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Procedimiento : 2020/2208(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A9-0259/2020

Textos presentados :

A9-0259/2020

Debates :

PV 19/01/2021 - 11
CRE 19/01/2021 - 11

Votaciones :

PV 20/01/2021 - 3
PV 20/01/2021 - 17

Textos aprobados :

P9_TA(2021)0014

Textos aprobados
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Miércoles 20 de enero de 2021 - Bruselas
Derechos humanos y democracia en el mundo y política de la Unión Europea al respecto - Informe anual 2019
P9_TA(2021)0014A9-0259/2020

Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de enero de 2021, sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo y la política de la Unión Europea al respecto – Informe anual 2019 (2020/2208(INI))

El Parlamento Europeo,

–  Vistos la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) y otros tratados e instrumentos de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos,

–  Visto el Convenio Europeo de Derechos Humanos,

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»),

–  Visto el pilar europeo de derechos sociales, en particular sus principios 2, 3, 11 y 17,

–  Vistos los artículos 2, 3, 8, 21 y 23 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

–  Vistos los artículos 17 y 207 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Vista la Estrategia global para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea, presentada el 28 de junio de 2016,

–  Vistos los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible,

–  Vistos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y las Observaciones generales del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,

–  Vistos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y las Observaciones generales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas,

–  Vistas la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas y las recomendaciones generales del Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas,

–  Vistos la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CNUDN), de 20 de noviembre de 1989, y sus dos Protocolos Facultativos, adoptados el 25 de mayo de 2000,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 30 de marzo de 2007,

–  Vista la Declaración Política de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el VIH y el SIDA: En la vía rápida para acelerar la lucha contra el VIH y poner fin a la epidemia del SIDA para 2030, adoptada el 8 de junio de 2016,

–  Vista la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, adoptada el 18 de diciembre de 1992,

–  Vista la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 22 de diciembre de 2018, sobre un llamamiento mundial para la adopción de medidas concretas para la eliminación total del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia y para la aplicación y el seguimiento generales de la Declaración y el Programa de Acción de Durban,

–  Vista la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de designar el 22 de agosto Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia Motivados por la Religión o las Creencias, adoptada el 28 de mayo de 2019,

–  Vista la Resolución 2467 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 29 de abril de 2019, sobre la violencia sexual en los conflictos,

–  Vistos la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el Planteamiento estratégico de la UE sobre las mujeres, la paz y la seguridad 2019-2024,

–  Vista la Iniciativa Spotlight de la Unión y las Naciones Unidas, sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas,

–  Vistos la Plataforma de Acción de Pekín, el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, y los resultados de las respectivas conferencias de revisión,

–  Visto el Convenio n.º 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de 21 de junio de 2019, sobre la violencia y el acoso,

–  Vista la Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo, de 21 de junio de 2019,

–  Visto el Memorando de Entendimiento de 16 de agosto de 2019 relativo a la cooperación entre el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,

–  Vistos el Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales del Consejo de Europa y la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, adoptada el 5 de noviembre de 1992,

–  Visto el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (en lo sucesivo, «Convenio de Estambul»), de 11 de mayo de 2011, que no ha sido ratificado por todos los Estados miembros,

–  Vistos el Plan de Acción sobre derechos humanos y democracia (2015-2019) - «Mantener los derechos humanos entre las prioridades de la agenda de la UE», de 28 de abril de 2015 (JOIN(2015)0016), adoptado por el Consejo el 20 de julio de 2015, y su revisión intermedia de junio de 2017 (SWD(2017)0254),

–  Visto el Plan de Acción de la UE para los Derechos Humanos y la Democracia (2020-2024), adoptado por el Consejo el 17 de noviembre de 2020,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo de 18 de febrero de 2019 sobre las prioridades de la UE para 2019 en los foros de las Naciones Unidas sobre derechos humanos,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo de 17 de junio de 2019 sobre la actuación de la UE para reforzar el multilateralismo basado en normas,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo de 15 de julio de 2019 sobre las prioridades de la UE en las Naciones Unidas y en el 74.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo sobre Nicaragua, de 14 de octubre de 2019,

–  Vistas las directrices de la Unión para promover y proteger el disfrute de todos los derechos humanos por parte de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), adoptadas el 24 de junio de 2013,

–  Vistas las orientaciones de la UE sobre el fomento y la protección de la libertad de religión y creencias, adoptadas el 24 de junio de 2013,

–  Vistas las Directrices de la UE sobre la pena de muerte, actualizadas por el Consejo el 12 de abril de 2013, sobre la libertad de expresión en línea y fuera de línea, adoptadas por el Consejo el 12 de mayo de 2014, y sobre los defensores de los derechos humanos, adoptadas por el Consejo el 14 de junio de 2004,

–  Vistas las Directrices de la UE en materia de derechos humanos relativas a la no discriminación en la política exterior, adoptadas por el Consejo el 18 de marzo de 2019,

–  Vistas las Directrices de la UE en materia de derechos humanos relativas al agua potable y al saneamiento, adoptadas por el Consejo el 17 de junio de 2019,

–  Vista la Revisión de 2019 de las Directrices sobre la política de la Unión Europea frente a terceros países en relación con la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, adoptadas por el Consejo el 16 de septiembre de 2019,

–  Vistas la Comunicación de la Comisión, de 6 de octubre de 2020, titulada «Comunicación de 2020 sobre la política de ampliación de la UE» (COM(2020)0660), y la agenda geopolítica de la legislatura UE 2019-2024,

–  Visto el Estudio de la Comisión de junio de 2020 «Legal gender recognition in the EU: the journeys of trans people towards full equality» (Reconocimiento legal del género en la UE: el camino de las personas trans hacia la igualdad plena),

–  Vistas la Comunicación conjunta de la Comisión, de 25 de noviembre de 2020, titulada «Plan de acción en materia de género de la UE (GAP) III – un ambicioso programa para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en la acción exterior de la UE» (JOIN(2020)0017), y las Conclusiones de la Presidencia del Consejo, de 16 de diciembre de 2020, sobre el Plan de acción en materia de Género III,

–  Vista la encuesta EU-LGBTI II «A long way to go for LGBTI equality» (Un largo camino por recorrer hacia la igualdad LGBTI+) de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), de 14 de mayo de 2020,

–  Vista la Decisión del Defensor del Pueblo Europeo, de 30 de julio de 2020, sobre la función del enviado especial de la Unión para la promoción de la libertad de religión o creencias fuera de la Unión,

–  Vistos los informes del enviado especial de la Unión para la promoción de la libertad de religión o creencias fuera de la Unión y los informes del Intergrupo del Parlamento Europeo sobre libertad de religión y de creencias y tolerancia religiosa,

–  Visto el Informe anual de la UE sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo en 2019,

–  Vista su Resolución, de 13 de septiembre de 2017, sobre la corrupción y los derechos humanos en terceros países(1),

–  Vista su Resolución, de 3 de julio de 2018, sobre la violación de los derechos de los pueblos indígenas en el mundo, incluido el acaparamiento de tierras(2),

–  Vista su Resolución, de 15 de enero de 2019, sobre las Directrices de la UE y el mandato del enviado especial de la Unión para la promoción de la libertad de religión o creencias fuera de la Unión(3),

–  Vistas su Resolución, de 15 de enero de 2020, sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo y la política de la UE al respecto – Informe anual 2018(4), y sus resoluciones previas sobre informes anuales anteriores,

–  Vistas todas sus resoluciones sobre violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho (conocidas como resoluciones de urgencia) aprobadas en 2019 de conformidad con el artículo 144 de su Reglamento interno,

–  Visto su Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, que en 2019 se otorgó a Ilham Tohti, defensor de los derechos humanos uigur, profesor de economía, y preso político retenido en China, que aboga por los derechos de la minoría uigur china,

–  Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

–  Vista la opinión de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A9-0259/2020),

A.  Considerando que la celebración en 2019 del 10.º aniversario de la Carta ha recordado a la Unión su compromiso declarado y su obligación, basada en el Tratado, de emprender decididamente acciones de protección, promoción y cumplimiento de los derechos humanos, tanto dentro como fuera de sus fronteras; que, en dicha ocasión, la UE reafirmó su compromiso de seguir siendo un actor influyente en la escena mundial y de continuar desempeñando un papel destacado como defensor mundial de la democracia y los derechos humanos;

B.  Considerando que la igualdad de género es un valor fundamental de la Unión y el derecho a la igualdad de trato y la no discriminación es un derecho fundamental consagrado en los Tratados y en la Carta, y que, por consiguiente, la perspectiva de género debe implementarse e integrarse como principio horizontal en todas las actividades y políticas de la Unión;

C.  Considerando que los cristianos son el grupo religioso más perseguido del mundo, constituyendo el 80 % de todos los creyentes religiosos perseguidos; que dicha persecución va desde la discriminación rutinaria en lo que a la educación, el empleo y la vida social se refiere hasta limitaciones de toda forma de expresión e, incluso, ataques físicos contra comunidades cristianas, lo que prácticamente responde a la definición internacional de genocidio aprobada por las Naciones Unidas;

D.  Considerando que la Declaración y Plataforma de Acción de Pekín 1995 lleva ya 25 años poniendo de relieve la importancia de la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres, así como de su participación en pie de igualdad en el proceso decisorio y el proceso democrático para la consolidación de la democracia;

E.  Considerando que la falta de mujeres en el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) incrementa el riesgo de que haya sesgos; que la educación científica es importante para adquirir capacidades, conseguir un trabajo digno y poder optar a los empleos del futuro, y también para acabar con los estereotipos de género que consideran estos ámbitos típicamente masculinos, con el fin de que las mujeres puedan así disfrutar plenamente de sus derechos humanos;

F.  Considerando que, durante la celebración del 30.º aniversario de la CNUDN en noviembre de 2019, la Unión subrayó su compromiso de desarrollar una estrategia global sobre los derechos del niño y los derechos de los padres y de situar estos en el centro de las políticas de la Unión; que el Parlamento organizó el 20 de noviembre de 2019 una conferencia específica, en la que se abordaron varias cuestiones, como los retos para la protección de los derechos del niño en un mundo digital en constante transformación —en particular por lo que respecta a la prohibición del acceso a pornografía infantil y a la lucha contra el acoso y la violencia—, la superación de las barreras al pleno disfrute de los derechos de los niños, y la consideración de la naturaleza cambiante de los conflictos armados y su impacto en el futuro de los niños y en su desarrollo, educación y vida posterior, al tiempo que se tuvieron en cuenta las declaraciones realizadas por los niños en el debate;

G.  Considerando que la crisis desencadenada por la pandemia mundial de la COVID-19, el modo en que los Estados han respondido a dicha pandemia, el agravamiento de las desigualdades y las penurias que ha causado, en particular a los grupos más vulnerables y marginados, así como a las mujeres, y su impacto en las relaciones internacionales, el orden internacional basado en normas y los conflictos, tienen implicaciones a largo plazo en todas las cuestiones que atañen al respeto de los derechos humanos;

H.  Considerando que, a modo de ejemplo, la crisis causada por la pandemia ha llevado a la mayoría de los países a adoptar medidas de emergencia, recortando las libertades para ejercer numerosos derechos humanos, entre los que destacan las libertades de circulación y reunión, o a establecer nuevos medios de vigilancia para evitar la transmisión del virus de la COVID-19; que dichas medidas han planteado legítimamente cuestiones relativas a su necesidad, legalidad, proporcionalidad, carácter no discriminatorio, duración e implicaciones, en un espíritu de salvaguarda de las libertades fundamentales a corto y largo plazo; que la pandemia también ha ido acompañada de otras tendencias negativas que socavan la democracia y reducen el espacio de la sociedad civil en algunos países;

I.  Considerando que la recesión mundial provocada por la pandemia puede llevar a los gobiernos a dar prioridad a estimular la actividad económica y atraer inversiones; destaca que esto no debe producirse a expensas de su ambición en términos de objetivos políticos y normas para otros ámbitos, como la protección de los derechos humanos, la acción por el clima y la lucha contra la pobreza, en particular la de los niños y sus familias;

J.  Considerando que el auge a nivel mundial de movimientos autoritarios y populistas entraña una amenaza para los valores y principios en los que se fundamenta la Unión;

K.  Considerando que los regímenes antiliberales se alejan cada vez más del camino de las democracias maduras y de las normas democráticas occidentales, asentándose en posiciones que dan lugar a violaciones continuas y deliberadas de los derechos humanos; que estos regímenes antiliberales restringen los derechos y las libertades fundamentales, ofreciendo así una falsa apariencia de legitimidad electoral, en unas elecciones que no pueden considerarse libres, justas o transparentes;

L.  Considerando que las emergencias ambientales, incluidos el cambio climático y la deforestación, son el resultado de acciones humanas y dan lugar a violaciones de los derechos humanos no solo de las personas directamente afectadas, sino también de la humanidad en su conjunto; que es importante tomar conciencia del vínculo entre los derechos humanos y la protección del medio ambiente; que garantizar el acceso al agua es crucial para calmar las tensiones en determinadas regiones;

M.  Considerando que una mayor coherencia entre las políticas interiores y exteriores de la Unión, y también entre las propias políticas exteriores de la Unión, constituye un requisito indispensable para el éxito y la eficacia de la política de la Unión en materia de derechos humanos; que las políticas de apoyo a los derechos humanos, la democracia, el Estado de Derecho y la lucha contra la impunidad deben integrarse en todas las demás políticas de la Unión con una dimensión exterior, como el desarrollo, la migración, la seguridad, la lucha contra el terrorismo, los derechos de la mujer y la igualdad de género, la ampliación y el comercio; que una mayor coherencia debería permitir a la Unión responder con mayor rapidez a las violaciones de los derechos humanos en fases tempranas y ser un actor más creíble en materia de derechos humanos a nivel mundial;

N.  Considerando que el pleno respeto de los derechos humanos y de las normas europeas entre los socios y vecinos de la Unión, incluida la gestión de la crisis de los refugiados y el tratamiento de la migración, es una de las principales prioridades de la Unión; que la situación de los derechos humanos, afectada por la pandemia de COVID-19, es motivo de preocupación en los países vecinos, que deben adoptar medidas adecuadas al respecto y trabajar en consonancia con sus respectivas sociedades civiles, entre las que se encuentran personas proeuropeas y democráticas;

O.  Considerando que cada vez más países, en particular en Asia, Oriente Medio, África y América Latina, han recurrido a las prohibiciones de viajar para evitar que defensores de los derechos humanos (DDH) asistiesen a eventos internacionales;

Derechos humanos y democracia: tendencias generales y retos fundamentales

1.  Celebra las respuestas a la pandemia de la COVID-19 de aquellos Estados que han establecido los derechos a la vida y la salud como sus imperativos fundamentales; subraya que, al mismo tiempo, es fundamental garantizar a las personas un nivel de vida adecuado; hace hincapié en que todas las medidas de respuesta a la pandemia deben basarse en los derechos humanos y los principios de no discriminación, y deben salvaguardar el progreso hacia la consecución de los ODS;

2.  Destaca la necesidad de velar por el pleno respeto de los derechos humanos, y la adhesión al principio de que los derechos humanos son universales, inalienables, indivisibles e interdependientes y están interrelacionados, y condena todo intento de relativizarlos;

3.  Expresa su grave preocupación respecto al menoscabo de las normas en materia de democracia y derechos humanos y del disfrute de las libertades fundamentales que la crisis ha causado en algunos países; considera que este retroceso obedece principalmente al aumento del autoritarismo, así como a las devastadoras consecuencias económicas y sociales de la crisis y a su uso como pretexto para manipular las instituciones del Estado y los calendarios electorales, suprimir las actividades de los DDH, en particular los defensores de las minorías, los opositores políticos, los medios de comunicación y los representantes de la sociedad civil, y restringir las libertades fundamentales y los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas o grupos expuestos a la discriminación, como las minorías religiosas y de creencias y las personas LGBTI, para atender fines no relacionados con la pandemia; destaca, a este respecto, el aumento de la incitación al odio, basada en la raza, el origen étnico, la religión o la casta, la desinformación, la selección de grupos vulnerables acusados de propagación del virus, el aumento de la violencia doméstica y de género y la desigualdad de género; manifiesta su preocupación por los casos de discriminación en la distribución de la ayuda relacionada con la pandemia de COVID-19; rechaza cualquier denegación de ayuda en cualquier circunstancia, también por motivos religiosos; subraya asimismo el recurso, en contravención de los derechos humanos, a tecnologías digitales encaminadas a contener la pandemia mediante el seguimiento de los ciudadanos y la extracción de sus datos privados;

4.  Afirma que los Estados deben abstenerse de explotar la pandemia de COVID-19 para consolidar el poder autoritario, debilitar la democracia y el Estado de Derecho o pisotear los derechos humanos; manifiesta su profunda preocupación por el agravamiento de las medidas adoptadas por los regímenes autoritarios, destinadas a reprimir la disidencia y reducir el margen de acción de la sociedad civil; subraya la importancia de la sociedad civil, cuya existencia permite responder de manera flexible, oportuna y eficaz a los regímenes que vulneran el Derecho internacional, los derechos humanos y los principios democráticos; expresa su inquietud por el hecho de que las medidas de emergencia relacionadas con la COVID-19 no suelen ir acompañadas de obligaciones claras de revocarlas una vez finalizada la crisis;

5.  Recuerda que el acceso universal a la asistencia sanitaria es un derecho humano y apoya todo avance hacia la cobertura sanitaria universal como algo esencial para el desarrollo sostenible; acoge con satisfacción la respuesta general a la pandemia de la COVID-19 por parte de la Unión, basada en el enfoque «Team Europe», que se centra en expresar solidaridad y ofrecer asistencia tangible a los asociados, en particular a los países más vulnerables y afectados;

6.  Observa con preocupación las deficiencias del sistema sanitario en muchos Estados, que socavan el derecho de las personas a la salud física y mental y a su tratamiento, así como las deficiencias en las medidas preventivas para evitar la contaminación, en las medidas relativas al agua y sanitarias, en la información y en la no discriminación en el acceso y los derechos; acoge con satisfacción la declaración de la Comisión de que la vacuna contra la COVID-19 debe ponerse a disposición de todo el mundo y que la Unión hará todo lo posible para ello;

7.  Recuerda que, en el contexto de la pandemia de la COVID-19, los Estados deben velar por que sus respuestas incluyan un enfoque intersectorial y que tenga en cuenta las cuestiones de género, a fin de garantizar los derechos de todas las mujeres y niñas a vivir sin discriminación ni violencia y a acceder a los servicios esenciales de salud sexual y reproductiva que necesitan;

8.  Recuerda que la pandemia también ha dado lugar a una disminución del control y la documentación de las violaciones de los derechos humanos a escala mundial; apoya los esfuerzos realizados a escala internacional por evaluar las diversas respuestas nacionales a la pandemia en lo que atañe a las restricciones de las libertades políticas, sociales y económicas, por trabajar en pos del establecimiento de un marco conjunto basado en los derechos humanos que sirva de fundamento para las futuras respuestas a crisis sanitarias; acoge con satisfacción, en este contexto, el desarrollo del «Global Monitor» por parte de la Comisión y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IIDAE);

9.  Denuncia enérgicamente los numerosos casos de discriminación, intolerancia, persecución y asesinatos por motivos de raza, etnia, nacionalidad, clase social, casta, religión, creencias, lengua, edad, género, orientación sexual, identidad de género, expresión del género y características sexuales que siguen produciéndose en muchos países y sociedades; deplora los ataques contra personas o comunidades con declaraciones y acciones intolerantes y llenas de odio; considera inaceptable la prevalencia del racismo, el antisemitismo y la xenofobia en muchos países; insiste en que los gobiernos de todo el mundo condenen claramente y adopten un enfoque de tolerancia cero frente al racismo y la discriminación;

10.  Subraya la enorme y creciente amenaza para los derechos humanos que suponen el cambio climático, la destrucción del medio ambiente y la pérdida de biodiversidad, al privar a las personas del derecho fundamental a la vida, debido en particular a un mayor nivel de hambre en el mundo, a las desigualdades económicas y sociales, a las restricciones al acceso al agua, y a las muertes adicionales por desnutrición y la mayor propagación de enfermedades; subraya que el cambio climático también socava el disfrute de otros derechos humanos, como el derecho a la seguridad alimentaria, al agua potable y al saneamiento, a la salud, a una vivienda adecuada, a la autodeterminación, al trabajo y al desarrollo; atrae la atención, además, sobre los riesgos que plantea el cambio climático para la paz y la seguridad, ya que la inseguridad alimentaria y la escasez de agua pueden dar lugar a una competencia por los recursos naturales y, posteriormente, a la inestabilidad y los conflictos entre los Estados, y en cada uno de ellos; llama especialmente la atención sobre el vínculo existente entre la explotación de recursos naturales y la financiación de conflictos, guerras y actos violentos, directa o indirectamente, también por parte de algunos actores del sector privado; destaca que los países menos desarrollados son los más vulnerables al cambio climático, ya que les resulta más difícil soportar sus impactos devastadores, a pesar de que producen menos gases de efecto invernadero que los países más ricos, que tienen menos probabilidades de verse tan afectados por el cambio climático;

11.  Afirma que la promoción y la protección de los derechos humanos y la acción por el clima y el medio ambiente están interrelacionadas, porque, en particular, el derecho internacional en materia de derechos humanos proporciona acceso a recursos y medios jurídicos para reparar los daños causados por el cambio climático, aplicar medidas de lucha contra el cambio climático, y procurar que los Estados, las empresas y las personas rindan cuentas por sus respuestas al cambio climático y por llevar a cabo acciones que contribuyan a una mayor degradación del medio ambiente;

12.  Destaca que la biodiversidad y los derechos humanos están interrelacionados y son interdependientes, y recuerda las obligaciones en materia de derechos humanos de los Estados respecto a la protección de la biodiversidad de la que dependen esos derechos, en particular previendo la participación de los ciudadanos en las decisiones relativas a la biodiversidad y facilitando el acceso a un recurso efectivo en los casos de pérdida y degradación de la biodiversidad; manifiesta su apoyo a los incipientes esfuerzos normativos a escala internacional en relación con los delitos contra el medio ambiente; anima, a este respecto, a la Unión y a los Estados miembros a promover el reconocimiento del ecocidio como delito internacional en virtud del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI);

13.  Subraya la necesidad de prestar especial atención a la ayuda a las personas desplazadas por motivos relacionados con el medio ambiente y el clima; considera que es importante trabajar a escala internacional para establecer una definición del concepto de «desplazados medioambientales» en el contexto de las Naciones Unidas, a fin de crear un marco jurídico internacional y de adoptar un enfoque común para proteger a las personas que se ven obligadas a abandonar el lugar en el que viven; reconoce que las repercusiones medioambientales del cambio climático pueden intensificar los desplazamientos forzosos, e insiste, por lo tanto, en la necesidad de aplicar rápidamente políticas que permitan reducir los efectos del cambio climático de conformidad con el Acuerdo de París;

14.  Expresa una gran preocupación por la deforestación, la minería ilegal y la producción de drogas ilícitas, en particular en el Amazonas en 2019, dado que los bosques contribuyen a atenuar el cambio climático mediante la absorción y el almacenamiento de dióxido de carbono; subraya que los pueblos indígenas han sido a menudo las primeras víctimas de la deforestación, lo que pone en peligro sus derechos a la tierra, entre otros, y el acceso a recursos vitales; subraya, a este respecto, el derecho a determinar y establecer prioridades y estrategias para su autodesarrollo y para la utilización de sus tierras, territorios y otros recursos; subraya que la impunidad de las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas es una fuerza impulsora de la deforestación y, por lo tanto, considera esencial que se rindan cuentas de esas violaciones; observa que la explotación ilegal de los recursos naturales puede tener graves repercusiones negativas en los derechos sociales, económicos, culturales, civiles y políticos de las comunidades locales, incluido el derecho fundamental de los pueblos a la autodeterminación y el principio de soberanía permanente sobre sus recursos naturales;

15.  Acoge con satisfacción las crecientes aspiraciones y movilizaciones de los ciudadanos, en particular de las generaciones más jóvenes, a favor de cambios políticos y sociales favorables al respeto de los derechos humanos, el buen gobierno democrático, la igualdad y la justicia social, una acción por el clima más ambiciosa y una mejor protección del medio ambiente; destaca la aparición en 2019 de movimientos de protesta masivos en todas las regiones del mundo que reflejan estas aspiraciones, reclamando cambios en el orden institucional y económico de las sociedades y medidas para combatir el cambio climático, y apoyando el desarrollo de una sociedad global más equitativa; condena el hecho de que, en muchos países, se niegue a la gente el derecho a manifestarse pacíficamente, con medidas legales, administrativas y de otro tipo, como la represión de las manifestaciones mediante el uso de la fuerza, la intimidación y la detención arbitraria; destaca que en 2019 se detuvo a cientos de manifestantes pacíficos, muchos de los cuales fueron objeto de malos tratos y detenciones arbitrarias y tuvieron que pagar cuantiosas multas en juicios en los que no se garantizaron unas normas mínimas de procedimiento; destaca la importancia de mantener el carácter pacífico de las acciones de protesta y expresa su preocupación por algunos grupos marginales que han estado aprovechando la oportunidad que ofrecen las manifestaciones y expresiones de los movimientos sociales para llevarlas a cabo mediante la violencia y la perturbación de la vida cotidiana; pide a los Gobiernos que no utilicen una fuerza desproporcionada contra manifestantes pacíficos y que exijan responsabilidades a todos los autores de estos actos;

16.  Considera esenciales las respuestas políticas a las demandas legítimas de las sociedades, las familias y los ciudadanos basadas en un diálogo integrador que conduzca a un cambio positivo; condena, por otra parte, la represión de los movimientos pacíficos, en particular mediante el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes de seguridad, que determinados gobiernos han infligido a sus poblaciones con el fin de sofocar las voces disidentes o críticas;

17.  Destaca que se sigue recurriendo sistemáticamente en todo el mundo a los asesinatos, a los ataques físicos y difamatorios, al encarcelamiento, a las amenazas de muerte, al acoso, a la intimidación y a las restricciones a la libertad de expresión contra los DDH, incluidas las mujeres defensoras de los derechos humanos, los defensores de los derechos religiosos y de creencias, las comunidades locales, los grupos indígenas, los defensores del medio ambiente y de la tierra, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y los activistas de la sociedad civil, los denunciantes y los periodistas; señala que las mujeres DDH se enfrentan a amenazas específicas de género;

18.  Manifiesta su profunda preocupación por el uso que se hace en algunos países de legislación represivas en materia de ciberseguridad y lucha contra el terrorismo para reprimir a los DDH; destaca la existencia de tendencias políticas hacia un nacionalismo más profundo y el uso indebido de la religión para obtener beneficios políticos, lo que genera intolerancia;

19.  Subraya que es obligación de las instituciones de la Unión apoyar activamente a las organizaciones y las personas que se dedican a defender la democracia y los derechos humanos; pide justicia y rendición de cuentas por todos los ataques contra los DDH; pide a la Unión que apoye y proteja a los DDH en toda su diversidad; subraya en este sentido la importancia de la acción del Parlamento para que se oigan sus voces y presionar a las autoridades de terceros países para que liberen inmediata e incondicionalmente a los DDH detenidos por su activismo; apoya la labor de las fundaciones políticas europeas en el fortalecimiento de los procesos democráticos y el fomento de una nueva generación de líderes políticos en todo el mundo;

20.  Manifiesta su profunda preocupación por la persistencia de la lacra de las guerras y los conflictos militares y por la ocupación o anexión prolongadas de territorios, que dan lugar a graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, en particular los genocidios, las matanzas masivas, los desplazamientos forzados de poblaciones civiles, incluidas las minorías religiosas y el uso de la violencia sexual contra los civiles, en particular contra las mujeres y los niños; condena firmemente la implicación de potencias dictatoriales y autoritarias en guerras subsidiarias y subraya que las soluciones políticas constituyen un requisito previo para una paz sostenible; expresa su profunda preocupación por las crecientes tensiones políticas internacionales y, en determinadas regiones del mundo, por el aumento de la actividad de grupos armados no estatales y organizaciones terroristas y el desarrollo de la violencia sectaria;

21.  Lamenta el hecho de que, si bien las Naciones Unidas celebraron su setenta y cinco aniversario en 2020, diversos gobiernos inspirados en actitudes identitarias hayan adoptado medidas para contrarrestar el multilateralismo y los esfuerzos de cooperación internacional en favor de la paz, la resolución de conflictos y la protección de los derechos humanos sobre la base de los fines y principios de la DUDH, el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y el Acta final de Helsinki; critica la falta de un liderazgo internacional conjunto de los países democráticos para responder sistemáticamente a las graves violaciones del derecho internacional en materia de derechos humanos y unir fuerzas para promover los derechos humanos y la democracia, y para sostener los sistemas internacionales basados en normas, e insta a la Unión y a los Estados miembros a llenar este vacío de liderazgo;

22.  Deplora la difícil situación de los migrantes y refugiados en todo el mundo, y en particular de las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y enfermedades crónicas, las personas con orientaciones sexuales diversas, las personas pertenecientes a minorías étnicas, religiosas y de creencias perseguidas, que se encuentran entre los más vulnerables; señala que, según se estima, el número de migrantes internacionales en 2019 ascendió a casi 272 millones(5), lo que equivale al 3,5 % de la población mundial, de los cuales más de 20 millones eran refugiados(6), y que en los dos últimos años han tenido lugar procesos de desplazamiento y migración a gran escala; toma nota del aumento de solicitantes de asilo en 2019 que solicitaron protección internacional en los Estados miembros de la UE-27(7) como consecuencia de las prácticas represivas y las violaciones de sus derechos humanos causadas, entre otros, por los regímenes dictatoriales que ostentan ilegalmente el poder político; denuncia las medidas políticas que menoscaban los derechos humanos de migrantes y refugiados y ponen en riesgo su seguridad y sus vidas; denuncia enérgicamente los casos de discriminación, intolerancia, persecución y asesinatos relacionados con la migración o el estatuto de refugiado; rechaza la tendencia negativa hacia el acoso y la criminalización de la labor de quienes defienden los derechos humanos de los migrantes y los refugiados y les prestan asistencia;

23.  Acoge con satisfacción el hecho de que los esfuerzos por promover los derechos de las mujeres y las niñas hayan adquirido mayor relevancia en todo el mundo; observa, sin embargo, que ningún país del mundo ha logrado aún la igualdad de género;

24.  Destaca la persistencia de la violencia generalizada por razones de género, incluido el feminicidio, y la discriminación en todas las regiones del mundo, que se derivan de la desigualdad de género, normas de género y dinámicas de poder desiguales, prácticas culturales como la discriminación basada en la casta y de sistemas, políticas y prácticas jurídicos discriminatorios consolidados, así como de actos de propaganda y desinformación que menoscaban los derechos de las mujeres; condena la explotación de las mujeres mediante la trata de seres humanos y todas las formas de violencia de género, incluida la violencia sexual, física y psicológica, que son las formas más generalizadas y sistemáticas de violación de los derechos humanos;

25.  Destaca, además, el uso de la violencia sexual contra las mujeres a causa de sus opiniones, religión, orientación filosófica o sexual, o su activismo en defensa de los derechos humanos; subraya que las mujeres y las niñas de minorías étnicas, religiosas y de creencias son doblemente vulnerables a la violencia y la discriminación basadas en el género; recuerda que la violencia contra las mujeres lesbianas y bisexuales en forma de «violación correctiva» sigue siendo un problema sistémico en algunos países debido al estigma social y a sistemas jurídicos discriminatorios;

26.  Condena la actual involución en materia de igualdad de género y de derechos de las mujeres, incluidos todos los intentos de hacer retroceder los derechos y las protecciones existentes en el ámbito de la salud y derechos sexuales y reproductivos, así como la legislación, las políticas y las prácticas que siguen negando o restringiendo esos derechos en muchos países del mundo; condena, a ese respecto, la denegación del acceso a una educación sexual amplia, asequible y de alta calidad, a servicios de planificación familiar, a anticonceptivos modernos, a la interrupción legal y segura del embarazo y a la asistencia sanitaria materna, así como los abusos y malos tratos a las mujeres en los centros de atención de la salud materna y antes y después del parto, así como las prácticas coercitivas de salud sexual y reproductiva que no respetan el consentimiento libre e informado de las mujeres; destaca la necesidad de proteger a los padres en situación de vulnerabilidad, en particular en el caso de familias monoparentales y de familias numerosas, para ayudarles a evitar la pobreza y la exclusión social; señala la necesidad de crear un entorno y unas condiciones sociales y económicas que permitan a los padres continuar su desarrollo profesional;

27.  Destaca la necesidad de proteger a las madres en situación de vulnerabilidad, en particular a las madres solteras, para evitar la pobreza y la exclusión social; señala la necesidad de crear un entorno y unas condiciones sociales y económicas que permitan a las madres continuar su desarrollo profesional;

28.  Condena asimismo a los Gobiernos en todo el mundo que se oponen a las demandas de igualdad de derechos de las mujeres, o alientan reacciones negativas contra estas peticiones; subraya el papel destacado que desempeñan las mujeres mediante su activismo en los movimientos políticos y sociales, y deplora el elevado peaje que han pagado al ser víctimas de la violencia causada por una represión brutal o una guerra, así como de la explotación sexual durante los conflictos armados;

29.  Expresa su profunda preocupación por la continuación de los graves abusos de los derechos humanos cometidos contra menores en todo el mundo en 2019, el año del 30.º aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que consisten, en concreto, en el trabajo infantil, los matrimonios precoces y forzados, la trata y la explotación de menores, el empleo de niños soldado en conflictos armados, el abuso sexual y la prostitución de menores, la separación familiar y la detención de menores por motivos relacionados con la inmigración, así como los problemas a los que se enfrentan las niñas en términos de violencia sexual y de género, los embarazos prematuros, la infección por el VIH y la deserción escolar; considera lamentable que en este contexto de la pandemia numerosos niños y jóvenes hayan tenido que aceptar empleos para satisfacer las necesidades básicas y mantener sus hogares y que, como resultado, hayan abandonado la escuela; subraya que este desarrollo no deseado es una regresión en términos de educación escolar de los niños;

30.  Expresa su profundo pesar y su condena por los atentados terroristas y bombardeos perpetrados en el primer semestre de 2019 contra creyentes y sus lugares de culto que se deben preservar y proteger; observa con alarma que estos terribles actos coincidieran con campañas de odio fomentadas por determinados líderes políticos y grupos terroristas que pretenden negar o limitar el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión o creencias; insta a los Estados a que promuevan la libertad de pensamiento, conciencia, religión o creencias y protejan a los grupos minoritarios religiosos o de creyentes vulnerables, adoptando medidas rápidas contra los autores de actos de violencia o de incitación al odio;

Situar la promoción y la protección de la democracia y los derechos humanos en el centro de la política exterior de la UE

31.  Recuerda que la Unión se fundamenta en los valores del respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, solidaridad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, como se recoge el artículo 2 del TUE; subraya que promover estos valores externamente, avanzando en la democracia, el Estado de Derecho, la universalidad y la indivisibilidad de los derechos humanos y el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional, constituye el núcleo de la política exterior y de seguridad común de la Unión, de conformidad con el artículo 21 del TUE y el interés estratégico de la Unión, y debe reflejarse, de manera efectiva y coherente, en todos los ámbitos de las relaciones de la Unión con países no pertenecientes a la Unión;

32.  Subraya la importancia de los esfuerzos del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y la Comisión por hacer frente y responder de manera contundente y enérgica a las violaciones de los derechos humanos dondequiera que se produzcan, incluso en los países asociados cercanos, y de que consoliden de manera continua la sensibilización y el conocimiento de los funcionarios de la Unión y sus Estados miembros en lo que atañe a los derechos humanos y a la igualdad de género; recuerda que el compromiso efectivo y un diálogo significativo con la sociedad civil es la piedra angular del éxito de la política de derechos humanos; pide a todas las delegaciones de la Unión y a sus correspondientes puntos de contacto para los derechos humanos que respeten en todos los casos su obligación de reunirse con los DDH, incluidas las mujeres DDH, y miembros de la sociedad civil, visitar a los activistas, a los miembros de la disidencia democrática y a los DDH detenidos, hacer un seguimiento de sus juicios y abogar por su protección sobre el terreno; pide asimismo a las delegaciones de la Unión que faciliten estas acciones cuando sean diputados al Parlamento Europeo quienes intenten realizarlas en el marco de las misiones oficiales del Parlamento Europeo; subraya la importancia de abordar no solo las consecuencias sino también las causas fundamentales de las violaciones de los derechos humanos;

Labor de la Unión a escala multilateral

33.  Insta a la Unión y a los Estados miembros a que elaboren una estrategia explícita para contrarrestar la creciente retirada y retroceso de los Estados en el marco internacional de los derechos humanos, en consonancia con los compromisos declarados con el multilateralismo en el Plan de Acción para los derechos humanos y la democracia, así como los intentos a nivel internacional de socavar el concepto de derechos humanos establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; resalta su opinión de que el derecho internacional en materia de derechos humanos y la promesa de alcanzar los ODS de aquí a 2030 deben seguir constituyendo las piedras angulares; recomienda que la Unión prosiga con sus esfuerzos colaborando con países y partes interesadas que puedan o no compartir los mismos valores que la Unión, con el fin de preservar o desarrollar normas internacionales en el ámbito de los derechos humanos, de conformidad con el artículo 21 del TUE;

34.  Pide a los Estados miembros que doten de mayor eficacia a la política exterior y de seguridad de la Unión mediante el uso de la regla de votación por mayoría cualificada en el Consejo, en especial cuando se trate de asuntos relacionados con los derechos humanos, en particular de las cuestiones comprendidas en el Plan de Acción de la Unión para los derechos humanos y la democracia y para la adopción de sanciones; pide a los Estados miembros que participen con una voz única y firme de la UE en los foros multilaterales y actúen al unísono cuando se enfrenten a crisis que pongan en tela de juicio los valores e intereses fundamentales de la Unión, ya que esta es la única manera en que la Unión puede desempeñar un papel de liderazgo en la escena internacional y utilizar su influencia para lograr cambios positivos y respuestas mejor coordinadas a los retos globales, principalmente la promoción y la protección de los derechos humanos, así como los desafíos relacionados con el medio ambiente y el clima;

35.  Reitera que el reconocimiento de la Unión en la escena mundial así como su credibilidad y eficacia dependen de que sus valores fundamentales, en particular los del respeto de la libertad la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho y la igualdad, resulten creíbles en el exterior, y esto solo será posible si la Unión garantiza la coherencia interna y externa de sus políticas en estas materias; pide a la Unión y a sus Estados miembros que den ejemplo, defiendan estrictamente los derechos humanos, garanticen la coherencia en la defensa y el respeto de sus valores y garanticen un entorno propicio para la sociedad civil;

36.  Deplora el hecho de determinados regímenes autoritarios hayan abusado de las instituciones multilaterales, tratando de neutralizar las instituciones y los mecanismos multilaterales de derechos humanos en su capacidad de hacer que los Estados rindan cuentas por las violaciones de los derechos humanos; pide a la Unión y a sus Estados miembros que trabajen con aliados democráticos de ideas afines en apoyo de una reforma de las instituciones multilaterales con vistas a hacerlas más resistentes a la influencia negativa de los regímenes autoritarios; deplora, asimismo, el hecho de que los escaños del Consejo de Derechos Humanos (CDHNU) estén a menudo ocupados por países con un historial demostrado de graves violaciones de los derechos humanos, y pide a los Estados miembros de la Unión que sean extremadamente cautelosos en sus pautas de votación y que eviten apoyar a países candidatos a ser miembros del CDHNU que violan claramente los derechos humanos;

37.  Considera que los diálogos sobre derechos humanos con terceros países pueden constituir un instrumento útil para implicar a ambos interlocutores en la promoción y la protección de los derechos humanos, siempre que estén centrados en obtener resultados y se revisen periódicamente; recuerda que las Directrices de la UE en materia de diálogo sobre derechos humanos con terceros países contienen una lista de criterios para iniciar el diálogo, incluidas «la voluntad del gobierno de mejorar la situación, [...] la adhesión del gobierno a los convenios internacionales en materia de derechos humanos, [...] la voluntad del gobierno de cooperar con los procedimientos y mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas y [...] la actitud del gobierno respecto de la sociedad civil»; pide al SEAE que lleve a cabo una evaluación periódica de cada diálogo, según lo previsto en las Directrices de la UE; insiste en la importancia de que, en el contexto de los diálogos sobre derechos humanos, se planteen casos concretos y se garantice un seguimiento y una transparencia adecuados en relación con dichos casos;

Representante Especial de la UE para los Derechos Humanos

38.  Acoge con satisfacción el nombramiento, el 28 de febrero de 2019, de Eamon Gilmore como representante especial de la UE (REUE) para los Derechos Humanos; reitera que el nombramiento del REUE ha de ser objeto de una audiencia previa en el Parlamento; anima al REUE a proseguir sus acciones diplomáticas para mejorar la eficacia de la política de la Unión en materia de derechos humanos, a consolidar alianzas internacionales para promover la agenda en dicha materia, y a convencer a interlocutores de todo el mundo para que adopten y apliquen políticas que se ajusten a los más altos estándares de democracia, derechos humanos, el Estado de Derecho y buena gobernanza, así como al derecho y las normas internacionales, en particular el derecho humanitario internacional y la justicia penal internacional; recomienda, además, que el REUE redoble sus esfuerzos por garantizar la coherencia interna de la Unión en la definición y la ejecución de su política exterior en lo que atañe a los derechos humanos; insiste en que sus informes periódicos al Consejo también se compartan con el Parlamento; pide a la Unión que refuerce la visibilidad del REUE y la transparencia de sus actividades y misiones, entre otras cosas, mediante una sección específica en el sitio web del SEAE, que lo convierta en un puesto permanente con recursos adecuados y capacidad para hablar públicamente con el fin de informar de los logros de las visitas a terceros países, y comunicar las posiciones de la Unión sobre cuestiones relacionadas con los derechos humanos, como parte de una reforma general de la función del REUE;

Acuerdos internacionales

39.  Reitera su petición de que las cláusulas sobre derechos humanos se incluyan sistemáticamente en todos los acuerdos internacionales entre la UE y países terceros, en particular los acuerdos comerciales y de asociación, y de que estos se apliquen y supervisen debidamente, incluso mediante criterios de referencia cuantificables y evaluaciones periódicas del impacto, con la participación del Parlamento y la sociedad civil; subraya que estas cláusulas deben establecer mecanismos para garantizar su aplicación efectiva y procedimientos que formulen las consecuencias inequívocas y creíbles derivadas de los incumplimientos de los acuerdos, incluida la suspensión o, como último recurso, la retirada de la Unión de los mismos; pide que se mejore la coordinación y la comunicación entre los agentes especializados responsables de los ámbitos de política pertinentes, como el comercio y los derechos humanos, a fin de integrar más eficazmente los aspectos relativos a los derechos humanos en la política comercial y de inversiones; insta a que se establezcan mecanismos independientes de supervisión de los derechos humanos en relación con los acuerdos de comercio e inversión extranjera, así como un mecanismo independiente de reclamación, con el fin de proporcionar a los ciudadanos afectados y a las partes interesadas locales un recurso efectivo a la reparación;

40.  Subraya que la promoción y la protección de la democracia y los derechos humanos en terceros países pueden lograrse de manera efectiva mediante el uso de la condicionalidad en los incentivos económicos y políticos de la Unión, como el acceso a la financiación de la Unión, la concesión del sistema de preferencias generalizadas (SGP) y de otras facilidades arancelarias y la concesión de la exención de visado Schengen de la Unión; recuerda en este contexto que, de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1806, la Comisión debe supervisar e informar periódicamente al Parlamento Europeo, también sobre la situación de los derechos humanos en los terceros países beneficiarios de la exención de visado y debe suspender dicha exención en caso de que se produzcan violaciones en el país de que se trate;

Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional

41.  Pide la ejecución de un presupuesto adecuado para las actividades y el apoyo destinados a promover y proteger la democracia y los derechos humanos, en el marco del Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (IVDCI), con el fin de adecuarse al nivel del compromiso y la ambición de la Unión;

42.  Pide a la Comisión que supervise e incluya, como parte de su informe anual sobre la consecución de los objetivos del IVDCI, un capítulo sobre el respeto de los derechos humanos y el cumplimiento del artículo 8 - «Principios generales del Instrumento» por parte de los países asociados que se benefician de su financiación; pide a la Comisión que proponga medidas apropiadas, incluidas la suspensión de la financiación de la Unión a los agentes estatales y la reorientación de la ayuda hacia la sociedad civil, en caso de violación grave de los derechos humanos o de vulneración de los principios del IVDCI por parte de sus beneficiarios; pide una mayor transparencia en lo que respecta a las disposiciones relacionadas con los derechos humanos en los acuerdos de financiación y una aclaración del mecanismo y los criterios de suspensión de esos acuerdos en caso de violación de los derechos humanos, los principios democráticos y el Estado de Derecho y en casos graves de corrupción; pide a la Comisión que se abstenga estrictamente de utilizar el apoyo presupuestario a gobiernos de terceros países como modalidad operativa en los países que son testigos de violaciones generalizadas de los derechos humanos y de represión de los DDH;

43.  pide a la Unión que proceda con especial cuidado en la evaluación y la prevención de cualquier violación relacionada con sus propias políticas, proyectos y operaciones de financiación en terceros países, entre otras cosas creando un mecanismo de reclamación para personas o grupos de personas que consideren que sus derechos han sido vulnerados por las actividades de la Unión en esos países;

44.  Acoge con satisfacción la inestimable ayuda que se aporta a las organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo en el marco del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos, que constituyó el principal instrumento de la Unión para la aplicación de su política exterior de derechos humanos; pide un aumento de la financiación destinada a la sociedad civil y los derechos humanos en el instrumento mundial que le suceda;

45.  Pide a la Comisión que establezca, en cooperación con el SEAE, un marco para que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) informe anualmente de sus operaciones fuera de la Unión por lo que respecta al cumplimiento de los principios generales que guían la acción exterior de la Unión a que se refieren el artículo 21 del TUE, el Marco estratégico y el Plan de acción de la UE sobre derechos humanos y democracia; insta a la Comisión a garantizar que los proyectos apoyados por el BEI estén en consonancia con la política y los compromisos de la Unión en materia de derechos humanos y que existan mecanismos de rendición de cuentas para que las personas denuncien violaciones relacionadas con las actividades del BEI; pide al BEI que prosiga sus esfuerzos para transformar su política sobre normas sociales en una política de derechos humanos en el ámbito de la banca; pide la introducción de criterios de referencia en materia de derechos humanos en las evaluaciones de los proyectos;

Plan de acción de la UE sobre Derechos Humanos y Democracia

46.  Celebra la adopción del Plan de acción de la UE sobre Derechos humanos y Democracia 2020-2024; expresa su decepción por el hecho de que el SEAE no haya prestado la debida atención a la oferta del Parlamento y su Subcomisión de Derechos Humanos de contribuir activamente a la preparación del plan de acción, en un espíritu de buena cooperación interinstitucional;

47.  Pide al SEAE y a la Comisión que consulten periódicamente a la sociedad civil y entablen un diálogo estructurado y regular con los órganos competentes del Parlamento sobre la aplicación del nuevo plan de acción, con el fin de que el Parlamento pueda desempeñar su papel en las actividades del plan de acción, en particular a través de la diplomacia parlamentaria, y pueda ejercer eficazmente su función de control; recomienda que se establezca un conjunto de parámetros de referencia e indicadores de progreso con el fin de supervisar eficazmente la ejecución del plan de acción; pide al SEAE que informe de los avances realizados en la consecución de los objetivos del plan de acción con arreglo a estos parámetros de referencia; solicita al SEAE que lleve a cabo un seguimiento periódico de las resoluciones y los debates del Parlamento que sean pertinentes para la ejecución del plan de acción; insiste en que los Estados miembros asuman la responsabilidad del plan de acción y contribuyan al informe anual sobre su aplicación informando sobre sus propias actividades realizadas en el marco de este documento estratégico;

Responder a los retos globales en materia de derechos humanos y democracia

Gobernanza democrática y espacio para la sociedad civil

48.  Considera que la gobernanza democrática y el Estado de derecho son objeto de ataques a nivel mundial debido a una combinación de factores entre los que figuran el auge del autoritarismo, el aumento de las desigualdades y de la pobreza, la presión sobre la sociedad civil, la proliferación de noticias falsas, la desinformación, las ciberamenazas y la guerra híbrida, la injerencia política y las campañas llevadas a cabo por agentes externos, la pérdida de credibilidad de las autoridades públicas, la polarización de las sociedades y el debilitamiento de las organizaciones colectivas que defienden el interés público; destaca asimismo que los ataques a la libertad de los medios de comunicación y los intentos de manipular el discurso público difundiendo noticias falsas en las redes sociales nunca han sido tan frecuentes ni tan fuertes; expresa su preocupación por el hecho de que las prácticas autoritarias, como la estigmatización de los actores de la sociedad civil como «agentes extranjeros», se están copiando y difundiendo a nivel mundial;

49.  Pide a la Unión y a sus Estados miembros que sigan apoyando el fortalecimiento de instituciones democráticas y los procesos electorales transparentes y creíbles en todo el mundo, que fomenten y propicien el debate democrático, combatan las desigualdades, apoyen el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y el diálogo entre los diferentes segmentos de la sociedad, combatan la corrupción y la impunidad, y fortalezcan la independencia e imparcialidad del poder judicial y del mecanismo de rendición de cuentas; pide a la Unión que intensifique aún más sus esfuerzos en materia de observación electoral y una cooperación más estrecha con las organizaciones internacionales, especialmente con las de especial relevancia, como la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa;

50.  Hace hincapié en que la corrupción y los abusos de los derechos humanos están intrínsecamente vinculados; pide a la Unión que integre la lucha contra la corrupción en su agenda de derechos humanos; reitera el deber de la Unión de proteger a las asociaciones anticorrupción, a los periodistas de investigación y a los denunciantes que trabajan para sacar a la luz los casos de corrupción y fraude;

Acción por el clima y derechos humanos

51.  Afirma que la promoción y la protección de los derechos humanos y la acción por el clima y el medio ambiente están interrelacionadas, porque, en particular, el derecho internacional en materia de derechos humanos proporciona vías judiciales para reparar los daños causados por el cambio climático, aplicar medidas de lucha contra este fenómeno, y hacer que los Estados, en particular los más contaminantes, las empresas y los responsables políticos rindan cuentas por sus respuestas al cambio climático;

52.  Apoya un enfoque inclusivo y basado en los derechos para impulsar la acción por el clima, que garantice la participación pública y el acceso a la justicia en la adopción, aplicación y revisión de decisiones políticas relacionadas con el cambio climático y sus consecuencias; afirma que la lucha contra el cambio climático va acompañada del apoyo y la protección de quienes defienden el planeta y sus recursos naturales, incluidos los defensores de la tierra y el medio ambiente y las comunidades indígenas;

Enfoque de la UE respecto a los conflictos, asunción de responsabilidades por las violaciones de los derechos humanos y lucha contra la impunidad

53.  Subraya la complejidad de los conflictos modernos, que a menudo se desarrollan a escala nacional o regional, a veces en forma de ataques híbridos o cibernéticos, en los que participan numerosas partes, incluidas organizaciones terroristas y agentes no estatales, y tienen consecuencias humanitarias desastrosas, en particular debido a las dificultades para distinguir entre combatientes y no combatientes; pide que la Unión refuerce su respuesta a los conflictos, abordando sus causas profundas, invirtiendo en esfuerzos de prevención y mediación de conflictos, procurando y manteniendo un espacio para las soluciones políticas, creando asociaciones y alianzas con países y organizaciones regionales afines, prestando más apoyo a misiones civiles o militares destinadas a mantener la paz, y promoviendo iniciativas de generación de confianza entre las partes beligerantes; pide asimismo a la Unión que garantice la integración de la perspectiva de género en todos estos esfuerzos, aumentando el papel de las mujeres y los jóvenes en la prevención y resolución de conflictos, así como en el mantenimiento de la paz, la ayuda humanitaria y las operaciones de reconstrucción tras los conflictos, la justicia transicional y la promoción de los derechos humanos y las reformas democráticas; pide igualmente a la Unión que aborde la trata de seres humanos y la violencia sexual y de género, y que garantice un acceso constante a servicios sanitarios esenciales que salvan vidas; insiste en la importancia de garantizar la coherencia de la política de la Unión en relación con las situaciones de ocupación o anexión de territorios; recuerda que el Derecho internacional humanitario debe guiar la política de la Unión en relación con todas estas situaciones, también en los casos de ocupación prolongada;

54.  Pide a todos los Gobiernos que concedan un acceso sin restricciones a todos sus territorios a los observadores internacionales, incluidos el REUE para los derechos humanos, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y los procedimientos especiales de las Naciones Unidas; subraya la importancia de facilitar un acceso sin restricciones a las principales organizaciones humanitarias internacionales y los observadores internacionales a las zonas afectadas por conflictos y agresiones militares en curso;

55.  Pide a los Estados miembros que se atengan estrictamente a las disposiciones del artículo 7 del Tratado de las Naciones Unidas sobre el Comercio de Armas relativo a la exportación y la evaluación de las exportaciones y de la Posición Común de la UE sobre exportaciones de armas, mediante el rechazo de toda transferencia de armas y equipos de vigilancia que pueda dar lugar al riesgo de que el Estado importador cometa o facilite violaciones de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, también en el contexto del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz;

56.  Pide a los Estados miembros que establezcan un pilar de derechos humanos en el marco del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz que incluya, entre otras cosas, el objetivo de capacitar y apoyar a la sociedad civil, también a través de programas con fondos asignados específicamente al apoyo de los DDH como contribuyentes a la consolidación de la paz; pide a los Estados miembros que consideren la posibilidad de incluir salvaguardias y evaluaciones de impacto obligatorias en materia de derechos humanos en el futuro Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, incluido el cumplimiento de un sólido marco político de diligencia debida en materia de derechos humanos (DDDH) en cuestiones de defensa y seguridad, inspirado en la política de las Naciones Unidas en materia de DDDH;

57.  Reafirma su apoyo inquebrantable a la CPI, e insta a los Estados Partes en el Estatuto de Roma a proporcionar a la CPI los recursos financieros adecuados para que pueda cumplir sus funciones en el ámbito de su mandato; pide a la CPI que prosiga su labor con imparcialidad e independencia; pide a la Unión y a sus Estados miembros que alienten a todos los miembros de las Naciones Unidas a ratificar y aplicar el Estatuto de Roma; pide a los firmantes del Estatuto de Roma que cooperen con la CPI; considera que los ataques contra la CPI son sumamente lamentables y, por último, condena las sanciones individuales impuestas a su personal, en particular las aplicadas contra el fiscal jefe de la CPI, que son inaceptables; pide a los Estados Partes que adopten medidas concretas para lograr la supresión de dichas sanciones y apoyar a los afectados por ellas; subraya que la CPI es la única institución internacional que posee la capacidad de procesar algunos de los delitos más terribles del mundo y de defender a las víctimas que carecen de otro recurso; reconoce el trabajo de la evaluación de expertos independientes, encargados de identificar las esferas que deben reformarse, y pide a la CPI que adopte todas las medidas necesarias para mejorar su desempeño, eficacia y efectos positivos, en particular en relación con las comunidades y las víctimas afectadas por su labor; pide a la Unión y a los Estados miembros que sigan protegiendo la independencia e imparcialidad de la CPI frente a ataques encaminados a obstaculizar el funcionamiento de la justicia penal internacional; pide a la Comisión y al SEAE que exploren nuevas vías y propongan nuevos instrumentos para contribuir a la lucha contra los delitos internacionales y ayudar a que las víctimas de infracciones del Derecho internacional de derechos humanos y del Derecho internacional humanitario tengan acceso a la justicia internacional y obtengan amparo y reparación, también mediante la creación de capacidades en los Estados miembros y terceros países para aplicar el principio de jurisdicción universal en sus ordenamientos jurídicos nacionales;

58.  Reitera su petición al alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión (AR/VP) de que nombre a un representante especial de la Unión en materia de Derecho humanitario internacional y justicia internacional con el mandato de fomentar, integrar transversalmente y representar el compromiso de la Unión en favor de la lucha contra la impunidad;

59.  Pide a los Estados miembros y a la Red de la UE de Cooperación contra el Genocidio que apoyen al equipo de investigaciones de las Naciones Unidas en la recopilación, conservación y almacenamiento de pruebas de los crímenes que se están perpetrando o se acaban de perpetrar para que no desaparezcan;

60.  Expresa la necesidad de garantizar la justicia para todas las víctimas de infracciones del Derecho internacional de derechos humanos y del Derecho internacional humanitario y, a la luz de todos los conflictos armados actuales, pide el cese inmediato de las hostilidades; subraya que la comunidad internacional tiene la responsabilidad de poner fin a la impunidad y a las graves violaciones que se han cometido en diversos países;

61.  Manifiesta su profunda preocupación por el uso de la violencia sexual y de género como arma de guerra; subraya que el Estatuto de Roma considera que los delitos sexuales y la violencia de género son crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o elementos constitutivos de genocidio o tortura; pide una acción concertada para poner fin al uso de la violencia sexual como arma de guerra; acoge con satisfacción la Resolución 2467 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) sobre la violencia sexual en situaciones de conflicto y todas las resoluciones conexas de este órgano, empezando por la 1325 del CSNU sobre las mujeres, la paz y la seguridad, que afirma el compromiso del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de prevenir el uso de la violencia sexual como táctica de guerra y terrorismo recurriendo a todos los medios a su disposición, incluidas las sanciones y otras medidas específicas contra los infractores; subraya la necesidad de garantizar que a las mujeres víctimas de violaciones de guerra se les presten todos los servicios y la asistencia médica y psicológica necesarios y seguros, incluido el aborto seguro, según lo previsto en el Derecho internacional humanitario; pide a la Unión que luche contra la impunidad de las violaciones de los derechos sexuales y reproductivos en contextos de conflicto y apoya los derechos de las mujeres y las niñas a la verdad, las vías de recurso eficaces y las reparaciones por violaciones de estos derechos; acoge con satisfacción, por otra parte, que Naciones Unidas creara el 30 de octubre de 2019 un Fondo Mundial para Sobrevivientes de Violencia Sexual en Conflictos, con el fin de ayudarles a acceder a las reparaciones pertinentes;

62.  Recuerda los informes de las Naciones Unidas de evaluación de las actividades de aplicación de normas y asistencia correctiva en materia de explotación y abusos sexuales cometidos por los funcionarios de las Naciones Unidas y el personal asociado en operaciones de mantenimiento de la paz; subraya la necesidad de que las Naciones Unidas, los Estados miembros de la Unión y los órganos de la política común de seguridad y defensa de la Unión investiguen, enjuicien y sentencien sin dilación y con la mayor firmeza al personal de las Naciones Unidas, de los Estados miembros y de la Unión que hayan cometido actos de violencia sexual; recuerda la necesidad de reformar las estructuras correspondientes para acabar con la impunidad del personal de las Naciones Unidas y de la Unión, estableciendo mecanismos transparentes de vigilancia y rendición de cuentas que funcionen correctamente; considera inaceptable que la actuación legal contra los presuntos abusos siga siendo en la actualidad puramente voluntaria y dependa del país que ha puesto a disposición las tropas; expresa su convencimiento de que los graves delitos de esta naturaleza también podrían reducirse y prevenirse mediante la formación y la educación; recuerda que urge evitar estos delitos en el futuro, también para recuperar la confianza de las poblaciones locales en las operaciones internacionales de mantenimiento de la paz;

63.  Pone de relieve el vínculo entre las violaciones de los derechos humanos y la impunidad generalizada y la falta de rendición de cuentas en las regiones y países afectados por conflictos o caracterizados por actos de intimidación, discriminación, acoso y agresión, secuestro, brutalidad policial, detenciones arbitrarias, casos de tortura y asesinatos que responden a motivaciones políticas; pide a la Unión que apoye medidas destinadas a luchar contra la impunidad y promover la rendición de cuentas en países en los que la dinámica de la impunidad recompensa a los máximos responsables y deja desamparadas a las víctimas;

64.  Lamenta que sea necesario expulsar a la ganadora del Premio Sájarov, Aung San Suu Kyi, de la Comunidad del Premio Sájarov, pero celebra la decisión como respuesta a su falta de acción y a su aceptación de los crímenes que se están cometiendo contra la comunidad rohinyá en Birmania;

65.  Expresa su preocupación por el hecho de que se produzcan ejecuciones extrajudiciales, torturas y otras violaciones de los derechos humanos en nombre de la lucha contra las drogas ilegales; reitera que la lucha contra la delincuencia no justifica ninguna violación de los derechos humanos y pide una recopilación de mejores prácticas que impliquen un enfoque de minimización de los daños basado en el Estado de Derecho;

66.  Elogia la labor y la contribución a la lucha contra la impunidad de Agnès Callamard, relatora especial de las Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, en la realización de investigaciones sobre presuntos casos de asesinatos extrajudiciales en 2019, por ejemplo, sobre el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, viéndose sometida a intimidaciones y amenazas;

67.  Apoya las reformas del poder judicial para garantizar su imparcialidad e independencia, incluidas las que tratan cuestiones relacionadas con la contratación y el nombramiento de jueces, la corrupción y los prejuicios de género dentro del poder judicial;

68.  Pide la adopción y ejecución urgentes de un mecanismo global de sanciones en materia de derechos humanos de la UE que sea autónomo, flexible y reactivo, la denominada Ley Magnitski, como parte esencial del conjunto actual de instrumentos de política exterior y derechos humanos de la Unión, lo que reforzaría el papel de la Unión como agente global en materia de derechos humanos, permitiendo la imposición de sanciones específicas contra las personas y los actores estatales y no estatales y otras entidades responsables o cómplices de violaciones graves de los derechos humanos, incluidos los delitos de corrupción sistemática relacionada con violaciones de los derechos humanos; acoge favorablemente la adopción de mecanismos de sanción de alcance mundial en materia de derechos humanos en un número cada vez mayor de países; destaca la importancia de que este sistema esté sujeto al mecanismo de control jurisdiccional de la Unión; destaca la necesidad de asignar recursos suficientes para posibilitar su ejecución efectiva; pide la creación de un comité consultivo a escala de la UE con la participación del Parlamento; destaca que ese mecanismo contribuirá a combatir las violaciones de los derechos humanos, a luchar contra la impunidad y a proteger a los activistas y defensores de los derechos humanos en todo el mundo, así como para reafirmar la importancia de que la Unión actúe con eficacia en relación con las sanciones relativas a los derechos humanos, lo que, por consiguiente, significa que se debe recurrir a la votación por mayoría cualificada; celebra la adopción de la decisión del Consejo relativa a medidas restrictivas específicas destinadas a impedir y contrarrestar los ciberataques que constituyen una amenaza externa para la Unión y sus Estados miembros;

69.  Considera que el brote mundial de COVID-19 no debe utilizarse como pretexto para socavar los regímenes de sanciones; destaca, no obstante, que las sanciones no deben impedir la prestación de asistencia humanitaria, incluida la asistencia médica, en consonancia con el Derecho internacional humanitario;

Defensores de los derechos humanos

70.  Condena los asesinatos, las detenciones arbitrarias, la tortura, la persecución, el acoso, la intimidación, el chantaje, la vigilancia digital y física remota y las campañas de difamación contra los DDH, sus familias y abogados, así como contra quienes apoyan y simpatizan con ellos; señala con gran preocupación el creciente número de DDH en el ámbito de la tierra y el medio ambiente que fueron asesinados o atacados violentamente en 2019 por defender los recursos naturales y los derechos de las personas a vivir en un entorno seguro y saludable; observa que en algunas partes del mundo estos ataques han alcanzado niveles peligrosos; destaca en este contexto la particular vulnerabilidad de los DDH y la necesidad de una protección adecuada que les permita llevar a cabo su vital labor sin sufrir acoso ni persecución; subraya el papel que pueden desempeñar las organizaciones confesionales a la hora de responder a las crisis humanitarias, promover la paz, la justicia y el respeto de los derechos humanos, abordar la no violencia y actuar como mediadores en las negociaciones para resolver conflictos;

71.  Muestra una especial preocupación por el aumento del número de sentencias pronunciadas sin las garantías mínimas de juicio justo establecidas por el Derecho internacional; pide a la Unión que siga recurriendo a la cooperación y la diplomacia para garantizar que se respete plenamente el derecho a un juicio justo para todas y cada una de las personas;

72.  Pide el cese de todos los ataques contra los DDH, la liberación de todas las personas que hayan sido detenidas arbitrariamente y que se haga rendir cuentas a los responsables; pide a la Unión y a sus Estados miembros que desarrollen una visión estratégica de alto nivel para contrarrestar los crecientes ataques mundiales contra los DDH, incluso mediante la adopción de firmes conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores en las que los Ministros de Asuntos Exteriores pidan a la Unión una acción mundial ambiciosa en defensa de los DDH; pide a las instituciones de la Unión que refuercen su apoyo a los DDH como elemento clave e integral de la política exterior de la Unión en materia de derechos humanos; subraya que el diálogo político y la colaboración con las autoridades de países terceros, la observación de juicios, las reuniones con los DDH en las visitas a los países, las visitas a los DDH detenidos, el apoyo a la reubicación y las declaraciones públicas son elementos esenciales para la ejecución de esta política; pide a la Unión y a sus Estados miembros que redoblen sus esfuerzos actuando de una manera más unida y utilizando estos instrumentos de un modo coherente y uniforme, con independencia del país de que se trate, en los casos en que se hayan violado los derechos de los DDH; pide a la Unión y a sus Estados miembros que, con este espíritu, publiquen anualmente las conclusiones del Consejo sobre los DDH en las que se haga balance de su actuación en este ámbito y se establezcan compromisos estratégicos para los DDH al más alto nivel; destaca la acción continuada en 2019 del Parlamento y su Subcomisión de Derechos Humanos para apoyar a los DDH y llamar la atención respecto a la situación de estos, incluidos los galardonados y candidatos al Premio Sájarov, en particular cuando se encuentran en peligro o se enfrentan a violaciones de sus derechos;

73.  Pide a la Unión que garantice el acceso de las mujeres DDH que se enfrentan a la violencia de género a mecanismos de protección y recursos, que las apoye políticamente, que aumenten las asignaciones financieras para las organizaciones independientes de la sociedad civil que promueven los derechos de las mujeres y las niñas, y que adopte como anexo a las Directrices de la UE sobre los DDH, un conjunto de instrumentos que ofrezca medidas prácticas para que la Unión responda mejor a las necesidades de las mujeres DDH en todo el mundo;

74.  Pide a la Unión y a sus Estados miembros que eleven el nivel de ambición para garantizar la liberación de los DDH encarcelados, incluidos los casos emblemáticos de DDH encarcelados que ilustran la forma en que los Gobiernos represivos de todo el mundo utilizan sistemáticamente la ley en un intento de difamar y silenciar a los DDH; destaca que entre estos casos figuran galardonados con el Premio Sájarov del Parlamento Europeo y finalistas;

75.  Insta a las delegaciones de la Unión y a las representaciones de los Estados miembros a que sigan recurriendo a la diplomacia pública y a las iniciativas para plantear los casos de los DDH y, cuando proceda, a que faciliten la expedición de visados de emergencia y proporcionen alojamiento temporal en los Estados miembros de la Unión;

76.  Pide a la Unión y a sus Estados miembros que mejoren el acceso a los visados de la Unión para la reubicación de corta duración de los DDH, en particular mediante la inclusión de instrucciones en el Manual de visados de la UE sobre la concesión de facilidades a los DDH y a sus familiares, y que trabajen para modificar los instrumentos jurídicos en materia de visados, en particular el Código de visados;

77.  Acoge con satisfacción la renovación en noviembre de 2019 por otros tres años del mecanismo de la UE para los DDH denominado ProtectDefenders.eu; recuerda la importancia de este mecanismo a la vista de las crecientes necesidades y de la diversidad de problemas que afrontan los DDH; pide que se refuerce este mecanismo y su reevaluación constante de acuerdo con sus necesidades;

Derechos de la mujer e igualdad de género

78.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen de manera coherente la estrategia de igualdad de género tanto dentro como fuera de la Unión y que adopten medidas eficaces y concretas para contrarrestar las reacciones negativas contra los derechos de las mujeres, la igualdad de género y la salud y derechos sexuales y reproductivos;

79.  Recuerda que la salud y derechos sexuales y reproductivos y una educación sexual adecuada son derechos humanos; pide a la Unión y a los Estados miembros que reafirmen los derechos inalienables de las mujeres a la integridad corporal, la dignidad y la autonomía en la toma de decisiones, que defiendan la universalidad e indivisibilidad de todos los derechos humanos en todos los contextos, y que defiendan y promuevan en particular los que están más amenazados, como la salud y los derechos sexuales y reproductivos;

80.  Acoge con satisfacción las Conclusiones de la Presidencia del Consejo, respaldadas por veinticuatro Estados miembros, sobre el plan de acción de la Unión para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en las relaciones exteriores para 2021-2025 (Plan de acción en materia de género III), con fuertes compromisos y acciones en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos; pide a este respecto que se refuerce el apoyo de la Unión a terceros países, especialmente a los países candidatos y a los países vecinos, que apliquen nuevas políticas y cambios legislativos con vistas a adecuar los marcos jurídicos nacionales a los compromisos internacionales y de los ODS en lo que atañe a los derechos de las mujeres y la igualdad de género, a prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y las niñas, a proteger a las mujeres DDH, a promover la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, a proporcionar a los jóvenes una educación sexual exhaustiva y de base científica, a permitir que las niñas y las jóvenes puedan efectuar con seguridad su transición a la edad adulta y a prevenir y poner fin a la violencia sexual y de género, la mutilación genital femenina y otras prácticas nocivas, incluido el matrimonio precoz y forzoso;

81.  Pide, además, a la Unión y a los Estados miembros que promuevan la igualdad de género y la salud y los derechos sexuales y reproductivos en todas sus acciones exteriores, también en foros multilaterales y bilaterales, prestando especial atención a los grupos marginados o vulnerables, como las personas LGBTI, y el objetivo de lograr una cobertura sanitaria universal a través de intervenciones relacionadas con la salud y los derechos sexuales y reproductivos y el VIH;

82.  Alienta a que se vaya más allá del simple hecho de abordar las causas profundas de las desigualdades estructurales entre los géneros, garantizando la igualdad de oportunidades y fortaleciendo la participación de las mujeres;

83.  Señala la necesidad de crear un entorno y unas condiciones sociales y económicas que permitan a los padres continuar su desarrollo profesional;

84.  Pide a los Estados miembros que adopten un enfoque común y cooperen con las instituciones internacionales para obtener datos nuevos, comparables y desglosados, así como para desarrollar intervenciones políticas y legislativas específicas para combatir las violaciones de los derechos humanos, y pide a la Comisión que incluya compromisos y criterios de referencia para erradicar la mutilación genital femenina en sus negociaciones y acuerdos de cooperación con los países en cuestión;

85.  Recuerda que el Convenio de Estambul, como primer tratado universalmente vinculante que combate la violencia contra las mujeres y las niñas y la violencia doméstica, establece el punto de referencia para las normas internacionales que se deben ratificar y aplicar; reitera que la adhesión de la Unión al Convenio de Estambul ha sido reconocida como una prioridad clave de la Estrategia de la Unión para la igualdad de género 2020-2025; pide a la Unión y a todos sus Estados miembros que aún no lo hayan hecho que ratifiquen y apliquen el Convenio de Estambul lo antes posible; pide a la Unión que colabore con otros países con el fin de intensificar sus acciones en los ámbitos de la educación, la asistencia sanitaria y los servicios sociales, la recogida de datos, la financiación y la programación, y para prevenir y responder mejor a la violencia sexual y de género en todo el mundo;

86.  Subraya que las mujeres y niñas migrantes y refugiadas que necesitan protección deben considerarse titulares de derechos;

87.  Alaba los progresos de la Iniciativa Spotlight de la Unión y las Naciones Unidas; pide a la Comisión que vele por que los proyectos patrocinados por la Iniciativa aborden las causas profundas de las violaciones de los derechos humanos de las mujeres, incluida la perpetuación de estereotipos perniciosos basados en el género;

Derechos del menor

88.  Reitera su llamamiento a la Unión y a sus Estados miembros para que intensifiquen su cooperación y su diálogo con los terceros países, teniendo como prioridad los derechos y la protección de los niños, con el objetivo de hacer respetar los derechos de los niños en todo el mundo y de que ningún niño se quede atrás; insta en este sentido a la Unión y a sus Estados miembros a que colaboren con los países asociados y comprometan más recursos financieros, en particular en el marco de la ayuda oficial al desarrollo, con el fin de hacer frente a los retos mundiales en materia de salud y educación de los niños, incluido el derecho a la educación en las respectivas lenguas maternas, la erradicación del trabajo infantil, la lucha contra la violencia, los abusos sexuales y el matrimonio precoz y forzoso, la trata y la explotación, y el reclutamiento y el uso en conflictos armados, de los que millones de niños son víctimas; recuerda que los intereses primordiales del niño incluyen la protección, el cuidado y la seguridad del niño en un entorno que le permita crecer con el apoyo y la protección que necesita, y en el que sus necesidades primarias estén cubiertas; subraya que la educación es una herramienta esencial para luchar contra la discriminación y la violencia contra las mujeres y los niños; pide que se adopten medidas para facilitar el acceso de los niños a la educación;

89.  acoge con satisfacción la atención prestada a las acciones de la Unión en materia de protección y promoción de los derechos de los niños con ocasión del 30.º aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, y reitera su llamamiento a la Comisión para que examine el modo en que la Unión, como organismo, pueda acceder a la Convención;

Derechos de las personas con discapacidad

90.  Acoge con satisfacción las ratificaciones en 2019 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Protocolo facultativo; destaca la importancia de tener plenamente en cuenta las necesidades específicas de las personas con discapacidad; pide a la Unión que integre la lucha contra la discriminación por discapacidad en su acción exterior y sus políticas de ayuda al desarrollo, junto con la lucha por la igualdad de acceso al mercado de trabajo y el acceso a la educación y la formación, y que promueva soluciones que faciliten la participación de las personas con discapacidad en la sociedad; reitera la importancia de la aplicación efectiva de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tanto por parte de los Estados miembros de la UE como por sus instituciones, especialmente en lo que respecta a las obligaciones de la Unión en materia de ayuda humanitaria y cooperación internacional en todas las políticas pertinentes de la Unión; subraya la importancia de la no discriminación y la necesidad de integrar de manera creíble la consideración del principio de accesibilidad universal, y de garantizar el respeto de todos los derechos de las personas con discapacidad;

Derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

91.  Condena la estigmatización, la detención arbitraria, la tortura, la persecución y los asesinatos de personas LGBTI y la incitación a la violencia contra ellas; considera lamentable la creciente evolución divergente entre los países que avanzan hacia una mejor protección de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), en particular mediante la despenalización de la homosexualidad, y los que socavan tales derechos y dejan el campo libre para la persecución, la discriminación y la estigmatización de las personas LGTBI; cree que las prácticas y actos de violencia contra personas motivados por la orientación sexual real o percibida de las víctimas, su identidad de género, su expresión de género o sus características sexuales no deben quedar impunes y deben ser erradicados;

92.  Pide a la Unión que desempeñe un papel de liderazgo en la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la discriminación y la estigmatización de las personas LGBTI, la llamada terapia de conversión, la mutilación genital y la esterilización forzosa de las personas transgénero; pide, además, que la Unión utilice todos los instrumentos diplomáticos a su disposición para abogar por la despenalización de las relaciones sexuales consentidas entre parejas del mismo sexo, y que dé ejemplo en la lucha contra la violencia y la discriminación basadas en la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características sexuales mediante la aplicación efectiva de la nueva estrategia de igualdad de los LGBTI+, tanto dentro como fuera de la Unión; pide a la Unión y a los Estados miembros que apliquen de manera exhaustiva y coherente las Directrices de la Unión para promover y proteger el disfrute de todos los derechos humanos por parte de las personas LGBTI en toda su política exterior;

93.  Destaca que la pandemia de COVID-19 ha afectado duramente a las comunidades LGBTQI+, debido a un aumento de la violencia de género contra las personas LGBTQI+ que se vieron obligadas a confinarse o a regresar a familias y hogares discriminatorios, a un aumento del desempleo y de la falta de vivienda, a la imposibilidad de acceder a tratamientos médicos vitales, como los servicios de VIH y a la atención médica relacionada con la transición, dando lugar a una mayor utilización de chivos expiatorios; pide que se incluya a las personas LGBTI en los programas de ayuda por la COVID-19;

Pueblos indígenas

94.  Observa con enorme preocupación el sufrimiento y la vulnerabilidad de las comunidades y personas indígenas que se derivan, entre otras cosas, de las consecuencias del cambio climático y la pandemia de COVID-19, y la pérdida de sus tierras y medios de vida debido a las actividades empresariales y los daños asociados; lamenta el hecho de que los pueblos indígenas sigan enfrentándose a situaciones de discriminación y persecución generalizadas y sistemáticas en todo el mundo, incluidos los desplazamientos forzosos, las detenciones arbitrarias y el asesinato de defensores de los derechos humanos y de las tierras; recomienda que la Unión y sus Estados miembros incluyan referencias a los pueblos indígenas y a los derechos que contempla la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en los marcos pertinentes y emergentes en materia de diligencia debida, y que velen por que las empresas multinacionales rindan cuentas en caso de incumplimiento de sus obligaciones;

95.  Reitera el llamamiento dirigido a la Unión, a sus Estados miembros y a sus socios de la comunidad internacional para que adopten todas las medidas necesarias para el reconocimiento, la protección y la promoción de los derechos de los pueblos indígenas, como los que les asisten a su lengua, sus tierras, territorios y recursos; celebra el trabajo realizado por la sociedad civil y las ONG en torno a estas cuestiones; reafirma la necesidad de crear un mecanismo de reclamación para la presentación de quejas sobre violaciones y abusos de los derechos de los pueblos indígenas derivados de las actividades de las empresas multinacionales; recuerda su decisión de designar a un ponente permanente sobre los pueblos indígenas en el Parlamento, con el objetivo de supervisar la situación de estos pueblos en lo que se refiere a los derechos humanos; pide a los países que ratifiquen las disposiciones del Convenio n.º 169 de la OIT, de 27 de junio de 1989, sobre pueblos indígenas y tribales;

96.  Insta a los Gobiernos a que elaboren políticas de desarrollo y medioambientales que respeten los derechos económicos, sociales y culturales, y que sean inclusivas respecto de los pueblos indígenas y las poblaciones locales, de acuerdo con los ODS de las Naciones Unidas;

Racismo, discriminación, xenofobia y formas conexas de intolerancia

97.  Acoge con satisfacción que el Consejo adoptara en 2019 las Directrices de la UE en materia de derechos humanos relativas a la no discriminación en la política exterior; pide a la Unión y a sus Estados miembros que utilicen todas las herramientas a su disposición para garantizar que los responsables de las violaciones de derechos por motivos de discriminación basada en la raza, la casta (empleo y ascendencia), la religión, el origen étnico o nacional tengan que rendir cuentas de sus acciones;

98.  Observa con gran preocupación el alcance y las consecuencias de la jerarquía del sistema de castas, la discriminación basada en la casta y la perpetuación de las violaciones de los derechos humanos por razón de la casta, entre ellas la denegación del acceso a la tutela judicial o al empleo, la segregación, la pobreza y la estigmatización permanentes y las barreras por razón de casta al ejercicio de derechos humanos básicos y al fomento del desarrollo humano; reitera su llamamiento para que se desarrolle una política de la Unión sobre la discriminación por razón de casta; reitera su llamamiento a la Unión y a sus Estados miembros para que redoblen sus esfuerzos y apoyen las iniciativas en las Naciones Unidas y en las delegaciones y las misiones en terceros países para erradicar la discriminación por razón de casta;

99.  Recuerda la importancia de apoyar activamente las iniciativas inclusivas y antirracistas, especialmente teniendo en cuenta el aumento de los ataques xenófobos y racistas en todo el mundo, en el contexto de los crecientes llamamientos a la justicia social que inspiraron una ola de protestas en todo el mundo;

100.  Reitera el papel fundamental de la educación en la deconstrucción de los prejuicios y estereotipos y en la promoción de la tolerancia, la comprensión y la diversidad, y destaca que la educación es un instrumento clave para poner fin a la discriminación estructural y al racismo en nuestras sociedades; pide a los Estados miembros que promuevan políticas contra la discriminación en todos los ámbitos; considera que la lucha contra el racismo es una cuestión horizontal y que debe tenerse en cuenta en todos los ámbitos de la política de la Unión;

101.  Pide a todas las Delegaciones de la Unión y a sus correspondientes puntos de contacto para los derechos humanos que respeten en todos los casos su obligación evaluar y analizar la situación de la no discriminación y que los incluyan en sus estrategias nacionales de derechos humanos y democracia de la Unión, en el capítulo relativo a la no discriminación y la exclusión, así como en sus partes correspondientes sobre los motivos específicos de discriminación o dedicadas a grupos discriminados; subraya que las actualizaciones con respecto a la situación de la no discriminación en los informes anuales de ejecución de las estrategias nacionales de derechos humanos y democracia y los informes de los jefes de misión son vitales para la preparación y la orientación de los diálogos sobre los derechos humanos y que las directrices también establecen que la Unión debe fomentar y apoyar la participación activa de la sociedad civil en los foros y mecanismos multilaterales en relación con la discriminación basada en la casta (empleo y ascendencia);

Minorías nacionales, étnicas y lingüísticas

102.  Deplora el hecho de que muchos países, a pesar de sus obligaciones y compromisos internacionales en materia de protección de las minorías, estén aplicando una política de asimilación forzosa de las minorías nacionales, étnicas y lingüísticas ignorando sus derechos fundamentales y humanos;

103.  Pide a los Gobiernos de los países socios de la Unión que respeten los derechos humanos fundamentales de las minorías nacionales, étnicas y lingüísticas, incluidas su cultura, lengua, religión, tradiciones e historia, con el fin de preservar las culturas y la diversidad; reitera la necesidad de cumplir las obligaciones y los compromisos que han asumido en virtud de los tratados y acuerdos internacionales, así como las recomendaciones del Consejo de Europa;

Libertad de pensamiento, conciencia, religión o creencias

104.  Se muestra consternado por la cifra de asesinatos, atentados y actos de persecución, discriminación, acoso e incitación a la hostilidad que se produjeron, y por el número de restricciones a los derechos que se impusieron en 2019 contra personas y grupos objeto de tales restricciones por su religión, sus creencias, su ateísmo o agnosticismo; reafirma su apoyo a las víctimas de la violencia basada en la religión o las creencias, y su compromiso con la erradicación de este tipo de violencia; subraya la necesidad de prestar especial atención a la situación de los grupos religiosos perseguidos en todo el mundo, que se enfrentan a discriminación, amenazas, leyes contra la blasfemia, leyes contra la conversión, demolición de sus lugares de culto, violencia, esclavitud, violaciones, desapariciones forzadas, ejecuciones y genocidio; subraya la necesidad de prestar especial atención, entre otras cosas, a la situación de los cristianos perseguidos en todo el mundo, que constituyen la gran mayoría de los grupos religiosos que se enfrentan a discriminación, violencia y muerte;

105.  Expresa además su preocupación por el uso indebido y la instrumentalización de la religión para menoscabar otros derechos humanos, incluidos la salud y los derechos sexuales y reproductivos y los derechos de las personas LGBTI; lamenta que algunos países ya tengan, apliquen o pretendan introducir leyes penales que castiguen la blasfemia, la conversión o la apostasía; hace hincapié en que la libertad de religión o creencias incluye el derecho a no creer, a profesar opiniones teístas, no teístas, agnósticas o ateas, así como el derecho a la apostasía;

106.  Pide a la Comisión, al SEAE y a los Estados miembros que apliquen las Directrices de la UE para la promoción y protección de la libertad de religión o creencias; reitera su llamamiento al Consejo y a la Comisión para que lleven a cabo una evaluación transparente y exhaustiva de la eficacia y el valor añadido del cargo de enviado especial antes de iniciar el proceso de renovación de este mandato y cargo por parte de la Comisión; insiste en que, tras la evaluación, su trabajo debe contar con los recursos adecuados para mejorar la eficacia de la Unión en este ámbito; lamenta el retraso en la realización de esta evaluación; pide a la Comisión que garantice la transparencia en el nombramiento, el mandato, las actividades y las obligaciones de informar del próximo enviado especial de la Unión y que asegure su compromiso con la universalidad, indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos y de los valores europeos; recuerda a la Comisión la necesidad de apoyar adecuadamente el mandato institucional, la capacidad y las obligaciones del enviado especial;

107.  Acoge con satisfacción el intercambio mundial sobre religión en la sociedad, lanzado por la AR/VP en Bruselas el 6 de septiembre de 2019; recomienda, no obstante, que se preste la misma atención a las relaciones interreligiosas e interreligiosas; aboga en este sentido por el desarrollo del apoyo de la UE al diálogo interreligioso a escala local con el objetivo de luchar contra el extremismo y la incitación al odio; pide además que la consideración de los objetivos de promoción y protección de la libertad de pensamiento, conciencia, religión o creencias se integre en una gama más amplia de actividades de la UE relacionadas con los derechos humanos;

108.  Reitera la importancia que concede a la libertad académica e insta a la Unión y a los Estados miembros a que intensifiquen sus esfuerzos diplomáticos mediante la colaboración bilateral y multilateral en relación con las amenazas o los ataques a la libertad académica por parte de agentes estatales y no estatales, en particular los ataques violentos contra instituciones y miembros de la comunidad educativa superior, así como las políticas o prácticas discriminatorias, las restricciones o presiones indebidas sobre la investigación o la expresión, y el enjuiciamiento o la detención ilegales; pide al SEAE y a la Comisión que vuelvan a examinar los mecanismos de apoyo y protección existentes para los DDH a fin de desarrollar la capacidad de identificar y prestar asistencia, incluida la protección y el apoyo de emergencia, en los casos de ataques a la libertad académica; pide a la Comisión que asegure un apoyo constante y de alto nivel al el Centro Interuniversitario Europeo para los Derechos Humanos y la Democratización y al Campus Mundial de Derechos Humanos y Democracia, como rasgo distintivo del apoyo de la Unión a la educación sobre derechos humanos a nivel mundial;

Libertad de expresión, libertad de prensa y derecho a la información

109.  Condena el asesinato, el secuestro, el encarcelamiento, el acoso, la intimidación y los ataques, también por medios físicos y judiciales, de que han sido víctimas muchos periodistas, blogueros y denunciantes de irregularidades, así como el control o el bloqueo de internet y de los medios de comunicación; recuerda que la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación son pilares esenciales de una sociedad democrática; reconoce la importancia del derecho a la información en las sociedades modernas, también en la lengua materna de todas las comunidades étnicas, y el papel que desempeñan todas las formas de comunicación en el desarrollo de una cultura de pluralismo; recuerda que los medios de comunicación deben respetar el principio de no discriminación;

110.  Denuncia los intentos de algunos regímenes y autoridades de eliminar o restringir los derechos a la libertad de expresión o a la libertad de prensa, que justifican ilegítimamente como necesarios para reforzar la seguridad o la salud pública, o luchar contra el terrorismo, la difamación, el insulto o la blasfemia; destaca la nueva oleada de censura, por parte de algunos gobiernos, que están aprovechando la lucha contra las noticias falsas durante la pandemia de COVID-19 como excusa;

111.  Condena la desinformación y los ataques propagandísticos contra las minorías y que tienen por objeto deslegitimar los valores que la Unión defiende en todo el mundo; muestra su preocupación por el aumento de los discursos de odio y la incitación a la violencia en la comunicación en línea y fuera de línea, ya que constituyen una amenaza directa al Estado de Derecho y a los valores consagrados en los derechos humanos; observa que la creciente polarización social y política exacerbada por los algoritmos de las redes sociales que recurren a técnicas de seducción mental alimenta el radicalismo, inhibe por completo el pensamiento crítico, hace imposible el diálogo y allana el camino al extremismo;

112.  Recomienda que se establezcan las mejores salvaguardias posibles contra la difusión de la desinformación y la propaganda hostil mediante la articulación de un marco jurídico tanto a escala de la Unión como internacional que responda a las amenazas híbridas, incluida la guerra cibernética y de la información; sigue apoyando las iniciativas que contribuyen a distinguir entre noticias falsas y desinformación propagandística, por un lado, y la información recogida como parte de un trabajo independiente y genuino realizado por periodistas, por otro;

113.  subraya los casos de concentración de los medios de comunicación en manos de particulares, así como la falta de transparencia por lo que respecta a la propiedad de los medios de comunicación, que limitan el pluralismo, que es esencial para el acceso a una información imparcial;

114.  Condena firmemente los procedimientos judiciales injustificados contra periodistas con el objetivo de hacerlos quebrar (demandas estratégicas contra la participación pública) y silenciarlos, en particular en los casos de corrupción; subraya la necesidad de establecer plataformas que emitan una alerta temprana cuando haya periodistas en peligro, así como plataformas que protejan su trabajo de modo que otros periodistas puedan proseguir las investigaciones en curso sin interrumpirlas por temor a las consecuencias jurídicas;

115.  Recuerda que todo límite a la libertad de expresión o a la libertad de prensa debe atender un fin legítimo en consonancia con las obligaciones internacionales consagradas en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

116.  Pide a la Unión que haga todo lo posible por proteger la libertad de expresión, la libertad de los medios de comunicación y a quienes intentan defenderla; pide a la Unión y a los Estados miembros que condenen cualquier medio de intimidación física o judicial utilizado contra periodistas con la intención de silenciarlos; insta al representante especial de la Unión Europea a que preste especial atención a la protección de la libertad, la independencia y el pluralismo de los medios de comunicación en todo el mundo; destaca la importancia de garantizar la aplicación efectiva y sistemática de las Directrices de la UE sobre derechos humanos relativas a la libertad de expresión en Internet y fuera de Internet, y de efectuar un seguimiento periódico de su impacto;

117.  Destaca el cambio continuo en el entorno de los medios de comunicación y el uso creciente de las redes sociales en todo el mundo; subraya los retos y riesgos que plantea esta evolución en lo que atañe a las violaciones de la libertad de expresión en línea y fuera de línea, la censura, la protección de datos, la incitación al odio, el acoso y la seguridad de los periodistas y los denunciantes de irregularidades, entre otros factores; pide a la Comisión que supervise las políticas y prácticas de las empresas de las redes sociales, en particular sus herramientas de autorregulación, que tienen implicaciones en el ejercicio de la libertad de expresión en todo el mundo, y que presente propuestas de cambios de políticas o de legislación cuando proceda;

Pena de muerte, tortura y otras formas de malos tratos

118.  Condena el uso de la tortura, los tratos inhumanos o degradantes y la pena de muerte, que siguen practicándose en muchos países de todo el mundo; pide a los países que aún no lo hayan hecho que adopten de forma inmediata una moratoria de la pena de muerte como paso previo a su abolición; acoge con satisfacción la evolución positiva en 2019 en cuanto al debilitamiento del apoyo político al mantenimiento de la pena de muerte en algunos países que no la han abolido; deplora, no obstante, las decisiones de algunas autoridades judiciales nacionales que han dado lugar a un incremento de las ejecuciones en comparación con años anteriores; pide a la Unión que siga condenando sistemáticamente el uso de la pena de muerte, y que emprenda campañas de comunicación contra la pena de muerte en todo el mundo; insta a la Unión y a sus Estados miembros a defender la abolición en todos los foros internacionales y a abogar por el apoyo más amplio posible a esta postura;

119.  Reafirma su compromiso de prohibir la tortura en todo el mundo, apoyando a las víctimas y exigiendo responsabilidades a los torturadores; acoge con satisfacción la actualización de las Directrices sobre la política de la UE frente a terceros países en relación con la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; insta a todos los Estados miembros y a otros países que no lo hayan hecho aún a ratificar el Convenio de Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y su Protocolo facultativo, cuyo 35.º aniversario se celebró en 2019; reconoce la importancia de las organizaciones de la sociedad civil y de los DDH en la lucha contra la tortura y otras formas de malos tratos;

Lucha contra la esclavitud moderna y la trata de seres humanos

120.  Pide una respuesta internacional más firme para erradicar la esclavitud moderna y la trata de seres humanos y sus redes, con el establecimiento de nuevas obligaciones de diligencia debida para que las empresas identifiquen, evalúen, erradiquen, prevengan y mitiguen tales situaciones y cooperen con las autoridades para mejorar las políticas penales contra los traficantes y los que explotan la esclavitud moderna o se benefician de ella; recuerda que estas condiciones laborales inaceptables socavan la dignidad humana y los derechos humanos fundamentales; pide a los Estados que no lo hayan hecho aún que ratifiquen los convenios de la OIT relativos a la lucha contra estas lacras y el trabajo infantil;

Derechos económicos, sociales y culturales

121.  Pide a la Unión que redoble sus esfuerzos para la promoción y la protección de los derechos económicos, sociales y culturales a través de la política y la acción exteriores de la Unión, en particular, haciendo un uso efectivo de las cláusulas sobre derechos humanos de los acuerdos internacionales, incluidas las disposiciones sobre trabajo, e invirtiendo en la cultura y la educación como vectores de un cambio duradero; acoge con satisfacción la adopción del Convenio de la OIT sobre la violencia y el acoso, que contiene nuevas normas internacionales del trabajo vinculantes y esenciales para desterrar estas lacras del ámbito del trabajo y proteger a las víctimas; hace hincapié en la necesidad de una protección específica de las madres en el trabajo, durante y después de su embarazo, también en relación con la salud materna, el permiso y las prestaciones de maternidad, la protección del empleo y la no discriminación, y la lactancia materna;

122.  Denuncia que sigan produciéndose violaciones de los derechos de los trabajadores y los sindicatos en todo el mundo y que la libertad de asociación, el derecho a la negociación colectiva, el derecho a la información, la consulta y la participación y a emprender acciones colectivas, así como el derecho a una remuneración justa, a condiciones laborales dignas y a la salud y la seguridad en el lugar de trabajo constituyan el núcleo de esas violaciones;

123.  Recuerda que el acceso a la cultura y la educación son derechos fundamentales; señala la importancia de la diplomacia cultural para promover los valores de paz y respeto de los derechos humanos; pide a la Unión que integre la cultura, la educación y los derechos conexos pertinentes de su política de derechos humanos en sus relaciones exteriores;

Empresas y derechos humanos

124.  Acoge con satisfacción los intentos de varias empresas europeas de aplicar sus políticas de responsabilidad empresarial para respetar los derechos humanos y aplicar las diversas políticas y leyes vigentes para fomentar o exigir la diligencia debida en diversos Estados miembros; pide a las empresas con sede en la Unión que asuman su responsabilidad empresarial y cumplan las reglas y normas éticas aplicables en el marco del mercado único de la Unión;

125.  Pide la creación de un instrumento obligatorio de la Unión de diligencia debida en materia de derechos humanos y de medio ambiente que exija a las empresas participar activamente en la identificación, evaluación, mitigación, prevención y notificación de cualquier impacto adverso de sus actividades y cadenas de suministro en los derechos humanos, aplicable a los órganos corporativos y los directivos y ejecutivos empresariales en caso de infracción, y facilitando a las víctimas el acceso a la justicia y la reparación; acoge con satisfacción el anuncio de que la propuesta de la Comisión incluirá un régimen de responsabilidad; pide, por tanto, a la Comisión que estudie la posibilidad de incluir otros tipos de responsabilidad, incluida la responsabilidad penal, por las violaciones más graves;

126.  Recomienda que se incluya un deber legal de diligencia como elemento específico de este instrumento, con el fin de evitar la esclavitud moderna y el trabajo infantil por parte de las empresas en sus cadenas de suministro en el extranjero; recomienda que el requisito de transparencia forme parte del instrumento de diligencia debida para facilitar la capacidad de las víctimas de acceder a la reparación; pide que se establezcan mecanismos eficaces para proteger de represalias a quienes presentan quejas, incluida la aprobación de una legislación para disuadir de las demandas estratégicas contra la participación pública; recuerda las múltiples violaciones de los derechos humanos que pueden producirse en relación con la explotación de los recursos naturales;

127.  Subraya la importancia de que todos los países apliquen plenamente los Principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, y pide a los Estados miembros de la Unión que aún no hayan adoptado planes de acción nacionales en materia de empresas y derechos humanos que lo hagan a la mayor brevedad; anima a la Unión y a sus Estados miembros a participar de forma constructiva en la labor del grupo de trabajo intergubernamental de las Naciones Unidas sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a derechos humanos;

128.  Subraya la necesidad de establecer un instrumento internacional vinculante que regule, en el Derecho internacional de los derechos humanos, las actividades de las sociedades multinacionales y transnacionales y otras empresas;

Nuevas tecnologías y derechos humanos

129.  Manifiesta su preocupación por el uso, en respuesta a la pandemia de la COVID-19, de diversas herramientas basadas en datos e impulsadas por las nuevas tecnologías; subraya los riesgos, a menudo difíciles de percibir, que estas entrañan en lo que se refiere al ejercicio de libertades fundamentales, el abuso de poder y una mayor vulnerabilidad ante ciberataques cuando no se establecen medidas de salvaguarda técnicas y jurídicas eficaces; manifiesta su preocupación por el uso que se hace en la actualidad de la tecnología para vigilar y limitar la libertad de expresión y como instrumento de acoso; pide a la Unión, como líder en la formulación de estándares sobre privacidad y protección de datos a escala global, que establezca nuevas normas y buenas prácticas para su uso dentro de la Unión y como soluciones para su emulación en todo el mundo, con el fin de evitar efectos potencialmente nocivos de las nuevas herramientas basadas en los datos;

130.  Recuerda su Resolución, de 27 de febrero de 2014, sobre el uso de drones armados(8) y expresa su constante preocupación por la utilización de drones armados fuera del marco jurídico internacional; pide, una vez más, a la Unión que elabore con urgencia un marco jurídico vinculante para el uso de drones armados de forma que se garantice que los Estados miembros, en cumplimiento con sus obligaciones legales, no perpetren asesinatos selectivos ilegales ni faciliten dichos asesinatos por parte de terceros países; pide, asimismo, a la Comisión que mantenga al Parlamento debidamente informado acerca del uso de fondos de la Unión para proyectos de investigación y desarrollo asociados con la fabricación de drones; pide la evaluación del impacto en los derechos humanos de futuros proyectos de desarrollo de drones; recuerda su Resolución, de 12 de septiembre de 2018, sobre los sistemas armamentísticos autónomos(9); insta al AR/VP y a los Estados miembros a que prohíban el desarrollo, la producción y el uso de armas plenamente autónomas que carezcan de un control humano significativo sobre las funciones críticas de selección y ataque de los objetivos; insiste en que se inicien negociaciones a escala internacional para establecer un instrumento jurídicamente vinculante que prohíba las armas autónomas letales sin control humano significativo; insta al AR/VP y a los Estados miembros a que adopten una posición común para las negociaciones internacionales a este respecto;

Migrantes y refugiados

131.  Insta a los gobiernos a participar en la formulación de respuestas basadas en el respeto de los derechos humanos y la dignidad, y de soluciones para abordar la vulnerabilidad de los migrantes y refugiados y su necesidad de protección, en consonancia con los principios de solidaridad y asociación, aclarando al mismo tiempo las vías jurídicas adecuadas y accesibles para la migración; pide a la Unión y a los Estados miembros que aborden las causas profundas de la migración que hacen que las personas, los individuos y las familias se sientan obligados a abandonar su país de origen por no poder vivir en un entorno digno y seguro;

132.  Insiste en la necesidad de luchar contra las organizaciones y personas delincuentes que trafican con seres humanos; lamenta la situación sombría a la que se enfrentan los refugiados en los campamentos de refugiados, su falta de perspectivas, los largos períodos de espera en la tramitación de las solicitudes de asilo y el problema del acceso a la asistencia médica básica y, en el caso de los niños, a la educación; insta a que se encuentren alternativas al internamiento de migrantes y refugiados que no impliquen la privación de la libertad y rechaza, en este contexto, cualquier trato inhumano o degradante a los migrantes; subraya la importancia de respetar los derechos humanos al realizar los reconocimientos médicos obligatorios y hace hincapié en que se debe garantizar a todos los solicitantes de asilo y a los migrantes el acceso a los servicios esenciales, incluida una atención sanitaria completa; incide en la importancia de defender el derecho de asilo en todo el mundo;

133.  Pide a las autoridades competentes de los Estados miembros de la Unión que traten con buena voluntad y diligencia a las personas que solicitan el estatuto de refugiado y que, de conformidad con los principios del Estado de Derecho, apoyen la reagrupación familiar con vistas a poner fin a situaciones en las que los refugiados se encuentran separados de sus familiares cercanos, en particular los hijos;

Apoyo a la democracia

134.  Pide a la Unión que aumente su apoyo al activismo cívico democrático, que ha crecido desde 2019 en el contexto del auge del populismo, los nacionalismos y los regímenes autoritarios; pide a la Comisión y al Consejo que refuercen los programas de apoyo a la democracia de la Unión a nivel mundial, fomentando los procesos ascendentes prodemocráticos y fortaleciendo la resiliencia de las instituciones; destaca, en este sentido, las actividades de apoyo a la democracia llevadas a cabo por el Parlamento, incluidos los programas de seguimiento electoral, mediación y formación y tutoría, que han de adaptarse a la evolución de la situación de los países asociados, teniendo en cuenta al mismo tiempo los trasfondos culturales y nacionales de los terceros países participantes a fin de reforzar el diálogo y la asociación con ellos; apoya el llamamiento que figura en las Conclusiones del Consejo, de 14 de octubre de 2019, sobre la democracia y en el Plan de Acción de la UE para los Derechos Humanos y la Democracia 2020-2024 para promover un enfoque más flexible, innovador, a largo plazo y que tenga en cuenta la dimensión de los conflictos para apoyar la democracia; celebra y, en este contexto, alienta y apoya la labor de las organizaciones independientes que funcionan sobre la base de los valores fundamentales de la Unión y fomentan la transición democrática en el mundo;

135.  Se compromete a promover una mayor transparencia de los procesos democráticos, en particular de la financiación de las campañas políticas y temáticas por parte de diversos agentes no estatales;

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136.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al secretario general de las Naciones Unidas, al presidente del 75.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, al presidente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a los jefes de las Delegaciones de la Unión.

(1) DO C 337 de 20.9.2018, p. 82.
(2) DO C 118 de 8.4.2020, p. 15.
(3) DO C 411 de 27.11.2020, p. 30.
(4) Textos Aprobados, P9_TA(2020)0007.
(5) Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2020 – Organización Internacional para las Migraciones (https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf).
(6) Según datos publicados por ACNUR (https://www.unhcr.org/refugee-statistics/download/?url=fd4J).
(7) Estadísticas de Asilo - Eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Asylum_statistics/es).
(8) DO C 285 de 29.8.2017, p. 110.
(9) DO C 433 de 23.12.2019, p. 86.

Última actualización: 22 de abril de 2021Aviso jurídico - Política de privacidad