El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Rusia,

–  Visto el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales,

–  Vistas la Constitución de la Federación de Rusia, y en particular su capítulo 2, y concretamente su artículo 29, que protege la libertad de expresión, y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que Rusia se ha comprometido a respetar como miembro del Consejo de Europa, de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y de las Naciones Unidas,

–  Vista la declaración del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad en nombre de la Unión sobre el envenenamiento de Alexéi Navalny, de 3 de septiembre de 2020,

–  Vistas las declaraciones del vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), de 24 de agosto y 2 de septiembre de 2020, sobre el envenenamiento de Alexéi Navalny,

–  Vista la declaración de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, de 8 de septiembre de 2020, en la que pide una investigación independiente sobre el envenenamiento de Alexéi Navalny,

–  Vista la declaración de los ministros de Asuntos Exteriores del G7 sobre el envenenamiento de Alexéi Navalny de 8 de septiembre de 2020,

–  Vista la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción (Convención sobre las Armas Químicas), que prohíbe el empleo, el desarrollo, la producción, el almacenamiento y la transferencia de armas químicas,

–  Vista la adopción unánime de las Decisiones C-24/DEC.4 y C-24/DEC.5 por la Conferencia de los Estados Partes en la Convención sobre las Armas Químicas en su 24.º período de sesiones, el 27 de noviembre de 2019, por las que se añadieron los agentes neurotóxicos organofosforados novichok a la lista 1 del anexo sobre sustancias químicas a la Convención, y la entrada en vigor de dichas decisiones el 7 de junio de 2020,

–  Visto el comunicado del hospital Charité – Universitätsmedizin Berlín, de 24 de agosto de 2020, en la que se afirma que Alexéi Navalny fue víctima de un envenenamiento con un agente químico neurotóxico,

–  Vista la declaración del Gobierno Federal alemán, de 2 de septiembre de 2020, en la que pide urgentemente al Gobierno ruso que emita una declaración sobre el incidente y condene el ataque en los términos más enérgicos,

–  Vista la declaración del director general de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), de 3 de septiembre de 2020, sobre las acusaciones de uso de armas químicas contra Alexéi Navalny, en la que subraya que «en virtud de la Convención sobre las Armas Químicas, cualquier envenenamiento de una persona mediante el uso de un agente neurotóxico se considera un uso de armas químicas»,

–  Vistos el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de los que la Federación de Rusia es parte, que disponen que nadie puede ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes,

–  Vista la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998,

–  Visto el artículo 132, apartados 2 y 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que Alexéi Navalny, destacado político ruso de la oposición, abogado, bloguero y militante contra la corrupción, además de sacar a la luz numerosos asuntos de corrupción en los que estaban involucradas empresas comerciales y políticos rusos, ha encabezado varias protestas públicas en toda Rusia y se ha convertido en uno de los pocos líderes efectivos de la oposición rusa; que ha sido detenido, privado de libertad y condenado anteriormente, en diferentes intentos por poner fin a sus actividades políticas y públicas; que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado algunos de estos procedimientos abusivos y contrarios al principio de un juicio justo; que Navalny fue atacado físicamente en 2017 con un desinfectante médico que le dejó casi ciego y que, cuando estuvo retenido en 2019, fue objeto presuntamente de un envenenamiento; que en ninguno de estos casos se enjuició a los autores;

B.  Considerando que Alexéi Navalny habría entrado en coma el 20 de agosto de 2020 cuando se encontraba a bordo de un vuelo nacional ruso, fue transportado a un hospital de la ciudad rusa de Omsk y, a petición de su familia, ha estado recibiendo tratamiento médico en el hospital Charité de Berlín desde el 22 de agosto de 2020;

C.  Considerando que el intento de asesinato de Alexéi Navalny tuvo lugar en vísperas de las elecciones locales y regionales rusas del 13 de septiembre de 2020, en las que él y su equipo habían participado activamente para la introducción de una estrategia de «votación inteligente» para derrotar a los candidatos del régimen de Putin; que todo ello arroja una luz especialmente preocupante sobre la situación de la democracia, las libertades fundamentales y los derechos humanos en el país;

D.  Considerando que, justo antes de su envenenamiento, Alexéi Navalny estuvo en las ciudades de Novosibirsk y Tomsk investigando casos de corrupción entre los gobernadores locales; que Alexéi Navalny, a través de sus actividades de lucha contra la corrupción en las regiones, contribuyó a difundir estos casos entre la ciudadanía local, lo que se tradujo en un aumento de la participación en las elecciones regionales y de la movilización del voto opositor; que Alexéi Navalny ha establecido una red de 40 oficinas regionales en todo el país, que controlan permanentemente a las autoridades locales, pero que también son objeto de intimidación y persecución por parte de las autoridades rusas;

E.  Considerando que Alexéi Navalny expresó su firme apoyo a los manifestantes de Jabárovsk y Bielorrusia y calificó los cambios en Bielorrusia de una fuente de inspiración para el pueblo de Rusia;

F.  Considerando que los asesinatos políticos y los envenenamientos en Rusia son un instrumento sistémico del régimen dirigida deliberadamente contra la oposición; que ello se ve agravado por la reticencia de las autoridades de investigar a fondo los asesinatos por motivos políticos de Anna Politkóvskaya, Borís Nemtsov, Sergei Protazanov, Vladímir Kará-Murzá, y otros; que los representantes de la oposición son sistemáticamente objeto de ataques verbales, campañas ad hominem y deshumanización por parte del Gobierno o de los medios de comunicación progubernamentales;

G.  Considerando que el más reciente intento de asesinato no es sino el último ejemplo del retroceso muy grave en la protección de los derechos humanos y el respeto de los principios democráticos adoptados de común acuerdo y del Estado de Derecho en la Federación de Rusia;

H.  Considerando que esta represión continua de la disidencia social se ve reforzada por la impunidad de la policía y las fuerzas de seguridad, así como por la falta de voluntad de los tribunales para enjuiciar a los verdaderos autores de estos delitos, que no solo quedan impunes, sino que incluso son recompensados por el Kremlin;

I.  Considerando que, según la prestigiosa asociación rusa de derechos humanos Memorial, hay más de 300 presos políticos y religiosos en la Federación de Rusia; que la Unión muestra su solidaridad con todos los disidentes y con el pueblo ruso, que pese a las amenazas contra su libertad y su vida y las presiones del Kremlin y de las autoridades rusas, siguen luchando por la libertad, los derechos humanos y la democracia;

J.  Considerando que los asesinatos e intentos de asesinato por motivos políticos por parte de los servicios secretos rusos tienen un impacto directo en la seguridad interior de la Unión;

K.  Considerando que el hospital Charité – Universitätsmedizin Berlín ha llegado a la conclusión de que Alexéi Navalny fue envenenado con el agente neurotóxico de carácter militar del grupo novichok, desarrollado por la Unión Soviética y la Federación de Rusia; que este resultado ha sido confirmado por un laboratorio especializado de las fuerzas armadas alemanas y por varios laboratorios que trabajan de forma independiente; que el agente neurotóxico novichok fue utilizado recientemente en marzo de 2018, en territorio de la Unión, en un ataque contra el antiguo agente de inteligencia ruso Serguéi Skripal y su hija Yulia Skripal en Salisbury (Reino Unido) que, además, provocó la muerte accidental de Dawn Sturgess, un habitante de Amesbury;

L.  Considerando que los médicos rusos fueron los primeros en tratarle por envenenamiento, tras lo cual alegaron que no había restos de veneno en su cuerpo e intentaron impedir su traslado fuera del país, y que las autoridades rusas niegan cualquier relación con el incidente;

M.  Considerando que el agente neurotóxico novichok es un instrumento desarrollado y disponible solo para las estructuras militares y los servicios secretos en Rusia; que dichas sustancias están reguladas por la legislación rusa; que el agente neurotóxico novichok es un arma química que solo puede desarrollarse en laboratorios militares de propiedad estatal y no puede ser adquirido por particulares; que, no obstante, si tal fuera el caso se trataría de una violación de las obligaciones jurídicas internacionales de Rusia;

N.  Considerando que el Consejo ha pedido a las autoridades rusas que lleven a cabo una investigación rigurosa del intento de asesinato de Alexéi Navalny, ha pedido una respuesta internacional conjunta y se ha reservado el derecho a emprender las acciones oportunas, incluidas medidas restrictivas;

O.  Considerando que, en virtud de la Convención sobre las Armas Químicas, todo envenenamiento de una persona mediante un agente neurotóxico se considera empleo de armas químicas y que el empleo de armas químicas por cualquier persona, en cualquier circunstancia, constituye una violación grave del Derecho internacional y de las normas internacionales de derechos humanos; que, tras la adopción unánime de dos propuestas a tal efecto, una de ellas presentada por la Federación de Rusia, se añadió el agente novichok a la lista de sustancias reguladas de la Convención sobre las Armas Químicas y que, por lo tanto, está sujeto a las directrices de control más estrictas en virtud de la Convención;

P.  Considerando que los derechos de libertad de pensamiento y de palabra, de asociación y de reunión pacífica están consagrados en la Constitución de la Federación de Rusia;

Q.  Considerando que los medios de información rusos controlados por el Estado están intentando encubrir la participación de las autoridades rusas en el atentado contra la vida de Alexéi Navalny difundiendo desinformación y desviando el foco de atención de las constantes violaciones de la democracia, el Estado de Derecho, las libertadas fundamentales y los derechos humanos en la Federación de Rusia;

R.  Considerando que las elecciones regionales celebradas el 13 de septiembre de 2020 en Rusia generaron un número récord de denuncias sobre manipulación de resultados; que en las ciudades donde Alexéi Navalny estuvo presente antes de su envenenamiento (Novosibirsk y Tomsk), su sistema de votación inteligente demostró ser eficaz y ayudó a derrotar a los candidatos de Putin;

S.  Considerando que el Parlamento Europeo ha llegado oficialmente a la conclusión de que Rusia ya no puede considerarse un «socio estratégico», también en vista de su política exterior antagónica, incluidas las intervenciones militares y las ocupaciones ilegales en terceros países;

1.  Condena enérgicamente el intento de asesinato de Alexéi Navalny y expresa su máxima preocupación por el uso reiterado de agentes químicos neurotóxicos contra ciudadanos rusos;

2.  Recuerda que la utilización de armas químicas en cualquier circunstancia constituye un delito reprobable con arreglo al Derecho internacional, en particular en virtud de la Convención sobre las Armas Químicas;

3.  Hace hincapié en que este intento de asesinato de Alexéi Navalny formaba parte de un esfuerzo sistémico de silenciarle junto a otras voces disidentes, de disuadir a todos ellos de efectuar nuevas revelaciones sobre la grave corrupción del régimen, así como de desalentar a la oposición política del país en general, en particular con vistas a influir en las elecciones parciales locales y regionales rusas que se celebraban del 11 al 13 de septiembre de 2020;

4.  Reitera que el caso de Alexéi Navalny es uno de los elementos de una política rusa más amplia y centrada en políticas internas represoras y actuaciones agresivas a nivel mundial, en la propagación de la inestabilidad y el caos, en la reestabilización de su esfera de influencia y dominio, así como en el debilitamiento del orden internacional basado en normas;

5.  Pide la apertura inmediata de una investigación internacional (con la participación de la Unión Europea, las Naciones Unidas, el Consejo de Europa, sus aliados y la OPAQ) y hace hincapié en su determinación de contribuir a dicha investigación; solicita a la OPAQ que lleve a cabo una investigación detallada de los incumplimientos de los compromisos internacionales de Rusia en el ámbito de las armas químicas; pide a las autoridades rusas que cooperen plenamente con la OPAQ para garantizar una investigación internacional imparcial y que exijan responsabilidades a los responsables del delito cometido contra Alexéi Navalny;

6.  Solicita al Consejo de Asuntos Exteriores que adopte una actitud activa al respecto en su reunión del 21 de septiembre de 2020; exige que la Unión elabore lo antes posible una lista de medidas restrictivas ambiciosas contra Rusia y refuerce sus actuales sanciones contra este país; insta a que se pongan en marcha mecanismos de sanciones que permitan la recaudación e inmovilización de los activos europeos de personas corruptas, de conformidad con las conclusiones de la Fundación Anticorrupción de Alexéi Navalny;

7.  Pide a las autoridades rusas que pongan fin al acoso, la intimidación, la violencia y la represión de sus opositores, poniendo fin al clima de impunidad imperante, que ya ha provocado la pérdida de vidas de muchos periodistas, defensores de los derechos humanos y políticos de la oposición; subraya la necesidad de garantizar que estas personas puedan llevar a cabo sus actividades legítimas y útiles sin interferencias y sin temor por sus vidas o a las de sus familiares y amigos;

8.  Pide a la Unión que exija de forma continuada a Rusia que derogue o modifique todas las leyes incompatibles con las normas internacionales, incluidos los recientes cambios introducidos ilegalmente en la Constitución rusa y su marco jurídico para las elecciones y la legislación sobre agentes extranjeros y organizaciones indeseables, con el fin de facilitar el pluralismo y unas elecciones libres y justas, y crear unas condiciones de competencia equitativas para los candidatos de la oposición;

9.  Expresa su solidaridad con las fuerzas democráticas rusas, comprometidas con una sociedad abierta y libre, y su apoyo a todas las personas y organizaciones que son objeto de ataques y represión;

10.  Subraya el deber de la Federación de Rusia, como miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de respetar el Derecho internacional y los acuerdos y convenios pertinentes y de cumplir plenamente sus compromisos internacionales, incluida la cooperación con la OPAQ en la investigación de cualquier violación de la Convención sobre las Armas Químicas;

11.  Insta a la Federación de Rusia a que aborde urgentemente las cuestiones planteadas por la comunidad internacional y divulgue inmediatamente y de manera plena y completa su programa novichok a la OPAQ;

12.  Destaca que la Federación de Rusia, como miembro del Consejo de Europa y de la OSCE, se ha comprometido a respetar las libertades fundamentales, los derechos humanos y el Estado de Derecho consagrados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

13.  Pide al VP/AR y al Servicio Europeo de Acción Exterior que velen por que los casos de todas las personas condenadas por motivos políticos se aborden en las consultas entre la Unión y Rusia en materia de derechos humanos, una vez que estas se reanuden, y que pidan formalmente a los representantes rusos en el marco de estas consultas que se pronuncien caso por caso; solicita a los presidentes del Consejo y de la Comisión, así como al vicepresidente / alto representante, que continúen haciendo un seguimiento atento de estos casos y planteen estas cuestiones en el marco de distintos formatos y encuentros con Rusia, y que informen al Parlamento sobre los intercambios de puntos de vista mantenidos con las autoridades de la Federación de Rusia;

14.  Pide a los Estados miembros que coordinen sus posiciones con respecto a Rusia y que hablen con una sola voz en los foros bilaterales y multilaterales con las autoridades rusas;

15.  Reitera que reviste la máxima urgencia iniciar una reevaluación exhaustiva y estratégica de las relaciones de la Unión Europea con Rusia, que incluiría los siguientes principios:

16.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Consejo de Europa, a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y al presidente, al Gobierno y al Parlamento de la Federación de Rusia.