El Parlamento Europeo,

–  Vistos los artículos 165 y 166 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Visto el artículo 5, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE) y el Protocolo (n.o 2) sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad,

–  Visto el artículo 14 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Vista la proclamación interinstitucional sobre el pilar europeo de derechos sociales(1),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 30 de septiembre de 2020, titulada «Conseguir el Espacio Europeo de Educación para 2025» (COM(2020)0625),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 30 de septiembre de 2020, sobre el «Plan de Acción de Educación Digital 2021-2027: Adaptar la educación y la formación a la era digital» (COM(2020)0624),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 1 de julio de 2020, titulada «Agenda europea de habilidades para la competitividad sostenible, la justicia social y la capacidad de recuperación» (COM(2020)0274),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 17 de enero de 2018, sobre el Plan de Acción de Educación Digital (COM(2018)0022),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de noviembre de 2017, titulada «Reforzar la identidad europea mediante la Educación y la Cultura» (COM(2017)0673),

–  Vista su Resolución, de 17 de abril de 2020, sobre la acción coordinada de la Unión para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias(2),

–  Vista su Resolución, de 11 de diciembre de 2018, sobre «La educación en la era digital: retos, oportunidades y lecciones para el diseño de las políticas de la Unión»(3),

–  Vista su Resolución, de 12 de junio de 2018, sobre la modernización de la educación en la Unión(4),

–  Vistas las preguntas al Consejo y a la Comisión sobre el futuro de la educación en Europa en el contexto de la COVID-19 (O-000052/2020 – B9-0020/2020 y O-000053/2020 – B9-0021/2020),

–  Vistos el artículo 136, apartado 5, y el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

–  Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Cultura y Educación,

A.  Considerando que, según el pilar europeo de derechos sociales, el acceso a la educación y el aprendizaje permanente inclusivos y de calidad constituyen un derecho humano básico y son fundamentales para adquirir y mantener capacidades, participar de forma completa y activa en la sociedad y acceder de forma eficaz al cambiante mercado laboral;

B.  Considerando que, según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), casi 1 600 millones de alumnos de más de 190 países —el 94 % de la población mundial de alumnos— se vieron afectados por el cierre de instituciones de educación y formación en el momento más álgido de la crisis de la COVID-19; que más del 60 % del alumnado de todo el mundo sigue viéndose afectado; que menos del 25 % de los países de bajos ingresos han ofrecido algún tipo de aprendizaje a distancia; que en los países más desarrollados el acceso a la educación digital fue de alrededor del 90 %, lo que implica que siguió quedando rezagado el 10 % del alumnado(5);

C.  Considerando que todavía existen graves discrepancias en la Unión, y que en algunos Estados miembros hasta el 32 % del alumnado se quedó sin acceso a la educación durante varios meses; que, en el caso de muchos alumnos, esta falta de acceso se debió a no disponer de equipos digitales, a unas capacidades digitales inadecuadas o a una desventaja previa; que, incluso en los casos en que los alumnos contaron con acceso a la educación digital, con frecuencia tuvieron que aprender sin la ayuda de un profesor, sus compañeros o de la familia, y en ocasiones en un entorno de inestabilidad en el hogar;

D.  Considerando que la pandemia de COVID-19 ha causado quizá la perturbación más grave de la historia en los sistemas de educación y formación del mundo, y ha amenazado con ocasionar una pérdida de aprendizaje para toda una generación de estudiantes y puede echar por tierra los avances de decenios; que es probable que esta pérdida de aprendizaje disminuya los futuros niveles de ingresos de esa generación y también podrá repercutir negativamente en el crecimiento de la productividad laboral y la competitividad del conjunto de la Unión; que esa misma generación ha quedado abocada a entrar en un mercado laboral que se ha visto gravemente afectado por la crisis económica generada por la COVID-19;

E.  Considerando que los centros educativos tienen una labor social y de tutela más amplia y contribuyen a la salud física y mental del alumnado; que se ha observado que la ausencia de interacción directa entre el profesor y los alumnos suele afectar al bienestar y la salud mental de estos últimos; que la pandemia ha puesto de relieve el papel fundamental de los docentes en la educación y la sociedad; que tanto los docentes como otro personal educativo se han visto a menudo sobrecargados, lo cual ha resaltado la necesidad de que dispongan de más apoyo y se reconozca más su trabajo;

F.  Considerando que la crisis ha acelerado el cambio hacia el aprendizaje digital y estimulado la innovación en la educación, como por ejemplo la mejora de las oportunidades de aprendizaje electrónico; que la inversión en empresas de tecnología del aprendizaje en los últimos años ha contribuido a la mejora de la educación en línea y las soluciones de aprendizaje electrónico; que la colaboración entre empresas y centros de enseñanza contribuye a promover la innovación en el sector educativo; que el centro de enseñanza debe seguir teniendo la última palabra en la toma de decisiones sobre los contenidos educativos;

G.  Considerando al mismo tiempo que el repentino cambio al aprendizaje masivo en línea y a distancia precipitado por la crisis ha puesto de manifiesto la existencia de enormes carencias en el diseño y la aplicación de políticas de educación digital dentro de la Unión Europea y en los Estados miembros; que la crisis ha demostrado, asimismo, que es necesaria una mayor cooperación y coordinación entre los Estados miembros en lo que respecta a las políticas de educación y formación;

H.  Considerando que la transición digital que tuvo lugar de la noche a la mañana se produjo en un contexto en el que el 43 % de los europeos carecen de capacidades digitales básicas(6); que existe una correlación directa entre el Estado miembro en el que viven las personas y su lugar de residencia dentro de este, su situación socioeconómica, su edad, sus ingresos, su nivel de formación y su empleo, por una parte, y su grado de competencia digital, por otra; que la transformación digital y el uso de nuevas tecnologías afectan al mercado laboral, lo que exige unos niveles mayores de alfabetización digital;

I.  Considerando que la pandemia representa una oportunidad de replantear el futuro de la educación;

J.  Considerando que la Comisión pretende crear un Espacio Europeo de Educación a más tardar en 2025;

K.  Considerando que el acuerdo político alcanzado por el Consejo Europeo sobre el marco financiero plurianual (MFP) para 2021-2027 supondría graves recortes en programas educativos emblemáticos como Erasmus+; que el Parlamento ha solicitado en varias ocasiones un presupuesto ambicioso para los programas educativos; que la actual crisis económica no debe entrañar recortes en el gasto público destinado a la educación;

L.  Considerando que, de conformidad con el principio de subsidiariedad, la política de educación es competencia exclusiva de los Estados miembros, y que la Unión desempeña una función de apoyo y coordinación;

1.  Acoge favorablemente la creatividad y el ingenio que han demostrado las instituciones de educación y formación, en particular su personal docente y educativo, así como los estudiantes y los progenitores, para adaptarse al aprendizaje en línea y a distancia, en especial teniendo en cuenta la naturaleza rápidamente cambiante de las circunstancias y la incertidumbre; acoge favorablemente también los ejemplos positivos que han dado los ciudadanos, la sociedad civil y los proveedores de educación no formal al adaptar sus prácticas educativas y desarrollar iniciativas que han permitido que prosiguiese el aprendizaje; solicita más esfuerzos para ampliar e incrementar la visibilidad de las iniciativas eficaces, y promover las mejores prácticas en todos los sectores educativos; pide a la Comisión que facilite a los Estados miembros una plataforma para el intercambio de buenas prácticas y, en este sentido, que analice las posibilidades de nuevas iniciativas, como crear una Universidad Europea en Línea;

2.  Subraya, sin embargo, que la repentina transición digital en la educación y la formación también ha sacado a la luz una brecha digital en lo que respecta al acceso a la infraestructura y los dispositivos digitales, la calidad de la enseñanza en línea y las capacidades de los estudiantes y el personal docente y formador;

3.  Deplora que siga habiendo en Europa alumnos y estudiantes sin acceso a la educación digital; reitera la necesidad de mejorar la conectividad a nivel europeo, en particular en las zonas rurales y remotas, e incrementar el acceso a equipos digitales; señala la innovación de vanguardia en Europa en ordenadores, tabletas y programas informáticos del ámbito educativo;

4.  Expresa su preocupación por las brechas de capacidades digitales entre el personal docente y el alumnado, que dificultan la educación digital eficaz; por consiguiente, recuerda la necesidad de invertir en oportunidades de mejora de las capacidades y desarrollo profesional dirigidas a docentes y formadores de toda Europa, a fin de que no solo dispongan de capacidades digitales, sino que también puedan enseñarlas; señala el valor de la movilidad del profesorado y del intercambio de conocimientos como herramienta clave, y pide a la Comisión que siga respaldando estas actividades;

5.  Observa que la crisis ha afectado a los diferentes sectores de la educación y la formación en distinta medida, ya que, con frecuencia, las instituciones de enseñanza superior salen mejor paradas gracias a la infraestructura y los recursos existentes y a la experiencia con las herramientas digitales; destaca que se han visto afectadas más gravemente la educación de la primera infancia, la educación escolar, la educación y formación profesionales, la educación de adultos y la educación no formal, y pide que se hagan esfuerzos adicionales para proporcionar un aprendizaje a distancia eficaz a estos sectores; recuerda a este respecto la importancia de contar con un apoyo financiero adecuado;

6.  Pide a la Comisión que recabe, evalúe y publique datos de todos los Estados miembros sobre cómo ha repercutido la pandemia en la participación del alumnado en la educación a distancia, centrándose especialmente en aquellos casos en la participación fue imposible debido a la falta de medios digitales; solicita asimismo a la Comisión que recopile datos sobre las capacidades digitales del profesorado en todos los Estados miembros;

7.  Observa con alarma que las carencias de la educación digital han exacerbado las desigualdades existentes —tanto entre los Estados miembros como dentro de ellos— y han afectado de manera desproporcionada a quienes ya padecen desventajas sociales, económicas o de otro tipo, a quienes tienen dificultades de aprendizaje y discapacidades, y a los alumnos de otros grupos vulnerables o minoritarios; destaca que eliminar esta brecha digital debe ser una prioridad inmediata;

8.  Recuerda, además, la labor esencial que desempeñan las escuelas y otros centros educativos, por ejemplo, en el suministro de acceso a comidas regulares y el apoyo de tutelaje; pone de relieve los efectos negativos de las medidas de confinamiento en la salud mental y el bienestar de los alumnos, además del estrés asociado a la incertidumbre respecto a la evaluación y la calificación, y el aislamiento de sus compañeros;

9.  Celebra, por tanto, los esfuerzos realizados por los profesionales de la enseñanza y los Estados miembros para garantizar que el aprendizaje presencial pueda reanudarse en un entorno seguro frente a la COVID-19; pide a todos los Estados miembros que hagan lo que sea necesario para garantizar el aprendizaje presencial para todos; reconoce las dificultades que implica reabrir los centros educativos y lamenta la falta de coordinación o intercambio de las mejores prácticas a nivel europeo; pide a la Comisión y a los Estados miembros que colaboren estrechamente a fin de minimizar los riesgos para la salud del personal y el alumnado y maximizar las posibilidades de proseguir con la educación presencial; al mismo tiempo, considera que, en caso de que se produzca un nuevo confinamiento, las instituciones educativas deben estar preparadas para ofrecer aprendizaje digital de calidad a todos los alumnos y atender su salud mental y su bienestar con la colaboración de los progenitores y otras partes interesadas pertinentes;

10.  Subraya que las desigualdades sociales y educativas a menudo se implantan en la primera infancia y tienden a ampliarse hasta la edad adulta, ya que, por lo general, un menor nivel educativo se traduce en peores perspectivas de empleo, lo que a su vez suele disminuir el acceso a las oportunidades de formación y desarrollo en el puesto de trabajo;

11.  Expresa su preocupación por los niveles desiguales de analfabetismo digital que la crisis ha puesto de manifiesto, ya que muchas personas tienen dificultades para gestionar aspectos de protección básica de los datos en línea, la ciberseguridad y las competencias básicas en materia de información; pone de relieve, en este sentido, el especial desafío que plantean la desinformación y las noticias falsas; destaca la importancia de enseñar competencias básicas digitales y en materia de información mediante un auténtico planteamiento de aprendizaje permanente, y subraya la necesidad de mejorar el acceso de las personas de edad avanzada y las de grupos desfavorecidos a las capacidades digitales; solicita iniciativas europeas de alfabetización digital a gran escala, que se basarán en el Plan de Acción de Educación Digital revisado;

12.  Considera que la principal lección que debe extraerse de la crisis es que la inclusión y la igualdad de oportunidades han de ocupar un lugar central, en términos tanto de acceso como de calidad, en las futuras políticas de educación y formación de la Unión;

13.  Hace hincapié en que la crisis ha demostrado la necesidad de adoptar un enfoque multilateral y de creación conjunta en la política educativa, que incluya al personal docente y formador, el alumnado, los proveedores de formación y educación no formal, los padres, las empresas, la sociedad civil, los sindicatos y las autoridades locales tanto en el diseño como en la ejecución; recuerda que el aprendizaje tiene lugar en entornos formales, no formales e informales y que la formulación de políticas debe orientarse hacia este planteamiento de múltiples entornos;

14.  Tiene el convencimiento de que la crisis ofrece la oportunidad de reflexionar profundamente sobre la futura orientación de la política de educación y formación y su lugar dentro de la agenda general de recuperación tras la pandemia; subraya el papel fundamental de la educación en las transiciones ecológica y digital; recuerda que el Pacto Verde Europeo reconoce el papel fundamental de los centros escolares, las instituciones de formación y las universidades para impulsar el cambio;

15.  Considera además que ahora es el momento de replantear y reformular los planes de estudios y los métodos de aprendizaje para acelerar el ritmo del cambio; alienta a los Estados miembros a que adopten la digitalización y la innovación e incorporen las tecnologías nuevas y emergentes, como la inteligencia artificial, la cadena de bloques, las soluciones de aprendizaje adaptativo y la ludificación, en sus sistemas de educación y formación de una manera inteligente y centrada en el alumno; destaca la necesidad de estudiar las repercusiones de las tecnologías innovadoras en la educación y de promover ejemplos de mejores prácticas a nivel europeo; recuerda la importancia de los principios legales y éticos que sustentan la propiedad intelectual en el contexto del contenido de la educación digital; insiste en que el uso de las tecnologías digitales debe incorporarse en la educación desde una edad temprana con una supervisión adecuada de los adultos y los profesionales y aplicando los niveles más exigentes de protección de datos y de los derechos de autor;

16.  Destaca que no existe ningún sustituto de la interacción directa entre docentes y alumnos, y que únicamente se puede garantizar la adquisición de aptitudes sociales e interpersonales con el aprendizaje presencial; por ello considera que, aunque es probable que la pandemia presagie un cambio hacia un modelo de educación más híbrido que combine la modalidad presencial en el aula con soluciones de aprendizaje electrónico, el aprendizaje presencial debe seguir siendo el núcleo de la educación y la formación; recuerda la importancia que reviste el estudio de las humanidades y opina que son fundamentales para complementar las materias de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, así como las capacidades empresariales;

17.  Considera que una mejor cooperación y coordinación entre los Estados miembros y una política más ambiciosa de la Unión en materia de educación y formación habrían logrado que la respuesta a la crisis de la COVID-19 fuera más eficaz, e insta a la Unión a que en el futuro sea más activa en su labor de coordinación;

18.  Pide a la Comisión, por tanto, que proponga un marco político ambicioso para la futura política educativa europea, a fin de que el Espacio Europeo de Educación deje de ser una visión poco estructurada basada en principios generales y se transforme en un programa de trabajo concreto con un conjunto de objetivos mensurables, entre ellos hacer realidad el reconocimiento mutuo automático en la Unión, a más tardar en 2025, de los títulos, los diplomas y los períodos de aprendizaje en el extranjero; insta a la Comisión a que adopte un planteamiento igualmente ambicioso en relación con el Plan de Acción de Educación Digital actualizado, de modo que deje de ser un conjunto de medidas dispares y se convierta en una estrategia completa de la UE en materia de educación y capacidades digitales; insiste en que la Comisión involucre activamente al Parlamento en todas las fases de la formulación de políticas.

19.  Insiste en que la futura política educativa europea debe articularse en torno a un marco político común que garantice que las iniciativas políticas relevantes —como la nueva Agenda de Capacidades para Europa, el Espacio Europeo de Educación, el Plan de Acción de Educación Digital, la Garantía Juvenil y la Garantía Infantil— sean complementarias y respalden objetivos políticos generales claros; considera que la dimensión educativa debe formar parte del diálogo con los ciudadanos, por ejemplo en el marco de la futura Conferencia sobre el Futuro de Europa;

20.  Observa que se ha avanzado más en el logro de un Espacio Europeo de Educación Superior que en procesos similares en otros sectores educativos; insta, por tanto, a la Comisión a que dedique mayores esfuerzos a otros sectores educativos, en particular la educación de la primera infancia, la educación escolar, la educación de adultos y la educación y formación profesionales mediante un planteamiento de aprendizaje permanente;

21.  Recuerda que el programa Erasmus+ es el principal instrumento de financiación utilizado para apoyar la construcción del Espacio Europeo de Educación; subraya el valor que presentan las herramientas desarrolladas con el apoyo de Erasmus+ para producir y compartir recursos pedagógicos, por ejemplo, mediante el hermanamiento electrónico (eTwinning), y para elaborar módulos de formación del profesorado, por ejemplo, a través de la plataforma School Education Gateway; considera que estas herramientas deben ampliarse, financiarse mejor y promoverse activamente dentro de la comunidad educativa para lograr verdaderas mejoras en la enseñanza y el aprendizaje en línea; recuerda su apoyo al programa Erasmus+ para complementar la movilidad con herramientas de cooperación y aprendizaje virtual, pero no sustituirla; señala la valiosa contribución de varios proyectos piloto y medidas preparatorias relacionados con la educación propuestos por el Parlamento y solicita que aquellos que tengan éxito se incorporen a la política y los programas;

22.  Destaca, además, la contribución que pueden hacer al Espacio Europeo de Educación las iniciativas Centros de Excelencia Profesional, DiscoverEU y Universidades Europeas; lamenta, sin embargo, el hecho de que la propuesta de la Comisión de mayo de 2020 relativa al MFP revisado —reducida aún más por el Consejo Europeo de julio de 2020— prive al programa Erasmus+ de la financiación necesaria para llevar a cabo estas iniciativas emblemáticas sin que ello repercuta en componentes fundamentales del programa, en particular el aumento de las oportunidades de movilidad por motivos de aprendizaje y la potenciación de su carácter inclusivo;

23.  Señala que diversos programas de financiación de la unión pueden respaldar la política de educación; solicita a la Comisión que otorgue prioridad a invertir de forma específica en las infraestructuras y los equipos digitales de los centros educativos y el alumnado con el propósito de facilitar el aprendizaje a distancia y en línea, haciendo mención concreta a los dispositivos digitales y el acceso a internet en las zonas remotas y rurales; hace hincapié en que deben utilizarse con ese fin el Mecanismo «Conectar Europa», el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional;

24.  Subraya que los sistemas educativos de gran calidad proporcionan la base de la competitividad mundial de la UE y recuerda que el buen funcionamiento de los sistemas de educación y formación exige altos niveles de inversión pública; hace hincapié, en este sentido, en que la adopción de políticas ambiciosas que no cuenten con la correspondiente financiación carece de credibilidad; lamenta profundamente que entre los programas sujetos a recortes presupuestarios en el acuerdo político sobre el próximo MFP alcanzado en el Consejo Europeo de julio estén precisamente los que apoyan las políticas de educación y formación —en particular Erasmus+, Horizonte Europa y el Fondo Social Europeo Plus—; reitera su petición de que se triplique el presupuesto de Erasmus+ con respecto al presupuesto recogido en el MFP para el período 2014-2020; pide a los Estados miembros que hagan un uso ambicioso de los fondos disponibles a través del plan de recuperación a fin de potenciar la inversión en educación; alienta a los Estados miembros a que incrementen el gasto público en educación de forma significativa;

25.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO C 428 de 13.12.2017, p. 10. (2) Textos Aprobados, P9_TA(2020)0054. (3) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0485. (4) DO C 28 de 27.1.2020, p. 8. (5) Brookings Institution, abril de 2020. (6) Índice de la Economía y la Sociedad Digitales, 2019.