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Procedimiento : 2019/2062(DEC)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A9-0028/2020

Textos presentados :

A9-0028/2020

Debates :

Votaciones :

PV 13/05/2020 - 20
PV 14/05/2020 - 10
PV 14/05/2020 - 17
CRE 14/05/2020 - 10
CRE 14/05/2020 - 17

Textos aprobados :

P9_TA(2020)0086

Textos aprobados
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Jueves 14 de mayo de 2020 - Bruselas
Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la UE – Defensor del Pueblo Europeo
P9_TA(2020)0086A9-0028/2020
Decisión
 Resolución

1. Decisión del Parlamento Europeo, de 13 de mayo de 2020, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018, sección VIII – Defensor del Pueblo Europeo (2019/2062(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018(1),

–  Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea relativas al ejercicio 2018 (COM(2019)0316 – C9‑0057/2019)(2),

–  Visto el Informe Anual del Defensor del Pueblo Europeo a la autoridad de aprobación de la gestión presupuestaria sobre las auditorías internas efectuadas en 2018,

–  Visto el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria relativo al ejercicio 2018, acompañado de las respuestas de las instituciones(3),

–  Vista la declaración(4) sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2018 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistos el artículo 314, apartado 10, y los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo(5), y en particular sus artículos 55, 99, 164, 165 y 166,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012(6), y en particular sus artículos 59, 118, 260, 261 y 262,

–  Vistos el artículo 100 y el anexo V de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A9-0028/2020),

1.  Aprueba la gestión de la defensora del pueblo en la ejecución del presupuesto del Defensor del Pueblo Europeo para el ejercicio 2018;

2.  Presenta sus observaciones en la Resolución que figura a continuación;

3.  Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión y la Resolución que forma parte integrante de ella al Defensor del Pueblo Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al Tribunal de Cuentas, al Supervisor Europeo de Protección de Datos y al Servicio Europeo de Acción Exterior, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

(1) DO L 57 de 28.2.2018.
(2) DO C 327 de 30.9.2019, p. 1.
(3) DO C 340 de 8.10.2019, p. 1.
(4) DO C 340 de 8.10.2019, p. 9.
(5) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
(6) DO L 193 de 30.7.2018, p. 1.


2. Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de mayo de 2020, que contiene las observaciones que forman parte integrante de la Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018, sección VIII – Defensor del Pueblo Europeo (2019/2062(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Vista su Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018, sección VIII – Defensor del Pueblo Europeo,

–  Vistos el artículo 100 y el anexo V de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A9-0028/2020),

A.  Considerando que, en el contexto del procedimiento de aprobación de la gestión, la autoridad de aprobación de la gestión desea hacer hincapié en la importancia particular que reviste reforzar aún más la legitimidad democrática de las instituciones de la Unión mediante la mejora de la transparencia y la rendición de cuentas y la aplicación del concepto de presupuestación basada en el rendimiento y la buena gobernanza de los recursos humanos;

1.  Toma nota con satisfacción de que, en su informe anual para el ejercicio 2018 sobre el Defensor del Pueblo Europeo, el Tribunal de Cuentas (en lo sucesivo, «Tribunal») no observó ninguna insuficiencia significativa respecto de las cuestiones examinadas relativas a los recursos humanos y los contratos públicos;

2.  Toma nota de la conclusión del Tribunal de que el conjunto de los pagos correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2018 para los gastos administrativos del Defensor del Pueblo Europeo estaban exentos de errores significativos y de que los sistemas de control y supervisión examinados eran eficaces;

3.  Lamenta, como observación general, que el capítulo 10 «Administración» del Informe Anual del Tribunal tenga un alcance y unas conclusiones bastante limitados, aun cuando la rúbrica 5 «Administración» del marco financiero plurianual se considere de bajo riesgo;

4.  Toma nota de que el Tribunal seleccionó una muestra de 45 operaciones correspondientes a la rúbrica 5 «Administración» del marco financiero plurianual de todas las instituciones y órganos de la Unión; observa que esta muestra se concibió para que fuera representativa del conjunto de gastos con cargo a la rúbrica 5, que representa un 6,3 % del presupuesto de la Unión; de que la labor del Tribunal indica un gasto administrativo de bajo riesgo; considera, no obstante, que el número de las operaciones seleccionadas en relación con las «otras instituciones» no es suficiente y pide al Tribunal que aumente el número de operaciones que deben ser examinadas en un 10 % como mínimo;

5.  Se congratula de que el Defensor del Pueblo respete la mejor práctica de fijar como fecha límite para la presentación de los informes anuales de actividades el 31 de marzo del año siguiente al del ejercicio contable; celebra, pues, que el Defensor del Pueblo aprobara su informe anual de actividades el 28 de marzo, lo cual permite que la autoridad responsable de la aprobación de la gestión tenga más tiempo para examinarlo en profundidad y llevar mejor a cabo el procedimiento de aprobación de la gestión;

6.  Subraya que el presupuesto del Defensor del Pueblo es puramente administrativo y que en 2018 ascendió a 10 837 545 EUR (frente a los 10 905 441 en 2017), lo que se traduce en una reducción de 67 896 EUR, esto es, del 0,62 %); acoge con satisfacción la, en general, buena y prudente gestión financiera del Defensor del Pueblo en el período presupuestario de 2018; observa que del conjunto de todos los créditos se comprometió el 95,33 % (frente al 93,91 % en 2017) y se pagó el 91,33 % (frente al 86,20 % en 2017);

7.  Toma nota de las mejoras relacionadas con los créditos prorrogados de 2018 a 2019, que representan 433 865,17 EUR (4 % del presupuesto 2018), frente a los 841 340,68 EUR (7,71 % del presupuesto de 2017) de 2017 a 2018;

8.  Observa, sin embargo, la existencia de créditos no utilizados en el caso de varias líneas presupuestarias, como por ejemplo «reuniones externas» (línea presupuestaria B3-030, con 13 514,61 EUR no utilizados de un total de 45 000), «publicaciones» (línea presupuestaria B3-210, con 47 530,48 EUR no utilizados de un total de 161 100), etc.; recuerda la necesidad de adoptar medidas para minimizar las sobreestimaciones presupuestarias;

9.  Toma nota de los limitados recursos del Defensor del Pueblo para hacer frente a una carga de trabajo cada vez mayor; apoya la petición del Defensor del Pueblo de ajustar la plantilla de personal a las necesidades y la carga de trabajo reales identificando las funciones de carácter permanente que deben ser realizadas por personal permanente; toma nota de la plantilla de personal, integrada por 82 puestos en 2018 (frente a 77 puestos en 2013); pide al Defensor del Pueblo que informe sobre posibles mejoras de eficiencia logradas por el solo hecho de la reorganización y la reasignación de tareas;

10.  Alienta la cooperación de la oficina del Defensor del Pueblo con otras instituciones de la Unión con miras a limitar los gastos; observa sin embargo que, en lo que respecta a la traducción, el Defensor del Pueblo no dispone de traductores internos, por lo que recurre a los servicios del Parlamento y del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea; observa, no obstante, que los gastos de traducción se incrementaron en 2018, ya que en el caso del Defensor del Pueblo ascendieron a 343 711 EUR (frente a 262 631 EUR en 2017);

11.  Se congratula del equilibrio de género ejemplar en los puestos directivos, con cuatro mujeres y cuatro hombres; observa, sin embargo, que en su conjunto el 65 % del personal lo componen mujeres, frente a tan solo un 35 % de hombres; aboga por un entorno laboral más equilibrado, en términos de género, en la oficina del Defensor del Pueblo;

12.  Observa, en relación con el equilibrio geográfico en los puestos directivos, que el Defensor del Pueblo contaba en 2018 con seis nacionalidades distintas representada (alemana, griega, irlandesa, italiana, polaca y sueca), frente a ocho en 2013 (austriaca, alemana, danesa, griega, irlandesa, polaca, portuguesa y británica); toma nota de que el número total de directivos se redujo de once a ocho entre 2013 y 2018; pide al Defensor del Pueblo que prosiga sus esfuerzos por lograr un equilibrio geográfico teniendo en cuenta, no obstante, la reducida envergadura y la especificidad de las actividades de base de la institución;

13.  Se congratula de los esfuerzos realizados por el Defensor del Pueblo en relación con la nueva política de género, pero deplora la disparidad en el promedio de días de formación por género: 6,8 para los hombres frente a 5,9 para las mujeres;

14.  Asume la aplicación en curso del marco político en materia de recursos humanos de 2017 adoptando nuevas normas sobre la contratación de agentes temporales, una decisión sobre el trabajo a tiempo parcial y los créditos de horas y una política de igualdad de trato y no discriminación; toma nota de otras iniciativas para mejorar las acciones y los procedimientos de contratación, como por ejemplo las visitas de estudio para el personal y los programas de intercambio de personal;

15.  Anima al Defensor del Pueblo a que siga desarrollando un marco a largo plazo para las políticas de recursos humanos en el que se aborde el equilibrio entre la vida profesional y la vida privada, la orientación y planificación de las carreras a lo largo de la vida, el equilibrio de género, la no discriminación, el teletrabajo, el equilibrio geográfico y la contratación de su personal, así como la integración de personas con discapacidad;

16.  Observa con interés que, por lo que respecta a sus actividades internas, el Defensor del Pueblo invitó al Foro Europeo de la Discapacidad a difundir la convocatoria de períodos de prácticas del Defensor del Pueblo a través de sus canales para animar a las personas con discapacidad a postularse; toma nota de la revisión del formulario de solicitud para añadir una pregunta sobre los ajustes razonables necesarios en los procedimientos de selección;

17.  Celebra que, en el marco de las normas de control interno del Defensor del Pueblo, se hayan llevado a cabo acciones para aplicar la decisión de prevención del acoso, incluida la designación de los responsables de asuntos éticos (uno en Bruselas y otro en Estrasburgo) y de los miembros del comité de conciliación; toma nota de que en septiembre de 2018 todo el personal participó en un curso de formación obligatorio sobre la conducta ética, incluida la prevención del acoso, y que en noviembre de 2018 tuvo lugar una sesión específica para los jefes de unidad;

18.  Se congratula de la aplicación de la guía de ética y buena conducta para el personal del Defensor del Pueblo, que estipula que los nuevos miembros del personal deben cumplimentar una declaración de intereses, y que informa a los miembros del personal que abandonan la oficina acerca de sus obligaciones;

19.  Lamenta que el seguimiento por parte del Defensor del Pueblo de la Resolución sobre la aprobación de la gestión de 2017 prevea únicamente el reconocimiento de las observaciones del Parlamento en relación con la mayoría de los puntos mencionados sin más detalles; destaca que el informe de seguimiento es esencial para la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento y pide al Defensor del Pueblo que en su próximo informe de seguimiento incluya las respuestas y explicaciones necesarias en relación con los puntos planteados;

20.  Toma nota de que el indicador clave de rendimiento del Defensor del Pueblo para el cumplimiento global del ambicioso objetivo del 90 % no pudo alcanzarse en 2018; observa que el índice conseguido fue del 81 % (frente al 85 % en 2017), mientras que el índice de conformidad para las investigaciones en interés público alcanzó el 85 % (frente al 79 % en 2017); reconoce que este último porcentaje es significativo, dado que el efecto de la conformidad beneficiará probablemente a un público más amplio;

21.  Apoya la intención del Defensor del Pueblo de cooperar aún más estrechamente con el Parlamento para garantizar ser puesto al corriente de los incumplimientos, en particular por lo que respecta a los casos de mala administración constatados durante investigaciones o las respuestas negativas de las instituciones a las recomendaciones formuladas por el Defensor del Pueblo; opina que tal información facilitada en un formato resumido y organizado, sería sumamente valiosa para la Comisión de Control Presupuestaria del Parlamento; toma nota, no obstante, de la confirmación por parte del Defensor del Pueblo de que las instituciones tienden a colaborar de manera constructiva con el Defensor del Pueblo;

22.  Destaca que los resultados de los tres componentes del indicador clave de rendimiento 7 (eficiencia: indicador compuesto para la gestión de reclamaciones e investigaciones) alcanzan o sobrepasan el objetivo; observa que los porcentajes de investigaciones concluidas en plazos de seis meses y dieciocho meses son, respectivamente, del 57 % y del 88 % (objetivos: 50 % y 80 % respectivamente), y que el tercer componente «porcentaje de decisiones de admisibilidad» adoptadas en el plazo de un mes ha aumentado de forma significativa, pasando del 69 % en 2016 al 86 % en 2017, y alcanzando el objetivo del 90 % en 2018;

23.  Toma nota de que el plazo medio para hacer frente a todas las categorías de reclamaciones aumentó a 79 días en 2018 (frente a 64 días en 2017), mientras que el plazo medio para tramitar las investigaciones disminuyó a 255 días en 2018 (frente a 266 días en 2017 y 369 días en 2013); constata, no obstante, el aumento del 53 % en el número de investigaciones concluidas sobre la base de reclamaciones, lo que explica el incremento del tiempo medio necesario para tratar todas las categorías de reclamaciones;

24.  Toma nota de que el número de reclamaciones en el marco del mandato (880 frente a 751 en 2017) ha seguido aumentando significativamente en 2018 (+ 17 %), tras un incremento del 5,5 % en 2017; observa que el número de investigaciones iniciadas sobre la base de reclamaciones fue de 482, frente a 433 en 2017 (+ 11 %), y que el número de investigaciones concluidas sobre la base de reclamaciones fue de 534, frente a 348 en 2017 (+ 53 %); observa que el incremento de las investigaciones iniciadas y cerradas refleja en parte el hecho de que, debido a una reclasificación, una serie de casos que anteriormente hubieran sido clasificados como «sin justificación para una investigación» ya se han cerrado como «investigaciones en las que no se ha constatado mala administración»;

25.  Toma nota de los resultados de las investigaciones concluidas por el Defensor del Pueblo en 2018, como, por ejemplo, a) «ningún caso de mala administración detectado» en 254 asuntos (46,6 %), b) «resuelto por la institución en cuestión — propuestas aceptadas — soluciones alcanzadas» para 221 casos (40,6 %), c) «no se justifican ulteriores investigaciones» en 56 casos (10,3 %), d) «mala administración constatada» respecto de 29 asuntos (5,3 %) y e) «otros resultados» en 10 asuntos (1,8 %); reconoce que la misión fundamental del Defensor del Pueblo es garantizar que la administración de la Unión responda al interés público y ayudar a todos aquellos que se enfrentan a problemas con las instituciones de la Unión;

26.  Toma nota de que, desde 2013, se han publicado en el sitio web del Defensor del Pueblo Europeo detalles sobre sus misiones, incluidos los costes, la finalidad y la duración; toma nota de que en 2018 los gastos de misiones ascendieron a 27 206,79 EUR (frente a 30 592 EUR en 2017); reitera que, por razones de transparencia, en el informe anual de actividades debe incluirse una lista relativa a las misiones del año en cuestión;

27.  Expresa su reconocimiento a la iniciativa «Premio a la Buena Administración», que contribuye al reconocimiento formal del buen trabajo y a la puesta en común de las mejores prácticas entre las instituciones y que sirve de inspiración para futuros proyectos; acoge con satisfacción la cooperación con la Red Europea de Defensores del Pueblo, con otros organismos de los Estados miembros y con las redes y organizaciones internacionales al objeto de identificar y promover las normas más exigentes;

28.  Se congratula de las medidas adoptadas por el Defensor del Pueblo con miras a mejorar la ciberseguridad y la protección de datos, por ejemplo a través de los cursos de formación en materia de seguridad de las tecnologías de la información y la comunicación, el desarrollo de procedimientos para la gestión de la vulneración de la seguridad de los datos, la realización de las consultas oportunas con el responsable de la protección de datos y del Supervisor Europeo de Protección de Datos para garantizar la intimidad en el diseño de proyectos; pide al Defensor del Pueblo que informe además sobre los avances en la aplicación de los puntos de acción, también en lo que respecta a la creación de un modelo para las evaluaciones de impacto de la privacidad de los datos y un registro central en el que se consignen las actividades de tratamiento;

29.  Reconoce que los programas informáticos libre, gratuitos y de código abierto pueden aportar valor añadido al Defensor del Pueblo; subraya, en particular, su utilidad a la hora de aumentar la transparencia y evitar la dependencia de proveedores concretos; reconoce asimismo las posibilidades que ofrecen para mejorar la seguridad, puesto que permiten detectar las vulnerabilidades y subsanarlas; recomienda enérgicamente que todo software desarrollado para la institución se ponga a disposición pública a través de una licencia de software libre y de código abierto;

30.  Destaca la importancia de sensibilizar a los ciudadanos de la Unión en cuanto a la posibilidad de dirigirse al Defensor del Pueblo en caso de mala administración; toma nota de los esfuerzos que está realizando el Defensor del Pueblo para aumentar su visibilidad con herramientas como el nuevo sitio web, lanzado en 2018, que incluye una interfaz revisada para posibles reclamaciones y una función de búsqueda de fácil utilización; toma nota del nuevo vídeo en el que se destacan temas como el acceso a la información, los problemas con la financiación de la Unión y la transparencia en las actividades de los grupos de presión; observa que las plataformas en línea del Defensor del Pueblo registraron incrementos en el número de seguidores, en algún caso destacables (Twitter un 17 %, LinkedIn un 13 % e Instagram un 61 %); alienta asimismo el uso de plataformas de redes sociales libres, de código abierto y con alojamiento propio, prestando especial atención a la protección de los datos de los usuarios;

31.  Anima al Defensor del Pueblo a que avance en una política coherente de digitalización de sus servicios;

32.  Acoge con satisfacción el desarrollo de directrices para las redes sociales, en cooperación con otras instituciones de la Unión, y el intercambio de mejores prácticas para hacer frente a los desafíos a los que se enfrentan las instituciones de la Unión en términos del creciente uso de las redes sociales y de la exposición a las mismas;

33.  Anima al Defensor del Pueblo a que prosiga sus esfuerzos orientados a una reducción de su huella ambiental, por ejemplo fomentando la digitalización para reducir el uso de papel, limitando las misiones del personal fomentando el recurso a los servicios de videoconferencia, y fomentando el uso del transporte colectivo; pide más información sobre la ejecución de dichas actividades en el contexto de la aprobación de la gestión de 2019;

34.  Subraya la petición reiterada del Parlamento de que se revise el estatuto del Defensor del Pueblo a la vista de las nuevas realidades y retos; observa que la última revisión tuvo lugar en 2008 y que en febrero de 2019 el Parlamento aprobó finalmente una Resolución sobre el proyecto de Reglamento del Parlamento por el que se fijan el Estatuto y las condiciones generales de ejercicio de las funciones del Defensor del Pueblo (Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo); observa que corresponde al Defensor del Pueblo adoptar las normas de desarrollo de este Reglamento. pide al Defensor del Pueblo que informe al respecto en su próximo informe anual de actividad;

35.  Acoge con satisfacción que el Defensor del Pueblo haya llevado a cabo una investigación sobre la gestión de las «situaciones de puertas giratorias» y examinado el modo en que quince instituciones y órganos de la Unión (incluidos el Parlamento, el Consejo y el Tribunal) informan públicamente cuando sus altos cargos solicitan autorización para ocupar un puesto de trabajo externo, incluido un estudio de la frecuencia con que se publica dicha información y el alcance y contenido de la misma; toma nota de que el Defensor del Pueblo ha constatado un gran nivel de sensibilización respecto a la importancia de una ejecución sólida de las normas en este ámbito, si bien se han formulado asimismo algunas sugerencias de mejora; acoge con satisfacción la intención del Defensor del Pueblo de llevar a cabo una investigación de seguimiento en 2020;

36.  Felicita al Defensor del Pueblo por el nuevo procedimiento acelerado interno para tratar las reclamaciones sobre acceso a los documentos; toma nota de que, con el nuevo sistema, las decisiones sobre las reclamaciones se toman tres veces más rápido que con el procedimiento estándar; pide al Defensor del Pueblo que comparta con otras instituciones y organismos de la Unión el resultado de su evaluación de la eficacia de este nuevo procedimiento;

37.  Acoge con satisfacción la cooperación del Defensor del Pueblo con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude en relación con los casos presentados ante ambas organizaciones; toma nota del canal de contacto directo destinado a evitar la duplicación de las investigaciones, que dio sus primeros frutos en 2018;

38.  Pone de relieve todo el trabajo realizado en los últimos años, en ámbitos como la presupuestación basada en el rendimiento, el marco ético con todas sus normas y procedimientos conexos, las actividades de comunicación reforzadas y el creciente número de medidas para mejorar la transparencia; acoge con satisfacción la importante cantidad de acuerdos interinstitucionales en materia de servicios y cooperación; subraya la importancia de la colaboración y del intercambio de experiencias entre las instituciones y organismos de la Unión; sugiere que se estudie la posibilidad de establecer actividades oficiales de creación de redes en distintos ámbitos, con el fin de intercambiar mejores prácticas y desarrollar soluciones comunes.

Última actualización: 31 de julio de 2020Aviso jurídico - Política de privacidad