El Parlamento Europeo,

–  Vistos los artículos 2, 3 y 8 y el título V, en particular los artículos 21, 22, 36 y 37, del Tratado de la Unión Europea (TUE), así como la quinta parte del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 15 de febrero de 2016, sobre Bielorrusia,

–  Vista la puesta en marcha de la Asociación Oriental en Praga, el 7 de mayo de 2009, como un empeño común de la Unión y de sus seis socios orientales, a saber, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, la República de Moldavia y Ucrania,

–  Vistas las declaraciones conjuntas de las cumbres de la Asociación Oriental celebradas en 2009 en Praga, en 2011 en Varsovia, en 2013 en Vilna, en 2015 en Riga, y en 2017 en Bruselas y la videoconferencia de los dirigentes de la Asociación Oriental celebrada en 2020,

–  Visto el Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Bielorrusia sobre la readmisión de residentes en situación ilegal(1), que entró en vigor el 1 de julio de 2020,

–  Visto el Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Bielorrusia sobre la facilitación de la expedición de visados(2), que entró en vigor el 1 de julio de 2020,

–  Vista la 6.ª sesión del diálogo bilateral sobre derechos humanos entre la Unión y Bielorrusia, que se celebró el 18 de junio de 2019 en Bruselas,

–  Vista la declaración conjunta del alto representante / vicepresidente, Josep Borrell, y del comisario de Vecindad y Ampliación, Olivér Várhelyi, de 10 de agosto de 2020, así como la declaración del alto representante en nombre de la Unión sobre las elecciones presidenciales en Bielorrusia de 11 de agosto de 2020,

–  Vista la declaración del portavoz del SEAE sobre los recientes acontecimientos en Bielorrusia de 19 de junio de 2020 y las declaraciones del alto representante / vicepresidente, Josep Borrell, relativas a las elecciones en Bielorrusia de 14 de julio de 2020, 7 de agosto de 2020 y 17 de agosto de 2020,

–  Vistas las declaraciones del portavoz del SEAE sobre la aplicación de la pena de muerte en Bielorrusia, en particular las de 30 de julio de 2019, 28 de octubre de 2019, 20 de diciembre de 2019, 11 de enero de 2020 y 7 de marzo de 2020,

–  Vista su Recomendación al Consejo, a la Comisión y al vicepresidente de la comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre la Asociación Oriental en vísperas de la cumbre de junio de 2020,

–  Visto el informe, de 10 de julio de 2020, del relator especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Bielorrusia,

–  Vistas las declaraciones de las Naciones Unidas sobre la situación en Bielorrusia, en particular las de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de 12 de agosto de 2020, de los relatores especiales de las Naciones Unidas sobre derechos humanos de 13 de agosto de 2020 y del portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de 21 de agosto de 2020,

–  Vista la declaración del presidente del Parlamento Europeo de 13 de agosto de 2020 en la que pedía el cese de la violencia en Bielorrusia,

–  Vista la declaración conjunta sobre Bielorrusia de dirigentes políticos de los grupos PPE, S&D, Renew Europe, Verts/ALE y ECR en el Parlamento Europeo de 17 de agosto de 2020,

–  Vistos los principales resultados de la reunión extraordinaria del Consejo de Asuntos Exteriores, del 14 de agosto de 2020, las conclusiones del presidente del Consejo Europeo, de 19 de agosto de 2020, sobre la situación en Bielorrusia tras las elecciones presidenciales del 9 de agosto de 2020 y las Conclusiones del Consejo Europeo de 1 de octubre de 2020 y del Consejo de Asuntos Exteriores de 12 de octubre de 2020 sobre la imposición de medidas restrictivas contra personas identificadas como responsables de la represión e intimidación contra manifestantes pacíficos, miembros de la oposición y periodistas a raíz de las elecciones presidenciales de 2020 en Bielorrusia, así como por conducta irregular del proceso electoral,

–  Vista la carta abierta sobre las actividades de vigilancia diplomática durante las elecciones presidenciales de 2020 en Bielorrusia (Minsk, 13 de agosto de 2020),

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

–  Vistas la Estrategia Global de la UE y la política europea de vecindad revisada,

–  Vistas sus Resoluciones sobre Bielorrusia, en particular las de 24 de noviembre de 2016, sobre la situación en Bielorrusia(3), de 6 de abril de 2017, sobre la situación en Bielorrusia(4), de 19 de abril de 2018, sobre Bielorrusia(5), de 4 de octubre de 2018, sobre el deterioro de la libertad de los medios de comunicación en Bielorrusia(6), en particular el caso de Carta 97, y de 17 de septiembre de 2020, sobre la situación en Bielorrusia(7),

–  Visto el artículo 118 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A9-0167/2020),

A.  Considerando que las acciones del régimen de Lukashenko son delictivas y contrarias a los valores europeos, los principios de la democracia y la voluntad del pueblo bielorruso; que, a pesar de las restricciones fundamentales a las libertades fundamentales y los derechos humanos que siguen existiendo en Bielorrusia, la política de la Unión de compromiso crítico con Bielorrusia ha producido algunos resultados en forma de acuerdos firmados y de una cooperación reforzada en ámbitos como el medio ambiente y la conectividad, la cooperación transfronteriza y la gestión de las fronteras, pero resultados insuficientes en lo que respecta a la adhesión del régimen a los valores fundamentales de la Asociación Oriental; que las actuaciones ilícitas del régimen bielorruso ponen en peligro estos resultados y las relaciones entre la Unión y Bielorrusia deben estar sujetas a una revisión exhaustiva en vista del incumplimiento del régimen de sus propios compromisos en el marco del Derecho internacional y de sus acuerdos con la Unión; que las relaciones futuras entre la Unión y Bielorrusia se definirán en las Prioridades de la Asociación, que deberán ser acordadas por la Unión y las nuevas autoridades legítimas y democráticamente elegidas en Bielorrusia, y deberán basarse en los valores comunes en los que se fundamenta la Unión, a saber, la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales;

B.  Considerando que el pueblo de Bielorrusia comparte un patrimonio y una cultura europeos comunes en un país que limita con tres Estados miembros de la Unión; que la situación en Bielorrusia puede tener repercusiones directas en la Unión;

C.  Considerando que ninguna de las elecciones parlamentarias o presidenciales celebradas en Bielorrusia desde 1994 hasta la fecha han sido libres y justas, pero pese a estas duras condiciones antidemocráticas el pueblo de Bielorrusia votó claramente a favor de un cambio, después de más de dos décadas de opresión; que las recientes elecciones presidenciales no fueron ni libres ni justas, se vieron empañadas, en mayor medida incluso que las anteriores, por una falta de consideración general por las libertades fundamentales de reunión, asociación y expresión y tuvieron lugar tras un período limitado de campaña electoral y en un entorno extremadamente restrictivo caracterizado por la represión que en general no propició una contienda política significativa o competitiva;

D.  Considerando que las autoridades bielorrusas no cumplieron las normas mínimas internacionales para un proceso de elecciones presidenciales creíble, transparente, libre y justo;

E.  Considerando que la campaña de elecciones presidenciales se vio empañada por una interferencia burocrática generalizada en favor del presidente en ejercicio, la intimidación y la represión de otros candidatos y de sus familias y partidarios, la denegación del registro de candidatos que habían recogido un número suficiente de firmas, múltiples detenciones e intentos de silenciar a periodistas y blogueros independientes y de cerrar sitios web disidentes;

F.  Considerando que un proceso de registro restrictivo y arbitrario impidió participar a la mayoría de los candidatos, incluidas las detenciones del principal contendiente presidencial Víktor Babariko y de Serguéi Tijanovski, marido de Svetlana Tijanóvskaya, otra candidata clave, y la negación por parte de la Comisión Electoral Central (CEC) de registrar al candidato clave de la oposición Valeri Tsepkalo debido a un número insuficiente de firmas de aval para el acceso a las elecciones, sin ninguna posibilidad de pedir una reevaluación del rechazo; que esto pone de relieve el carácter desproporcionado e irrazonable de los obstáculos a la candidatura, en contra de los compromisos de la OSCE y otras normas internacionales; que dicha exclusión de candidatos limitó la posibilidad del pueblo bielorruso de elegir a sus candidatos;

G.  Considerando que según los «Defensores de los derechos humanos por unas elecciones libres», otras medidas perjudicaron a los candidatos de la oposición, como la restricción de las ubicaciones donde pueden tener lugar legalmente actividades electorales, la detención de miembros de los equipos de campaña de los candidatos y el bloqueo de casi todos los candidatos de la oposición a las comisiones de las circunscripciones electorales, lo que dio lugar a que el 1,1 % del número total de candidatos electos proviniese de los partidos de la oposición y el 96,7 % de los partidos progubernamentales;

H.  Considerando que el Gobierno de Bielorrusia no emitió una invitación oportuna a la OSCE/OIDDH para la observación de las elecciones presidenciales del 9 de agosto de 2020, lo que condujo a la ausencia de observadores internacionales independientes durante estas elecciones;

I.  Considerando que, debido a restricciones impuestas por la CEC durante la pandemia del coronavirus, se impidió a los observadores electorales locales el pleno desempeño de sus funciones durante todas las fases de la votación, a saber, la votación anticipada, la votación en el día de las elecciones y la votación desde casa; que el régimen bielorruso utilizó la votación anticipada para multiplicar por varias veces la participación electoral, a la vez que se registraron numerosos casos de votación forzosa de determinadas categorías de votantes, por ejemplo, personal militar, funcionarios públicos, empleados de empresas de propiedad estatal y ciudadanos que viven en viviendas sociales; que el día de las elecciones se impidió a los observadores electorales locales supervisar el recuento de votos y que el número de votantes y los resultados electorales anunciados por las comisiones de las circunscripciones electorales y la CEC diferían significativamente de sus observaciones;

J.  Considerando que plataformas independientes creadas por organizaciones de la sociedad civil de Bielorrusia (como Golos-Belarus2020.org) realizaron sondeos a pie de urna independientes y analizaron los protocolos de más de 200 comisiones de las circunscripciones electorales, produciendo resultados genuinos que apuntan claramente hacia el hecho de que Svetlana Tijanóvskaya recibió una mayoría absoluta de los votos (entre el 71,1 % y el 97,6 %);

K.  Considerando que la CEC anunció a Aleksandr Lukashenko como ganador de las elecciones tras haber recibido supuestamente el 80,10 % de los votos, mientras que su principal oponente, Svetlana Tijanóvskaya, había obtenido el 10,12 %; que durante las jornadas electorales se denunciaron constantemente irregularidades, que a menudo se denegó el derecho de voto a las personas y que se falsificaron protocolos de las comisiones de las circunscripciones electorales;

L.  Considerando que la Unión y sus Estados miembros no reconocieron los resultados de las elecciones presidenciales debido a dudas sustanciales acerca de su imparcialidad, condenaron el uso desproporcionado e inaceptable de la fuerza contra protestantes pacíficos y apoyaron el derecho del pueblo de Bielorrusia a determinar su futuro;

M.  Considerando que Svetlana Tijanóvskaya, presidenta electa según el pueblo bielorruso, fue intimidada y obligada a abandonar Bielorrusia dos días después de las elecciones presidenciales; que otros activistas civiles y políticos y dirigentes de trabajadores también abandonaron Bielorrusia debido a las amenazas a su seguridad o la de su familia;

N.  Considerando que el régimen bielorruso se niega a entablar un diálogo nacional con el pueblo y no reconoce el Consejo de Coordinación (CC), creado por Svetlana Tijanóvskaya con el único objetivo de facilitar una transición pacífica y ordenada del poder a través del diálogo, y trata de intimidarlo y dispersarlo persiguiendo a sus miembros e iniciando acciones penales contra ellos; que la miembro de la Mesa del Consejo de Coordinación, Svetlana Alexiévich, es la única que no ha sido detenida ni expulsada por la fuerza del país por las autoridades bielorrusas;

O.  Considerando que Bielorrusia ha conocido protestas pacíficas a escala nacional sin precedentes que reclamaban unas nuevas elecciones libres y justas, tras las elecciones presidenciales del 9 de agosto de 2020 y el anuncio de unos resultados falsificados, declarando la victoria del presidente en ejercicio; que las protestas dieron lugar a una violenta represión con miles de bielorrusos detenidos, centenares hospitalizados, al menos seis muertos confirmados y docenas aún desaparecidas;

P.  Considerando que el Parlamento Europeo expresa su apoyo a las reclamaciones de elecciones libres y justas del pueblo bielorruso y su capacidad de tomar decisiones libres acerca del futuro de su país;

Q.  Considerando que el Parlamento Europeo acoge favorablemente y alienta la organización pacífica continuada de protestas a nivel nacional, y elogia el papel y el firme liderazgo de las mujeres bielorrusas;

R.  Considerando que los testimonios de los manifestantes bielorrusos acerca delas condiciones inhumanas y el trato de que fueron objeto durante su detención ilegal, incluidos informes de palizas interminables, episodios de violación, tratos degradantes, condiciones de detención inhumanas en celdas hacinadas sin acceso a agua potable, comida, instalaciones sanitarias y asistencia médica; que el líder de la oposición bielorrusa y preso político Paval Sieviaryniets se cortó las muñecas en una protesta contra la tortura y las condiciones de detención inhumanas; que tras su liberación muchas personas fueron hospitalizadas, algunas en cuidados intensivos, con lesiones como extremidades rotas, cráneos fracturados y visión y audición dañadas, algunas de las cuales, junto con los traumas psicológicos sufridos, tendrán efectos para toda la vida, incluida la infertilidad;

S.  Considerando que las represalias contra opositores del régimen, observadores electorales, periodistas, blogueros, activistas de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos, también mediante violencia física, secuestros por personas desconocidas sin marcadores de identificación, multas administrativas, amenazas de perder la custodia de un hijo y procesos penales, así como la tortura física y psicológica, se han convertido en prácticas habituales en Bielorrusia en los últimos meses;

T.  Considerando que el pueblo de Bielorrusia necesita urgentemente ayuda y apoyo de la comunidad internacional;

U.  Considerando que la situación en Bielorrusia exige una investigación internacional urgente sobre la violación de los derechos humanos de los manifestantes pacíficos y el uso de una fuerza excesiva por el régimen bielorruso;

V.  Considerando que el clima para el trabajo de los defensores de los derechos humanos, representantes de la oposición, de la sociedad civil y de los medios de comunicación se ha ido deteriorando continuamente y que son sistemáticamente objeto de intimidación, acoso y restricciones de las libertades fundamentales; que se deniega sistemáticamente el registro a las organizaciones de derechos humanos y a otras organizaciones de la sociedad civil, y que la adhesión a grupos no registrados y la percepción fondos extranjeros están tipificados; que se prohíbe a abogados de derechos humanos defender a activistas políticos y civiles detenidos que no pueden contar con recibir un juicio justo;

W.  Considerando que la impunidad generalizada de los agentes de policía contribuye a que se produzcan aún más violaciones de los derechos humanos y represalias contra defensores de los derechos humanos y personas inocentes;

X.  Considerando que el informe del relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Bielorrusia de julio de 2020 no constata ninguna mejora importante en la protección legal y reglamentaria de los derechos humanos en Bielorrusia y, además de los problemas antes destacados, llama la atención sobre la aplicación continuada de la pena de muerte, la persistente discriminación de grupos vulnerables, incluidas mujeres, personas con discapacidad, minorías étnicas y religiosas y personas LGBTQI, la práctica continuada del trabajo forzoso, la tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes de personas detenidas y la discriminación de los hablantes de la lengua bielorrusa;

Y.  Considerando que, según las organizaciones de derechos humanos bielorrusas, hay unas cien personas detenidas por motivos políticos en Bielorrusia; que entre los miembros de la oposición bielorrusa encarcelados están Mikola Statkevich, un contendiente democrático en las elecciones presidenciales de 2010, preso de conciencia desde 2011 hasta 2017, otro antiguo preso de conciencia, Anatol Liabedzka, los miembros de la Mesa del Consejo de Coordinación de Bielorrusia María Kolésnikova, Liliya Ulasava y Maxim Znak, el candidato presidencial Víktor Babariko, y el videobloguero Serguéi Tijanovski;

Z.  Considerando que el Parlamento Europeo expresó sus más sentidas condolencias por las muertes de Alyaksandr Taraykouski, Alyaksandr Vikhor, Artsyom Parukou, Henadz Shutau y Kanstantsin Shyshmakou a sus familias y a toda la nación bielorrusa;

AA.  Considerando que el 14 de agosto de 2020 el régimen bielorruso negó la entrada al país a dos diputados al Parlamento Europeo, Robert Biedroń, presidente de la Delegación para las Relaciones con Bielorrusia, y Petras Auštrevičius, ponente permanente del Parlamento Europeo sobre Bielorrusia, quienes viajaban a Bielorrusia por invitación de la sociedad civil bielorrusa;

AB.  Considerando que, desde 2014, 18 000 menores bielorrusos han sido sentenciados a penas de prisión desproporcionadamente largas, que van de los ocho a los quince años, por delitos no violentos relacionados con drogas en virtud del artículo 328 del código penal; que durante la detención y la privación de libertad los menores bielorrusos se enfrentan a numerosas violaciones de sus derechos, incluidas violencia física y torturas, y son expuestos a condiciones de trabajo peligrosas para la salud;

AC.  Considerando que, en 2016, la Unión levantó la mayoría de las sanciones contra Bielorrusia, a excepción del embargo de armas y las sanciones contra cuatro personas, y que si esto se hizo no fue porque Bielorrusia cumpliera todas las condiciones, sino con la esperanza de que continuara en la dirección de mejorar el entorno para la participación política y cívica y de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales; que no se ha logrado ningún progreso en los ámbitos de la gobernanza democrática y los derechos humanos, con un aumento de la represión administrativa, financiera y física contra la oposición democrática, las organizaciones de la sociedad civil, los periodistas y blogueros, e incluso contra ciudadanos de a pie;

AD.  Considerando que el Consejo Europeo decidió en 2020 imponer sanciones a un número considerable de personas responsables de actos de violencia, represión y falsificación de resultados electorales en Bielorrusia, prohibiéndoles la entrada a la Unión y congelando sus activos financieros en la Unión;

AE.  Considerando que es inaceptable que un Estado miembro no condene de manera inequívoca el fraude electoral, la violencia y la represión y considere la Bielorrusia de Lukashenko un Estado socio, dado que la situación en Bielorrusia exige adoptar una posición firme y basada en principios y acordar una acción común de la Unión;

AF.  Considerando que las autoridades bielorrusas negaron que la COVID-19 se hubiera propagado en el país —desperdiciando así un tiempo precioso que podría haberse utilizado para preparar y proteger a la población del país y, en particular, a su personal médico—, y no anuló eventos de masas, —en especial el desfile militar del 9 de mayo de 2020 con miles de participantes y el día anual del trabajo comunitario al que asistió un cuarto de la población bielorrusa—, sino que se atrevió a intimidar a periodistas, a blogueros, a la oposición democrática, a organizaciones de la sociedad civil y a personas de a pie que compartieron información crucial sobre la pandemia y las medidas de precaución necesarias, con la consecuencia de que Bielorrusia tiene uno de los índices de infección por COVID-19 per cápita más altos de Europa y representa una amenaza sanitaria para la región; que el Gobierno y el presidente de Bielorrusia no aportaron dato alguno sobre la pandemia ni reaccionaron a tiempo ante ella, sino que, en su lugar, difundieron activamente información falsa que puso en peligro la salud de sus ciudadanos;

AG.  Considerando que la Unión ha mostrado su solidaridad con el pueblo de Bielorrusia desde el principio de la pandemia de la COVID-19, y ha asignado 60 millones EUR al país para la mitigación de los efectos inmediatos y, en reacción a la situación postelectoral en Bielorrusia, se añadieron 53 millones EUR adicionales para apoyar al pueblo bielorruso; que Bielorrusia está estudiando la posibilidad de solicitar ayuda macrofinanciera a la Unión;

AH.  Considerando que la pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la resiliencia, la firme resolución y la autoorganización sin precedentes de la sociedad bielorrusa, en particular a la luz de la respuesta letárgica de las autoridades, incluso con negaciones de la pandemia y de su impacto;

AI.  Considerando que no existen agencias de noticias bielorrusas independientes registradas en el país, y que la libertad de prensa en Bielorrusia se ha deteriorado significativamente desde 2015, como confirma anualmente la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, y que la situación se ha agravado aún más desde las elecciones presidenciales de agosto de 2020; que los pocos periodistas, blogueros, fotógrafos o medios de comunicación independientes que pueden operar en el país y denuncian violaciones de derechos humanos están sometidos a un acoso sistemático y a medidas punitivas, como detenciones o iniciación de investigaciones penales, en particular bajo la acusación de producción ilegal y distribución de información, extremismo, descrédito e insultos al presidente o vandalismo, y que ha aumentado el número de enjuiciamientos por declaraciones en internet; que en 2000 y en 2016 dos periodistas especializados en derechos humanos fueron asesinados tras informar activamente sobre violaciones de derechos humanos y criticar las políticas represivas del Gobierno autoritario de Bielorrusia;

AJ.  Considerando que tras las elecciones presidenciales el régimen bielorruso endureció todavía más su control sobre la libertad de los medios de comunicación y el derecho de las personas a acceder a información e intercambiarla, bloqueando el acceso a internet, interrumpiendo la impresión de periódicos y deteniendo a periodistas locales y corresponsales extranjeros que fueron testigos e informaron de las manifestaciones, así como a los que criticaron la política medioambiental del Estado o que hicieron comentarios sobre la pandemia de la COVID-19 en Bielorrusia y exponiéndolos a torturas y tratos inhumanos; que los periodistas fueron objeto de ataques específicos y varios resultaron heridos cuando cubrían la represión autorizada por el régimen bielorruso contra manifestantes pacíficos; que las cadenas de televisión de propiedad estatal no cubren las protestas en curso y las atrocidades cometidas por el régimen de Lukashenko y están siendo utilizadas para difundir desinformación, atacar y desacreditar a Svetlana Tijanóvskaya, a activistas políticos y a protestantes pacíficos; que, tras la dimisión de periodistas de las cadenas de televisión estatales, estos fueron sustituidos por expertos en propaganda de Rusia;

AK.  Considerando que se está persiguiendo a los periodistas independientes que colaboran con medios de comunicación extranjeros y trabajan para ellos, en virtud del artículo 22, apartado 9, del código de infracciones administrativas, que declara ilegal recibir compensaciones económicas de medios de comunicación que no estén debidamente registrados y acreditados en Bielorrusia; que la cadena de televisión Belsat, registrada oficialmente en Polonia, no está registrada en Bielorrusia y sus actividades se hallan bajo presión y ataques constantes, incluidas detenciones brutales de sus periodistas y multas impuestas a sus colaboradores por un total de 101 791 USD a fecha de 18 de junio de 2020;

AL.  Considerando que Bielorrusia ha sufrido una presión sin precedentes por parte de Rusia para profundizar su integración dentro del Estado de la Unión, en detrimento de la soberanía de Bielorrusia, lo que ha dado lugar, entre otras cosas, al actual estancamiento de las importaciones de petróleo y de gas procedentes de Rusia;

AM.  Considerando que los veintiséis años de Lukashenko en el poder se han caracterizado por políticas de menoscabo de la soberanía y la independencia del país, y el debilitamiento de la identidad, el patrimonio y la cultura bielorrusos;

AN.  Considerando que Bielorrusia está estrechamente vinculada a Rusia y depende de ella desde el punto de vista de la seguridad, y que está llevando a cabo acciones que suponen una amenaza para los Estados miembros de la Unión, como los ejercicios militares conjuntos Zapad 2017 faltos de transparencia, los ejercicios militares conjuntos Zapad 2021 previstos y la construcción de instalaciones nucleares poco seguras;

AO.  Considerando que, tras el surgimiento de las protestas masivas, Aleksandr Lukashenko solicitó a Rusia ayuda para garantizar la supervivencia del régimen bielorruso, y pretende salvar su imagen y su respaldo público creando falsas narrativas sobre amenazas externas contra Bielorrusia por parte de agentes occidentales extranjeros y utilizándolas para justificar la intensificación de las actividades y el desplazamiento de las fuerzas militares bielorrusas en la región de Grodno junto a la frontera con Polonia y Lituania, lo que supone una amenaza directa para la Unión y sus Estados miembros;

AP.  Considerando que Bielorrusia está construyendo, en asociación con la corporación rusa ROSATOM, la central nuclear de Astravets en una ubicación injustificada a solo veinte kilómetros de la frontera exterior de la Unión y a cuarenta y cinco kilómetros de la capital de Lituania; que a la construcción de la central nuclear de Astravets le ha seguido la falta de respeto por las normas internacionales de seguridad nuclear, graves violaciones de seguridad e importantes incidentes, como la continuación de los trabajos de construcción en el lugar pese al brote de la COVID-19; que la puesta en marcha del primer reactor de la central nuclear de Astravets estaba programada para antes de las elecciones presidenciales de agosto 2020 y antes de la plena aplicación de las recomendaciones de las pruebas de resistencia llevadas a cabo por las autoridades de seguridad nuclear de la Unión;

AQ.  Considerando que la difícil situación económica, que empeorará debido a las huelgas a escala nacional y a la negativa del régimen bielorruso a entablar un diálogo nacional con el pueblo bielorruso, indica que el modelo económico de Bielorrusia ha alcanzado sus límites y que el país podría estar entrando en un período de transición en que la Unión puede desempeñar una función fundamental de equilibrio;

AR.  Considerando que se ha producido un aumento notable de la colaboración con la sociedad civil bielorrusa, también a través de actividades respaldadas por la Unión y un refuerzo de los contactos entre las personas;

1.  Recomienda al Consejo, a la Comisión y al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad:

2.  Encarga a su presidente que transmita la presente Recomendación al Consejo, a la Comisión y al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

(1) DO L 181 de 9.6.2020, p. 3. (2) DO L 180 de 9.6.2020, p. 3. (3) DO C 224 de 27.6.2018, p. 135. (4) DO C 298 de 23.8.2018, p. 60. (5) DO C 390 de 18.11.2019, p. 100. (6) DO C 11 de 13.1.2020, p. 18. (7) Textos Aprobados, P9_TA(2020)0231. (8) DO L 134 de 20.5.2006, p. 1.