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Procedimiento : 2020/2058(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A9-0198/2020

Textos presentados :

A9-0198/2020

Debates :

PV 12/11/2020 - 8
CRE 12/11/2020 - 8

Votaciones :

Textos aprobados :

P9_TA(2020)0305

Textos aprobados
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Viernes 13 de noviembre de 2020 - Bruselas
Plan de Inversiones para una Europa Sostenible - Cómo financiar el Pacto Verde
P9_TA(2020)0305A9-0198/2020

Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de noviembre de 2020, sobre el Plan de Inversiones para una Europa Sostenible - Cómo financiar el Pacto Verde (2020/2058(INI))

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de enero de 2020, titulada «Plan de Inversiones para una Europa Sostenible – Plan de Inversiones del Pacto Verde Europeo» (COM(2020)0021),

–  Vistas la Comunicación de la Comisión, de 11 de diciembre de 2019, titulada «El Pacto Verde Europeo» (COM(2019)0640), y su Resolución, de 15 de enero de 2020(1), sobre dicha Comunicación,

–  Vistas la propuesta de la Comisión, de 2 de mayo de 2018, de Reglamento del Consejo por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2021-2027 (COM(2018)0322) y la propuesta modificada de la Comisión, de 28 de mayo de 2020 (COM(2020)0443), junto con la propuesta modificada, de 28 de mayo de 2020, de Decisión sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea (COM(2020)0445),

–  Visto su informe provisional, de 14 de noviembre de 2018, sobre el marco financiero plurianual 2021-2027 – Posición del Parlamento con vistas a un acuerdo(2),

–  Vista su Resolución, de 10 de octubre de 2019, sobre el marco financiero plurianual 2021-2027 y los recursos propios: es hora de responder a las expectativas de los ciudadanos(3),

–  Vista su Resolución, de 15 de mayo de 2020, sobre el nuevo marco financiero plurianual, los recursos propios y el plan de recuperación(4),

–  Vistos el informe y las recomendaciones finales del Grupo de Alto Nivel sobre Recursos Propios de diciembre de 2016,

–  Vista su Resolución legislativa, de 16 de septiembre de 2020, sobre el proyecto de Decisión del Consejo sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea(5),

–  Vistas la Comunicación de la Comisión, de 27 de mayo de 2020, titulada «El momento de Europa: reparar los daños y preparar el futuro para la próxima generación» (COM(2020)0456) y las propuestas legislativas que la acompañan,

–  Vistas la Directiva (UE) 2018/410 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE para intensificar las reducciones de emisiones de forma eficaz en relación con los costes y facilitar las inversiones en tecnologías hipocarbónicas, así como la Decisión (UE) 2015/1814, y la Decisión (UE) 2015/1814 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 2015, relativa al establecimiento y funcionamiento de una reserva de estabilidad del mercado en el marco del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión, y por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE,

–  Vista su Resolución, de 18 de diciembre de 2019, sobre la equidad fiscal en una economía digitalizada y globalizada: BEPS 2.0(6),

–  Vista su Resolución, de 17 de abril de 2020, sobre la acción coordinada de la Unión para luchar contra la pandemia de COVID‑19 y sus consecuencias(7),

–  Visto el informe final del Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Finanzas Sostenibles, de 31 de enero de 2018,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 8 de marzo de 2018, titulada «Plan de Acción: Financiar el desarrollo sostenible» (COM(2018)0097),

–  Vista su Resolución, de 29 de mayo de 2018, sobre finanzas sostenibles(8),

–  Vista su Resolución, de 23 de julio de 2020, sobre las Conclusiones de la reunión extraordinaria del Consejo Europeo de los días 17 a 21 de julio de 2020(9),

–  Vistos el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, y el Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros,

–  Vistas las previsiones económicas europeas trimestrales de la Comisión,

–  Vistos la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), su Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París,

–  Vistos los Principios para la Inversión Responsable, los Principios de Banca Responsable y los Principios para la Sostenibilidad en Seguros, respaldados por las Naciones Unidas,

–  Vistos el pilar europeo de derechos sociales, la Declaración Universal de Derechos Humanos, las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y los ocho convenios fundamentales de la OIT,

–  Vistos los Estatutos del Banco Central Europeo (BCE),

–  Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Vistas las deliberaciones conjuntas de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de conformidad con el artículo 58 del Reglamento interno,

–  Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

–  Vistas las opiniones de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de la Comisión de Transportes y Turismo, de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y de la Comisión de Cultura y Educación,

–  Visto el informe de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A9‑0198/2020),

A.  Considerando que las inversiones necesarias para la adaptación al cambio climático aún no se han evaluado ni incorporado a las cifras climáticas del marco financiero plurianual (MFP);

B.  Considerando que el camino hacia la neutralidad climática para 2050 impulsará la competitividad de la economía de la Unión y conllevará un superávit de puestos de trabajo sostenibles y de gran calidad;

C.  Considerando que el Informe especial sobre el calentamiento climático de 1,5 ºC del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) deja claro que las políticas adoptadas hasta la fecha son insuficientes para evitar que el calentamiento global supere los 1,5 °C y para prevenir la pérdida de biodiversidad y la perturbación de los flujos biogeoquímicos;

D.  Considerando que la Ley Europea del Clima consagrará el compromiso de la Unión en favor de la neutralidad climática para 2050, incluidas las ambiciosas etapas intermedias necesarias para alcanzar este objetivo;

E.  Considerando que la Comisión prevé que las inversiones necesarias a escala de la Unión para alcanzar los objetivos climáticos actuales para 2030 ascenderán a 240 000 000 000 EUR al año(10), a los que se añaden importes adicionales de 130 000 millones EUR al año para objetivos medioambientales, 192 000 000 000 EUR al año para infraestructuras sociales y 100 000 000 000 EUR al año para unas infraestructuras de transporte más amplias en Europa; que ello representa, en total, unas necesidades de inversión de al menos 662 000 000 000 EUR al año; que estas cifras se basan en el objetivo climático para 2030 de reducir un 40 % las emisiones de gases de efecto invernadero; que, ahora que el Parlamento ha acordado objetivos más ambiciosos, el déficit de inversión es aún mayor; que es esencial movilizar todos los fondos disponibles para suplir el déficit de inversión;

F.  Considerando que en el artículo 2, apartado 1, del Acuerdo de París se insta a «situar los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero»;

G.  Considerando que el Pacto Verde Europeo es una nueva estrategia de crecimiento destinada a transformar la Unión en una sociedad equitativa y próspera, con una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva en la que no habrá emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050 y en la que el crecimiento económico estará disociado del uso de los recursos, y que también debería contribuir a garantizar la autonomía estratégica de la Unión;

H.  Considerando que la pandemia de COVID‑19 pone de relieve la importancia que revisten las inversiones en una economía sostenible en términos sociales y medioambientales, y en particular las inversiones que promueven una I+D puntera, un sector industrial competitivo, un mercado único más profundo y reforzado, unas pymes sólidas, la asistencia sanitaria, un sistema de protección social robusto y el bienestar social;

I.  Considerando que el gasto necesario para apoyar a las economías europeas plantea el interrogante de cómo se devolverá la deuda contraída; que es importante evitar el aumento de las desigualdades, como ocurrió tras la crisis anterior;

J.  Considerando que la creación de un sistema económico sostenible es fundamental para desarrollar la autonomía estratégica a largo plazo de la Unión y mejorar su resiliencia;

K.  Considerando que la política comercial repercute en las emisiones de gases de efecto invernadero;

L.  Considerando que las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte representan el 27 % de las emisiones globales de la Unión y son las únicas que siguen aumentando; que el transporte debe contribuir, de forma neutra con respecto a la tecnología, a la consecución de los objetivos de reducción de las emisiones de la Unión con miras a lograr la neutralidad climática de aquí a 2050, velando al mismo tiempo por que el transporte siga siendo asequible y competitivo; que la reducción de las emisiones del sector del transporte puede acelerarse, en lo que respecta tanto a las infraestructuras como al parque de vehículos, desarrollando y reforzando las sinergias con otros sectores, como el digital o el energético;

M.  Considerando que las exenciones fiscales para los sectores aeronáutico y marítimo también pueden distorsionar la competencia entre los sectores industriales y promover medios de transporte ineficientes y contaminantes;

N.  Considerando que el artículo 2 de los Estatutos del BCE establece que, si se alcanza y no se cuestiona el objetivo de la estabilidad de precios, la política monetaria del BCE debe desarrollarse de manera que apoye los objetivos de la Unión establecidos en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE), que prevé, entre otros objetivos, la protección de la calidad del medio ambiente;

O.  Considerando que, en el contexto de la revisión de su estrategia de política monetaria, el BCE evaluará si, y de qué manera, puede tener en cuenta en el marco de su mandato las consideraciones de sostenibilidad medioambiental y, en particular, los riesgos vinculados a la sostenibilidad medioambiental;

P.  Considerando que la activación de la cláusula general de salvaguardia tiene por objeto permitir a los Estados miembros adoptar una política presupuestaria que facilite la aplicación de todas las medidas necesarias para afrontar adecuadamente la crisis sin salirse del marco normativo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento; que la cláusula general de salvaguardia establece que su aplicación no debe poner en peligro la sostenibilidad presupuestaria;

1.  Acoge con satisfacción el Plan de Inversiones para una Europa Sostenible por ser fundamental para el éxito del Pacto Verde y la transición hacia una economía más sostenible, competitiva, circular y resiliente en consonancia con los compromisos medioambientales de la Unión, incluidos los compromisos climáticos derivados del Acuerdo de París y la Ley Europea del Clima; subraya que el Plan debe ser un pilar de la respuesta coordinada e inclusiva de la Unión encaminada a crear una economía y una sociedad más resilientes tras la pandemia de COVID‑19 y debe fomentar la cohesión territorial, social y económica; señala que la sostenibilidad ha de respetar las consideraciones de estabilidad financiera;

2.  Saluda el Plan de Recuperación para Europa de la Comisión, del que son parte esencial el Pacto Verde Europeo y la estrategia de digitalización; respalda el principio subyacente de que las inversiones públicas respetarán el principio de «no ocasionar un perjuicio significativo», y destaca que este principio se aplica tanto a los objetivos sociales como a los medioambientales; resalta que los planes nacionales de recuperación y resiliencia deben colocar a la Unión en la senda para alcanzar la neutralidad climática en 2050, como se establece en la Ley Europea del Clima, incluidos los objetivos intermedios para 2030, lo que garantizaría la transición de los Estados miembros hacia una economía circular y climáticamente neutra con arreglo a la ciencia y a objetivos climáticos sujetos a plazos;

3.  Recuerda que las inversiones en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia deberán respetar el principio de «no ocasionar daños»; destaca que las inversiones relacionadas con el cambio climático deben ajustarse a la taxonomía de la Unión y que los planes de recuperación nacionales deben ser acordes con los planes nacionales de energía y clima;

4.  Considera que lograr una transición justa hacia la neutralidad climática es una responsabilidad primordial de la Unión; pide que se apliquen medidas y políticas adecuadas para que esta transformación sea un éxito, con la participación de los sectores público y privado, las regiones, las ciudades y los Estados miembros; pide que se dé prioridad a las inversiones que apoyen una transición sostenible, la agenda digital y la soberanía europea en sectores estratégicos mediante una estrategia industrial coherente; considera que la digitalización de los sectores público y privado contribuirá a alcanzar la neutralidad climática;

5.  Destaca que la consecución del objetivo de la Unión de alcanzar la neutralidad climática y convertirse en una economía circular en 2050 dependerá, entre otros factores, de la idoneidad de la financiación y de la coherencia en la integración de la sostenibilidad en las finanzas públicas y privadas; subraya que la financiación pública no bastará por sí sola para alcanzar los objetivos mencionados y contribuir a la transición; recalca que se tendrá que ir acompañada de volúmenes considerables de otras inversiones públicas y privadas sostenibles; pide a la Comisión, por tanto, que fomente las inversiones públicas y privadas cuando desarrolle el programa Plan de Inversiones para una Europa Sostenible; pone de relieve que, incluso con una financiación ambiciosa, los fondos disponibles no serán ilimitados; considera esencial que el Plan de Inversiones para una Europa Sostenible contemple y posibilite inversiones adicionales con un valor añadido real que dejen espacio a la financiación del mercado; insta a la Comisión a establecer un marco sólido de notificación y seguimiento que garantice que el gasto tenga un impacto real; insiste en que el vínculo entre gastos e ingresos, en particular a través de la creación de nuevos recursos propios, será fundamental para la aplicación del Pacto Verde;

6.  Señala que todos los sectores de la economía de la Unión se verán afectados por la transición hacia una economía verde, e insiste en que la senda hacia la neutralidad climática debe potenciar la competitividad de la economía europea y dar lugar a la creación neta de puestos de trabajo sostenibles y de alta calidad en la Unión; subraya que la transición ecológica debe ser inclusiva y ajustarse a los principios de sostenibilidad económica, social y medioambiental; considera que el Plan de Inversiones para una Europa Sostenible no debe dejar descolgado a nadie y que ha orientarse, cuando sea necesario, a la reducción de las disparidades entre los Estados miembros y las regiones en lo que respecta a la consecución de los objetivos de neutralidad climática; recuerda que la conservación y la creación de puestos de trabajo, así como el perfeccionamiento y el reciclaje profesionales, son de suma importancia en el proceso de transición energética;

7.  Subraya asimismo que el éxito del Pacto Verde Europeo requiere que los productores europeos de servicios y productos sostenibles conozcan las ventajas que ofrece;

8.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que se aseguren de que el Plan de Inversiones para una Europa Sostenible reciba una financiación adecuada, de modo que los futuros programas, como la Estrategia «Oleada de renovación», tengan un impacto suficiente en todos los edificios de la Unión, sean aceptables para todos los ciudadanos de la Unión y reciban una acogida favorable por parte de estos;

9.  Alberga dudas sobre la capacidad del Plan de Inversiones para una Europa Sostenible, en su versión actual, para movilizar un billón EUR de aquí a 2030, habida cuenta de las perspectivas económicas desfavorables debidas a la pandemia de COVID‑19; solicita a la Comisión que esclarezca totalmente los interrogantes relativos a la financiación, como el optimista efecto de apalancamiento, la posibilidad de computar dos veces algunas inversiones, o la falta de claridad sobre las extrapolaciones de determinados importes; alberga dudas asimismo sobre la forma en que el nuevo MFP propuesto por la Comisión y acordado en las Conclusiones del Consejo Europeo puede propiciar la consecución de los objetivos del Plan de Inversiones para una Europa Sostenible; muestra su preocupación por el hecho de que, al concentrarse la financiación de los programas de la Unión en sus primeras fases, pueda surgir un déficit de inversión ecológica al final de la vigencia del próximo MFP; pide a la Comisión y a los Estados miembros que presenten planes que expliquen cómo cubrirán el considerable déficit de inversión mediante inversiones tanto públicas como privadas y que incluyan una evaluación de las nuevas perspectivas económicas resultantes de la crisis actual y el previsible aumento de la ambición de los objetivos para 2030 en materia de clima, energía y medio ambiente; subraya que el Plan de Inversiones para una Europa Sostenible es un objetivo a largo plazo de la Unión y no puede verse perjudicado por recortes en futuros MFP que dediquen una gran parte del dinero a reembolsar la deuda a largo plazo;

10.  Observa que la Comisión, en su Comunicación, de 14 de enero de 2020, sobre el Plan de Inversiones para una Europa Sostenible ha estimado que las necesidades de inversión a nivel de la UE para alcanzar los objetivos climáticos actuales para 2030 son de, al menos, 662 000 000 000 EUR al año; pide a la Comisión que refleje estas nuevas cifras en una arquitectura revisada de dicho Plan;

11.  Insta a la Comisión a revelar la exposición de todos los fondos del MFP y de Next Generation EU a los diferentes objetivos y categorías de la taxonomía de la UE;

12.  Espera que se vele por que la financiación del Plan de Inversiones para una Europa Sostenible en los niveles regional, nacional y de la Unión se encauce hacia las políticas y programas con mayor potencial para contribuir a la lucha contra el cambio climático y a otros objetivos medioambientales, incluida la transición de las empresas de la Unión, y en particular de las pymes, a una economía más competitiva de la Unión y a la creación de empleo, adaptándose a las diferentes necesidades nacionales, regionales y locales; aguarda con interés que la Comisión dé a conocer, antes del inicio del próximo MFP, un marco para el seguimiento de los gastos en el ámbito del clima y la biodiversidad y otros gastos sostenibles recurriendo, cuando proceda, a los criterios establecidos en el Reglamento por el que se establece una taxonomía; pide que este marco incluya, entro otros elementos, una metodología de seguimiento, junto con las correspondientes medidas correctoras, y un mecanismo de verificación y vigilancia de la sostenibilidad para poner de manifiesto los impactos nocivos de conformidad con el principio de «no causar un perjuicio significativo» y los compromisos adquiridos en virtud del Acuerdo de París;

13.  Destaca que el éxito del Plan de Inversiones para una Europa Sostenible depende de la idoneidad de la financiación pública y privada y de la coherencia de las políticas de la Unión; subraya, por tanto, la necesidad de contar con indicadores de sostenibilidad armonizados y una metodología para cuantificar el impacto; insiste en que, habida cuenta del Plan de Inversiones para una Europa Sostenible, deben emprenderse evaluaciones de impacto respecto de otros textos legislativos, tanto si están en fase de elaboración como si han sido adoptados, para evaluar la compatibilidad de la legislación vigente de la Unión con los objetivos de neutralidad climática de la Unión;

14.  Subraya que uno de los objetivos del Plan de Inversiones para una Europa Sostenible debe ser garantizar que las actividades económicas insostenibles pasen a ser sostenibles;

15.  Considera que la financiación pública y privada debe tener en cuenta el Reglamento por el que se establece una taxonomía y atenerse al principio de «no causar un perjuicio significativo», a fin de garantizar que las políticas y la financiación de la Unión, incluido el presupuesto de la UE, los programas financiados mediante Next Generation EU, el Semestre Europeo y la financiación del Banco Europeo de Inversiones (BEI) no contribuyan a proyectos y actividades que causen un perjuicio significativo a objetivos sociales o medioambientales, no mermen la competitividad económica y no destruyan empleo; destaca que los presupuestos públicos y la banca pública no podrán corregir por sí solos los déficits de inversión; señala que cada año diez grandes bancos europeos siguen invirtiendo más de 100 000 000 000 EUR en combustibles fósiles; recuerda que, con arreglo al Reglamento por el que se establece una taxonomía, la Comisión debe adoptar antes de acabar 2020 un acto delegado que defina criterios técnicos de selección para las actividades que contribuyan sustancialmente a la mitigación del cambio climático y la adaptación a este;

16.  Pide a la Comisión que se asegure de que el nuevo MFP no destine apoyo o inversiones a actividades que conduzcan a una dependencia de activos que son nocivos para los objetivos climáticos y medioambientales de la Unión habida cuenta de su vida útil;

17.  Pide a la Comisión que evalúe las opciones para ampliar el uso de la taxonomía de la Unión a fin de hacer un seguimiento del gasto en clima y medio ambiente en toda la financiación pública de la Unión, incluidos el nuevo MFP, InvestEU, el instrumento Next Generation EU, el Instrumento de Apoyo a la Solvencia, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y los fondos del Banco Europeo de Inversiones (BEI);

18.  Pide que el principio de «no causar un perjuicio significativo» sea operativo en los reglamentos pertinentes sobre la financiación de la Unión, por ejemplo mediante la verificación de la sostenibilidad climática, medioambiental y social; recuerda que no deben establecerse normas estrictas de inversión sin consultar antes con las administraciones públicas locales y regionales, la industria y las pymes;

19.  Pide a la Comisión que evalúe e identifique las actividades que ocasionan un perjuicio significativo a la sostenibilidad medioambiental, de conformidad con el artículo 26, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) 2020/852 y conforme a lo recomendado por el Banco Central Europeo y la Red para la Ecologización del Sistema Financiero creada por bancos centrales y autoridades reguladoras;

20.  Pide la supresión progresiva y realista de las inversiones públicas y privadas en actividades económicas nocivas y contaminantes para las que existan alternativas viables económicamente, respetando plenamente el derecho de los Estados miembros a decidir su combinación energética, con el objetivo de implantar un sistema de energía renovable y una red energética que sean compatibles con el Acuerdo de París; subraya la urgencia de encontrar estas alternativas mediante enormes inversiones en innovación tecnológica y eficiencia energética; insiste en que las actividades financiadas por Plan de Inversiones para una Europa Sostenible no deben contribuir a reforzar las desigualdades sociales ni a profundizar la brecha económica y social entre el este y el oeste de la Unión; recuerda, en este contexto, que entre 2014 y 2016, once países y la Unión gastaron 112 000 000 000 EUR al año en subvencionar los combustibles fósiles; pide a la Comisión y a los Estados miembros que preparen estrategias para eliminar gradualmente todas las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente con el fin de mejorar la coherencia y la credibilidad de la Unión en la preservación de la biodiversidad y los ecosistemas naturales, y que impulsen la transición hacia sistemas de energía limpia y una economía climáticamente neutra y circular;

21.  Considera que la transición a la neutralidad climática debe mantener la igualdad de condiciones para las empresas de la Unión y su competitividad, en particular en caso de competencia desleal de terceros países; considera que, para alcanzar sus objetivos, el Plan de Inversiones para una Europa Sostenible también debe contribuir a una producción europea sostenible y a reducir las emisiones mundiales a través de la política comercial; pide que los acuerdos comerciales no garanticen la protección de los inversores a expensas de las normas medioambientales, sociales o sanitarias; subraya la importancia de incluir en los acuerdos comerciales celebrados por la Unión con terceros países normas climáticas y otras normas medioambientales cuyo cumplimiento sea exigible, también con el fin de garantizar la igualdad de condiciones para las empresas europeas; pide que se garantice que los terceros países puedan optar a proyectos transfronterizos que contribuyan a los objetivos del Acuerdo de París;

22.  Subraya que Erasmus +, el Cuerpo Europeo de Solidaridad y Europa Creativa, como principales programas de la Unión en materia de educación, voluntariado y cultura, son un instrumento esencial de la respuesta global al cambio climático y son fundamentales para fomentar la educación en las capacidades necesarias para la transición verde, la sensibilización sobre las cuestiones medioambientales y relacionadas con el cambio climático, en particular entre los jóvenes que se presentan voluntarios para proteger el medio ambiente, y el desarrollo de soluciones creativas, inclusivas y accesibles para hacer frente a los desafíos medioambientales; destaca que estos programas contribuyen a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de la Unión; destaca a este respecto la importancia de las becas en el ámbito de la agricultura apoyadas por Erasmus+;

El presupuesto de la UE: seleccionar, movilizar y catalizar recursos financieros

23.  Destaca el papel esencial del presupuesto de la Unión en la ejecución del Plan de Inversiones para una Europa Sostenible; insiste en su reiterada posición de que las nuevas iniciativas deben someterse siempre a una evaluación y verificación de la sostenibilidad, deben financiarse mediante créditos nuevos y no deben ir en detrimento de otras políticas; destaca la importancia de políticas de la Unión de larga tradición como la cohesión o la agricultura, junto con otros ámbitos de actuación de primer orden, como la investigación, la innovación o la mitigación del cambio climático y la adaptación a este; pide a la Comisión y a los Estados miembros que cumplan sus compromisos políticos y doten a la Unión de un MFP orientado al futuro y capaz de responder a las expectativas de los ciudadanos;

24.  Subraya la importancia de las inversiones privadas sostenibles y su contribución a la consecución de los objetivos del Plan de Inversiones para una Europa Sostenible, y considera que se deben dar facilidades a la financiación privada; destaca asimismo que el apoyo técnico debe reforzarse mediante viveros de empresas y de proyectos, tanto de ámbito local como nacional, que pongan en relación a financiadores y a promotores de proyectos;

25.  Se congratula de que el Consejo Europeo haya aceptado el Instrumento de Recuperación de la Unión Europea como instrumento de emergencia para apoyar las inversiones y las reformas; lamenta, no obstante, la propuesta de reducir significativamente la financiación complementaria para varios programas de la Unión y suprimirla por completo en el caso de otros programas; considera que la propuesta de recortes a los programas de apoyo a la transición de las regiones dependientes del carbono es contraria a la agenda del Pacto Verde de la Unión y afectará también, en última instancia, a la financiación del Plan de Inversiones para una Europa Sostenible;

26.  Destaca que, para cumplir las obligaciones asumidas en virtud del Acuerdo de París, la contribución de la Unión a los objetivos climáticos debe encontrar respaldo en un porcentaje ambicioso del presupuesto de la Unión destinado al clima y a la biodiversidad; aspira, por tanto, a alcanzar lo antes posible un objetivo vinculante de gasto del 30 % para la integración transversal de la lucha contra el cambio climático y del 10 % para la biodiversidad; destaca que el objetivo de gasto climático debe aplicarse al MFP en su conjunto; subraya que también debería aplicarse un objetivo climático del 37 % al gasto de Next Generation EU; insta a la Comisión a crear un marco significativo y transparente para el rastreo y el seguimiento del gasto relacionado con el clima en el presupuesto de la Unión; destaca el carácter esencial de los nuevos recursos propios a la hora de permitir que el presupuesto de la Unión alcance en el futuro un nivel más elevado de financiación para la lucha contra el cambio climático;

27.  Acoge con satisfacción la propuesta de complementar el Fondo de Transición Justa con fondos suplementarios de Next Generation EU, pero lamenta la propuesta del Consejo de reducir esta financiación complementaria, y subraya que se necesitará más apoyo para lograr que los trabajadores afectados directa e indirectamente por la transición reciban la asistencia oportuna; reitera que los recursos del Fondo de Transición Justa pueden complementar los recursos disponibles para la política de cohesión, y señala que la nueva propuesta no debe perjudicar la política de cohesión mediante transferencias obligatorias procedentes de las dotaciones nacionales de los Estados miembros ni producir distorsiones de la competencia;

28.  Considera que el principio de transición justa debe integrarse en todo el Pacto Verde, y que el Fondo de Transición Justa debe orientarse, en particular, a las regiones más dependientes de los combustibles fósiles; resalta que los proyectos que reciban los fondos deben ser sostenibles desde los puntos de vista medioambiental, social y económico y deben tener viabilidad a largo plazo; pide, por tanto, una estrategia global de la Unión para el desarrollo y la modernización de las regiones que reciban apoyo del Fondo de Transición Justa;

29.  Subraya que en la elaboración de los planes de transición justa deben participar todas las partes interesadas pertinentes; considera que los planes de transición justa deben tener en cuenta los diferentes puntos de partida de los Estados miembros y las regiones en la transición hacia la neutralidad climática; señala que debe haber más claridad en los criterios que permiten optar a la financiación; considera que los programas financiados por el Fondo de Transición Justa también deben evaluarse utilizando metodologías referidas al seguimiento climático, a la contabilidad del capital natural y al ciclo de vida;

30.  Acoge con satisfacción los otros dos pilares del Mecanismo para una Transición Justa, a saber, un régimen específico en el marco de InvestEU y un instrumento de préstamo al sector público, que, junto con el Fondo de Transición Justa, crearán nuevas oportunidades económicas y contribuirán a aliviar los efectos socioeconómicos de la transición hacia la neutralidad climática y la implantación de la economía circular en la Unión en las regiones y ciudades más vulnerables y que mayor uso hacen del carbono, y contribuirán a abordar los retos de asequibilidad de la energía a los que se enfrentan los ciudadanos durante el proceso de transición; considera que el éxito de estos pilares requiere garantizar una asistencia técnica suficiente para los Estados miembros, las regiones y las ciudades;

31.  Subraya que una transición socialmente justa no será posible sin una contribución masiva de las áreas metropolitanas; considera, por tanto, que las ciudades deben tener un acceso fácil a los recursos de los pilares segundo y tercero del Mecanismo para una Transición Justa, con el fin de desarrollar un mecanismo financiero a gran escala que respalde los esfuerzos sociales y climáticos de las ciudades; señala que las facilidades pueden consistir en fondos directamente accesibles, entre otros fines, para políticas de vivienda, la reforma de edificios, programas de renovación y aislamiento, proyectos de transporte público, la mejora de la infraestructura ecológica de las ciudades, la introducción de instrumentos de economía circular o proyectos de gestión sostenible del agua;

32.  Acoge con satisfacción la contribución de InvestEU a la puesta en marcha y el funcionamiento del Plan de Inversiones para una Europa Sostenible, y considera que debe desempeñar un papel fundamental en la recuperación ecológica, equitativa y resiliente de la Unión; lamenta que la financiación propuesta para InvestEU, tanto a través del MFP como de Next Generation EU, se haya reducido significativamente en comparación con la última propuesta de la Comisión; acoge con satisfacción la propuesta de crear un Instrumento de Inversión Estratégica, en particular la creación de un quinto eje en el marco de InvestEU —el eje de inversiones europeas— para promover inversiones sostenibles en tecnologías y cadenas de valor clave; destaca que los proyectos financiados en el marco de InvestEU deben ser compatibles con los compromisos de la Unión para 2030 en materia de clima y medio ambiente;

33.  Subraya que la propuesta revisada de la Comisión ya integra el acuerdo preliminar sobre InvestEU alcanzado entre el Parlamento y el Consejo en mayo de 2019; recuerda que, además de una posición privilegiada para el Grupo BEI, dicho acuerdo prevé también un papel importante para otros socios ejecutantes, tales como los bancos nacionales de fomento u otras instituciones financieras internacionales; recuerda asimismo que InvestEU es un instrumento orientado a la demanda y que, por ello, debe evitarse una excesiva concentración sectorial o geográfica; hace hincapié en que es necesario garantizar que se disponga de la asistencia técnica adecuada sobre el terreno, con el fin de garantizar que se financien proyectos donde más se necesitan y de manera que proporcionen una auténtica adicionalidad; destaca, a este respecto, la contribución fundamental del centro de asesoramiento, para el que es necesario garantizar una dotación económica adecuada;

34.  Reitera la responsabilidad de la Unión, como líder mundial en la lucha contra el cambio climático, de animar a otros socios internacionales a adoptar un enfoque similar; considera que los recursos que el presupuesto de la Unión concede a terceros países no deben gastarse en ningún modo contrario a los objetivos del Pacto Verde, y deben aspirar a facilitar el logro de sus objetivos, teniendo en cuenta los distintos niveles de desarrollo de cada país y sus diferentes necesidades de inversión; estima que la pandemia ha demostrado que la acción para proteger el medio ambiente y la biodiversidad fuera de la Unión está indisociablemente ligada a la salud en la Unión y que dicha acción es rentable si la comparamos con el impacto de la pandemia;

35.  Observa que el Fondo de Innovación y el Fondo de Modernización deben aportar una contribución significativa a la transición sostenible hacia las cero emisiones netas de gases de efecto invernadero de aquí a 2020, y celebra en particular el hecho de que el Fondo de Modernización esté diseñado para apoyar inversiones destinadas a mejorar la eficiencia energética en los diez Estados miembros de menor renta, por lo que es un instrumento importante para garantizar una transición justa; destaca, no obstante, la necesidad de un mayor control sobre el Fondo, dado que las inversiones en actividades que perjudiquen significativamente a los objetivos sociales y ambientales no deberían poder optar a las subvenciones del Fondo de Modernización;

36.  Considera necesario evitar solapamientos con las actividades relacionadas financiadas con cargo al presupuesto de la Unión y cree que la existencia de estos Fondos fuera del presupuesto de la Unión podría perjudicar al control presupuestario; insta a la Comisión a que mantenga debidamente informada a la Autoridad Presupuestaria sobre el destino de los Fondos;

37.  Acoge favorablemente la intención de la Comisión de revisar tanto el Fondo de Modernización como el Fondo de Innovación en el marco de su revisión del régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE); reitera su demanda de larga data de clasificar una parte significativa de los ingresos del RCDE como recursos propios;

38.  Subraya el papel clave que la política agrícola común (PAC) y la política pesquera común tendrán que desempeñar en la consecución de los objetivos del Plan de Inversiones para una Europa Sostenible; toma nota de que, en la senda de los sectores agrícola y pesquero de la Unión hacia una gestión más sostenible de los recursos y la preservación de la biodiversidad, la PAC debe mantener sus objetivos de apoyar el suministro de alimentos de alta calidad, garantizar la soberanía alimentaria de los europeos, contribuir a unos ingresos estables y aceptables de los agricultores y pescadores, y contribuir al desarrollo sostenible de las zonas rurales; destaca la necesidad de garantizar que la PAC contribuye a los objetivos climáticos y de sostenibilidad de la Unión, tal como pone de relieve el Tribunal de Cuentas Europeo en su informe de 7 de noviembre de 2018;

39.  Subraya la importancia de facilitar el acceso a la financiación pública y privada en aras de un aumento de las inversiones ecológicas y en apoyo del desarrollo y el acceso a las herramientas de digitalización, la modernización y la innovación, lo que permitirá a los sectores agrícola y pesquero y a las zonas rurales afrontar los desafíos y aprovechar las oportunidades en relación con la consecución de los objetivos y aspiraciones del Pacto Verde;

40.  Subraya que la política de cohesión, como principal política de inversión de la UE, desempeñará un papel crucial en el respaldo a la transición a la neutralidad climática; llama la atención sobre el hecho de que, tras la pandemia de COVID-19, la política de cohesión será uno de los instrumentos decisivos en la recuperación económica sostenible, y debe mantener su papel tradicional de contribuir al fomento de la cohesión social, económica y territorial, tal como se establece en los Tratados de la Unión; insiste en que la política de cohesión debe reforzarse para permitirle cumplir sus principales objetivos y contribuir al éxito del Pacto Verde Europeo;

41.  Apoya el enfoque innovador de la Comisión reflejado en su afirmación de que el presupuesto de la Unión contribuirá al logro los objetivos climáticos y ambientales también a través de los ingresos; recuerda la posición del Parlamento favorable a la introducción de nuevos recursos propios que puedan generar valor añadido y brinden un apoyo sustancial al Pacto Verde Europeo;

42.  Reitera su posición anterior sobre la lista de posibles nuevos recursos propios, definida en el informe provisional sobre el MFP, que debería corresponderse con los objetivos esenciales de la Unión, en particular la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente; pide, por tanto, la introducción de nuevos recursos propios, sin crear una carga adicional para los ciudadanos, que podrían incluir, por ejemplo, aquellos para los que la Comisión presentó cifras en 2018 sobre la base de:

   i) ingresos procedentes de las subastas del RCDE, que podrían ascender a entre 3 000 000 000 y 10 000 000 000 EUR al año,
   ii) una contribución basada en los residuos no reciclables de envases de plástico, que podría ascender a entre 3 000 000 000 y 10 000 000 000 EUR al año,
   iii) el futuro mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de carbono, que podría ascender a entre 5 000 000 000 y 14 000 000 000 EUR al año,
   iv) una base tributaria consolidada común, que podría ascender hasta los 12 000 000 000 EUR al año,
   v) un impuesto sobre las grandes empresas digitales, que podría recaudar entre 750 000 000 y 1 300 000 000 EUR al año, y
   vi) un impuesto sobre las transacciones financieras, que, sobre la base de la propuesta original de la Comisión de 2012 y teniendo en cuenta el Brexit y el crecimiento económico, podría ascender hasta los 57 000 000 000 EUR al año, dependiendo del alcance del impuesto;

reitera, en este sentido, su llamamiento a todos los Estados miembros para que se unan al marco de cooperación reforzada relativo al impuesto sobre las transacciones financieras; pide a la Comisión que facilite lo antes posible información sobre los recursos propios presentados en su Comunicación de 27 de mayo de 2020 sobre el Plan de Recuperación, en especial sobre la exacción en función de las operaciones de las grandes empresas y la posible ampliación del RCDE a los sectores marítimo y de la aviación;

43.  Insiste en que debe incluirse en el presupuesto de la Unión una cesta de nuevos recursos propios a partir de 2021, al tiempo que debe determinarse también un calendario jurídicamente vinculante para proponer e introducir nuevos recursos propios durante el próximo MFP; pide que los ingresos procedentes de los nuevos recursos propios sean suficientes para cubrir, por lo menos, las obligaciones de reembolso en virtud del Instrumento de Recuperación; espera que cualquier ingreso que supere ese nivel se incorpore al presupuesto de la Unión para colmar, entre otras cosas, el déficit de financiación del Pacto Verde, sin que afecte al principio de universalidad;

44.  Subraya que ambos tipos de ingresos, medioambientales y no específicamente medioambientales, serán indispensables para la creación de una cesta fiable de verdaderos recursos propios nuevos, ya que la renta generada por los ingresos ambientales podría disminuir proporcionalmente con el paso del tiempo a medida que la Unión avance hacia la neutralidad climática;

Instituciones financieras - Hacer posible la implementación del Pacto Verde

45.  Celebra la decisión del BEI de revisar su política de préstamos al sector de la energía y su estrategia climática, y de dedicar el 50 % de sus operaciones a la acción por el clima y la sostenibilidad ambiental a partir de 2025 con el objetivo de cumplir las obligaciones de la Unión en virtud del Acuerdo de París; pide al BEI que también revise su política de préstamos al sector del transporte y que se comprometa con la transición sostenible hacia la neutralidad climática y una economía circular, teniendo en cuenta al mismo tiempo las diferentes combinaciones energéticas de los Estados miembros y dedicando una particular atención a los sectores y regiones más afectados por la transición; pide en particular que se apliquen políticas rigurosas en sectores industriales con alta emisión de carbono en los que el BEI esté activo, a fin de fomentar una transición de estos sectores con miras a ajustar todos los nuevos préstamos sectoriales al objetivo de lograr la neutralidad climática a más tardar en 2050; elogia el compromiso del BEI de cortar la financiación a proyectos energéticos que utilicen combustibles fósiles a más tardar en 2021; exige la adopción y publicación de planes de transición verificables para alcanzar los objetivos de neutralidad climática;

46.  Insiste en que la respuesta del BEI a la pandemia de COVID-19 debe ser coherente con los objetivos del Plan de Inversiones para una Europa Sostenible; señala, no obstante, que no todos los proyectos financiados pueden contribuir a la consecución de los objetivos climáticos de la Unión e insiste en que ello no debe impedir su financiación; considera, sin embargo, que la cartera del BEI debe ajustarse a los objetivos de la Unión en materia de sostenibilidad y al principio de «no causar un perjuicio significativo»; pide al BEI que elabore una hoja de ruta concreta para alcanzar el objetivo granular del 50 % a más tardar en 2025, y que publique anualmente el porcentaje de sus activos que financian actividades que se consideran sostenibles desde el punto de vista ambiental con arreglo a la taxonomía de la Unión; recuerda que la respuesta del Banco a la pandemia de COVID-19 debería generar una inversión de 240 000 000 000 EUR, y fue posible en cuestión de semanas;

47.  Considera que, para que el BEI desempeñe un papel exitoso en la financiación del Pacto Verde, es crucial adoptar un enfoque participativo y ascendente, y que el BEI debe fomentar los diálogos específicos entre los sectores público y privado, y coordinarse mejor con las distintas partes interesadas, como las autoridades locales y regionales, y con los representantes de la sociedad civil; destaca además la independencia del BEI, al tiempo que subraya la importancia de garantizar un control democrático de las inversiones;

48.  Recuerda que el BEI es el mayor emisor mundial de bonos verdes y ha recaudado más de 23 000 000 000 EUR en once años; toma nota de que uno de los grandes retos ha sido definir normas comunes a fin de evitar el blanqueo ecológico; celebra los nuevos bonos con conciencia sostenible del BEI, emitidos en 2018, concebidos para apoyar inversiones relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas; subraya la importancia de fijar normas comunes en relación con estos nuevos bonos a fin de garantizar que los proyectos sean transparentes, verificables y mensurables; pide al BEI que prosiga esta actividad y que amplíe la emisión de bonos verdes y de bonos con conciencia sostenible, que pueden facilitar la aplicación del Plan de Inversiones para una Europa Sostenible y contribuir a desarrollar el mercado de bonos de sostenibilidad social y ambiental, aprovechando la labor en el marco del Plan de Acción de la UE sobre la Financiación del Crecimiento Sostenible y la taxonomía de la Unión;

49.  Alienta al BEI a que desempeñe un papel activo en el apoyo a proyectos que contribuyan a una transición justa, como la investigación, la innovación y la digitalización, el acceso de las pymes a la financiación, la inversión social y las capacidades;

50.  Señala que el presidente del BEI, Werner Hoyer, ha hecho hincapié en la necesidad de reforzar la base de capital del Banco para permitirle continuar con los ambiciosos proyectos que apoyan la transición hacia una economía sostenible;

51.  Reconoce el importante papel de los bancos y las entidades nacionales de fomento y de las instituciones financieras internacionales, incluidos el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y el Banco Mundial, en la financiación de proyectos sostenibles, con lo que contribuyen a la consecución de los objetivos del Acuerdo de París; hace hincapié en que, dada su experiencia y capacidades a escala nacional y regional, las entidades y los bancos nacionales de fomento pueden desempeñar un papel decisivo en la maximización de los efectos de los fondos públicos, también mediante asociaciones en el marco de InvestEU, con lo que contribuirán a la consecución de los objetivos climáticos de la Unión; subraya que la financiación de las pymes es clave para el éxito de la aplicación del Plan de Inversiones para una Europa Sostenible;

52.  Subraya también que los bancos y las entidades nacionales de fomento son expertos en la concepción, gestión y financiación de proyectos relativamente pequeños, a partir de su experiencia en este ámbito; celebra, por tanto, su participación en diferentes aspectos del Plan de Inversiones para una Europa Sostenible, por ser los organismos más adecuados para canalizar las inversiones a nivel europeo hacia la economía real y a escala local; subraya la importancia de garantizar el apoyo técnico local a los promotores de proyectos y a la innovación, y resalta el papel de los viveros de proyectos que ayudan a que maduren suficientemente para recibir financiación; insta a reformar las ayudas estatales para permitir que los bancos y las entidades nacionales de fomento concedan préstamos en condiciones favorables para promover la sostenibilidad;

53.  Señala que las inversiones públicas y privadas pueden contribuir a la recuperación y la resiliencia sostenibles cuando la financiación se dirige a inversiones ecológicas, como redes eléctricas, superredes y redes inteligentes, redes ferroviarias, eficiencia energética y proyectos de economía circular;

54.  Subraya que las catástrofes ecológicas y climáticas plantean cada vez más riesgos de estabilidad financiera y, por lo tanto, una regulación y supervisión prudenciales deben incorporar mejor esos riesgos a largo plazo en sus evaluaciones; considera que la lucha contra el cambio climático y la promoción de la sostenibilidad deben tenerse más en cuenta en las políticas del BCE, respetando plenamente su mandato e independencia y sin poner en peligro su papel de guardián de la estabilidad financiera y monetaria; recuerda la declaración de su presidenta de que el BCE apoya el desarrollo de una taxonomía como medio para facilitar la incorporación de consideraciones ambientales a las carteras de los bancos centrales; toma nota de la ambición mostrada en la reciente respuesta del Eurosistema a las consultas públicas de la Comisión sobre la Estrategia Renovada de Finanzas Sostenibles y la revisión de la Directiva sobre divulgación de información no financiera, en la que afirmaba que las fuerzas del mercado pueden y deben ser un motor clave de la reorientación de los flujos financieros hacia actividades económicas sostenibles; celebra las peticiones del BCE y de la Red para la Ecologización del Sistema Financiero creada por bancos centrales y autoridades reguladoras de evaluar mejor los riesgos financieros asociados a la sostenibilidad;

55.  Anima al BCE a avanzar en su estrategia de política monetaria respetando plenamente su mandato de estabilidad de los precios consagrado en el TFUE; señala que, como parte de su revisión de la estrategia de política monetaria, el BCE evaluará, con arreglo al Acuerdo de París, si en su marco de activos de garantía y en su ejercicio anual de pruebas de resistencia puede tener en cuenta las consideraciones de sostenibilidad –en particular los riesgos relacionados con la sostenibilidad ambiental–, y cómo hacerlo, actuando en el marco de su mandato, manteniendo al mismo tiempo una separación entre sus funciones de política monetaria y de supervisión prudencial; anima asimismo al BCE a divulgar el nivel de alineación de la política monetaria con el Acuerdo de París, elaborando al mismo tiempo una hoja de ruta para la futura adaptación sobre la base de la taxonomía de la Unión para estas acciones adecuadamente; pide al BCE que estudie nuevas formas de apoyar al BEI con el fin de aumentar su capacidad de financiación sin crear distorsiones del mercado;

56.  Recomienda que el BCE evalúe la posibilidad de reequilibrar su cartera de obligaciones con una profunda huella de carbono en el contexto del Programa de Compra de Bonos Corporativos (CSPP) a la luz de los compromisos climáticos del BEI;

57.  Insta a las Autoridades Europeas de Supervisión, junto con las autoridades nacionales competentes, a que desarrollen pruebas anuales de resistencia al cambio climático para las instituciones financieras a las que supervisan, de conformidad con los debates actuales en el seno de la Red para la Ecologización del Sistema Financiero, con el fin de comprender dónde se encuentran los riesgos financieros relacionados con el clima en las carteras de las instituciones financieras pertinentes de la UE, y el alcance de estos riesgos;

58.  Considera que el transporte público es fundamental para alcanzar una movilidad urbana sostenible; destaca la necesidad de incrementar el apoyo a las redes y flotas de transporte público en el ámbito local y regional como instrumento eficaz para la transición y en aras de una movilidad con bajas emisiones, promoviendo al mismo tiempo el cambio modal, especialmente en los centros urbanos, y la conectividad en las zonas rurales a fin de promover la cohesión territorial; estima que es esencial una mayor articulación de la financiación del transporte urbano con los planes de movilidad urbana sostenible (PMUS) para impulsar la transformación de la movilidad urbana; pide a la Comisión que coopere con los Estados miembros para elaborar planes y políticas de movilidad urbana sostenible, incluido el apoyo a sistemas de transporte público eficientes y soluciones de movilidad activa como los desplazamientos a pie y en bicicleta y la promoción de la accesibilidad y la multimodalidad entre los diferentes modos de transporte;

Movilizar las inversiones privadas para una recuperación sostenible

59.  Apoya una estrategia renovada de finanzas sostenibles; destaca la necesidad de una etiqueta ecológica evolutiva de la Unión para los productos financieros, de una norma de la Unión vinculante sobre bonos verdes y de datos de sostenibilidad más fiables, más comparables y más accesibles, obtenidos mediante la armonización de los indicadores de sostenibilidad; recuerda la considerable importancia de las finanzas ecológicas para el papel internacional de la Unión y del euro en la próxima década; destaca la importancia para las pymes de unas normas simplificadas en materia de presentación de informes que les permitan participar plenamente en los mercados de capitales;

60.  Insiste en que es indispensable disponer de datos de sostenibilidad más fiables, comparables y accesibles para que el sistema de financiación sostenible de la Unión funcione en la práctica; acoge favorablemente la idea del Foro de Alto Nivel sobre la Unión de los Mercados de Capitales de establecer un punto de acceso único europeo que reúna información sobre las empresas de la Unión mediante la interconexión de los registros y las bases de datos de empresas existentes a escala nacional y de la Unión como una forma de ayudar a las empresas a atraer inversores, en particular en los Estados miembros más pequeños; incide en que las empresas han de ser capaces de controlar la disponibilidad de sus datos en dicho punto de acceso; pide a la Comisión que presente una propuesta legislativa relativa a un punto de acceso único europeo a la información financiera y no financiera sobre las empresas de la Unión cotizadas y no cotizadas, respetando asimismo el principio de proporcionalidad, cuando proceda; pide a la Comisión que racionalice los requisitos de transparencia en virtud de la Directiva relativa a la divulgación de información no financiera y los adapte a los previstos en el Reglamento por el que se establece una taxonomía y en el Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros; pide que se utilicen metodologías transparentes de recopilación y publicación de datos; pide a la Comisión que ponga en marcha un sistema eficaz de seguimiento de datos y elaboración de informes sobre la aplicación de Plan de Inversiones para una Europa Sostenible y que ponga esta información a disposición del público para garantizar la plena transparencia del gasto en transición ecológica de la Unión; considera que una parte significativa de los bonos de la Unión que se emitirán para financiar el plan de recuperación se basarán en la norma de la Unión sobre los bonos verdes propuesta por la Comisión;

61.  Elogia los avances logrados sobre la base de las iniciativas incluidas en el plan de acción en materia de finanzas sostenibles de 2018; pide la adopción de los actos delegados previstos en el Reglamento por el que se establece una taxonomía, teniendo en cuenta la gama de criterios e indicadores de sostenibilidad; pide específicamente una rápida aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo», tal como se describe en el Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros y el Reglamento por el que se establece una taxonomía; destaca la importancia de aplicar requisitos de divulgación ambiciosos para todos los productos y entidades del ámbito financiero;

62.  Considera que la futura estrategia renovada de financiación sostenible de la Unión constituye una importante oportunidad para acelerar la transición a una inversión minorista más sostenible; pide a la Comisión que proponga las medidas necesarias para incentivar la inversión minorista sostenible;

63.  Toma nota del artículo 26, apartado 2, del Reglamento por el que se establece una taxonomía, que encarga a la Comisión que publique, a más tardar el 31 de diciembre de 2021, un informe en el que se describan las disposiciones necesarias para ampliar el ámbito de aplicación de dicho Reglamento más allá de las actividades económicas medioambientalmente sostenibles, a fin de incluir otros objetivos de sostenibilidad, como los objetivos sociales;

64.  Respalda la petición del Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Finanzas Sostenibles de nuevas medidas para fomentar un planteamiento a largo plazo que beneficie a las personas y el planeta; pide a la Comisión que analice cómo integrar mejor una perspectiva a largo plazo en el sistema y las normas de gobernanza empresarial y que presente una propuesta al respecto; acoge con satisfacción la preparación de una iniciativa de gobernanza empresarial sostenible;

65.  Pide a la Comisión que se plantee revisar la Directiva relativa a la divulgación de información no financiera para incorporar en ella las repercusiones de las actividades empresariales en la sostenibilidad desde el punto de vista ambiental, social y de la gobernanza;

66.  Insiste en que, a la hora de movilizar financiación para el Pacto Verde, la inversión pública y privada debe complementarse siempre que sea posible; hace hincapié en que debe evitarse un efecto de exclusión de la inversión privada, con el fin de lograr los máximos recursos posibles para el Plan de Inversiones para una Europa Sostenible;

67.  Recuerda que las inversiones y los préstamos destinados a actividades económicas no sostenibles pueden dar lugar a activos varados o inversiones a fondo perdido con efectos de bloqueo; señala que este riesgo tiene que integrarse lo suficiente en las calificaciones crediticias y los marcos prudenciales, incluido el de Basilea; pide, por tanto, a la Comisión que estudie formas de mejorar la inclusión de los riesgos de sostenibilidad y el tratamiento prudencial de las inversiones y préstamos a largo plazo, también en el código normativo de la Unión para el sector bancario, lo que promoverá además la estabilidad financiera sistémica general, y que siga procurando promover la fiabilidad, la comparabilidad y la transparencia de los factores de sostenibilidad en las calificaciones crediticias; considera que este último aspecto podría abordarse en las próximas revisiones del Reglamento sobre las agencias de calificación crediticia, el Reglamento y la Directiva sobre requisitos de capital y los marcos de solvencia;

68.  Recuerda que las inversiones sostenibles no tienen necesariamente un perfil de riesgo menor que otros tipos de inversiones;

69.  Considera que se debe facilitar a las pymes de la Unión el acceso a la financiación pública y privada en el marco del Plan de Inversiones para una Europa Sostenible; subraya que son necesarios esfuerzos adicionales para informar a las pymes sobre las nuevas oportunidades de financiación que ofrece dicho Plan;

Promoción de la inversión pública sostenible en tiempos de crisis

70.  Pide la creación de un instrumento de inversión sostenible con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el Pacto Verde Europeo, pero subraya que, independientemente del modelo de financiación elegido, los mayores niveles de inversión público deben contribuir a la sostenibilidad de las finanzas públicas en la Unión; considera que, en la posible revisión del marco de gobernanza económica de la Unión, deben tenerse en cuenta las recomendaciones del Consejo Fiscal Europeo independiente y debe estimularse a los Estados miembros para que adapten sus economías y su gasto público a los objetivos del Pacto Verde Europeo; respalda el compromiso de la Comisión de estudiar otros marcos que propicien la inversión, como normas sobre bonos verdes, y anima a la Comisión a elaborar un inventario de las mejores prácticas en materia de presupuestación ecológica;

71.  Pide que las ayudas públicas al sector del transporte —en especial a las líneas aéreas—, al sector del turismo y al sector del automóvil se utilicen de manera sostenible y eficiente; pide que las actividades transitorias definidas en el Reglamento por el que se establece una taxonomía puedan optar a financiación en el marco del Plan de Inversiones para una Europa Sostenible y pide que se preste especial atención al acceso a la financiación y a otras formas de apoyo para las microempresas y las pymes;

72.  Pide que la contratación pública y las licitaciones sostenibles se pongan en práctica en todos los ámbitos y que exista una mayor coordinación europea a este respecto;

73.  Celebra que los planes de recuperación y resiliencia vayan a basarse en prioridades compartidas de la Unión; destaca, a este respecto, el Pacto Verde Europeo y el pilar europeo de derechos sociales, así como la Agenda Digital y el objetivo estratégico de alcanzar la soberanía europea en sectores estratégicos gracias a una base industrial sostenible; recuerda la necesidad de invertir en la recuperación ecológica y de aumentar la convergencia entre los Estados miembros en la aplicación del Plan de Inversiones para una Europa Sostenible, lo que podría contribuir a acelerar la recuperación económica; pide la inclusión de prioridades en ámbitos como el empleo, las capacidades, la educación, el emprendimiento digital, la investigación y la innovación y la sanidad, pero también en ámbitos relacionados con el entorno empresarial y el sector sin ánimo de lucro, incluidos la Administración Pública y el sector financiero; pide a la Comisión que preste asistencia técnica a las autoridades públicas en la elaboración de planes de transición para evitar los activos bloqueados; pide a la Comisión que supervise la aplicación de los planes de recuperación y resiliencia y que garantice que las infracciones graves den lugar a la recuperación de las asignaciones abonadas; destaca la importancia del respeto del Estado de Derecho y nuestros valores democráticos por parte de los Estados miembros que elaboran los planes;

74.  Insiste en que el principio de «no ocasionar daños» del Pacto Verde Europeo es aplicable a todos los planes de recuperación;

75.  Lamenta la decisión del Consejo Europeo de suprimir el Instrumento de Apoyo a la Solvencia del programa NGEU; lo considera un instrumento esencial para garantizar la igualdad de condiciones en el mercado interior;

76.  Pide a las empresas beneficiarias de ayudas públicas que se comprometan a elaborar informes públicos país por país, respetando al mismo tiempo la posibilidad de prever excepciones temporales para proteger la información sensible desde el punto de vista comercial; pide a estas empresas que aseguren también una competencia equitativa, reduzcan la brecha salarial de género, respeten sus obligaciones de divulgación de información no financiera, garanticen puestos de trabajo y revelen cualquier trato de favor recibido, y se abstengan estrictamente de aplicar estrategias de elusión fiscal a través de filiales sin actividad económica sustancial situadas en territorios no cooperadores a efectos fiscales; insiste en que estas empresas contribuyan equitativamente a los esfuerzos de recuperación pagando los impuestos que les corresponden; aspira, en este contexto, a lograr un nuevo contrato social para las empresas, armonizando la persecución del lucro con otras consideraciones sobre las personas y el planeta;

77.  Pide a la Comisión que revise las normas sobre ayudas estatales, incluido el Marco Temporal introducido como respuesta a la pandemia de la COVID‑19, en la medida en que resulte necesario para obtener un mayor apoyo público al Pacto Verde Europeo y garantizar que la ayuda estatal esté supeditada al cumplimiento de los objetivos climáticos y medioambientales de la Unión; señala que toda revisión de las normas sobre ayudas estatales debe concebirse cuidadosamente para evitar distorsiones de la competencia en el mercado interior, garantizando así la igualdad de las condiciones de competencia entre los Estados miembros;

78.  Pide a la Comisión que, al aprobar una solicitud de ayuda estatal presentada por un Estado miembro con arreglo al artículo 108 del TFUE, incluya en su decisión disposiciones que exijan que los beneficiarios de sectores de elevadas emisiones de carbono adopten objetivos en materia de clima y hojas de ruta para una transición verde y demuestren la conformidad de su modelo empresarial y sus actividades con los objetivos establecidos en el artículo 2 del Reglamento (UE) 2018/1999;

79.  Acoge con satisfacción la revisión prevista de la Directiva sobre fiscalidad de la energía para 2021 y pide a la Comisión que presente propuestas legislativas para adaptar los tipos del IVA a las consideraciones medioambientales, introducir un impuesto sobre el plástico de un solo uso y aumentar los impuestos especiales mínimos pertinentes que han perdido su efecto debido a la inflación; pretende combinar estas reformas con medidas para mantener el poder adquisitivo de las personas con los niveles de renta más bajos de la Unión Europea;

80.  Recuerda las crecientes necesidades de inversión relacionadas con la transición ecológica y que la evasión y la elusión fiscales de las empresas hacen perder a los presupuestos nacionales y de la Unión unos recursos potenciales de entre 50 000 000 000 y 70 000 000 000 EUR y 160 000 000 000 y190 000 000 000 EUR, que podrían invertirse en el marco del Plan de Inversiones para una Europa Sostenible; pide a los Estados miembros que movilicen recursos para financiar la transición sostenible y justa mediante la aplicación de todo posible acuerdo relativo al Marco Inclusivo de la OCDE, incluido el pilar 2; pide que se intensifique la lucha contra el fraude, la evasión y la elusión fiscales y la planificación fiscal abusiva; pide una coordinación a nivel de la Unión para detectar, investigar y evitar los mecanismos de planificación fiscal abusiva empleados por particulares y empresas; pide una estrategia ambiciosa en materia de fiscalidad empresarial para el siglo XXI; pide al Consejo que actualice los criterios relativos a la definición de regímenes fiscales perniciosos en el Código de Conducta sobre la Fiscalidad de las Empresas y reitera su posición, de 26 de marzo de 2019, sobre los Estados miembros que facilitan la planificación fiscal abusiva; anima a la Comisión a que fije criterios para evaluar las prácticas fiscales de los Estados miembros; recuerda a la Comisión el artículo 116 del TFUE en el contexto de los expedientes relacionados con los impuestos y la anima a hacer uso de dicha disposición a fin de evitar distorsiones de las condiciones de competencia en el mercado único;

81.  Espera recibir garantías de que todo el mundo contribuirá equitativamente a la recuperación posterior a la COVID-19 y a la transición a una economía competitiva y sostenible, teniendo en cuenta las diferentes capacidades de los Estados miembros; considera que, como puso de relieve la presidenta del BCE, Christine Lagarde, el 7 de julio de 2020, los vulnerables a menudo «son los más afectados» por la pandemia de COVID-19, mientras que, hasta la fecha, los precios de los activos han aumentado durante la crisis; anima a los Estados miembros y a la Comisión a que estudien la utilización de nuevos recursos para financiar la recuperación económica que tengan en cuenta este hecho;

82.  Destaca que la mayor financiación del Pacto Verde implicará un grado considerable de disciplina presupuestaria y de control para evitar el fraude y el desvío de fondos; señala que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), por sí sola, no tiene capacidad suficiente para prevenir el fraude financiero; pide, por lo tanto, a todos los Estados miembros que se unan a la Fiscalía Europea;

83.  Considera que, en su conjunto, las propuestas que contiene el presente informe pueden servir para recaudar los 660 000 000 000 EUR al año necesarios para ganar la batalla por el clima y el empleo;

o
o   o

84.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

(1) Textos Aprobados, P9_TA(2020)0005.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0449.
(3) Textos Aprobados, P9_TA(2019)0032.
(4) Textos Aprobados, P9_TA(2020)0124.
(5) Textos Aprobados, P9_TA(2020)0220.
(6) Textos Aprobados, P9_TA(2019)0102.
(7) Textos Aprobados, P9_TA(2020)0054.
(8) DO C 76 de 9.3.2020, p. 23.
(9) Textos Aprobados, P9_TA(2020)0206.
(10) https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf.

Última actualización: 1 de febrero de 2021Aviso jurídico - Política de privacidad