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Procedimiento : 2021/2576(RSP)
Ciclo de vida en sesión
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Textos presentados :

RC-B9-0177/2021

Debates :

PV 09/03/2021 - 22
PV 09/03/2021 - 23
CRE 09/03/2021 - 22
CRE 09/03/2021 - 23

Votaciones :

PV 11/03/2021 - 11
PV 11/03/2021 - 18

Textos aprobados :

P9_TA(2021)0088

Textos aprobados
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Jueves 11 de marzo de 2021 - Bruselas
El conflicto de Siria: diez años del inicio de las revueltas
P9_TA(2021)0088RC-B9-0177/2021

Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de marzo de 2021, sobre el conflicto de Siria: diez años del inicio de las revueltas (2021/2576(RSP))

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Siria, en particular las de 15 de marzo de 2018, sobre la situación en Siria(1), de 18 de mayo de 2017, sobre la Estrategia de la UE para Siria(2), de 4 de julio de 2017, sobre la lucha contra las violaciones de los derechos humanos en el contexto de los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad, incluido el genocidio(3), de 24 de octubre de 2019, sobre la operación militar turca en el nordeste de Siria y sus consecuencias(4), de 26 de noviembre de 2019, sobre los derechos del niño con ocasión de la celebración del 30.º aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño(5), y de 17 de noviembre de 2011, sobre el apoyo de la UE a la Corte Penal Internacional(6),

–  Vistas la declaración del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, de 6 de marzo de 2020, y las últimas Conclusiones del Consejo de la Unión Europea sobre Siria, de 14 de octubre de 2019, 16 de abril de 2018 y 3 de abril de 2017,

–  Vistas las anteriores declaraciones sobre Siria del vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, incluidas las de febrero de 2020, sobre el acceso humanitario en Idlib, 13 de enero de 2020 y 26 de septiembre de 2019 sobre Siria, y 9 de octubre de 2019, sobre los acontecimientos en el nordeste de Siria,

–  Vistas la Decisión de Ejecución (PESC) 2021/30 del Consejo, de 15 de enero de 2021, por la que se aplica la Decisión 2013/255/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria(7), que añadió al nuevo ministro de Asuntos Exteriores sirio a la lista de personas sujetas a sanciones como responsables de la violenta represión en Siria,

–  Vistas la Estrategia de la UE para Siria, adoptada el 3 de abril de 2017, y las Conclusiones del Consejo sobre la estrategia regional de la UE para Siria e Irak, así como en relación con la amenaza que representa el EIIL/Dáesh, adoptadas el 16 de marzo de 2015,

–  Vista la declaración conjunta de las Naciones Unidas y de la Unión Europea, en calidad de copresidentas de la Cuarta Conferencia de Bruselas «Apoyar el futuro de Siria y su región», celebrada el 30 de junio de 2020,

–  Vistas las anteriores declaraciones del secretario general de las Naciones Unidas sobre Siria, incluidas las de su portavoz, de los días 1 y 18 de febrero de 2020,

–  Vista la última declaración del enviado especial de las Naciones Unidas para Siria, Geir O. Pedersen, dirigida al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 22 de enero de 2021,

–  Vistas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas a Siria desde 2011, en particular la Resolución 2254 (2015), que respalda una hoja de ruta para un proceso de paz en Siria, la Resolución 2249 (2015), sobre el Estado Islámico de Irak y Siria, la Resolución 2533 (2020), por la que se prorroga el cruce fronterizo de Bab al-Hawa hasta el 10 de julio de 2021 para la ayuda humanitaria,

–  Vistos los últimos informes de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Siria presentados al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 1 de marzo de 2021,

–  Vista la Resolución 71/248 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 21 de diciembre de 2016, por la que se establece el Mecanismo Internacional, Imparcial e Independiente para Ayudar en la Investigación y el Enjuiciamiento de los Responsables de los Delitos de Derecho Internacional Más Graves Cometidos en la República Árabe Siria desde Marzo de 2011,

–  Vista la declaración de Unicef, de 28 de febrero de 2021, sobre la reintegración y repatriación seguras de todos los niños en el campo de Al-Hol y en el noreste de Siria, y el informe de 2020 de Unicef sobre la situación humanitaria en toda Siria, de 2 de febrero de 2021,

–  Vista la creación en 2011 de la Secretaría de la Red Europea de Cooperación contra el Genocidio para la investigación y el enjuiciamiento del genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra, que acoge Eurojust,

–  Vistos la Posición Común 2003/444/PESC del Consejo, de 16 de junio de 2003, relativa a la Corte Penal Internacional(8), su Plan de Acción de 2004 sobre la Corte Penal Internacional (CPI) para lograr la ratificación y aplicación universales, y el Plan de Acción revisado de la UE de 2011,

–  Visto el Estatuto de Roma de la CPI,

–  Vistos la Carta de las Naciones Unidas y los convenios de las Naciones Unidas de los que Siria es Estado parte, incluida la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

–  Vistos los Comunicados de Ginebra de 2012 y 2014, respaldados por las Naciones Unidas,

–  Vistos los Convenios de Ginebra, de 1949, y sus protocolos adicionales,

–  Vista la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 9 de diciembre de 1948,

–  Visto el artículo 132, apartados 2 y 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que, a finales de febrero de 2011, el régimen sirio detuvo, encarceló y torturó en Daraa a niños sirios por realizar pintadas críticas con el presidente Bashar al-Asad en muros en la ciudad; que, el 15 de marzo de 2011, miles de sirios salieron a las calles de Daraa y Damasco en cifras récord para exigir reformas democráticas, la liberación de los presos políticos, el fin de la tortura, el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho, la organización de elecciones libres y justas y el fin de la corrupción; que estas protestas populares se extendieron por todo el país durante varios años, desde grandes ciudades como Homs, Hama, Idlib y barrios populares de Alepo y Damasco hasta ciudades más pequeñas como Al-Hasakah, en el nordeste, y Kafr Nabl, en el noroeste;

B.  Considerando que la revuelta siria de 2011 fue una manifestación de la diversidad étnica y religiosa de Siria, en la que participaron dirigentes de todos los grupos étnicos y religiosos y todas las provincias del país;

C.  Considerando que el régimen sirio respondió a las legítimas aspiraciones democráticas de su pueblo con una brutalidad absoluta por parte de las fuerzas de seguridad sirias y de las milicias aliadas bajo su mando; que más de 500 000 personas han perdido la vida y más de un millón han resultado heridas; que, según la Red Siria para los Derechos Humanos, desde marzo de 2011 han sido asesinados más de 230 000 civiles, el 88 % de ellos por el régimen sirio, un 3 % por las fuerzas rusas, un 2 % por EIIL/Dáesh y un 2 % por grupos armados de la oposición; que más de 15 000 civiles han sido torturados hasta la muerte, el 99 % de ellos en las cárceles del régimen; que, desde entonces, más de 150 000 civiles han sido víctimas de detenciones o desapariciones forzosas, el 88 % de ellos por el régimen sirio, un 6 % por el EIIL/Dáesh y un 3 % por grupos armados de la oposición; que, desde entonces, más de 3 400 miembros del personal sanitario han sido víctimas de detenciones o desapariciones forzosas, el 98 % de ellos por el régimen sirio;

D.  Considerando que las partes en el conflicto, incluidas las fuerzas gubernamentales y sus aliados, los grupos armados antigubernamentales y las organizaciones terroristas incluidas en la lista de las Naciones Unidas, como el EIIL/Dáesh, han cometido violaciones graves de los derechos humanos en distintos grados, incluidos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad; que las tácticas desplegadas tanto por el régimen brutal como por los yihadistas tenían como objetivo la aniquilación de las fuerzas moderadas y prodemocráticas; que todos los responsables han de rendir cuentas por estos delitos;

E.  Considerando que el régimen sirio ha utilizado armas químicas, así como misiles Scud, artillería convencional y bombardeos aéreos, así como bombas de barril, bombas de racimo y bombas incendiarias en zonas residenciales densamente pobladas de Homs, Hama y el este de Alepo; que a manifestantes pacíficos heridos por fuego directo de las fuerzas de seguridad sirias se les denegó el tratamiento y fueron torturados hasta la muerte en hospitales militares y centros de detención de todo el país, como demuestra el informe Caesar, presentado por Francia al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en mayo de 2014; que se ha impedido sistemáticamente a las familias enterrar a sus muertos en cementerios; que ciudades enteras han estado asediadas y se les ha dejado morir de hambre deliberadamente; que se han perpetrado castigos colectivos, ejecuciones extrajudiciales y múltiples masacres de centenares de hombres, mujeres y niños en las ciudades rurales, como en mayo de 2012 en Hula; que la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas sobre Siria informó del uso sistemático de violaciones y otras formas de violencia sexual como arma de guerra por parte de las fuerzas del régimen sirio y sus milicias;

F.  Considerando que las Naciones Unidas han establecido una serie de iniciativas a través del mandato de sus enviados especiales con el fin de lograr un alto el fuego entre todas las partes, liberar a los detenidos, garantizar el acceso humanitario a todas las partes del país, proteger a periodistas y ONG y entablar un diálogo integrador para hallar una solución política al conflicto iniciado en 2011; que este proceso y el mandato de las Naciones Unidas al Comité Constitucional de Siria (CCS) permanecen en suspenso;

G.  Considerando que el CCS se creó en octubre de 2019 con el mandato de encontrar una solución política al conflicto en Siria, bajo los auspicios del enviado especial de las Naciones Unidas para Siria y en consonancia con la Resolución 2254 (2015) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; que el Comité, a pesar de sus deficiencias estructurales y de la persistente resistencia de Al-Asad a una cooperación constructiva en el CCS, sigue siendo un instrumento crucial para lograr una solución política pacífica del conflicto;

H.  Considerando que Rusia, apoyada por China, ha vetado dieciséis resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas desde 2011, incluida una relativa a la remisión de Siria a la CPI y la ampliación del acceso humanitario; que Irán e Hizbulá han participado directamente en el apoyo a la represión ejercida por el régimen sirio contra la población civil; que, desde 2015, Rusia ha venido destinando recursos logísticos, diplomáticos y financieros, en lo que se ha convertido en una intervención militar a gran escala de la Fuerza Aérea rusa en apoyo del régimen sirio;

I.  Considerando que Turquía ha venido interviniendo directamente en Siria desde 2016 con vistas a ocupar zonas septentrionales del país, compuestas principalmente por enclaves kurdos sirios, violando el Derecho internacional, en particular al invadir en octubre de 2019 territorios controlados por las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS); que, en respuesta a estas acciones por parte de Turquía, varios Estados miembros de la Unión han suspendido formalmente las ventas de armas a ese país;

J.  Considerando que, según los países copresidentes del Grupo de Minsk de la OSCE, Turquía ha trasladado mercenarios sirios a Nagorno Karabaj;

K.  Considerando que la Coalición Mundial prosigue sus esfuerzos en Irak, Siria y en el resto del mundo para frustrar las ambiciones del EIIL/Dáesh y las actividades de sus sucursales y redes;

L.  Considerando que la Unión Europea y sus Estados miembros suspendieron las relaciones diplomáticas con el régimen sirio en 2012; que la Unión cerró su delegación en Damasco en diciembre de 2012, tras el cierre de las embajadas de los Estados miembros a principios de 2012;

M.  Considerando que el Consejo adoptó sanciones contra personas y entidades implicadas en la represión de civiles, que se adoptaron en 2011 y se han ampliado desde entonces, con el fin de alcanzar una solución política negociada; que estas sanciones prevén exenciones humanitarias;

N.  Considerando que la respuesta del régimen sirio a la revuelta ha provocado la destrucción del tejido económico y social de Siria; que el colapso de la libra siria se ha visto agravado por el colapso de la economía libanesa desde 2019 y las repercusiones económicas mundiales relacionadas con la pandemia de COVID-19 desde marzo de 2020; que el coste de los productos básicos se ha incrementado en más de un 100 % desde 2019;

O.  Considerando que Siria, bajo una intensa presión internacional, firmó y ratificó la Convención sobre las Armas Químicas en octubre de 2013, tras haber cometido su mayor ataque químico hasta la fecha contra una zona residencial civil al este de Damasco, en Guta oriental; que el equipo de investigación e identificación de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) consideró que el régimen sirio era responsable del uso de armas químicas contra civiles en múltiples ocasiones desde entonces; que, en julio de 2020, el Consejo Ejecutivo de la OPAQ solicitó oficialmente una vez más que el régimen sirio notificase sus instalaciones de armas químicas;

P.  Considerando que el conflicto ha dado lugar a casi 7 millones de refugiados, a más de 13 millones de personas dependientes de la ayuda humanitaria en Siria, incluidos 6 millones de mujeres y niños, a 6,8 millones de desplazados internos y a que 3 millones de personas vivan en zonas sitiadas y de difícil acceso; que las necesidades humanitarias en Siria han aumentado en un 20 % solo en el último año, y que otros 4,5 millones de sirios sufren actualmente inseguridad alimentaria y el 90 % de los sirios vive por debajo del umbral de pobreza; que el acceso humanitario a todas las poblaciones necesitadas sigue siendo vital y que el 40 % de la población siria reside en zonas no controladas por el Gobierno; que, además de la asistencia sanitaria general para la población, la pandemia de COVID-19 ha demostrado hasta qué punto sigue siendo crucial el acceso transfronterizo al noroeste y al nordeste de Siria; que el invierno y las inundaciones posteriores, que han afectado a unas 121 000 personas en 304 campamentos de desplazados internos en el noroeste de Siria, han añadido una nueva fuente de sufrimiento a una población que ya era extremadamente vulnerable; que el Gobierno sirio siguió imponiendo estrictas restricciones a la entrega de ayuda humanitaria en zonas de Siria que controla y en el resto del país;

Q.  Considerando que alrededor de 12 000 extranjeros, en su mayoría sospechosos de estar directa o indirectamente relacionados con el EIIL/Dáesh, están encarcelados en siete prisiones gestionadas por las FDS en el nordeste de Siria; que 9 000 de ellos se encuentran en el campo de Al-Hol, el mayor de todos, que alberga a un total de 64 000 personas, en su mayoría familias relacionadas con el EIIL/Dáesh, de las cuales el 94 % son mujeres y niños, incluidos ciudadanos de la Unión; que las condiciones actuales son muy alarmantes, especialmente tras los últimos asesinatos registrados desde el comienzo de este año;

R.  Considerando que el conflicto ha tenido un impacto especialmente grave en la vida y los derechos humanos de los niños en Siria; que más de 29 500 niños han sido asesinados, de los cuales el 78 % por el régimen sirio y las milicias iraníes, el 7 % por las fuerzas rusas y el 3 % por el EIIL/Dáesh, según la Red Siria para los Derechos Humanos; que más de 2,6 millones de niñas y niños forzados a abandonar sus hogares son desplazados internos, y que la salud mental de muchos niños sirios se ha visto profundamente afectada, y seguirá viéndose afectada, por la brutalidad misma del conflicto; que la imposibilidad de registrar el nacimiento de niños en Siria y de procurarles documentos de identidad les expone al riesgo de apatridia; que millones de niños han perdido años de educación, y que en la actualidad 2,8 millones de niños no están escolarizados en Siria;

S.  Considerando que los continuos ataques a las instalaciones sanitarias han diezmado el sistema sanitario sirio y que la población siria tiene serios problemas para hacer frente a los retos que plantea la crisis de la COVID-19; que en toda Siria están en funcionamiento menos del 64 % de los hospitales y del 52 % de los centros de atención primaria; que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 70 % del personal sanitario ha huido del país;

T.  Considerando que los ataques periódicos a instalaciones sanitarias han sido un rasgo distintivo del conflicto sirio desde su inicio, lo que supone una violación flagrante del Derecho internacional humanitario, y han continuado en 2020 durante la pandemia; que, a lo largo de la última década, ha aumentado el reconocimiento internacional del carácter sistemático de los ataques a la asistencia sanitaria en Siria, pero que ha resultado difícil establecer claramente las responsabilidades, pese a las Resoluciones 2139 (2014) y 2286 (2016) de las Naciones Unidas; que el secretario general de las Naciones Unidas creó una Junta de Investigación interna de las Naciones Unidas, que examinó un número limitado de incidentes en el noroeste de Siria entre septiembre de 2019 y abril de 2020;

U.  Considerando que los defensores y los profesionales humanitarios siguen planteando dudas sobre la seguridad y la protección de los retornados y las personas desplazadas a la luz de las condiciones en muchas zonas del país y de las preguntas que suscita el enfoque del Gobierno sirio con respecto a la reconciliación política;

V.  Considerando que, desde 2011, la Unión y sus Estados miembros han movilizado más de 20 000 000 000 EUR en ayuda humanitaria, de estabilización y de resiliencia para los sirios que se encuentran tanto en el interior del país como en los países vecinos; que la Unión ha sido el impulsor de las conferencias de donantes para Siria, que se celebraron en Bruselas durante cuatro años consecutivos (2017-2020), así como de la Quinta Conferencia de Bruselas, que se celebrará los días 29 y 30 de marzo de 2021;

W.  Considerando que la Resolución 2533 (2020) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 11 de julio de 2020, relativa a la ayuda transfronteriza, solo prorrogó el cruce fronterizo de Bab al-Hawa por un período de un año, hasta el 10 de julio de 2021, y cerró los cruces de Bab al-Salam, Al-Yarubiya y Al-Ramza;

X.  Considerando que, desde 2011, millones de sirios han sido privados de sus derechos de propiedad por las nuevas leyes sirias en materia de propiedad contra quienes eluden el servicio militar o huyen del país sin autorización previa;

Y.  Considerando que los Altos del Golán son territorio sirio y están ocupados por el Estado de Israel desde 1967;

Z.  Considerando que distintas partes han perpetrado una serie de ataques contra el patrimonio cultural durante el conflicto, entre ellos la destrucción y el saqueo de yacimientos arqueológicos a manos del EIIL/Dáesh, y el arrasamiento, el saqueo y la destrucción de yacimientos arqueológicos y templos y sepulturas yazidíes por parte del Ejército Nacional Sirio en Afrín;

AA.  Considerando que en el Estatuto de Roma de la CPI, firmado y ratificado por todos los Estados miembros de la Unión, se afirma que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, y en particular el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, no deben quedar sin castigo;

AB.  Considerando que, ya en 2009, todos los Estados miembros habían ratificado el Estatuto de Roma de la CPI; que en 2011 el Consejo creó la Secretaría de la Red Europea de Cooperación contra el Genocidio para la investigación y el enjuiciamiento del genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra, que acoge Eurojust; que la Estrategia de la UE para Siria pide a la Unión que promueva la rendición de cuentas por los crímenes de guerra cometidos en Siria, con vistas a facilitar un proceso de reconciliación nacional y una justicia transicional;

AC.  Considerando que en 2018 se puso en marcha por primera vez un equipo de investigación conjunto dirigido por autoridades policiales y judiciales en Francia y Alemania para facilitar la detención y el enjuiciamiento de los criminales de guerra sirios tras la publicación del informe Caesar sobre la situación de inanición y la tortura sistemáticas de decenas de miles de mujeres y hombres en los centros de detención de Siria desde 2011;

1.  Manifiesta su apoyo a las aspiraciones democráticas del pueblo sirio que, hace diez años, el 15 de marzo de 2011, se manifestó pacíficamente a favor de las reformas democráticas en Daraa, en Damasco y en el resto del país; rinde homenaje a las 500 000 víctimas de la represión y el conflicto en Siria desde el inicio de la revuelta popular; cree que el futuro de Siria debe estar en manos de los sirios; expresa su respaldo a la unidad, la soberanía y la integridad territorial del Estado sirio y su pueblo;

2.  Manifiesta su profunda preocupación por el persistente bloqueo político y elogia los esfuerzos del enviado especial de las Naciones Unidas, Geir O. Pedersen, por encontrar una solución política al conflicto; comparte la preocupación del enviado especial por la falta de progresos; reafirma que no puede alcanzarse por la vía militar una solución sostenible al conflicto sirio; manifiesta asimismo su preocupación por el colapso económico y la desastrosa crisis humanitaria que afecta a Siria;

3.  Expresa su apoyo a la Resolución 2254 (2015) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por la que se establece un proceso de reforma constitucional dirigido por sirios; lamenta profundamente la falta de compromiso por parte del régimen sirio a pesar del compromiso reiterado y de la disposición de los representantes de la oposición siria a negociar con el régimen sirio la elaboración de una nueva constitución siria; destaca a este respecto la necesidad de establecer un mecanismo de supervisión, información y verificación del alto el fuego, liderado por las Naciones Unidas;

4.  Se opone a cualquier normalización de las relaciones diplomáticas con el régimen sirio mientras no se produzcan avances fundamentales sobre el terreno en Siria, con un compromiso claro, sostenido y creíble en un proceso político integrador; considera que las próximas elecciones presidenciales sirias de 2021 carecen de toda credibilidad a los ojos de la comunidad internacional en el contexto actual; condena firmemente las visitas de diputados al régimen sirio e insiste en que esos diputados no representan al Parlamento Europeo;

5.  Lamenta que algunos actores dividieran aún más a una ya fragmentada oposición siria obstaculizando el proceso de Ginebra;

6.  Condena firmemente todas las atrocidades y violaciones de los derechos humanos y del Derecho internacional humanitario, en particular por parte del régimen de Al-Asad, pero también por parte de agentes rusos, iraníes y turcos, y pide a Rusia, Irán e Hizbulá que retiren todas las fuerzas e intermediarios bajo su mando, excepto los que participen en fuerzas internacionales de mantenimiento de la paz o estabilización bajo el mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; lamenta el papel desempeñado por Rusia e Irán a la hora de apoyar la represión generalizada ejercida por el régimen sirio contra su población civil, así como el control que ejercen sobre el proceso político y los recursos económicos de Siria;

7.  Pide a Turquía que retire sus tropas del norte de Siria, que ha mantenido bajo ocupación ilegal al margen de cualquier mandato de las Naciones Unidas; condena las transferencias ilegales por parte de Turquía de sirios kurdos del norte ocupado de Siria a Turquía para su detención y enjuiciamiento, en violación de las obligaciones internacionales de Turquía en virtud de los Convenios de Ginebra; insta a que todos los detenidos sirios trasladados a Turquía sean repatriados inmediatamente a los territorios ocupados de Siria; expresa su preocupación por el hecho de que los desplazamientos en curso de Turquía puedan suponer una limpieza étnica contra la población kurda siria; hace hincapié en que la invasión ilegal y la ocupación por parte de Turquía ha puesto en peligro la paz en Siria, Oriente Próximo y el Mediterráneo oriental;; condena firmemente el uso por parte de Turquía de mercenarios sirios en conflictos en Libia y Nagorno Karabaj, en violación del Derecho internacional;

8.  Cree firmemente en la diversidad religiosa y étnica de Siria; lamenta los constantes actos de discriminación del régimen sirio contra los sirios kurdos; condena los ataques selectivos del régimen sirio contra voces críticas, como Ali Ferzat, galardonado con el Premio Sájarov del Parlamento Europeo, por sus críticas al presidente Al-Asad, así como los ataques del régimen sirio contra 124 iglesias cristianas, documentados por la Red Siria para los Derechos Humanos (SNHR); condena firmemente los asesinatos de minorías religiosas por parte del EIIL/Dáesh, en particular sus crímenes de genocidio contra los yazidíes y personas de fe musulmana chií y cristiana en 2014-2018; lamenta profundamente la persecución de minorías por parte de grupos de oposición armados;

9.  Recuerda a la comunidad internacional la gravedad y la magnitud de las violaciones de los derechos humanos en Siria cometidas por diferentes partes en el conflicto; señala la enorme responsabilidad del régimen sirio por su decisión de hacer frente a las protestas pacíficas con una represión generalizada a través de medios incalificables; recuerda la importancia del informe «César» y la confirmación, presentada por Francia al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 2014, de la credibilidad de las fotografías de los 11 000 prisioneros identificados muertos por inanición y torturas en centros de detención y hospitales militares alrededor de Damasco entre 2011 y 2013; insta a la Unión y a sus Estados miembros a que apoyen la recomendación de la Comisión de Investigación, de marzo de 2021, de que se facilite la creación de un mecanismo independiente, con un mandato internacional y un enfoque orientado a las víctimas, para localizar a los desaparecidos o sus restos, incluidos los que se hallan en fosas comunes;

10.  Condena firmemente el asesinato de 550 periodistas internacionales y sirios por parte del régimen sirio y de docenas de ellos por parte del EIIL/Dáesh y otros grupos armados; pide al régimen sirio que libere inmediatamente de prisión a los 400 periodistas que mantiene detenidos, según la SNHR;

11.  Condena en los términos más enérgicos el recurso a la violación como arma de guerra contra las mujeres, ya sea por parte del régimen sirio y sus milicias, como ha documentado la Comisión Internacional Independiente de las Naciones Unidas, o por parte del EIIL/Dáesh contra mujeres yazidíes y chiíes; recuerda el papel desempeñado por las mujeres en la revuelta de 2011 y la gran importancia de incluir a las mujeres en todos los niveles de las estructuras de poder político, económico y judicial de Siria, también en la justicia transicional; reitera la importancia de incluir a las mujeres y los jóvenes en el proceso de resolución de conflictos;

12.  Reitera su condena en los términos más enérgicos de los ataques aéreos rusos que han causado la muerte de un total de más de 6 900 civiles, incluidos 2 000 niños, con utilización de municiones de racimo, bombas termobáricas y misiles de largo alcance dirigidos a centros de información independientes, hospitales, infraestructuras humanitarias, incluidas 207 instalaciones médicas según la SNHR, y unidades de defensa civil sirias, como los miembros de la organización humanitaria de los Cascos Blancos; denuncia los intentos de Rusia de manchar la imagen de los Cascos Blancos en los medios de comunicación occidentales mediante una campaña agresiva y constante de desinformación en las redes sociales; condena en los términos más enérgicos la participación de aviones de guerra rusos en los ataques químicos del régimen sirio, como en la masacre química de Jan Sheijun de abril de 2017, tras la cual aviones de guerra rusos bombardearon inmediatamente el único hospital donde se estaba tratando a las víctimas;

13.  Insta al régimen sirio a liberar inmediatamente a los 130 000 prisioneros políticos detenidos injustamente, incluidas mujeres, hombres y niños que han desaparecido por la fuerza a manos de las fuerzas de seguridad sirias; condena firmemente el recurso sistemático a la tortura, los tratos inhumanos y la violencia sexual en las horrendas condiciones en que se encuentran, sin acceso a un tribunal civil, un abogado, atención médica o a sus familias; destaca que se les están negando sus derechos básicos a un juicio justo, incluida la ocultación de información sobre su detención y la tortura para arrancar confesiones falsas; insta a las autoridades sirias a que faciliten sin excepciones un acceso inmediato y sin restricciones a las instalaciones de detención a las ONG humanitarias internacionales y las organizaciones de supervisión, sin notificación previa;

14.  Destaca que el EIIL/Dáesh aún está activo en la región y no ha sido derrotado; manifiesta su preocupación por las dificultades encontradas para conservar las pruebas de los crímenes cometidos por el EIIL/Dáesh y obtener acceso a ellas y para desvelar el destino de los secuestrados; pide a la Unión y a sus Estados miembros que apoyen los esfuerzos sobre el terreno para documentar y conservar las pruebas de esos crímenes; celebra el enjuiciamiento de ciudadanos de la Unión y de fuera de ella que se unieron al EIIL/Dáesh;

15.  Manifiesta su inquietud ante la reaparición del EIIL/Dáesh en el nordeste; elogia los esfuerzos de la coalición internacional contra el EIIL/Dáesh; destaca la importancia de contar con un compromiso continuado y a largo plazo de los Estados Unidos en la coalición; reitera su apoyo a los esfuerzos de la coalición mundial contra el EIIL/Dáesh y subraya la importante contribución de las Fuerzas Democráticas Sirias como aliadas en la lucha contra el EIIL/Dáesh;

16.  Expresa su preocupación por el aumento de las tensiones en el Kurdistán iraquí, que ha disfrutado de mayor estabilidad que Siria en los últimos años y ha ofrecido una zona segura a los refugiados sirios;

17.  Insiste en que las personas responsables de delitos internacionales graves deben ser enjuiciadas debidamente, también por parte de los Estados miembros de la Unión en ausencia de otros procesos internacionales o nacionales de justicia transicional; hace hincapié en la importancia esencial de resolver la cuestión de los detenidos y desaparecidos por todas las partes en conflicto, como un elemento fundamental de cualquier proceso de transición para alcanzar la paz;

18.  recuerda que la Corte Penal Internacional (CPI) debe seguir siendo la principal fuente de justicia internacional para delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y delitos de agresión; considera que esta impunidad propicia la comisión de nuevas atrocidades y agrava el sufrimiento de las víctimas; insiste, por tanto, en la necesidad de exigir responsabilidades a todos los autores, en particular mediante la aplicación de la jurisdicción universal, y de resarcir a las víctimas; subraya que la introducción de medidas de justicia reparadora no puede esperar hasta el final del conflicto, e insta a la Unión y a sus Estados miembros a que intensifiquen su apoyo a los procesos dirigidos por grupos representativos de sirios; Condena firmemente los dieciséis vetos de Rusia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con el apoyo de China, al envío de Siria ante la CPI;

19.  Acoge con satisfacción que, el 24 de febrero de 2021, en el Tribunal de Coblenza, en Alemania, se haya pronunciado por primera vez una condena contra un agente de seguridad del régimen sirio por complicidad en crímenes contra la humanidad;

20.  Elogia los esfuerzos realizados desde 2019 por los Estados miembros de la Unión para asegurar un amplio apoyo internacional para garantizar una financiación a largo plazo en el presupuesto general de las Naciones Unidas para el Mecanismo Internacional, Imparcial e Independiente para Ayudar en la Investigación y el Enjuiciamiento de los Responsables de los Delitos de Derecho Internacional Más Graves Cometidos en la República Árabe Siria desde Marzo de 2011 (IIIM);

21.  Acoge con satisfacción el equipo de investigación conjunto franco-alemán para apoyar el enjuiciamiento de los crímenes contra la humanidad documentados por el informe «César»; acoge con satisfacción las órdenes de detención internacionales emitidas por ambos países en 2018 para detener a tres altos funcionarios de las fuerzas de seguridad; elogia el papel desempeñado por las ONG locales sirias en la verificación, documentación, recopilación y protección de pruebas de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, así como el papel complementario desempeñado por ONG como la Comisión para la Justicia y la Rendición de Cuentas Internacional para ayudar a las autoridades policiales y judiciales europeas a enjuiciar de forma efectiva a los criminales de guerra presentes el territorio de los Estados miembros de la Unión; pide a la Unión que proporcione más formación jurídica a los sirios para permitirles desempeñar un papel en la lucha contra la impunidad;

22.  Pide a la Comisión que presente un plan de acción de la Unión sobre la impunidad, con un capítulo específico sobre Siria; destaca que este plan de acción debe tratar de coordinar mejor y armonizar los esfuerzos y los recursos de los Estados miembros para enjuiciar a los criminales de guerra en la Unión; opina que la justicia transicional desempeña un papel fundamental en la consolidación de la paz a largo plazo; pide a la Unión que ponga en marcha un fondo europeo específico para las víctimas de crímenes contra la humanidad en Siria;

23.  Apoya a los Estados miembros en sus esfuerzos por mejorar la coordinación de los recursos judiciales, policiales y de inmigración mediante el desarrollo de jurisdicciones compartidas con el fin de mutualizar sus competencias judiciales y facilitar el enjuiciamiento; destaca que los Estados miembros mejor equipados deben compartir sus expertos e intérpretes para facilitar investigaciones eficaces y efectivas, al tiempo que cada Estado miembro debe esforzarse por nombrar un fiscal específico para esos delitos, con el fin de acelerar los esfuerzos de coordinación judicial;

24.  Pide a los Estados miembros que compartan de forma automática, a nivel de la Unión, la información sobre sospechosos de crímenes de guerra, de conformidad con el artículo 1F de la Convención de Ginebra; opina que también es necesaria una cooperación más estrecha entre autoridades de inmigración y fiscales contra los sospechosos de crímenes de guerra a nivel nacional;

25.  Insta a todos los Estados miembros de la Unión sin excepción a cooperar plenamente en la lucha contra la impunidad; manifiesta su profunda preocupación por la falta de cooperación de determinados Estados miembros para enjuiciar a los criminales de guerra sirios;

26.  Apoya plenamente los esfuerzos europeos, dirigidos por los Países Bajos desde septiembre de 2020, para iniciar procedimientos judiciales contra Siria en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por su violación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura;

27.  Pide a los Estados miembros de la Unión que, en la próxima conferencia de la OPAQ que se celebrará en la primavera de 2021, soliciten la suspensión de Siria como miembro de la OPAQ por falsificar las pruebas de la utilización de armas químicas; reitera su conmoción ante los 336 ataques químicos del régimen sirio documentados en los que se utilizaron contra civiles gas de cloro, sarín y gas mostaza, y reitera su condena;

28.  Condena firmemente los ataques de todas las partes contra trabajadores humanitarios, especialmente por el régimen sirio y el EIIL/Dáesh; señala que cabe al régimen sirio una particular responsabilidad por asesinatos selectivos de trabajadores humanitarios desde 2011; destaca la abrumadora responsabilidad de Rusia por los ataques a trabajadores humanitarios, en particular por su bombardeo de 21 hospitales de campo de Médicos Sin Fronteras (MSF) en octubre de 2015;

29.  Expresa su profunda preocupación por el sufrimiento continuo del pueblo sirio, diez años después del inicio del conflicto; expresa su especial preocupación por que las necesidades humanitarias en Siria hayan aumentado en una quinta parte en el último año, y que otros 4,5 millones de sirios sufran actualmente inseguridad alimentaria, mientras que el 90 % vive por debajo del umbral de pobreza; considera que el acceso humanitario debe seguir siendo una prioridad fundamental para la Unión en Siria, y que el aumento de las necesidades requiere una mayor respuesta financiera y política por parte de la Unión; toma nota de que la Resolución 2533 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, relativa al paso fronterizo de Bab al-Hawa, va a renovarse en julio de 2021; lamenta que Rusia y China se abstuvieran en la votación en lugar de votar a favor de la Resolución; opina que no puede confiarse en la entrega de ayuda humanitaria a través de las líneas del frente para las personas que dependen actualmente de la entrega transfronteriza; recuerda que 2,4 millones de sirios dependen de este paso fronterizo para sobrevivir, y que el hecho de no prorrogarlo durante un mínimo de doce meses tendría consecuencias graves y potencialmente mortales; condena las acciones de los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que para fines políticos han intentado limitar el acceso humanitario; insta a todos los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a que apoyen la renovación de la Resolución sobre el paso de fronteras con el fin de evitar un agravamiento de la crisis humanitaria y garantizar la expansión y el apoyo a las intervenciones a través de las líneas del frente llevadas a cabo según principios humanitarios; destaca la importancia de garantizar una reautorización inmediata de los pasos fronterizos de Bab al-Salam y Al-Yarubiya, de conformidad con la Resolución 74/169 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, a fin de garantizar que la ayuda llegue a las poblaciones necesitadas tanto en el noroeste como en el nordeste a través de las rutas más directas; subraya la importancia de garantizar que la ayuda humanitaria se destine exclusivamente a los más necesitados;

30.  Pide a la comunidad internacional que aborde urgentemente los niveles sin precedentes de necesidad humanitaria del pueblo sirio dentro y fuera de Siria; anima a la Unión, en su calidad de convocante de la Quinta Conferencia de Donantes de Bruselas para Siria, a que se reúna con otros donantes internacionales para aumentar el apoyo del Plan de Respuesta para la Asistencia Humanitaria en Siria al sector sanitario a través de una financiación mayor, flexible y plurianual que cubra las necesidades de la población a largo plazo; pide a los donantes internacionales que inviertan específicamente en programas de reparación, restauración y refuerzo de las instalaciones sanitarias dañadas o destruidas, además de otras infraestructuras civiles que hayan sufrido daños;

31.  Insta al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a que incluya llamamientos explícitos a la protección de los trabajadores sanitarios en las próximas resoluciones de las Naciones Unidas y en los debates oficiales; pide a los Estados miembros de la Unión, a este respecto, que ofrezcan respaldo político y apoyo operativo a las iniciativas e investigaciones sobre rendición de cuentas dirigidas por las Naciones Unidas, con el fin de hacer respetar el Derecho internacional humanitario;

32.  Destaca, antes de la Quinta Conferencia de Donantes que se celebrará en Bruselas los días 29 y 30 de marzo de 2021, la importancia no solo de mantener los compromisos de ayuda humanitaria, sino de aumentarlos para los sirios, los desplazados internos y los refugiados, así como para las comunidades afectadas por la crisis en la región; señala que la Unión y sus Estados miembros han sido los mayores donantes humanitarios en respuesta a la crisis humanitaria siria, con donaciones que alcanzan los 20 000 000 000 EUR desde 2011; expresa su profunda preocupación por los supuestos planes del Gobierno del Reino Unido de recortar significativamente sus contribuciones a la ayuda, incluidas reducciones del 67 % para Siria y del 88 % para el Líbano;

33.  Elogia el papel desempeñado por los Estados vecinos que ofrecen solidaridad y asistencia a los refugiados sirios en Líbano, Jordania, Turquía e Irak; insta a los Estados miembros de la Unión a que sigan financiando programas de ayuda humanitaria en los países de acogida de los refugiados y para los desplazados internos en Siria; insta a los Estados miembros de la Unión a que proporcionen toda la financiación y el apoyo necesarios para garantizar que todos los menores refugiados sirios en los países de acogida tengan acceso no solo a la educación primaria, sino también a la educación secundaria; insta a todos los países de acogida a que adopten todas las medidas necesarias para lograrlo y a que eliminen cualquier obstáculo administrativo o legislativo; anima a los países de acogida a centrarse en el acceso al empleo, los servicios sanitarios y la educación, así como en la documentación cívica, lo que promoverá la capacidad de los refugiados de trabajar para ser autosuficientes;

34.  Toma nota de que el Fondo fiduciario Madad de la Unión en respuesta a la crisis siria expirará a finales de 2021; pide a la Comisión que garantice medios financieros para la respuesta humanitaria de la Unión a la crisis siria en el marco del Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional, y que vele por el funcionamiento sin trabas de sus proyectos;

35.  Pide a todos los Estados miembros que apoyen una ayuda basada en principios humanitarios, sin normalizar las relaciones con el régimen sirio; advierte contra la inversión de activos financieros de la Unión, directa o indirectamente, en la reconstrucción general de Siria si el régimen sirio no aplica un proceso político creíble; pide al VP/AR que, como parte de la planificación a largo plazo de la respuesta en Siria, desarrolle una sólida política de diligencia debida en materia de derechos humanos para las futuras intervenciones de reconstrucción, en estrecha cooperación con la sociedad civil siria, incluido un marco de seguimiento con indicadores específicos para las normas en materia de derechos humanos; lamenta los planes empresariales de Rusia, Irán, China y Turquía para beneficiarse de la destrucción de Siria;

36.  Pide a los Estados miembros que mantengan las sanciones a personas o entidades implicadas en la represión en Siria; destaca la importancia de evitar cualquier consecuencia negativa involuntaria de las sanciones mediante excepciones humanitarias para las acciones motivadas por principios humanitarios, así como la importancia de abordar conjuntamente con los Estados Unidos los problemas de exceso de control bancario;

37.  Insta a la Unión y a sus Estados miembros a que renueven y amplíen la lista de las personas sujetas a sanciones selectivas en virtud del nuevo régimen mundial de sanciones de la UE en materia de derechos humanos, incluidos los civiles y mandos militares sirios, rusos e iraníes que estén implicados de forma creíble en crímenes de guerra;

38.  Se compromete a adoptar actos legislativos de la Unión eficaces en materia de diligencia debida de las empresas que impongan obligaciones de diligencia debida en materia de derechos humanos a las empresas de la Unión y a las empresas que operan en el mercado único;

39.  Recuerda a todos los Estados miembros de la Unión que Siria no es un país seguro al que volver; considera que todo retorno debe ser seguro, voluntario, digno e informado, en consonancia con la posición declarada de la Unión; pide a todos los Estados miembros de la Unión que se abstengan de cambiar las políticas nacionales con el fin de privar a determinadas categorías de sirios de su estatuto de protección, y que inviertan esta tendencia si ya han aplicado dichas políticas; insta al Líbano, a Turquía y a todos los países de la región a que suspendan las deportaciones de sirios a Siria en contra de su voluntad;

40.  Condena los daños irreparables que las tácticas de Al-Asad de tierra quemada han infligido a emplazamientos culturales, así como el saqueo y el contrabando de objetos artísticos por parte de yihadistas, que los utilizan para financiar su actuación en el conflicto;

41.  Expresa su profunda preocupación por el deterioro de la situación humanitaria, sanitaria y de seguridad en los campamentos del noreste de Siria, en particular en los campamentos de Al-Hol y Al-Roj, que siguen siendo viveros para la radicalización; considera que los nacionales de la Unión sospechosos de pertenecer a organizaciones terroristas y detenidos en dichos campamentos deben ser juzgados ante los tribunales; expresa su conmoción tras el asesinato el 24 de febrero de 2021 de un empleado de MSF que trabajaba en el campo de Al-Hol, lo que pone aún más de manifiesto el peaje humano que se cobra la violencia y la inseguridad de las condiciones de vida del campo;

42.  Pide a los Estados miembros que protejan a los menores que sean nacionales de la Unión y que puedan estar privados de libertad por delitos relacionados con la seguridad o por asociación con grupos armados;

43.  Pide a los Estados miembros que repatríen a todos los niños europeos, teniendo en cuenta ante todo su situación familiar en cada caso y el mejor interés del niño, y que proporcionen todo el apoyo necesario para su rehabilitación y reintegración, según proceda, respetando plenamente el Derecho internacional;

44.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Servicio Europeo de Acción Exterior, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Gobierno y al Consejo de Representantes de Irak, al Gobierno del Kurdistán y al Parlamento de la Federación de Rusia.

(1) DO C 162 de 10.5.2019, p. 119.
(2) DO C 307 de 30.8.2018, p. 117.
(3) DO C 334 de 19.9.2018, p. 69.
(4) Textos Aprobados, P9_TA(2019)0049.
(5) Textos Aprobados, P9_TA(2019)0066.
(6) DO C 153 E de 31.5.2013, p. 115.
(7) DO L 12I de 15.1.2021, p. 3.
(8) DO L 150 de 18.6.2003, p. 67.

Última actualización: 3 de junio de 2021Aviso jurídico - Política de privacidad