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Procedimiento : 2017/0360R(NLE)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A9-0138/2020

Textos presentados :

A9-0138/2020

Debates :

PV 14/09/2020 - 16
CRE 14/09/2020 - 16

Votaciones :

PV 16/09/2020 - 12

Textos aprobados :

P9_TA(2020)0225

Textos aprobados
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Jueves 17 de septiembre de 2020 - Bruselas
Constatación de un riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho por parte de la República de Polonia
P9_TA(2020)0225A9-0138/2020

Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de septiembre de 2020, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la constatación de un riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho por parte de la República de Polonia (COM(2017)08352017/0360R(NLE))

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de Decisión del Consejo (COM(2017)0835),

–  Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 2 y su artículo 7, apartado 1,

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Vistos el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y sus Protocolos,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

–  Vistos los tratados internacionales sobre derechos humanos de las Naciones Unidas, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

–  Visto el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul),

–  Vista su Resolución, de 20 de abril de 2004, sobre la Comunicación de la Comisión sobre el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea: Respeto y promoción de los valores en los que está basada la Unión(1),

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 15 de octubre de 2003, sobre el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea - Respeto y promoción de los valores en los que está basada la Unión(2),

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 11 de marzo de 2014, titulada «Un nuevo marco de la UE para reforzar el Estado de Derecho»(3),

–  Vista su Resolución, de 13 de abril de 2016, sobre la situación en Polonia(4),

–  Vista su Resolución, de 14 de septiembre de 2016, sobre los últimos acontecimientos en Polonia y su incidencia en los derechos fundamentales establecidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea(5),

–  Vista su Resolución, de 15 de noviembre de 2017, sobre la situación del Estado de Derecho y de la democracia en Polonia(6),

–  Vista la activación por parte de la Comisión, en enero de 2016, del diálogo estructurado de conformidad con el Marco del Estado de Derecho,

–  Vista la Recomendación (UE) 2016/1374 de la Comisión, de 27 de julio de 2016, relativa al Estado de Derecho en Polonia(7),

–  Vista la Recomendación (UE) 2017/146 de la Comisión, de 21 de diciembre de 2016, sobre el Estado de Derecho en Polonia que complementa la Recomendación (UE) 2016/1374(8),

–  Vista la Recomendación (UE) 2017/1520 de la Comisión, de 26 de julio de 2017, por lo que respecta al Estado de Derecho en Polonia complementaria a las Recomendaciones (UE) 2016/1374 y (UE) 2017/146 (9),

–  Vista la Recomendación (UE) 2018/103 de la Comisión, de 20 de diciembre de 2017, por lo que respecta al Estado de Derecho en Polonia complementaria a las Recomendaciones (UE) 2016/1374, (UE) 2017/146 y (UE) 2017/1520(10),

–  Vista su Resolución, de 1 de marzo de 2018, sobre la decisión de la Comisión de activar el artículo 7, apartado 1, del TUE en relación con la situación en Polonia(11),

–  Vista su Resolución, de 14 de noviembre de 2019, sobre la criminalización de la educación sexual en Polonia(12),

–  Vista su Resolución, de 18 de diciembre de 2019, sobre la discriminación pública y el discurso de odio contra las personas LGBTI, incluido el concepto de «zonas sin LGBTI»(13),

–  Vista su Resolución, de 16 de enero de 2019, sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea en 2017(14),

–  Vista su Resolución, de 3 de mayo de 2018, sobre pluralismo y libertad de los medios de comunicación en la Unión Europea(15),

–  Vista su Resolución, de 16 de enero de 2020, sobre las audiencias en curso en virtud del artículo 7, apartado 1, del TUE relativas a Polonia y Hungría(16),

–  Vista su Resolución, de 17 de abril de 2020, sobre la acción coordinada de la Unión para luchar contra la pandemia de COVID‑19 y sus consecuencias(17),

–  Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2016, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el establecimiento de un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales(18),

–  Vista su Resolución, de 13 de febrero de 2019, sobre la involución en el ámbito de los derechos de la mujer y la igualdad de género en la Unión Europea(19),

–  Vista su Resolución, de 28 de noviembre de 2019, sobre la adhesión de la Unión al Convenio de Estambul y otras medidas de lucha contra la violencia de género(20),

–  Vista su Resolución legislativa, de 4 de abril de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas del Estado de Derecho en los Estados miembros(21),

–  Vista su Resolución legislativa, de 17 de abril de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el programa Derechos y Valores(22),

–  Vistos los cuatro procedimientos de infracción incoados por la Comisión contra Polonia en relación con la reforma del sistema judicial polaco, de los cuales los dos primeros han llevado a sendas sentencias del Tribunal de Justicia(23) en las que se declara la vulneración del artículo 19, apartado 1, párrafo segundo, del Tratado de la Unión Europea, que consagra el principio de tutela judicial efectiva, mientras que los otros dos procedimientos siguen pendientes,

–  Vistas las tres audiencias de Polonia celebradas en 2018 por el Consejo de Asuntos Generales en el marco del procedimiento del artículo 7, apartado 1, del TUE,

–  Vistos el informe de misión de 3 de diciembre de 2018, tras la visita de la Comisión de Libertades Civiles y Justicia y Asuntos de Interior a Varsovia del 19 al 21 de septiembre de 2018, y las audiencias sobre la situación del Estado de Derecho en Polonia, celebradas en dicha comisión el 20 de noviembre de 2018 y el 23 de abril de 2020,

–  Vistos los informes anuales de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude,

–  Vistas las recomendaciones de 2018 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) relativas a la salud y los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes,

–  Vista la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 24 de julio de 2014, Al Nashiri/Polonia (demanda n.º 28761/11),

–  Vistos el artículo 89 y el artículo 105, apartado 5, de su Reglamento interno,

–  Vista la opinión de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género,

–  Visto el informe provisional de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A9-0138/2020),

A.  Considerando que la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías, tal como establece el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE), y como se refleja en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y se consagra en los tratados internacionales de derechos humanos;

B.  Considerando que, a diferencia del artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el ámbito de aplicación del artículo 7 del TUE no se limita a los ámbitos regulados por el Derecho de la Unión, como se indica en la Comunicación de la Comisión de 15 de octubre de 2003, y que, por consiguiente, la Unión puede evaluar la existencia de un riesgo claro de violación grave de los valores comunes a que se refiere el artículo 2 del TUE no solo en caso de violación en este ámbito limitado sino también en caso de violación en un ámbito en el que los Estados miembros actúan de forma autónoma;

C.  Considerando que la existencia de un riesgo claro de violación grave por parte de un Estado miembro de los valores a que se refiere el artículo 2 del TUE no afecta únicamente al Estado miembro concreto en el que se materializa el riesgo, sino que repercute también negativamente en los demás Estados miembros, en la confianza mutua entre Estados miembros y en la propia naturaleza de la Unión;

D.  Considerando que, de conformidad con el artículo 49 del TUE, los Estados miembros se han comprometido libre y voluntariamente con los valores comunes a que se refiere el artículo 2 de dicho Tratado;

1.  Señala su preocupación en relación con las siguientes cuestiones:

   el funcionamiento del sistema legislativo y electoral,
   la independencia del poder judicial y los derechos de los jueces,
   la protección de los derechos fundamentales;

2.  Reitera su posición, expresada en varias de sus Resoluciones sobre la situación del Estado de Derecho y la democracia en Polonia, de que los hechos y las tendencias mencionados en la presente Resolución en su conjunto representan una amenaza sistémica para los valores del artículo 2 del TUE y constituyen un claro riesgo de violación grave;

3.  Expresa su profunda preocupación por el hecho de que, a pesar de las tres audiencias de las autoridades polacas celebradas en el Consejo, de los múltiples intercambios de puntos de vista en el seno de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo en presencia de las autoridades polacas, de los informes alarmantes de las Naciones Unidas, de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y del Consejo de Europa, así como de los cuatro procedimientos de infracción incoados por la Comisión, la situación del Estado de Derecho en Polonia no solo no se ha solucionado sino que se ha deteriorado gravemente desde la activación del procedimiento contemplado en el artículo 7, apartado 1, del TUE; opina que los debates en el seno del Consejo en el marco del procedimiento contemplado en el artículo 7, apartado 1, del TUE no han sido ni periódicos ni estructurados y no han abordado suficientemente los motivos de fondo que justificaban la activación del procedimiento ni han presentado adecuadamente el impacto que la actuación del Gobierno polaco tiene en los valores a que se refiere el artículo 2 del TUE;

4.  Toma nota de que la propuesta motivada de la Comisión, de 20 de diciembre de 2017, de conformidad con el artículo 7, apartado 1, del TUE por lo que respecta al Estado de Derecho en Polonia: (propuesta de Decisión del Consejo relativa a la constatación de un riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho por parte de la República de Polonia(24)) tiene un ámbito de aplicación limitado, a saber, la situación del Estado de Derecho en Polonia en el sentido estricto de la independencia del poder judicial; considera urgente ampliar el ámbito de aplicación de la propuesta motivada para incluir los riesgos claros de violaciones graves de otros valores fundamentales de la Unión, en particular la democracia y el respeto de los derechos humanos;

5.  Opina que los últimos acontecimientos en las audiencias en curso con arreglo al artículo 7, apartado 1, del TUE vuelven a subrayar la necesidad inminente de establecer un mecanismo complementario y preventivo de la Unión sobre la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, tal como propuso en su Resolución de 25 de octubre de 2016;

6.  Reitera su posición en relación con la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas del Estado de Derecho en los Estados miembros, incluida la necesidad de salvaguardar los derechos de los beneficiarios, y pide al Consejo que inicie las negociaciones interinstitucionales lo antes posible;

7.  Reitera su posición en cuanto a la dotación presupuestaria para el nuevo programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores en el próximo marco financiero plurianual, y pide al Consejo y a la Comisión que velen por la asignación de una financiación adecuada para las organizaciones nacionales y locales de la sociedad civil a fin de desarrollar un apoyo desde la base a la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales en los Estados miembros, incluida Polonia;

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Funcionamiento del sistema legislativo y electoral en Polonia

Utilización de competencias en materia de control constitucional por el Parlamento polaco

8.  Denuncia que el Parlamento polaco se arrogó competencias en materia de control constitucional que no le correspondían en el marco del procedimiento legislativo ordinario al aprobar la Ley de 22 de diciembre de 2015 por la que se modifica la Ley del Tribunal Constitucional(25) y la Ley del Tribunal Constitucional de 22 de julio de 2016(26), tal como señaló el Tribunal Constitucional en sus sentencias de 9 de marzo(27), 11 de agosto(28) y 7 de noviembre de 2016(29)(30);

9.  Lamenta, además, que el Parlamento polaco haya aprobado un gran número de actos legislativos particularmente sensibles en un momento en que ya no puede garantizarse de manera efectiva un control constitucional independiente, como la Ley de 30 de diciembre de 2015 por la que se modifica la Ley de la Función Pública y otras leyes(31), la Ley de 15 de enero de 2016 por la que se modifica la Ley de la Policía y otras leyes,(32) la Ley de 28 de enero de 2016 del Ministerio Fiscal(33), la Ley de 28 de enero de 2016 - Reglamentos de ejecución de la Ley del Ministerio Fiscal(34), la Ley de 18 de marzo de 2016 por la que se modifica la Ley del Defensor del Pueblo y otras leyes(35), la Ley de 22 de junio de 2016 sobre el Consejo Nacional de Medios de Comunicación(36), la Ley de 10 de junio de 2016 de Medidas de Lucha contra el Terrorismo(37), y varias leyes más que reorganizan de manera profunda el sistema judicial(38);

Uso de procedimientos legislativos acelerados

10.  Lamenta el uso frecuente de procedimientos legislativos acelerados por parte del Parlamento polaco para la aprobación de legislación fundamental con la que se rediseña la organización y el funcionamiento del poder judicial, sin una consulta adecuada de las partes interesadas, incluida la comunidad judicial(39);

Ley electoral y organización de elecciones

11.  Constata con preocupación que la OSCE ha llegado a la conclusión de que la parcialidad de los medios de comunicación y la retórica intolerante en la campaña de las elecciones parlamentarias de octubre de 2019 fueron motivo de gran preocupación(40) y que, si bien todos los candidatos pudieron hacer campaña libremente, varios altos funcionarios del Estado utilizaron actos financiados con fondos públicos para transmitir mensajes electorales; constata, además, que la posición dominante del partido en el poder en los medios de comunicación públicos amplificó su ventaja(41); lamenta que la hostilidad, las amenazas a los medios de comunicación, la retórica intolerante y los casos de uso indebido de recursos estatales hayan restado valor al proceso de las elecciones presidenciales polacas de junio y julio de 2020(42);

12.  Observa con preocupación que la nueva Sala de Control Extraordinario y Asuntos Públicos del Tribunal Supremo (en lo sucesivo, «Sala Extraordinaria»), cuyos miembros son mayoritariamente personas nombradas por el nuevo Consejo Nacional del Poder Judicial y que corre el riesgo de no ser considerada un tribunal independiente en la evaluación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Tribunal de Justicia»), es la encargada de determinar la validez de las elecciones y de examinar los litigios electorales; señala que esto suscita serias preocupaciones en cuanto a la separación de poderes y el funcionamiento de la democracia polaca, en la medida en que hace que el control judicial de los litigios electorales sea particularmente vulnerable a la influencia política y puede crear inseguridad jurídica con respecto a la validez de dicho control(43);

13.  Señala que, en su Código de buenas prácticas en materia electoral de 2002(44), la Comisión de Venecia proporciona directrices claras para la celebración de elecciones generales en situaciones de emergencia públicas, entre ellas epidemias; observa, por otra parte, que si bien el Código prevé la posibilidad de recurrir a modalidades de votación excepcionales, las modificaciones destinadas a introducir tales modalidades solo pueden considerarse conformes a las mejores prácticas europeas si se garantiza el principio de sufragio libre; considera que no ocurre así en el caso de las modificaciones del marco electoral de las elecciones presidenciales que debían celebrarse el 10 de mayo de 2020, ya que podían impedir que las elecciones se desarrollaran de manera justa, secreta y equitativa, respetando plenamente el derecho a la privacidad(45) y con arreglo al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo(46); observa, además, que esas modificaciones son contrarias a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Polonia, desarrollada cuando el control constitucional aún era efectivo, en la que se afirma que el código electoral no puede modificarse seis meses antes de las elecciones; constata con preocupación que el anuncio de aplazar las elecciones presidenciales se hizo tan solo cuatro días antes de la fecha prevista;

Independencia del poder judicial y de otras instituciones y derechos de los jueces en Polonia

Reforma del sistema judicial: consideraciones generales

14.  Reconoce que, si bien la organización del sistema judicial es una competencia nacional, el Tribunal de Justicia ha declarado en reiteradas ocasiones que los Estados miembros están obligados a cumplir las obligaciones que les incumben en virtud del Derecho de la Unión en el ejercicio de dicha competencia; reitera que los jueces nacionales son también jueces europeos que aplican el Derecho de la Unión, lo que convierte su independencia en una preocupación común para la Unión, incluido el Tribunal de Justicia, que debe velar por el respeto del Estado de Derecho tal como se establece en el artículo 19 del TUE, y en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión; pide a las autoridades polacas que defiendan y mantengan la independencia de los tribunales polacos;

Composición y funcionamiento del Tribunal Constitucional

15.  Recuerda que las leyes relativas al Tribunal Constitucional aprobadas el 22 de diciembre de 2015 y el 22 de julio de 2016, así como el paquete de tres leyes aprobado a finales de 2016(47), socavaron gravemente la independencia y legitimidad del Tribunal Constitucional, y que las leyes de 22 de diciembre de 2015 y 22 de julio de 2016 fueron declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, respectivamente, el 9 de marzo de 2016 y el 11 de agosto de 2016; recuerda que estas sentencias no fueron publicadas en su momento ni ejecutadas por las autoridades polacas; lamenta profundamente que, desde la entrada en vigor de las modificaciones legislativas mencionadas, ya no se pueda garantizar efectivamente en Polonia la constitucionalidad de las leyes polacas(48); pide a la Comisión que examine la posibilidad de incoar un procedimiento de infracción en relación con la legislación sobre el Tribunal Constitucional, la composición ilegal de dicho tribunal y su papel a la hora de impedir el cumplimiento de la decisión prejudicial del Tribunal de Justicia de 19 de noviembre de 2019(49);

Regímenes de jubilación, nombramiento y disciplina para los jueces del Tribunal Supremo

16.  Recuerda que, en 2017, los cambios en el método de nombramiento de los candidatos al cargo de presidente primero del Tribunal Supremo (en lo sucesivo, «presidente primero») restaron todo sentido a la participación de los jueces del Tribunal Supremo en el procedimiento de selección; denuncia que la Ley de 20 de diciembre de 2019 por la que se modifica la Ley sobre la organización de los tribunales ordinarios, la Ley del Tribunal Supremo y otras leyes(50) (en lo sucesivo, «Ley de 20 de diciembre de 2019») reduce aún más la participación de los jueces en el proceso de selección del presidente primero, al introducir un cargo de presidente primero en funciones del Tribunal Supremo (en lo sucesivo, «presidente primero en funciones») nombrado por el presidente de la República de Polonia y al reducir el quórum en la tercera ronda a 32 de los 125 jueces únicamente, abandonando así de manera efectiva el modelo de reparto de poder entre el presidente de la República de Polonia y la comunidad judicial consagrado en el artículo 183, apartado 3, de la Constitución polaca(51);

17.  Observa con preocupación las irregularidades cometidas con el nombramiento del presidente primero en funciones y las nuevas medidas adoptadas por este; expresa su profunda preocupación por el hecho de que el proceso de elección de los candidatos al cargo de presidente primero no se ajustara al artículo 183 de la Constitución polaca ni al Reglamento interno del Tribunal Supremo y vulnerase las normas básicas de deliberación entre los miembros de la Asamblea General de los Jueces del Tribunal Supremo (en lo sucesivo, «Asamblea General»); observa con pesar que las dudas acerca de la validez del proceso electoral en la Asamblea General, así como de la imparcialidad e independencia de los presidentes primeros en funciones durante el proceso electoral, podrían socavar aún más la separación de poderes y la legitimidad del nuevo presidente primero nombrado por el presidente de la República de Polonia el 25 de mayo de 2020 y poner en tela de juicio, por ende, la independencia del Tribunal Supremo; recuerda que con el nombramiento del presidente del Tribunal Constitucional se produjeron vulneraciones similares de la ley por parte del presidente de la República de Polonia;

18.  Comparte la preocupación de la Comisión de que el poder del presidente de la República de Polonia (y, en algunos casos, del ministro de Justicia) para influir en los procedimientos disciplinarios contra jueces del Tribunal Supremo mediante el nombramiento de un agente disciplinario encargado de investigar el asunto, excluyendo al agente disciplinario del Tribunal Supremo de un procedimiento en curso, puede despertar inquietud en relación con el principio de separación de poderes y afectar a la independencia judicial(52);

19.  Recuerda que el Tribunal de Justicia declaró en su sentencia de 24 de junio de 2019(53) que la reducción de la edad de jubilación de los jueces en ejercicio del Tribunal Supremo es contraria al Derecho de la Unión y vulnera el principio de inamovilidad de los jueces y, en consecuencia, el de independencia judicial, tras haber estimado con anterioridad la demanda de la Comisión sobre medidas provisionales al respecto mediante auto de 17 de diciembre de 2018(54); observa que las autoridades polacas aprobaron la Ley de 21 de noviembre de 2018 por la que se modifica la Ley del Tribunal Supremo(55) para dar cumplimiento al auto del Tribunal de Justicia, el único caso hasta el momento en el que han anulado modificaciones del marco legislativo por el que se rige el sistema judicial en relación con una decisión del Tribunal de Justicia;

Composición y funcionamiento de la Sala Disciplinaria y la Sala Extraordinaria del Tribunal Supremo

20.  Recuerda que en 2018 se crearon dos nuevas salas en el Tribunal Supremo, a saber, la Sala Disciplinaria y la Sala Extraordinaria, compuestas por jueces recién nombrados seleccionados por el nuevo Consejo Nacional del Poder Judicial y que tienen competencias especiales, entre ellas la facultad de la Sala Extraordinaria de anular sentencias firmes dictadas por instancias inferiores o por el propio Tribunal Supremo a título de control extraordinario, y la facultad de la Sala Disciplinaria de emprender un procedimiento disciplinario contra otros jueces del Tribunal Supremo y de los tribunales ordinarios, creando de facto un «Tribunal Supremo dentro del Tribunal Supremo»(56);

21.  Recuerda que, en su sentencia de 19 de noviembre de 2019(57), el Tribunal de Justicia, que respondía a una petición de decisión prejudicial del Tribunal Supremo (Sala de Derecho del Trabajo y Seguridad Social; en lo sucesivo, «Sala de lo Laboral») en relación con la Sala Disciplinaria, dictaminó que los tribunales nacionales tienen el deber de inaplicar las disposiciones de una ley nacional que se reserven la competencia para conocer de un asunto en el que el Derecho de la Unión pueda aplicarse a un organismo que no cumpla los requisitos de independencia e imparcialidad;

22.  Toma nota de que el Tribunal Supremo (Sala de lo Laboral) concluyó posteriormente en su sentencia de 5 de diciembre de 2019(58) que la Sala Disciplinaria no cumple los requisitos de un tribunal independiente e imparcial en el sentido del Derecho polaco y de la Unión, y de que el Tribunal Supremo (Salas de lo Civil, lo Penal y lo Laboral) adoptó una resolución el 23 de enero de 2020(59) en la que reiteraba que la Sala Disciplinaria no es un tribunal debido a su falta de independencia y, por lo tanto, sus sentencias no se pueden considerar sentencias dictadas por un tribunal debidamente designado; observa con gran preocupación que las autoridades polacas han declarado que esas decisiones carecen de importancia jurídica en lo que respecta a la continuidad del funcionamiento de la Sala Disciplinaria y del nuevo Consejo Nacional del Poder Judicial, y que el 20 de abril de 2020(60) el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la resolución del Tribunal Supremo, creando una dualidad judicial peligrosa en Polonia y vulnerando abiertamente la primacía del Derecho de la Unión, y en particular el artículo 19, apartado 1, del TUE, interpretado por el Tribunal de Justicia en el sentido de que se obstaculiza la efectividad y la aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de noviembre de 2019(61) por los tribunales polacos(62);

23.  Toma nota del auto del Tribunal de Justicia de 8 de abril de 2020(63) por el que se dan instrucciones a Polonia para que suspenda inmediatamente la aplicación de las disposiciones nacionales sobre las competencias de la Sala Disciplinaria, e insta a las autoridades polacas a que ejecuten con carácter inmediato este auto; pide a las autoridades polacas que den pleno cumplimiento al auto y a la Comisión que presente al Tribunal de Justicia una solicitud adicional para que se ordene el pago de una multa en caso de que persistan los incumplimientos; pide a la Comisión que incoe urgentemente un procedimiento de infracción en relación con las disposiciones nacionales sobre las competencias de la Sala Extraordinaria, ya que su composición adolece de los mismos defectos que la Sala Disciplinaria;

Composición y funcionamiento del nuevo Consejo Nacional del Poder Judicial

24.  Recuerda que corresponde a los Estados miembros establecer un consejo del poder judicial, pero que, cuando se establezca dicho consejo, su independencia debe estar garantizada en consonancia con las normas europeas y la Constitución del Estado miembro; recuerda que, tras la reforma del Consejo Nacional del Poder Judicial, que es el órgano responsable de salvaguardar la independencia de los tribunales y los jueces de conformidad con el artículo 186, apartado 1, de la Constitución polaca, mediante la Ley de 8 de diciembre de 2017 por la que se modifica la Ley del Consejo Nacional del Poder Judicial y otras leyes(64), la comunidad judicial de Polonia se vio privada de la facultad de delegar representantes en el Consejo Nacional del Poder Judicial y, por tanto, de su influencia en el nombramiento y la promoción de los jueces; recuerda que, antes de la reforma, quince de los veinticinco miembros del Consejo Nacional del Poder Judicial eran jueces elegidos por sus homólogos, mientras que desde la reforma de 2017 estos jueces son elegidos por el Parlamento polaco; lamenta profundamente que, en conjunción con la finalización prematura, a principios de 2018, de los mandatos de todos los miembros nombrados con arreglo a las normas anteriores, esta medida haya desembocado en una amplia politización del Consejo Nacional del Poder Judicial(65);

25.  Recuerda que el Tribunal Supremo, al aplicar los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 19 de noviembre de 2019, dictaminó en su sentencia de 5 de diciembre de 2019 y en sus decisiones de 15 de enero de 2020(66), así como en su resolución de 23 de enero de 2020, que el papel decisivo del nuevo Consejo Nacional del Poder Judicial en la selección de los jueces de la Sala Disciplinaria recién creada socava la independencia e imparcialidad de esta última(67); expresa su preocupación por la situación jurídica de los jueces nombrados o promovidos por el nuevo Consejo Nacional del Poder Judicial en su composición actual y por el impacto que pueda tener su participación en los fallos en la validez y legalidad de los procesos;

26.  Recuerda que la Red Europea de Consejos del Poder Judicial suspendió al nuevo Consejo Nacional del Poder Judicial el 17 de septiembre de 2018 porque ya no cumplía los requisitos de independencia del poder ejecutivo y legislativo, e inició el procedimiento de expulsión en abril de 2020(68);

27.  Pide a la Comisión que incoe un procedimiento de infracción en relación con la Ley de 12 de mayo de 2011 sobre el Consejo Nacional del Poder Judicial(69), modificada el 8 de diciembre de 2017, y que solicite al Tribunal de Justicia la suspensión de las actividades del nuevo Consejo Nacional del Poder Judicial mediante medidas provisionales;

Normas que rigen la organización de los tribunales ordinarios, el nombramiento de los presidentes de los tribunales y el régimen de jubilación de los jueces de los tribunales ordinarios

28.  Lamenta que el ministro de Justicia, que en el sistema polaco es también el fiscal general, obtuviera la facultad de nombrar y destituir a los presidentes de tribunal de las instancias inferiores, a su discreción, durante un período transitorio de 6 meses, y que en 2017-2018 el ministro de Justicia sustituyera a más de 150 presidentes y vicepresidentes de tribunales; observa que, transcurrido este período, la destitución de los presidentes de tribunal se ha mantenido en manos del ministro de Justicia, prácticamente sin ningún control efectivo de esta facultad; observa, además, que el ministro de Justicia también obtuvo otros poderes «disciplinarios» en relación con los presidentes de los tribunales y los presidentes de las instancias superiores, que, a su vez, cuentan ahora con grandes poderes administrativos en relación con los presidentes de las instancias inferiores(70); lamenta este importante retroceso para el Estado de Derecho y la independencia judicial en Polonia(71);

29.  Lamenta que la Ley de 20 de diciembre de 2019, que entró en vigor el 14 de febrero de 2020, haya modificado la composición de las asambleas de jueces y haya transferido algunas de las competencias de dichos órganos de autogobierno del poder judicial a los presidentes de los colegios de tribunales nombrados por el ministro de Justicia(72);

30.  Recuerda que, en su sentencia de 5 de noviembre de 2019(73), el Tribunal de Justicia declaró que las disposiciones de la Ley de 12 de julio de 2017 por la que se modifica la Ley sobre la organización de los tribunales ordinarios y otras leyes(74), que redujeron la edad de jubilación de los jueces de los tribunales ordinarios, al tiempo que permitían al ministro de Justicia decidir sobre la prolongación de su servicio activo, y que fijaron una edad de jubilación diferente en función del sexo, son contrarias al Derecho de la Unión;

Derechos e independencia de los jueces, incluido el nuevo régimen disciplinario de los jueces

31.  Condena las nuevas disposiciones por las que se establecen infracciones y sanciones disciplinarias adicionales referentes a los jueces y los presidentes de tribunal, dado que las disposiciones en cuestión entrañan un grave peligro para la independencia judicial(75); condena asimismo las nuevas disposiciones por las que se prohíben cualesquiera actividades políticas de los jueces, obligándoseles a hacer pública su pertenencia a asociaciones y restringiéndose sustancialmente las deliberaciones de los órganos jurisdiccionales autónomos, lo que infringe los principios de seguridad jurídica, necesidad y proporcionalidad al limitar la libertad de expresión de los jueces(76);

32.  Manifiesta su honda preocupación por el procedimiento disciplinario incoado contra jueces y fiscales en Polonia en relación con sus decisiones judiciales adoptadas de conformidad con el Derecho de la Unión o sus declaraciones públicas en defensa de la independencia del poder judicial y del Estado de Derecho en Polonia; condena, en particular, la amenaza de incoar procedimientos disciplinarios(77) contra más del 10 % de los jueces por firmar una carta dirigida a la OSCE sobre el correcto desarrollo de las elecciones presidenciales y por prestar apoyo a los jueces víctimas de la represión; condena la campaña de difamación contra jueces polacos y la implicación de funcionarios públicos en ella; pide a las autoridades polacas que se abstengan de utilizar de forma abusiva procedimientos disciplinarios y de llevar a cabo otras actividades que socaven la autoridad de la magistratura;

33.  Pide a las autoridades polacas que supriman las nuevas disposiciones —en materia de delitos de carácter disciplinario y de otro tipo—, que impiden a los tribunales examinar cuestiones relativas a la independencia y la imparcialidad de otros jueces desde el punto de vista del Derecho de la Unión y del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH), privando de ese modo a los jueces del ejercicio de su deber, con arreglo al Derecho de la Unión, de no atenerse a las disposiciones nacionales que entran en conflicto con el Derecho de la Unión(78);

34.  Acoge con satisfacción la incoación de un procedimiento de infracción por parte de la Comisión en relación con las nuevas disposiciones mencionadas más arriba; lamenta que no se hayan registrado avances desde el 29 de abril de 2020; pide a la Comisión que trate el asunto de forma prioritaria y que solicite al Tribunal de Justicia que aplique el procedimiento acelerado y conceda medidas provisionales en caso de que se le remita el asunto;

Estatuto del fiscal general y organización de las Fiscalías

35.  Reconoce que la fusión de los cargos de ministro de Justicia y de fiscal general, el aumento de las competencias del fiscal general respecto del Ministerio Fiscal y el aumento de las competencias del ministro de Justicia respecto del poder judicial (Ley de 27 de julio de 2001 sobre la organización de los tribunales comunes(79), en la versión modificada) y la debilidad de los controles de estas competencias (Consejo Nacional de Fiscales), lo que se traduce en una acumulación excesiva de competencias en una sola persona y tiene consecuencias negativas directas para la independencia del Ministerio Fiscal respecto de la esfera política, como ha afirmado la Comisión de Venecia(80);

36.  Recuerda que, en su sentencia de 5 de noviembre de 2019, el Tribunal de Justicia resolvió que rebajar la edad de jubilación de los fiscales es contrario al Derecho de la Unión porque se fija una edad de jubilación diferente para las mujeres y los hombres que desempeñan el cargo de fiscal en Polonia;

Evaluación global de la situación del Estado de Derecho en Polonia

37.  Coincide con la Comisión, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el Grupo de Estados contra la Corrupción y el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados en que las distintas modificaciones del marco legislativo que regula el sistema judicial mencionadas más arriba equivalen, a la vista de su interacción e impacto global, a una vulneración grave, constante y sistemática del Estado de Derecho que permite a los poderes legislativo y ejecutivo interferir en toda la estructura y los resultados del sistema judicial de manera incompatible con los principios de separación de poderes y Estado de Derecho, debilitando así significativamente la independencia del poder judicial en Polonia(81); condena el impacto desestabilizador en el ordenamiento jurídico polaco que tienen las medidas adoptadas y los nombramientos realizados desde 2016;

Protección de los derechos fundamentales en Polonia

El comisario de Derechos Humanos de Polonia

38.  Expresa su preocupación ante los ataques políticos a la independencia de la Oficina del Comisario de Derechos Humanos(82); destaca que el Comisario de Derechos Humanos ha criticado públicamente, en su ámbito de responsabilidades, varias medidas adoptadas por el actual Gobierno; recuerda que el estatuto del Comisario para los Derechos Humanos está consagrado en la Constitución polaca y que el mandato del comisario actual expira en septiembre de 2020; recuerda que, con arreglo a la Constitución polaca, el Comisario debe ser elegido por la Dieta polaca con la aprobación del Senado;

Derecho a un proceso equitativo

39.  Manifiesta su preocupación por las informaciones que denuncian retrasos indebidos en los procedimientos judiciales, dificultades para acceder a la asistencia jurídica durante la detención y casos de respeto insuficiente de la confidencialidad de la comunicación entre la asistencia letrada y su cliente(83); pide a la Comisión que siga atentamente la situación de los abogados en Polonia; recuerda el derecho de todos los ciudadanos a ser asesorados, defendidos y representados por un abogado independiente, de conformidad con los artículos 47 y 48 de la Carta;

40.  Observa con preocupación que, desde que la Ley de 20 de diciembre de 2019 entró en vigor el 14 de febrero de 2020, solo la Sala Extraordinaria, cuya independencia e imparcialidad mismas están en entredicho, puede decidir si un juez o tribunal es independiente e imparcial, privando así a los ciudadanos de un importante elemento de control judicial en todos los demás niveles(84); recuerda que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en virtud del derecho a un proceso justo todo órgano jurisdiccional está obligado a verificar de oficio si cumple los criterios de independencia e imparcialidad(85);

Derecho a la información y la libertad de expresión, incluida la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación

41.  Reitera que la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación son inseparables de la democracia y el Estado de Derecho, y que el derecho a informar y el derecho a ser informado forman parte de los valores democráticos fundamentales en los que se asienta la Unión; recuerda que, en su Resolución de 16 de enero de 2020, el Parlamento pidió al Consejo que abordase en las audiencias previstas en virtud del artículo 7, apartado 1, del TUE, los cambios en el ámbito de la libertad de expresión, en particular la libertad de los medios de comunicación;

42.  Recuerda que, en su Resolución de 14 de septiembre de 2016, el Parlamento expresó su preocupación ante las modificaciones de la Ley polaca de medios de comunicación ya aprobadas y ante las que habían sido propuestas poco tiempo antes; reitera su llamamiento a la Comisión para que lleve a cabo un análisis de la legislación aprobada por lo que se refiere a su compatibilidad con el Derecho de la Unión, en particular con el artículo 11 de la Carta y con la legislación de la Unión sobre los medios de comunicación públicos;

43.  Expresa su inquietud ante las actuaciones de las autoridades polacas en los últimos años en relación con el organismo público de radiodifusión, en particular su reconversión en un organismo progubernamental, la obstaculización de la labor de los medios de comunicación públicos y sus organismos reguladores como voces independientes o discrepantes y el control de los contenidos de radiodifusión(86); recuerda que el artículo 54 de la Constitución polaca garantiza la libertad de expresión y prohíbe la censura;

44.  Expresa su profunda preocupación a la vista del recurso excesivo por parte de algunos políticos a las denuncias por difamación contra periodistas, con el resultado incluso de condenas con sanciones pecuniarias y suspensión del ejercicio de la profesión de periodista; teme que ello tenga un efecto intimidatorio para la profesión y la independencia de los periodistas y los medios de comunicación(87); pide a las autoridades polacas que garanticen el acceso a vías de recurso adecuadas para los periodistas y sus familias que sean objeto de procesos judiciales con el propósito de acallar o intimidar a medios de comunicación independientes; pide a las autoridades polacas que apliquen íntegramente la Recomendación del Consejo de Europa de 13 de abril de 2016 sobre la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas y otros agentes de los medios de comunicación(88); lamenta que la Comisión aún no haya presentado la legislación contra los pleitos estratégicos contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés), legislación que también protegería a los periodistas y medios de comunicación polacos frente a litigios vejatorios;

45.  Expresa su preocupación por los casos notificados de periodistas detenidos por hacer su trabajo informando sobre protestas anticonfinamiento durante la epidemia de COVID-19(89);

Libertad de cátedra

46.  Expresa su inquietud ante el recurso a pleitos por difamación contra intelectuales y la amenaza de hacerlo; pide a las autoridades polacas que respeten la libertad de expresión y la libertad de cátedra, de acuerdo con las normas internacionales(90);

47.  Pide al Parlamento polaco que derogue el capítulo 6c de la Ley, de 18 de diciembre de 1998, relativa al Instituto de la Memoria Nacional – Comité para el enjuiciamiento de los crímenes contra la nación polaca(91), que pone en peligro la libertad de expresión y la investigación independiente al convertir esta última en delito civil susceptible de demanda ante un tribunal civil por dañar la reputación de Polonia y de sus ciudadanos, por ejemplo mediante acusaciones de complicidad de Polonia o los polacos con el Holocausto(92);

Libertad de reunión

48.  Reitera su llamamiento al Gobierno polaco para que respete el derecho a la libertad de reunión y suprima en la Ley vigente, de 24 de julio de 2015, sobre las reuniones públicas(93), modificada el 13 de diciembre de 2016(94), las disposiciones que dan prioridad a las reuniones «cíclicas» aprobadas por el Gobierno(95); insta a las autoridades a que se abstengan de imponer sanciones penales a quienes participen en reuniones o contramanifestaciones pacíficas y a que retiren los cargos penales contra manifestantes pacíficos; insta asimismo a las autoridades a que den la debida protección a las reuniones pacíficas y a que lleven ante la justicia a quienes ataquen violentamente a participantes en reuniones pacíficas;

49.  Expresa su preocupación ante la muy restrictiva prohibición de las reuniones públicas(96) aplicada durante la pandemia de COVID-19 sin que se declarara el estado de catástrofe natural, en contra de lo establecido en el artículo 232 de la Constitución polaca, e insiste en la necesidad de aplicar el principio de proporcionalidad cuando se restringe el derecho de reunión;

Libertad de asociación

50.  Pide a las autoridades polacas que modifiquen la Ley, de 15 de septiembre de 2017, sobre el Instituto Nacional para la Libertad – Centro para el Desarrollo de la Sociedad Civil(97),(98), a fin de velar por el acceso a la financiación estatal por parte de los grupos de la sociedad civil críticos, así como por una distribución justa, imparcial y transparente de los fondos públicos a la sociedad civil, garantizándose una representación pluralista(99); reitera su llamamiento para que se ponga a la disposición de las organizaciones concernidas una financiación adecuada a través de diferentes instrumentos de financiación de la Unión, como el capítulo «Valores de la Unión» del nuevo programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores y otros proyectos piloto de la Unión; expresa su profunda preocupación ante la presión política a la que se enfrentan los miembros polacos del Comité Económico y Social Europeo en relación con las medidas adoptadas en el marco de su mandato(100);

51.  Manifiesta su preocupación por el comunicado de prensa del ministro de Justicia y del ministro de Clima en relación con determinadas organizaciones no gubernamentales, con el fin de estigmatizarlas por trabajar en interés de agentes extranjeros; expresa su profunda preocupación por la planificación de un proyecto de ley relativo a la creación de un registro público sobre la financiación de las organizaciones no gubernamentales que las obliga a declarar cualquier fuente extranjera de financiación(101);

Protección de la vida privada y de los datos

52.  Reitera su conclusión expuesta en su Resolución de 14 de septiembre de 2016 de que las garantías procedimentales y las condiciones sustanciales establecidas en la Ley, de 10 de junio de 2016, sobre las acciones antiterroristas y en la Ley, de 6 de abril de 1990, sobre la policía(102), en la versión modificada, en relación con la ejecución de la vigilancia secreta son insuficientes para impedir un recurso excesivo a esta medida o una interferencia injustificada en la protección de la vida privada y los datos de las personas, incluidos los líderes de la oposición y de la sociedad civil(103); reitera su llamamiento a la Comisión para que realice una evaluación de dicha legislación por lo que se refiere a su compatibilidad con el Derecho de la Unión, e insta a las autoridades polacas a que respeten plenamente la privacidad de todos los ciudadanos;

53.  Expresa su profunda preocupación por el hecho de que el Ministerio de Asuntos Digitales de Polonia transmitiera datos personales del Sistema Electrónico Universal para el Registro de la Población (en lo sucesivo, el «registro PESEL») al operador de servicios postales el 22 de abril de 2020, con el fin de facilitar la organización de las elecciones presidenciales del 10 de mayo de 2020 mediante votación por correo, sin un fundamento jurídico adecuado, ya que el Parlamento polaco no aprobó hasta el 7 de mayo de 2020 un proyecto de ley que permitiera la elección exclusivamente postal; observa además que el registro PESEL no es idéntico al censo electoral e incluye también datos personales de ciudadanos de otros Estados miembros de la Unión, por lo que la mencionada transmisión de datos podría constituir una violación del Reglamento (UE) 2016/679; recuerda que el Comité Europeo de Protección de Datos declaró que las autoridades públicas pueden divulgar información sobre personas que figuren en las listas electorales, pero únicamente cuando el ordenamiento jurídico nacional lo autorice expresamente(104); toma nota de que el comisario de Derechos Humanos de Polonia presentó una denuncia ante el Tribunal Administrativo Regional de Varsovia sobre la base de una posible infracción de los artículos 7 y 51 de la Constitución polaca por parte del Ministerio de Asuntos Digitales de Polonia;

Educación sexual integral

54.  Reitera su profunda preocupación, expuesta en su Resolución de 14 de noviembre de 2019 y compartida por el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa(105), en relación con el proyecto de Ley por el que se modifica el artículo 200b del Código Penal polaco, sometido a la Dieta polaca por la iniciativa «Stop Paedophilia», dado que las disposiciones de dicho proyecto son extremadamente vagas, amplias y desproporcionadas, y con él se intenta de hecho criminalizar la educación sexual dirigida a los menores y su ámbito de aplicación constituye una amenaza potencial para todas las personas, particularmente los padres, los docentes y las personas que imparten educación sexual, previéndose hasta tres años de prisión por impartir enseñanzas sobre la sexualidad humana, la salud y las relaciones íntimas;

55.  Subraya que una educación sexual y afectiva integral apropiada para la edad de que se trate y basada en datos contrastados es crucial para que los jóvenes desarrollen capacidades que les permitan mantener unas relaciones sanas, en términos de igualdad, enriquecedoras, seguras y que no entrañen discriminación, coacción ni violencia; estima que una educación sexual integral también tiene un efecto positivo por lo que respecta a la igualdad de género, por ejemplo modificando normas y actitudes perjudiciales respecto de la violencia de género, ayudando a prevenir la violencia de pareja y la coacción sexual, así como la homofobia y la transfobia, rompiendo el silencio en torno a la violencia sexual, la explotación o los abusos sexuales, y capacitando a los jóvenes para buscar ayuda; pide al Parlamento polaco que se abstenga de adoptar la propuesta de proyecto de ley por la que se modifica el artículo 200b del Código Penal polaco, e insta encarecidamente a las autoridades polacas a que velen por que todos los escolares tengan acceso a una educación sexual integral, en consonancia con las normas de la Organización Mundial de la Salud, y por que quienes imparten dicha educación e información reciban apoyo para su labor de manera factual y objetiva;

Salud sexual y reproductiva y derechos en la materia

56.  Recuerda que, de conformidad con la Carta, el CEDH y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la salud sexual y reproductiva de las mujeres está relacionada con múltiples derechos humanos, como el derecho a la vida y a la dignidad, el derecho a no sufrir tratos inhumanos y degradantes, el derecho al acceso a la atención sanitaria, el derecho a la intimidad, el derecho a la educación y la prohibición de la discriminación, tal como se refleja también en la Constitución polaca; recuerda que el Parlamento criticó enérgicamente, en su Resolución de 15 de noviembre de 2017, cualquier propuesta legislativa por la que se pretenda prohibir el aborto en casos de malformación fetal grave o mortal, que en la práctica limitaría drásticamente y prácticamente prohibirían el acceso al aborto en Polonia, pues la mayoría de los abortos legales se producen por este motivo(106), y ha hecho hincapié en que el acceso universal a la asistencia sanitaria, incluyendo la atención sanitaria sexual y reproductiva y los derechos conexos, es un derecho humano fundamental(107); lamenta las enmiendas(108) presentadas a la Ley de 5 de diciembre de 1996 relativa a las profesiones de médico y dentista(109), por las que los doctores dejarían de estar sujetos a la obligación legal de indicar un establecimiento alternativo u otro médico en caso de denegación de servicios de salud sexual y reproductiva por motivo de creencias personales; reitera su preocupación por el uso de la cláusula de objeción de conciencia, en particular por la falta de mecanismos de derivación fiables y la ausencia de procedimientos de recurso oportunos para las mujeres a las que se deniegan dichos servicios; pide al Parlamento polaco que se abstenga de ulteriores intentos de restringir la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; afirma enérgicamente que la denegación de servicios de salud y derechos sexuales y reproductivos es una forma de violencia contra las mujeres y las niñas; pide a las autoridades polacas que tomen medidas para aplicar plenamente las sentencias pronunciadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en asuntos contra Polonia, en las que en varias ocasiones se ha dictaminado que las leyes restrictivas en materia de aborto y la falta de aplicación violan los derechos humanos de las mujeres(110);

57.  Recuerda que anteriores intentos de limitar en mayor medida el derecho al aborto, que en Polonia ya es uno de los más limitados de la Unión, fueron contrarrestados en 2016 y 2018 por la oposición masiva de ciudadanos polacos expresada en las denominadas «protestas negras»; insta encarecidamente a las autoridades polacas a que consideren la posibilidad de derogar la ley que restringe el acceso de mujeres y niñas a la píldora anticonceptiva de emergencia;

Incitación al odio, discriminación pública, violencia contra las mujeres, violencia doméstica y comportamiento intolerante respecto de las minorías y otros grupos vulnerables, en particular las personas LGBTI

58.  Insta a las autoridades polacas a que adopten todas las medidas necesarias para combatir enérgicamente la incitación al odio racial y a la violencia en línea y fuera de línea, y a que condenen públicamente la incitación al odio racial por parte de personajes públicos, en particular políticos y representantes de medios de comunicación(111), y se distancien de ella, que hagan frente a los prejuicios y los sentimientos negativos hacia las minorías nacionales y étnicas (en particular la minoría romaní), los migrantes, los refugiados y los solicitantes de asilo, y que garanticen la aplicación efectiva de las leyes por las que se ilegalizan los partidos y organizaciones que fomentan la discriminación racial o incitan a ella(112); pide a las autoridades polacas que cumplan las recomendaciones de 2019 del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial(113);

59.  Expresa su profunda preocupación por la reciente decisión(114) del ministro de Justicia de Polonia de iniciar oficialmente la retirada de Polonia del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul); insta a las autoridades polacas a que apliquen de manera práctica y efectiva dicho Convenio, también garantizando la aplicación de la legislación vigente en todo el país, así como la oferta de un número suficiente de refugios de calidad para mujeres víctimas de violencia y para sus hijos; teme que este paso pueda suponer un grave retroceso con respecto a la igualdad de género y los derechos de las mujeres;

60.  Toma nota de que la segunda encuesta sobre personas LGBTI de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), de mayo de 2020, pone de relieve un incremento de la intolerancia y la violencia en Polonia para con las personas LGTBI o las personas consideradas LGTBI y el absoluto escepticismo mostrado por los respondientes LGTBI polacos en relación con la lucha del Gobierno contra los prejuicios y la intolerancia, con el porcentaje más bajo de la Unión (solo un 4 %) y el porcentaje más elevado de respondientes que evitan ir a determinados lugares por temor a sufrir ataques, acoso o amenazas (79 %);

61.  Recuerda, asimismo en el contexto de la campaña para las elecciones presidenciales de 2020, su posición expuesta en su Resolución de 18 de diciembre de 2019, en la que condenaba enérgicamente toda discriminación contra las personas LGBTI y la violación de sus derechos fundamentales por parte de autoridades públicas, en particular la incitación al odio por autoridades públicas y cargos electos, la prohibición de las marchas del orgullo y su inadecuada protección frente a ataques, así como las declaraciones de zonas en Polonia como libres de la supuesta «ideología LGBT» y la adopción de «cartas regionales sobre los derechos de las familias», que discriminan especialmente a las familias monoparentales y LGTBI; señala la ausencia de mejora de la situación de las personas LGBTI en Polonia desde la adopción de dicha Resolución, e indica que es elevado el riesgo para la salud mental y la seguridad física de las personas LGBTI polacas; recuerda la condena de estas acciones por parte del comisario polaco de Derechos Humanos, que presentó nueve denuncias ante los tribunales administrativos por el motivo de que las zonas libres de LGBTI conculcan el Derecho de la Unión, así como por la Comisión y organizaciones internacionales; recuerda que el gasto en el marco de los fondos de cohesión no debe discriminar por motivos de orientación sexual y que los municipios que actúan como empleadores deben respetar la Directiva 2000/78/CE del Consejo(115), que prohíbe la discriminación y el acoso en el empleo por motivos de orientación sexual(116); expresa, en vista de ello, su profunda preocupación por el hecho de que el ministro de Justicia haya concedido ayuda financiera a los municipios excluidos del programa europeo de hermanamiento debido a la adopción de declaraciones de «zona sin LGBT»; manifiesta asimismo su profunda preocupación por el hecho de que la ayuda financiera se vaya a conceder con cargo al Fondo de Justicia del Ministerio, que fue creado para apoyar a las víctimas de delitos; pide a la Comisión que siga denegando las solicitudes de financiación de la Unión presentadas por las autoridades que hayan adoptado dichas resoluciones; pide a las autoridades polacas que apliquen la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, en este contexto, que aborden la situación de los cónyuges y los progenitores del mismo sexo, con miras a garantizar que disfrutan del derecho a la no discriminación de hecho y de derecho(117); condena las querellas contra los activistas de la sociedad civil que publicaron el llamado «Atlas del odio», que documenta casos de homofobia en Polonia; insta encarecidamente al Gobierno polaco a que garantice la protección jurídica de las personas LGBTI frente a todas las formas de delitos de odio e incitación al odio;

62.  Lamenta profundamente la detención masiva de 48 activistas LGBTI el 7 de agosto de 2020 (el denominado «Stonewall polaco»), que envía una señal inquietante sobre la libertad de expresión y reunión en Polonia; lamenta el trato dado a los detenidos, según las informaciones del mecanismo nacional para la prevención de la tortura(118); pide que todas las instituciones europeas condenen inmediatamente la violencia policial ejercida contra las personas LGBTI en Polonia;

63.  Lamenta profundamente la posición oficial del Episcopado polaco(119), que pide una «terapia de conversión» para las personas LGBTI; reitera la posición del Parlamento(120) consistente en animar a los Estados miembros a que ilegalicen estas prácticas y recuerda el informe de mayo de 2020 del experto independiente de las Naciones Unidas sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, en el que se pide a los Estados miembros que prohíban la práctica de las llamadas «terapias de conversión»(121);

* * * *

64.  Observa que la falta de independencia del poder judicial en Polonia ya ha empezado a afectar a la confianza mutua entre Polonia y otros Estados miembros, especialmente en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal, habida cuenta de que algunos tribunales nacionales se han negado a entregar a sospechosos polacos en el marco de una orden de detención europea, o han vacilado a la hora de hacerlo, debido a serias dudas acerca de la independencia del poder judicial en Polonia; considera especialmente grave la amenaza a la uniformidad del ordenamiento jurídico de la Unión que supone el deterioro del Estado de Derecho en Polonia; señala que únicamente se puede restablecer la confianza mutua entre los Estados miembros una vez se garantice el respeto de los valores consagrados en el artículo 2 del TUE;

65.  Pide al Gobierno polaco que cumpla todas las disposiciones relativas al Estado de Derecho y los derechos fundamentales recogidas en los Tratados, la Carta, el CEDH y las normas internacionales de derechos humanos, y que entable un diálogo sincero y directo con la Comisión; destaca que este diálogo debe desarrollarse con imparcialidad, sobre la base de elementos de prueba y en un espíritu de cooperación; pide al Gobierno polaco que colabore con la Comisión, conforme al principio de cooperación leal establecido en el TUE; pide al Gobierno polaco que ejecute rápida y plenamente las sentencias del Tribunal de Justicia y que respete la primacía del Derecho de la Unión; insta al Gobierno polaco a que tenga plenamente en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Venecia en la organización del sistema judicial, también cuando lleve a cabo nuevas reformas del Tribunal Supremo;

66.  Pide al Consejo y a la Comisión que se abstengan de interpretar de manera restrictiva el principio de Estado de Derecho y que utilicen todo el potencial del procedimiento previsto en el artículo 7, apartado 1, del TUE a fin de abordar las consecuencias de la acción del Gobierno polaco para los principios consagrados en el artículo 2 del TUE, entre ellos, la democracia y los derechos fundamentales, puestas de relieve en el presente informe;

67.  Pide al Consejo que reanude lo antes posible las audiencias formales —la última de las cuales se remonta ya a diciembre de 2018—, e incluya en ellas la totalidad de las principales novedades negativas registradas más recientemente en los ámbitos del Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales; insta al Consejo a que se pronuncie finalmente con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 7, apartado 1, del TUE y constate la existencia de un riesgo claro de violación grave por parte de la República de Polonia de los valores contemplados en el artículo 2 del TUE, a la luz de las abrumadoras pruebas expuestas en la presente Resolución y en los muy numerosos informes de organizaciones internacionales y europeas, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y en informes de organizaciones de la sociedad civil; recomienda enérgicamente que, a modo de seguimiento de las audiencias, el Consejo dirija recomendaciones concretas a Polonia, tal como se establece en el artículo 7, apartado 1, del TUE, y fije plazos para la aplicación de dichas recomendaciones; pide asimismo al Consejo que se comprometa a evaluar la aplicación de estas recomendaciones oportunamente; pide al Consejo que informe con regularidad al Parlamento y lo asocie estrechamente al proceso, y que trabaje con transparencia y permita una participación significativa y la supervisión por parte de todas las instituciones y órganos de la Unión y de las organizaciones de la sociedad civil;

68.  Pide a la Comisión que utilice plenamente los instrumentos a su disposición para tratar un riesgo claro de violación grave por parte de Polonia de los valores en los que se fundamenta la Unión, en particular los procedimientos de infracción acelerados y las solicitudes de medidas provisionales ante el Tribunal de Justicia, así como los instrumentos presupuestarios; pide a la Comisión que informe con regularidad al Parlamento y lo asocie estrechamente al proceso;

o
o   o

69.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como al presidente, al Gobierno y al Parlamento de la República de Polonia, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Consejo de Europa y a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.

(1) DO C 104 E de 30.4.2004, p. 408.
(2) COM(2003)0606.
(3) COM(2014)0158.
(4) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0123.
(5) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0344.
(6) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0442.
(7) DO L 217 de 12.8.2016, p. 53.
(8) DO L 22 de 27.1.2017, p. 65.
(9) DO L 228 de 2.9.2017, p. 19.
(10) DO L 17 de 23.1.2018, p. 50.
(11) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0055.
(12) Textos Aprobados, P9_TA(2019)0058.
(13) Textos Aprobados, P9_TA(2019)0101.
(14) Textos Aprobados, P8_TA(2019)0032.
(15) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0204.
(16) Textos Aprobados, P9_TA(2020)0014.
(17) Textos Aprobados, P9_TA(2020)0054.
(18) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0409.
(19) Textos Aprobados, P8_TA(2019)0111.
(20) Textos Aprobados, P9_TA(2019)0080.
(21) Textos Aprobados, P8_TA(2019)0349.
(22) Textos Aprobados, P8_TA(2019)0407.
(23) Sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de junio de 2019, Comisión/Polonia, C-619/18, ECLI:EU:C:2019:531; sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de noviembre de 2019, Comisión/Polonia, C-192/18, ECLI:EU:C:2019:924.
(24) COM(2017)0835.
(25) Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. 2015 poz. 2217).
(26) Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. 2016 poz. 1157).
(27) Sentencia del Tribunal Constitucional de 9 de marzo de 2016, K 47/15.
(28) Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de agosto de 2016, K 39/16.
(29) Sentencia del Tribunal Constitucional de 7 de noviembre de 2016, K 44/16.
(30) Comisión de Venecia, dictamen n.º 860/2016, de 14 de octubre de 2016, sobre la Ley de 22 de julio de 2016 del Tribunal Constitucional, apartado 127; propuesta motivada de la Comisión de 20 de diciembre de 2017, apartados 91 y siguientes.
(31) Ustawa z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 34).
(32) Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 147).
(33) Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz.U. 2016 poz. 177).
(34) Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o prokuraturze (Dz.U. 2016 poz. 178).
(35) Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 677).
(36) Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych (Dz.U. 2016 poz. 929).
(37) Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. 2016 poz. 904).
(38) Véase la propuesta motivada de la Comisión de 20 de diciembre de 2017, apartados 112 y 113.
(39) Red Europea de Consejos del Poder Judicial (RECPJ), Declaración de Varsovia de 3 de junio de 2016.
(40) OIDDH-OSCE, Declaración de resultados y conclusiones preliminares tras su misión de observación electoral limitada, 14 de octubre de 2019.
(41) OIDDH-OSCE, Informe definitivo de la misión de observación electoral limitada sobre las elecciones parlamentarias del 13 de octubre de 2019, Varsovia, 14 de febrero de 2020.
(42) OIDDH-OSCE, Misión especial de evaluación electoral, Declaración de resultados y conclusiones preliminares sobre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 12 de julio de 2020, Varsovia, 13 de julio de 2020.
(43) Comisión de Venecia, dictamen de 8-9 de diciembre de 2017, CDL-AD(2017)031, apartado 43; Recomendación (UE) 2018/103 de la Comisión, de 20 de diciembre de 2017, por lo que respecta al Estado de Derecho en Polonia complementaria a las Recomendaciones (UE) 2016/1374, (UE) 2017/146 y (UE) 2017/1520 (DO L 17 de 23.1.2018, p. 50), apartado 25.
(44) Comisión de Venecia, CDL-AD(2002)023, dictamen n.º 190/2002, Código de buenas prácticas en materia electoral - Directrices e informe explicativo, 30 de octubre de 2002; Comisión de Venecia, «Report - Respect for Democracy, Human Rights and Rule of Law during States of Emergency - Reflections» (Informe sobre el respeto de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho durante los estados de emergencia - Reflexiones) (CDL-PI(2020)005rev-e), p. 23.
(45) OIDDH-OSCE, dictamen sobre el proyecto de ley sobre normas especiales para la elección general del presidente de la República de Polonia en 2020 (documento del Senado n.º 99), 27 de abril de 2020.
(46) Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).
(47) Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz.U. 2016 poz. 2072); ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Dz.U. 2016 poz. 2073); Ustawa z dnia 13 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Dz.U. 2016 poz. 2074).
(48) Comisión de Venecia, dictamen de 14 y 15 de octubre de 2016, apartado 128; Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de Polonia, 31 de octubre de 2016, apartados 7 y 8; Recomendación (UE) 2017/1520 de la Comisión.
(49) Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de noviembre de 2019, A.K. y otros / Sąd Najwyższy, C-585/18, C-624/18 y C-625/18, ECLI:EU:C:2019:982.
(50) Ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 190).
(51) Comisión de Venecia y DGI del Consejo de Europa, dictamen conjunto urgente de 16 de enero de 2020, CDL-PI(2020)002, apartados 51-55.
(52) Véase la propuesta motivada de la Comisión de 20 de diciembre de 2017, COM(2017)0835, apartado 133; OIDDH-OSCE, dictamen sobre determinadas disposiciones del proyecto de ley del Tribunal Supremo de Polonia (a 26 de septiembre de 2017), 13 de noviembre de 2017, apartado 33.
(53) Sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de junio de 2019, Comisión / Polonia, C-619/18, ECLI:EU:C:2019:531.
(54) Auto del Tribunal de Justicia de 17 de diciembre de 2018, Comisión / Polonia, C-619/18 R, ECLI:EU:C:2018:1021.
(55) Ustawa z dnia 21 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (Dz.U. 2018 poz. 2507).
(56) OIDDH-OSCE, dictamen de 13 de noviembre de 2017, apartados 7-20; Comisión de Venecia, dictamen de 8 y 9 de diciembre de 2017, apartado 43; Recomendación de la Comisión (UE) 2018/103, apartado 25; GRECO, adición al Informe de evaluación de la cuarta ronda sobre Polonia (artículo 34) de 18-22 de junio de 2018, apartado 31; Comisión de Venecia y DGI del Consejo de Europa, dictamen conjunto urgente de 16 de enero de 2020, apartado 8.
(57) Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de noviembre de 2019, A.K. y otros / Sąd Najwyższy, C-585/18, C-624/18 y C-625/18, ECLI:EU:C:2019:982.
(58) Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 2019, III PO 7/19.
(59) Resolución de las Salas conjuntas de lo Civil, lo Penal y lo Laboral del Tribunal Supremo de 23 de enero de 2020, BSA I-4110-1/2020.
(60) Sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de abril de 2020, U 2/20.
(61) Comisión de Venecia y DGI del Consejo de Europa, dictamen conjunto urgente de 16 de enero de 2020, apartado 38.
(62) Comisión de Venecia y DGI del Consejo de Europa, dictamen conjunto urgente de 16 de enero de 2020, apartado 38.
(63) Auto del Tribunal de Justicia de 8 de abril de 2020, Comisión / Polonia, C-791/19 R, ECLI:EU:C:2020:277.
(64) Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 3).
(65) Mesa del Consejo Consultivo de Jueces Europeos, dictámenes de 7 de abril de 2017 y 12 de octubre de 2017; OIDDH-OSCE, dictamen definitivo sobre el proyecto de modificación de la Ley del Consejo Nacional del Poder Judicial, 5 de mayo de 2017; Comisión de Venecia, dictamen de 8 y 9 de diciembre de 2017, pp. 5-7; GRECO, Informe ad hoc sobre Polonia (artículo 34) de 19-23 de marzo de 2018 y adición de 18-22 de junio de 2018; Comisión de Venecia y DGI del Consejo de Europa, dictamen conjunto urgente de 16 de enero de 2020, apartados 42 y 61.
(66) Decisión del Tribunal Supremo de 15 de enero de 2020, III PO 8/18; decisión del Tribunal Supremo de 15 de enero de 2020, III PO 9/18.
(67) Véanse también, a este respecto, los siguientes asuntos pendientes ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: Reczkowicz y otras dos personas / Polonia (demandas n.º 43447/19, 49868/19 y 57511/19), Grzęda / Polonia (n.º 43572/18), Xero Flor w Polsce sp. z o.o. / Polonia (n.º 4907/18), Broda / Polonia y Bojara / Polonia (n.º 26691/18 y 27367/18), Żurek / Polonia (n.º 39650/18) y Sobczyńska y otros / Polonia (n.º 62765/14, 62769/14, 62772/14 y 11708/18).
(68) Carta del Comité Ejecutivo de la RECPJ de 21 de febrero de 2020; véase también la carta de la Asociación Europea de Jueces en favor de la RECPJ de 4 de mayo de 2020.
(69) Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. 2011 nr 126 poz. 714).
(70) Comisión de Venecia y DGI del Consejo de Europa, dictamen conjunto urgente de 16 de enero de 2020, apartado 45.
(71) Consejo de Europa, Mesa del Consejo Consultivo de Jueces Europeos (CCJE-BU), CCJE-BU(2018)6REV, 18 de junio de 2018.
(72) Comisión de Venecia y DGI del Consejo de Europa, dictamen conjunto urgente de 16 de enero de 2020, apartados 46-50.
(73) Sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de noviembre de 2019, Comisión / Polonia, C-192/18, ECLI:EU:C:2019:924.
(74) Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 1452).
(75) OIDDH-OSCE, dictamen provisional urgente sobre el proyecto de ley por la que se modifica la Ley sobre la organización de los tribunales ordinarios, la Ley del Tribunal Supremo y otras leyes de Polonia (a 20 de diciembre de 2019), de 14 de enero de 2020, pp. 23-26; Comisión de Venecia y DGI del Consejo de Europa, dictamen conjunto urgente de 16 de enero de 2020, apartados 44 y 45.
(76) OIDDH-OSCE, dictamen provisional urgente de 14 de enero de 2020, pp. 18-21; Comisión de Venecia y DGI del Consejo de Europa, dictamen conjunto urgente de 16 de enero de 2020, apartados 24-30.
(77) Comunicación del fiscal disciplinario adjunto de jueces de tribunales comunes, julio de 2020, http://rzecznik.gov.pl/wp-content/uploads/2020/07/KomunikatFWS.pdf
(78) OIDDH-OSCE, dictamen provisional urgente de 14 de enero de 2020, pp. 13-17; Comisión de Venecia y DGI del Consejo de Europa, dictamen conjunto urgente de 16 de enero de 2020, apartados 31-43.
(79) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2001 nr 98 poz. 1070).
(80) Comisión de Venecia, Dictamen de 8-9 de diciembre de 2017 sobre la Ley del Ministerio Fiscal, en su versión modificada, CDL-AD(2017)028, apartado 115
(81) Recomendación (UE) 2018/103 de la Comisión; Naciones Unidas, Relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Declaración de 25 de junio de 2018; Comisión Europea, 2019: «European Semester: «European Semester: Country report Poland», 27 de febrero de 2019, SWD(2019)1020, p. 42; los presidentes de la Red Europea de Consejos del Poder Judicial, la Red Europea de Presidentes de Tribunales Supremos de la UE y la Asociación Europea de Jueces, carta de 20 de septiembre de 2019; GRECO, Seguimiento de la adición al Informe de evaluación de la cuarta ronda sobre Polonia (artículo 34), de 6 de diciembre de 2019, apartado 65; Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Resolución 2316 (2020), de 28 de enero de 2020, sobre el funcionamiento de las instituciones democráticas en Polonia, apartado 4.
(82) Véase asimismo Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, carta dirigida al Primer Ministro de Polonia de 19 de enero de 2018; Declaración conjunta en apoyo del Comisario de Derechos Humanos polaco, firmada por ENNHRI, Equinet, GANHRI, IOI y OACNUDH Europa, de junio de 2019.
(83) Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH), Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de Polonia, de 23 de noviembre de 2016, apartado 33.
(84) Comisión de Venecia y DGI del Consejo de Europa, Dictamen conjunto urgente de 16 de enero de 2020, apartado 59.
(85) Sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de marzo de 2020, Simpson / Consejo y HG / Comisión, asuntos acumulados C-542/18 RX-II, C-543/18 RX-II, ECLI:EU:C:2020:232, apdo. 57.
(86) Véase también la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, según la cual Polonia ha caído del puesto 18 al 62 desde 2015.
(87) Plataforma del Consejo de Europa para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas, Informe anual de 2020, marzo de 2020, p. 42.
(88) Consejo de Europa, Recomendación del Consejo de Europa CM/Rec(2016)4, de 13 de abril de 2016, sobre la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas y otros agentes de los medios de comunicación.
(89) International Press Institute (IPI) Tracker on Press Freedom Violations Linked to COVID-19 Coverage, https://ipi.media/covid19-media-freedom-monitoring/.
(90) Consejo de Europa, Organización de los Estados Americanos y otros, declaración del Foro Mundial sobre Libertad de Cátedra, Autonomía Institucional y el Futuro de la Democracia, de 21 de junio de 2019.
(91) Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. 1998 nr 155 poz. 1016).
(92) Véase también la declaración, de 28 de junio de 2018, del Representante de la OSCE para la Libertad de los Medios de Comunicación.
(93) Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. 2015 poz. 1485).
(94) Ustawa z dnia 13 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. 2017 poz. 579).
(95)3 Véase también la Comunicación de expertos de las Naciones Unidas, de 23 de abril de 2018, por la que se insta a Polonia a que garantice la participación libre y plena en las conversaciones sobre el clima.
(96) Comisario de Derechos Humanos de Polonia, carta al Ministerio del Interior y de la Administración, de 6 de mayo de 2020.
(97) Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz.U. 2017 poz. 1909).
(98) OIDDH-OSCE, Dictamen sobre el proyecto de ley de Polonia sobre el Instituto Nacional de Libertad - Centro para el Desarrollo de la Sociedad Civil, Varsovia, 22 de agosto de 2017.
(99) CESE, Informe sobre la evolución de los derechos fundamentales y el Estado de Derecho: La evolución de los países desde una perspectiva de la sociedad civil 2018-2019, de junio de 2020, pp. 41-42.
(100) CESE, Comunicado de prensa, «Presión alarmante sobre la sociedad civil: un miembro polaco del CESE se convierte en blanco de las represalias gubernamentales y las ONG ya no pueden elegir a sus propios candidatos», de 23 de junio de 2020.
(101) Comunicado de prensa del ministro de Clima, en cooperación con el ministro de Justicia, 7 de agosto de 2020, https://www.gov.pl/web/srodowisko/nowe-prawo-wzmocni--przejrzystosc-finansowania-organizacji-pozarzadowych.
(102) Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. 1990 nr 30 poz. 179).
(103) Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH), Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de Polonia, de 23 de noviembre de 2016, apartados 39 y 40. Véase también la Comunicación de expertos de las Naciones Unidas por la que se insta a Polonia a que garantice la participación libre y plena en las conversaciones sobre el clima, de 23 de abril de 2018.
(104) CEPD, carta sobre la comunicación de los datos de las elecciones presidenciales en Polonia, de 5 de mayo de 2020.
(105) Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, declaración de 14 de abril de 2020.
(106) En 2017, el aborto debido a malformaciones del feto supuso el 97,9 % de los que se practicaron; Centro para los Sistemas de Información de Salud, informes del Programa de Investigación Estadística de Estadísticas Públicas MZ-29, publicado en el sitio web de la Dieta polaca. Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonywania oraz o skutkach stosowania w 2016 r. ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. poz. 78, z późnn. zm.).
(107) Véase también el documento de debate del comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, de diciembre de 2017, titulado «Women’s sexual and reproductive health and rights in Europe»; Declaración de 22 de marzo de 2018 de los expertos de las Naciones Unidas que asesoran al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer, y declaración de 14 de abril de 2020 del comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa.
(108) Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentystyoraz niektórych innych ustaw (not yet published in the Official Journal).
(109) Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152).
(110) Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 20 de marzo de 2007, Tysiąc / Polonia, demanda n.º 5410/03; sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 20 de marzo de 2007, R. R. / Polonia, demanda n.º 27617/04; sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 30 de octubre de 2012, P. y S. / Polonia, demanda n.º 57375/08.
(111) Resolución de 15 de noviembre de 2017, apartado 18; Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Resolución 2316 (2020), de 28 de enero de 2020, sobre el funcionamiento de las instituciones democráticas en Polonia, apartado 14; Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH), Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de Polonia, de 23 de noviembre de 2016, apartados 15 a 18.
(112) Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial, Observaciones finales sobre los informes periódicos combinados vigesimosegundo a vigesimocuarto de Polonia, de agosto de 2019.
(113) Ibid.
(114) Ministerio de Justicia, comunicado de prensa sobre la propuesta de denuncia del Convenio de Estambul, 25 de julio de 2020, https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ministerstwo-sprawiedliwosci-konwencja-stambulska-powinna-zostac-wypowiedziana-poniewaz-jest-sprzeczna-z-prawami-konstytucyjnymi.
(115) Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (DO L 303 de 2.12.2000, p. 16);
(116) Comisión Europea, DG REGIO, carta a las autoridades de las regiones polacas de Lublin, Łódź, Pequeña Polonia, Podkarpacie y Święty Krzyż, de 27 de mayo de 2020. Véase también la sentencia del Tribunal de Justicia, de 23 de abril de 2020, en el asunto Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI, C-507/18, ECLI:EU:C:2020:289.
(117) Sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de junio de 2018, Coman, C-673/16, ECLI:EU:C:2018:385; sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 2 de marzo de 2010, Kozak / Polonia, demanda n.º 13102/02; sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 22 de enero de 2008, E. B. / Francia, demanda n.º 43546/02; sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 19 de febrero de 2013, X y otros / Austria, demanda n.º 19010/07; sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 30 de junio de 2016, Taddeucci y McCall / Italia, demanda n.º 51362/09; sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 21 de julio de 2015, Oliari y otros / Italia, demandas n.º 18766/11 y n.º 36030/11; sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 14 de diciembre de 2017, Orlandi y otros / Italia, demandas n.º 26431/12, n.º 26742/12, n.º 44057/12 y n.º 60088/12; sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 14 de enero de 2020, Beizaras y Levickas / Lituania, demanda n.º 41288/15.
(118) Comisario de Derechos Humanos de Polonia, comunicado de prensa «The National Preventive Mechanism for the Prevention of Torture (KMPT) visits police places of detention after overnight detentions in Warsaw» (El mecanismo nacional para la prevención de la tortura visita centros policiales de detención tras las detenciones nocturnas en Varsovia), 11 de agosto de 2020, https://www.rpo.gov.pl/en/content/national-preventive-mechanism-prevention-torture-kmpt-visits-police-places-detention-after-overnight.
(119) Posición del Episcopado polaco sobre las cuestiones relacionadas con las personas LGBT +, agosto de 2020, https://episkopat.pl/wp-content/uploads/2020/08/Stanowisko-Konferencji-Episkopatu-Polski-w-kwestii-LGBT.pdf.
(120) Textos Aprobados, P8_TA(2019)0032.
(121) Experto independiente de las Naciones Unidas sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, Informe sobre la práctica de las llamadas «terapias de conversión», mayo de 2020, https://undocs.org/A/HRC/44/53.

Última actualización: 12 de enero de 2021Aviso jurídico - Política de privacidad