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Procedimiento : 2020/2863(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : B9-0052/2021

Textos presentados :

B9-0052/2021

Debates :

PV 20/01/2021 - 16
CRE 20/01/2021 - 16

Votaciones :

Textos aprobados :

P9_TA(2021)0022

Textos aprobados
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Jueves 21 de enero de 2021 - Bruselas
Revisión de la lista de la UE de paraísos fiscales
P9_TA(2021)0022B9-0052/2021

Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de enero de 2021, sobre la revisión de la lista de la Unión Europea de paraísos fiscales (2020/2863(RSP))

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros relativa a un código de conducta sobre la fiscalidad de las empresas, adoptada el 1 de diciembre de 1997(1) con el objetivo de reducir la competencia fiscal perniciosa en la Unión Europea,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 17 de junio de 2015, titulada «Un sistema de imposición de las sociedades justo y eficaz en la Unión Europea: cinco ámbitos de actuación fundamentales» (COM(2015)0302),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 28 de enero de 2016, titulada «Estrategia exterior para una imposición efectiva» (COM(2016)0024),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 8 de marzo de 2016, relativas a un Código de conducta sobre la fiscalidad de las empresas(2),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 5 de julio de 2016, sobre nuevas medidas para aumentar la transparencia y luchar contra la evasión y la elusión fiscales (COM(2016)0451), que incluye una explicación del proceso de elaboración de la lista de la Unión dirigida a los países y territorios no cooperadores a efectos fiscales,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 8 de noviembre de 2016, sobre los criterios y procedimiento para la elaboración de una lista de la Unión de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo Ecofín del 5 de diciembre de 2017,

–  Vistas las últimas actualizaciones del Consejo de la lista de la Unión de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales, de 6 de octubre de 2020(3),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 15 de julio de 2020, titulada «Plan de acción para una fiscalidad equitativa y sencilla que apoye la estrategia de recuperación» (COM(2020)0312),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 15 de julio de 2020, sobre la buena gobernanza fiscal en la UE y más allá de sus fronteras (COM(2020)0313),

–  Vista sus Resoluciones, de 25 de noviembre de 2015, sobre resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares(4), de 6 de julio de 2016, sobre resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares(5), y de 26 de marzo de 2019, sobre delitos financieros y evasión y elusión fiscales(6),

–  Vista su Resolución, de 16 de diciembre de 2015, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el aumento de la transparencia, la coordinación y la convergencia en las políticas de tributación de las sociedades en la Unión(7),

–  Vista Recomendación de su Comisión PANA, de 13 de diciembre de 2017, al Consejo y a la Comisión, a raíz de la investigación sobre el blanqueo de capitales y la elusión y la evasión fiscales(8),

–  Vistos los informes de seguimiento de la Comisión a las Resoluciones y Recomendaciones del Parlamento Europeo mencionadas(9),

–  Vista la propuesta de la Comisión sobre la publicación de información desglosada por país (PIDP)(10), así como su Posición, de 27 de marzo de 2019(11), sobre dicha propuesta,

–  Visto el estudio de la Comisión titulado «The Impact of Tax Planning on forward Effective Tax Rates» (El impacto de la planificación fiscal sobre los tipos impositivos efectivos previsibles)(12),

–  Visto el estudio de la Comisión titulado «Aggressive tax planning indicators» (Indicadores de planificación fiscal agresiva)(13),

–  Visto el estudio del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo titulado «An overview of shell companies in the European Union» (Panorama de las sociedades ficticias en la Unión Europea)(14),

–  Vistos los informes por país elaborados por la Comisión en el marco de su Semestre Europeo,

–  Visto el trabajo en curso del Grupo de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Responsabilidad, la Transparencia y la Integridad Financieras Internacionales,

–  Visto el trabajo en curso del Marco integrador de la OCDE y el G-20 sobre la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS) sobre los retos fiscales que plantea la digitalización,

–  Visto el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica(15),

–  Vistas las preguntas a la Comisión y al Consejo sobre la revisión de la lista de la Unión de paraísos fiscales (O-000082/2020 – B9-0002/2021 y O-000081/2020 – B9-0001/2021),

–  Vistos el artículo 136, apartado 5, y el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

–  Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, preparada con la asistencia de la Subcomisión de Asuntos Fiscales,

A.  Considerando que la existencia de territorios no cooperativos a efectos fiscales así como de regímenes fiscales nocivos, también en los Estados miembros de la Unión Europea, da lugar a gravísimas pérdidas financieras para los Estados miembros de la Unión, lo que sustrae recursos de los presupuestos nacionales y lastra la capacidad de los Gobiernos; que el coste de la elusión fiscal de las empresas se estima actualmente en 500 000 000 000 USD al año(16); que esta reducción de los ingresos fiscales es especialmente problemática en el contexto de la recuperación de la crisis sanitaria, social y económica provocada por la pandemia de COVID-19 y con vistas a la financiación de la transición ecológica;

B.  Considerando que, según la encuesta del Eurobarómetro de otoño de 2016, el 86 % de los ciudadanos de la Unión están a favor de unas normas más estrictas en materia de elusión fiscal y paraísos fiscales(17);

C.  Considerando que la Unión adoptó su primera lista de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales («la lista») el 5 de diciembre de 2017; que dicha lista comprendía 17 países o territorios no pertenecientes a la Unión; que la Unión ha revisado la lista en 12 ocasiones;

D.  Considerando que, según el Corporate Tax Haven Index (Índice de Paraísos Fiscales para las Sociedades) de 2019, los territorios mejor situados en la clasificación de los paraísos fiscales para las sociedades son: 1) las Islas Vírgenes Británicas, 2) las Bermudas, 3) las Islas Caimán, 4) los Países Bajos, 5) Suiza, 6) Luxemburgo, 7) Jersey, 8) Singapur, 9) las Bahamas, 10) Hong Kong y 11) Irlanda;

E.  Considerando que 95 países y territorios han sido evaluados con arreglo a los tres criterios establecidos en las Conclusiones del Consejo de 8 de noviembre de 2016, a saber, la transparencia fiscal, la equidad fiscal y la aplicación de las normas mínimas BEPS de la OCDE;

F.  Considerando que más de 135 países y territorios colaboran en la aplicación del plan de acción BEPS, en parte motivados por el riesgo de verse incluidos en la lista de la Unión de países y territorios no cooperadores; que en el proceso de elaboración de la lista se pidió a casi 40 países que reformaran más de 120 prácticas fiscales perniciosas;

G.  Considerando que el informe sobre el estado de la justicia fiscal de 2020 constató que solo el 2 % de las pérdidas fiscales mundiales fueron causadas por territorios incluidos en la lista de la Unión; considerando que se constató que las Islas Caimán son el territorio responsable de las mayores pérdidas fiscales a escala mundial, con un coste superior a 70 000 000 000 USD al año, es decir, el 16,5 % de las pérdidas fiscales totales;

H.  Considerando que el Consejo revisó por última vez la lista el 6 de octubre de 2020, retirando las Islas Caimán y Omán y añadiendo Barbados y Anguila; que las Islas Caimán todavía no tienen impuesto de sociedades y son uno de los 10 principales destinos de las inversiones ficticias según el Fondo Monetario Internacional(18), lo que plantea interrogantes en cuanto a la transparencia y sobre un posible enfoque preferencial para algunos países;

I.  Considerando que la lista de la Unión de países y territorios no cooperadores está compuesta actualmente por Samoa Americana, Anguila, Barbados, Fiyi, Guam, Palaos, Panamá, Samoa, Seychelles, Trinidad y Tobago, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y Vanuatu;

J.  Considerando que otros territorios se han comprometido a aplicar los principios de buena gobernanza fiscal en lo que respecta a los criterios de transparencia o de equidad fiscal;

K.  Considerando que el acceso del público a los documentos y la labor del Grupo «Código de Conducta» (Fiscalidad de las Empresas) siguen siendo limitados, en particular en relación con el proceso de elaboración de la lista de la Unión; que el Defensor del Pueblo Europeo tiene el mandato de examinar la aplicación por parte de las instituciones de la Unión de las normas de la Unión sobre el acceso del público a los documentos(19) y, en particular, la facultad de inspeccionar todos los documentos de la Unión, sean confidenciales o no, y puede formular recomendaciones sobre si deben publicarse o no;

L.  Considerando que, en su Comunicación sobre la buena gobernanza fiscal en la Unión y más allá de sus fronteras, la Comisión destacó la necesidad de reformar el Código de Conducta sobre la Fiscalidad de las Empresas y de revisar la lista;

M.  Considerando que, utilizando la fórmula de reparto más conservadora, la Unión registra las mayores pérdidas a escala mundial como consecuencia del traslado de beneficios a paraísos fiscales, y se calcula que cada año pierde alrededor del 20 % de sus ingresos procedentes del impuesto sobre sociedades(20);

1.  Reconoce el impacto positivo que ya ha tenido la lista, pero lamenta que no se aproveche todo su potencial, ya que los países y territorios que figuran actualmente en la lista cubren menos del 2 % de las pérdidas de ingresos fiscales mundiales, lo que hace que la lista induzca a confusión y sea ineficaz(21); pretende reforzar la lista mediante un aumento de la transparencia y la coherencia, unos criterios de inclusión más estrictos e imparciales y unas medidas defensivas más firmes contra la elusión fiscal; deplora que se haya retirado de la lista a países con un historial palmario de promoción de la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, como las Islas Caimán; lamenta las insuficientes explicaciones dadas a la población en general a pesar de que la opinión pública europea apoya normas más estrictas sobre los paraísos fiscales;

Gobernanza y transparencia de la lista de la Unión de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales

2.  Observa que el proceso inicial de elaboración de la lista fue propuesto por la Comisión tanto en su Comunicación sobre una estrategia exterior para una imposición efectiva como en su Comunicación sobre medidas adicionales para reforzar la transparencia e intensificar la lucha contra la evasión y el fraude fiscales; toma nota de que se ha encomendado al Grupo «Código de Conducta», principalmente a través de su subgrupo sobre terceros, la realización de los trabajos preparatorios para la elaboración de la lista, pese a estos no formaban parte del mandato original del Grupo; cuestiona la capacidad y la idoneidad de esta agrupación informal para llevar a cabo esta misión;

3.  Considera que la lista de la UE debe reformarse al nivel de la Unión; recomienda que se formalice su proceso, en particular a través de un instrumento vinculante jurídicamente; considera que esta reforma debe llevarse a cabo antes de finales de 2021 para proteger a la Unión de cualquier pérdida de ingresos adicional en el período de recuperación posterior a la COVID-19; pide que el Consejo encargue a la Comisión, con el apoyo de los Estados miembros y con la adecuada participación del Parlamento Europeo, la evaluación de los países y territorios terceros sobre la base de unos criterios claros y transparentes, así como la presentación de una propuesta de elaboración al Consejo que deberá hacerse pública antes de que este adopte formalmente la lista y sus revisiones; pide al Consejo que conceda al Parlamento un papel de observador en los debates del Grupo «Código de Conducta»; considera que estos cambios garantizarían la imparcialidad, la objetividad y la rendición de cuentas del proceso de elaboración de la lista;

4.  Destaca la importancia de la transparencia en el proceso de elaboración para permitir el control público y aumentar la responsabilidad democrática de las instancias decisorias; aspira a la plena transparencia en lo que respecta a la posición de los Estados miembros; pide, por tanto, al Grupo «Código de Conducta» que haga públicas las autoridades participantes, los temas de debate, las evaluaciones técnicas, las actas o resúmenes y las conclusiones adoptadas; considera que, para mejorar la rendición de cuentas y la transparencia, debe facilitarse el acceso a las fuentes de los datos para el examen de los países y territorios cuando estén a disposición del público; considera que la metodología para evaluar los regímenes de países terceros debe perfeccionarse y divulgarse en su integridad; pide al Grupo «Código de Conducta» que publique sistemáticamente un resumen exhaustivo de sus interacciones con países terceros, los asuntos tratados y los compromisos asumidos por países terceros durante cada etapa del proceso de evaluación;

5.  Señala que la falta de transparencia puede dar lugar a una interpretación errónea de las decisiones y puede minar la confianza pública en el proceso de elaboración, en particular cuando el resultado de la lista de la Unión difiere de las listas de paraísos fiscales creadas de manera transparente por terceros; recuerda la lista inicial compilatoria de las listas de los Estados miembros a la que hace referencia la Comisión en su Comunicación titulada «Un sistema de imposición de las sociedades justo y eficaz en la Unión Europea: cinco ámbitos de actuación fundamentales» y que contenía treinta países y territorios listados por diez o más Estados miembros;

6.  Acoge con satisfacción las medidas ya adoptadas en materia de transparencia, como la publicación de informes de situación semestrales y la publicación de determinadas cartas enviadas a países y territorios terceros; pide que en las cartas enviadas por el Consejo a países y territorios terceros que aún no cumplan con los criterios de inclusión en la lista de la Unión se inserte la petición de que se publique toda la correspondencia con la Unión y que cualquier respuesta negativa se considere como una falta de cooperación por parte del país o territorio en cuestión; lamenta que estos documentos solo sean accesibles una vez finalizado el proceso de evaluación; pide que todas las cartas y todos los compromisos contraídos por países y territorios terceros se pongan a disposición del público tan pronto como se reciban; pide que la información pública esté disponible en una plataforma de fácil utilización;

7.  Pide que el presidente del Grupo «Código de Conducta» y el Parlamento mantengan contactos regulares, que deberían incluir al menos una comparecencia formal en audiencia pública al año;

8.  Destaca que debe formalizarse el papel del Parlamento en relación con el Grupo «Código de Conducta», también en lo que respecta a la gobernanza y a los criterios del proceso de elaboración de la lista, por ejemplo a través de un proceso de emisión de dictámenes;

9.  Observa que el proceso de elaboración de la lista de la Unión solo afecta a terceros países; señala que la influencia de la Unión en la lucha contra la evasión fiscal y las prácticas fiscales perniciosas en todo el mundo depende del ejemplo que se dé «en casa»; destaca la necesidad de coherencia entre los criterios de elaboración de la lista y los criterios relativos a las prácticas fiscales perniciosas dentro de la Unión; recuerda la declaración realizada por la presidenta del Grupo «Código de Conducta» durante la audiencia de la comisión TAX3 del 10 de octubre de 2018, que informaba de la posibilidad de controlar a los Estados miembros según los mismos criterios establecidos para la lista de la Unión en el contexto de la revisión del mandato del Grupo «Código de Conducta»; observa que un Estado miembro ha recibido una calificación parcialmente aprobatoria en cuanto a su cumplimiento de la norma internacional sobre transparencia y el intercambio de información previa solicitud por parte del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales (Foro Global)(22), y observa que se incluye a países terceros en la lista del Consejo en caso de que reciban tal calificación(23); subraya, a este respecto, que algunos Estados miembros han recibido periódicamente recomendaciones específicas por país sobre la necesidad de hacer frente a prácticas de planificación fiscal agresiva(24); destaca que la Comisión reconoce que algunos de los Estados miembros mencionados han adoptado medidas para mejorar sus sistemas fiscales en respuesta a las críticas de la Comisión, pero señala que la Comisión sigue indicando que las normativas fiscales facilitan actualmente la planificación fiscal agresiva en dichos Estados miembros; reitera su llamamiento a la Comisión y al Consejo, formulado en la Resolución de TAX3, para que den seguimiento a las recomendaciones específicas por país formuladas a los Estados miembros afectados hasta que se lleven a cabo reformas fiscales sustanciales y para que propongan medidas donde y cuando sea necesario, y que entretanto consideren al menos a dichos Estados miembros como paraísos fiscales de la Unión; espera con interés que estos Gobiernos aborden las preocupaciones y reduzcan la elusión fiscal en todos sus territorios; se compromete a evaluar periódicamente todas las iniciativas adoptadas por los Gobiernos para seguir dichas recomendaciones y proponer acciones donde y cuando surja la necesidad;

10.  Recuerda que el procedimiento establecido en el artículo 116 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, según el cual el Parlamento y el Consejo actúan con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, debe aplicarse cuando las prácticas fiscales perniciosas den lugar a distorsiones del mercado dentro de la Unión;

11.  Pide al Grupo «Código de Conducta» que aumente la inclusividad y la aceptación externa del proceso consultando a los países en desarrollo y a las organizaciones de la sociedad civil; sugiere que se cree un grupo de trabajo o un órgano consultivo con países no pertenecientes a la Unión —en particular con países en desarrollo—, miembros de la sociedad civil y expertos, con el fin de facilitar el diálogo sobre las decisiones tomadas;

Actualización de los criterios de elaboración de la lista de la Unión para adaptarlos a los retos actuales y futuros

12.  Reitera la importancia del criterio de transparencia de la lista; pide claridad sobre el próximo criterio de transparencia con respecto a la titularidad efectiva final, en consonancia con la 5.ª Directiva contra el blanqueo de capitales; toma nota de la desigualdad de condiciones entre los países adheridos al Estándar Común de Comunicación de Información de la OCDE y a la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA) e los Estados Unidos; considera, por tanto, que la falta de reciprocidad de la FATCA estadounidense debe examinarse con arreglo al criterio de transparencia;

13.  Considera que el criterio de equidad tributaria no debe limitarse al carácter preferente de las medidas fiscales, sino que debe tener en cuenta las exenciones fiscales amplias y los desajustes en los precios de transferencia; recuerda que el actual proceso de elaboración de listas para países terceros no incluye un criterio autónomo para el 0 % o tipos impositivos muy bajos; pide a la Comisión y al Grupo «Código de Conducta» que incluyan en la evaluación medidas fiscales conducentes a bajos niveles de imposición, en consonancia con las negociaciones en curso sobre el segundo pilar del marco inclusivo de la OCDE y el G-20, en particular en lo que se refiere a la imposición mínima; pide a la Comisión y al Consejo que propongan un nivel mínimo efectivo de imposición que constituya un criterio autónomo para la lista de la Unión; recomienda que todo tipo mínimo efectivo se fije en un nivel justo y suficiente, y que también tenga en cuenta el tipo impositivo legal medio de la Unión en materia de impuesto sobre sociedades(25) para desincentivar el traslado de beneficios y evitar la competencia fiscal desleal;

14.  Pide a la Comisión que considere las ventajas de adoptar una iniciativa similar al segundo pilar del marco inclusivo para los criterios de elaboración de la lista de la Unión, en caso de que no exista un consenso político a nivel de la OCDE sobre la aplicación de dichas medidas antes de finales de 2021;

15.  Observa que algunos de los terceros países y territorios más perniciosos, incluidas las Islas Caimán y las Bermudas, fueron retirados de la lista después de que introdujeran criterios sustanciales muy básicos y medidas de garantía del cumplimiento muy endebles; destaca que tales decisiones pueden generar dudas sobre la autenticidad de actividades concretas y la imparcialidad del proceso de toma de decisiones, y socavar la confianza pública; pide que se refuercen los criterios de examen, incluidos los requisitos sustanciales basados en un enfoque con arreglo a fórmulas, así como los requisitos de proporcionalidad y su seguimiento, con el fin de incrementar la eficacia de la lista y su capacidad para hacer frente a los nuevos retos que plantea la digitalización de la economía; pide al Consejo que incluya como criterio autónomo la inclusión automática en la lista de los terceros países y territorios con un tipo del 0 % del impuesto de sociedades o sin impuestos sobre los beneficios de las empresas; observa con preocupación que los terceros países pueden derogar regímenes fiscales no conformes pero también sustituirlos por otros nuevos que podrían ser perjudiciales para la Unión; recuerda la importancia de la presentación pública de informes por país para llevar un seguimiento de los requisitos sustanciales;

16.  Destaca la importancia que revisten en materia de examen de los terceros países las normas mínimas BEPS, en particular las acciones 5, 6, 13 y 14; destaca asimismo la importancia de determinar qué otras normas BEPS deben incorporarse como criterios de inclusión en la lista;

17.  Apoya la ampliación del ámbito geográfico de la lista de la Unión, teniendo en cuenta al mismo tiempo la posición de los países menos adelantados; subraya que en futuras evaluaciones se debe tener en cuenta la posibilidad de que algunos países en desarrollo carezcan de los recursos necesarios para aplicar rápidamente las normas fiscales acordadas recientemente; insta por ello al Consejo a que no tome en consideración como contramedidas los recortes de la ayuda al desarrollo, que tendrían un impacto directo en los beneficiarios finales de la ayuda; señala, no obstante, que los países con centros financieros de tamaño significativo no deben disfrutar de niveles de tolerancia similares;

18.  Señala que existe una divergencia significativa entre la lista de la Unión de países y territorios no cooperadores y sus equivalentes nacionales; toma nota de la ambición de la Comisión de ajustar mejor las listas nacionales a la lista de la Unión; pide una convergencia ascendente y una armonización de los criterios a fin de garantizar unas normas más estrictas y una mayor coherencia;

19.  Acoge positivamente la sugerencia de la Comisión de tener en cuenta, a la hora de evaluar los países y territorios fiscales, la metodología desarrollada para la identificación de terceros países de alto riesgo a efectos de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, a fin de garantizar que los dos procesos de inclusión en la lista se refuercen mutuamente;

20.  Toma nota de los esfuerzos para establecer unas condiciones de competencia equitativas tras la salida del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea; pide una evaluación exhaustiva de dichos territorios, incluyendo una evaluación continua de los territorios de ultramar del Reino Unido y las dependencias de la Corona británica, de conformidad con las normas establecidas por el Grupo «Código de Conducta»; destaca que la futura relación entre la Unión y el Reino Unido debe basarse en valores mutuos y orientarse hacia la prosperidad común, lo que excluye automáticamente la competencia fiscal agresiva; lamenta la ausencia de posibles medidas de reequilibrio en el Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión y el Reino Unido, en caso de futuras divergencias del Reino Unido sobre cuestiones relacionadas con la evasión fiscal y el blanqueo de capitales;

21.  Pide una evaluación equitativa e imparcial de los principales socios comerciales de la Unión; solicita, en particular, que se proceda a una evaluación clara de los Estados Unidos en lo que respecta a los criterios de transparencia;

Coordinación de las medidas defensivas

22.  Reconoce el impacto sobre la reputación que tiene la inclusión en la lista como incentivo para la participación de los países y territorios en el proceso de examen; subraya que ello no es suficiente para contrarrestar eficazmente los efectos negativos que esos países y territorios tienen en los Estados miembros y el mercado interior, ya que el impacto sobre la reputación que tiene para determinados países y territorios su inclusión en la lista se debilita a causa de las deficiencias del proceso de inclusión en la lista expuestas más arriba, en particular la falta de transparencia, los criterios flexibles y el limitado alcance geográfico;

23.  Acoge positivamente el vínculo entre las normas de buena gobernanza fiscal y el uso de los fondos de la Unión establecido en el Reglamento Financiero(26), el Reglamento sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible(27), el Reglamento sobre el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas(28) y la Decisión sobre el mandato de préstamo exterior(29), y reconoce que esas normas son una condición previa para el apoyo prestado por la Unión; advierte, no obstante, contra cualquier efecto negativo, actual o potencial, para los ciudadanos de los países en desarrollo; destaca la importancia de desarrollar condiciones equivalentes que se apliquen a las empresas y a los catalizadores y facilitadores de la planificación fiscal abusiva en los procedimientos de contratación pública;

24.  Pide que las normas sobre ayudas estatales y los programas nacionales de apoyo de los Estados miembros garanticen que las empresas con vínculos económicos con países y territorios no cooperadores, como las que están radicadas en ellos a efectos fiscales, no puedan optar a las ayudas; hace hincapié en la importancia que ello reviste en el contexto de la solidaridad intraeuropea y la consolidación de la confianza entre los Estados miembros; recuerda que para garantizar que así sea ha de existir transparencia a través de la presentación pública de informes por país para todos los sectores; pide al Consejo que concluya urgentemente los debates y adopte su orientación general sobre la propuesta legislativa;

25.  Apoya y pide que se refuercen los requisitos adicionales en materia de auditoría y diligencia debida para las empresas y los inversores establecidos en países y territorios no cooperadores; estima que las medidas defensivas son cruciales para que la lista surta efecto;

26.  Señala que unas contramedidas estrictas reducirían los incentivos a la elusión fiscal; destaca que el abanico de medidas defensivas de la Unión pierde efectividad a causa de la aplicación discrecional por parte de los diferentes Estados miembros; pide, por ello, a la Comisión que considere la posibilidad de presentar una propuesta legislativa de medidas defensivas coordinadas contra la elusión y la evasión fiscales, teniendo en cuenta las negociaciones sobre el segundo pilar del Marco integrador o sobre un tipo impositivo efectivo mínimo a escala de la Unión, propuesta que podría incluir los siguientes elementos:

   a) no deducibilidad de los costes;
   b) normas reforzadas sobre las sociedades extranjeras controladas;
   c) medidas de retención fiscal en origen;
   d) limitación de la exención de los rendimientos de participaciones;
   e) una cláusula de inversión;
   f) consecuencias para la contratación pública y las ayudas estatales;
   g) requisitos especiales en materia de documentación;
   h) suspensión de las disposiciones de los convenios en materia de doble imposición;

señala que las medidas fiscales que se apliquen a las empresas deben estar supeditadas a las normas de vinculación indicadas cuando la transacción o el contribuyente de que se trate cumplen unos criterios perjudiciales específicos; estima que esas medidas deben ser igualmente aplicables en el marco de las relaciones entre un Estado miembro y un tercer país y en el de las relaciones entre Estados miembros;

27.  Toma nota de la «lista gris» para los países y territorios que no cumplen las normas pero que se han comprometido a cambiar; pide al Consejo y a los Estados miembros que introduzcan medidas específicas, como un aumento de las auditorías o políticas reforzadas de «conocimiento del cliente» para las transacciones y la diligencia debida para esos países y territorios;

28.  Pide a la Comisión que elabore una lista con los acuerdos entre la Unión y los terceros países o regiones en los que no se ha incluido una «cláusula de buena gobernanza», tal como se exige en el punto 3.1 de la Comunicación de la Comisión sobre una estrategia exterior para una imposición efectiva y se contempla en las Conclusiones del Consejo de 25 de mayo de 2018, por las que se adoptó una disposición normalizada para los acuerdos con terceros países(30); pide a la Comisión y al Consejo que expliquen por qué falta esa cláusula;

o
o   o

29.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a la Secretaría de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos y a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.

(1) Anexo I de las Conclusiones de la sesión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Ecofín) del 1 de diciembre de 1997 sobre política fiscal — Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, de 1 de diciembre de 1997, relativa a un código de conducta sobre la fiscalidad de las empresas (DO C 2 de 6.1.1998, p. 1).
(2) https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/03/08/ecofin-conclusions-code-conduct-business-taxation/
(3) DO C 331 de 7.10.2020, p. 3.
(4) DO C 366 de 27.10.2017, p. 51.
(5) DO C 101 de 16.3.2018, p. 79.
(6) Textos Aprobados P8_TA(2019)0240.
(7) DO C 399 de 24.11.2017, p. 74.
(8) DO C 369 de 11.10.2018, p. 132.
(9) El seguimiento conjunto de la Resolución del Parlamento Europeo (ECON) con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el aumento de la transparencia, la coordinación y la convergencia en las políticas de tributación de las sociedades en la Unión y la Resolución del Parlamento Europeo (TAXE) sobre resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares, adoptado por la Comisión el 16 de marzo de 2016; el seguimiento de la Resolución del Parlamento Europeo (TAX2) sobre resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares, adoptado por la Comisión el 16 de noviembre de 2016; el seguimiento de la Resolución no legislativa del Parlamento Europeo (PANA), de 12 de diciembre de 2017, sobre el proyecto de Recomendación del Parlamento Europeo al Consejo y a la Comisión a raíz de la investigación sobre el blanqueo de capitales y la elusión y la evasión fiscales, adoptado por la Comisión en abril de 2018; y el seguimiento, de 27 de agosto de 2019, de la Resolución del Parlamento Europeo (TAX3) sobre delitos financieros y evasión y elusión fiscales.
(10) Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de abril de 2016, por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información relativa al impuesto de sociedades por parte de determinadas empresas y filiales (COM(2016)0198).
(11) Textos Aprobados, P8_TA(2019)0309.
(12) Comisión Europea, «The Impact of Tax Planning on Forward-Looking Effective Tax Rates» (Taxation paper n.º 64 de 25 de octubre de 2016).
(13) Comisión Europea, «Aggressive tax planning indicators – Final Report» (Taxation paper n.º 71 de 7 de marzo de 2018).
(14) Kiendl Kristo I. y Thirion E., «An overview of shell companies in the European Union», EPRS, Parlamento Europeo, octubre de 2018.
(15) DO C 384 I de 12.11.2019, p. 1.
(16) Cobham y Janský (2018); https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jid.3348
(17) https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/51abaf14-6b6e-11e7-b2f2-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
(18) https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/09/the-rise-of-phantom-FDI-in-tax-havens-damgaard.htm
(19) Reglamento (CE) n.º 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145 de 31.5.2001, p. 43).
(20) Tørsløv, Wier y Zucman (2020); http://gabriel-zucman.eu/files/TWZ2020.pdf
(21) https://www.taxjustice.net/reports/the-state-of-tax-justice-2020/
(22) https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/global-forum-reveals-compliance-ratings-from-new-peer-review-assessments-for-anguilla-chile-china-gibraltar-greece-korea-malta-papua-new-guinea-and-uruguay.htm
(23) DO C 331 de 7.10.2020, p. 3.
(24) https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations_es
(25) Encuesta sobre las políticas fiscales en la Unión Europea para 2020, DG Fiscalidad y Unión Aduanera, Comisión Europea, p. 100.
(26) Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.o 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 (DO L 193 de 30.7.2018, p. 1).
(27) Reglamento (UE) 2017/1601 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de septiembre de 2017, por el que se establece el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible (FEDS), la Garantía del FEDS y el Fondo de Garantía del FEDS (DO L 249 de 27.9.2017, p. 1).
(28) Reglamento (UE) 2015/1017 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de junio de 2015 relativo al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, al Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión y al Portal Europeo de Proyectos de Inversión, y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1291/2013 y (UE) n.º 1316/2013 — el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (DO L 169 de 1.7.2015, p. 1).
(29) Decisión n.º 466/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 por la que se concede al Banco Europeo de Inversiones una garantía de la UE frente a las pérdidas que se deriven de operaciones de financiación en favor de proyectos de inversión fuera de la Unión (DO L 135 de 8.5.2014, p. 1).
(30) https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/05/25/tax-fraud-standard-provision-agreed-for-agreements-with-third-countries/

Última actualización: 22 de abril de 2021Aviso jurídico - Política de privacidad