Índice 
 Anterior 
 Siguiente 
 Texto íntegro 
Procedimiento : 2020/2244(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A9-0026/2021

Textos presentados :

A9-0026/2021

Debates :

PV 10/03/2021 - 3
CRE 10/03/2021 - 3

Votaciones :

PV 11/03/2021 - 4
PV 11/03/2021 - 11

Textos aprobados :

P9_TA(2021)0084

Textos aprobados
PDF 212kWORD 74k
Jueves 11 de marzo de 2021 - Bruselas
Semestre Europeo: aspectos sociales y relativos al empleo en la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible 2021
P9_TA(2021)0084A9-0026/2021

Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de marzo de 2021, sobre el Semestre Europeo para la coordinación de políticas económicas: aspectos sociales y relativos al empleo en la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible 2021 (2020/2244(INI))

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 17 de septiembre de 2020, sobre la Estrategia anual de crecimiento sostenible 2021 (COM(2020)0575),

–  Vista la propuesta de la Comisión, de 18 de noviembre de 2020, de informe conjunto sobre el empleo de la Comisión y del Consejo (COM(2020)0744),

–  Vistas las Perspectivas económicas de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), volumen 2020, número 2, de 1 de diciembre de 2020,

–  Visto el Informe Mundial sobre Salarios 2020-21 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de 2 de diciembre de 2020, sobre los salarios y el salario mínimo en tiempos de la COVID-19, y los Observatorios de la OIT sobre la COVID-19 y el mundo del trabajo,

–  Vista su Resolución, de 19 de enero de 2017, sobre un pilar europeo de derechos sociales(1),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de enero de 2020, titulada «Una Europa social fuerte para unas transiciones justas» (COM(2020)0014),

–  Vista la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas,

–  Vistos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, y en particular los objetivos 1, 3, 4, 5, 8, 10 y 13,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de diciembre de 2019, titulada «El Pacto Verde Europeo» (COM(2019)0640),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 27 de mayo de 2020, titulada «El momento de Europa: reparar los daños y preparar el futuro para la próxima generación» (COM(2020)0456),

–  Visto el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 27 de mayo de 2020, titulada «El presupuesto de la UE: motor del plan de recuperación para Europa» (COM(2020)0442),

–  Vista su Resolución, de 16 de noviembre de 2017, sobre la lucha contra las desigualdades para impulsar la creación de empleo y el crecimiento(2),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 27 de mayo de 2020, titulada «Adaptación del programa de trabajo de la Comisión para 2020» (COM(2020)0440),

–  Vista la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la pandemia de COVID‑19, presentada por la Comisión el 28 de mayo de 2020 (COM(2020)0441),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 1 de julio de 2020, titulada «Agenda de Capacidades Europea para la competitividad sostenible, la equidad social y la resiliencia» (COM(2020)0274),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de febrero de 2020, titulada «Configurar el futuro digital de Europa» (COM(2020)0067),

–  Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 1 de julio de 2020, que acompaña a la propuesta de Recomendación del Consejo titulada «Un puente hacia el empleo: refuerzo de la Garantía Juvenil» (SWD(2020)0124),

–  Vista su Posición, de 10 de julio de 2020, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros(3),

–  Vista su Posición, de 8 de julio de 2020, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 en lo que respecta a los recursos para la asignación específica para la Iniciativa de Empleo Juvenil(4),

–  Vistas las previsiones económicas europeas de primavera de 2020, publicadas por la Comisión el 6 de mayo de 2020,

–  Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 18 de septiembre de 2020, titulado «Salarios mínimos dignos en toda Europa»(5),

–  Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 16 de julio de 2020, titulado «Plan de recuperación para Europa y marco financiero plurianual 2021-2027»(6),

–  Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 11 de diciembre de 2019, titulado «Normas mínimas comunes en materia de seguro de desempleo – Un paso concreto para la aplicación eficaz del pilar europeo de derechos sociales»(7),

–  Visto el estudio de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound), de 24 de junio de 2020, titulado «COVID‑19: Policy responses across Europe» (COVID‑19: Respuestas políticas en toda Europa),

–  Vistas las Orientaciones políticas para la próxima Comisión Europea 2019-2024, tituladas «Una Unión que se esfuerza por lograr más resultados», presentadas por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, el 9 de octubre de 2019,

–  Visto el pilar europeo de derechos sociales proclamado por el Consejo, la Comisión y el Parlamento el 17 de noviembre de 2017,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de marzo de 2020, titulada «Un nuevo modelo de industria para Europa» (COM(2020)0102),

–  Visto el estudio de la OCDE, de 15 de junio de 2018, titulado «A Broken Social Elevator? How to Promote Social Mobility» (¿Un ascensor social averiado? Cómo promover la movilidad social),

–  Vista la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo(8),

–  Vista su Resolución, de 26 de mayo de 2016, sobre pobreza y perspectiva de género(9),

–  Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 19 de septiembre de 2018, titulado «La brecha digital de género»(10),

–  Vista la sexta Encuesta europea sobre las condiciones de trabajo de Eurofound — Informe general (actualización de 2017),

–  Visto el informe conjunto de la Comisión y Eurofound titulado «How computerisation is transforming jobs: evidence from Eurofound’s European Working Conditions Survey» (Cómo la informatización está transformando el empleo: datos de la Encuesta europea sobre las condiciones de trabajo de Eurofound), publicado en 2019,

–  Visto el estudio de la Unidad de Prospectiva Científica (STOA) del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (EPRS), de 31 de marzo de 2020, titulado «Rethinking education in the digital age» (Repensar la educación en la era digital),

–  Vista su Resolución, de 15 de noviembre de 2018, sobre los servicios asistenciales en la Unión para la mejora de la igualdad de género(11),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 2 de junio de 2016, titulada «Una Agenda Europea para la economía colaborativa» (COM(2016)0356),

–  Vista su Resolución, de 11 de septiembre de 2018, sobre vías de reintegración de los trabajadores en empleos de calidad tras recuperarse de una lesión o enfermedad(12),

–  Visto el debate con representantes de los Parlamentos nacionales sobre las prioridades del Semestre Europeo de 2021,

–  Vista su Resolución, de 17 de diciembre de 2020, sobre una Europa social fuerte para unas transiciones justas(13),

–  Visto el informe conjunto de la Comisión Europea y la OCDE, de 19 de noviembre de 2020, titulado «Health at a Glance: Europe 2020 – State of Health in the EU cycle» (La salud de un vistazo: Europa 2020 – Situación de la salud en el ciclo de la UE),

–  Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 20 de febrero de 2013, titulado «Investing in Health» (Invertir en salud) (SWD(2013)0043),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 4 de abril de 2014, sobre sistemas sanitarios eficaces, accesibles y robustos (COM(2014)0215),

–  Visto el dictamen del grupo de expertos sobre vías eficaces para invertir en salud de la Comisión Europea, de 25 de noviembre de 2020, sobre la organización de una asistencia sanitaria y social resiliente tras la pandemia de COVID-19,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 17 de octubre de 2019, sobre la economía del bienestar,

–  Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

–  Vistas las opiniones de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Cultura y Educación,

–  Visto el Informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A9-0026/2021),

A.  Considerando que, según la primera estimación de Eurostat sobre el crecimiento anual para 2020(14), el PIB cayó un 6,8 % en la zona del euro y un 6,4 % en la Unión; que, según las previsiones económicas europeas de invierno de 2020 de la Comisión, el PIB de la Unión tendrá un crecimiento marginal del 1,4 % en 2021 y el PIB de la zona del euro se incrementará en un 1,2 %, mientras que la producción de la economía de la Unión volverá a los niveles anteriores a la pandemia solo en 2022; que se prevé que el crecimiento del consumo privado sea moderado en 2022, debido principalmente a la prolongada incertidumbre en relación con las perspectivas laborales y de ingresos, que probablemente mantengan un nivel elevado de ahorro preventivo; que, por otro lado, los gastos de capital se beneficiarán de unas políticas monetarias altamente acomodaticias, del aumento de la inversión pública y de los regímenes estatales de apoyo específicos para las empresas; que en la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible no se consideró la posibilidad de que se produjera una tercera oleada, ni otras posteriores, de la pandemia de COVID-19 que pudieran agravar aún más la actual situación de crisis económica y social;

B.  Considerando que, en algunos Estados miembros, los fondos y los programas de la Unión previstos en el marco financiero plurianual (MFP) 2014-2020 todavía no se han ejecutado en su integridad; que la financiación del instrumento de recuperación Next Generation EU, en particular el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), solo estará disponible tras la ratificación de la Decisión (UE, Euratom) 2020/2053 del Consejo(15) por parte de los Estados miembros;

C.  Considerando que las instituciones de la Unión han reconocido en múltiples ocasiones la necesidad de tomar medidas que acometan las desigualdades en materia de salud y protejan la salud de las personas durante la recesión económica actual(16);

D.  Considerando que el brote de COVID-19 ha invertido la tendencia positiva de la tasa de empleo de los últimos seis años en la EU-27, lo que ha dado lugar a una reducción del número de personas con empleo de aproximadamente 6,1 millones en el segundo trimestre de 2020 y una disminución prevista del 4,5 % a lo largo del año 2020(17); que, según Eurostat, en 2019, antes de la pandemia, el 8,5 % de la población de la Unión menor de sesenta años vivía en hogares cuyos miembros adultos habían trabajado menos del 20 % del número máximo de horas de trabajo semanales durante el año anterior, y se enfrentaba a situaciones preocupantes de pobreza de las personas con empleo(18); que el empleo precario sigue siendo una preocupación significativa que afecta negativamente a los mercados laborales; que los trabajadores que siguen con empleo han experimentado una reducción considerable de las horas trabajadas y, por consiguiente, una pérdida de ingresos, y que a quien más afecta esta evolución es a los trabajadores pertenecientes a grupos vulnerables; que supone un motivo de especial preocupación que en un próximo informe de Eurofound se asocie el descenso del número de personas empleadas en la EU-27 durante la primera oleada de la pandemia a una salida mayor hacia la inactividad que hacia el desempleo y a un debilitamiento en la vinculación con el mercado laboral(19);

E.  Considerando que se prevé que el promedio de horas trabajadas aumente más rápidamente que el número de personas empleadas y que el empleo también podría disminuir aún más cuando cesen los regímenes de reducción del tiempo de trabajo; que la reasignación de trabajadores suele ser un proceso largo, por lo que se espera que el empleo disminuya ligeramente en 2021; que, a pesar de la recuperación económica prevista para el año próximo, se prevé que la tasa de desempleo de la Unión aumente aún más, del 7,7 % en 2020 al 8,6 % en 2021, y que disminuya en 2022 al 8,0 %, con divergencias persistentes entre los Estados miembros(20);

F.  Considerando que las inversiones que puedan conducir a una mejora de la productividad total de los factores han de ser bienvenidas a la luz de los resultados dispares registrados hasta la fecha, incluido el lento ritmo de la recuperación económica antes de la pandemia y el aumento del empleo precario; que las transiciones paralelas en curso, verde y digital, tendrán un impacto importante en el empleo, si bien desigual, en función del sector, la región y el tipo de trabajador; que de este modo se generarán nuevas oportunidades, así como desafíos socioeconómicos significativos en muchas regiones y sectores industriales; que la Unión necesita una estrategia común que acompañe a las empresas y los trabajadores afectados con el fin de garantizar que nadie se quede atrás; que la crisis de la COVID-19 ha acelerado estos impactos, especialmente en las tendencias del mercado laboral, y que probablemente afecte también a las demandas de educación, formación y capacitación; que el brote de COVID-19 provocó cambios significativos en las prácticas del mercado laboral, ya que se exigió a más de un tercio de los trabajadores de la Unión que trabajaran desde sus casas(21); que la desconexión laboral debería constituir un principio básico que permita a los trabajadores abstenerse de llevar a cabo tareas relacionadas con el trabajo y de participar en comunicaciones electrónicas fuera del horario laboral sin que ello tenga consecuencias, contribuyendo así a una adecuada conciliación entre la vida familiar y la vida profesional;

G.  Considerando que, antes de la COVID-19, aunque había diferencias entre los Estados miembros, las tendencias económicas se describían generalmente como positivas en las revisiones anuales del Semestre Europeo; que existen factores que demuestran que siguen existiendo desigualdades persistentes y crecientes entre las personas y entre los Estados y las regiones, así como dentro de ellos; que este hecho provoca discriminaciones múltiples que deben abordarse a través de un enfoque interseccional a fin de garantizar la igualdad de oportunidades y una vida digna para todos los grupos; que, si bien algunas regiones que se enfrentan a más desafíos relacionados con la descarbonización de sus industrias serán objeto de ayuda financiera, por ejemplo, a través del Fondo de Transición Justa, otras que dependen en exceso del turismo y de servicios conexos no pueden acogerse a fondos de transición específicos, pese a que algunas sean los territorios con las tasas de desempleo más altas; que las ayudas relacionadas con la COVID-19 facilitadas a los trabajadores y las empresas varían en gran medida entre los Estados miembros; que desafíos mundiales, como la digitalización y la lucha contra el cambio climático, siguen existiendo, con independencia de la crisis de la COVID-19, y exigen una transición justa que no deje a nadie atrás;

H.  Considerando que la crisis de la COVID-19 ha provocado un agravamiento de las desigualdades salariales en todo el mundo, compensadas solo en parte por las subvenciones estatales y las políticas de salario mínimo, lo que ha provocado situaciones graves de precariedad y falta de protección; que los trabajadores con salarios más bajos —entre los que se encuentran las mujeres y los jóvenes de forma desproporcionada— son los más afectados por las consecuencias socioeconómicas de la crisis y el consiguiente aumento de las desigualdades, mientras que la estabilidad de su equilibrio entre la vida profesional y la vida privada ya está siendo amenazada;

I.  Considerando que los sistemas de protección social varían entre los Estados miembros y están sometidos a una dura prueba para mitigar los efectos sociales de la crisis y garantizar a todos unas condiciones de vida dignas y el acceso a servicios esenciales como la salud, la educación y la vivienda; que los costes de la vivienda y de la atención a la infancia pueden abocar a los hogares a la pobreza, y que es importante tener esto en cuenta a la hora de medir la pobreza de las personas con empleo y de integrar los gastos de vivienda en los indicadores estándar de información social; que, en 2018, el 9,6 % de la población de la EU-27 residía en hogares dedicaban el 40 % o más de su renta disponible equivalente a la vivienda, aunque se registraban diferencias sustanciales entre los Estados miembros; que la pobreza de las personas con empleo se ha incrementado en la Unión desde la crisis económica y financiera de 2008 y se calcula que el 10 % de los trabajadores de la Unión se encuentran en situación de riesgo de pobreza(22);

J.  Considerando que la tasa de desempleo juvenil ha aumentado debido a la crisis de la COVID-19, y ha alcanzado el 17,1 % en septiembre de 2020 y se espera que siga aumentando; que el 11,6 % de los jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los 24 años ni estudian, ni trabajan, ni reciben formación («ninis»)15; que la crisis de la COVID-19 ha repercutido en el acceso a la educación de los grupos sociales desfavorecidos, como las familias monoparentales, numerosas o con bajos ingresos, quienes han tenido problemas para costear los equipos para la educación digital de sus hijos; que el aumento de las desigualdades entre generaciones afecta a la sostenibilidad de nuestro sistema de bienestar y a nuestra salud democrática; que los efectos colaterales económicos influirán a largo plazo de forma negativa en el empleo juvenil, y que los jóvenes podrían contar con menos oportunidades o de inferior calidad y unas malas condiciones de trabajo;

K.  Considerando que las mujeres son especialmente vulnerables a los cambios del mercado laboral debido a las responsabilidades que asumen en materia de asistencia social y a una distribución desigual de las labores asistenciales y domésticas no retribuidas, a la discriminación por motivos de embarazo y maternidad, la segregación ocupacional y la mayor precariedad de sus empleos; que una evaluación intersectorial muestra que las mujeres pertenecientes a grupos vulnerables, como las mujeres jóvenes con hijos y, en particular, las madres de familias monoparentales, las mujeres romaníes, las personas con discapacidad o las de origen migrante tienen más probabilidades de encontrarse en una peor situación(23);

L.  Considerando que la brecha de género en el empleo (11,4 %), la brecha salarial de género (14 %) y la brecha de género en las pensiones (30 %) siguen siendo inaceptablemente elevadas; que el cierre de la brecha de género en el empleo es un imperativo social y económico, debido a las implicaciones para las vidas de las mujeres, incluida su seguridad financiera y su calidad de vida, además de sus costes persistentes, que ascendieron a alrededor de 320 000 000 000 EUR en 2018 (2,4 % del PIB de la Unión)(24); que mejorar las oportunidades laborales para las mujeres, garantizar la igualdad salarial, favorecer la conciliación de la vida familiar y la vida profesional y la contabilización adecuada de los períodos de crianza de los hijos en los regímenes de pensiones, también para los hombres, son condiciones vitales en pro de un crecimiento y un desarrollo económicos y sociales sostenibles y de la sostenibilidad presupuestaria a largo plazo en la Unión;

M.  Considerando que las personas marginadas o que sufren exclusión social y pobreza se enfrentan a retos particulares debido a la pandemia de COVID-19 y que los cambios en el mercado laboral que esta ha causado les han afectado de manera desproporcionada; que la población romaní europea sigue enfrentándose a los peores indicadores socioeconómicos, con más del 80 % de sus integrantes en situación de pobreza y exclusión social, solo el 43 % con un trabajo remunerado y unas tasas de ninis desproporcionadamente elevadas; que los romaníes han padecido la crisis de la COVID-19 de manera especial, sobre todo en lo que respecta al acceso a la educación y la formación;

N.  Considerando que las personas con discapacidad se han enfrentado a un acceso a los servicios incluso más limitado como consecuencia de la pandemia; que la brecha digital —incluida la pobreza digital, los bajos niveles de alfabetismo digital y las dificultades con el diseño universal— aumenta las barreras al ejercicio de los derechos sociales por parte de las personas con discapacidad; que las pruebas recopiladas por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea pusieron de manifiesto los importantes obstáculos con que se encuentran los niños con discapacidad a la hora de acceder a la educación(25);

O.  Considerando que el desempleo entre los trabajadores temporales ha aumentado durante la pandemia de COVID-19; que uno de cada cinco trabajadores en la Unión ocupa un puesto de trabajo de calidad deficiente; que se prevé que, en la próxima década, la polarización del empleo y las formas atípicas de empleo aumenten aún más y que haya más puestos de trabajo en ambos extremos del espectro de capacidades(26); que la transformación tecnológica y el uso de la inteligencia artificial podrían modificar significativamente el mercado laboral; que este hecho podría conllevar unas mayores disparidades en los ingresos; que, de forma sistemática, la demanda de mano de obra ha venido siendo más baja en el tramo medio de la escala salarial, en especial durante los períodos de recesión y de contracción del empleo entre 2008 y 2013(27); que es probable que esta tendencia se vea reforzada aún más debido a la pandemia; que los puestos de trabajo poco cualificados siempre serán esenciales para las sociedades y deben ir acompañados de una remuneración y unas condiciones dignas; que el mercado laboral se enfrenta a una rápida transición hacia un entorno más ecológico y más digital, creando puestos de trabajo que requieren competencias actualizadas, y que existe una gran necesidad de centrarse en la estrategia de formación, reciclaje profesional y mejora de las capacidades para los trabajadores de todas las edades; que esto debe combinarse al mismo tiempo con la mejora de las condiciones de trabajo y la creación de nuevos puestos de trabajo de calidad para todos;

P.  Considerando que el desarrollo sostenible es un objetivo fundamental de la Unión Europea y que la sostenibilidad social es un requisito previo indispensable para unas transiciones verde, digital y demográfica justas e inclusivas; que la economía social de mercado se basa en dos pilares complementarios, a saber, la aplicación de las normas de competencia y unas medidas de política social sólidas, que deben permitir lograr el pleno empleo y el progreso social; que los tres pilares del desarrollo sostenible son el económico, el social y el medioambiental; que el desarrollo sostenible se basa, entre otros factores, en el pleno empleo y el progreso social; que se trata de un objetivo fundamental de la Unión Europea establecido en el artículo 3, apartado 3, del TUE;

Q.  Considerando que las desigualdades en materia de salud determinadas por la situación socioeconómica ya eran importantes antes de la crisis de la COVID-19; que los avances en el aumento de la esperanza de vida en la Unión se han ralentizado y atenuado; que la crisis de la COVID-19 ha agravado las enfermedades físicas y mentales, especialmente entre los grupos más vulnerables;

R.  Considerando que el impacto de la COVID-19 se ha visto agravado por la existencia de desigualdades previas, que han aumentado a lo largo de la última década; que la desinversión en servicios públicos tras la crisis financiera mundial ha contribuido al aumento de las desigualdades en relación con las necesidades sanitarias;

S.  Considerando que han surgido o se han intensificado nuevas formas de empleo que se espera que transformen significativamente el modo de trabajar en el futuro, como el teletrabajo y las formas de trabajo atípicas; que también han surgido nuevas realidades y que las tendencias existentes se han intensificado durante los confinamientos, incluidos la dilución de las fronteras entre el trabajo y la vida privada, el aumento de la violencia doméstica, los problemas de salud no directamente relacionados con la pandemia de COVID-19 entre los trabajadores, como los trastornos musculoesqueléticos y los problemas psicológicos, así como las dificultades para mantener un buen equilibrio entre la vida profesional y la vida privada en la nueva realidad de los modelos de trabajo y la necesidad de combinar el trabajo con las obligaciones asistenciales y, a menudo, con la escolarización a domicilio;

T.  Considerando que la pandemia ha exacerbado las desigualdades sanitarias y sociales(28) para un amplio rango de grupos, incluidos los niños de familias con bajos ingresos y las personas mayores, y que se prevé que el aumento de la tasa de pobreza (más de 90 millones de ciudadanos están actualmente en riesgo de pobreza en la Unión(29)) sea uno de los efectos colaterales de la pandemia de COVID-19 y que afecte a nuevos grupos de ciudadanos; que Eurofound propone que se complemente el cuadro de indicadores sociales que acompaña al pilar europeo de derechos sociales con indicadores adicionales relativos a la calidad del empleo, la justicia social y la igualdad de oportunidades, los sistemas de protección social sólidos y la movilidad justa;

U.  Considerando que el diálogo social es un elemento crucial del modelo social de la Unión Europea, ya que ayuda a encontrar soluciones a medida para el mercado laboral; que el diálogo social se ha visto debilitado y que la cobertura de la negociación colectiva ha disminuido en toda la Unión como consecuencia de un proceso de descentralización que siguió a la crisis de 2008 y las reformas del mercado laboral introducidas en algunos Estados miembros, como señalan los informes por país del Semestre Europeo; que Eurofound ha puesto de manifiesto que la participación de los interlocutores sociales en el diseño de las respuestas políticas del mercado laboral a la COVID-19 ha sido más limitada de lo que hubiera sido en situaciones exentas de crisis en numerosos Estados miembros(30);

V.  Considerando que persisten unos altos niveles de desigualdad salarial en la Unión; que la competencia fiscal y de costes laborales es dañina para el mercado único y la cohesión entre Estados miembros; que unos sistemas fiscales y de prestaciones sociales progresivos y bien diseñados, la inversión social, y la provisión de unos servicios públicos y sociales de calidad son instrumentos esenciales para evitar que las desventajas pasen de una generación a la siguiente;

W.  Considerando que la pandemia ha afectado en gran medida a los sistemas educativos de la Unión, provocando el cierre de centros escolares, universidades y centros de educación superior; que las repercusiones negativas para la salud física y mental y la educación de los niños del cierre proactivo de centros escolares probablemente sobrepasen los beneficios de la decisión de cerrarlos, en particular en las zonas con una población en riesgo de pobreza o de exclusión social;

X.  Considerando que el reto demográfico requiere un enfoque global basado en una combinación de soluciones políticas inclusivas y no discriminatorias en los ámbitos de las pensiones, la seguridad social y la protección, los servicios y las infraestructuras de asistencia accesibles y de calidad para los niños, las personas de edad avanzada y las personas con discapacidad, el apoyo a las familias, la vivienda, la educación desde la primera infancia, los cuidados de larga duración, los sistemas sanitarios —incluida la atención preventiva y el apoyo psicológico—, la lucha contra la pobreza y la exclusión social, la integración de los migrantes, la conciliación de la vida familiar y la vida profesional, la igualdad de género, el envejecimiento saludable y activo, así como unos elevados niveles de empleo y salarios; que unas buenas condiciones de vida y de trabajo a lo largo de la vida son esenciales para la prevención de necesidades asistenciales, y que una vivienda adecuada y asequible y unas zonas locales de alta calidad, incluidas sus dimensiones física, social y de servicios, son importantes, ya que facilitan una vida independiente;

Y.  Considerando que Eurofound ha puesto de manifiesto que la mano de obra del sector de los cuidados de larga duración se ha incrementado en más de un tercio a lo largo de la última década y es un sector fundamental que se debe tener en cuenta, no solo para garantizar la calidad de vida de una población envejecida, sino también en términos de igualdad de género en tres aspectos: en la actualidad, prestan la mayoría de los cuidados de larga duración cuidadores informales, la mayoría de los cuales son mujeres; la mayoría de los trabajadores del sector son mujeres, lo que apenas ha cambiado; y la mayoría de los receptores de cuidados son mujeres, quienes, por término medio, tienen una esperanza de vida superior a la de los hombres en todos los Estados miembros(31);

Z.  Considerando que nos encontramos en un momento crítico de nuestra historia en el que ha quedado muy desacreditada la idea que el crecimiento económico se transmite automáticamente por goteo a todos los estratos de la sociedad; que estamos asistiendo a la disminución de la clase media, a unas condiciones de trabajo cada vez más precarias y a una pobreza creciente entre personas con empleo en el caso de los trabajadores manuales y de plataformas, y al aumento de la polarización de los ingresos y la riqueza; que los sectores cultural y creativo y el sector turístico, concretamente los eventos y espectáculos, el turismo cultural y lo relacionado con el patrimonio cultural inmaterial, junto con las pequeñas y medianas empresas (pymes), los autónomos y las empresas locales y familiares, se han visto gravemente afectados económicamente por las medidas destinadas a reducir la propagación de la COVID-19;

AA.  Considerando que el riesgo de pobreza entre los jóvenes en formas atípicas de empleo parece haber aumentado desde la recesión, y que esta tendencia se ha visto acentuada por la actual pandemia de COVID-19;

AB.  Considerando que, contrariamente a la hipótesis de desplazamiento que ha prevalecido en el pensamiento económico durante las tres últimas décadas, la inversión pública y sus efectos de atracción deben desempeñar un papel central en este nuevo paradigma económico; que la política de cohesión, que es la principal política de inversión de la Unión para el desarrollo social, económico y territorial, ha demostrado su eficacia para reducir las desigualdades y las diferencias regionales, en particular en las regiones más pobres; que la cohesión social es una condición previa para el crecimiento económico, la creación de puestos de trabajo y el empleo;

AC.  Considerando que la pandemia y la crisis de la COVID-19 han mostrado que luchar contra las situaciones de carencia de hogar es una cuestión de salud pública; que se estima que cualquier noche en la Unión Europea 700 000 personas sin hogar tienen que dormir en la calle o en albergues, lo que supone un aumento del 70 % en los últimos diez años;

1.  Recuerda que la Comisión señaló en la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible 2020 y en el paquete de primavera y verano del Semestre Europeo de 2020 que el Semestre Europeo debe contribuir a la aplicación del Pacto Verde Europeo, el pilar europeo de derechos sociales y los ODS de las Naciones Unidas; celebra la inclusión del pilar europeo de derechos sociales y los ODS de las Naciones Unidas en la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible 2021; pide urgentemente que se conceda la misma importancia a la equidad y a los derechos sociales que a la estabilidad macroeconómica en el nuevo modelo económico y social que debe mejorar el bienestar de la población de la Unión; destaca el papel central que desempeña el cuadro de indicadores sociales en el Semestre Europeo(32);

2.  Toma nota de la conclusión del Consejo Fiscal Europeo de que debe revisarse el marco presupuestario con el fin de reducir sus complejidades y ambigüedades, ofrecer una protección mejor y más permanente del gasto público que propicia el crecimiento sostenible y establecer objetivos realistas para la reducción de la deuda de los Estados miembros, que no contrarresten la convergencia social ascendente; insta a la Comisión a que vele por que las políticas socioeconómicas, macroeconómicas y fiscales de todos los Estados miembros contribuyan a alcanzar los objetivos y metas del pilar europeo de derechos sociales, el Pacto Verde Europeo y los ODS de las Naciones Unidas y sean plenamente coherentes con ellos, y por la introducción de los objetivos y metas sociales y medioambientales en el marco del procedimiento multilateral de vigilancia a que se refiere el artículo 121 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), así como en el contexto de un procedimiento reforzado de desequilibrio macroeconómico; considera que la incorporación de los ODS de las Naciones Unidas y el pilar europeo de derechos sociales al ámbito del Semestre Europeo requerirá el ajuste de los indicadores existentes y la creación de otros nuevos para supervisar la aplicación de las políticas económicas, medioambientales y sociales de la Unión, así como la coherencia entre los objetivos políticos y los medios presupuestarios; pide a la Comisión que desarrolle sin demora una metodología de seguimiento del gasto en los ODS de las Naciones Unidas por lo que se refiere al presupuesto de la Unión y que también pueda utilizarse para evaluar las inversiones en los planes nacionales de recuperación y resiliencia;

3.  Observa que, diez años después de la introducción del ciclo del Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas, los desequilibrios sociales y de empleo en la Unión, como la segmentación del mercado laboral, la dispersión salarial, las crecientes desigualdades y la pobreza, especialmente la pobreza infantil, no solo no se han resuelto, sino que se han agravado, lo que demuestra que las políticas públicas de algunos Estados miembros no han tenido fuerza suficiente para establecer unos sistemas de protección social sólidos y un mercado laboral europeo más justo, y que se necesitan políticas más fuertes y más coordinación a escala europea; tiene la firme convicción de que las ayudas europeas deben ir más allá de la puesta a disposición de fondos; subraya la importancia de extraer lecciones de la crisis sanitaria y económica actual y obrar de manera proactiva en el futuro;

4.  Destaca que debe reforzarse la rendición de cuentas democrática para el actual proceso de evaluación del Semestre; pide a la Comisión y a los Estados miembros que reformen el marco jurídico y financiero y el proceso del Semestre Europeo para reforzar la rendición de cuentas democrática y la participación del Parlamento Europeo, reforzar el papel y la participación de los interlocutores sociales nacionales y de la Unión, y proteger los objetivos de progreso social relacionados con los sistemas de protección social y el empleo de calidad en futuros programas de ajuste y en el marco del Pacto Verde Europeo;

5.  Insiste en que debe tener una mejor participación en el proceso del Semestre Europeo, en particular en las recomendaciones específicas por país; destaca el importante papel de un diálogo social más integrador con los interlocutores sociales, la sociedad civil, las organizaciones juveniles y las autoridades locales y regionales para configurar el Semestre Europeo; subraya que una metodología de seguimiento social eficaz, transparente, exhaustiva, orientada a los resultados y basada en el rendimiento —que debe desarrollarse para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) — hará progresar al Semestre Europeo porque reflejará mejor los desafíos en materia social, de género y medioambiental, y los pondrá en pie de igualdad con la coordinación fiscal, así como, por ejemplo, porque prestará más atención a la planificación fiscal agresiva, la reducción de la pobreza, la igualdad de género, la justicia social, la cohesión social y la convergencia ascendente;

6.  Considera que el proceso del semestre sostenible también debe centrarse por igual en tres dimensiones: la sostenibilidad medioambiental, la sostenibilidad económica y la sostenibilidad social; reitera que solo se alcanzará la sostenibilidad social mediante la reducción de las desigualdades y la pobreza y con la oferta de oportunidades sociales y de empleo y una prosperidad compartida; subraya que la justicia social, el trabajo digno con salarios dignos, la igualdad de oportunidades, la movilidad equitativa y unos sistemas de protección social sólidos son elementos esenciales de la transición justa a una Unión sostenible y social; pide a la Comisión que evalúe detenidamente las dimensiones del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para que sean plenamente conformes con el artículo 3 del TUE, que establece que el desarrollo sostenible es el objetivo por el que debe trabajar la Unión, sobre la base de un crecimiento económico equilibrado y la estabilidad de los precios, una economía social de mercado muy competitiva, orientada al pleno empleo y el progreso social, un nivel elevado de protección y la mejora de la calidad del medio ambiente; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que se centren, junto con el Parlamento Europeo, en abordar estos retos mediante políticas ecosociales de la Unión que combinen la prosperidad económica compartida, el progreso social y el desarrollo sostenible;

Dimensión social del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

7.  Acoge con satisfacción la adopción del MRR; reconoce que el MRR estará vinculado al proceso del Semestre Europeo; subraya que la coordinación entre los dos procesos debe ser transparente y debe apoyar a los objetivos generales de la Unión, como la aplicación del pilar europeo de derechos sociales, los ODS de las Naciones Unidas, la Estrategia de la Unión para la Igualdad de Género, el Pacto Verde Europeo y la transición digital; destaca que el Semestre Europeo, incluidos los principios del pilar europeo de derechos sociales, es el marco para determinar las prioridades nacionales de reforma y supervisar su aplicación; insiste en que las reformas deben basarse en la solidaridad, la integración, la justicia social y una distribución equitativa de la riqueza, con el fin de crear empleos de calidad y un crecimiento sostenible, garantizar la igualdad y el acceso a oportunidades y protección social, proteger a los grupos vulnerables y mejorar el nivel de vida de todas las personas en la Unión;

8.  Entiende que, para acceder al fondo, los Estados miembros deben incluir en sus planes nacionales de recuperación medidas sobre cohesión social y territorial, niños y jóvenes; observa que los hitos y metas sociales no se han definido ni asignado explícitamente en el Reglamento MRR, pero que, de conformidad con el Reglamento adoptado, la Comisión debe establecer los indicadores comunes que deben utilizarse para informar sobre los progresos realizados y para el seguimiento y la evaluación del instrumento, y debe definir una metodología para informar sobre el gasto social en el marco del instrumento, también sobre el destinado a niños y jóvenes; destaca la especial importancia de los indicadores referentes a la aplicación de los principios del pilar europeo de derechos sociales, el empleo de calidad, la convergencia social ascendente, la igualdad de oportunidades y de protección social y el acceso a ambas, la educación y las capacidades, y la inversión en el acceso y las oportunidades para los niños y los jóvenes a la educación, la salud, la nutrición, el empleo y la vivienda, en consonancia con los objetivos de la Garantía Infantil y la Garantía Juvenil; pide a la Comisión que trabaje con el Parlamento Europeo, los interlocutores sociales y la sociedad civil, en el contexto del diálogo sobre recuperación y resiliencia, para definir estos indicadores, de conformidad con los establecidos en la Resolución del Parlamento Europeo sobre una Europa social fuerte para unas transiciones justas, con el fin de evaluar las inversiones y las reformas de los planes nacionales de recuperación y resiliencia, así como las medidas propuestas para garantizar el progreso hacia estos objetivos;

9.  Señala que los Estados miembros diseñarán a la medida sus propios planes nacionales de recuperación y resiliencia, sobre la base de los criterios y el enfoque en seis pilares del MRR y de las prioridades de inversión y reforma establecidas como parte del proceso del Semestre Europeo, en consonancia con sus programas nacionales de reforma, los planes nacionales de energía y clima, los planes de transición justa, y los planes de aplicación de la Garantía Juvenil y los acuerdos de asociación y programas operativos establecidos en el marco de los fondos de la Unión; recuerda que cada Estado miembro debe incluir en su plan nacional de recuperación y resiliencia una explicación detallada de cómo contribuye el plan a la aplicación del pilar europeo de derechos sociales, y de cómo refuerza la creación de empleo de calidad, la convergencia social ascendente, las inversiones en jóvenes y niños, la igualdad de género y la igualdad de oportunidades para todos; anima a los Estados miembros a incluir también metas e hitos sociales y a especificar el importe estimado de la inversión en el progreso social hacia ellos; insiste en que los planes de recuperación y resiliencia deben contribuir a la consecución de los ODS de las Naciones Unidas, a la aplicación de la estrategia de crecimiento sostenible de la Unión establecida en el Pacto Verde Europeo y al cumplimiento de los principios del pilar europeo de derechos sociales; pide a los Estados miembros que aprovechen plenamente el potencial que ofrece la cláusula general de salvaguardia para apoyar a las empresas en dificultades y carentes de liquidez, en particular mejorando el acceso de las pymes a financiación pública y privada, salvaguardando el empleo, los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores de la Unión, e invirtiendo en las personas y en los sistemas de protección social;

10.  Pide a la Comisión que incluya los indicadores sociales del cuadro de indicadores sociales del Semestre Europeo, en particular los relativos al trabajo digno, la justicia social y la igualdad de oportunidades, los sistemas de protección social sólidos y la movilidad justa, en los indicadores comunes que se utilizarán en el MRR para informar sobre los progresos y el seguimiento y la evaluación de los planes, así como en la metodología para informar sobre la inversión social, incluidas la Garantía Infantil y la Garantía Juvenil; subraya que el Parlamento Europeo analizará detenidamente el acto delegado que la Comisión presentará sobre este asunto, con el fin de establecer si los indicadores sociales, el cuadro de indicadores y la metodología social se ajustan a los objetivos, y comprobar que no hay objeciones que formular;

11.  Considera que unos sistemas de protección social sólidos construidos sobre unas estructuras económicas y sociales sólidas ayudan a los Estados miembros a responder de forma más eficaz, justa e inclusiva a las crisis y a recuperarse más rápidamente de ellas; destaca que los sistemas de protección social contribuyen a garantizar que las sociedades y todas las personas que vivan en la Unión tengan acceso a los servicios integrales y el apoyo económico que necesitan para una vida digna, y cubren los siguientes ámbitos de actuación: seguridad social, sanidad, educación y cultura, vivienda, empleo, justicia y servicios sociales para grupos vulnerables; destaca, además, que los sistemas de protección social desempeñan un papel clave en la consecución de un desarrollo social sostenible, la lucha contra la pobreza y la exclusión social y la promoción de la igualdad y la justicia social; advierte que durante la crisis de la COVID-19, los sistemas de protección social han sufrido una presión sin precedentes, pues no fueron diseñados para cubrir las demandas sociales provocadas por una emergencia sanitaria y económica; pide a los Estados miembros que, con el apoyo de la Unión, refuercen sus sistemas de protección social para que puedan actuar bien y asistir a toda la población, en particular en situaciones de crisis o trastornos sistémicos, entre otras vías, estableciendo metas de inversión social de ambición comparable a las de las inversiones digital y verde;

12.  Pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros que, en sus medidas de recuperación, aborden las necesidades de los niños y tomen medidas para garantizar el acceso equitativo de todos los niños al apoyo en la primera infancia, la educación sobre nuevas tecnologías, capacidades y uso ético y seguro de las herramientas digitales, así como a las oportunidades de bienestar social, mental, cultural y físico; pide a la Comisión que proponga una estrategia ambiciosa de lucha contra la pobreza y asigne un presupuesto mayor a la Garantía Infantil; pide a la Comisión que vele por que la próxima Garantía Infantil asegure la igualdad de acceso de los niños a asistencia sanitaria gratuita, educación gratuita, atención a la infancia gratuita, una vivienda digna y una nutrición adecuada;

13.  Considera que las reformas y las inversiones sostenibles y de mejora de la equidad esbozadas en los planes nacionales de recuperación y resiliencia deben abordar las debilidades estructurales de los servicios sociales y los sistemas de protección social, además de reforzar su resiliencia; reitera la importancia de la política de cohesión, entendida como una estrategia para promover y apoyar el «desarrollo armonioso general» de sus Estados miembros y regiones, con el objetivo de reforzar el desarrollo económico y territorial y la cohesión económica reduciendo las disparidades dentro de la Unión, con una atención especial a las regiones más pobres; señala, en este sentido, que las reformas y las inversiones en cohesión social y territorial deben contribuir también a la lucha contra la pobreza y a abordar el desempleo, dar pie a la creación de empleos estables y de alta calidad y a la inclusión y la integración de los grupos desfavorecidos, y permitir el refuerzo del diálogo social, el emprendimiento, la infraestructura social, y los sistemas de protección y bienestar social;

14.  Considera que para asegurar que la Unión siga siendo resiliente, debemos centrar todas las políticas en garantizar una recuperación duradera y en evitar el fin prematuro de las medidas y los instrumentos financieros de apoyo a nuestras empresas y trabajadores, y reforzarlos donde y cuando sea necesario; acoge con satisfacción la activación de la cláusula general de salvaguardia en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento al menos hasta finales de 2021; espera que permanezca activado mientras exista la justificación subyacente de la activación; insiste en que cualquier futuro programa de ajuste debe centrarse en el crecimiento sostenible y la creación de empleo de calidad y ser coherente y no obstaculizar las reformas o inversiones en progreso social con vistas a los hitos y metas sociales identificados en el proceso del Semestre Europeo y en los planes nacionales de recuperación y resiliencia, en particular los avances hacia la reducción de la pobreza y las desigualdades; señala que debe garantizarse el apoyo financiero a través del MRR para que los Estados miembros puedan alcanzar estos hitos y metas sociales; pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen inversiones sostenibles y apoyen a las pymes y a sus empleados en la transición hacia una economía más digital y más ecológica y en la reanudación de la actividad económica, y que dediquen la debida atención a las pymes analizando la posible repercusión de las políticas de consolidación fiscal en ellas, ya que son uno de los principales motores de la economía de la Unión y son fundamentales para el crecimiento sostenible;

15.  Considera que el marco de gobernanza económica debe evitar la prociclicidad, que podría dar lugar a aumentos de la pobreza y las desigualdades y a desviaciones de los objetivos sociales acordados en el MRR; pide que se evalúen las posibles consecuencias negativas de la desactivación de la cláusula general de salvaguardia, de conformidad con el artículo 9 del TFUE; insta a la Comisión y a los Estados miembros, en el contexto del diálogo sobre recuperación y resiliencia y el Acuerdo Interinstitucional sobre la Mejora de la Legislación, a que colaboren con el Parlamento Europeo para proponer los cambios de gobernanza necesarios que garanticen el progreso social y protejan a los más vulnerables para que no tengan que soportar las consecuencias de posibles futuros programas de ajuste;

16.  Reconoce que el Instrumento de Recuperación de la Unión Europea es considerable, pero lamenta que el tamaño limitado del presupuesto de la Unión, combinado con su naturaleza condicionada por el gasto y con el principio de equilibrio, implique que sus funciones de redistribución y estabilización también se vean muy limitadas; reconoce la importancia de las políticas sociales y de cohesión, y confía en su refuerzo si surgen más necesidades; subraya, por lo tanto, que ello no hace sino aumentar la importancia de aprovechar al máximo todas las posibilidades que ofrecen el MFP, el Instrumento de Recuperación de la Unión Europea y el sistema de recursos propios para apoyar una recuperación nacional integradora, la justicia social y la resiliencia medioambiental, económica, social e integradora, y para impulsar las políticas y las inversiones sociales, reforzando al mismo tiempo el presupuesto de la Unión mediante una cartera de recursos propios más amplia;

17.  Considera que el Instrumento de Recuperación de la Unión Europea, el MFP y el presupuesto de la Unión deben destinar inversiones a objetivos sociales, especialmente al progreso social, tal como disponen el artículo 3 del TUE y el artículo 9 del TFUE, que sean comparables en su ambición a las inversiones en los ámbitos ecológico y digital, y opina que la reducción de la pobreza y las desigualdades también debe ser una consideración transversal de todas las decisiones de gastos; considera que podría ser necesario reforzar las funciones de redistribución y estabilización del presupuesto de la Unión para una recuperación fuerte e integradora; pide a los Estados miembros que aprovechen todas las posibilidades que ofrecen el MFP, el Instrumento de Recuperación de la Unión Europea y el sistema de recursos propios para apoyar los objetivos sociales y la justicia social en su recuperación nacional, a fin de reforzar la ambición social del MFP y del MRR; pide a los Estados miembros que aceleren la ejecución de los programas y fondos de la Unión de conformidad con el MFP 2014-2020 y que ratifiquen con urgencia la Decisión (UE, Euratom) 2020/2053, y subraya que la aplicación de la hoja de ruta para la introducción de nuevos recursos propios será crucial para el reembolso de los importes gastados en el marco del Instrumento de Recuperación de la Unión Europea, sin una reducción indebida de los gastos o la inversión de la Unión en políticas de empleo y sociales dentro del MFP 2021-2027;

18.  Acoge con satisfacción la inclusión en el Semestre Europeo de componentes relativos a las actividades específicas en los sectores de la educación, la cultura, el deporte y los medios de comunicación que se llevan a cabo en el marco del MRR; pide a la Comisión que supervise atentamente los informes de situación de los Estados miembros sobre la aplicación de los planes nacionales de recuperación y resiliencia en el marco del ejercicio del Semestre Europeo, a fin de verificar en qué medida se han cumplido los objetivos del MRR;

19.  Hace hincapié en que la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible 2021 menciona la consecución del objetivo de la Unión en materia de sostenibilidad competitiva, pero que este no es un concepto definido como objetivo en los Tratados de la Unión ni figura en los ODS de las Naciones Unidas; pide, por tanto, a la Comisión que cumpla los objetivos definidos en el artículo 3 del TUE y en los artículos 8 a 11 del TFUE, y que sea más precisa en la definición de resiliencia, entendida como la capacidad no solo de resistir a las dificultades y hacerles frente, sino también de experimentar transiciones de manera sostenible, justa y democrática(33);

20.  Destaca que el progreso social es uno de los objetivos de la Unión establecidos en el artículo 3, apartado 3, del TUE; observa que el acuerdo del MFP debe abordar adecuadamente las graves consecuencias sociales de la pandemia de COVID-19 y la necesidad de una respuesta firme para evitar un aumento mayor del desempleo, la pobreza y la exclusión social, garantizando que nadie quede rezagado; hace hincapié en la necesidad de integrar el progreso social como una prioridad de inversión, junto con las transiciones ecológica y digital, a fin de proteger a todos los miembros de nuestras sociedades, en particular a las personas más vulnerables, frente al impacto negativo de la crisis actual y de paliar el agravamiento de las desigualdades; recuerda que la Comisión calcula que la inversión necesaria en infraestructura social alcanza los 192 000 000 000 EUR, de los que el 62 % corresponden a la atención sanitaria y los cuidados de larga duración (viviendas asequibles, 57 000 000 000 EUR; atención sanitaria 70 000 000 000 EUR; cuidados de larga duración 50 000 millones EUR; educación y aprendizaje permanente, 15 000 000 000 EUR)(34); reitera la importancia de los proyectos que generan impactos sociales positivos y potencian la inclusión social; recuerda que los planes de progreso social deben integrarse en los planes nacionales de recuperación y resiliencia, precisando la aplicación del pilar europeo de derechos sociales y de la inversión social para reducir el déficit de inversiones en infraestructuras sociales; destaca el papel del Parlamento Europeo como colegislador y pide que se tengan en cuenta sus aportaciones para garantizar el control democrático en los planes de recuperación y resiliencia; insta a los Estados miembros a que pongan en marcha unos mecanismos que garanticen el diálogo con los interlocutores sociales regionales;

21.  Pide a los Estados miembros que aumenten sus asignaciones del producto interior bruto para educación y que incluyan en sus planes nacionales de recuperación y resiliencia inversiones ambiciosas en todos los niveles de la enseñanza, incluida la educación y formación profesionales, la mejora de las capacidades y el reciclaje profesional, como condición para una recuperación económica que fomente la cohesión social y ataje las desigualdades;

Dimensión social

22.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que aborden activamente la brecha digital en el acceso a los servicios públicos, muchos de los cuales se han digitalizado durante la crisis de la COVID-19, garantizando el apoyo de la Unión, incluido el apoyo financiero, a la innovación social a escala local para que pueda accederse a los servicios públicos con mayor facilidad, en particular el refuerzo de capacidades y la ampliación de escala de las iniciativas innovadoras ascendentes para la inclusión digital y la alfabetización en materia de datos, con el fin de garantizar que todas las personas de la Unión tengan acceso a servicios de interés general de alta calidad, accesibles y fáciles de utilizar; destaca la importancia de seguir mejorando las competencias digitales y promoviendo la transformación digital de las empresas y las administraciones públicas; subraya que la digitalización de los servicios públicos puede contribuir a facilitar una movilidad laboral justa, en particular por lo que se refiere a la coordinación de los sistemas de seguridad social, y pide a los Estados miembros que se comprometan con esta digitalización; destaca que los Estados miembros también deben centrarse en la innovación y las inversiones en la mejora de la conectividad y la infraestructura para los hogares urbanos y rurales y a lo largo de los principales corredores de transporte;

23.  Pide a los Estados miembros que adopten las medidas necesarias para reforzar su infraestructura digital, su conectividad y los métodos educativos utilizados en sus escuelas, universidades y centros de aprendizaje, que aceleren las reformas para llevar a cabo la transformación digital, garantizando así que todos los ciudadanos de la Unión puedan beneficiarse, y que hagan un esfuerzo particular para garantizar que la educación en línea sea accesible para todos; recuerda, en este contexto, la necesidad de formar adecuadamente a los profesores, los formadores y los padres, que desempeñan un papel crucial en la transformación digital, especialmente en lo que respecta a los nuevos formatos como el aprendizaje a distancia y mixto; señala la necesidad de evaluar exhaustivamente el impacto de la sobreexposición al mundo digital y pide que se adopten medidas que promuevan una mejor comprensión de los riesgos que plantean las tecnologías digitales, que pueden afectar especialmente a los niños y los jóvenes; subraya que, a largo plazo, el acceso a la educación digital y en línea no debe concebirse como sustituto, sino como complemento, de la interacción directa entre profesores y alumnos, ya que solo el aprendizaje presencial puede garantizar eficazmente la adquisición de competencias interpersonales y sociales;

24.  Subraya la necesidad de que la Comisión y los Estados miembros recojan datos mejores y más armonizados sobre el número de personas sin hogar en la Unión, ya que esto constituye la base de toda política pública eficaz;

25.  Subraya que la inversión en derechos sociales es importante, al igual que el esfuerzo por integrar los principios consagrados en el pilar europeo de derechos sociales, teniendo debidamente en cuenta los diferentes entornos socioeconómicos, la diversidad de los sistemas nacionales y el papel de los interlocutores sociales;

26.  Observa con preocupación los grandes volúmenes de ingresos fiscales que no se recaudan a causa de la elusión fiscal a gran escala; pide al Consejo que acelere las negociaciones relativas a la legislación sobre los informes públicos país por país y una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades, y que revise tanto los criterios del Grupo «Código de Conducta» (Fiscalidad de las Empresas) como los de la lista de la UE de países y territorios no cooperadores;

27.  Pide a la Comisión y al Consejo que hagan todo lo posible para luchar contra la evasión y la elusión fiscales y para luchar eficazmente contra las prácticas fiscales perniciosas adoptadas por algunos Estados miembros;

28.  Lamenta que la forma en que se presentan los datos en el informe conjunto sobre el empleo no sea clara y que los datos a menudo no sean concluyentes o sean difíciles de comparar en lo que respecta a la evolución de los salarios, la productividad, las plusvalías y los beneficios, las subvenciones y las desgravaciones fiscales para las empresas, y la cuña fiscal para el trabajo y el capital; advierte de que no se está midiendo la productividad multifactorial; pide a los Estados miembros que incluyan el índice de igualdad de género como una de las herramientas del Semestre Europeo y que analicen las reformas estructurales desde una perspectiva de género; recuerda que, a fin de comprender las nuevas demandas, comportamientos y respuestas, es necesario mejorar la recogida, el seguimiento y el uso de formas de datos y pruebas existentes y nuevas; expresa su preocupación por la falta de referencias a la lucha contra la discriminación y el racismo y a la garantía de la igualdad de oportunidades y de una vida digna para todos los grupos, incluidos los niños y en términos de su acceso a la educación; insta a la Comisión a que refuerce la aplicación de la legislación, las políticas y las prácticas contra la discriminación para luchar eficazmente contra la discriminación por cualquier motivo, incluida la hostilidad hacia los gitanos, y preservar el bienestar social, mental, cultural y físico en las medidas de recuperación;

29.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que elaboren un paquete sobre el empleo de calidad que tenga en cuenta diversas formas de prácticas nacionales y el papel de los interlocutores sociales y de la negociación colectiva, incluidas medidas legislativas destinadas no solo a mejorar los salarios, sino también a garantizar unas condiciones de trabajo dignas para todos, prestando especial atención al teletrabajo, el derecho a la desconexión, el equilibrio entre la vida privada y la vida laboral, el bienestar mental en el trabajo, los permisos de paternidad y para la prestación de cuidados, la salud y la seguridad en el trabajo, los derechos de los trabajadores de plataformas, la garantía de puestos de trabajo de calidad para los trabajadores esenciales y el fortalecimiento de la democracia en el trabajo y del papel de los interlocutores sociales y de la negociación colectiva; subraya que la creación de empleo de calidad es uno de los objetivos incluidos en el Reglamento del MRR y que esto debe hacerse mediante un paquete exhaustivo de reformas e inversiones así como con medidas que garanticen contratos estables, salarios dignos, cobertura de las negociaciones colectivas y un nivel mínimo de protección social, incluidas unas pensiones dignas por encima del umbral de la pobreza; pide a la Comisión que incluya estos indicadores en las directrices para evaluar los avances sociales en los planes nacionales de recuperación y resiliencia; señala que las reformas del mercado laboral emprendidas como parte de los planes nacionales de recuperación y resiliencia deben ir en consonancia con la consecución de estos objetivos;

30.  Señala que las políticas macroeconómicas que garantizan altos niveles de empleo de calidad, así como una fiscalidad justa, son esenciales para la sostenibilidad de nuestros sistemas nacionales de pensiones en un contexto demográfico de envejecimiento de las poblaciones de los Estados miembros; subraya la necesidad de seguir apoyando a los trabajadores y las empresas, ya que los Estados miembros siguen esforzándose por lograr la estabilidad macroeconómica tras la crisis causada por la COVID-19; pide un enfoque coordinado a escala de la Unión para evitar la competencia injusta y malsana en los costes laborales y aumentar la convergencia social ascendente para todos;

31.  Destaca que el diálogo social y la negociación colectiva son instrumentos esenciales que ayudan a los empresarios y los sindicatos a fijar unas retribuciones y unas condiciones de trabajo justas, y que unos sistemas de negociación colectiva sólidos aumentan la resiliencia de los Estados miembros en épocas de crisis económica; cree firmemente que una recuperación democrática, resiliente y socialmente justa debe basarse en el diálogo social, incluida la negociación colectiva; reitera su opinión de que los Estados miembros deben tomar medidas para promover una alta densidad sindical e invertir la disminución de la cobertura de las negociaciones colectivas; subraya la importancia de garantizar que los trabajadores de la Unión estén protegidos con unos salarios mínimos adecuados, en virtud de la legislación o de convenios colectivos, que les garanticen un nivel de vida digno dondequiera que trabajen; acoge con satisfacción a este respecto la propuesta de la Comisión de una directiva sobre salarios mínimos adecuados en la Unión, cuyo objetivo es aumentar la cobertura de las negociaciones colectivas y garantizar que los trabajadores de la Unión Europea dispongan de la protección de unos salarios mínimos fijados en niveles adecuados;

32.  Pide a los Estados miembros que adopten medidas para promover el acceso efectivo a los sistemas de protección social con el fin de garantizar unos niveles mínimos de protección social adecuados para todos los trabajadores (en particular, los trabajadores vulnerables, como los trabajadores con formas atípicas de trabajo, los trabajadores por cuenta propia, los migrantes y los trabajadores con discapacidad), en particular siguiendo la Recomendación del Consejo, de 8 de noviembre de 2019, relativa al acceso a la protección social para los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia(35); acoge con satisfacción, una vez más, la adopción de esta Recomendación como primera medida y el compromiso de la Comisión de consolidar los sistemas de protección social en la Unión, pero subraya la necesidad de concretar el acceso universal a la protección social, especialmente en el difícil contexto actual; pide a los Estados miembros que desarrollen y refuercen los incentivos para aumentar las oportunidades de empleo de los trabajadores de más edad, garantizando al mismo tiempo la adecuación y sostenibilidad de los sistemas de pensiones;

33.  Pide a la Comisión que dé prioridad a la publicación de su estrategia sobre los derechos de las personas con discapacidad e insta a los Estados miembros a que tengan en cuenta los efectos negativos desproporcionados que las medidas adoptadas en el contexto de la pandemia tienen sobre los grupos vulnerables, y a que trabajen para compensarlos;

34.  Recuerda que la crisis de la COVID-19 ha sometido a los sistemas de salud pública de los Estados miembros a una presión sin precedentes, lo que pone de relieve la importancia de una financiación adecuada, —en particular haciendo el mejor uso posible del MRR al objeto de mejorar la capacidad de preparación ante las crisis y de reforzar la resiliencia social e institucional—, así como la importancia de la capacidad, accesibilidad, eficacia y calidad de la salud pública y de unos sistemas sanitarios que cuenten con personal suficiente, también para acelerar una distribución coordinada de las vacunas y un acceso oportuno a las mismas para todos los Estados miembros y para todas las personas; acoge con satisfacción la creación de una Unión Europea de la Salud fuerte en este sentido; pide a los Estados miembros que garanticen un acceso equitativo a una asistencia sanitaria de calidad que incluya la prevención, los cuidados de larga duración y la promoción de la salud, prestando especial atención a la atención de calidad para las personas mayores, en particular realizando inversiones específicas en este ámbito y poniendo fin a la precariedad y al abuso del trabajo temporal en el sector sanitario;

35.  Destaca que combatir la pandemia es un requisito previo para la recuperación social y económica y para la eficacia de los esfuerzos de recuperación; acoge con satisfacción el desarrollo de vacunas contra la COVID-19, pero muestra su gran preocupación por los graves casos de incumplimiento en relación con los calendarios de producción y entrega; pide que las vacunas contra la COVID-19 se traten en la práctica como bienes públicos garantizados para todos; insta a la Comisión y a todos los Estados miembros a que superen las barreras y las restricciones derivadas de las patentes y los derechos de propiedad intelectual con el fin de garantizar la producción generalizada de vacunas y su distribución oportuna a todos los países y a todos los ciudadanos;

36.  Recuerda que la brecha en el empleo, así como la brecha de género en los salarios y las pensiones sigue siendo extremadamente amplia; subraya que el proceso del Semestre Europeo y el MRR deberían contribuir a combatir estos desafíos; pide que se refuerce la igualdad de género mediante la integración de la perspectiva de género y que la Comisión acelere la introducción de una metodología eficaz, transparente, exhaustiva, orientada a resultados y basada en el rendimiento para todos los programas de la Unión; acoge con satisfacción la intención de la Comisión de introducir medidas vinculantes de transparencia salarial incluido un índice de igualdad salarial entre mujeres y hombres; aboga por la rápida adopción de estas medidas a fin de evitar ulteriores desigualdades de género; insta a los Estados miembros y a la Comisión a que apoyen el emprendimiento entre las mujeres y les den acceso a la financiación; solicita a los Estados miembros que desbloqueen en el Consejo las negociaciones relativas a la Directiva sobre las mujeres en los consejos de administración;

37.  Pide a la Comisión que en el futuro amplíe las recomendaciones específicas por país para incluir el resultado de la participación de los interlocutores sociales en los mecanismos de fijación de salarios y la eficacia de su participación;

38.  Hace hincapié en que una aplicación oportuna, efectiva y equitativa de la Agenda de Capacidades de la Unión es fundamental para promover el empleo en el sector de la sanidad y hacer frente a la escasez de capacidades de las personas en nuevos ámbitos de trabajo; advierte, no obstante, de que una agenda de capacidades no basta para hacer frente a la creciente precariedad y pobreza de las personas con empleo en el mercado laboral de la Unión; pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que se desarrollen capacidades y formación profesional de alta calidad, asequibles e inclusivas mediante la obtención y el reconocimiento mutuo de las cualificaciones y el reconocimiento y la validación de las competencias, los resultados del aprendizaje y los diplomas en todos los niveles educativos, así como del aprendizaje no formal con un apoyo personalizado y un acercamiento activo, en particular para los grupos más marginados de la sociedad, evitando así los estereotipos; destaca la necesidad de fomentar las prácticas de aprendizaje permanente en toda la Unión, ya que serán un elemento esencial para la transición hacia una economía digital, verde, competitiva y resiliente de la Unión;

39.  Recuerda la importancia de programas de la Unión, como la Garantía Juvenil, cuyo paquete se ha reforzado recientemente; pide a los Estados miembros que apliquen rápidamente este programa, en estrecha consonancia con los fondos de la Unión, como el Fondo Social Europeo Plus, para hacer frente a la situación de nini de los jóvenes, con especial preocupación por las personas que viven en zonas rurales y regiones con limitaciones naturales o demográficas en sus mercados laborales, con el fin de garantizar que todos los jóvenes menores de 30 años reciban una buena oferta de empleo, educación continua, educación profesional o formación profesional, que puedan desarrollar las capacidades necesarias para oportunidades de empleo en una amplia gama de sectores, o que se les ofrezca formación como aprendices o un período de prácticas, ambos remunerados, en un plazo de cuatro meses desde que se quedaron sin empleo o acabaron la educación formal;

40.  Alienta a los Estados miembros a que adapten temporalmente el programa escolar de la Unión de distribución de frutas, hortalizas y leche al cierre de las escuelas cuando sea necesario cerrar las escuelas para luchar contra la situación de pandemia, con el fin de garantizar que los niños mantengan unos hábitos alimentarios saludables durante estos períodos prevenir la malnutrición de aquellos que están en riesgo de pobreza y exclusión social, y apoyar a los productores locales;

41.  Destaca la importancia de una coordinación horizontal entre programas de la Unión y medidas nacionales en favor de la justicia social y la igualdad, el desarrollo social, la lucha contra el riesgo de pobreza y exclusión social, atendiendo a la pobreza infantil y la de los ocupados e impidiendo la aparición de escaseces de capacidades y de desigualdades de ingresos; señala que el Fondo Social Europeo es un gran ejemplo de dicha coordinación horizontal; subraya enérgicamente, al mismo tiempo, que la consideración de las repercusiones sociales y en materia de empleo debe ser transversal a todos los programas de gasto;

42.  Hace hincapié en que el mecanismo de protección del presupuesto de la Unión, sus funciones de empréstito y préstamo y, en particular, el Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para Atenuar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia (programa SURE, por sus siglas en inglés), constituyen ejemplos perfectos de cómo pueden utilizarse la capacidad crediticia y la reputación del presupuesto de la Unión para apoyar las acciones de los Estados miembros en consonancia con las prioridades europeas, especialmente en las circunstancias excepcionales que presenta una crisis sanitaria y económica sin precedentes en la historia de la Unión;

43.  Pide una mejor coordinación entre las políticas medioambientales, económicas y sociales y entre los diferentes fondos de recuperación y los Fondos Estructurales, con el fin de mejorar las sinergias e impulsar los recursos de inversión social, incluidos los destinados a los servicios de primera intervención ante la crisis, como los trabajadores esenciales, incorporando el principio de no dejar a nadie atrás; pide a la Comisión y a los Estados miembros que hagan partícipes a todas las autoridades nacionales, regionales y locales pertinentes, en sus correspondientes niveles, en el diseño y la aplicación de las acciones relacionadas con el Semestre Europeo, en particular en los ámbitos social y sanitario, que a menudo se excluyen de las consideraciones económicas y fiscales;

44.  Acoge con satisfacción la inclusión de la asequibilidad de la vivienda en el Semestre Europeo; pide a la Comisión que proponga una estrategia marco de la Unión para las estrategias nacionales destinadas a las personas sin hogar, y pide, además, a todos los Estados miembros que adopten el principio de «la vivienda, primero», lo que contribuye a reducir considerablemente el índice de las personas sin hogar, dando prioridad a la provisión de vivienda permanente a las personas sin hogar, proponiendo fórmulas para abordar la pobreza energética, acabando con los desalojos forzosos y poniendo fin a la criminalización de la situación de carencia de hogar; destaca, además, la necesidad de recoger datos mejores y más armonizados sobre las personas sin hogar en la Unión; pide a la Comisión y a los Estados miembros que presenten propuestas específicas para abordar adecuadamente el problema de la pobreza energética en el contexto del Pacto Verde Europeo;

45.  Pide a la Comisión que presente un instrumento para mitigar los efectos de las perturbaciones asimétricas que sea eficaz a largo plazo, como un régimen de (rea)seguro de desempleo adecuado y viable que pueda respaldar los regímenes nacionales cuando una parte de la Unión sufra una perturbación económica temporal; destaca la importancia primordial de apoyar la inversión y el acceso a la financiación en la Unión, con el fin de ayudar a las pymes con dificultades de solvencia, crear empleo en sectores estratégicos y promover la cohesión territorial, económica y social en la Unión; destaca que podría movilizarse el nuevo Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para los trabajadores despedidos por causas objetivas a fin de responder a las consecuencias de la crisis de la COVID-19 sobre el empleo; pide, por tanto, a los Estados miembros que presenten rápidamente solicitudes de financiación a la Comisión para apoyar a los trabajadores de la Unión que hayan perdido su trabajo como consecuencia de la COVID-19, en su reconversión, recalificación y reinserción en el mercado laboral;

46.  Acoge con satisfacción el hecho de que el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización se esté utilizando también para responder a esta pandemia, apoyando las necesidades de reestructuración de las empresas de la Unión; observa que se ha reducido a un mínimo de doscientos el límite de despidos de trabajadores para poder acceder al Fondo, y que esta herramienta de la Unión podría ayudar a financiar medidas de apoyo personalizadas, como cursos de formación personalizados y programas de reciclaje y perfeccionamiento profesionales; pide a las instituciones de la Unión implicadas que sean flexibles y analicen rápidamente las solicitudes de activación, garantizando que el tiempo para movilizar el Fondo se reduzca al mínimo;

47.  Destaca que el fenómeno de la fuga de cerebros amplía las diferencias de desarrollo económico y social en la Unión; pide a la Comisión que evalúe la fuga de cerebros en determinados sectores y regiones y proponga medidas de apoyo cuando sea necesario, y que apoye a los trabajadores móviles garantizándoles la libre circulación sin restricciones, y reforzando la portabilidad de derechos y prestaciones; pide a la Comisión que presente una propuesta de número digital de la seguridad social de la Unión;

48.  Señala la necesidad de prestar un apoyo específico al sector de los medios de comunicación, que desempeña un papel clave en nuestras democracias, de manera que se respeten y promuevan la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación en un momento en el que el entorno en línea está cada vez más dominado por unos pocos grandes operadores, con un poder de mercado cada vez mayor y unas bases impositivas móviles, lo que a veces merma la capacidad de muchas pequeñas empresas europeas de ponerse en marcha y expandirse en el mercado único, tal y como se destaca en la Comunicación de la Comisión sobre la Estrategia anual de crecimiento sostenible 2021(36); atrae la atención de los Estados miembros sobre las medidas específicas establecidas en el Plan de Acción para los Medios de Comunicación de la Comisión, presentado el 3 de diciembre de 2020, para ayudar a los sectores de la radiodifusión, la prensa y el cine a recuperarse de la gran pérdida de ingresos publicitarios sufridas debido al confinamiento impuesto por la pandemia e impulsar su producción y distribución de contenidos digitales;

49.  Señala que deben considerarse condiciones de equidad para las empresas que deseen acceder a fondos y ayudas públicas, a fin de evitar que estas ayudas se concedan a empresas radicadas en una de las jurisdicciones mencionadas en el anexo I de las Conclusiones del Consejo sobre la lista revisada de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales(37), y señala que no deben subvertir la negociación colectiva, la participación de los trabajadores o la cogestión en los procesos de toma de decisiones de las empresas de conformidad con la legislación y las prácticas nacionales, y deben estar condicionadas al mantenimiento del mismo nivel de condiciones y derechos de trabajo y empleo, incluida la protección contra los despidos y las reducciones salariales, sin que se paguen primas o dividendos a los directivos y los accionistas, respectivamente;

50.  Destaca, por tanto, que la evaluación del Estado de Derecho y de la eficacia del sistema judicial debe seguir incluyéndose en el Semestre Europeo;

o
o   o

51.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO C 242 de 10.7.2018, p. 24.
(2) DO C 356 de 4.10.2018, p. 89.
(3) Textos Aprobados, P9_TA(2020)0194.
(4) Textos Aprobados, P9_TA(2020)0180.
(5) DO C 429 de 11.12.2020, p. 159.
(6) DO C 364 de 28.10.2020, p. 124.
(7) DO C 97 de 24.3.2020, p. 32.
(8) DO L 188 de 12.7.2019, p. 79.
(9) DO C 76 de 28.2.2018, p. 93.
(10) DO C 440 de 6.12.2018, p. 37.
(11) DO C 363 de 28.10.2020, p. 80.
(12) DO C 433 de 23.12.2019, p. 9.
(13) Textos Aprobados, P9_TA(2020)0371.
(14) Estimaciones preliminares de Eurostat de 2 de febrero de 2021: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/portlet_file_entry/2995521/2-02022021-AP-EN.pdf/0e84de9c-0462-6868-df3e-dbacaad9f49f
(15) Decisión 2020/2053 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea y por el que se deroga la Decisión 2014/335/UE, Euratom (DO L 424 de 15.12.2020, p. 1).
(16) Nota del Consejo, de 16 de octubre de 2020, sobre la creación de un programa de acción de la Unión en el ámbito de la salud para el período 2021-2027 y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 282/2014 («programa La UE por la Salud»), y Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de julio de 2020, sobre la estrategia de salud pública de la Unión Europea después de la COVID-19 (Textos Aprobados, P9_TA(2020)0205).
(17) Propuesta de la Comisión, de 18 de noviembre de 2020, de informe conjunto sobre el empleo de la Comisión y del Consejo (COM(2020)0744).
(18) Eurostat: «Over 20 % of EU population at risk of poverty or social exclusion in 2019» (Más del 20 % de la población de la UE en riesgo de pobreza o exclusión social en 2019), Comisión Europea, Luxemburgo, 2020.
(19) Eurofound: «COVID-19: Some implications for employment and working life» (COVID-19: Algunas implicaciones para el empleo y la vida laboral), Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo, 2021 (próximamente).
(20) J. Hurley: «COVID-19: A tale of two service sectors» (COVID-19: un relato sobre dos sectores de servicios), Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo, 2021.
(21) Eurofound: «Living, working and COVID-19» (Vida, trabajo y COVID-19), Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo, 2020, p. 9.
(22) Eurostat: «1 in 10 employed persons at risk of poverty in 2018» (Una de cada diez personas con empleo en riesgo de pobreza en 2018), Comisión Europea, Luxemburgo, 2020, https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200131-2.
(23) Comité consultivo para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres: «Opinion on Intersectionality in Gender Equality Laws, Policies and Practices» (Dictamen sobre la interseccionalidad en las leyes, políticas y prácticas en materia de igualdad de género), Instituto Europeo de la Igualdad de Género, Vilna, 2020.
(24) Eurofound: «Women and labour market equality: Has COVID-19 rolled back recent gains?» (Las mujeres y la igualdad en el mercado de trabajo: ¿se han echado a perder los últimos avances con la COVID-19?), Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo, 2020.
(25) Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea: «Coronavirus pandemic in the EU – fundamental rights implications: focus on social rights» (Pandemia de COVID-19 en la UE – Implicaciones de los derechos fundamentales: enfoque en los derechos sociales), boletín n.º 6, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo, 2020.
(26) Eurofound: «Upward convergence in the EU: Concepts, measurements and indicators» (Convergencia al alza en la UE: conceptos, medidas e indicadores), Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo, 2018.
(27) Comisión Europea: «Labour market and wage developments in Europe defy economic slowdown» (La evolución del mercado laboral y de los salarios en Europa desafía la desaceleración económica), Comisión Europea, Bruselas, 2019.
(28) EuroHealthNet: «Recovering from the COVID-19 pandemic and ensuring health equity – The role of the European Semester» (Recuperarse tras la pandemia de COVID-19 y garantizar la equidad sanitaria – El papel del Semestre Europeo,), EuroHealthNet, Bruselas, 2020.
(29) Eurostat: «Over 20 % of EU population at risk of poverty or social exclusion in 2019» (Más del 20 % de la población de la UE en riesgo de pobreza o exclusión social en 2019), Comisión Europea, Luxemburgo, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/t2020_50/default/table?lang=en
(30) Informes de próxima publicación: Eurofound: «COVID-19: Some implications for employment and working life» (COVID-19: Algunas implicaciones para el empleo y la vida laboral), Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo, 2021. Eurofound: «Involvement of social partner in policy making during COVID-19» (Participación de los interlocutores sociales en la elaboración de las políticas durante la COVID-19), Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo, 2021.
(31) Eurofound, «Long-term care workforce: employment and working conditions» (Trabajadores del sector de cuidados de larga duración: condiciones de empleo y de trabajo), Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo 2021.
(32) Cuadro de indicadores sociales. Eurostat 2020 https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators
(33) Comunicación de la Comisión, de 9 de septiembre de 2020, titulada «Informe sobre prospectiva estratégica de 2020: trazar el rumbo hacia una Europa más resiliente» (COM(2020)0493).
(34) Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 27 de mayo de 2020, titulado «Identifying Europe’s recovery needs» (Determinar las necesidades de recuperación de Europa) (SWD(2020)0098).
(35) DO C 387 de 15.11.2019, p. 1.
(36) Comunicación de la Comisión, de 17 de septiembre de 2020, sobre la Estrategia anual de crecimiento sostenible 2021 (COM(2020)0575).
(37) DO C 64 de 27.2.2020, p. 8.

Última actualización: 3 de junio de 2021Aviso jurídico - Política de privacidad