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Procedimiento : 2019/2202(INI)
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Ciclo relativo al documento : A9-0219/2020

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A9-0219/2020

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PV 09/02/2021 - 13
PV 09/02/2021 - 15
CRE 09/02/2021 - 13
CRE 09/02/2021 - 15

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Textos aprobados :

P9_TA(2021)0050

Textos aprobados
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Jueves 11 de febrero de 2021 - Bruselas
Acuerdo de Asociación UE-Ucrania
P9_TA-PROV(2021)0050A9-0219/2020

Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de febrero de 2021, sobre la aplicación del Acuerdo de Asociación UE-Ucrania (2019/2202(INI))

El Parlamento Europeo,

–  Vistos el artículo 8 y el título V, en particular los artículos 21, 22, 36, 37 y 49, del Tratado de la Unión Europea (TUE), así como la quinta parte del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Visto el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Ucrania, por la otra, incluido un acuerdo de libre comercio de alcance amplio y profundo (ALC/AAP), que entró en vigor el 1 de septiembre de 2017, y el programa de asociación correspondiente,

–  Vista la entrada en vigor el 11 de junio de 2017 de un régimen de exención de visados para los ciudadanos de Ucrania, como resultado de las enmiendas al Reglamento (CE) n.º 539/2001 del Consejo realizadas por el Parlamento Europeo y el Consejo,

–  Visto el Reglamento (UE) 2018/1806 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, por el que se establecen la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación(1),

–  Vistas sus resoluciones anteriores relativas a Ucrania, en particular las de 12 de diciembre de 2018 sobre la aplicación del Acuerdo de Asociación de la UE con Ucrania(2), y de 21 de enero de 2016 sobre Acuerdos de Asociación / zona de libre comercio de alcance amplio y profundo con Georgia, Moldavia y Ucrania(3), así como su recomendación de 19 de junio de 2020 al Consejo, a la Comisión y al Vicepresidente de la Comisión / Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre la Asociación Oriental, en el período previo a la Cumbre de junio de 2020(4),

–  Vistos los informes de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) sobre Ucrania, en particular el 30.º Informe sobre la situación de los derechos humanos en Ucrania, de septiembre de 2020,

–  Visto el informe del secretario general de las Naciones Unidas, de 19 de junio de 2020, titulado «Situación de los derechos humanos en la República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol (Ucrania)»,

–  Visto el documento de trabajo conjunto de los servicios de la Comisión y del Servicio Europeo de Acción Exterior, de 12 de diciembre de 2019, sobre el informe de aplicación del Acuerdo de Asociación relativo a Ucrania (SWD(2019)0433),

–  Vista la declaración conjunta tras la 22.ª Cumbre UE-Ucrania, de 6 de octubre de 2020,

–  Vistas las recomendaciones y las actividades de la Asamblea Parlamentaria Euronest, del Foro de la Sociedad Civil de la Asociación Oriental y de otros representantes de la sociedad civil en Ucrania,

–  Vistas las declaraciones finales y las recomendaciones de la reunión de la Comisión Parlamentaria de la Asociación UE-Ucrania, celebrada el 19 de diciembre de 2019,

–  vistas las conclusiones de sus misiones de observación electoral a las elecciones presidenciales ucranianas del 31 de marzo y del 21 de abril de 2019, y a las elecciones parlamentarias anticipadas del 21 de julio de 2019,

–  Visto el desembolso, el 29 de mayo de 2020, de un préstamo de 500 000 000 EUR a Ucrania en el marco del cuarto programa de ayuda macrofinanciera (AM) de la Comisión,

–  Vistos los paquetes de asistencia sin precedentes establecidos por la UE para ayudar a los países vecinos en la lucha contra la pandemia de la COVID-19 y, en particular, los préstamos a largo plazo de 1 200 000 000 EUR concedidos a Ucrania en unas condiciones muy ventajosas mediante la Decisión (UE) 2020/701 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 2020, relativa a la concesión de ayuda macrofinanciera a los socios de la ampliación y de la vecindad en el contexto de la pandemia de la COVID‐19(5),

–  Vista la declaración conjunta de la Comisión OTAN-Ucrania de 31 de octubre de 2019,

–  Visto el quinto informe de seguimiento por país de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), publicado en septiembre de 2017, y las conclusiones sobre Ucrania, en relación con el estado de aplicación de las recomendaciones de 2017, publicadas en junio de 2020,

–  Vista la Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa(6) sobre las medidas para combatir la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género y las normas adoptadas por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa,

–  Visto el informe final de la Misión de Observación Electoral de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) de la OSCE, de 21 de julio de 2019, sobre las elecciones parlamentarias anticipadas en Ucrania,

–  Visto el «Índice de Percepción de la Corrupción» de 2019, de Transparency International, que otorga a Ucrania el puesto 126 de un total de 180 países y territorios evaluados (siendo el primer puesto el mejor),

–  Vistos el Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales del Consejo de Europa y la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, adoptada el 5 de noviembre de 1992,

–  Vistos el dictamen de la Comisión de Venecia sobre la Ley en apoyo de la adopción de la lengua ucraniana como lengua oficial y su dictamen sobre las disposiciones de la Ley de educación de 5 de septiembre de 2017, relativas al uso de la lengua oficial y las lenguas minoritarias y de otro tipo en la educación,

–  Visto el dictamen de la Comisión de Venecia, de 10 de diciembre de 2020, sobre el Tribunal Constitucional de Ucrania,

–  Vistos el artículo 54 de su Reglamento interno, así como el artículo 1, apartado 1, letra e), y el anexo 3 de la Decisión de la Conferencia de Presidentes, de 12 de diciembre de 2002, sobre el procedimiento de autorización para la elaboración de informes de propia iniciativa,

–  Vista la opinión de la Comisión de Comercio Internacional,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A9-0219/2020),

A.  Considerando que el AA/ALCAP constituye la piedra angular de las relaciones de la Unión Europea con Ucrania, sobre la base de la asociación política y la integración económica, y constituye una hoja de ruta para las reformas, cuya plena aplicación debe considerarse que permite un acercamiento continuo a la Unión conducente a una integración gradual en el mercado interior de la Unión, y al aprovechamiento pleno del potencial y los beneficios del AA/ALCAP;

B.  Considerando que Ucrania tiene una perspectiva europea conforme al artículo 49 del TUE y puede solicitar el ingreso como miembro de la Unión siempre que se adhiera a todos los criterios de Copenhague y a los principios de la democracia, respete las libertades fundamentales y los derechos humanos y de las minorías y defienda el Estado de Derecho;

C.  Considerando que la 22.ª Cumbre UE-Ucrania reconoció las aspiraciones europeas de Ucrania, acogió favorablemente su elección europea, reconoció los importantes avances realizados por Ucrania en su proceso de reformas y celebró los resultados ya logrados en la aplicación del AA y el éxito del ALCAP;

D.  Considerando que, en 2019, Ucrania atravesó un delicado período electoral, tanto a escala presidencial como parlamentaria, y que su gestión de los procesos y de la transición pacífica y ordenada de poderes que se produjo a continuación debe alabarse;

E.  Considerando que las elecciones locales del 25 de octubre de 2020 en el país supusieron una prueba más del estado de la democracia, y una oportunidad para seguir consolidándola; que en la antesala de las elecciones locales del 25 de octubre de 2020 se produjeron intentos de cambiar el código electoral durante la campaña electoral en curso, y que la falta de medidas claras para dar respuesta a la crisis de la COVID-19 sigue suscitando una gran preocupación, con miras a la adopción de nuevas normas de voto seguro;

F.   Considerando que la misión de observación electoral limitada de la OIDDH concluyó que las elecciones locales celebradas en Ucrania el 25 de octubre de 2020 revestían una importancia particular a raíz de las recientes reformas en materia de descentralización que han transferido competencias y recursos significativos a las entidades locales, que el proceso electoral se desarrolló, en términos generales, con tranquilidad, estuvo bien organizado y fue transparente, que los procedimientos se respetaran en su mayor parte, y que, en general, la Comisión Electoral Central de Ucrania cumplió todos los plazos legales y actuó de manera imparcial, abierta y transparente;

G.  Considerando que la sociedad civil y los expertos electorales notificaron que los partidos locales, los candidatos y los miembros de las comisiones electorales no pudieron prepararse adecuadamente para la inscripción de candidatos, ya que el código electoral se adoptó inmediatamente antes del proceso electoral;

H.  Considerando que la introducción de mecanismos de control descendentes mediante la aprobación del principio de mandato imperativo y la vinculación de las listas de los partidos al número mínimo de 10 000 votantes debilitan la naturaleza democrática de las elecciones;

I.  Considerando que la sociedad civil criticó la decisión de no celebrar elecciones en dieciocho comunidades locales de las zonas de las regiones de Donetsk y Luhansk controladas por el Gobierno, sin que la administración civil-militar justificara de manera clara esta decisión, lo que priva efectivamente del voto a alrededor de 475 000 votantes que viven en dichas comunidades;

J.  Considerando que, sobre todo durante la segunda mitad de 2019, a fin de realizar con rapidez la reforma prometida durante las campañas electorales, el ritmo de la actividad legislativa se ha mantenido especialmente, en ocasiones en detrimento del control parlamentario y de la transparencia y la calidad de la legislación;

K.  Considerando que, aunque Ucrania ha realizado avances sustanciales en su aplicación de los compromisos relacionados con el AA y la integración con la Unión, varias de las reformas iniciadas deben culminarse, en particular en el ámbito del Estado de Derecho, la buena gobernanza y la lucha contra la corrupción; que, a pesar de los notables avances, la corrupción generalizada sigue lastrando el proceso de reformas en Ucrania; que la crisis constitucional que se registra en la actualidad supone una amenaza para la capacidad del presidente y de la Rada Suprema para llevar a cabo reformas; que todo parece indicar que los oligarcas están recuperando influencia política; que algunas medidas adicionales siguen pendientes de adopción para evitar cualquier retroceso, prestando especial atención al poder judicial;

L.  Considerando que el potencial pleno de las reformas adoptadas no se materializa debido a la dinámica del proceso de reforma y los desafíos institucionales relacionados; que las reformas también se ven obstaculizadas por la inestabilidad y las contradicciones institucionales internas, la falta de parámetros de referencia claros, la débil capacidad y los limitados recursos, y por factores externos como la pandemia de COVID-19, así como por la falta de decisión política para aceptar y garantizar la plena independencia de las instituciones judiciales y económicas, y para evitar un uso selectivo de la justicia;

M.  Considerando que la declaración conjunta de la Comisión OTAN-Ucrania, de 31 de octubre de 2019, pide a Ucrania que cumpla las obligaciones y compromisos internacionales, respete los derechos humanos y de las minorías y aplique plenamente las recomendaciones y conclusiones de la Comisión de Venecia sobre la Ley de educación;

N.  Considerando que el informe más reciente del ACNUDH pone de relieve la falta de avances en los procedimientos penales relativos a violaciones graves de los derechos humanos presuntamente perpetradas por miembros del ejército ucraniano, así como retrasos y avances insuficientes en la investigación de los delitos relacionados con el Maidán;

O.  Considerando que la percepción de la corrupción en Ucrania ha retrocedido hasta niveles de 2017, según el último informe de Transparency International;

P.  Considerando que el apoyo a la modernización, la desoligarquización, la reforma y la lucha contra la corrupción sigue siendo muy elevado entre los ciudadanos ucranianos y que deben satisfacerse estas expectativas sin mayor demora;

Q.  Considerando que antes del estallido de la pandemia de COVID-19 la economía ucraniana había recuperado la estabilidad y estaba mostrando un crecimiento satisfactorio y una reducción del desempleo, promovidos por los avances realizados al aprovechar el potencial del AA/ALCAP;

R.  Considerando que Ucrania debe mantener la estabilidad macroeconómica, respetando sus compromisos con el Fondo Monetario Internacional y aplicando todas las políticas estructurales a medio plazo acordadas con arreglo al programa de ayuda macrofinanciera de la Unión, así como garantizando la solidez e independencia del Banco Nacional de Ucrania;

S.  Considerando que la actual crisis mundial exige un enfoque coordinado y paquetes de medidas de ayuda excepcionales; que cualquier medida de emergencia debe ser proporcionada y limitada en el tiempo y tiene que respetar las libertades fundamentales;

T.  Considerando que la Unión se ha mantenido junto al pueblo de Ucrania desde el inicio de la pandemia de COVID-19, proporcionando apoyo financiero y material a través de programas bilaterales y regionales, como los que la Unión puso a disposición de Ucrania en marzo, abril y mayo de 2020;

U.  Considerando que la pandemia de COVID-19 ha agravado los problemas del sistema sanitario ucraniano; que, pese a que la sanidad es gratuita, según el Derecho ucraniano, esta no es la realidad que encuentran muchos ciudadanos del país cuando buscan tratamiento médico debido a que las medidas reformistas adoptadas por el ministerio de Sanidad de Ucrania rebasan un plazo razonable;

V.  Considerando que, a la luz de la pandemia de COVID-19, es incluso más esencial que se siga prestando ayuda humanitaria, y que la Misión Especial de Observación de la OSCE, las agencias de las Naciones Unidas, las ONG y el Comité Internacional de la Cruz Roja puedan acceder sin trabas a las zonas no controladas por el Gobierno;

W.  Considerando que la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente, así como su capacidad para aplicar las reformas económicas y sociales necesarias, siguen viéndose gravemente socavadas por campañas de desinformación específicas, ciberataques y otras amenazas híbridas, así como por el conflicto no resuelto en el este del país, provocado por la agresión militar y la ocupación rusa en curso de amplias zonas de las regiones de Donetsk y Luhansk, así como por la ocupación y anexión ilegal en curso de la República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol por Rusia, que empeoran la situación de los derechos humanos y representan un obstáculo para la mejora de la prosperidad, la estabilidad y el crecimiento del país;

X.  Considerando que la Unión ha condenado rotundamente la agresión rusa en curso contra Ucrania, incluida la anexión ilegal de Crimea y Sebastopol, que vulnera su soberanía y su integridad territorial, y ha establecido y seguirá una política de no reconocimiento al respecto y, en este contexto, sigue aplicando medidas restrictivas contra particulares y entidades implicados en esta violación del Derecho internacional;

Y.  Considerando que la Unión mantiene su compromiso con la labor del cuarteto de Normandía, la OSCE, el Grupo de contacto tripartito sobre Ucrania y la Misión Especial de Observación de la OSCE en Ucrania, y ha acogido favorablemente el enfoque constructivo de Ucrania en el cuarteto de Normandía y en el Grupo de contacto tripartito sobre Ucrania, y ha llamado a Rusia a hacer lo mismo;

Z.  Considerando que, el 17 de julio de 2014, el vuelo MH17 de Malaysia Airlines, que volaba entre Ámsterdam y Kuala Lumpur, fue derribado sobre el óblast de Donetsk en el contexto de los esfuerzos de Rusia por socavar la integridad territorial de Ucrania, lo que provocó la muerte de los 298 pasajeros y miembros de la tripulación; que el equipo conjunto de investigación liderado por los Países Bajos confirmó que el vuelo MH17 había sido abatido por un misil Buk tierra-aire de la 53.ª brigada antiaérea de las fuerzas terrestres rusas con base en Kursk;

AA.  Considerando que el 9 de marzo de 2020 dio comienzo con arreglo al Derecho neerlandés el juicio contra cuatro sospechosos principales del derribo del vuelo MH17 de Malaysia Airlines, que facilitó la cooperación de Ucrania en el marco del equipo conjunto de investigación; que, el 10 de julio de 2020, los Países Bajos presentaron una demanda interestatal contra la Federación de Rusia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por su papel en el derribo del vuelo MH17; que Rusia presionó a Ucrania para incluir a un quinto sospechoso, Volodymyr Tsemakh, en un intercambio de prisioneros el 7 de septiembre de 2019; que, el 15 de octubre de 2020, Rusia puso fin de manera unilateral a su participación en las consultas tripartitas con Australia y los Países Bajos para averiguar la verdad; que Rusia ha obstruido de manera continuada todos los esfuerzos encaminados a llevar a los autores ante la justicia, rechazando incluso los resultados del equipo conjunto de investigación, promoviendo la desinformación sobre el vuelo MH17 y ejerciendo su derecho de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para frustrar la creación de un tribunal internacional;

AB.  Considerando que la Unión ha condenado a Rusia por poner fin a su cooperación en los asuntos relativos al vuelo MH17; que la Unión ha apelado con firmeza a Rusia para que coopere plenamente en las investigaciones y procedimientos judiciales relativos al vuelo MH17;

AC.  Considerando que desde el comienzo de la guerra en el este de Ucrania han muerto alrededor de 13 000 personas, una cuarta parte de ellas civiles, y que nada menos que 30 000 han resultado heridas; que unos 1,5 millones de ucranianos han tenido que huir de sus hogares por el conflicto armado con grupos armados respaldados por Rusia; que cientos de ucranianos han sido encarcelados por Rusia y sus representantes, y que todavía no se conoce el paradero de muchos otros; que el conflicto militar en curso ha provocado una crisis humanitaria con consecuencias devastadoras para 4,4 millones de personas, de las que unos 1,5 millones son desplazados internos; que 3,4 millones de personas que viven en la línea de contacto necesitan asistencia y protección humanitarias; que, como consecuencia de los ataques a infraestructuras públicas, la población local debe hacer frente a un acceso limitado a instalaciones de atención sanitaria, centros educativos, agua y saneamiento;

AD.  Considerando que la situación de los derechos humanos en las zonas ocupadas del este de Ucrania y en la península ocupada de Crimea se ha deteriorado considerablemente, mientras que las violaciones de la libertad de expresión, la libertad de religión y los derechos de propiedad, las severas restricciones impuestas a los derechos educativos y lingüísticos, el abuso de los medios de comunicación y la imposición forzosa de la ciudadanía rusa han adquirido un carácter sistemático, y que los derechos humanos y libertades fundamentales no están garantizados; que las autoproclamadas autoridades de la Crimea ocupada siguen acosando a los tártaros de Crimea, y enjuician a docenas con acusaciones fabricadas de terrorismo; que el Centro para las Libertades Civiles de Ucrania calcula que al menos 94 ciudadanos ucranianos han sido perseguidos por motivos políticos en Crimea o en Rusia, de los cuales 71 son tártaros de Crimea, como Marlen Asanov, Memet Belyalov, Timur Ibragimov, Seyran Saliyev, Server Mustafayev, Server Zekiryayev y Edem Smailov, condenados en septiembre de 2020 a penas de prisión que oscilan entre los trece y los diecinueve años;

AE.  Considerando que Ucrania ocupa el puesto 96 en la Clasificación Mundial sobre la Libertad de Prensa de 2020; que Ucrania ha adoptado diversas reformas, como una ley sobre la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación, pero que se necesita mucho más para aflojar el férreo control que mantienen los oligarcas sobre los medios de comunicación, impulsar la independencia editorial y combatir la impunidad para los delitos de violencia contra los periodistas;

AF.  Considerando que los medios de comunicación de Ucrania siguen bajo una gran influencia de unos propietarios de medios de naturaleza oligárquica, y que los trabajadores de los medios —en particular periodistas que investigan la corrupción y el fraude— deben hacer frente a continuas amenazas de violencia, intimidación y muerte —como en el caso del periodista Vadym Komarov de 2019—, mientras que su trabajo se ve con frecuencia obstruido, entre otros, por el acceso limitado a la información, la presión judicial —como en el caso del procedimiento penal contra Bihus.info— y los ciberataques;

AG.  Considerando que Ucrania tiene un grave problema de desigualdad de género; que la igualdad ante la ley no significa igualdad efectiva, sino que, en la práctica, las mujeres siguen encontrando obstáculos importantes, especialmente en el lugar de trabajo; que, en el Índice Mundial de Desigualdad entre los Géneros del Foro Económico Mundial de 2018, Ucrania se sitúa en el puesto 65 de 149 países; que, según el indicador de desigualdad de renta en Ucrania, por cada 100 USD de ingresos que perciben los hombres, las mujeres solamente ganan 63,1 USD;

AH.  Considerando que las personas LGBTI y las activistas feministas son continuamente objeto de incitación al odio y de ataques violentos, y que las personas de la comunidad romaní se enfrentan a lenguaje discriminatorio y discursos de odio por parte de las autoridades estatales y locales y los medios de comunicación;

AI.  Considerando que las fuerzas y cuerpos de seguridad se han negado en numerosas ocasiones a investigar denuncias penales de personas LGBTI, en particular manifestantes del Orgullo, por delitos de odio o incitación al odio, debido a la falta de disposiciones en el Código Penal para enjuiciar la incitación al odio o la violencia por motivos de orientación sexual o identidad de género; que la ECRI ha recomendado que se modifique el Código Penal para que cubra estos motivos y se consideren circunstancias agravantes;

AJ.  Considerando que el Parlamento reconoce el liderazgo y la voluntad política de las autoridades ucranianas para ofrecer protección suficiente en las manifestaciones nacionales del Orgullo; que, no obstante, la incitación al odio y los delitos de odio contra las personas LGBTI siguen siendo generalizados y que la protección policial no está siempre disponible, lo que queda demostrado por los violentos ataques ocurridos durante el Orgullo de Kiev, en el que los manifestantes no pudieron disfrutar plenamente de su derecho universal a la libertad de reunión pacífica desde una situación de protección frente a la violencia;

AK.  Considerando que el AA/ALCAP perseguía el objetivo de aproximar el Derecho nacional de Ucrania y sus normas nacionales a las de la Unión, también en el ámbito social; que, a pesar de estos compromisos, la aplicación del AA/ALCAP en el plano social sigue sin ser satisfactoria; que Ucrania ha ratificado los principales instrumentos internacionales, pero sigue sin aplicarlos;

AL.  Considerando que, pese a las obligaciones en virtud del AA y los numerosos llamamientos de los sindicatos al Gobierno para que aplique las medidas necesarias para impulsar el diálogo social, el concepto de consulta tripartita sigue siendo básicamente disfuncional; que, transcurrida más de una década desde su creación, el Consejo Económico y Social Tripartito Nacional (NTSEC) sigue siendo débil e ineficaz, sin tener influencia real en el diálogo social, y sufre una falta de personal y una incoherencia constantes en la coordinación de sus actividades; que en 2019, solo un tercio de los 177 sindicatos ucranianos inscritos en el Ministerio de Justicia tuvo la posibilidad de participar en la negociación colectiva;

Valores comunes y principios generales

1.  Señala que el AA/ALCAP es un reflejo del objetivo que comparten la Unión y Ucrania de avanzar hacia la asociación política y la integración económica, y que puede servir como un programa de reforma, y destaca su importancia primordial, especialmente en estos tiempos excepcionales; anima a aplicar plenamente el Acuerdo y a aprovechar su potencial; insta asimismo a las autoridades ucranianas a que mantengan su aplicación como prioridad en su agenda, a pesar de los desafíos que plantea la pandemia de COVID-19; insiste en que la ayuda de la Unión a Ucrania está supeditada a una estricta condicionalidad y reitera la necesidad de que Ucrania muestre un compromiso renovado con la reforma y con el respeto de los principios de la Unión; recuerda la necesidad de actualizar el AA/ALCAP, tomar debidamente en consideración la evolución de los marcos normativos y las necesidades de desarrollo económico, y reforzar los mecanismos de seguimiento; recomienda que la Unión y Ucrania aprovechen la próxima revisión periódica de la consecución de los objetivos del AA para examinar las posibilidades de actualizar los elementos comerciales y sectoriales;

2.  Acoge con satisfacción los paquetes de asistencia sin precedentes, incluida la ayuda macrofinanciera, puestos a disposición de Ucrania por la Unión, como parte del Equipo Europa, para facilitar a los países socios la tarea de afrontar la emergencia de la COVID-19; señala que se trata de una demostración crucial de la solidaridad de la Unión en un momento de crisis sin precedentes; pide a las autoridades ucranianas que creen un clima propicio para las inversiones y que apliquen rápidamente las condiciones acordadas para el desembolso de la ayuda macrofinanciera de la Unión, establecidas en el Memorando de Entendimiento; recuerda al Gobierno de Ucrania que el desembolso, en diciembre de 2020, de 600 000 000 EUR, el primer tramo de la ayuda macrofinanciera, que asciende a 1 200 000 000 EUR, sin ningún tipo de condiciones políticas específicas, fue una excepción puntual atribuida a la naturaleza urgente de esta ayuda, y que no debe utilizarse indebidamente para dar marcha atrás en relación con las reformas acordadas;

3.  Se declara satisfecho de que las misiones de observación electoral de la OSCE/OIDDH, en las que participó el Parlamento Europeo, hayan evaluado las elecciones presidenciales y parlamentarias ucranianas de 2019 en general como competitivas, adecuadamente administradas y gestionadas de manera eficiente, lo que confirma la adhesión de Ucrania a los valores democráticos de la Unión y es especialmente notable en el marco de los actuales esfuerzos rusos por desestabilizar Ucrania; insta a las autoridades ucranianas a que subsanen las deficiencias detectadas en las declaraciones de los jefes de las delegaciones del Parlamento Europeo y a que sigan las recomendaciones recogidas en los informes finales de las misiones de observación electoral de la OSCE/OIDDH; sigue observando atentamente en qué medida se respetan las normas democráticas de celebración de elecciones libres y justas en Ucrania, cuando el país ha celebrado sus primeras elecciones locales tras la celebrada reforma de descentralización; pide al Gobierno ucraniano que garantice campañas electorales libres y justas, sin métodos inadecuados para financiar las campañas, en las que no haya margen para la compra de votos; destaca que el proceso electoral y el proceso de votación en la cita electoral deben garantizar normas de seguridad más estrictas y prever medidas de seguridad especiales para impedir la propagación de la COVID-19; observa que, durante las elecciones parlamentarias anticipadas de 2019 en Ucrania, se estableció una delimitación en distritos electorales de mandato único de un modo que no favoreció la representación de las minorías nacionales; observa que en algunas regiones, como Transcarpatia, se han observado abusos electorales, como la presentación de candidatos «clónicos», lo que redujo las opciones de los miembros de la minoría húngara para acceder al Parlamento;

4.  Acoge con satisfacción el nuevo código electoral adoptado en diciembre de 2019, incluidas sus disposiciones sobre los derechos de los desplazados internos; recuerda, sin embargo, que las continuas enmiendas al código electoral durante un proceso electoral en marcha contravienen las recomendaciones de la Comisión de Venecia, provocan inseguridad jurídica y repercuten negativamente en la labor de las comisiones electorales; insta a Ucrania a que continúe combatiendo las campañas ilegales, la compra de votos, el uso inadecuado de recursos administrativos y la inseguridad jurídica que rodea a las campañas en las redes sociales;

5.  Insiste en que debe mejorarse el código electoral y ajustarse a las normas internacionales, a fin de abordar cuestiones tales como las campañas en las redes sociales, la transparencia del gasto electoral y el acceso de candidatos independientes al proceso electoral; destaca asimismo que, en lo que respecta a las elecciones locales, es importante eliminar los obstáculos burocráticos para que los desplazados internos puedan inscribirse para votar, fijar un techo económico para las campañas y habilitar la participación de candidatos individuales, replanteándose también el plan de introducir un depósito de efectivo para los candidatos de pequeñas comunidades;

Reformas y marco institucional

6.  Destaca la importancia de las reformas prodemocráticas y de la confianza en las instituciones como el mecanismo de seguridad más eficiente; pide a la Comisión que use los mecanismos en vigor para facilitar y apoyar la aplicación de las reformas por parte de Ucrania; sugiere el desarrollo y la aplicación, en estrecha colaboración con la sociedad civil, de mecanismos cualitativos y cuantitativos para supervisar la aplicación de las reformas por parte de Ucrania, incluidos criterios de referencia, recomendaciones y principios de condicionalidad claros que se utilicen para mejorar la metodología de los informes de aplicación anuales, que deberían llegar a ser herramientas eficaces de orientación para las reformas;

7.  Hace hincapié en la necesidad de contar con mecanismos de dirección y notificación actualizados para evaluar los avances logrados por Ucrania, en particular, en los ámbitos de la reforma de la justicia, la lucha contra la corrupción, las empresas de propiedad estatal, la gobernanza empresarial y las reformas energéticas, que se vincularían a las ayudas económicas y a la inversión;

8.  Recomienda centrarse en un número limitado de prioridades sobre las que se concentren los esfuerzos políticos, la ayuda financiera y la asistencia técnica, con miras a reforzar de manera efectiva la capacidad institucional necesaria para garantizar el éxito a largo plazo de las reformas, no solo en el ámbito legislativo, sino también en la práctica; apoya el refuerzo de la cooperación sectorial entre la Unión y Ucrania en ámbitos prioritarios, como la economía digital, la energía, el cambio climático y el comercio; celebra el objetivo de Ucrania de aproximarse a las políticas del mercado único digital de la Unión y del Pacto Verde Europeo, aplicando el acervo pertinente;

9.  Reconoce la condición de socio de Ucrania y los demás signatarios de acuerdos de asociación y zonas de libre comercio de alcance amplio y profundo, y pide que se intensifique el diálogo político con ellos para avanzar más en la integración económica y la armonización legislativa; invita a la Unión, de conformidad con el principio de «más por más», a que estudie la posibilidad de crear para los tres países socios, incluida Ucrania, una estrategia de cooperación reforzada en materia de reformas e inversiones, que se supeditaría a los ámbitos del desarrollo de la capacidad de inversión, el transporte, la energía, la justicia y la economía digital, entre otros, y allanaría el camino a una agenda ambiciosa de integración en la Unión; invita a la Comisión a que presente para Ucrania y otros países asociados a la Unión, en coordinación con las instituciones financieras internacionales, una propuesta económica y de inversión pormenorizada, condicional y a medida, en el contexto de abordar las consecuencias de la pandemia de COVID-19, antes de que finalice 2020; pide asimismo a las instituciones de la Unión que analicen la posibilidad de incluir a Ucrania y a los demás países asociados en calidad de observadores en los procedimientos de los comités establecidos en virtud del artículo 291 del TFUE, y del Reglamento (UE) n.º 182/2011(7), así como en las reuniones de los grupos de trabajo y comités del Consejo, para demostrar el compromiso de la Unión por seguir profundizando en la integración y reforzando la orientación a las reformas y el saber hacer administrativo de los países;

10.  Apoya la revisión exhaustiva del AA/ALCAP conforme a las disposiciones del Acuerdo y con miras a utilizar al máximo su potencial de asociación política e integración económica, incluida la integración sectorial mejorada de Ucrania con la Unión;

11.  Pide a la Comisión que mejore los aspectos olvidados de los AA/ALCAP en relación con ámbitos políticos importantes, como la integración de la perspectiva de género y el tratamiento de las crisis sanitarias, y que vele por que no sean contrarios a la necesidad imperiosa de acciones en materia de medio ambiente y por el clima o las iniciativas en el marco del Pacto Verde Europeo;

12.  Pide a la Comisión que apoye las inversiones en sectores con potencial para el desarrollo, el crecimiento y la competitividad en la Unión y susceptibles de fomentar aún más la diversificación económica, como la energía sostenible y el clima, el mercado único digital y la ciberseguridad, y el transporte;

13.  Acoge con satisfacción los avances logrados por Ucrania en el cumplimiento de los compromisos del país consagrados en el AA, sobre todo en los ámbitos de la agricultura, la energía, la banca, la descentralización, la economía digital, el medio ambiente y los procedimientos electorales; observa, no obstante, que con arreglo al mecanismo de revisión del AA («Pulso del AA»), solo el 37 % de las tareas relacionadas con la aplicación del AA se habían completado en 2019 (una reducción desde el 52 % registrado en 2018); reconoce los intentos realizados en la segunda mitad de 2019 para acelerar el ritmo de las reformas, pero insta a las instituciones ucranianas a que no prioricen la velocidad del proceso legislativo frente a la calidad de la legislación que se adopte e insiste en la importancia de continuar aplicando sus compromisos;

14.  Subraya, a este respecto, que Ucrania no debe ignorar el hecho de que el nivel de apoyo político, técnico y financiero de la Unión dependerá de la medida en que satisfaga los compromisos adquiridos con la Unión y sus Estados miembros, en particular en lo relativo al proceso de reforma, el respeto de los derechos humanos, las minorías y las libertades fundamentales y el establecimiento de un Estado de Derecho real y efectivo;

15.  Acoge con satisfacción la Hoja de ruta conjunta del Gobierno y el Parlamento adoptada en 2018 y la creación de una plataforma conjunta para la integración europea en noviembre de 2019, y espera que estas iniciativas logren mejorar la coordinación entre las distintas instituciones implicadas en el diseño, la adopción y la aplicación de las reformas; anima al Parlamento y al Gobierno de Ucrania a que utilicen este instrumento con mayor eficiencia y revisen su cooperación en la aplicación de los compromisos relacionados con el AA y la aproximación legislativa, con miras a maximizar las sinergias, en particular en lo que respecta a conocimientos especializados de la legislación de la Unión y las evaluaciones de conformidad;

16.  Felicita a Ucrania por los avances logrados en la reforma de su administración pública y destaca la importancia de no aminorar el ritmo de los avances adicionales y de someter lo antes posible toda designación temporal durante el período de la COVID-19 a procedimientos de contratación basados en los méritos; es consciente del importante desafío que ello representa para la gobernanza, las instituciones y la administración pública de Georgia, y anima a la Comisión a que preste apoyo técnico y financiero adecuado;

17.  Acoge con satisfacción los logros de la reforma sobre la descentralización y el empoderamiento de los municipios que comenzó en 2014, que ha demostrado ser una de las reformas más exitosas hasta la fecha; reconoce el apoyo del programa U-LEAD, que ha dado lugar a la formación de casi mil fusiones voluntarias de comunidades locales con alrededor de 11,7 millones de ciudadanos; valora positivamente las medidas adoptadas hasta la fecha para descentralizar las finanzas y los poderes públicos, mediante un paquete de actos jurídicos y su aplicación práctica; pide a la Comisión que estudie atentamente los detalles de la reforma sobre la descentralización y que la utilice, si procede, como un estudio de caso positivo para otros países;

18.  Insta a Ucrania a culminar la reforma de descentralización, en el marco de un diálogo amplio y abierto, en particular con las administraciones autónomas locales y sus asociaciones, con el objetivo de aumentar la autonomía y las competencias de las administraciones locales e impulsar intercambios periódicos entre la administración central y las asociaciones nacionales de administraciones locales y regionales, sobre cualquier política que pueda tener un impacto a escala territorial;

19.  Celebra la organización de la primera vuelta de elecciones locales, el 25 de octubre de 2020, con una participación superior al 36 %, que fueron libres y justas, si bien se celebraron en paralelo a una consulta pública que, según la OSCE/OIDDH, generó una ventaja política indebida y difuminó la separación existente entre Estado y partido; pide a las autoridades estatales que respeten la autonomía de la administración local y que apoyen las capacidades administrativas de municipios y ciudades; pide que se introduzca el concepto de «entidad pública territorial» como persona jurídica, que es la práctica establecida en la Unión y reconocida en la Carta Europea de Autonomía Local; celebra el cambio introducido en el código presupuestario con una garantía de una cuota del 60 % del impuesto sobre la renta de las personas físicas como contribución necesaria para unas finanzas públicas saneadas a nivel local; advierte contra el establecimiento de estructuras paralelas a nivel local que pudieran dar lugar a luchas por las competencias, y sugiere que se estudie la posibilidad de asignar competencias dobles a los cargos públicos, que asumirían las competencias locales y, al mismo tiempo, ejercerían como autoridad estatal de menor rango; toma nota de la Resolución de la Rada Suprema, de 17 de julio de 2020, sobre la formación y liquidación de raiones en la que se señala que las disposiciones relativas a la consolidación de raiones también se aplicarán, como norma, en los territorios de Crimea y en los distritos de las regiones de Donetsk y Luhansk no controlados actualmente por el Gobierno de Ucrania;

Cooperación en el ámbito de la política exterior y de seguridad común (PESC)

20.  Reconoce la experiencia y conocimientos especializados únicos de Ucrania, y acoge con satisfacción su participación en misiones, grupos de combate y operaciones de la política común de seguridad y defensa (PCSD), sus contribuciones a los grupos de combate de la UE y su creciente alineación con las declaraciones y manifestaciones de la Unión sobre cuestiones internacionales y regionales, al igual que sus aportaciones, y felicita asimismo a Ucrania por su nueva condición de socio de oportunidades mejoradas de la OTAN;

21.  Acoge favorablemente las medidas satisfactorias adoptadas en el ámbito de la cooperación científica y tecnológica, incluida la industria espacial, y en el ámbito de la defensa, en especial la convergencia en los segmentos operativos, educativos e institucionales, y en la aplicación de los cambios internos necesarios en estos sectores; alaba la voluntad de Ucrania de participar en el Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión «Horizonte Europa» y en los programas de investigación de la Agencia Espacial Europea; observa la fructífera cooperación entre el Ministerio de Defensa de Ucrania y la Agencia Europea de Defensa (AED), y anima a seguir desarrollándola; pide a la Unión y a Ucrania que impulsen la cooperación en materia de seguridad y defensa y presten especial atención al conflicto del este de Ucrania y a los intentos de Rusia de minar la soberanía de Ucrania y violar su integridad territorial, por medio de la reconciliación, la cooperación en el ámbito de la ciberseguridad y la lucha contra la desinformación, y trabajando para fortalecer la resiliencia de familias, comunidades e instituciones estatales;

22.  Respalda la posible participación de Ucrania en proyectos concretos de la PCSD, incluida la cooperación con la AED y, en particular, la Cooperación Estructurada Permanente (CEP), siempre que cumpla un conjunto acordado de condiciones políticas, sustantivas y jurídicas, como en el caso de otros terceros países; celebra la reciente decisión de la Unión de invitar a Ucrania a que participe en la operación ALTHEA en Bosnia y Herzegovina y anima a ambas partes —la Unión y Ucrania— a que continúen ampliando la participación de Ucrania en misiones y operaciones de la Unión;

23.  Celebra la cooperación mejorada entre las autoridades ucranianas y los sectores público y privado de la Unión para combatir las amenazas híbridas, que proceden principalmente de Rusia y tienen como fin, entre otros objetivos, difundir información falsa, incitar a la violencia y promover sentimientos antigubernamentales y antieuropeos; considera oportuno y adecuado que la Unión y Ucrania inicien lo antes posible un diálogo sobre cuestiones cibernéticas, y apoya la idea de ampliar el alcance del diálogo en materia de seguridad y defensa con el fin de poder reaccionar adecuadamente a amenazas actuales y futuras, en particular en consonancia con la estrategia global de seguridad de la Unión;

Integridad territorial y soberanía de Ucrania

24.  Reitera el apoyo inquebrantable de la Unión a la independencia, soberanía e integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente, y el compromiso de la Unión a este respecto, así como su respaldo a la sanción coordinada internacionalmente del Gobierno ruso y de los agentes que socavan la soberanía y la integridad territorial del país, hasta que se cumplan todas las condiciones pertinentes para el levantamiento de las sanciones, incluida la plena aplicación de los Acuerdos de Minsk y la restauración de la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente;

25.  Reitera su condena a la anexión ilegal de Crimea y Sebastopol y a la ocupación de facto de determinadas zonas de Donetsk y Luhansk; pide a la Federación de Rusia que cumpla sus obligaciones internacionales, retire sus fuerzas militares del territorio de Ucrania y aplique por completo las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la integridad territorial de Ucrania y sobre Crimea y Sebastopol;

26.   Subraya que todo acuerdo con la Federación de Rusia debe respetar la plena aplicación de los Acuerdos de Minsk y el cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas sobre el estatuto de Crimea y el respeto de la integridad territorial de Ucrania por parte de la Federación de Rusia;

27.  Celebra que el 9 de diciembre de 2019 se reanudaran en París las conversaciones de paz con arreglo al formato del cuarteto de Normandía, tras un bloqueo de tres años; insta a todas las partes a que respeten el acuerdo de alto el fuego; destaca la importancia de identificar más zonas de distensión, de las actividades de retirada de minas y de la apertura de puestos fronterizos a lo largo de la línea de contacto, y pide a Rusia que utilice su influencia decisiva sobre las formaciones armadas que respalda para que respeten y apliquen completamente los compromisos contraídos en el marco de los Acuerdos de Minsk y las recientes reuniones del cuarteto de Normandía y del Grupo de contacto tripartito sobre Ucrania; reitera, tal y como se acordó en Minsk y en la llamada «Fórmula Steinmeier», que las elecciones locales en las zonas ocupadas del este de Ucrania deben celebrarse conforme a la legislación ucraniana y bajo la supervisión de la OSCE; subraya que en la situación actual no se han cumplido las condiciones para celebrar unas elecciones libres y justas en Donetsk y Luhansk; lamenta las observaciones realizadas por altos cargos de la delegación ucraniana en el Grupo de contacto sobre Ucrania negando la participación militar rusa en el conflicto de la región de Donbas;

28.  Condena firmemente las acciones de desestabilización y la participación militar de Rusia en Ucrania; expresa su preocupación por el refuerzo en curso de instalaciones y centros militares de Rusia en la península de Crimea, incluidos más de 30 000 efectivos, nuevos sistemas de misiles tierra-aire y tierra-tierra y submarinos y bombarderos estratégicos con potencia nuclear; condena las acciones ilegales de Rusia encaminadas a tomar el control del estrecho de Kerch, pues constituyen una infracción del Derecho marítimo internacional y los compromisos internacionales contraídos por Rusia, en particular la construcción del puente de Kerch y de su enlace ferroviario sin el consentimiento de Ucrania, el tendido de cables submarinos y el cierre y la militarización del mar de Azov, que lastra gravemente las actividades económicas ucranianas; insta a la Federación de Rusia a que garantice el paso libre y sin obstáculos hacia el mar de Azov y desde él, de conformidad con el Derecho internacional, y el acceso para las organizaciones no gubernamentales internacionales y las organizaciones humanitarias internacionales a los territorios ucranianos ocupados de Donbas y la Crimea anexionada; recuerda, en este sentido, que el régimen ruso de inspección marítima puesto en marcha en 2018 para todos los buques que atraviesan el estrecho de Kerch, controlado por Rusia, en su camino hacia y desde el Mar de Azov sigue teniendo consecuencias económicas negativas para la región; reclama la liberación de los presos políticos y prisioneros de guerra ucranianos en Rusia, Crimea y las zonas de Donbas no controladas por el Gobierno de Ucrania; expresa su preocupación, sin embargo, por la inclusión forzada de ciudadanos rusos sospechosos de haber participado en el derribo del vuelo MH17 de Malaysia Airlines en el intercambio de prisioneros entre Ucrania y Rusia;

29.  Insiste en la necesidad de una solución política al conflicto en el este de Ucrania; pide a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) que redoblen sus esfuerzos por la resolución pacífica del conflicto, apoyando la labor de todas las partes en el proceso de paz, y que aumenten las medidas de refuerzo de la confianza y respalden un mandato para el despliegue de una misión de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en el territorio ocupado de Ucrania; solicita que, una vez que la situación lo permita, y como parte de la plena aplicación de los Acuerdos de Minsk, se proponga a las partes en conflicto el despliegue de una misión civil de la PCSD encabezada por la Unión para prestar apoyo en labores como la retirada de minas, los preparativos para elecciones locales y la garantía del libre acceso de las organizaciones de ayuda humanitaria; pide a las instituciones de la Unión, en paralelo, que se preparen para aumentar las sanciones contra Rusia si la situación así lo requiriera, también si Rusia no cumple sus obligaciones en virtud del Protocolo de Minsk, en especial en lo relativo al historial de seguridad;

30.  Conmina a Ucrania a que cumpla sus compromisos sobre la reforma de los controles estatales de las exportaciones, conforme a los requisitos y normas de la Unión, y sobre la aplicación de una política de sanciones coherente y sistemática; pide al SEAE y a la Comisión que mejoren la supervisión de la aplicación de las sanciones de la Unión, incluida una mejor supervisión de las actividades de las autoridades de los Estados miembros encargadas de aplicar las normas comunes de la Unión;

31.  Pide al SEAE que desempeñe un papel más activo para la Unión, representada por el vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, en la resolución pacífica de la guerra en curso en el este de Ucrania, también en el marco del formato del cuarteto de Normandía; recomienda que se estudie la posibilidad de nombrar a un enviado especial de la Unión para Crimea y la región de Donbas;

32.  Pide una vez más un formato internacional de negociaciones sobre el cese de la ocupación de la península de Crimea con la participación activa de la Unión; pide al AR/VP, a la Comisión y a los Estados miembros que presten todo el apoyo necesario al establecimiento de una Plataforma Internacional de Crimea, que permitiría coordinar, formalizar y sistematizar los esfuerzos encaminados a restablecer la integridad territorial de Ucrania; considera importante implicar en las actividades de la plataforma al Congreso del Pueblo Tártaro de Crimea (Mejlís), como único órgano representativo de los tártaros de Crimea reconocido internacionalmente;

33.  Recuerda entretanto que, según el Derecho internacional humanitario, la Federación de Rusia, en calidad de Estado ocupante, es la máxima responsable de satisfacer las necesidades de la población de la península ucraniana temporalmente ocupada de Crimea, incluido su suministro de agua; señala asimismo que, según el Cuarto Convenio de Ginebra, del que Rusia es Parte, una potencia ocupante no puede obligar a los residentes del territorio ocupado a servir en sus fuerzas armadas o auxiliares;

34.  Condena a la Federación de Rusia por el asentamiento de ciudadanos rusos en la Crimea ocupada y en los territorios de Donetsk y Luhansk, perturbando de esta manera el equilibrio entre los titulares de pasaportes rusos y los ucranianos, la expedición continua de pasaportes rusos a los residentes de los territorios de Ucrania ocupados de forma temporal, en violación de la soberanía de Ucrania y de los objetivos y disposiciones de los acuerdos de Minsk, así como sus intentos de organizar elecciones locales en la República Autónoma de Crimea, en Ucrania, el 13 de septiembre de 2020; afirma que la elección del gobernador de Sebastopol fue ilegal y vulneró el Derecho internacional, al igual que la votación de los representantes del llamado Consejo Estatal de la «República de Crimea», la denominada Asamblea Legislativa de la ciudad de Simferópol y el llamado Consejo Rural de la región de Rozdolne; pide a la Unión que imponga sanciones a los responsables de organizar y celebrar las votaciones; lamenta el reclutamiento por Rusia de hombres jóvenes en la Crimea ocupada para que sirvan en las fuerzas armadas rusas, de los que el 85 % han sido enviados para servir en la Federación de Rusia; pide a Rusia que deje de reclutar a ciudadanos de Crimea y que respete plenamente sus obligaciones en virtud de los Convenios de Ginebra;

35.  Expresa su pleno apoyo a todos los esfuerzos encaminados a que las 298 víctimas del derribo del vuelo MH17 de Malaysia Airlines por un misil tierra-aire suministrado por Rusia, y sus familiares, obtengan justicia, incluidos el procedimiento penal respaldado internacionalmente contra cuatro sospechosos con arreglo al Derecho neerlandés y el caso presentado contra Rusia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos; elogia a Ucrania por su continua colaboración en el marco del equipo conjunto de investigación para establecer la verdad, identificar a los sospechosos y llevar a los responsables ante la justicia; condena la retirada unilateral de Rusia de las consultas tripartitas con Australia y los Países Bajos para averiguar la verdad; pide a Rusia la máxima cooperación en todos los esfuerzos en curso por garantizar la rendición de cuentas de todo particular o entidad implicado en el derribo del vuelo MH17, por ejemplo, reanudando el diálogo para averiguar la verdad con Australia y los Países Bajos, garantizando su cooperación con la demanda interestatal presentada por los Países Bajos contra Rusia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con este asunto y mediante la extradición de Volodymyr Tsemakh a los Países Bajos; insta a Rusia a que deje de promover la desinformación con respecto al vuelo MH17;

36.  Pide a Ucrania que ayude al Gobierno central de Moldavia en sus esfuerzos por recuperar el control de Transnistria, sobre la base de la integridad territorial de Moldavia;

37.  Toma nota de la adopción por el Parlamento ucraniano de la ley de seguridad nacional, en junio de 2018, y de la ley de contratación en materia de defensa y de inteligencia, en 2020; insta, no obstante, a la adopción de legislación adicional encaminada a limitar las competencias del servicio de seguridad de Ucrania (SSU), con el fin de transformarlo en una mera agencia de contrainteligencia y lucha contra el terrorismo, y a establecer un control parlamentario sobre la totalidad del sector de la seguridad;

Libertad, seguridad, justicia y lucha contra la corrupción

38.  Reitera que la obtención de resultados tangibles en la lucha contra la corrupción es esencial para mantener entre los ciudadanos un elevado nivel de apoyo al proceso de reformas, y para mejorar el entorno empresarial y atraer inversión extranjera directa; anima a las autoridades ucranianas a seguir avanzando en las reformas, en particular en el ámbito del Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción, y a garantizar la independencia y el trabajo continuo de las principales instituciones de lucha contra la corrupción; celebra, a este respecto, la reconstitución de la Agencia Nacional para la Prevención de la Corrupción (NAPC) y la entrada en vigor de las nuevas leyes sobre el enriquecimiento ilícito y sobre los denunciantes en enero de 2020, así como el inicio de las operaciones del Tribunal Superior Anticorrupción en septiembre de 2019;

39.  Manifiesta, no obstante, su preocupación por el resultado de la sentencia del Tribunal Constitucional de 27 de octubre de 2020, que creó una laguna jurídica en la arquitectura ucraniana de lucha contra la corrupción y debilitó gravemente la NAPC; reconoce los esfuerzos activos iniciados por el presidente Zelenski y realizados por las partes interesadas políticas para restablecer la legislación y la credibilidad de la arquitectura ucraniana de lucha contra la corrupción; insta a las autoridades ucranianas a que prosigan sus esfuerzos para restablecer una arquitectura institucional plenamente operativa, eficaz y completa para luchar contra la corrupción, también en el seno del poder judicial, al tiempo que se preserva plenamente la independencia de este último de los poderes ejecutivo y legislativo; subraya que una NAPC plenamente capacitada desempeña un papel crucial en este contexto y que la sentencia del Tribunal Constitucional no debe utilizarse como pretexto para debilitarla o ignorarla; expresa su profunda preocupación por los aparentes intentos, impulsados por intereses adquiridos, de socavar los logros del país en relación con la lucha contra la corrupción y con las reformas democráticas en general, en particular mediante la recuperación del poder político por parte de algunos oligarcas ucranianos, que ha contribuido a debilitar la mayoría orientada a reformas en la Rada Suprema, como demuestran también las dificultades encontradas para colmar la laguna legislativa creada a raíz de la polémica sentencia del Tribunal Constitucional de 27 de octubre de 2020; insta a todos los agentes políticos a que renueven su compromiso con las reformas exigidas por los votantes ucranianos, que son cruciales para reforzar el Estado de Derecho, erradicar la corrupción y lograr una mayor prosperidad para la población ucraniana

40.  Destaca la importancia de garantizar la independencia del Tribunal Superior Anticorrupción y de otras instituciones de lucha contra la corrupción, y pide que se adopte un enfoque objetivo e imparcial en las actividades de las instituciones anticorrupción con el fin de garantizar la confianza y el apoyo público en la lucha contra la corrupción; reconoce las primeras sentencias dictadas y la observancia de estrictas normas profesionales por el Tribunal Superior Anticorrupción; pide, no obstante, que se intensifique el trabajo de dicho Tribunal con el fin de aumentar la tasa de condenas, también en los casos de alto nivel;

41.  Expresa su satisfacción por el trabajo de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU), posiblemente una de las instituciones anticorrupción más eficaces del país; insiste asimismo en la necesidad de reforzar la independencia de la NABU; insta a que la ley sobre la NABU se ajuste a la Constitución y a la reciente resolución del Tribunal Constitucional, y a que se establezcan procedimientos de selección transparentes, despolitizados y basados en el mérito para los máximos responsables de la NABU y de la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO), así como de la Oficina Estatal de Investigaciones (SBI), incluida una comprobación creíble de la integridad;

42.  Lamenta los intentos de atacar y socavar las instituciones de lucha contra la corrupción por parte de diputados de la Rada Suprema, en particular los intentos por echar al director de la NABU y el opaco proceso de selección del director de la SAPO; observa la falta de protección de los activistas de ONG y periodistas que destapan y denuncian la corrupción, y reclama la aplicación efectiva de la nueva ley sobre la protección de los denunciantes, que entró en vigor en enero de 2020;

43.  Celebra el proyecto de estrategia de lucha contra la corrupción para 2020-2024 y espera que la Rada Suprema apruebe pronto esta estrategia integral, manteniendo todos los elementos cruciales del proyecto; reconoce las distintas formas de presión y sabotaje dirigidas contra las instituciones anticorrupción, reflejo de una lucha contra la corrupción cada vez más eficaz y satisfactoria; insiste en que las instituciones de lucha contra la corrupción —la NABU, la SAPO y el Tribunal Superior Anticorrupción— deben seguir siendo independientes y eficaces y contar con los recursos adecuados; elogia la adopción, en diciembre de 2019, de la nueva ley contra el blanqueo de capitales, que refuerza la transparencia de las estructuras de propiedad empresarial en Ucrania y supone una mejora sustancial del marco jurídico pertinente;

44.  Expresa su preocupación por el alto grado de presión política sistemática y por los actos de intimidación contra el presidente del Banco Nacional de Ucrania que, por desgracia, no fueron los primeros y que condujeron a su dimisión en julio de 2020; conmina a las autoridades ucranianas a que se abstengan de ejercer presión política sobre las instituciones económicas independientes y las fuerzas y cuerpos de seguridad, y a que se aseguren de que su independencia se mantiene como garantía para el correcto funcionamiento del mercado y la igualdad de condiciones para todos los agentes económicos;

45.  Lamenta que el poder judicial siga siendo una de las instituciones en las que menos se confía en Ucrania y muestra su grave preocupación por el estado en que se encuentra tras la reforma de octubre de 2019, que dio lugar al desmantelamiento y reconstitución de la Alta Comisión de Cualificación de la Magistratura (HQCJ) y tuvo como consecuencia que se detuviera el proceso de reevaluación y contratación de jueces, mientras quedan vacantes unas 2 000 plazas de juez; lamenta que, en el pasado, la HQCJ no tuviera en cuenta la opinión del Consejo de Integridad Pública en su reevaluación de los jueces, y le insta a que lo haga al objeto de cubrir las vacantes en los tribunales de instancias inferiores con jueces que cumplan las normas éticas y de integridad, de plena conformidad con el dictamen n.º 969/2019 de la Comisión de Venecia; insiste en que se restablezca cuanto antes la HQCJ sobre la base de una modificación de la Ley n.º 3711 de conformidad con la Resolución n.º 4-p/2020, de 11 de marzo de 2020, del Tribunal Constitucional ucraniano, a fin de establecer una HQCJ independiente sobre la base de un procedimiento de selección transparente, con la participación de expertos internacionales; considera que una HQCJ empoderada debe ser capaz de llevar a cabo eficazmente la selección de nuevos jueces y el examen de los jueces en ejercicio, de conformidad con las normas y procedimientos adoptados por la propia HQCJ, conforme a su mandato; insiste enérgicamente en la comprobación de la integridad del Consejo Supremo de la Justicia (HCJ), que no se ha reformado; insta a las autoridades ucranianas a que prosigan y aceleren la reforma del poder judicial para no socavar la labor de las instituciones anticorrupción de reciente creación, a que se abstengan de realizar juicios por motivos políticos y la instrumentalización del poder judicial contra la oposición política, y a que completen el marco jurídico para luchar contra la delincuencia organizada;

46.  Pide a la Comisión que desarrolle las herramientas ya existentes, así como las nuevas, en el ámbito del Estado de Derecho y de la buena gobernanza para supervisar y evaluar los avances logrados por Ucrania, en particular el cuadro de indicadores de la justicia en la UE y el mecanismo sobre el Estado de Derecho, a fin de garantizar un estrecho control de las reformas en curso y la detección adecuada y la corrección de posibles deficiencias en estas reformas;

47.  Acoge con satisfacción la reforma de la Fiscalía General iniciada en septiembre de 2019, y pide que se complete la acreditación de los fiscales, garantizando así que los nuevos fiscales de todas las instancias se seleccionan en un proceso transparente y políticamente imparcial; anima a las autoridades ucranianas a que refuercen la lucha contra la delincuencia organizada y mejoren el marco legislativo, así como la cooperación y la coordinación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad responsables;

48.  Pide encarecidamente a las autoridades ucranianas que se abstengan de seguir con su mala práctica previa de emprender acciones judiciales por motivos políticos; subraya, a este respecto, que las divergencias sobre cuestiones políticas deben abordarse en los foros políticos competentes en lugar de en el ámbito judicial;

49.  Manifiesta su preocupación por el hecho de que la Comisión haya clasificado a Ucrania como país prioritario de «categoría 2», lo que denota insuficiencias en la protección y el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual (DPI); destaca la necesidad de reforzar las infraestructuras y los controles aduaneros para prevenir mejor la entrada y el tránsito de productos falsificados en Ucrania y dentro del país; pide a la Comisión que siga prestando asistencia a Ucrania en la elaboración de nuevos proyectos de ley sobre DPI;

50.  Pide al Gobierno ucraniano que continúe investigando los delitos cometidos por miembros de las fuerzas ucranianas contra activistas durante las protestas del Euromaidán, y que se haga justicia inmediatamente a las víctimas y sus familias;

51.  Insta a Ucrania a ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y el Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica;

52.  Acoge favorablemente las enmiendas al Código Penal ucraniano que definen la violación y la violencia sexual a través de la ausencia de consentimiento, e insta a que se desarrolle sin demora una metodología para investigar los delitos de violencia sexual; lamenta que, debido a la falta de dicha metodología, no se enjuiciaran casos de violación o violencia sexual por motivos de ausencia de consentimiento en 2019;

Derechos humanos y libertades fundamentales

53.  Condena enérgicamente las violaciones a gran escala y continuas de derechos humanos y libertades fundamentales, como la libertad de expresión, religión o creencias y asociación, así como del derecho de reunión pacífica, perpetradas por las fuerzas de ocupación rusas en el territorio ocupado temporalmente de Crimea y por los grupos armados respaldados por Rusia en las zonas no controladas por el Gobierno de Donbas, en particular el reclutamiento forzoso, la deportación, la expedición ilegal y forzosa de pasaportes, las restricciones a los derechos educativos y lingüísticos, las detenciones arbitrarias, la tortura y otras duras condiciones de detención, así como medidas restrictivas como el cierre unilateral de puestos fronterizos y la denegación de acceso a las misiones humanitarias de las Naciones Unidas, lo que es particularmente preocupante durante la actual pandemia;

54.  Recuerda que la vida y el bienestar de los civiles siguen estando amenazados por la guerra en el este de Ucrania y observa que la reducción de las hostilidades en esta zona durante el alto el fuego que entró en vigor el 27 de julio de 2020 contribuyó a una disminución del 53 % de los incidentes de seguridad y a una reducción de las víctimas civiles; acoge con satisfacción el programa «La UE por las Regiones Resilientes», dotado con 30 000 000 EUR, cuyo fin es aumentar la resiliencia del este y del sur de Ucrania frente a los efectos negativos del conflicto actual, incluidas las amenazas híbridas y otros factores de desestabilización;

55.  Expresa, no obstante, su extrema preocupación por el empeoramiento de la situación humanitaria en los territorios orientales que no están controlados actualmente por el Gobierno ucraniano, especialmente a la luz de la actual emergencia de la COVID-19; insta de facto a las autoridades locales a que adopten todas las medidas necesarias para garantizar que se satisfacen las necesidades básicas de la población, incluido el acceso a instalaciones y tratamientos sanitarios de buena calidad, y a que cooperen plenamente con el Gobierno ucraniano legítimo a este fin;

56.  Subraya que, en el este de Ucrania, más de 3,5 millones de personas a ambos lados de la línea de contacto dependen todavía de la asistencia y la protección humanitarias, y deben hacer frente a cortes de agua y apagones eléctricos; observa que la actual pandemia de COVID-19 ha agravado los desafíos a los que se enfrentan estas personas; anima a la Comisión a que, en coordinación con los órganos de las Naciones Unidas, intensifique sus esfuerzos para prestar asistencia durante esta crisis humanitaria, en consonancia con la visión general de las necesidades humanitarias;

57.  Lamenta el empeoramiento de la situación de los derechos humanos en Crimea desde el comienzo de la ocupación, ya que Rusia ha recortado drásticamente las libertades de reunión, expresión, asociación, acceso a la información y religión desde entonces; deplora las políticas discriminatorias impuestas por las autoproclamadas autoridades rusas, en particular contra la minoría étnica tártara de Crimea, así como la conculcación de sus derechos de propiedad y el aumento de los actos de intimidación de esta comunidad y de quienes se oponen a la anexión ilegal, mediante reclutamientos forzosos, persecución, registros, detenciones y desapariciones forzosas, así como la falta de libertad de expresión, de asociación, de religión y de circulación en la península ya mencionada; pide la liberación inmediata e incondicional de todos los ciudadanos ucranianos detenidos y encarcelados ilegalmente en la península de Crimea y en Rusia, en particular los activistas tártaros de Crimea; pide asimismo a Rusia que investigue las atrocidades perpetradas contra los tártaros de Crimea y que garantice y proteja el derecho de los tártaros de Crimea, de los ucranianos y de todas las comunidades religiosas y étnicas a mantener y desarrollar su propia cultura, tradiciones, educación e identidad;

58.  Lamenta que en Ucrania haya aproximadamente 1,5 millones de desplazados internos, lo que lo convierte en el noveno país del mundo en cuanto al número de desplazados internos; afirma que la Federación de Rusia y sus representantes son los principales responsables de ello; pide a las autoridades ucranianas que redoblen los esfuerzos por aliviar el sufrimiento de las personas afectadas por el conflicto y que apliquen medidas para proteger los derechos de los desplazados internos; pide a Ucrania que conceda plenos derechos civiles y políticos a los desplazados internos y que respete las normas internacionales sobre el trato que se ha dispensar a estas personas; hace hincapié en la importancia de proteger y garantizar los derechos de la ciudadanía ucraniana en los territorios ocupados temporalmente, en particular la simplificación de los procedimientos para recibir una pensión y para la obtención de los certificados de nacimiento de los niños, evitando así el riesgo de que se les deje en una situación de apatridia y vulnerabilidad;

59.  Insta a la Misión Especial de Observación de la OSCE a que aplique su mandato y realice intercambios periódicos con las víctimas y los testigos de las persecuciones, los abogados, las ONG y los representantes de los medios de comunicación, como un medio adicional para evaluar la situación en los territorios ocupados temporalmente de Crimea y del este de Ucrania; pide al representante especial de la Unión para los derechos humanos que preste una atención constante a la situación de los derechos humanos en la península de Crimea y en las zonas del este de Ucrania no controladas por el Gobierno;

60.  Observa que el plan de acción quinquenal para la aplicación de la estrategia nacional sobre derechos humanos de Ucrania acaba en 2020 y pide que se lleve a cabo un examen exhaustivo de sus principales logros antes de fijar objetivos para un subsiguiente plan de acción; presta especial atención al apoyo proporcionado por el Gobierno ucraniano al pueblo tártaro de Crimea, y expresa su preocupación por la falta de financiación en el proyecto de presupuesto para 2021, presentado a la Rada Suprema en septiembre de 2020, para el programa de reasentamiento y alojamiento de tártaros de Crimea y de personas de otras nacionalidades deportadas desde el territorio de Ucrania; pide a Ucrania que adopte leyes sobre los pueblos indígenas de Ucrania, sobre el estatuto del pueblo tártaro autóctono de Crimea y sobre la modificación de su Constitución para reconocer la autonomía nacional y territorial del pueblo tártaro de Crimea dentro de Ucrania, y en particular Crimea, que se deriva del derecho inalienable del pueblo tártaro indígena de Crimea a la autodeterminación; pide encarecidamente que las autoridades ucranianas aborden los problemas del único canal de televisión que emite en la lengua tártara de Crimea, ATR, y que ofrezcan un mecanismo estable de asistencia técnica y financiera con el fin de que dicho canal pueda continuar sus emisiones en la Crimea ocupada por Rusia; celebra la iniciativa ucraniana de desarrollar la estrategia para el desarrollo y la popularización de la lengua tártara de Crimea hasta 2032;

61.  Pide al SEAE y a la Comisión que establezcan rápidamente el régimen general de sanciones de la Unión en materia de derechos humanos (una legislación europea similar a la Ley Magnitsky), que permita aplicar sanciones contra particulares y empresas implicados en graves violaciones de los derechos humanos, con especial atención a la situación en los territorios de Ucrania en Crimea y en partes de las regiones de Donetsk y Luhansk ocupados de forma temporal, y sanciones contra los responsables de otros delitos, incluida la corrupción; invita a Ucrania a seguir este ejemplo y a introducir una versión ucraniana de esta ley;

62.  Toma nota de la ley sobre el apoyo al funcionamiento de la lengua ucraniana como lengua estatal, y pide a las autoridades ucranianas que apliquen la ley en el pleno respeto de sus obligaciones internacionales y de conformidad con las recomendaciones contenidas en el dictamen n.º 960/2019 de la Comisión de Venecia, esto es respetando el derecho de las comunidades a desarrollar y a utilizar plenamente su propia lengua y actuando con el máximo grado de consideración y equilibrio hacia las minorías nacionales, sus lenguas y sus derechos a la educación;

63.  Solicita que Ucrania otorgue al comisario encargado de la protección de la lengua oficial, o a cualquier entidad creada para tal fin, competencias para supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales sobre el uso de las lenguas minoritarias y sobre los pueblos indígenas;

64.  Apoya la libertad de creencias, de opinión y de expresión, y destaca la importancia de ofrecer igualdad de acceso a la información a todas las minorías nacionales, étnicas y lingüísticas, como elementos esenciales de cualquier democracia; condena la incitación al odio y la discriminación por razones de etnia o de lengua, así como las noticias falsas o erróneas dirigidas contra las minorías nacionales, étnicas y lingüísticas;

65.  Observa que hacen falta medidas para reforzar la infraestructura de derechos de las minorías y para generar confianza en que los derechos de las minorías se protegerán por ley y en la práctica; señala que dichas medidas deben incluir el refuerzo de la protección jurídica, la mejora de la atención institucional a los problemas de las minorías y el establecimiento de mecanismos de consulta permanentes y más sólidos; expresa su preocupación por el hecho de que las autoridades ucranianas no hayan adoptado medidas adecuadas para atajar la discriminación y la incitación al odio contra grupos minoritarios, especialmente la comunidad romaní, que ha sido víctima de casos de discriminación, violencia por motivos raciales y manifestaciones de intolerancia; pide a Ucrania que refuerce la conmemoración de las víctimas del Holocausto adhiriéndose a la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA) y adoptando y aplicando la definición de antisemitismo de la IHRA; pide a Ucrania, asimismo, que siga conmemorando a las víctimas del totalitarismo; pide a la Comisión que invite a Ucrania a participar en el programa Europa con los Ciudadanos;

66.  Alienta la labor de las fundaciones políticas europeas en el fomento de la próxima generación de dirigentes políticos en Ucrania;

67.  Anima a reforzar el diálogo y la cooperación con las iglesias y comunidades y organizaciones religiosas en ámbitos como la consolidación de la paz y la reconciliación, fortaleciendo de este modo la confianza en una sociedad justa y libre, así como la educación, la atención sanitaria y los servicios sociales básicos;

Situación de los medios de comunicación

68.  Toma nota de los esfuerzos de reforma que se están llevando a cabo en el ámbito de los medios de comunicación; insiste en que la reforma debe asegurar, en particular, la independencia, la imparcialidad y la responsabilidad del órgano regulador, la transparencia en la propiedad de los medios de comunicación y la igualdad de oportunidades para los distintos medios, con una competencia leal en el mercado; expresa su preocupación por los planes para dotar a la agencia reguladora de nuevas y amplias competencias, con el riesgo de que ello incida en la libertad de los medios de comunicación y el contenido de los medios impresos y en línea; destaca, en relación con el proyecto de ley sobre la lucha contra la desinformación, que el actual proyecto podría dar lugar a una amplia injerencia estatal en el contenido de los medios de comunicación y en las actividades periodísticas, a expensas de la libertad de los medios, y que no será eficaz para combatir la desinformación; pide encarecidamente que se organice una consulta más amplia con la comunidad de los medios de comunicación y con las organizaciones internacionales pertinentes para evitar riesgos para la libertad de expresión;

69.  Observa con preocupación que el mercado de los medios de televisión en Ucrania, aunque plural, sigue caracterizándose por la excesiva influencia de los oligarcas; insta a Ucrania a que fomente unos medios de comunicación libres e independientes y a que refuerce el pluralismo de los medios de comunicación; subraya la importancia de un servicio público de radiodifusión sostenible, de un regulador independiente de los medios de comunicación y de la sociedad civil para aumentar la resiliencia contra la desinformación y otros factores desestabilizadores; pide a la Rada Suprema y al Gobierno que respeten los compromisos del Estado con el organismo público de radiodifusión y que garanticen apoyo financiero y político para una mayor modernización, independencia y capacidad que le permita llevar a cabo periodismo de investigación;

70.  Reitera la necesidad de que la Unión continúe apoyando a Ucrania a la hora de combatir las amenazas híbridas y luchar contra la desinformación y las noticias falsas, también mediante el refuerzo de los medios de comunicación independientes y las comunicaciones estratégicas sobre la alfabetización mediática, para fortalecer la resiliencia de Ucrania; celebra el anuncio de la puesta en marcha del ciberdiálogo entre la Unión y Ucrania;

71.  Expresa su preocupación por el empeoramiento del entorno de trabajo de los representantes de los medios de comunicación, en particular de los periodistas de investigación que informan sobre corrupción y fraude; lamenta cualquier acto encaminado a restringir el trabajo de los periodistas, incluida la limitación del acceso a la información, las investigaciones penales, la presión para revelar fuentes y la incitación al odio, en particular la incitación al odio contra medios de comunicación independientes; expresa su preocupación por el hecho de que miembros de la Rada Suprema se hayan convertido en víctimas de campañas específicas de desinformación, o incluso hayan contribuido a difundirlas voluntariamente, según un reciente análisis realizado por plataformas ucranianas de periodismo de investigación;

72.  Lamenta los numerosos ataques contra periodistas y activistas civiles registrados en el período comprendido entre 2017 y 2019; pide a las autoridades ucranianas que enjuicien a los responsables y garanticen la seguridad de los trabajadores de los medios de comunicación y los periodistas, y les insta a adoptar un enfoque proporcionado en la regulación de los medios de comunicación;

73.  Lamenta que el clima político en el país haya empeorado, con un uso generalizado de la intimidación, la incitación al odio y la presión política con fines políticos; insta a las autoridades a condenar con firmeza y a prohibir las operaciones de grupos y sitios web extremistas e incitadores del odio, como los Myrotvorets, que suscitan tensiones en la sociedad y abusan de los datos personales de cientos de personas, incluidos periodistas, políticos y miembros de grupos minoritarios;

74.  Insta a desarrollar un panorama de medios de comunicación democrático, independiente, plural y equilibrado en Ucrania, que pondría fin a la persecución por motivos políticos de los canales de los medios de comunicación, incluida la revocación de licencias, que garantice la protección de los periodistas locales, los creadores de opinión y las voces disidentes frente al acoso y la intimidación, que permita un acceso sin discriminación a la información en línea y fuera de línea y una participación cívica significativa, y que salvaguarde y garantice los derechos humanos y civiles; destaca que los periodistas, los defensores de los derechos humanos y los abogados defensores deben poder trabajar de forma independiente y sin injerencias indebidas ni intimidaciones; celebra la labor de las organizaciones ucranianas de derechos humanos y de la Fiscalía de Crimea que, trabajando de manera temporal desde la zona continental de Ucrania, registra las violaciones y los abusos de los derechos humanos; insiste en que es preciso investigar todas las violaciones de derechos humanos y llevar a los responsables ante la justicia;

Igualdad de género y derechos de las personas LGBTI

75.  Subraya que la igualdad de género es un requisito imprescindible para un desarrollo sostenible e integrador; insta al Gobierno y a las autoridades de Ucrania a que apliquen medidas para seguir mejorando la representación de las mujeres y la igualdad de trato en todos los niveles de la vida política y social, así como para luchar contra la violencia de género; pide a la Comisión y al SEAE que incorporen la igualdad de género en todas sus políticas, apoyo financiero, programas y actividades relacionados con Ucrania, en particular cuando se destinen a mitigar los efectos negativos provocados por la COVID-19, ya que las mujeres, incluidas las mujeres emprendedoras, son las que han sufrido más los efectos del confinamiento estricto;

76.  Condena los ataques violentos y los delitos de odio contra las personas LGBTI y pide a las fuerzas y cuerpos de seguridad ucranianos que investiguen de manera efectiva estos ataques; insta a Ucrania a que establezca y aplique de manera efectiva un Derecho derivado exhaustivo que garantice la libertad de creencias, contrarreste la continua discriminación contra las personas LGBTI, los activistas feministas, las personas con discapacidad y las minorías, y mejore la protección de sus derechos; pide al Gobierno ucraniano y a todos los agentes políticos que se esfuercen por crear una sociedad inclusiva y tolerante;

77.  Lamenta que el artículo 161 del Código Penal siga sin prever penas para la incitación al odio o a la violencia por motivos de orientación sexual o identidad de género, y que estos motivos no aparezcan como agravantes de delitos ni estén incluidos en las disposiciones generales sobre circunstancias agravantes en virtud del artículo 67, apartado 1, sección 3; recuerda que el plan de acción del Gobierno sobre la aplicación de la estrategia nacional en materia de derechos humanos preveía incluir los motivos de orientación sexual e identidad de género como circunstancias agravantes en el artículo 67 del Código Penal; recuerda las recomendaciones de la ECRI y pide a Ucrania que modifique el Código Penal consecuentemente;

Comercio y cooperación económica, salud pública, trabajo y asuntos sociales, movilidad de los trabajadores

78.  Destaca que Ucrania es un importante socio geopolítico, geoestratégico y comercial de la Unión; acoge con satisfacción el aumento significativo del flujo comercial entre la Unión y Ucrania, como resultado del cual la Unión es actualmente el principal socio comercial de Ucrania; lamenta, no obstante, la cantidad relativamente baja de inversiones extranjeras directas que entran al país;

79.  Acoge con satisfacción los continuos resultados positivos logrados en las relaciones comerciales y económicas bilaterales en 2019, con un crecimiento de las importaciones ucranianas del 12,3 % y del 9,7 % en el caso de las exportaciones, lo que representó un total de 43 300 000 000 EUR; señala que el flujo comercial entre la Unión y Ucrania se ha incrementado en un 49 % y que la Unión sigue siendo el principal socio comercial de Ucrania, ya que en 2019 el 40 % del comercio de dicho país se destinó a la Unión, mientras que Ucrania es el decimoctavo socio comercial de la Unión, pues representa el 1,1 % del comercio total de esta última; señala que el déficit comercial de Ucrania con la Unión ha aumentado hasta alcanzar los 5 100 000 000 EUR;

80.  Anima a ambas partes a que intensifiquen la cooperación a nivel bilateral y en los foros internacionales para abordar los retos planteados por la COVID-19, en particular logrando unas cadenas de suministro más resilientes y diversificadas y trabajando conjuntamente para hacer frente a las tendencias proteccionistas; señala que el objetivo de la Unión de lograr una autonomía estratégica abierta podría brindar oportunidades de una cooperación aún más estrecha con su vecindad;

81.  Insta a la Comisión a que ayude a Ucrania a determinar los ámbitos que podrían fomentar en mayor medida la diversificación económica y a que se les dé prioridad en el proceso de aplicación plena del ALCAP;

82.  Reitera que la integración gradual de Ucrania en el mercado interior de la Unión, tal y como prevé el AA, constituye uno de los objetivos principales de la asociación y apoya, en este contexto, el establecimiento de condiciones para mejorar las relaciones económicas y comerciales entre Ucrania y la Unión, así como un proceso más amplio de armonización legislativa supeditado a la plena aplicación del ALCAP y al cumplimientos de las normas y los reglamentos legales, económicos y técnicos pertinentes;

83.  Observa que se han introducido algunas reformas que han dado lugar a la desregulación de la economía, una mayor transparencia de las finanzas públicas y una mejora de las normas relativas a las concesiones y a la asociación público-privada, proporcionando nuevas oportunidades para inversores locales y extranjeros;

84.  Señala, no obstante, que no se han logrado efectos visibles en la desoligarquízación del país, ya que los oligarcas siguen teniendo un fuerte impacto en la economía y la política ucranianas, en particular en la propiedad de los medios de comunicación y su influencia en el sistema judicial y policial; considera que el establecimiento de normas claras y equitativas en la economía y la política puede resultar un método eficaz para rebajar de facto la influencia no oficial de un pequeño grupo de los empresarios más ricos en el funcionamiento del Estado, incluida la legislación, y pide, por tanto, a las autoridades ucranianas que aceleren el proceso de desoligarquízación;

85.  Lamenta asimismo el aumento del número de empresas de propiedad estatal e insta a Ucrania a seguir avanzando en la privatización de este tipo de empresas con el fin de modernizar y mejorar el funcionamiento de su economía y evitar la oligarquización; subraya la necesidad de un compromiso renovado de Ucrania en favor de la lucha contra la influencia de intereses adquiridos que, si se ignora, podría socavar gravemente el historial de reformas realizadas hasta la fecha y las medidas de apoyo a Ucrania en general;

86.  Pide a Ucrania y a la Unión que aumenten la cooperación para una mayor liberalización del comercio bilateral, incluida la celebración del acuerdo AECA, y la cooperación en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias, y de aduanas; pide asimismo que se amplíe la cooperación sectorial entre la Unión y Ucrania en la educación y la investigación, la innovación, el sector de las TIC y la digitalización, así como en las tecnologías ecológicas, a fin de compartir conocimientos especializados y buenas prácticas; pide asimismo una mayor cooperación y la integración sectorial gradualmente diferenciada de Ucrania en la Unión de la Energía, la Comunidad del Transporte y el mercado único digital, entre otros ámbitos;

87.  Pide a las autoridades ucranianas que abran el mercado de la aviación del país a las compañías aéreas europeas, incluidas las de bajo coste, y apoya la firma del acuerdo de zona común de aviación lo antes posible;

88.  Acoge favorablemente los avances realizados en la cooperación entre Ucrania y la Unión en el ámbito digital, y anima a seguir profundizando en dicha cooperación, a fin de que se concedan mutuamente el trato de mercado interior, incluso en otros sectores de interés mutuo; destaca la importancia de las medidas encaminadas a la transformación digital y la gobernanza electrónica, y los avances para armonizar la legislación de Ucrania con la de la Unión en materia de servicios electrónicos de confianza y comunicaciones electrónicas; anima a la Comisión a seguir apoyando los esfuerzos de Ucrania en favor de la alfabetización mediática y en materia de información, gobernanza electrónica y economía digital, para reflejar la actual era digital y la integración gradual en el mercado único digital de la Unión, y a estudiar formas de reducir los costes de itinerancia entre la Unión y Ucrania; toma nota, a este respecto, del nuevo programa de la Unión, dotado con 25 000 000 EUR, que presta apoyo a la gobernanza electrónica y la economía digital en Ucrania; anima a que se extienda a Ucrania la zona única de pagos en euros (SEPA) cuando el país cumpla todos los requisitos técnicos y jurídicos;

89.  Pide a la Comisión y al SEAE que lleven a cabo una evaluación creíble de las necesidades para la región de Donbas, a fin de establecer una estrategia para su recuperación socioeconómica, y sugiere la creación de un marco internacional apropiado para su reconstrucción;

90.  Pide a las autoridades ucranianas que continúen las reformas en el sistema público de salud, teniendo especialmente en cuenta el impacto devastador que ha tenido la pandemia de la COVID-19 en el sistema sanitario ucraniano; observa que, según UNICEF, la COVID-19 no solo ha dado lugar a una crisis de la sanidad pública, sino también a una crisis socioeconómica, lo que podría aumentar el índice de pobreza de Ucrania desde el 27,2 % hasta el 43,6 %, o incluso hasta el 50,8 %; anima, por tanto, al Gobierno ucraniano a que aplique medidas globales de protección social para mitigar los efectos de la COVID-19;

91.  Celebra que Ucrania se haya adherido al Comité de Seguridad Sanitaria de la Unión y al sistema de alerta precoz y respuesta (SAPR) para participar en la coordinación paneuropea de las medidas de respuesta a la COVID-19 en la sanidad pública; insta a la Comisión, a los Estados miembros y a Ucrania a que aumenten la cooperación en materia de resiliencia de la salud pública, a que intercambien mejores prácticas y a que colaboren con la sociedad civil para establecer estrategias contra epidemias centradas en los grupos más vulnerables; insta a la Comisión a que preste apoyo al Gobierno de Ucrania para acceder a las vacunas contra la COVID-19;

92.  Pide al Gobierno de Ucrania que vele por que todas las medidas restrictivas en respuesta a la COVID-19 tengan una base jurídica, sean estrictamente necesarias y proporcionadas al objetivo de proteger la salud pública y salvar vidas (sobre la base del asesoramiento científico), se sometan a un examen constante, se dejen de aplicar cuando ya no sean necesarias y se apliquen sin discriminación alguna; pide a las autoridades que garanticen que los grupos vulnerables y marginados no sufren desventajas desproporcionadas por la respuesta a la COVID-19, y que adopten medidas para abordar las desigualdades que ya existían;

93.  Conmina a Ucrania a acabar con el amiguismo y la corrupción generalizados que sigue existiendo en su sector sanitario y especialmente en el Ministerio de Sanidad, y a investigar eficazmente las actividades corruptas, en particular los intentos de adquisición de equipos médicos y vacunas contra la COVID-19 a un coste desproporcionadamente elevado en medio de la pandemia;

94.   Reconoce el buen trabajo del Servicio Nacional de Salud de Ucrania en la creación de un sistema transparente encargado de financiar los tratamientos específicos administrados a los pacientes; pide al Ministerio de Sanidad que apoye el trabajo del Servicio Nacional de Salud de Ucrania;

95.  Elogia los avances en la armonización reglamentaria con el acervo de la Unión y la adopción en noviembre de 2019 de una estrategia sanitaria y fitosanitaria, que incluye más de doscientos actos normativos de la Unión que deben incorporarse en la legislación ucraniana;

96.  Constata con preocupación la falta de progresos suficientes en la aproximación de las normas de la Unión en materia de bienestar de los animales;

97.  Acoge con satisfacción la adopción en marzo de 2020 de la ley sobre la facturación de las tierras de cultivo, que debería contribuir a liberar el enorme potencial de Ucrania en el sector agrícola, así como la adopción en mayo de 2020 de la ley sobre la mejora de determinados instrumentos de regulación de la actividad bancaria, que refuerza el sistema bancario y evita que Privatbank se devuelva a sus antiguos propietarios;

98.  Celebra que Ucrania se haya unido al procedimiento arbitral de apelación provisional, contribuyendo con ello a superar el estancamiento ocasionado por la paralización del Órgano de Apelación y a garantizar que los miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) puedan beneficiarse de un sistema de resolución de controversias de dos fases en la OMC hasta que el Órgano de Apelación esté operativo de nuevo;

99.  Pide a Ucrania que se adhiera a las futuras sentencias del panel arbitral relativas a la moratoria sobre las exportaciones de madera no transformada, al tiempo que se aplica la diligencia debida obligatoria a lo largo de toda la cadena de valor de los productos básicos forestales y se mejora la gobernanza en el sector forestal;

100.  Observa con preocupación que Ucrania emprendió recientemente dos investigaciones de salvaguardia sobre las importaciones de nitrógeno y fertilizantes complejos de la Unión; reconoce que Ucrania decidió poner fin a ambas investigaciones en el último momento, mientras se están llevando a cabo otras investigaciones de salvaguardia; advierte de que acciones similares podrían socavar la confianza mutua entre ambas partes;

101.  Recuerda que la carne de aves de corral es un producto sensible en la Unión; toma nota de la solución encontrada para la exportación de «otros» trozos de aves de corral mediante la modificación de las preferencias comerciales para la carne de aves de corral y las preparaciones a base de esta carne, atajando así el vacío legal del Acuerdo; pide a Ucrania que se abstenga de prácticas similares y que respete y aplique plenamente y de buena fe todas las disposiciones del ALCAP; pide a la Comisión que lleve a cabo un seguimiento exhaustivo de la aplicación del ALCAP y que recurra a todas las medidas disponibles para acabar con cualquier práctica que distorsione el mercado y el posible aprovechamiento de las lagunas jurídicas;

102.  Insta a que la brecha entre las zonas urbanas y las rurales de Ucrania se aborde a través de incentivos financieros y técnicos eficaces para las microempresas, pequeñas y medianas empresas (pymes), pequeñas explotaciones agrícolas y empresas familiares en zonas rurales y suburbanas, y mediante la mejora de la conectividad humana y las infraestructuras entre las ciudades y el campo para fomentar la cohesión social;

103.  Acoge con satisfacción los resultados obtenidos en el marco del mecanismo del ALCAP para las pymes en lo que se refiere a la mejora del acceso a la financiación y la apertura de oportunidades comerciales; destaca que una campaña de información adecuada podría permitir a las pymes beneficiarse más de las oportunidades que ofrece el ALCAP;

104.  Pide a la Comisión que preste apoyo técnico a los centros regionales de empleo para que fomenten el empleo, que apoye e invierta en los jóvenes y en programas de desarrollo económico sostenibles que favorezcan el emprendimiento social y que se centre en los jóvenes de las zonas rurales, a fin de fortalecer el sistema educativo con demandas del mercado laboral para proteger a los más vulnerables y evitar la falta de oportunidades socioeconómicas;

105.  Anima a la Comisión a que supervise las repercusiones del ALCAP en los derechos laborales y de libertad de asociación relacionados con el comercio con la Unión; pide al Gobierno ucraniano que se centre también en la dimensión social del comercio y el desarrollo sostenible y que siga de cerca los efectos económicos y sociales de la aplicación del ALCAP; pide al Gobierno ucraniano que respete y haga cumplir las normas laborales, y que ratifique y aplique en su totalidad todos los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); anima al Gobierno ucraniano a que prosiga con la armonización de sus normas laborales con las de la Unión, en particular en lo que respecta a la libertad de reunión y al diálogo social; acoge favorablemente la iniciativa relativa a la reforma laboral, pero hace hincapié en la necesidad de celebrar amplias consultas con los sindicatos y la sociedad civil, y recomienda aprovechar la experiencia de la OIT a este respecto;

106.   Pide a la Comisión que se asegure de que los sindicatos, así como la sociedad civil en toda su diversidad, están implicados en el seguimiento de la aplicación del Acuerdo de Asociación; pide al Gobierno de Ucrania y a la Comisión que apoyen a aquellas ONG que investigan las violaciones de la ZLCAP, en particular en el ámbito social;

107.  Pide al Gobierno ucraniano que introduzca un sistema de incentivos y sanciones para combatir el considerablemente elevado número de puestos de trabajo en el sector del empleo informal;

108.  Toma nota del aumento de la movilidad laboral entre Ucrania y la Unión, con unas tasas de migración que oscilan entre los 2,2 y los 2,7 millones de personas, lo que equivale a entre el 13 y el 16 % del empleo total en Ucrania, y que, por una parte, contribuye a reducir la oferta de mano de obra en Ucrania y a las carencias laborales en determinadas profesiones, y, por la otra, constituye uno de los factores que presionan al alza el crecimiento de los salarios para los trabajadores que se quedan en el país, y supone una fuente de entrada de remesas procedente de los migrantes que tiene un notable impacto en la economía ucraniana, ya que representa un flujo de entrada que equivale a más del 8 % del PIB; pide un análisis adicional de las repercusiones y los beneficios económicos y sociales de la ola de migración laboral posterior a 2014, tanto en las economías como en los sistemas de seguridad social de Ucrania y de los Estados miembros; subraya que es esencial que el Gobierno procure desarrollar un entorno laboral que ofrezca condiciones de trabajo dignas para los empleados de las empresas ucranianas, en particular la salud y la seguridad en el trabajo, unos empleos declarados legalmente con cobertura de la seguridad social estatal, unos salarios que se paguen a tiempo y en su totalidad, el derecho a participar en un sindicato y a la representación de sus intereses, y una negociación colectiva significativa que conduzca a lograr convenios colectivos vinculantes; reitera a necesidad de abordar la fuga de cerebros en Ucrania mediante el fomento de una educación de calidad e inclusiva, programas de educación y de formación y la creación de oportunidades de empleo con vistas a proporcionar perspectivas socioeconómicas a los jóvenes y a las familias en sus comunidades locales;

109.  Acoge con satisfacción y pide que se sigan desarrollando los programas financiados por la Unión que apoyan la modernización del sistema de formación profesional en Ucrania («EU4Skills: Better Skills for Modern Ukraine») y para el entorno empresarial, que desempeña un papel fundamental para los posibles retornados y para los empresarios nacionales (lucha contra la corrupción, apoyo a pymes, reforma fiscal y de aduanas, etc.), mediante subvenciones sectoriales y como condiciones en los programas de ayuda macrofinanciera de la Unión;

110.  Pide al Consejo de Asociación que dé prioridad a la aplicación de las normas internacionales del trabajo y la legislación y las prácticas de la Unión en materia de política social, empleo y trabajo, reglamentación de la negociación colectiva, diálogo social, lucha contra la desigualdad de género y reforma de la legislación laboral, con el fin de garantizar el equilibrio de los intereses de los interlocutores sociales y la protección de los derechos de los empleados, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo de Asociación (artículos 419 a 421 y 424) y en los convenios de la OIT pertinentes (81, 87, 98, 117, 122, 129, 144, 154 y 173); recuerda al Gobierno ucraniano que sus esfuerzos por mejorar el entorno empresarial, atraer inversiones directas y promover el crecimiento económico no deben producirse a expensas de los derechos y de las condiciones de trabajo de los trabajadores; pide al Gobierno que acometa de manera sistemática el diálogo social, y que lo apoye desde las instituciones, y que se esfuerce por convertir el Consejo Económico y Social Tripartito Nacional en un instrumento eficaz de diálogo social;

111.  Observa con preocupación que la capacidad de los sindicatos para ejercer sus derechos en Ucrania está lastrada por una legislación imperfecta y ambigua;

Energía, medio ambiente y cambio climático

112.  Acoge con satisfacción la culminación de la desagregación de Naftogaz en 2019 y la creación de un operador del sistema de distribución de gas (GTSO) jurídicamente independiente en consonancia con el tercer paquete energético de la Unión; pide, no obstante, a las autoridades ucranianas, que refuercen la independencia técnica de GTSO frente a Naftogaz; celebra la liberalización y apertura de un mercado del gas competitivo para los hogares; lamenta, sin embargo, los recientes ataques contra la dirección de Naftogaz, incluido el consejo de supervisión de la empresa, que socavan su independencia y el avance de las reformas logradas hasta la fecha en este ámbito;

113.  Subraya el papel de Ucrania como país estratégico de tránsito para el gas y la necesidad de modernizar su sistema nacional de transporte de gas, así como la importancia de su integración en el mercado de la energía de la Unión, sobre la base de la aplicación efectiva del anexo XXVII actualizado del AA; celebra la firma del contrato de tránsito de gas a largo plazo facilitado por la Unión; expresa su preocupación por la construcción del gasoducto Nord Stream 2, y reitera sus riesgos fundamentales de carácter político, económico y para la seguridad a largo plazo; observa que el gasoducto aumenta la dependencia de la Unión del suministro de gas ruso, amenaza el mercado interior de la Unión, no se adecúa a la política energética de la Unión ni a sus intereses estratégicos y tiene posibles consecuencias negativas para una Ucrania devastada por la guerra; pide, por tanto, en consonancia con sus posiciones anteriores, a todas las partes interesadas, y en particular a las de los Estados miembros y Europa, que hagan uso de las cláusulas jurídicas disponibles para detener el proyecto;

114.  Solicita que la Comisión vigile el cumplimiento por parte de Ucrania del acervo de la Unión en el ámbito energético, con miras a profundizar en la integración de los mercados de la energía; apoya completamente la integración de Ucrania en la red continental europea de electricidad (REGRT de Electricidad); insta a Ucrania a que mejore la coordinación entre las políticas y acciones de las instituciones internacionales (por ejemplo, la Comisión Europea, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Mundial, el KfW, la REGRT de Electricidad y la Comunidad de la Energía) y las instituciones ucranianas que apoyan el sector energético de Ucrania;

115.  Condena la extracción de gas por parte de Rusia en la plataforma ucraniana en la zona económica exclusiva de Ucrania, y afirma que la Unión no reconoce la apropiación de yacimientos de gas por parte de la Federación de Rusia en el mar de Azov y en el mar Negro, y que debe apoyar las acciones jurídicas de las autoridades ucranianas para poner fin a estas extracciones ilegales;

116.  Lamenta que el nuevo mercado mayorista de electricidad que comenzó a operar en Ucrania en julio de 2019 aún no sea competitivo conforme a los estándares de la Unión; insta, por tanto, a Ucrania a que complete su reforma y mejore el nivel de conformidad con el Derecho de la Unión, sobre todo y fundamentalmente mejorando la independencia de Ukrenerho y evitando la subvención cruzada; pide a Ucrania que mejore sus centrales existentes para que cumplan las estrictas normas europeas en materia de medio ambiente y seguridad;

117.  Se felicita de la posición del Gobierno ucraniano de respetar el compromiso contraído en el seno de la Comunidad de la Energía de cumplir la legislación aplicable de la Unión, incluida la política medioambiental y de seguridad, impidiendo así la importación de electricidad procedente de centrales eléctricas de países vecinos que se están construyendo sin cumplir los requisitos de los convenios internacionales y las normas internacionales más estrictas en materia de medio ambiente y seguridad;

118.  Lamenta que, en el sector de la producción de energía renovable, Ucrania no esté cumpliendo aún sus obligaciones hacia los inversores, y que los retrasos en el pago a los productores de electricidad procedente de fuentes de energía renovables pongan en peligro el desarrollo adicional de las fuentes de energía limpia en Ucrania;

119.  Insta a las autoridades ucranianas a que culminen con carácter urgente la modernización de las centrales nucleares e investiguen los retrasos en estos procesos, en particular, la modernización de la central nuclear de Zaporiyia;

120.  Insiste en la importancia de aumentar la cooperación en materia de infraestructuras en la región, la mayor diversificación del suministro energético de Ucrania, la eficiencia energética, las fuentes de energía renovable y la conectividad del sector energético de Ucrania, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad medioambiental; señala que el apoyo al comercio intrarregional entre los países de la Asociación Oriental, así como su fomento, generará asimismo nuevas oportunidades económicas, también para las pymes;

121.  Elogia la adopción por el Gobierno ucraniano en febrero de 2019 de la estrategia relativa a la política medioambiental estatal de aquí a 2030 y el plan nacional de gestión de residuos, las leyes de evaluación del impacto ambiental y de evaluación estratégica medioambiental, y las leyes en materia de política climática; insta a Ucrania a que siga aumentando su participación en la lucha contra el cambio climático, en la aplicación de políticas contra el cambio climático y en la integración de esta lucha en todos los ámbitos de formulación de políticas, y a que redoble sus esfuerzos respecto de los compromisos nacionales relacionados con el Acuerdo de París de 2015;

122.  Insta a Ucrania a que luche eficazmente contra la explotación forestal ilegal de conformidad con la gestión forestal sostenible y las normas de protección medioambiental, y a que tome medidas para poner fin al daño medioambiental causado por la explotación ilegal e insostenible de recursos naturales, como la tala ilegal en los bosques primigenios de los Cárpatos, que es la principal causa de las inundaciones en la región; pide a la Unión que contribuya a prevenir la tala ilegal en relación con el proyecto ilegal de la estación de esquí de Svydovets, así como con el método ilegal y perjudicial para el medio ambiente de extracción de ámbar; insta a Ucrania a que invierta en una infraestructura turística ecológica y medioambientalmente segura y sostenible, y pide a las autoridades ucranianas que impidan los daños al medio ambiente de futuros proyectos, mejorando el control, la transparencia y la aplicación de las evaluaciones de impacto ambiental y de la diligencia debida; insta a Ucrania a que facilite un acceso abierto y adecuado a la información ambiental, a que amplíe las zonas protegidas y a que agilice la aplicación del plan nacional de reducción de las emisiones de los principales contaminantes procedentes de las grandes instalaciones de combustión; anima a Ucrania a que adopte legislación para el desarrollo de un transporte sostenible; insta a Ucrania a que limpie y elimine los productos químicos agrícolas altamente peligrosos de manera segura y respetuosa con el medio ambiente, en particular los plaguicidas obsoletos en la región de Kherson y en otras regiones de Ucrania;

123.  Expresa su profunda preocupación por el impacto medioambiental del conflicto en el este de Ucrania, incluidos los riesgos que plantea la inundación de minas interconectadas; solicita una evaluación en profundidad del impacto ambiental del conflicto, seguida de un plan de reacción concebido para evitar un colapso ecológico; propone un programa de desminado de Donbas en el que participen las autoridades ucranianas y la comunidad internacional;

124.  Expresa asimismo su profunda preocupación por las aproximadamente 1 200 fuentes radioactivas, que se utilizan con fines médicos, industriales o científicos, situadas en la región de Donetsk y en sus alrededores, y que plantean graves riesgos para la salud, la seguridad y el medio ambiente; pide a los países de la OSCE, del Grupo de contacto tripartito sobre Ucrania y del cuarteto de Normandía que combatan la proliferación de actividades radiactivas y el contrabando de sustancias radiactivas, de conformidad con el sistema de no proliferación nuclear; insta a todas las partes a que colaboren con las partes interesadas pertinentes para transportar de manera segura las fuentes radiactivas de actividad elevada en desuso fuera de la región de Donbas;

125.  Acoge favorablemente el propósito de Ucrania de contribuir a los objetivos del Pacto Verde Europeo y pide a la Comisión que respalde adecuadamente los esfuerzos de Ucrania, por ejemplo, mediante el establecimiento de un diálogo estructurado pertinente, una hoja de ruta y un intercambio de información; pide a la Comisión que se asegure de que el ALCAP no contradice los objetivos y las iniciativas medioambientales fijados en el mismo;

126.  Acoge con satisfacción el programa «Paquete del clima para una economía sostenible» de la Unión, dotado con 10 000 000 EUR, que ofrecerá ayuda a Ucrania para desarrollar un enfoque holístico para la reestructuración de sus principales sectores económicos y lograr una economía con bajas emisiones de carbono;

Contactos entre personas y gestión de fronteras

127.  Reconoce la importancia de la movilidad transfronteriza para reforzar los contactos interpersonales, y acoge con satisfacción la aplicación continuada y satisfactoria del régimen de exención de visado para los ciudadanos de Ucrania, que ha permitido a los ciudadanos ucranianos realizar más de 40 millones de viajes a países de la Unión desde junio de 2017; subraya la importancia de seguir cumpliendo los criterios de referencia para la liberalización de visados y de acelerar los esfuerzos de reforma conexos; opina que el régimen de exención de visados ha tenido como consecuencia un aumento de los viajes desde Ucrania a la Unión y que, por lo tanto, ha mejorado el entendimiento entre las respectivas sociedades, lo que constituye la mejor base para un acercamiento continuo; afirma que es preciso seguir aplicando este enfoque y, con el tiempo, ampliarlo;

128.  Recuerda la importancia de la integración de Ucrania en los marcos de la Unión, como Erasmus+, Horizonte Europa y Europa Creativa, y la necesidad de intensificar la cooperación pertinente en el marco de programas actuales y futuros; considera que debe ampliarse de manera visible la participación de estudiantes ucranianos, así como de docentes ucranianos de escuelas y universidades, en los programas de Erasmus+;

129.  Observa que el incremento en el número de visitas de ciudadanos ucranianos a los países del espacio Schengen ha supuesto un desafío para los puestos fronterizos entre la Unión y Ucrania, que están congestionados y no cuentan ni con la infraestructura ni con la capacidad adecuadas para ofrecer unas condiciones dignas y humanas a las personas que cruzan la frontera; observa que uno de los problemas más acuciantes en la frontera entre la Unión y Ucrania, especialmente en los tramos entre Hungría y Ucrania y Polonia y Ucrania, han sido las prolongadas esperas para cruzar la frontera; solicita a la Comisión que ponga en marcha un diálogo con el objetivo de garantizar que los procedimientos de cruce de fronteras sean rápidos y estén libres de corrupción, por ejemplo, mediante inversiones, la formación de personal y mecanismos eficaces para las reclamaciones sobre el cruce de fronteras; anima a la Unión a que respalde el establecimiento de nuevos puestos fronterizos y la ampliación de los existentes en la frontera entre la Unión y Ucrania, mediante un estricto seguimiento de la financiación, para acabar con los abusos del pasado;

130.  Respalda la cooperación reforzada entre la Unión y Ucrania, sobre todo en materia de gestión de fronteras, sistemas nacionales de gestión de asilo e identidad basados en medios biométricos, lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, lucha contra la delincuencia organizada y las formas graves de delincuencia, así como la profundización en la cooperación entre Ucrania y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex);

131.  Señala que se han realizado nuevos avances en la adecuación de los procedimientos aduaneros y fronterizos de Ucrania a los de la Unión, así como en la actual reforma institucional de las administraciones tributarias y aduaneras; acoge favorablemente la ley sobre la entidad jurídica única (SLE) para el servicio aduanero estatal (SCS), así como las leyes sobre los operadores económicos autorizados (OEA) y sobre la introducción del Sistema Nacional de Tránsito Informatizado (NCTS), que se aprobaron en otoño de 2019; celebra asimismo la adopción en julio de 2020 de una «Estrategia para la gestión integrada de las fronteras hasta 2025» y el posterior plan de acción 2020-2022; lamenta, no obstante, la paralización del proyecto financiado por la Unión para la modernización de seis puestos fronterizos con la Unión y expresa su pesar por los prolongados plazos de espera que todavía se sufren en esas fronteras; insta asimismo a las autoridades ucranianas a que adopten todas las medidas y reglamentos pendientes que requieren los sistemas de OEA y NCTS para estar plenamente operativos, y a que garanticen el rápido nombramiento de la nueva dirección del SCS entre candidatos competentes y mediante un proceso de selección público, transparente y sin sesgos; conmina a las autoridades ucranianas a que penalicen el contrabando de todo tipo de bienes, como parte esencial de la gestión integrada de las fronteras;

132.  Pide a la Unión y a las autoridades ucranianas y moldavas que aceleren el proceso de bloqueo del comercio ilegal y de cierre de los canales de contrabando en Transnistria, un refugio seguro para los contrabandistas que ha sido explotado por delincuentes y oligarcas, que sirve para reforzar la influencia rusa y que ha sido uno de los principales factores de la prolongación del conflicto;

Disposiciones institucionales

133.  Celebra el resultado de la Cumbre UE-Ucrania celebrada el 6 de octubre de 2020, la primera cumbre bilateral celebrada físicamente en Bruselas desde el brote de la pandemia de COVID-19, y las declaraciones claras de ambas partes de continuar comprometidas con el refuerzo de la asociación política y de la integración económica de Ucrania con la Unión;

134.  Se congratula del resultado de las reuniones y actividades en curso en el contexto de los Diálogos Jean Monnet para la paz y la democracia del Parlamento Europeo con la Rada Suprema de Ucrania, y respalda plenamente su continuación; expresa su convicción de que profundizar en la cultura parlamentaria del diálogo garantizará una Rada Suprema de Ucrania fuerte, independiente, transparente y eficaz, esencial para el futuro democrático y europeo del país y acorde con las aspiraciones de los ciudadanos ucranianos;

135.  Insta, en este contexto, a la Rada Suprema a que prosiga activamente con su reforma institucional, cuyo objetivo es, entre otras cosas, aumentar la capacidad y la calidad legislativas, la supervisión política del poder ejecutivo, así como la transparencia y la rendición de cuentas ante los ciudadanos, con miras a racionalizar y priorizar la adopción de proyectos de ley relacionados con la aplicación del AA, así como para establecer salvaguardas institucionales con el fin de bloquear la legislación que contravenga los compromisos contraídos en virtud del AA, por ejemplo, reforzando el papel de la Comisión para la Integración Europea, cuyos dictámenes deberían ser vinculantes; subraya la importancia de la colaboración continua del Parlamento Europeo con la Rada Suprema para apoyar este proceso de reformas; destaca la importancia de proseguir con la cooperación interparlamentaria y los contactos entre personas del mejor modo posible en el contexto de la pandemia de COVID-19;

136.  Destaca la importancia de continuar apoyando la Misión asesora de la Unión Europea (EUAM Ucrania) y su papel en la reforma del sector de la seguridad civil; acoge con satisfacción la apertura de su oficina sobre el terreno en Mariupol y espera resultados tangibles acordes con el mandato de la misión; pide que la Comisión redoble sus esfuerzos para el refuerzo de las capacidades de las autoridades ucranianas encargadas de la aplicación del AA/ALCAP; pide que la Comisión diseñe las herramientas necesarias para apoyar la adaptación continua de Ucrania al acervo de la Unión, de acuerdo con las decisiones pertinentes de la 22.ª Cumbre UE-Ucrania;

137.  Reitera su llamamiento a favor del establecimiento de una Universidad de la Asociación Oriental en Ucrania; pide a las instituciones de la Unión que refuercen y amplíen los programas de formación dirigidos a los profesionales de la Justicia ucranianos que deseen especializarse en el Derecho de la Unión y que fortalezcan la capacidad de Ucrania para participar en Horizonte Europa, por ejemplo, para impulsar los contactos entre personas y la cooperación académica y educativa entre la Unión y Ucrania;

138.  Acoge con satisfacción el apoyo de la Unión al refuerzo de la capacidad institucional y los cursos de formación destinados a los funcionarios ucranianos organizados por el Colegio de Europa en Natolin;

139.  Pide a todas las instituciones de la Unión, los Estados miembros y las autoridades ucranianas que organicen campañas para informar mejor a los ciudadanos sobre las oportunidades que ofrecen la iniciativa de la Asociación Oriental y la aplicación del AA/ALCAP, concienciando sobre las ventajas de una asociación más estrecha y vinculándolas a los avances positivos en los mercados de trabajo en Ucrania y en otros países asociados; anima a las autoridades ucranianas a que comuniquen mejor los beneficios del AA/ALCAP y de la ayuda de la UE a los ciudadanos de Ucrania y a que redoblen sus esfuerzos para garantizar que las oportunidades que ofrecen el AA/ALCAP y la ayuda y los programas de la Unión lleguen al nivel local, también en las zonas remotas del país, en particular las zonas rurales, a fin de que los habitantes puedan impulsar cambios positivos en sus comunidades;

140.  Felicita a la sociedad civil, a los jóvenes y a las ONG de Ucrania por sus actividades en todos los ámbitos de la vida pública y política y, en particular, por su apoyo a la aplicación del AA/ALCAP, por hacer frente a los retos de la pandemia de COVID-19, por luchar contra las campañas de desinformación, por prestar asistencia y socorro a los desplazados internos y a otros grupos vulnerables y por reforzar la resiliencia social y la alfabetización mediática entre los ciudadanos ucranianos; anima a los gobiernos central y local de Ucrania a que sigan fomentando una estrecha cooperación con la sociedad civil, también mediante un mayor apoyo financiero a sus actividades; pide a la Comisión que conceda prioridad al apoyo a estas ONG y organizaciones de la sociedad civil; celebra, en este sentido, el programa «Mecanismo de la Sociedad Civil», dotado con 20 000 000 EUR, que apoyará el refuerzo de la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para participar en la toma de decisiones y en la vida pública; insta a las autoridades ucranianas, en vista de los distintos proyectos de ley relativos al funcionamiento y a la labor de las organizaciones de la sociedad civil y de otras asociaciones, a que no adopten ninguna ley que no sea conforme con las obligaciones nacionales e internacionales de Ucrania en materia de derechos humanos, y a que garanticen el funcionamiento de la sociedad civil sin injerencias indebidas;

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141.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al presidente, al Gobierno y al Parlamento de Ucrania, así como al presidente, al Gobierno y al Parlamento de la Federación de Rusia.

(1) DO L 303 de 28.11.2018, p. 39.
(2) DO C 388 de 13. 11. 2020, p. 116.
(3) DO C 11 de 12.1.2018, p. 82.
(4) Textos Aprobados, P9_TA(2020)0167.
(5) DO L 165 de 27.5.2020, p. 31.
(6) CM/Rec(2010)5, available at https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805cf40a
(7) Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).

Última actualización: 11 de febrero de 2021Aviso jurídico - Política de privacidad