Índice 
Textos aprobados
Jueves 16 de enero de 2020 - EstrasburgoEdición definitiva
Burundi, en particular la libertad de expresión
 Nigeria, en particular los recientes ataques terroristas
 Situación en Venezuela tras la elección ilegal de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional («golpe de Estado parlamentario»)
 Audiencias en curso en virtud del artículo 7, apartado 1, del TUE relativas a Polonia y Hungría
 COP15 en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (Kunming 2020)
 Actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2018
 Instituciones y órganos de la unión económica y monetaria: prevención de los conflictos de intereses posteriores al ejercicio de cargos públicos

Burundi, en particular la libertad de expresión
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Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de enero de 2020, sobre Burundi, en particular la libertad de expresión (2020/2502(RSP))
P9_TA(2020)0011RC-B9-0054/2020

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Burundi, y en particular las de 9 de julio de 2015(1), 17 de diciembre de 2015(2), 19 de enero de 2017(3), 6 de julio de 2017(4) y 5 de julio de 2018(5),

–  Vista la Decisión de la Comisión, de 30 de octubre de 2019 sobre la financiación del programa de acción anual de 2019 para la República de Burundi,

–  Vista la declaración efectuada el 29 de noviembre de 2019 por el vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, en nombre de la Unión Europea, sobre la adhesión de determinados terceros países a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Burundi,

–  Vistos los informes del secretario general de las Naciones Unidas de 23 de febrero de 2017, 25 de enero de 2018 y 24 de octubre de 2019 sobre la situación en Burundi,

–  Visto el informe de la Comisión de Investigación del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Burundi, de septiembre de 2019,

–  Vista la carta, de 9 de diciembre de 2019, firmada por 39 diputados al Parlamento Europeo en la que se pide la liberación de periodistas del grupo de prensa burundés Iwacu,

–  Vista la declaración, de 10 de diciembre de 2019, del vicepresidente de la Comisión / alto representante en nombre de la Unión sobre el Día de los Derechos Humanos,

–  Vistas las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas n.º 2248, de 12 de noviembre de 2015, y n.º 2303, de 29 de julio de 2016, sobre la situación en Burundi,

–  Visto el informe de la Comisión de Investigación sobre Burundi presentado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 15 de junio de 2017,

–  Vista la declaración de prensa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 13 de marzo de 2017, sobre la situación en Burundi,

–  Visto el informe de la Investigación Independiente de las Naciones Unidas sobre Burundi (UNIIB), publicado el 20 de septiembre de 2016,

–  Visto el Acuerdo de Arusha para la Paz y la Reconciliación en Burundi (en lo sucesivo, «Acuerdo de Arusha»), de 28 de agosto de 2000,

–  Vista la Declaración sobre Burundi adoptada en la Cumbre de la Unión Africana el 13 de junio de 2015,

–  Vistas las Resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas n.º 36/19, de 29 de septiembre de 2017, sobre la renovación del mandato de la Comisión de Investigación sobre Burundi,

–  Vistos el Reglamento (UE) 2015/1755 del Consejo, de 1 de octubre de 2015(6), así como las Decisiones (PESC) 2015/1763, de 1 de octubre de 2015(7), (PESC) 2016/1745, de 29 de septiembre de 2016(8) y (PESC) 2019/1788, de 24 de octubre de 2019(9), del Consejo sobre la imposición de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Burundi,

–  Vista la declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante, de 8 de mayo de 2018, en nombre de la Unión sobre la situación en Burundi antes del referéndum constitucional,

–  Visto el Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 (Acuerdo de Cotonú),

–  Vista la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, adoptada el 27 de junio de 1981 y que entró en vigor el 21 de octubre de 1986 y ha sido ratificada por Burundi,

–  Vista la Decisión (UE) 2016/394 del Consejo, de 14 de marzo de 2016, relativa a la conclusión del procedimiento de consultas con la República de Burundi al amparo del artículo 96 del Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra(10),

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

–  Vista la sección sobre Burundi del Informe Mundial 2019 de Human Rights Watch,

–  Vista la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2019, publicada por Reporteros sin Fronteras,

–  Vistos el artículo 144, apartado 5, y el artículo 132, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que las elecciones presidenciales de 2015 en Burundi desencadenaron disturbios civiles, que la misión de observación electoral de las Naciones Unidas en Burundi consideró que estuvieron marcadas por una grave vulneración de las condiciones esenciales para ejercicio efectivo del derecho al voto y que fueron boicoteadas por la oposición;

B.  Considerando que las estaciones radiofónicas independientes siguen cerradas, docenas de periodistas siguen sin poder volver de un exilio autoimpuesto, y los que se quedaron tienen dificultades para trabajar libremente, a menudo como resultado del acoso por parte de las fuerzas de seguridad, fomentado por un discurso oficial que asocia a los medios de comunicación no afines con los enemigos de la nación;

C.  Considerando que la situación en Burundi sigue siendo preocupante, con numerosas denuncias de violaciones de las libertades civiles y políticas fundamentales, al tiempo que el aumento de los precios tiene un impacto negativo en los derechos económicos y socioculturales, como el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho a la educación, los derechos a una alimentación adecuada y a la libertad frente al hambre, los derechos de las mujeres, el derecho a trabajar y los derechos sindicales;

D.  Considerando que la situación de estancamiento en la búsqueda de una solución política mediante el diálogo interno en Burundi supone una amenaza grave para la celebración de elecciones previstas para mayo de 2020; que estas elecciones pueden consolidar la tendencia al autoritarismo en Burundi, en ausencia de un diálogo político positivo; que persiste la incertidumbre sobre la participación de todas las partes interesadas en el proceso, en un contexto de reducción del espacio político y con la necesidad de crear un entorno propicio para unas elecciones pacíficas, transparentes y creíbles;

E.  Considerando que la Comisión de Investigación sobre Burundi, con mandato del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su informe de 4 de septiembre de 2019 puso de relieve que, unos meses antes de las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2020, prevalecían los temores y la intimidación de quienes se oponían al partido en el poder, el CNDD-FDD, y mientras que las tensiones han seguido aumentando a medida que se acercan los comicios de mayo de 2020, las autoridades locales y los miembros del temido Imbonerakure, el movimiento juvenil del partido en el poder, seguían cometiendo actos de violencia política y graves violaciones de los derechos humanos; considerando que, si bien la Comisión de Investigación sobre Burundi lo ha solicitado repetidas veces, el Gobierno de Burundi se ha negado a cooperar con ella;

F.  Considerando que la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Burundi, que colaboró con el Gobierno de Burundi para la consolidación de la paz, la reforma del sector de la seguridad y la reforma del sector de la justicia y contribuyó a crear una capacidad institucional y de la sociedad civil en materia de derechos humanos, fue cerrada en marzo de 2019 ante la insistencia del Gobierno de Burundi, que ya había suspendido todas las formas de cooperación con la Oficina en octubre de 2016;

G.  Considerando que el Banco Mundial estimó el crecimiento económico de Burundi en un 1,8 % en 2019, frente al 1,7 % en 2018; que el presupuesto general del Estado para 2019-2020 muestra un déficit de 189 300 millones BIF (14,26 %), frente a un déficit de 163 500 millones de BIF para el mismo período en 2018-2019; que, según ACNUR, a 30 de septiembre de 2019 se encontraban 369 517 refugiados burundeses en los países vecinos; que un total de 78 000 refugiados han regresado voluntariamente a Burundi desde septiembre de 2017; que 130 562 burundeses son desplazados internos desde el 28 de febrero de 2019;

H.  Considerando que Reporteros sin Fronteras clasifica a Burundi en el puesto 159 de 180 en su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2019; que la libertad de expresión y la libertad de palabra son fundamentales para garantizar unas elecciones libres e informadas; que el periodismo libre, independiente y no parcial constituye una extensión del derecho humano fundamental a la libertad de expresión; que los medios de comunicación tradicionales controlados por el Estado, como la radio y la prensa, siguen siendo las principales fuentes de información; que el refuerzo de la alfabetización mediática y el acceso a internet y a las redes sociales son necesarios para permitir el acceso a la información y fortalecer la estabilidad política y social y el diálogo, y garantizar, por tanto, unas elecciones libres, informadas y justas;

I.  Considerando que Burundi es uno de los países más pobres del mundo, con el 74,7 % de su población en situación de pobreza, y ocupa el puesto 185 de 189 en el índice de desarrollo humano; que más del 50 % de la población de Burundi padece inseguridad alimentaria crónica, que casi la mitad de la población es menor de 15 años y que, solo en 2019, más de ocho millones de personas contrajeron la malaria, 3 000 de las cuales han muerto por la enfermedad; que la pobreza, los servicios sociales deficientes, el elevado desempleo juvenil y la falta de oportunidades siguen provocando violencia en el país;

J.  Considerando que, el 27 de septiembre de 2018, el Consejo de Seguridad Nacional de Burundi anunció una suspensión de tres meses de las organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales, dificultando gravemente las operaciones de unas 130 ONG internacionales, algunas de las cuales prestaban asistencia vital;

K.  Considerando que, el 18 de julio de 2019, el Gobierno aprobó dos decretos por los que se creaba un comité interministerial de supervisión y evaluación de las ONG internacionales que operaban en Burundi;

L.  Considerando que el Gobierno se ha negado a reconocer las violaciones de los derechos humanos desde el cierre de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) en Burundi el 28 de febrero de 2019 y no ha mostrado ningún compromiso para mantener ninguna forma de cooperación con la Oficina; que la Comisión de Investigación sobre Burundi es actualmente el único mecanismo internacional independiente que investiga las violaciones de los derechos humanos y los abusos cometidos en Burundi;

M.  Considerando que las autoridades de Burundi han seguido rechazando completa y sistemáticamente la labor de la Comisión de Investigación sobre Burundi, y le han denegado el acceso al país al considerarla políticamente sesgada, aunque no han presentado pruebas que respalden sus acusaciones;

N.  Considerando que, en octubre de 2017, Burundi se retiró del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; que, a pesar de las peticiones de la comunidad internacional para iniciar un procedimiento de nueva adhesión al Estatuto de Roma, el Gobierno de Burundi no ha adoptado ninguna medida;

O.  Considerando que Tanzania y Burundi firmaron un acuerdo en 2019 para devolver, voluntariamente o no, a los 180 000 refugiados burundeses presentes en Tanzania a su país de origen antes del 31 de diciembre de 2019; que, en agosto de 2019, el ACNUR informó de que las condiciones en Burundi no eran propicias para promover el retorno, ya que los repatriados eran uno de los principales objetivos de las violaciones de los derechos humanos;

P.  Considerando que, el 30 de diciembre de 2019, el fiscal de Burundi pidió una pena de 15 años para cuatro periodistas del grupo de prensa Iwacu, Christine Kamikazi, Agnès Ndiribusa, Térence Mpozenzi, Egide Harerimana y su conductor Adolfo Masabarakiza, detenidos el 22 de octubre de 2019 en el municipio de Musigati, provincia de Bubanza, mientras cubrían los enfrentamientos entre rebeldes y fuerzas gubernamentales en el noroeste de Burundi, y acusados de complicidad en el menoscabo de la seguridad interna del Estado;

Q.  Considerando que el periodista de Iwacu, Jean Bigirimana, está desaparecido desde el 22 de julio de 2016 y, al parecer, fue visto por última vez bajo la custodia de los miembros del Servicio Nacional de Inteligencia en Muramvya, 45 km al este de la capital, Bujumbura; que las autoridades burundesas nunca han dicho nada sobre su desaparición;

R.  Considerando que, el 13 de octubre de 2015, el periodista Christophe Nkezabahizi, su esposa y sus dos hijos fueron asesinados en su casa en Bujumbura; que las autoridades no han hecho ningún esfuerzo real para investigar este crimen violento y llevar a sus autores ante la justicia;

S.  Considerando que el artículo 31 de la Constitución de Burundi garantiza la libertad de expresión, incluida la libertad de prensa; que Burundi también es parte en la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, que garantiza el derecho de todo burundés a recibir y divulgar información; que el Gobierno de Burundi tiene la responsabilidad de promover y proteger los derechos a la libertad de expresión y asociación consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Burundi es Estado Parte;

T.  Considerando que el espacio para la sociedad civil y los medios de comunicación se ha reducido mucho en los últimos años, y que muchos activistas de la sociedad civil y periodistas independientes siguen en el exilio; que muchos de los que han permanecido en Burundi se enfrentan a intimidaciones, detenciones o juicos por falsas acusaciones;

U.  Considerando que el Gobierno y los miembros del ala juvenil del partido en el poder, Imbonerakure, planificaron una campaña nacional para recaudar las contribuciones «voluntarias» de la población para ayudar a financiar las elecciones de 2020; que en el informe de Human Rights Watch de 6 de diciembre de 2019 se afirma que, para ello, los miembros de Imbonerakure y los funcionarios públicos locales recurrieron a menudo a la violencia y la intimidación, restringieron los desplazamientos y el acceso a los servicios públicos y golpearon a quienes no obedecían;

V.  Considerando que el defensor de los derechos humanos Germain Rukuki, miembro de la organización Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura, fue condenado a 32 años de prisión en abril de 2019 por rebelión y amenaza para la seguridad del Estado, participación en un movimiento insurgente y ataques al jefe de Estado; que, en agosto de 2018, el activista Nestor Nibitanga, observador de la Asociación para la Protección de los Derechos Humanos y de los Detenidos, fue condenado a cinco años por constituir una amenaza para la seguridad del Estado;

W.  Considerando que la BBC y Voice of America (VOA) tienen prohibida la radiodifusión en Burundi desde mayo de 2019, cuando se suspendieron sus licencias, en un principio durante seis meses, tal y como informó la Comisión para la Protección de los Periodistas en su momento; que, el 29 de marzo de 2019, el regulador de los medios de comunicación de Burundi, el Consejo de Comunicación Nacional, anunció que había retirado la licencia de explotación de la BBC y renovado su suspensión de la VOA; que el Consejo de Comunicación Nacional también prohibió a los periodistas de Burundi facilitar directa o indirectamente información que pueda ser retransmitida por la BBC o por la VOA;

X.  Considerando que, el 24 de octubre de 2019, el Consejo renovó las medidas restrictivas vigentes de la Unión contra Burundi hasta el 24 de octubre de 2020;

Y.  Considerando que esas medidas consisten en la prohibición de viajar y la inmovilización de activos que afectan a cuatro personas cuyas actividades se considera que comprometen la democracia u obstaculizan la búsqueda de una solución política a la crisis de Burundi;

Z.  Considerando que los esfuerzos de la Comunidad del África Oriental por encontrar una solución de mediación a la crisis política desencadenada por la decisión adoptada por el presidente en 2015 de presentarse a un tercer mandato siguen estancados; que el presidente Pierre Nkurunziza ha reiterado en varias ocasiones que no presentará su candidatura para otro mandato, pero que el partido en el poder aún no ha designado a su candidato para las próximas elecciones presidenciales;

1.  Condena enérgicamente las actuales restricciones a la libertad de expresión en Burundi, incluidas las limitaciones más amplias de las libertades públicas, así como las violaciones masivas de los derechos humanos, las intimidaciones y detenciones arbitrarias de periodistas y las prohibiciones de radiodifusión que han reforzado el clima de miedo para los medios de comunicación de Burundi, han agravado las restricciones en materia de información y han impedido una cobertura adecuada, en particular en vísperas de las elecciones de 2020;

2.  Sigue profundamente preocupado por la situación de los derechos humanos en Burundi, que socava cualquier iniciativa de reconciliación, paz y justicia, y en particular por la persistencia de detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales;

3.  Condena enérgicamente el continuo deterioro de la situación de los derechos humanos en el país, en particular para los partidarios de la oposición presuntos y reales, incluidos los burundeses que regresan del extranjero; recuerda que Burundi está vinculado por la cláusula de derechos humanos del Acuerdo de Cotonú; insta a las autoridades de Burundi a que inviertan inmediatamente esta tendencia abusiva y a que respeten las obligaciones del país en materia de derechos humanos, incluidas las consagradas en la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros mecanismos internacionales que ha ratificado el Gobierno;

4.  Recuerda al Gobierno de Burundi que entre las condiciones para celebrar unas elecciones integradoras, creíbles, pacíficas y transparentes deben figurar el derecho a la libertad de expresión, el acceso a información, la libertad de prensa, la libertad de los medios de comunicación y la existencia de una zona libre en la que los defensores de los derechos humanos puedan expresarse sin ser intimidados ni temer represalias; insta, por tanto, a las autoridades de Burundi a que retiren las medidas que limitan u obstaculizan el trabajo de la sociedad civil y que restringen el acceso a los medios de comunicación tradicionales y modernos y su libertad;

5.  Pide a las autoridades de Burundi que retiren los cargos contra los periodistas de Iwacu encarcelados recientemente y los pongan en libertad de inmediato y sin condiciones, al igual que a todas las demás personas detenidas por ejercer sus derechos fundamentales;

6.  Destaca el papel fundamental que desempeñan la sociedad civil y los periodistas en una sociedad democrática, en particular en el contexto de las próximas elecciones, y pide a las autoridades de Burundi que pongan fin a la intimidación, el acoso y la detención arbitraria de periodistas, defensores de los derechos humanos y miembros de la oposición; pide asimismo a las autoridades que permitan que los defensores de los derechos humanos y los periodistas ejerzan sin trabas su deber legítimo de investigación e información sobre las violaciones de los derechos humanos;

7.  Constata con gran preocupación el creciente número de desplazados internos de Burundi y los países vecinos; insta a la Unión Europea a que refuerce su apoyo financiero y otras actuaciones humanitarias en favor de los desplazados y refugiados burundeses;

8.  Pide a las autoridades de Burundi que pongan fin a la extorsión de los ciudadanos y velen por que no se impida a nadie el acceso a bienes y servicios públicos, como la atención sanitaria, los alimentos, el agua y la educación, y que permitan a los agentes humanitarios operar de manera independiente y prestar asistencia en virtud de su deber de atender las necesidades más urgentes;

9.  Subraya que se necesitan mejoras considerables de la situación política y de los derechos humanos, en particular en relación con libertades fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de asociación y de reunión, así como progresos en materia de reconciliación, para que se puedan celebrar unas elecciones creíbles; pide al Gobierno de Burundi que vele por que se investiguen con imparcialidad las violaciones de estos derechos y se enjuicie a sus autores con arreglo a las normas internacionales;

10.  Insta a las autoridades a que lleven a cabo investigaciones exhaustivas y transparentes para enjuiciar de forma justa y creíble a todos los presuntos autores de asesinatos, desapariciones, extorsiones, palizas, detenciones arbitrarias, amenazas, acoso u otros tipos de abusos; manifiesta su profunda preocupación por la persistente impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos cometidas por Imbonerakure; insta a las autoridades de Burundi a que emprendan una investigación independiente sobre la desaparición de los periodistas Jean Bigirimana, desaparecido desde el 22 de julio de 2016, y Christophe Nkezabahzi, asesinado junto con su esposa y sus dos hijos el 13 de octubre de 2015;

11.  Reconoce el papel fundamental de la región, y en particular la Comunidad del África Oriental y la Unión Africana (UA), a la hora de hallar una solución sostenible para la crisis política de Burundi, y subraya la necesidad de adoptar un enfoque más activo y realizar mayores esfuerzos para poner fin a la crisis y proteger a la población burundesa, a fin de evitar una nueva escalada de la tensión regional; pide a la UA que envíe urgentemente a sus observadores de derechos humanos a Burundi y que garantice su acceso sin trabas a todo el país para que puedan desempeñar su misión;

12.  Lamenta el bloqueo actual en la aplicación del Acuerdo de Arusha e insta a los garantes del Acuerdo a que se esfuercen por lograr la reconciliación; expresa su compromiso en favor del diálogo interno en Burundi; pide al vicepresidente de la Comisión / alto representante que apoye a la Comunidad del África Oriental a la hora de facilitar el diálogo interno en Burundi; insta a todos los participantes en este diálogo a que colaboren de forma constructiva y permitan la participación sin obstáculos de la oposición, los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil;

13.  Insta a Burundi a que vuelva a la agenda de las reuniones de la comunidad regional e internacional con objeto de llegar a un compromiso para la aplicación de las decisiones existentes a nivel de las Naciones Unidas y de la Unión Africana, a saber, la aplicación de la Resolución n.º 2303, la firma del Memorando de entendimiento con los observadores de la Unión Africana y la reanudación de la cooperación con la OACDH;

14.  Lamenta que Burundi se haya seguido negando a cooperar con la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas y haya aprobado la reanudación de las actividades de la oficina local de la OACDH;

15.  Pide a las Naciones Unidas que prosigan las investigaciones imparciales de todas las presuntas violaciones de los derechos humanos y del Derecho humanitario, incluidas las cometidas por agentes estatales y por el movimiento juvenil Imbonerakure, y que enjuicien debidamente a los responsables; subraya que se debe llevar ante la justicia a los delincuentes y los asesinos, independientemente del grupo al que pertenezcan, y que se debe proporcionar una reparación adecuada a las víctimas y a los supervivientes de graves violaciones de los derechos humanos en Burundi;

16.  Insta a los Estados miembros de la Unión a que faciliten un apoyo financiero flexible y directo a la sociedad civil y a las organizaciones de medios de comunicación, incluidas las organizaciones de mujeres, que siguen trabajando sobre el terreno, pero también a las que están en el exilio, en particular las que trabajan en pro de la promoción y protección de los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y de los medios de comunicación;

17.  Pide a los diplomáticos de la Unión y de los Estados miembros de la Unión presentes en Burundi que garanticen la plena aplicación de las Directrices de la UE sobre Defensores de los Derechos Humanos, en particular asistiendo a las vistas de todos los periodistas, presos políticos y defensores de los derechos humanos en Burundi, y concretamente los periodistas de Iwacu, y visitando a los defensores de los derechos humanos, activistas y periodistas encarcelados;

18.  Pide que se amplíen las sanciones específicas de la Unión, e insta al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a que imponga sus propias sanciones específicas, incluidas la prohibición de viajar y la congelación de activos, contra las personas implicadas en las graves violaciones de los derechos humanos que se están cometiendo en Burundi; pide al vicepresidente de la Comisión / alto representante que elabore urgentemente una lista ampliada de nombres de los responsables de la planificación, organización y perpetración de violaciones de los derechos humanos con el fin de añadirlos a la lista de funcionarios burundeses que ya están sujetos a sanciones de la Unión;

19.  Lamenta profundamente que Burundi no haya adoptado medidas para adherirse de nuevo al Estatuto de Roma; insta al Gobierno de Burundi a que inicie inmediatamente el procedimiento correspondiente; pide a la Unión que apoye todos los esfuerzos de la Corte Penal Internacional para investigar los delitos cometidos en Burundi y llevar a los autores ante la justicia;

20.  Lamenta que sigan sin destinarse suficientes fondos para mitigar la crisis de los refugiados de Burundi, que está afectando gravemente a la seguridad y el bienestar de los refugiados; pide a la comunidad internacional y a las agencias humanitarias que aumenten su ayuda a todos aquellos que actualmente son refugiados o han sido desplazados por el conflicto; insta a la Unión y a sus Estados miembros a que, tal como recomienda la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas sobre Burundi, concedan el estatuto de refugiado a los solicitantes de asilo procedentes de Burundi y sigan de cerca la situación en Burundi en relación con las elecciones de 2020;

21.  Expresa su profunda preocupación ante los informes sobre el aumento de la presión ejercida sobre los refugiados burundeses para que regresen a sus hogares antes de las elecciones de 2020; pide a los Gobiernos de la región que garanticen que el retorno de los refugiados es voluntario, se basa en decisiones tomadas con conocimiento de causa y se desarrolla con seguridad y dignidad; recuerda que el ACNUR considera que no se dan las condiciones para un retorno seguro, digno y voluntario;

22.  Pide al Gobierno de Burundi que autorice a los opositores políticos en el exilio a regresar y a hacer campaña libremente sin intimidaciones, detenciones ni violencia y que permita a los supervisores externos observar los preparativos de las elecciones, así como los procedimientos de votación y recuento de votos;

23.  Reitera que un diálogo político integrador, con mediación internacional y dentro del respeto del Acuerdo de Arusha y la Constitución de Burundi, sigue siendo la única manera de garantizar una paz duradera en Burundi; pide por tanto a la Comunidad del África Oriental, como principal coordinadora del diálogo interno en Burundi, que adopte las medidas pertinentes para involucrar con firmeza y sin demora al Gobierno de Burundi en un diálogo integrador con objeto de encontrar una solución pacífica y duradera a la crisis actual;

24.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al presidente de la República de Burundi, al presidente del Parlamento de Burundi, a la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE y a la Unión Africana y sus instituciones.

(1) DO C 265 de 11.8.2017, p. 137.
(2) DO C 399 de 24.11.2017, p. 190.
(3) DO C 242 de 10.7.2018, p. 10.
(4) DO C 334 de 19.9.2018, p. 146.
(5) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0305.
(6) DO L 257 de 2.10.2015, p. 1.
(7) DO L 257 de 2.10.2015, p. 37.
(8) DO L 264 de 30.9.2016, p. 29.
(9) DO L 272 de 25.10.2019, p. 147.
(10) DO L 73 de 18.3.2016, p. 90.


Nigeria, en particular los recientes ataques terroristas
PDF 133kWORD 49k
Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de enero de 2020, sobre Nigeria, en particular los recientes atentados terroristas (2020/2503(RSP))
P9_TA(2020)0012RC-B9-0056/2020

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Nigeria, en particular la última de 18 de enero de 2018(1),

–  Vista la declaración atribuida al portavoz del secretario general de las Naciones Unidas, de 24 de diciembre de 2019, sobre Nigeria,

–  Visto el informe del enviado especial para la promoción de la libertad de religión o creencias fuera de la Unión, de 25 de noviembre de 2019,

–  Vista la declaración final de la Relatora Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, de 2 de septiembre de 2019, acerca de su misión a Nigeria,

–  Visto el comunicado de prensa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 31 de julio de 2019, sobre los ataques terroristas en el nordeste de Nigeria,

–  Vista la declaración del portavoz de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), de 29 de julio de 2018, sobre el atentado terrorista perpetrado por Boko Haram en Borno, al nordeste de Nigeria,

–  Vista la sección sobre Nigeria del Informe mundial de 2019 de Human Rights Watch,

–  Vistas las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos sobre Nigeria, de 29 de agosto de 2019, a falta de su segundo informe periódico,

–  Vista la Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones,

–  Vistas las Orientaciones de la UE sobre el fomento y la protección de la libertad de religión o creencias, de 2013,

–  Vista la concesión del Premio Sájarov del Parlamento Europeo a la Libertad de Conciencia a la defensora de los derechos humanos Hauwa Ibrahim en 2005,

–  Visto el Índice Mundial de Terrorismo de 2019,

–  Vista la carta sobre las restricciones a las acciones humanitarias en el nordeste de Nigeria, dirigida por el presidente de la Comisión de Desarrollo al VP/AR y al comisario de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis,

–  Vista la Constitución de la República Federal de Nigeria, en particular las disposiciones contenidas en el capítulo IV sobre la protección de la libertad de religión y el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de 1989, ratificada por Nigeria en abril de 1991,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas de 1979 sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW),

–  Visto el Acuerdo de Cotonú,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

–  Vistos el artículo 144, apartado 5, y el artículo 132, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que la situación relativa a la seguridad en Nigeria se ha deteriorado considerablemente en los últimos años, lo que supone una grave amenaza para la seguridad regional e internacional; que se han generalizado las violaciones de los derechos humanos y los asesinatos en masa, sobre todo en la región nororiental del país; que la insurrección de Boko Haram en Nigeria ha causado la muerte de más de 36 000 personas desde el año 2009;

B.  Considerando que el país ha entrado en su décimo año de conflicto armado regionalizado; que el extremismo violento y las actividades terroristas, en particular, están en aumento con grupos yihadistas como Boko Haram y el Estado Islámico en la provincia de África Occidental (ISWAP, por sus siglas en inglés), que van ganando poder e influencia; que, desde 2009, Boko Haram lleva perpetrando ataques contra la policía, el ejército, políticos, escuelas, edificios religiosos, instituciones públicas y la población civil en Nigeria, con una periodicidad cada vez mayor; que la gran mayoría de las víctimas son musulmanes;

C.  Considerando que Nigeria es el tercero de los 163 países que figuran en el Índice Mundial de Terrorismo, por detrás de Irak y Afganistán, ocupando así el tercer lugar en la lista de países más afectados por el terrorismo;

D.  Considerando que la situación relativa a la seguridad se ha visto agravada por una escalada de violencia religiosa y étnica en algunas zonas del país, en particular el conflicto en el Cinturón Central agrícola del país, donde agricultores y pastores nómadas están enfrentados por el control de la tierra y los recursos hídricos;

E.  Considerando que el ISWAP tiene actualmente detenidos a decenas de prisioneros, entre ellos líderes cristianos, miembros de las fuerzas de seguridad y trabajadores humanitarios;

F.  Considerando que la población de Nigeria, la más numerosa de África, se divide casi por igual entre musulmanes y cristianos; que el país alberga a la mayor comunidad cristiana de la región, con casi 30 millones de cristianos que viven en el norte de Nigeria; que la rivalidad histórica entre el norte predominantemente musulmán y el sur cristiano se ha intensificado drásticamente con la propagación del Islam radical;

G.  Considerando que el ISWAP reivindicó la ejecución de once personas a través de un vídeo difundido el 26 de diciembre de 2019; que el grupo alegó que todos los asesinados eran cristianos y que el ataque se perpetró como represalia por la muerte del líder del Estado Islámico, Abubaker al Bagdadi, en Siria;

H.  Considerando que estos asesinatos forman parte de una serie más amplia de actos terroristas, incluido el ataque, el 24 de diciembre de 2019, a una aldea cristiana cercana a Chibok, que provocó la muerte de siete vecinos y el secuestro de una joven, el asesinato de tres civiles cerca de Biu el 23 de diciembre de 2019, y el asesinato de siete civiles en Nganzai el 22 de diciembre de 2019;

I.  Considerando que, según la organización Humanitarian Aid Relief Trust, más de 6 000 cristianos han sido asesinados desde 2015 por grupos yihadistas o han perdido la vida como consecuencia de la política de «tu tierra o tu sangre» llevada a cabo por militantes de la etnia fulani; que en los Estados donde impera la sharía los cristianos son objeto de una discriminación continua y, a menudo, son considerados ciudadanos de segunda clase;

J.  Considerando que, si bien el presidente Muhammadu Buhari ha condenado los asesinatos y ha instado a la población a que no esté dividida por motivos religiosos, estos ataques se han llevado a cabo con total impunidad, y los autores rara vez se ven obligados a rendir cuentas; que el informe de Amnistía Internacional ha demostrado que las fuerzas de seguridad de Nigeria han cometido negligencias deliberadas en relación con los ataques mortales contra las comunidades de agricultores;

K.  Considerando que Human Rights Watch ha informado de que el ejército nigeriano tiene detenidos a más de 3 600 menores, la mitad de ellos niñas, bajo la sospecha de estar vinculados a grupos armados islamistas y no estatales, basándose a menudo en pruebas escasas o inexistentes; que muchos de los detenidos han sido víctimas de abusos, incluida la violencia sexual, y han fallecido por enfermedad, hambre, deshidratación o heridas de bala; que el ejército ha denegado sistemáticamente el acceso a los centros de internamiento para poder comprobar las condiciones de detención en las que se encuentran los menores;

L.  Considerando que la situación de las niñas y las mujeres en Nigeria es especialmente problemática debido a las prácticas discriminatorias generalizadas, el acceso limitado a los servicios sanitarios y a la educación, la extendida práctica de la mutilación genital femenina y los matrimonios infantiles;

M.  Considerando que la Corte Penal Internacional (CPI) ha establecido que existen motivos fundados para creer que Boko Haram y las fuerzas de seguridad nigerianas han cometido en Nigeria crímenes contra la humanidad en virtud del artículo 7 del Estatuto de Roma, incluidos el asesinato y la persecución; que, en su informe de 2019 sobre los exámenes preliminares, la CPI concluye que, a pesar de que las autoridades nigerianas han adoptado una serie de medidas para determinar la responsabilidad penal de los presuntos autores, las medidas de investigación o enjuiciamiento adoptadas hasta la fecha en relación con los miembros de Boko Haram y las fuerzas de seguridad nigerianas parecen haber sido limitadas tanto en su alcance como en su profundidad;

N.  Considerando que desde 2015 el Gobierno ha sido criticado por su inadecuada gestión de la insurgencia islámica en todo el país; que el ejército y la policía de Nigeria se enfrentan a una infinidad de amenazas para la seguridad, están desbordados y no tienen la capacidad de hacer frente a crisis de seguridad simultáneas;

O.  Considerando que la Fuerza Multinacional Conjunta, desde su creación en 2015, ha expulsado a grupos terroristas de muchas zonas que se encuentran bajo su control, si bien la región sigue siendo muy inestable; que la reciente retirada de 1 200 soldados chadianos, coincidiendo con un aumento de la violencia en la región nororiental, ha suscitado preocupación entre la población; que, tras esta retirada, cientos de civiles nigerianos instalados en las inmediaciones huyeron del territorio por temor a nuevos ataques yihadistas;

P.  Considerando que la Unión Europea, la República Federal de Alemania y la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (CEDEAO) pusieron en marcha, en octubre de 2019, un proyecto relativo a la Arquitectura y las Operaciones de Paz y Seguridad (EPSAO); que el objetivo del proyecto es reforzar los mecanismos y la capacidad de la CEDEAO para gestionar los conflictos y apoyar un entorno posconflicto en África Occidental;

Q.  Considerando que la situación en Nigeria ha desencadenado una crisis humanitaria sin precedentes y ha provocado el desplazamiento de más de dos millones de personas en el nordeste, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) de las Naciones Unidas; que, según Human Rights Watch, la mayoría de los desplazados internos no pueden ejercer sus derechos básicos a la alimentación, la vivienda, la educación, la salud y la protección frente a los daños, así como su derecho a la libertad de circulación; que la Unión ha destinado 28,3 millones de euros al apoyo de las operaciones de asistencia humanitaria en el país; que los fondos actuales están lejos de cubrir todas las necesidades de ayuda humanitaria;

R.  Considerando que, según la sección sobre Nigeria del Informe mundial de 2019 de Human Rights Watch, más de 35 000 desplazados internos regresaron a comunidades del noreste en 2018, pese a los problemas de seguridad y la falta de necesidades básicas, como los alimentos y el alojamiento;

S.  Considerando que casi la mitad de la población nigeriana vive en condiciones de pobreza extrema; que se calcula que más de siete millones de nigerianos necesitan asistencia vital urgente;

T.  Considerando que miles de nigerianos están arriesgando sus vidas en rutas migratorias hacia la Unión, con la esperanza de encontrar mejores condiciones económicas, sociales y de seguridad para vivir;

U.  Considerando que el espacio humanitario en el país ha disminuido, debido al secuestro y el asesinato de varios trabajadores humanitarios; que ocho trabajadores humanitarios fueron asesinados en 2019, sumando un total de veintiséis que han perdido la vida en el conflicto desde 2011; que los riesgos para la seguridad suelen obstaculizar la prestación de ayuda y han provocado el abandono de muchas organizaciones humanitarias;

V.  Considerando, además, que el Gobierno ha suspendido las actividades de varios organismos de ayuda internacionales y organizaciones benéficas, alegando que actuaban como blanqueadores de capitales para grupos islamistas; que, en septiembre de 2019, las fuerzas armadas nigerianas solicitaron, sin previo aviso, el cierre de las organizaciones Acción contra el Hambre y Mercy Corps, dejando a 400 000 personas sin acceso a ayuda humanitaria;

W.  Considerando que, de conformidad con el artículo 8 del Acuerdo de Cotonú, la Unión mantiene, con carácter periódico, un diálogo político con Nigeria sobre los derechos humanos y los principios democráticos, que incluye cuestiones como la discriminación étnica, religiosa y racial;

1.  Lamenta los ataques terroristas que han tenido lugar en el país; reitera su preocupación por la prolongada crisis en Nigeria y la inestable situación de seguridad en el nordeste, y condena firmemente las reiteradas violaciones de los derechos humanos, del Derecho internacional y del Derecho humanitario, ya estén basadas en motivos religiosos o étnicos;

2.  Condena, especialmente, el reciente aumento de la violencia contra las comunidades étnicas y religiosas, en particular contra las instituciones religiosas y los fieles;

3.  Transmite sus condolencias a las familias de las víctimas y expresa su solidaridad con el pueblo nigeriano, que lleva sufriendo las consecuencias del terrorismo en la región desde hace más de una década;

4.  Insta a las autoridades nigerianas a que garanticen el respeto de los derechos humanos en el país y a que protejan a la población civil del terrorismo y de la violencia; insiste en que estos esfuerzos deben realizarse respetando plenamente los derechos humanos y el Estado de Derecho, en consonancia con las obligaciones internacionales del país;

5.  Considera toda forma de exterminio de seres humanos o de limpieza étnica una atrocidad y un crimen contra la humanidad; insta al Gobierno de Nigeria a que aborde las causas subyacentes de la violencia, garantizando la igualdad de derechos para todos los ciudadanos y adoptando legislación para luchar contra la discriminación; insiste, en este sentido, en la necesidad de seguir promoviendo el diálogo interreligioso y la coexistencia pacífica de los ciudadanos, independientemente de su religión, colaborando con todas las partes interesadas pertinentes, incluido el Consejo Interreligioso de Nigeria;

6.  Recuerda que las mujeres y los niños son los más vulnerables a las consecuencias de los conflictos, el terrorismo y la violencia en el país; lamenta que cada vez sean más los menores reclutados por grupos terroristas y utilizados como niños soldados o terroristas suicidas;

7.  Manifiesta su profunda preocupación por los informes sobre malos tratos infligidos a los menores detenidos en instalaciones militares; pide a las autoridades nigerianas que permitan el acceso de las Naciones Unidas a sus instalaciones militares de detención, que firmen un protocolo de entrega oficial para garantizar que los niños detenidos por las fuerzas militares sean rápidamente entregados a las autoridades responsables de la protección del menor, y que pongan fin a la detención militar de menores; insiste en que la respuesta en materia de lucha contra el terrorismo, así como el marco judicial y policial, deben adaptarse para proteger los derechos de las poblaciones más vulnerables, incluidos los niños;

8.  Recuerda a las autoridades nigerianas su obligación de proteger los derechos de los menores y de garantizar protección y atención a las personas afectadas por actos de terrorismo o conflictos, en particular garantizando su acceso a la educación; recuerda, además, que la educación y las oportunidades económicas son instrumentos poderosos contra la radicalización e insta a los socios internacionales a que apoyen una oferta educativa accesible y de calidad como parte de una estrategia antiterrorista en la región;

9.  Manifiesta su profunda preocupación por el hecho de que las mujeres nigerianas sigan siendo víctimas de discriminación, violencia, abusos sexuales y violaciones; insta a Nigeria a que aplique plenamente la CEDAW; insta a que se preste un mayor apoyo a las víctimas de la violencia sexual y de género generalizada, incluido el apoyo psicológico;

10.  Insiste en que la lucha contra la impunidad es fundamental para la estabilidad del país y la construcción de una paz duradera; pide, por consiguiente, a las autoridades nigerianas que lleven a cabo investigaciones inmediatas, exhaustivas y transparentes para llevar a los autores ante la justicia y exigirles responsabilidades; pide, además, la aplicación de medidas para mejorar la capacidad y la independencia del sistema judicial de Nigeria como medio para promover el recurso eficaz a la justicia penal para combatir la violencia, el terrorismo y la corrupción;

11.  Lamenta el estancamiento del progreso en la lucha contra Boko Haram y el ISWAP, así como el aumento del número y la gravedad de los ataques suicidas y los ataques directos contra posiciones militares; recuerda que el presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, fue reelegido en 2019 bajo la promesa de derrotar el extremismo violento promovido por Boko Haram y otros grupos terroristas, e insta al presidente a que cumpla sus promesas electorales;

12.  Apoya los objetivos del proyecto relativo a la Arquitectura y las Operaciones de Paz y Seguridad liderado por la UE y la CEDEAO; anima a que los Estados miembros den su firme apoyo para contribuir al desarrollo de capacidades y a la resolución de conflictos en África Occidental;

13.  Reitera su apoyo a la Fuerza Multinacional Conjunta regional y elogia sus esfuerzos por luchar eficazmente contra el terrorismo y restablecer la estabilidad en la región del lago Chad; recuerda que el terrorismo no conoce fronteras y pide a los países de la región que sigan coordinando sus esfuerzos para garantizar la seguridad en toda la región;

14.  Anima a seguir reformando el sector de la seguridad en Nigeria a fin de reforzar la capacidad de los actores nacionales y regionales en la lucha contra el terrorismo; pide al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y a los Estados miembros que continúen prestando asistencia técnica de la UE en este ámbito;

15.  Advierte contra una instrumentalización del conflicto entre los agricultores y los pastores como medio para difundir el odio por motivos religiosos; insta al Gobierno nigeriano a que aplique el Plan nacional de transformación del ganado cuyo objetivo es proteger los intereses tanto de los agricultores como de los pastores; considera que es necesario adoptar nuevas medidas, como el refuerzo de los mecanismos de mediación y resolución de conflictos, de reconciliación y de consolidación de la paz;

16.  Destaca la interdependencia existente entre desarrollo, democracia, derechos humanos, buena gobernanza y seguridad en el país; considera que la acción militar por sí sola no basta para luchar eficazmente contra el terrorismo; pide al Gobierno de Nigeria que desarrolle una estrategia global que aborde las causas profundas del terrorismo, centrándose en un enfoque preventivo que tenga por objeto eliminar el atractivo de la ideología terrorista, reducir las oportunidades de captación y radicalización y cortar su financiación, así como apoyando y financiando programas de las organizaciones de la sociedad civil centrados en la comunidad;

17.  Pide a la Unión Europea, a la Unión Africana y a la comunidad internacional que intensifiquen sus esfuerzos en apoyo de la lucha contra el terrorismo en Nigeria, y que sigan prestando asistencia política y de seguridad en todo el país, así como en toda la región;

18.  Manifiesta su profunda preocupación por el impacto de la situación de seguridad en el país en la eficacia de la ayuda humanitaria y la ayuda al desarrollo; insta a la Unión a proseguir sus esfuerzos humanitarios y de desarrollo, no solo en Nigeria, sino también en el conjunto de la región; acoge con satisfacción los 50 millones de euros adicionales prometidos por la Unión en 2019 para apoyar la recuperación y la resiliencia en Nigeria;

19.  Reconoce las presiones bajo las que se encuentran Nigeria y los países vecinos a causa de los desplazamientos regionales; pide una mayor coordinación de los donantes y un mayor apoyo a la población desplazada en Nigeria, incluidos recursos financieros adicionales de la comunidad internacional; recuerda que los fondos de desarrollo no deben desviarse de su objetivo inicial de erradicar la pobreza en todas sus formas;

20.  Condena todos los ataques contra el personal o las instalaciones de ayuda humanitaria e insta a que se tomen medidas para garantizar la seguridad de los trabajadores humanitarios y un entorno seguro para que las organizaciones humanitarias lleven a cabo su labor esencial;

21.  Manifiesta su profunda preocupación por la rápida intensificación del cambio climático y su impacto en la vida y los medios de subsistencia, en particular en el Cinturón Central; reitera que es necesario encontrar soluciones a largo plazo para proteger los recursos naturales y garantizar el acceso a los mismos; recuerda que hacer frente a la emergencia climática es un componente fundamental para garantizar la estabilidad económica y la paz en la región;

22.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Servicio Europeo de Acción Exterior, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al presidente y al Parlamento de Nigeria, a la Unión Africana, a la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE y al Parlamento Panafricano.

(1) DO C 458 de 19.12.2018, p. 43.


Situación en Venezuela tras la elección ilegal de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional («golpe de Estado parlamentario»)
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Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de enero de 2020, sobre la situación en Venezuela tras la elección ilegal de la nueva Presidencia y la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional (golpe de Estado parlamentario) (2020/2507(RSP))
P9_TA(2020)0013RC-B9-0048/2020

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Venezuela, en particular la de 31 de enero de 2019(1), en la que se reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela,

–  Vistas las declaraciones sobre Venezuela del vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, en particular la declaración de 9 de enero de 2020 en nombre de la Unión sobre los últimos acontecimientos en relación con la Asamblea Nacional y la declaración de 5 de enero de 2020 de su portavoz sobre los eventos en la Asamblea Nacional de Venezuela,

–  Vista la declaración de 9 de enero de 2020 del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela,

–  Vista la Decisión (PESC) 2019/1893 del Consejo, de 11 de noviembre de 2019, por la que se modifica la Decisión (PESC) 2017/2074 relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Venezuela(2), y por la que se prorrogan hasta el 14 de noviembre de 2020 las medidas restrictivas específicas actualmente en vigor,

–  Vistas la declaración, de 5 de enero de 2020, de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la situación en Venezuela y la Resolución, de 10 de enero de 2020, del Consejo Permanente de la OEA titulada «Sobre eventos recientes en Venezuela»,

–  Vista la Declaración del Grupo de Lima de 5 de enero de 2020,

–  Vista la Constitución de Venezuela,

–  Visto el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,

–  Visto el artículo 132, apartados 2 y 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que la Unión, sus Estados miembros y el Parlamento Europeo han reiterado que la Asamblea Nacional es el único órgano legítimo y elegido democráticamente en Venezuela; que, de conformidad con el artículo 194 de la Constitución venezolana, la Asamblea Nacional elegirá en su seno un presidente o presidenta y la Junta Directiva, por un período de un año;

B.  Considerando que Juan Guaidó fue elegido presidente de la Asamblea Nacional en enero de 2019 y posteriormente juró como presidente interino de Venezuela, de conformidad con el artículo 233 de la Constitución venezolana; que Guaidó ha sido reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, entre los que se encuentran 25 Estados miembros de la Unión, así como por la propia Unión Europea;

C.  Considerando que los acontecimientos que rodearon la elección prevista del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela el 5 de enero de 2020 constituyeron un golpe de Estado parlamentario orquestado por el régimen ilegal de Nicolás Maduro, que se caracterizó por graves irregularidades y actos contra el funcionamiento democrático y constitucional de la Asamblea Nacional;

D.  Considerando que las fuerzas armadas impidieron brutalmente al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, presidir la sesión, se impidió a varios miembros de la oposición entrar en la Asamblea Nacional y se bloqueó asimismo el acceso de la prensa al edificio;

E.  Considerando que el intento de nombrar a Luis Parra presidente de una nueva junta directiva favorable a Nicolás Maduro fue nulo de pleno derecho, dado que nunca se declaró oficialmente abierta la sesión, que no hubo un presidente de sesión, que no se procedió a ninguna verificación del quórum y que no se comprobó la votación nominal formal, tal como exigen los artículos 7, 8 y 11 del Reglamento de la Asamblea Nacional y el artículo 221 de la Constitución de Venezuela;

F.  Considerando que horas más tarde, obligada por las circunstancias, una abrumadora mayoría de parlamentarios celebró una reunión extraordinaria en la sede del periódico El Nacional, de conformidad con la Constitución venezolana y el Reglamento de la Asamblea Nacional, que permiten la celebración de sesiones fuera de la sede legislativa; que 100 de los 167 parlamentarios, que cumplían los requisitos aplicables al quórum y a la votación nominal contemplados en el artículo 221 de la Constitución de Venezuela, votaron a favor de la reelección de Juan Guaidó y los miembros de su Junta Directiva en sus respectivos cargos para el último año de la legislatura 2015-2020;

G.  Considerando que Juan Guaidó fue investido presidente en una sesión oficial de la Asamblea Nacional celebrada el 7 de enero de 2020, pese a los intentos de las fuerzas leales al régimen de Nicolás Maduro de impedir la celebración de la sesión, en particular obstruyendo la entrada del edificio y cortando la electricidad en su interior;

H.  Considerando que los diputados de la Asamblea Nacional deben poder ejercer el mandato parlamentario recibido del pueblo venezolano sin sufrir intimidación o represalia alguna;

I.  Considerando que las elecciones presidenciales celebradas el 20 de mayo de 2018 se desarrollaron sin que se cumplieran las normas mínimas internacionales de un proceso digno de crédito; que la Unión Europea, al igual que otros países democráticos y organizaciones regionales, no reconoció ni esas elecciones ni a las autoridades que surgieron de este proceso ilegítimo;

J.  Considerando que las acciones en curso contra diputados de la Asamblea Nacional, incluidos el acoso e intimidación de 59 diputados por grupos y fuerzas de seguridad irregulares, 29 detenciones arbitrarias y 27 exilios forzosos, así como torturas y desapariciones forzosas, están obstaculizando la labor constitucional de la Asamblea Nacional;

K.  Considerando que la situación de los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia en Venezuela se ha ido deteriorando gravemente a lo largo de estos años, y especialmente desde que Nicolás Maduro asumió el poder tras las controvertidas elecciones de 2013; que la crisis política, económica, institucional, social y humanitaria pluridimensional del país está empeorando significativamente;

1.  Reconoce y apoya a Juan Guaidó como presidente legítimo de la Asamblea Nacional y presidente interino legítimo de la República Bolivariana de Venezuela de conformidad con el artículo 233 de la Constitución de Venezuela, como resultado de la votación transparente y democrática de la Asamblea Nacional;

2.  Condena enérgicamente el intento de golpe de Estado parlamentario por parte del régimen de Nicolás Maduro y sus aliados, y sus esfuerzos por evitar que la Asamblea Nacional, el único órgano democrático legítimo de Venezuela, desempeñe correctamente el mandato constitucional que le ha conferido el pueblo venezolano;

3.  Deplora estas graves vulneraciones, que son incompatibles con el proceso electivo legítimo del presidente de la Asamblea Nacional y constituyen una nueva etapa del agravamiento de la crisis en Venezuela; rechaza firmemente las violaciones del funcionamiento democrático, constitucional y transparente de la Asamblea Nacional, así como los continuos actos de intimidación, soborno, extorsión, violencia, torturas y desapariciones forzosas, así como las decisiones arbitrarias contra sus miembros;

4.  Reitera su total apoyo a la Asamblea Nacional, que es el único órgano democrático de Venezuela elegido legítimamente y cuyos poderes han de respetarse, incluidas las prerrogativas y la seguridad de sus miembros; insiste en que solo se puede lograr una solución pacífica y política si se respetan plenamente las prerrogativas constitucionales de la Asamblea Nacional;

5.  Recuerda que la Unión Europea está dispuesta a respaldar un proceso genuino que conduzca a una resolución pacífica y democrática de la crisis sobre la base de la hoja de ruta adoptada por la Asamblea Nacional de Venezuela; destaca que los anteriores intentos de abordar la crisis mediante un proceso de negociación y diálogo no han producido ningún resultado tangible; pide que el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) siga trabajando a través de iniciativas como el Grupo Internacional de Contacto;

6.  Recuerda que el respeto de las instituciones y los principios democráticos y la defensa del Estado de Derecho son condiciones esenciales para hallar una solución pacífica y duradera para la crisis en Venezuela que beneficie a sus ciudadanos;

7.  Pide al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad que refuerce la actuación de la Unión con miras al restablecimiento de la democracia en Venezuela, también mediante la ampliación de las sanciones específicas contra las personas implicadas en violaciones de los derechos humanos y en la represión y la extensión de esas sanciones a sus familiares; respalda la declaración de la Unión en este sentido;

8.  Pide a aquellos Estados miembros que aún no lo hayan hecho que reconozcan el mandato legítimo del presidente Juan Guaidó, y celebra que el alto representante haya declarado que encarna la única autoridad democrática reconocida por la Unión; pide, por consiguiente, que sean reconocidos los representantes políticos nombrados por Juan Guaidó;

9.  Solicita el envío de una misión de investigación al país para evaluar la situación;

10.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al presidente interino legítimo de la República y al presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, a los Gobiernos y Parlamentos de los países del Grupo de Lima, a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y al secretario general de la Organización de los Estados Americanos.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2019)0061.
(2) DO L 291 de 12.11.2019, p. 42.


Audiencias en curso en virtud del artículo 7, apartado 1, del TUE relativas a Polonia y Hungría
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Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de enero de 2020, sobre las audiencias en curso en virtud del artículo 7, apartado 1, del TUE relativas a Polonia y Hungría (2020/2513(RSP))
P9_TA(2020)0014B9-0032/2020

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 2 y el artículo 7, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea (TUE),

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Vista su Resolución, de 12 de septiembre de 2018, sobre una propuesta en la que solicita al Consejo que, de conformidad con el artículo 7, apartado 1, del TUE, constate la existencia de un riesgo claro de violación grave por parte de Hungría de los valores en los que se fundamenta la Unión(1),

–  Vista la propuesta motivada de la Comisión, de 20 de diciembre de 2017, de conformidad con el artículo 7, apartado 1, del TUE por lo que respecta al Estado de Derecho en Polonia: propuesta de Decisión del Consejo relativa a la constatación de un riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho por parte de la República de Polonia (COM(2017)0835),

–  Vista su Resolución, de 1 de marzo de 2018, sobre la decisión de la Comisión de activar el artículo 7, apartado 1, del TUE en relación con la situación en Polonia(2),

–  Vista su Resolución, de 14 de noviembre de 2019, sobre la criminalización de la educación sexual en Polonia(3),

–  Vistas su Resolución, de 18 de diciembre de 2019, sobre la discriminación pública y el discurso de odio contra las personas LGBTI, incluido el concepto de «zonas sin LGBTI»(4),

–  Vista su Resolución, de 16 de enero de 2019, sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea en 2017(5),

–  Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2016, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el establecimiento de un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales(6),

–  Vista su Resolución legislativa, de 4 de abril de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas del Estado de Derecho en los Estados miembros(7),

–  Vista la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea,

–  Vistas las modalidades formalizadas para las audiencias a las que se refiere el artículo 7, apartado 1, del TUE, aprobadas por el Consejo el 18 de julio de 2019,

–  Vista la aprobación, el 20 de diciembre de 2019, de un proyecto de ley en la Dieta polaca que introducía una serie de enmiendas en la ley sobre los tribunales ordinarios, la ley sobre el Tribunal Supremo y otros actos legislativos; vista la solicitud del Senado polaco a la Comisión de Venecia para que emita un dictamen urgente sobre este proyecto de ley,

–  Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías, tal como establece el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE), y como se refleja en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y se consagra en los tratados internacionales de derechos humanos; que estos valores, que son comunes a los Estados miembros y han sido suscritos libremente por ellos, constituyen el fundamento de los derechos de que disfrutan quienes viven en la Unión;

B.  Considerando que la existencia de un riesgo claro de violación grave por parte de un Estado miembro de los valores a que se refiere el artículo 2 del TUE no afecta únicamente al Estado miembro concreto en el que se materializa el riesgo, sino que repercute también en los demás Estados miembros, en la confianza mutua entre ellos y en la propia naturaleza de la Unión y de los derechos fundamentales que el Derecho de la Unión confiere a sus ciudadanos;

C.  Considerando que el artículo 7, apartado 1, del TUE establece una fase preventiva que dota a la Unión de la capacidad de intervenir en el caso de riesgo claro de violación grave de los valores comunes; que esta actuación preventiva prevé un diálogo con el Estado miembro afectado y tiene por objetivo evitar posibles sanciones;

D.  Considerando que el artículo 7, apartado 1, del TUE fue activado por la Comisión y el Parlamento en relación con Polonia y Hungría, respectivamente, a raíz de la constatación de un riesgo claro de violación grave de los valores en los que se fundamenta la Unión;

E.  Considerando que, hasta la fecha, el Consejo ha organizado tres audiencias de Polonia y dos audiencias de Hungría en el marco del Consejo de Asuntos Generales;

F.  Considerando que, el 11 de diciembre de 2019, la Presidencia finlandesa solicitó una explicación por escrito sobre un presunto incumplimiento por parte de un cargo público de la delegación húngara en virtud del artículo 339 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y del artículo 6, apartado 1, del Reglamento interno del Consejo, relativo a la confidencialidad de las reuniones;

1.  Toma nota de las audiencias organizadas por el Consejo en virtud del artículo 7, apartado 1, del TUE en respuesta a las amenazas a los valores europeos comunes en Polonia y Hungría; observa con preocupación que las audiencias no se organizan de manera regular, estructurada y abierta; insta a la Presidencia croata y a las siguientes presidencias a que organicen las audiencias con regularidad; subraya que las audiencias deben ser objetivas y transparentes y basarse en hechos, y que los Estados miembros afectados deben cooperar de buena fe a lo largo de todo el proceso, de conformidad con el principio de cooperación leal consagrado en el artículo 4, apartado 3, del TUE; recomienda que, para dar seguimiento a las audiencias, el Consejo dirija recomendaciones concretas a los Estados miembros de que se trata, tal como se establece en el artículo 7, apartado 1, del TUE, e indique plazos para la aplicación de dichas recomendaciones; pone de relieve que la confianza mutua entre los Estados miembros solo puede restablecerse cuando se garantiza el respecto de los valores consagrados en el artículo 2 del TUE, y pide al Consejo que actúe en consecuencia; pide a los Estados miembros que respeten la primacía del Derecho de la Unión;

2.  Manifiesta su profunda preocupación por el hecho de que las modalidades formalizadas para las audiencias a las que se refiere el artículo 7, apartado 1, del TUE no garanticen el mismo trato al Parlamento que el dispensado a la Comisión y a un tercio de los Estados miembros a efectos de la presentación de la propuesta motivada; recuerda que el artículo 7, apartado 1, del TUE establece los mismos derechos y la misma posición procesal a un tercio de los Estados miembros, al Parlamento y a la Comisión en lo que respecta a la activación del procedimiento; acoge con satisfacción los esfuerzos de la Presidencia finlandesa por entablar un diálogo informal con el Parlamento, pero considera que el diálogo informal no puede sustituir a la presentación formal de la propuesta motivada ante el Consejo; insiste en que aún se le debe al Parlamento una invitación a una reunión oficial del Consejo habida cuenta del derecho de iniciativa y del principio de cooperación leal entre instituciones consagrado en el artículo 4, apartado 3, del TUE; reitera su llamamiento al Consejo para que informe al Parlamento plenamente y sin demora en todas las fases del procedimiento;

3.  Lamenta que las audiencias no hayan dado lugar aún a avances significativos de los dos Estados miembros en cuestión para revertir el riesgo claro de violación grave de los valores contemplados en el artículo 2 del TUE; observa con preocupación que los informes y declaraciones de la Comisión y de los organismos internacionales, como las Naciones Unidas, la OSCE y el Consejo de Europa, indican que la situación en Polonia y en Hungría se ha deteriorado desde la activación del artículo 7, apartado 1, del TUE; señala que el hecho de que el Consejo no haya hecho un uso eficaz del artículo 7 del TUE sigue mermando la integridad de los valores europeos comunes, la confianza mutua y la credibilidad de la Unión en su conjunto; reitera su posición sobre la decisión de la Comisión de activar el artículo 7, apartado 1, del TUE en lo que atañe a la situación en Polonia y sobre su propia propuesta en la que solicita al Consejo que, de conformidad con el artículo 7, apartado 1, del TUE, constate la existencia de un riesgo claro de violación grave por parte de Hungría de los valores en los que se fundamenta la Unión; pide al Consejo, por consiguiente, que vele por que en las audiencias previstas en el artículo 7, apartado 1, del TUE también se aborden los cambios en la situación y se evalúen los riesgos de vulneración de la independencia del poder judicial, la libertad de expresión, incluida la libertad de los medios de comunicación, la libertad de las artes y las ciencias, la libertad de asociación y el derecho a la igualdad de trato; pide a la Comisión que haga pleno uso de los instrumentos a su disposición para abordar un riesgo claro de violación grave por parte de Polonia y Hungría de los valores en los que se fundamenta la Unión, en particular los procedimientos acelerados y las demandas de medidas provisionales ante el Tribunal de Justicia;

4.  Observa que la propuesta motivada de la Comisión en relación con el Estado de Derecho en Polonia tiene un alcance limitado; pide al Consejo que estudie la forma de abordar las denuncias de violaciones de los derechos fundamentales en Polonia en el contexto de las audiencias en curso;

5.  Considera que lo sucedido últimamente en las audiencias celebradas al amparo del artículo 7, apartado 1, del TUE vuelve a poner de relieve la urgente necesidad de un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, como ha propuesto el Parlamento, que tomaría la forma de un acuerdo interinstitucional consistente en un examen anual independiente, basado en pruebas y no discriminatorio que evaluaría, por el mismo rasero, el cumplimiento de los valores contemplados en el artículo 2 del TUE por parte de todos los Estados miembros de la Unión, incluiría recomendaciones específicas por país e iría seguido de un debate interparlamentario y un ciclo político permanente entre las instituciones de la Unión sobre la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales; pide a la Comisión y al Consejo, a este respecto, que entablen sin demora negociaciones con el Parlamento sobre este acuerdo interinstitucional de conformidad con el artículo 295 del TFUE; reitera que dicho mecanismo no debe sustituir, sino complementar y reforzar a los actuales y futuros procedimientos iniciados en virtud del artículo 7 del TUE;

6.  Reitera su posición en relación con la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas del Estado de Derecho en los Estados miembros y pide al Consejo que inicie las negociaciones interinstitucionales lo antes posible;

7.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión y al Consejo, a los presidentes, Gobiernos y Parlamentos de Polonia y de Hungría y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO C 433 de 23.12.2019, p. 66.
(2) DO C 129 de 5.4.2019, p. 13.
(3) Textos Aprobados, P9_TA(2019)0058.
(4) Textos Aprobados, P9_TA(2019)0101.
(5) Textos Aprobados, P8_TA(2019)0032.
(6) DO C 215 de 19.6.2018, p. 162.
(7) Textos Aprobados, P8_TA(2019)0349.


COP15 en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (Kunming 2020)
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Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de enero de 2020, sobre la 15.ª reunión de la Conferencia de las Partes (COP15) en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (2019/2824(RSP))
P9_TA(2020)0015B9-0035/2020

El Parlamento Europeo,

–  Vistas la revisión intermedia de la Estrategia de la UE sobre la Biodiversidad y su Resolución, de 2 de febrero de 2016, sobre la revisión intermedia de la Estrategia de la UE sobre la Biodiversidad(1),

–  Vista su Resolución, de 15 de noviembre de 2017, sobre un plan de acción en pro de la naturaleza, las personas y la economía(2),

–  Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2018, sobre la 14.ª reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP14)(3),

–  Visto el informe de la Comisión, de 20 de mayo de 2015, titulado «Estado de la naturaleza en la Unión Europea: Informe sobre el estado y las tendencias de los tipos de hábitats y las especies regulados por las Directivas de Aves y de Hábitats durante el período 2007-2012 exigido en virtud del artículo 17 de la Directiva de Hábitats y del artículo 12 de la Directiva de Aves» (COM(2015)0219),

–  Vista la Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, por la que se establece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino(4) (Directiva marco sobre la estrategia marina),

–  Vista la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas(5) (Directiva marco sobre el agua),

–  Visto el informe de evaluación mundial de la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, publicado por la Plataforma Intergubernamental Científico‑Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) el 31 de mayo de 2019,

–  Vista la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza,

–  Vista la Carta de Metz sobre Biodiversidad, de 6 de mayo de 2019,

–  Vistos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como el documento de reflexión de la Comisión, de 30 de enero de 2019, titulado «Hacia una Europa sostenible en 2030» (COM(2019)0022),

–  Vistos los informes especiales del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) relativos al cambio climático, la desertificación, la degradación de las tierras, la gestión sostenible de las tierras, la seguridad alimentaria y los flujos de gases de efecto invernadero en los ecosistemas terrestres, y su informe especial, de 25 de septiembre de 2019, sobre el océano y la criosfera en un clima cambiante, así como el informe especial del IPCC titulado «Calentamiento global de 1,5 °C», su quinto informe de evaluación y su informe de síntesis de septiembre de 2018,

–  Vistas la Comunicación de la Comisión, de 23 de julio de 2019, titulada «Intensificar la actuación de la UE para proteger y restaurar los bosques del mundo» (COM(2019)0352) y la Comunicación de la Comisión, de 20 de septiembre de 2013, titulada «Una nueva estrategia de la UE en favor de los bosques y del sector forestal» (COM(2013)0659),

–  Visto el informe de 2019 de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación titulado «El estado de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura en el mundo»,

–  Vista la declaración, de 15 de octubre de 2019, de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York,

–  Visto el Llamamiento de Pekín sobre la conservación de la biodiversidad y el cambio climático, de 6 de noviembre de 2019,

–  Visto el informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente, de 4 de diciembre de 2019, titulado «El medio ambiente en Europa: Estado y perspectivas 2020» (SOER 2020),

–  Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria,

–  Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

–  Vistas las preguntas a la Comisión y al Consejo sobre la Conferencia de las Partes (COP15) en el Convenio sobre la Diversidad Biológica – Kunming (China), 2020 (O-000044/2019 y O-000043/2019),

A.  Considerando que la declaración de objetivos del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011‑2020 consiste en tomar medidas efectivas y urgentes para detener la pérdida de diversidad biológica al objeto de garantizar que, para 2020, los ecosistemas sean resilientes y sigan suministrando servicios esenciales, asegurando y conservando de este modo la variedad de la vida del planeta y contribuyendo al bienestar humano y a la erradicación de la pobreza;

B.  Considerando que la Visión de la Diversidad Biológica para 2050 («Visión para 2050») adoptada en virtud del Convenio sobre la Diversidad Biológica consiste en una vida en armonía con la naturaleza en la que, para 2050, la diversidad biológica se valore, conserve, recupere y utilice de forma racional, manteniendo los servicios de los ecosistemas, sosteniendo un planeta sano y brindando beneficios esenciales para todos, y para las generaciones futuras;

C.  Considerando que la Visión para 2050 adoptada en virtud del Convenio sobre la Diversidad Biológica se basa en cinco objetivos generales que abarcan asimismo las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica para 2020: a) abordar las causas subyacentes de la pérdida de diversidad biológica mediante la incorporación de la diversidad biológica en todos los ámbitos gubernamentales y de la sociedad; b) reducir las presiones directas sobre la diversidad biológica y promover la utilización sostenible; c) mejorar la situación de la diversidad biológica salvaguardando los ecosistemas, las especies y la diversidad genética; d) aumentar los beneficios de la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas para todos; y e) mejorar la aplicación a través de la planificación participativa, la gestión de los conocimientos y la creación de capacidad;

D.  Considerando que, como se señala en el informe de evaluación mundial de la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas de la IPBES, las actuales tendencias negativas en materia de biodiversidad y ecosistemas socavarán los avances hacia el logro del 80 % de las metas evaluadas en los ODS relacionados con la pobreza, el hambre, la salud, el agua, las ciudades, el clima, los océanos y la tierra; que se prevé que los pueblos indígenas y muchas de las comunidades más pobres del mundo sean los primeros y más gravemente afectados; que, por lo tanto, la pérdida y la degradación de la diversidad biológica deben considerarse no solo como cuestiones medioambientales, sino también de desarrollo, económicas, sociales y morales;

E.  Considerando que el uso a gran escala de herbicidas sistémicos de amplio espectro como el glifosato es directamente responsable de la pérdida masiva de biodiversidad;

F.  Considerando que, según el IPCC y la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas, no existen soluciones duraderas para hacer frente al cambio climático si no se aplican en mayor medida soluciones coherentes y eficaces basadas en la naturaleza;

G.  Considerando que el cambio climático está reconocido como un factor determinante del aumento de fenómenos meteorológicos extremos que provocan catástrofes naturales en todo el mundo, incluidos los incendios forestales;

H.  Considerando que el Protocolo de Nagoya sobre Acceso y Participación en los Beneficios establece un marco jurídico transparente para la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de recursos genéticos y de los conocimientos tradicionales asociados;

I.  Considerando que el objetivo de la Estrategia de la Unión sobre Biodiversidad para 2020 es detener la pérdida de diversidad biológica y de servicios ecosistémicos en la Unión y contribuir a frenar la pérdida de biodiversidad en el mundo a más tardar en 2020;

J.  Considerando que la Unión y los Estados miembros han adoptado la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus diecisiete ODS, y que están plenamente comprometidos con su aplicación;

K.  Considerando que, en sus orientaciones políticas, la Comisión 2019-2024 afirma su ambición de que la Unión colabore con sus socios mundiales para reducir la pérdida de biodiversidad en los próximos cinco años;

L.  Considerando que los bosques son indispensables para la subsistencia a escala mundial y que, a pesar de cubrir solamente el 30 % de la superficie terrestre, acogen el 80 % de su biodiversidad;

M.  Considerando que los hábitats y las especies están amenazados por el cambio climático, como lo demuestran la muerte de la mayor parte de la Gran Barrera de Coral de Australia y fenómenos meteorológicos extremos como los grandes incendios forestales de Australia, que han provocado la muerte de más de mil millones de animales; que la conservación de la naturaleza y la detención de la pérdida de biodiversidad son fundamentales para la mitigación del cambio climático y la adaptación a este fenómeno;

N.  Considerando que se han traspasado cuatro de los nueve límites del planeta definidos por el Centro de Resiliencia de Estocolmo;

Observaciones generales

1.  Observa con preocupación que el informe de evaluación mundial de la IPBES sobre la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas pone claramente de manifiesto la magnitud de la crisis ecológica y la necesidad de adoptar medidas urgentes y concertadas que propicien un cambio transformador, ya que la naturaleza se está deteriorando a escala mundial a un ritmo sin precedentes en la historia de la humanidad, las especies se extinguen a una velocidad cada vez mayor y alrededor de un millón de especies de fauna y flora están amenazadas de extinción, lo cual entraña graves consecuencias para las poblaciones en todo el mundo y afectará a la vida de las generaciones futuras;

2.  Manifiesta su honda preocupación por las presiones adicionales que el cambio climático impone a la tierra en relación con la biodiversidad, según se indica en el informe especial del IPCC de 8 de agosto de 2019; expresa su profunda preocupación por el declive de los mamíferos marinos y otras poblaciones de peces y por la dramática desaparición de los arrecifes de coral, tal como se documenta en el informe especial del IPCC de 24 de septiembre de 2019, de los cuales se prevé que más del 99 % se reduzca en un escenario de calentamiento global de 2 °C, según el informe especial del IPCC titulado «Calentamiento global de 1,5 °C»;

3.  Expresa su profunda preocupación tras la publicación del informe del IPCC sobre el océano y la criosfera en un clima cambiante, en el que se reconoce que el cambio climático es uno de los principales vectores directos de la pérdida de biodiversidad, y subraya que, según las previsiones, sus efectos perjudiciales en la naturaleza y la biodiversidad, los servicios de los ecosistemas, los océanos y la seguridad alimentaria serán cada vez más significativos en las próximas décadas; subraya que el IPCC advierte de que la salud de los océanos y los ecosistemas marinos se ve actualmente afectada por el calentamiento global, la contaminación, la sobreexplotación de la biodiversidad marina, el aumento del nivel del mar, la acidificación, la desoxigenación, las olas de calor en el mar, la fusión sin precedentes de los glaciares y hielos marinos, la erosión en las costas y la mayor frecuencia de las catástrofes naturales, que afectan a los ecosistemas marinos y costeros al alterar su funcionamiento y acelerar el declive de los mamíferos marinos y de la pesca, además de ser causantes de la drástica desaparición de los arrecifes de coral y los manglares; recuerda que el océano es parte de la solución para mitigar los efectos del cambio climático y adaptarse a este; pide, por tanto, a la Unión que incluya los océanos entre las prioridades de su estrategia sobre biodiversidad, y pide a todas las Partes en el Convenio (en lo sucesivo, «Partes») que reconozcan que los océanos son un bien común de la humanidad, con objeto de desarrollar un nuevo enfoque que sitúe las responsabilidades individuales y colectivas muy por encima de los principios tradicionales de libertad y propiedad del océano para garantizar su preservación;

4.  Considera que estamos ante una situación de emergencia medioambiental, que requiere acciones importantes en la Unión y en todo el mundo; pide a la Comisión que incluya la protección y la restauración de la naturaleza como una de las principales prioridades del Pacto Verde Europeo, junto con el cambio climático;

5.  Observa con preocupación que, con el ritmo actual de pérdida de biodiversidad, las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica para 2020 no se cumplirán y reitera su llamamiento a todas las Partes para que redoblen urgentemente sus esfuerzos; lamenta que la Unión no esté en vías de alcanzar su objetivo principal de detener la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas antes de 2020; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que se comprometan a la adopción inmediata de medidas adicionales de gran calado para la conservación y recuperación de la biodiversidad, con miras a cumplir los objetivos mundiales y de la Unión y contribuir a alcanzar las Metas de Aichi;

6.  Recuerda que la biodiversidad y la salud de los ecosistemas, incluidos los océanos, que absorben más del 25 % de las emisiones de CO2 y son el principal proveedor de oxígeno, resultan fundamentales para la consecución de los objetivos del Acuerdo de París y refuerzan la capacidad de recuperación y adaptación de la Unión frente al cambio climático; lamenta que solo el 7 % de los océanos estén formalmente protegidos; recuerda la importancia de desarrollar y aplicar soluciones basadas en la naturaleza para la conservación de la biodiversidad, mientras se mitiga el cambio climático y se produce una adaptación al mismo, especialmente mediante la absorción del carbono; pide, por tanto, una mayor coherencia y sinergia entre los tres Convenios de Río(6) y su mejor adecuación a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas; solicita a la Comisión que garantice la plena integración de la biodiversidad en sus políticas climáticas;

7.  Acoge con satisfacción el Llamamiento de Pekín en favor de la conservación de la biodiversidad y sobre el cambio climático, de 6 de noviembre de 2019;

8.  Destaca que siempre deben evitarse los compromisos entre la protección del clima y la protección de la biodiversidad, en particular en el sector de la bioeconomía, que puede desempeñar un papel fundamental en la transición hacia una economía climáticamente neutra, siempre que no suponga una amenaza para la calidad de los ecosistemas; expresa su preocupación por que estos compromisos no se hayan abordado lo suficiente en los recientes debates políticos; pide a la Comisión y a todas las partes interesadas que desarrollen un enfoque coherente para crear una bioeconomía realmente sostenible, asentada en la conservación de la naturaleza y en otras soluciones basadas en los ecosistemas, ya que este enfoque ofrece los mejores resultados tanto para el clima como para la biodiversidad;

9.  Destaca que la biodiversidad no solo es indispensable para la producción de alimentos, combustible y medicamentos, sino que también es importante, junto a un entorno natural sano, para el desarrollo económico a largo plazo;

10.  Acoge con satisfacción los compromisos asumidos por Ursula von der Leyen, tanto en las orientaciones políticas de la Comisión 2019-2024 como en su carta de mandato de 10 de septiembre de 2019 dirigida al comisario de Medio Ambiente y Océanos, de presentar, durante los primeros 100 días de mandato de la nueva Comisión, una Estrategia sobre Biodiversidad para 2030 ambiciosa en el marco del Pacto Verde Europeo, así como su intención de que la Unión asuma un liderazgo mundial en la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica de 2020, del mismo modo que hizo en la Conferencia de París sobre el Cambio Climático en 2015; insiste en que esta sea una alta prioridad para la nueva Comisión y que la Unión galvanice la ambición mundial en materia de biodiversidad de cara a la COP15; pide a la Comisión que, ante la crisis de la biodiversidad en el mundo que ha puesto de manifiesto el reciente informe de la IPBES, aplique un nuevo enfoque y abandone los compromisos voluntarios, y proponga una Estrategia sobre Biodiversidad para 2030 ambiciosa e integradora que establezca objetivos jurídicamente vinculantes para la Unión y sus Estados miembros, en particular objetivos específicos para que los espacios terrestres y marítimos protegidos alcancen como mínimo un 30 % y se recupere al menos el 30 % de los ecosistemas degradados a escala de la Unión antes de 2030;

11.  Considera que, en esta nueva estrategia, debe prestarse especial atención a la recuperación de los ecosistemas, los hábitats y las especies, en particular a través de la investigación y la innovación, con objeto de impulsar el desarrollo de economías basadas en la naturaleza en todos los sectores, lo cual resulta fundamental para alcanzar los objetivos en materia de biodiversidad;

12.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que hagan un llamamiento a la COP15 para que adopte disposiciones sobre la exploración de perspectivas, la evaluación de tecnologías y el seguimiento de nuevos avances tecnológicos, incluidos los derivados de la biología sintética;

13.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que hagan un llamamiento a una moratoria en la COP15 de la liberación en la naturaleza de organismos de genética dirigida, incluidos los ensayos de campo, con el fin de evitar una liberación prematura de estas nuevas tecnologías y respetar el principio de precaución, que está consagrado en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en el Convenio sobre la Diversidad Biológica;

14.  Destaca que la protección y la conservación de la diversidad biológica mundial son un reto fundamental y revisten un interés estratégico para la Unión que debe recibir la máxima atención política; pide a la Comisión y a los Estados miembros que colaboren activamente con terceros países, en particular a través de sus instrumentos exteriores, como el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (IVDCI), con el fin de promover y fijar objetivos relativos a las medidas de protección, conservación y recuperación de la biodiversidad y a la gobernanza, en lo que respecta en particular a los acuerdos multilaterales y comerciales, así como medidas para evitar incumplimientos; pide, por consiguiente, a la Comisión que incluya capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible vinculantes y viables en todos los futuros acuerdos comerciales;

15.  Recuerda su posición según la cual el IVDCI debe asignar el 45 % de sus fondos a inversiones que contribuyan a los objetivos climáticos, a la gestión y protección del medio ambiente, a la biodiversidad y a la lucha contra la desertificación;

16.  Hace hincapié en la necesidad de un enfoque de gobernanza integral a varios niveles que aborde la protección, la conservación, la recuperación y el uso sostenible de la biodiversidad y de los servicios de los ecosistemas; pide a la Unión y a los Estados miembros que no cejen en su firme compromiso de seguir reforzando el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que ejerzan el liderazgo en la preparación del marco posterior a 2020, en particular en el período previo a la COP15, que se comprometan con un objetivo que sea, en materia de biodiversidad, el equivalente a los 1,5 °C del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y establezcan de forma transparente sus perspectivas y prioridades para el marco mundial para la diversidad biológica posterior a 2020;

17.  Recuerda que la biodiversidad y la conservación de los ecosistemas son intrínsecamente sinérgicas y resultan esenciales para la consecución de los ODS; pide a la Comisión y a los Estados miembros que faciliten una integración efectiva de la naturaleza y la biodiversidad mediante objetivos en materia de biodiversidad en todos los sectores, modifiquen el modelo económico hacia una mayor sostenibilidad teniendo en cuenta la huella de la Unión, y garanticen una mayor coherencia de la política medioambiental en todas las políticas interiores y exteriores de la Unión, en particular en los ámbitos de la agricultura, la pesca, las energías renovables, el transporte, el comercio y el marco financiero plurianual (MFP) 2021-2027, y subraya la necesidad de estas acciones; considera que es necesaria una mayor cooperación en todos los sectores para integrar mejor la protección, la conservación y la recuperación de la biodiversidad; destaca que debe prestarse una atención especial al ciclo de vida de los productos, desde su concepción hasta su consumo, para proteger los recursos naturales y la biodiversidad, y tener en cuenta las repercusiones acumuladas, incluido el transporte;

18.  Considera fundamental que se aborden los factores clave de pérdida de biodiversidad con un enfoque estratégico a largo plazo y se determinen y salvaguarden con carácter urgente los focos de biodiversidad y servicios de ecosistemas de mayor trascendencia y carácter estratégico, así como los ecosistemas mejor conservados, sobre la base de la fragilidad de una zona, la presencia de especies amenazadas, la falta de conocimientos o de gestión eficaz, y la existencia de especies comunes que sean vitales para los procesos ecológicos, así como que se limiten las pérdidas de biodiversidad y las repercusiones negativas en los territorios y modos de subsistencia de las comunidades indígenas y locales;

19.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que presionen a la COP15 para que garantice que se pida y se obtenga de los pueblos indígenas y las comunidades locales un consentimiento libre, previo e informado antes de la introducción de cualquier tecnología que pueda afectar a sus conocimientos tradicionales, a la innovación, a sus prácticas, medios de subsistencia y uso de la tierra, de los recursos y del agua; destaca que esto debe hacerse de forma participativa incluyendo a todas la comunidades potencialmente afectadas antes de su puesta en marcha;

20.  Reitera que, pese a la importancia de la recuperación medioambiental, los Estados miembros siguen ignorando casi por completo este aspecto en el contexto del Desafío de Bonn;

21.  Hace hincapié en que la emergencia climática y las consecuencias de la pérdida masiva de biodiversidad constituyen una amenaza grave para los derechos humanos; recuerda que, sin un medio ambiente saludable, los derechos humanos fundamentales a la vida, la salud, los alimentos y un agua salubre corren peligro; pide a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) que preparen una estrategia de la Unión para proteger el derecho a un medio ambiente saludable, en estrecha colaboración con países terceros y organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH), que ha puesto en marcha recientemente una estrategia conjunta con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA);

Aplicación del Convenio y el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020

22.  Acoge con satisfacción la decisión adoptada durante la COP14 en Egipto, en la cual se insta a las Partes a que, entre otras cosas, aceleren notablemente el ritmo de las medidas para la ejecución del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011‑2020 y estudien la posibilidad de llevar a cabo evaluaciones nacionales de la biodiversidad y los servicios y funciones de los ecosistemas; considera sumamente importante redoblar los esfuerzos para la ejecución del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011‑2020, centrarse en la consecución de las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica y en el Protocolo de Nagoya sobre Acceso y Participación en los Beneficios, trabajar en un ambicioso plan estratégico posterior a 2020 y en un mecanismo de ejecución que incluya formalmente a las autoridades regionales y locales y, con la vista puesta en un marco hipotético para 2050, tener en cuenta nuevos retos en el ámbito de la biodiversidad en consonancia con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible;

23.  Observa con preocupación que en la Unión, según las evaluaciones(7) sobre el estado de conservación de las especies y los tipos de hábitats con interés de conservación, solo el 7 % de las especies marinas y el 9 % de los tipos de hábitats marinos presentan un estado de conservación favorable, mientras que, en el caso del 27 % de las especies y el 66 % de los tipos de hábitats, dicho estado es desfavorable; destaca asimismo que, de acuerdo con dichas evaluaciones, el 48 % de las especies de fauna y flora marinas cuyas tendencias de población se conocen han sufrido una disminución constante durante el último decenio, lo que supone un mayor riesgo de extinción de las especies objeto de seguimiento;

Marco mundial para la diversidad biológica posterior a 2020

24.  Celebra los avances logrados en la COP14 en el sentido de un proceso participativo e integral para el establecimiento de un marco mundial para la diversidad biológica posterior a 2020; apoya la Carta de Metz sobre Biodiversidad que adoptó el G7;

25.  Destaca la necesidad de reforzar las aspiraciones, la inclusividad y el funcionamiento en relación con el marco mundial para la diversidad biológica posterior a 2020; pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen los mecanismos de aplicación del Convenio sobre la Diversidad Biológica y que pongan empeño en la elaboración de objetivos ambiciosos jurídicamente vinculantes, calendarios detallados, indicadores claros de rendimiento, instrumentos de seguimiento y mecanismos de evaluación externa por expertos o de presentación de informes que se rijan por normas comunes —preferiblemente en cooperación con las administraciones subnacionales—, a fin de garantizar la total transparencia y la rendición de cuentas de las Partes, así como la eficacia general del próximo plan estratégico mundial para la diversidad biológica;

26.  Subraya que hace falta un marco internacional en forma de un acuerdo mundial jurídicamente vinculante al objeto de proteger la biodiversidad mundial, detener su actual deterioro y recuperarla en todos sus aspectos; considera que dicho marco debe basarse en objetivos concretos, mensurables, cuantificables, ambiciosos, realistas y limitados en el tiempo y en compromisos firmes, los cuales han de comprender estrategias nacionales de biodiversidad y planes de acción reforzados y otros instrumentos pertinentes, como planes de acción subnacionales, compromisos financieros y garantías reforzadas de mejora de la capacidad, así como un mecanismo de supervisión y revisión cada cinco años, con especial hincapié en que las aspiraciones vayan ganando en ambición; subraya la necesidad de que las Partes presenten informes de forma periódica y de que se recaben y traten de manera armonizada datos e indicadores comparables y coherentes al objeto de que el proceso de supervisión resulte satisfactorio;

27.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que hagan un llamamiento para que el marco mundial para la diversidad biológica posterior a 2020 incluya, como pilares esenciales, el principio de precaución, un enfoque y una exploración de perspectivas basados en derechos y la evaluación y el seguimiento de la tecnología en relación con la adopción de nuevas tecnologías;

28.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan la definición de un nuevo objetivo global que permita lograr, en 2030, una inflexión en la curva de la pérdida de biodiversidad a escala mundial, haciendo posible una regeneración de la naturaleza en beneficio de todos y contribuyendo a la protección de la biodiversidad, la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo, la lucha contra la desertificación y la degradación de los suelos, así como la seguridad alimentaria; pide a la Unión que presione a favor de un mayor nivel de ambición durante las negociaciones y, a ser posible, solicite la protección de la mitad del planeta de aquí a 2050; considera que en el marco posterior a 2020 deben establecerse un objetivo global claro de conservación para 2030 de al menos el 30 % de los espacios naturales y un objetivo de recuperación de al menos el 30 % de los ecosistemas degradados que pueden restaurarse, y que la Unión, internamente, debe fijarse objetivos similares;

29.  Subraya que los esfuerzos y los acuerdos internacionales solo darán resultados si todas las partes interesadas participan activamente; pide la creación de una coalición de partes interesadas de los sectores público y privado para establecer el marco global para la diversidad biológica posterior a 2020; señala la utilidad de la «Agenda de Soluciones» elaborada en el marco del Acuerdo de París a la hora de desarrollar un programa de trabajo constructivo para todas las partes interesadas pertinentes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y pide que se incorporen iniciativas similares en el marco posterior a 2020;

30.  Destaca la importancia de reducir al mínimo los plazos que puedan surgir entre la adopción del marco mundial para la diversidad biológica posterior a 2020 y su traducción en objetivos nacionales y planes de acción subnacionales en materia de biodiversidad, a fin de evitar retrasos en la adopción de medidas concretas para detener la pérdida de biodiversidad;

Estrategia de la Unión sobre Biodiversidad para 2030

31.  Insta a la Comisión a que diseñe una estrategia que aborde las principales causas de la pérdida de biodiversidad, tanto en su territorio como en el resto del mundo;

32.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la coherencia de la estrategia «de la granja a la mesa» y la aspiración a una contaminación cero con la política agrícola común posterior a 2020, en particular con vistas a la reducción del uso de plaguicidas;

33.  Pide a la Comisión y al Banco Europeo de Inversiones (BEI) que introduzcan requisitos de protección de la biodiversidad en sus instrumentos financieros a fin de evitar que tengan efectos adversos para la biodiversidad; pide al BEI que actualice sus normas medioambientales y sociales para adaptarlas a las disposiciones de la Estrategia de la Unión sobre Biodiversidad para 2030;

34.  Pide convertir en objetivo jurídicamente vinculante para toda la Unión la restauración, no más tarde de 2030, de los hábitats degradados a través de la restauración de bosques naturales, turberas, llanuras aluviales, humedales, pastizales de gran biodiversidad, zonas costeras y zonas marinas; lamenta que la Estrategia de la Unión sobre Biodiversidad hasta 2020 no haya servido para alcanzar el objetivo de restaurar el 15 % de los ecosistemas degradados;

35.  Insta a la Comisión y al BEI a que introduzcan requisitos de protección de la biodiversidad en su acción exterior, en particular en su instrumento de financiación exterior, para velar por que ninguno de los fondos o programas de financiación de la Unión contribuya a la pérdida neta de biodiversidad;

36.  Considera que el objetivo que la Unión promueva a nivel mundial tendrá que ser coherente con las medidas que adopte internamente en el marco de su Estrategia sobre Biodiversidad para 2030;

37.  Pide a la Comisión que, en la Estrategia de la Unión sobre Biodiversidad para 2030, preste especial atención a la reducción de la huella ecológica de la Unión a nivel mundial, a fin de evitar la falta de coherencia entre las medidas que adopte internamente y su actuación en el ámbito internacional;

Consideraciones económicas y financiación

38.  Acoge con satisfacción el acuerdo alcanzado en la COP14 por 196 Gobiernos para incrementar la inversión en la naturaleza y las personas para 2020 y más adelante; destaca que el crecimiento económico puede fomentar el desarrollo sostenible únicamente si no está asociado en absoluto al deterioro de la biodiversidad y de la capacidad de la naturaleza para contribuir al bienestar de la humanidad;

39.  Hace hincapié en la necesidad de una financiación adecuada y suficiente para la biodiversidad; pide que se incluyan en el próximo MFP medidas para el aumento de la biodiversidad y la defensa contra el cambio climático y que se aumente la integración de la biodiversidad en distintos ámbitos de actuación, de modo que se consigan avances significativos y positivos hacia la Visión para 2050; pide a la Comisión y al Consejo que establezcan un objetivo de gasto claro para la integración transversal de la dimensión de la biodiversidad de un mínimo del 10 % en el MFP, además del objetivo de gasto destinado a la integración de la dimensión climática; destaca asimismo la necesidad de elaborar una metodología más transparente, completa y rigurosa para el seguimiento del gasto que se efectúe en medidas en favor del clima y la biodiversidad; insiste una vez más en que el nivel de financiación de que dispone actualmente el Programa LIFE debe, como mínimo, duplicarse; pide, además, la supresión progresiva de las subvenciones perniciosas y que exista una coherencia entre todos los fondos y programas de la Unión, a fin de garantizar que ninguno de los gastos que se efectúen en el marco del presupuesto de la Unión contribuya a la pérdida de biodiversidad;

40.  Hace hincapié en que la integración transversal de la dimensión de la biodiversidad debe ir acompañada de la recogida de datos; observa con preocupación que la investigación en ámbitos básicos, como la taxonomía, que es fundamental a este respecto, afronta un acusado déficit de recursos y no cuenta con un nivel suficiente de financiación para políticas e investigaciones; pide que se asigne una financiación adecuada procedente de Horizonte Europa a proyectos de investigación básica y capacitación, y que se utilice con este fin el eje de asistencia técnica de otros fondos de la Unión;

41.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan la creación de mecanismos financieros internacionales adicionales para la protección y conservación de la biodiversidad vinculados al Convenio sobre la Diversidad Biológica, al tiempo que ponen todo su empeño en integrar la dimensión de la biodiversidad en los fondos existentes; observa que las actividades económicas son factores que pueden contribuir en gran medida al deterioro de la biodiversidad y la pérdida de capital natural en todo el mundo; pide, por consiguiente, a las empresas y a las organizaciones financieras que de manera firme, ya sea solas o unidas, asuman compromisos y hagan contribuciones en relación con la biodiversidad, en particular velando por la protección de esta en sus actividades, y destaca la importancia de potenciar las iniciativas de financiación privadas en este sentido; lamenta la incoherencia imperante en los conjuntos de datos relativos a los flujos financieros en materia de biodiversidad de origen público y privado, tanto nacional como internacional, dado que dicha incoherencia compromete los sistemas de seguimiento y de presentación de informes y tiene consecuencias negativas para toda posible reforma; pide, por tanto, a la Comisión, los Estados miembros y el BEI que elaboren normas coherentes relativas a los conjuntos de datos relativos a los flujos financieros en materia de biodiversidad; hace hincapié en que el futuro plan en materia de finanzas sostenibles deberá incluir la biodiversidad entre los requisitos de divulgación de información financiera al objeto de ayudar a los participantes en los mercados financieros a entender los riesgos asociados a la pérdida de biodiversidad;

42.  Destaca la importancia de aumentar la inversión, en particular en soluciones basadas en la naturaleza y en las iniciativas correspondientes, que generen beneficios colaterales para la biodiversidad y la acción por el clima que, a su vez, reduzcan los efectos del cambio climático en la biodiversidad, eliminando al mismo tiempo las inversiones perjudiciales para el medio ambiente; recuerda que la mayoría de las inversiones que se efectúen en el marco del Acuerdo de París debe utilizarse para conservar y restaurar la biodiversidad; lamenta que, a pesar del potencial de las soluciones naturales al cambio climático, los esfuerzos de captura en tierra solo reciban alrededor del 2,5 % del presupuesto de mitigación del cambio climático a escala mundial; pide un mayor uso de la financiación de la Unión e internacional en materia de cambio climático para proteger y recuperar ecosistemas naturales de tal manera que los beneficios queden repartidos entre la biodiversidad y la mitigación del cambio climático y la adaptación a dicho cambio;

43.  Celebra la decisión del Grupo BEI de poner todas sus actividades de financiación en consonancia con los objetivos del Acuerdo de París y de destinar al menos el 50 % de la financiación del BEI a la acción por el clima; pide al BEI que continúe ampliando las medidas de protección y conservación de la biodiversidad en el marco de su dotación financiera; pide a la Comisión que colabore con los Estados miembros y el sector financiero al objeto de que adapten sus actividades a los planteamientos del Acuerdo de París y garanticen la protección del clima y la biodiversidad en sus operaciones e inversiones tanto a nivel de la Unión como a una escala más amplia;

44.  Señala que organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el PNUMA y la OCDE concuerdan en que la fiscalidad medioambiental es un instrumento esencial para hacer frente a los desafíos medioambientales, como la pérdida de biodiversidad; acoge con satisfacción las iniciativas que, como la Red de Política Fiscal Ecológica del PNUMA y el FMI, facilitan la puesta en común de conocimientos y el diálogo sobre la reforma fiscal ecológica; llama la atención sobre la Meta 3 de Aichi y la necesidad de ofrecer incentivos positivos para la conservación y la utilización sostenible de la biodiversidad, así como sobre el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) 15 y la necesidad de movilizar y aumentar considerablemente los recursos financieros procedentes de todas las fuentes para conservar y utilizar de manera sostenible la biodiversidad y los ecosistemas; subraya, por tanto, las posibilidades que ofrece la fiscalidad medioambiental equitativa, en consonancia con el principio de que quien contamina paga, para reducir el daño al medioambiente y generar recursos financieros para la protección de la naturaleza; pide a la Unión y sus Estados miembros que reorienten sus sistemas fiscales para utilizar en mayor medida la fiscalidad medioambiental;

45.  Toma nota con preocupación de que solo el 8,3 % del total de los compromisos financieros está relacionado con la reversión de la disminución de la biodiversidad, que es el porcentaje más bajo desde 2015, pese a una tasa de extinción de especies sin precedentes y en rápido aumento; pide a la Comisión que destine más recursos a garantizar la protección a largo plazo y coherente de la biodiversidad en toda la Unión; insiste en que el próximo MFP debe basarse en una metodología sólida para el seguimiento de la biodiversidad y evitar el riesgo de sobrestimar las actuaciones en favor de la biodiversidad;

Silvicultura, agricultura, pesca y suelos

46.  Destaca que las actividades agrícolas y pesqueras, la salud de los suelos y la conservación de la biodiversidad están estrechamente relacionadas; señala las consecuencias negativas que para la biodiversidad acarrean la agricultura, la silvicultura y la pesca no sostenibles; subraya, no obstante, que una agricultura, una silvicultura y una pesca sostenibles pueden reducir los efectos negativos sobre especies, hábitats y ecosistemas, así como los efectos del cambio climático;

47.  Pide, por tanto, a la Unión y a las Partes que asuman compromisos firmes respecto a sistemas alimentarios, la agricultura, la silvicultura y la pesca sostenibles, en particular requisitos y estrategias para el uso sostenible de productos fitosanitarios y fertilizantes, una reducción del uso de plaguicidas y la protección suelos, hábitats y especies proporcionando servicios de los ecosistemas, como la polinización, y pide igualmente una mayor selectividad para reducir el impacto acumulado en los ecosistemas marinos y costeros y contribuir a la recuperación de las poblaciones de peces en zonas sensibles y de sobrepesca; pide a la Comisión que incluya objetivos de reducción vinculantes a escala de la Unión en la próxima revisión de la Directiva de la Unión sobre un uso sostenible de los plaguicidas (2009/128/CE) y a la Comisión, los Estados miembros y los Gobiernos regionales que apoyen directamente prácticas sostenibles y regímenes ecológicos para la agricultura, la silvicultura y la pesca;

48.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen financieramente prácticas agrícolas y forestales que sean coherentes con los objetivos de biodiversidad, como la gestión integrada de plagas y fertilizantes, la agricultura ecológica, prácticas agroecológicas, prácticas de conservación del suelo y del agua, la agricultura de conservación, la agrosilvicultura, el silvopastoreo, la gestión del riego, sistemas a pequeña escala y de pequeñas explotaciones y prácticas destinadas a mejorar el bienestar animal;

49.  Recuerda que, según la Comunicación de la Comisión titulada «Intensificar la actuación de la UE para proteger y restaurar los bosques del mundo», los bosques son indispensables para los sistemas de soporte vital de nuestro planeta, donde cubren el 30 % de la superficie terrestre y albergan el 80 % de su biodiversidad; destaca que la deforestación es una de las principales causas de pérdida de biodiversidad y que las emisiones derivadas del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura relacionadas con la deforestación son una causa importante del cambio climático; expresa su preocupación por el impacto del consumo de la Unión en la deforestación, ya que la Unión es el consumidor final del 10 % de los productos asociados a la deforestación; pide a la Comisión que adopte una definición única y unificada para el término «libre de deforestación»;

50.  Pide a la Comisión que proponga un conjunto completo de medidas (incluida legislación) para reducir la huella del consumo de la Unión en la tierra, basadas en la diligencia debida y que garanticen cadenas de suministro sostenibles y libres de deforestación para los productos comercializados en la Unión, así como un plan de acción de la Unión sobre el aceite de palma; opina que la acción de la Unión contra la deforestación debe abordar sus principales causantes, como el aceite de palma, la soja, la carne de vacuno y el cacao; pide a la Comisión que elimine progresivamente y lo antes posible los biocarburantes utilizados en la Unión que pudieran provocar indirectamente cambios en el uso de la tierra;

51.  Hace hincapié en que las políticas forestales deben ser coherentes, combatir la pérdida de biodiversidad y los efectos del cambio climático por igual y aumentar los sumideros naturales de la Unión protegiendo, conservando y promoviendo la biodiversidad;

52.  Destaca que ningún efecto de sustitución basado en productos forestales puede compensar la pérdida de bosques antiguos y primarios, que están reconocidos como algo irremplazable(8) y deben ser protegidos mediante instrumentos jurídicos y de incentivo orientados a su complejidad, conectividad y representatividad;

53.  Señala que, de acuerdo con el informe Perspectivas de la Población Mundial de junio de 2019, se espera que la población mundial aumente en 2 000 millones de personas durante los próximos treinta años, con el consiguiente incremento de la repercusión del uso del suelo y del mar sobre la diversidad biológica y la captura de carbono; señala que el aumento de la pérdida de biodiversidad pone en peligro la seguridad alimentaria y la nutrición; pide a las Partes que promuevan el uso sostenible de la biodiversidad en programas que ayuden a conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, contribuyendo al mismo tiempo a la consecución de los ODS, con atención especial al objetivo 2 (hambre cero);

Zonas urbanas

54.  Observa que la contaminación, la expansión urbana, el sellado del suelo y la destrucción de hábitats son otras de las principales causas de destrucción de la biodiversidad; recuerda que en el informe de evaluación mundial de la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas de la IPBES se señala que desde 1992 se ha producido una duplicación de la superficie ocupada por las zonas urbanas y que dos de cada tres ciudadanos de la Unión viven en zonas urbanas; pide que se evalúe con mayor fidelidad el papel desempeñado por las zonas urbanas y las ciudades en lo que respecta a la conservación de la biodiversidad y que aumente la participación de las ciudades y las autoridades locales a la hora de concretar políticas al objeto de proteger y conservar la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, así como de supervisar, informar y verificar;

55.  Insiste en que se subestima el potencial de las ciudades para contribuir a la protección de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas; recuerda que el aumento de los beneficios derivados de la biodiversidad, los servicios de los ecosistemas y la infraestructura urbana verde en las ciudades y las zonas periurbanas mejora la salud humana; pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan la incorporación y mayor integración de las funciones de la biodiversidad y de los ecosistemas en el diseño de las ciudades, las políticas y la planificación urbanas, reduciendo al mismo tiempo las emisiones de carbono y mejorando la adaptación al cambio climático;

56.  Señala que las zonas urbanas pueden desempeñar un papel transformador en la Unión en términos de biodiversidad; hace hincapié en que los plásticos y la contaminación del agua son importantes causantes de pérdida de biodiversidad; considera que una economía circular fuerte, en el contexto del nuevo Plan de Acción de la UE para la Economía Circular, podría contribuir a los esfuerzos de la Unión para restaurar la biodiversidad;

57.  Lamenta que el plástico y la contaminación procedente, por ejemplo, de plantas de tratamiento de aguas, productos farmacológicos y prácticas agrícolas no sostenibles, como la utilización intensiva de fertilizantes, afecta profundamente a la salud de los ecosistemas oceánicos;

Zonas protegidas de la Unión

58.  Solicita que se lleve a cabo un análisis detallado de todas las zonas protegidas de la Unión, incluidos los lugares de la red Natura 2000, y una mejora, una mejor conexión y una ampliación de esas zonas; subraya la necesidad de un método normalizado para calcular las zonas protegidas y de una definición clara de lo que constituye una «zona protegida» en la Unión; pone de relieve que, a la vista del reciente informe del IPCC relativo al océano y la criosfera en un clima cambiante, hace falta una evaluación global y un aumento significativo de las zonas marinas y costeras protegidas de la Unión y su gobernanza; pide que la ampliación de las zonas marinas protegidas de la Unión incluya más aguas mar adentro; destaca que, además de la cantidad, la calidad de las zonas protegidas es esencial para prevenir la pérdida de biodiversidad y que, por tanto, es necesario insistir en su buena gestión sostenible;

59.  Pide a la Comisión que continúe emprendiendo acciones legales cuando constate el incumplimiento de la legislación de la Unión en materia de protección de la naturaleza; señala que los procedimientos deben ser más eficaces en el ámbito de las infracciones medioambientales debido al riesgo de daños irreversibles para el medio ambiente; destaca que es necesario garantizar con carácter urgente la correcta aplicación de las Directivas sobre protección de la naturaleza y el seguimiento de modo transparente de las denuncias sobre infracciones de la legislación;

60.  Señala que el marco de conservación de la naturaleza podría, en caso de una aplicación deficiente, crear un entorno hostil para los activistas y los conservacionistas y poner en peligro sus vidas directa o indirectamente; subraya que la Unión debe condenar de forma activa los asesinatos de activistas y conservacionistas medioambientales;

61.  Destaca que la infraestructura verde ofrece servicios ecosistémicos que apoyan la biodiversidad, por ejemplo, aumentando la cantidad de corredores ecológicos en entornos urbanos;

Innovación, investigación y educación

62.  Recuerda la importancia que revisten la innovación, la investigación y el desarrollo para la consecución de los objetivos de la Visión para 2050; subraya la importancia de apoyar la investigación y las ciencias participativas para reforzar los conocimientos, en particular en relación con los océanos, la mayor parte de los cuales no se ha explorado; solicita a la Comisión y al Consejo que incrementen la dotación presupuestaria destinada a Horizonte Europa en el próximo MFP hasta alcanzar los 120 000 millones EUR, al objeto de fomentar en particular el clúster relativo a los recursos naturales, incluida la investigación básica y aplicada, por ejemplo en el ámbito de la taxonomía, y que inicien una misión para la protección y la recuperación de la biodiversidad en el marco de Horizonte Europa; pide a las Partes que se centren en particular en la relación entre la conservación de la biodiversidad y la mejora de la salud humana y el bienestar económico, así como que coordinen las medidas para la recopilación de datos;

63.  Solicita a la Comisión que apoye nuevas líneas de investigación en torno a las consecuencias que el uso y el cambio de uso del suelo, en particular la deforestación y la producción de bioenergía, tienen para las emisiones de gases de efecto invernadero, así como que tenga en cuenta los resultados correspondientes en el futuro a la hora de formular políticas;

64.  Observa que, según la Estrategia Europea para el Plástico en una Economía Circular, adoptada el 16 de enero de 2018, los 150 millones de toneladas de plástico que se han acumulado en los océanos del mundo podrían duplicarse de aquí a 2030, poniendo en peligro a más de 660 especies y dañando nuestro medio ambiente; pide a la Comisión que presente iniciativas emblemáticas contra la contaminación por plásticos y su efecto para la biodiversidad; subraya el caso específico de los microplásticos, que representan más del 80 % de los residuos marinos recogidos, lo que pone en peligro la biodiversidad marina; acoge, por tanto, con satisfacción el compromiso de Ursula von der Leyen de abrir un nuevo frente en nuestra lucha contra los residuos plásticos abordando la cuestión de los microplásticos; destaca la necesidad de un enfoque de economía circular que haga hincapié en la investigación y la innovación para productos sostenibles;

65.  Destaca la importancia que reviste la educación a la hora de concienciar en cuanto a la biodiversidad y la protección del medio ambiente; señala que los espacios educativos en zonas protegidas constituyen un instrumento pertinente y eficaz para sensibilizar a la opinión pública y mejorar la conservación;

Creación de capacidades, sensibilización y participación de todos los agentes

66.  Subraya que la mejora de la capacidad y la concienciación pública son fundamentales para obtener buenos resultados y para crear una mayor comprensión de la importancia de la biodiversidad; celebra, por tanto, la decisión adoptada durante la COP14, por la que se invita a las Partes, a otros Gobiernos y a los donantes a aportar recursos financieros para la ayuda técnica, la transferencia de tecnología y la mejora de la capacidad, si están en situación de hacerlo;

67.  Insiste en la importancia de facilitar información exhaustiva y de fomentar una mayor participación de la sociedad civil y de personas de diferentes grupos de edad para lograr los objetivos de la Unión y del mundo;

68.  Pide a las Partes que fomenten la concienciación de la población y la participación de múltiples partes interesadas para adoptar soluciones adaptadas junto con las comunidades locales y las poblaciones indígenas, a fin de promover la utilización sostenible de tierras para incrementar la biodiversidad al objeto de respetar plenamente las diferencias regionales en cuanto a paisajes y hábitats;

69.  Celebra la intención de buscar activamente un enfoque multilateral, el cual resulta fundamental para valorar, proteger, conservar, utilizar de modo sostenible y recuperar la biodiversidad, y subraya que del compromiso reforzado con los distintos niveles de gobierno, sectores y agentes privados, así como entre ellos, surgirán oportunidades para la integración de los objetivos en materia de biodiversidad en otras políticas; cree fundamental contar con la participación de las empresas y las organizaciones financieras y celebra en este sentido las iniciativas de la Comisión para recabar el compromiso del sector privado en relación con la conservación de la biodiversidad, especialmente a través de la Plataforma Empresa y Biodiversidad de la Unión; acoge con satisfacción, en este sentido, iniciativas del sector privado como el lanzamiento de la coalición «One Planet Business for Biodiversity» en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre la Acción Climática celebrada en Nueva York;

70.  Pide a la Comisión que estudie la adopción de una metodología armonizada para calcular la huella ecológica de las empresas de la Unión, así como su impacto sobre la biodiversidad;

71.  Considera que son necesarios cambios transformadores en las sociedades para luchar contra el cambio climático, la degradación del medio ambiente y la pérdida de biodiversidad; destaca la importancia de seguir el principio de una transición justa que garantice que el proceso sea inclusivo y equitativo;

72.  Observa que la sensibilización de la población y el acceso a información exhaustiva y fácil de comprender permiten a los consumidores tomar decisiones de compra informadas y promueven el consumo sostenible, e insiste, por tanto, en que deben formar parte de un conjunto completo de medidas, en particular por lo que se refiere a los productos que provocan deforestación, destrucción de ecosistemas y violaciones de los derechos humanos; pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen la trazabilidad y el control de los productos a lo largo de sus cadenas de valor y de suministro, lo que garantizará la transparencia plena para los consumidores;

73.  Hace hincapié en la necesidad de desarrollar mejor la certificación del etiquetado ecológico y de la lucha contra la deforestación;

74.  Acoge con satisfacción la reunión en 2020 de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que se celebrará en Marsella; invita a la Comisión a enviar señales claras de apoyo en relación con sus compromisos en materia de biodiversidad en este foro;

o
o   o

75.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO C 35 de 31.1.2018, p. 2.
(2) DO C 356 de 4.10.2018, p. 38.
(3) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0431.
(4) DO L 164 de 25.6.2008, p. 19.
(5) DO L 327 de 22.12.2000, p. 1.
(6) El Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
(7) «The Regional Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services for Europe and Central Asia» (Informe de evaluación regional sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de Europa y Asia Central):https://ipbes.net/sites/default/files/2018_eca_full_report_book_v5_pages_0.pdf
(8) Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 23 de julio de 2019, titulada «Intensificar la actuación de la UE para proteger y restaurar los bosques del mundo» (COM(2019)0352).


Actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2018
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Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de enero de 2020, sobre las actividades del Defensor del Pueblo Europeo - Informe anual 2018 (2019/2134(INI))
P9_TA(2020)0016A9-0032/2019

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2018,

–  Vistos el artículo 15, el artículo 24, párrafo tercero, y el artículo 228 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Vistos los artículos 11, 41, 42 y 43 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, la «Carta»),

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD),

–  Vista su Decisión 94/262/CECA, CE, Euratom, de 9 de marzo de 1994, sobre el estatuto del Defensor del Pueblo y sobre las condiciones generales del ejercicio de sus funciones(1),

–  Visto el Código Europeo de Buena Conducta Administrativa, aprobado por el Parlamento el 6 de septiembre de 2001,

–  Visto el Acuerdo Marco sobre Cooperación entre el Parlamento y el Defensor del Pueblo Europeo, de 15 de marzo de 2006, que entró en vigor el 1 de abril de 2006,

–  Vista su Resolución, de 17 de enero de 2019, sobre la investigación estratégica OI/2/2017 de la Defensora del Pueblo Europeo sobre la transparencia de los debates legislativos en los órganos preparatorios del Consejo de la Unión Europea(2),

–  Vista su Resolución, de 13 de febrero de 2019, sobre el resultado de las deliberaciones de la Comisión de Peticiones durante el año 2018(3),

–  Vistas sus anteriores Resoluciones sobre las actividades del Defensor del Pueblo Europeo,

–  Vistos el artículo 54 y el artículo 232, apartado 1, de su Reglamento interno,

–  Vista la carta de la Comisión de Asuntos Constitucionales,

–  Visto el informe de la Comisión de Peticiones (A9-0032/2019),

A.  Considerando que el Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2018 fue presentado oficialmente al presidente del Parlamento Europeo el 2 de octubre de 2019 y que la defensora del pueblo europea, Emily O’Reilly, lo presentó a la Comisión de Peticiones el 4 de septiembre de 2019 en Bruselas;

B.  Considerando que los artículos 24 y 228 del TFUE facultan al Defensor del Pueblo Europeo para recibir reclamaciones relativas a casos de mala administración en la acción de las instituciones, órganos u organismos de la Unión, con exclusión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales;

C.  Considerando que el artículo 10, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea establece que «todo ciudadano tiene derecho a participar en la vida democrática de la Unión» y que «las decisiones serán tomadas de la forma más abierta y próxima posible a los ciudadanos»;

D.  Considerando que el artículo 15 del TFUE estipula que «a fin de fomentar una buena gobernanza y de garantizar la participación de la sociedad civil, las instituciones, órganos y organismos de la Unión actuarán con el mayor respeto posible al principio de apertura» y que «todo ciudadano de la Unión, así como toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro, tendrá derecho a acceder a los documentos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión»;

E.  Considerando que el artículo 41, apartado 1, de la Carta dispone que «toda persona tiene derecho a que las instituciones y órganos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable»;

F.  Considerando que el artículo 43 de la Carta estipula que «todo ciudadano de la Unión y toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro tiene derecho a someter al Defensor del Pueblo Europeo los casos de mala administración en la actuación de las instituciones, órganos u organismos de la Unión, con exclusión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales»;

G.  Considerando que el Defensor del Pueblo inició 490 investigaciones en 2018, de las que 482 se basaban en reclamaciones y 8 eran investigaciones de oficio, y concluyó 545 investigaciones (534 basadas en reclamaciones y 11 de oficio); que la mayor parte de las investigaciones afectaban a la Comisión (285 investigaciones o un 58,2 %), el siguiente mayor número se refería a agencias de la Unión (43 investigaciones o un 8,8 %), y el resto, como sigue: el Parlamento (30 investigaciones o un 6,1 %), la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) (23 investigaciones o un 4,7 %), el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) (23 investigaciones o un 4,7 %), el Banco Europeo de Inversiones (16 investigaciones o un 3,3 %), la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (14 investigaciones o un 2,8 %) y otras instituciones (56 investigaciones o un 11,4 %);

H.  Considerando que las tres preocupaciones principales constatadas en las investigaciones concluidas por el Defensor del Pueblo en 2018 fueron las siguientes: la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso público a la información y a los documentos (24,6 %), la cultura de servicio (19,8 %) y el uso adecuado de las facultades discrecionales (16,1 %); que otras preocupaciones incluían el respeto de los derechos procesales como el derecho a ser oído, el respeto de los derechos fundamentales, la contratación, las cuestiones éticas, la participación pública en el proceso de toma de decisiones de la Unión, en particular en los procedimientos de infracción, la buena gestión financiera en relación con las licitaciones, subvenciones y contratos de la Unión, el procedimiento de contratación y la buena gestión de los asuntos de personal de la Unión;

I.  Considerando el constante deterioro del grado de cumplimiento –76 % en 2018, 77 % en 2017 y 82 % en 2016– por parte de la Comisión Europea de las recomendaciones del Defensor del Pueblo relativas a la buena administración;

J.  Considerando que, en 2018, 17 996 ciudadanos solicitaron la ayuda de los servicios del Defensor del Pueblo; que, de ellos, 14 596 recibieron asesoramiento a través de la guía interactiva de la página web del Defensor del Pueblo; que 1 220 solicitudes se remitieron a otro organismo para información; y que el Defensor del Pueblo intervino en relación con 2 180 reclamaciones;

K.  Considerando que en el marco de su trabajo estratégico en 2018 la Oficina del Defensor del Pueblo Europeo inició cinco nuevas investigaciones estratégicas, respectivamente sobre el trato de las personas discapacitadas en virtud del Régimen Común de Seguro de Enfermedad; la accesibilidad de los sitios web de la Comisión para personas con discapacidad; las actividades de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) previas a la presentación de solicitudes; la gestión de «puertas giratorias» en relación con el personal de la Unión; y sobre la responsabilidad del trabajo legislativo del Consejo; que, en 2018, el Defensor del Pueblo lanzó diez iniciativas estratégicas, entre otras cuestiones, sobre el uso de idiomas en el funcionariado de la Unión, las políticas en contra del acoso en la función pública de la Unión y la protección de los menores en la migración;

L.  Considerando que el Defensor del Pueblo desempeña un papel fundamental a la hora de conferir al procedimiento legislativo de la Unión un mayor nivel de apertura y de rendición de cuentas frente a los ciudadanos, para permitirles ejercer su derecho a participar en la vida democrática de la Unión, aumentando así el compromiso y la confianza de los ciudadanos;

M.  Considerando que el Defensor del Pueblo desempeña un papel fundamental a la hora de garantizar la rendición de cuentas de las instituciones de la Unión y la máxima transparencia e imparcialidad de la administración y los procesos de toma de decisiones de la Unión con el fin de proteger satisfactoriamente los derechos de los ciudadanos, aumentando de este modo su confianza, compromiso y participación en la vida democrática de la Unión;

N.  Considerando que la principal prioridad del Defensor del Pueblo es garantizar el pleno respeto de los derechos de los ciudadanos;

O.  Considerando que, en 2018, el Defensor del Pueblo puso en marcha un nuevo sitio web, que incluye una interfaz revisada y de fácil utilización para los posibles denunciantes; que el procedimiento acelerado del Defensor del Pueblo para tratar reclamaciones sobre el acceso del público a los documentos refleja el compromiso del Defensor del Pueblo de asistir a quienes buscan ayuda y llegar a una conclusión en un plazo de cuarenta días, en las veinticuatro lenguas oficiales de la Unión; que esta nueva iniciativa forma parte de una estrategia para mejorar la eficacia de su oficina;

P.  Considerando que la investigación estratégica OI/2/2017/TE del Defensor del Pueblo Europeo estimó que el Consejo adolece de falta de transparencia en lo relativo al acceso público a sus documentos legislativos y las prácticas actuales de su proceso de toma de decisiones, y más en concreto durante la fase preparatoria en el Comité de Representantes Permanentes (Coreper) y el grupo de trabajo; que, debido a la reticencia del Consejo a la hora de aplicar sus recomendaciones, el 16 de mayo de 2018, el Defensor del Pueblo Europeo remitió el Informe Especial OI/2/2017/TE sobre la transparencia del proceso legislativo del Consejo al Parlamento; que el 17 de enero de 2019, el Parlamento aprobó su informe sobre la investigación estratégica del Defensor del Pueblo Europeo, en el que respalda las recomendaciones del Defensor del Pueblo Europeo; y que la Presidencia finlandesa ha expresado su compromiso a favor de conferir una mayor apertura y transparencia legislativa al Consejo;

Q.  Considerando que el 12 de febrero de 2019 el Parlamento aprobó un proyecto de Reglamento del Parlamento Europeo por el que se fijan el Estatuto y las condiciones generales de ejercicio de las funciones del Defensor del Pueblo (Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo) y por el que se deroga la Decisión 94/262/CECA, CE, Euratom(4), para el que dispone de responsabilidad legislativa primaria; que está pendiente la aprobación por parte del Consejo de este nuevo Reglamento;

R.  Considerando que un mayor grado de apertura y transparencia en torno a las posturas que defienden los Gobiernos de los Estados miembros en el Consejo mejorará la confianza en la Unión y reducirá el euroescepticismo y el populismo;

S.  Considerando que una mayor transparencia en el proceso de toma de decisiones de los diálogos tripartitos reforzará la confianza de los ciudadanos en las instituciones de la Unión;

T.  Considerando que, en 2018, el Defensor del Pueblo puso en marcha una iniciativa estratégica de lucha contra el acoso para comprobar las políticas de lucha contra el acoso que aplica la administración de la Unión; que el Defensor del Pueblo decidió escribir en 2018 a veintiséis instituciones y agencias de la Unión para solicitarles información pormenorizada sobre sus políticas y el modo en que se aplican;

U.  Considerando que en 2018 el Defensor del Pueblo Europeo inició una investigación sobre los problemas relacionados con la discriminación de género y la igualdad de oportunidades en el Banco Europeo de Inversiones (BEI); y que el BEI siguió las recomendaciones y sugerencias del Defensor del Pueblo Europeo en relación con la igualdad de oportunidades y la paridad de género;

V.  Considerando que la figura del Defensor del Pueblo forma parte del marco de la Unión en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) destinado a proteger, fomentar y supervisar la aplicación de la Convención en el ámbito de las instituciones de la Unión;

W.  Considerando que en marzo de 2018 se celebró una conferencia en la que participaron la Red Europea de Defensores del Pueblo y la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y que uno de los puntos principales del debate versó sobre posibles vías para reforzar la cooperación entre los defensores del pueblo;

1.  Se congratula del informe anual correspondiente a 2018 presentado por el Defensor del Pueblo;

2.  Felicita a Emily O'Reilly por su excelente trabajo y por la constructiva labor que ha llevado a cabo para mejorar la calidad de la administración de la Unión y la accesibilidad y calidad de los servicios que ofrece a los ciudadanos;

3.  Subraya la importancia de la transparencia y el acceso del público a los documentos que obran en poder del Consejo; hace hincapié en que un alto grado de transparencia del proceso legislativo es esencial para que los ciudadanos, los medios de comunicación y las partes interesadas puedan exigir responsabilidades a sus representantes electos y a los Gobiernos; reconoce el valioso papel que desempeña el Defensor del Pueblo como instrumento de contacto y mediación entre las instituciones de la Unión y los ciudadanos; cree que el Consejo debe revisar su política de confidencialidad; destaca la labor del Defensor del Pueblo en lograr una mayor responsabilidad del procedimiento legislativo de la Unión ante los ciudadanos;

4.  Destaca la importancia y la necesidad de una participación más activa de los ciudadanos en la toma de decisiones, así como de una mayor transparencia del modelo de administración, como medidas orientadas a restablecer la confianza, a fin de reforzar la legitimidad democrática de las instituciones de la Unión;

5.  Insta al Defensor del Pueblo a que vele por una mayor transparencia en el procedimiento de toma de decisiones de los diálogos tripartitos;

6.  Hace hincapié en que el restablecimiento de la confianza de los ciudadanos en las instituciones de la Unión constituye un asunto primordial para el Parlamento Europeo y reviste la máxima importancia sociopolítica y ética;

7.  Destaca la necesidad de mejorar y reforzar el diálogo social, además del diálogo entre las instituciones, los organismos y los ciudadanos de la Unión;

8.  Respalda plenamente las recomendaciones del Defensor del Pueblo Europeo al Consejo, e insta al Consejo a que tome todas las medidas necesarias para aplicarlas lo antes posible;

9.  Anima al Defensor del Pueblo a ofrecer nuevas orientaciones a las instituciones de la Unión sobre cómo mejorar la comunicación con los ciudadanos en todas las lenguas oficiales de la Unión; insta al Defensor del Pueblo Europeo a que asesore a las instituciones acerca de cómo desarrollar su política lingüística de manera que permita producir los contenidos y la información pertinentes en el mayor número de lenguas posible;

10.  Celebra la estrategia del Defensor del Pueblo Europeo orientada a aumentar el impacto y la visibilidad de su labor entre los ciudadanos de la Unión;

11.  Se congratula del rediseño del sitio web del Defensor del Pueblo Europeo, que se ha convertido en una herramienta más funcional y fácil de usar para los ciudadanos;

12.  Pide al Consejo, como colegislador europeo, que adapte sus métodos de trabajo a las normas de una democracia parlamentaria, como requieren los Tratados, en lugar de actuar como un foro diplomático, función que no le corresponde; recuerda que, a raíz de su investigación estratégica OI/2/2017/TE, el Defensor del Pueblo concluyó que las prácticas del Consejo en materia de transparencia constituyen mala administración; insta al Consejo a que aplique de inmediato las recomendaciones del Defensor del Pueblo extraídas de su investigación estratégica, incluidas las formuladas por el Parlamento en su propio informe sobre el Informe Especial; alienta al Defensor del Pueblo a seguir realizando un seguimiento de los progresos relacionados con su investigación estratégica;

13.  Reitera su petición de que se actualice la legislación de la Unión sobre el acceso a los documentos y solicita la revisión del Reglamento (CE) n.º 1049/2001del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión(5), para facilitar la labor del Defensor del Pueblo a la hora de examinar la concesión de acceso a documentos por parte del Parlamento, el Consejo y la Comisión; lamenta que el Consejo haya bloqueado la revisión del Reglamento (CE) n.º 1049/2001 e insta al Consejo a que reanude los debates sobre la base de la posición adoptada por el Parlamento en segunda lectura, tal como se recoge en su Resolución, de 12 de junio de 2013, sobre el punto muerto en la revisión del Reglamento (CE) n.º 1049/2001(6);

14.  Reitera su petición de que se revise el Reglamento (CE) n.º 1049/2001, por estar muy desfasado y no reflejar ya la situación jurídica actual y las prácticas institucionales aplicadas por las instituciones, órganos y organismos de la Unión;

15.  Celebra la puesta en marcha formal del procedimiento acelerado para las investigaciones relativas al acceso a documentos y reconoce los resultados positivos para las partes reclamantes;

16.  Hace especial hincapié en la importancia de que el Defensor del Pueblo siga supervisando atentamente la transparencia en la Comisión y llevando a cabo investigaciones estratégicas al respecto; manifiesta que es consciente de que todavía se produce el fenómeno de las puertas giratorias, en particular entre los altos funcionarios de las instituciones; insta al Defensor del Pueblo a que siga supervisando la aplicación de las normas revisadas de la Comisión sobre las «puertas giratorias» que entraron en vigor en septiembre de 2018 a raíz de la investigación que llevó a cabo por iniciativa propia;

17.  Subraya que la cuestión de los conflictos de intereses es más amplia que los casos de «puertas giratorias» e insiste en que deben elaborarse nuevas normas y criterios más estrictos para garantizar por completo que las decisiones y la legislación se adoptan por razones de interés general;

18.  Recuerda que los principios de publicidad, apertura y transparencia son inherentes al proceso legislativo de la Unión, al objeto de permitir que los ciudadanos tengan acceso a las consideraciones sobre las que reposan las medidas legislativas y garantizar, por consiguiente, el ejercicio efectivo de sus derechos democráticos(7); reconoce la necesidad de transparencia en el proceso de toma de decisiones de la Unión; apoya el desarrollo entre los servicios de las tres instituciones en el establecimiento del portal legislativo conjunto, que está orientado a proporcionar un canal de fácil utilización que permita a los no especialistas acceder a información sobre los procedimientos legislativos en curso;

19.  Apoya la publicación de los documentos de los diálogos tripartitos; subraya que la sentencia pronunciada en el asunto De Capitani (T-540/15) en marzo de 2018 indica que el punto de vista de las instituciones relativo a los documentos con cuatro columnas no está amparado por la presunción general de no divulgación; destaca que el carácter muy sensible del tema abordado reflejado en los documentos del diálogo tripartito no constituye per se un motivo suficiente para denegar el acceso al público; estima que, para lograr la transparencia en los diálogos tripartitos, las tres instituciones deben contribuir; reconoce que el derecho de acceso del público a los documentos de las instituciones de la Unión representa un derecho protegido e inalienable de todos los ciudadanos de la Unión que emana directamente del principio democrático y el derecho fundamental de la libertad de expresión, por lo que se establece la correspondiente obligación para la Unión en términos de cumplimiento y rendición de cuentas; destaca la necesidad de seguir promoviendo las instituciones garantes de la transparencia, como el Defensor del Pueblo, de manera que la Unión cumpla con dicha obligación;

20.  Reitera que debe garantizarse la integridad del Banco Central Europeo (BCE) y su independencia respecto de intereses financieros privados; subraya que los miembros del Comité Ejecutivo deben abstenerse de toda pertenencia simultáneamente a foros u otras organizaciones, incluidos los comités ejecutivos de bancos supervisados por el BCE, y no deben participar en foros que no sean accesibles al público; se congratula del dictamen del Defensor del Pueblo, de 5 de julio de 2018;

21.  Lamenta que la adopción y aplicación recomendadas de normas mínimas de rendición de cuentas por parte del BCE aún no haya tenido lugar; considera que, si no se garantiza la transparencia de las actividades del BCE, podría cuestionarse su independencia respecto de intereses financieros privados;

22.  Apoya las recomendaciones del Defensor del Pueblo, de 15 de enero de 2018, sobre la participación del presidente del Banco Central Europeo y de los miembros de sus órganos de toma de decisiones en el Grupo de los Treinta e insta al BCE a que modifique las normas pertinentes para garantizar la aplicación concreta de las normas éticas y de rendición de cuentas más estrictas;

23.  Pide a la Comisión que, en la fase del diálogo informal entre ella y los Estados miembros, garantice un alto nivel de transparencia y acceso a los documentos y a la información en el marco de los procedimientos EU Pilot y de infracción, en particular en relación con las peticiones recibidas, así como el pleno acceso mediante los medios apropiados a EU Pilot y los procedimientos de infracción que ya hayan concluido; solicita a la Comisión que adopte un enfoque diferente en relación con las investigaciones de infracciones del Derecho de la Unión y que ponga en marcha procedimientos de infracción que no dependan únicamente del mecanismo EU Pilot;

24.  Hace hincapié en la importancia de las medidas adoptadas para mejorar la transparencia de las decisiones adoptadas en los procedimientos de infracción; recuerda que, en 2014, la Comisión creó una plataforma centralizada con información exhaustiva sobre las infracciones, en el sitio web Europa; destaca que la Comisión proporciona al Parlamento Europeo y al público información sobre EU Pilot y los expedientes de infracción en sus informes anuales sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión;

25.  Apoya plenamente el compromiso del Defensor del Pueblo de mejorar la transparencia de las actividades de los grupos de interés de la Unión; defiende el compromiso de la Comisión de aplicar las normas horizontales revisadas sobre los grupos de expertos, también en lo que se refiere a la transparencia y los conflictos de intereses; destaca la importancia de registrar a las personas y organizaciones que representen intereses privados en el Registro de transparencia, de modo que los nombramientos puedan hacerse de conformidad con las normas horizontales;

26.  Destaca la necesidad de un acuerdo tripartito entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión que constituiría un paso adelante para reforzar las normas existentes sobre las actividades de representación de intereses y para colmar las lagunas existentes; considera, no obstante, que las instituciones no deben detenerse ahí, sino que deben seguir avanzando hacia medidas legislativas vinculantes para todas las instituciones y organismos de la Unión;

27.  Destaca la importancia de poner toda la información relacionada con la influencia ejercida por grupos de interés a disposición del público de manera totalmente gratuita, comprensible y accesible, y de mejorar la exactitud de los datos del Registro de transparencia de la Unión; subraya que debe garantizarse la plena transparencia de la financiación de todos los representantes de intereses y pide que se suspenda a todas las organizaciones que infrinjan las normas sobre las puertas giratorias;

28.  Subraya la necesidad de adoptar un acto jurídico para que el Registro de transparencia sea plenamente obligatorio y jurídicamente vinculante para todas las instituciones y organismos de la Unión y para terceros, garantizando así la total transparencia de las actividades de representación de intereses; anima a las instituciones de la Unión a que consideren las disposiciones prácticas que podrían conducir a un acuerdo rápido y eficaz;

29.  Lamenta que la discriminación por razón de género y la representación de género sigan siendo problemáticas en el seno de las instituciones de la Unión; observa con preocupación las conclusiones del asunto 366/2017/AMF e insta encarecidamente al BEI a que cumpla plenamente las recomendaciones del Defensor del Pueblo a la hora de lograr una representación de género equilibrada en los puestos directivos;

30.  Acoge con satisfacción la investigación del Defensor del Pueblo en 2018 sobre el procedimiento de nombramiento del antiguo secretario general de la Comisión y toma nota de su constatación de cuatro casos de mala administración; lamenta que, a pesar del apoyo del Parlamento a las recomendaciones del Defensor del Pueblo, la anterior Comisión no las haya aplicado; observa con especial preocupación que no estableciera un procedimiento de nombramiento específico, y pide a la nueva Comisión que lo haga garantizando la aplicación de las normas más elevadas en términos de transparencia, ética y Estado de Derecho;

31.  Observa con preocupación el descenso del nivel de cumplimiento por parte de la Comisión en relación con las recomendaciones, sugerencias y soluciones propuestas por el Defensor del Pueblo; pide a la Comisión que demuestre su compromiso reforzado a la hora de resolver todos los casos de mala administración detectados por el Defensor del Pueblo en sus actividades;

32.  Insta al Defensor del Pueblo a que haga un seguimiento de la aplicación de las nuevas normas del Reglamento interno del Parlamento Europeo sobre las audiencias de los comisarios propuestos, en particular las que figuran en el anexo VII, artículo 2, sobre la evaluación de los intereses económicos por lo que a la transparencia y la objetividad se refiere;

33.  Toma nota de la propuesta adoptada por la Comisión el 31 de enero de 2018 de un nuevo Código de Conducta para los miembros de la Comisión Europea; cree que deben reforzarse las disposiciones del Código;

34.  Reitera y cree firmemente que es necesario aplicar reglas y normas éticas estrictas en todas las instituciones de la Unión, con el fin de garantizar el respeto de los deberes de honestidad;

35.  Está firmemente convencido de que la transparencia es un componente esencial del Estado de Derecho y que debe observarse a lo largo de todo el proceso legislativo, ya que influye en la materialización efectiva del derecho de sufragio activo y pasivo, además de en otros derechos (como la libertad de expresión y la libertad de recibir información); estima que la constitución de una ciudadanía de la Unión activa requeriría el escrutinio público, el examen y la evaluación del proceso y la posibilidad de impugnar el resultado; subraya que ello contribuiría a una familiarización gradual de los ciudadanos con los conceptos básicos del proceso legislativo y fomentaría la participación en la vida democrática de la Unión;

36.  Celebra los continuos esfuerzos del Defensor del Pueblo por influir en el cambio de las instituciones de la Unión participando en consultas públicas relacionadas con su trabajo; acoge con satisfacción sus sugerencias para mejorar la transparencia del modelo de evaluación de riesgos de la Unión en la cadena alimentaria, incluida su recomendación de que la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria publique los órdenes del día y las actas de las reuniones relacionadas con la evaluación de riesgos;

37.  Anima al Defensor del Pueblo a proseguir su investigación de propia iniciativa sobre la transparencia de la AEMA y el modo en que esta gestiona las interacciones con las empresas farmacéuticas antes de que estas presenten solicitudes de autorización de comercialización, así como la consulta pública que tuvo lugar hasta enero de 2019;

38.  Acoge con satisfacción su investigación sobre los informes sobre seguridad de la Agencia Europea de Seguridad (AESA), y que ha dado lugar a que la Agencia cambie su práctica, de modo que los que notifican problemas de seguridad reciban una respuesta;

39.  Insta al Defensor del Pueblo a que siga haciendo un seguimiento de la conformidad del régimen común de seguro de enfermedad (RCSE) con la CDPD; pide a la Comisión que actualice el texto de las DGA, que regulan el funcionamiento del RCSE en lo relativo a los gastos médicos y los gastos relacionados con adaptaciones razonables del lugar de trabajo de las personas con discapacidad o enfermedad grave; pide al Defensor del Pueblo que vele por que la administración de la Unión en su conjunto aplique plenamente la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad;

40.  Acoge con satisfacción las recomendaciones prácticas del Defensor del Pueblo relativas a la accesibilidad de los procedimientos de selección de la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) para los candidatos con discapacidad visual; pide al Defensor del Pueblo que haga un seguimiento del pleno cumplimiento por parte de la EPSO de los requisitos de accesibilidad para los procedimientos de selección en línea; solicita al Defensor del Pueblo que dé seguimiento a sus propuestas de tecnologías de apoyo durante las pruebas por ordenador, que tienen lugar en todo el mundo;

41.  Respalda al Defensor del Pueblo en la sensibilización de las instituciones de la Unión para que impulsen políticas de lucha contra el acoso;

42.  Apoya la iniciativa del Defensor del Pueblo de hacer un seguimiento del movimiento #MeToo y pide que se siga haciendo un seguimiento de las políticas de lucha contra el acoso con las que cuenta la administración de la Unión;

43.  Secunda los esfuerzos del Defensor del Pueblo para facilitar la participación de los ciudadanos en la elaboración de las políticas de la Unión; pide al Defensor del Pueblo que siga haciendo un seguimiento del uso de la Iniciativa Ciudadana Europea y, en particular, de la aplicación de su Reglamento revisado;

44.  Señala que el papel del Defensor del Pueblo Europeo ha evolucionado con el tiempo desde su creación, desde la prevención de la mala administración a la promoción de la buena administración; considera que la evolución lógica de esta tendencia es continuar los esfuerzos por promover de forma activa una mejor administración y las mejores prácticas administrativas en el momento oportuno;

45.  Acoge con satisfacción la iniciativa del Defensor del Pueblo del Premio a la Buena Administración, que reconoce los esfuerzos de las administraciones públicas de la Unión para encontrar formas innovadoras de aplicar políticas orientadas a los ciudadanos;

46.  Insiste en el llamamiento que viene haciendo desde hace tiempo para que el actual Código de Buena Conducta Administrativa se convierta en una normativa de carácter vinculante para todas las instituciones y organismos de la Unión;

47.  Evoca el compromiso del Defensor del Pueblo a favor de una gran transparencia por parte de la Unión a lo largo de las negociaciones sobre el acuerdo de retirada del Reino Unido de la Unión Europea;

48.  Anima al Defensor del Pueblo a que siga cooperando con los Defensores del Pueblo nacionales a través de la Red Europea de Defensores del Pueblo; insiste en la necesidad de continuar desarrollando dichas instancias de cooperación entre los diferentes defensores del pueblo nacionales;

49.  Recuerda que el nuevo proyecto de Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo, adoptado recientemente por el Parlamento, contiene una cláusula de incompatibilidad de un período de tres años antes de que un diputado al Parlamento Europeo pueda acceder al cargo de defensor del pueblo;

50.  Insiste en la importancia crucial de preservar la independencia y la integridad del Defensor del Pueblo y garantizar que el cargo sea ocupado por personas libres de afiliaciones políticas obvias, de conflictos de intereses y con una ética irreprochable;

51.  Expresa su agradecimiento por la excelente y fructífera instancia de cooperación llevada a cabo por la defensora del pueblo y su equipo con la Comisión de Peticiones;

52.  Reconoce las excelentes instancias de cooperación llevadas a cabo por la defensora del pueblo durante su mandato, y pide al próximo defensor del pueblo que mantenga este nivel de cooperación y diálogo estructural con la Comisión de Peticiones para seguir mejorando la calidad de la administración de la Unión y la accesibilidad y calidad de los servicios que ofrece a nuestros ciudadanos.

53.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución y el Informe de la Comisión de Peticiones al Consejo, a la Comisión, al Defensor del Pueblo Europeo y a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, así como a sus Defensores del Pueblo u órganos equivalentes.

(1) DO L 113 de 4.5.1994, p. 15.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2019)0045.
(3) Textos Aprobados, P8_TA(2019)0114.
(4) Textos Aprobados, P8_TA(2019)0080.
(5) DO L 145 de 31.5.2001, p. 43.
(6) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0271.
(7) Asuntos acumulados C-39/05 y C-52/05 P, Reino de Suecia y Maurizio Turco contra Consejo de la Unión Europea, recopilación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia 2008 I-04723.


Instituciones y órganos de la unión económica y monetaria: prevención de los conflictos de intereses posteriores al ejercicio de cargos públicos
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Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de enero de 2020, sobre instituciones y órganos de la unión económica y monetaria: prevención de los conflictos de intereses posteriores al ejercicio de cargos públicos (2019/2950(RSP))
P9_TA(2020)0017B9-0047/2020

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 298 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Visto el Reglamento n.° 31 (CEE), 11 (CEEA) por el que se establece el Estatuto de los funcionarios y el régimen aplicable a los otros agentes de la Comunidad Económica Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Estatuto de los funcionarios de la UE), y en particular sus artículos 11 bis, 12, 16 y 17(1),

–  Vista su Resolución, de 10 de mayo de 2011, sobre el presupuesto 2009: rendimiento, gestión financiera y control de las agencias de la UE(2),

–  Visto el Informe Especial n.º 15/2012 del Tribunal de Cuentas titulado «Gestión de los conflictos de intereses en varias agencias de la UE seleccionadas»(3),

–  Vista la Decisión de la Comisión, de 29 de junio de 2018, relativa a las actividades exteriores y los mandatos asignados, así como a las actividades profesionales después del cese en funciones (C(2018)4048),

–  Visto el comunicado de prensa de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) de 17 de septiembre de 2019, sobre el anuncio de Adam Farkas de su dimisión del cargo de director ejecutivo de la ABE con efecto a 31 de enero de 2020(4),

–  Vista la pregunta a la Comisión sobre el nombramiento del director ejecutivo de la ABE, Adam Farkas, como consejero delegado de la Asociación de Mercados Financieros de Europa (AFME) (O-000031/2019 – B9-0054/2019) y las respuestas de la Comisión, de 24 de octubre de 2019,(5)

–  Vistas las respuestas dadas por el presidente de la ABE en la audiencia organizada por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios el 4 de noviembre de 2019,

–  Visto el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de 23 de agosto de 2010, titulado «Post-Public Employment: Good Practices for Preventing Conflict of Interest’(Empleo tras ejercer un cargo público: Buenas prácticas para prevenir los conflictos de intereses)(6),

–  Visto el documento de trabajo 06/2010 de Transparencia Internacional titulado «Regulating the Revolving Door» (Regular las puertas giratorias)(7),

–  Visto el proyecto de recomendaciones de la defensora del pueblo en su investigación sobre la reclamación 775/2010/ANA contra la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)(8),

–  Vista la carta de la defensora del pueblo al director de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, de 13 de junio de 2017, sobre la aplicación del artículo 16 del Estatuto de los funcionarios de la Unión(9),

–  Vista la carta de la defensora del pueblo al director de la ABE, de 13 de junio de 2017, sobre la aplicación del artículo 16 del Estatuto de los funcionarios de la Unión(10),

–  Visto el informe de la defensora del pueblo, de 28 de febrero de 2019, sobre la publicación de información sobre antiguo personal directivo a fin de garantizar el cumplimiento de la prohibición de ejercer la representación de intereses durante un año: SI/2/2017/NF(11),

–  Vista su Resolución, de 12 de febrero de 2019, sobre un proyecto de Reglamento del Parlamento Europeo por el que se fijan el Estatuto y las condiciones generales de ejercicio de las funciones del Defensor del Pueblo (Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo)(12),

–  Vistas las orientaciones políticas para la próxima Comisión Europea (2019-2024)(13),

–  Vista la pregunta a la Comisión titulada «Instituciones y órganos de la unión económica y monetaria: prevención de los conflictos de intereses después del ejercicio de un cargo público» (O-000048/2019 – B9‑0001/2020),

–  Vistos el artículo 136, apartado 5, y el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

–  Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios,

A.  Considerando que el artículo 298, apartado 1, del TFUE establece que «en el cumplimiento de sus funciones, las instituciones, órganos y organismos de la Unión se apoyarán en una administración europea abierta, eficaz e independiente»;

B.  Considerando que el artículo 68, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1093/2010(14) establece que «el Estatuto de los funcionarios, el Régimen aplicable a otros agentes y las normas adoptadas conjuntamente por las instituciones de la Unión para su aplicación serán aplicables al personal de la Autoridad, incluido su director ejecutivo y su presidente»;

C.  Considerando, en particular, que los artículos 16 y 17 del Estatuto de los funcionarios sientan los principios aplicables al personal que cesa en sus funciones en las instituciones, con disposiciones, en particular, sobre la prevención de los conflictos de intereses;

D.  Considerando que el director ejecutivo de la ABE ha aceptado el nombramiento como consejero delegado de la AFME a partir del 1 de febrero de 2020 y ha anunciado su dimisión del puesto de director ejecutivo de la ABE con efecto a 31 de enero de 2020;

E.  Considerando que el Consejo de Administración y la Junta de Supervisores de la ABE decidieron que debía aprobarse que el director ejecutivo de la ABE pasara a su nuevo puesto de consejero delegado de AFME; que la Junta de Supervisores ha adoptado la decisión de imponer unas restricciones bastante leves a su director ejecutivo, lo que, según la ABE, resuelve el conflicto de intereses derivado de su aceptación del nuevo puesto en la AFME; que estas restricciones se aplican a las actividades desarrolladas durante sus servicios a la ABE y tras su cese en sus funciones en la ABE;

F.  Considerando que, en su audiencia ante el Parlamento Europeo, el presidente de la ABE puso de relieve la dificultad de hacer cumplir las restricciones aplicables a este tipo de actividades desempeñadas tras un cargo público;

G.  Considerando que los altos directivos que cesan en sus funciones en las autoridades de supervisión actualmente no perciben una indemnización temporal;

H.  Considerando que el empleo posterior al ejercicio de un cargo público o los supuestos de conflictos de intereses conocidos como «puertas giratorias» son situaciones recurrentes que han sido evaluadas y analizadas por parte de instituciones internacionales y de la Unión, en particular el Defensor del Pueblo Europeo y el Tribunal de Cuentas Europeo;

I.  Considerando que estos casos de «puertas giratorias» ofrecen a los grupos de intereses la posibilidad de recompensar a reguladores por su conducta anterior, abriendo con ello la puerta a incentivos perniciosos;

1.  Hace hincapié en la importancia que reviste una administración europea abierta, eficiente e independiente para la Unión en su conjunto, incluidas las instituciones, los órganos y las agencias de la unión económica y monetaria;

2.  Manifiesta su preocupación por el conflicto de intereses surgido a consecuencia del nombramiento del director ejecutivo de la ABE como consejero delegado de la AFME a partir del 1 de febrero de 2020; observa que este empleo posterior al ejercicio de un cargo público sin período de incompatibilidad constituye un riesgo no solo para la reputación y la independencia de la ABE, sino para todas las instituciones de la Unión y para el proyecto europeo en su conjunto;

3.  Recuerda que los conflictos de intereses no atajados pueden comprometer el cumplimiento de las exigentes normas éticas en toda la administración europea y, además, poner en peligro el derecho a una buena administración, amenazando con ello la igualdad de condiciones necesaria para el buen funcionamiento del mercado único;

4.  Pide la aplicación efectiva y coherente del Estatuto de los funcionarios, en particular de su artículo 16, a fin de prevenir los conflictos de intereses, en particular, pero no solamente, en el caso de los altos funcionarios; subraya que el artículo 16 permite que las instituciones de la Unión rechacen la solicitud de un antiguo funcionario para desempeñar un empleo determinado si las restricciones no son suficientes para proteger los intereses legítimos de las instituciones; pone de relieve que, en el caso del Sr. Farkas, podría haberse considerado la posibilidad de prohibir en virtud del artículo 21, apartado 3, letra b), de la Decisión C(2018)4048 de la Comisión su paso directo a la AFME por ser posible considerar a la AFME una parte adversa;

5.  Expresa su temor de que a menudo no sea posible garantizar el cumplimiento de las condiciones impuestas a la actividad profesional tras desempeñar un cargo público; anima a las instituciones y agencias de la Unión, por consiguiente, a tomar en consideración toda la gama de instrumentos que ofrece el artículo 16 del Estatuto de los funcionarios;

6.  Pone en cuestión la decisión de la Junta de Supervisores de la ABE y el Consejo de Administración de la ABE de permitir que el Sr. Farkas desempeñe el puesto de consejero delegado de la AFME; les pide que vuelvan sobre su decisión;

7.  Señala que, aunque la experiencia en el sector privado puede ser valiosa para trabajar en las instituciones, el sistema de «puertas giratorias» también puede surgir como consecuencia de haber ejercido un empleo en el sector privado antes de ocupar un cargo público, si existe un vínculo directo entre el empleador anterior y el nuevo puesto en la institución, y que ello puede comprometer la integridad de las instituciones de la Unión y mermar la confianza de los ciudadanos en ellas; hace hincapié, por consiguiente, en la necesidad emergente de tomar en consideración que también pueden derivarse conflictos de intereses de puestos ocupados antes de ejercer un cargo público o antes del nombramiento a cargos con poderes y responsabilidades de carácter regulador o ejecutivo, y recomienda que se reflexione sobre ello;

8.  Destaca que la actividad profesional tras el ejercicio de un cargo público y las situaciones de conflicto de intereses por «puertas giratorias» son un problema común a todas las instituciones, órganos y agencias de toda la Unión y sus Estados miembros; subraya, por consiguiente, la necesidad de un marco jurídico unificado para abordar eficientemente estas cuestiones;

9.  Toma nota del trabajo realizado a nivel internacional (OCDE) para garantizar un marco armonizado para la actividad profesional posterior al ejercicio de un cargo público; toma nota, al nivel de la Unión, del trabajo realizado con este fin por el Tribunal de Cuentas Europeo y la defensora del pueblo europea; toma nota de que la aplicación oportuna de sus recomendaciones puede prevenir que surjan problemas similares en el futuro;

10.  Hace hincapié en que, si bien la experiencia adquirida en una actividad profesional en el sector privado por los miembros de su personal puede ser valiosa para un organismo regulador o de supervisión, los órganos y las instituciones de la Unión deben estar imbuidos una firme ética de servicio público a fin de servir mejor a los ciudadanos europeos;

11.  Pide al Tribunal de Cuentas Europeo que emprenda un análisis exhaustivo del enfoque de los órganos y las agencias de la unión económica y monetaria de la gestión de situaciones de potencial conflicto de intereses; pide al Tribunal de Cuentas Europeo que determine las mejores prácticas;

12.  Pide a la Comisión Europea que evalúe la práctica actual seguida en el ámbito de la actividad profesional posterior al ejercicio de un cargo público en la Unión y al nivel nacional, con vistas a establecer medidas más estrictas para prevenir los conflictos de intereses que se producen cuando altos funcionarios de los órganos de la Unión cesan en sus funciones para ejercer una actividad profesional en el sector privado o cuando personas que proceden del sector privado son nombradas para altos cargos de un órgano de la Unión, y que tenga en cuenta sus conclusiones para el examen de un marco jurídico armonizado para la prevención de los conflictos de intereses tras el ejercicio de un cargo público;

13.  Recuerda el compromiso asumido por la Comisión en el debate plenario del 24 de octubre de 2019 de revisar el marco jurídico relativo a la actividad profesional posterior al ejercicio de un cargo público; pide a la Comisión que establezca un marco jurídico armonizado para prevenir las situaciones de conflicto de intereses tras el ejercicio de un cargo público, a fin de garantizar unas normas éticas exigentes; destaca la necesidad de adaptar la práctica de la Unión a las normas internacionales; subraya que deben aplicarse las mismas normas en la Unión y a nivel nacional;

14.  Pide a la Comisión que, en su revisión del marco jurídico para la actividad profesional posterior al ejercicio de un cargo público, defina las áreas de riesgo específicas que pueden necesitar normas reforzadas, como la ampliación de la posibilidad de vetar cambios profesionales, y que considere la posibilidad de ampliar los periodos de incompatibilidad de los altos funcionarios de manera proporcional a cada caso concreto, a fin de garantizar la igualdad de trato, en línea con el artículo 15 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; destaca que el requisito de comunicación ex ante de los conflictos de intereses establecido en el artículo 11 del Estatuto de los funcionarios debe aplicarse de manera que se garantice que los conflictos potenciales de intereses de un candidato sean revelados mucho antes de que ocupen un puesto en un órgano de la Unión; insiste asimismo en que todos los órganos de la Unión deben publicar en sus sitios web sus normas internas para tratar los conflictos de intereses y atender a las recomendaciones de 2017 de la defensora del pueblo sobre la publicación de la información anual requerida por el artículo 16, párrafo cuarto, del Estatuto de los funcionarios;

15.  Pide a la Comisión que extienda su revisión a los conflictos de intereses anteriores al ejercicio de un cargo público y que considere la posibilidad de reforzar las medidas existentes, como la cesión de los intereses en empresas que estén sujetas a la autoridad de la institución a la que pertenezca el funcionario recién nombrado o tengan tratos con dicha institución, y que considere también nuevos tipos de medidas preventivas, como la recusación obligatoria cuando se traten asuntos que afecten a un empleador anterior del sector privado;

16.  Considera que la prohibición de un cambio profesional no conculca el derecho al empleo cuando la persona afectada está desempeñando una actividad y si la prohibición es suficientemente específica y está suficientemente justificada;

17.  Señala que si se introducen unos periodos de incompatibilidad más prolongados para los altos funcionarios que cesan en sus funciones en una agencia, debe considerarse asimismo la posibilidad de concederles una indemnización transitoria adecuada; subraya que estas indemnizaciones transitorias deben terminar si se acepta un nuevo empleo durante el periodo de incompatibilidad;

18.  Pide a la Comisión que evalúe si es adecuado que las agencias de la Unión afectadas decidan por sí mismas sobre la aplicación de las normas relativas a la prevención de conflictos de intereses y cómo puede garantizarse la coherencia de la aplicación de las normas; considera que el órgano ético independiente contemplado por la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen es el más adecuado para adoptar decisiones relativas a los conflictos de intereses que afecten a funcionarios de la Unión en el futuro;

19.  Propone a todos los diputados al Parlamento Europeo y a todos los representantes de la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea que por un periodo de dos años se abstengan de todo contacto con el actual director ejecutivo si este asume su cargo de consejero delegado de la AFME; pide a los servicios competentes para expedir los permisos permanentes de acceso («tarjetas marrones») a los locales del Parlamento que consideren atentamente el caso del Sr. Farkas, y tomen en consideración la posibilidad de no conceder dicha tarjeta durante el mismo periodo de tiempo (dos años), con el fin de evitar posibles conflictos de intereses;

20.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, así como a los Parlamentos nacionales.

(1) DO 45 de 14.6.1962, p. 1385.
(2) DO L 250 de 27.9.2011, p. 268.
(3) https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/sr12_15/sr12_15_es.pdf
(4) https://eba.europa.eu/adam-farkas-steps-down-as-eba-executive-director
(5) http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2019-000031_ES.html
(6) https://read.oecd-ilibrary.org/governance/post-public-employment_9789264056701-en#page7
(7) https://www.transparency.org/whatwedo/publication/working_paper_06_2010_regulating_the_revolving_door
(8) https://www.ombudsman.europa.eu/en/recommendation/en/11089
(9) https://www.ombudsman.europa.eu/en/correspondence/en/80697
(10) https://www.ombudsman.europa.eu/en/correspondence/en/80699
(11) https://www.ombudsman.europa.eu/en/report/en/110521
(12) Textos Aprobados, P8_TA(2019)0080.
(13) https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_es.pdf
(14) Reglamento (UE) n.º 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), (DO L 331 de 15.12.2010, p. 12).

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