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Procedimiento : 2020/2782(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclos relativos a los documentos :

Textos presentados :

RC-B9-0290/2020

Debates :

PV 17/09/2020 - 11.1
CRE 17/09/2020 - 11.1

Votaciones :

Textos aprobados :

P9_TA(2020)0233

Textos aprobados
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Jueves 17 de septiembre de 2020 - Bruselas
Situación en Filipinas, incluido el caso de Maria Ressa
P9_TA(2020)0233RC-B9-0290/2020

Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de septiembre de 2020, sobre la situación en Filipinas, incluido el caso de Maria Ressa (2020/2782(RSP))

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus Resoluciones anteriores sobre la situación en Filipinas, en particular las de 15 de septiembre de 2016(1), de 16 de marzo de 2017(2) y de 19 de abril de 2018(3),

–  Vistas las relaciones diplomáticas entre Filipinas y la Unión Europea (entonces la Comunidad Económica Europea —CEE—), que se iniciaron el 12 de mayo de 1964,

–  Visto el Acuerdo Marco de Colaboración y Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Filipinas, por otra,

–  Visto el estatuto de Filipinas como miembro fundador de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN),

–  Visto el documento de trabajo conjunto sobre la evaluación de Filipinas por parte del régimen especial de la Unión de estímulo del desarrollo sostenible y la gobernanza (SPG+) durante el período 2018-2019, de 10 de febrero de 2020 (SWD(2020)0024),

–  Vista la declaración de la portavoz del SEAE, de 16 de junio de 2020, sobre la condena de Maria Ressa y de Reynaldo Santos,

–  Vistas las directrices de la Unión sobre derechos humanos,

–  Vista la Resolución adoptada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 11 de julio de 2019, sobre la promoción y protección de los derechos humanos en Filipinas,

–  Visto el Informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, de 30 de junio de 2020, sobre la situación de los derechos humanos en Filipinas,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966,

–  Visto el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,

–  Vista la Ley de la República de Filipinas n.º 11479, de 3 de julio de 2020, también conocida como Ley antiterrorista,

–  Vistos el artículo 144, apartado 5, y el artículo 132, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que Filipinas y la Unión mantienen relaciones diplomáticas, económicas, culturales y políticas desde hace ya tiempo; que, con la ratificación del Acuerdo de Colaboración y Cooperación, la Unión Europea y Filipinas han reafirmado su compromiso común con los principios de buena gobernanza, democracia, Estado de Derecho, derechos humanos y promoción del desarrollo social y económico, así como con la paz y la seguridad en la región;

B.  Considerando que el Informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de 30 de junio de 2020, sobre la situación de los derechos humanos en Filipinas concluyó que los asesinatos relacionados con la campaña gubernamental contra las drogas eran «generalizados y sistemáticos» y que al menos 8 663 personas habían sido asesinadas según datos del Gobierno; que existen estimaciones por las que ese número llega a triplicarse; que el presidente Duterte ha animado explícitamente a la policía a realizar ejecuciones extrajudiciales prometiendo inmunidad, y que los agentes de policía implicados en tales prácticas han recibido ascensos; que el presidente Duterte ha prometido continuar su campaña contra las drogas hasta el final de su actual mandato presidencial en 2022; que la mayoría de las víctimas proceden de comunidades pobres y marginadas;

C.  Considerando que el espacio para la sociedad civil es cada vez más reducido; que los defensores de los derechos humanos, periodistas y activistas se enfrentan habitualmente a amenazas, acoso, intimidación y violencia por haber tratado de denunciar públicamente presuntas ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de los derechos humanos en el país; que, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la «defensa de los derechos humanos es identificada de forma sistemática como insurgencia»; que, según la ACNUDH, al menos 208 defensores de los derechos humanos, periodistas y sindicalistas, incluidas treinta mujeres, fueron asesinados entre enero de 2015 y diciembre de 2019;

D.  Considerando que la periodista filipina Maria Ressa, cofundadora y directora ejecutiva del sitio web de noticias Rappler, estaba desde hacía tiempo en el punto de mira por sus críticas a la «guerra contra las drogas» del Gobierno y por la cobertura crítica de Rappler sobre las ejecuciones extrajudiciales; que Maria Ressa y Reynaldo Santos Jr., un investigador de Rappler, fueron acusados de «difamación cibernética» y condenados el 15 de junio de 2020 por un tribunal regional de Manila a una pena indeterminada, con la posibilidad de enfrentarse hasta a seis años en prisión; que Maria Ressa y Rappler deben hacer frente, al menos, a otros seis cargos;

E.  Considerando que, a principios de julio de 2020, el Congreso filipino votó a favor de denegar la renovación de la franquicia de radiodifusión de ABS-CBN, la mayor red de radio y televisión del país; que la negativa del presidente Duterte a renovar su licencia de radiodifusión se considera un acto de represalia por la cobertura realizada por los medios de comunicación de la campaña contra las drogas y las graves violaciones de los derechos humanos;

F.  Considerando que la senadora Leila de Lima, una de los principales opositoras a la campaña contra las drogas del presidente Duterte, fue destituida de su puesto de presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado el 19 de septiembre de 2016, y ha permanecido en prisión a la espera de juicio desde su detención el 24 de febrero de 2017; que existen serias preocupaciones en cuanto a la posibilidad de que los cargos contra la senadora De Lima hayan sido inventados y estén motivados por razones políticas;

G.  Considerando que, según Global Witness, al menos 43 defensores de los derechos territoriales fueron asesinados en 2019; que la mayoría de ellos eran líderes comunitarios y participaban activamente en campañas contra proyectos mineros y agroempresariales;

H.  Considerando que la población indígena en Filipinas representa entre el 10 y el 20 % del total de la población; que, en 2018, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas consideró a Filipinas como uno de los países con mayor incidencia a escala mundial de criminalización y ataques contra los defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas; que las Naciones Unidas han advertido de que están aumentando la militarización de los territorios indígenas y las restricciones a la libertad de reunión y de expresión, y de que esta evolución está estrechamente vinculada a los intereses empresariales; que la persistente falta de seguridad y desarrollo económico en la isla de Mindanao, así como las denuncias de violaciones del Derecho internacional humanitario, y la falta de progresos en la justicia transicional y la reconciliación siguen siendo motivo de grave preocupación;

I.  Considerando que Zara Alvarez, trabajadora legal del grupo de derechos humanos Karapatan, fue asesinada a tiros el 17 de agosto de 2020; que Zara Alvarez había recibido amenazas reiteradas, había sido víctima de acoso debido a su trabajo en materia de derechos humanos y fue el decimotercer miembro de su organización asesinado desde mediados de 2016; que Randall «Randy» Echanis, defensor de la paz, activista de los derechos territoriales y miembro de Karapatan, fue torturado y asesinado el 10 de agosto de 2020; que, según la ACNUDH, tanto el Sr. Echanis como la Sra. Alvarez habían sido incluidos en la «lista roja» (etiquetados de terroristas o comunistas), una lista de al menos 600 personas que el Departamento de Justicia filipino solicitó en 2018 que fuesen declaradas «terroristas» por un tribunal;

J.  Considerando que los relatores especiales de las Naciones Unidas y la ACNUDH han expresado su preocupación por lo que parece ser «un patrón de intimidación» de fuentes de información independientes; que, en 2020, Filipinas se situó en el puesto 136, de un total de 180 países, en la Clasificación de la Libertad de Prensa que publica cada año Reporteros sin Fronteras; que dieciséis periodistas han sido asesinados desde que Rodrigo Duterte accediese al poder;

K.  Considerando que Filipinas se retiró de la Corte Penal Internacional (CPI) en marzo de 2018, después de que esta iniciara su «examen preliminar» de la denuncia presentada contra Rodrigo Duterte en relación con el elevado número de asesinatos en el marco de la campaña contra las drogas;

L.  Considerando que, en 2017, la Cámara de Representantes de Filipinas aprobó una ley para reinstaurar la pena de muerte; que la ley requiere la aprobación previa del Senado antes de que el presidente Duterte —que está apoyando activamente dicha reinstauración— la pueda promulgar; que con la reinstauración de la pena de muerte se incurriría en un claro incumplimiento del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Filipinas es parte;

M.  Considerando que las autoridades filipinas adoptaron la nueva Ley antiterrorista el 3 de julio de 2020; que, según los grupos de la sociedad civil local, la ley debilita las garantías en materia de derechos humanos en un grado alarmante, amplía la definición de terrorismo y prolonga el período de detención sin orden judicial de tres a catorce días, lo que difumina importantes distinciones entre crítica, delincuencia y terrorismo, plantea problemas de legalidad y aumenta aún más el riesgo de violaciones de los derechos humanos;

N.  Considerando que el presidente Duterte ha hecho gala repetidamente de discursos y comportamientos sexistas y misóginos; que, según las ONG locales, durante el Gobierno de Duterte han aumentado los casos de violencia y abusos sexuales contra las mujeres, incluidas las defensoras de los derechos humanos; que las defensoras de los derechos humanos se enfrentan a comentarios degradantes y de contenido sexual, amenazas de violación y ataques;

O.  Considerando que, según el informe de 2020 de la Confederación Sindical Internacional (CSI), Filipinas es uno de los diez países más peligrosos del mundo para los trabajadores; que el movimiento sindical filipino se lamenta de la represión de los derechos de los trabajadores, entre otros mediante el llamado «etiquetado rojo», desapariciones y asesinatos de líderes laborales y sindicalistas;

P.  Considerando que la comunidad LGBTQI se enfrenta a un acoso continuo; que el presidente Duterte se ha referido en repetidas ocasiones a la orientación sexual de los opositores políticos como difamación contra ellos, y en mayo de 2019 hizo unas declaraciones públicas en las que daba a entender que la homosexualidad es una enfermedad; que, en junio de 2020, la policía reprimió un acto del orgullo LGBTQI y, según informaciones, detuvo a veinte personas;

Q.  Considerando que se calcula que entre 60 000 y 100 000 niños en Filipinas son víctimas de redes de prostitución; que un número indeterminado de niños se ve obligado a trabajar en condiciones laborales abusivas; que Unicef ha expresado su profunda preocupación por la reducción de la edad de responsabilidad penal;

R.  Considerando que, en 2019, Filipinas se situó en el puesto 113, de un total de 180 países, en la clasificación de corrupción que publica cada año Transparency International;

S.  Considerando que, desde el 25 de diciembre de 2014, Filipinas se beneficia de un régimen mejorado de preferencias comerciales con la Unión en el marco del Sistema de Preferencias Generalizadas Plus (GPS+); que este estatuto depende de la ratificación y aplicación de veintisiete convenios internacionales en materia de derechos humanos y laborales, protección del medio ambiente y buena gobernanza; que, en 2019, el 25 % del total de las exportaciones filipinas a la Unión (casi 2 000 millones de euros) recibió un trato preferencial en el marco de este sistema; que, a pesar de observar un importante retroceso en el historial del país en materia de derechos humanos, la Unión no ha activado aún el mecanismo que podría conducir a la suspensión de dichos beneficios comerciales;

1.  Expresa su más profunda preocupación por el rápido deterioro de la situación de los derechos humanos en Filipinas bajo la presidencia de Duterte; toma nota de la publicación del Informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas, de junio de 2020, y pide al Gobierno de Filipinas que adopte y aplique todas las recomendaciones que en él se formulan;

2.  Condena firmemente las miles de ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones graves de los derechos humanos en relación con la denominada «guerra contra las drogas»; pide al Gobierno de Filipinas que ponga fin de inmediato a toda la violencia contra presuntos delincuentes relacionados con las drogas, y que disuelva los grupos paramilitares privados y apoyados por el Estado; insiste en que la lucha contra las drogas ilícitas debe llevarse a cabo respetando plenamente el procedimiento legal pertinente, de conformidad con el Derecho nacional e internacional y haciendo hincapié en la salud pública;

3.  Condena todas las amenazas, acoso, intimidación, violaciones y violencia contra quienes intentan dar a conocer las acusaciones de ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de los derechos humanos en el país, incluidos activistas de derechos humanos y ambientales, sindicalistas y periodistas; denuncia el uso indebido de la ley y los sistemas judiciales como medio para silenciar las voces críticas;

4.  Pide a las autoridades de Filipinas que lleven a cabo inmediatamente investigaciones imparciales, transparentes, independientes y significativas sobre todas las ejecuciones extrajudiciales, incluidas las muertes de Jory Porquia, Randall «Randy» Echanis y Zara Alvarez, así como sobre otras presuntas violaciones;

5.  Manifiesta su inquietud ante el deterioro del nivel de libertad de prensa en Filipinas; condena todas las amenazas, acoso, intimidación, enjuiciamientos injustos y violencia contra periodistas, incluido el caso de Maria Ressa; pide que se retiren todos los cargos por motivos políticos contra ella y sus colegas; recuerda que la libertad de prensa y la libertad de expresión son elementos fundamentales de la democracia; pide a las autoridades filipinas que renueven la licencia de radiodifusión del principal grupo audiovisual, ABS-CBN; pide a la delegación de la Unión y a las representaciones de los Estados miembros en Manila que supervisen de cerca los procesos contra Maria Ressa y Reynaldo Santos Jr., y que presten toda la asistencia necesaria;

6.  Reitera su llamamiento a las autoridades filipinas para que retiren todos los cargos por motivos políticos contra la senadora Leila de Lima, que la liberen en espera del juicio, que le permitan ejercer libremente sus derechos y obligaciones como representante electa y le ofrezcan la seguridad y las condiciones sanitarias adecuadas durante su detención; pide a la Unión que siga supervisando de cerca su caso;

7.  Recuerda su firme apoyo a todos los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente en Filipinas y a su labor; pide a la delegación de la Unión y a las representaciones de los Estados miembros en el país que refuercen su apoyo a la sociedad civil en sus contactos con las autoridades filipinas, y que utilicen todos los instrumentos disponibles para aumentar su apoyo a la labor de los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente y, cuando proceda, que ofrezcan refugio temporal en los Estados miembros de la Unión;

8.  Insta a las autoridades filipinas a que reconozcan que los defensores de los derechos humanos ejercen un papel legítimo para garantizar la paz, la justicia y la democracia; pide a las autoridades filipinas que garanticen, en cualquier circunstancia, la integridad física y psicológica de todos los defensores de los derechos humanos y periodistas del país, y que garanticen que pueden llevar a cabo su labor en un entorno propicio y sin temor a represalias; celebra la aprobación unánime por parte de la Cámara de Representantes filipina de la Ley de protección de los defensores de los derechos humanos, y pide al Senado y al presidente que la promulguen urgentemente;

9.  Expresa su profunda preocupación por la reciente adopción de la Ley antiterrorista, y recuerda que en ningún caso pueden considerarse actos terroristas la defensa de intereses, la protesta, la disidencia, la huelga y otros modos similares de ejercer los derechos civiles y políticos;

10.  Insta a la Unión y a sus Estados miembros a que apoyen la adopción de una resolución en el 45.º período de sesiones en curso del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a fin de poner en marcha una investigación internacional independiente de las violaciones de los derechos humanos cometidas en Filipinas desde 2016;

11.  Lamenta profundamente la decisión del Gobierno de Filipinas de retirarse del Estatuto de Roma; pide al Gobierno de Filipinas que revoque su decisión; anima a la Corte Penal Internacional a seguir investigando las denuncias de crímenes contra la humanidad en el contexto de los asesinatos durante la «guerra contra las drogas»; pide al Gobierno de Filipinas que coopere plenamente con la Oficina del Fiscal de la CPI en su examen preliminar de la situación en Filipinas;

12.  Pide una vez más a las autoridades de Filipinas que detengan inmediatamente los procedimientos en curso para reinstaurar la pena de muerte; recuerda que la Unión considera la pena capital como un castigo cruel e inhumano que no tiene un efecto disuasorio para el comportamiento delictivo;

13.  Insta a Filipinas a que respete sus obligaciones en virtud del Derecho internacional de proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas, en particular en el contexto de un conflicto armado; pide al Gobierno que defienda sus derechos, los empodere y adopte una política eficaz para mejorar sus condiciones de vida;

14.  Condena todas las formas de violencia contra las mujeres y recuerda que esta violencia constituye una grave violación de los derechos humanos y de la dignidad de las mujeres y las niñas; condena enérgicamente las reiteradas declaraciones misóginas del presidente Duterte; pide al presidente que trate con respeto a las mujeres y se abstenga de toda incitación a la violencia contra ellas;

15.  Condena todas las formas de violencia contra las personas LGBTQI y recuerda que esta violencia constituye una grave violación de los derechos humanos y de la dignidad de las personas; condena firmemente las declaraciones ofensivas y sexistas del presidente Duterte sobre las personas que se identifican como pertenecientes al colectivo LGBTQI;

16.  Expresa su inquietud por el incremento de los niveles de corrupción en el marco de la actual administración de Filipinas; pide a las autoridades filipinas que intensifiquen sus esfuerzos por combatir eficazmente la corrupción; resalta la importancia de respetar los principios de democracia y del Estado de Derecho a este respecto;

17.  Recuerda que las medidas adoptadas por los Gobiernos en respuesta a la pandemia deben proteger y no debilitar los derechos humanos de los ciudadanos; hace hincapié en que estas medidas deben ser necesarias, proporcionadas y no discriminatorias, deben respetar las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y la legislación nacional, deben mantenerse en vigor únicamente en la medida en que sean estrictamente necesarias y no deben usarse como excusa para limitar el espacio democrático y cívico, las libertades fundamentales y el respeto del Estado de Derecho;

18.  Expresa su consternación ante la práctica de la trata, el reclutamiento militar y la participación de niños en los conflictos del país, e insta al Gobierno de Filipinas a que ponga fin a tales prácticas; anima al Gobierno a que redoble sus esfuerzos para proteger a todos los niños frente a los abusos, y para defender sus derechos, incluido el derecho a la educación de los niños indígenas; se opone firmemente a cualquier propuesta de reducir la edad de responsabilidad penal;

19.  Denuncia las amenazas, la intimidación y los ataques personales dirigidos contra los titulares de mandatos de procedimientos especiales de las Naciones Unidas; insta a las autoridades filipinas a que cooperen con la ACNUDH y todos los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, también facilitando las visitas al país y absteniéndose de cometer actos de intimidación o de represalias contra ellos;

20.  Pide a la Comisión, ante la gravedad de las violaciones de los derechos humanos en el país, que, a falta de mejoras sustanciales y de voluntad de cooperación por parte de las autoridades filipinas, inicie inmediatamente el procedimiento que podría comportar la retirada temporal de las preferencias SPG+;

21.  Pide a las autoridades filipinas que apoyen la aplicación de los Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas, y que garanticen procesos efectivos de diligencia debida en materia de derechos humanos para los proyectos empresariales y de inversión y desarrollo, en especial en relación con las adquisiciones a gran escala de empresas agrícolas, industrias extractivas, proyectos de infraestructuras y cooperación en el sector de la seguridad; pide a las empresas establecidas en la Unión o que operen en ella que cumplan estrictamente los Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos y el Derecho nacional e internacional en materia de derechos humanos, y que lleven a cabo procesos de diligencia debida minuciosos y exhaustivos en relación con todas sus operaciones y relaciones empresariales en el país;

22.  Pide al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad que siga de cerca la situación en Filipinas, y que informe periódicamente al Parlamento Europeo;

23.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al presidente, al Gobierno y al Congreso de Filipinas, a los Gobiernos de los Estados miembros de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al secretario general de las Naciones Unidas y al secretario general de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN).

(1) DO C 204 de 13.6.2018, p. 123.
(2) DO C 263 de 25.7.2018, p. 113.
(3) DO C 390 de 18.11.2019, p. 104.

Última actualización: 12 de enero de 2021Aviso jurídico - Política de privacidad