El Parlamento Europeo,

–  Vistos el artículo 8 y el título V, en particular los artículos 21, 22, 36 y 37, del Tratado de la Unión Europea (TUE), así como la quinta parte del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Visto el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Moldavia, por otra (Acuerdo de Asociación), que incluye una zona de libre comercio de alcance amplio y profundo (ZLCAP) y que entró plenamente en vigor el 1 de julio de 2016,

–  Visto el establecimiento de un régimen de exención de visados para los ciudadanos de la República de Moldavia en marzo de 2014, como resultado de las enmiendas al Reglamento (CE) n.° 539/2001 del Consejo(1) realizadas por el Parlamento Europeo y el Consejo,

–  Vista la firma, en noviembre de 2017, de un Memorando de Acuerdo, de un acuerdo de préstamo y de un acuerdo de subvención sobre asistencia financiera por valor de 100 000 000 EUR para el período 2017-2018,

–  Visto el plan de acción nacional moldavo relativo a la aplicación del Acuerdo de Asociación entre la República de Moldavia y la Unión Europea (Plan de Acción Nacional relativo a la Aplicación del Acuerdo de Asociación) en 2017-2019,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre la República de Moldavia, en particular la Resolución previa, de 14 de noviembre de 2018, sobre la aplicación del Acuerdo de Asociación UE-Moldavia(2), su Resolución, de 5 de julio de 2018, sobre la crisis política de Moldavia a raíz de la anulación de las elecciones a la alcaldía de Chisináu(3), su Resolución, de 15 de noviembre de 2017, sobre la Asociación Oriental en la fase previa a la cumbre de noviembre de 2017(4), su Resolución, de 4 de julio de 2017, relativa a la concesión de una ayuda macrofinanciera a la República de Moldavia(5) y su Resolución, de 21 de enero de 2016, sobre Acuerdos de Asociación / Zonas de libre comercio de alcance amplio y profundo con Georgia, Moldavia y Ucrania(6).

–  Vista la Decisión de la Unión Europea, de julio de 2018, de congelar el desembolso del primer tramo de la ayuda macrofinanciera, tras el fallo del Tribunal Supremo sobre la elección de alcalde de Chisináu, y su decisión, de noviembre de 2018, de recortar su ayuda financiera, a raíz de las preocupaciones sobre el Estado de Derecho y el retroceso democrático del país,

–  Vista la posterior decisión de la UE, de julio de 2019, de reanudar los desembolsos de apoyo presupuestario a la luz del compromiso de la República de Moldavia de reformar el sistema de justicia,

–  Vista la decisión de la UE, de octubre de 2019, de desembolsar un primer tramo de ayuda macrofinanciera por valor de 30 000 000 EUR, como resultado de la aplicación de reformas clave para mejorar las normas democráticas y proteger el Estado de Derecho,

–  Visto el documento de trabajo conjunto de los servicios de la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) sobre el Acuerdo de Asociación con la República de Moldavia, de 11 de septiembre de 2019,

–  Vistos los resultados de la quinta reunión del Consejo de Asociación UE-República de Moldavia, de 30 de septiembre de 2019,

–  Vistas las declaraciones conjuntas de las cumbres de la Asociación Oriental, siendo la más reciente la celebrada el 24 de noviembre de 2017 en Bruselas,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores sobre la República de Moldavia de 26 de febrero de 2018,

–  Vista la Resolución 2308 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de 3 de octubre de 2019, sobre el funcionamiento de las instituciones democráticas en la República de Moldavia,

–  Visto el «Índice de Percepción de la Corrupción» de 2019 de Transparency International que otorga a la República de Moldavia el puesto 120 de un total de 180 países y territorios evaluados (siendo el primer puesto el mejor), mientras que en 2018 le otorgó el puesto 117,

–  Visto el índice de democracia de 2019 de Economist Intelligence Unit, que califica a la República de Moldavia de «régimen híbrido»,

–  Vistos el informe de 2020 de Freedom House titulado «La libertad en el mundo», que califica a la República de Moldavia de «parcialmente libre», y su informe titulado «Naciones en tránsito» de 2020, que califica a la República de Moldavia de «régimen en transición o híbrido»,

–  Vistos el plan de acción nacional moldavo relativo a la aplicación del Acuerdo de Asociación UE-Moldavia, el plan de acción nacional sobre derechos humanos 2018-2022 y la estrategia nacional para prevenir y luchar contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica 2018-2023, que menciona explícitamente la ratificación del Convenio de Estambul,

–  Vistos los análisis y las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en particular el análisis, de 8 de marzo de 2018, titulado «Young Moldova: Problems, Values and Aspirations» (La juventud en Moldavia: problemas, valores y aspiraciones) y el de 20 de abril de 2018, titulado «Youth Well-being Policy Review of Moldova» (Revisión de la política de bienestar juvenil de Moldavia),

–  Vistos los dictámenes y recomendaciones de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, en particular los del 15 de marzo de 2018 sobre la reforma electoral en Moldavia, del 24 de junio de 2019 sobre la situación constitucional, con especial referencia a la posibilidad de disolver el Parlamento, y del 14 de octubre de 2019 sobre el proyecto de ley de reforma del Tribunal Supremo de Justicia y de la Fiscalía,

–  Vista la Comunicación conjunta de la Comisión, de 18 de marzo de 2020, titulada «Política de la Asociación Oriental más allá de 2020 - Reforzar la resiliencia: una Asociación Oriental eficaz para todos»,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 11 de mayo de 2020, sobre la política de la Asociación Oriental más allá de 2020,

–  Vista la Comunicación conjunta de la Comisión y del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 8 de abril de 2020, sobre la respuesta de la UE a escala mundial a la COVID-19, y la Decisión (UE) 2020/701 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 2020, relativa a la concesión de ayuda macrofinanciera a los socios de la ampliación y de la vecindad en el contexto de la pandemia de COVID-19(7),

–  Vistos el informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulado «Tercer informe en el marco del mecanismo de suspensión de visados» y el documento de trabajo adjunto, publicados el 10 de julio de 2020,

–  Vista la Recomendación del Parlamento Europeo al Consejo, a la Comisión y al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre la Asociación Oriental en vísperas de la cumbre de junio de 2020,

—  Vistas las recomendaciones y las actividades de la Comisión Parlamentaria de Asociación UE-Moldavia, de la Asamblea Parlamentaria Euronest, del Foro de la Sociedad Civil de la Asociación Oriental, de la Plataforma de la Sociedad Civil UE-Moldavia y de otros representantes de la sociedad civil de la República de Moldavia,

–  Vistas la declaración y las recomendaciones aprobadas en la 7.ª reunión de la Comisión Parlamentaria de Asociación UE-Moldavia, celebrada en Estrasburgo los días 18 y 19 de diciembre de 2019,

–  Vistas las conclusiones de la misión de observación electoral del Parlamento Europeo en las elecciones parlamentarias de la República de Moldavia, de 24 de febrero de 2019, integrada en la misión internacional de observación electoral dirigida por la OSCE/OIDDH,

–  Visto el paquete de ayuda económica de la Comisión, aprobado el 29 de marzo de 2020 para ayudar a la República de Moldavia, entre otros países, en su lucha contra la pandemia de COVID-19, que incluía la reorientación de los instrumentos existentes para mitigar el impacto socioeconómico de la crisis,

–  Vistos el artículo 54 de su Reglamento interno, así como el artículo 1, apartado 1, letra e), y el anexo 3 de la Decisión de la Conferencia de Presidentes, de 12 de diciembre de 2002, sobre el procedimiento de autorización para la elaboración de informes de propia iniciativa,

–  Vista la opinión de la Comisión de Comercio Internacional,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A9-0166/2020),

A.  Considerando que, mediante del Acuerdo de Asociación y el Acuerdo de libre comercio de alcance amplio y profundo, la Unión y la República de Moldavia se comprometieron a promover la asociación política y a lograr la integración económica, y la República de Moldavia se comprometió a incorporar el acervo de la UE en su propia legislación y prácticas en un gran número de ámbitos; que, para apoyar estos esfuerzos, la Unión se comprometió a ofrecer una considerable ayuda financiera y presupuestaria a la República de Moldavia, con la condición de que se respeten los valores y principios básicos europeos, como el Estado de Derecho y los derechos humanos y democráticos, y se garantice la lucha contra la corrupción, la delincuencia organizada, el blanqueo de capitales, las estructuras oligárquicas y el nepotismo; que, en casos de grave retroceso, puede suspenderse la cooperación;

B.  Considerando que, el 13 de septiembre de 2017, el Parlamento y el Consejo adoptaron una decisión para prestar ayuda macrofinanciera a la República de Moldavia por valor de 100 000 000 EUR en el contexto del programa acordado con el FMI para apoyar las reformas económicas y financieras del país;

C.  Considerando que la Unión ha expresado reiteradamente su preocupación por el Estado de Derecho, la falta de progresos en el enjuiciamiento de los responsables del fraude bancario descubierto en 2014 y las continuas violaciones de los derechos humanos;

D.  Considerando que el «Índice de Percepción de la Corrupción» de 2018 de Transparency International y los informes de 2020 de Freedom House muestran un ligero progreso en la República de Moldavia en el período más reciente, mientras que la tendencia general en estos índices, así como en el índice de democracia, muestra una tendencia de deterioro a largo plazo del estado de la democracia, la corrupción, los derechos políticos y las libertades civiles en la República de Moldavia;

E.  Considerando que, a pesar de los cambios en el Gobierno, las instituciones estatales de la República de Moldavia siguen siendo débiles y el país sigue afrontando el problema de la captura del Estado, dado que la concentración de poder y control sobre todos los sectores y las instituciones importantes en el nivel más alto de gobierno no ha disminuido significativamente;

F.  Considerando que, debido a graves violaciones del Estado de Derecho y del proceso democrático, la Unión suspendió en 2018 el desembolso de los dos últimos tramos del programa de apoyo presupuestario para las reformas del sector de la justicia;

G.  Considerando que, el 11 de junio de 2019, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en el asunto Ozdil y otros/República de Moldavia) estableció que la República de Moldavia había violado los derechos de libertad, seguridad, privacidad y vida familiar cuando, en septiembre de 2018, sus servicios de inteligencia y seguridad detuvieron y devolvieron por la fuerza a Turquía a cinco ciudadanos turcos que habían solicitado asilo; que esta extradición encubierta no es más que un ejemplo de un patrón sistemático de desaparición forzosa e involuntaria, detención ilegal y deportación a Turquía de nacionales turcos en docenas de países de todo el mundo;

H.  Considerando que, en junio de 2019, tras la formación de un gobierno comprometido a llevar a cabo reformas ambiciosas con un programa centrado en la reforma del poder judicial, la Comisión desembolsó el primer tramo de la ayuda macrofinanciera y reanudó los desembolsos para los programas de apoyo presupuestario sectorial, declarando al mismo tiempo que seguiría aplicando una condicionalidad estricta; que, el 10 de julio de 2020, la Comisión aprobó el desembolso de un segundo y último tramo de 30 000 000 EUR de su programa de ayuda macrofinanciera;

I.  Considerando, sin embargo, que la República de Moldavia no ha podido acceder al resto de los fondos disponibles en el marco de este programa, que venció en julio de 2020; que esta ayuda sigue estando condicionada a la aplicación de reformas previamente acordadas, en particular aquellas encaminadas a reforzar el Estado de Derecho y las normas democráticas y a ofrecer resultados tangibles a los ciudadanos;

J.  Considerando que, en noviembre de 2019, el Parlamento moldavo aprobó un voto de censura en el Gobierno constituido en junio de 2019, y que se formaron un gobierno minoritario y, posteriormente, un nuevo gobierno de coalición; que los representantes de las instituciones de la Unión han expresado su preocupación por la forma en que se ha sustituido al antiguo gobierno y por el proceso de reforma emprendido por la República de Moldavia a través del Acuerdo de Asociación y el Acuerdo de libre comercio de alcance amplio y profundo;

K.  Considerando que la mayoría del nuevo Gobierno de coalición en el Parlamento de la República de Moldavia ha ido disminuyendo constantemente a medida que los diputados abandonaban la alianza que se encuentra en el poder; que la República de Moldavia celebrará elecciones presidenciales en otoño y actualmente está atravesando un período de fuerte inestabilidad política; que el presidente, Igor Dodon, ha subrayado que debe disolverse el Parlamento y deben celebrarse elecciones anticipadas tan pronto como sea posible; que, el 7 de julio de 2020, el Tribunal Constitucional de la República de Moldavia falló que las elecciones anticipadas solo pueden celebrarse después de las elecciones presidenciales;

L.  Considerando que, el 17 de abril de 2020, los Gobiernos ruso y moldavo firmaron un acuerdo por el que la Federación de Rusia concedería un préstamo de 200 000 000 EUR a la República de Moldavia con un tipo de interés preferencial del 2 %, que fue negociado por los presidentes de ambos países; que este acuerdo fue ratificado el 23 de abril y que, el mismo día, tras un recurso interpuesto por miembros de la oposición parlamentaria, el Tribunal Constitucional (TC) de la República de Moldavia suspendió la ley de ratificación del acuerdo de préstamo hasta que se completase el examen de su compatibilidad con la Constitución; que, el 6 de mayo, el presidente del TC informó de presiones por parte de las autoridades moldavas sobre el TC, así como de intentos de desacreditar a sus jueces; que, el 7 de mayo de 2020, el TC declaró el acuerdo de préstamo inconstitucional; que la negociación de un nuevo acuerdo de préstamo con la Federación de Rusia se encuentra actualmente en curso;

M.  Considerando que la pandemia de COVID-19 ha demostrado la creciente necesidad de una coordinación entre la Unión y los países vecinos para hacer frente a amenazas comunes; que la Unión ha respondido a esta necesidad, entre otros instrumentos, mediante el suministro de un paquete de ayuda financiera a sus vecinos;

N.  Considerando que, durante la crisis de la COVID-19, la solidaridad con los países de la Asociación Oriental reviste una importancia fundamental y que la Unión ha prestado un apoyo considerable para abordar el impacto del brote en la región; que, en este contexto, la República de Moldavia se beneficiará de 87 000 000 EUR en financiación bilateral redirigida;

O.  Considerando que la Unión también está poniendo a disposición de la República de Moldavia préstamos adicionales de ayuda macrofinanciera por valor de 100 000 000 EUR como parte de la decisión de proporcionar ayuda macrofinanciera a diez países socios de la vecindad, a fin de ayudarlos a reducir las repercusiones económicas de la pandemia del coronavirus; que el primer tramo del paquete excepcional de ayuda macrofinanciera se desembolsará lo antes posible, dado que el memorando de acuerdo con la República de Moldavia ha sido ratificado; que, a fin de recibir el segundo tramo, que deberá desembolsarse en un plazo de un año a partir de la firma del memorando de acuerdo, el país deberá respetar determinadas condiciones; que una importante condición previa para la concesión de esta ayuda macrofinanciera es que el país respete unos mecanismos democráticos eficaces, incluidos un sistema parlamentario multipartidista, el Estado de Derecho y garantías de respeto de los derechos humanos; que cabe acoger con satisfacción la celebración del memorando de acuerdo, y que debe garantizarse la aplicación de los compromisos asumidos;

P.  Considerando que la República de Moldavia ha asumido compromisos internacionales y nacionales para promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres; que el país ha adoptado medidas para promover la representación política de las mujeres, también a través de la adopción de una cuota de género obligatoria del 40 % para las listas electorales de los partidos políticos; que se necesitan esfuerzos adicionales a fin de impulsar los objetivos de la estrategia nacional relativa a la igualdad de género 2017-2021, incluidos una financiación adecuada y mecanismos de aplicación más sólidos;

Q.  Considerando que, pese a todos los progresos económicos, el impacto social de la ayuda financiera y de los esfuerzos de reforma ha sido más bien escaso; que la República de Moldavia sigue siendo uno de los países más pobres de Europa, y que se enfrenta a una situación social adversa, con pueblos desiertos y pobreza extrema; que en 2018 el 38,5 % de los trabajadores de la República de Moldavia tenían un empleo informal, sin acceso a ninguna forma de protección social;

R.  Considerando que, desde 1989, la población de la República de Moldavia se ha reducido en casi un tercio; que, en términos demográficos, estas son las peores cifras de toda Europa; que los moldavos se marchan en busca de un salario más alto, una mejor educación y unos mejores servicios; que este fenómeno tiene consecuencias políticas, económicas y sociales profundas y a largo plazo; que la República de Moldavia se enfrenta a una escasez de mano de obra y a una falta de profesionales, como enfermeros y médicos; que los ancianos, gran parte de los cuales dependen de remesas, son la población más vulnerable y expuesta a la pobreza de la República de Moldavia;

S.  Considerando que la solución de los problemas de la República de Moldavia no puede llegar del extranjero y que existe la necesidad de reforzar la implicación del pueblo moldavo para hacer frente a los desafíos del país; que sigue siendo importante abordar los principales retos, como la lucha contra la corrupción y las estructuras oligárquicas, la adhesión a normas democráticas y la necesidad de encontrar soluciones para problemas sociales pluridimensionales, de garantizar el pluralismo de los medios de comunicación y de hacer frente a la pobreza y la emigración;

Valores comunes y principios generales

1.  Recuerda que los valores comunes en los que se fundamenta la Unión —a saber, la democracia, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y el Estado de Derecho— constituyen asimismo el núcleo de la asociación política y la integración económica entre la Unión y la República de Moldavia; reafirma el compromiso de la Unión de apoyar la senda europea de la República de Moldavia a través de la asociación política, la integración económica y las respectivas reformas; observa que el Acuerdo de Asociación y el Acuerdo de libre comercio de alcance amplio y profundo continúan siendo de suma importancia para el desarrollo de la República de Moldavia, especialmente en los excepcionales tiempos actuales, y alaba el compromiso mantenido con este proceso por la sociedad y las autoridades moldavas; recuerda, sin embargo, que deben lograrse nuevos avances en su aplicación, para lograr su potencial y beneficios plenos, en particular centrándose en la independencia de las instituciones estatales, su resiliencia frente a la influencia de oligarcas, la lucha contra la corrupción, la justicia, el refuerzo del Estado de Derecho y la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos; subraya que el Acuerdo de Asociación y el Acuerdo de libre comercio de alcance amplio y profundo han sido el principal vector para promover y apoyar el proceso de reformas estructurales, la democracia y el Estado de Derecho;

2.  Acoge con satisfacción todas las intenciones favorables a una integración política, humana y económica más estrecha con la Unión de conformidad con el principio de diferenciación y sobre la base del rendimiento, los resultados y las aspiraciones de las autoridades y la sociedad de la República de Moldavia;

3.  Toma nota de las conclusiones de la consulta con arreglo al artículo IV de marzo de 2020 del FMI y el sexto y último examen de la Junta de Gobierno del FMI sobre los resultados económicos de la República de Moldavia en el marco de los acuerdos del Servicio de Crédito Ampliado y del Servicio Ampliado del Fondo, con especial atención a la rehabilitación del sistema bancario moldavo y el fortalecimiento de la gobernanza del sector financiero;

4.  Acoge favorablemente el desembolso del segundo tramo de la ayuda macrofinanciera de la Unión; reconoce los esfuerzos de reforma realizados por la República de Moldavia en ámbitos como la lucha contra la corrupción, el refuerzo del marco de lucha contra el blanqueo de capitales y la adopción de una nueva ley sobre las actividades de las ONG, y observa que la República de Moldavia se ha unido al programa de revisión por pares de lucha contra la corrupción de la OCDE (Plan de Acción de Estambul);

5.  Opina que el desembolso del segundo tramo del programa de ayuda macrofinanciera de la Unión para 2017-2020 debe ir acompañado de esfuerzos de las autoridades moldavas para cumplir las condiciones pertinentes en los ámbitos relacionados con el refuerzo del marco de lucha contra el blanqueo de capitales, respecto de lo cual debe producir resultados tangibles y duraderos, así como el refuerzo de la independencia del banco nacional;

6.  Pide al Gobierno moldavo y a la Unión que cooperen para subsanar las repercusiones negativas de la crisis de la COVID-19 para el desarrollo social y económico;

7.  Acoge favorablemente el resultado de las negociaciones sobre el memorando de acuerdo relativo al nuevo programa excepcional de ayuda macrofinanciera de la Unión destinado a contrarrestar el impacto económico negativo de la pandemia de COVID-19;

Importancia de la aplicación del Acuerdo de Asociación en los actuales cambios políticos y en la víspera de las elecciones presidenciales del 1 de noviembre

8.  Observa que el programa de actividad de noviembre de 2019 de la República de Moldavia es menos ambicioso que la agenda global 2030 del Gobierno anterior y manifiesta su preocupación por que la inestabilidad política y los frecuentes cambios de gobierno estén afectando a la aplicación de las disposiciones del Acuerdo de Asociación y el Acuerdo de libre comercio de alcance amplio y profundo y limitando el ritmo de las reformas; apoya la correlación entre el próximo Programa de Asociación y un nuevo Plan de Acción Nacional relativo a la Aplicación del Acuerdo de Asociación y hace hincapié en la importancia de una rápida adopción del nuevo programa como instrumento para acelerar la aplicación del Acuerdo de Asociación y actualizar sus prioridades con una participación parlamentaria activa y aportaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas de la Unión y la República de Moldavia; insiste en que la continuación del apoyo político y financiero de la Unión sigue estando condicionada a la realización de reformas tangibles, en particular por lo que respecta al Estado de Derecho y al poder judicial; reitera, en este sentido, la importancia de aplicar todas las reformas prioritarias acordadas en el Programa de Asociación y de cumplir las condiciones acordadas para el desembolso de los tramos segundo y tercero de ayuda macrofinanciera;

9.  Acoge con satisfacción la contribución constructiva de la República de Moldavia a la cooperación en el marco de la Asociación Oriental y alienta un intercambio político permanente e intensificado entre los países que forman parte de los acuerdos de asociación y acuerdos de libre comercio de alcance amplio y profundo y la Comisión sobre las reformas relacionadas con la asociación; pide a la Comisión que haga un uso adecuado de los mecanismos existentes para seguir controlando la aplicación concreta de las reformas y desarrolle un mecanismo de condicionalidad, con unos parámetros de referencia claros y con la participación significativa de la sociedad civil, especialmente a nivel local; considera esencial, en este contexto, intensificar el apoyo financiero a las organizaciones de la sociedad civil, que desempeñan un papel crítico en el fomento de la participación en debates públicos y en la supervisión tanto de la acción de las autoridades moldavas como de la eficacia de las políticas de la Unión para el país; sugiere, además, que se aproveche la experiencia del Grupo de Apoyo a Ucrania para crear una estructura similar para la República de Moldavia, con el fin de aumentar la eficacia y la visibilidad del apoyo de la Unión;

10.  Subraya que la situación en la República de Moldavia debe supervisarse de cerca a largo plazo, también durante el período preelectoral, de conformidad con las prácticas y normas ordinarias de la OSCE/OIDDH, en particular en el actual período de crisis, dado que las próximas elecciones presidenciales supondrán una prueba para la democracia y el Estado de Derecho en el país;

11.  Pide a las autoridades moldavas, a este respecto, que garanticen que las elecciones presidenciales previstas para el 1 de noviembre de 2020 sean libres y justas, e insta a las autoridades moldavas a que sigan mejorando la legislación electoral para garantizar la efectividad del derecho de voto, la equidad de las campañas electorales, la transparencia del proceso legislativo y la supervisión democrática, a fin de permitir un control público adecuado de la actividad gubernamental y parlamentaria; exige a las autoridades moldavas que se abstengan de modificar normas y reglamentos en busca de rédito político, que siempre desembocará en desorden e inestabilidad políticos que afectarán al compromiso de realizar reformas estructurales; subraya, con vistas a futuras elecciones, la importancia de la legitimidad democrática del Gobierno, de la transparencia en la formación de coaliciones, del respeto de la voluntad de los votantes y de que la mayoría gubernamental refleje los votos de las personas;

12.  Pide a las autoridades moldavas que refuercen los mecanismos democráticos, incluido un sistema parlamentario multipartidista, y que garanticen unos medios de comunicación libres, independientes y pluralistas, así como un acceso justo a la financiación y a los medios de comunicación; exige a las autoridades moldavas, en este contexto, que refuercen la resiliencia frente a la desinformación y la manipulación de la información por agentes nacionales y extranjeros, tanto en línea como fuera de línea, y que apliquen medidas para hacer frente a la necesidad aún más urgente de luchar contra la compra de votos, la intimidación de los observadores electorales, el soborno electoral y otras prácticas corruptas, así como el uso indebido de recursos estatales, ya que estas prácticas socavan y destruyen todos los esfuerzos democráticos realizados por los actores políticos de la República de Moldavia;

13.  Hace hincapié en la necesidad de una rivalidad política fuerte y justa entre los candidatos presidenciales, que no sería posible sin un sistema saludable y transparente de financiación de partidos y de financiación de la campaña presidencial;

14.  Insta al Gobierno moldavo a que ponga en marcha todas las medidas necesarias para garantizar que los ciudadanos de la República de Moldavia que vivan en la región de Transnistria, así como fuera de la República de Moldavia, puedan participar en elecciones de manera integradora, transparente y justa, libre de toda injerencia extranjera;

Reformas y marco institucional

15.  Acoge favorablemente las reformas que han conducido a la introducción de un régimen de exención de visados con la Unión; observa que los ciudadanos de la República de Moldavia han hecho un uso extensivo del programa y que este es un muy buen ejemplo de cómo la aplicación del Acuerdo de Asociación y el Acuerdo de libre comercio de alcance amplio y profundo afecta a las vidas de los ciudadanos al fomentar los contactos interpersonales con otros europeos; pide a la Unión y a la República de Moldavia que sigan mejorando los intercambios y los contactos interpersonales a fin de construir imágenes mutuas positivas entre las poblaciones;

16.  Acoge favorablemente que, desde 2014, más de 2,3 millones de ciudadanos moldavos se hayan beneficiado del régimen de exención de visados, y observa que, según el último informe de la Comisión, la República de Moldavia sigue satisfaciendo los requisitos de liberalización de visados y que la circulación sin visado sigue aportando beneficios económicos, sociales y culturales positivos tanto a la Unión como a la República de Moldavia; anima a ambas partes a que defiendan la libre circulación de personas también durante las crisis;

17.  Reconoce los esfuerzos emprendidos por las autoridades moldavas para aplicar las recomendaciones formuladas en los informes anuales del mecanismo de suspensión de visados; recomienda la continuación de la aplicación de los parámetros relacionados con la política de liberalización de visados y pide a las autoridades que prosigan tales esfuerzos para cumplir los parámetros de la liberalización de visados, en particular en los ámbitos de la lucha contra la corrupción, reforzar el poder judicial, aplicar la legislación contra el blanqueo de capitales y tomar medidas concretas destinadas a abordar el aumento de las solicitudes de asilo infundadas; se muestra preocupado, a este respecto, por el aumento del número de nacionales moldavos detectados residiendo ilegalmente en el espacio Schengen+ (aumento del 47 %) y del aumento del número de solicitudes de asilo (del 48 %); insta a las autoridades moldavas a que sigan aplicando los compromisos contraídos en el contexto de la liberalización del régimen de visados para el espacio Schengen en el ámbito de la gestión migratoria eficaz, y a que garanticen los derechos de asilo para solicitantes de terceros países en la República de Moldavia;

18.  Celebra la adopción, por el Parlamento de la República de Moldavia, de numerosos actos legislativos en consonancia con los compromisos del país consagrados en el Acuerdo de Asociación, a saber, en relación con la administración pública, la gestión financiera pública y las reformas del sistema judicial; subraya la importancia de la plena aplicación de esos actos, también mediante la adopción de Derecho derivado;

19.  Acoge con satisfacción los progresos realizados en la gestión de las finanzas públicas y pide a las autoridades moldavas que aceleren la aplicación de otras reformas del Acuerdo de Asociación y el Acuerdo de libre comercio de alcance amplio y profundo basadas en la mejora del Estado de Derecho;

20.  Reconoce las medidas esenciales de la República de Moldavia para aumentar el rendimiento de la administración pública; pide al Gobierno moldavo, en este sentido, que garantice la plena aplicación de la reforma de la administración pública para el período 2016-2020, de conformidad con los principios de administración pública de la OCDE/SIGMA; anima asimismo a las autoridades moldavas a que aumenten la transparencia y luchen contra la corrupción generalizada en la administración pública, así como a que creen una escuela nacional de administración pública;

21.  Subraya que una aplicación más eficiente y sostenible del Acuerdo de Asociación surge de una administración imparcial y profesional de las instituciones y agencias estatales; reitera, en este sentido, su preocupación por la falta de un compromiso constante con la mejora del sector público, que disuade a personas competentes de desarrollar una carrera en la administración pública, y destaca la necesidad de desarrollar una administración pública profesional y de animar a los jóvenes a emprender una carrera en el sector público, con el fin de lograr una administración más transparente en la que el nepotismo y el favoritismo no conduzcan a una politización crónica;

22.  Insta a que se inicie lo antes posible una reforma de descentralización más exhaustiva, incluida la reforma del sistema territorial y administrativo de la República de Moldavia, el desarrollo regional y la descentralización administrativa, con la posibilidad de generar impuestos locales; subraya, a este respecto, la necesidad de una cooperación más profunda y amplia entre las autoridades locales, de un número reducido de administraciones locales y de medidas adicionales para garantizar su mayor independencia y reducir sus costes operativos; pide a las autoridades moldavas que defiendan los principios de democracia local y de autonomía local con arreglo a la Carta Europea de Autonomía Local, proporcionando unas competencias adecuadas y suficiente financiación a los gobiernos locales y garantizando su efectividad;

23.  Expresa su preocupación por el alto nivel de concentración y politización de los sectores de los medios de comunicación y la publicidad, que conduce a un bajo nivel de confianza de los ciudadanos en los medios de comunicación; pide a las autoridades moldavas que prosigan la reforma del sector de los medios de comunicación con una mayor participación de la sociedad civil en el proceso, en particular, y pide a la República de Moldavia que revise el código audiovisual y que liberalice el mercado de la publicidad en consonancia con las normas europeas de libertad y pluralismo de los medios de comunicación, tal como recomiendan la Comisión y la Comisión de Venecia, a fin de garantizar la plena transparencia acerca de la propiedad en los medios de comunicación y en el mercado publicitario;

24.  Opina que el refuerzo del pluralismo y la independencia de los medios de comunicación debe ser una prioridad para la Unión y la República de Moldavia en su relación de asociación, y que esto también debe reflejarse adecuadamente en las asignaciones financieras; pide a la Comisión que aumente el apoyo a los medios de comunicación independientes, también en las regiones; insta a las autoridades moldavas a que se abstengan de aprovechar la pandemia de COVID-19 para adoptar medidas que limiten la libertad de expresión y la capacidad de los medios de comunicación para informar sobre la dimensión total del impacto de la crisis del coronavirus en la sociedad de manera independiente e imparcial; manifiesta su preocupación por la difusión de noticias falsas y desinformación en la República de Moldavia durante la crisis del coronavirus y señala la necesidad de que tanto las autoridades locales como la Unión desarrollen programas específicos que promuevan la alfabetización mediática, combatan la desinformación y apoyen un contenido de los medios de comunicación de calidad y contrastado;

25.  Insta a las autoridades moldavas a que fomenten unos medios de comunicación libres e independientes y garanticen, también mediante una auditoría independiente, la eficacia del Consejo Audiovisual como regulador independiente, luchando contra la actual intimidación de periodistas, la politización y la falta de transparencia de las instituciones públicas y reguladoras, la falta de acceso público a la información y a contenido de calidad de los medios de comunicación y garantizando la transparencia acerca de la propiedad de los medios de comunicación;

26.  Subraya que la Unión es el mayor proveedor de ayuda a la República de Moldavia; observa con gran preocupación las continuas campañas de propaganda y de desinformación y los mensajes denigrantes de políticos gobernantes contra la Unión, que ofrecen una imagen distorsionada y no realista en la televisión pública y en los medios de comunicación; lamenta tales ataques públicos a la ayuda y la imagen de la Unión, ya que socavan la aplicación del Acuerdo de Asociación y las relaciones entre la Unión y la República de Moldavia; pide a las autoridades moldavas que pongan fin a las campañas de desinformación y propaganda contra la Unión a las que están expuestos los ciudadanos de la República de Moldavia en general, y que intensifiquen el apoyo a la lucha contra las noticias falsas, la guerra híbrida en la comunicación, las campañas selectivas de desinformación y la degradación de los programas de los medios de comunicación; subraya que la participación política en los medios de comunicación de masas socava estructuralmente las libertades fundamentales y el acceso a la información;

27.  Lamenta el distanciamiento progresivo del camino hacia Europa del actual Gobierno en Chisináu, en detrimento de las aspiraciones democráticas del país, e insta a todos los partidos políticos proeuropeos a que encuentren soluciones a través del diálogo, a fin de garantizar la continuidad del proceso de integración europea de la República de Moldavia y de beneficiarse plenamente de todas las ventajas ofrecidas por el Acuerdo de Asociación y el Acuerdo de libre comercio de alcance amplio y profundo;

28.  Pide a las autoridades moldavas que se esfuercen más para garantizar que las oportunidades del Acuerdo de Asociación y el Acuerdo de libre comercio de alcance amplio y profundo y la ayuda y los programas de la Unión llegan al nivel local, también en las zonas remotas del país, especialmente en las zonas rurales, a fin de permitir a los habitantes impulsar cambios positivos en sus comunidades, en particular a los más vulnerables a los sentimientos postsoviéticos y la manipulación rusa;

29.  Opina que las autoridades deben facilitar información transparente sobre la ayuda externa que pretenden solicitar y que la financiación por la Federación de Rusia debe debatirse abiertamente en el Parlamento y con los expertos y la sociedad civil, también por cuanto se refiere a las condiciones geoestratégicas y los efectos a largo plazo sobre la economía resultantes de este tipo de financiación; considera que, en lo tocante a las condiciones vinculadas a la ayuda financiera de la Unión, las autoridades también deben proporcionar las explicaciones públicas necesarias; subraya que las condiciones de la Unión deben verse como oportunidades para llevar a cabo las reformas necesarias;

30.  Destaca la necesidad de luchar contra la desinformación rusa mediante información de calidad basada en hechos y accesible, así como por medio de campañas públicas destinadas a sensibilizar a la ciudadanía; anima a las autoridades de la República de Moldavia a que aspiren a una colaboración más profunda con la Unión y sus Estados miembros a fin de mejorar la aplicación de buenas prácticas y soluciones para luchar contra la desinformación, la propaganda, la manipulación y la influencia hostil ejercidas por fuerzas externas con objeto de dividir, desestabilizar y minar la integridad de los procesos políticos internos y las relaciones con la Unión;

31.  Reconoce los avances realizados en la adopción de la nueva ley sobre organizaciones no comerciales por parte del Parlamento moldavo, como parte de los requisitos de condicionalidad para obtener ayuda macrofinanciera de la Unión; espera que su aplicación rápida y efectiva fomente el pleno respeto de los derechos y las libertades de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales, así como de la libertad de asociación, y pide que el Gobierno moldavo apoye en mayor medida el desarrollo de la sociedad civil; señala el papel central que desempeñan las ONG en cualquier sociedad democrática y confía en que la nueva legislación mejore la transparencia del proceso público de toma de decisiones y proporcione un marco modernizado para el funcionamiento de la sociedad civil en el país; insta a las autoridades moldavas a que se abstengan de ejercer cualquier tipo de presión sobre las ONG y otros agentes cívicos; lamenta la desconfianza y la hostilidad con que los representantes políticos se dirigen a la sociedad civil en general; solicita una participación más significativa y activa de la sociedad civil en los procesos de elaboración y aplicación de políticas, en particular en lo que se refiere a los derechos humanos y las libertades fundamentales, para los que las ONG podrían actuar como guardianes y exigir responsabilidades a las instituciones estatales respectivas; pide a la Comisión y a los Estados miembros que presten apoyo político, técnico y financiero a la sociedad civil, e insta a las instituciones de la Unión a que definan unas normas claras que permitan evitar la concesión de subvenciones a «GONGO» (ONG creadas y financiadas por los gobiernos a través de canales informales);

32.  Pide a las autoridades moldavas que promuevan la transparencia en la toma de decisiones públicas y garanticen la participación y la consulta adecuadas de las partes interesadas y la sociedad civil en todas las etapas, lo que también reforzará el control público y la aceptación social de las reformas realizadas;

33.  Acoge con satisfacción las enmiendas a la legislación electoral aprobadas en agosto de 2019 y el fallo del Tribunal Constitucional de Moldavia, de febrero de 2020, sobre los requisitos territoriales para la creación de partidos políticos;

34.  Señala que la crisis de la COVID‑19 ha puesto de manifiesto que el sistema sanitario de la República de Moldavia está subdesarrollado y tiene serios problemas para hacer frente al reciente aumento del número de casos; insta a la Comisión, a los Estados miembros y a Moldavia a que refuercen la cooperación en materia de resiliencia de la salud pública, intercambien buenas prácticas y colaboren con la sociedad civil, las empresas y las comunidades de pymes para definir estrategias contra las epidemias centradas en los grupos más vulnerables de la sociedad; pide al Gobierno moldavo que refuerce el sistema sanitario y mejore las normas de saneamiento, especialmente en los hospitales, y que facilite a su población toda la información pertinente acerca de la pandemia de manera transparente e integradora;

Cooperación en el ámbito de la política exterior y de seguridad común (PESC) y avances en la resolución del conflicto de Transnistria

35.  Acoge favorablemente la participación de la República de Moldavia en las misiones y operaciones de la política común de seguridad y defensa (PCSD) en materia de ciberseguridad e investigaciones sobre delincuencia informática, así como la cooperación de la República de Moldavia con la OTAN y su adhesión a las declaraciones de la Unión en el ámbito de la PESC; pide a las instituciones de la Unión que incluyan a la República de Moldavia en los nuevos formatos de cooperación en materia de ciberseguridad, amenazas híbridas e investigaciones sobre delincuencia informática;

36.  Reconoce la importancia que reviste la Misión de asistencia fronteriza de la Unión Europea (EUBAM) a Moldavia y Ucrania para armonizar la gestión de las fronteras y el régimen aduanero con los de la Unión, también en relación con la resolución del problema de Transnistria;

37.  Reconoce la experiencia y los conocimientos técnicos únicos de la República de Moldavia y la contribución que puede aportar a la política común de seguridad y defensa de la Unión, y aboga por una cooperación más estrecha en lo tocante a las políticas de defensa relacionadas con la Unión, incluida la participación en la CEP una vez que se aclare la cuestión de la participación de terceros países;

38.  Reitera el apoyo de la Unión a la soberanía y la integridad territorial de la República de Moldavia y a los esfuerzos realizados en el marco del proceso de negociación en el formato 5+2 para alcanzar una solución política pacífica, duradera y global para el conflicto de Transnistria basada en el respeto de la soberanía y la integridad territorial de la República de Moldavia dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente, con un estatuto especial para Transnistria, que garantizaría la protección de los derechos humanos también en los territorios no controlados actualmente por las autoridades constitucionales; recuerda que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 22 de junio de 2018 una resolución en la que instaba a la Federación de Rusia a retirar incondicionalmente sus tropas y su armamento del territorio de la República de Moldavia y reafirmaba el apoyo a la aplicación inmediata de dicha resolución;

39.  Anima al Gobierno moldavo a que siga promoviendo un entorno favorable para la resolución de conflictos y apoyando actividades que aumenten la confianza y los contactos interpersonales entre comunidades divididas por el conflicto;

40.  Reconoce que la creciente interdependencia entre la República de Moldavia y la región de Transnistria en lo tocante a la seguridad y la estabilidad de ambas son el principal factor para la prevención y la resolución de retos en materia de seguridad como las amenazas híbridas, los ciberataques, la ciberintromisión electoral, la desinformación y las campañas de propaganda, así como la injerencia de terceras partes en los procesos políticos y electorales y otros procesos democráticos;

41.  Acoge con satisfacción los esfuerzos del Gobierno moldavo por extender las ventajas de la ZLCAP y del régimen de exención de visado a la región de Transnistria, lo que ha permitido un aumento significativo de la movilidad y el comercio con esta región, así como todas las actividades que mejoran la colaboración económica y aumentan el nivel de intercambios de bienes y servicios entre la República de Moldavia y Transnistria;

42.  Considera que, al garantizar el acceso exento de aranceles a los mercados de la Unión para las empresas de Transnistria registradas en la ribera occidental del Dniéster y sujetas a controles aduaneros por funcionarios moldavos, la ZLCAP ha reorientado significativamente el comercio de la Unión Económica Euroasiática hacia la Unión; anima a las autoridades moldavas a que sigan progresando de cara al comercio y la participación en los mercados de la Unión a fin de mejorar el acceso al mercado, la transparencia y las buenas prácticas comerciales y de reducir la capacidad de manipulación del mercado y de monopolización por oligarcas;

43.  Subraya que cualquier posible solución a la cuestión de Transnistria debe respetar el derecho de la República de Moldavia a elegir su propia orientación en materia de política de defensa y exterior;

44.  Insta a las autoridades de la República de Moldavia a que consideren la posibilidad de desarrollar y aplicar el paquete de leyes relativas a la prevención de conflictos y la gestión de crisis, que formaba parte del Plan de Acción Nacional relativo a la Aplicación del Acuerdo de Asociación en 2017-2019;

Estado de Derecho y buena gobernanza

45.  Se muestra preocupado por el lento ritmo de las reformas relativas al Estado de Derecho y las instituciones democráticas; insta al Gobierno de la República de Moldavia a que complete sin demora las reformas judiciales con el fin de garantizar la independencia, la imparcialidad y la eficacia del poder judicial y de las instituciones especializadas en la lucha contra la corrupción; pide, a este respecto, al Gobierno moldavo que garantice la transparencia del proceso de redacción de las enmiendas a la Constitución moldava relativas al Consejo Superior de la Magistratura y de su posterior adopción, recurriendo a los precedentes y buenas prácticas internacionales, en consonancia con las recomendaciones de la Comisión de Venecia y consultando al Consejo de Europa y a expertos de la Unión, la sociedad civil y otros actores interesados; lamenta que las enmiendas relativas al nombramiento de los miembros del Consejo Superior de la Magistratura hayan sido aprobadas precipitadamente en el Parlamento; subraya la necesidad de garantizar la independencia del Consejo Superior de la Magistratura y pide a las autoridades moldavas que garanticen una selección y promoción de jueces basada en el mérito;

46.  Pide a las autoridades que prosigan celebrando consultas eficaces a fin de adoptar un plan conceptual y de acción para la reforma de la justicia sobre la base de un diagnóstico exhaustivo, garantizando un amplio consenso entre las partes interesadas y una estricta observancia de la Constitución moldava y las normas europeas;

47.  Manifiesta su preocupación por el bajo nivel de confianza en la integridad y eficacia del poder judicial y por la sensibilidad de este a presiones políticas que comprometen su independencia; pide a las autoridades de la República de Moldavia que velen por la transparencia en los procesos de nombramientos judiciales y por que el fiscal general, su personal y la Fiscalía en general trabajen de manera independiente y se atengan a las normas más exigentes de profesionalidad e integridad;

48.  Señala, a este respecto, que la falta de recursos y la falta de conocimientos sobre la buena gobernanza, el Estado de Derecho y los derechos humanos están impregnando y afectando negativamente al funcionamiento eficaz de la administración moldava, y pide a la Comisión que aumente la financiación a través de los instrumentos de apoyo presupuestario y asistencia técnica disponibles, con el fin de reforzar la capacidad y la eficiencia de las autoridades judiciales y policiales, teniendo en cuenta los avances realizados en la aplicación de las reformas;

49.  Insta a las autoridades de la República de Moldavia a que refuercen la independencia integral del Tribunal Constitucional y garanticen que no esté sujeto a ninguna forma de injerencia política; rechaza firmemente cualquier intento de intimidación o presión sobre los jueces del Tribunal Constitucional, y condena la enorme presión, el chantaje y el acoso que sufrieron los jueces del Tribunal antes de presentar la decisión relativa al préstamo ruso; lamenta profundamente los intentos de politizar el Tribunal Constitucional y la inactividad de la Fiscalía y del centro contra la corrupción a la hora de defender la independencia del Tribunal Constitucional;

50.  Manifiesta su preocupación por la ausencia persistente y duradera de progresos en lo que se refiere a la corrupción en la República de Moldavia, e insta por consiguiente al Gobierno a que intensifique la lucha contra la corrupción y la captura del Estado, así como contra el blanqueo de capitales, el contrabando de armas y la delincuencia organizada, incluida la trata de seres humanos; pide al Gobierno de la República de Moldavia que adopte medidas concretas para reforzar la independencia, integridad y eficacia de la Oficina del Centro Nacional contra la Corrupción y la Fiscalía Anticorrupción y que garantice la despolitización de las instituciones públicas de lucha contra la corrupción y de los cuerpos y fuerzas de seguridad; señala que se necesitan esfuerzos sostenidos y coherentes para prevenir y perseguir la corrupción de alto nivel y la delincuencia organizada; opina que esta es la única manera de restablecer la confianza de los ciudadanos moldavos y de garantizar la ejecución de reformas duraderas en la República de Moldavia; pide a la Comisión que proporcione un apoyo mucho más coherente a las organizaciones de la sociedad civil que vigilan las actividades de fraude y de blanqueo de capitales;

51.  Insta a las autoridades a que redoblen sus esfuerzos para luchar contra la delincuencia organizada y desmantelar las tramas delictivas;

52.  Acoge favorablemente la adopción de la Ley sobre Sanciones contra el Blanqueo de Capitales el 21 de mayo de 2020, y solicita la rápida elaboración de unas directrices sobre la aplicación de la nueva legislación, así como una formación especializada de las autoridades correspondientes; pide a todas las partes interesadas que no cesen de esforzarse constantemente por combatir el contrabando y el blanqueo de capitales, desmantelar redes delictivas y reducir la influencia de los oligarcas; solicita una cooperación reforzada con Europol, Interpol y organizaciones aduaneras como la Organización Mundial de Aduanas y las redes de lucha contra la corrupción de la OCDE;

53.  Constata con preocupación las conclusiones del informe de aplicación del Acuerdo de Asociación con Moldavia de 2019 de la Comisión y el SEAE, según el cual el establecimiento de instrumentos y organismos destinados a prevenir el fraude y el blanqueo de capitales ha sido lento; espera que el nuevo Gobierno se base en las medidas recientes adoptadas por el Gobierno anterior en relación con la lucha contra la corrupción y el destape de tramas delictivas y de blanqueo de capitales;

54.  Toma nota de las medidas adoptadas para perseguir el fraude bancario masivo expuesto en 2014 y otros casos de blanqueo de capitales; reitera, no obstante, su preocupación por la persistente falta de transparencia en el enjuiciamiento de todos los responsables del fraude bancario descubierto en 2014, así como por la lenta recuperación de los activos robados; reitera su preocupación por el hecho de que hasta la fecha no se haya producido una recuperación sustancial de los activos, y subraya que es necesario adoptar nuevas medidas en este sentido; pide a las autoridades moldavas que aceleren el proceso de enjuiciamiento, lleven a todos los responsables ante la justicia sin más demora y recuperen los fondos malversados; pide a los Estados miembros que ofrezcan a las autoridades de la República de Moldavia un apoyo significativo en la investigación del caso si así lo solicitaran;

55.  Acoge favorablemente la adopción, el 18 de junio de 2020, de la nueva ley por la que se suprime el programa de ciudadanía para inversores a partir del 1 de septiembre de 2020, al final de la moratoria existente; opina que se trata de un paso fundamental para reducir los riesgos de corrupción, evasión fiscal y blanqueo de capitales en la República de Moldavia; observa que, hasta que se cancele el programa, solo se seguirán procesando las solicitudes existentes y pide a la Comisión que supervise atentamente este proceso;

56.  Insta a las autoridades de la República de Moldavia a que mejoren la transparencia en lo que respecta a la financiación de los partidos políticos e investiguen todas las irregularidades de manera justa e imparcial; destaca la necesidad de luchar contra la corrupción dentro de la clase política moldava; se muestra profundamente preocupado por las recientes acusaciones de compra de diputados al Parlamento para cambiar su afiliación política, así como por las acusaciones de secuestro, intimidación y presión sobre representantes electos; señala que es necesario investigar estas acusaciones y que dicho comportamiento es incompatible con los valores en que se fundamenta el Acuerdo de Asociación con la República de Moldavia; recuerda asimismo la responsabilidad de los partidos políticos de luchar contra la corrupción entre sus propias filas; pide, por otra parte, a las autoridades que velen por que no se utilicen fondos de fundaciones benéficas en las campañas electorales; insta a las autoridades a que prohíban el uso de fondos administrativos en favor de la clase política gobernante durante las campañas electorales;

Derechos humanos y libertades fundamentales

57.  Reconoce la mejora de la legislación sobre la protección de los derechos humanos, en particular como resultado del nuevo plan de acción sobre derechos humanos 2018-2022; pide a las autoridades moldavas que redoblen significativamente sus esfuerzos y adopten medidas de aplicación y legislación derivada para defender esos derechos y libertades fundamentales, en particular para las minorías y los grupos vulnerables, como las mujeres y los niños explotados por tratantes de seres humanos, las minorías lingüísticas, las personas con discapacidad, los romaníes y las personas LGBT +, reconociendo así el respeto de los derechos humanos como criterio crítico y condición vital para una sociedad democrática; expresa su preocupación por la persistencia de importantes problemas de derechos humanos sin resolver ni castigados, como la presión y las persecuciones y detenciones por motivos políticos, la tortura, las detenciones arbitrarias, las condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales, las injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada o el recurso al trabajo infantil forzado u obligatorio;

58.  Manifiesta su profunda preocupación por la situación de los moldavos atrapados en Estados miembros de la Unión debido a la crisis de la COVID‑19 sin ninguna protección social; pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen, en el contexto de la COVID‑19, que los trabajadores de temporada de terceros países reciben el mismo trato que los nacionales de los Estados de la Unión, tal como se establece en la Directiva 2014/36/UE(8), y recuerda que estos trabajadores tienen los mismos derechos laborales y sociales que los ciudadanos de la Unión; pide a los Estados miembros que garanticen un alojamiento de calidad para los trabajadores transfronterizos y de temporada, desvinculado de su remuneración, y unas instalaciones dignas, privacidad para los inquilinos y contratos de alquiler por escrito cuyo cumplimiento sea controlado por los servicios de inspección laboral, y que establezcan normas al respecto;

59.  Observa con preocupación que la aplicación de los compromisos derivados del Acuerdo de Asociación en la esfera social, especialmente en los ámbitos de la inspección laboral, las medidas contra la discriminación y el diálogo social, es limitada; se muestra preocupado por que los progresos a la hora de abordar las vulnerabilidades macrofinancieras sigan siendo insuficientes para impulsar de forma significativa los niveles de vida y se vean amenazados actualmente por las consecuencias de la crisis de la COVID‑19; insiste en la participación obligatoria de los sindicatos, así como de las organizaciones de la sociedad civil, en la aplicación de los acuerdos de asociación;

60.  Subraya que la Unión debe exigir responsabilidades a la República de Moldavia por sus compromisos en relación con la dimensión social del Acuerdo de Asociación; pide a la Comisión que proporcione un informe anual de situación detallado sobre la aplicación de cuestiones sociales y relacionadas con el trabajo del Acuerdo de Asociación que no solo analice la transposición de directivas y normas pertinentes de la Unión, sino también su aplicación real; pide a la Comisión que siga la propuesta de los expertos laborales de introducir un mecanismo para sancionar las violaciones de las normas acordadas; propone que se utilice el desembolso de la ayuda macrofinanciera como palanca o condición para forzar a la República de Moldavia a mejorar las condiciones laborales de su población activa;

61.  Expresa su preocupación por el respeto de los derechos humanos en la región de Transnistria, especialmente en el contexto de la pandemia de COVID‑19;

62.  Pide a la Comisión que mejore los ámbitos desatendidos de los acuerdos de asociación, entre los cuales se encuentran importantes ámbitos de actuación, como el género, el Pacto Verde Europeo y la prevención de crisis sanitarias;

63.  Subraya que la igualdad de género es una condición previa clave para un desarrollo sostenible e integrador; insta al Gobierno moldavo y a las autoridades moldavas a que apliquen medidas para seguir mejorando la representación y la igualdad de trato de las mujeres en todos los niveles de la vida política y social; pide a la Comisión que integre la perspectiva de género en todas sus políticas, programas y actividades en relación con la República de Moldavia, y anima a las autoridades de la República de Moldavia a que promuevan programas que incluyan una dimensión sistemática de igualdad de género, ofrezcan un mayor apoyo a los grupos más desfavorecidos y vulnerables de la sociedad y apliquen legislación para combatir la incitación al odio y la violencia física contra los grupos más vulnerables;

64.  Insta a las autoridades moldavas a que ratifiquen el Convenio de Estambul, que fue firmado por la República de Moldavia el 6 de febrero de 2017, pero cuya ratificación lleva retraso pese a que se menciona como objetivo explícito del plan de acción nacional sobre derechos humanos 2018-2022 y de la estrategia nacional para prevenir y luchar contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica 2018-2023; recuerda que en la República de Moldavia es habitual la violencia contra las mujeres y las niñas y que dos de cada cinco mujeres han experimentado violencia física o sexual a manos de una pareja o no pareja desde la edad de 15 años;

65.  Pide que se adopten medidas adicionales para aplicar la legislación nacional de prevención y lucha contra la trata de seres humanos, y solicita un aumento sustancial de la calidad de los servicios prestados a las víctimas, así como una mayor protección, asistencia y apoyo a las víctimas de delitos, especialmente los niños, durante las investigaciones y después del proceso judicial; pide, además, un mayor apoyo durante la reintegración social de las víctimas; solicita una mayor cooperación entre las autoridades judiciales y las autoridades judiciales y policiales de la República de Moldavia y de los Estados miembros a fin de reducir la delincuencia transfronteriza, en particular la trata de seres humanos y el tráfico de drogas ilegales;

66.  Pide a las autoridades que garanticen el derecho a un juicio justo y el respeto de los derechos humanos en los centros de detención y penitenciarios, también mejorando la prestación de asistencia sanitaria; destaca, en este sentido, la necesidad de proporcionar un entorno seguro a los reclusos; solicita, además, medidas que eviten la justicia selectiva y por motivos políticos;

67.  Reitera su petición a las autoridades moldavas de que garanticen que cualquier solicitud de extradición procedente de terceros países se procese de forma transparente y siguiendo procedimientos judiciales que se ajusten plenamente a los principios y normas europeos;

68.  Solicita medidas más concretas para mejorar las condiciones de detención y para poner fin a la detención de personas con discapacidad en hospitales psiquiátricos en contra de su voluntad; solicita la eliminación completa de la tortura y los malos tratos en las prisiones como método de presión sobre oponentes políticos recluidos o detenidos;

69.  Reconoce las medidas adoptadas a nivel nacional para prevenir y luchar contra la tortura, pero subraya que la República de Moldavia sigue siendo condenada con frecuencia en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por tortura y malos tratos; insta, por lo tanto, a que se cree una agencia plenamente independiente encargada de forma específica de la investigación de acusaciones de tortura y otras violaciones de los derechos humanos cometidas por la policía y otros agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad;

70.  Se muestra preocupado por la recurrencia continua de episodios de incitación al odio en el debate público, por parte tanto de políticos como de dirigentes religiosos y comunitarios; subraya, a este respecto, que dicha incitación al odio se dirige, en particular, contra las mujeres y las personas LGBTI+; pide a los funcionarios públicos que se abstengan de contribuir a la incitación al odio, y la condenen públicamente cuando se produzca, y a las autoridades que ajusten el marco jurídico e institucional para luchar contra la incitación al odio a fin de contrarrestar este fenómeno con todos los mecanismos disponibles;

71.  Recuerda que ya se ha presentado en el Parlamento moldavo un proyecto de ley por el que se establece una legislación del tipo Magnitski; anima al órgano legislativo a que impulse el examen de esta ley, que, si se aprobase, contribuiría a la lucha contra las violaciones de los derechos humanos, la corrupción y el blanqueo de capitales;

Cooperación comercial y económica

72.  Opina que la ayuda de la Unión a la República de Moldavia debe seguir dando prioridad a la mejora del nivel de vida de los ciudadanos, abordando ámbitos como el impulso al desarrollo de las pymes y la ayuda a la juventud, así como la reforma general de los sectores educativo y sanitario;

73.  Acoge favorablemente las iniciativas empresariales que buscan desarrollar el entorno para las empresas emergentes en Moldavia; reconoce, sin embargo, que se necesitan más reformas del sector público y mayor ayuda financiera a fin de crear oportunidades de empleo adicionales que inciten a los jóvenes y a los trabajadores cualificados a volver a su país de origen;

74.  Pide a la Comisión que contribuya a hacer frente a los problemas económicos de los jóvenes en la República de Moldavia invirtiendo en programas que favorezcan el emprendimiento juvenil y social, y que refuerce la conexión entre la reforma del sistema educativo y las demandas del mercado laboral; destaca la necesidad de invertir en programas destinados a jóvenes procedentes de zonas rurales, dado que estos se encuentran entre los grupos más vulnerables y carecen de oportunidades socioeconómicas, en comparación con los jóvenes de las zonas urbanas;

75.  Reconoce que el fenómeno de la fuga de cerebros, que a menudo se debe a la falta de confianza en el poder judicial, al nepotismo y a la falta de reformas adecuadas en el país, representa una grave amenaza para el futuro de la República de Moldavia, y manifiesta su preocupación ante la emigración a gran escala de ciudadanos moldavos, que acentúa las tendencias demográficas negativas; alienta al Gobierno moldavo a que aplique medidas adicionales para prevenir y contrarrestar este fenómeno, en particular creando oportunidades y mejorando las condiciones y los salarios de los trabajadores jóvenes en su país de origen, de modo que puedan regresar a su país tras estudiar o formarse en el extranjero, y apoyando el emprendimiento juvenil; pide a la Comisión que se centre en esta cuestión en sus programas;

76.  Acoge favorablemente la diversificación de la economía moldava y el importante aumento del comercio entre la República de Moldavia y la Unión, así como el hecho de que la Unión sea el mayor inversor en el país; celebra que, en 2018, la Unión representara el 70 % de las exportaciones totales de la República de Moldavia y el 56 % de su comercio total; anima a que se siga progresando en ámbitos como el Código Aduanero, la protección de los derechos de propiedad intelectual —incluidas las indicaciones geográficas—, la mejora de las condiciones sanitarias y fitosanitarias, la mejora de las condiciones de mercado en el ámbito de la energía, la contratación pública y el acceso de las pymes a la financiación;

77.  Aboga por la plena aplicación del Acuerdo de libre comercio de alcance amplio y profundo con el fin de seguir reforzando la relación bilateral de comercio e inversión entre la Unión y la República de Moldavia, en particular mediante la eliminación de las barreras no arancelarias al comercio, la facilitación del acceso al mercado único y el progreso en la integración en este; recuerda que Acuerdo de libre comercio de alcance amplio y profundo con la República de Moldavia debe respetar las normas establecidas en los capítulos sobre desarrollo sostenible, en consonancia con los compromisos internacionales, en particular el Acuerdo de París, y las normas de la OMC;

78.  Valora muy positivamente la adopción por el Parlamento moldavo del enfoque europeo Leader como base de su política rural nacional; anima, no obstante, a la República de Moldavia, también a través de medidas específicas en la próxima estrategia nacional para la agricultura y el desarrollo rural, a que haga un pleno uso de las oportunidades de exportación preferente a la Unión mediante un cultivo más eficiente y sostenible de las tierras agrícolas, así como un acceso a la tierra y un uso de esta más democrático, generando así productos agrícolas que amplíen las ventajas agrícolas relativas de la República de Moldavia;

79.  Acoge favorablemente la aproximación normativa al acervo de la Unión, y alienta a la Comisión a que preste ayuda técnica y financiera a las instituciones y a la administración pública moldavas para este proyecto y su aplicación posterior; destaca que esa ayuda debe utilizarse para aumentar el conocimiento de los derechos humanos y el Estado de Derecho, y pide a las autoridades moldavas que avancen más rápidamente en su aproximación al Acuerdo de Asociación y el Acuerdo de libre comercio de alcance amplio y profundo, incluidas las normas sobre salud animal y seguridad alimentaria;

80.  Acoge favorablemente la estrategia nacional Moldavia Digital 2020, pero exige a la Comisión que proporcione apoyo y ayuda a programas y reformas relativos a los medios de comunicación y la alfabetización mediática con objeto de reflejar la actual era digital, así como para mejorar la cooperación sectorial en la economía digital; pide a la República de Moldavia que construya una economía de mercado digital fiable, reforzando la necesidad de avanzar en materia de datos abiertos, ampliando la admisión a los sistemas digitales y aumentando el acceso de los ciudadanos a los servicios electrónicos y a las diferentes soluciones de comunicación;

81.  Pide a la Comisión que apoye la inversión en sectores con potencial para el desarrollo, el crecimiento y la competitividad en la Unión, en particular en los tres sectores de importancia estratégica (es decir, la energía sostenible y el clima, el mercado único digital y la ciberseguridad, y el transporte);

82.  Pide al Gobierno moldavo que se centre también en la dimensión social del comercio y el desarrollo sostenible respetando y aplicando las normas laborales, ratificando y aplicando plenamente todos los convenios de la OIT y eliminando las deficiencias restantes en el sistema de inspección laboral, así como abordando las limitaciones y deficiencias del sistema de inspección laboral y los problemas del sistema judicial, que repercuten negativamente en la aplicación de las normas laborales;

83.  Pide a las autoridades moldavas que adopten y apliquen políticas destinadas a regular la participación de entidades de jurisdicciones que no apliquen normas de transparencia internacionales (jurisdicciones extraterritoriales) o impedir el comercio de empresas controladas directa o indirectamente por tales sociedades con las autoridades públicas (contratación pública, privatización, concesiones y asociaciones público-privadas);

84.  Pide a la Unión que estudie la posibilidad de que los países que hayan celebrado un Acuerdo de Asociación y un Acuerdo de libre comercio de alcance amplio y profundo con la Unión puedan adherirse a la zona única de pagos en euros (SEPA), ya que ello beneficiaría a los ciudadanos y brindaría nuevas oportunidades para el desarrollo de las pymes;

Energía, medio ambiente y cambio climático

85.  Pide al Gobierno moldavo que siga reformando el sector de la energía a fin de aumentar la resiliencia, la transparencia en los costes y los contratos en el sector y mejorar la independencia y la eficiencia energéticas, en particular aumentando las interconexiones energéticas con la Unión, diversificando las fuentes energéticas, incluidas las energías renovables, y reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles; destaca que todos estos aspectos revisten una importancia vital para mejorar la seguridad energética del país;

86.  Acoge favorablemente las medidas destinadas a reforzar la capacidad institucional y la independencia del regulador de la energía, y anima a que se adopten medidas necesarias y urgentes para la aplicación del tercer paquete energético, en particular en el ámbito del gas natural, y para garantizar la plena conformidad con el acervo de la Comunidad de la Energía; pide, en particular, a la Agencia Nacional de Regulación Energética de la República de Moldavia que apruebe normas del mercado de la energía basadas en la competencia leal y que garantice su cumplimiento por parte de todos los participantes en el mercado, incluidos los comerciantes de propiedad estatal;

87.  Recalca la importancia de aumentar la cooperación en materia de infraestructuras en la región, también con vistas a diversificar el suministro energético de la República de Moldavia, y de mejorar la conectividad de su sector energético garantizando al mismo tiempo su sostenibilidad medioambiental;

88.  Subraya la importancia que reviste la diversificación del sistema eléctrico de la República de Moldavia; insta a las autoridades moldavas a que garanticen la aplicación oportuna del proyecto de interconexión de los sistemas eléctricos de la República de Moldavia y de Rumanía proporcionando el apoyo y los recursos necesarios;

89.  Alienta a las autoridades moldavas a que prosigan los esfuerzos para reforzar la seguridad energética del país, y valora muy positivamente la finalización del gasoducto de Ungheni a Chisináu antes de que finalice 2020; pide, por otra parte, a la Comisión que incluya a la República de Moldavia en las pruebas de resistencia realizadas para el mercado interior de la energía;

90.  Encomia los acuerdos alcanzados entre la República de Moldavia, Ucrania y Rumanía en diciembre de 2019 para permitir las transferencias de gas a Ucrania y la República de Moldavia a través del gasoducto transbalcánico, así como el Plan de Acción de febrero de 2020 para garantizar la independencia del gestor de red de transporte Moldovatransgaz;

91.  Acoge favorablemente las medidas adoptadas para interconectar de manera asíncrona el sistema eléctrico de la República de Moldavia con la Unión a través de Rumanía, pues representa un hito significativo en el camino hacia el refuerzo y la diversificación de la infraestructura energética de la República de Moldavia; pide a todas las autoridades que cumplan el objetivo de conectar la República de Moldavia con la red energética de Rumanía antes de 2024 con el apoyo de la Unión;

92.  Acoge con satisfacción el paquete de medidas sobre el clima y el medio ambiente de febrero de 2019 de la República de Moldavia y su respuesta nacional, que lo convirtieron en el cuarto país del mundo en presentar su contribución determinada a nivel nacional actualizada, incluido un mayor nivel de ambición para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, a la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático; pide que se redoblen los esfuerzos en lo que respecta a los compromisos nacionales relacionados con el Acuerdo de París de 2015 de lucha contra el cambio climático y que se aplique la integración de la lucha contra el cambio climático en todos los ámbitos de la elaboración de políticas;

93.  Pide a la República de Moldavia que siga reforzando su participación en la lucha contra el cambio climático, en particular en la gestión de residuos y la gestión del agua del río Nistru, y pide a la Comisión que facilite la participación de la República de Moldavia en el Pacto Verde Europeo y vele por que el Acuerdo de libre comercio de alcance amplio y profundo no contradiga los objetivos e iniciativas medioambientales establecidos en él;

94.  Reconoce la importancia que reviste una ulterior modernización del sistema educativo en la República de Moldavia, así como el papel cada vez más importante que desempeñan los jóvenes en todos los sectores vitales, y pide a la Unión que ofrezca un mayor apoyo, en especial en el ámbito de la educación y la formación profesionales, a fin de satisfacer las necesidades del mercado laboral; destaca la necesidad de promover las oportunidades de voluntariado y participación ciudadana para los jóvenes y de invertir más en ellos ampliando la financiación de los programas de movilidad existentes, como Erasmus+, Europa Creativa y Horizonte 2020, y aumentando la participación de los representantes moldavos en dichos programas;

95.  Anima a la Comisión a que lleve a cabo consultas y prepare y cree programas adaptados para los ciudadanos, incluido un contacto directo con los beneficiarios por medio de una plataforma en línea que permita solicitar fondos puestos a su disposición por estos programas e informar acerca de su uso; pide, a este respecto, que se tengan en cuenta los objetivos del Pacto Verde y las necesidades cotidianas de los ciudadanos de la República de Moldavia;

Disposiciones institucionales

96.  Destaca que, sin la determinación genuina de la clase política de reformar el país y de aplicar verdaderamente el Acuerdo de Asociación con la Unión, no podrá lograrse ningún avance verdadero y duradero; anima, en este sentido, a todos los agentes políticos y fuerzas políticas del país a que pongan en marcha y contribuyan a modelos multilaterales y colaboren de buena fe de cara a los objetivos estratégicos de la República de Moldavia, contribuyendo así a la calidad de la democracia y a la mejora de las condiciones de vida de la población; alienta a las autoridades moldavas, en este sentido, a que utilicen el Diálogo Jean Monnet para respaldar el diálogo entre los partidos y el desarrollo de capacidades parlamentarias;

97.  Pide a todas las instituciones de la Unión y a los Estados miembros que, en estrecha cooperación con las autoridades de la República de Moldavia, comuniquen mejor las ventajas del Acuerdo de Asociación y el Acuerdo de libre comercio de alcance amplio y profundo y de la asistencia de la Unión a los ciudadanos de la República de Moldavia;

98.  Pide a la Comisión que refuerce la Delegación de la Unión Europea en la República de Moldavia, fortalezca la supervisión y refuerce el equipo de proyecto en Chisináu, a fin de ayudar a la República de Moldavia a comunicar eficazmente su aproximación al Derecho de la Unión, a luchar contra la desinformación y promover imágenes positivas de la Unión y la República de Moldavia entre todas las partes interesadas;

o
o   o

99.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y al presidente, al Gobierno y al Parlamento de la República de Moldavia.

(1) Reglamento (CE) n.° 539/2001 del Consejo, de 15 de marzo de 2001, por el que se establecen la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación (DO L 81 de 21.3.2001, p. 1). (2) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0458. (3) DO C 118 de 8.4.2020, p. 109. (4) DO C 356 de 4.10.2018, p. 130. (5) DO C 334 de 19.9.2018, p. 199. (6) DO C 11 de 12.1.2018, p. 82. (7) DO L 165 de 27.5.2020, p. 31. (8) Directiva 2014/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre las condiciones de entrada y estancia de nacionales de terceros países para fines de empleo como trabajadores temporeros (DO L 94 de 28.3.2014, p. 375).