UU. sobre la asignación de una parte del contingente arancelario para las importaciones de carne de vacuno de calidad superior (Resolución)
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Resolución no legislativa del Parlamento Europeo, de 28 de noviembre de 2019, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea sobre la asignación a los Estados Unidos de una parte del contingente arancelario de carne de vacuno de calidad superior contemplado en el Memorándum de Entendimiento Revisado con respecto a la importación de carne de vacuno procedente de animales no tratados con determinadas hormonas de crecimiento y a los derechos aumentados aplicados por los Estados Unidos a determinados productos de la Unión Europea (2014) (10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142M(NLE))
P9_TA(2019)0076A9-0037/2019

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo (10681/2019),

–  Visto el proyecto de Acuerdo entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea sobre la asignación a los Estados Unidos de una parte del contingente arancelario de carne de vacuno de calidad superior contemplado en el Memorándum de Entendimiento Revisado con respecto a la importación de carne de vacuno procedente de animales no tratados con determinadas hormonas de crecimiento y a los derechos aumentados aplicados por los Estados Unidos a determinados productos de la Unión Europea (2014) (10678/2019),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 207, apartado 4, párrafo primero, y con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), inciso v), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C9‑0107/2019),

–  Vista sus Resoluciones de 12 de septiembre de 2018, sobre el estado de las relaciones UE-EE. UU.(1), de 3 de julio de 2018, sobre la diplomacia climática(2), y de 14 de marzo de 2019, sobre el cambio climático – una visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra de conformidad con el Acuerdo de París(3),

–  Vista la Declaración conjunta EE. UU.-UE, de 25 de julio de 2018, tras la visita del presidente Juncker a la Casa Blanca (Declaración conjunta)(4),

–  Visto el informe de situación sobre la aplicación de la Declaración conjunta EE. UU.-UE de 25 de julio de 2018(5),

–  Vista su Resolución legislativa, de 28 de noviembre de 2019(6), sobre el proyecto de Decisión,

–  Visto el artículo 105, apartado 2, de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Comercio Internacional (A9-0037/2019),

A.  Considerando que la Unión y los Estados Unidos mantienen la relación bilateral en materia de comercio e inversión de mayor envergadura, disfrutan de la relación económica más integrada del mundo y comparten importantes valores e intereses políticos y económicos, a pesar de las tensiones comerciales actuales;

B.  Considerando que, en 2009, la Unión y los Estados Unidos celebraron un Memorándum de Entendimiento (revisado en 2014(7)) que aportaba una solución provisional a una diferencia de larga data en la Organización Mundial del Comercio (OMC) con respecto a las medidas impuestas por la Unión en 1989 sobre las exportaciones estadounidenses de carne que contenían hormonas de crecimiento artificial de la carne de vacuno(8); que el Memorándum establecía un contingente arancelario de 45 000 toneladas de carne de vacuno no tratada con hormonas abierto a todos los proveedores cualificados en los países pertenecientes a la OMC;

C.  Considerando que, en 2019, la Comisión negoció una nueva asignación de contingentes arancelarios con los Estados Unidos (35 000 toneladas para los Estados Unidos del total de 45 000 toneladas), y que los otros proveedores (Australia, Uruguay y Argentina) acordaron compartir el resto del contingente;

D.  Considerando que este acuerdo debe considerarse en el contexto de la relajación de las tensiones comerciales entre la Unión y los Estados Unidos acordada en su Declaración conjunta de 25 de julio de 2018;

E.  Considerando que los Estados Unidos, aduciendo razones de seguridad nacional, impusieron en marzo de 2018 aranceles adicionales a las importaciones de acero y aluminio, y que amenazan con aplicar aranceles similares a las importaciones de vehículos de motor y piezas de automoción procedentes de la Unión (con arreglo al artículo 232 de la Ley estadounidense de expansión del comercio de 1962);

F.  Considerando que la Unión ha impugnado en la OMC la imposición por los Estados Unidos de medidas antidumping y derechos compensatorios a todas las aceitunas procedentes de España(9);

G.  Considerando que los Estados Unidos, sobre la base del informe arbitral difundido el 2 de octubre de 2019(10), impusieron el 18 de octubre de 2019, como medidas de retorsión a raíz de las subvenciones ilegales de la Unión concedidas al fabricante aeronáutico Airbus, aranceles sobre importaciones procedentes de la Unión por un valor de 7 500 millones de dólares estadounidenses, perjudicando más a la mayor parte del sector agrícola de la Unión, con la aplicación de aranceles del 25 %, que al sector industrial, incluidas las aeronaves, con la aplicación de aranceles del 10 %;

H.   Considerando que el Parlamento Europeo ha animado en reiteradas ocasiones a la Unión a estudiar cómo aumentar el nivel de ambición del Acuerdo de París e integrar la ambición en relación con el clima en todas las políticas de la Unión, incluida la política comercial, e insta a la Comisión a que garantice que todos los acuerdos comerciales firmados por la Unión sean plenamente compatibles con el Acuerdo de París;

1.  Acoge con satisfacción este acuerdo con los Estados Unidos sobre la asignación de una parte del contingente arancelario de carne de vacuno de calidad superior, que resuelve una diferencia comercial de larga data, ya que constituye un ejemplo positivo de solución negociada entre la Unión y los Estados Unidos;

2.  Celebra y reconoce que los otros países pertenecientes a la OMC que exportan carne de vacuno no tratada con hormonas a la Unión decidieron apoyar este acuerdo y aceptaron que la mayor parte del contingente se asignara a los Estados Unidos; toma nota de que, según la Comisión, no se ha concedido ninguna compensación a esos miembros de la OMC por apoyar el acuerdo;

3.  Observa que el acuerdo no afecta a los niveles actuales de acceso de la carne de vacuno al mercado de la Unión y que no se debe incrementar el contingente global de acceso al mercado de la Unión de carne de vacuno no tratada con hormonas; reconoce que el acuerdo no debería afectar a las características técnicas del contingente, tal como se definen en el anexo 2 del Reglamento (UE) n.º 481/2012(11), incluidas la calidad y la trazabilidad de los productos, a fin de garantizar el nivel más elevado posible de protección de los consumidores de la Unión; observa que el acuerdo no afecta a la prohibición de la Unión de importar carne de vacuno procedente de animales tratados con determinadas hormonas de crecimiento;

4.  Apoya los esfuerzos de la Comisión por encontrar una solución justa y equilibrada con el fin de relajar las tensiones comerciales actuales, también mediante este acuerdo; destaca la importancia de alcanzar soluciones negociadas; señala que la Unión ha hecho cuanto está en su mano para aliviar las tensiones comerciales actuales; pide a los Estados Unidos que colaboren con la Unión en ese sentido; lamenta la notificación oficial por parte de los Estados Unidos de su retirada del Acuerdo de París, de 4 de noviembre de 2019; recuerda que la política comercial común de la Unión debe contribuir a promover la aplicación del Acuerdo de París;

5.   Destaca la importancia de distinguir este acuerdo de las demás negociaciones comerciales en curso entre los Estados Unidos y la Unión en las que no debería incluirse el sector agrícola;

6.  Toma nota de que no se ha avanzado en la aplicación de la Declaración conjunta, aunque la Unión está cumpliendo el objetivo de relajar las tensiones comerciales que en ella se establece;

7.  Lamenta que, hasta la fecha, los Estados Unidos se hayan negado a colaborar con la Unión para hallar una solución justa y equilibrada para nuestras respectivas industrias aeronáuticas en el contexto de la diferencia de larga data Airbus/Boeing, y pide a los Estados Unidos que inicien negociaciones para resolverla; manifiesta su preocupación ante las medidas que han adoptado los Estados Unidos y que afectan al sector aeronáutico europeo y a numerosos productos agroalimentarios; pide a la Comisión que implante medidas de apoyo para los productores europeos;

8.  Pide a los Estados Unidos que revoquen sus aranceles adicionales unilaterales al acero y al aluminio, así como a las aceitunas, y que retiren su amenaza de imponer aranceles adicionales a los automóviles y las piezas de automóviles;

9.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros y de los Estados Unidos de América.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0342.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0280.
(3) Textos Aprobados, P8_TA(2019)0217.
(4) http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4687_es.htm
(5) https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/july/tradoc_158272.pdf
(6) Textos Aprobados, P9_TA(2019)0075.
(7) Memorándum de Entendimiento revisado con los Estados Unidos de América con respecto a la importación de carne de vacuno procedente de animales no tratados con determinadas hormonas de crecimiento y a los derechos aumentados aplicados por los Estados Unidos a determinados productos de la Unión Europea (DO L 27 de 30.1.2014, p. 2).
(8) Comunicación conjunta de la Unión Europea y los Estados Unidos sobre las medidas que afectan a la carne y los productos cárnicos (hormonas), de 17 de abril de 2014 (WT/DS26/29).
(9) Derechos antidumping y compensatorios sobre las aceitunas negras procedentes de España: Solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por la Unión Europea el 17 de mayo de 2019 (WT/DS577/3).
(10) Comunidades Europeas y determinados Estados miembros — Medidas que afectan al comercio de grandes aeronaves civiles: Recurso de los Estados Unidos al párrafo 9 del artículo 7 del Acuerdo SMC y al párrafo 7 del artículo 22 del ESD, de 4 de octubre de 2019 (WT/DS316/42).
(11) Reglamento de Ejecución (UE) n.º 481/2012 de la Comisión, de 7 de junio de 2012, por el que se establecen las normas de gestión de un contingente arancelario de carne de vacuno de calidad superior (DO L 148 de 8.6.2012, p. 9).


Situación en Bolivia
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Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de noviembre de 2019, sobre la situación en Bolivia (2019/2896(RSP))
P9_TA(2019)0077RC-B9-0187/2019

El Parlamento Europeo,

–  Vistas las declaraciones de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) sobre el proceso electoral en Bolivia, de 22 de octubre de 2019, y sobre la situación en Bolivia, de 15 de noviembre de 2019,

–  Vista la declaración de la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Bolivia de 21 de octubre de 2019,

–  Vista la declaración del Grupo de Auditores del Proceso Electoral en Bolivia, de 10 de noviembre de 2019,

–  Vista la declaración de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, de 16 de noviembre de 2019,

–  Visto el referéndum constitucional celebrado en Bolivia el 21 de febrero de 2016,

–  Vistas sus anteriores Resoluciones sobre la situación en Bolivia,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

–  Vistas los últimos comunicados de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Bolivia, en particular los de 23 de octubre, 12 de noviembre y 19 de noviembre de 2019,

–  Vista la Constitución boliviana,

–  Visto el artículo 132, apartados 2 y 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que el 20 de octubre de 2019 se celebraron elecciones presidenciales y legislativas en Bolivia en un clima de gran polarización a causa de la polémica figura del presidente Evo Morales y de la controvertida aceptación de su candidatura;

B.  Considerando que, tras perder en 2016 el referéndum para modificar la Constitución boliviana, Evo Morales presentó su candidatura para un cuarto mandato con la aprobación del Tribunal Constitucional, decisión que puso de manifiesto la evidente falta de independencia del poder judicial en Bolivia;

C.  Considerando que, tras el escrutinio de más del 80 % de los votos mediante el sistema rápido y seguro de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), el Tribunal Supremo Electoral dejó de difundir los resultados preliminares; que, en ese momento, las cifras apuntaban claramente a la necesidad de celebrar una segunda vuelta; que, como declaró la OEA, veinticuatro horas después el Tribunal Supremo Electoral «presentó datos con un cambio inexplicable de tendencia que modifica drásticamente el destino de la elección y genera pérdida de confianza en el proceso electoral»; que el Tribunal Constitucional descartó la celebración de una segunda vuelta al estimar que se había alcanzado la necesaria diferencia de diez puntos porcentuales entre los dos candidatos principales;

D.  Considerando que la actuación del Tribunal Supremo Electoral no solo generó disconformidad y sospechas de fraude entre los partidarios de los candidatos de la oposición, sino también entre los observadores nacionales e internacionales y la mayoría de la comunidad internacional;

E.  Considerando que el presidente Morales se proclamó públicamente ganador de las elecciones, incluso antes de que se hubieran transmitido y anunciado públicamente todos los resultados oficiales;

F.  Considerando que las declaraciones de la OAE, la Unión y la comunidad internacional dejaban constancia de una grave preocupación por la interrupción injustificada del recuento de votos, que apuntaba a la posible parcialidad de los observadores de la comisión electoral; que la recomendación de los interlocutores nacionales e internacionales era organizar la segunda vuelta de las elecciones como salida a la crisis política;

G.  Considerando que la inopinada interrupción del recuento de votos y la proclamación de la victoria del presidente Morales provocaron protestas masivas y la movilización de los partidarios de la oposición y también de los partidarios del propio presidente Morales; que esas manifestaciones han despertado gran preocupación en la comunidad internacional y se han saldado, hasta el momento, con 32 muertos, centenares de heridos y más de seiscientas detenciones; que el país sufría una penuria de alimentos y combustible de graves consecuencias para la población civil debido a los bloqueos de calles por parte de los partidarios de Morales; que existe preocupación por la violencia, las acusaciones de uso innecesario y desproporcionado de la fuerza por los cuerpos de seguridad, y la fractura social;

H.  Considerando que el órgano encargado de la organización de las elecciones carecía de toda credibilidad, y que uno de sus miembros dimitió durante el escrutinio; que la oposición no reconoció el resultado de las elecciones celebradas en tales condiciones, y denunció un fraude electoral;

I.  Considerando que la Unión no desplegó una misión de observación completa, sino que estaba representada únicamente por un reducido equipo técnico compuesto por tres funcionarios de rango inferior;

J.  Considerando que, con el fin de restablecer la confianza, tanto el Gobierno como las autoridades electorales aceptaron una auditoría técnica vinculante de un equipo profesional de la OEA; que dicha auditoría contó con el respaldo del secretario general de las Naciones Unidas;

K.  Considerando que el 10 de noviembre de 2019, la auditoría de la OEA puso de manifiesto importantes irregularidades y manipulaciones durante las elecciones, pidió la anulación de los resultados y recomendó un nuevo proceso electoral en el que intervinieran nuevas autoridades electorales a fin de garantizar la credibilidad de las elecciones;

L.  Considerando que, tras la presentación del informe de auditoría de la OEA el 10 de noviembre de 2019, en el que se pedía la anulación y repetición del proceso electoral, dimitieron muchos altos cargos del Estado, incluidos el presidente, el vicepresidente, la presidenta del Senado y representantes de la autoridad electoral; que Evo Morales y otros miembros de su Gobierno decidieron salir del país y abandonar sus funciones; que altos mandos del ejército sugirieron que el expresidente Evo Morales debía dimitir; que tanto el ejército como la policía deben abstenerse de influir en los procesos políticos y se han de someter al control civil;

M.  Considerando que Jeanine Áñez ha firmado un controvertido decreto que exime de responsabilidad penal a las fuerzas armadas por los actos cometidos al intentar restablecer el orden público;

N.  Considerando que una serie de dimisiones permitió que la vicepresidenta segunda del Senado, Jeanine Áñez, asumiera la presidencia interina al objeto de organizar rápidamente unas nuevas elecciones presidenciales, ya que esta es la única vía democrática y constitucional para resolver la actual crisis;

O.  Considerando que las cámaras alta y baja de la Asamblea Nacional aprobaron el 23 de noviembre de 2019 una ley que allana el camino a la celebración de nuevas elecciones presidenciales, ley que posteriormente fue firmada por la presidenta interina Áñez; que la ley aprobada prohíbe presentarse a la reelección a quienes hayan cumplido dos mandatos consecutivos como presidente, lo que excluye la candidatura de Evo Morales;

1.  Acoge con satisfacción la aprobación por ambas cámaras de la ley que prepara las próximas elecciones presidenciales, pero considera que la vuelta a la estabilidad en Bolivia requiere la celebración de nuevas elecciones en el plazo más breve posible, por lo que respalda el objetivo de nombrar un nuevo Tribunal Electoral independiente para garantizar la transparencia de las elecciones; pide a las autoridades interinas que asuman la responsabilidad de garantizar la credibilidad del proceso organizando unas elecciones inclusivas que se desarrollen correctamente y en las que todos los actores políticos tengan la oportunidad de competir de conformidad con la legislación y el orden constitucional de Bolivia;

2.  Denuncia la falta de transparencia y credibilidad de las autoridades bolivianas y sus tentativas de fraude, que han menoscabado el derecho de los bolivianos a elegir libre y democráticamente a su presidente; considera que la tentativa de fraude electoral constituye un delito grave; recuerda que, con arreglo a la legislación boliviana, las elecciones deben declararse nulas y que las personas y organizaciones implicadas en tales procesos ilegales deben quedar excluidas automáticamente de los órganos electorales;

3.  Rechaza enérgicamente la violencia y la destrucción que siguieron a las elecciones del 20 de octubre de 2019, transmite sus condolencias a todos los familiares de las víctimas y pide que los responsables sean llevados ante la justicia;

4.  Manifiesta su pleno apoyo y reconocimiento a la labor de los observadores electorales de la OEA, llevada a cabo en condiciones extremadamente difíciles en Bolivia;

5.  Acoge con satisfacción la decisión de retirar a los militares de las zonas de protesta y derogar una ley que les confería amplia discrecionalidad en el uso de la fuerza; pide a las fuerzas de seguridad que actúen con proporcionalidad y moderación en el mantenimiento de la seguridad y el orden público; pide que se investiguen los actos de violencia con rapidez, imparcialidad, transparencia y exhaustividad y que los responsables sean llevados ante los tribunales;

6.  Pide a las nuevas autoridades interinas que adopten las medidas necesarias para revertir la situación y restaurar la confianza y que tengan por principal objetivo la organización del proceso electoral; pide que se entable un diálogo con el objetivo de organizar inmediatamente unas nuevas elecciones democráticas, inclusivas, transparentes y justas, con un órgano electoral de nueva composición, como salida a la crisis actual, evitando al mismo tiempo las represalias políticas; pide al Gobierno en funciones que no tome ninguna medida disruptiva que pudiera agravar la situación;

7.  Acoge con satisfacción la labor mediadora de la Unión y de la Iglesia Católica para propiciar un acuerdo entre las partes sobre la celebración de elecciones libres, inclusivas y transparentes dentro del plazo establecido y de conformidad con la Constitución boliviana;

8.  Reitera que el respeto de la independencia del poder judicial, del pluralismo político y de la libertad de reunión y expresión de todos los bolivianos, incluidas las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, son derechos fundamentales y pilares esenciales de la democracia y el Estado de Derecho;

9.  Exige que el nuevo proceso electoral cuente con la presencia de observadores internacionales creíbles y transparentes, que puedan actuar libremente y compartir sus observaciones independientes;

10.  Manifiesta su disposición a ayudar en ese proceso electoral y pide a la VP/AR que despliegue una misión de observación electoral completa de la Unión;

11.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Gobierno de Bolivia, al Parlamento Andino y a la Asamblea EuroLat.


Emergencia climática y ambiental
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Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de noviembre de 2019, sobre la situación de emergencia climática y medioambiental (2019/2930(RSP))
P9_TA(2019)0078RC-B9-0209/2019

El Parlamento Europeo,

–  Vistos la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y su Protocolo de Kioto,

–  Visto el Acuerdo adoptado en la 21.ª Conferencia de las Partes de la CMNUCC (COP21) en París el 12 de diciembre de 2015 (en lo sucesivo, «Acuerdo de París»),

–  Visto el Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas (CDB),

–  Vistos los datos científicos más recientes y completos sobre los efectos nocivos del cambio climático facilitados en el informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (GIECC) titulado «Global Warming of 1.5 °C» (Calentamiento global de 1,5 °C), su quinto informe de evaluación (AR5) y su informe de síntesis al respecto, su informe especial sobre el cambio climático y la tierra y su informe especial sobre el océano y la criosfera en un clima cambiante,

–  Vista la grave amenaza de pérdida de diversidad biológica descrita en el resumen para responsables políticos del informe de evaluación global de la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, de 29 de mayo de 2019, de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas,

–  Vista la 25.ª Conferencia de las Partes en la CMNUCC (COP25), que se celebrará en Madrid (España) del 2 al 13 de diciembre de 2019,

–  Vistos la 26.ª Conferencia de las Partes de la CMNUCC, que se celebrará en diciembre de 2020, y el hecho de que todas las Partes de la CMNUCC deben aumentar sus contribuciones determinadas a nivel nacional en consonancia con los objetivos del Acuerdo de París,

–  Vista la 15.ª Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP15), que se celebrará en Kunming (China) en octubre de 2020, en la que las Partes deben decidir el marco mundial posterior a 2020 para detener la pérdida de diversidad biológica,

–  Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2019, sobre el cambio climático – una visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra de conformidad con el Acuerdo de París(1),

–  Vista su Resolución, de 28 de noviembre de 2019, sobre la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2019 (COP25) en Madrid (España)(2),

–  Visto el artículo 132, apartados 2 y 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que una acción inmediata y ambiciosa es fundamental para limitar el calentamiento global a 1,5 °C y evitar una pérdida ingente de diversidad biológica;

B.  Considerando que esta acción debe basarse en la ciencia e implicar a los ciudadanos y a todos los sectores de la sociedad y la economía, incluida la industria, de forma socialmente equilibrada y sostenible; que debe respaldar la competitividad de nuestras economías e ir acompañada de sólidas medidas sociales e inclusivas para garantizar una transición justa y equitativa que apoye la creación empleo, respetando al mismo tiempo la necesidad de un alto nivel de bienestar y de nuevos puestos de trabajo y formación de gran calidad;

C.  Considerando que no debe utilizarse nunca una situación de emergencia para erosionar las instituciones democráticas o socavar los derechos fundamentales; que todas las medidas se adoptarán siempre mediante un proceso democrático;

1.  Declara la situación de emergencia climática y medioambiental; pide a la Comisión, a los Estados miembros y a todos los agentes mundiales que adopten urgentemente las medidas concretas necesarias para combatir y contener esta amenaza antes de que sea demasiado tarde, y manifiesta su propio compromiso al respecto;

2.  Insta a la nueva Comisión a que evalúe plenamente el impacto climático y medioambiental de todas las propuestas legislativas y presupuestarias pertinentes y garantice que estén plenamente en consonancia con el objetivo de mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 °C y no contribuyan a la pérdida de diversidad biológica;

3.  Reconoce su responsabilidad institucional para reducir su huella de carbono; propone adoptar sus propias medidas para reducir las emisiones, entre otras, la sustitución de su flota de vehículos por vehículos de cero emisiones y pide a los todos los Estados miembros que se pongan de acuerdo sobre una sola sede para el Parlamento Europeo;

4.  Insta a la nueva Comisión a que aborde las incoherencias de las actuales políticas de la Unión en materia de emergencia climática y medioambiental, en particular mediante una amplia reforma de sus políticas en los ámbitos de la agricultura, el comercio, el transporte, la energía y la inversión en infraestructuras;

5.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2019)0217.
(2) Textos Aprobados, P9_TA(2019)0079.


Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2019 (COP 25)
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Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de noviembre de 2019, sobre la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2019 (COP25) en Madrid (España) (2019/2712(RSP))
P9_TA(2019)0079B9-0174/2019

El Parlamento Europeo,

–  Vistos la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y su Protocolo de Kioto,

–  Visto el acuerdo adoptado en la 21.ª Conferencia de las Partes de la CMNUCC (COP21) en París el 12 de diciembre de 2015 (Acuerdo de París),

–  Vistos la 24.ª Conferencia de las Partes en la CMNUCC (COP24), el 14.º período de sesiones de la reunión de las Partes en el Protocolo de Kioto (CMP14) y la tercera parte del primer período de sesiones de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París (CMA1.3), celebrada en Katowice (Polonia), del 2 al 14 de diciembre de 2018,

–  Vista la decisión de la Mesa de la COP de la CMNUCC, de 1 de noviembre de 2019, por la que se acepta la propuesta formulada por el Gobierno de Chile, en su calidad de Presidencia entrante, de celebrar la COP25 en Madrid (España) del 2 al 13 de diciembre de 2019,

–  Vistos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),

–  Vista la Cumbre sobre la Acción Climática organizada por el secretario general de las Naciones Unidas el 23 de septiembre de 2019,

–  Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2018, sobre la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2018 (COP24) en Katowice (Polonia)(1),

–  Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2019, sobre el cambio climático – una visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra de conformidad con el Acuerdo de París(2),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 28 de noviembre de 2018, titulada «Un planeta limpio para todos – La visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra» (COM(2018)0773),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de 20 de junio de 2019,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo de 4 de octubre de 2019,

–  Visto el Plan de contribuciones nacionales de la UE y sus Estados miembros, transmitido el 6 de marzo de 2015 por Letonia y la Comisión Europea a la CMNUCC,

–  Vistos el informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (GIECC) sobre el calentamiento global de 1,5 °C, su quinto informe de evaluación y su informe de síntesis, así como sus informes especiales sobre el cambio climático y la tierra y el océano y la criosfera en un clima cambiante,

–  Visto el informe de referencia sobre adaptación de la Comisión Mundial sobre la Adaptación,

–  Vistos el noveno informe de síntesis del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), de noviembre de 2018, titulado «Informe sobre la disparidad en las emisiones 2018», y su cuarto informe sobre la brecha de adaptación de 2018,

–  Vista la evaluación de indicadores de la Agencia Europea de Medio Ambiente titulada «Economic losses from climate-related extremes in Europe» (Pérdidas económicas derivadas de fenómenos climáticos extremos en Europa), publicada el 2 de abril de 2019,

–  Vistos la declaración de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) sobre el estado del clima mundial en 2018, de marzo de 2019, y el 14.º boletín de la OMM sobre los gases de efecto invernadero, de 22 de noviembre de 2018,

–  Vista la Declaración de Silesia para la Solidaridad y la Reconversión Justa, la Declaración ministerial de Silesia «Bosques para el Clima» y la Asociación «Driving Change Together» (Impulsemos juntos el cambio) para potenciar la electromovilidad y los modos de transporte con cero emisiones, suscritas en paralelo a la Conferencia sobre el Clima COP24,

–  Visto el resumen para responsables de políticas del informe de evaluación regional de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), de miércoles, 29 de mayo de 2019,

–  Vista su Resolución, de 15 de noviembre de 2017, sobre un plan de acción en pro de la naturaleza, las personas y la economía(3),

–  Visto el informe de síntesis de alto nivel de la última reunión en materia de información científica sobre el clima convocada por el Grupo Asesor Científico de la Cumbre sobre la Acción Climática 2019, titulado «United in Science» (Unidos en la ciencia),

–  Vista la encuesta del Eurobarómetro de abril de 2019 sobre el cambio climático,

–  Vistas las preguntas al Consejo (O-000029/2019 – B9-0055/2019) y a la Comisión (O-000030/2019 – B9-0056/2019) sobre la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2019 (COP25) en Madrid (España),

–  Vistos el artículo 136, apartado 5, y el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que el Acuerdo de París entró en vigor el 4 de noviembre de 2016; y que a 19 de noviembre de 2019 habían depositado ante las Naciones Unidas sus instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión 187 de las 197 Partes en la CMNUCC;

B.  Considerando que la Unión y sus Estados miembros presentaron, el 6 de marzo de 2015, sus contribuciones previstas determinadas a nivel nacional a la CMNUCC, por las que se comprometen a alcanzar el objetivo vinculante de reducir al menos un 40 % las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero de aquí a 2030 con respecto a los niveles de 1990;

C.  Considerando que los compromisos contraídos hasta la fecha por los signatarios del Acuerdo de París no serán suficientes para alcanzar su objetivo común; y que las actuales contribuciones determinadas a nivel nacional presentadas por la Unión y sus Estados miembros no se ajustan a los objetivos establecidos en el Acuerdo de París y deben revisarse;

D.  Considerando que el informe del GIECC sobre el calentamiento de 1,5 °C demuestra que las repercusiones del aumento de la temperatura pueden ser significativamente menos graves con un aumento de 1,5 °C que con un aumento de 2 °C;

E.  Considerando que los cuatro últimos años (de 2015 a 2018) fueron los más cálidos de los registros de temperatura globales y que 2018 marcó un récord de emisiones de carbono mundiales; que julio de 2019 fue el mes más cálido del que se tiene registro, y que el año 2019 sigue la tendencia actual, con lo que el período 2015-2019 va camino de convertirse en el quinquenio más cálido del que se tiene constancia, según la OMM;

F.  Considerando que, según la OMM, la concentración mundial de CO2 era de 407,8 partes por millón (ppm) en 2018 —2,2 ppm mayor que en 2017—, y que las concentraciones de CO2 van camino de alcanzar o incluso superar las 410 ppm a finales de 2019;

G.  Considerando que se han celebrado manifestaciones por el clima en 185 países de todo el mundo como parte de un movimiento global, alcanzándose un récord de 7,6 millones de personas que salieron a la calle en septiembre de 2019 en la mayor movilización por el clima de la historia;

H.  Considerando que en el preámbulo del Acuerdo de París se reconoce la importancia de garantizar la integridad de todos los ecosistemas, incluidos los océanos, y que en el artículo 4, apartado 1, letra d), de la CMNUCC se insta a todas las Partes a fomentar la gestión sostenible, la conservación y el reforzamiento de los sumideros y depósitos de todos los gases de efecto invernadero, inclusive la biomasa, los bosques y los océanos, así como otros ecosistemas terrestres, costeros y marinos;

I.  Considerando que Chile, país que ocupará la Presidencia entrante de la COP25, ha manifestado que va a poner el énfasis en el papel de los océanos en la lucha contra el calentamiento global, y que esta decisión resulta especialmente pertinente a raíz de la publicación de un nuevo y alarmante informe del GEICC sobre el calentamiento de los océanos;

J.  Considerando que los bosques contribuyen de forma importante a la mitigación del cambio climático y a la adaptación a dicho cambio; que los bosques en crecimiento absorben alrededor del 10 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión; que la deforestación representa casi el 20 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y que se debe, en particular, a la expansión de la producción industrial de aceite de palma, soja y ganado, incluida la destinada al mercado de la Unión; y que la Unión debe reducir su contribución indirecta a la deforestación («deforestación incorporada») de la que es responsable;

K.  Considerando que el Parlamento ya ha solicitado a la Comisión en varias ocasiones —por ejemplo, en su Resolución de 14 de marzo de 2019 sobre el cambio climático— que examine la tarificación del CO2 en los sectores que aún están fuera de los regímenes de comercio de derechos de emisión de la Unión (RCDE UE);

L.  Considerando que el cambio climático afecta de forma desproporcionada a los países en desarrollo, a pesar de que emiten mucho menos CO2 que los países desarrollados;

1.  Recuerda que el cambio climático constituye uno de los retos más importantes para la humanidad y que todos los Estados y agentes a escala mundial deben hacer cuanto esté en su mano para combatirlo; subraya que la cooperación internacional oportuna, la solidaridad y un compromiso coherente y firme con la acción común son la única manera de cumplir nuestra responsabilidad colectiva de proteger el planeta en su conjunto;

2.  Observa que los graves riesgos del cambio climático se encuentran entre las principales preocupaciones de la población; recuerda que, según la encuesta del Eurobarómetro de 2019, el 93 % de los ciudadanos de la Unión consideran que el cambio climático es un problema grave; acoge con satisfacción que cada vez más personas en todo el mundo, en particular de las generaciones más jóvenes, se movilicen para luchar contra el cambio climático; y que exijan una mayor ambición colectiva, así como una rápida actuación que permita cumplir los objetivos del Acuerdo de París y no superar el límite de 1,5° C; insta tanto a los Gobiernos nacionales, regionales y locales como a la Unión a tener en cuenta estas exigencias;

3.  Es consciente de que el apoyo público es indispensable para que las ambiciosas e inclusivas medidas y políticas de la Unión en materia climática lleguen a buen puerto; considera que este aspecto debe reflejarse en los esfuerzos que realiza la Unión para luchar contra el cambio climático;

4.  Reconoce que el peso del cambio climático ya recae de forma desproporcionada en los países del sur global, y seguirá haciéndolo, que los países del sur global son más vulnerables a los efectos negativos del cambio climático que el norte global, que ya están sufriendo pérdidas y daños y además tienen menos capacidad para adaptarse, y que los países del sur global han contribuido a la crisis del clima considerablemente menos que el norte global;

5.  Recuerda que el Acuerdo de París reconoce en su preámbulo que el «derecho a la salud» es un derecho fundamental; subraya que en el artículo 4, apartado 1, letra f) de la CMNUCC se afirma que «todas las Partes [...] deberán [...] emplear métodos apropiados, por ejemplo evaluaciones del impacto, formulados y determinados a nivel nacional, con miras a reducir al mínimo los efectos adversos en la economía, la salud pública y la calidad del medio ambiente, de los proyectos o medidas emprendidos por las Partes para mitigar el cambio climático o adaptarse a él»; considera que la salud debe estar incluida en los planes nacionales de adaptación y en las comunicaciones nacionales al CMNUCC;

6.  Lamenta que los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relativos al cambio climático no incluyan la salud; observa, no obstante, que esta situación está siendo remediada gracias a iniciativas de investigación académica de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Secretaría de la CMNUCC; saluda la adopción de la declaración política de alto nivel de las Naciones Unidas sobre la cobertura sanitaria universal, de 23 de septiembre de 2019;

7.  Reconoce que será prácticamente imposible alcanzar la mayoría de los ODS de las Naciones Unidas si no se cumplen las ambiciones sobre el clima y el medio ambiente acordadas en la COP21;

8.  Destaca que ya se están haciendo sentir los efectos directos del cambio climático; recalca que, según el informe de la Comisión Mundial sobre la Adaptación, el cambio climático podría empujar a la pobreza a más de cien millones de personas de aquí a 2030 y el rendimiento de las cosechas podría reducirse entre un 5 y un 30 % de aquí a 2050, dejando en situación de inseguridad alimentaria a las zonas especialmente vulnerables;

9.  Destaca que, según las previsiones, un calentamiento no mitigado transformará la economía global reduciendo la renta media mundial en un 23 % de aquí a 2100 y acrecentando las desigualdades de renta en el mundo; resalta que, a diferencia de estimaciones anteriores, las pérdidas mundiales previstas son aproximadamente lineales respecto de la temperatura media mundial, mientras que las pérdidas medianas son mucho mayores de lo que indicaban los principales modelos(4);

La base científica para la acción por el clima

10.  Subraya que el informe especial del GIECC sobre el calentamiento global de 1,5 ºC representa la evaluación científica más completa y actualizada de las vías para lograr la mitigación en consonancia con el Acuerdo de París; hace hincapié en que, según este informe, para estar en condiciones de limitar el calentamiento global a 1,5º C para 2100 con un rebasamiento nulo o limitado, deberá alcanzarse a más tardar en 2067 un nivel de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero, así como reducir las emisiones anuales de estos gases de aquí a 2030 a un máximo de 27,4 GtCO2eq anuales en todo el mundo; subraya que, en vista de dichas conclusiones y en consonancia con el Acuerdo de París, la Unión, en calidad de líder mundial, debe esforzarse, junto con las demás principales economías mundiales, por lograr un nivel neto de cero emisiones de gases de efecto invernadero lo antes posible y de aquí a 2050 a más tardar;

11.  Destaca que el informe especial del GIECC sobre el cambio climático y la tierra pone de relieve los efectos especialmente drásticos del calentamiento global en los suelos; manifiesta su preocupación por que la degradación de los suelos provocada por la actividad humana—principalmente por prácticas agrícolas insostenibles— y el aumento de las perturbaciones en el uso de la tierra, como los incendios forestales, están reduciendo todavía más la capacidad de la tierra para funcionar como un sumidero de carbono; subraya que es de esperar un agravamiento de estas drásticas consecuencias si continúan las tendencias mundiales actuales;

12.  Hace hincapié en que, en el informe especial del GIECC sobre el océano y la criosfera en un clima cambiante, se destaca que los mecanismos climáticos dependen de la salud de los ecosistemas oceánicos y marinos, que actualmente se ven afectados por el calentamiento global, la contaminación, la sobreexplotación de la biodiversidad marina, la subida del nivel del mar, la acidificación, la desoxigenación, las olas de calor marinas, la fusión sin precedentes tanto de los glaciares como del hielo marino y la erosión costera; pone asimismo de relieve las constataciones de dicho informe en relación con los riesgos agravados para los ecosistemas marinos, las economías y los medios de vida costeros; recuerda que el océano es parte de la solución para mitigar los efectos del cambio climático y adaptarse a este; subraya que la COP25 será la primera «COP Azul»; pide, por tanto, a la Unión que conceda un elevado nivel de prioridad a los océanos tanto en la agenda del Pacto Verde Europeo como en el marco de las negociaciones mundiales sobre el clima actualmente en curso;

13.  Manifiesta su preocupación a la luz del informe sobre la disparidad en las emisiones en 2018 publicado por el PNUMA, que concluye que, con las actuales contribuciones determinadas a nivel nacional sin condiciones, será imposible alcanzar el objetivo del Acuerdo de París de mantener el calentamiento muy por debajo de 2 ºC, y que se estima que dichas contribuciones provocarán, en cambio, un calentamiento de 3,2 ºC(5) de aquí a 2100, suponiendo que la acción por el clima permanezca sin cambios a lo largo del presente siglo; destaca el alto riesgo de que un calentamiento de 3,2 °C lleve a cruzar determinados puntos de inflexión y se provoque un calentamiento masivo suplementario;

14.  Manifiesta su preocupación por las conclusiones del informe de síntesis de alto nivel titulado «United in Science» (Unidos en la ciencia), dado a conocer con ocasión de la Cumbre sobre la Acción Climática de las Naciones Unidas de 2019, en particular que en 2017 volvió a producirse un crecimiento de las emisiones debidas al carbón y que las emisiones de CO2 debidas a combustibles fósiles volvieron a alcanzar un máximo en 2018, lo que ha dado lugar a unas alarmantes concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera que no tienen precedentes;

15.  Destaca que el actual nivel de ambición de las contribuciones determinadas a nivel nacional se ha de multiplicar por cinco para que no se supere el límite de 1,5 °C; recalca que esta ambición mundial sigue siendo viable desde el punto de vista técnico y que aportaría muchos beneficios complementarios al medio ambiente y a la salud pública;

16.  Subraya que, según la OMS, el cambio climático afecta a factores sociales y ambientales determinantes para la salud (aire limpio, agua potable, alimentos suficientes y refugio seguro) y que, entre 2030 y 2050, se prevé un aumento de más de 250 000 muertes al año por malnutrición, malaria, diarrea y exceso de calor, debido a las elevadas temperaturas atmosféricas extremas que contribuyen directamente a los fallecimientos por enfermedades cardiovasculares y respiratorias, especialmente entre las personas mayores y vulnerables; recalca que, debido a las inundaciones, las olas de calor, las sequías y los incendios, el cambio climático tiene graves efectos en la salud humana, pudiendo provocar, entre otros, malnutrición, daños para la salud mental, enfermedades cardiovasculares y respiratorias e infecciones transmitidas por vectores; destaca que el deterioro de las condiciones de higiene, así como las dificultades de acceso al agua potable y a los servicios de salud están poniendo en jaque la salud de las mujeres, especialmente durante el embarazo;

17.  Hace hincapié en que el informe de evaluación mundial sobre la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas de la IPBES de 2019, el informe especial del GIECC sobre el cambio climático y la tierra, el informe especial del GIECC sobre el océano y la criosfera en un clima cambiante y el informe de referencia sobre adaptación de la Comisión Mundial para la Adaptación incluyen el cambio climático entre las principales causas directas de pérdida de biodiversidad y degradación del suelo; destaca que se espera que sus consecuencias negativas para la naturaleza, la biodiversidad, los servicios de los ecosistemas, los océanos y la seguridad alimentaria se agraven a lo largo de las próximas décadas;

18.  Reitera que la conservación estricta de ecosistemas ricos en carbono tales como turberas, humedales, pastizales, manglares y bosques intactos es una opción de respuesta con efectos inmediatos que en modo alguno puede sustituirse mediante la forestación, la reforestación y la restauración de suelos degradados, pues no tienen efectos inmediatos;

19.  Hace hincapié en que el informe de evaluación mundial de la IPBES sobre biodiversidad y servicios de los ecosistemas indica que un millón de especies están en riesgo de extinción en la actualidad; recuerda el papel fundamental que desempeña la biodiversidad para que la especie humana pueda combatir el calentamiento global y adaptarse a él; expresa su inquietud ante las consecuencias de la pérdida de biodiversidad para nuestra capacidad de resistencia; destaca que la pérdida de biodiversidad no es solo un problema ambiental, sino también una cuestión con repercusiones de mayor alcance para la sociedad y la economía;

Una ambiciosa política climática de la Unión: las contribuciones determinadas a nivel nacional de la Unión y la estrategia a largo plazo

20.  Pide a todas las Partes en la CMNUCC, en cooperación con las regiones y los agentes no estatales, que contribuyan de manera constructiva al proceso que debe aplicarse de aquí a 2020, cuando deben actualizarse las contribuciones determinadas a nivel nacional para garantizar su compatibilidad con el objetivo de temperatura a largo plazo del Acuerdo de París; reconoce que los compromisos actuales no son suficientes para alcanzar los objetivos del Acuerdo; destaca, en consecuencia, que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero deben alcanzar su nivel máximo lo antes posible y que todas las Partes, en especial los Estados miembros de la Unión y todos los países del G20, deben redoblar sus esfuerzos y actualizar sus contribuciones determinadas a nivel nacional de aquí a principios de 2020, tal como prevé el Acuerdo de París;

21.  Celebra la puesta en marcha de la Alianza de Ambición Climática durante la Cumbre sobre la Acción Climática de las Naciones Unidas de 2019, en la que 59 Partes en la CMNUCC han manifestado su intención de presentar contribuciones determinadas a nivel nacional mejoradas a más tardar en 2020, tal como se prevé en el Acuerdo de París, así como 65 Partes, incluida la Unión, que trabajan por alcanzar el nivel cero de emisiones netas de gases de efecto invernadero de aquí a 2050; lamenta, no obstante, que no todos los Estados miembros estuvieran dispuestos a apoyar un aumento del nivel de ambición de las contribuciones determinadas a nivel nacional de la Unión, a pesar de las peticiones en este sentido del Parlamento Europeo;

22.  Destaca la importancia de que la Unión disponga de una política climática ambiciosa e inclusiva a fin de resultar un socio creíble y fiable en la escena mundial y de mantener el liderazgo mundial de la Unión en materia de clima; insiste, por tanto, en la necesidad de que la Unión invierta y avance de manera significativa en materia de investigación e innovación aplicable a la industria;

23.  Insta una vez más a los líderes de la Unión a que apoyen, en el Consejo Europeo de los días 12 y 13 de diciembre de 2019, el objetivo a largo plazo de la Unión de alcanzar un nivel de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero en el territorio de la Unión cuanto antes y en 2050 a más tardar; pide al país que ostenta la Presidencia del Consejo y a la Comisión que, a continuación, comuniquen este objetivo cuanto antes a la Secretaría de la CMNUCC; destaca que para alcanzar este objetivo a más tardar en 2050 de la manera más rentable y evitar la dependencia de tecnologías de eliminación de carbono que pudieran plantear riesgos significativos para los ecosistemas, la biodiversidad y la seguridad alimentaria, debe aumentarse el nivel de ambición para 2030; subraya que las soluciones basadas en la naturaleza son un instrumento clave para que la Unión alcance sus objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero; lamenta que la Unión perdiera la oportunidad que brindaba la Cumbre sobre el Clima de las Naciones Unidas de septiembre de 2019 para establecer un mayor nivel de ambición y demostrar su liderazgo por lo que respecta al cumplimiento del Acuerdo de París; considera sumamente importante que la Unión envíe un mensaje claro durante la COP25 sobre su inclinación por mejorar su contribución al Acuerdo de París;

24.  Apoya la actualización de las contribuciones determinadas a nivel nacional de la Unión con un objetivo de reducción de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero del 55 % para 2030 con respecto a los niveles de 1990; pide, por tanto, a los dirigentes de la Unión que apoyen un aumento correspondiente del nivel de ambición de las contribuciones determinadas a nivel nacional de la Unión; considera que esto debe hacerse en combinación con la inclusión en el Derecho de la Unión del objetivo de alcanzar la neutralidad en emisiones de carbono lo antes posible y, a más tardar, en 2050; pide a otras economías mundiales que actualicen sus contribuciones determinadas a nivel nacional para lograr un impacto a escala mundial;

25.  Espera que el Pacto Verde Europeo defina una estrategia global y ambiciosa para lograr una Europa climáticamente neutra a más tardar en 2050, incluido el objetivo de una reducción del 55 % de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero a más tardar en 2030; pide a la Comisión que adapte en consecuencia todas sus políticas pertinentes, en especial, aquellas en materia de clima, agricultura y cohesión;

26.  Hace hincapié en que, para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, se necesitan medidas concretas de aplicación y una ejecución a escala nacional y de la Unión, como la aplicación efectiva de los objetivos en materia de energías renovables y eficiencia energética para 2030;

27.  Subraya que todas las políticas climáticas deben llevarse a cabo con arreglo al principio de una transición justa y en estrecha colaboración con la sociedad civil y los interlocutores sociales; considera, por tanto, que una implicación reforzada de los interlocutores sociales y de la sociedad civil en el ámbito nacional y de la Unión constituye una condición necesaria para alcanzar la neutralidad de emisiones de carbono en todos los sectores de la economía de una manera justa, inclusiva y socialmente sostenible; opina que las soluciones basadas en la naturaleza, así como la restauración y la conservación de los ecosistemas y la diversidad biológica son vitales para permitir mitigar el cambio climático y adaptarse a él;

28.  Considera que, para seguir garantizando una mayor estabilidad de los mercados, convendría que la Unión determinara un objetivo adicional de reducción de las emisiones para 2040, ya que de esta manera se aumentaría la estabilidad y se garantizaría el cumplimiento del objetivo de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050; recuerda que es necesario actualizar periódicamente los objetivos a fin de garantizar que son coherentes con la aplicación del Acuerdo de París;

29.  Considera que se debe seguir trabajando en la elaboración de un modelo fiable para medir el impacto climático basado en el consumo; toma nota de la conclusión del análisis en profundidad de la Comisión en el sentido de que los esfuerzos de la Unión por reducir las emisiones de su producción se ven contrarrestados de algún modo por las importaciones de bienes con una mayor huella de carbono, pero que aun así la Unión ha contribuido notablemente a la reducción de las emisiones en otros países a causa del aumento de los flujos comerciales y la mejora de la eficiencia en materia de carbono de sus exportaciones;

30.  Hace hincapié en que se necesita un marco internacional más sólido a fin de proteger la biodiversidad mundial, detener su actual declive y recuperarla en la medida de lo posible; considera que dicho marco debe basarse en objetivos y compromisos firmes, que comprendan las contribuciones determinadas a nivel nacional y otros instrumentos adecuados, compromisos financieros y mejores garantías de creación de capacidades, así como un mecanismo de revisión cada cinco años, con especial hincapié en una ambición de trayectoria ascendente;

COP25 en Madrid (España)

31.  Reconoce los logros de la COP24 en Katowice, que imprimió un mayor impulso a la acción por el clima y, en combinación con la finalización del Programa de Trabajo del Acuerdo de París (el Código normativo de Katowice), aportó orientaciones operativas para el Acuerdo de París; observa, no obstante, que algunos asuntos pendientes de Katowice deben zanjarse en la COP25, en concreto los mecanismos previstos en el artículo 6 del Acuerdo de París; considera asimismo que en la COP25 deberán adoptarse varias decisiones de aplicación, en concreto en los ámbitos de la mitigación, la adaptación, la transparencia y el apoyo; espera con interés que en la COP25 concluyan con éxito la revisión del Mecanismo Internacional de Varsovia para las Pérdidas y los Daños, así como las negociaciones sobre el Plan de Acción en materia de Género; reconoce que se producirán nuevos debates para acordar calendarios comunes en la COP25;

32.  Subraya la importancia de fijar períodos de aplicación comunes para las contribuciones determinadas a nivel nacional puesto que, a pesar de que muchas Partes en la CMNUCC tienen calendarios a cinco o diez años, otras presentan períodos de ejecución más cortos o no han especificado ningún calendario; señala que mantener los distintos calendarios podría afectar negativamente las futuras negociaciones sobre la ambición en relación con el clima; considera que los períodos comunes de aplicación para las contribuciones determinadas a nivel nacional garantizarían que todas las Partes actualicen y comuniquen sus compromisos al unísono y mejoren la suma total y la medición de los esfuerzos mundiales; apoya la introducción de un calendario común a cinco años para todas las contribuciones determinadas a nivel nacional a partir de 2030, que corresponde con el ciclo de ambición del Acuerdo de París, y no perjudica a los compromisos adicionales a largo plazo que las Partes puedan aplicar internamente;

33.  Celebra que Chile sea uno de los países emergentes con mayor éxito en la transición hacia una energía limpia y, en especial, que presente el mayor aumento de producción de energía solar del mundo; considera que los compromisos de Chile en favor de la lucha contra la emergencia climática deben servir de inspiración a muchos países de América del Sur y del resto del mundo;

34.  Hace hincapié en que la acción mundial durante la próxima década afectará al futuro de la humanidad en los próximos 10 000 años; pide, por tanto, a la Comisión y a todas las Partes en la COP25 que adopten medidas decididas y ambiciosas;

35.  Reconoce la función de los enfoques cooperativos para lograr unos resultados más ambiciosos en relación con la mitigación y la adaptación, así como para fomentar el desarrollo sostenible y la integridad medioambiental; hace hincapié en la necesidad de que estos esfuerzos contribuyan a una reducción global de emisiones e impidan un aumento de las emisiones durante los períodos correspondientes a las contribuciones determinadas a nivel nacional o entre tales períodos; manifiesta su preocupación por los escasos avances alcanzados en el marco de la 50.ª reunión entre períodos de sesiones de la CMNUCC, celebrada en Bonn, sobre los mecanismos relacionados con el mercado y los mecanismos no relacionados con el mercado;

36.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que aboguen por unas normas internacionales estrictas y sólidas en relación con el artículo 6 del Acuerdo de París; admite la multitud de problemas para la integridad ambiental y la sostenibilidad que han creado un gran número de proyectos relativos al Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y a la Aplicación Conjunta (AC) en el marco del Protocolo de Kioto; pide que se eviten las lagunas en la contabilidad o el doble cómputo de las reducciones de emisiones o su consideración adicional; manifiesta su preocupación por la posible utilización de las unidades expedidas en virtud del Protocolo de Kioto para los objetivos de las contribuciones determinadas a nivel nacional puesto que socavaría en gran medida la integridad medioambiental de los futuros mecanismos establecidos en virtud del artículo 6; subraya que los derechos de emisión negociados con los nuevos mecanismos del mercado deben ser adicionales y aumentar los esfuerzos de mitigación de las contribuciones determinadas a nivel nacional actuales y futuras; respalda que una parte de los ingresos procedentes de los mecanismos del artículo 6 se destine a brindar apoyo al infrafinanciado Fondo de Adaptación;

37.  Considera que la COP25 debe establecer un nuevo nivel de ambición, tanto para la aplicación del Acuerdo de París como de cara a la próxima ronda de contribuciones determinadas a nivel nacional, que deben reflejar un mayor compromiso con la acción por el clima en todos los sectores tanto en tierra firme como en los océanos;

38.  Subraya la importancia de que la Unión hable con una única voz en la COP25 a fin de preservar su poder político y su credibilidad; insta a todos los Estados miembros a que apoyen el mandato de la Unión durante las negociaciones y en las reuniones bilaterales con otros agentes;

El papel de los bosques

39.  Recuerda que el Acuerdo de París exige que todas las Partes actúen para conservar y mejorar los sumideros, incluidos los bosques; observa que detener la deforestación y la degradación forestal, y permitir que los bosques vuelvan a crecer, supondría, como mínimo, el 30 % de todas las acciones de mitigación necesarias para limitar el calentamiento global a 1,5 ºC; subraya que los bosques gestionados de manera sostenible revisten suma importancia en la lucha contra el cambio climático por el aumento de la captura de CO2 gracias al crecimiento de los bosques, el almacenamiento de carbono en los productos de la madera, la sustitución de la energía y las materias primas fósiles, por una parte, y por la reducción de los riesgos de incendios forestales, de infestaciones por plagas y de enfermedades, por otra; subraya la importancia de las prácticas incentivadoras para conservar los sumideros de carbono naturales, incluidos los bosques primarios y suelos forestales intactos, reconocidos como irremplazables en la Comunicación de la Comisión sobre la intensificación de la actuación de la Unión para restaurar los bosques;

40.  Pide a todas las Partes, incluida la Unión y sus Estados miembros, que cumplan sus compromisos internacionales, entre otros, los contraídos en el marco del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques (FNUB), el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CDB), la Declaración de Nueva York sobre los bosques y el ODS 15, en particular la meta 15.2, cuyo objetivo es promover la aplicación de la gestión sostenible de todo tipo de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar significativamente la forestación y la reforestación a escala mundial para 2020; pide que se realicen mayores esfuerzos a todos los niveles políticos para evitar el deterioro de los bosques en Europa y, en caso necesario, restaurarlos para que recuperen su buen estado; pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen medidas para la reforestación de los suelos degradados y de los que no son aptos para la explotación agrícola;

41.  Cree que, habida cuenta del papel fundamental que desempeñan los bosques en la lucha contra el cambio climático y de los desafíos a los que se enfrentan algunos propietarios de bosques en Europa debido a las sequías extremas y las plagas, la Comisión debe contemplar la posibilidad de establecer un marco de incentivos en caso de que la gestión forestal sostenible deje de tener interés económico;

La resiliencia frente al cambio climático por medio de la adaptación

42.  Acoge con satisfacción la publicación del informe de la Comisión relativo a la aplicación de la estrategia de adaptación al cambio climático de la UE, que muestra que se ha avanzado en cierta medida en relación con cada una de sus ocho actuaciones; observa, no obstante, que, pese a los esfuerzos mundiales para reducir las emisiones, los impactos del cambio climático son inevitables y resulta de vital importancia adoptar más medidas de adaptación; pide, por consiguiente, a la Comisión que revise la estrategia a la luz de las conclusiones del informe, que señalan que la Unión sigue siendo vulnerable a los impactos del clima tanto dentro como fuera de sus fronteras; destaca que son necesarias inversiones en adaptación por parte de las aseguradoras, así como inversiones tanto públicas como privadas en investigación e innovación; considera que la protección de la salud y la seguridad humanas, el freno al declive de la biodiversidad, la degradación de los suelos y la promoción de la adaptación urbana constituyen ámbitos prioritarios;

43.  Observa que el artículo 8 del Acuerdo de París (sobre pérdidas y daños) establece que las Partes deben cooperar con respecto a las pérdidas y los daños relacionados con los efectos adversos del cambio climático; destaca, por consiguiente, la importancia de una acción de apoyo a escala mundial en ámbitos especialmente vulnerables a los impactos del cambio climático;

44.  Reitera que las medidas de adaptación constituyen una necesidad ineludible para todos los países si han de minimizar los efectos negativos del cambio climático y aprovechar plenamente las oportunidades de un crecimiento resiliente a este fenómeno y un desarrollo sostenible; destaca la necesidad de desarrollar sistemas y herramientas uniformes que permitan hacer un seguimiento de los progresos y la eficacia de los planes y actuaciones nacionales en materia de adaptación; lamenta que los proyectos de planes nacionales de energía y clima de los Estados miembros carezcan de objetivos ambiciosos en materia de eficiencia energética y energías renovables; recuerda que las energías renovables, incluida la energía marina renovable, como elemento de la economía circular, son parte de la solución para mitigar los efectos del cambio climático y adaptarse a ellos; pide a los Estados miembros que refuercen sus planes nacionales de energía y clima y que apliquen plenamente el Acuerdo de París;

La financiación de la lucha contra el cambio climático y otros medios de aplicación

45.  Acoge con satisfacción la decisión de la COP24 de que el Fondo de Adaptación continúe al servicio del Acuerdo de París; reconoce la importancia de este Fondo para las comunidades más vulnerables al cambio climático y, por tanto, acoge con satisfacción las nuevas contribuciones voluntarias por importe de 10 millones USD realizadas por los Estados miembros al Fondo para 2019;

46.  Reconoce que el 37 % del presupuesto de la Unión se destina actualmente a la financiación de la política agrícola común (PAC), en el marco de la cual se podría movilizar una cantidad significativa de fondos para incentivar y recompensar las prácticas respetuosas con el clima y el medio ambiente en la agricultura;

47.  Reitera que la PAC no debe seguir concediendo subvenciones a actividades perjudiciales para el medio ambiente y el clima, como la desecación de turberas y la extracción excesiva de agua para el riego, y que no debe penalizar la presencia de árboles en las zonas agrícolas;

48.  Reconoce que la Unión y sus Estados miembros son los mayores proveedores de financiación pública para la lucha contra el cambio climático; acoge con satisfacción la decisión de la COP24 de adoptar un objetivo más ambicioso a partir de 2025, que se sumará al compromiso actual de movilizar 100 000 millones USD al año a partir de 2020; manifiesta, sin embargo, su preocupación por que los compromisos de los países desarrollados continúen estando muy lejos de alcanzar el objetivo colectivo de 100 000 millones USD al año; confía en que, a partir de 2025, las economías emergentes contribuyan a dicho importe superior de financiación internacional para la lucha contra el cambio climático;

49.  Reconoce que el cambio climático no es un desafío localizado y que los impactos climáticos registrados fuera de la Unión también tienen repercusiones dentro de ella, puesto que fenómenos como los huracanes, las sequías, las inundaciones y los fuegos forestales pueden llegar a afectar a la seguridad alimentaria y del agua de la Unión, así como a las cadenas de suministro de bienes y servicios; pide a la Comisión y a los Estados miembros que den prioridad a la ampliación de la financiación internacional para la lucha contra el cambio climático destinada a la adaptación, a fin de situarla al nivel de la destinada a la mitigación, y que proporcionen financiación para la lucha contra el cambio climático en materia de pérdidas y daños;

50.  Destaca la importancia de llevar a la práctica el objetivo mundial relativo a la adaptación y de movilizar importantes fondos nuevos para la adaptación en países en desarrollo; pide a la Unión y a sus Estados miembros que se comprometan a aumentar significativamente la financiación que destinan a la adaptación; reconoce la necesidad de avanzar en materia de pérdidas y daños, para lo que se deben obtener recursos adicionales de fuentes innovadoras de financiación pública en virtud del Mecanismo Internacional de Varsovia;

51.  Subraya el papel que desempeña la financiación sostenible y considera esencial que las principales instituciones financieras internacionales adopten y desarrollen rápidamente una financiación ecológica para conseguir una descarbonización satisfactoria de la economía mundial; destaca la necesidad de aplicar el Plan de Acción de la Unión sobre Finanzas Sostenibles y acoge con satisfacción el establecimiento de la Plataforma internacional de finanzas sostenibles;

52.  Resalta, asimismo, el papel del sector privado, incluidas las corporaciones y los mercados financieros, en la consecución de los objetivos de sostenibilidad; celebra los esfuerzos realizados por legislar en el ámbito de la sostenibilidad de las finanzas e insta a la Comisión a que introduzca requisitos de transparencia y rendición de cuentas para las empresas participadas, especialmente por lo que respecta al menoscabo de la sostenibilidad y los derechos humanos en los países en desarrollo;

53.  Acoge con satisfacción el acuerdo alcanzado por 196 Gobiernos en la COP14 del Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica para incrementar la inversión en la naturaleza y las personas para 2020 y con posterioridad; destaca que el crecimiento económico puede fomentar el desarrollo sostenible únicamente si no está asociado al deterioro de la biodiversidad y de la capacidad de la naturaleza para contribuir al sostenimiento de la humanidad;

54.  Hace hincapié en que el presupuesto de la Unión debe ser coherente con sus compromisos internacionales en materia de desarrollo sostenible y con sus objetivos en materia de clima y energía a medio y largo plazo, y que no debe ser contraproducente para la consecución de estos objetivos ni obstaculizar su aplicación; pide, por tanto, a la Comisión que garantice la protección del clima y la biodiversidad en las inversiones de la Unión y que presente normas armonizadas y vinculantes cuando proceda; pide a la Comisión que garantice que el próximo marco financiero plurianual (MFP) cumpla plenamente el Acuerdo de París y que no se efectúe ningún gasto que lo contravenga; subraya la importancia del aprovisionamiento del Fondo Verde para el Clima y anima a los Estados miembros a que, como mínimo, dupliquen sus contribuciones a la movilización inicial de recursos; acoge con satisfacción la decisión adoptada por el Consejo de Administración del BEI de poner fin a la financiación de la mayoría de los proyectos de energías procedentes de combustibles fósiles después de 2021 y de aumentar gradualmente el porcentaje de su financiación dedicada a la acción por el clima y la sostenibilidad medioambiental, hasta alcanzar el 50 % de sus operaciones a partir de 2025; considera que se trata de un primer paso ambicioso hacia la transformación del BEI en un Banco Europeo de Clima; pide a los Estados miembros que apliquen el mismo principio por lo que respecta a las garantías de créditos a la exportación; aboga por garantías públicas específicas en favor de las inversiones ecológicas, el etiquetado de financiación ecológica, las ventajas fiscales para los fondos de inversión ecológicos y la emisión de bonos verdes; subraya la necesidad de una financiación más ambiciosa de la investigación y la innovación aplicable a la industria;

55.  Pide al BEI que revise su estrategia climática en 2020 y adopte planes de acción concretos y ambiciosos para cumplir su compromiso de armonizar todas sus actividades de financiación con el Acuerdo de París, así como que adapte urgentemente todas sus políticas y directrices de concesión de préstamos a los objetivos del Acuerdo de París;

56.  Destaca la importancia de una transición justa hacia una economía climáticamente neutra y la necesidad de un enfoque anticipatorio y participativo para garantizar que los ciudadanos se beneficien de la transición y apoyar a las regiones y comunidades más vulnerables; considera la creación de un fondo de transición justa como una de las herramientas que pueden emplearse a escala de la Unión para garantizar una transición inclusiva e informada para las personas y las regiones de la Unión más afectadas por la descarbonización, como las regiones mineras en transición; reconoce que, por sí solos, los fondos de compensación no garantizan una transición justa y que toda política de transición debe girar en torno a una estrategia global de la Unión orientada a desarrollar y modernizar dichas regiones de la Unión, así como a apoyar a aquellos que se encuentran en primera línea de la transición; considera que la transición climática de la Unión debe ser ecológica, económica y socialmente sostenible; pide a la Unión y a los Estados miembros que adopten políticas y financiación adecuadas a tal efecto, sujetas a compromisos claros creíbles y ejecutables a corto y a largo plazo para descarbonizar todos los sectores económicos de los Estados miembros afectados, también mediante la integración en sus planes nacionales de energía y clima definitivos, de políticas concretas para abandonar progresivamente el carbón, los demás combustibles fósiles y las subvenciones a los combustibles fósiles ateniéndose a un calendario compatible con el compromiso de la Unión de mantener el calentamiento global en consonancia con los objetivos a largo plazo del Acuerdo de París y el objetivo de neutralidad climática para 2050;

57.  Considera que la democratización del sistema energético es de vital importancia para lograr una transición energética sostenible satisfactoria; pide, por tanto, una mejora de los derechos y de las competencias de los ciudadanos, con el fin de que puedan participar en la producción de energía segura y limpia;

58.  Subraya la importancia de iniciar conversaciones con países de todo el mundo que dependan actualmente de las exportaciones de combustibles fósiles, con el fin de determinar cómo se podría aplicar una estrategia de seguridad conjunta en materia de energía y clima de modo que mejorasen las perspectivas de futuro de esas regiones;

59.  Considera que la energía nuclear puede contribuir a la consecución de los objetivos climáticos dado que no emite gases de efecto invernadero, así como garantizar una cuota importante de la producción de electricidad en Europa; considera, no obstante, que, debido a los residuos que genera, esta energía requiere una estrategia a medio y largo plazo que tenga presentes los avances tecnológicos (láser, fusión, etc.) destinados a mejorar la sostenibilidad de todo el sector;

60.  Respalda la labor de la Coalición de Ministros de Hacienda para la Acción por el Clima y anima a todos los Gobiernos a que asuman el compromiso de la Coalición de adaptar todas las políticas y prácticas dentro del ámbito de competencias de los ministerios de Hacienda a los objetivos del Acuerdo de París, así como a que adopten un sistema de tarificación del carbono eficaz, tal como se establece en los principios de Helsinki;

61.  Recuerda a las Partes que es necesario asignar recursos suficientes para pasar de los compromisos a la acción y aplicar las medidas necesarias para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París; apoya el creciente impulso a la introducción de un mecanismo de ajuste del carbono en las fronteras de la Unión para las importaciones destinadas a sus Estados miembros, a fin de crear condiciones de igualdad en materia de comercio internacional y evitar las fugas de carbono;

El papel de los agentes no estatales

62.  Acoge con satisfacción el enérgico y creciente movimiento de jóvenes contra el cambio climático; destaca la importancia de entablar un diálogo constructivo con los jóvenes y de animarlos a participar en la elaboración de políticas a todos los niveles; celebra la creciente movilización mundial de un espectro cada vez más amplio de agentes no estatales comprometidos con la acción por el clima a través de la consecución de resultados concretos y cuantificables; destaca el papel fundamental de la sociedad civil, el sector privado y los Gobiernos subestatales a la hora de influir en la opinión pública y la acción estatal y dirigirlas, así como de intercambiar conocimientos y mejores prácticas sobre el desarrollo y la aplicación de medidas de mitigación y adaptación; pide a la Unión, a los Estados miembros y a todas las Partes que incentiven la labor de los agentes no estatales, que lideran cada vez más a menudo la lucha contra el cambio climático, que respalden dicha labor y que colaboren con dichos agentes; considera, asimismo, que es necesaria la participación ciudadana, así como una mayor concienciación;

63.  Destaca el papel crucial que desempeñan las ciudades en la aplicación de los objetivos del Acuerdo de París, dado que, según el informe resumido de la ONU sobre el ODS 11 de 2018 titulado «Tracking Progress towards Inclusive, Safe, Resilient and Sustainable Cities and Human Settlements» (Progresos realizados en el logro de ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles), estas constituyen la fuente de más del 70 % de todas las emisiones de gases de efecto invernadero, residuos y contaminación atmosférica; acoge con satisfacción el compromiso de 102 ciudades en la Cumbre sobre la Acción Climática de las Naciones Unidas de lograr la neutralidad climática, a más tardar, en 2050; pide a las Partes que impliquen más a las ciudades en sus planes de reducción de emisiones;

Apertura, inclusión y transparencia

64.  Subraya que es necesaria la participación efectiva de todas las Partes en la consecución del objetivo de limitar el aumento de la temperatura media mundial a 1,5 °C, lo que exige, a su vez, que se aborde la cuestión de los intereses creados o contrapuestos; reitera, en este contexto, su apoyo a la introducción en la CMNUCC de una política específica en materia de conflictos de interés; pide a la Comisión y a los Estados miembros que tomen las riendas de este proceso sin comprometer los fines y objetivos de la CMNUCC y del Acuerdo de París;

65.  Subraya que el 80 % de las personas desplazadas por el cambio climático son mujeres y niños, que, por lo general, sufren los efectos del cambio climático en mayor medida que los hombres y soportan una carga mayor que ellos, a pesar de no estar tan implicados en la toma de decisiones clave sobre la acción por el clima; destaca, en consecuencia, que la capacitación de todos los géneros marginados, así como su participación y liderazgo plenos y en igualdad de condiciones en foros internacionales como la CMNUCC y su implicación en la acción por el clima a nivel nacional, regional y local, son esenciales para el éxito y la eficacia de dicha acción; considera que la Unión y los Estados miembros deben apoyar plenamente la aplicación del Plan de Acción en materia de Género de la CMNUCC, en especial mediante la integración de la perspectiva de género en las políticas climáticas y de desarrollo de la Unión, y que deben promover la participación de las mujeres indígenas y de los defensores de los derechos de la mujer en el marco de la CMNUCC;

66.  Observa que las consecuencias del cambio climático en cuanto a la supervivencia, nutrición y acceso a la educación, entre otros aspectos, son especialmente graves en el caso de la salud, la protección y el desarrollo de niños y adolescentes; considera que es necesario tomar medidas para limitar estos efectos perjudiciales;

Esfuerzo global de todos los sectores

67.  Recomienda a la Comisión que estudie establecer vínculos y otras formas de cooperación con las partes interesadas de los mercados del carbono de terceros países y regiones, así como que incentive el establecimiento de mercados del carbono adicionales y de otros mecanismos de tarificación del carbono que aporten un aumento de la eficiencia, un ahorro de costes y una reducción del riesgo de fugas de carbono mediante la creación de unas condiciones de competencia equitativas a escala mundial; pide a la Comisión que establezca salvaguardias para garantizar que cualquier vinculación con el RCDE UE siga contribuyendo permanentemente a la mitigación y no socave los compromisos internos de la Unión en materia de emisiones de gases de efecto invernadero;

68.  Recuerda que todos los sectores deben contribuir a lograr una economía neutra desde el punto de vista del clima y que la descarbonización de la economía de la Unión no debe traducirse en el traslado de las emisiones de carbono a terceros países a través de fugas de carbono, sino que debe convertirse en un éxito para nuestra economía y nuestra industria gracias a una inversión y unos instrumentos apropiados, así como a oportunidades para desarrollar las innovaciones y tecnologías de vanguardia necesarias; cree en el éxito de los enfoques basados en el mercado; estima que las medidas de ajuste en frontera de las emisiones de carbono han de estar basadas en un estudio de viabilidad y ser compatibles con las normas de la OMC;

69.  Toma nota del anuncio de la presidenta electa de la Comisión, Ursula von der Leyen, de ampliar el RCDE a sectores que aún no están cubiertos por el régimen de comercio de la Unión; rechaza una inclusión directa en el RCDE UE;

70.  Destaca que el transporte es el único sector que ha visto aumentar sus emisiones desde 1990; subraya que esto no es compatible con un objetivo de neutralidad climática a largo plazo y que requiere reducciones de mayor envergadura y más rápidas de las emisiones de todos los sectores de la sociedad, incluidos el sector de la aviación y el marítimo; recuerda que el sector del transporte deberá estar totalmente descarbonizado, a más tardar, en 2050; observa que el análisis de la Comisión muestra que los objetivos y las medidas mundiales actuales previstos por la Organización Marítima Internacional (OMI) y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), incluso si se aplicaran íntegramente, no lograrían las reducciones necesarias de las emisiones, y que se requieren importantes medidas adicionales que sean coherentes con el objetivo de lograr un nivel de cero de emisiones netas de los gases de efecto invernadero en todos los sectores de la economía; considera que, para garantizar la coherencia de las contribuciones determinadas a nivel nacional con los compromisos exigidos por el Acuerdo de París en todos los sectores de la economía, se debe alentar a las Partes a que incluyan las emisiones procedentes del transporte marítimo y aéreo internacional, y a que acuerden y apliquen medidas a nivel internacional, regional y nacional para reducir las emisiones de estos sectores;

71.  Recuerda que se prevé que para 2020 las emisiones mundiales de la aviación internacional superen aproximadamente en un 70 % las de 2005 y que puedan incluso aumentar en un 300-700 % de aquí a 2050; manifiesta su preocupación por el nivel de ambición del Plan de Compensación y Reducción de Carbono para la Aviación Internacional (CORSIA) de la OACI, a la luz de los trabajos en curso sobre las normas y las prácticas recomendadas que deben seguirse al aplicar el Plan a partir de 2019; subraya que las normas actuales no son satisfactorias y que resulta inaceptable una mayor dilución del Plan CORSIA; pide a la Comisión y a los Estados miembros que hagan todo lo posible por reforzar las disposiciones del Plan CORSIA y que apoyen la adopción de un objetivo a largo plazo para reducir de forma significativa las emisiones dentro del sector de la aviación salvaguardando, al mismo tiempo, la autonomía legislativa de la Unión respecto a la aplicación de la Directiva del RCDE; hace, asimismo, hincapié en la necesidad de abordar en todos los planes internacionales y de la Unión las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la aviación no relacionadas con el carbono;

72.  Expresa su profunda preocupación por la adopción de la resolución A40-19 en la 40.ª Asamblea de la OACI y de la denominada cláusula de exclusividad del régimen conocido como CORSIA; insta a los Estados miembros a que presenten una reserva formal relativa a esta parte de la resolución, a fin de preservar la autonomía legislativa de la Unión en relación con las medidas destinadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del sector de la aviación;

73.  Recuerda que la Comisión tiene la obligación legal de presentar un informe al Parlamento Europeo y al Consejo en un plazo de doce meses a partir de la adopción por la OACI de los instrumentos pertinentes y antes de que el Plan CORSIA sea operativo; que en ese informe se analizarán, entre otras cuestiones, el nivel de ambición y la integridad medioambiental global del Plan CORSIA, incluido su nivel de ambición general en relación con los objetivos del Acuerdo de París; destaca que, en calidad de colegisladores, el Parlamento Europeo y el Consejo son las únicas instituciones que pueden decidir cualquier futura modificación de la Directiva del RCDE; subraya que solo debe llevarse a cabo una nueva modificación de la Directiva del RCDE si es coherente con el compromiso de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en todos los sectores de la economía de la Unión, que no prevé el uso de créditos de compensación después de 2020;

74.  Acoge con satisfacción el creciente apoyo a un enfoque coordinado a escala de la UE para los precios de la aviación, y pide a la Comisión que presente lo antes posible una revisión ambiciosa de la Directiva sobre fiscalidad de la energía en este sentido que incluya el fin de las exenciones fiscales aplicadas actualmente al queroseno y a los combustibles marítimos;

75.  Recuerda que se prevé un incremento hasta 2050 de las emisiones de CO2 procedentes del transporte marítimo que oscilaría entre el 50 y el 250 %; acoge con satisfacción el acuerdo sobre la estrategia inicial de la OMI en materia de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de los buques, que constituye un primer paso para que el sector contribuya a la consecución del objetivo de temperatura del Acuerdo de París; insta a la OMI a que avance rápidamente en la adopción de medidas a corto y medio plazo para contribuir a alcanzar los objetivos de la estrategia; destaca la importancia y la urgencia de aplicar medidas a corto y medio plazo antes de 2023; pide a la Unión, a la Comisión y a los Estados miembros que hagan todo lo posible por apoyar la rápida designación del mar Mediterráneo como un espacio combinado de control de las emisiones de SOx y NOx, como un paso fundamental para reducir las emisiones procedentes del transporte marítimo en Europa; hace hincapié en que deben estudiarse inmediatamente medidas y actuaciones adicionales, incluidos instrumentos de tarificación del carbono, para hacer frente a las emisiones marítimas en consonancia con la estrategia sectorial de transformación a bajas emisiones; manifiesta, por tanto, su convencimiento de que la Unión y los Estados miembros deben hacer un seguimiento estrecho de la repercusión y de la aplicación de la estrategia inicial de la OMI; acoge con satisfacción la propuesta de un Reglamento de la Unión para reflejar debidamente el sistema mundial de recopilación de datos para los datos de consumo del combustible de los buques (procedimiento de seguimiento, notificación y verificación, SNV) y el sistema mundial de recogida de datos de la OMI sobre el consumo de combustible de los buques; recuerda que el SNV constituye un primer paso que, en última instancia, debe permitir a la Unión adoptar objetivos obligatorios de reducción de las emisiones; insta a la Comisión a que proponga tan pronto como sea posible medidas adicionales de la Unión en el marco de su estrategia de descarbonización para 2050, como la inclusión del sector marítimo en el RCDE de la Unión y la introducción de una norma sobre eficiencia de los buques y de una etiqueta para los buques, así como una estrategia de cooperación con otras Partes que estén dispuestas a actuar cuanto antes, a fin de reducir las emisiones marítimas en consonancia con el objetivo de temperatura del Acuerdo de París;

76.  Destaca que ya hay soluciones sencillas para reducir las emisiones, como la disminución de los límites de velocidad o la creación de zonas de control de emisiones, que están previstos en el Convenio internacional MARPOL; considera que la estrategia de descarbonización y el Pacto Verde Europeo deben orientar las inversiones y la investigación de carácter ambicioso hacia buques de cero emisiones y buques verdes con compuestos ecológicos, una mejor gestión de los residuos y del agua y la mejora de infraestructuras, como la electrificación de los puertos, que son necesarias para lograr que el mercado comience a crecer antes de 2030;

77.  Insta a que se incremente la financiación destinada a la investigación y a la introducción en el mercado de combustibles alternativos;

78.  Recuerda que el 23 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero tiene su origen en la agricultura; destaca que, para garantizar una alimentación suficiente para una población mundial en aumento, es necesario invertir en técnicas y métodos de producción agrícolas inteligentes, como la captura del metano procedente del estiércol, un uso más eficiente de los fertilizantes, el uso de la biomasa en ciclos y una mayor eficiencia en los métodos de producción de carne y productos lácteos;

79.  Recuerda que, si bien la agricultura es responsable de alrededor del 10 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión, tiene potencial para ayudar a la Unión a reducir sus emisiones mediante una buena gestión del suelo, la agrosilvicultura, la protección de la biodiversidad y otras técnicas de gestión de la tierra; reconoce que la agricultura tiene potencial para reducir las emisiones anuales en un volumen aproximado de 3,9 gigatoneladas de equivalentes de CO2 de aquí a 2050 (alrededor del 8 % de las emisiones mundiales actuales de gases de efecto invernadero);

80.  Señala que aproximadamente el 60 % del metano mundial es emitido por fuentes como la agricultura, los vertederos de residuos, las instalaciones de tratamiento de aguas residuales y la producción y el transporte por tubería de combustibles fósiles; recuerda que el metano es un potente gas de efecto invernadero con un potencial de calentamiento global veintiocho veces superior al del CO2 que puede mantenerse durante un período de cien años; recuerda a la Comisión su obligación legal de estudiar lo antes posible opciones de actuación para reducir rápidamente las emisiones de metano como parte de un plan estratégico de la Unión para el metano; pide a la Comisión que presente a tal efecto las propuestas legislativas adecuadas al Parlamento y al Consejo en la primera mitad de su mandato;

81.  Reconoce el papel relevante y positivo que puede desempeñar el sector agrícola en la lucha contra el cambio climático y subraya la importancia de reformar la PAC para ayudar a los agricultores a desarrollar y aplicar prácticas agrícolas inteligentes en materia climática, como la captura de carbono y el reciclado de emisiones de carbono;

82.  Subraya el importante papel de los sumideros naturales para lograr la neutralidad con respecto a los gases de efecto invernadero en la Unión; pide a la Comisión que desarrolle una estrategia detallada de la Unión para la mejora sostenible de los sumideros naturales, en consonancia con el objetivo de neutralidad de los gases de efecto invernadero para 2050; anima a los Estados miembros a que aborden exhaustivamente esta cuestión en sus estrategias a largo plazo, tal como exige el artículo 15, apartado 4, letra b), del Reglamento relativo a la gobernanza;

83.  Reconoce el papel atribuido a la captura y al almacenamiento de carbono en la mayoría de las hipótesis relativas a un calentamiento global de 1,5 °C recogidas en el informe especial del GIECC sobre el calentamiento global de 1,5 °C y en la Comunicación de la Comisión titulada «Un planeta limpio para todos»;

84.  Apoya una acción más enérgica para alcanzar los objetivos fijados por los Estados miembros en el marco del Plan Estratégico Europeo de Tecnología Energética con el fin de aplicar la captura y el almacenamiento de carbono a escala comercial en los sectores energéticos e industriales de la Unión y de desarrollar un marco reglamentario sólido para contribuir a eliminar directamente el CO2 de la atmósfera a fin de garantizar un almacenamiento seguro, a más tardar, en 2022;

85.  Lamenta profundamente que las subvenciones a los combustibles fósiles aún sigan aumentando y asciendan a unos 55 000 millones EUR al año en la Unión; pide con carácter de urgencia a todos los Estados miembros que introduzcan políticas, programaciones y medidas concretas en sus planes nacionales integrados de energía y clima definitivos para que se abandonen progresivamente todas las subvenciones directas e indirectas a los combustibles fósiles de aquí a 2020, con el fin de cumplir los compromisos mundiales de la Unión y liberar recursos que puedan emplearse en la consecución de una sociedad neutra desde el punto de vista climático; pide a las demás Partes que adopten medidas similares;

86.  Acoge con satisfacción la entrada en vigor de la enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal; considera que debe dar un nuevo impulso a la Unión a fin de garantizar una rápida revisión del Reglamento sobre los gases fluorados para hacer frente a las deficiencias conocidas que ponen en peligro las ambiciones de la Unión en relación con el cambio climático, como el comercio ilegal de hidrofluorocarburos (HFC) y las medidas insuficientes contra el uso de hexafluoruro de azufre (SF6);

Industria y competitividad

87.  Considera que la prosperidad económica, la competitividad industrial, el desarrollo sostenible y la política en materia de cambio climático deben reforzarse mutuamente; destaca que la Unión debe encabezar la transición hacia una economía de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero de aquí a 2050, garantizando en el proceso una ventaja competitiva para los sectores económicos de la Unión;

88.  Destaca la crucial importancia que reviste el logro de los objetivos del Acuerdo de París, manteniendo al mismo tiempo los puestos de trabajo y una base industrial dentro de la Unión, con el fin de proporcionar a las personas de este sector una perspectiva positiva y demostrar al mundo que la industria y la neutralidad climática no son incompatibles; acoge con gran satisfacción el compromiso y los esfuerzos de muchos agentes industriales europeos para ser climáticamente neutros y anima a los sectores o empresas todavía indecisos a que sigan su ejemplo;

89.  Celebra, asimismo, los esfuerzos y avances realizados hasta el momento por los ciudadanos, las empresas y los sectores económicos de la Unión para cumplir las obligaciones del Acuerdo de París en consonancia con el Código normativo de Katowice; observa, sin embargo, que estos esfuerzos no son suficientes para lograr una economía de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero, a más tardar, en 2050; anima, por tanto, a los Estados miembros, a sus regiones y municipios, así como a las empresas y a los sectores económicos a que se fijen objetivos más ambiciosos y a que los persigan activamente a través del Pacto Verde Europeo, a fin de afrontar los retos climáticos y aprovechar plenamente las oportunidades que se derivan del Acuerdo de París;

90.  Destaca que un marco jurídico estable y fiable y unas señales políticas claras tanto a escala mundial como de la Unión facilitan y potencian las inversiones relacionadas con el clima y pueden contribuir a evitar la dependencia del carbono; subraya, a este respecto, la importancia de una aplicación adecuada y oportuna de la normativa denominada «Energía limpia para todos los europeos» y pide que se desarrollen una estrategia de la Unión en materia de política industrial a largo plazo y una legislación de la Unión en materia de cambio climático, en consonancia con los compromisos de la Unión en el marco del Acuerdo de París, concebidas para garantizar el desarrollo de la industria de la Unión a largo y corto plazo, en particular a través del respaldo a las pymes, la creación de empleos de calidad y el apoyo a la transición ecológica, garantizando, al mismo tiempo, que la industria de la Unión sea competitiva a escala mundial, que la Unión alcance un nivel de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero de aquí a 2050 y que nadie quede excluido;

91.  Celebra que diversos países, en los que están ubicados importantes competidores de los sectores de gran consumo de energía de la Unión, hayan introducido el comercio de carbono u otros mecanismos de tarificación; anima a otros países a hacer lo mismo; pide que estos mecanismos se amplíen a todos los sectores de gran consumo de energía;

92.  Destaca la importancia de aumentar el número de empleos de calidad y de trabajadores cualificados en la industria de la Unión para encauzar la innovación y la transición hacia procesos de producción sostenibles; subraya la necesidad de ayudar a las regiones productoras de carbón y con altas emisiones de carbono que cuentan con un gran número de trabajadores en sectores dependientes del carbono, a que inviertan en dichas regiones y desarrollen programas de reciclaje y capacitación profesional para atraer a compañías, empresas emergentes y sectores nuevos e innovadores con el fin de construir una economía regional sostenible y garantizar, al mismo tiempo, que nadie quede excluido;

93.  Destaca el hecho de que no todas las regiones parten del mismo punto a la hora de luchar contra el cambio climático ni cuentan con las mismas herramientas y que, por tanto, las consecuencias del cambio climático son diferentes en cada caso; subraya, así pues, que es fundamental que se lleve a cabo una transición que tenga en cuenta las particularidades de los sectores, regiones, poblaciones más vulnerables;

Política energética

94.  Destaca el papel central que desempeña la energía en la transición hacia una economía de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero;

95.  Subraya que, en el marco de la transición energética sostenible, es necesario afrontar el problema de la pobreza energética reforzando los derechos de los consumidores de energía, informándoles mejor, mejorando las medidas de eficiencia energética en los edificios, especialmente para los hogares con bajos ingresos, y abordando esta cuestión en las políticas sociales;

96.  Destaca la importancia de la eficiencia energética y de la energía renovable para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, así como para la seguridad energética y la reducción de la pobreza energética;

97.  Subraya que es necesario que todos los sectores trabajen juntos eficazmente para descarbonizar la economía de la Unión y alcanzar una economía de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero; destaca que los países deben ser flexibles por lo que respecta a la manera en la que descarbonizan sus economías para que sea más fácil paliar los costes sociales vinculados a la transición y lograr la aceptación y el apoyo de la sociedad;

98.  Considera que una mayor integración del mercado interior de la energía de la Unión desempeñará un papel fundamental, especialmente en la consecución de una economía de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero;

99.  Recuerda que dar prioridad a la eficiencia energética, en particular a través de la aplicación del principio «primero, la eficiencia energética», y ejercer el liderazgo mundial en energías renovables son dos de los objetivos principales de la Unión respecto a la Unión de la Energía; subraya que la Unión ha fijado sus objetivos mínimos para 2030 en un 32 % por lo que respecta a las energías renovables y en un 32,5 % por lo que respecta a la eficiencia energética; destaca que estos objetivos —a pesar de suponer una mayor reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de lo que se preveía anteriormente— no están en consonancia con la reducción del 50-55 % propuesta por la nueva presidenta electa de la Comisión ni con el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 °C; pide a la Comisión y al Consejo que determinen los esfuerzos adicionales que se necesitan para impulsar las energías renovables y la eficiencia energética de conformidad con el objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero; pide que se promuevan a escala mundial medidas de eficiencia energética y que se empleen las energías renovables de manera oportuna;

100.  Acoge con satisfacción el incremento de la cuota de la energía renovable en el suministro energético mundial, especialmente en el caso del sector eléctrico; manifiesta su preocupación por la lenta aceptación de la energía renovable por lo que respecta a la calefacción, la refrigeración y el transporte, especialmente en el sector de la aviación y el marítimo; muestra su profunda preocupación por la ralentización (desde 2014) de la ampliación de la cuota de mercado global de las energías renovables en la Unión, que está poniendo en peligro los objetivos de la Unión en materia de energía y clima; destaca que todos los sectores deben incrementar su consumo de energías renovables para que se puedan alcanzar objetivos de sostenibilidad a largo plazo;

Investigación, innovación, tecnologías digitales y política espacial

101.  Es consciente de la importancia capital de la ciencia y las innovaciones científicas para el éxito de la lucha contra el cambio climático y la consecución de los objetivos estratégicos del Acuerdo de París y de cualquier otro programa climático ambicioso; destaca la necesidad del liderazgo de la Unión tanto a la hora de luchar contra el cambio climático como de fomentar el progreso técnico hacia un desarrollo resiliente desde el punto de vista del clima;

102.  Hace hincapié en la importancia de proseguir y reforzar la investigación y la innovación en relación con la mitigación del cambio climático, las políticas de adaptación, la eficiencia en el uso de los recursos, las tecnologías de bajas emisiones y sin emisiones, el uso sostenible de materias primas secundarias («economía circular») y la recopilación de datos sobre el cambio climático para luchar contra este fenómeno; destaca la necesidad de dar prioridad a la financiación de proyectos de energía sostenible dentro del nuevo programa Horizonte Europa, dados los compromisos de la Unión en el marco de la Unión de la Energía y del Acuerdo de París;

103.  Recuerda que la investigación, la innovación y la competitividad constituyen uno de los cinco pilares de la estrategia de la Unión para la Unión de la Energía; recuerda, por tanto, el papel fundamental que desempeñan los investigadores en la lucha contra el calentamiento global y subraya la importancia de una estrecha cooperación científica entre los socios internacionales a este respecto;

104.  Recuerda el papel fundamental de las tecnologías digitales en el respaldo a la transición energética e industrial, en particular en la mejora de la eficiencia y el ahorro energéticos y de la reducción de emisiones; hace hincapié en los beneficios que la digitalización de los sectores económicos europeos puede reportar al clima a través de un uso más eficiente de los recursos, como el reciclado y la reducción de la intensidad del consumo de materiales; destaca los beneficios climáticos de la plena digitalización de las redes de transmisión y distribución y de los centros de distribución de la energía, así como de los programas de respuesta a la demanda que se gestionan por medio de aplicaciones informáticas;

105.  Reconoce el papel del nuevo Programa Espacial de la Unión a la hora de apoyar la lucha de la Unión contra el cambio climático y sus efectos; recuerda el papel fundamental que han desempeñado los servicios de datos e información de Copernicus, el sistema europeo de observación de la Tierra, a la hora de vigilar el planeta; hace hincapié en la importancia de Copernicus a la hora de facilitar la coordinación internacional de los sistemas de observación y de los intercambios de datos relacionados;

Cambio climático y deforestación

106.  Recuerda que, según el informe del 25 de junio de 2019 sobre el cambio climático y la pobreza del relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos de las Naciones Unidas, el cambio climático amenaza con acabar con los avances logrados en los últimos cincuenta años en materia de desarrollo, sanidad mundial y disminución de la pobreza y que se calcula que los países en desarrollo soportarán entre el 75 y el 80 % de los costes del cambio climático;

107.  Destaca que los países en desarrollo son los más vulnerables y los más expuestos al cambio climático y que están menos preparados para soportar sus crecientes y devastadores efectos, entre los que se encuentran las crisis alimentarias y del agua, la destrucción material provocada por los desastres naturales, los desplazamientos y el aumento de las tensiones a causa de la escasez de recursos; recuerda que el cambio climático tiene graves consecuencias para el desarrollo económico a largo plazo de los países en desarrollo y, en particular, de los menos adelantados;

108.  Pone el ejemplo de los ciclones Idai y Kenneth (el último de los cuales fue el más potente que ha azotado el continente africano en toda su historia), que devastaron las Comoras, Malaui, Mozambique y Zimbabue en el primer semestre de 2019, provocando numerosas muertes y obligando a proporcionar ayuda humanitaria inmediata a más de dos millones de personas, cuyo coste ascendió a cerca de 400 millones USD, cubierto en gran parte por la Unión, mientras que el de reconstrucción se estimó en 3 000 millones USD;

109.  Señala que la resiliencia de las infraestructuras de los países en desarrollo será fundamental por lo que respecta a su capacidad de adaptación al cambio climático; insiste, por tanto, en la necesidad de promover la inversión en infraestructuras resilientes en los países en desarrollo para ayudarles a soportar la creciente gravedad de los desastres naturales;

110.  Recuerda su posición de que al menos un 45 % de los fondos del Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (IVDCI) propuesto para el período 2021-2027 se destine a objetivos relacionados con el clima y el medio ambiente;

111.  Insiste en un enfoque conjunto respecto a la aplicación del Acuerdo de París y de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que abarque tanto las políticas internas como externas y respete al máximo el principio de coherencia de las políticas en favor del desarrollo, en particular en materia de desarrollo, comercio, agricultura, energía y clima;

112.  Hace hincapié en la interdependencia del clima, la economía y la sociedad; subraya, en particular, las repercusiones directas que el cambio climático tiene sobre las comunidades indígenas y la grave amenaza que se cierne sobre la supervivencia de muchas de ellas, incluidas las comunidades que viven aisladas; destaca que, según el GIECC, la sabiduría indígena y tradicional es un recurso fundamental a la hora de luchar contra el cambio climático, en particular porque en torno al 80 % de la biodiversidad que queda en el mundo se encuentra en los territorios de los pueblos indígenas; manifiesta su consternación por el reciente asesinato del líder indígena Emrya Wajãpi en el norte de Brasil y celebra la declaración realizada el 29 de julio de 2019 por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la que se instaba al Gobierno de Brasil a que frenase la invasión de los territorios indígenas y garantizase a estos pueblos el ejercicio pacífico de sus derechos colectivos sobre ellos, de conformidad con el Convenio n.º 169 de la OIT;

113.  Pide a los países desarrollados, incluidos los Estados miembros de la Unión, que intensifiquen su apoyo al intercambio de conocimientos, al desarrollo de capacidades y a la transferencia de tecnología a los países en desarrollo y que, de esta manera, cumplan los artículos 9 a 11 del Acuerdo de París, los artículos 49, 116 y 120 de la Agenda de Acción de Adís Abeba sobre la financiación para el desarrollo y, asimismo, los compromisos relativos al ODS 17, incluidas las metas 17.6 a 17.8; subraya, en este sentido, el potencial positivo de incrementar las inversiones de la Unión en prometedores proyectos de investigación científica; pide, además, a la Unión que impulse la adopción de una declaración comparable a la Declaración de Doha de 2001 relativa al acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y la salud pública, con el objetivo de que se fomente la transferencia legítima de tecnologías respetuosas con el clima a países en desarrollo;

114.  Destaca la importancia fundamental de la inversión y el crecimiento privados para la transición hacia infraestructuras y métodos de producción respetuosos con el clima; hace hincapié en la necesidad de maximizar la contribución de esta inversión a la acción por el clima y la consecución de los ODS, también a través de incentivos y del fomento de asociaciones público-privadas; considera que el Plan Europeo de Inversiones Exteriores es una herramienta fundamental a este respecto; hace hincapié, además, en que el crecimiento y el desarrollo sostenibles e inclusivos son necesarios para que los países en desarrollo puedan participar en la transición climática a través de estrategias de innovación y avances tecnológicos, entre otros medios; expresa su convencimiento de que la Unión debe promover rápidamente la financiación privada responsable y sostenible, en particular respecto a las obligaciones en materia de derechos humanos y a las contribuciones a las economías nacionales de los países en desarrollo; previene, no obstante, contra una dependencia excesiva de las contribuciones voluntarias del sector privado;

115.  Toma nota del creciente interés en la elaboración de normas relativas a las inversiones sostenibles y respetuosas con el clima y reitera su preocupación respecto a la posibilidad de que la proliferación de iniciativas privadas dificulte la comparación y la comprobación; celebra, en este sentido, las iniciativas puestas en marcha por la Comisión y la comunidad internacional para apoyar la inversión en la acción por el clima y el diálogo político sobre esta cuestión en los países en desarrollo, como la Alianza mundial contra el cambio climático+ (AMCC+) y el Fondo Verde para el Clima; anima, en este sentido, a la Comisión y a los Estados miembros a que continúen participando en los foros internacionales para promover la eficacia y la equidad en la acción por el clima;

La diplomacia climática

116.  Apoya firmemente la continuación y el refuerzo adicional del alcance político y la diplomacia climática de la Unión, lo que resulta esencial para impulsar la movilización por el clima en los países socios y en la opinión pública mundial; considera, sin embargo, que los esfuerzos efectuados no han resultado adecuados a todas luces y que los recursos humanos asignados por la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior distan mucho de ser suficientes; propone, por tanto, un aumento drástico de los recursos humanos en este ámbito; anima a la Comisión y a los Estados miembros a que aborden la diplomacia climática de la Unión de manera holística estableciendo vínculos entre el cambio climático y el desarrollo sostenible, la agricultura, la resolución de conflictos, la migración y las preocupaciones humanitarias con el fin de facilitar la transición mundial hacia la neutralidad neta en emisiones, la resiliencia frente al cambio climático, el desarrollo sostenible y la seguridad alimentaria y del agua;

117.  Hace hincapié en las crecientes implicaciones del cambio climático para la seguridad internacional y la estabilidad regional derivadas del deterioro medioambiental, la pérdida de medios de subsistencia, los desplazamientos provocados por el clima y otros problemas asociados en los que el cambio climático a menudo puede ser considerado un multiplicador de amenazas; insta, por tanto, a la Unión y a los Estados miembros a que trabajen con sus socios de todo el mundo a fin de comprender, integrar, anticipar y gestionar mejor los efectos desestabilizadores del cambio climático; alienta la aplicación de un programa de alerta temprana para los principales puntos de inflexión potenciales, que podrían socavar las estructuras y ecosistemas sostenibles en las regiones o continentes más grandes;

118.  Acoge con satisfacción el compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las actuaciones concretas emprendidas con este fin en muchas partes del mundo, como los compromisos realmente ambiciosos de muchos países en desarrollo y pequeños Estados insulares; lamenta, no obstante, la falta de ambición y la ausencia de debate sobre el aumento de las contribuciones determinadas a nivel nacional en muchas grandes economías; recuerda que la Unión representa el 9 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, a pesar de que solo alberga al 6,7 % de la población mundial, lo que hace que sea absolutamente esencial que Europa demuestre una mayor ambición, sobre todo a causa de su responsabilidad histórica respecto al cambio climático y a su obligación de dar ejemplo al resto del mundo; destaca que no será posible alcanzar los objetivos del Acuerdo de París y evitar puntos de inflexión si otras grandes economías no se fijan también unos objetivos más ambiciosos;

119.  Pide a la Comisión que analice inmediatamente la posibilidad de llevar a cabo acciones adicionales para animar a otras grandes economías a que aumenten sus contribuciones determinadas a nivel nacional, apliquen más medidas concretas y valoren enfoques innovadores;

120.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que utilicen todos los instrumentos disponibles (por ejemplo, negociaciones internacionales, acuerdos comerciales y regionales o asociaciones internacionales) para promover y fomentar la cooperación en la transición mundial hacia la neutralidad neta en emisiones, la resiliencia frente al cambio climático, el desarrollo sostenible y la seguridad alimentaria y del agua;

121.  Recalca la necesidad de integrar la ambición en materia de cambio climático en todas las políticas de la Unión, incluida la política comercial; pide a la Comisión que vele por que todos los acuerdos de comercio e inversión suscritos por la Unión sean plenamente compatibles con el Acuerdo de París y los ODS y que las disposiciones medioambientales y climáticas sean jurídicamente vinculantes y aplicables; pide a la Comisión que lleve a cabo y publique una evaluación exhaustiva de la coherencia de los acuerdos vigentes y futuros con el Acuerdo de París; pide a la Comisión que vele por que cualquier acuerdo comercial contenga disposiciones vinculantes relativas al cumplimiento del Acuerdo de París, incluidas disposiciones relativas a la gestión y la conservación sostenible de los bosques; pide a la Comisión que preste especial atención al ciclo de vida de los productos comercializados, desde su concepción hasta su consumo, para proteger los recursos naturales y tener en cuenta las repercusiones acumuladas, incluido el transporte;

122.  Pide a la Comisión y al Consejo que incorporen el Acuerdo de París en los acuerdos comerciales para incentivar a los socios comerciales a que alcancen los objetivos fijados en el mismo; pide, asimismo, a la Comisión y al Consejo que revisen los acuerdos comerciales para incorporar a estos acuerdos bilaterales obligaciones climáticas ambiciosas, incentivando así a los socios a que adopten estrategias climáticas en consonancia con el Acuerdo de París;

123.  Acoge con gran satisfacción el anuncio de Rusia de que aplicará el Acuerdo de París;

124.  Reconoce que la asociación entre la Unión y los Estados Unidos es de suma importancia para la consecución de los objetivos estratégicos del Acuerdo de París y de otras estrategias ambiciosas; reitera, por tanto, su pesar por el anuncio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de su intención de retirar al país del Acuerdo de París; acoge con gran satisfacción la continua movilización en favor de la acción por el clima de los principales Estados, ciudades, universidades y otros agentes no estatales de los Estados Unidos en el marco de la campaña «We are still in» (Seguimos dentro); confía en que los Estados Unidos vuelvan a unirse a la lucha contra el cambio climático y que, en colaboración con la Unión, se sitúen a la vanguardia de las negociaciones de los acuerdos mundiales sobre comercio, industria y energía en consonancia con el Acuerdo de París;

125.  Lamenta profundamente la mediocre reacción del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y del Gobierno brasileño ante la proliferación y la magnitud nunca vistas de los incendios forestales en el Amazonas brasileño; considera que la Unión y sus Estados miembros deben hacer todo lo que esté en su mano, a través de la cooperación y la asistencia internacionales, para luchar contra la destrucción del medio ambiente del Amazonas y de otras zonas de vital importancia para el ecosistema mundial, y tener en cuenta el papel que pueden desempeñar sus propias políticas comerciales;

Papel del Parlamento Europeo

126.  Considera que debe integrar la delegación de la Unión, puesto que ha de dar su aprobación a los acuerdos internacionales y desempeña un papel fundamental en la aplicación interna del Acuerdo de París en calidad de colegislador; confía, por consiguiente, en que se le permita asistir a todas las reuniones de coordinación de la Unión durante la COP25 en Madrid y en que se le garantice el acceso a todos los documentos preparatorios desde el inicio de las negociaciones;

o
o   o

127.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros y a la Secretaría de la CMNUCC, con solicitud de que la distribuya a todas las Partes de dicho Convenio que no sean miembros de la Unión.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0430.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2019)0217.
(3) DO C 356 de 4.10.2018, p. 38.
(4) Burke y otros 2015, Global non-linear effect of temperature on economic production, Nature, Vol 527, pp.235‑239.
(5) Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Informe sobre la disparidad en las emisiones 2018, p. 21.


Adhesión de la Unión al Convenio de Estambul y otras medidas de lucha contra la violencia de género
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Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de noviembre de 2019, sobre la adhesión de la Unión al Convenio de Estambul y otras medidas de lucha contra la violencia de género (2019/2855(RSP))
P9_TA(2019)0080B9-0225/2019

El Parlamento Europeo,

–  Vistos el Tratado de la Unión Europea (TUE), el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Visto el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, que quedó abierto a la firma el 11 de mayo de 2011 en Estambul (en adelante, «Convenio de Estambul»),

–  Vistos la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, adoptadas en la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer el 15 de septiembre de 1995, y los documentos finales posteriores adoptados en los períodos extraordinarios de sesiones de las Naciones Unidas Beijing +5 (2005), Beijing +15 (2010) y Beijing +20 (2015),

–  Vistas las disposiciones de los instrumentos jurídicos de las Naciones Unidas en el ámbito de los derechos humanos, en particular los relativos a los derechos de las mujeres,

–  Vista la propuesta de Decisión del Consejo de 4 de marzo de 2016 (COM(2016)0109),

–  Vista la Decisión (UE) 2017/865 del Consejo, de 11 de mayo de 2017, relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, en lo que respecta a asuntos relacionados con la cooperación judicial en materia penal(1),

–  Vista la Decisión (UE) 2017/866 del Consejo, de 11 de mayo de 2017, relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, en lo que respecta al asilo y a la no devolución(2),

–  Vista la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 23 de mayo de 1969, en particular sus artículos 26 y 27,

–  Vista la jurisprudencia pertinente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos,

–  Vista la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo(3),

–  Vistos la Directiva 2011/99/UE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 13 de diciembre de 2011, sobre la orden europea de protección(4), y el Reglamento (UE) n.º 606/2013 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo al reconocimiento mutuo de medidas de protección en materia civil(5),

–  Vistas la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión Marco 2002/629/JAI del Consejo(6), y la Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil y por la que se sustituye la Decisión Marco 2004/68/JAI del Consejo(7),

–  Vista la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación(8), y la Directiva del Consejo 2004/113/CE, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro(9), que definen y condenan el acoso y el acoso sexual,

–  Vista su Resolución, de 4 de abril de 2019, por la que se solicita el dictamen del Tribunal de Justicia sobre la compatibilidad con los Tratados de las propuestas relativas a la adhesión de la Unión Europea al Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica y sobre el procedimiento para dicha adhesión(10),

–  Vista su Resolución, de 11 de septiembre de 2018, sobre las medidas para prevenir y combatir el acoso sexual y psicológico en el lugar de trabajo, en los espacios públicos y en la vida política en la Unión(11),

–  Vista su Resolución, de 26 de octubre de 2017, sobre la lucha contra el acoso y los abusos sexuales en la Unión Europea(12),

–  Vista su Resolución, de 12 de septiembre de 2017, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración, por la Unión Europea, del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (COM(2016)01092016/0062(NLE))(13),

–  Vista su Resolución, de 9 de junio de 2015, sobre la estrategia de la UE para la igualdad entre mujeres y hombres después de 2015(14),

–  Vistas las Directrices de la Unión, de 8 de diciembre de 2008, sobre la violencia contra las mujeres y la lucha contra todas las formas de discriminación contra ellas,

–  Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 3 de diciembre de 2015, titulado «Strategic engagement for gender equality 2016-2019» (Compromiso estratégico para la igualdad de género 2016-2019) (SWD(2015)0278),

–  Visto el informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) de marzo de 2014 titulado «Violencia de género contra las mujeres: una encuesta a escala de la UE»,

–  Visto el dictamen de la Comisión de Venecia, de 14 de octubre de 2019, sobre Armenia, sobre las implicaciones constitucionales de la ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica,

–  Vista la Decisión Marco 2008/913/JAI del Consejo, de 28 de noviembre de 2008, relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho penal(15),

–  Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que la igualdad de género es uno de los valores fundamentales de la Unión; que el derecho a la igualdad de trato y la no discriminación es un derecho fundamental consagrado en los Tratados y en la Carta de los Derechos Fundamentales y debe respetarse plenamente;

B.  Considerando que, según el índice de igualdad de género del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE), hasta ahora no se ha alcanzado plenamente la igualdad entre hombres y mujeres en ningún país de la Unión; que erradicar la violencia de género es un requisito previo para alcanzar este objetivo;

C.  Considerando que la lucha contra la violencia doméstica es una de las prioridades del Compromiso estratégico de la Unión para la igualdad de género 2016-2019;

D.  Considerando que, conforme a la definición del Convenio de Estambul, «por “violencia contra las mujeres” se deberá entender una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada»;

E.  que el término «femicidio» ha sido definido por el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) como « la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal; en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión»(16);

F.  Considerando que en el Convenio de Estambul se establece que «la aplicación por las Partes de las disposiciones del presente Convenio, en particular las medidas para proteger los derechos de las víctimas, deberá asegurarse sin discriminación alguna, basada en particular en el sexo, el género, la raza, el color, la lengua, la religión, las opiniones políticas o cualquier otra opinión, el origen nacional o social, la pertenencia a una minoría nacional, la fortuna, el nacimiento, la orientación sexual, la identidad de género, la edad, el estado de salud, la discapacidad, el estado civil, el estatuto de emigrante o de refugiado, o cualquier otra situación»;

G.  Considerando que la violencia contra las mujeres y la violencia de género, ya sean de naturaleza física o psicológica, están generalizadas y afectan a mujeres de todos los estratos de la sociedad, independientemente de la edad, la educación, los ingresos, la posición social y el país de origen o de residencia;

H.  Considerando que la violencia de género es a la vez la causa y la consecuencia de desigualdades estructurales sufridas por las mujeres en muchos aspectos de la vida: el trabajo, la sanidad, el acceso a los recursos financieros, el poder y el conocimiento, así como en la gestión del tiempo personal; que para luchar contra la violencia de género es necesario comprender sus causas y los factores coadyuvantes;

I.  Considerando que es importante reconocer la violencia estructural o institucional, que puede definirse como la subordinación de las mujeres en la vida económica, social y política, para tratar de explicar la frecuencia de la violencia contra las mujeres en nuestras sociedades;

J.  Considerando que las mujeres no gozan en toda la Unión Europea de la misma protección contra la violencia de género debido a las diferencias en las políticas y la legislación de los Estados miembros;

K.  Considerando que los sistemas judiciales no proporcionan suficiente apoyo a las mujeres; que, en muchos casos, la víctima puede ser objeto de comentarios degradantes por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley o encontrarse en una situación de dependencia, lo que agudiza su temor a denunciar el acto violento;

L.  Considerando que en el presente decenio asistimos a una ofensiva visible y organizada a escala mundial y europea contra la igualdad de género y los derechos de las mujeres, en particular en cuanto a la salud sexual y reproductiva y los derechos afines;

M.  Considerando que la encuesta de 2014 de la FRA puso de manifiesto que un tercio de las mujeres de Europa han sufrido actos de violencia física o psicológica al menos una vez desde la edad de 15 años, el 55 % de las mujeres ha sido objeto de una o varias formas de acoso sexual, el 11 % ha sido víctima de ciberacoso, una de cada veinte (el 5 %) ha sido violada y más una décima parte han sufrido violencia sexual con uso de la fuerza; que en muchos Estados miembros, más de la mitad de las mujeres víctimas de asesinato mueren a manos de su pareja, de un pariente o de un familiar directo; que las víctimas denuncian a la policía los casos más graves de violencia por parte de la pareja en solo el 14 % de los casos, y los casos más graves de violencia por parte de una persona distinta de la pareja en solo el 13 % de los casos, que son porcentajes de denuncias presentadas enormemente bajos; que en estos últimos años, el movimiento #metoo ha animado a mujeres y niñas a denunciar los abusos, actos de violencia y acoso;

N.  Considerando que las formas modernas de esclavitud y la trata de seres humanos, que afectan principalmente a las mujeres, persisten aún en la Unión; que el 71 % de las víctimas de trata de seres humanos en el mundo son mujeres y niñas, y que tres de cada cuatro de estas mujeres y niñas sufren explotación sexual(17);

O.  Considerando que la violencia y el acoso en línea tienen frecuentemente consecuencias físicas y provocan un riesgo grave de dar lugar a tal violencia por incitar a los usuarios en línea a imitar la violencia y el acoso sobre los que han estado leyendo y a pasar a perpetrar dichos actos;

P.  Considerando que algunos grupos de mujeres y niñas, como las migrantes, las refugiadas y las solicitantes de asilo, las mujeres y las niñas con discapacidad, las mujeres LBTI y las mujeres de la minoría romaní, se enfrentan a formas interseccionales y múltiples de discriminación, por lo que se encuentran en una situación aún más vulnerable de violencia de género y privadas de la posibilidad de acudir a la justicia y a los servicios de apoyo y protección y del ejercicio de sus derechos fundamentales;

Q.  Considerando que las mujeres víctimas de la violencia de género y sus hijos requieren con frecuencia apoyo y protección especiales debido al elevado riesgo de victimización reiterada, intimidación y represalias ligadas a este tipo de violencia;

R.  Considerando que la violencia de género socava los derechos humanos, la estabilidad social y la seguridad, la salud pública y las oportunidades de educación y empleo de las mujeres, así como las perspectivas de bienestar y desarrollo de niños y comunidades;

S.  Considerando que la exposición a la violencia y los abusos físicos, sexuales o psicológicos afecta gravemente a las víctimas y puede dar lugar a daños físicos, sexuales, emocionales o psicológicos y a perjuicios económicos;

T.  Considerando que aún persiste la impunidad de los perpetradores de crímenes contra las mujeres y debe ser erradicada garantizando que los perpetradores sean enjuiciados y que las mujeres y las niñas supervivientes de la violencia reciban un apoyo y un reconocimiento adecuados del sistema judicial; que es fundamental prever formaciones para quienes prestan servicios para atajar la violencia contra las mujeres, como la policía, la judicatura o los responsables de las políticas;

U.  Considerando que la Unión debe adoptar todas las medidas necesarias, en cooperación con sus Estados miembros, para promover y proteger el derecho de todas las mujeres y las niñas a vivir a salvo de la violencia tanto en el ámbito público como en el privado;

V.  Considerando que, a los ocho años de su adopción, el Convenio de Estambul aún no ha sido ratificado por todos los Estados miembros ni por la Unión;

1.  Condena todas las formas de violencia de género y deplora que las mujeres y las niñas sigan expuestas a violencia psicológica, física, sexual y económica, como violencia doméstica, acoso sexual, ciberviolencia, ciberacoso, violación, matrimonio precoz y forzoso, mutilación genital femenina, crímenes cometidos en nombre de un supuesto «honor», aborto forzoso, esterilización forzosa, explotación sexual y trata de seres humanos y otras formas de violencia que constituyen graves violaciones de sus derechos humanos y su dignidad; expresa su profunda inquietud ante el fenómeno del feminicidio en Europa, que constituye la forma más extrema de violencia contra las mujeres;

2.  Pide al Consejo que lleve a término con carácter de urgencia la ratificación del Convenio de Estambul sobre la base de una amplia adhesión sin restricciones, y que promueva su ratificación por todos los Estados miembros; pide al Consejo y a la Comisión que velen por la plena integración del Convenio en el marco legislativo y político de la Unión; recuerda que la adhesión de la Unión al Convenio de Estambul no exime a los Estados miembros de la ratificación nacional del Convenio; pide a los Estados miembros que agilicen las negociaciones sobre la ratificación y la aplicación del Convenio de Estambul, y pide en particular a Bulgaria, la República Checa, Hungría, Letonia, Lituania, Eslovaquia y el Reino Unido, que han firmado el Convenio pero no lo han ratificado, que lo hagan sin dilación;

3.  Condena categóricamente las tentativas de algunos Estados miembros de retirar medidas ya adoptadas en aplicación del Convenio de Estambul y para la lucha contra la violencia contra las mujeres;

4.  Pide a los Estados miembros que garanticen la correcta aplicación y el cumplimiento del Convenio y que asignen los recursos financieros y humanos adecuados para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia de género y proteger a las víctimas; insta a los Estados miembros a que tomen en consideración las recomendaciones del Grupo de Expertos en la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (GREVIO), del Consejo de Europa, y que mejoren la legislación para adaptarla a las disposiciones del Convenio de Estambul;

5.  Destaca que el Convenio de Estambul sigue siendo la norma internacional y el instrumento clave para erradicar la plaga de la violencia de género a través de un enfoque global, exhaustivo y coordinado, centrado en los derechos de la víctima, que aborda los problemas de la violencia contra las mujeres y las niñas y la violencia de género, incluida la violencia doméstica, desde una amplia variedad de perspectivas, a través de la adopción de medidas como la prevención de la violencia, la lucha contra la discriminación, de medidas de Derecho penal para luchar contra la impunidad, mediante la protección de las víctimas y el apoyo a las mismas, la protección de las mujeres solicitantes de asilo y refugiadas, con la aplicación de procedimientos de análisis y estimación de riesgos y una mejor recogida de datos, así como a través de mejores campañas o programas de sensibilización, también en cooperación con organismos nacionales de derechos humanos y de igualdad, la sociedad civil y las ONG;

6.  Condena los ataques y las campañas contra el Convenio de Estambul por su malinterpretación intencionada y la presentación sesgada de sus contenidos a la población;

7.  Afirma categóricamente que la denegación de servicios de salud sexual y reproductiva y derechos afines es una forma de violencia contra las mujeres y las niñas, y pone de relieve que el Tribunal de Derechos Humanos ha fallado en varias ocasiones que las leyes de aborto restrictivas y el incumplimiento de las mismas violan los derechos humanos de las mujeres;

8.  Hace hincapié en que las campañas de sensibilización para combatir los estereotipos de género y la violencia patriarcal y promover la tolerancia cero con el acoso y la violencia de género son instrumentos fundamentales para combatir esta violación de los derechos humanos; considera que unas estrategias educativas más amplias contra la discriminación son un instrumento clave para prevenir todas las formas de violencia, en particular la de género, especialmente en la adolescencia;

9.  Destaca que, para que sean más eficaces las medidas de lucha contra la violencia de género, deben ir acompañadas de acciones en favor del empoderamiento y la independencia económica de las mujeres víctimas violencia;

10.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por una formación, unos procedimientos y unas orientaciones adecuados y centrados en los derechos de las víctimas, que tengan en cuenta los aspectos de género para todos los profesionales que se ocupan de víctimas de la violencia de género, con vistas a evitar la discriminación, la traumatización o una nueva victimización durante los procedimientos judiciales, médicos o policiales; pide que se introduzcan estas mejoras para mejorar la tasa de denuncia de estos delitos;

11.  Recuerda su posición favorable a una reserva específica de 193,6 millones de euros para medidas de prevención y lucha contra todas las formas de violencia de género y para promover la plena aplicación del Convenio de Estambul en el Programa de Derechos y Valores, y destaca la importancia de que se asigne una financiación suficiente también al nivel de los Estados miembros;

12.  Reitera su petición a la Comisión de que, tras una evaluación de impacto, revise la vigente Decisión marco de la Unión relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones del racismo y la xenofobia mediante el Derecho penal, a fin de incluir en ella la incitación al odio por motivos de género, orientación sexual, identidad de género y características sexuales;

13.  Pide a los Estados miembros que velen por la aplicación y el cumplimiento plenos de la legislación vigente en la materia;

14.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que mejoren la disponibilidad y la comparabilidad de los datos de calidad desglosados sobre la violencia de género mediante la cooperación con Eurostat, el EIGE y la FRA, de acuerdo con las obligaciones del Convenio en materia de recogida de datos e investigación; pide una vez más a la Comisión que establezca un observatorio europeo para el control de la violencia de género, con datos precisos y comparables (análogo al ya existente Observatorio Estatal de la Violencia contra las Mujeres del EIGE);

15.  Destaca la importancia de establecer procedimientos formales de denuncia del acoso sexual en el lugar de trabajo y campañas específicas de formación y sensibilización como medio para garantizar el respeto del principio de dignidad en el trabajo y de aplicar por norma un enfoque de tolerancia cero; considera que las instituciones europeas deben dar ejemplo a este respecto;

16.  Pide al presidente del Parlamento Europeo, a la Mesa y a la Administración del Parlamento que sigan trabajando para garantizar que el Parlamento Europeo sea un lugar de trabajo exento de acoso y sexismo y para aplicar, de acuerdo con las demandas recogidas en la Resolución de 2017 sobre la lucha contra el acoso y los abusos sexuales en la Unión Europea, las medidas siguientes: 1) encargar una auditoría externa de los dos comités existentes de lucha contra el acoso en el Parlamento Europeo y publicar sus resultados; 2) reformar la composición de los órganos de lucha contra el acoso para incluir expertos externos de los ámbitos médico, jurídico y terapéutico con plenos derechos de voto; 3) introducir formaciones obligatorias sobre el respeto y la dignidad en el lugar de trabajo para todos los diputados al Parlamento Europeo y todas las categorías del personal;

17.  Acoge con satisfacción el compromiso de la presidenta electa de hacer más para combatir la violencia de género, apoyar mejor a las víctimas, hacer prioritaria para la Comisión la adhesión al Convenio de Estambul y aprovechar las posibilidades que ofrece el Tratado para incorporar la violencia contra las mujeres al catálogo de delitos de la Unión;

18.  Solicita a la Comisión que añada la lucha contra la violencia de género con carácter prioritario a la próxima estrategia en materia de igualdad entre mujeres y hombres incluyendo en ella políticas y medidas legislativas y no legislativas adecuadas;

19.  Pide a la Comisión que presente un acto legislativo sobre la prevención y la eliminación de todas las formas de violencia de género, en particular la violencia contra las mujeres y las niñas; se compromete, a este respecto, a explorar todas las medidas posibles, también sobre la ciberviolencia, ejerciendo su derecho de iniciativa legislativa consagrado en el artículo 225 del TFUE;

20.  Pide a la Comisión y al Consejo que activen la cláusula «pasarela» del artículo 83, apartado 1, del TFUE para incorporar la violencia contra las mujeres y las niñas y otras formas de violencia de género en el catálogo de delitos de la Unión;

21.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos de los Estados miembros y a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

(1) DO L 131 de 20.5.2017, p. 11.
(2) DO L 131 de 20.5.2017, p. 13.
(3) DO L 315 de 14.11.2012, p. 57.
(4) DO L 338 de 21.12.2011, p. 2.
(5) DO L 181 de 29.6.2013, p. 4.
(6) DO L 101 de 15.4.2011, p. 1.
(7) DO L 335 de 17.12.2011, p. 1.
(8) DO L 204 de 26.7.2006, p. 23.
(9) DO L 373 de 21.12.2004, p. 37.
(10) Textos Aprobados, P8_TA(2019)0357.
(11) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0331.
(12) DO C 346 de 27.9.2018, p. 192.
(13) DO C 337 de 20.9.2018, p. 167.
(14) DO C 407 de 4.11.2016, p. 2.
(15) DO L 328 de 6.12.2008, p. 55.
(16) https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/DeclaracionFemicidio-ES.pdf
(17) https://www.un.org/es/events/endviolenceday/


Acciones recientes de la Federación de Rusia contra jueces, fiscales e investigadores lituanos que participaron en la investigación de los trágicos sucesos del 13 de enero de 1991 en Vilna
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Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de noviembre de 2019, sobre las acciones recientes de la Federación de Rusia contra jueces, fiscales e investigadores lituanos que participaron en la investigación de los trágicos sucesos del 13 de enero de 1991 en Vilna (2019/2938(RSP))
P9_TA(2019)0081RC-B9-0182/2019

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores Resoluciones sobre la Federación de Rusia,

–  Visto el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Convenio Europeo de Derechos Humanos),

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

–  Visto el Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal,

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Vistos los Principios básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura,

–  Visto el reciente intercambio de puntos de vista mantenido el 12 de noviembre de 2019 en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior(1),

–  Visto el artículo 132, apartados 2 y 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que, como consecuencia directa del Pacto Molotov-Ribbentrop, la URSS comunista se anexionó la República de Lituania, además de otros países;

B.  Considerando que la Federación de Rusia, que mantiene compromisos en virtud de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y como miembro de pleno derecho del Consejo de Europa y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, se ha comprometido con los principios de la democracia, del Estado de Derecho y del respeto de las libertades fundamentales y los derechos humanos;

C.  Considerando que entre el 11 y el 13 de enero de 1991 las fuerzas armadas de la URSS cometieron un acto de agresión contra el Estado independiente de Lituania que provocó catorce muertos y casi ochocientos heridos entre los ciudadanos que intentaban defender pacíficamente la torre de la televisión de Vilna; que las hostilidades de las fuerzas armadas soviéticas no cesaron hasta el intento de golpe de Estado ocurrido en agosto de 1991 en Moscú;

D.  Considerando que el derramamiento de sangre fue denunciado en todo el mundo, incluso por el presidente del Sóviet Supremo de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia durante una gran manifestación en Moscú unos días después;

E.  Considerando que la Federación de Rusia, en el Tratado entre la República de Lituania y la República Socialista Federativa Soviética de Rusia sobre la base para las relaciones entre Estados, de 29 de julio de 1991, reconocía la restauración de la República independiente de Lituania el 11 de marzo de 1990;

F.  Considerando que la Federación de Rusia asumió los derechos y obligaciones de la antigua Unión Soviética y es su Estado sucesor;

G.  Considerando que el 27 de marzo de 2019 el Tribunal Regional de Vilna dictó su sentencia en la denominada «causa del 13 de enero», en la que Dmitri Yázov, exministro de Defensa de la Unión Soviética, Vladímir Usjópchik, excomandante de la guarnición de Vilna, Mijaíl Golovatov, excomandante de las fuerzas especiales del KGB, y 64 ciudadanos rusos, bielorrusos y ucranianos fueron declarados culpables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por su participación en el acto de agresión contra el Estado de Lituania;

H.  Considerando que todos los autores del ataque fueron juzgados en rebeldía, a excepción de dos, Yuri Mel y Guennadi Ivanov, exoficiales del ejército soviético, y que los acusados fueron sentenciados a penas de hasta catorce años de prisión; que las sentencias dictadas en la primavera de 2019 se refieren a los trágicos sucesos ocurridos tras la declaración de independencia de Lituania del 11 de marzo de 1990, así como a los intentos soviéticos al objeto de obligar al país a revocarla, los cuales comenzaron con un bloqueo económico en el primer semestre de 1990 y culminaron en una brutal tentativa de derrocamiento del Gobierno lituano en enero de 1991;

I.  Considerando que, al llevar a cabo la instrucción correspondiente a la causa del 13 de enero, las autoridades de la República de Lituania solicitaron de forma activa que las autoridades competentes de la Federación de Rusia cooperaran en este procedimiento penal, pero la Federación de Rusia no cooperó;

J.  Considerando que se estima que la Federación Rusia brinda activamente refugio y protección a los máximos responsables y participantes en los actos de agresión armada perpetrados contra civiles inocentes y desarmados, incluido el principal mando militar durante los sucesos de enero de 1991, Mijaíl Golovatov, y que está haciendo todo lo que está en su mano para ayudarles a evitar que rindan cuentas;

K.  Considerando que la reacción inicial de la Federación de Rusia a la sentencia del tribunal fue negativa, y que la Duma Estatal Rusa alegó que el juicio tenía «motivaciones políticas» y constituía un intento de «reescribir la historia», y que el ministro de Asuntos Exteriores ruso anunció que «no quedaría sin consecuencias»;

L.  Considerando que, entre julio de 2018 y abril de 2019, la Comisión de Investigación de la Federación de Rusia incoó varios procedimientos penales contra fiscales, investigadores y jueces de la República de Lituania que participaron en la instrucción o la sentencia de la causa del 13 de enero en virtud de los artículos 299 y 305 del Código Penal de la Federación de Rusia, de conformidad con los cuales supone responsabilidad penal «atribuir responsabilidad penal a una persona de cuya inocencia se tiene conocimiento» y «dictar un juez (o jueces) una sentencia, decisión o acto jurídico de otro tipo a sabiendas de su injusticia»;

M.  Considerando que el proceso penal de motivación política iniciado por la Federación de Rusia puede derivar en intentos de uso indebido del sistema de Interpol y de otros acuerdos de cooperación bilaterales y multilaterales, con el fin de restringir los derechos de los fiscales y jueces encargados de la instrucción de la causa del 13 de enero en caso de registro, interrogatorio y arresto; que existe la posibilidad de que la Federación de Rusia intente solicitar órdenes de detención internacionales contra los funcionarios lituanos que participaron en la causa del 13 de enero;

N.  Considerando que se está llevando a cabo una campaña de propaganda y desinformación en los medios de comunicación de la Federación de Rusia controlados por el Estado, así como por parte de sus representantes oficiales, con el fin de desarrollar teorías conspiratorias en relación con la causa del 13 de enero y que forma parte de las amenazas híbridas contra la Unión y las democracias;

O.  Considerando que el Estado de Derecho, que incluye la independencia judicial, es uno de los valores comunes en los que se fundamenta la Unión; que la Comisión, junto con el Parlamento y el Consejo, es responsable con arreglo a los Tratados de garantizar el respeto del Estado de Derecho como valor fundamental de la Unión y de velar por el cumplimiento del Derecho de la Unión, así como de sus valores y principios;

P.  Considerando que los jueces de cualquier Estado miembro son también jueces de la Unión Europea en su conjunto;

Q.  Considerando que la independencia de la judicatura constituye un sostén del Estado de Derecho y es esencial para el funcionamiento de la democracia y el respeto de los derechos humanos; que la independencia de la judicatura está consagrada en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales y en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos;

R.  Considerando que los Principios básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura estipulan que todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura; que también declaran que no se deberán efectuar intromisiones indebidas o injustificadas en el proceso judicial(2);

S.  Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos consagra en particular los principios de igualdad ante la ley y presunción de inocencia y el derecho de toda persona a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, establecido previamente por la ley;

T.  Considerando que el artículo 1 del Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal, ratificado por la Federación de Rusia, estipula que «las Partes Contratantes se comprometen a prestarse mutuamente, de conformidad con las disposiciones del presente Convenio, la asistencia judicial más amplia posible en los procedimientos relativos a infracciones cuya represión, en el momento de pedir la asistencia, sea de la competencia de las autoridades judiciales de la parte requirente»;

U.  Considerando que la Federación de Rusia incumple el Derecho y los compromisos internacionales con una frecuencia cada vez mayor, y actúa contrariamente a las relaciones de buena vecindad, socavando así cualquier perspectiva de cooperación futura;

1.  Manifiesta su afecto y solidaridad a las familias de las víctimas de la causa del 13 de enero;

2.  Señala que las acciones de las autoridades de la Federación de Rusia dirigidas a los jueces y fiscales lituanos vulneran valores jurídicos básicos, en particular la independencia de la judicatura y el principio de que únicamente podrán restringirse los derechos humanos y las libertades en cumplimiento de los fines con los que el Derecho internacional impone tales restricciones;

3.  Recuerda que el enjuiciamiento penal de fiscales y jueces por sus actividades profesionales constituye una forma de influencia externa inaceptable que interfiere con la primacía de la ley;

4.  Destaca que no se pueden considerar legítimas las acciones contra fiscales y jueces en asuntos penales de esta índole;

5.  Condena firmemente estas violaciones de los principios y normas fundamentales del Derecho internacional cometidas por las autoridades rusas y se opone a los procesos penales emprendidos por motivaciones políticas;

6.  Manifiesta su solidaridad con los fiscales, investigadores y jueces procesados por la Federación de Rusia en relación con este asunto, así como con los esfuerzos del Gobierno lituano por sacar estos sucesos a la luz y limitar el perjuicio y el peligro a que se enfrentan aquellas personas acusadas ilícitamente por las autoridades rusas;

7.  Destaca que las garantías de independencia de los jueces y fiscales reconocidas universalmente prohíben cualquier injerencia en la administración de justicia por parte de los tribunales o ejercer la mínima influencia en una resolución, así como procesar a un juez por una sentencia dictada o interferir en la labor de investigación de la fiscalía;

8.  Pide a las autoridades públicas de la Federación de Rusia que pongan fin al proceso penal incoado contra los fiscales, investigadores y jueces lituanos que participaron en la causa del 13 de enero;

9.  Pide a las autoridades de la Federación de Rusia, en aplicación del Tratado entre la República de Lituania y la República Socialista Federativa Soviética de Rusia sobre la base para las relaciones entre Estados, de 29 de julio de 1991, que evalúen la responsabilidad de las personas que dirigieron o participaron en el acto de agresión del 11 al 13 de enero de 1991 contra el Estado de Lituania y que ayuden a las autoridades policiales de la República de Lituania a hacer justicia en la causa del 13 de enero;

10.  Pide a las autoridades competentes de la Federación de Rusia y de Bielorrusia que satisfagan las solicitudes de la República de Lituania de cooperación judicial en la causa del 13 de enero;

11.  Pide a las autoridades rusas competentes que pongan fin a las declaraciones irresponsables de desinformación y propaganda por parte de funcionarios de la Federación de Rusia en relación con la causa del 13 de enero;

12.  Pide a los Estados miembros que, en caso de que reciban solicitudes de cooperación judicial de la Federación de Rusia en relación con el enjuiciamiento penal en Rusia de fiscales y jueces lituanos relacionados con la causa del 13 de enero, consideren que tienen una motivación política, que cooperen estrechamente con las autoridades lituanas competentes y que denieguen a la Federación de Rusia la cooperación judicial en este asunto;

13.  Pide a la Comisión de Control de los Ficheros de Interpol (CCF), entre cuyas funciones se encuentra la de bloquear las órdenes de detención abusivas de carácter político, que esté atenta a toda orden de detención internacional dictada contra los funcionarios lituanos acusados; pide a los Estados miembros y demás signatarios del Estatuto de la OIPC-Interpol que hagan caso omiso de toda orden de detención internacional contra los funcionarios lituanos acusados; pide a Interpol que haga caso omiso de toda solicitud de orden de detención relacionada con la causa del 13 de enero presentada por la Federación de Rusia;

14.  Pide a todos los Estados miembros que se abstengan de transmitir cualquier dato personal a la Federación de Rusia que pueda utilizarse en los procesos penales contra jueces, fiscales e investigadores lituanos;

15.  Pide a los Estados miembros que cooperen plenamente a nivel europeo en sus políticas con respecto a Rusia, ya que una mayor coherencia y una mejor coordinación son esenciales para mejorar la eficacia de la política de la Unión, y que redoblen sus esfuerzos en favor de la resiliencia y trabajen en la búsqueda de soluciones prácticas para apoyar y reforzar los procesos democráticos y la independencia de la judicatura;

16.  Pide a los presidentes del Consejo y de la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y a los Estados miembros que sigan supervisando de cerca estos asuntos, que planteen estas cuestiones en diferentes formatos y reuniones con la Federación de Rusia, que informen al Parlamento de las comunicaciones mantenidas con las autoridades rusas y que dejen a las autoridades rusas absolutamente claro que la Unión Europea se muestra unida y solidaria en relación con este y demás asuntos relacionados; insta a los Estados miembros a que planteen este asunto en todos sus contactos con las autoridades rusas;

17.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Consejo de Europa, a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y a los presidentes, Gobiernos y Parlamentos de la Federación de Rusia y de Bielorrusia.

(1) https://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/committees/video?event=20191112-0900-COMMITTEE-LIBE.
(2) https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/independencejudiciary.aspx.


Medidas destinadas a hacer frente a las consecuencias para la agricultura europea de la resolución de la OMC en el litigio Airbus
PDF 127kWORD 46k
Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de noviembre de 2019, sobre medidas destinadas a hacer frente a las consecuencias para la agricultura europea de la resolución de la OMC en la diferencia relativa a Airbus (2019/2895(RSP))
P9_TA(2019)0082RC-B9-0197/2019

El Parlamento Europeo,

–  Vista la decisión del árbitro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en la diferencia relativa a las subvenciones a Airbus (DS316), de 2 de octubre de 2019, por la que se autorizaba a los Estados Unidos a aplicar contramedidas por valor de 7 500 millones USD (6 800 millones EUR),

–  Vista la decisión formal adoptada por el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC el 14 de octubre de 2019 por la que se autorizan dichas sanciones,

–  Vista la decisión de los Estados Unidos de imponer un nuevo derecho ad valorem del 25 % para algunos productos agroalimentarios y ciertos productos no agrícolas y del 10 % para productos no agrícolas a partir del 18 de octubre de 2019,

–  Vistos los artículos pertinentes del Reglamento (UE) n.º 1144/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, sobre acciones de información y de promoción relativas a productos agrícolas en el mercado interior y en terceros países, y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 3/2008 del Consejo(1) (en adelante, «Reglamento sobre promoción») y la Decisión de Ejecución de la Comisión, de 18 de noviembre de 2019, relativa a la adopción del programa de trabajo para 2020 sobre acciones de información y de promoción relativas a productos agrícolas en el mercado interior y en terceros países,

–  Vistos los artículos pertinentes del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios(2) (Reglamento sobre la organización común de mercados única),

–  Visto el artículo 132, apartados 2 y 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que los Estados Unidos son el principal destino de las exportaciones agrícolas de la UE-28, que ascendieron a 22 300 millones de euros en 2018 (el 16,2 % del total de las exportaciones de productos agroalimentarios), y que representan, por tanto, un mercado irreemplazable, en términos tanto de valor como de volumen;

B.  Considerando que los nuevos aranceles, que serán equivalentes a 1 100 millones EUR, afectarán a exportaciones agroalimentarias por valor de 4 300 millones EUR (el 60 % del valor total de las contramedidas);

C.  Considerando que el Reino Unido, Francia, España, Italia, Alemania e Irlanda son los países más afectados por la decisión estadounidense, mientras que los sectores agroalimentarios de otros Estados miembros también resultarán damnificados;

D.  Considerando que los principales productos agrícolas afectados por las sanciones de la OMC son productos emblemáticos de la Unión con un valor añadido muy elevado y que suelen estar protegidos por regímenes de calidad de la Unión, (vinos y bebidas espirituosas como el whisky de malta, el aceite de oliva y productos lácteos como la mantequilla y el queso);

E.  Considerando que también están expuestos, aunque en menor medida, otros productos agroalimentarios, como las aceitunas de mesa, el cerdo, el café, las galletas dulces, las frutas transformadas, los cítricos, los mejillones, los licores y la cachemira;

F.  Considerando que los agricultores y los operadores de la cadena agroalimentaria son, tras el embargo ruso, de nuevo víctimas de un conflicto comercial no agrícola ajeno a su ámbito de influencia, y que la decisión de los Estados Unidos de aplicar estos aranceles podría mantenerse indefinidamente, hasta que los Estados miembros cumplan la resolución de la OMC en la diferencia relativa a Airbus;

G.  Considerando que las contramedidas estadounidenses aumentarán la inseguridad económica y jurídica de los productores europeos en un sector que ya es volátil por su propia naturaleza, y agudizarán la inestabilidad en el mercado interior de la Unión, que ya tiene que afrontar las perturbaciones que provoca el embargo ruso y prepararse para las posibles repercusiones económicas de la posible retirada del Reino Unido de la Unión;

H.  Considerando que, con arreglo a las disposiciones de la legislación estadounidense, los Estados Unidos pueden introducir el denominado arancel en cascada, que tendría un efecto dominó sobre otros productos, amplificaría las consecuencias económicas de las contramedidas, y tendría un impacto desproporcionado en el sector agroalimentario;

I.  Considerando que la diferencia sobre las subvenciones a Boeing sigue pendiente de resolución en la OMC;

J.  Considerando que en algunos sectores, como el de las aceitunas de mesa (afectado por la aplicación de aranceles estadounidenses ya desde noviembre de 2017) y el del aceite de oliva, la decisión de los Estados Unidos deteriorará aún más la de por sí frágil situación del mercado interior, mientras que en otros sectores, como el vitivinícola, el del whisky y el de los productos lácteos, podría causar graves perturbaciones en el mercado en general; que, por lo tanto, una decisión de este tipo amenazaría el crecimiento, la inversión y la creación de empleo y daría lugar a una pérdida significativa en términos de competitividad y cuota de mercado, cuyos niveles actuales son el resultado de años de trabajo y de cuyo desplome será difícil recuperarse;

K.  Considerando que los aranceles generarán incrementos importantes de los precios para los consumidores y pérdidas económicas y de puestos de trabajo para las empresas de ambas orillas del Atlántico, de lo que se beneficiarán en última instancia los productores de fuera de la Unión y de los Estados Unidos;

L.  Considerando que, de acuerdo con la actual normativa de la Unión, no pueden reprogramarse las campañas de promoción que ya han sido aprobadas y están dirigidas al mercado estadounidense, y que algunas acciones que ya se han puesto en marcha para la promoción de productos de valor muy elevado podrían no tener éxito en el caso de que haya que aplicar los aranceles estadounidenses;

M.  Considerando que la agricultura de la Unión, que por su propia naturaleza es particularmente sensible, está cada vez más integrada en los mercados internacionales, lo que subraya la importancia de unas relaciones comerciales constructivas en su conjunto y del mantenimiento de una cadena de suministro agroalimentario de productos de gran calidad que satisfaga la demanda de los clientes;

1.  Expresa su profunda preocupación por los daños colaterales a los que se enfrenta el sector agroalimentario de la Unión como consecuencia de la decisión adoptada por los Estados Unidos de imponer contramedidas contra la Unión Europea como consecuencia de la diferencia relativa a Airbus; considera inaceptable que el sector agrícola deba asumir una parte importante de los costes derivados de una diferencia de carácter jurídico relacionada con un sector con el que no guarda relación alguna; deplora la decisión de imponer derechos sobre un número tan elevado de productos agrícolas;

2.  Lamenta profundamente la falta de respuesta de los Estados Unidos a las tentativas de la Unión por alcanzar a tiempo una solución negociada antes de la aplicación de los aranceles; subraya su preocupación por el hecho de que, hasta ahora, los Estados Unidos se hayan negado a trabajar con la Unión para hallar a tiempo una solución para nuestros respectivos sectores aeronáuticos en el contexto de la prolongada disputa entre Airbus y Boeing;

3.  Respalda los esfuerzos de la Comisión y la insta a que siga intentando encontrar soluciones negociadas para diluir las tensiones comerciales actuales entre las dos partes;

4.  Destaca la necesidad de una respuesta coordinada y unificada de la Unión, en particular habida cuenta de que los aranceles se han diseñado para que afecten de manera desigual a distintos Estados miembros, en un intento de dividir la posición de la Unión;

5.  Pide a la Comisión que haga un estrecho seguimiento del mercado agroalimentario de la Unión, a fin de detectar las perturbaciones que se deriven de la aplicación de estos aranceles, los efectos acumulativos con otras evoluciones del mercado, incluidos los derivados del actual embargo ruso, y el efecto dominó de los productos afectados en la cadena de suministro alimentario;

6.  Insta a la Comisión a que investigue el impacto de estas contramedidas en los sectores afectados y el mercado interior y, cuando esté justificado, de conformidad con las normas de la OMC y dentro de los límites del presupuesto, a que movilice rápidamente el apoyo a los sectores más afectados; lamenta profundamente, en este contexto, la falta de financiación adecuada para estos fines en el presupuesto de 2020;

7.  Pide a la Comisión que considere la posibilidad de recurrir a instrumentos y medidas disponibles en el marco de la organización común de mercados única, como los regímenes de almacenamiento privado y la retirada del mercado, y a cualquier otro instrumentos nuevo o disponible o medida pertinente para hacer frente a las perturbaciones del mercado interior;

8.  Acoge con satisfacción el anuncio por la Comisión de que revisará el Derecho derivado vigente cubierto por la organización común de mercados única a fin de permitir que los operadores amplíen las campañas de promoción en los Estados Unidos y para permitir una mayor flexibilidad en la gestión de las campañas de promoción en curso en terceros países de manera que los operadores puedan responder y reforzar sus acciones en los Estados Unidos y contrarrestar el impacto en los consumidores, o reorientarse, en caso necesario, hacia mercados alternativos reprogramando actividades que ya han sido aprobadas para el mercado estadounidense; pide a la Comisión que introduzca estas modificaciones lo antes posible y que adopte medidas adicionales para aportar más flexibilidad en la gestión de las campañas de promoción en virtud del Reglamento sobre promoción;

9.  Insiste en que las sanciones estadounidenses son excepcionales y los operadores no podrían haberlas previsto ni gestionado; pide, por lo tanto, a la Comisión que adapte las normas en materia de control y auditoría de modo que los operadores no resulten penalizados como consecuencia de las adaptaciones que inevitablemente se verán obligados a efectuar en relación con acciones de promoción o por no llevar a cabo acciones de promoción ya planificadas;

10.  Pide a la Comisión que adopte medidas horizontales de información y promoción, que pueden adoptar la forma de misiones de alto nivel o de participación en ferias comerciales y exposiciones de relevancia internacional, con el fin de mejorar la imagen e incrementar la promoción de los productos en cuestión, de conformidad con los artículos 2 y 9 del Reglamento sobre promoción;

11.  Observa que, debido a este problema de mercado concreto, la Comisión debe considerar la posibilidad de aplicar las disposiciones de los artículos 15 y 19 del Reglamento sobre promoción con el fin de apoyar a los operadores que tengan que redoblar sus esfuerzos para entrar en el mercado estadounidense y ayudar a paliar los obstáculos que dificultan el acceso a dicho mercado;

12.  Solicita a la Comisión que, dentro de los márgenes disponibles, apruebe convocatorias adicionales y las acompañe de un incremento de las dotaciones de promoción para 2019, en vista de que ya se ha comprometido el presupuesto anual, a fin de evitar retrasos a la hora de reaccionar con rapidez a las contramedidas estadounidenses;

13.  Apoya la mejora del Reglamento horizontal sobre promoción, aprovechando al mismo tiempo la experiencia de las oficinas nacionales de promoción comercial, a fin de ayudar a los operadores a que amplíen y consoliden su posición en los mercados de terceros países y a que encuentren nuevas salidas comerciales para los productos de la Unión, en vista de la reforma de la PAC y la próxima revisión del Reglamento sobre promoción;

14.  Destaca, en este contexto, que tiene una importancia fundamental evitar nuevos recortes en el presupuesto de la PAC y proseguir la reforma de la reserva de la PAC para situaciones de crisis, ya que el sector agrícola se ve cada vez más afectado por la volatilidad y por crisis internacionales de motivación política que exigen una respuesta presupuestaria fuerte y eficiente;

15.  Destaca la necesidad de diversificar los mercados de exportación y garantizar el acceso al mercado para los productos afectados por los aranceles de los Estados Unidos eliminando los obstáculos técnicos persistentes, que han impedido que los operadores aprovecharan plenamente las posibilidades de exportación que brindan otros acuerdos de libre comercio;

16.  Reitera su compromiso con el libre comercio y los mercados abiertos, ya que han expandido las oportunidades económicas y de empleo de numerosas pequeñas y medianas empresas en los Estados Unidos y en la Unión, y hace hincapié en la importancia de unas relaciones comerciales constructivas mutuamente beneficiosas para la Unión y los Estados Unidos;

17.  Subraya su apoyo al mantenimiento de un sistema comercial basado en normas y a la OMC como institución, al tiempo que reconoce la necesidad de una reforma global, en particular en relación con el Órgano de Apelación de la OMC;

18.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO L 317 de 4.11.2014, p. 56.
(2) DO L 347 de 20.12.2013, p. 671.


Crisis del Órgano de Apelación de la OMC
PDF 118kWORD 43k
Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de noviembre de 2019, sobre la crisis del Órgano de Apelación de la OMC (2019/2918(RSP))
P9_TA(2019)0083B9-0181/2019

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Acuerdo de Marrakech, de 15 de abril de 1994, por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC),

–  Visto el artículo 17 del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias, por el que se establece el Órgano Permanente de Apelación del Órgano de Solución de Diferencias de la OMC,

–  Vistas la Comunicación de la Unión Europea, China, el Canadá, la India, Noruega, Nueva Zelandia, Suiza, Australia, la República de Corea, Islandia, Singapur, México, Costa Rica y Montenegro al Consejo General de la OMC, de 11 de diciembre de 2018 (WT/GC/W/752/Rev. 2), y la Comunicación de la Unión Europea, China, la India y Montenegro al Consejo General de la OMC, de 11 de diciembre de 2018 (WT/GC/W/753/Rev.1),

–  Vistos el acuerdo arbitral de apelación provisional, de 25 de julio de 2019, entre la UE y Canadá en virtud del artículo 25 del Entendimiento relativo a la Solución de Diferencias, y el acuerdo similar con Noruega, de 21 de octubre de 2019,

–  Vistos el proceso informal sobre cuestiones relativas al funcionamiento del Órgano de Apelación auspiciado por el Consejo General y los informes presentados por el embajador de Nueva Zelanda, David Walker, ante el Consejo General de la OMC el 28 de febrero de 2019 (JOB/GC/215), el 7 de mayo de 2019 (JOB/GC/217), el 23 de julio de 2019 (JOB/GC/220) y el 15 de octubre de 2019 (JOB/GC/222), así como el proyecto de Decisión del Consejo General sobre el funcionamiento del Órgano de Apelación presentado por el embajador David Walker al Consejo General el 15 de octubre de 2019 en anexo a su informe de esa fecha,

–  Vista la declaración de la Comisión de 26 de noviembre de 2019,

–  Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

–  Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Comercio Internacional,

A.  Considerando que la OMC se creó para consolidar el multilateralismo y promover un orden económico mundial inclusivo y un sistema de comercio multilateral abierto, basado en normas y no discriminatorio;

B.  Considerando que, gracias a su carácter vinculante, sus dos instancias y la independencia e imparcialidad de sus miembros, el sistema de solución de diferencias de la OMC ha contribuido a garantizar el cumplimiento de las normas de la OMC, así como a la seguridad y previsibilidad del sistema comercial multilateral, evitando el recurso a medidas unilaterales;

C.  Considerando que el Órgano de Apelación de la OMC desempeña un papel fundamental en el sistema de solución de diferencias de la OMC;

D.  Considerando que los Estados Unidos han bloqueado desde 2017 la sustitución de cualquiera de los siete miembros con los que cuenta el Órgano de Apelación y ha rechazado numerosas propuestas para poner en marcha el proceso de selección para cubrir las vacantes restantes;

E.  Considerando que el 10 de diciembre de 2019 concluirán los mandatos de dos de los tres miembros restantes del Órgano de Apelación, y que el Órgano de Apelación no podrá conocer de ninguna apelación nueva, puesto que se necesitan tres miembros a tal efecto;

1.  Manifiesta su profunda preocupación por que, en ausencia de una solución, el Órgano de Apelación dejará de ser operativo a partir del 10 de diciembre de 2019, lo que podría acarrear consecuencias muy graves para el sistema comercial multilateral basado en normas;

2.  Lamenta que los debates en curso entre los miembros de la OMC todavía no hayan dado resultados positivos;

3.  Apoya plenamente el proceso informal facilitado por el embajador David Walker y considera que sus propuestas sientan una sólida base para encontrar una solución satisfactoria que disipe las preocupaciones comunes sobre el funcionamiento del Órgano de Apelación y la necesidad de reformarlo; pide a todos los miembros de la OMC que participen de manera constructiva en los debates para que las vacantes puedan cubrirse cuanto antes, garantizando al mismo tiempo que la OMC cuente con recursos financieros y humanos acordes a sus necesidades;

4.  Pide a la Comisión Europea que siga trabajando con todos los miembros de la OMC, incluidos los Estados Unidos, a fin de desbloquear con carácter prioritario los trámites para los nombramientos, incluso después del 10 de diciembre de 2019, si procede;

5.  Apoya las recientes iniciativas de la Unión para llegar a acuerdos provisionales con nuestros principales socios comerciales que preserven el derecho de la Unión Europea a la resolución de litigios comerciales en la OMC mediante una adjudicación vinculante a dos niveles, independiente e imparcial, al mismo tiempo que recuerda que el objetivo principal de la estrategia de la Unión sigue siendo un Órgano Permanente de Apelación;

6.  Recuerda la importancia del diálogo interparlamentario para contribuir a los debates en curso y obtener un resultado positivo;

7.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros de la OMC, y al director general de la OMC.


Negociaciones en curso de un nuevo Acuerdo de Asociación UE-ACP
PDF 125kWORD 47k
Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de noviembre de 2019, sobre las negociaciones en curso de un nuevo Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y el Grupo de Estados de África, del Caribe y del Pacífico (2019/2832(RSP))
P9_TA(2019)0084B9-0175/2019

El Parlamento Europeo,

–  Vistos el Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 («Acuerdo de Cotonú»)(1), y sus revisiones de 2005 y 2010(2),

–  Vista la Recomendación de la Comisión, de 12 de diciembre de 2017, de Decisión del Consejo por la que se autoriza el inicio de las negociaciones sobre un Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y los países de África, el Caribe y el Pacífico(3),

–  Vistas sus Resoluciones, de 4 de octubre de 2016, sobre el futuro de las relaciones ACP-UE después de 2020(4), y de 14 de junio de 2018, sobre las próximas negociaciones de un nuevo acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Grupo de los Estados de África, el Caribe y el Pacífico(5),

–  Vista la pregunta al Consejo y a la Comisión sobre las negociaciones en curso de un nuevo Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y el Grupo de Estados de África, del Caribe y del Pacífico (O-000035/2019 – B9‑0057/2019 y O-000036/2019 – B9‑0058/2019),

–  Vistos el artículo 136, apartado 5, y el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

–  Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Desarrollo,

A.  Considerando que las negociaciones de un nuevo Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y el Grupo de Estados de África, del Caribe y del Pacífico aún están en curso y es probable que lleven más tiempo del previsto inicialmente;

B.  Considerando que la fortaleza y el acervo del Acuerdo de Cotonú se basan en varias características únicas que hay que mantener y reforzar;

C.   Considerando que las relaciones ACP-UE revisten una gran importancia, particularmente en este momento, en el que el sistema multilateral está sujeto a tensiones y cuestionamiento; que el Acuerdo de Cotonú es un instrumento esencial del multilateralismo, por el número de Estados que reúne, así como por el contenido y la estructura de la asociación, y que conviene dar más resalte y visibilidad a la asociación en el seno de las Naciones Unidas y otros foros mundiales; que en 2015 la comunidad internacional asumió compromisos globales de primer orden como parte de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Acuerdo de París y la Agenda de Adís Abeba, y que la cooperación ACP-UE será esencial para alcanzar esos objetivos mundiales;

D.   Considerando que el refuerzo de la dimensión parlamentaria entre la Unión y el Grupo de Estados ACP gracias a la mejora de su eficacia y su representatividad debería ser un elemento clave de la nueva asociación UE-ACP;

E.  Considerando que la frecuencia y variedad de las reuniones de la Asamblea Parlamentaria Paritaria (APP) ACP-UE ha permitido un diálogo coherente durante años, contribuyendo eficazmente por ese medio al fortalecimiento de la diplomacia parlamentaria; que el contexto internacional actual debe llevar a la Unión y los Estados ACP a proseguir ese diálogo parlamentario y mejorar su eficacia;

1.  Acoge con satisfacción los avances realizados hasta el momento en las negociaciones de las estrategias prioritarias de la fundación y el trabajo sobre los protocolos regionales;

2.  Toma nota de que se necesitará más tiempo para negociar las partes pendientes del Acuerdo, y de que las negociaciones no acabaron a finales de octubre de 2019 como estaba previsto inicialmente;

3.  Acoge con satisfacción, en vista de la expiración del Acuerdo de Cotonú en febrero de 2020, la decisión adoptada por el Consejo de Ministros ACP-UE de delegar en el Comité de Embajadores ACP-UE los poderes para adoptar medidas transitorias hasta que entre en vigor la nueva asociación ACP-UE;

4.  Reafirma enérgicamente la posición expresada en sus dos Resoluciones sobre el período posterior al Acuerdo de Cotonú adoptadas en octubre de 2016 y en junio de 2018, y estima que se han de reiterar claramente algunos de los elementos esenciales del Acuerdo de Cotonú, de modo que se puedan tomar plenamente en consideración durante el tiempo restante de las negociaciones;

5.  Reitera la importancia de reforzar la dimensión parlamentaria del futuro Acuerdo, que ha de garantizar una rendición de cuentas democrática a todos los niveles; destaca que el marco institucional debería incluir una Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE; estima que esta demanda no es negociable en la medida en que el Parlamento Europeo debe dar su aprobación al futuro Acuerdo;

6.  Recuerda que la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE tiene un papel destacado que desempeñar a la hora de garantizar la supervisión democrática del futuro Acuerdo, y pide de nuevo que se refuerce el papel consultivo y de control de la APP; está convencido de la necesidad de celebrar reuniones periódicas a nivel ACP-UE para garantizar una asociación sólida;

7.  Estima que la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE debe desempeñar un papel clave en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en la evaluación de la coherencia de las políticas en favor del desarrollo; está convencido de que la APP promueve los intercambios sobre los retos mundiales, como son los derechos humanos, la democracia, la buena gobernanza, la igualdad de género, la paz y la seguridad, así como el clima, el medio ambiente y la biodiversidad;

8.  Reitera su compromiso en favor del multilateralismo y pide que se promueva la coordinación, particularmente en el marco de la APP, con el fin de que en los foros internacionales se adopte una posición concertada ACP-UE; hace hincapié en la necesidad de colaborar en mayor medida con otros socios internacionales, así como con la sociedad civil, en el periodo previo a las negociaciones multilaterales;

9.  Considera que la Asamblea Parlamentaria Paritaria debería componerse de un número igual de representantes de la Unión y de los países ACP, y debería reunirse dos veces al año en sesión plenaria, alternativamente en la Unión y en un Estado ACP;

10.  Destaca que las comisiones parlamentarias de la asociación regional han de reunirse una vez al año en cada región y no deben depender de la convocatoria de las reuniones del Consejo de Ministros de la asociación regional; subraya, además, que la regionalización de la asociación UE-ACP en virtud del nuevo Acuerdo, que se prevé que sea un incentivo para una integración regional más profunda entre los países ACP, no debe ponerse en práctica de manera que vaya en detrimento de los objetivos comunes generales del Acuerdo;

11.  Reitera la necesidad de mantener y reforzar algunas de las características únicas del Acuerdo de Cotonú, concretamente el respeto de los derechos humanos, la democracia, las libertades fundamentales, la buena gobernanza y el Estado de Derecho;

12.  Insiste en que el nuevo Acuerdo debe reforzar aún más el espíritu de asociación en pie de igualdad, teniendo en cuenta al mismo tiempo las especificidades de cada país y la cooperación entre los países ACP y la Unión como socios unidos y solidarios dentro del sistema multilateral; recuerda que, por lo tanto, el nuevo Acuerdo debe permitir sobrepasar la mera relación donante-receptor;

13.  Reitera la importancia del diálogo político para la defensa de nuestros valores comunes y como parte integrante de la asociación, y pide que se utilice el diálogo político sistemáticamente y de modo más efectivo y proactivo, a fin de prevenir crisis políticas;

14.  Lamenta que en algunos países se vaya reduciendo el espacio para la sociedad civil, y reitera que el futuro Acuerdo debe prever un mayor papel de la sociedad civil, incluidas las ONG, los grupos de derechos humanos y comunitarios, miembros de las diásporas, iglesias y asociaciones y comunidades religiosas, así como representantes de la juventud y las mujeres en particular, a fin de salvaguardar los intereses de las personas con discapacidad, los movimientos sociales y los sindicatos, los pueblos indígenas y las fundaciones, y de garantizar la representación de las personas vulnerables y marginadas que son objeto de discriminación, y afirma que todo ello debe alcanzarse en el marco del diálogo político y a todos los niveles;

15.  Pide que la erradicación de la pobreza y el fomento del desarrollo sostenible sean los objetivos generales de la cooperación ACP-UE, en línea con el principio de no dejar a nadie atrás; reitera que la lucha contra la exclusión, la discriminación y las desigualdades debe ocupar un lugar central en el Acuerdo;

16.  Recuerda que el componente del futuro Acuerdo relativo a los derechos humanos debe incluir una formulación explícita sobre la lucha contra la discriminación basada en cualesquiera motivos, por ejemplo la orientación sexual o la identidad de género, o contra los menores, las personas en tránsito, las personas mayores y las personas con discapacidad;

17.  Destaca la importancia de la igualdad de género y la capacitación de las mujeres como un motor para el desarrollo, y pide a la Unión y a los países ACP que incluyan la igualdad de género como cuestión transversal en el Acuerdo; subraya la importancia de que las partes asuman un compromiso en favor de la salud y los derechos sexuales y reproductivos y de la plena aplicación del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo;

18.  Espera que, a la hora de asignar la ayuda financiera, la Unión preste la debida atención a las políticas de sus países socios y a los retos que estos afrontan, en particular teniendo en cuenta el hecho de que la mayoría de los movimientos migratorios se producen entre los propios países ACP; reitera que el futuro Acuerdo debe prestar asistencia a las comunidades de acogida, afectadas por desplazamientos masivos de población, y abordar las causas profundas de los desplazamientos forzosos con exhaustividad y basándose en los derechos;

19.  Celebra que se considere el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible un objetivo esencial del futuro Acuerdo, y reitera su petición de que se creen mecanismos sólidos de supervisión para garantizar que la aplicación del Acuerdo contribuya eficazmente a los ODS y los promueva; destaca la necesidad de integrar diversas cuestiones transversales, como la sostenibilidad medioambiental y los objetivos en materia de lucha contra el cambio climático, así como las cuestiones relativas al género y a la justicia social, en todas las políticas, planes e intervenciones como parte del futuro Acuerdo;

20.  Reitera el objetivo clave de los Acuerdos de Asociación Económica (AAE) de promover el desarrollo a largo plazo y la integración regional; subraya que los acuerdos comerciales deben promover el desarrollo sostenible y los derechos humanos, e insiste en que deben ser parte integrante del futuro Acuerdo;

21.  Pide que, en todos los AAE en curso de negociación y futuros, se incluyan sistemáticamente disposiciones con fuerza ejecutiva en materia de desarrollo sostenible y derechos humanos, y que se realice un análisis en profundidad del impacto de los AAE en las economías locales y el comercio intrarregional, con el fin de abordar las preocupaciones respecto de su aplicación en términos de integración regional e industrialización;

22.  Considera que la ejecución de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible exige una fuerte participación de las autoridades locales y los agentes no estatales para reforzar la apropiación democrática; estima que, para cumplir ese objetivo, sería útil contar con un mecanismo ACP-UE de supervisión, rendición de cuentas y revisión entre homólogos, en el que participen representantes de las autoridades nacionales, regionales y locales, la sociedad civil y las comunidades científicas, y que esté encargado de elaborar conclusiones y recomendaciones anuales con vistas al seguimiento;

23.  Recuerda que el sector privado es un socio esencial para lograr un desarrollo sostenible, promover el crecimiento económico y reducir la pobreza; pide que en el futuro Acuerdo se incluyan disposiciones claras sobre la función y las responsabilidades de las empresas que participan en asociaciones para el desarrollo y promueven los principios de la responsabilidad social de las empresas el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, las normas laborales fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, las normas medioambientales, y la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción;

24.  Recuerda a las partes negociadoras que en el nuevo Acuerdo deben incluir disposiciones ambiciosas para luchar contra los flujos financieros ilícitos y la evasión fiscal, y que deben prestar ayuda financiera y técnica a los países en desarrollo para que se adapten a las nuevas normas mundiales en materia de lucha contra la evasión fiscal, incluido el intercambio automático de información, la información sobre la titularidad real de las empresas y sobre los informes públicos país por país de las multinacionales, al objeto de frenar la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, basándose en los modelos del G20 y la OCDE;

25.  Insiste en que supeditar la asignación de ayuda a la cooperación con la Unión en cuestiones migratorias no es compatible con los principios acordados en materia de eficacia del desarrollo;

26.  Recuerda que se ha de informar al Parlamento Europeo cumplida e inmediatamente en todas las fases del procedimiento de negociación, de conformidad con el artículo 218, apartado 10, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y reitera la necesidad de acordar mejores disposiciones prácticas para la cooperación y el intercambio de información en todo el ciclo de vida de los acuerdos internacionales;

27.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Consejo de Ministros ACP, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a la Comisión de la Unión Africana, al Parlamento Panafricano y a la Mesa de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE.

(1) DO L 317 de 15.12.2000, p. 3.
(2) DO L 287 de 4.11.2010, p. 3.
(3) COM(2017)0763.
(4) DO C 215 de 19.6.2018, p. 2.
(5) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0267.

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