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Procedimiento : 2019/2206(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A9-0245/2020

Textos presentados :

A9-0245/2020

Debates :

PV 14/12/2020 - 27
CRE 14/12/2020 - 27

Votaciones :

PV 16/12/2020 - 2
PV 17/12/2020 - 2

Textos aprobados :

P9_TA(2020)0361

Textos aprobados
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Jueves 17 de diciembre de 2020 - Bruselas
Aplicación del Reglamento Dublín III
P9_TA(2020)0361A9-0245/2020

Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de diciembre de 2020, sobre la aplicación del Reglamento Dublín III (2019/2206(INI))

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 78, apartado 2, letra e), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Visto el artículo 80 del TFUE sobre el principio de solidaridad y de reparto equitativo de la responsabilidad entre los Estados miembros, también en el aspecto financiero,

–  Vistos los artículos 1, 2, 3, 4, 18, 19 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Vistos los artículos 2, 3, 5, 8 y 13 del Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales (CEDH),

–  Visto el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948,

–  Visto el Pacto Mundial sobre Refugiados de las Naciones Unidas

—  Vistos la Convención, de 1951, y el Protocolo, de 1967, sobre el Estatuto de los Refugiados (Convención de Ginebra),

—  Visto el Reglamento (UE) n.º 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (Texto refundido), conocido como el «Reglamento Dublín III»(1),

—  Vistas las Decisiones (UE) 2015/1523, de 14 de septiembre de 2015(2), y (UE) 2015/1601, de 22 de septiembre de 2015(3), del Consejo relativas al establecimiento de medidas provisionales en el ámbito de la protección internacional en favor de Italia y Grecia,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2016)0270) sobre la reforma del Reglamento Dublín III,

–  Visto el mandato de negociación aprobado por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior el 19 de octubre de 2017, aprobado por el Pleno el 16 de noviembre de 2017 y confirmado por la Conferencia de Presidentes el 17 de octubre de 2019,

–  Vista su Resolución, de 12 de abril de 2016, sobre la situación en el mar Mediterráneo y necesidad de un enfoque integral de la Unión sobre la migración(4),

–  Vistas las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relacionadas con el Reglamento (UE) n.º 604/2013, en particular en los asuntos C-695/15 PPU Mirza (ECLI:EU:C:2016:188), C-63/15 Ghezelbash (Gran Sala) (*) (ECLI:EU:C:2016:409), C-155/15 Karim (ECLI:EU:C:2016:410), C-578/16 PPU C.K. y otros (*) (ECLI:EU:C:2017:127), C-528/15 Al Chodor (ECLI:EU:C:2017:213), C-36/17 Ahmed (Auto) (ECLI:EU:C:2017:273), C-490/16 A.S. (Gran Sala) (ECLI:EU:C:2017:585), C-646/16 Jafari (Gran Sala) (*) (ECLI:EU:C:207:586), C-670/16 Mengesteab (Gran Sala) (ECLI:EU:C:2017:587), C-60/16 Khir Amayri (ECLI:EU:C:2017:675), C-201/16 Shiri (ECLI:EU:C:2017:805), C-360/16 Hasan (ECLI:EU:C:2018:35), C-647/16 Hassan (ECLI:EU:C:2018:368), C-213/17 X (ECLI:EU:C:2018:538), C-56/17 Fathi (ECLI:EU:C:2018:803), C-47/17 X (Gran Sala) (ECLI:EU:C:2018:900), C-661/17 M.A. y otros (Gran Sala) (*) (ECLI:EU:C:2019:53), C-163/17 Jawo (Gran Sala) (*) (ECLI:EU:C:2019:218), C-582/17 H. (Gran Sala) (*) ECLI:EU:C:2019:280, y C-715/17, C-718/17 y C-719/17 Comisión v. Polonia, Hungría y la República Checa,

—  Vistas las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relacionadas con el Reglamento (UE) n.º 604/2013, en particular en los asuntos Sharifi v. Austria, de 5 de diciembre de 2013 (sentencia de la Sala), Mohammadi v. Austria, de 3 de julio de 2014 (sentencia de la Sala), Sharifi y otros v. Italia y Grecia, de 21 de octubre de 2014 (sentencia de la Sala), y Tarakhel v. Suiza, de 4 de noviembre de 2014 (sentencia de la Gran Sala), y ECtHR - M.S.S. v. Bélgica y Grecia (GS), solicitud n.º 30696/09, sentencia de 21 de noviembre de 2011, relacionada con el Reglamento (CE) n.º 343/2003, de 18 de febrero de 2003 (Dublín II);

—  Vista la Agenda Europea de Migración de la Comisión de 13 de mayo de 2015 (COM(2015)0240),

—  Vista la denominada Declaración de Malta de septiembre de 2019,

—  Visto el estudio del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, de agosto de 2017, titulado «Left in Limbo» (Perdidos en el limbo), sobre la aplicación del Reglamento Dublín III,

—  Vistas la evaluación del Reglamento Dublín III de 2015 y la evaluación de la aplicación del Reglamento Dublín III de 2016, realizada en nombre de la Comisión por el ICF International,

—  Visto el Informe Especial n.º 2019/24 del Tribunal de Cuentas Europeo, de noviembre de 2019, titulado «Asilo, reubicación y retorno de migrantes: momento de intensificar las actuaciones para abordar las disparidades entre los objetivos y los resultados»,

—  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «COVID-19: Directrices sobre la aplicación de las disposiciones pertinentes de la UE en materia de procedimientos de asilo y retorno y de reasentamiento» (2020/C 126/02),

—  Visto el informe de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo, de 2 de junio de 2020, sobre las medidas de emergencia relacionadas con la COVID-19 en los sistemas de asilo y acogida,

–  Visto el informe titulado «Informe anual sobre la situación del asilo en la Unión Europea», de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO), de junio de 2020,

—  Vista la evaluación de la aplicación del Reglamento de Dublín del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (EPRS), de enero de 2019, elaborada por Amandine Scherrer, de la Unidad de Evaluación Ex Post de la Dirección de Evaluación de Impacto y Valor Añadido Europeo del Parlamento Europeo (primera parte) y por el equipo de investigación del Consejo Europeo sobre Refugiados y Asilados, a petición de la Unidad de Evaluación Ex Post (segunda parte),

—  Vistos otros estudios encargados por el Parlamento Europeo, en particular la evaluación del EPRS de la aplicación del Reglamento de Dublín y los procedimientos de asilo en Europa, por Gertrud Malmersjo y Milan Remáč, de 2016; el estudio del Departamento Temático de Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales (Dirección General de Políticas Interiores de la Unión) sobre la reforma del Reglamento Dublín III, por Francesco Maiani, de junio de 2016; el estudio del EPRS titulado «The Cost of Non-Europe in Asylum Policy» (El coste de la no Europa en la política de asilo), por Wouter van Ballegooij y Cecilia Navarra, de octubre de 2018; y el estudio del EPRS sobre la reforma del sistema de Dublín, por Anja Radjenovic, de marzo de 2019,

—  Vista la audiencia de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) celebrada el 19 de febrero de 2020,

—  Vistas las respuestas de los Parlamentos de los Estados miembros sobre su trabajo en relación con el Reglamento Dublín III, facilitadas a través del sistema automatizado del Centro Europeo de Investigación y Documentación Parlamentaria,

—  Vista la respuesta facilitada por Alemania a una lista de cinco preguntas enviadas por el presidente de la Comisión LIBE y la ponente a todas las autoridades nacionales participantes en el procedimiento de Dublín,

—  Vistas las misiones de información de la ponente a Bochum (Alemania), Ter Apel (Países Bajos), Bucarest (Rumanía) y Lampedusa (Italia),

–  Vistos el artículo 54 de su Reglamento interno, así como el artículo 1, apartado 1, letra e), y el anexo 3 de la Decisión de la Conferencia de Presidentes, de 12 de diciembre de 2002, sobre el procedimiento de autorización para la elaboración de informes de propia iniciativa,

–  Vista la carta de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género,

—  Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A9-0245/2020),

A.  Considerando que 1 393 920 solicitantes de asilo solicitaron protección internacional en países de la UE+ en 2015 y 1 292 740 en 2016, es decir, un aumento cuatro veces superior al de 2012 (373 375 solicitudes) y 2013 (464 515); considerando que el número de solicitudes de protección internacional en países de la UE+ aumentó de nuevo entre 2018 (665 920) y 2019 (738 425), lo que equivale al 0,13 % de la población total de la Unión en 2019;

B.  Considerando que casi la mitad de las solicitudes de asilo presentadas en la Unión corresponde a menores y que aproximadamente 17 700 menores no acompañados presentaron una solicitud de protección internacional en 2019; considerando que el 86 % de los menores eran varones y el 90 % tenía una edad de 14-18 años;

C.  Considerando que un Estado miembro que expide un visado a un nacional de un tercer país es responsable del examen de la solicitud de protección internacional de conformidad con el artículo 12 del Reglamento Dublín III; considerando que, de conformidad con el artículo 14 del Reglamento Dublín III, la solicitud de un nacional de un tercer país o de un apátrida que haya entrado en el territorio de un Estado miembro que conceda una exención de visado será examinada por dicho Estado miembro;

D.  Considerando que se adoptaron 145 000 decisiones sobre solicitudes Dublín en 2019; Considerando que el índice de aceptación de las decisiones sobre solicitudes Dublín fue del 62 % en 2019;

E.  Considerando que un tercio de los Estados miembros acogió al 90 % de los solicitantes de asilo entre 2008 y 2017;

F.  Considerando que los criterios para determinar la responsabilidad de un Estado miembro con respecto a una solicitud de asilo incluyen, por orden jerárquico, la unidad familiar, la expedición de permisos de residencia o visados, la entrada o la estancia irregular, y la entrada sin visado; considerando que, cuando no se aplique ninguno de estos criterios, el Estado miembro en el que se haya presentado por primera vez la solicitud de asilo pasará a ser el Estado miembro responsable en virtud del artículo 3, apartado 2; Considerando que, como consecuencia del recurso desproporcionado al artículo 13, que atribuye la responsabilidad del examen de una solicitud de asilo al Estado miembro de primera entrada irregular, las responsabilidades no están compartidas de manera equitativa entre los Estados miembros de la Unión; Considerando que varios Estados miembros de «primera entrada» en el Mediterráneo (a saber, Grecia, Italia, Malta, Chipre y España) recibieron una gran parte de las solicitudes presentadas por primera vez, en concreto durante la crisis de 2015-16;

G.  Considerando que, en 2018, Alemania (82,8 millones de habitantes, el 18,6 % de la población total de la Unión) registró el mayor número de solicitudes (184 180, o el 28 % del total de solicitudes, equivalente al 0,22 % de su población), seguida de Francia (66,9 millones de habitantes, el 15 % de la población total de la Unión) con 120 425 solicitudes (el 19 % del total de solicitudes, equivalente al 0,18 % de su población), Grecia (10,74 millones de habitantes, el 2,4 % de la población total de la Unión) con 66 695 solicitudes (el 11 % del total de solicitudes, el 0,62 % de su población), Italia (60,48 millones de habitantes, el 13,6 % de la población total de la Unión) con 59 950 solicitudes (el 10 % del total de solicitudes, el 0,01 % de su población), y España (46,66 millones de habitantes, el 10,49 % de la población total de la Unión) con 52 700 solicitudes (el 9 % del total de solicitudes, y el 0,11 % de su población);

H.  Considerando que, entre 2016 y 2019, Alemania y Francia emitieron con diferencia la mayoría de las peticiones en el marco del sistema de Dublín (68 % del total de la Unión), mientras que España, Estonia, Lituania, Letonia, Eslovaquia, Bulgaria, Polonia y la República Checa emitieron un escaso número de peticiones; considerando que España no emitió casi ninguna petición de Dublín, a pesar de un número cada vez mayor de solicitudes de asilo; considerando que existen diferencias significativas entre países, con el 54,6 % de los traslados realizados desde Grecia, el 42,2 % desde Suecia, el 11,2 % desde Alemania, el 6,7 % desde Francia y el 1,6 % desde Italia entre 2016 y 2019; considerando la existencia de una laguna de información importante con respecto a una serie de países;

I.  Considerando que el Reglamento Dublín III se basa en el supuesto básico de que los solicitantes de asilo tienen los mismos derechos en todos los Estados miembros y que cada solicitud es objeto de un examen justo, independientemente del país de la Unión en que se presente; considerando que este supuesto dista mucho de ser una realidad;

J.  Considerando que los Estados miembros solo han hecho un uso muy limitado de la cláusula relativa a las personas dependientes (artículo 16) o de la cláusula humanitaria y discrecional (artículo 17) del Reglamento; considerando que estas cláusulas ofrecen soluciones razonables para la reagrupación familiar o las reubicaciones, también cuando se hayan producido desembarcos;

K.  Considerando que en la mayoría de los procedimientos de Dublín no se aplican correctamente las disposiciones sobre la jerarquía de los criterios ni los plazos fijados, y que los traslados no se llevan a cabo; considerando que, en las situaciones que implican a menores y familias, estas lagunas son especialmente perjudiciales para el interés superior del menor y el derecho de los solicitantes de asilo a la reagrupación familiar;

L.  Considerando que, en los datos y estudios sobre la aplicación del Reglamento Dublín III, queda patente una falta de consideración habitual hacia las disposiciones familiares así como la aplicación incorrecta del principio del interés superior del menor; considerando, por ejemplo, que en 2018 el criterio de la unidad familiar se aplicó solamente en el 5 % de las peticiones de «acogida» en Francia (de un total de 12 000) y en el 3,7 % en Alemania (de un total de 17 500), y que en el caso de Bélgica, Suecia y Suiza los porcentajes son incluso inferiores; que Grecia, en cambio, emitió el 79,3 % de sus peticiones de «acogida» de 2018 basándose en el criterio de la unidad familiar; considerando que las solicitudes de reagrupación familiar se aceptan con menor frecuencia (en el 48 % de los casos), en comparación con el porcentaje medio de aceptación de todos los procedimientos (67,6 %); considerando que la aplicación efectiva de los artículos 16 y 17 del Reglamento podría garantizar la eficacia del derecho de los solicitantes de asilo a la vida familiar y a la unidad familiar;

M.  Considerando que se han producido importantes deficiencias en la aplicación del Reglamento Dublín III, también cuando se produjo el elevado número de llegadas en 2015 y durante la pandemia de la COVID-19, lo que ha socavado la confianza entre los Estados miembros y el derecho a la protección internacional, y conllevado la violación de derechos fundamentales; considerando que las normas de Dublín III han demostrado ser inadecuadas para hacer frente a una afluencia importante de migrantes, lo que ha dado lugar a un sistema que impone una responsabilidad y unas cargas excesivas a unos pocos Estados miembros;

N.  Considerando que el mecanismo de solidaridad temporal de búsqueda y salvamento en el Mediterráneo acordado en la declaración de Malta, firmada el 23 de septiembre de 2019 por Alemania, Francia, Italia y Malta, tenía una validez mínima de seis meses; considerando que ningún otro Estado miembro se ha adherido a este acuerdo ad hoc;

O.  Considerando que la disposición sobre medidas preventivas (artículo 33) nunca se ha utilizado;

P.  Considerando que el artículo 28 del Reglamento de Dublín permite el internamiento como medida excepcional «para garantizar los procedimientos de traslado», cuando exista un «riesgo significativo» de fuga del solicitante; considerando que esta definición sigue siendo poco clara y que su interpretación varía de un Estado miembro a otro;

Q.  Considerando que existe una falta de cumplimiento en materia de garantías y amparos procesales para los solicitantes de asilo, especialmente cuando se trata de menores; Considerando que la duración de los procedimientos y la falta de resultados previsibles, a las que se suman las deficientes condiciones de acogida y la precariedad social, repercuten en el bienestar de los solicitantes de asilo que, en muchos casos, han sufrido experiencias traumáticas en sus países y/o en su periplo hasta llegar a la Unión;

R.  Considerando que la aplicación del Reglamento Dublín III está estrechamente vinculada a la aplicación de otros expedientes de la política europea de asilo y migración; Considerando, en particular, que las deficiencias en la aplicación de la Directiva de procedimientos de asilo (2013/32/UE) refundida, la Directiva de acogida (2013/33/UE) refundida y la Directiva de cualificaciones (2011/95/UE) refundida han tenido una repercusión en la aplicación del Reglamento Dublín III; considerando que la Comisión Europea debería esforzarse más por garantizar el cumplimiento de estas Directivas por parte de los Estados miembros, incluso mediante procedimientos de infracción;

S.  Considerando que algunas de las mencionadas deficiencias son inherentes al diseño del Reglamento de Dublín y no pueden solventarse únicamente a través de una mejor aplicación;

T.  Considerando que las lagunas de información impiden una evaluación exhaustiva de la aplicación del Reglamento Dublín III; considerando que los Estados miembros no facilitan la información estadística de forma sistemática y coherente, ni con el mismo nivel de detalle o frecuencia; considerando que las lagunas de información clave abarcan los motivos de las solicitudes, la duración de los procedimientos, los recursos, las solicitudes retiradas, los traslados fallidos, los procedimientos de recurso y el internamiento;

U.  Considerando que, el 6 de noviembre de 2017, el Parlamento aprobó una Resolución legislativa sobre la propuesta de refundición de Dublín IV por mayoría de dos tercios;

Integrar el principio de solidaridad en el Sistema Europeo Común de Asilo

1.  Estima que el actual Reglamento Dublín III impone una responsabilidad desproporcionada a una minoría de Estados, especialmente en momentos de afluencia importante; considera que, debido a su situación geográfica, el criterio de primera entrada del Reglamento Dublín III impone una carga sin precedentes y desproporcionada a los países situados en primera línea en cuanto al registro y la acogida de los solicitantes de asilo; señala que el Reglamento Dublín III, tal como ha sido concebido y aplicado, no ha logrado garantizar su objetivo principal, a saber, determinar rápidamente el Estado miembro responsable de una solicitud de asilo, y garantizar así un reparto equitativo de la responsabilidad entre los Estados miembros y un acceso efectivo y rápido a los procedimientos de asilo;

2.  Destaca que la introducción de puntos críticos en combinación con el programa de reubicación temporal propuesto por la Comisión en 2015 tenía por objeto facilitar la tramitación de las solicitudes de asilo al entrar los solicitantes en el territorio de la Unión, y constituía un enfoque pragmático con miras a subsanar las deficiencias del Reglamento Dublín III que se estaban poniendo de manifiesto en aquella época; recuerda, además, la contribución de agencias de la Unión como la EASO y Frontex al apoyo a los Estados miembros que se enfrentan a cargas excesivas en la aplicación del acervo en materia de asilo, y destaca la necesidad de mejorar la cooperación entre estas agencias;

3.  Subraya que la aplicación inadecuada de la jerarquía de criterios, en particular el uso excesivo del criterio del primer país de entrada y la ejecución ineficaz de los traslados, ha incrementado la desproporcionada responsabilidad que han de asumir determinados Estados miembros, especialmente los Estados miembros situados en primera línea; considera, por tanto, que la Unión Europea necesita un mecanismo de solidaridad sostenible que establezca unas normas justas para el reparto de responsabilidades entre los Estados miembros de conformidad con el artículo 80 del TFUE, y respetando plenamente el derecho fundamental a la seguridad y la protección de los solicitantes de asilo;

4.  Considera esencial que se proporcionen más recursos y capacidades a los Estados miembros situados en primera línea, por ejemplo a través de la EASO, mientras no se reforme el sistema de Dublín;

5.  Recuerda que el derecho de asilo es un derecho fundamental; destaca que el procedimiento de asilo sirve para examinar las solicitudes y conceder protección internacional a los solicitantes que cumplen los requisitos, al tiempo que proporciona una decisión rápida y justa a quienes no los cumplen;

6.  Señala que, de conformidad con el artículo 24, apartado 4, del Reglamento Dublín III, los Estados miembros pueden solicitar la readmisión de una persona o tramitar un procedimiento de retorno cuando se trate de personas cuya solicitud de protección internacional haya sido rechazada mediante resolución firme en un Estado miembro; destaca que, en el contexto de la aplicación del artículo 24, apartado 4, el retorno de las personas que no reúnen los requisitos para recibir protección internacional, especialmente sobre la base del cumplimiento voluntario, podría contribuir al funcionamiento de las políticas migratorias de la Unión;

7.  Acoge con satisfacción las decisiones del Consejo de 2015 y 2016 en materia de reubicación, que se adoptaron como una medida de solidaridad urgente; expresa su decepción por los compromisos no cumplidos de los Estados miembros en materia de solidaridad y reparto de responsabilidades, al tiempo que reconoce la contribución positiva de algunos Estados miembros; recuerda que la Comisión Europea no respondió al llamamiento realizado por el Parlamento Europeo en su Resolución de 18 de mayo de 2017, relativo a una propuesta de ampliación de las medidas de reubicación hasta la adopción de la reforma del Reglamento Dublín III; Subraya que los acuerdos ad hoc no pueden sustituir a un Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) armonizado y sostenible;

8.  Lamenta el hecho de que el Consejo, a diferencia del Parlamento, no haya adoptado una posición sobre la propuesta de refundición de Dublín IV, y que, por lo tanto, haya bloqueado los esfuerzos encaminados a reformar el Reglamento Dublín III, pese a sus deficiencias sobradamente documentadas; opina que cabe interpretar este bloqueo como una violación del principio de cooperación leal entre las instituciones de la UE contemplado en el artículo 13, apartado 2, del TUE, teniendo en cuenta asimismo el hecho de que el Consejo siempre ha buscado un acuerdo unánime aun cuando los Tratados estipulan una mayoría cualificada; considera especialmente lamentable que la Unión siga teniendo el mismo conjunto de normas, que han demostrado ser ineficaces a la hora de gestionar un elevado número de llegadas; pide una rápida reforma del SECA;

9.  Observa que el mecanismo de alerta rápida, preparación y gestión de crisis del artículo 33 no se ha aplicado hasta la fecha, ni siquiera durante el elevado número de llegadas en 2015-16; observa, además, que aún no se han invocado las disposiciones de la Directiva de protección temporal destinadas a abordar la protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas que no puedan regresar a su país de origen;

10.  Considera que debe establecerse un mecanismo solidario en la Unión para garantizar la continuidad del derecho fundamental de asilo en la Unión con vistas a garantizar el acceso al asilo y el reparto de responsabilidades entre los Estados miembros; subraya que la protección de los derechos fundamentales de los solicitantes de asilo debe seguir siendo el eje central de este mecanismo; considera que un mecanismo de este tipo debería permitir la participación de organizaciones de la sociedad civil que presten asistencia profesional a las personas que necesiten protección internacional, en particular de carácter jurídico;

11.  Subraya que la cláusula discrecional del artículo 17, que permite a un Estado miembro asumir la responsabilidad de una solicitud de asilo, aunque no haya sido identificado como Estado miembro responsable en virtud del Reglamento Dublín III, es utilizada de forma diferente, rara vez y solo por algunos Estados miembros; observa que la mayoría de los casos en 2018 corresponde a Alemania, los Países Bajos y Francia; pide a todos los Estados miembros que hagan un mejor uso de la cláusula discrecional del artículo 17 para hacer frente a situaciones difíciles y emergencias humanitarias en ausencia de un mecanismo de solidaridad permanente; considera que las cláusulas discrecionales del artículo 17 deben utilizarse como instrumento de solidaridad para el reparto de responsabilidades, en particular en situaciones de elevado número de llegadas por tierra o mar, o para trasladar a los solicitantes de asilo que viven actualmente en los puntos críticos en condiciones inhumanas, degradantes, insalubres e inseguras y sin acceso suficiente a la asistencia sanitaria física y mental;

12.  Considera que las disposiciones sobre la unidad familiar, que son las primeras en la jerarquía de criterios de determinación de la responsabilidad, deberían aplicarse de manera eficaz, y que las disposiciones relativas a las personas dependientes (artículo 16) y las cláusulas discrecionales (artículo 17) podrían utilizarse de una manera más amplia para apoyar a la unidad familiar;

13.  Destaca los numerosos retos que plantea la aplicación del Reglamento Dublín III; toma nota del importante apoyo operativo y técnico proporcionado por la EASO a las autoridades de los Estados miembros en la aplicación de los procedimientos de Dublín, en particular en los puntos críticos;

14.  Solicita a la Comisión y a los Estados miembros que faciliten el trabajo del personal de la EASO, permitiendo que las entrevistas con los solicitantes de asilo tengan lugar en una lengua distinta de la del país en que se realicen, asegurando al mismo tiempo que se facilite al solicitante la interpretación en una lengua que comprenda; destaca la necesidad de que la EASO realice su trabajo operativo con los estándares más elevados y que centre su labor en los intereses de los solicitantes que necesiten protección internacional, incluido el interés superior del menor; pide la creación de una Agencia Europea de Asilo, dotada de recursos financieros y humanos adecuados, a fin de apoyar a los Estados miembros en lo que se refiere a los procedimientos de Dublín; recomienda una organización y una dotación de personal adecuadas de las unidades de Dublín europeas a fin de agilizar y acelerar la conclusión de los procedimientos relacionados con Dublín, y de asegurar en particular la aplicación correcta del capítulo III del Reglamento Dublín III, que vincula a un solicitante de asilo con un Estado miembro determinado;

Proteger los derechos fundamentales

15.  Recuerda que la protección de los derechos fundamentales debe estar en el eje de todas las medidas adoptadas en aplicación del Reglamento Dublín III, en especial la protección de los niños, las víctimas de la trata de seres humanos, las personas LGBTI y cualquier otra persona en situación de vulnerabilidad; señala el coste humano que las deficiencias del SECA están causando a los solicitantes de asilo, cuya salud mental ya se ve debilitada por los traumas que han experimentado en su país de origen y posiblemente a lo largo de las rutas migratorias;

16.  Recuerda que los solicitantes de asilo tienen derecho a que se les informe plenamente de los procedimientos; lamenta que el nivel de información facilitada a los solicitantes de asilo difiera considerablemente de un Estado miembro a otro; insta a los Estados miembros a que garanticen que los menores reciban una información adecuada a su edad y un apoyo específico; subraya que la prestación de asistencia jurídica y de interpretación es fundamental para garantizar el derecho de los solicitantes a la información;

17.  Señala que los traslados de solicitantes de asilo, y en particular de personas vulnerables, menores y familias, pueden dar lugar a la violación de sus derechos humanos; reitera que la no devolución y los abusos de los derechos humanos son motivos suficientes para suspender un traslado, incluso cuando el país de destino no presente problemas sistémicos; insta a los Estados miembros a que evalúen adecuadamente los riesgos a los que los solicitantes se expondrían en el Estados miembro de destino; subraya, en particular, que los traslados se deben realizar de una manera en la que, en ninguna circunstancia, se exponga a las personas a un riesgo de devolución;

18.  recuerda que, de conformidad con el artículo 28, el internamiento de los solicitantes de asilo en el marco del procedimiento de Dublín solo puede imponerse como último recurso, únicamente en la medida en que el internamiento sea conforme con el principio de proporcionalidad y en que no puedan aplicarse efectivamente otras medidas menos coercitivas para garantizar el procedimiento de traslado en caso de que exista un riesgo considerable de fuga; pide a los Estados miembros que realicen esfuerzos concretos para encontrar alternativas válidas al internamiento;

19.  Opina que dicho internamiento será lo más breve posible y se extenderá únicamente el tiempo razonablemente necesario para cumplir los procedimientos administrativos requeridos con la debida diligencia hasta que se realice el traslado en virtud del presente Reglamento; subraya que, a falta de criterios armonizados para determinar el riesgo de fuga, los Estados miembros han adoptado criterios divergentes y en ocasiones discutibles; pide a los Estados miembros y a la Comisión que aclaren la noción de «riesgo considerable de fuga»;

20.  Insta a los Estados miembros y a la Comisión a que establezcan claramente que el internamiento nunca redunda en el interés superior del menor;

21.  Recuerda que, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos(5), es ilegal imponer una medida de internamiento a un menor sin tener en cuenta su interés superior, su situación individual como menores no acompañados, cuando proceda, o sin una evaluación de proporcionalidad o sin que se disponga de alternativas al internamiento;

22.  Hace hincapié en que el objetivo último de la protección de los menores, como la lucha contra la trata de menores, debe prevalecer siempre, a fin de garantizar que los menores migrantes tengan un acceso rápido a la educación, a la atención sanitaria y a un alojamiento adecuado; subraya que los menores no acompañados deben tener acceso a medidas de protección apropiadas, como una tutela eficaz;

23.  Señala deficiencias numerosas y sistemáticas en el cumplimiento de la jerarquía de criterios; subraya que la unidad familiar dista mucho de ser el criterio aplicado con mayor frecuencia, si bien se encuentra en el primer lugar de la jerarquía según el capítulo III del Reglamento; considera que los Estados miembros, sobre la base del principio de cooperación mutua, deben ayudar a las autoridades competentes y a los nacionales de terceros países a mejorar el establecimiento de vínculos familiares probados en el procedimiento de determinación de los Estados miembros responsables; pide a la Comisión que garantice el pleno cumplimiento de la jerarquía de criterios;

24.  Considera necesario precisar las condiciones de aplicación del criterio de reagrupación familiar y dar prioridad, de conformidad con el artículo 7, apartado 3, del Reglamento, a la aplicación de los artículos 8, 10 y 16 como criterios principales de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo, a fin de garantizar la efectividad del derecho a la unidad familiar y una aplicación más rápida de las decisiones relativas a la reagrupación familiar; pide a la Comisión y a los Estados miembros que armonicen el nivel de prueba exigido para la reagrupación familiar en el sentido de unas normas y requisitos más viables; señala que las interpretaciones de lo que constituye una «familia» varían de un Estado miembro a otro, lo que contribuye a la falta de cumplimiento de la jerarquía de criterios y a la disfuncionalidad del sistema; pide, por tanto, a la Comisión que supervise atentamente la correcta aplicación de las definiciones relativas a la familia por parte de los Estados miembros, tal como se recogen en el artículo 3 del Reglamento;

25.  Recuerda que, de conformidad con el Reglamento, el interés superior del menor debe ser la consideración principal en todos los procedimientos de Dublín y todas las decisiones que afecten a menores; lamenta que los Estados miembros apliquen interpretaciones diferentes de los intereses superiores del menor;

26.  Lamenta que los mecanismos inadecuados de identificación y los métodos en ocasiones erróneos de evaluación de la edad suelan agravar aún más la situación de los menores, ocasionando retrasos o afectando negativamente el resultado de los procedimientos de Dublín; observa las buenas prácticas desarrolladas en determinados Estados miembros, como la intervención de personal especializado en el caso de menores no acompañados o un enfoque multidisciplinario para determinar la edad;

27.  Manifiesta su profunda preocupación por el hecho de que en muchos Estados miembros, debido a dificultades prácticas, el nombramiento de un representante para asistir a los menores no acompañados en los procedimientos de Dublín a menudo se retrasa o no está garantizado; observa también que, en algunos países, estos representantes no están suficientemente informados acerca de los procedimientos de Dublín y que los menores no acompañados carecen de un apoyo adecuado;

Simplificar los procedimientos, reducir considerablemente los plazos y defender el derecho a una solución eficaz

28.  Pone de relieve que los procedimientos de traslado aumentaron de forma significativa en 2016-2017, generando unos costes humanos, materiales y financieros considerables; lamenta, no obstante, que solo se efectuaran traslados en el 11 % de los casos, otro factor en la frecuente sobrecarga de los sistemas de asilo, lo que demuestra claramente la falta de eficacia del Reglamento; considera esenciales los esfuerzos destinados a garantizar el acceso a la información y procedimientos rápidos para la reagrupación familiar y los traslados de los solicitantes de asilo;

29.  Destaca el importante cuerpo de jurisprudencia del TEDH y el TJUE en los últimos años, en el que se han precisado los motivos admisibles para prevenir los traslados del sistema de Dublín, en particular cualquier fuente de riesgo para la persona; observa, en particular, el número cada vez mayor de decisiones de los tribunales europeos y nacionales relativas a la suspensión de traslados a los Estados miembros en los que se niega injustamente a un solicitante de asilo la protección internacional (casos de devolución indirecta) o sus derechos en el sistema de Dublín; lamenta que los solicitantes de asilo sean víctimas de tratos inhumanos o degradantes en determinados Estados miembros;

30.  Observa que las deficiencias en cuanto a organización estructural y actuación de la autoridad decisoria de asilo, junto con la escasez de recursos, han contribuido a retrasar los procedimientos de Dublín y obstaculizar la aplicación del Reglamento; observa que, si bien la mayoría de los países cuentan con una única autoridad de asilo especializada, algunos Estados miembros han optado por repartir la responsabilidad entre diferentes autoridades, creando complejidades de tipo práctico para los solicitantes de asilo en determinados casos y divergencias en la aplicación del Reglamento;

31.  Subraya que la efectividad de los procedimientos de Dublín depende también de la calidad y los efectivos de cada autoridad decisoria de asilo; observa importantes diferencias entre las autoridades decisorias de asilo en la dotación de personal con respecto al número de solicitantes de asilo; subraya que las unidades nacionales de Dublín carecen de personal suficiente y que, al mismo tiempo, se enfrentan a un aumento significativo de su carga de trabajo; pide a los Estados miembros que aumenten los recursos necesarios para que el Reglamento Dublín III sea operativo, en particular la dotación de personal dedicado al asilo;

32.  Destaca la falta de cooperación y de intercambio de información entre los Estados miembros, lo que socava activamente el principio de solidaridad de la Unión y contribuye directamente a la sobrecarga de los sistemas en determinados Estados miembros;

33.  Subraya que la aplicación excesiva y parcialmente inadecuada del criterio de «entrada irregular» impone una carga desproporcionada a los países de primera entrada, que suelen carecer de los recursos y la capacidad para acoger y registrar a los solicitantes de asilo; observa que las solicitudes de «devolución» han sido la forma predominante del procedimiento de Dublín a la que se ha recurrido en los últimos años, lo que significa que la mayoría de las personas incluidas en un procedimiento de Dublín ya han solicitado asilo en otro Estado miembro; señala que deben aplicarse medidas adecuadas para evitar los movimientos secundarios a los Estados miembros del espacio Schengen, así como a los que están fuera de él;

34.  Recuerda que los plazos de cada fase del sistema de Dublín tienen por objeto abreviar los procedimientos y permitir un acceso rápido al procedimiento de asilo; observa que sigue existiendo una falta de claridad, además de variaciones, entre los Estados miembros en el cálculo de los plazos y el punto de partida de cada procedimiento; propone que se aclaren y armonicen las condiciones que activan los procedimientos de traslado;

35.  Estima que, en algunos casos, las normas sobre la transferencia de responsabilidad en virtud del Reglamento Dublín III socavan la eficiencia de los procedimientos de asilo y la ejecución de los traslados, al aumentar el riesgo de fuga; lamenta las motivaciones, a menudo falaces, que aducen los Estados miembros para rechazar los traslados; considera que estos factores, entre otros, han contribuido al aumento del número de movimientos secundarios al animar a los solicitantes de asilo a permanecer fuera del sistema; pide a la Comisión que revise las normas con el fin de mejorar la ejecución de los traslados y suprimir la transferencia de responsabilidad en caso de fuga de un solicitante de asilo, fomentar la confianza entre los Estados miembros, supervisar la situación y, en caso necesario, imponer sanciones a los Estados miembros que denieguen los traslados;

36.  Señala que la aplicación incorrecta de las normas sobre la jerarquía de criterios, en particular en lo que se refiere a la reagrupación familiar y la situación de los menores no acompañados, así como el uso desproporcionado del criterio del primer país de entrada irregular, también socavan los procedimientos de asilo; señala que estas deficiencias en la aplicación pueden animar a los solicitantes de asilo a permanecer fuera del sistema; subraya que una mayor armonización de los sistemas de asilo de los Estados miembros es fundamental para el buen funcionamiento del Reglamento Dublín III y para evitar los movimientos secundarios; pide a la Comisión que proponga un sistema que tenga debidamente en cuenta los vínculos significativos demostrados de los solicitantes de asilo con un Estado miembro, como los títulos de residencia legal o de educación anteriores, y que garantice que el trato de los solicitantes de asilo sea igualitario en términos relativos en toda la Unión;

37.  Considera que proporcionar asistencia jurídica a los solicitantes de asilo para los procedimientos de Dublín, en particular en los puntos críticos, es fundamental para garantizar que los solicitantes sean informados de sus derechos y obligaciones durante un procedimiento de Dublín; destaca que esto mejoraría los procedimientos de respeto de los derechos, simplificaría los procedimientos de Dublín y mejoraría la toma de decisiones; observa que un representante legal puede garantizar que cada expediente esté completo y sea preciso, y contribuir a reducir el porcentaje de recursos y salvaguardar el derecho a la no devolución; observa con preocupación que persisten algunos problemas específicos a nivel nacional, como el acceso limitado a representantes legales independientes en los centros de asilo remotos, unos niveles bajos de remuneración por la asistencia jurídica, una falta de instalaciones adecuadas para la realización de entrevistas preparatorias y privadas, y una prestación inadecuada de asistencia jurídica a los solicitantes en los centros de internamiento; pide a los Estados miembros y a la Comisión Europea que aumenten los fondos disponibles para la prestación de asistencia jurídica durante el procedimiento de Dublín;

38.  Subraya que la calidad y la cantidad de información facilitada a los solicitantes durante el procedimiento de Dublín dista mucho de ser satisfactoria, varía significativamente entre los países y, en algunos casos, dentro de los países; observa que diferentes factores influyen en el respeto del derecho a la información, como la calidad y la claridad de la información, el acceso a un intérprete, la disponibilidad de documentos traducidos y el acceso a la información a su debido tiempo; recuerda que el derecho a la información, de conformidad con el artículo 4 del Reglamento, es esencial dada la naturaleza compleja de los procedimientos de Dublín y a la hora de garantizar el acceso a un examen justo de una solicitud de asilo en la Unión; subraya que las lagunas en este campo pueden atribuirse a la falta de recursos, pero también derivarse de unas elecciones políticas deliberadas en determinados países en los que se ha nombrado a muy pocos representantes legales; insta a los Estados miembros, con el apoyo de la Comisión y de la EASO, a que se mejore la información facilitada a los solicitantes de asilo sobre los procedimientos de Dublín complejos, a fin de garantizar que dicha información resulte clara y accesible para todos, en particular en materia de reagrupación familiar, de conformidad con los artículos 4 y 26 del Reglamento, y de acceso a una tutela judicial efectiva y a asistencia jurídica, de conformidad con el artículo 27;

39.  Pide a la Comisión que evalúe la aplicación general del SECA, así como las lagunas y deficiencias del Reglamento Dublín III que den lugar a una carga desproporcionada de responsabilidad para los países situados en las fronteras exteriores de la Unión;

Una aplicación única y centrada en los derechos de los acuerdos de Dublín en los casos de asilo en toda la Unión

40.  Subraya que el principio de una única solicitud de asilo en la Unión no puede aplicarse, lo que contraviene el objetivo mismo del Reglamento Dublín III; señala que la aplicación de este principio se ve obstaculizada por diversos factores, lo que significa que existen múltiples razones para la presentación de solicitudes de asilo posteriores; considera que las autoridades nacionales competentes deben compartir las informaciones útiles, en particular por lo que respecta a la concesión y al rechazo de solicitudes de asilo, en una base de datos europea como Eurodac, para acelerar los procedimientos y evitar las solicitudes de asilo múltiples, respetando al mismo tiempo la protección de los datos personales; considera prioritario registrar a todos los solicitantes y migrantes que cruzan las fronteras de forma irregular;

41.  Observa que el grado de protección de los solicitantes de asilo varía considerablemente entre los Estados miembros para determinadas nacionalidades, lo que puede contribuir al movimiento incesante; estima que la consideración de las necesidades individuales del solicitante en los procedimientos de Dublín permitiría reducir los movimientos secundarios; considera que tener en cuenta los «vínculos significativos demostrados» con un determinado Estado miembro es un enfoque eficaz para reducir los movimientos secundarios, y pide que esto se incluya como criterio para la reubicación;

Reforzar la gobernanza y la convergencia entre los Estados miembros

42.  Subraya que la red de unidades de Dublín de los Estados miembros que modera la Comisión se ha reunido tan solo una o dos veces al año y no ha desempeñado una función operativa; considera que el uso no coordinado de la Red EASO de Unidades de Dublín impide que el Reglamento Dublín III funcione con eficacia; observa, no obstante, que la Red EASO de Dublín ha mostrado una mayor actividad, y que la EASO ha llevado a cabo una serie de misiones útiles en apoyo de los Estados miembros en la aplicación del Reglamento Dublín III, como la elaboración de documentos de orientación y análisis, la organización de cursos de formación o el despliegue de agentes; insta a una cooperación más estrecha entre las autoridades nacionales en materia de asilo con el fin de compartir información, fomentar el desarrollo de prácticas uniformes y mejores, racionalizar los traslados y contribuir a prevenir casos de solicitudes múltiples; propone que se otorgue un mandato a la EASO para establecer una gobernanza reforzada sobre la aplicación del Reglamento Dublín III, incluido un diálogo operativo mensual entre las autoridades nacionales, así como una plataforma para el intercambio de información y de mejores prácticas;

43.  Invita a la Comisión y a los Estados miembros a incluir, entre las fuentes utilizadas para el control de la aplicación del Reglamento, información fiable y actualizada facilitada por agentes no estatales, en particular organizaciones internacionales y ONGs;

44.  Observa que entre 2008 y 2017 un número significativo de solicitudes de asilo fueron presentadas por nacionales de terceros países que viajaron sin visado o con un visado de corta duración para entrar en el espacio Schengen(6); observa, además, que algunas de estas solicitudes se presentaron en un Estado miembro distinto de aquel para el que se expidió el visado; subraya que, para los procedimientos de Dublín subsiguientes, se ha demostrado que las normas de los artículos 12 y 14 no son suficientemente claras, lo que dificulta la determinación del Estado miembro responsable; pide a la Comisión que aclare cómo deben aplicarse los artículos 12 y 14 del Reglamento a la hora de determinar qué Estado miembro debe ser responsable de una solicitud de asilo; propone que se evalúe, como una de las prioridades de la jerarquía de criterios, el posible impacto de las solicitudes de entrada exentas de visado en el buen funcionamiento del sistema de Dublín;

45.  Observa que se han celebrado acuerdos bilaterales entre Estados miembros para mejorar la eficacia de los procedimientos de Dublín o garantizar el traslado de los solicitantes de asilo; subraya, no obstante, que estos también han demostrado tener efectos adversos, lo que en algunos casos ha debilitado la consecución de los objetivos del Reglamento a escala europea; insta a la Comisión y a todos los Estados miembros a que evalúen más bien los factores que contribuyen a una mayor eficiencia, adopten medidas conjuntas y coordinadas para optimizar la aplicación efectiva del Reglamento Dublín III y trabajen para armonizar la aplicación del Reglamento;

46.  Toma nota de que los Estados miembros pueden elaborar planes de acción preventivos, con el apoyo de la Comisión y en coordinación con ella, cuando la aplicación del Reglamento pueda verse comprometida debido a un riesgo fundado de presión especial sobre los sistemas de asilo de los Estados miembros o a problemas en el funcionamiento de sus sistemas de asilo, de conformidad con el artículo 33; observa que estas medidas preventivas pueden tener en cuenta la información de la Comisión y de la EASO, y pueden dar lugar a una solidaridad auténtica y práctica, de conformidad con el artículo 80 del TFUE, con los Estados miembros que se enfrentan a presiones particulares sobre sus sistemas de asilo en general, también como resultado de flujos migratorios mixtos, y con los solicitantes, lo que permite una mejor preparación en caso de una posible crisis de asilo;

47.  Considera que la aplicación del Reglamento Dublín III no está resultando eficaz, dado que no se están logrando los objetivos principales, es decir, la determinación rápida y justa de los Estados miembros responsables de una solicitud de protección internacional; recuerda que se han detectado deficiencias significativas en la aplicación de una serie de disposiciones de Dublín; destaca que la aplicación del Reglamento es muy ineficiente en relación con los esfuerzos, los recursos humanos y el personal dedicados a este Reglamento por parte de los Estados miembros;

48.  Pide al Consejo que adopte la votación por mayoría cualificada cuando se reforme el Reglamento Dublín III y cuando se actúe con arreglo al artículo 78, apartado 2, del TFUE;

49.  Lamenta que la Comisión todavía no haya publicado su informe de evaluación previsto en el artículo 46; pide a la Comisión que garantice una aplicación más eficaz del Reglamento Dublín III;

o
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50.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos nacionales.

(1) DO L 180 de 29.6.2013, p. 31.
(2) DO L 239 de 15.9.2015, p. 146.
(3) DO L 248 de 24.9.2015, p. 80.
(4) DO C 58 de 15.2.2018, p. 9.
(5) EDAL, ECtHR - Rahimi v. Grecia, demanda n.º 8687/08, sentencia de 5 de julio de 2011: https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-rahimi-v-greece-application-no-868708-1
(6) Comisión Europea, Red Europea de Migración, «Impact of Visa Liberalisation on Countries of Destination» (Impacto de la liberalización de visados en los países de destino), marzo de 2019: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/00_eu_visa_liberalisation_2019_synthesis_report_en_0.pdf

Última actualización: 16 de marzo de 2021Aviso jurídico - Política de privacidad