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Procedimiento : 2020/2036(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A9-0155/2020

Textos presentados :

A9-0155/2020

Debates :

PV 07/10/2020 - 15
CRE 07/10/2020 - 15

Votaciones :

PV 08/10/2020 - 2
PV 08/10/2020 - 14

Textos aprobados :

P9_TA(2020)0266

Textos aprobados
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Jueves 8 de octubre de 2020 - Bruselas
Desarrollo de la unión de los mercados de capitales (UMC): mejora del acceso a la financiación en los mercados de capitales, en particular por parte de las pymes, y refuerzo de la participación de los inversores minoristas
P9_TA(2020)0266A9-0155/2020

Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de octubre de 2020, sobre el desarrollo de la unión de los mercados de capitales (UMC): mejora del acceso a la financiación en los mercados de capitales, en particular por parte de las pymes, y refuerzo de la participación de los inversores minoristas (2020/2036(INI))

El Parlamento Europeo,

–  Visto el informe del Grupo de Alto Nivel sobre la siguiente fase de la UMC de octubre de 2019,

–  Visto el informe del Foro de Alto Nivel sobre la Unión de los Mercados de Capitales de 10 de junio de 2020,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de marzo de 2020, titulada «Una estrategia para las pymes en pro de una Europa sostenible y digital» (COM(2020)0103),

–   Vista la Comunicación de la Comisión, de 9 de julio de 2020, titulada «Preparativos para los cambios. Comunicación sobre los preparativos para el final del período transitorio entre la Unión Europea y el Reino Unido» (COM(2020)0324),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 8 de marzo de 2018, titulada «Plan de acción en materia de tecnología financiera: por un sector financiero europeo más competitivo e innovador» (COM(2018)0109),

–   Visto el paquete de recuperación de los mercados de capitales, propuesto por la Comisión el 24 de julio de 2020,

–  Vista su Resolución, de 9 de julio de 2015, sobre la construcción de una Unión de los Mercados de Capitales(1),

–  Vista su Resolución, de 19 de enero de 2016, sobre la evaluación y los retos de la normativa sobre servicios financieros de la UE: impacto y camino hacia un marco de la UE más eficiente y efectivo para la regulación financiera y una unión de los mercados de capitales(2),

–  Vistos los resultados de la encuesta periódica del BCE sobre el acceso a la financiación de las empresas,

–  Vistas las previsiones económicas de primavera de 2020 de la Comisión,

–  Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A9-0155/2020),

A.  Considerando que todas las medidas adoptadas en favor de la creación de una unión de los mercados de capitales (UMC) deben tener como objetivo fundamental la mejora de la gama de opciones de financiación atractivas, estables y sostenibles ofrecidas a las empresas y a los ciudadanos, al tiempo que se preserva la estabilidad económica, se minimiza el riesgo financiero y se protegen de forma adecuada los intereses de los inversores minoristas, los pensionistas y los consumidores, con el fin de incentivar la participación financiera y de convertir a los ahorradores en inversores; que el acceso a la financiación mediante la emisión de acciones para las pymes, los emprendedores y la economía social se ha convertido en un elemento aún más crucial con vistas a la recuperación tras la COVID-19;

B.  Considerando que el mercado interior de la Unión Europea se caracteriza por una competencia abierta, un marco regulador, la confianza en las normas internacionales y la cooperación en materia de supervisión; que, por tanto, la estrategia relativa a la UMC debe basarse en los mismos principios;

C.  Considerando que el nivel de financiación requerido para la recuperación de la economía de la Unión plantea una necesidad ineludible de invertir de manera juiciosa y sostenible en favor de las generaciones futuras; que la unión de los mercados de capitales debe contribuir de manera esencial a la transición hacia una economía sostenible, competitiva y resiliente complementando la inversión pública, en consonancia con el Pacto Verde Europeo; que se está elaborando un marco para facilitar la inversión sostenible; que este marco constituye una parte fundamental de los esfuerzos de la Unión, en el contexto de la UMC, para conectar las finanzas con las necesidades de la economía y la agenda de la Unión para el desarrollo sostenible;

D.  Considerando que los mercados de capitales de la Unión podrán prestar un mejor servicio a la economía y a la tan necesaria recuperación económica si son transparentes, competitivos y resilientes, se dotan de mecanismos de compensación central, y cuentan con el respaldo de una normativa justa;

E.  Considerando que algunos inversores poseen mayor tolerancia al riesgo que otros, y que no todas las empresas se encuentran en disposición de acceder a la financiación de los mercados de capitales y de beneficiarse de esta;

F.  Considerando que la creación de un activo seguro en la zona del euro es crucial para la integración financiera y el desarrollo de una UMC; que un activo seguro en la Unión es necesario para la creación de un mercado europeo de renta fija integrado, profundo y líquido como elemento central de la UMC, que podría servir como referencia de fijación de precios en la zona de euro para la valoración de obligaciones, acciones y otros activos, y también como activo de garantía en toda la zona del euro;

G.  Considerando que la mayor parte de las medidas adoptadas hasta la fecha para lograr la UMC van en la dirección correcta, a pesar de que no se han alcanzado múltiples objetivos y que la importancia de los préstamos bancarios en comparación con las acciones ha aumentado de hecho en los últimos años; que, no obstante, queda mucho trabajo por hacer en términos de convergencia, precisión, eficacia y simplificación de las medidas adoptadas; que una visión ambiciosa del proyecto de la UMC es esencial de cara a superar las sensibilidades nacionales y crear el impulso necesario para completar la UMC, con el fin de hacer de la Unión un mercado atractivo para la inversión de capital extranjero y aumentar su competitividad en los mercados mundiales;

H.  Considerando que el desarrollo de una UMC va de la mano de la profundización de la unión económica y monetaria y, en particular, de la culminación de la unión bancaria; que en su Resolución, de 19 de junio de 2020, titulada «Unión bancaria - Informe anual 2019 »(3), el Parlamento insta a que se culmine la unión bancaria a través de la creación de un sistema europeo de garantía de depósitos plenamente funcional; que la unión bancaria también seguirá estando incompleta mientras carezca de un mecanismo de protección creíble para el Fondo Único de Resolución; que pide, además, que se examine la necesidad de establecer y crear un mecanismo de estabilización fiscal para la zona del euro en su conjunto; que la UMC debe complementarse con medidas políticas anticíclicas al objeto de garantizar la igualdad de acceso a la financiación y a las oportunidades de inversión en toda la Unión;

I.  Considerando que las normativas financieras, en particular en los ámbitos de la banca y la auditoría, se han modificado recientemente en respuesta a la COVID-19; que la financiación en el mercado de capitales es necesaria para elevar la capacidad total de financiación y reducir la dependencia respecto a los préstamos bancarios en la Unión; que un sector bancario adecuadamente capitalizado desempeñará un papel importante en la financiación de las empresas, en especial de las pymes;

J.  Considerando que la falta de un mecanismo centralizado con información pública fácilmente accesible, fiable, comprensible y comparable es uno de los motivos por los que a las empresas les cuesta encontrar inversores; que a los inversores les resulta difícil evaluar a las empresas jóvenes y pequeñas con un historial de actividad breve, lo que entorpece las aperturas innovadoras, especialmente, por parte de jóvenes emprendedores;

K.  Considerando que de la experiencia de la Gran Recesión ha surgido un consenso en el sentido de que la arquitectura institucional de la zona del euro precisa reformas destinadas a reforzar su capacidad para abordar grandes conmociones económicas; que, a este respecto, en la bibliografía económica se indica habitualmente que la mayor capacidad de absorción de estas conmociones en los Estados Unidos se debe fundamentalmente a una puesta en común de los riesgos privados más efectiva a través de los mercados de crédito y de capitales;

L.  Considerando que las pymes representaban el 99,8 % de las empresas del sector empresarial no financiero de la EU-28, y generaban el 56,4 % del valor añadido y el 66,6 % del empleo en dicho sector; que las microempresas representaban el 93 % del sector, las pequeñas empresas, el 5,9 %, y las medianas, únicamente el 0,9 %(4);

M.  Considerando que la crisis social y económica generada por la COVID-19 y las medidas de confinamiento tendrán un impacto especialmente negativo en las pymes y podrían afectar de manera similar a los ahorradores minoristas; que la respuesta de la Unión a la COVID-19 a través del Plan Europeo de Recuperación debe proporcionar una gran inyección de capital y complementarse con incentivos para promover la financiación basada en el mercado y reducir la dependencia de los préstamos bancarios, con el fin de aumentar el acceso de las empresas europeas a la financiación y construir una economía de la Unión resiliente y preservar el empleo y la capacidad productiva de los Estados miembros;

N.  Considerando que la complejidad del escándalo en el que se vio envuelta Wirecard —una empresa alemana proveedora de servicios de pago incluida en el DAX30 que presentó una solicitud de suspensión de pagos el 24 de junio de 2020, lo que puso de relieve deficiencias en el marco regulador europeo— exige una evaluación minuciosa de cara a determinar qué funcionó mal para permitir que una conducta fraudulenta a gran escala pasara inadvertida durante tanto tiempo; que, a la luz de este reciente escándalo, ha vuelto a ponerse de relieve la necesidad de ajustar la arquitectura europea de supervisión en materia de elaboración de informes financieros, innovación financiera, pagos y otros ámbitos afines, incluidos la auditoría y la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo;

O.  Considerando que la UMC ha de movilizar la demanda minorista; que para lograr tal objetivo, los inversores minoristas deben experimentar un cambio en la cultura de inversión; que tal cambio solo se producirá cuando los inversores minoristas se convenzan de que la inversión en mercados de capitales es deseable, al tiempo que se encuentra sujeta a riesgos que son aceptables y están claramente definidos; que la Comisión debe seguir sopesando otras oportunidades de comunicar los beneficios del proyecto de la UMC, por ejemplo, con un cambio de denominación que refleje el vínculo directo entre los ahorros de los ciudadanos de la Unión y las inversiones en crecimiento económico y la recuperación posterior a la COVID-19, como sugirió el Grupo de Alto Nivel sobre la siguiente fase de la UMC;

P.  Considerando que, según recientes informes y encuestas centradas en los consumidores(5), la mayoría de los inversores minoristas europeos tienen preferencias en materia de sostenibilidad y desean tener en cuenta factores y riesgos medioambientales, sociales o de gobernanza en sus decisiones de inversión, pero que rara vez se les ofrecen productos compatibles;

Q.  Considerando que los movimientos de los mercados a consecuencia de la COVID-19 han actuado como una «prueba de resistencia» en la vida real de la solidez del ecosistema financiero en su conjunto, y deben ser objeto de seguimiento mediante una evaluación detallada de los beneficios y las deficiencias del código normativo vigente de la Unión en materia de estabilidad y supervisión financieras;

R.  Considerando que la retirada del Reino Unido de la Unión Europea comporta cambios estructurales en el sistema financiero de la Unión; que los mercados de capitales de la Unión tras el Brexit tendrán un carácter policéntrico, afrontando así un mayor riesgo por fragmentación en la Unión; que subraya la importancia de promover políticas y medidas —incluido un enfoque sólido con respecto al acceso de terceros países al mercado de la Unión y un sistema dinámico de supervisión de los regímenes de equivalencia— que garanticen la resiliencia, la conectividad y la competitividad de los mercados financieros de la Unión, así como su estabilidad y unas condiciones equitativas; que la equivalencia solo puede otorgarse si se considera que el régimen y las normas de regulación y supervisión del tercer país en cuestión cumplen los requisitos pertinentes establecidos en la legislación de la Unión, con el fin de garantizar unas condiciones equitativas;

S.  Considerando que la tecnología financiera puede adaptarse a ciertas necesidades de las pymes y los inversores minoristas al permitir modos de operación descentralizados y proporcionar mejoras de la eficiencia;

Financiación de empresas

1.  Toma nota de la Comunicación de la Comisión, de 24 de septiembre de 2020, titulada «Una Unión de los Mercados de Capitales para las personas y las empresas: nuevo plan de acción» (COM(2020)0590); insiste en la necesidad de completar la UMC para contribuir a la recuperación económica y social tras la pandemia de COVID‑19; pide a la Comisión que refuerce su compromiso de lograr un avance real en cuestiones como la supervisión, la fiscalidad o las leyes en materia de insolvencia, que siguen siendo importantes obstáculos a una verdadera integración de los mercados de capitales de la Unión;

2.  Pide que se eliminen los obstáculos y la burocracia, si procede, también mediante la simplificación y una aplicación más proporcional de la legislación cuando sea pertinente y favorable para la estabilidad financiera, con el fin de diversificar las fuentes de financiación de las empresas europeas, prestando especial atención a las pymes, incluidas las empresas emergentes y las empresas de mediana capitalización, de modo que se promueva su capacidad de acceder a los mercados de valores y se impulse el acceso a oportunidades de inversión más diversificadas, a más largo plazo y más competitivas por parte de los inversores minoristas y los grandes inversores; subraya la necesidad de reducir el sesgo existente en favor de la deuda; señala que la situación actual hace que las empresas europeas, y en especial las pymes, sean más frágiles y vulnerables; pide la introducción de una «prueba de las pymes» para las evaluaciones de impacto de cada iniciativa de la UMC;

3.  Observa que las medidas necesarias para garantizar que las pymes, incluidas las empresas emergentes y las empresas de mediana capitalización, encuentren su vía de acceso a los mercados financieros incluyen facilitar la investigación en materia de inversiones, racionalizar la definición de pymes en toda la legislación pertinente de la Unión y flexibilizar los requisitos de emisión; solicita a los Estados miembros que reequilibren el sesgo en favor de la deuda en la tributación; respalda la modificación del régimen de la Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros (MiFID II) para los incentivos a la investigación sobre inversiones en las pymes;

4.  Insta a la Comisión a que elabore una propuesta legislativa sobre los «pagarés garantizados europeos» como nuevo instrumento financiero de doble recurso para los bancos que podría contribuir a la mejora del acceso a la financiación para las pymes en toda la Unión; recuerda que dichos pagarés podrían dirigirse a determinados objetivos, como el apoyo a las pymes en la transición hacia una economía más competitiva y sostenible y en la canalización de fondos hacia la economía real;

5.  Insta a la Comisión a reforzar la retroinformación obligatoria facilitada por los bancos al rechazar solicitudes de crédito de las pymes, ya que una retroinformación más exhaustiva podría brindar a las pymes con solicitudes denegadas la oportunidad de adaptar su enfoque empresarial y aprender;

6.  Pide una ulterior integración y mejora de los mercados europeos de capitales para hacerlos tan atractivos, competitivos y resilientes como resulte posible, especialmente en el contexto de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea;

7.  Subraya la importancia fundamental de reforzar la capacidad de absorción de riesgos de la zona del euro;

8.  Destaca que los países de la zona del euro pueden reforzar su capacidad interna para afrontar crisis macroeconómicas, en particular mediante la reducción efectiva de las vulnerabilidades de sus economías, sectores bancarios y haciendas públicas; considera, además, que la resiliencia económica debe mejorarse mediante reformas estructurales que respalden el crecimiento potencial e incrementen la flexibilidad;

9.  Subraya que unos mercados financieros eficientes e integrados constituyen un requisito previo esencial para la eficaz puesta en común de los riesgos privados en la zona del euro; considera que una verdadera UMC podría contribuir de manera significativa a la diversificación y la atenuación de los riesgos;

10.  Toma nota del declive de los mercados de oferta pública inicial (OPI) en la Unión, lo que refleja su limitado atractivo, en particular, para las empresas de menor tamaño; destaca, en este sentido, que las pymes afrontan cargas administrativas y costes de conformidad desproporcionados asociados a los requisitos de cotización; estima que debe mejorarse la eficiencia y la estabilidad de los mercados financieros y facilitarse la cotización de las empresas; anima a que se cree y se dé prioridad a un gran fondo paneuropeo privado, un fondo OPI, para respaldar la financiación de las pymes; señala la necesidad de garantizar un entorno previo y posterior a las OPI atractivo para las pymes;

11.  Acoge favorablemente la idea del Foro de Alto Nivel de establecer un punto de acceso único europeo que reúna información sobre las empresas en la Unión mediante la interconexión de los registros y las bases de datos empresariales nacionales y de la Unión, como una forma de apoyar a las empresas a atraer inversores, en particular en los Estados miembros de menor dimensión; incide en que las empresas han de ser capaces de controlar la disponibilidad de sus datos en dicho punto de acceso; insta a la Comisión a que presente una propuesta legislativa relativa a un punto de acceso único europeo a la información financiera y no financiera en lo que respecta a las empresas de la Unión cotizadas y no cotizadas, respetando asimismo el principio de proporcionalidad, cuando proceda; pide a la Comisión que racionalice los requisitos de transparencia en virtud de la Directiva relativa a la divulgación de información no financiera con los previstos en el Reglamento por el que se establece una taxonomía y en el Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros;

12.  Pide que se examine si el tratamiento, en virtud del Reglamento sobre requisitos de capital (RRC), de los intereses minoritarios de las filiales puede desalentar la cotización en los mercados bursátiles, teniendo en cuenta las preocupaciones sobre la estabilidad financiera y cualquier valor añadido para la financiación de la economía real;

13.  Pide la aceleración del desarrollo de los mercados de capital de riesgo y de los mercados de valores privados de la Unión con arreglo a un marco común y transparente para los fondos de capital riesgo europeos (FCRE)(6), mediante el aumento de la disponibilidad de financiación para las inversiones de capital riesgo y el desarrollo de mayores fondos de capital riesgo para las empresas en etapas tempranas y con cierto nivel de expansión, sistemas de incentivos fiscales para las inversiones en capital riesgo y los inversores providenciales, así como mercados de OPI activos para las empresas respaldadas por capital riesgo; subraya que estos sistemas de incentivos fiscales deben diseñarse para que resulten económica y socialmente viables y responsables, y ser objeto de un seguimiento y una evaluación sistemáticos;

14.  Apunta la necesidad de incrementar la transparencia y reducir la fragmentación en los mercados europeos de capital riesgo; destaca la necesidad de impulsar los fondos de inversión a largo plazo europeos (FILPE), los FCRE y los fondos de emprendimiento social europeos (FESE), con el fin de desarrollar vehículos paneuropeos para el capital inversión; apoya la revisión del Reglamento (UE) 2015/760 sobre los fondos de inversión a largo plazo europeos(7), incluido el análisis de posibles ajustes específicos de las calibraciones prudenciales conexas en los marcos reguladores de la banca y los seguros, salvaguardando al mismo tiempo la estabilidad financiera, como forma de permitir a los inversores minoristas participar en la financiación a largo plazo de empresas no cotizadas, proyectos de infraestructura e inversiones sostenibles, a fin de aprovechar plenamente el potencial de los FILPE;

15.  Solicita medidas que revitalicen los mercados de titulización en Europa haciéndolos atractivos para emisores e inversores; pide a las Autoridades Europeas de Supervisión (AES) y a la Comisión que finalicen todas las normas técnicas de regulación; pide que se simplifiquen y racionalicen los requisitos normativos para la divulgación de información, los criterios de titulización simple, transparente y normalizada (STS), la verificación STS y la puesta a disposición de parámetros sencillos y sensibles al riesgo para la evaluación de las transferencias de riesgo significativas;

16.  Toma nota de las propuestas sobre titulización presentadas el 24 de julio de 2020 en el marco del paquete de recuperación de los mercados de capitales; solicita a la Comisión que evalúe cómo las modificaciones específicas del Reglamento relativo a la titulización podrían liberar capacidad de financiación, a fin de evitar una reducción de los préstamos bancarios europeos, al tiempo que se abordan los problemas de estabilidad financiera, dado que la naturaleza de algunas titulizaciones sintéticas puede crear riesgos cautelares y sistémicos específicos; opina que tales modificaciones específicas podrían incluir el reajuste del tratamiento de las titulizaciones en efectivo y las titulizaciones sintéticas dentro de balance y del tratamiento del capital reglamentario y la liquidez con el de los bonos garantizados y los préstamos, así como una revisión de los requisitos de divulgación y en materia de diligencia debida para la titulización de terceros, los bonos garantizados y la titulización simple, transparente y normalizada (STS);

17.  Pide a la Comisión que evalúe el impacto en la estabilidad financiera de las posibles medidas específicas, armonizando y simplificando la legislación relativa al mercado de valores, a fin de facilitar una recuperación rápida tras la crisis de la COVID-19, favorecer la inversión en la economía real, en particular en las pymes, y permitir la entrada de nuevos operadores y nuevos productos en los mercados, preservando la protección de los consumidores y la integridad del mercado, al tiempo que se fomenta la inversión en capital y la negociación de acciones transfronterizas; insta asimismo a la Comisión a que analice si procede revisar el Reglamento relativo a los mercados de instrumentos financieros (MiFIR), incluidas la obligación de negociación de acciones y la obligación de negociación de derivados, al objeto de eliminar las fricciones que pudieran repercutir en la capacidad de las empresas de la Unión para obtener capital actualmente, en especial a la vista de la conclusión del período de transición entre la Unión Europea y el Reino Unido;

18.  Lamenta el poco desarrollo del mercado de la Unión de microfinanciación colectiva («crowdfunding») en comparación con otras grandes economías; acoge con agrado el nuevo conjunto uniforme de criterios para las normas a escala de la Unión acordado en diciembre de 2019 (2018/0048(COD)) con miras a ayudar a resolver esta situación y fomentar la financiación transfronteriza de las empresas; pide a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) y a la Comisión que realicen un estrecho seguimiento de la aplicación de las nuevas normas con el fin de reaccionar y proponer cambios si no se observan mejoras significativas en el ámbito de la microfinanciación colectiva como alternativa de financiación para las pymes; insta a la Comisión y a los Estados miembros a informar activamente a las pymes de los instrumentos de financiación alternativos de que disponen;

19.  Pide a la Comisión que considere iniciativas para incentivar la titularidad de acciones por parte de los empleados, con el fin de promover la participación directa de los ahorradores minoristas en la financiación de la economía, y también como herramienta de mejora de la gobernanza corporativa y ayuda al desarrollo de una cultura accionarial;

20.  Pide a la Comisión que fomente la participación directa de los ahorradores minoristas en la financiación de la economía, considerando la posibilidad de rentabilidad de la inversión para los inversores minoristas;

21.  Invita a la Comisión a revisar el régimen de disciplina de liquidación conforme al Reglamento sobre liquidación y depositarios centrales de valores, a la luz de la crisis de la COVID-19 y el Brexit;

Promoción de las inversiones y los productos financieros a largo plazo y transfronterizos

22.  Pide a los Estados miembros que modifiquen sus marcos fiscales nacionales con el fin de reducir los obstáculos fiscales a las inversiones transfronterizas, incluidos los procedimientos para la devolución transfronteriza a los inversores, incluidos los inversores minoristas, de la retención en origen sobre los dividendos cuando esté expuesta a una doble imposición; considera que estos procedimientos deben hacerse efectivos de manera transparente en una plataforma digital paneuropea y permitir a los inversores determinar el rendimiento de su inversión en tiempo real; pide a los Estados miembros que colaboren estrechamente con la OCDE y su proyecto TRACE (tratado de ayuda y mejora de la conformidad), que reequilibren el sesgo entre equidad y deuda que penaliza la financiación de la innovación a través de la inversión privada, e incentiven oportunidades de inversión a largo plazo para los inversores con el fin de ayudar a los ciudadanos de la Unión a obtener mejores rendimientos de sus ahorros a largo plazo;

23.  Estima que la modificación unilateral de los marcos fiscales nacionales en la Unión para reducir los obstáculos fiscales a las inversiones transfronterizas agravará aún más la fragmentación de las normas fiscales que las empresas deben cumplir en sus actividades transfronterizas, lo que acarreará numerosos costes y ampliará las posibilidades de elusión fiscal; reitera su llamamiento a los Estados miembros para que convengan la adopción simultánea de las propuestas relativas a la base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS) teniendo en cuenta la opinión del Parlamento, que incluye ya el concepto de establecimiento permanente virtual y fórmulas de reparto; insta a los Estados miembros a que superen sus posiciones divergentes respecto a la BICCIS, dada la importancia de este instrumento para crear un marco que promueva la certidumbre, impida la doble imposición y reduzca los costes administrativos, fomentando así las inversiones transfronterizas;

24.  Destaca la importancia de aumentar la seguridad jurídica para las inversiones transfronterizas haciendo que los procedimientos nacionales de insolvencia sean más eficaces y efectivos, y de seguir avanzando en la armonización de las normas sobre gobernanza corporativa, incluida una definición común de «accionista», con el fin de facilitar el ejercicio de los derechos de los accionistas y el compromiso con las empresas destinatarias de las inversiones en toda la Unión; subraya la importancia de garantizar un marco de protección jurídica sólido para las inversiones transfronterizas en la Unión tras la terminación de los tratados bilaterales de inversión dentro de la Unión; pide a la Comisión que proponga iniciativas legislativas o formule recomendaciones a los Estados miembros, según proceda;

25.  Subraya la importancia de las inversiones de capital a largo plazo de los participantes en el mercado financiero en apoyo de unas empresas europeas independientes en la Unión, unos sectores estratégicos fuertes y resilientes, un crecimiento económico sostenible y una prosperidad que beneficie a los ciudadanos de la Unión;

26.  Resalta la necesidad de avanzar más en la aplicación y el cumplimiento de un auténtico código normativo único para los servicios financieros en el mercado interior, también en relación con las definiciones y normas comunes sobre finanzas sostenibles; pide a la Comisión y a las AES que se centren en el uso de instrumentos de convergencia en materia de supervisión y que mejoren su eficacia;

27.  Hace hincapié en la necesidad de promover las provisiones para pensiones, en particular en lo que se refiere a las pensiones del segundo y el tercer pilares, dados los enormes cambios demográficos que afronta la Unión; acoge con agrado el producto paneuropeo de pensiones individuales (PEPP); señala que el PEPP constituye un producto de pensiones complementario y voluntario que se suma a las pensiones públicas nacionales; recuerda que el tratamiento fiscal constituirá un elemento clave para la aceptación de los futuros PEPP; recuerda la Recomendación de la Comisión, de 26 de junio de 2017, en la que se invita a los Estados miembros a garantizar que los PEPP se sometan al mismo régimen fiscal que los productos de pensiones nacionales, de modo que se conviertan en una opción para los ahorradores; solicita una evaluación exhaustiva basada en datos contrastados del mercado de PEPP, también en lo que respecta a la existencia de unas condiciones de competencia equitativas, antes de la próxima revisión legislativa del Reglamento sobre un PEPP;

28.  Anima a los Estados miembros a promover los sistemas de pensiones de capitalización, como forma de incrementar los fondos de capital europeo disponibles para la inversión a largo plazo, y a mejorar la dinámica del mercado y los incentivos a la inversión; considera que las pensiones de capitalización deben revitalizarse y hacerse más atractivas; solicita que se emprendan acciones encaminadas a superar los obstáculos a la coexistencia de sistemas de pensiones públicos y privados; alienta la participación de los inversores en productos a largo plazo con políticas de incentivos fiscales diseñadas para generar un beneficio económico y un impacto social que promuevan la existencia de condiciones de competencia equitativas para todos los proveedores y tipos de producto;

29.  Anima a la Comisión a considerar la adopción de un régimen de minimis o de exención de la Unión para la distribución a inversores profesionales o semiprofesionales en el marco de la Directiva sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM);

30.  Recuerda que se requiere una revisión de la Directiva Solvencia II a finales de 2020 y que la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) proporcionará asesoramiento técnico a la Comisión, incluidas las lecciones extraídas tras el brote de COVID-19 y, en particular, sobre la cobertura de riesgos relacionados con pandemias, tras consultar a las distintas partes interesadas; pide a la Comisión y a la AESPJ que evalúen, sobre la base de una evaluación de impacto específica, los beneficios potenciales y la justificación prudencial del ajuste de los requisitos de capital para las inversiones en capital y deuda privada, en particular de las pymes, posiblemente también a través del enfoque de modelos internos, a fin de garantizar que los requisitos de capital para las aseguradoras y los fondos de pensiones no desincentiven las inversiones a largo plazo; alienta la rápida supresión gradual de las exenciones nacionales y la reducción de la «sobrerregulación» en la aplicación nacional de Solvencia II;

31.  Subraya la necesidad de crear activos sostenibles adecuados y de fomentar su disponibilidad; anima a la Comisión a presentar una iniciativa legislativa para la adopción de una norma de la Unión sobre los bonos verdes; pide que se siga debatiendo la creación de un «activo seguro europeo» basado en una evaluación que deberá realizar la Comisión de la propuesta de bonos de titulización de deuda soberana (BTDS) y la posible evolución, con objeto de reforzar el papel internacional del euro, estabilizar los mercados financieros y permitir que los bancos diversifiquen sus carteras;

32.  Hace hincapié en que unas normas prudenciales adecuadas que proporcionen capacidad de absorción de pérdidas son fundamentales de cara a preservar la estabilidad financiera, mientras que debe buscarse un equilibrio que garantice que se mejoran la capacidad de las instituciones financieras para invertir y prestar a la economía real y la competitividad global de la Unión; insta a la Comisión a prestar la debida atención, en la aplicación de las normas de Basilea III finalizadas, a las ponderaciones de riesgo aplicables a las inversiones de los bancos en capital, en especial en capital de las pymes a largo plazo;

33.  Destaca que la UMC debe ser coherente con el Pacto Verde Europeo y, en particular, con el Plan de Inversiones para una Europa Sostenible y la taxonomía de la Unión para las actividades sostenibles; considera que la UMC debe aspirar a dirigir las inversiones hacia proyectos respetuosos con el medio ambiente, contribuyendo así a la agenda sostenible de la Unión;

Arquitectura del mercado

34.  Subraya la necesidad de que las autoridades de supervisión europeas y nacionales colaboren de manera eficiente y eficaz al objeto de superar sus diferencias y trabajar juntos hacia una auténtica convergencia en materia de supervisión para promover un modelo europeo común de supervisión y cumplimiento, guiado por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM), a fin de reducir los obstáculos existentes a las operaciones financieras transfronterizas; señala la relevancia de la AEVM, la AESPJ y la Autoridad Bancaria Europea (ABE) en este proceso, al tiempo que respeta el papel de las autoridades nacionales competentes tal cual se contempla en la revisión del Sistema Europeo de Supervisión Financiera (SESF) recientemente acordado; recuerda además la necesidad de reformar la estructura de gobernanza de las AES para que sean más independientes respecto de los supervisores nacionales;

35.  Pide a la Comisión que, con vistas a unas posibles mejoras de la eficiencia, considere la posibilidad de conceder gradualmente a la AEVM competencias de supervisión directas, incluida la supervisión directa de determinados segmentos del mercado, como las entidades de contrapartida central (ECC) y los depositarios centrales de valores (DCV) de la Unión, y el punto de acceso único europeo, así como mayores competencias de intervención de productos; destaca asimismo la necesidad de nombrar un supervisor europeo único, en cooperación con las autoridades nacionales competentes que proceda, sobre la base de un código normativo común y de poderes de intervención de productos para la supervisión de las actividades relacionadas con criptoactivos con un importante elemento transfronterizo en la Unión;

36.  Manifiesta su preocupación por el reciente escándalo de la empresa alemana de tecnología financiera Wirecard; pide, a este respecto, a la Comisión y a las autoridades competentes de la Unión Europea que evalúen en qué medida este escándalo puede atribuirse a deficiencias en el marco regulador de la Unión en el ámbito de la auditoría y la supervisión, y si los supervisores nacionales y de la Unión están suficientemente equipados para supervisar con eficacia a las grandes instituciones financieras transfronterizas con modelos de negocio complejos que implican diferentes jurisdicciones de terceros países y múltiples niveles corporativos; pide que se extraigan conclusiones de este caso en relación con el futuro desarrollo del marco regulador y de supervisión de la Unión y, en particular, del plan de acción para la UMC; considera que estas conclusiones deberían abordar si la supervisión directa a escala europea en ámbitos específicos podría haber evitado este fracaso, y si estaría justificada una reforma ambiciosa de la gobernanza de las AES, con un papel más importante en la reducción de los obstáculos existentes a las operaciones financieras transfronterizas; reitera, en particular, su llamamiento a la Comisión para que estudie formas de mejorar el funcionamiento del sector contable, también mediante auditorías conjuntas;

37.  Destaca la competencia, la posibilidad de elección y el acceso a las infraestructuras de mercado a escala de la Unión como principios fundamentales para la diversidad de los mecanismos de negociación en la UMC, salvo cuando dicho acceso ponga en peligro la estabilidad financiera; observa con preocupación que, en los últimos años, una creciente proporción de flujos de negociación se ha trasladado a los centros de negociación con requisitos de transparencia limitados, y señala que tales operaciones no contribuyen de manera significativa a la determinación de los precios; toma nota de que los niveles de negociación bilateral fuera de los centros de negociación siguen siendo elevados; aboga por un verdadero cambio hacia una negociación competitiva y cotizada en los mercados europeos de renta variable y de derivados, garantizando al mismo tiempo la igualdad de condiciones entre los distintos centros de negociación;

38.  Considera que unos operadores de la sociedad civil y unos representantes de los consumidores bien financiados en el ámbito de los servicios financieros pueden ofrecer unas perspectivas de inestimable valor y una evaluación independiente a los encargados de la formulación de políticas y a los reguladores;

39.  Resalta la necesidad, a fin de atenuar el riesgo de fragmentación derivado de la aplicación de las opciones y la discreción nacionales, de avanzar hacia unas normas comunes europeas;

40.  Observa que la regulación de los servicios financieros es una tarea muy compleja, que se realiza a escala internacional, europea y nacional; anima a todos los agentes relevantes a que aborden esa complejidad con miras a garantizar la proporcionalidad de la regulación financiera y eliminar las cargas administrativas innecesarias; señala asimismo que la proporcionalidad de la regulación financiera puede conducir en ocasiones a una mayor complejidad, e insta a la Comisión y a los Estados miembros a que se comprometan a dedicar un esfuerzo significativo a la optimización y la armonización de las normas vigentes y futuras, mediante la supresión gradual de las exenciones nacionales según proceda, y la prevención de la «sobrerregulación» de la legislación de la Unión a escala nacional; destaca que las regulaciones con plazos inequívocos para la transición y la supresión gradual de los regímenes existentes pueden procurar una vía sólida y exenta de dificultades hacia la convergencia normativa;

41.  Reitera su llamamiento a la Comisión, recogido en su Resolución, de 19 de enero de 2016, sobre la evaluación y los retos de la normativa sobre servicios financieros de la UE, para que lleve a cabo, cada cinco años y en cooperación con las AES, el Mecanismo Único de Supervisión (MUS) y la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS), una evaluación cuantitativa y cualitativa exhaustiva del impacto acumulado de la normativa sobre servicios financieros de la Unión en los mercados financieros y sus participantes a escala de la Unión y de Estado miembro, al objeto de detectar deficiencias y lagunas, evaluar el rendimiento, la eficacia y la eficiencia de dicha normativa, garantizar que no impida la competencia justa y el desarrollo de la economía, e informar de todo ello al Parlamento; lamenta que tal evaluación no se haya llevado a cabo hasta la fecha;

42.  Insta a la Comisión a presentar una hoja de ruta detallada con el fin de consolidar el ecosistema financiero, extrayendo lecciones de los beneficios y las deficiencias del código normativo de la Unión vigente en materia de estabilidad y supervisión financieras, según se detectaran durante la crisis de la COVID-19; toma nota de las recientes recomendaciones de la JERS, en particular, sobre los riesgos de liquidez que se derivan de los ajustes de los márgenes de garantía, y de los riesgos de liquidez en los fondos de inversión;

Inversores minoristas

43.  Subraya que no existe un mercado sólido sin una amplia base de inversores; manifiesta su preocupación por el escaso compromiso de los inversores minoristas con los mercados financieros; señala la necesidad de ampliar la cartera de opciones de inversión adecuadas para los inversores minoristas; pide medidas para promover las inversiones minoristas a la vista de los retos demográficos a los que se enfrenta la Unión a través del incremento de la participación de los inversores minoristas en los mercados de capitales mediante unos productos de pensiones individuales más atractivos, transparentes y adecuados; solicita iniciativas específicamente dirigidas a los inversores minoristas, también para facilitar el desarrollo de herramientas de comparación a escala de la Unión independientes y basadas en la web, con el fin de ayudar a los inversores minoristas a determinar los productos más apropiados en términos de riesgo, rentabilidad de la inversión y valor para sus necesidades y preferencias particulares, y promover incentivos para los productos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) competitivos y para los asociados habitualmente a una mejor rentabilidad;

44.  Lamenta con preocupación que las disposiciones sobre protección de los consumidores y los inversores en varios actos sectoriales de la legislación de la Unión sobre servicios financieros adolezcan de escasa coherencia entre sí, lo que genera una complejidad indebida tanto para los intermediarios financieros como para los clientes minoristas; pide a la Comisión que adopte un enfoque más horizontal y armonizado con respecto a la protección de los consumidores y los inversores en la legislación de la Unión sobre servicios financieros, adaptado a la transformación ecológica y digital, a fin de garantizar unos niveles de protección eficaces y coherentes en todos los productos y proveedores financieros;

45.  Subraya la importancia de elevar la confianza de los inversores en los mercados de capitales, impulsada mediante una sólida protección de los inversores y respaldada por unos participantes en el mercado con una cultura financiera adecuada;

46.  Destaca la necesidad de unas condiciones de competencia equitativas entre las empresas de servicios financieros y las empresas de tecnología digital, siempre que no se aplique un enfoque único; hace hincapié en que todas las empresas deben poder acceder a los mercados financieros con arreglo al principio de la «mismo negocio, mismas normas»; señala que este principio es especialmente relevante en los ámbitos de la tecnología y la innovación financieras, y que el acceso recíproco a los datos financieros debe equilibrarse con la necesidad de contar con unas condiciones de competencia equitativas para todos los proveedores y tipos de producto;

47.  Incide en que el mercado único de servicios financieros minoristas se encuentra muy poco desarrollado; señala que la adquisición de productos de servicios financieros minoristas como los créditos hipotecarios o productos de seguro a escala transfronteriza es muy poco frecuente y se enfrenta a diversos obstáculos; considera que los participantes en los mercados minoristas han de poder aprovecharse plenamente y con facilidad del mercado único para acceder a los productos de los servicios financieros minoristas a escala transfronteriza, al objeto de disponer de más opciones y mejores productos; insta a la Comisión a que ponga en marcha un nuevo plan de acción sobre los servicios financieros minoristas en el que se formule una estrategia ambiciosa de supresión de los obstáculos a los servicios financieros minoristas transfronterizos y de eliminación de las tasas innecesarias y excesivas por tales servicios;

48.  Solicita la mejora de la divulgación y la comparabilidad de la información esencial y la eliminación de la información engañosa en la legislación relativa a los productos de inversión minorista empaquetados y productos de inversión basados en seguros (PRIIPs), cuestiones que deben abordarse en la próxima revisión; espera que la legislación relativa a los PRIIPs de nivel 2 sobre el documento de datos fundamentales respete el nivel 1, en particular en lo que se refiere a la facilitación de información precontractual precisa, justa, clara y no engañosa y a las metodologías relacionadas con los escenarios de rentabilidad, y garantice la comparabilidad entre diferentes productos de inversión; señala la importancia de garantizar que la información sobre rendimientos pasados se encuentre a disposición de los inversores y que los rendimientos pasados no puedan utilizarse como indicador para predecir rentabilidades futuras; lamenta los retrasos en la adopción de la legislación relativa a los PRIIPs de nivel 2, que se solapará con la primera revisión de los PRIIPs y aumentará la inseguridad jurídica y los costes para las partes interesadas; insiste en que en la próxima revisión debe establecerse la disposición de documentos de divulgación normalizados y legibles electrónicamente, permitiendo así la comparabilidad en un formato digital; insta a la Comisión Europea y a las AES que coordinen sus propuestas relativas a sus respectivos cambios de los niveles 1 y 2 de un modo que garantice un elevado grado de predictibilidad para los intermediarios y los clientes minoristas;

49.  Insta a la Comisión a que establezca una diferenciación clara entre los inversores profesionales y los minoristas en todos los niveles de la MiFID, lo que permitirá adaptar el tratamiento de los clientes en función de sus conocimientos y su experiencia en los mercados; opina que es importante permitir que los inversores minoristas sean considerados inversores profesionales con arreglo a criterios claros, previa solicitud; solicita a la Comisión que evalúe si la introducción de una categoría de inversores semiprofesionales respondería mejor a la realidad de la participación en los mercados financieros y, basándose en sus resultados, determine si la introducción de tal categoría resultaría necesaria o no; solicita, como alternativa, que la Comisión evalúe dotar de una mayor flexibilidad a la categorización de clientes, en concreto, mediante opciones de exclusión voluntaria para ciertas obligaciones, y opciones de inclusión para determinados clientes, o mediante la mejora de la eficiencia de los criterios existentes para los inversores profesionales;

50.  Ha sido advertido de que el marco de información actual en la MiFID II y el Reglamento relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones (EMIR) es muy costoso y complejo, lo que dificulta la eficacia del sistema; estima que debería considerarse su simplificación, teniendo plenamente en cuenta la experiencia actual, sopesando las posibilidades de racionalización en toda la legislación, y garantizando que esto no sirva en modo alguno para menoscabar los objetivos establecidos para la MIFID II y el EMIR, y que no socave las normas sobre integridad del mercado, transparencia, protección de los consumidores y estabilidad financiera;

51.  Pide que se modifique la legislación con el fin de asegurar el acceso a asesoramiento independiente por intermediarios financieros, sin una promoción indebida de productos financieros desarrollados «internamente» y con una evaluación detallada de los productos de otras entidades, así como garantizar una comercialización justa y transparente de los productos financieros; señala que la AEVM ha adoptado una visión matizada acerca de una posible prohibición de los incentivos, e insta a la Comisión a explorar enfoques alternativos, con efectos similares en la coordinación de intereses a lo largo de toda la cadena de distribución; conviene en que el papel de los incentivos en la intermediación y la distribución debe examinarse ulteriormente con el fin de garantizar que no surjan conflictos de intereses y que el asesoramiento financiero se preste a los inversores de manera justa, transparente y adecuada;

52.  Subraya que las compras de incógnito constituyen una herramienta de supervisión importante que pueden mejorar considerablemente la coherencia y la eficacia de la protección de los consumidores en toda la Unión Europea; invita a la AEVM a que ejerza plenamente sus nuevas competencias de coordinación mediante la promoción de los ejercicios de compra de incógnito en toda la Unión, con el fin de detectar prácticas de venta inapropiada y de garantizar que todo incumplimiento de las normas sobre protección del consumidor y de conducta empresarial que se halle sea objeto de seguimiento mediante las medidas coercitivas pertinentes;

53.  Propone a la Comisión que estudie la posibilidad de crear unas cuentas de ahorro individuales de la Unión, como complemento a los regímenes nacionales, que puedan salvar la fragmentación de los mercados nacionales operando de manera uniforme y en mercados heterogéneos, garantizando la portabilidad y la seguridad de los ahorros;

54.  Insiste en que los inversores minoristas constituirán una parte integral de la agenda de finanzas sostenibles y la agenda de desarrollo sostenible de la Unión; pide a la Comisión que vele por que la metodología de las etiquetas taxonómicas sea inequívoca y comprendida por los inversores minoristas;

Educación financiera

55.  Señala que la falta de alfabetización financiera y de acceso a una información pública generalizada sobre los mercados financieros es uno de los factores que explica la ausencia de cultura accionarial en la Unión Europea; pone de relieve que la educación financiera es necesaria para que los consumidores puedan conocer sus derechos y comprender los riesgos asociados a la participación en los mercados financieros, a fin de acelerar la implicación de los inversores minoristas en los mercados financieros sobre la base de un mayor conocimiento, confianza y concienciación sobre los riesgos; insta a la Comisión a emprender y respaldar programas en los Estados miembros encaminados a promover la alfabetización financiera y digital utilizando diversos instrumentos, como las redes digitales y sociales, para implicar a los ciudadanos y las empresas, en especial, a través de agencias públicas creadas a tal efecto; pide a los proveedores de servicios financieros que faciliten mejor la participación de los inversores minoristas en los mercados de capitales y que apoyen la superación de su sesgo en materia de ahorro mediante la creación de una cultura accionarial, de acuerdo con su perfil de riesgo;

56.  Pone de relieve que la educación financiera es una herramienta a medio plazo cuyos efectos son limitados debido a inevitables sesgos cognitivos, la velocidad de transformación de los mercados financieros y su propia complejidad; destaca que la educación financiera no puede sustituir al acceso a un asesoramiento financiero profesional fiable e imparcial; señala que los programas de titularidad de acciones por parte de los empleados figuran entre las vías más eficaces para elevar la concienciación y la alfabetización financieras de los ciudadanos adultos de la Unión;

57.  Cree que el hecho de que la ciudadanía esté más informada y mejor formada en asuntos financieros redunda en beneficio de los sistemas democráticos, contribuye a la estabilidad de los sistemas financieros y promueve la transparencia y las obligaciones de información de las instituciones financieras; pide a la Comisión que proponga una revisión de la Recomendación del Consejo sobre «competencias clave para el aprendizaje permanente», y que sitúe la alfabetización financiera como una competencia clave independiente; alienta asimismo a las instituciones financieras a desarrollar y ejecutar programas encaminados a ampliar la cultura y la capacidad en materia financiera, generando oportunidades para la inclusión financiera de todos los ciudadanos;

58.  Insta a los Estados miembros, así como, en su caso, a las autoridades regionales, locales u otras autoridades públicas competentes, a que consideren la posibilidad de incluir o ampliar los conocimientos financieros en todos los planes de estudios, desde la escuela hasta la universidad, con programas evolutivos adaptados a las necesidades de los alumnos y estudiantes y planes de estudio destinados a desarrollar la autonomía en materia financiera; propone que tales programas incluyan, al menos, conceptos financieros básicos como el interés compuesto, los rendimientos y las anualidades, y la distinción entre obligaciones y acciones; sugiere que se incluya la alfabetización financiera en el estudio del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA);

Digitalización y datos

59.  Estima que la digitalización de los servicios financieros puede ser un catalizador para la movilización de capital y podría ayudar a superar la fragmentación de los mercados financieros en la Unión y, al mismo tiempo, reducir los obstáculos e incrementar la eficiencia de la supervisión; subraya que la digitalización no debe dar lugar ni a un arbitraje regulador ni a una menor protección de los consumidores, una seguridad reducida, o riesgos para la estabilidad financiera; hace hincapié en que un marco de la Unión Europea con unas elevadas normas de ciberseguridad, incluida la protección de la privacidad y la protección de datos, podría contribuir a la UMC; observa que la financiación digital posee un fuerte elemento de flujos de capital que atrae las inversiones transfronterizas; señala que tal marco de la Unión debe adecuarse fundamentalmente a la era digital y procurar la neutralidad desde el punto de vista tecnológico;

60.  Insta a la Comisión que trabaje en favor de la ejecución del Plan de acción sobre finanzas digitales, al objeto de lograr un mejor acceso a los servicios financieros ofreciendo una gama de opciones más amplia y elevando la eficiencia de las operaciones;

61.  Insta a la Comisión a que utilice las próximas revisiones de la normativa sobre servicios financieros para promover la implicación de los inversores y los accionistas mediante herramientas digitales;

62.  Incide en la necesidad de que los mercados europeos sean capaces de competir a escala mundial; pide a la Comisión que cree un entorno favorable para los productos financieros innovadores y competitivos de la Unión, con un alcance mundial para atraer capital e inversión extranjeros y promover la competitividad de la Unión en los mercados mundiales, manteniendo al mismo tiempo unos niveles elevados de regulación prudencial y estabilidad financiera; reitera la necesidad de un representación más optimizada y codificada de la Unión en las instituciones y los organismos multilaterales, en consonancia con la Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de abril de 2016, sobre el papel de la UE en el marco de las instituciones y los organismos financieros, monetarios y reguladores internacionales(8);

63.  Destaca que los criptoactivos se están convirtiendo en un canal de financiación no tradicional para las pymes, en particular las ofertas iniciales de monedas que tienen el potencial de financiar empresas emergentes y en expansión innovadoras; insiste, en este sentido, en que se requieren directrices inequívocas y coherentes sobre la aplicabilidad de los procesos reguladores y prudenciales existentes a los criptoactivos que reúnan las condiciones para su calificación como instrumentos financieros en lo que atañe a la legislación de la Unión, con el fin de proporcionar seguridad jurídica y evitar unas condiciones de competencia no equitativas, foros de conveniencia y un arbitraje regulador en el mercado interior;

64.  Observa que se han desarrollado algunas estructuras oligopolísticas en el ámbito de los servicios financieros y que algunas grandes empresas tecnológicas se han convertido en agentes importantes en el mercado de servicios financieros; pide a la Comisión que vigile e investigue si las ventajas competitivas inherentes a estos operadores pueden distorsionar la competencia en el mercado y erosionar los intereses de los consumidores y la innovación; subraya que no deben crearse desincentivos a la facilitación de datos de mercado en primer lugar, y que debe llevarse a cabo una revisión exhaustiva del coste y la disponibilidad de los datos de mercado para todos los participantes en el mercado;

65.  Resalta que los espacios controlados de pruebas («sandboxes») pueden constituir una herramienta adecuada para mejorar la innovación y la competitividad del sector de los servicios financieros; hace hincapié en que todo espacio controlado de pruebas, también uno paneuropeo, debe aspirar a conseguir un equilibrio entre el objetivo de fomento de la innovación y la estabilidad financiera y la protección de inversores y consumidores, teniendo en cuenta el tamaño, la relevancia sistémica y la actividad transfronteriza de las empresas en cuestión; pide a la Comisión que se sirva de la experiencia adquirida con el Foro Europeo de Impulsores de la Innovación (EFIF) con el fin de evaluar si un marco común de la Unión sobre un espacio controlado de pruebas paneuropeo para los servicios financieros proporcionaría beneficios adicionales en favor de la innovación financiera;

66.  Solicita que se emprendan esfuerzos centrados en la preservación de unas condiciones de competencia equitativas basadas en el acceso a los datos transfronterizos, así como un elevado nivel de privacidad y protección de los datos de los consumidores, convirtiendo a la Unión en un marco con elevados estándares de ciberseguridad que podrían contribuir a la UMC;

Rol de la Unión Europea en los mercados mundiales

67.  Señala que Europa compite por el capital en un mercado mundial y que, como consecuencia, unos mercados de capitales europeos más profundos, integrados, bien regulados, estables, eficientes y resilientes son fundamentales para proteger la soberanía económica de Europa, promover el uso del euro en terceros países y captar inversores extranjeros; cree que la retirada del Reino Unido de la Unión Europea hace que este objetivo revista aún mayor importancia y que deba perseguirse con arreglo a criterios transparentes basados en las normas, y no caso por caso;

68.  Reitera que la legislación de la Unión prevé la posibilidad de considerar equivalentes las normas de terceros países sobre la base de un análisis técnico, proporcional y basado en el riesgo, y que tales decisiones deben adoptarse mediante un acto delegado; recuerda que la Unión puede revocar unilateralmente cualquier decisión de equivalencia, y que toda divergencia respecto a las normas reguladoras de la Unión debe ser objeto de un estrecho seguimiento; insta a la Comisión, en cooperación con las AES y, cuando proceda, con las autoridades nacionales competentes, a establecer un sistema dinámico de seguimiento de los regímenes de equivalencia en el caso de las divergencias de regulación y supervisión con terceros países que pudieran conllevar posibles riesgos para la Unión en términos de estabilidad financiera, transparencia e integridad de los mercados, protección de inversores y consumidores y condiciones equitativas de competencia; resalta que la Comisión debe contar con procedimientos de urgencia para revocar decisiones de equivalencia en caso de que sea necesario actuar con rapidez, teniendo en cuenta las posibles consecuencias de una revocación urgente de una decisión de equivalencia; subraya la necesidad de garantizar que los supervisores de la Unión cuenten con competencias de supervisión directa en caso de que las actividades de ciertas empresas de terceros países reconocidas en el marco de equivalencia de la Unión puedan repercutir en la estabilidad financiera, el ordenamiento de los mercados o la protección de los inversores;

69.  Recuerda la necesidad de garantizar la interoperabilidad del marco regulador de la Unión con los principios convenidos internacionalmente del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y el Consejo de Estabilidad Financiera;

70.  Pide que se tomen medidas para reforzar el papel internacional y la utilización del euro, completando la unión económica y monetaria, la unión de los mercados de capitales y la unión bancaria, apoyando el desarrollo de valores de referencia en euros para los mercados de materias primas y reforzando el papel del euro como moneda de referencia;

71.  Considera que deben garantizarse unas condiciones de competencia equitativas en las relaciones futuras con el Reino Unido tras el período de transición, promoviendo así la estabilidad de los mercados financieros de la Unión Europea;

72.  Alienta al sector financiero de la Unión a prepararse para los numerosos retos técnicos de trasladar las negociaciones de Londres a la Unión; recuerda que el BCE, la Junta Única de Resolución, las Autoridades Europeas de Supervisión y la Comisión llegaron a la conclusión de que los participantes en el mercado necesitarían al menos 18 meses para reducir significativamente su exposición a las ECC del Reino Unido; toma nota, en este contexto, de la decisión de la Comisión de reconocer la equivalencia del Reino Unido durante 18 meses en caso de Brexit sin acuerdo; recuerda que la Comisión puede revocar unilateralmente las decisiones de equivalencia en cualquier momento, por ejemplo, si los marcos de los terceros países divergen y las condiciones de equivalencia dejan de cumplirse;

o
o   o

73.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a las AES y al Banco Central Europeo.

(1) DO C 265 de 11.8.2017, p. 76.
(2) DO C 11 de 12.1.2018, p. 24.
(3) Textos Aprobados, P9_TA(2020)0165.
(4) Comisión Europea, Informe anual sobre las pymes europeas 2018/2019.
(5) Véase, por ejemplo: https://2degrees-investing.org/wp-content/uploads/2020/03/A-Large-Majority-of-Retail-Clients-Want-to-Invest-Sustainably.pdf
(6) Reglamento (UE) n.º 345/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, sobre los fondos de capital riesgo europeos (DO L 115 de 25.4.2013, p. 1).
(7) DO L 123 de 19.5.2015, p. 98.
(8) DO C 58 de 15.2.2018, p. 76.

Última actualización: 13 de enero de 2021Aviso jurídico - Política de privacidad