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Textos aprobados
Miércoles 20 de enero de 2021 - Bruselas
Orden de detención europea y procedimientos de entrega entre Estados miembros
 Refuerzo del mercado único: el futuro de la libre circulación de servicios
 Constitución de un legado político eficaz para el Año Europeo del Patrimonio Cultural
 Inteligencia artificial: cuestiones de interpretación y de aplicación del Derecho internacional
 Revisión de las directrices relativas a la red transeuropea de transporte (RTE-T)
 Control de la aplicación del Derecho de la Unión Europea - 2017, 2018 y 2019
 Aplicación de la política exterior y de seguridad común - Informe anual 2020
 Aplicación de la política común de seguridad y defensa - Informe anual 2020
 Derechos humanos y democracia en el mundo y política de la Unión Europea al respecto - Informe anual 2019

Orden de detención europea y procedimientos de entrega entre Estados miembros
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Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de enero de 2021, sobre la aplicación de la orden de detención europea y de los procedimientos de entrega entre Estados miembros (2019/2207(INI))
P9_TA(2021)0006A9-0248/2020

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los artículos 2, 3, 6 y 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y el artículo 82 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), en particular, sus artículos 4, 47, 48 y 52,

–  Vista la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) relativa al reconocimiento mutuo, los derechos fundamentales y las obligaciones derivadas del artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) sobre el derecho a la vida(1),

–  Vista la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y los procedimientos de entrega entre Estados miembros(2) (en lo sucesivo, «Decisión Marco relativa a la orden de detención europea»),

–  Vista la Decisión Marco 2008/947/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias y resoluciones de libertad vigilada con miras a la vigilancia de las medidas de libertad vigilada y las penas sustitutivas(3),

–  Vista la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, por la que se modifican las Decisiones marco 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI y 2008/947/JAI, destinada a reforzar los derechos procesales de las personas y a propiciar la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones dictadas a raíz de juicios celebrados sin comparecencia del imputado(4),

–  Vista la Decisión Marco 2009/829/JAI del Consejo, de 23 de octubre de 2009, relativa a la aplicación, entre Estados miembros de la Unión Europea, del principio de reconocimiento mutuo a las resoluciones sobre medidas de vigilancia como sustitución de la prisión provisional(5),

–  Vistos los informes de la Comisión sobre la aplicación de la orden de detención europea y los procedimientos de entrega entre Estados miembros (COM(2005)0063 y SEC(2005)0267, COM(2006)0008 y SEC(2006)0079, COM(2007)0407 y SEC(2007)0979, y COM(2011)0175 y SEC(2011)0430),

–  Vista la versión revisada del Manual para la emisión y ejecución de órdenes de detención europeas,

–  Vistas sus Resoluciones, de 15 de diciembre de 2011, sobre las condiciones de privación de libertad en la UE(6), de 27 de febrero de 2014, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la revisión de la orden de detención europea(7), y de 5 de octubre de 2017, sobre condiciones y sistemas penitenciarios(8),

–  Vista su Posición en primera lectura, de 17 de abril de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Programa de Justicia(9),

–  Visto el plan de trabajo de 2009 del Consejo para reforzar los derechos procesales de sospechosos o acusados en los procesos penales(10),

–  Vista la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales(11),

–  Vista la Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales(12),

–  Vista la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad(13),

–  Vista la Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio(14),

–  Vista la Directiva (UE) 2016/800 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativa a las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales(15),

–  Directiva (UE) 2016/1919 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, relativa a la asistencia jurídica gratuita a los sospechosos y acusados en los procesos penales y a las personas buscadas en virtud de un procedimiento de orden europea de detención(16),

–  Vista la Directiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la orden europea de investigación en materia penal(17),

–  Vista la Evaluación europea de la aplicación, de junio de 2020, relativa a la orden de detención europea, elaborada por el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (EPRS),

–  Visto el Informe de la Comisión, de 2 de julio de 2020, sobre la aplicación de la Decisión Marco del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (COM(2020)0270),

–  Vista la evaluación del valor añadido europeo completada en enero de 2014 a petición del EPRS sobre la orden de detención europea, así como el estudio sobre «el coste de la no Europa», de diciembre de 2017, relativo a los derechos procesales y las condiciones de privación de libertad,

–  Visto el informe final del Consejo, de 27 de mayo de 2009, sobre la cuarta ronda de evaluaciones mutuas – Aplicación práctica de la orden de detención europea y de los procedimientos correspondientes de entrega entre los Estados miembros,

–  Visto el Informe de la Comisión, de 26 de septiembre de 2019, sobre la aplicación de la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad (COM(2019)0560),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 13 de diciembre de 2018, sobre reconocimiento mutuo en materia penal — «Promover el reconocimiento mutuo fomentando la confianza mutua»(18),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 16 de diciembre de 2019, sobre las medidas alternativas al internamiento: utilización de medidas y sanciones no privativas de libertad en la justicia penal(19),

–  Vista la Estrategia de la UE sobre los derechos de las víctimas (2020-2025) (COM(2020)0258),

–  Vistos los distintos informes de ONG nacionales, europeas e internacionales,

–  Visto el Reglamento (UE) 2018/1727 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, relativo a la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust) y por la que se sustituye y deroga la Decisión 2002/187/JAI del Consejo(20),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 30 de septiembre de 2020, titulada «Informe sobre el Estado de Derecho en 2020 – Situación del Estado de Derecho en la Unión Europea» (COM(2020)0580),

–  Vista su Resolución, de 7 de octubre de 2020, sobre el establecimiento de un mecanismo de la UE para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales(21),

–  Visto el Protocolo Facultativo de 2002 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

–  Vista la labor realizada por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), en particular sus informes titulados «Rights in practice: access to a lawyer and procedural rights in criminal and European arrest warrant proceedings» (Los derechos en la práctica: asistencia de letrado y derechos procesales en los procesos penales y los procedimientos de la orden de detención europea), de 13 de septiembre de 2019; «Criminal detention conditions in the European Union: rules and reality» (Condiciones de privación de libertad penal en la Unión Europea: normas y realidad), de 11 de diciembre de 2019; y «Criminal detention and alternatives: fundamental rights aspects in EU cross-border transfers» (Privación de libertad penal y sus alternativas: los derechos fundamentales en los traslados entre Estados miembros), 9 de noviembre de 2016; así como la base de datos sobre condiciones de privación de libertad, puesta en funcionamiento en diciembre de 2019,

–  Vistos los convenios, las recomendaciones y las resoluciones del Consejo de Europa sobre asuntos penitenciarios y cooperación en materia penal,

–  Visto el artículo 54 de su Reglamento interno, así como el artículo 1, apartado 1, letra e), y el anexo 3 de la Decisión de la Conferencia de Presidentes, de 12 de diciembre de 2002, sobre el procedimiento de autorización para la elaboración de informes de propia iniciativa,

–  Vista la opinión de la Comisión de Asuntos Constitucionales,

–  Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A9-0248/2020),

A.  Considerando que la cooperación judicial en la Unión es un elemento relevante para superar los retos medioambientales, sociales, económicos y digitales planteados;

B.  Considerando que la orden de detención europea es un procedimiento judicial de entrega transfronterizo, simplificado y acelerado que fue adoptado tras los atentados terroristas del 11 de septiembre y que, desde su puesta en marcha, se ha convertido en el instrumento emblemático y más comúnmente utilizado para el reconocimiento mutuo en materia penal;

C.  Considerando que, en términos generales, la orden de detención europea ha sido un éxito y ha sustituido las extradiciones por entregas; que, en los casos en que el interesado no presta su consentimiento, el tiempo que transcurre hasta la entrega se ha reducido a una media de 40 días en 2017 —frente a 50 días por término medio en 2016—, si bien en algunos Estados se tarda en cumplir o no se cumplen las exigencias de reconocimiento mutuo; que en algunos casos aislados los Estados miembros han notificado procedimientos de entrega de hasta noventa días de duración cuando el interesado no había prestado su consentimiento;

D.  Considerando que se ejecutaron 43 000 de las 150 000 órdenes de detención europeas emitidas entre 2005 y 2016; que estas cifras, presentadas tal cual, son engañosas en lo que atañe a la metodología utilizada y al éxito global de este procedimiento, como ha explicado la Comisión;

E.  Considerando que la cooperación judicial de la Unión en materia penal se basa en el reconocimiento mutuo formulado por el Consejo Europeo de Tampere de 1999; que el Tratado de Lisboa modificó significativamente la configuración constitucional de la Unión y proporcionó, en el artículo 82 del TFUE, una base jurídica expresa para las normas y procedimientos que garanticen el reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales en todas sus formas;

F.  Considerando que el reconocimiento mutuo no es un concepto nuevo nacido en el espacio de libertad, seguridad y justicia, sino que se desarrolló inicialmente en el mercado interior (lógica «Cassis de Dijon»); que, no obstante, el reconocimiento mutuo en la justicia penal tiene una lógica y una base jurídica diferentes a las del reconocimiento mutuo de las normas de acceso al mercado; que, a este respecto, el reconocimiento mutuo en el espacio de libertad, seguridad y justicia tiene sus características específicas, dadas sus repercusiones en los derechos fundamentales y en la soberanía nacional y por el hecho de que debe ser facilitado por la armonización del Derecho penal sustantivo y procesal, particularmente en lo relativo a las garantías procesales; que cualquier retroceso en la aplicación del principio de reconocimiento mutuo en materia penal puede tener consecuencias negativas y afectar a su aplicación en otros ámbitos, como el mercado interior;

G.  Considerando que el reconocimiento mutuo implica el reconocimiento directo de las resoluciones judiciales de otros Estados miembros, siendo el no reconocimiento la excepción, e implica asimismo que una resolución judicial no debe ser desatendida por el mero hecho de haberse dictado en otro Estado miembro; que la aplicación del reconocimiento mutuo de las resoluciones adoptadas por otros Estados miembros no es compatible con la revisión de esas resoluciones, a menos que la revisión se base en los motivos previstos en la Decisión Marco relativa a la orden de detención europea; que la cooperación y la confianza mutua entre las autoridades judiciales competentes debe presidir la aplicación de este instrumento; que el reconocimiento mutuo y los derechos fundamentales deben ir de la mano;

H.  Considerando que el reconocimiento mutuo requiere un alto grado de confianza mutua entre los Estados miembros y es la consecuencia de compartir un concepto común del Estado de Derecho y los derechos fundamentales; que, en la presente coyuntura, de histórica y crucial importancia, la Unión necesita esa confianza para superar los desafíos comunes; que el fortalecimiento de la confianza es fundamental para el buen funcionamiento de la orden de detención europea;

I.  Considerando que el establecimiento de un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales debería servir para reforzar la confianza mutua, ya que su objetivo es indicar los ámbitos en que se precisan mejoras en lo referido al Estado de Derecho; que la aplicación inadecuada e incoherente de la Decisión Marco relativa a la orden de detención europea por determinados Estados miembros no contribuye al fortalecimiento de esa confianza mutua; que un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales podría contribuir a la consecución de una aplicación coherente en los casos de denegación de la ejecución por violación de los derechos fundamentales y, por lo tanto, podría mejorar el reconocimiento mutuo entre los Estados miembros;

J.  Considerando que la confianza mutua requiere que los Estados miembros respeten el Derecho de la Unión y, más en concreto, tanto los derechos fundamentales reconocidos por la Carta como el Estado de Derecho, y en particular la independencia del poder judicial;

K.  Considerando que la orden de detención europea ha contribuido a desarrollar y consolidar el espacio de libertad, seguridad y justicia; que el artículo 6 del TUE, relativo a la Carta y el CEDH, el artículos 8, el artículo 15, apartado 3, y los artículos16 y 18 a 25 del TFUE, las Directivas sobre derechos procesales y la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos de las víctimas(22) son elementos cruciales del marco del espacio de libertad, seguridad y justicia; que la aplicación incorrecta de la orden de detención europea podría tener efectos perjudiciales para la cooperación policial y judicial en toda la Unión, para las personas implicadas y sus familias, para el funcionamiento del espacio Schengen y para los derechos fundamentales;

L.  Considerando que la pertenencia a la Unión implica el respeto de una serie de valores como la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías, como se establece en el artículo 2 del TUE y en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros en el marco de su cumplimiento;

M.  Considerando que, para cumplir su función protectora, la Unión de la Igualdad debe garantizar la protección de todas las víctimas de delitos(23) y, al mismo tiempo, proteger los derechos de sospechosos y acusados; que la Unión ha adoptado una serie de instrumentos destinados a reforzar los derechos de las víctimas y que van más allá de la detención o entrega de personas sospechosas o condenadas;

N.  Considerando que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Tribunal») ha abordado la mayoría de las cuestiones suscitadas por la aplicación de la orden de detención europea en determinados aspectos, como el principio ne bis in idem(24), la autoridad judicial(25), la primacía del Derecho de la Unión y la armonización en la Unión(26), la independencia del poder judicial(27), los derechos fundamentales(28), la doble tipificación(29), los motivos de denegación y la extradición de ciudadanos de la Unión a terceros países(30); que, al mismo tiempo, las resoluciones judiciales no pueden convertirse en un sustituto de una legislación bien redactada a nivel de la Unión;

O.  Considerando que la doble tipificación es un concepto referido a la extradición internacional que, aun siendo difícilmente compatible con el reconocimiento mutuo, puede ser necesario en la práctica, con un alcance muy limitado, para las personas buscadas, según la jurisprudencia del Tribunal; que la doble tipificación solo es un motivo facultativo para no ejecutar una orden de detención europea y rara vez es invocado por las autoridades de ejecución; que la lista de delitos sin doble tipificación ya incluye una amplia variedad de delitos, muchos de los cuales aún no han sido objeto de una armonización muy intensa en los Estados miembros, y que dicha lista debe reevaluarse y, probablemente, ampliarse de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 2, apartado 3, de la Decisión Marco relativa a la orden de detención europea;

P.  Considerando que el concepto de reconocimiento mutuo no requeriría, por sí mismo, la armonización del Derecho penal sustantivo y procesal, pero la práctica de la cooperación judicial ha demostrado que es preciso armonizar un número limitado de normas y definiciones comunes para facilitar el reconocimiento mutuo, como se reconoce en el artículo 82, apartado 2, del TFUE; que se han logrado progresos en los últimos años, como la adopción de seis Directivas sobre derechos procesales, la Directiva 2012/29/UE, las medidas alternativas a la orden de detención europea, como la orden europea de investigación, y la armonización de algunos delitos; que, no obstante, las seis Directivas sobre garantías procesales no se han aplicado plena y correctamente, lo que sigue siendo motivo de preocupación;

Q.  Considerando que la Comisión ha destacado las dificultades existentes para la aplicación de determinadas disposiciones de la Directiva 2013/48/UE, en particular en lo que respecta a la posibilidad de acceder a un letrado tanto en el Estado miembro de ejecución como en el Estado miembro emisor; que, hasta el momento, la transposición de las demás Directivas sobre garantías procesales que incluyen disposiciones específicas sobre la orden de detención europea (Directivas 2010/64/UE, 2012/13/UE, (UE) 2016/800 y (UE) 2016/1919) ha sido deficiente, por ejemplo en la consideración del principio de igualdad de armas;

R.  Considerando que otros instrumentos, como la Directiva 2014/41/UE relativa a la orden europea de investigación y el Reglamento (UE) 2018/1805 sobre el reconocimiento mutuo de las resoluciones de embargo y decomiso(31), han contribuido a solucionar algunas cuestiones relacionadas con la orden de detención europea y han aplicado los principios del reconocimiento mutuo a otros tipos de resoluciones judiciales;

S.  Considerando que el plan de trabajo de 2009 para reforzar los derechos en los procesales penales en la Unión reconoce el problema de los períodos de prisión preventiva; que las condiciones penitenciarias, que deben respetar los valores consagrados en el artículo 2 del TUE, constituyen un problema en muchos Estados miembros; que en algunos Estados miembros se plantean cuestiones relativas al Estado de Derecho, como reflejan las sentencias del TEDH;

T.  Considerando que, en su Resolución, de 27 de febrero de 2014, sobre la revisión de la orden de detención europea, el Parlamento Europeo pidió, en particular, la introducción de un motivo obligatorio de denegación cuando existan motivos fundados para creer que la ejecución de la medida sería incompatible con las obligaciones que incumben al Estado miembro de ejecución en virtud del artículo 6 del TUE y la Carta; que en 2017 se denegó la entrega en 109 casos por cuestiones relacionadas con los derechos fundamentales;

U.  Considerando que el reconocimiento mutuo exige que los profesionales de la Justicia, incluidos los abogados penalistas, estén formados en Derecho de la Unión;

V.  Considerando que Eurojust cumple una función esencial de facilitación y coordinación en la ejecución de órdenes de detención europeas; que cada vez se solicita en mayor medida la asistencia de Eurojust en la ejecución de órdenes de detención europeas, lo que ha aumentado considerablemente su carga de trabajo; que, solo en 2019, Eurojust facilitó la ejecución de órdenes de detención europeas en 703 nuevos casos y en 574 casos pendientes; que Eurojust, junto con la Fiscalía Europea, es un organismo independiente y autónomo;

W.  Considerando que la comparación de datos muestra una tendencia al alza en el número de órdenes de detención europeas, con un aumento interanual del número de órdenes de detención europeas emitidas;

X.  Considerando que la búsqueda de foros de conveniencia se evitará mediante la aplicación armonizada de la orden de detención europea, junto con la aplicación plena y correcta de las Directivas sobre derechos procesales, el mayor uso de medidas alternativas a la orden de detención europea y el establecimiento de normas mínimas a nivel de la Unión, por ejemplo sobre las condiciones de detención y encarcelamiento; que la aplicación plena y correcta de la orden de detención europea en todos los Estados miembros es necesaria para evaluar adecuadamente el funcionamiento de los correspondientes instrumentos legislativos y la necesidad de eventuales modificaciones;

Evaluación general de la aplicación de la orden de detención europea

1.  Señala que la orden de detención europea es un logro de primer orden y un instrumento eficaz, útil e indispensable para luchar contra la delincuencia transfronteriza grave y llevar ante la justicia a los autores de delitos graves en el Estado miembro en el que haya tenido o esté teniendo lugar el proceso penal, y repercute positivamente en el espacio de libertad, seguridad y justicia; es consciente de que la orden de detención europea ha facilitado y mejorado la cooperación en materia de entregas; señala, sin embargo, que en los últimos veinte años el mundo viene atravesando una transformación digital que ha cambiado el ecosistema de la delincuencia;

2.  Observa que existen problemas concretos; considera que estos problemas no cuestionan el sistema ni lo ponen en peligro, pero demuestran la necesidad de mejorarlo y actualizarlo y de corregir esos problemas para eliminar determinados ángulos muertos y reforzar así el sistema general y salvaguardar el respeto del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales en todos los Estados miembros; afirma que el espacio Schengen y la transformación digital han creado numerosas oportunidades para los ciudadanos de la Unión; señala que, no obstante, la apertura de las fronteras y las nuevas tecnologías también requieren herramientas eficaces para que las fuerzas y cuerpos de seguridad y los tribunales puedan perseguir los delitos transnacionales graves;

3.  Señala que esos problemas se refieren principalmente a las condiciones de detención y encarcelamiento, la proporcionalidad, la aplicación de las garantías procesales consagradas en el Derecho de la Unión en los procedimientos de orden de detención europea —en particular, la doble representación legal tanto en el Estado emisor como en el de ejecución—, la formación, determinados aspectos del Estado de Derecho, la ejecución de penas privativas de libertad(32), los plazos(33) y las resoluciones dictadas en rebeldía; observa que en algunos casos se planteó la cuestión de la doble tipificación(34); constata, en otros casos, incoherencias en la aplicación de los motivos para denegar la ejecución de órdenes de detención europeas; subraya asimismo la inexistencia de un sistema global de datos que permita elaborar estadísticas cuantitativas y cualitativas fiables relativas a la emisión, ejecución o denegación de órdenes europeas de detención; señala que estos problemas no solo merman la confianza mutua entre Estados miembros, sino que también tienen un coste social y económico para las personas implicadas, para sus familias y para la sociedad en general;

4.  Observa que se han abordado parcialmente algunas cuestiones y que se está intentando resolverlas mediante una combinación de instrumentos no vinculantes (Manual de la orden de detención europea), evaluaciones recíprocas, la asistencia de Eurojust, la financiación de programas de formación y herramientas para profesionales de la Justicia en el marco del Programa de Justicia de la Unión, la jurisprudencia del Tribunal y la legislación complementaria (Decisión Marco 2009/299/JAI y la adopción de las Directivas sobre derechos procesales de sospechosos y acusados, siguiendo el plan de trabajo de 2009, en particular la Directiva 2013/48/UE), aunque subsisten algunos de esos problemas;

5.  Señala que debe reforzarse y mejorarse la orden de detención europea para aumentar su eficacia, su inmediatez y el respeto de las resoluciones de los jueces nacionales, respetando al mismo tiempo la proporcionalidad, ya que el objetivo de una Unión más fuerte requiere que los Estados miembros confíen en los sistemas judiciales y penitenciarios de los demás Estados miembros, siendo este mecanismo imprescindible para ello; recuerda que toda debilitación del reconocimiento mutuo en el ámbito penal aboca necesariamente al debilitamiento de este principio en otros ámbitos, lo que sería perjudicial a la hora de abordar eficazmente políticas comunes como el mercado interior;

6.  Pone de relieve que los Protocolos n.os 21 y 22 del TUE reconocen un estatus especial a dos Estados miembros —Irlanda dispone de una opción de incorporación y Dinamarca no participa en el Derecho penal de la Unión—, lo que implica que ambos participan en la orden de detención europea pero no necesariamente en otros instrumentos, como las Directivas sobre garantías procesales; destaca la importancia de garantizar la coherencia en el espacio de libertad, seguridad y justicia;

7.  Subraya que la orden de detención europea no debe utilizarse indebidamente para delitos menores, cuando no existan motivos que justifiquen la prisión preventiva; recuerda que el uso de la orden de detención europea debe limitarse a delitos graves cuando sea estrictamente necesario y proporcionado; insta a que, antes de emitir una orden de detención europea, se recurra a instrumentos jurídicos menos intrusivos, como la orden europea de investigación; señala que las autoridades emisoras deben verificar la proporcionalidad, teniendo en cuenta i) la gravedad del delito, ii) la sanción probable si la persona es declarada culpable del presunto delito, iii) la probabilidad de que el interesado sea privado de libertad en el Estado miembro emisor después de la entrega, iv) la repercusión en los derechos de la persona buscada y su familia, y v) los intereses de las víctimas del delito; pide a los Estados miembros y a sus autoridades judiciales que tramiten las órdenes de detención europeas sin demora injustificada una vez emitidas, con el fin de reducir al mínimo la prisión preventiva;

8.  Destaca que, según el Tribunal, la denegación de ejecución de una orden de detención europea constituye una excepción al reconocimiento mutuo y debe interpretarse de modo estricto(35) cuando sea aplicable uno de los motivos de no reconocimiento (artículos 3 y 4 de la Decisión Marco relativa a la orden de detención europea) o una de las garantías (artículo 5 de dicha Decisión Marco) o cuando proceda con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal;

9.  Pide que se permita la denegación cuando existan razones fundadas para considerar que la ejecución de la orden de detención europea podría resultar incompatible con las obligaciones del Estado miembro de ejecución en virtud del artículo 6 del TUE y la Carta; señala que, cuando la no ejecución encuentre justificación en una violación de los derechos fundamentales, el Estado miembro de ejecución tiene que imputar el riesgo grave de violación de los derechos fundamentales y establecer los motivos de denegación de la ejecución sobre la base de elementos fácticos y objetivos, a fin de evitar la inseguridad jurídica y la posible impunidad; recuerda que, según la jurisprudencia del Tribunal, la Carta establece el nivel común de protección de los derechos fundamentales en la Unión(36);

Recomendaciones para mejorar el funcionamiento de la orden de detención europea

10.  Pide a la Comisión que facilite datos claros, comprensibles y comparables, ya que los existentes son confusos y pueden dar una impresión falsa de la eficiencia o ineficiencia de las órdenes de detención europeas; pide a la Comisión que establezca el método para que los Estados miembros cumplan su obligación de recopilar y transmitirle sistemáticamente datos fiables y actualizados; pide a la Comisión que estudie la posibilidad de crear una base de datos común que contenga las resoluciones judiciales sobre las órdenes de detención europeas usando únicamente datos anonimizados, base de datos que resultaría un instrumento inteligente y eficiente para evaluar la cooperación judicial, detectar puntos débiles y prepararse mejor ante posibles ajustes; recuerda que la cooperación judicial es un elemento fundamental para garantizar la estabilidad social, económica, medioambiental y digital; reiteras su llamamiento a la Comisión para que solicite a los Estados miembros datos exhaustivos sobre el funcionamiento del mecanismo de la orden de detención europea y para que incluya dichos datos en su próximo informe de aplicación;

11.  Considera que deben adoptarse nuevas medidas horizontales para reforzar el principio de cooperación leal consagrado en el artículo 4, apartado 3, del TUE y para aumentar la confianza mutua en los sistemas nacionales de justicia penal, propiciando de este modo una cooperación judicial más eficiente; destaca que la comprobación de la doble tipificación limita el reconocimiento mutuo y, según el Tribunal, debe interpretarse de manera restrictiva; destaca, no obstante, que actualmente preocupa la falta de definición adecuada de los delitos a los que ya no se aplica la regla de la doble tipificación; señala que el reconocimiento mutuo debería operar, preferentemente, de modo automático(37), sin reevaluar los motivos de fondo de la acusación, y que la denegación solo debería tener lugar cuando esté justificado invocar alguno de los motivos de denegación enumerados exhaustivamente en la Decisión Marco relativa a la orden de detención europea o cuando otras circunstancias, reconocidas por el Tribunal, justifiquen limitaciones a los principios de reconocimiento mutuo y confianza mutua entre Estados miembros;

12.  Subraya que el principio de reconocimiento mutuo debe basarse en la confianza mutua, lo que únicamente puede lograrse si se garantiza en toda la Unión el respeto de los derechos fundamentales y procesales de los sospechosos y acusados durante los proceso penales; recuerda la importancia de aplicar las Directivas sobre derechos procesales al objeto de garantizar el derecho a un juicio justo; insta a la Comisión, en este sentido, a que garantice la plena y correcta aplicación de estas Directivas y a que considere incoar procedimientos de infracción cuando sea necesario;

13.  Pide a la Comisión que analice los delitos comunes en los Estados miembros con el fin de definir mejor los supuestos en que debe utilizarse la orden de detención europea y facilitar la evaluación de la proporcionalidad; pide a la Comisión que efectúe una evaluación formal y sustantiva de la coherencia de la lista de 32 categorías de delitos que no requieren la comprobación de la doble tipificación, usando criterios como la gravedad del delito, su dimensión transnacional o el impacto negativo en los valores fundamentales de la Unión; señala que es necesario ofrecer mayor seguridad jurídica a todos quienes intervienen en su aplicación y así evitar conflictos innecesarios; pide a la Comisión que evalúe exhaustivamente los problemas de elaborar, en la medida de lo posible, una lista homogénea de categorías de delitos en función de intereses protegidos por la ley y delitos concretos; recomienda, además, incluir un anexo con definiciones para cada elemento de la lista a fin de facilitar su interpretación;

14.  Destaca la importancia de evaluar la inclusión de nuevos delitos o categorías de delitos, como delitos medioambientales (por ejemplo, los delitos por contaminación procedente de buques), determinadas formas de evasión fiscal, delitos de odio, abusos sexuales, violencia de género, delitos cometidos a través de medios digitales, como la usurpación de identidad, delitos que implican el uso de la violencia o una amenaza grave contra el orden público de los Estados miembros y delitos contra la integridad constitucional de los Estados miembros cometidos mediante el uso de la violencia, delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, en el marco de un mayor compromiso de los Estados miembros con la cooperación judicial, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales; subraya que un mayor grado de cooperación judicial respecto de este tipo de delitos ayudaría a la Unión a alcanzar sus propios objetivos prioritarios, reforzando a un tiempo la cultura de respeto de la democracia y el Estado de Derecho en la Unión;

15.  Acoge con satisfacción la reciente creación, por parte de la Comisión, del grupo de coordinación sobre la orden de detención europea; considera que este grupo contribuirá a mejorar el rápido intercambio de información actualizada y fiable y de buenas prácticas y a reforzar la cooperación, lo que debería propiciar una aplicación más uniforme de la orden de detención europea entre autoridades judiciales, así como un mejor intercambio de información entre los abogados que representan a las personas objeto de una orden de detención europea en los Estados miembros de ejecución y de emisión;

16.  Recuerda que, en principio, el umbral relativo a la pena que se prevé en el artículo 2, apartado 2, de la Decisión Marco relativa a la orden de detención europea tiene por finalidad garantizar la proporcionalidad de la orden de detención europea; pide a la Comisión, no obstante, que estudie la posibilidad de reducir el umbral de tres años en el caso de determinados delitos, como la trata de seres humanos y la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil;

17.  Pide a la Comisión que aclare la cuestión de los delitos accesorios o conexos con los delitos principales que superan el umbral de la orden de detención europea, por ejemplo estudiando la posibilidad de actualizar el Manual de la orden de detención europea o, posiblemente, a través de instrumentos de la Unión en el ámbito de la armonización del Derecho penal, incluida la indicación de la aplicación de las órdenes de detención europeas en los Estados miembros a este respecto; recuerda, en este contexto, que la orden de detención europea no regula la entrega por delitos accesorios o conexos y que el principio de especialidad podría impedir que el Estado miembro de ejecución persiga tales delitos;

18.  Destaca la importancia de definir con mayor precisión los cometidos y las competencias de las autoridades nacionales y los órganos de la Unión que intervienen en los procedimientos de la orden de detención europea y de garantizar que estén especializados y posean experiencia práctica; afirma que dejar un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad de ejecución parece difícilmente compatible con el principio de reconocimiento mutuo, o incluso es contrario al mismo, al margen de los motivos de denegación del reconocimiento establecidos en los artículos 3 y 4 de la Decisión Marco relativa a la orden de detención europea y de lo expuesto por el Tribunal; estima que cualquier revisión de la Decisión Marco relativa a la orden de detención europea debe establecer un procedimiento por el cual, en el Estado miembro de emisión, una orden de detención europea pueda ser validada, cuando sea necesario, por un juez, tribunal, juez de instrucción o fiscal, con el fin de superar las diferentes interpretaciones del término «autoridad judicial»; considera que, si puede aportar seguridad jurídica en lo relativo a los delitos que están comprendidos claramente en la definición de doble tipificación y los que no, se limitaría la discrecionalidad en los casos de doble tipificación; afirma que la mejora del Estado de Derecho, los derechos fundamentales, las condiciones penitenciarias y el conocimiento de los profesionales de la Justicia sobre otros ordenamientos jurídicos contribuirán al fortalecimiento de la confianza y el reconocimiento mutuos;

19.  Pide a la Comisión que siga evaluando la transposición de la Decisión Marco relativa a la orden de detención europea y otros instrumentos de cooperación judicial y que incoe procedimientos de infracción cuando sea necesario;

20.  Pide a los Estados miembros que apliquen la Decisión Marco relativa a la orden de detención europea y las sentencias pertinentes del Tribunal en esta materia, así como otros instrumentos jurídicos en materia penal, de manera íntegra y sin retrasos; destaca que instrumentos como la Decisión Marco 2008/909/JAI relativa al traslado de presos, la Decisión Marco 2008/947/JAI relativa a la libertad vigilada y las penas sustitutivas, la orden europea de investigación, la orden europea de vigilancia o el Convenio Europeo sobre la Transmisión de Procedimientos en Materia Penal(38), complementan a la orden de detención europea y ofrecen alternativas útiles y menos intrusivas; subraya que la orden de detención europea solo debe utilizarse si se han agotado todas las demás opciones alternativas, y que los Estados no deben recurrir a la orden de detención europea en situaciones en las que una medida menos intrusiva produzca los mismos resultados, por ejemplo, las audiencias por videoconferencia o instrumentos conexos; insta a las autoridades de los Estados miembros a que utilicen, cuando sea posible, dichos instrumentos alternativos en lugar de emitir una orden de detención europea;

21.  Pide a los Estados miembros que velen por que las autoridades judiciales puedan prescribir las alternativas disponibles a la detención y a las medidas coercitivas en los procedimientos de orden de detención europea, en particular cuando una persona preste su consentimiento a la entrega, a menos que una decisión contraria sea necesaria y esté justificada;

22.  Toma nota del preocupante informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva 2013/48/UE; insta a la Comisión a que continúe evaluando el cumplimiento de la Directiva por parte de los Estados miembros y a que adopte las medidas oportunas, incluidos procedimientos de infracción, para garantizar la conformidad con sus disposiciones; insta a la Comisión a que redoble los esfuerzos por lograr la plena aplicación de todas las Directivas sobre garantías procesales, con el fin de asegurarse de que las personas buscadas puedan acceder a una defensa efectiva en los procedimientos transfronterizos; insta a la Comisión a que estudie la adopción de medidas ante las deficiencias en la aplicación de la Recomendación de la Comisión, de 27 de noviembre de 2013, relativa a las garantías procesales para las personas vulnerables sospechosas o acusadas en procesos penales(39), en particular en lo que respecta a los adultos vulnerables;

23.  Pide a los Estados miembros que doten de flexibilidad a los regímenes lingüísticos de la orden de detención europea y que desarrollen y apliquen prácticas comunes a este respecto, respetando al mismo tiempo el derecho a interpretación y traducción de las personas en los procesos penales, de conformidad con la Directiva 2010/64/UE; pide a los Estados miembros, en este contexto, que introduzcan los mecanismos necesarios para evitar retrasos u obstáculos; lamenta que la Decisión Marco relativa a la orden de detención europea no fije plazos para la transmisión de órdenes de detención europeas traducidas;

24.  Pide a la Comisión que vele por la aplicación uniforme de los plazos y su supervisión efectiva;

25.  Pide a la Comisión que garantice una financiación adecuada a Eurojust y la Red Judicial Europea (RJE) que les permita facilitar y coordinar la orden de detención europea; lamenta que las actuales asignaciones presupuestarias de la Comisión para Eurojust sean insuficientes a la vista de los retos a los que se enfrenta este organismos debido al continuo aumento del número de casos tratados, y que supongan una congelación de la financiación a pesar de la mayor carga de trabajo; pone de relieve que para que Eurojust pueda cumplir su misión es imprescindible que su presupuesto esté a la altura de sus funciones y prioridades; reitera su petición de una red judicial específica para las órdenes de detención europea;

26.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que prevean financiación adecuada para la asistencia jurídica gratuita a las personas sujetas a procedimientos de la orden de detención europea, tanto en el Estado miembro emisor como en el Estado de ejecución antes de que se ordene la entrega, financiación para traductores e intérpretes debidamente cualificados, formación específica sobre la orden de detención europea para los profesionales de la Justicia, incluidos policías, fiscales, jueces y abogados defensores, especialmente en ámbitos tales como los aspectos de la orden de detención europea relacionados con los derechos fundamentales, la evaluación de la proporcionalidad y las medidas alternativas a la detención, la representación en asuntos de orden de detención europea, y en lo relativo al procedimiento para solicitar una decisión prejudicial al Tribunal y para obtener garantías de las autoridades de otros Estados miembros; resalta el valor de los programas de la Red Europea de Formación Judicial (REFJ), como las simulaciones en materia de orden de detención europea y la formación lingüística; destaca que, para garantizar la igualdad de armas, los abogados deben tener acceso a una formación específica, accesible y asequible; pide a la Comisión que fomente y facilite ese tipo de formación;

27.  Pide a la Comisión que, en cooperación con los Estados miembros, apoye y, en su caso, siga desarrollando la REFJ y las plataformas nacionales existentes de formación de magistrados y, de ser necesario, ponga en marcha otra plataforma de formación para expertos y profesionales de la Justicia sobre los instrumentos de reconocimiento mutuo, incluida la orden de detención europea; afirma que esta plataforma debe proporcionarles conocimientos sobre la estrecha relación entre los distintos instrumentos, así como un espacio común para el intercambio de experiencias;

28.  Observa que la cooperación entre autoridades, también en lo relativo a la observancia de los derechos fundamentales, puede mejorar mediante el uso de tecnología y digitalización seguras; acoge con satisfacción la creación de la base de datos sobre privación de libertad penal de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA); solicita que se desarrolle una base de datos centralizada con la jurisprudencia nacional sobre la aplicación de la orden de detención europea (como ya ocurre en otros ámbitos del Derecho de la Unión)(40); considera que una base de datos pública específica de abogados especializados en órdenes de detención europeas podría contribuir a garantizar el derecho a la asistencia de un letrado;

29.  Pide que se revisen periódicamente las órdenes de detención europeas no ejecutadas y se aprecie la conveniencia de retirarlas junto con los correspondientes avisos al SIS II e Interpol; pide asimismo que se retiren las órdenes de detención europeas, junto con los correspondientes avisos al SIS II e Interpol, cuando la orden de detención europea haya sido denegada por motivos obligatorios, como el principio ne bis in idem;

30.  Pide a la Comisión que tenga en cuenta la opinión de los Parlamentos nacionales, de conformidad con el Protocolo n.º 2 del TUE, si decide proponer actos legislativos en el ámbito del Derecho penal de la Unión, ya que su participación supone un control de la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad en el Derecho penal de la Unión;

Recomendaciones sobre los derechos fundamentales

31.  Pide a los Estados miembros que respeten las obligaciones del artículo 2 del TUE sobre dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y derechos humanos, incluidos los derechos de las minorías; destaca que los Estados miembros deben velar por que toda persona, incluidas las víctimas de delitos y las personas buscadas mediante una orden de detención europea, cuyos derechos y libertades garantizados por el Derecho de la Unión hayan sido vulnerados, tenga derecho a la tutela judicial efectiva, de conformidad con el artículo 47 de la Carta y la jurisprudencia consolidada del Tribunal; destaca que los recursos en el Estado de ejecución, al tiempo que respetan el derecho a la tutela judicial efectiva, deben ajustarse a los plazos establecidos por el instrumento aplicable de reconocimiento mutuo o, a falta de plazos expresos, deben resolverse con suficiente rapidez para garantizar que no se desvirtúe la finalidad del procedimiento de reconocimiento mutuo;

32.  Señala que, si bien la aplicación del procedimiento del artículo 7, apartado 1, del TUE afecta al reconocimiento mutuo, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal, la autoridad de ejecución debe examinar en cada caso concreto si existen motivos fundados para considerar que, tras la entrega, la persona correrá el riesgo de que se vulneren sus derechos fundamentales; subraya que la activación del artículo 7, apartados 1 y 2, del TUE no constituye un no reconocimiento automático, dada la importancia de la cooperación en materia penal y el funcionamiento del sistema de cooperación judicial de la Unión en su conjunto; destaca el papel de Eurojust a la hora de ayudar a los Estados miembros a emitir o ejecutar órdenes en este contexto, con miras a aumentar la confianza mutua; recomienda, por consiguiente, que se establezca un sistema de medidas cautelares, llegando incluso a la suspensión del instrumento, para defender las garantías previstas y, al mismo tiempo, reforzar la confianza y el reconocimiento mutuo entre Estados miembros;

33.  Destaca la relación entre las condiciones de privación de libertad y las medidas de la orden de detención europea y recuerda a los Estados miembros que el artículo 3 del CEDH y la jurisprudencia correspondiente no solo les imponen obligaciones negativas, sino también positivas, al exigirles que se aseguren de que las condiciones de privación de libertad respeten la dignidad humana y que se realicen investigaciones exhaustivas y eficaces en caso de vulneración de derechos; pide a la Comisión que estudie los medios jurídicos y financieros disponibles a nivel de la Unión para mejorar las condiciones de privación de libertad;

34.  Manifiesta su preocupación por las condiciones de privación de libertad en algunos Estados miembros; acoge con satisfacción, en este sentido, la nueva base de datos sobre privación de libertad penal(41) de la FRA, y considera que es un primer paso hacia una mejor evaluación común de las condiciones penitenciarias en la Unión;

35.  Reitera su llamamiento(42) a los Estados miembros para que mejoren las condiciones penitenciarias deficientes; pide a la Comisión que aproveche plenamente la posibilidad de financiar la modernización de los centros penitenciarios mediante los Fondos Estructurales de la Unión; recuerda, en este sentido, que en sus Conclusiones de 2018 sobre la promoción del reconocimiento mutuo fomentando la confianza mutua(43), el Consejo también invitó a la Comisión a promover el uso de los fondos de la Unión para ayudar a los Estados miembros a abordar del problema de las condiciones penitenciarias deficientes;

36.  Reitera la importancia de un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales —en forma de una posible propuesta legislativa apoyada por un acuerdo interinstitucional— consistente en un examen anual independiente y basado en pruebas que evalúe el cumplimiento del artículo 2 del TUE por parte de todos los Estados miembros de la Unión, y en recomendaciones específicas para cada país, con el fin de reforzar la confianza mutua entre los Estados miembros; señala que un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales sería un instrumento fundamental que contribuiría a reforzar la confianza mutua entre Estados miembros en el contexto de la aplicación de la Decisión Marco relativa a la orden de detención europea;

37.  Pide a la Comisión que estudie la viabilidad de instrumentos complementarios sobre derechos procesales, como los relativos a la admisibilidad de pruebas y a las condiciones penitenciarias de la prisión preventiva, tomando como base o superando, en particular, las normas del Consejo de Europa, también por lo que respecta a la duración máxima de la prisión preventiva; afirma que la Comisión debe aspirar al mayor grado de exigencia, respetando plenamente los principios de subsidiariedad y proporcionalidad; considera que la ausencia de unas normas mínimas en materia de condiciones penitenciarias y prisión preventiva a escala de la Unión, de límites en el uso de la prisión preventiva como medida de último recurso y de la consideración de alternativas, unida a la falta de una evaluación adecuada sobre si los asuntos están listos para la celebración del juicio, puede conllevar períodos injustificados y excesivos de prisión preventiva para sospechosos y acusados; recuerda que esta situación se ha visto aún más agravada por la pandemia de COVID-19; pide a la Comisión que alcance unas normas mínimas a escala de la Unión, en particular sobre las garantías procesales en materia penal y las condiciones penitenciarias y de detención, y que refuerce los instrumentos de información destinados a las autoridades nacionales de ejecución sobre las condiciones de prisión preventiva y reclusión en cada Estado miembro;

38.  Subraya que no existe ningún mecanismo que garantice un seguimiento adecuado de las garantías que ofrecen las autoridades judiciales emisoras después de la entrega; solicita que la Comisión estudie posibles medidas en esta dirección;

39.  Pide a la Comisión que presente, entre otras iniciativas, una evaluación del cumplimiento del principio ne bis in idem; un método de comprobación de la proporcionalidad en la emisión de órdenes de detención europeas basado en todos los factores y circunstancias pertinentes, como la gravedad del delito, si el caso está listo para la celebración del juicio, las repercusiones en los derechos de la persona buscada, las implicaciones económicas y la disponibilidad de medidas alternativas adecuadas y menos intrusivas; un procedimiento de consulta estándar que permita a las autoridades competentes del Estado miembro emisor y de ejecución intercambiar información sobre la ejecución de orden de detención europea, en particular en lo relativo a la proporcionalidad, la posibilidad de celebrar juicio y los conflictos de jurisdicción; y un estudio de las posibles medidas legislativas que se puedan adoptar al amparo del artículo 82, apartado 1, del TFUE;

40.  Pide a los Estados miembros que ratifiquen el Protocolo facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura;

41.  Señala que las deficiencias en materia de cooperación judicial, incluidas las relativas a la orden de detención europea, pueden lesionar los intereses de las víctimas y suponer una denegación del acceso a la justicia y la desprotección de las víctimas; subraya que la impunidad resultante de las deficiencias en la cooperación judicial puede tener repercusiones negativas y perjudiciales para el Estado de Derecho, los sistemas judiciales y la confianza de los ciudadanos en las instituciones, así como para las víctimas y la sociedad en general;

42.  Destaca que, según la FRA, la información que se facilita a los acusados sobre sus derechos procesales en procedimientos penales difiere tanto en su alcance como en la forma en la que se transmite; pide a los Estados miembros que establezcan salvaguardias para garantizar que se informe eficazmente a las personas sobre sus derechos procesales tan pronto como sean sospechosas de haber cometido un delito;

43.  Pone de relieve las exigencias del TEDH y los requisitos establecidos en la Directiva 2013/48/UE y la Directiva 2010/64/UE; recuerda que garantizar un tiempo adecuado para preparar un caso y disponer de un acceso completo y rápido a los materiales del caso mejoraría la calidad de la representación; destaca que, habida cuenta del carácter transfronterizo de los procedimientos de orden de detención europea, que frecuentemente implican a acusados que no hablan la lengua del Estado miembro de ejecución, garantizar el acceso a servicios de interpretación en la fase inicial de los procedimientos, y, en particular, facilitar la comunicación con los abogados, constituye una garantía esencial de un proceso equitativo y un requisito con arreglo a la Directiva 2010/64/UE; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que velen por que el derecho a la asistencia de letrado y a la asistencia jurídica gratuita tanto en el Estado miembro de emisión como en el de ejecución esté garantizado tanto por ley como en la práctica;

Un marco jurídico coherente para la orden de detención europea

44.  Afirma que la orden de detención europea es eficaz; considera, no obstante, que los principales problemas relativos a la orden de detención europea se refieren a su coherencia y eficiencia, aspectos en los que hay margen para la mejora, aunque también se ha suscitado alguna cuestión sobre el cumplimiento de los valores y los derechos fundamentales de la Unión;

45.  Pide a la Comisión que elabore una política coherente en materia de reconocimiento mutuo que tenga en cuenta la jurisprudencia del Tribunal y el nivel actual de armonización del Derecho y los procesos penales en los Estados miembros, así como los derechos fundamentales reconocidos por la Carta;

46.  Pide a la Comisión que realice un estudio transversal de los instrumentos de reconocimiento mutuo con el fin de evitar divergencias y garantizar la coordinación y la correcta interacción entre ellos; insta, en particular, a que se estudie la aplicación práctica del instrumento en los diferentes países, al objeto de determinar las buenas prácticas que conducen a que las órdenes emitidas por ciertos Estados consigan un alto grado de ejecución, así como las dificultades específicas cuando el grado de no ejecución de las órdenes es especialmente elevado;

47.  Afirma que problemas de coherencia detectados en la aplicación de la Decisión Marco relativa a la orden de detención europea deben corregirse mediante una combinación de medidas prácticas (formación de profesionales de la Justicia), instrumentos no vinculantes (manuales y recomendaciones), legislación muy específica (definición de autoridad judicial, ne bis in idem, derechos fundamentales, etc.) y, en una segunda etapa, mediante los medios que se consideren necesarios, teniendo en cuenta la novena ronda de evaluaciones recíprocas, para complementar normativa específica (prisión preventiva); considera que la Comisión debe trabajar en pos de la plena y correcta aplicación de la orden de detención europea en todos los Estados miembros, teniendo presente la jurisprudencia del Tribunal;

48.  Recomienda, a medio plazo, la promoción de un código de cooperación judicial de la Unión en materia penal que recopile sistemáticamente la legislación vigente, a fin de garantizar la seguridad jurídica y la coherencia de los diferentes instrumentos de la Unión;

Brexit

49.  Pide a la Comisión que prosiga las negociaciones con el Reino Unido con vistas a salvaguardar las normas de la Unión relativas a los derechos procesales y fundamentales de sospechosos y acusados; manifiesta su preocupación por la posibilidad de un drástico retroceso en los avances logrados en el Reino Unido desde la introducción de la orden de detención europea;

o
o   o

50.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.

(1) Véase la sentencia del TEDH de 9 de julio de 2019, Romeo Castaño c. Bélgica, relativa a la vulneración de un aspecto procesal del artículo 2 del CEDH (investigación eficaz).
(2) DO L 190 de 18.7.2002, p. 1.
(3) DO L 337 de 16.12.2008, p. 102.
(4) DO L 81 de 27.3.2009, p. 24.
(5) DO L 294 de 11.11.2009, p. 20.
(6) DO C 168 E de 14.6.2013, p. 82.
(7) DO C 285 de 29.8.2017, p. 135.
(8) DO C 346 de 27.9.2018, p. 94.
(9) Textos Aprobados P8_TA(2019)0406.
(10) DO C 295 de 4.12.2009, p. 3.
(11) DO L 280 de 26.10.2010, p. 1.
(12) DO L 142 de 1.6.2012, p. 1.
(13) DO L 294 de 6.11.2013, p. 1.
(14) DO L 65 de 11.3.2016, p. 1.
(15) DO L 132 de 21.5.2016, p. 1.
(16) DO L 297 de 4.11.2016, p. 1.
(17) DO L 130 de 1.5.2014, p. 1.
(18) DO C 449 de 13.12.2018, p. 6.
(19) DO C 422 de 16.12.2019, p. 9.
(20) DO L 295 de 21.11.2018, p. 138.
(21) Textos Aprobrados, P9_TA(2020)0251.
(22) Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo (DO L 315 de 14.11.2012, p. 57).
(23) Estrategia de la UE sobre los derechos de las víctimas (2020-25).
(24) Sentencia del Tribunal de Justicia, Mantelo, C-261/09.
(25) Sentencias del Tribunal de Justicia, Özçelik (C-453/16 PPU), Poltorak (C-452/16 PPU) y Kovalkovas (C-477/16 PPU), y de 27 de mayo de 2019, OG y PI (Fiscalías de Lübeck y de Zwickau) (C-508/18 y C-82/19).
(26) Sentencias del Tribunal de Justicia, Melloni (C-399/11), M.A.S. y M.B (C-42/17).
(27) Sentencia del Tribunal de Justicia, Minister for Justice and Equality (Deficiencias del sistema judicial) (C-216/18 PPU).
(28) Sentencias del Tribunal de Justicia, Aranyosi y Căldăraru (C‑404/15 y C‑659/15 PPU), Dorobantu (C-128/18).
(29) Sentencia del Tribunal de Justicia, Grundza (C-289/15).
(30) Sentencias del Tribunal de Justicia, Petruhhin (C-182/15), Pisciotti (C-191/16), Raugevicius (C-247/17), Ruska Federacija (C-897/19 PPU), etc.
(31) DO L 303 de 28.11.2018, p. 1.
(32) Sentencia del Tribunal de Justicia, Popławski (C-579/15).
(33) Sentencia del Tribunal de Justicia, Jeremy F. (C-168/13 PPU).
(34) Tribunal de Justicia, con orientaciones de la sentencia Grundza, antes citada, en referencia a la Decisión Marco 2008/909/JAI del Consejo.
(35) Véase, por ejemplo, la sentencia Minister for Justice and Equality, antes citada.
(36) Véanse las sentencias, antes citadas, Melloni, apartado 63, y Dorobantu, apartado 79.
(37) Véase, por ejemplo, la Comunicación de la Comisión, de 26 de julio de 2000, titulada «Reconocimiento mutuo de resoluciones firmes en materia penal» (COM(2000)0495).
(38) Tratado del Consejo de Europa n.º 073, 15 de mayo de 1972.
(39) DO C 378 de 24.12.2013, p. 8.
(40) Véase la Evaluación europea de la aplicación, de junio de 2020, relativa a la orden de detención europea, elaborada por el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (EPRS).
(41) Base de datos de la FRA sobre privación de libertad penal 2015-2019, https://fra.europa.eu/en/databases/criminal-detention/criminal-detention/home
(42) Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de octubre de 2017, sobre condiciones y sistemas penitenciarios, DO C 346 de 27.9.2018, p. 94.
(43) DO C 449 de 13.12.2018, p. 6.


Refuerzo del mercado único: el futuro de la libre circulación de servicios
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Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de enero de 2021, sobre el refuerzo del mercado único: el futuro de la libre circulación de servicios (2020/2020(INI))
P9_TA(2021)0007A9-0250/2020

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior(1) («Directiva de servicios»),

–  Vista la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales(2) («Directiva sobre cualificaciones profesionales»),

–   Vista la Directiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la garantía de cumplimiento de la Directiva 96/71/CE, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior(3),

–   Vista la Directiva (UE) 2018/957 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, que modifica la Directiva 96/71/CE sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios(4),

–  Vista la Directiva (UE) 2018/958 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, relativa al test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones(5) («Directiva sobre el test de proporcionalidad»),

–  Visto el Reglamento (UE) 2018/1724 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de octubre de 2018, relativo a la creación de una pasarela digital única de acceso a información, procedimientos y servicios de asistencia y resolución de problemas y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1024/2012(6) («Reglamento sobre la pasarela digital única»),

–   Vista la Directiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza(7) («Directiva sobre la asistencia sanitaria transfronteriza»),

–  Vista su Resolución, de 12 de diciembre de 2018, sobre el paquete del mercado único(8),

–  Visto el estudio encargado por la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, de febrero de 2019, titulado «Contribution to Growth: The Single Market for Services - Delivering Economic benefits for citizens and businesses» (Contribución al crecimiento: el mercado único de servicios - Proporcionar beneficios económicos a los ciudadanos y las empresas),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de abril de 2018, titulada «Un sector minorista europeo adecuado para el siglo XXI» (COM(2018)0219),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de marzo de 2020, titulada «Determinar y abordar las barreras del mercado único» (COM(2020)0093),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de marzo de 2020, titulada «Plan de acción a largo plazo para mejorar la aplicación y el cumplimiento de las normas del mercado único» (COM(2020)0094),

–   Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de mayo de 2020, titulada «COVID-19 – Por un enfoque gradual y coordinado de la restauración de la libertad de circulación y del levantamiento de los controles en las fronteras interiores» (C(2020)3250),

–   Vista la Recomendación del Consejo, de 26 de noviembre de 2018, relativa a la promoción del reconocimiento mutuo automático de las cualificaciones de educación superior y de educación secundaria postobligatoria, y de los resultados de los períodos de aprendizaje en el extranjero(9),

–   Vista la carta de los primeros ministros de los Estados miembros dirigida al presidente del Consejo Europeo, de 26 de febrero de 2019, en la que se aborda el futuro desarrollo del mercado único,

–   Visto el Informe Especial del Tribunal de Cuentas Europeo, de 14 de marzo de 2016, titulado «¿Ha garantizado la Comisión la aplicación eficaz de la Directiva de servicios?»,

–  Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

–   Vista la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales,

–   Visto el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A9-0250/2020),

A.  Considerando que la Directiva de servicios y la Directiva sobre cualificaciones profesionales son instrumentos clave para garantizar la libre circulación de servicios dentro de la Unión Europea, pero que una parte del potencial del mercado único para los servicios sigue sin aprovecharse;

B.  Considerando que los servicios representan el 73 % del PIB de la Unión Europea y el 74 %(10) del empleo, lo que se subraya por el hecho de que nueve de cada diez puestos de trabajo nuevos en la Unión se crean en este sector, mientras que el porcentaje de los servicios en el comercio intracomunitario se sitúa tan solo en torno al 20 %, y genera solamente el 6,5 % del PIB de la Unión; que diversos estudios muestran que los beneficios potenciales asociados a la profundización del mercado único de servicios mediante una aplicación efectiva y una mejor armonización de la legislación podrían ascender a 297 000 000 000 EUR, lo que corresponde al 2 % del PIB de la Unión; que los servicios generan el 27 % del valor añadido de los bienes manufacturados en la Unión y que 14 millones de puestos de trabajo que prestan apoyo a la industria manufacturera pertenecen al sector de los servicios(11); que hay una serie de servicios que tienen cadenas de suministro complejas y que, por lo tanto, están menos expuestos al comercio;

C.  Considerando que el equilibrio entre las libertades económicas, los derechos sociales, los intereses de los consumidores, los trabajadores y las empresas, así como el interés general, es vital para el marco del mercado único; que la armonización del crecimiento económico con los aspectos de desarrollo cualitativo, como la mejora de la calidad y la seguridad de la vida humana y los servicios de alta calidad, es crucial a la hora de evaluar el desarrollo del mercado único y debe aportar nuevas mejoras en lo que respecta a los derechos de los consumidores y los trabajadores;

D.  Considerando que unos servicios de alta calidad redundan en interés de los consumidores y que la fragmentación del mercado único a través de una regulación nacional injustificada y de determinadas prácticas comerciales, que, entre otros efectos, provocan una reducción de la competencia, no solo obstaculiza a las empresas, sino que también perjudica a los consumidores, quienes cuentan con menos opciones y pagan precios más elevados;

E.  Considerando que la Directiva de servicios, que abarca alrededor de dos tercios de las actividades de servicios, excluye de su ámbito de aplicación —en consonancia con los marcos reguladores especiales que son de interés general, el artículo 2 del Protocolo n.º 26 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y el artículo 14 del TFUE—, ya sea total o parcialmente, los servicios sociales, los servicios de asistencia sanitaria y otros servicios públicos; que puede ser necesario que los Estados miembros presten, encarguen y organicen servicios de interés general en función de los requisitos y las circunstancias locales, a fin de responder a las necesidades de los usuarios al nivel más local posible;

F.  Considerando que la Unión se enfrenta en la actualidad a una recesión y a un aumento del desempleo provocados por la pandemia de COVID-19, y que la profundización del mercado único de servicios es un método clave de incrementar los flujos comerciales y mejorar las cadenas de suministro en la Unión, y contribuir así al crecimiento económico;

G.  Considerando que los empleados del sector de los servicios que han trabajado de manera incansable durante la pandemia de COVID-19 en la Unión Europea se ven afectados negativamente, ya sea debido a una grave inseguridad económica o a la exposición en primera línea; que es necesario abordar este problema a escala de la Unión;

H.  Considerando que los Estados miembros deben aplicar y supervisar de manera correcta y oportuna la Directiva revisada sobre el desplazamiento de trabajadores(12) a fin de proteger a los trabajadores desplazados durante sus desplazamientos y evitar toda restricción indebida en el marco de la libre prestación de servicios, mediante el establecimiento de disposiciones obligatorias relativas a las condiciones de trabajo y la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores;

I.  Considerando que es necesario un mercado de servicios más integrado e interconectado con el fin de cumplir el pilar europeo de derechos sociales, hacer frente al cambio climático, crear una economía sostenible, incluido el comercio electrónico, y aprovechar todo el potencial del Pacto Verde Europeo;

J.  Considerando que las distintas opciones normativas, tanto a nivel de la Unión como nacional, y la transposición y aplicación imperfectas e inadecuadas de la legislación vigente crean una laguna en materia de cumplimiento, ya que las disposiciones que no se apliquen correctamente podrían ser también imposibles de cumplir de forma efectiva; que una legislación coherente y clara es un requisito previo para hacer frente a los obstáculos a la libre circulación de servicios; que las infracciones de la legislación en materia de servicios pueden ser difíciles de detectar y abordar con los mecanismos de cumplimiento existentes, especialmente a nivel local;

K.  Considerando que los procedimientos administrativos, las divergencias entre las normativas nacionales y, en particular, los obstáculos para acceder a la información necesaria han dificultado la participación en el comercio transfronterizo, en especial en el caso de las pequeñas y medianas empresas (pymes); que las herramientas existentes para apoyar las necesidades de las empresas más pequeñas, como el portal Tu Europa - Empresas, los centros SOLVIT para la tramitación de casos, las ventanillas únicas de los portales de administración electrónica, la pasarela digital única y otros instrumentos, deben promoverse mejor al objeto de mejorar el comercio transfronterizo de servicios;

L.  Considerando que no existe ningún ejercicio sistemático de recopilación de datos a escala de la Unión que proporcione datos adecuados sobre los trabajadores móviles o que permita que estos determinen su situación en materia de cobertura de la seguridad social y reclamen los distintos derechos que hubiesen devengado; que el acceso a la información sobre las normas vigentes, así como su cumplimiento, seguimiento y aplicación efectivos son condiciones previas necesarias para una movilidad justa y para luchar contra los abusos del sistema; que, por consiguiente, debería promoverse y utilizarse la tecnología digital —de conformidad con las normas de protección de datos—, ya que esta puede facilitar la supervisión y aplicación de la legislación que ampara los derechos de los trabajadores móviles;

M.  Considerando que la falta de instrumentos de reconocimiento automático de títulos, cualificaciones, capacidades y competencias entre los Estados miembros impide la movilidad de estudiantes, aprendices, graduados y trabajadores cualificados y obstaculiza así el flujo de ideas dentro de la Unión, el potencial innovador de la economía europea y el desarrollo de un mercado único europeo verdaderamente integrado;

Abordar las barreras dentro del mercado único

1.  Hace hincapié en que la promoción del mercado único, incluidas la libre circulación de servicios y personas, la protección de los consumidores y el estricto cumplimiento del Derecho de la Unión, es fundamental para hacer frente a la crisis económica provocada por la COVID-19; insta a todos los Estados miembros a que suavicen cuanto antes las barreras desproporcionadas e injustificadas que impiden la libre circulación de servicios en el mercado único; lamenta que el plan de recuperación propuesto por la Comisión no facilite financiación específica relacionada con la circulación de servicios reconociendo su importancia como instrumento de recuperación económica;

2.  Destaca que, en toda la Unión Europea, las empresas y los trabajadores deben poder desplazarse libremente para ofrecer sus servicios, pero la aplicación y el cumplimiento insuficientes de las normas del mercado único, los procedimientos electrónicos inadecuados, las restricciones normativas injustificadas a los proveedores de servicios y los obstáculos al acceso a profesiones reguladas siguen creando barreras que privan a los ciudadanos de puestos de trabajo, a los consumidores de opciones y a los empresarios, especialmente a las pymes, las microempresas y los trabajadores por cuenta propia, de oportunidades; pide a los Estados miembros que reduzcan los requisitos innecesarios y digitalicen el proceso de documentación para la prestación transfronteriza de servicios; pone de relieve el aumento de la importancia de la terciarización —es decir, el papel creciente de los servicios en el sector manufacturero— y destaca que las barreras al comercio de servicios se están convirtiendo cada vez más en barreras a la industria manufacturera; resalta que la aplicación y el cumplimiento plenos de la Directiva de servicios tiene el potencial de reducir las barreras comerciales y aumentar el comercio intracomunitario en el sector de los servicios; pide a la Comisión que defina un calendario de acciones específicas en relación con las conclusiones de las Comunicaciones de la Comisión, de 10 de marzo de 2020, tituladas «Determinar y abordar las barreras del mercado único» (COM(2020)0093) y «Plan de acción a largo plazo para mejorar la aplicación y el cumplimiento de las normas del mercado único» (COM(2020)0094);

3.  Acoge con satisfacción que la armonización de las cualificaciones mediante el reconocimiento mutuo inspirada en la Directiva sobre cualificaciones profesionales haya tenido éxito en relación con varias profesiones, y anima a los Estados miembros a que reconsideren y coordinen las normas que rigen los requisitos de acceso y ejercicio en relación con actividades o profesiones específicas; destaca la necesidad de poder comparar mejor el nivel de las cualificaciones profesionales, de modo que se facilite una transición más fluida hacia el reconocimiento mutuo de las cualificaciones de educación en lo que respecta al sector de los servicios en toda la Unión;

4.  Resalta que la tarjeta profesional europea solo se utiliza en cinco profesiones reguladas y que, por lo tanto, no se está utilizando todo su potencial; pide a la Comisión, por consiguiente, que aumente el número de profesiones en las que se aplique la tarjeta profesional europea, incluidas, en particular, las ingenierías;

5.  Recuerda el carácter específico de las profesiones reguladas en el mercado único y su papel en la protección del interés público; pone de relieve que este carácter específico no debe utilizarse para mantener monopolios nacionales no justificados en la prestación de servicios que se traduzcan en la fragmentación del mercado único;

6.  Subraya que el reconocimiento mutuo automático de títulos, cualificaciones, capacidades y competencias entre los Estados miembros también tendría un efecto positivo en el mercado único y la libre circulación de trabajadores y de servicios; celebra que los Estados miembros quieran promover el reconocimiento mutuo automático de las cualificaciones adquiridas en el extranjero y de los resultados de los períodos de aprendizaje en el extranjero; pide, no obstante, a los Estados miembros que amplíen el reconocimiento mutuo a todos los niveles educativos y que mejoren o introduzcan los procedimientos necesarios lo antes posible;

7.  Pide que se promueva el Marco Europeo de Cualificaciones y se facilite su aplicación en toda la Unión Europea a fin de garantizar que se convierta en un instrumento de reconocimiento ampliamente aceptado; acoge con agrado los esfuerzos de la Comisión por eliminar las restricciones indebidas a las cualificaciones profesionales y considera que debe permanecer activa y vigilante en la aplicación de su política de infracciones cuando los Estados miembros no cumplan la legislación de la Unión sobre el reconocimiento de cualificaciones;

8.  Lamenta que sigan existiendo complicaciones jurídicas injustificadas y obstáculos administrativos en la contratación pública en el ámbito de los servicios dentro de la Unión debido a divergencias en la aplicación nacional de la Directiva 2014/24/UE(13); pide a la Comisión que supervise y fomente una mayor armonización sectorial y orientación en lo que se refiere a los procedimientos de contratación pública con el objetivo último de generar los beneficios potenciales y reducir los costes de la contratación transfronteriza para las pymes, las microempresas y los trabajadores por cuenta propia; destaca la importancia de los servicios que facilitan una reducción mensurable de la huella ambiental de la Unión («servicios verdes») e insta a los Estados miembros a que aumenten la concienciación y hagan un mejor uso de los regímenes existentes para la promoción de servicios sostenibles en la contratación pública con el fin de lograr una economía circular y sostenible;

9.  Recuerda que la Directiva de servicios tiene por objeto garantizar unos servicios de alta calidad, reducir la fragmentación del mercado interior, avanzar en la integración y el fortalecimiento del mercado único sobre la base de la transparencia y la competencia leal y allanar el camino para que las empresas desarrollen todo su potencial y beneficien a los consumidores, así como contribuir al desarrollo sostenible y al aumento de la competitividad de la economía de la Unión;

10.  Considera que el desarrollo de servicios vinculados a tecnologías disruptivas o emergentes requiere una escala de mercado apropiada que justifique las inversiones y respalde el crecimiento de las empresas participantes; observa que la fragmentación del mercado interior a menudo desincentiva estas inversiones;

11.  Lamenta que muchas empresas innovadoras o en crecimiento intenten establecerse fuera de la Unión una vez que alcanzan un determinado tamaño, mientras siguen operando en el mercado único; estima que la culminación de la libre prestación de servicios puede contribuir al retorno de la producción a la Unión Europea y a la competitividad de las empresas de la Unión en los mercados mundiales;

12.  Observa que dos tercios de las actividades de servicios están incluidas en el ámbito de aplicación de la Directiva de servicios y anima a la Comisión a que evalúe y mejore su aplicación al objeto de consolidar el marco jurídico del mercado único;

13.  Recuerda que los servicios de asistencia sanitaria transfronteriza entran en el ámbito de la libre prestación de servicios de conformidad con la Directiva sobre cualificaciones profesionales, la Directiva sobre el test de proporcionalidad y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, siempre que se reconozca la naturaleza especial de los servicios sanitarios y se proteja la salud pública; observa que la Directiva sobre la asistencia sanitaria transfronteriza también se adoptó sobre la base del artículo 114 del TFUE; hace hincapié en que las normativas nacionales no deben crear obstáculos adicionales a la prestación de servicios de asistencia sanitaria transfronteriza en comparación con la Directiva sobre la asistencia sanitaria transfronteriza, en consonancia con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que aplica las disposiciones del Tratado sobre la libre circulación de servicios; subraya la necesidad de eliminar también los obstáculos injustificados y desproporcionados a escala nacional, garantizando al mismo tiempo un elevado nivel de asistencia sanitaria para todos los ciudadanos de la Unión;

14.  Recuerda que los principios de la Directiva de servicios y de la Directiva sobre cualificaciones profesionales facilitan la libre circulación de servicios; pide a la Comisión que publique orientaciones actualizadas sobre la Directiva de servicios con el objetivo de reforzar el cumplimiento y la armonización entre los Estados miembros y los proveedores de servicios;

15.  Reconoce el carácter específico de los servicios de interés general y la necesidad de garantizarlos en aras del interés público, tal como ha dictaminado el Tribunal de Justicia, teniendo en cuenta los principios de subsidiariedad y proporcionalidad establecidos en el Protocolo n.º 26 del TFUE sobre los servicios de interés general; lamenta, no obstante, que algunos Estados miembros sigan utilizando razones injustificadas de interés público para aislar su mercado nacional de servicios que no pueden considerarse servicios de interés general ni servicios de interés económico general;

16.  Destaca que requisitos como las restricciones territoriales infundadas, las exigencias lingüísticas injustificadas y las pruebas de la existencia de necesidades económicas crean, si se aplican en exceso, barreras injustificadas y desproporcionadas a los intercambios transfronterizos;

17.  Insta a no citar la COVID-19 como justificación para limitar la libre circulación de servicios en el mercado único a menos que esté debidamente justificado y encarga a la Comisión que permanezca vigilante frente a cualquier abuso de esta justificación;

18.  Lamenta que, aun reconociendo el carácter específico de los servicios públicos y la necesidad de garantizarlos en aras del interés público, los Estados miembros utilicen a veces el concepto de servicios no económicos de interés general para excluir determinados sectores del ámbito de aplicación de las normas del mercado interior, a pesar de que esta medida no se justifique por el interés general; subraya la necesidad de definir mejor el término con el fin de evitar la fragmentación nacional y las diferentes interpretaciones;

19.  Acoge con agrado las directrices de la Comisión sobre los trabajadores temporeros, de 16 de julio de 2020, relativas al ejercicio de la libre circulación de los trabajadores fronterizos, desplazados y temporeros en el contexto de la pandemia de COVID-19, y pide a los Estados miembros que garanticen que los trabajadores fronterizos y temporeros puedan cruzar las fronteras, garantizando al mismo tiempo unas condiciones de trabajo seguras;

20.  Toma nota de que la Comisión ha decidido retirar su propuesta de procedimiento de notificación de servicios; deplora que no se haya podido alcanzar ningún resultado legislativo basado en la posición del Parlamento, cuyo objetivo era evitar la introducción de obstáculos normativos innecesarios en el sector de los servicios a través de un enfoque de asociación entre los Estados miembros y la Comisión;

21.  Toma nota de que la Comisión ha decidido recientemente retirar sus propuestas relativas a la tarjeta electrónica de servicios; recuerda que la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor rechazó estas propuestas, que debían abordar complejidades administrativas de los proveedores de servicios transfronterizos que siguen vigentes; pide una nueva evaluación de la situación con miras a resolver los problemas administrativos existentes, respetando al mismo tiempo la Directiva de servicios, así como los principios de proporcionalidad y subsidiariedad;

22.  Insta a los Estados miembros a que garanticen la correcta aplicación y el cumplimiento de la legislación vigente, notifiquen a la Comisión —de conformidad con el artículo 15, apartado 7, de la Directiva de servicios— cualquier ley, normativa o disposición administrativa, nueva o en fase de proyecto, que establezca alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 15, apartado 6, de la Directiva de servicios, junto con la justificación de dichos requisitos, eviten los requisitos injustificados e introduzcan procedimientos electrónicos directos para la obtención de los documentos necesarios para la prestación transfronteriza de servicios, garantizando así unas condiciones de competencia equitativas para las empresas y los trabajadores, al tiempo que se asegura el más alto nivel de protección de los consumidores;

23.  Subraya que es posible lograr una mayor movilidad transfronteriza mediante la aplicación del principio de reconocimiento mutuo y la coordinación de las normas en todos los Estados miembros; pone de relieve que la Unión Europea apoya y complementa la acción de los Estados miembros en el ámbito de la política social de conformidad con el artículo 153 del TFUE, que establece explícitamente que las normas de la Unión adoptadas de conformidad con el artículo 153 no afectarán a la facultad reconocida a los Estados miembros de definir los principios fundamentales de su sistema de seguridad social ni deberá afectar de modo sensible al equilibrio financiero de este y no impedirán a ningún Estado miembro mantener o introducir medidas de protección más estrictas compatibles con los Tratados;

24.  Destaca que las personas con discapacidad siguen enfrentándose a múltiples obstáculos que hacen que les resulte difícil o imposible beneficiarse plenamente de la libre circulación de servicios; pide a los Estados miembros que apliquen sin demora el Acta Europea de Accesibilidad para eliminar efectivamente los obstáculos para las personas con discapacidad y asegurar la disponibilidad de servicios accesibles y la idoneidad de las condiciones en las que se prestan estos servicios; destaca la importancia fundamental de lograr un mercado único plenamente accesible que garantice la igualdad de trato y la integración de las personas con discapacidad;

25.  Pide a la Comisión que proporcione asistencia estructurada y facilite orientaciones a los Estados miembros sobre cómo llevar a cabo evaluaciones de proporcionalidad ex ante de las nuevas normativas nacionales relativas a servicios en consonancia con la Directiva sobre el test de proporcionalidad;

26.  Pide a los Parlamentos nacionales que participen de forma activa a la hora de apoyar el cumplimiento de las normas vigentes y que ejerzan sus competencias de control ante las autoridades nacionales;

27.  Insta a las partes interesadas, a la comunidad empresarial y a los interlocutores sociales a que sigan desempeñando su papel a la hora de solicitar a los gobiernos que revitalicen el sector de los servicios en la Unión y que refuercen la interoperabilidad sectorial e intersectorial en ámbitos como el medio ambiente, el transporte y la sanidad con miras a trabajar en favor de unos servicios transfronterizos interconectados; subraya que todas las partes interesadas deben promover un mercado único de servicios sostenible, justo y basado en normas, caracterizado por estrictas normas sociales y medioambientales, servicios de calidad y una competencia leal;

Asegurar el cumplimiento de la legislación vigente

28.  Observa que la libre circulación de servicios se sitúa en el núcleo del mercado único y podría aportar beneficios económicos sustanciales —así como normas rigurosas en cuanto a la protección del medio ambiente, los consumidores y los trabajadores— si se respeta el equilibrio entre la economía de mercado y la dimensión social de la Unión Europea, como se establece en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea, siempre que las autoridades responsables, los tribunales nacionales y la Comisión impulsen su cumplimiento de manera activa y suficiente y las empresas observen las normativas nacionales y de la Unión; hace hincapié en que las fronteras entre los Estados miembros deben seguir abiertas en aras de garantizar los principios fundamentales de la Unión; destaca que todo restablecimiento temporal de los controles fronterizos en las fronteras interiores durante una situación de crisis, como una crisis sanitaria, debe hacerse con cuidado y solo como medida de último recurso, sobre la base de una coordinación diligente entre los Estados miembros, ya que los cierres de fronteras amenazan los principios fundamentales de la Unión, y subraya asimismo que, a medida que se levanten las normas nacionales de confinamiento, debe centrarse la atención inmediatamente en la supresión de los controles fronterizos;

29.  Señala que las empresas y los consumidores de toda la Unión Europea se benefician de una aplicación y un cumplimiento adecuados de la legislación vigente; anima a la Comisión a que utilice todos los medios a su alcance para hacer cumplir plenamente las normas existentes y a que decida rápidamente sobre las reclamaciones a fin de garantizar que las cuestiones relevantes desde la perspectiva de los usuarios finales se tratan de manera eficaz; pide que la evaluación de los mecanismos de resolución alternativa y los procedimientos de infracción se apliquen rigurosamente y sin demoras indebidas cuando se detecten infracciones de la legislación pertinente que contravengan el correcto funcionamiento del mercado interior y se introduzcan cargas desproporcionadas;

30.  Hace hincapié en que las razones imperiosas de interés público solo deben ser invocadas por los Estados miembros cuando sean legítimas; resalta, no obstante, el derecho de los Estados miembros a regular el sector de los servicios en aras del interés público general con el fin de proteger a los consumidores y la calidad de los servicios;

31.  Pide a la Comisión que mejore la supervisión de la actuación de los Estados miembros y la calidad con respecto a la transposición, la aplicación y el cumplimiento de la legislación, incluido un informe anual sobre estas cuestiones, y que elabore, junto con los Estados miembros, los interlocutores sociales y otras partes interesadas, evaluaciones transparentes y participativas basadas en criterios tanto cuantitativos como cualitativos;

32.  Lamenta que hasta veinte Estados miembros hayan transpuesto tarde al Derecho nacional la Directiva de servicios; recuerda que la gama de instrumentos, como las ventanillas únicas, sigue siendo limitada y que los proveedores de servicios no están suficientemente informados de todas las posibilidades de que disponen; pide, por tanto, a la Comisión que informe a las partes interesadas, entre otras vías, mediante publicidad en internet de las posibilidades que ofrece la Directiva;

33.  Destaca que el establecimiento de un mercado dinámico y unas condiciones de competencia equitativas para la prestación transfronteriza de servicios de la sociedad de la información es un componente clave de la futura competitividad de la economía de la Unión; pide a la Comisión y a los Estados miembros que eliminen los obstáculos que aún dificultan la prestación transfronteriza de servicios de la sociedad de la información en el paquete legislativo sobre servicios digitales;

34.  Pide a la Comisión más energía a la hora de velar por una coordinación y un intercambio de información eficaces entre los Estados miembros, a fin de evitar la duplicación de procedimientos y controles en la prestación transfronteriza de servicios;

35.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que definan la estructura y el modus operandi del recién creado Grupo de trabajo para el cumplimiento de la legislación sobre el mercado único (SMET), incluida su dimensión práctica, y a que elaboren un calendario de acciones específicas en consonancia con las prioridades establecidas por el SMET(14) mediante el establecimiento de un plan de acción a largo plazo para mejorar la aplicación y el cumplimiento de las normas del mercado único con el fin de maximizar el potencial del mercado único de servicios; considera que el SMET puede aportar un valor adicional al garantizar la aplicación coherente de todas las estrategias del mercado único y el intercambio de datos y parámetros sobre los logros alcanzados; anima al SMET a que cree una base de datos abierta y transparente que recoja las barreras no arancelarias nacionales específicas y los procedimientos de infracción en curso;

36.  Destaca la importancia de las decisiones prejudiciales en la configuración del Derecho de la Unión; lamenta que, a pesar de que la duración del procedimiento judicial ya se ha reducido considerablemente, la media de 14,4 meses(15) siga siendo elevada; pide al Tribunal de Justicia que evalúe cómo reducir aún más esa duración con el fin de evitar problemas a los proveedores y los destinatarios de servicios en el mercado único; resalta que las decisiones prejudiciales tienen un impacto importante en el desarrollo del mercado único y en la reducción de las barreras injustificadas dentro del mismo;

Avanzar en la claridad y la información normativas reforzando el papel de las ventanillas únicas

37.  Señala que la crisis de la pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve la falta de claridad reguladora y la ausencia de una comunicación eficaz entre los Estados miembros de normativas que cambian con rapidez; destaca la gran importancia de la pasarela digital única y las ventanillas únicas como puntos de acceso en línea a la información, los procedimientos y los servicios de asistencia nacionales y de la Unión sobre el mercado único, tal como se prevé en la Directiva de servicios;

38.  Recomienda que los Estados miembros apliquen la pasarela digital única de un modo que resulte favorable para los consumidores y las pymes y que transformen sus ventanillas únicas de meros portales normativos en portales totalmente operativos; opina que esto debe lograrse proporcionando en la pasarela información servicios de asistencia y procedimientos simplificados centrados en el usuario y vinculando la pasarela digital única a las ventanillas únicas, a fin de convertirla en una ventanilla única virtual en la medida de lo factible, y garantizar que gire lo más posible en torno al usuario; propone que se adopten las normas de diseño de la Europa Web Guide al objeto de asegurar una interfaz fácil y reconocible en todas las ventanillas únicas;

39.  Recomienda que la Comisión y los Estados miembros proporcionen sistemáticamente a través de la pasarela digital única información de fácil utilización sobre todo nuevo acto legislativo de la Unión que establezca derechos u obligaciones para los consumidores y las empresas; aconseja que, a tal fin, la Comisión y los Estados miembros consulten con frecuencia a las partes interesadas; destaca que la transparencia, la igualdad de trato y la no discriminación son esenciales para la libre circulación de servicios;

40.  Señala que los Estados miembros deben garantizar que todos los procedimientos administrativos viables relativos al establecimiento de empresas y la libre prestación de servicios puedan completarse en un entorno digital, de conformidad con el Reglamento sobre la pasarela digital única; insta a los Estados miembros a que aceleren sus tareas de digitalización, especialmente en los procedimientos que afectan a las empresas y los ciudadanos, a fin de permitirles ejecutar los procedimientos administrativos a distancia y en línea; insta a la Comisión a que redoble los esfuerzos de las partes implicadas y, en particular, a que apoye activamente a los Estados miembros con peores resultados;

41.  Recomienda que la Comisión ayude a las autoridades nacionales de cada Estado miembro a mejorar las ventanillas únicas con miras a facilitar la comunicación entre las autoridades implicadas en inglés, además de en su lengua local, y servir de intermediario en caso de incumplimiento de los plazos o falta de respuesta a las consultas; subraya que la ventanilla única debe proporcionar a los consumidores, los trabajadores y las empresas la siguiente información y apoyo, respetando al mismo tiempo unos plazos rápidos:

   las normas nacionales y de la Unión que las empresas deben aplicar en el Estado miembro en cuestión y la información destinada a los empleados, incluidos la legislación laboral, los protocolos de salud y seguridad, los convenios colectivos aplicables, las organizaciones de interlocutores sociales y las estructuras de asesoramiento para trabajadores y empleados en las que pueden informarse de sus derechos y denunciar abusos;
   las medidas que deben adoptar las empresas para cumplir estas normas, resumidas por procedimiento, con orientaciones paso a paso;
   los documentos que las empresas deben tener disponibles y en qué plazo;
   las autoridades con quienes las empresas deben ponerse en contacto para obtener la autorización necesaria, etc.;

42.  Subraya que las ventanillas únicas deben proporcionar a las empresas toda la información necesaria sobre cualquier requisito relacionado con la actividad empresarial en el Estado miembro de que se trate; señala como ejemplos de lo anterior los requisitos relativos a las cualificaciones profesionales, el IVA (tipos, requisitos de registro, obligaciones de notificación, etc.), impuestos sobre la renta y obligaciones en materia de seguridad social y en virtud de la legislación laboral; destaca que toda la información legislativa y administrativa pertinente, así como cualquier documento relevante facilitado por cada ventanilla única, debe estar disponible en inglés además de en la lengua local;

43.  Recomienda que las ventanillas únicas estén mejor conectadas e intercambien información sobre los requisitos y los procedimientos que deben cumplir las empresas en sus Estados miembros, así como información sectorial específica sobre las cualificaciones profesionales; aconseja, además, que las ventanillas únicas ayuden a las empresas extranjeras que deseen hacer negocios en el Estado miembro en cuestión, así como a las empresas locales que deseen exportar bienes y servicios a otros Estados miembros, proporcionándoles la información intercambiada y los datos de contacto necesarios; anima a la Comisión, a este respecto, a que estudie nuevas sinergias con, por ejemplo, la Autoridad Laboral Europea (ALE), con el fin de promover este intercambio de información; pide a la Comisión que evalúe, en cooperación con los Estados miembros, si las ventanillas únicas precisarán recursos adicionales para llevar a cabo estas tareas;

44.  Insta a la cooperación entre las ventanillas únicas de los Estados miembros para garantizar que se facilite a las empresas, los empleados y otras partes interesadas información rápida, correcta, exhaustiva y actualizada en la lengua local y en inglés;

45.  Pide a la Comisión que desempeñe un papel de coordinación en el intercambio de información entre las ventanillas únicas y que, en su caso, y facilite orientaciones a los Estados miembros para ayudarles a simplificar los procedimientos, especialmente para las pymes; subraya que dicha cooperación debe garantizar asimismo el intercambio de conocimientos entre los Estados miembros, también en lo que respecta a los trabajadores móviles, tanto en lo que se refiere a las mejores prácticas de comunicación como a los requisitos administrativos e innecesarios del mercado único;

46.  Hace hincapié en que todas las ventanillas únicas deben ser fácilmente accesibles a través de la pasarela digital única y deben proporcionar información y ofrecer servicios administrativos de los Estados miembros utilizando una terminología accesible y con plena disponibilidad, con personal cualificado en el servicio de asistencia que preste un apoyo eficaz y fácil de aplicar;

47.  Insta a los Estados miembros a que se comprometan plenamente con la digitalización de los servicios públicos y a que apliquen todos los componentes del sistema de intercambio electrónico de información sobre seguridad social con el fin de mejorar la cooperación entre los Estados miembros y las instituciones de seguridad social y de facilitar la movilidad libre y justa de los trabajadores de la Unión; pide a los Estados miembros que mejoren la cooperación y el intercambio de información sobre los sistemas de seguridad social;

48.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan el uso de herramientas digitales, y a los Estados miembros que doten a las inspecciones de trabajo de recursos suficientes para combatir cualquier tipo de abuso; pide a la Comisión que presente una iniciativa de número de seguridad social de la Unión Europea que ofrezca seguridad jurídica a los trabajadores y las empresas, y que sirva asimismo para controlar eficazmente las prácticas de subcontratación y para luchar contra fraudes sociales como el falso empleo por cuenta propia, los falsos desplazamientos y las sociedades fantasma; pide, además, a los Estados miembros que velen por que los controles realizados sean proporcionados y no discriminatorios y estén justificados; insta a la Comisión a que haga lo necesario para que la ALE sea plenamente operativa cuanto antes a fin de garantizar una mejor coordinación entre las inspecciones nacionales de trabajo y hacer frente al dumping social transfronterizo;

49.  Insta a la Comisión a que garantice que toda nueva directiva, reglamento o recomendación en relación con el mercado único de servicios incluya la obligación de reforzar las ventanillas únicas en el ejercicio de sus funciones y de dedicar recursos adecuados para desempeñar posibles funciones adicionales en el marco de la Directiva de servicios, sin perjuicio de la asignación de funciones y competencias entre las autoridades dentro de los sistemas nacionales;

Facilitar evaluaciones: el cuadro de indicadores del mercado único y los indicadores del efecto restrictivo

50.  Respalda la iniciativa preliminar de la Comisión de actualizar el cuadro de indicadores del mercado único con un nuevo conjunto de indicadores para evaluar la aplicación por los Estados miembros de la legislación pertinente sobre el mercado único; insta a la Comisión a que complemente los datos publicados con datos pertinentes extraídos de IMI, SOLVIT, el registro central de denuncias del CHAP y otras fuentes relevantes; subraya que debe prestarse especial atención a la calidad de la aplicación;

51.  Recomienda que el cuadro de indicadores actualizado del mercado único enfatice la notificación de las cuestiones relevantes desde el punto de vista del usuario final mediante la evaluación de si las preocupaciones y las denuncias son resueltas, por ejemplo, en el marco de SOLVIT o de la Red de centros europeos del consumidor; lamenta, por otro lado, que la herramienta SOLVIT apenas se utilice en muchos Estados miembros y a menudo carezca de capacidades digitales avanzadas; subraya que es necesaria una mayor transparencia respecto a las infracciones de la libre prestación de servicios; estima que el cuadro de indicadores del mercado único debe incluir información apropiada, a saber, el número de denuncias, el número de asuntos iniciados, el respectivo sector de infracción, el número de asuntos concluidos y el resultado o la razón del cierre del asunto;

52.  Insta a la Comisión a que adopte un método de evaluación cuantitativo y cualitativo en el que participen todas las partes interesadas relevantes y que englobe, en particular, los objetivos de interés general y la calidad de los servicios prestados; subraya que el método para los indicadores cualitativos debe ser transparente y evaluar las diferencias en la normativa ex ante y ex post; señala la importancia de evaluar si las directivas de la Unión pertinentes se aplican de forma oportuna y de acuerdo con lo previsto por los colegisladores de la Unión;

53.  Recomienda que un cuadro de indicadores actualizado del mercado único vincule la calidad de la aplicación con los indicadores de restricción existentes y presente las restricciones a los servicios en los ámbitos políticos nuevos y existentes y los distintos niveles de aplicación y cumplimiento de la legislación de la Unión; aconseja, asimismo, que se utilice también el Semestre Europeo para reforzar el mercado único, puesto que la eliminación de las cargas administrativas y normativas más problemáticas sigue siendo un motivo de preocupación; anima a la Comisión a que, cuando presente las recomendaciones específicas por país, incluya las actividades intermedias de los Estados miembros encaminadas a seguir eliminando las barreras administrativas y normativas pendientes en el mercado único de servicios;

54.  Considera que la Comisión, al evaluar los progresos de los Estados miembros en la aplicación de las reformas estructurales, debe analizar sus logros en relación con la realización del potencial del mercado único y con el trabajo en pro de una economía más sostenible;

55.  Sugiere a la Comisión que actualice los indicadores existentes e introduzca otros nuevos al objeto de ayudar a los Estados miembros a determinar dónde podrían realizarse esfuerzos para mejorar sus resultados políticos y a supervisar sus esfuerzos en cuanto a la reducción de restricciones;

56.  Insta a los Estados miembros a que establezcan objetivos nacionales anuales para la apertura del comercio de servicios y lleven a cabo evaluaciones a este respecto; recomienda que la Comisión utilice el cuadro de indicadores del mercado único para mostrar la apertura del comercio de servicios en los Estados miembros, como se ejemplifica en el cuadro europeo de indicadores de la innovación, puesto que así se permitiría a los Estados miembros asumir compromisos creíbles, concretos y cuantificables de cara a mejorar sus resultados en cuanto a la aplicación y el cumplimiento en el ámbito del comercio intracomunitario de servicios;

o
o   o

57.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO L 376 de 27.12.2006, p. 36.
(2) DO L 255 de 30.9.2005, p. 22.
(3) DO L 159 de 28.5.2014, p. 11.
(4) DO L 173 de 9.7.2018, p. 16.
(5) DO L 173 de 9.7.2018, p. 25.
(6) DO L 295 de 21.11.2018, p. 1.
(7) DO L 88 de 4.4.2011, p. 45.
(8) DO C 388 de 13.11.2020, p. 39.
(9) DO C 444 de 10.12.2018, p. 1.
(10) Eurostat, «The European economy since the start of the millennium» [La economía europea desde el inicio del milenio], Unión Europea, Bruselas, 2018.
(11) Rytter Synesen, E.; Hvidt Thelle, M.: «Making EU Trade in Services Work for All», [Conseguir que el comercio de servicios de la Unión sea beneficioso para todos], Copenhagen Economics, Copenhague, 2018.
(12) Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios (DO L 18 de 21.1.1997, p. 1).
(13) Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE.
(14) Comunicación de la Comisión titulada «Determinar y abordar las barreras del mercado único» (COM(2020)0093).
(15) Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Panorama del año - Informe Anual 2019.


Constitución de un legado político eficaz para el Año Europeo del Patrimonio Cultural
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Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de enero de 2021, sobre la consecución de un legado eficaz para el Año Europeo del Patrimonio Cultural (2019/2194(INI))
P9_TA(2021)0008A9-0210/2020

El Parlamento Europeo,

–  Visto el preámbulo del Tratado de la Unión Europea (TUE), que establece que los firmantes se inspiran «en la herencia cultural, religiosa y humanista de Europa» y desean «acrecentar la solidaridad entre sus pueblos, dentro del respeto de su historia, de su cultura y de sus tradiciones», así como el artículo 3, apartado 3, del TUE,

–  Visto el artículo 167 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, su artículo 22,

–  Vista la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, aprobada por la Conferencia General de la Unesco el 20 de octubre de 2005 en su 33.a sesión(1),

–  Vista la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, aprobada por la Conferencia General de la Unesco en su 17.° periodo de sesiones el 16 de noviembre de 1972 (Convención sobre el Patrimonio Mundial)(2),

–  Vista la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, aprobada por la Conferencia General de la Unesco el 17 de octubre de 2003 en su 32.° periodo de sesiones(3),

–  Vista la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, aprobada por la Conferencia General de la Unesco el 2 de noviembre de 2001 en su 31.° periodo de sesiones(4),

–  Vista la Convención de La Haya de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado(5),

–  Vista la Convención sobre las Medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícita de Bienes Culturales, aprobada por la Conferencia General de la Unesco el 14 de noviembre de 1970 en su 16.° periodo de sesiones(6),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 15 de noviembre de 2018, sobre el Plan de trabajo en materia de cultura 2019-2022,

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 22 de mayo de 2018, titulada «Una Nueva Agenda europea para la cultura» (COM(2018)0267),

–  Visto el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 28 de octubre de 2019, sobre la ejecución, los resultados y la evaluación global del Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018 (COM(2019)0548),

–  Vista la Comunicación, de 11 de diciembre de 2019, de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «El Pacto Verde Europeo» (COM(2019)0640),

–  Vista la Directiva 2014/60/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1024/2012(7),

–  Vista su Resolución, de 8 de septiembre de 2015, titulada «Hacia un enfoque integrado del patrimonio cultural europeo»(8),

–  Visto su informe, de 23 de noviembre de 2018, sobre la Nueva Agenda Europea para la Cultura,

–  Vista su Resolución, de 19 de septiembre de 2019, sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa(9),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 25 de noviembre de 2014, sobre la gobernanza participativa del patrimonio cultural(10),

–  Vista la Resolución del Consejo, de 26 de junio de 2000, relativa a la conservación y promoción del patrimonio cinematográfico europeo(11),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 21 de mayo de 2014, sobre el patrimonio cultural como recurso estratégico para una Europa sostenible(12),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 8 de junio de 2018, sobre la necesidad de poner de relieve el patrimonio cultural en las políticas de la UE(13),

–  Visto el Convenio Marco del Consejo de Europa sobre el Valor del Patrimonio Cultural para la Sociedad (Convenio de Faro), de 13 de octubre de 2005(14),

–  Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 5 de diciembre de 2018, sobre el Marco Europeo de Actuación sobre el Patrimonio Cultural (SWD(2018)0491),

–  Vista la Resolución, de 22 de noviembre de 2019, del Consejo de la Unión Europea y los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, sobre la dimensión cultural del desarrollo sostenible (13956/19),

–  Vista la encuesta del Eurobarómetro sobre el patrimonio cultural (Eurobarómetro Especial 466)(15),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 22 de julio de 2014, titulada «Hacia un enfoque integrado del patrimonio cultural europeo» (COM(2014)0477),

–  Visto el Dictamen del Comité de las Regiones, de noviembre de 2014, sobre la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia un enfoque integrado del patrimonio cultural europeo» (2015/C 195/04)(16),

–  Vista la Decisión (UE) 2017/864 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, relativa a un Año Europeo del Patrimonio Cultural (2018)(17),

–  Vista la Recomendación 2011/711/UE de la Comisión, de 27 de octubre de 2011, sobre la digitalización y accesibilidad en línea del material cultural y la conservación digital(18),

–  Vista la Declaración de cooperación, de 9 de abril de 2019, sobre la digitalización del patrimonio cultural(19),

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Programa de trabajo de la Comisión para 2020: Una Unión que se esfuerza por lograr más resultados» (COM(2020)0037),

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 19 de septiembre de 2018, sobre la contribución de las zonas rurales de Europa al Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018 para garantizar la sostenibilidad y la cohesión urbana y rural (NAT/738-EESC-2018-01641),

–  Vista la Declaración de Davos de 2018 sobre la promoción de una Baukultur de alta calidad en Europa(20),

–  Vista la Declaración de Leeuwarden, de 23 de noviembre de 2018, sobre la reutilización adaptada del patrimonio edificado(21),

–  Vista la Declaración, aprobada el 3 de mayo de 2019, en la reunión informal de los ministros responsables de Asuntos Culturales y Europeos de los Estados miembros tras el incendio de la catedral de Nôtre-Dame de París(22),

–  Visto el Convenio Cultural Europeo, de 19 de diciembre de 1954, del Consejo de Europa(23),

–  Vistos «La llamada a la Acción de Berlín de Europa Nostra (‘‘Patrimonio cultural para el futuro de Europa’’)», de 22 de junio de 2018(24), y su Manifiesto de París titulado «Relançons l’Europe par la culture et le patrimoine culturel!» (¡Relancemos Europa por la cultura y el patrimonio cultural!), de 30 de octubre de 2019(25),

–  Visto el estudio de 2015 titulado «Cultural Heritage Counts for Europe» (El patrimonio cultural es importante para Europa)(26),

–  Vista la Declaración de Barcelona sobre el turismo y el patrimonio cultural («Mejores lugares para vivir, mejores lugares para visitar»), de 11 de octubre de 2018(27),

–  Visto el estudio de 2018 titulado «Safeguarding cultural heritage from natural and man-made disasters» (Proteger el patrimonio cultural de las catástrofes naturales y de origen humano)(28),

–  Visto el documento de 2019 del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) titulado «European quality principles for European quality interventions with potential impact on cultural validity» (Principios europeos de calidad para intervenciones financiadas por la UE con impacto potencial en el patrimonio cultural)(29),

–  Vista la Carta Internacional sobre la Conservación y la Restauración de Monumentos y Sitios (Carta de Venecia de 1964)(30),

–  Visto el Convenio de Granada, de 1985, sobre la protección del patrimonio arquitectónico de Europa(31),

–  Visto el Convenio de La Valeta, de 1992, sobre la protección del patrimonio arqueológico de Europa(32),

–  Vistos los Premios Unión Europea de Patrimonio Cultural – Premios Europa Nostra,

–  Vistos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y, en particular, los objetivos 4, 11 y 13,

–  Visto el clúster «Cultura, creatividad y sociedad inclusiva» del pilar II de Horizonte Europa(33),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1295/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece el Programa Europa Creativa (2014 a 2020) y se derogan las Decisiones n.º 1718/2006/CE, n.º 1855/2006/CE y n.º 1041/2009/CE(34),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo(35),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre disposiciones específicas relativas al objetivo de inversión en crecimiento y empleo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1080/2006(36),

–  Vista su Resolución, del 11 de septiembre de 2018, sobre la igualdad lingüística en la era digital(37),

–  Vista su Resolución, de 13 de noviembre de 2018, sobre las normas mínimas para las minorías en la Unión Europea(38),

–  Vista su Resolución, de 11 de septiembre de 2013, sobre las lenguas europeas amenazadas de desaparición y la diversidad lingüística en la Unión Europea(39),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1291/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece Horizonte 2020 – Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020) y por el que se deroga la Decisión n.º 1982/2006/CE(40),

–  Vistos los compromisos contraídos por la entonces candidata propuesta para comisaria de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud durante su comparecencia del 30 de septiembre de 2019 ante el Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Cultura y Educación (A9-0210/2020),

A.  Considerando que el patrimonio cultural europeo material, inmaterial, natural y digital es una fuente de riqueza heredada del pasado y testigo de la historia, la cultura y las tradiciones europeas en toda su diversidad que se han ido enriqueciendo con el tiempo, y que se debe conservar para transmitirlo a las generaciones futuras;

B.  Considerando que el patrimonio cultural europeo es una fuente de memoria histórica, memoria colectiva y conocimiento que refuerza nuestro sentimiento común de pertenencia;

C.  Considerando que la cultura y el patrimonio cultural contribuyen a reforzar la identidad de cada uno y a promover la cohesión social, la estabilidad y la comprensión en la sociedad;

D.  Considerando que el patrimonio cultural es un valor por derecho propio, es diverso y tiene múltiples estratos (local, regional, nacional, europeo y mundial) y formas (material, inmaterial, natural, digital y digitalizada) que están interconectados;

E.  Considerando que el patrimonio cultural aporta una contribución de primer orden a los sectores cultural y creativo dentro y fuera de Europa;

F.  Considerando que en Europa más de 300 000 personas trabajan en el sector del patrimonio cultural, y que 7,8 millones de puestos de trabajo en Europa están vinculados de forma indirecta con dicho sector;

G.  Considerando que en 2018, durante el Año Europeo del Patrimonio Cultural, se celebraron más de 23 000 actos que llegaron a más de 12,8 millones de personas —o sea, el 2,5 % de la población de la Europa de los Veintiocho(41)— en los Estados miembros(42);

H.  Considerando que la visión estratégica del Año Europeo del Patrimonio Cultural, articulada en torno a su lema «Nuestro patrimonio: donde el pasado se encuentra con el futuro», sigue siendo válida como principio rector de su legado, al objeto de crear vínculos entre el patrimonio cultural europeo y la producción cultural actual, así como de promover la participación de los ciudadanos europeos;

I.  Considerando que las actividades del Año Europeo del Patrimonio Cultural se centraron en la generación de los jóvenes y en proyectos interactivos y creativos;

J.  Considerando que el Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018 se celebró en un año con importantes aniversarios históricos; que durante ese año tuvieron lugar numerosas celebraciones y actos conmemorativos nacionales e internacionales que dejaron una huella importante en el mapa cultural europeo;

K.  Considerando que uno de los logros del Año Europeo del Patrimonio Cultural fue la creación de una red europea de partes interesadas con vínculos duraderos; que dicha red debe ser sostenible y duradera;

L.  Considerando que las organizaciones no gubernamentales locales y paneuropeas y la sociedad civil organizada han contribuido enormemente al éxito del Año Europeo del Patrimonio Cultural;

M.  Considerando que, según la encuesta del Eurobarómetro sobre el patrimonio cultural, el 84 % de los encuestados en los Estados miembros opina que el patrimonio cultural es importante para ellos personalmente y para su comunidad local, mientras que ocho de cada diez (80 %) piensan que es importante para la Unión en su conjunto;

N.  Considerando que casi un tercio de los sitios incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco se encuentra en la Europa de los Veintisiete, con 326 sitios culturales, 26 sitios naturales y cinco sitios mixtos; que Europa en su conjunto cuenta con casi la mitad de los sitios incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco;

O.  Considerando que la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco incluye al menos 131 inscripciones atribuidas a los países de la Europa de los Veintisiete;

P.  Considerando que Europa y América del Norte representan el 52 % de las inscripciones en el Registro Internacional de la Memoria del Mundo de la Unesco;

Q.  Considerando que hasta la fecha 48 sitios europeos han obtenido el Sello de Patrimonio Europeo;

R.  Considerando que casi nueve de cada diez europeos encuestados (el 88 %) creen que el patrimonio cultural de Europa debe enseñarse en las escuelas(43);

S.  Considerando que el Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018 demostró que el patrimonio cultural puede servir de base para proyectos internacionales en los que participen ciudadanos de todas las categorías de edad y que les permitan trabajar en colaboración con expertos; que esos proyectos han demostrado ser un buen instrumento para dar a conocer la historia cultural europea común;

T.  Considerando que el incremento de la digitalización crea nuevas posibilidades y desafíos para los sectores cultural y creativo de Europa;

U.  Considerando que el Plan de trabajo en materia de cultura (2019-2022), aprobado por el Consejo el 21 de diciembre de 2018, incluye la sostenibilidad en el patrimonio cultural como la primera de las cinco prioridades para la cooperación europea en la elaboración de las políticas culturales;

V.  Considerando que la pandemia de COVID-19 ha perturbado la mayoría de los actos culturales y ha socavado seriamente la capacidad de las personas para visitar, disfrutar y estudiar una gran parte del patrimonio cultural de Europa, siendo a menudo los medios digitales la única manera posible de acceder a él; que las restricciones o la prohibición de reuniones y actos públicos, el cierre de museos y las limitaciones en materia de viajes han tenido consecuencias muy perjudiciales para los artistas y los agentes culturales;

W.  Considerando que, en el marco de las negociaciones en curso sobre el MFP 2021-2027, se abre una oportunidad para establecer condiciones nuevas y favorables para las inversiones en el patrimonio cultural con cargo a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos;

Reconocimiento del valor del patrimonio cultural

1.  Considera que el patrimonio cultural es un recurso inestimable que nos permite reflexionar sobre la historia y abordarla de manera crítica, ayudándonos a descubrir no solo recuerdos diferentes, sino también los hilos comunes que nos unen a todos, promoviendo así la diversidad, el diálogo, la cohesión, la solidaridad y la comprensión mutua, así como enriqueciendo el conocimiento de nuestro capital material, inmaterial, natural y digital;

2.  Reconoce el papel del patrimonio cultural en la promoción de la creatividad, la innovación y la sostenibilidad, así como en el desarrollo de las capacidades intelectuales; considera que el patrimonio cultural también puede ser una fuente de inspiración y disfrute y contribuir a las actividades recreativas;

3.  Subraya que las lenguas posibilitan y promueven la riqueza y la diversidad del patrimonio cultural europeo, ya que las lenguas maternas son vectores de valores y conocimiento que con frecuencia se utilizan para transmitir el patrimonio cultural inmaterial; insta a la Comisión y a los Estados miembros a actuar en mayor medida para proteger, desarrollar y promover la diversidad lingüística en la era digital, por ejemplo reservando un presupuesto suficiente para las políticas relativas a las lenguas clasificadas como lenguas en peligro de extinción y sensibilizando a los ciudadanos de la Unión acerca de la riqueza lingüística y cultural que representan las comunidades afectadas;

4.  Recuerda a la Comisión y a los Estados miembros la necesidad de incluir íntegramente el patrimonio cultural de las minorías presentes en Europa en cualesquiera reflexiones sobre el patrimonio europeo, comprometiéndose a reconocer y promover su contribución a la riqueza y a la diversidad cultural, lingüística y artística de la Unión, y esforzándose por establecer y aplicar medidas concertadas y coordinadas para la gestión sostenible y la promoción de esas culturas;

5.  Destaca el papel de los actos culturales europeos y paneuropeos y de los festivales culturales tradicionales para dar a conocer la riqueza cultural y la diversidad de Europa; anima a los Estados miembros a promover y apoyar esas actividades y a proteger sus tradiciones; insta a la Comisión a que considere la posibilidad de financiar las iniciativas de ese tipo;

Educación y capacidades

6.  Subraya la importancia de todos los tipos de educación —formal, no formal e informal— en relación con el patrimonio cultural y las humanidades, incluidas la historia y la filosofía, a todas las edades; estima que se debe prestar especial atención a los alumnos y estudiantes con discapacidad y a los que proceden de entornos desfavorecidos; reitera la importancia de incluir diferentes formas artísticas, como la música, el cine, el teatro, la literatura, el diseño y la arquitectura, en los planes de estudios o en actividades de acompañamiento de los programas escolares; opina que se deben promocionar más activamente los diversos materiales producidos con ocasión del Año Europeo del Patrimonio Cultural, como el kit de hermanamiento electrónico correspondiente; pide a la Comisión que integre más ampliamente el patrimonio cultural en su estrategia para un Espacio Europeo de Educación, con el fin de ayudar a los estudiantes a desarrollar un fuerte sentimiento de ciudadanía europea;

7.  Estima, a ese respecto, que la Casa de la Historia Europea ha de contar con una financiación adecuada para que pueda convertirse en un centro de conocimiento y colaboración para jóvenes investigadores, profesores y estudiantes de toda la Unión, y también pueda servir como instrumento de promoción del patrimonio cultural europeo; considera necesario desarrollar formas adicionales de promoción del acceso a la Casa, por ejemplo a través de viajes digitales, de manera que pueda desempeñar plenamente su papel como puerta de acceso para que todos los ciudadanos se informen acerca de las experiencias europeas compartidas y sus diversas interpretaciones; anima, a ese respecto, a que se establezca gradualmente, en función de las capacidades financieras, una red de colaboración paneuropea de centros dentro del marco de la Casa;

8.  Destaca el papel creciente que puede desempeñar la educación digital a la hora de posibilitar el aprendizaje y a través del patrimonio cultural; señala la necesidad de desarrollar iniciativas de aprendizaje electrónico de alta calidad, incluidos cursos en línea masivos y abiertos (CEMA), para mejorar en Europa el acceso al aprendizaje sobre el patrimonio cultural y las competencias relacionadas con el patrimonio; considera, en ese sentido, que el Plan de Acción de Educación Digital puede contribuir de forma significativa a ese objetivo, y pide que la propuesta de actualización del Plan incluya el apoyo a la educación sobre el patrimonio cultural;

9.  Expresa su preocupación ante la creciente falta de trabajadores artesanos cualificados, de profesionales de la restauración y de expertos en patrimonio, así como ante las dificultades para atraer a los jóvenes para que aprendan esos tipos de capacidades; destaca la falta de un enfoque sistémico y de mecanismos eficientes, como cursos de formación en técnicas ancestrales para transmitir las competencias y conocimientos pertinentes, lo que está poniendo en peligro el patrimonio europeo; opina que en el futuro la protección de la calidad del patrimonio cultural solo será posible si se preservan exhaustivamente las competencias y los conocimientos pertinentes, también a través de medios digitales, y si se transmiten; pide, por ello, a la Comisión que garantice que las futuras iniciativas en materia de protección del patrimonio cultural incluyan la preservación de los conocimientos y prácticas necesarios; recuerda el valor de los intercambios y destaca, a ese respecto, la importancia del programa Erasmus+, que también permite la movilidad de los aprendices;

10.  Reitera la necesidad de mejorar las condiciones socioeconómicas y laborales y el equilibrio de género, así como de promover oportunidades de movilidad para los agentes y trabajadores empleados en el sector del patrimonio cultural, incluidas las personas con discapacidad; señala, a ese respecto, la importancia del reconocimiento de las cualificaciones profesionales;

11.  Subraya la necesidad de seguir consolidando las acciones de sensibilización sobre el valor del patrimonio cultural para Europa, y de llegar a los ciudadanos y las partes interesadas a escala local; destaca la importancia de conocer mejor el patrimonio cultural europeo para promover la cohesión social, y señala que el acceso a dicho conocimiento favorecería, en particular, la integración social y cultural de los ciudadanos de origen migrante y sus familias;

12.  Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de crear una nueva comunidad de conocimiento e innovación (CCI) sobre los sectores cultural y creativo dentro del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) que refleje la diversidad social y en la que el patrimonio cultural se considere también como una fuente de inspiración para creaciones y soluciones contemporáneas;

Patrimonio cultural digital

13.  Reconoce la importancia del patrimonio cultural digital dado el creciente número de personas —incluidas personas procedentes de entornos desfavorecidos y personas con discapacidad— que cuentan con oportunidades sin precedentes y un acceso equitativo para interactuar con los materiales culturales; reconoce asimismo la importancia cada vez mayor del patrimonio cultural digital, especialmente durante las pandemias y los consiguientes confinamientos, en los que las visitas guiadas de museos y las exposiciones virtuales, las bibliotecas digitales, las enciclopedias en línea y otras soluciones digitales similares y herramientas de comunicación virtuales, proporcionan distracción y son el único medio de que las personas accedan e interactúen con el patrimonio cultural y la cultura en general; hace hincapié en la importancia de digitalizar el material cultural a fin no solo de conservarlo para las generaciones futuras (función de almacenamiento), sino también para hacerlo más accesible al público mediante la difusión en línea del patrimonio cultural;

14.  Destaca que los avances tecnológicos pertinentes, como los estudios digitales, la modelización e impresión tridimensional, la realidad aumentada (AR) y la realidad virtual (VR), así como el papel de la inteligencia artificial (IA) y los macrodatos, están abriendo nuevas posibilidades no solo para captar, proteger y visualizar el patrimonio cultural, sino también para procesar, analizar, reconstruir y desarrollar aplicaciones para dicho patrimonio;

15.  Destaca la importancia del proyecto Europeana, que actúa como biblioteca, archivo, museo y plataforma educativa digitales de Europa; pide que se redoblen los esfuerzos para seguir desarrollando la plataforma, en particular asignándole una financiación adecuada y promoviéndola más entre el público en general y los profesores;

16.  Opina que el material que se ha de digitalizar debe seleccionarse de manera imparcial a fin de garantizar la credibilidad de los archivos y colecciones digitales;

17.  Subraya la necesidad de favorecer también la existencia y el valor de los archivos digitalizados, así como de mejorar las capacidades digitales del público, de modo que aumente la utilización de los contenidos digitales;

18.  Considera que las enciclopedias en línea son un valioso recurso de información verificada y fiable que permite acceder al patrimonio cultural y desempeña un papel en la conservación y promoción del patrimonio cultural, así como una herramienta esencial para la clasificación y el suministro de un acceso duradero al patrimonio cultural digital; opina que deben destinarse más recursos a la promoción, el desarrollo y la mejora de enciclopedias en línea;

19.  Hace hincapié en que la interoperabilidad es fundamental para garantizar que los contenidos digitales sean utilizables y reutilizables a largo plazo; destaca, en ese sentido, el papel de los estándares y marcos;

20.  Pide que se establezca una mayor cooperación entre los Estados miembros y también los sectores pertinentes a fin de promover de forma integral el patrimonio cultural digitalizado; acoge con satisfacción la Declaración sobre la cooperación para promover la digitalización del patrimonio cultural, que ya han firmado casi todos los Estados miembros;

21.  Subraya la necesidad de desarrollar un marco global de la Unión con una financiación adecuada para la protección y la promoción del patrimonio cultural digitalizado y digital; toma nota de la necesidad de aplicar unas políticas nacionales de conservación con decisiones en materia de selección basadas en principios claramente definidos y aplicadas de manera responsable; señala la inestimable contribución que pueden aportar los conservadores digitales a la hora de garantizar la protección del patrimonio cultural digital y su disponibilidad para el público europeo y mundial en diversas lenguas; observa con interés los numerosos proyectos de digitalización ya realizados a través del FEDER y pide que el próximo período de programación permita la continuidad de ese tipo de financiación;

22.  Pide una actualización integral de la Recomendación de la Comisión, de 27 de octubre de 2011, sobre la digitalización y accesibilidad en línea del material cultural y la conservación digital, con el fin de reflejar los avances tecnológicos y los retos y oportunidades de la pasada década; estima, no obstante, que el interés por el patrimonio digital no debe ir en detrimento de la protección del patrimonio material e inmaterial existente y los empleos conexos;

Potencial económico y sostenibilidad

23.  Destaca la contribución del sector del patrimonio cultural al desarrollo económico y sus notables efectos indirectos en otros sectores económicos; reitera la estrecha correlación entre el patrimonio cultural y el desarrollo sostenible;

24.  Reconoce que el turismo cultural sostenible tiene un importante potencial a la hora de generar crecimiento y empleo en la Unión, ya que cuatro de cada diez turistas eligen su destino en función de su oferta cultural; destaca, no obstante, que la promoción del turismo cultural debe hacerse de forma inclusiva respecto de las comunidades y economías locales, así como de los estilos de vida y las tradiciones, y encontrar un equilibrio entre los condicionantes de índole económico, social, cultural y medioambiental; observa que la oferta del patrimonio cultural solo recupera una parte mínima del valor económico que genera, precisándose fuentes de financiación nuevas, alternativas y estables a fin de seguir actuando como catalizador de un turismo sostenible;

25.  Señala que la existencia de sitios que forman parte del patrimonio cultural anima a las personas a viajar y a conocer sociedades y culturas diferentes; recuerda que el 72 % de las personas encuestadas con edades comprendidas entre los 15 y los 24 años está de acuerdo en que la existencia de un patrimonio cultural puede influir en el destino de sus vacaciones; destaca a ese respecto el papel que puede desempeñar la iniciativa DiscoverEU; observa, no obstante, que dicha iniciativa no ha beneficiado por igual a la juventud; pide a la Comisión que busque maneras de mejorar la participación de los jóvenes procedentes de entornos socialmente desfavorecidos, así como de zonas rurales y alejadas en los Estados miembros, y también de Estados miembros sin buenas conexiones ferroviarias con otros países de la Unión;

26.  Insta a los Estados miembros a que establezcan mecanismos sólidos para impedir la sobreexplotación del patrimonio cultural debida, por ejemplo, a los flujos de turismo mal gestionados; advierte contra la influencia de los intereses comerciales a corto plazo que amenazan con socavar la autenticidad de los sitios y prácticas culturales y degradar su calidad; acoge con satisfacción, a ese respecto, el lanzamiento del programa «Patrimonio cultural en acción», con el que se pretende, a través del aprendizaje entre iguales, contribuir a reforzar las políticas en el ámbito del patrimonio cultural a escala local y regional; hace hincapié en que está preparado para llevar un seguimiento del programa y apoyarlo si se demuestra su éxito;

27.  Reconoce la importancia de las Capitales Europeas de la Cultura en la promoción de ciudades y regiones, ya que, mediante la creación de un marco económico en torno a sus proyectos culturales, artísticos y sociales, integran el concepto de turismo sostenible y valorizan su patrimonio material e inmaterial, las tradiciones y las innovaciones en beneficio y para el disfrute de todos los ciudadanos europeos y de allende las fronteras europeas;

28.  Recomienda que se intensifiquen los esfuerzos para fomentar los desplazamientos a destinos menos conocidos y populares y a las zonas rurales, así como viajar en temporada baja, con el fin de promover la sostenibilidad y la accesibilidad en materia de turismo, especialmente para las personas con discapacidad y las personas de edad avanzada; destaca el papel que puede desempeñar el Feader en el apoyo a las iniciativas turísticas locales, especialmente a través del programa LEADER; pide que este programa cuente con una dotación financiera adecuada para el período de programación 2021-2027;

29.  Manifiesta su preocupación por la incidencia en el patrimonio cultural de la contaminación, el vandalismo, los robos, el turismo mal gestionado y el desarrollo incontrolado, así como del calentamiento global y el cambio climático, en particular debido al aumento de casos de fenómenos meteorológicos extremos, incluidas las lluvias torrenciales, las olas de calor, las inundaciones, los incendios y el riesgo de vendavales; subraya la necesidad de actuar, por ejemplo mediante el intercambio de conocimientos entre los Estados miembros, y pide a la Comisión que proponga acciones concretas para conservar y proteger el patrimonio cultural a la luz de esos peligros naturales y de origen humano;

30.  Destaca el papel de la sociedad civil y la relevancia y el valor del voluntariado a la hora de proteger, e incluso descubrir, el patrimonio cultural, y subraya su importancia, así como los conocimientos, la experiencia y la energía que los voluntarios aportan a la causa; pide a la Comisión y a los Estados miembros que sigan apoyando las actuaciones en ese sentido; toma nota del papel que puede desempeñar el Cuerpo Europeo de Solidaridad a la hora de posibilitar la implicación de los jóvenes en la conservación y renovación del patrimonio de Europa y en la sensibilización; acoge con satisfacción el llamamiento específico relativo al patrimonio cultural en el marco de dicha iniciativa;

31.  Manifiesta además su preocupación ante las amenazas que se ciernen sobre el patrimonio cultural debido al terrorismo tanto dentro como fuera de Europa; condena la destrucción de sitios del patrimonio cultural; considera que la Unión debe desempeñar un papel más activo en la promoción de la restauración, la conservación y la protección del patrimonio cultural en todo el mundo;

32.  Opina que la Unión debe incluir la protección del patrimonio cultural como una de las condiciones para los países candidatos a la adhesión;

33.  Reitera que el tráfico ilícito y el comercio de bienes culturales, también a través de canales digitales, es un grave problema de dimensión mundial que requiere una acción coordinada no solo entre los Estados miembros, sino también a escala internacional; señala que en toda reflexión sobre el patrimonio europeo se han de considerar desde otros ángulos las obras y los bienes culturales saqueados, robados u obtenidos ilegalmente durante las guerras; reitera su apoyo a la promoción activa de la investigación sobre la procedencia en el contexto del Año Europeo del Patrimonio Cultural;

Hacia un enfoque estratégico con respecto al patrimonio cultural

34.  Pide a la Comisión que adopte un enfoque más integrado con respecto al patrimonio cultural, concediendo idéntico tratamiento al patrimonio material, inmaterial, natural y digital y abordando, esas dimensiones como algo interconectado e inseparable;

35.  Subraya la necesidad de establecer y apoyar adecuadamente una plataforma permanente, en cuyo centro se encuentre la sociedad civil organizada, destinada a la cooperación y la coordinación de las políticas relativas al patrimonio cultural, en particular a escala de la Unión;

36.  Toma nota del Marco Europeo de Actuación sobre el Patrimonio Cultural; hace hincapié en que las acciones incluidas en dicho Marco deben cumplirse y dotarse de unos recursos adecuados;

37.  Opina que las conclusiones y recomendaciones de los estudios pertinentes encargados por la Comisión deben reflejarse en sus acciones de conservación del patrimonio cultural;

38.  Reitera su solicitud a la Comisión relativa a la creación de un portal único de la Unión que se denomine «Know Europe» (Conocer Europa) y reúna información procedente de todos los programas de la Unión que financian el patrimonio cultural, así como a la adopción de un enfoque común dentro de la Comisión mediante una mejor cooperación en los distintos ámbitos políticos relacionados con el patrimonio cultural;

39.  Lamenta que la labor de comunicación sobre el Sello de Patrimonio Europeo no haya avanzado lo suficiente y pide apoyo para la creación de una red de los sitios concernidos; opina que se deben promover los sitios a los que ya se ha concedido el Sello y ofrecérseles apoyo logístico;

40.  Pide que se establezca una cooperación estratégica entre la Unión y otras organizaciones internacionales, en particular la Unesco y el Consejo de Europa, con el fin de coordinar mejor los esfuerzos y los estándares comunes para proteger y promocionar el patrimonio cultural e intercambiar buenas prácticas;

41.  Observa que casi las tres cuartas partes de los europeos encuestados estiman que las autoridades públicas deben destinar más recursos al patrimonio cultural; destaca la necesidad de incrementar la financiación de la Unión destinada a las actividades relacionadas con el patrimonio cultural;

42.  Destaca la necesidad de incrementar la financiación destinada al patrimonio cultural y a la cultura en general en el marco financiero plurianual (MFP) posterior a 2020; reitera su petición de que en el próximo MFP se duplique el presupuesto del programa Europa Creativa y se triplique el presupuesto del programa Erasmus+; destaca el potencial de Europa Creativa para establecer vínculos entre el arte vivo y el patrimonio cultural material e inmaterial; pide que se incremente la dotación presupuestaria para la investigación sobre el patrimonio en Horizonte Europa; señala la necesidad de sinergias entre otras políticas sectoriales, así como los fondos estructurales, los diversos programas de la Unión, incluidos Horizonte Europa, Europa Creativa y LIFE, y los regímenes de financiación, a fin de poner realmente de relieve el patrimonio cultural; señala asimismo la importancia de incrementar el potencial de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos de cara a la conservación del patrimonio cultural; reitera su posición en el sentido de que las inversiones en infraestructuras culturales y turísticas sostenibles deben considerarse como a pequeña escala y optar a ayudas cuando la cofinanciación del FEDER no supere los 10 000 000 EUR, y que, cuando las infraestructuras se consideren patrimonio cultural mundial, el límite máximo debe elevarse a 20 000 000 EUR;

43.  Considera que el Pacto Verde Europeo debe incluir acciones para mitigar el impacto del cambio climático sobre el patrimonio cultural, reconociéndose que el patrimonio cultural puede desempeñar un papel importante en la consecución de los objetivos de sostenibilidad climática a través de la educación, la investigación y la readaptación de las prácticas tradicionales europeas sostenibles;

44.  Acoge con satisfacción la rápida respuesta y la expresión de solidaridad de los sectores cultural y creativo durante la crisis de la COVID-19, al poner amplia y gratuitamente en línea a disposición del público el patrimonio cultural; expresa su gran inquietud ante el enorme impacto que tendrán las repercusiones de la pandemia de COVID-19 en el patrimonio cultural y en los sectores cultural y creativo; pide a la Comisión que realice un análisis exhaustivo del impacto de la pandemia en los sectores relevantes y particularmente en el sector del patrimonio cultural; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que ofrezcan un apoyo financiero adecuado y específico para mitigar la crisis en esos sectores y ayuden a las personas empleadas en ellos, incluyendo el acceso a prestaciones sociales para quienes ocupan empleos atípicos;

45.  Pide que se redoblen los esfuerzos para aprovechar el impulso del Año Europeo del Patrimonio Cultural con el fin de convertirlo en un legado político duradero a escala local, regional, nacional y europea, dado que ello a su vez aportaría una positiva contribución económica, cultural y social y contribuiría a desarrollar el sentido de pertenencia al espacio cultural europeo de todos los europeos, así como el sentido de responsabilidad compartida en lo que respecta a la conservación, el enriquecimiento y la promoción del patrimonio cultural; pide a la Comisión que considere la posibilidad de organizar otro Año Europeo del Patrimonio Cultural en el futuro;

46.  Pide que la dimensión cultural de la integración europea, incluido el patrimonio, se incluya en los temas de debate estratégico en la próxima Conferencia sobre el Futuro de Europa;

o
o   o

47.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) http://es.unesco.org/creativity/convention
(2) http://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf
(3) https://ich.unesco.org/doc/src/2003_Convention_Basic_Texts-_2018_version-EN.pdf.
(4) https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000126065.locale=en.
(5) https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000082464.locale=es
(6) https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000133378.locale=es
(7) DO L 159 de 28.5.2014, p. 1.
(8) DO C 316 de 22.9.2017, p. 88.
(9) Textos Aprobados, P9_TA(2019)0021.
(10) DO C 463 de 23.12.2014, p. 1.
(11) DO C 193 de 11.7.2000, p. 1.
(12) DO C 183 de 14.6.2014, p. 36.
(13) DO C 196 de 8.6.2018, p. 20.
(14) https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680083746.
(15) https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/80882.
(16) DO C 195 de 12.6.2015, p. 22.
(17) DO L 131 de 20.5.2017, p. 1.
(18) DO L 283 de 29.10.2011, p. 39.
(19) https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=58564.
(20) https://davosdeclaration2018.ch/media/Brochure_Declaration-de-Davos-2018_WEB_2.pdf.
(21) https://www.ace-cae.eu/uploads/tx_jidocumentsview/LEEUWARDEN_STATEMENT_FINAL_EN-NEW.pdf
(22) https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/europe/news/article/declaration-adopted-during-the-informal-meeting-of-european-union-member-state.
(23) https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168006457e.
(24) https://www.europanostra.org/wp-content/uploads/2018/07/Berlin-Call-Action-Spa.pdf
(25) https://www.europanostra.org/wp-content/uploads/2019/11/Paris-Manifesto_English.pdf
(26) http://blogs.encatc.org/culturalheritagecountsforeurope/wp-content/uploads/2015/06/CHCfE_FULL-REPORT_v2.pdf.
(27) https://onedrive.live.com/?authkey=%21ALGmRQscySOLV5Q&cid=19E1928B8C6B7F5A&id=19E1928B8C6B7F5A%21157090&parId=19E1928B8C6B7F5A%21105860&o=OneUp.
(28) https://op.europa.eu/portal2012-portlet/html/downloadHandler.jsp?identifier=8fe9ea60-4cea-11e8-be1d-01aa75ed71a1&format=pdf&language=en&productionSystem=cellar&part=.
(29) http://openarchive.icomos.org/2083/1/European_Qualit/y_Principles_2019_EN.PDF.
(30) https://www.icomos.org/charters/venice_e.pdf.
(31) https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168007a087.
(32) https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007bd25.
(33) https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/presentations/horizon_europe_en_investing_to_shape_our_future.pdf.
(34) DO L 347 de 20.12.2013, p. 221.
(35) DO L 347 de 20.12.2013, p. 320.
(36) DO L 347 de 20.12.2013, p. 289.
(37) DO C 433 de 23.12.2019, p. 42.
(38) DO C 363 de 28.10.2020, p. 13.
(39) DO C 93 de 9.3.2016, p. 52.
(40) DO L 347 de 20.12.2013, p. 104.
(41) Cálculos basados en: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_and_population_change_statistics.
(42) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0548&from=ES, p. 4.
(43) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0548&from=ES, p. 68.


Inteligencia artificial: cuestiones de interpretación y de aplicación del Derecho internacional
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Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de enero de 2021, sobre inteligencia artificial: cuestiones de interpretación y de aplicación del Derecho internacional en la medida en que la UE se ve afectada en los ámbitos de los usos civil y militar, así como de la autoridad del Estado fuera del ámbito de la justicia penal (2020/2013(INI))
P9_TA(2021)0009A9-0001/2021

El Parlamento Europeo,

–  Visto el preámbulo del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y de sus artículos 2, 3, 10, 19, 20, 21, 114, 167, 218, 225 y 227,

–  Visto el derecho de petición consagrado en los artículos 20 y 227 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Vista la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico(1) (Directiva sobre igualdad racial),

–  Vista la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación(2) (Directiva sobre la igualdad de trato en el empleo),

–  Vistos el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE(3) (Reglamento general de protección de datos) y la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo(4),

–  Visto el Reglamento (UE) 2018/1488 del Consejo, de 28 de septiembre de 2018, por el que se crea la Empresa Común de Informática de Alto Rendimiento Europea(5),

–  Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de junio de 2018, por el que se establece el programa Europa Digital para el período 2021-2027 (COM(2018)0434),

–  Vista su Resolución, de 16 de febrero de 2017, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas de Derecho civil sobre robótica(6),

–  Vista su Resolución, de 1 de junio de 2017, sobre la digitalización de la industria europea(7),

–  Vista su Resolución, de 12 de septiembre de 2018, sobre los sistemas armamentísticos autónomos(8),

–  Vista su Resolución, de 11 de septiembre de 2018, sobre la igualdad lingüística en la era digital(9),

–  Vista su Resolución, de 12 de febrero de 2019, sobre una política industrial global europea en materia de inteligencia artificial y robótica,(10)

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 11 de diciembre de 2019, titulada «El Pacto Verde Europeo» (COM(2019)0640),

–  Visto el Libro Blanco de la Comisión, de 19 de febrero de 2020, sobre la inteligencia artificial - un enfoque europeo orientado a la excelencia y la confianza (COM(2020)0065),

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 19 de febrero de 2020, titulada «Una Estrategia Europea de Datos» (COM(2020)0066),

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 19 de febrero de 2020, titulada «Configurar el futuro digital de Europa» (COM(2020)0067),

–  Visto el informe, de 8 de abril de 2019, del Grupo de expertos de alto nivel sobre inteligencia artificial creado por la Comisión en junio de 2018, titulado «Directrices éticas para una IA fiable»,

–  Vistos el Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales, el Protocolo n.º 12 del Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, del Consejo de Europa,

–  Vista la «Carta ética europea sobre el uso de la inteligencia artificial en los sistemas judiciales y su entorno» adoptada por el Grupo de Trabajo sobre la Calidad de la Justicia (CEPEJ-GT-QUAL) del Consejo de Europa en diciembre de 2018,

–  Vista la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre la inteligencia artificial, aprobada el 22 de mayo de 2019,

–  Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

–  Vistas las opiniones de la Comisión de Asuntos Exteriores, de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, de la Comisión de Transportes y Turismo y de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A9-0001/2021),

Introducción

A.  Considerando que la inteligencia artificial (IA), la robótica y las tecnologías relacionadas se están desarrollando con gran rapidez y pueden afectar directamente a todos los aspectos de nuestras sociedades, incluidos los valores y principios sociales y económicos fundamentales;

B.  Considerando que la IA está causando una revolución en la doctrina y el material militar mediante un profundo cambio en la forma de operar de los ejércitos debido, principalmente, a la integración y el uso de nuevas tecnologías y capacidades autónomas;

C.  Considerando que los seres humanos son quienes desarrollan y diseñan la denominada «inteligencia artificial», la robótica y las tecnologías relacionadas, y que sus elecciones determinan el potencial de dicha tecnología para beneficiar a la sociedad;

D.  Considerando que un marco común de la Unión debe abarcar el desarrollo, el despliegue y el uso de la IA, la robótica y las tecnologías relacionadas, y debe garantizar el respeto de la dignidad humana y los derechos humanos, consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea;

E.  Considerando que la Unión y sus Estados miembros tienen una responsabilidad particular a la hora de velar por que la IA, la robótica y las tecnologías relacionadas –pues pueden tener un uso transfronterizo– estén centradas en el ser humano, es decir, que se conciban básicamente para ser utilizadas al servicio de la humanidad y el bien común, a fin de contribuir al bienestar y el interés general de sus ciudadanos; que la Unión debe ayudar a los Estados miembros a lograr este objetivo, en particular a aquellos que han empezado a plantearse la posibilidad de elaborar normas jurídicas o introducir cambios legislativos en este ámbito;

F.  Considerando que los ciudadanos europeos podrían beneficiarse de un enfoque regulador apropiado, eficaz, transparente y coherente a nivel de la Unión que defina unas condiciones suficientemente claras para que las empresas desarrollen aplicaciones y planifiquen sus modelos de negocio, garantizando a la vez que la Unión y sus Estados miembros mantengan el control sobre la normativa que se establezca, de modo que no se vean obligados a adoptar o aceptar normas establecidas por otros;

G.  Considerando que la orientación ética, como los principios adoptados por el Grupo de expertos de alto nivel sobre inteligencia artificial, constituye un buen punto de partida, pero no basta para garantizar que las empresas actúen de manera justa y aseguren la protección eficaz de las personas;

H.  Considerando que esta responsabilidad particular implica la necesidad de analizar cuestiones de interpretación y de aplicación del Derecho internacional relacionadas con la participación activa de la Unión en negociaciones internacionales, en la medida en que la Unión se ve afectada por los usos civil y militar de este tipo de IA, robótica y tecnologías relacionadas, y que las cuestiones relativas a la autoridad estatal sobre dichas tecnologías quedan fuera del ámbito de aplicación de la justicia penal;

I.  Considerando que es esencial proporcionar un marco jurídico adecuado y completo que atienda a los aspectos éticos de estas tecnologías, así como a la responsabilidad, la transparencia y la rendición de cuentas (en particular para la IA, la robótica y las tecnologías relacionadas consideradas de alto riesgo); que tal marco debe reflejar que los valores humanistas intrínsecamente europeos y universales son aplicables a toda la cadena de valor en el desarrollo, la implementación y los usos de la IA; que tal marco ético debe aplicarse al desarrollo (incluida la investigación e innovación), el despliegue y la utilización de la IA, respetando plenamente el Derecho de la Unión y los valores establecidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea;

J.  Considerando que dicho análisis tiene como objetivo determinar la medida en que las reglas del Derecho internacional, tanto público como privado, se adecúan a estas tecnologías, así como poner de relieve los desafíos y riesgos que estas últimas representan para la autoridad estatal, a fin de que se puedan gestionar de manera adecuada y proporcionada;

K.  Considerando que la Comisión Europea no contempla los aspectos militares del uso de la inteligencia artificial en su Libro Blanco;

L.  Considerando que un enfoque europeo armonizado de estos problemas exige la adopción de una definición común de «IA» y la garantía de que se respeten los valores fundamentales de la Unión, los principios de la Carta de los Derechos Fundamentales y la legislación internacional en materia de derechos humanos;

M.  Considerando que la IA brinda oportunidades sin precedentes para mejorar el rendimiento en el sector del transporte al abordar los retos que plantean una creciente demanda de transporte y las preocupaciones relativas al medio ambiente y la seguridad al tiempo que aumenta la inteligencia, la eficiencia y la conveniencia de todos los modos de transporte;

N.  Considerando que resulta indispensable abordar las cuestiones relativas a la IA en el sector de la defensa a escala de la Unión para reforzar las capacidades europeas en dicho sector;

Definición de inteligencia artificial

1.  Considera que es necesario adoptar un marco jurídico europeo común con definiciones armonizadas y principios éticos comunes, también para el uso de la IA con fines militares; pide, por tanto, a la Comisión que adopte las definiciones siguientes:

   «sistema de IA»: todo sistema basado en programas informáticos o incorporado en dispositivos físicos que muestra un comportamiento que simula la inteligencia, entre otras cosas, mediante la recopilación y el tratamiento de datos, el análisis y la interpretación de su entorno y la adopción de medidas, con cierto grado de autonomía, para lograr objetivos específicos;
   «autónomo»: todo sistema de IA que funciona interpretando determinados datos de entrada y utilizando un conjunto de instrucciones predeterminadas, sin limitarse a ellas, a pesar de que el comportamiento del sistema esté limitado y orientado a cumplir el objetivo que se le haya asignado y otras decisiones pertinentes de diseño tomadas por su desarrollador;

2.  Destaca que las políticas de seguridad y defensa de la Unión Europea y de sus Estados miembros se rigen por los principios consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en la Carta de las Naciones Unidas (la cual pide a todos los Estados que se abstengan de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza en sus relaciones mutuas), así como por el Derecho internacional, por los principios de los derechos humanos y el respeto de la dignidad humana y por un entendimiento común de los valores universales y de los derechos inviolables e inalienables de la persona, la libertad, la democracia, la igualdad y el Estado de Derecho; recalca que todas las actividades relacionadas con la defensa dentro del marco de la Unión deben respetar estos valores universales al tiempo que fomentan la paz, la estabilidad, la seguridad y el progreso en Europa y en el mundo;

El Derecho internacional público y los usos militares de la inteligencia artificial

3.  Considera que la IA utilizada en un contexto militar y civil debe estar sujeta a un control humano apropiado, de modo que un ser humano tenga en todo momento los medios para corregir su curso, detenerla o desactivarla en caso de comportamiento imprevisto, intervención accidental, ciberataque o interferencia de terceros con tecnología basada en la IA, o cuando terceros adquieran dicha tecnología;

4.  Considera que el respeto del Derecho internacional público, en particular del Derecho humanitario, que se aplica inequívocamente a todos los sistemas de armas y sus operadores, es un requisito fundamental que los Estados miembros deben cumplir, especialmente al proteger a la población civil o adoptar medidas de precaución en caso de ataque, por ejemplo, militar o cibernético;

5.  Destaca que la IA y las tecnologías relacionadas también pueden desempeñar un papel en la guerra irregular o no convencional; propone que la investigación, el desarrollo y el uso de la IA en esos casos estén sujetos a las mismas condiciones que las establecidas para su uso en los conflictos convencionales;

6.  Subraya que el uso de la IA brinda la oportunidad de reforzar la seguridad de la Unión y de sus ciudadanos y que es esencial que la Unión adopte un enfoque integrado en los futuros debates internacionales sobre este tema;

7.  Pide a la comunidad de investigadores en el ámbito de la IA que integre este principio en todos los sistemas basados en la IA mencionados anteriormente destinados a un uso militar; considera que ninguna autoridad puede establecer una excepción a tales principios o certificar dichos sistemas;

8.  Reitera que la toma de decisiones autónoma no debe eximir a los seres humanos de su responsabilidad y que, siempre, las personas deben ser responsables en última instancia de los procesos de toma de decisiones de modo que pueda identificarse al ser humano responsable de una decisión;

9.  Hace hincapié en que, cuando empleen sistemas basados en la IA en un contexto militar, los Estados miembros, las partes en un conflicto y los particulares deben cumplir en todo momento sus obligaciones con arreglo al Derecho internacional aplicable y asumir la responsabilidad de las acciones resultantes de la utilización de dichos sistemas; subraya que, en cualquier circunstancia, las acciones y efectos previstos, accidentales o indeseables de los sistemas basados en la IA deben considerarse responsabilidad de los Estados miembros, las partes en un conflicto y los particulares;

10.  Acoge favorablemente la posibilidad de utilizar los sistemas de inteligencia artificial para la formación y los ejercicios, pues no debe subestimarse su potencial, especialmente teniendo en cuenta que la Unión realiza ejercicios de carácter doble, a saber, civil y militar;

11.  Remarca que, durante las fases de diseño, desarrollo, ensayo, despliegue y uso de sistemas basados en la IA, deben tenerse debidamente en cuenta los riesgos potenciales en todo momento, en particular en lo que respecta a víctimas y heridos accidentales entre la población civil, pérdidas accidentales de vidas humanas y daños a infraestructuras civiles, así como los riesgos relacionados con intervenciones no intencionadas, la manipulación, la proliferación, los ciberataques, la interferencia de terceros con tecnología autónoma basada en la IA o la adquisición de dicha tecnología por parte de terceros;

12.  Recuerda que, con arreglo al dictamen consultivo de la Corte Internacional de Justicia de 8 de julio de 1996, no se puede invocar el principio de originalidad para apoyar ninguna excepción al cumplimiento de las normas actuales del Derecho internacional humanitario;

13.  Considera que, además de apoyar las operaciones, la IA también beneficiará al personal de servicio de las fuerzas armadas mediante el tratamiento masivo de los datos relativos a su salud y la expansión del alcance del seguimiento sanitario, identificará los factores de riesgo relacionados con su entorno y sus condiciones de trabajo y propondrá salvaguardias adecuadas para limitar los perjuicios a su salud;

14.  Reitera que los esfuerzos reguladores deben estar respaldados por sistemas de certificación y vigilancia apropiados, así como por mecanismos claros de auditoría, explicabilidad, rendición de cuentas y trazabilidad, de modo que el marco normativo no se quede anticuado debido a los avances tecnológicos;

15.  Subraya la importancia, en un mundo hiperconectado, de que la Unión contribuya a la creación de un marco jurídico internacional para el uso de la inteligencia artificial; insta a la Unión a que asuma el liderazgo y, junto con las Naciones Unidas y la comunidad internacional, un papel activo en la promoción de este marco mundial que rige el uso de la IA con fines militares y de otro tipo, garantizando que este uso se mantenga dentro de los estrictos límites establecidos por el Derecho internacional y el Derecho internacional humanitario, en particular los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949; subraya que este marco nunca debe infringir ni permitir violaciones de los dictados de la conciencia pública y la humanidad, tal como se recoge en la cláusula Martens, y debe estar en consonancia con las normas de seguridad y los requisitos de la protección de los consumidores; insta a la Unión y a sus Estados miembros a que definan sistemas sólidos de vigilancia y evaluación para el desarrollo de tecnologías de IA, en particular las utilizadas con fines militares en Estados autoritarios;

16.  Destaca que la robótica no solo permitirá mantener a distancia al personal militar, sino que también proporcionará una mejor autoprotección, como por ejemplo en las operaciones en entornos contaminados, la lucha contra incendios, el desminado en tierra o en el mar y la defensa contra los enjambres de drones;

17.  Subraya que en el desarrollo, el despliegue, el uso y la gestión de la IA han de respetarse los derechos fundamentales, valores y libertades recogidos en los Tratados de la Unión, y pide a los Estados miembros que no desplieguen sistemas de IA de alto riesgo que constituyan una amenaza para los derechos fundamentales; observa la publicación por parte de la Comisión del Libro Blanco sobre la inteligencia artificial, y anima a que se investiguen más a fondo los riesgos que para los derechos fundamentales puede acarrear el uso de la IA por parte de las autoridades estatales y de las instituciones, órganos y organismos de la Unión Europea;

18.  Pide a la Comisión que facilite las investigaciones y la conversación relativas a las oportunidades de uso de la IA en el socorro en caso de catástrofe, la prevención de crisis y el mantenimiento de la paz;

19.  Acoge favorablemente la creación de un Grupo de Expertos Gubernamentales de las Naciones Unidas sobre la promoción de un comportamiento responsable de los Estados en el ciberespacio en el contexto de la seguridad internacional y pide a la Unión que participe plenamente en su trabajo;

20.  Pide al alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión (AR/VP) que allane el camino hacia unas negociaciones mundiales con el fin de establecer un régimen de control de armas de IA y de actualizar todos los instrumentos vigentes previstos en los Tratados dedicados al control de armas, el desarme y la no proliferación para que tengan en cuenta los sistemas basados en la IA que se utilicen en un contexto bélico; pide que la Posición Común del Consejo por la que se definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares tenga plenamente en cuenta y abarque los sistemas de armas basados en la IA;

21.  Reitera que tales normas deben respetar siempre los principios, recordados por la Convención de Roma de 17 de julio de 1998, de prohibición de los crímenes de genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra;

22.  Señala los evidentes riesgos que entrañan las decisiones adoptadas por seres humanos si están basadas únicamente en datos, perfiles y recomendaciones generados por máquinas; observa que el diseño general de los sistemas de IA debe incluir asimismo directrices respecto a la supervisión y vigilancia humanas; pide que se impongan la obligación de transparencia y explicabilidad de las aplicaciones de IA y la necesidad de intervención humana, así como otras medidas, como auditorías independientes y pruebas de resistencia específicas para facilitar y obligar al cumplimiento; hace hincapié en que tales auditorías independientes deben realizarse periódicamente por parte de una autoridad independiente que supervise las aplicaciones de IA de alto riesgo empleadas por el Ejército o las autoridades estatales;

23.  Subraya la importancia de comprobar la manera en que las tecnologías de IA de alto riesgo alcanzan decisiones; recuerda que deben respetarse los principios de no discriminación y proporcionalidad y que es necesario aclarar las cuestiones de causalidad, imputabilidad y responsabilidad, así como de transparencia, rendición de cuentas y explicabilidad, para determinar si, o en qué medida, el Estado como agente en el Derecho internacional público, pero también en el ejercicio de su propia autoridad, puede actuar con la ayuda de sistemas basados en la IA relativamente autónomos, sin incumplir obligaciones que emanen del Derecho internacional, como la tutela judicial efectiva;

24.  Insiste en la importancia de invertir en capacidades humanas, en particular en las digitales, a fin de adaptarse a los avances científicos que conlleven soluciones impulsadas por la IA, para las personas que ejercen profesiones reguladas, tales como las actividades relacionadas con el ejercicio de los poderes de la autoridad estatal, como la administración de justicia; pide a los Estados miembros y a la Comisión que tengan esto en cuenta debidamente al aplicar la Directiva 2005/36/CE(11);

25.  Insiste en que los sistemas de IA deben cumplir siempre los principios de responsabilidad, equidad, gobernabilidad, precaución, rendición de cuentas, imputabilidad, previsibilidad, trazabilidad, seguridad de funcionamiento, fiabilidad, transparencia, explicabilidad y proporcionalidad; de capacidad para detectar posibles cambios en las circunstancias y el entorno operativo, y de distinción entre combatientes y no combatientes; insiste en que el principio de proporcionalidad subordina la legalidad de una acción militar a que haya un equilibrio entre el objetivo que se persigue y los medios empleados, y en que la proporcionalidad la debe evaluar siempre un ser humano;

26.  Hace hincapié en que el empleo de los sistemas basados en la IA en los ámbitos de la seguridad y la defensa exige un conocimiento exhaustivo de la situación por parte del operador humano, la previsibilidad, fiabilidad y resiliencia del sistema basado en la IA, así como la capacidad del operador humano para detectar posibles cambios en las circunstancias y el entorno operativo y de intervenir o poner fin a un ataque, a fin de garantizar que los principios del Derecho internacional humanitario, en particular los de distinción, proporcionalidad y precaución en los ataques, se apliquen plenamente en toda la cadena de mando y control; subraya que los sistemas basados en la IA deben permitir que las personas al mando ejerzan un control apropiado, asuman plenamente su responsabilidad y respondan de todos sus usos; pide a la Comisión que fomente el diálogo, una cooperación más estrecha y sinergias entre los Estados miembros, los investigadores, el entorno académico, los agentes de la sociedad civil y el sector privado (en particular, las empresas líderes) y el Ejército, a fin de garantizar el carácter inclusivo de los procesos de elaboración de políticas relativas a la normativa en materia de IA relacionada con la defensa;

27.  Considerando que el Parlamento ha pedido la elaboración y adopción urgentes de una posición común sobre los sistemas armamentísticos autónomos letales (SAAL) para prevenir el desarrollo, la producción y la utilización de SAAL capaces de realizar ataques sin un control humano significativo, así como el inicio de negociaciones eficaces para su prohibición; recuerda, a este respecto, su Resolución, de 12 de septiembre de 2018, sobre los sistemas armamentísticos autónomos; recuerda que por «sistemas armamentísticos autónomos letales» (SAAL) se entienden sistemas de armas sin un control humano significativo con respecto a las funciones críticas de selección y ataque de objetivos individuales; hace hincapié en que la decisión de seleccionar un objetivo e iniciar una acción letal mediante sistemas de armas con cierto grado de autonomía siempre debe ser tomada por operadores humanos que ejerzan un control y una supervisión apropiados y el juicio necesario, en consonancia con los principios de proporcionalidad y necesidad; destaca que no cabe permitir en ningún caso que los sistemas basados en la IA sustituyan a la capacidad decisoria humana en este ámbito;

28.  Señala, asimismo, que la clasificación de los sistemas armamentísticos autónomos como categoría específica de la IA en el ámbito militar debe ser objeto de un debate y un acuerdo a escala internacional, concretamente en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre ciertas armas convencionales; llama la atención sobre el debate que se está celebrando a escala internacional sobre los SAAL con el fin de regular las tecnologías militares emergentes, que no se ha saldado hasta la fecha con un acuerdo; señala que hasta muy recientemente la Unión no había accedido a debatir sobre los efectos de la IA y la digitalización en el sector de la defensa; considera que la Unión puede desempeñar un papel fundamental de ayuda a que los Estados miembros armonicen su enfoque con respecto a la IA en el ámbito militar, a fin de sostener debates a escala internacional;

29.  Insiste en la necesidad de adoptar una estrategia a escala de la Unión contra los SAAL y de prohibir los denominados «killer robots» (robots asesinos);

30.  Hace hincapié en que la IA empleada en un contexto militar debe cumplir un conjunto mínimo de requisitos, a saber: ser capaz de distinguir entre combatientes y no combatientes en el campo de batalla, reconocer cuándo un combatiente se rinde o está fuera de combate, no tener efectos indiscriminados, no causar sufrimiento innecesario a las personas, no estar sesgada ni estar formada a partir de datos intencionadamente incompletos, y cumplir los principios del Derecho internacional humanitario, de proporcionalidad en el uso de la fuerza y de precaución antes de la intervención;

31.  Considera que el empleo de sistemas armamentísticos autónomos letales suscita preguntas de carácter ético y jurídico fundamentales sobre la capacidad de control que los seres humanos pueden ejercer sobre dichos sistemas, e impone que la tecnología basada en la IA no pueda tomar decisiones autónomas que conciernan a los principios jurídicos de distinción, proporcionalidad y precaución;

32.  Pide medidas transparentes de reducción de riesgo a escala internacional en lo que atañe al desarrollo y uso de la IA en el ámbito militar, en particular en relación con los principios de integridad territorial, no intervención y uso de la fuerza; hace hincapié en la importancia de tener en cuenta los aspectos militares a la hora de encarar las cuestiones jurídicas y éticas en el marco europeo en materia de IA; recuerda su posición en cuanto a la prohibición del desarrollo, la producción y el uso de SAAL; lamenta que no existan convenios a escala mundial que traten expresamente del uso de estas armas;

33.  Reconoce que la dinámica de la carrera armamentística moderna entre grandes Estados nación militares por el desarrollo de SAAL está superando al progreso en cuanto a las normas comunes y los marcos jurídicos y a la aplicación y el cumplimiento efectivos y universales de los mismos, puesto que la información sobre el desarrollo y el despliegue de estos sistemas está clasificada y los Estados nación tienen un interés inherente en crear las capacidades ofensivas más rápidas y eficaces, independientemente de los marcos o principios jurídicos actuales o potenciales futuros;

34.  Considera que los SAAL deben emplearse únicamente como último recurso y solo son lícitos si están sujetos a un estricto control humano, esto es, si una persona puede asumir el mando en cualquier momento, pues una intervención y una supervisión humanas apropiadas son esenciales en el proceso de toma de decisiones letales y los seres humanos siempre deben ser los responsables a la hora de decidir entre la vida y la muerte; opina que los sistemas sin control humano («human off the loop») ni supervisión humana de ningún tipo deben prohibirse sin excepciones y en cualquier circunstancia;

35.  Pide al AR/VP, a los Estados miembros y al Consejo Europeo que elaboren y adopten con carácter urgente una posición común sobre sistemas armamentísticos autónomos que garantice un control humano apropiado de las funciones críticas de los sistemas de armas, incluso durante su despliegue, que hablen en los foros pertinentes con una sola voz y que actúen en consecuencia; pide, en este contexto, al AR/VP, a los Estados miembros y al Consejo que intercambien las mejores prácticas y recaben las aportaciones de los expertos, los académicos y la sociedad civil, como se refleja en la posición, de 12 de septiembre de 2018, sobre los sistemas armamentísticos autónomos, en la que se afirma que los ataques deben llevarse a cabo siempre con una intervención humana considerable;

36.  Alienta a los Estados a que valoren si los dispositivos militares autónomos han contribuido a su seguridad nacional y de qué manera, y qué podría ganar esta con los sistemas de armas basados en IA, en particular en lo que se refiere al potencial de estas tecnologías para apoyar y mejorar la toma de decisiones humana de conformidad con el Derecho internacional humanitario y sus principios; recuerda que cualquier SAAL o arma con un alto grado de autonomía puede fallar a causa de algún código escrito incorrectamente o de un ciberataque perpetrado por un Estado enemigo o un agente no estatal;

37.  Insiste en que los SAAL únicamente se utilicen en casos especificados claramente y conforme a procedimientos de autorización establecidos de antemano y de forma detallada en documentos a los que el Estado en cuestión garantice el acceso para el público en general o, al menos, para su Parlamento nacional (tanto si dicho Estado es miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte como si no);

38.  Considera que los SAAL deben cumplir las disposiciones de la Convención de 10 de octubre de 1980 sobre ciertas armas convencionales, en particular la prohibición de armas consideradas «excesivamente nocivas»;

39.  Propone, a fin de evitar su propagación incontrolada, que los SAAL se incluyan en la lista de armas sujetas a las disposiciones del Tratado sobre el Comercio de Armas de 2 de abril de 2013, que figura en el artículo 2 del mismo;

40.  Exige, para evitar cualquier confusión entre una persona y un robot, que se prohíba la antropomorfización de los SAAL;

41.  Acoge favorablemente el acuerdo del Consejo y del Parlamento de excluir de las acciones financiadas en el marco del Fondo Europeo de Defensa (FED) las armas autónomas letales «que no permitan un control humano significativo sobre las decisiones de selección e intervención cuando lleven a cabo ataques»; recuerda su posición en el sentido de que el uso, el desarrollo o la producción de SAAL sin un control humano significativo no puedan recibir financiación con cargo al FED;

42.  Pide a la Comisión que apoye la investigación, el desarrollo, el despliegue y la utilización de la IA dirigida a preservar la paz y prevenir conflictos;

43.  Observa que el ecosistema mundial de la IA está dominado por los gigantes digitales estadounidenses y chinos, que están desarrollando su capacidad nacional y adquiriendo numerosas empresas prometedoras; sostiene firmemente, por consiguiente, que, para evitar quedarse atrás en lo que respecta a la tecnología basada en la IA, es esencial que la Unión avance hacia un mejor equilibrio entre la investigación básica y las aplicaciones industriales, al tiempo que aumenta sus ventajas comparativas estratégicas mediante el desarrollo del potencial y los recursos propios;

44.  Destaca que, en la medida en que se ajusten a la definición de «máquina» establecida en la Directiva 2006/42/CE(12), los robots deben diseñarse y montarse de acuerdo con las normas y las medidas de seguridad dispuestas en la misma;

45.  Recuerda que la Unión aspira a convertirse en un agente global en favor de la paz, y pide que esa función comprenda el desarme mundial y los esfuerzos de no proliferación, así como que sus acciones y políticas persigan el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, garantizando el respeto del Derecho internacional humanitario y en materia de derechos humanos, además de la protección de los civiles y la infraestructura civil;

46.  Subraya la necesidad de analizar el impacto potencial de la IA como factor estratégico para la política común de seguridad y defensa (PCSD) de la Unión, especialmente en lo que respecta a las misiones y operaciones militares y civiles y al desarrollo de capacidades de la Unión;

47.  Recuerda que nuestros aliados en los marcos nacional, de la OTAN o de la Unión están integrando la IA en sus sistemas militares; cree que la interoperabilidad con nuestros aliados debe preservarse mediante normas comunes, que son esenciales para realizar operaciones en coalición; recuerda, por otra parte, que la cooperación en materia de IA debe encuadrarse en un marco europeo, que es el único marco pertinente para generar sinergias realmente potentes, como propone la estrategia de la Unión en materia de IA;

48.  Considera que la Unión debe seguir y considerar detenidamente las implicaciones de los avances de la IA para la defensa y la guerra, en particular de progresos y despliegues potencialmente desestabilizadores, y orientar la investigación y el diseño éticos, garantizando la integridad de los datos personales y el acceso y control individuales, así como tomando en cuenta los aspectos económicos y humanitarios;

49.  Recuerda su posición, de 12 de septiembre de 2018, sobre los sistemas armamentísticos autónomos, por la que afirma que no deben llevarse a cabo ataques sin una intervención humana significativa; pide al AR/VP, a los Estados miembros y al Consejo Europeo que adopten una posición común sobre los sistemas armamentísticos autónomos que garantice un control humano apropiado de sus funciones esenciales, también durante su despliegue; reafirma su apoyo a la labor, en materia de los SAAL, del Grupo de Expertos Gubernamentales de las Naciones Unidas de las Altas Partes Contratantes de la Convención sobre ciertas armas convencionales (CAC), que es el foro internacional pertinente para el debate y las negociaciones en torno a los desafíos de carácter jurídico que plantean los sistemas armamentísticos autónomos; pide que se intensifiquen todos los esfuerzos multilaterales existentes para que los marcos normativos y reguladores no se vean superados por el desarrollo tecnológico y nuevos métodos de guerra; pide al AR/VP que, en el marco de los debates en curso sobre la regulación internacional de los SAAL entre los Estados partes de la CAC, mantenga su compromiso y contribuya a impulsar sin demora los esfuerzos para elaborar un nuevo marco normativo mundial y un instrumento jurídicamente vinculante centrado en definiciones, conceptos y características concernientes a las tecnologías emergentes en el ámbito de los SAAL; en cuestiones éticas y jurídicas relativas al control humano, en particular con respecto a sus funciones esenciales, tales como la selección de un objetivo y la intervención; en el mantenimiento de la responsabilidad y la rendición de cuentas humanas, y en el grado necesario de interacción persona-máquina, y que contemple los conceptos de control y de juicio humanos; pide que tales esfuerzos garanticen el cumplimiento del Derecho internacional humanitario y en materia de derechos humanos durante las diferentes etapas del ciclo de vida de las armas basadas en la IA, con el fin de acordar recomendaciones concretas orientadas a la aclaración, la consideración y el desarrollo de aspectos del marco normativo relativo a las tecnologías emergentes en el ámbito de los SAAL;

50.  Considera que es primordial para la seguridad mundial contar con un mecanismo eficaz para hacer cumplir las normas relativas a la no proliferación de los SAAL y cualquier futura tecnología ofensiva basada en la IA;

La autoridad del Estado: ejemplos en los ámbitos civiles, como la sanidad y la justicia

51.  Insiste en que los Estados miembros deben tomar medidas eficaces para reducir su dependencia de datos extranjeros y, sin distorsionar considerablemente el mercado, para garantizar que la posesión de las tecnologías de IA más avanzadas por parte de poderosos grupos privados no desemboque en que la autoridad del Estado se vea desafiada, o incluso usurpada, por parte de entidades privadas, especialmente si dichos grupos privados pertenecen a un país de fuera de la Unión;

52.  Destaca que la utilización de sistemas de IA para tomar decisiones por parte de los poderes públicos puede conducir a decisiones sesgadas que afecten negativamente a los ciudadanos y que, por tanto, debe estar sujeta a estrictos criterios de control por lo que respecta a su seguridad, transparencia, rendición de cuentas, no discriminación y responsabilidad social y ambiental, entre otros; insta a los Estados miembros a que evalúen los riesgos relativos a las decisiones basadas en IA en relación con el ejercicio de la autoridad estatal y a que establezcan salvaguardias tales como una supervisión humana apropiada, requisitos de transparencia y la posibilidad de impugnar tales decisiones;

53.  Insta a los Estados miembros a que evalúen los riesgos relacionados con las tecnologías basadas en la IA antes de automatizar las actividades relacionadas con el ejercicio de la autoridad estatal, como por ejemplo la correcta administración de justicia; pide a los Estados miembros que consideren la necesidad de establecer salvaguardias, como por ejemplo normas estrictas en materia de ética profesional o la supervisión por profesionales cualificados;

54.  Destaca la importancia de adoptar medidas a nivel europeo para contribuir al fomento de las inversiones, tan necesarias; la infraestructura de datos; la investigación, en particular sobre el uso de la inteligencia artificial por parte de los poderes públicos, y un marco ético común;

55.  Hace hincapié en que la Unión debe esforzarse por lograr una resiliencia estratégica para que no vuelva a sorprenderla una crisis sin estar preparada, y subraya que esto reviste una importancia fundamental, especialmente por lo que se refiere a la inteligencia artificial y sus aplicaciones militares; hace hincapié en que las cadenas de suministro de sistemas de IA militares que puedan conducir a una dependencia tecnológica deben revisarse, y que deben eliminarse progresivamente dichas dependencias; pide una mayor inversión en IA europea para defensa y para la infraestructura esencial que la sostiene;

56.  Pide a la Comisión que evalúe las repercusiones de una moratoria del empleo de sistemas de reconocimiento facial y que, según los resultados de esta evaluación, se plantee la posibilidad de una moratoria del empleo de dichos sistemas por parte de los poderes públicos en el espacio público y en los locales destinados a la educación y la asistencia sanitaria, así como del empleo de sistemas de reconocimiento facial por parte de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en espacios semipúblicos, como aeropuertos, hasta que las normas técnicas puedan considerarse plenamente conformes con los derechos fundamentales, los resultados obtenidos no sean sesgados ni discriminatorios y se cuente con salvaguardias estrictas frente a su uso indebido y mediante las que se comprueben la necesidad y la proporcionalidad del empleo de estas técnicas;

57.  Hace hincapié en la importancia que la ciberseguridad reviste para la IA en situaciones tanto de ofensa como de defensa; señala en este sentido la importancia de la cooperación internacional y de la publicación y puesta en común de vulnerabilidades y medidas correctivas en materia de seguridad informática; pide que haya tanto colaboración internacional en materia de ciberseguridad para un uso e implementación eficaz de la IA como salvaguardias contra el uso indebido de esta y los ciberataques; señala, asimismo, el doble uso de los sistemas informáticos (es decir, tanto para fines civiles como militares) y de la IA, y pide que se regule eficazmente;

58.  Opina que los Estados miembros deben promover las tecnologías de IA que sirvan al público y que las personas a quienes les afecte una decisión adoptada por un poder público basada en los resultados de un sistema de IA han de ser notificadas al respecto y recibir sin demora la información que se menciona en el apartado anterior, y se les debe ofrecer la posibilidad de impugnar dicha decisión y de elegir que su apelación se resuelva sin la intervención de un sistema de IA; pide a los Estados miembros que consideren la necesidad de establecer salvaguardias, previstas en la Directiva (UE) 2018/958(13), como por ejemplo la supervisión por profesionales cualificados y normas relativas a la ética profesional;

59.  Destaca que las predicciones a partir del intercambio, el acceso y el uso de los datos deben regirse de conformidad con los requisitos de calidad, integridad, transparencia, seguridad, privacidad y control; subraya la necesidad de respetar el marco jurídico de la Unión en materia de protección de datos y privacidad a lo largo del desarrollo, el despliegue y el uso de la IA, la robótica y las tecnologías conexas, a fin de reforzar la seguridad de los ciudadanos y su confianza en estas tecnologías;

60.  Señala el rápido desarrollo de aplicaciones de IA para reconocer elementos característicos únicos, como rasgos faciales, movimientos o posturas; advierte de los problemas que se plantean en cuanto a la intrusión en la vida privada, la no discriminación y la protección de los datos personales en relación con el uso de aplicaciones de reconocimiento automático;

61.  Subraya que cualquier decisión sobre una persona física que se base únicamente en un tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, y que produzca un efecto jurídico adverso para dicha persona o le afecte considerablemente está prohibida por el Reglamento General de Protección de Datos a no ser que la autorice el Derecho de la Unión o de los Estados miembros, a reserva de las medidas adecuadas para la protección de los derechos, libertades e intereses legítimos del afectado;

62.  Solicita que, cuando los poderes públicos empleen la IA, los algoritmos resulten explicables y haya transparencia y vigilancia reglamentaria, así como que se lleven a cabo evaluaciones de impacto antes de la implementación por parte de las autoridades estatales de herramientas que empleen técnicas de IA; pide a la Comisión y al Comité Europeo de Protección de Datos que emitan directrices y recomendaciones y que diseñen buenas prácticas al objeto de especificar en mayor detalle los criterios y las condiciones para las decisiones basadas en la elaboración de perfiles y el uso de la IA por parte de los poderes públicos;

63.  Observa que la inteligencia artificial desempeña un papel cada vez más esencial en el ámbito de la asistencia sanitaria, sobre todo gracias a los algoritmos de ayuda al diagnóstico, la cirugía asistida por robots, las prótesis inteligentes, los tratamientos personalizados basados en la modelización tridimensional del cuerpo de cada paciente, los robots sociales destinados a ayudar a las personas mayores, las terapias digitales diseñadas para mejorar la autonomía de algunos enfermos mentales, la medicina predictiva y los programas informáticos de respuesta ante epidemias;

64.  Insiste, no obstante, en que todos los usos de la IA en el ámbito de la salud pública deben garantizar la protección de los datos personales de los pacientes y evitar la difusión incontrolada de los mismos;

65.  Pide que en todos los usos de la IA en el ámbito de la salud pública se respete la igualdad de los pacientes en cuanto al acceso al tratamiento, se preserve la relación entre médico y paciente y se respete el juramento hipocrático en todo momento, de forma que el médico siempre tenga la posibilidad de desviarse de la solución propuesta por la IA, siendo así responsable de todas las decisiones;

66.  Señala que el empleo de la IA en la lucha contra la delincuencia y la ciberdelincuencia podría brindar una amplia gama de posibilidades y oportunidades; afirma, al mismo tiempo, que ha de seguir prevaleciendo el principio de que lo que es ilegal en el mundo real lo es también en el virtual;

67.  Señala que la IA se utiliza de forma cada vez más habitual en el ámbito judicial para tomar decisiones más racionales y más coherentes con las leyes vigentes, y de manera más rápida; celebra que, previsiblemente, mediante el empleo de la IA, se acelere el ritmo de los procesos judiciales;

68.  Considera que es necesario aclarar si es apropiado que las decisiones relativas a la aplicación de las leyes se deleguen parcialmente en la IA, manteniendo el control humano sobre la decisión final;

69.  Subraya que el uso de la IA en el ámbito de la justicia podría mejorar el análisis y la recogida de datos y la protección de las víctimas, y que esta posibilidad podría estudiarse en investigación y desarrollo e ir acompañada de evaluaciones de impacto, en particular en relación con las salvaguardias para la tutela judicial efectiva y frente a los sesgos y la discriminación, aplicándose para ello el principio de precaución; recuerda, no obstante, que no puede ocupar el lugar de un ser humano a la hora de dictar sentencia o tomar decisiones;

70.  Reitera la importancia que revisten los principios de gobernanza, transparencia, imparcialidad, rendición de cuentas, equidad e integridad intelectual en relación con el empleo de la IA en la jurisdicción penal;

71.  Insta a los Estados miembros a que evalúen los riesgos relacionados con las tecnologías basadas en la IA antes de automatizar las actividades relacionadas con el ejercicio de la autoridad estatal, en particular en el ámbito de la justicia; pide a los Estados miembros que se planteen la necesidad de establecer salvaguardias, como por ejemplo la supervisión por profesionales cualificados y normas relativas a la ética profesional;

72.  Señala que determinadas tecnologías de IA permiten automatizar la acción y el tratamiento de la información a una escala sin precedentes, como en el caso de la vigilancia colectiva en ámbitos civiles y militares, lo que representa una amenaza para los derechos fundamentales y allana el camino para la injerencia ilícita en la soberanía nacional; pide que se controlen las actividades de vigilancia colectiva atendiendo al cumplimiento y la jurisdicción del Derecho internacional; expresa su profunda preocupación por algunas aplicaciones de calificación social excesivamente invasivas que se han desarrollado últimamente, dado que ponen en grave peligro el respeto de los derechos fundamentales; pide que se prohíba explícitamente que los poderes públicos utilicen la calificación social masiva para restringir los derechos de los ciudadanos; pide que se intensifique la rendición de cuentas por parte de determinados agentes con arreglo al Derecho internacional, dada su hegemonía decisoria y su control del desarrollo de estas tecnologías; pide, en este contexto, a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros que presten especial atención cuando negocien, celebren y ratifiquen acuerdos internacionales relacionados con asuntos familiares transfronterizos, como la sustracción internacional de menores, y que garanticen que el uso de los sistemas de IA cuente en todo momento con una verificación humana efectiva y respete las garantías procesales dentro de la Unión y de los países signatarios de estos acuerdos;

73.  Solicita que se mantenga informado al público sobre el uso de la IA en el ámbito de la justicia, y que dichos usos no den lugar a discriminación derivada de sesgos de programación; subraya que debe respetarse el derecho de toda persona a tener acceso a un funcionario público, así como el derecho del funcionario responsable a tomar personalmente la decisión y a desviarse de la información recibida de la IA cuando lo considere necesario a la luz de los detalles del asunto en cuestión; recalca el derecho de la persona demandada a recurrir la decisión de conformidad con la legislación nacional, sin que se elimine en ningún caso la responsabilidad final del poder judicial;

74.  Solicita, por tanto, que todos esos usos en el ámbito público y administrativo constituyan información de dominio público y que se evite la discriminación derivada de sesgos de programación;

75.  Subraya la importancia de hacer posible el despliegue y el uso adecuados de la IA; pide a los Estados miembros que formen convenientemente a su personal civil y militar para que le sea posible detectar con precisión y evitar la discriminación y los sesgos en los conjuntos de datos;

76.  Expresa su profunda preocupación por las tecnologías de ultrafalsificación, que permiten falsificar de manera cada vez más realista fotos, audio y vídeo que podrían utilizarse para chantajear, crear bulos, mermar la confianza de la ciudadanía e influir sobre el discurso público; cree que estas prácticas pueden desestabilizar países, pues permiten difundir desinformación e influir en las elecciones; solicita por tanto que se obligue a que todo documento ultrafalseado o vídeo realista realizado mediante técnicas de síntesis sea etiquetado por el creador como «no original», limitándose estrictamente su uso para fines electorales y garantizándose firmemente el cumplimiento de esta obligación; pide una investigación suficiente en este sentido al objeto de lograr que las tecnologías para combatir estas prácticas no se queden atrás con respecto al uso malintencionado de la IA;

Transporte

77.  Observa el importante potencial económico de las aplicaciones de IA, en particular para la optimización del rendimiento a largo plazo, el mantenimiento, la predicción de averías y la planificación de la construcción en relación con las infraestructuras de transporte y los edificios, así como para la seguridad, la eficiencia energética y los costes; pide, por tanto, a la Comisión que siga apoyando la investigación en materia de IA y el intercambio de buenas prácticas en materia de transporte;

78.  Destaca la necesidad de impulsar la inteligencia artificial con el fin de promover la multimodalidad, la interoperabilidad y la eficiencia energética de todos los modos de transporte con vistas a potenciar una mayor eficacia en la organización y gestión de los flujos de tráfico de mercancías y pasajeros, hacer un mejor uso de las infraestructuras y los recursos a lo largo de la red transeuropea de transportes (RTE-T) y abordar los obstáculos para la creación de un verdadero espacio único europeo de transporte;

79.  Recuerda los beneficios del Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario (ERTMS), un sistema de protección de trenes automático y sin fisuras, y apoya la evolución y las normas internacionales relativas a la automatización de las operaciones ferroviarias;

80.  Acoge positivamente la labor del proyecto de investigación sobre la gestión del tráfico aéreo en el contexto del Cielo Único Europeo (SESAR) en el ámbito de los sistemas de aeronaves no tripuladas y de los sistemas de gestión del tráfico aéreo, tanto civiles como militares;

81.  Recuerda que los vehículos autónomos tienen un gran potencial para mejorar la movilidad y la seguridad y para generar beneficios en relación con el medioambiente, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la cooperación entre los agentes reguladores y todas las partes interesadas en el despliegue de vehículos de carretera automatizados en la Unión;

82.  Señala que el sector del transporte marítimo mundial ha sido objeto de cambios importantes como consecuencia de la integración de la IA en los últimos años; recuerda los debates exhaustivos que se están manteniendo en el seno de la Organización Marítima Internacional sobre la integración en el marco regulador de tecnologías nuevas y emergentes, como los buques autónomos;

83.  Destaca el modo en que los sistemas de transporte inteligente reducen la congestión del tráfico, incrementan la seguridad y la accesibilidad y contribuyen a mejorar la gestión de los flujos de tráfico, la eficiencia y las soluciones de movilidad; llama la atención con respecto al aumento de la exposición de las redes de transporte tradicionales a las ciberamenazas; recuerda la importancia de contar con recursos suficientes y de seguir investigando en relación con los riesgos para la seguridad a fin de garantizar la seguridad de los sistemas automatizados y de sus datos; acoge con satisfacción la intención de la Comisión de incluir la ciberseguridad como punto recurrente en el orden del día de los debates en el seno de las organizaciones internacionales relacionadas con el transporte;

84.  Acoge con satisfacción los esfuerzos en favor de la introducción de sistemas de IA en el sector público y apoyará nuevos debates sobre el despliegue de la IA en el sector del transporte; pide a la Comisión que evalúe el uso de la IA y de tecnologías similares en el sector del transporte y que elabore una lista no exhaustiva de los segmentos de alto riesgo en el contexto de los sistemas de IA que sustituyen a decisiones en el marco de las prerrogativas de los poderes públicos en este ámbito;

85.  Subraya que el Fondo Europeo de Defensa y la Cooperación Estructurada Permanente deben estimular la cooperación entre los Estados miembros y las industrias europeas de defensa para desarrollar nuevas capacidades de defensa europeas en el ámbito de la IA y garantizar la seguridad de servicio, tomando en cuenta consideraciones éticas; hace hincapié en la necesidad de evitar la fragmentación mediante la creación de puentes entre los distintos agentes y ámbitos de aplicación promoviendo la compatibilidad y la interoperabilidad a todos los niveles y centrándose en colaborar para obtener soluciones de arquitectura y plataformas; recuerda, por otra parte, que en el próximo Mecanismo «Conectar Europa», que también fomenta la infraestructura inteligente, se preverá un fondo para la adaptación y el desarrollo de infraestructuras de transporte de doble uso, civil o militar, en la RTE-T con el fin de reforzar las sinergias entre las necesidades civiles y de defensa y de mejorar la movilidad militar en la Unión; hace hincapié, en este contexto, en la necesidad de aumentar la inversión europea, de investigación y de un liderazgo reforzado en relación con las tecnologías con un fuerte impacto en el crecimiento económico y un considerable potencial de doble uso;

86.  Subraya que numerosas inversiones en nuevas tecnologías en el ámbito del transporte y la movilidad están orientadas al mercado pero que las tecnologías y productos comercialmente disponibles de doble uso se utilizan a menudo de manera innovadora con fines militares; destaca, por tanto, que al elaborar normas relativas al uso de la IA en los distintos ámbitos de carácter comercial y militar debe tenerse en cuenta el potencial de doble uso de las soluciones basadas en la IA; pide que se tengan en cuenta normas y principios éticos rigurosos en el desarrollo de tecnologías, productos y principios de funcionamiento en el ámbito de la defensa;

87.  Señala que el transporte eficaz de mercancías, municiones, armamento y tropas es un componente esencial del éxito de las operaciones militares; destaca que cabe esperar que la IA desempeñe un papel fundamental y brinde numerosas posibilidades en el ámbito de la logística y el transporte militares; señala que diferentes países del mundo, incluidos Estados miembros de la Unión, están incorporando armas basadas en la IA y otros sistemas en plataformas terrestres, navales y aéreas; recuerda que la utilización de la IA en el sector del transporte podría generar nuevas capacidades y permitir nuevos tipos de tácticas, como la combinación de diferentes sistemas, por ejemplo drones, embarcaciones sin tripulación o tanques, en el marco de una operación independiente y coordinada;

Derecho internacional privado

88.  Señala que, dado que un número cada vez mayor de litigios derivados del Derecho internacional privado se genera como consecuencia de la internacionalización de las actividades humanas, ya sean en línea o en el mundo real, la IA puede ayudar a resolverlos creando modelos que permitan identificar la competencia judicial y el Derecho aplicables en cada caso, así como identificar los conflictos de leyes más arduos y proponer soluciones para resolverlos;

89.  Considera, no obstante, que los usos de la IA en el Derecho internacional privado se han de comunicar debidamente al público; no deben dar lugar a discriminaciones derivadas de la programación, las cuales harían que se favoreciera sistemáticamente a la legislación de una nación en detrimento de la de otra; deben respetar los derechos del tribunal predeterminado por la ley, y deben permitir tanto la interposición de recursos con arreglo al derecho aplicable como la desestimación de la solución propuesta por la IA por parte del juez;

90.  Subraya que la circulación de vehículos autónomos en la Unión, que podría dar lugar a un número particularmente elevado de litigios de Derecho internacional privado, debe estar sujeta a una normativa europea particular que disponga el régimen jurídico aplicable en caso de daños transfronterizos;

91.  Señala que, habida cuenta de la creciente importancia de la investigación y el desarrollo en el sector privado y de las ingentes inversiones procedentes de terceros países, la Unión se enfrenta con una fuerte competencia; apoya, por tanto, los esfuerzos de la Unión por aumentar sus ventajas competitivas y considera que debe aspirar a ser un referente en el establecimiento de normas en materia de IA en un mundo hiperconectado, adoptando una estrategia eficaz con respecto a sus socios externos y redoblando sus esfuerzos con vistas al establecimiento de normas éticas para la IA a escala internacional en consonancia con las reglas de seguridad y los requisitos en materia de protección de los consumidores, así como con los valores europeos y los derechos de los ciudadanos, en particular los derechos fundamentales; considera que este punto es también clave para la competitividad y la sostenibilidad de las empresas europeas; pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen la cooperación con terceros países y organizaciones internacionales, tales como las Naciones Unidas, la OCDE, el G-7 y el G-20, y que entablen un diálogo de más amplio alcance para abordar los retos que plantea el desarrollo de esta tecnología en rápida transformación; considera que tales esfuerzos deberían orientarse, en particular, a establecer normas comunes y mejorar la interoperabilidad de los sistemas basados en la IA; pide a la Comisión que fomente el diálogo, una cooperación más estrecha y sinergias entre los Estados miembros, los investigadores, el entorno académico, los agentes de la sociedad civil y el sector privado (en particular, las empresas líderes) y el Ejército, a fin de garantizar el carácter inclusivo de los procesos de elaboración de políticas relativas a la normativa en materia de IA relacionada con la defensa;

Principios rectores

92.  Considera que las tecnologías y los sistemas de redes basados en IA deben aspirar a proporcionar seguridad jurídica a los ciudadanos; subraya, por tanto, que deben seguir aplicándose las normas sobre conflictos legales y jurisdiccionales, atendiendo al mismo tiempo al interés de los ciudadanos y la necesidad de reducir el riesgo de búsqueda del foro más ventajoso; recuerda, que la IA no puede ocupar el lugar de un ser humano en el proceso judicial a la hora de dictar sentencia o de adoptar decisiones definitivas de ningún tipo, pues tales decisiones siempre las debe tomar un ser humano y han de estar sujetas estrictamente a una verificación y una tutela judicial efectiva a cargo de un ser humano; insiste en que, cuando se utilicen elementos de prueba proporcionados por tecnologías asistidas por la IA, las autoridades judiciales tengan la obligación de motivar sus decisiones;

93.  Recuerda que la IA supone un avance científico que no debe ser contrario al Derecho, sino que, en cambio, debe regirse siempre por este –en el caso de la Unión Europea, por el Derecho que emana de sus instituciones y de los Estados miembros– y que la IA, la robótica y las tecnologías relacionadas no deben contravenir en ningún caso la democracia, el Estado de Derecho ni los derechos fundamentales;

94.  Recalca que la IA empleada con fines de defensa debe ser responsable, equitativa, trazable, fiable y gobernable;

95.  Considera que la IA, la robótica y las tecnologías relacionadas, incluidos los programas informáticos, los algoritmos y los datos utilizados o producidos por dichas tecnologías, deben desarrollarse de manera segura y técnicamente rigurosa, independientemente del campo en el que se utilicen;

o
o   o

96.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO L 180 de 19.7.2000, p. 22.
(2) DO L 303 de 2.12.2000, p. 16.
(3) DO L 119 de 4.5.2016, p. 1.
(4) DO L 119 de 4.5.2016, p. 89.
(5) DO L 252 de 8.10.2018, p. 1.
(6) DO C 252 de 18.7.2018, p. 239.
(7) DO C 307 de 30.8.2018, p. 163.
(8) DO C 433 de 23.12.2019, p. 86.
(9) DO C 433 de 23.12.2019, p. 42.
(10) DO C 449 de 23.12.2020, p. 37.
(11) Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales (DO L 255 de 30.9.2005, p. 22)
(12) Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a las máquinas y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE (DO L 157 de 9.6.2006, p. 24).
(13) Directiva (UE) 2018/958 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, relativa al test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones (DO L 173 de 9.7.2018, p. 25).


Revisión de las directrices relativas a la red transeuropea de transporte (RTE-T)
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Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de enero de 2021, sobre la revisión de las directrices relativas a la red transeuropea de transporte (RTE-T) (2019/2192(INI))
P9_TA(2021)0010A9-0251/2020

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1315/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte, y por el que se deroga la Decisión n.º 661/2010/UE(1) (en lo sucesivo, «Reglamento RTE-T»),

–  Vista su Resolución legislativa, de 17 de abril de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el mecanismo «Conectar Europa» (MCE)(2),

–  Visto el Reglamento (UE) 2019/2144 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, relativo a los requisitos de homologación de tipo de los vehículos de motor y de sus remolques, así como de los sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a esos vehículos, en lo que respecta a su seguridad general y a la protección de los ocupantes de los vehículos y de los usuarios vulnerables de la vía pública(3) (Reglamento sobre seguridad general),

–  Vista la Directiva (UE) 2019/1936 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, por la que se modifica la Directiva 2008/96/CE sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias(4),

–  Vista su Resolución, de 19 de junio de 2020, sobre el transporte y el turismo en 2020 y en adelante(5),

–  Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2016, sobre la mejora de la conectividad y accesibilidad de las infraestructuras de transporte en la Europa central y oriental(6),

–  Vista su Resolución, de 11 de diciembre de 2018, sobre movilidad militar(7),

–  Vista su Resolución, de 15 de enero de 2020, sobre el Pacto Verde Europeo(8),

–  Visto el Informe Especial n.º 10/2020 del Tribunal de Cuentas Europeo, de 16 de junio de 2020, titulado «Infraestructuras de transporte de la UE: Es necesario ejecutar de manera más rápida los megaproyectos para conseguir resultados en la red de transporte a su debido tiempo»(9),

–  Visto el Informe Especial n.º 09/2018 del Tribunal de Cuentas Europeo, de 6 de diciembre de 2018, titulado «Hacia un sector de los transportes eficaz en la UE: desafíos que hay que afrontar»(10),

–  Visto el Informe Especial n.º 13/2017 del Tribunal de Cuentas Europeo, de 3 de octubre de 2017, titulado «Un Sistema único de Gestión del Tráfico Ferroviario Europeo: ¿se hará alguna vez realidad la decisión política?» (11),

–  Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Transportes y Turismo (A9-0251/2020),

A.  Considerando que unas infraestructuras de transporte multimodal modernas, sostenibles y accesibles y una logística orientada al futuro son fundamentales para el buen funcionamiento del mercado interior y para la conectividad y la competitividad de la UE, también como facilitadoras de la movilidad sostenible, asequible, inteligente, eficiente, interoperable y segura;

B.  Considerando que la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T) debe garantizar la cohesión económica, social y territorial y la accesibilidad en toda la Unión y sus regiones, incluidas las regiones rurales, alejadas, montañosas, poco pobladas, periféricas, insulares y ultraperiféricas, estimulando con ello el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo y reduciendo desigualdades, promoviendo la digitalización y la innovación, luchando contra el cambio climático y mejorando la adaptabilidad y la resiliencia;

C.  Considerando que la RTE-T contribuye de forma decisiva a la consecución de los objetivos políticos de la Unión en las políticas de adhesión y vecindad, especialmente a través de proyectos transfronterizos, y que, por tanto, reviste una importancia significativa para la Unión mantener y reforzar unos lazos de transporte estrechos con terceros países dentro de la RTE-T y una mayor integración de los países de los Balcanes Occidentales y de la Asociación Oriental;

D.  Considerando que la finalización de la RTE-T es crucial para avanzar hacia modos de transporte más sostenibles, como ferrocarriles y vías de navegación interiores, para el despliegue de combustibles alternativos, de conformidad con los objetivos del Pacto Verde Europeo, y para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero;

E.  Considerando que es necesario un desarrollo equilibrado de los corredores de transporte en toda Europa, que garantice la conectividad norte-sur y este-oeste en toda Europa, a fin de seguir reforzando la cohesión económica, territorial y social;

F.  Considerando que en las negociaciones en curso sobre la financiación del mecanismo «Conectar Europa» (MCE) para los próximos siete años debe tenerse debidamente en cuenta el compromiso de los Estados miembros de completar la red básica de la RTE-T no más tarde de 2030 y la red global no más tarde de 2050;

G.  Considerando que, al ritmo actual, parece comprometida la conclusión de la RTE-T en el plazo previsto, especialmente por los retrasos notables de los proyectos transfronterizos y los enlaces y conexiones de último kilómetro pendientes, debido a los problemas financieros, operativos y administrativos que han tenido los promotores de los proyectos; que el informe del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) indica que las deficiencias en el marco de supervisión de la Comisión y en los procesos de adopción de decisiones políticas a nivel nacional, así como el escaso ímpetu e interés mostrados por algunos Estados miembros en la RTE-T son factores clave de los retrasos;

H.  Considerando que los recursos asignados para completar la RTE-T en el marco del programa MCE corren el riesgo de quedar reducidos considerablemente, especialmente tras las Conclusiones del Consejo Europeo adoptadas en julio de 2020, con un importe previsto para la dotación general para el transporte que es claramente insuficiente;

I.  Considerando que la ejecución de la red RTE-T debe regirse por el principio de igualdad de trato de los corredores de la red básica, sin favorecer a unos a expensas de otros;

J.  Considerando que la política de la RTE-T debería promover la implantación en toda la Unión de soluciones de transporte innovadoras y accesibles, cambio modal, movilidad con cero emisiones y bajas emisiones, sistemas de transporte inteligente (como STI o servicios de información fluvial (SIF)), infraestructuras de carga y repostaje y combustibles alternativos; que la innovación y la digitalización de la RTE-T requieren inversiones adicionales;

K.  Considerando que la actual crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia existencial del sector del transporte y la logística y de sus trabajadores para la economía, que depende de unas redes sin discontinuidades como arterias para el transporte de pasajeros y mercancías, y es esencial para el funcionamiento de las cadenas de suministro; que el desarrollo de unas infraestructuras de transporte eficientes y resilientes debe ocupar un lugar central en todos los planes y esfuerzos de recuperación europeos y nacionales, con una atención especial a las conexiones de transporte multimodal entre puertos, aeropuertos, ferrocarriles y carreteras;

L.  Considerando que el Año Europeo del Ferrocarril de 2021 es una oportunidad para poner en marcha un cambio que haga del ferrocarril la columna vertebral del transporte de pasajeros y mercancías en toda la Unión y para señalar el papel decisivo que desempeñan las redes RTE-T en la promoción de la cohesión y el desarrollo socioeconómicos, mejorando al mismo tiempo el mercado interior y promoviendo modos de transporte más competitivos y eficientes, con vistas a aumentar la transferencia modal hacia el ferrocarril y completar el espacio ferroviario europeo único de aquí a 2030;

Una RTE-T adaptada al futuro

1.  Hace hincapié en el valor añadido de los corredores multimodales de la red básica, que canalizan los principales flujos de pasajeros y de mercancías tanto entre los Estados miembros como en su interior; considera que el valor añadido europeo de estos proyectos es un factor clave para generar apoyo público; considera prioritaria su finalización en 2030 conforme a lo previsto, con la eliminación de los cuellos de botella y los enlaces pendientes, así como la realización de los tramos transfronterizos, junto con la modernización y la mejora de los tramos de red ya existentes en los corredores;

2.  Recuerda que la política de la RTE-T debe promover las redes interoperables; observa que las regiones de las fronteras terrestres interiores de la Unión representan el 40 % de su territorio y albergan un tercio de su población; reitera que en la revisión del Reglamento RTE-T y su aplicación debe prestarse especial atención a facilitar las conexiones transfronterizas, mejorar la interoperabilidad y contribuir a la integración multimodal de las infraestructuras de transporte en toda la Unión;

3.  Pide a los Estados miembros que aún no hayan adaptado suficientemente sus planes y programas nacionales de transporte a los objetivos de la RTE-T que subsanen esta deficiencia sin demoras indebidas, con vistas a aplicar y cumplir los plazos, metas y calendarios establecidos en la legislación pertinente de la Unión; recuerda, asimismo, que, por su carácter de red, la no conformidad o la inoperabilidad de un pequeño tramo de la RTE-T puede lastrar la eficiencia y la competitividad del conjunto del sistema; reclama, por tanto, la determinación y la finalización urgente de esos puntos críticos y tramos estratégicos;

4.  Considera que la revisión del Reglamento RTE-T ofrece una oportunidad importante para preparar la red para el futuro, a fin de garantizar el buen funcionamiento del mercado interior de la Unión y proseguir la realización del espacio único europeo de transporte, así como de asegurar la competitividad de la Unión a nivel mundial en las próximas décadas y apoyar su transición hacia una movilidad inteligente, sostenible, eficiente y segura; subraya, a este respecto, la importancia de actualizar la red para tener en cuenta las nuevas realidades del mercado, los cambios climáticos, medioambientales y societales y las necesidades digitales, y la importancia de aumentar la eficiencia de la red existente y acelerar la implantación de combustibles alternativos para el transporte;

5.  Considera importante seguir desarrollando la RTE-T para centrarse en la interconexión entre las redes básica y global en particular en las regiones rurales, periféricas, poco pobladas e insulares y ultraperiféricas, así como en las secciones con mayor potencial de generar beneficios socioeconómicos; insiste en que no deberían introducirse cambios sustanciales en los mapas mientras no esté completa la red básica; subraya, no obstante, la necesidad de practicar ajustes limitados en la RTE-T para reflejar el desarrollo de las redes de transporte y con el objetivo de mejorar la conectividad entre los distintos corredores y la de las regiones periféricas, incluido el refuerzo de las conexiones ferroviarias transfronterizas más allá de los ejes principales, en particular los enlaces pendientes a menor escala con alto valor añadido europeo en las regiones transfronterizas y reforzando la complementariedad entre las políticas de la RTE-T y regional, y a fin de satisfacer las cambiantes necesidades medioambientales, económicas y societales; solicita a la Comisión que asuma todos los ajustes que se recogen en la revisión del MCE(12), así como los requisitos derivados de la propuesta de la Comisión de Reglamento sobre la racionalización de las medidas para promover la finalización de la RTE-T (COM(2018)0277);

6.  Insta a la Comisión a que, dentro de la RTE-T, otorgue prioridad al pleno despliegue de combustibles alternativos para todos los modos de transporte, en particular de combustibles renovables, con vistas a la descarbonización, incluido el desarrollo de las tecnologías pertinentes, infraestructuras de carga y repostaje (es decir, instalaciones de recarga eléctrica e instalaciones de repostaje de GNL e hidrógeno), normas de seguridad, protección e interoperabilidad, y el marco regulador para los combustibles alternativos a fin de alcanzar la neutralidad climática para 2050, respetando al mismo tiempo el principio de la neutralidad tecnológica y garantizando la diversidad tecnológica; pide una hoja de ruta de la Unión para las infraestructuras viarias acorde con la hoja de ruta de la industria automovilística, a fin de garantizar que las inversiones en infraestructuras vayan de consuno con la producción de vehículos a corto y medio plazo;

7.  Destaca la necesidad de seguir promoviendo las conexiones de transporte en y con los nodos urbanos, las estaciones y centros de operaciones ferroviarios, los puertos interiores y marítimos, los aeropuertos, los centros logísticos y las plataformas multimodales, también mediante la finalización y la mejora de las conexiones con ellos, tanto en la red básica como en la global, para garantizar un sistema de movilidad sin discontinuidades, eficiente, accesible, integrado, inteligente, interconectado, bien equipado y sostenible para el transporte de pasajeros y la logística del transporte de mercancías, así como mediante el desarrollo de los billetes combinados, fomentando de este modo una transferencia modal eficiente, en particular mediante el refuerzo de los sistemas de transporte público y aumentando la conectividad de los nodos urbanos y las zonas rurales;

8.  Hace hincapié, por consiguiente, en la necesidad de que la próxima revisión de las directrices de la RTE-T vaya acompañada de las revisiones anunciadas de la Directiva sobre la infraestructura para los combustibles alternativos(13), del Reglamento RTE-E(14) y del Reglamento sobre una red ferroviaria europea para un transporte de mercancías competitivo(15);

9.  Subraya que la investigación, la innovación y la digitalización desempeñan un papel clave para una mayor descarbonización del transporte y para abordar al mismo tiempo los crecientes volúmenes de transporte de pasajeros y de mercancías, mejorar la interoperabilidad multimodal y hacer el transporte más seguro, más eficiente y más resiliente, en consonancia con los objetivos del Pacto Verde Europeo; destaca la necesidad de que la RTE-T impulse las aplicaciones digitales innovadoras en todos los modos, en particular los sistemas de transporte inteligente, el Sistema de Gestión del Tráfico Ferroviario Europeo (ERMTS), los sistemas de seguimiento y de información sobre el tráfico marítimo, los servicios de información fluvial, los sistemas de gestión del tráfico aéreo (Investigación sobre la Gestión del Tráfico Aéreo en el contexto del Cielo Único) y los sistemas de seguimiento para la salud estructural de las infraestructuras; reitera, en este contexto, la importancia de la finalización del proyecto Galileo; anima a la Comisión a que promueva entre los Estados miembros la financiación de estos sistemas en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia;

10.  Señala que las soluciones de movilidad inteligente y autónoma están llegando a ser viables desde el punto de vista comercial y que es necesario acelerar la correspondiente infraestructura de transporte y digital en la RTE-T, al tiempo que se garantizan la interoperabilidad transfronteriza, la protección de los datos y la ciberseguridad, a fin de facilitar el funcionamiento seguro de los vehículos automatizados y conectados conformes con el recientemente adoptado Reglamento sobre seguridad general;

11.  Destaca que es muy necesario el apoyo europeo a la investigación y el desarrollo de modos de transporte innovadores, como el desarrollo de vehículos aéreos no tripulados y la tecnología de levitación magnética, por ejemplo; destaca que las asociaciones europeas en los distintos modos de transporte pueden repercutir muy positivamente en el despliegue seguro, sostenible e inteligente de la RTE-T;

12.  Opina que unas normas armonizadas de infraestructuras para el conjunto de la red son un catalizador para un verdadero espacio único europeo de transporte; considera importante mantener y mejorar la infraestructura existente, en particular en los tramos transfronterizos, habida cuenta del avance tecnológico, los cambios de las normas de seguridad, el aumento de la eficiencia, el rendimiento de mayor calidad, los incrementos de la capacidad, las nuevas funciones, la mejora de la fiabilidad y la interoperabilidad transfronterizas y la necesidad de adoptar un enfoque de ciclo de vida y mejorar la resiliencia de la infraestructura ante los impactos de crisis como las pandemias y el cambio climático; observa, no obstante, que la financiación del MCE no es suficiente para alcanzar todos estos objetivos; señala que la coordinación entre los Estados miembros es fundamental para hacer frente a las crisis y garantizar el flujo continuo de bienes y el suministro de productos esenciales a la población de la Unión; pide a la Comisión que proponga un marco legislativo para mejorar la gestión de riesgos, la resiliencia y la adaptación al cambio climático de las infraestructuras de transporte de la red básica, con la inclusión de todos los modos;

13.  Considera que un mantenimiento deficiente de la red puede afectar a la continuidad, la sostenibilidad, el rendimiento y la seguridad y, por tanto, a la resiliencia de la RTE-T; Señala la importancia de llevar a cabo un mantenimiento periódico y normalizado de las infraestructuras de la RTE-T, en particular de puentes y túneles, para garantizar que las infraestructuras sean duraderas y de alta calidad; pide a la Comisión que introduzca unos parámetros de referencia claros para los requisitos de calidad aplicables a las infraestructuras, en particular puentes y túneles, y que desarrolle un enfoque europeo común para las inspecciones y las calificaciones de calidad de las infraestructuras de la RTE-T; pide a la Comisión que establezca un plan de supervisión del mantenimiento de la red básica a escala europea; pide a la Comisión y a los Estados miembros que, junto con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y los bancos e instituciones nacionales de fomento, estudien nuevos regímenes de financiación para facilitar las inversiones en el mantenimiento de la red; pide asimismo a los Estados miembros que desarrollen planes nacionales específicos para la financiación del mantenimiento ordinario y extraordinario;

Financiación, administración y supervisión

14.  Hace hincapié en que, para que la inversión en la infraestructura de la RTE-T sea suficiente, es fundamental que se adapten a las necesidades específicas del sector del transporte todos los fondos pertinentes de la Unión (el MCE, InvestEU, los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, Horizonte Europa, etc.) y la actividad de préstamo del BEI, y que los Estados miembros se comprometan a conceder una financiación suficiente; lamenta profundamente la decisión del Consejo Europeo de proponer recortes presupuestarios en programas de futuro, como el MCE e InvestEU, especialmente teniendo en cuenta el papel facilitador clave del programa MCE para completar la red RTE-T; observa que la muy ambiciosa agenda de descarbonización de la Unión debe contar con el respaldo de los correspondientes fondos e instrumentos de financiación para tener éxito y mantener al mismo tiempo la competitividad de los sectores afectados; pide a la Comisión que refuerce las sinergias y la coherencia política entre los instrumentos pertinentes de la Unión distintos del MCE (como el Fondo Europeo de Desarrollo Regional) y que, además, optimice el empleo de instrumentos de financiación mixta a fin de atraer a inversores privados y multiplicar la dotación financiera pública; señala que los instrumentos financieros pertinentes para el clima y el medio ambiente en el marco del Pacto Verde Europeo deben estar disponibles para inversiones en la red RTE-T que puedan contribuir a reducir eficazmente las emisiones del sector del transporte;

15.  Lamenta que, en la propuesta de nuevo marco financiero plurianual (MFP) y en el plan de recuperación, los Estados miembros sigan sin enviar una señal clara hacia las inversiones en infraestructuras y sin dar prioridad a la finalización de la RTE-T; destaca, por consiguiente, que los fondos disponibles en el marco de Next Generation EU ofrecen una oportunidad única para garantizar el desarrollo de las redes básicas de la RTE-T para 2030; insta a la Comisión a que informe anualmente al Parlamento del progreso de la construcción; pide a la Comisión que, en las negociaciones con los Estados miembros, reserve un importe adecuado de los recursos para el desarrollo de las políticas de transporte de la Unión y que presente al Parlamento un informe final al respecto; pide a la Comisión que vele por que los programas nacionales de aplicación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia otorguen un papel destacado a las inversiones en infraestructuras de transporte modernas, digitales, sostenibles y seguras;

16.  Recuerda que la finalización del ERTMS en las vías y a bordo de los trenes es un requisito previo esencial para la creación de un espacio ferroviario europeo único y para que el mercado ferroviario pueda funcionar correctamente en los corredores de la RTE-T; subraya, a este respecto, que se necesitan aproximadamente 15 000 millones de euros para completar el ERTMS en las redes principales, y que la Comisión debe desempeñar un papel destacado en la coordinación de las operaciones de financiación y despliegue;

17.  Insiste en que hay que tener en cuenta el cumplimiento del plazo límite establecido en la propuesta de Directiva sobre la racionalización de la RTE-T(16) cuando se evalúen los proyectos por lo que respecta a los criterios de adecuación para la selección de proyectos que establece el MCE; cree, asimismo, que cualquier retraso que se produzca debe justificar una investigación sobre el estado de ejecución del proyecto y un examen de la ayuda financiera recibida de la Unión en virtud del MCE, tal y como establece el artículo 17, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1316/2013(17), lo que podría ocasionar la reducción o la retirada de la subvención;

18.  Insiste en que, aunque la implantación de la red RTE-T se está llevando a cabo de forma gradual y la finalización de la red básica es la prioridad a corto plazo, pues constituye la columna vertebral del desarrollo de una red de transporte multimodal sostenible y es un estímulo para el desarrollo de toda la red global, es importante garantizar financiación suficiente para la red global que no esté cubierta por la red básica, al objeto de evitar las crecientes disparidades; destaca, a este respecto, que ambos niveles de la RTE-T son cruciales para la conectividad y la integración logística de la Unión;

19.  Considera que los fondos de la Unión, en particular los asignados en el marco del MCE, deben contribuir de manera flexible y eficaz a la realización de proyectos transfronterizos y enlaces pendientes con intención correctora, cuando los desajustes o desequilibrios percibidos entre la carga de los costes que deben financiarse a nivel nacional y los beneficios socioeconómicos esperados a ambos lados de la frontera y desde una perspectiva europea más amplia pongan en peligro los avances hacia la finalización oportuna del proyecto; pide a la Comisión, a este respecto, que adopte un enfoque más específico aplicando porcentajes de cofinanciación más elevados en proyectos con el máximo valor añadido europeo, con el fin de desbloquear y activar la financiación nacional;

20.  Expresa su especial inquietud ante las demoras en la finalización de proyectos, especialmente de proyectos transfronterizos, que dificultan que puedan establecerse puntualmente los corredores de la red básica de la RTE-T sin discontinuidades, con el resultado del incremento de los costes de los proyectos; pide a los Estados miembros que cumplan sus obligaciones por lo que se refiere a sus partes de la red, y que garanticen unos procedimientos administrativos y judiciales eficaces y oportunos, que respeten plenamente la legislación europea y nacional, y los insta a que mejoren la digitalización de los procedimientos administrativos y judiciales; recuerda a los Estados miembros que refuercen la cooperación con las autoridades de otros Estados miembros en los proyectos transfronterizos, por ejemplo mediante el establecimiento de una autoridad conjunta de mutuo acuerdo, en particular con vistas a coordinar calendarios y plazos, e insta a los Estados miembros a que apliquen sin más demora la nueva Directiva sobre la racionalización de la RTE-T; pide a la Comisión que preste ayuda a los Estados miembros que deseen introducir cláusulas sustantivas de exclusión (de conformidad con el Derecho de la Unión) que puedan acelerar significativamente los procedimientos judiciales nacionales;

21.  Hace hincapié en que es crucial que los Estados miembros de la Unión apliquen medidas de racionalización de los procedimientos de concesión de autorizaciones, los procedimientos de contratación transfronteriza y otros procedimientos administrativos para reducir los obstáculos técnicos y la carga administrativa y, con ello, los posibles retrasos y el aumento de los costes de los proyectos de infraestructuras de transporte de la RTE-T; observa que esto reviste una especial importancia a la hora de ofrecer más certidumbre a promotores de proyectos y posibles inversores privados(18); solicita a la Comisión que añada un capítulo sobre la reducción de cargas administrativas injustificadas a los informes de situación de la RTE-T;

22.  Insta a la Comisión a que refuerce su supervisión de la ejecución de la RTE-T haciendo uso de las competencias que ya le confiere el Reglamento, reforzando los instrumentos pertinentes para exigir a los Estados miembros que cumplan sus obligaciones y reforzando el papel de los coordinadores europeos en la gobernanza de los corredores, en particular en lo que se refiere a los enlaces transfronterizos, así como la función de «ventanilla única» de la autoridad designada en el procedimiento de concesión de autorizaciones; pide a la Comisión que, en su revisión de las orientaciones de la RTE-T, refuerce y utilice las disposiciones del artículo 56 del Reglamento (UE) n.º 1315/2013 con el fin de animar a los Estados miembros a acelerar la planificación y finalización de los proyectos; solicita a la Comisión que aclare cómo deben interpretarse las normas y los requisitos a los efectos de la evaluación, la elaboración de informes y las evaluaciones de admisibilidad; pide a la Comisión que promueva el intercambio de mejores prácticas sobre la participación de la sociedad civil y de las partes interesadas y las consultas entre los Estados miembros, y que las promueva a escala europea, nacional, regional y local;

23.  Pide a los Estados miembros que refuercen la coherencia entre los planes nacionales de transporte y las redes de la RTE-T, a fin de garantizar la aplicación adecuada del Reglamento RTE-T;

24.  Considera que debe atribuirse a la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (AFE) un papel más destacado en la implementación de la RTE-T, en particular en lo que se refiere a la interoperabilidad transfronteriza, la mejora de la seguridad, el aumento de la competitividad y el despliegue del ERTMS; pide que se incremente el presupuesto de la AFE para 2021, a fin de dotarla de medios financieros adecuados para el desempeño de sus funciones, en particular teniendo en cuenta que 2021 ha sido proclamado Año Europeo del Ferrocarril;

Modos de transporte

25.  Señala la importancia de mejorar la calidad de la infraestructura viaria en la RTE-T en toda la Unión;

26.  Pide a la Comisión, a este respecto, que adopte nuevas medidas para intensificar el despliegue de combustibles alternativos y la implantación de puntos de recarga eléctrica y estaciones de repostaje de hidrógeno, teniendo en cuenta las posibles soluciones futuras en cuanto a combustibles alternativos y respetando plenamente el principio de neutralidad tecnológica;

27.  Pide que se adopten medidas para seguir reforzando la seguridad vial y mantener y mejorar la seguridad operativa a lo largo de todo el ciclo de vida de las infraestructuras críticas, teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios del transporte no motorizados y con el objetivo de proteger a los usuarios vulnerables de la vía pública; recuerda la importancia de fomentar soluciones innovadoras e inteligentes de seguridad vial para cumplir el objetivo estratégico de la Unión de «visión cero»; destaca la necesidad de cumplir los nuevos requisitos de seguridad de la Directiva (UE) 2019/1936, y señala que, a tal fin, son necesarias nuevas inversiones en la adaptación y el mantenimiento de las infraestructuras y deben garantizarse; destaca que, en el marco de la revisión de las directrices de la RTE-T, no debería procederse a ninguna simplificación de los requisitos reglamentarios de los procedimientos aplicables a los proyectos a expensas de las normas más estrictas en materia de seguridad;

28.  Recuerda a la Comisión y a los Estados miembros la necesidad de suficientes zonas de estacionamiento seguras y protegidas para camiones en toda la RTE-T, a fin de aumentar tanto la seguridad vial como el bienestar de los usuarios de la red, en particular de los trabajadores del sector del transporte;

29.  Insiste en que hay que introducir tramos certificados especiales de la RTE-T y de la red de autopistas y adaptarlos para cumplir las normas mínimas de rendimiento para vehículos automatizados y semiautomatizados y de atender a las exigencias mínimas de prestaciones de las infraestructuras en cuanto a visibilidad, estado de las señales de tráfico, señalización vial y marcas viales;

30.  Destaca el potencial de los modos nuevos y activos de movilidad conectada en el transporte urbano y local tanto de personas como de mercancías; solicita a la Comisión y a los Estados miembros que trabajen en estrecha colaboración con las regiones y las ciudades, en especial en el plano transfronterizo, con vistas a mejorar y completar las infraestructuras de último kilómetro y las conexiones intermodales y transfronterizas en toda la RTE-T, haciendo posible con ello la utilización sin discontinuidades y más eficiente de las infraestructuras y los servicios, lo que a su vez evitará la congestión y reducirá las emisiones;

31.  Reitera la importancia crucial del transporte ferroviario para descarbonizar el sector del transporte y recuerda la importancia de implementar plenamente el cuarto paquete ferroviario a fin de que el ferrocarril desarrolle todo su potencial; pide que el desarrollo de las infraestructuras ferroviarias vaya acompañado de medidas para reducir las cargas administrativas injustificadas; pide a la Comisión que informe anualmente al Parlamento sobre los progresos en este ámbito; considera que el fomento de los cambios modales y de un transporte ferroviario y combinado eficiente, en particular en contextos transfronterizos y donde falten enlaces en tramos de uso intensivo, debe ser prioritario para la RTE-T y debería llevarse a cabo mediante el pleno despliegue del ERTMS, la eliminación de las barreras reglamentarias, operativas y técnicas en la red y la garantía de la igualdad de acceso para los operadores ferroviarios, la aceleración de la electrificación, la garantía de la interconexión y la interoperabilidad, en particular mediante la optimización de la capacidad de la infraestructura y la modernización del material rodante, el apoyo de la investigación y la innovación, incluida la empresa conjunta Shift2Rail, y la optimización de los corredores ferroviarios de mercancías conforme a la demanda, especialmente en centros logísticos como puertos y aeropuertos; insiste, además, en que deben definirse los nodos de tránsito y terminales en el interior de la red, dotando al mismo tiempo a los nodos principales de plataformas de tránsito para facilitar el flujo de pasajeros y mercancías; subraya la importancia de proyectos que mejoren la accesibilidad, especialmente para las personas con discapacidad y las personas de edad avanzada;

32.  Pide a la Comisión que adopte objetivos periódicos vinculantes para el despliegue del ERTMS, con vistas a concluir su introducción en la red básica de la RTE-T, prevista para 2030; considera que la que la AFE debe actuar con eficiencia y eficacia en su calidad de autoridad del sistema y desempeñar sus funciones y responsabilidades reforzadas en relación con el ERTMS en el marco del cuarto paquete ferroviario; reclama una hoja de ruta para la implantación del ERTMS en los corredores de transporte ferroviario de mercancías, que debe financiarse mediante un proyecto de interés común europeo en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia; señala la importancia de la estabilidad reglamentaria en lo que respecta a las especificaciones técnicas de interoperabilidad como medio para desbloquear las inversiones en el ERTMS, y pide a la Comisión que analice cuidadosamente otros cambios al actualizar las especificaciones técnicas de interoperabilidad para 2030 y que garantice la compatibilidad;

33.  Subraya que la infraestructura ferroviaria europea debe garantizar una capacidad suficiente para trenes de mercancías y para los de pasajeros, facilitando un mayor uso de la infraestructura y generando un mayor rendimiento de las inversiones; insta a la Comisión a que conceda prioridad a la conectividad ferroviaria transfronteriza con el fin de reforzar el cambio modal en el transporte internacional de pasajeros; destaca, a este respecto, el potencial de los trenes nocturnos para viajar de manera respetuosa con el clima y competitiva; considera que un tráfico ferroviario transfronterizo sin discontinuidades en la red RTE-T y en todos los corredores ferroviarios europeos de transporte de mercancías requiere la cooperación transfronteriza obligatoria entre administradores de infraestructuras; pide a la Comisión que proponga medidas vinculantes para los administradores de infraestructuras en el marco de la revisión de la RTE-T;

34.  Subraya que el desarrollo de servicios ferroviarios de pasajeros de alta velocidad y alta calidad en toda la red básica de la RTE-T debe ser una de las máximas prioridades a lo largo de los próximos años, con el objetivo de crear una extensa red de conexiones ferroviarias de alta velocidad entre las principales ciudades europeas que actualmente carecen de acceso a tales servicios y de aumentar sustancialmente la competitividad de los modos de transporte terrestre sostenibles;

35.  Destaca la importancia del transporte por vías de navegación interiores como modo de transporte sostenible, y subraya la necesidad de asegurar una infraestructura de alta calidad a prueba de futuro y la fiabilidad, la calidad y la buena navegabilidad de las vías navegables, en particular en el contexto del cambio climático; reconoce el importante papel de los puertos como nodos estratégicos en la red básica y en la red global; pide a la Comisión que garantice conexiones sin discontinuidades entre los puertos interiores y marítimos de la red básica y la red global y las redes ferroviarias y de carreteras, con el fin de facilitar la multimodalidad; insta a que se adopten medidas para garantizar el despliegue transfronterizo armonizado de los (SIF) y para facilitar la adopción de soluciones innovadoras y sostenibles en el sector;

36.  Pide una hoja de ruta para el desarrollo de vías navegables interiores, que debe financiarse mediante un proyecto de interés común europeo en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia;

37.  Insiste en el papel que desempeñan los enlaces marítimos de gran calidad, no solo para el comercio internacional de la Unión, sino también para el comercio en su interior; subraya el importante papel del pilar de las autopistas del mar de la RTE-T y del transporte marítimo de corta distancia como modos de transporte sostenibles en este contexto; considera que el propósito de las autopistas del mar es facilitar los enlaces y los servicios marítimos de corta distancia en función de las necesidades, integrados sin discontinuidades con el transporte terrestre y como complemento de este, a fin de facilitar la cooperación entre los puertos marítimos y de impulsar su conexión con su zona de influencia, y promover el desarrollo y el despliegue de combustibles limpios y alternativos, previa evaluación de impacto, y de soluciones de eficiencia energética para el transporte marítimo; pide, por tanto, a la Comisión que evalúe qué puntos terminales de los corredores de la red básica deben estar disponibles como conexiones marítimas con otros corredores de la red básica y dónde deberán actualizarse los mapas de la RTE-T en consonancia con los resultados de dicha evaluación;

38.  Insiste en el papel fundamental de los puertos marítimos y los puertos interiores como nodos estratégicos de la red de transporte, pues conectan el transporte marítimo de corta distancia y de alta mar con el ferrocarril, las carreteras, las vías navegables interiores y los oleoductos y gasoductos, y están en los cruces de las cadenas logísticas de suministros; subraya la importancia de garantizar la accesibilidad de los puertos de la RTE-T para los buques más grandes mediante medidas de garantía de capacidad; hace hincapié en la dimensión transfronteriza de los puertos marítimos y destaca que los puertos no son solo un componente del transporte marítimo, sino que va en aumento su función de nexo de todos los modos de transporte, además de formar parte de las economías de la energía y de la industria y de la economía azul; toma nota de la importancia y del aumento del desarrollo de la cooperación entre puertos y de la agrupación de actividades en ellos; considera, por tanto, que la RTE-T debe facilitar los proyectos destinados a aumentar las sinergias en los puertos entre las infraestructuras de transporte, energéticas y digitales, y prever acciones para mejorar las conexiones ferroviarias y por carretera con los puertos marítimos y fluviales cuando resulte necesario, con el fin de apoyar la transferencia modal y mejorar la logística sostenible;

39.  Destaca la importancia de las conexiones marítimas de corta distancia para la conectividad regional, en particular para las regiones periféricas y las islas; considera que los requisitos aplicables a las autopistas del mar excluyen las conexiones marítimas nacionales de corta distancia; insta, por tanto, a la Comisión a que simplifique estos requisitos en el Reglamento RTE-T, con el fin de situar los enlaces marítimos en pie de igualdad con los enlaces terrestres, teniendo en cuenta, en particular, los enlaces con los puertos de la red global;

40.  Destaca el potencial existente para reducir de manera significativa las emisiones del sector del transporte marítimo mediante inversiones en infraestructura portuaria que apoyen el uso de combustibles alternativos y la transición a la carga de baterías y el suministro de electricidad mientras los buques están atracados; señala que estas inversiones deben gozar de una prioridad especial como modo de promover el transporte multimodal basado en los puertos; pide a la Comisión que siga desarrollando los instrumentos financieros disponibles para impulsar las inversiones con este fin y que siga apoyando el desarrollo en curso de diferentes tecnologías limpias mediante el fomento de la investigación;

41.  Insta a la Comisión a que reconozca el papel más amplio de los puertos, más allá de su mera función de transporte, en lo que respecta a los esfuerzos de descarbonización, sobre todo en su potencial para contribuir a aprovechar las oportunidades de energía eólica terrestre y marítima;

42.  Subraya que el transporte aéreo y sus infraestructuras, como los aeropuertos, son fundamentales para conectar la Unión con todo el mundo y en el plano interno, en particular sus regiones rurales, poco pobladas, periféricas, insulares y ultraperiféricas, para garantizar la multimodalidad, por ejemplo mediante la interoperabilidad, en particular mediante el transporte ferroviario, y para crear sinergias entre las correspondientes agencias de la Unión; considera que la RTE-T es una herramienta importante para acelerar la adopción de combustibles alternativos en el sector, así como de sus infraestructuras de recarga y repostaje, proporcionando la capacidad necesaria en los aeropuertos de la red básica y la red global; considera que seguir desarrollando la iniciativa Cielo Único Europeo II + es urgente y de importancia fundamental para lograr una conectividad más eficiente y sostenible de las infraestructuras; recuerda que la crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto el valor del transporte aéreo para la economía y para la conectividad de bienes y pasajeros y, por tanto, la necesidad de garantizar su resiliencia frente a nuevos riesgos y crisis;

43.  Considera que deben promoverse las sinergias y complementariedades de las RTE-T y RTE-E, garantizando plenamente las oportunidades de financiación existentes y futuras y los niveles de financiación para el desarrollo de la RTE-T; destaca, a este respecto, que los gasoductos y oleoductos no solo se consideran un elemento de la infraestructura energética, sino también un elemento facilitador de la transición hacia un transporte más sostenible; reconoce el papel de los gasoductos como conexión entre agrupaciones industriales y centros de transporte y como medio de transporte de mercancías, y subraya su importancia para la aplicación de determinadas tecnologías de descarbonización;

44.  Destaca la necesidad de que todos los Estados miembros cuenten con una red RTE-T bien desarrollada, inteligente, segura y sostenible que facilite la movilidad, la conectividad y la accesibilidad territorial en toda la Unión, en especial en las regiones periféricas, insulares y ultraperiféricas, a fin de promover e impulsar el turismo europeo e internacional; Pide a la Comisión que estudie posibles sinergias con EuroVelo y con sus dieciséis corredores, en particular, aumentando el apoyo económico, al objeto de promover el cicloturismo local y ecológico Europa;

Orientación estratégica

45.  Destaca el valor estratégico que tiene para la Unión mantener en las redes transeuropeas de transporte buenas conexiones de transporte con terceros países y profundizar en la integración de los países socios de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), los Balcanes Occidentales y la Comunidad del Transporte de Europa Sudoriental y los países de la Asociación Oriental, y promover una mejor conectividad con las zonas periféricas de la Unión; considera conveniente, en vista de las inversiones estratégicas y del aumento de la influencia de terceros países en esta región, ampliar sus conexiones de transporte de la RTE-T a los países candidatos, los países del Mediterráneo meridional y la Asociación Oriental, así como a Asia, conforme a las normas de la Unión y con garantías de reciprocidad; destaca, además, la importancia estratégica del mar Mediterráneo para la Unión y la necesidad de reforzar las infraestructuras de los países del Mediterráneo meridional y de las regiones insulares de la Unión;

46.  Señala la importancia de mantener las conexiones RTE-T con el Reino Unido, empezando por su reconocimiento como «país vecino» conforme a la definición del artículo 3, letra b), del Reglamento RTE-T, manteniendo la ejecución y finalización de los proyectos de infraestructura de la RTE-T acordados conjuntamente y garantizando que el Reino Unido participe en la financiación de esta conexión; solicita a la Comisión que preste especial atención a las fronteras de Europa y dé seguimiento al efecto de la salida del Reino Unido de la Unión para las regiones fronterizas; recuerda el importante papel del Reino Unido y del denominado puente terrestre como parte de la red RTE-T y reconoce el impacto negativo del Brexit en la conectividad, la accesibilidad y la cohesión económica entre Irlanda y Europa continental, así como en toda la isla de Irlanda; pide a la Comisión que mantenga la conexión efectiva de Irlanda con la Europa continental, con una atención especial a las rutas marítimas, a través de la red básica y de la red global, sea cual sea la configuración de las relaciones futuras entre la Unión y el Reino Unido;

47.  Subraya que la RTE-T, con sus principales centros de operaciones, tiene una función estratégica para la Unión; insta a la Comisión Europea a que elabore planes para proteger la infraestructura estratégica y la RTE-T en su conjunto; pide a la Comisión que garantice que, en los procedimientos de licitación para proyectos de la RTE-T, se tomen mejor en consideración los intereses estratégicos de la Unión, la prohibición de los precios de dumping, el pleno respeto de las estrictas normas laborales europeas y el principio de reciprocidad en el acceso a la contratación pública;

48.  Subraya la importancia de aumentar las sinergias entre las redes transeuropeas en el ámbito del transporte, la energía y las telecomunicaciones, así como entre sus corredores respectivos, a fin de garantizar un acceso fluido al mercado y la distribución de combustibles alternativos para el transporte y de tener en cuenta la evolución de las necesidades digitales del sector del transporte y de sus usuarios;

49.  Hace hincapié en que la política de infraestructuras de transporte ofrece una clara oportunidad para aumentar las sinergias entre las necesidades de defensa y la RTE-T, con el objetivo general de mejorar la movilidad militar en toda la Unión, teniendo en cuenta el equilibrio geográfico y tomando en consideración las ventajas potenciales para la protección civil; insiste en que las secciones de la red transeuropea identificadas como adecuadas para un uso dual de la infraestructura de transporte deben adaptarse de manera estrictamente conforme al principio de doble uso, a fin de abordar necesidades tanto civiles como de defensa; pide a la Comisión que mantenga su propuesta original para la financiación de la movilidad militar en el marco del MFP 2021-2027;

o
o   o

50.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO L 348 de 20.12.2013, p. 1.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2019)0420.
(3) DO L 325 de 16.12.2019, p. 1.
(4) DO L 305 de 26.11.2019, p. 1.
(5) Textos Aprobados, P9_TA(2020)0169.
(6) DO C 215 de 19.6.2018, p. 152.
(7) DO C 388 de 13.11.2020, p. 22.
(8) Textos Aprobados, P9_TA(2020)0005.
(9) https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_10/SR_Transport_Flagship_Infrastructures_ES.pdf
(10) https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/LR_TRANSPORT/LR_TRANSPORT_ES.pdf
(11) https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_13/SR_ERTMS_RAIL_ES.pdf
(12) En concreto, los ajustes que se recogen en la parte III del anexo (de la Resolución legislativa sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el mecanismo «Conectar Europa» (MCE)).
(13) Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, relativa a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos (DO L 307 de 28.10.2014, p. 1).
(14) Reglamento (UE) n.º 347/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, relativo a las orientaciones sobre las infraestructuras energéticas transeuropeas y por el que se deroga la Decisión n.º 1364/2006/CE y se modifican los Reglamentos (CE) n.º 713/2009, (CE) n.º 714/2009 y (CE) n.º 715/2009 (DO L 115 de 25.4.2013, p. 39).
(15) Reglamento (UE) n.º 913/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2010, sobre una red ferroviaria europea para un transporte de mercancías competitivo (DO L 276 de 20.10.2010, p. 22).
(16) Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la racionalización de las medidas para promover la finalización de la red transeuropea de transporte (COM(2018)0277), transformada en propuesta de Directiva con arreglo a la nota 8726/20 del Consejo, de 12 de junio de 2020 (2018/0138(COD)).
(17) Reglamento (UE) n.º 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se crea el mecanismo «Conectar Europa», por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 913/2010 y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 680/2007 y (CE) n.º 67/2010 (DO L 348 de 20.12.2013, p. 129).
(18) Tal y como se recoge en el acuerdo provisional de 17 de junio de 2020 resultante de las negociaciones interinstitucionales sobre el Reglamento sobre la racionalización de las medidas para promover la finalización de la red transeuropea de transporte.


Control de la aplicación del Derecho de la Unión Europea - 2017, 2018 y 2019
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Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de enero de 2021, sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión Europea 2017, 2018 y 2019 (2019/2132(INI))
P9_TA(2021)0011A9-0270/2020

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Tratado de la Unión Europea (TUE) y, en particular, sus artículos 2 y 3,

–  Vistos los Informes anuales de la Comisión sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión Europea para los años 2017, 2018 y 2019 (COM(2018)0540, COM(2019)0319 y COM(2020)0350),

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, titulada «Refuerzo del Estado de Derecho en la Unión – Propuesta de actuación» (COM(2019)0343),

–  Vista su Resolución, de 14 de junio de 2018, sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión en 2016(1),

–  Vista su Resolución, de 9 de junio de 2016, para una administración de la Unión Europea abierta, eficiente e independiente(2),

–  Vista su Resolución, de 15 de enero de 2013, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre una Ley de Procedimiento Administrativo de la Unión Europea(3),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 21 de diciembre de 2016, titulada «Derecho de la UE: mejores resultados gracias a una mejor aplicación»(4) (C(2016)8600),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 2 de abril de 2012, sobre la actualización de la gestión de las relaciones con el denunciante en relación con la aplicación del Derecho de la Unión (COM(2012)0154),

–  Visto el Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea, de 13 de abril de 2016, sobre la mejora de la legislación(5),

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Informe sobre el Estado de Derecho en 2020 – Situación del Estado de Derecho en la Unión Europea» (COM(2020)0580),

–  Visto el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo basado en el artículo 10 de la Decisión Marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de octubre de 2008, relativa a la lucha contra la delincuencia organizada (COM(2016)0448),

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y al Consejo, titulada «Noveno informe de situación relativo a una Unión de la Seguridad genuina y efectiva» (COM(2017)0407),

–  Vista la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.° 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión(6) (cuarta Directiva antiblanqueo), y modificada por la Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifican las Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE(7) (quinta Directiva antiblanqueo),

–  Visto el análisis n.º 07/2018 del Tribunal de Cuentas Europeo titulado «Aplicación del Derecho de la UE: responsabilidades de supervisión de la Comisión Europea con arreglo al artículo 17, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea (Análisis panorámico)»,

–  Visto el análisis n.º 02/2020 del Tribunal de Cuentas Europeo titulado «El proceso legislativo en la Unión Europea tras casi 20 años de mejora de la legislación»,

–  Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

–  Vistas las opiniones de la Comisión de Asuntos Constitucionales y de la Comisión de Peticiones,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A9-0270/2020),

A.  Considerando que, de conformidad con el artículo 4, apartado 3, del TUE, y los artículos 288, párrafo tercero, y 291, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), los Estados miembros tienen la responsabilidad primordial de transponer, aplicar y ejecutar el Derecho de la Unión correctamente y en los plazos previstos, así como de ofrecer suficientes recursos para garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos que entran dentro de las competencias de la Unión; considerando que la legislación europea solo es eficaz si, por una parte, se transpone a tiempo, de forma exhaustiva y exacta y, por otra, si se aplica adecuadamente en los ordenamientos nacionales por parte de los Estados miembros, lo que es necesario para garantizar los beneficios de las políticas de la Unión para todos los ciudadanos europeos y la igualdad de condiciones para las empresas en todo el mercado interior; considerando que la legislación de la Unión debe respetar los principios de cooperación leal, atribución, subsidiariedad y proporcionalidad;

B.  Considerando que es necesario reconocer la importancia de la contribución activa de los Parlamentos nacionales para el correcto funcionamiento de la Unión y para garantizar el respeto del principio de subsidiariedad de conformidad con el procedimiento consagrado en el protocolo n.º 2 del TFUE sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad; considerando que debemos seguir fomentando una cooperación más estrecha con los Parlamentos nacionales en el proceso legislativo; recordando que en 2019 se presentaron 159 informes y ningún dictamen motivado, de un total de 4 918 informes y 439 dictámenes motivados en los últimos nueve años; considerando que, hasta la fecha, el procedimiento de «tarjeta amarilla» solo se ha activado en tres ocasiones y el de «tarjeta naranja» nunca se ha utilizado;

C.  Considerando que el diálogo entre las instituciones de la Unión y las autoridades nacionales ha sido decisivo para resolver el 90 % de los procedimientos de infracción desde 2014 sin la participación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE); considerando que los procedimientos de infracción deben utilizarse como medida de último recurso; considerando que las normas europeas deben formularse de tal modo que se facilite su transposición al Derecho nacional;

D.  Considerando que se han introducido procedimientos «EU Pilot» con el fin de resolver rápidamente posibles infracciones del Derecho de la Unión en una fase temprana, en los casos apropiados, a través de un diálogo estructurado de resolución de problemas entre la Comisión y los Estados miembros; considerando que su utilización ha disminuido desde 2017, ya que se ha reconocido que añade una capa burocrática más al procedimiento sin añadir un valor real; considerando que la Comisión aún no ha respondido a los reiterados llamamientos del Parlamento para que se le mantenga informado sobre el procedimiento «EU Pilot» y los procedimientos de infracción iniciados, especialmente cuando se derivan de peticiones;

E.  Considerando que, en 2016, la Comisión definió las prioridades de su trabajo en relación con los casos de infracción y las denuncias para concentrarse en las infracciones más graves del Derecho de la Unión que afecten de manera significativa a los intereses de los ciudadanos y las empresas, y que 2017 fue el primer año en que aplicó este nuevo enfoque más específico;

F.  Considerando que los procedimientos de infracción, junto con otros mecanismos de aplicación y de promoción del cumplimiento, garantizan que los ciudadanos y las empresas de la Unión no se vean negativamente afectados por una transposición incompleta o tardía o una aplicación incorrecta del Derecho de la Unión por parte de los Estados miembros; considerando que los procedimientos de infracción presentan el efecto perverso de hacer que los ciudadanos paguen el coste de una transposición incompleta o una aplicación incorrecta del Derecho europeo por parte de los Estados miembros; considerando que es deseable una cooperación interinstitucional más eficaz, tanto a escala nacional como de la Unión, y que se introduzcan nuevos mecanismos o se revisen los mecanismos existentes para garantizar la correcta aplicación del Derecho de la Unión;

G.  Considerando que el respeto del Estado de Derecho representa una condición previa para garantizar la democracia y los derechos fundamentales; considerando que la defensa del Estado de Derecho es un requisito previo para defender todos los derechos y obligaciones consagrados en los Tratados y el Derecho derivado; considerando que la Unión tiene un papel que desempeñar en la resolución de cuestiones relativas al Estado de Derecho dondequiera que se planteen; considerando que los órganos jurisdiccionales nacionales de los Estados miembros garantizan la ejecución efectiva de los derechos y las obligaciones previstos en el Derecho de la Unión; considerando que unos sistemas judiciales independientes y eficaces en los Estados miembros constituyen la base de la confianza mutua, que es el cimiento sobre el que se asientan el espacio común de libertad, seguridad y justicia, un entorno favorable a la inversión, la sostenibilidad del crecimiento a largo plazo y la protección de los intereses financieros de la Unión;

H.  Considerando que la protección de los derechos fundamentales y las libertades civiles, unos tribunales imparciales e independientes, la libertad de expresión, el pluralismo y la independencia de los medios de comunicación frente a presiones políticas y económicas, el respeto de la legalidad por parte de las entidades subnacionales y la lucha contra la corrupción y la infiltración de la delincuencia organizada en la economía legal son condiciones fundamentales para garantizar un trato justo ante la ley, defender los derechos de los ciudadanos, prevenir los abusos y garantizar la responsabilidad de quienes administran los asuntos públicos; considerando que la libertad, el pluralismo y la independencia de los medios de comunicación son componentes esenciales del derecho a la libertad de expresión; que los medios de comunicación independientes y libres desempeñan un papel crucial en una sociedad democrática, tal como disponen la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») y el TUE; considerando que las campañas de desinformación encaminadas a engañar al público acerca de las actividades de la Unión también se dirigen contra las medidas adoptadas a fin de garantizar la aplicación correcta del Derecho de la Unión en los Estados miembros;

I.  Considerando que el artículo 21 de la Carta prohíbe toda forma de discriminación, también por motivos de discapacidad; considerando que numerosos actos legislativos destinados a aplicar concretamente este principio fundamental todavía no se están aplicando correctamente en varios Estados miembros;

J.  Considerando que Europol ha señalado que un porcentaje comprendido entre el 0,7 % y el 1,28 % del producto interior bruto anual de la Unión se utiliza en actividades financieras sospechosas, como el blanqueo de capitales de procedencia ilícita; considerando que la Comisión ha puesto en marcha procedimientos de infracción contra la mayoría de Estados miembros por no haber transpuesto correctamente las Directivas sobre el blanqueo de capitales, en particular la 4DCBC y la 5DCBC;

K.  Considerando que algunos Estados miembros han introducido programas que incluyen de forma directa o indirecta la venta de la ciudadanía de la Unión; que el uso ilícito de esos programas ha suscitado graves preocupaciones debido a problemas de seguridad y falta de transparencia, que socavan la confianza de los ciudadanos en los valores y los principios de la Unión y facilitan el terrorismo, la delincuencia organizada y el blanqueo de capitales;

L.  Considerando que, según el Informe de la Comisión, la Decisión Marco 2008/841/JAI del Consejo relativa a la lucha contra la delincuencia organizada(8) no garantiza el grado mínimo necesario de armonización por lo que respecta a la dirección de una organización delictiva o la participación en ella sobre la base de una definición única de organización delictiva; considerando que la Decisión Marco permite a los Estados miembros no introducir el concepto de organización delictiva en su Derecho nacional y seguir aplicando el Derecho penal nacional actualmente en vigor recurriendo a normas generales sobre la participación en delitos concretos y la preparación de los mismos; y que, por consiguiente, podrían surgir nuevas divergencias en la aplicación práctica de la Decisión Marco;

M.  Considerando que la denominada crisis de los refugiados ha puesto de manifiesto la necesidad de una reforma urgente del Sistema Europeo Común de Asilo y de un mejor reparto de las responsabilidades entre los Estados miembros; considerando que los mecanismos obligatorios de reubicación de emergencia de los solicitantes de asilo de Italia y Grecia han resultado ineficaces y han acarreado, en particular, graves consecuencias físicas y psicológicas para los menores, en especial para los menores no acompañados; considerando que la Comisión ha incoado procedimientos de infracción contra la República Checa, Polonia y Hungría por haberse negado a acatar las decisiones de reubicación;

N.  Considerando que, según el Código de Fronteras Schengen, el restablecimiento temporal de los controles en las fronteras interiores solo se autoriza en circunstancias excepcionales y como solución de último recurso; considerando que muchos Estados miembros han infringido las normas al prolongar los controles en las fronteras sin la debida justificación; considerando que la Comisión no ha considerado oportuno abrir procedimientos de infracción contra esos Estados;

O.  Considerando que la libertad, el pluralismo y la independencia de los medios de comunicación son componentes esenciales del derecho a la libertad de expresión; y que los medios de comunicación desempeñan un papel crucial en una sociedad democrática, tal como disponen la Carta y el TUE;

P.  Considerando que la Directiva 2014/59/UE por la que se establece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión tiene por objetivo limitar los perjuicios causados por las crisis económicas en los presupuestos públicos, circunscribiendo con la recapitalización interna los efectos de los incumplimientos bancarios a los accionistas, los obligacionistas y los titulares de cuentas corrientes superiores a 100 000 EUR; considerando que los titulares de cuentas, y por tanto los ahorradores, pueden acabar pagando la mala gestión conducente al incumplimiento de un banco, con arreglo las disposiciones de la Directiva sobre reestructuración y resolución bancarias (DRRB) y, en particular, las recapitalizaciones previstas en ella;

Q.  Considerando que, en 2019, la Comisión siguió supervisando la aplicación por parte de los Estados miembros de la cuarta Directiva sobre los requisitos de capital, la Directiva relativa a los sistemas de garantía de depósitos, la DRRB y la Directiva sobre el orden de prioridad de los instrumentos de deuda; considerando que, en 2019, incoó procedimientos de infracción contra doce Estados miembros por no adoptar las medidas necesarias para la plena transposición de la Directiva sobre el orden de prioridad de los instrumentos de deuda;

1.  Acoge favorablemente los informes anuales de la Comisión sobre la aplicación del Derecho de la Unión para los años 2017, 2018 y 2019, incluidos los informes país por país; reconoce que estos informes anuales, el derecho de petición y la Iniciativa Ciudadana Europea constituyen herramientas valiosas que permiten a los legisladores de la Unión identificar posibles problemas; acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de conceder gran importancia a la contribución de los ciudadanos, las empresas y otras partes interesadas en la detección de infracciones del Derecho de la Unión; insta a la Comisión a que refuerce el debate público sobre sus informes anuales;

2.  Toma nota del elevado número de peticiones que expresan la inquietud de los ciudadanos ante presuntas violaciones del Estado de Derecho en los Estados miembros y se congratula de la participación de los ciudadanos a la hora de ejercer sus derechos; considera que este seguimiento es fundamental a la hora de identificar y evitar los riesgos para el Estado de Derecho y para los derechos y las libertades de los ciudadanos de la Unión antes de que se requiera una respuesta formal; acoge favorablemente, a este respecto, el primer informe anual sobre el Estado de Derecho de la Comisión como nueva herramienta preventiva y como parte del nuevo mecanismo europeo sobre el Estado de Derecho anual; reitera su apoyo al establecimiento de un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, que se regirá por un acuerdo interinstitucional;

3.  Recuerda que cada año el Parlamento recibe un número significativo de peticiones de ciudadanos afectados que expresan su insatisfacción con el estado de aplicación del Derecho de la Unión en los Estados miembros; expresa su particular preocupación acerca de la práctica de remitir un número significativo de peticionarios a otros órganos; reitera su preocupación de que este enfoque podría inducir a los ciudadanos a pensar que su voz no es escuchada por las instituciones de la Unión; hace hincapié en el importante papel que desempeñan la sociedad civil y otras partes interesadas, en particular los denunciantes, en el seguimiento y la notificación de la aplicación del Derecho de la Unión;

4.  Manifiesta su preocupación por el hecho de que, en 2019, la Comisión incoase 797 nuevos procedimientos de infracción, más que en 2018 (644) y 2017 (716); se muestra preocupado asimismo por que, en 2019, la Comisión enviase 316 dictámenes motivados, frente a 157 en 2018 y 275 en 2017; observa, no obstante, que en 2019 seguían abiertos 1 564 procedimientos de incumplimiento, lo que supone un ligero descenso en comparación con los 1 571 procedimientos aún abiertos a finales de 2018 y un ligero aumento en comparación con los procedimientos aún abiertos en 2017 (1 559); acoge con satisfacción el hecho de que el número de procedimientos por incumplimiento de las obligaciones de transposición pendientes en 2019 se haya reducido a 599, un 21 % menos que el número de procedimientos aún abiertos a finales de 2018 (758);

5.  Subraya el papel fundamental que desempeña el TJUE como única institución a cargo de dictaminar la validez del Derecho de la Unión, garantizando así su interpretación y aplicación correctas por parte de las instituciones de la Unión y los Estados miembros; recuerda que el procedimiento prejudicial es un mecanismo fundamental del Derecho de la Unión que contribuye a aclarar cómo debe interpretarse y aplicarse el Derecho de la Unión; anima a las jurisdicciones nacionales a acudir al TJUE en caso de duda, para prevenir de este modo los procedimientos de infracción;

6.  Señala que, en 2019, se incoaron procedimientos de infracción en los principales ámbitos políticos siguientes, clasificados por orden descendente (de mayor a menor número de asuntos): medio ambiente, mercado interior, industria, empresas y pymes, movilidad y transportes; observa con pesar que la legislación medioambiental generó el mayor número de problemas de transposición y aplicación en 2019, mientras que, en 2018, el medio ambiente ocupó el tercer lugar en cuanto al número de nuevos procedimientos de infracción;

7.  Observa que, según estos informes, los ámbitos en que se incoó el mayor número de procedimientos de infracción en materia de transposición contra Estados miembros durante dichos años fueron el medio ambiente, la movilidad, el transporte y el mercado interior;

8.  Hace hincapié en que su incumplimiento no solo socava la eficiencia del mercado interior, sino que tiene repercusiones directas sobre los derechos individuales, y, por ende, afecta a la credibilidad y la imagen de la Unión; considera que el elevado número de procedimientos de infracción demuestra que garantizar la aplicación oportuna, correcta y eficaz del Derecho de la Unión en los Estados miembros sigue siendo un reto importante y una prioridad; pide a la Comisión que facilite más información sobre los criterios utilizados en el marco del nuevo enfoque metodológico aplicado desde 2017, con objeto de determinar las denuncias y los casos de infracción más graves del Derecho de la Unión; lamenta que el número creciente de procedimientos haya dado lugar a que el tiempo medio dedicado a investigar posibles infracciones del Derecho de la Unión haya aumentado continuamente desde 2017; pide a la Comisión que reduzca el plazo medio de tramitación de denuncias y procedimientos de infracción; pide a la Comisión que reduzca drásticamente, cuando proceda, el tiempo necesario para llevar a los Estados miembros ante el TJUE en virtud de los artículos 258 y 260 del TFUE;

9.  Observa con preocupación que el plazo medio de transposición en la Unión ha aumentado, y que, en 2019, la transposición de las directivas a la legislación nacional llevó tres meses más que en 2018; pide que los procedimientos legislativos se planifiquen adecuadamente para disponer de tiempo suficiente para la transposición; subraya que el Derecho de la Unión Europea debe formularse de manera clara y comprensible, respetando los principios de claridad jurídica, transparencia y seguridad jurídica; pide que se realicen las debidas evaluaciones de impacto ex ante y ex post del Derecho de la Unión; recuerda que la legislación que da lugar a los procedimientos de infracción más graves procede de directivas; recuerda que los reglamentos son aplicables directa y obligatoriamente en todos los Estados miembros; pide, por tanto, a la Comisión que, en la medida de lo posible, recurra a reglamentos cuando prevea propuestas legislativas;

10.  Subraya la función de control del Parlamento Europeo cuando atrae la atención de la Comisión sobre las deficiencias en la aplicación del Derecho de la Unión en los Estados miembros a través de las peticiones y las preguntas; anima a la Comisión a que siga reforzando su supervisión de la manera en que se aplica el Derecho de la Unión en los Estados miembros, de conformidad con el análisis panorámico del Tribunal de Cuentas Europeo; subraya que un diálogo estrecho y estructurado entre la Comisión y los Estados miembros en una fase temprana es esencial para la aplicación eficaz y correcta del Derecho de la Unión, y también para abordar los problemas relacionados con la sobrerregulación durante la transposición y aplicación del Derecho de la Unión; recuerda la necesidad de crear una base de datos y un sitio web comunes para todas las partes del procedimiento legislativo con el fin de aumentar la transparencia en los debates legislativos; pide a la Comisión que promueva el cumplimiento de forma más coherente en los distintos ámbitos políticos y que, cuando sea posible y apropiado, mejore los instrumentos preventivos, como, por ejemplo, la preparación de planes de aplicación, hojas de ruta, documentos explicativos, sitios web específicos y el intercambio de buenas prácticas destinadas a ayudar a los Estados miembros a detectar los problemas de transposición, abordarlos en una fase temprana de los procedimientos de infracción y ayudarles a encontrar soluciones conjuntas y, de este modo, mejorar la eficacia de la legislación de la Unión;

11.  Reconoce la labor llevada a cabo por la Comisión y su respeto del principio de subsidiariedad; destaca la función esencial de los Parlamentos nacionales y, en su caso, de los parlamentos regionales, en el control prelegislativo de los proyectos legislativos de la Unión; señala que cabría mejorar las actuales modalidades de cooperación con los Parlamentos nacionales; lamenta la estructura actual del procedimiento para el mecanismo de control de la subsidiariedad, que obliga a las comisiones de la Unión Europea en los Parlamentos nacionales a dedicar un tiempo excesivo a las evaluaciones técnicas y jurídicas, sin dejar de respetar unos plazos breves; sugiere una revisión de estos mecanismos para hacerlos más funcionales y eficaces, y para permitir el desarrollo de un enfoque más político del control de la subsidiariedad en toda la Unión; sugiere una mayor participación del Comité Europeo de las Regiones, que representa a las autoridades locales y regionales, en el control de la subsidiariedad;

12.  Expresa su profunda preocupación por el hecho de que un gran número de Estados miembros no haya aplicado las Directivas sobre el blanqueo de capitales (4DCBC y 5DCBC); insta a los Estados miembros a que transpongan de forma urgente y adecuada estas directivas; celebra asimismo la adopción por parte de la Comisión de la Comunicación titulada «Hacia una mejor aplicación del marco de la UE para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo», que, junto con una serie de informes, puede ofrecer apoyo a las autoridades europeas y nacionales a la hora de hacer frente de manera más eficaz al problema del blanqueo de capitales, incluido el riesgo de la financiación del terrorismo;

13.  Manifiesta su preocupación por las repercusiones de algunos programas de inversión y ciudadanía recientemente adoptados por algunos Estados miembros de la Unión; pide a la Comisión que introduzca una legislación que ponga fin a tales prácticas;

14.  Deplora la falta de homogeneidad y la inadecuación de la normativa europea para combatir las actividades de la delincuencia organizada transfronteriza, entre ellas el narcotráfico o el tráfico de seres humanos; pide a la Comisión que siga efectuando el seguimiento de la correcta transposición de la Decisión Marco relativa a la lucha contra la delincuencia organizada y haga uso de las facultades que le confieren los Tratados para hacer respetar la normativa; pide a la Comisión que presente una propuesta legislativa de Directiva basada en el artículo 83, apartado 1, del TFUE para revisar la Decisión marco 2008/841/JAI del Consejo relativa a la lucha contra la delincuencia organizada, que contenga una adecuación de la tipificación de los delitos a fin de considerar de forma específica el carácter transfronterizo de las organizaciones delictivas, tal como han señalado las Agencias europeas competentes, en particular Europol y Eurojust, en reiteradas ocasiones, incluidas unas sanciones más elevadas y añadiendo el delito de asociación delictiva, que en el modelo mafioso se caracteriza por tácticas de intimidación, la relación asociativa con la intención deliberada de llevar a cabo actividades delictivas, y la capacidad de condicionar a las instituciones públicas; considera que, en este contexto, sería deseable también una normativa europea general relativa a la protección de las personas que deciden colaborar con la justicia;

15.  Resalta la importancia de una normativa que permita a las autoridades con funciones coercitivas combatir eficazmente los patrimonios obtenidos de forma ilícita evitando que los delincuentes puedan beneficiarse de los productos de sus delitos reintroduciéndolos en la economía legal o utilizándolos para financiar otras actividades delictivas; observa que la legislación europea al respecto presenta lagunas, a pesar de la próxima entrada en vigor del Reglamento (UE) 2018/1805; acoge favorablemente, por lo tanto, el compromiso de la Comisión de revisar toda la normativa de referencia en materia de embargo y decomiso de bienes instrumentales y productos del delito en la Unión y de estudiar la posible necesidad de normas comunes adicionales, prestando especial atención a los aspectos del embargo y el decomiso de bienes procedentes del delito incluso sin condena firme, y a la gestión de dichos bienes;

16.  Acoge con satisfacción los esfuerzos de la Comisión por seguir supervisando la plena transposición de las directivas sobre derechos procesales en el espacio europeo de libertad, seguridad y justicia; subraya, no obstante, su preocupación por las persistentes dificultades a las que se enfrenta la transposición de la Directiva 2012/29/UE por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos(9); subraya su preocupación en relación con los procedimientos de infracción incoados contra varios Estados miembros por no transponer la Directiva (UE) 2016/800 relativa a las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales(10);

17.  Destaca la necesidad de mejorar la legislación de la Unión en materia de fiscalidad para lograr unos sistemas fiscales más transparentes, responsables y eficaces, así como para limitar la competencia desleal entre los Estados miembros y la proliferación de los denominados paraísos fiscales; considera que una tributación justa y una lucha decidida contra el fraude fiscal, la evasión fiscal y la planificación fiscal agresiva y el blanqueo de capitales deben desempeñar un papel fundamental en la política de la Unión; pide a la Comisión y a los Estados miembros que elaboren un sistema fiscal competitivo, justo y sólido adecuado para la era digital y los nuevos modelos empresariales;

18.  Lamenta que la Comisión no haya decidido incoar procedimientos de infracción contra los Estados miembros que han infringido las normas de Schengen;

19.  Lamenta la falta de respeto por los Estados miembros de sus compromisos en materia de solidaridad y reparto de las responsabilidades para la reubicación de los solicitantes de asilo;

20.  Insta a los Estados miembros a que transpongan la legislación europea de lucha contra los delitos graves y el terrorismo; señala, en especial, la inadecuación de la transposición en varios Estados miembros detectada por la Comisión en relación con la Directiva (UE) 2017/541 relativa a la lucha contra el terrorismo(11); observa que la mayoría de los Estados miembros contra los que la Comisión incoó procedimientos de infracción en 2019 por no transponer la Directiva (UE) 2016/681 relativa a la utilización de datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR)(12) han notificado entretanto a la Comisión la adopción de las medidas necesarias para transponer con éxito este acto;

21.  Pide a las instituciones de la Unión que garanticen la plena aplicación de la Carta en todas sus decisiones, acciones y políticas, como medio de defensa integral del pluralismo, la independencia de los medios de comunicación y la libertad de los medios de comunicación; manifiesta su preocupación por la situación de los medios de comunicación en la Unión; deplora todas las prácticas dirigidas a intimidar o amenazar a periodistas; reitera, a este respecto, su petición a la Comisión para que presente una propuesta exhaustiva de un acto legislativo destinado a establecer normas mínimas contra las prácticas de demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP) en toda la Unión; considera oportuna una intervención de la Comisión que prevea medidas disuasorias a fin de evitar los abusos del instrumento jurídico para intimidar o perjudicar a periodistas;

22.  Condena el número cada vez mayor de campañas de desinformación encaminadas a engañar al público acerca de las actividades de la Unión, que también se dirigen contra las medidas adoptadas para garantizar la aplicación correcta del Derecho de la Unión en los Estados miembros; pide a la Comisión que contrarreste este fenómeno, dado que busca socavar los procesos democráticos y la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas de la Unión; pide a la Comisión que aplique un conjunto de medidas claro, exhaustivo y amplio para hacer frente a la difusión y el impacto de la desinformación en línea en Europa y para garantizar la protección de los valores y de los sistemas democráticos europeos;

23.  Manifiesta su preocupación por las graves carencias encontradas en la aplicación del Derecho de la Unión en materia de energía y de medio ambiente, en particular en lo que atañe a la gestión y la eliminación de los residuos, la eficiencia energética, la pérdida de biodiversidad, la explotación de los recursos naturales y de las zonas protegidas, el tratamiento insuficiente de las aguas residuales urbanas y la contaminación del aire, que también tienen graves repercusiones para la salud humana; observa con preocupación que hay 19 procedimientos de infracción en curso por transposición incorrecta de las disposiciones de la Directiva sobre responsabilidad medioambiental, que es esencial para garantizar la correcta aplicación del principio de que quien contamina paga y la responsabilidad por daños medioambientales en general;

24.  Señala, en particular, que la mayoría de los Estados miembros ha infringido de forma persistente y sistemática las normas europeas sobre valores límite para los contaminantes atmosféricos; hace hincapié en que el deterioro de los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad son problemas importantes en toda la Unión; pide a la Comisión que proponga una nueva ley de restauración de los ecosistemas que se base en las obligaciones ya existentes en la Directiva sobre hábitats y en otros actos legislativos de la Unión y que vaya más allá de ellas; pide a la Comisión acciones legales para garantizar firmemente una transposición rápida, completa y correcta de todas las Directivas de la Unión en materia de medio ambiente en todos los Estados miembros, teniendo en cuenta las prioridades establecidas en su Comunicación titulada «Derecho de la UE: mejores resultados gracias a una mejor aplicación»;

25.  Subraya que la ausencia de un conjunto coherente y exhaustivo de normas codificadas de buena administración aplicables en toda la Unión hace difícil para los ciudadanos y las empresas comprender fácil y plenamente sus derechos en virtud del Derecho de la Unión; hace hincapié, por tanto, en que la codificación de las normas de buena administración en forma de reglamento en el que se detallen los distintos aspectos de los procedimientos administrativos —incluidos las notificaciones, los plazos obligatorios, el derecho a ser oído y el derecho de toda persona a acceder al expediente que le afecte— daría lugar al refuerzo los derechos de los ciudadanos y la transparencia; cree que dicho reglamento aumentaría la eficacia, la eficiencia y la capacidad de las administraciones y los servicios públicos y respondería, en este sentido, a las necesidades de inversión y de reforma en toda la Unión;

26.  Reitera su llamamiento en favor de la adopción de un reglamento sobre una administración de la Unión abierta, eficiente e independiente, de conformidad con el artículo 298 del TFUE, y señala que la Comisión no ha presentado una propuesta a raíz de esta solicitud; pide una vez más a la Comisión, por lo tanto, que presente una propuesta legislativa sobre una ley de procedimiento administrativo de la Unión, teniendo en cuenta los pasos dados por el Parlamento hasta la fecha en este ámbito;

27.  Toma nota de que se acusa una falta particular de transposición, aplicación y supervisión de la legislación de la Unión relativa al espacio de libertad, seguridad y justicia, a pesar de la insistencia de la Comisión y del Consejo en la gran urgencia de estas propuestas durante el proceso legislativo; pide a la Comisión y a las autoridades nacionales que supervisen e impongan de forma proactiva y exhaustiva la aplicación del Derecho de la Unión en este ámbito;

28.  Reconoce que, para garantizar la correcta aplicación del Derecho de la Unión y el correcto funcionamiento del mercado interior, los ciudadanos y emprendedores deben estar informados de las cuestiones derivadas de la aplicación cotidiana del Derecho de la Unión; pide una mayor cooperación en este ámbito, también a través del servicio SOLVIT;

29.  Lamenta la persistente falta de homogeneidad entre los Estados miembros en la aplicación efectiva de la legislación destinada a construir una Unión social e integradora y a luchar contra todas las formas de discriminación contra grupos vulnerables; Se muestra preocupado por las graves carencias y demoras en la aplicación del Derecho de la Unión en el marco del pilar europeo de derechos sociales, en particular en la aplicación de la legislación relativa a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores en el trabajo, la Directiva sobre ordenación del tiempo de trabajo(13) y la legislación sobre igualdad de trato y salarial entre mujeres y hombres; subraya la amplia interpretación dada por el TJUE en sus sentencias al concepto de igualdad de retribución para un mismo trabajo, y pide a la Comisión que se esfuerce más en la lucha contra la discriminación y la brecha salarial entre hombres y mujeres a escala europea;

30.  Pide a la Comisión que vele por que los Estados miembros no utilicen la pandemia de COVID-19 como pretexto para la aplicación incorrecta del Derecho de la Unión y por que toda demora en la transposición de las Directivas a los ordenamientos jurídicos nacionales esté debidamente justificada;

31.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como al Comité de las Regiones, al Comité Económico y Social Europeo y a los Parlamentos nacionales.

(1) DO C 28 de 27.1.2020, p. 108.
(2) DO C 86 de 6.3.2018, p. 126.
(3) DO C 440 de 30.12.2015, p. 17.
(4) DO C 18 de 19.1.2017, p. 10.
(5) DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
(6) DO L 141 de 5.6.2015, p. 73.
(7) DO L 156 de 19.6.2018, p. 43.
(8) Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo basado en el artículo 10 de la Decisión Marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de octubre de 2008, relativa a la lucha contra la delincuencia organizada (COM(2016)0448).
(9) DO L 315 de 14.11.2012, p. 57.
(10) DO L 132 de 21.5.2016, p. 1.
(11) DO L 88 de 31.3.2017, p. 6.
(12) DO L 119 de 4.5.2016, p. 132.
(13) Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo (DO L 299 de 18.11.2003, p. 9).


Aplicación de la política exterior y de seguridad común - Informe anual 2020
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Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de enero de 2021, sobre la aplicación de la política exterior y de seguridad común – Informe anual 2020 (2020/2206(INI))
P9_TA(2021)0012A9-0266/2020

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Informe anual del Consejo al Parlamento Europeo sobre la política exterior y de seguridad común,

–  Visto el título V del Tratado de la Unión Europea (TUE),

–  Vistas la Carta de las Naciones Unidas y el Acta final de Helsinki de 1975 de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE),

–  Vista la declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) sobre responsabilidad política(1),

–  Vista la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 25 de septiembre de 2015, titulada «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible»,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo sobre el enfoque integrado de los conflictos y crisis exteriores de 22 de enero de 2018,

–  Visto el tercer Informe del Grupo de Expertos Eminentes Internacionales y Regionales de las Naciones Unidas sobre Yemen, titulado «Yemen: una pandemia de impunidad en una tierra torturada», que abarca el período comprendido entre julio de 2019 y junio de 2020,

–  Vista la Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, de 28 de junio de 2016,

–  Vista la Comunicación conjunta de la Comisión y del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 8 de abril de 2020, sobre la respuesta de la UE a escala mundial a la COVID-19 (JOIN(2020)0011),

–  Vista su Resolución, de 23 de octubre de 2020, sobre la igualdad de género en la política exterior y de seguridad de la Unión(2),

–  Vista la Recomendación del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2019, al Consejo, a la Comisión y a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre las competencias y el mandato de los representantes especiales de la Unión,(3),

–  Vista la Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre las mujeres, la paz y la seguridad,

–  Vista la Agenda Europea de Seguridad 2015-2020,

–  Vista la Comunicación conjunta de la Comisión y del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 10 de junio de 2020, titulada «La lucha contra la desinformación acerca de la COVID-19: contrastando los datos» (JOIN(2020)0008),

–  Vista su Resolución, de 17 de abril de 2020, sobre la acción coordinada de la Unión para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias(4),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo sobre seguridad y defensa de 17 de junio de 2020,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 9 de septiembre de 2020, titulada «Informe sobre prospectiva estratégica de 2020: trazar el rumbo hacia una Europa más resiliente»,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 18 de junio de 2019, 15 de julio de 2019, 14 de octubre de 2019 y 12 de diciembre de 2019, la declaración de los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión, de 15 de mayo de 2020, y las Conclusiones del Consejo Europeo, de 20 de junio de 2019, 17 de octubre de 2019 y 1 de octubre de 2020, sobre las acciones ilegales de Turquía en el Mediterráneo oriental, así como las Conclusiones del Consejo, de 14 de octubre de 2019, sobre el nordeste de Siria,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 29 de abril de 2020, titulada «Apoyo a los Balcanes Occidentales en la lucha contra la COVID-19 y la recuperación tras la pandemia; Contribución de la Comisión a la reunión de los líderes UE-Balcanes Occidentales de 6 de mayo de 2020» (COM(2020)0315),

–  Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A9-0266/2020),

A.  Considerando que el Parlamento tiene el deber y la responsabilidad de ejercer el control democrático que le corresponde sobre la política exterior y de seguridad común (PESC) y la política común de seguridad y defensa (PCSD) y que debe obtener la información necesaria de manera transparente y oportuna, así como los medios efectivos para desempeñar plenamente este papel, también en lo que respecta a la totalidad de los programas industriales de defensa;

B.  Considerando que la PESC de la Unión tiene por objeto garantizar la seguridad y la estabilidad, promoviendo al mismo tiempo los valores europeos de libertad, democracia, igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos;

C.  Considerando que el mundo se enfrenta a un contexto de competencia geopolítica agresiva que exige mecanismos y capacidades de respuesta rápidos y apropiados en materia de política exterior;

D.  Considerando la necesidad acuciante de una política exterior común más fuerte, ambiciosa, creíble y unida, toda vez que la Unión se enfrenta a múltiples retos geopolíticos en el conjunto de la región que afectan directa o indirectamente a todos sus Estados miembros y a sus ciudadanos;

E.  Considerando que la Unión no está a la altura de su potencial en el ámbito de la política exterior y de seguridad debido a la falta de unidad entre sus Estados miembros;

F.  Considerando que ningún Estado miembro de la Unión puede afrontar por sí solo ninguno de los desafíos mundiales a los que Europa se enfrenta en la actualidad; que una PESC ambiciosa y eficaz debe estar respaldada por recursos financieros adecuados y unos mecanismos de toma de decisiones mejores;

G.  Considerando que, en el contexto de la pandemia de COVID-19, la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales han sufrido un deterioro en numerosas regiones del mundo y que han aumentado las campañas de desinformación y los ciberataques; que las tendencias aislacionistas, unilateralistas y contrarias a la globalización, así como las rivalidades sistémicas, se han vuelto más pronunciadas en detrimento de la cooperación multilateral conforme a un orden internacional basado en normas;

H.  Considerando que retos como el resurgimiento del populismo y del autoritarismo, la creciente reticencia a respetar el Derecho internacional, los derechos humanos y el Estado de Derecho, y los ataques contra la democracia liberal y el multilateralismo, junto con la competencia entre las grandes potencias, que, en particular en el caso de los Estados Unidos y China, se ha transformado en rivalidad, suponen un reto real para la seguridad mundial y para los valores, los intereses y la influencia de la Unión, que corre el riesgo de quedarse al margen de las esferas en las que se adoptan las decisiones y de verse gravemente perjudicada por tal competencia;

I.  Considerando que la política europea de vecindad (PEV) es un instrumento clave en relación con los Estados vecinos del este y del sur de la Unión;

J.  Considerando que la inestabilidad y la falta de previsibilidad en las fronteras de la Unión y en su vecindad inmediata suponen una amenaza directa para la seguridad de la Unión y de sus Estados miembros; que la pandemia de COVID-19 puede ocasionar un empeoramiento del entorno internacional de seguridad; que las graves consecuencias económicas y sociales de esta pandemia tendrán repercusiones importantes en los niveles de pobreza y desigualdad existentes en la actualidad a escala mundial y que, por tanto, pueden conducir a un profundo malestar social y a protestas importantes, convirtiéndose en un nuevo elemento de inestabilidad en muchos Estados que se encuentran en situaciones de fragilidad; que muchas de las amenazas que han ido surgiendo en los años pasados, incluidas las ciberamenazas, el cambio climático y las pandemias, se han convertido en realidades que están incidiendo de manera cada vez más grave en diversos aspectos de la vida humana, así como en las oportunidades de desarrollo, el orden geopolítico y la estabilidad a escala planetaria;

K.  Considerando que el recurso a la información marítima de carácter mundial reviste una importancia fundamental para garantizar una vigilancia estratégica, permitir la realización de análisis de riesgos y una alerta temprana en beneficio de la Unión y de sus Estados miembros y reforzar el suministro de información en apoyo de las operaciones civiles y militares en el ámbito de la seguridad marítima;

L.  Considerando que la lucha contra el terrorismo constituye la principal prioridad en la Agenda Europea de Seguridad 2015-2020;

M.  Considerando que la pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve la vulnerabilidad de la Unión frente a los regímenes autoritarios, la fragilidad de las alianzas exteriores tradicionales de la Unión y la necesidad de que la Unión garantice una política exterior coherente con sus valores fundamentales; que esto exige que la Unión reconsidere sus relaciones exteriores y que las base en los principios de solidaridad y multilateralismo; que la pandemia de COVID-19 y sus amplias consecuencias están afectando en particular a los más vulnerables, especialmente en las regiones con sistemas sanitarios y sociales más débiles;

N.  Considerando que en los últimos años han surgido nuevos retos multidimensionales, como la proliferación de armas de destrucción masiva, el cuestionamiento de los acuerdos de no proliferación de armas, el agravamiento de conflictos regionales que han generado desplazamientos de población, la competencia por recursos naturales, la dependencia energética, el cambio climático, la consolidación de Estados fallidos, el terrorismo, la criminalidad transnacional organizada, los ciberataques y las campañas de desinformación;

O.  Considerando que, en vista del colapso de importantes acuerdos de control de armamento y desarme y del rápido desarrollo de nuevas tecnologías de armamento, el desarme, el control del armamento y la no proliferación deben convertirse en un objetivo principal de la PESC a fin de proteger a los ciudadanos de la Unión y garantizar la estabilidad y la seguridad internacionales; que la Posición Común 2008/944/PESC debe actualizarse en lo que respecta a los criterios que deben aplicarse y ejecutarse estrictamente;

Posicionamiento de la Unión como «socio preferente» en un orden geopolítico cambiante

1.  Destaca que la pandemia de COVID-19 es una llamada de atención en relación con la necesidad de una política exterior y de seguridad de la Unión más sólida, autónoma, unida y asertiva que refuerce el liderazgo de la Unión en la escena internacional con vistas a defender y promover un orden mundial multilateral basado en normas que garantice el multilateralismo, la democracia y los derechos humanos y que fomente sus valores e intereses con mayor decisión en todo el mundo; subraya que, para alcanzar lo señalado anteriormente, la Unión debe primero ayudar con éxito a sus socios en la vecindad inmediata;

2.  Impulsa y defiende el papel de la Unión como socio fiable a escala internacional, «socio preferente» preferido de terceros, intermediario honesto y con principios, pero no dogmático, referencia para la resolución de conflictos y la mediación, que fomenta la diplomacia y el diálogo como la vía preferente para desempeñar un papel constructivo en los conflictos a escala planetaria, promotor destacado del desarrollo sostenido y que hace una contribución destacada al marco multilateral, así como actor a escala mundial dispuesto a actuar de forma autónoma y decidida cuando es necesario para defender los valores e intereses de la Unión, que asume sus responsabilidades velando por su propia seguridad e impulsando la paz y estabilidad internacionales, sobre la base de los principios y valores de la Carta de las Naciones Unidas y tal y como se consagran en el Derecho internacional, en el marco del respeto del orden internacional basado en normas; considera que, para reforzar la influencia de la Unión a escala mundial, promover su modelo como potencia positiva y su papel responsable en la gobernanza mundial, así como para permitirle asumir sus responsabilidades estratégicas en su vecindad inmediata, es necesaria creatividad, una actitud más proactiva y un mayor grado de unidad y de solidaridad entre los Estados miembros, así como el compromiso y los recursos de los Estados miembros;

3.  Subraya que la creciente inestabilidad en el mundo, el entorno caracterizado cada vez en mayor medida por la confrontación, la erosión del multilateralismo y el auge del autoritarismo, así como retos mundiales con diferentes aspectos, en particular el clima creciente de conflicto, que se traduce en la continuación y, en ocasiones, la reanudación de conflictos armados, también en las fronteras orientales y meridionales del continente europeo, el terrorismo, el cambio climático y las amenazas cada vez más graves para los recursos naturales, los flujos migratorios descontrolados, los riesgos sanitarios, amenazas híbridas como las campañas de desinformación, las medidas activas y los ciberataques, entre otros, deben impulsar a la Unión a desarrollar su autonomía estratégica y a profundizar, paralelamente, la cooperación con sus aliados; subraya, en este contexto, la importancia que reviste para la Unión el establecimiento de una cooperación con un mayor carácter estratégico con terceros países basada en la confianza y el beneficio mutuo y el establecimiento de alianzas con democracias de ideas afines, incluidas las del hemisferio meridional, así como coaliciones ad hoc con otros socios afines cuando sea necesario;

4.  Hace hincapié, a este respecto, en la necesidad de que la Unión coopere estrechamente con socios clave a escala mundial y que desempeñe un papel activo en la defensa de las instituciones clave para el Derecho internacional y el sistema multilateral; insiste en la importancia de reforzar la asociación de la Unión con las Naciones Unidas y la OTAN, así como de intensificar la cooperación con organizaciones como el Consejo de Europa, la OSCE, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), la Unión Africana, la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Liga Árabe, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y Mercosur; pide que se refuerce la cooperación y la coordinación entre la Unión y la OTAN, poniendo en común conocimientos y recursos y evitando duplicidades, con el fin de establecer un enfoque común complementario con respecto a los retos actuales y futuros en materia de seguridad a escala regional y mundial, así como en relación con las situaciones de conflicto, las crisis sanitarias, las amenazas asimétricas e híbridas, los ciberataques y la desinformación; destaca la importancia de la Corte Penal Internacional (CPI) en la investigación de los crímenes contra la humanidad y la defensa de sus víctimas y acoge con satisfacción el firme apoyo expresado por la Unión a la Corte, que ha sido objeto recientemente de presiones y ataques;

5.  Expresa su preocupación por la escala sin precedentes de las campañas de desinformación patrocinadas por actores estatales y no estatales, que tienen repercusiones devastadoras en las sociedades, incluso en la vecindad europea y, en particular, en los Balcanes Occidentales; condena la manipulación de la información y su utilización como arma, también por parte de agentes estatales, subestatales y no estatales malintencionados, y las plataformas y organizaciones utilizadas por terceros países autoritarios para financiar e influir directa e indirectamente en los partidos y agentes políticos de Europa; acoge con satisfacción la muy necesaria respuesta de las instituciones de la Unión a este nuevo reto, como la creación de una comisión especial del Parlamento centrada en la injerencia extranjera en los procesos democráticos de la Unión, incluida la desinformación, y la adopción de la Decisión del Consejo relativa a medidas restrictivas contra los ciberataques que amenacen a la Unión o a sus Estados miembros(5); subraya la necesidad de una respuesta que no limite los derechos y libertades fundamentales; señala la importancia de una comunicación estratégica eficaz de la Unión y elogia el refuerzo de Stratcom en el seno del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y sus esfuerzos por determinar y combatir las campañas de desinformación; destaca la necesidad de que la Unión siga reforzando sus capacidades para luchar de forma proactiva contra las noticias falsas y la desinformación como amenaza a la democracia y para mejorar su cultura de seguridad con el fin de proteger mejor sus redes de información y comunicación; pide a la Unión que se convierta en adalid de la defensa de un marco colectivo de autodefensa y cooperación contra las amenazas híbridas y la influencia maligna de los regímenes autoritarios, en particular en relación con la gobernanza democrática y las empresas privadas a escala mundial; destaca, por tanto, la necesidad de que la Unión refuerce sus alianzas con otros agentes democráticos mundiales para hacer frente a estas amenazas a escala mundial, también a través de instituciones multilaterales reformadas y más resilientes;

6.  Insiste en que la política exterior y de seguridad de la Unión debe guiarse por la promoción de los objetivos del artículo 21 del TUE, como la democracia, la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluida la libertad de religión o creencias, la protección de todas las minorías y de las comunidades religiosas, incluidos los cristianos, judíos, musulmanes, no creyentes y otros, y la promoción de la igualdad de género; celebra, en este sentido, la reciente decisión de la Comisión de renovar el mandato del enviado especial para la promoción de la libertad de religión o creencias fuera de la Unión pero insta a que se proceda a un nombramiento en el plazo más breve posible; pide a las delegaciones de la Unión que vigilen de cerca la situación de los derechos humanos en todo el mundo, definan las tendencias y apoyen a los ciudadanos y a las organizaciones de la sociedad civil en sus esfuerzos por invertir la tendencia negativa en relación con los derechos humanos en todo el mundo; destaca que la política exterior y de seguridad de la Unión es más eficaz cuando recurre a la condicionalidad en sus incentivos económicos y políticos; recuerda en este contexto que la Comisión debe supervisar e informar periódicamente al Parlamento Europeo sobre la situación de los derechos humanos en los terceros países beneficiarios de la exención de visado y que debe suspender dicha exención en caso de que se registren violaciones en el Estado en cuestión; pide a la Comisión y al Consejo que refuercen los programas de apoyo a la democracia de la Unión a escala mundial fomentando los procesos ascendentes en favor de la democracia, fortaleciendo la resiliencia de las instituciones y apoyando la labor de las fundaciones políticas europeas en el fortalecimiento de los procesos democráticos; reitera su llamamiento, formulado en su Recomendación de 13 de marzo de 2019, en favor de una reforma y una revisión de los representantes y enviados especiales de la Unión;

7.  Subraya que la Unión debe abordar las causas fundamentales de la migración, como la pobreza, la inseguridad alimentaria y nutricional, el desempleo, la inestabilidad y la falta de seguridad en los terceros países de origen de la migración masiva ilegal; subraya que la atención debe centrarse también en la asistencia al desarrollo de instituciones estables para promover el desarrollo sostenible de la sociedad en esos Estados;

Un nuevo nivel de ambición para la PESC: enfoques regionales estratégicos basados en una voluntad política reforzada

8.  Recuerda que ningún Estado miembro de la Unión dispone por sí solo de capacidad y recursos suficientes para hacer frente eficazmente a los retos internacionales actuales; considera, en este contexto, que la Unión precisa en primer lugar y ante todo de una voluntad política reforzada y genuina por parte de sus Estados miembros para acordar e impulsar conjuntamente los objetivos de la política exterior de la Unión, como la prevención de conflictos y los acuerdos de paz, y contrarrestar los intentos de terceros países de debilitar y dividir a la Unión, incluso socavando los valores europeos; subraya que solo una Unión fuerte y unida, con unas políticas exteriores, de seguridad y de defensa establecidas, y con el apoyo de los Estados miembros de la Unión al VP / AR en la aplicación de los objetivos acordados, podrá desempeñar un papel importante en el nuevo entorno geopolítico; pide a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros que coordinen entre sí y con los socios internacionales todas las medidas de respuesta a la crisis de la COVID-19 a fin de fomentar una respuesta mundial coherente e inclusiva a la pandemia, y acoge con satisfacción, a este respecto, el planteamiento «Equipo Europa»;

9.  Reitera su llamamiento en favor de una revisión de la Estrategia Global de la UE con el fin de extraer lecciones de la nueva dinámica geopolítica, las amenazas actuales, incluida la pandemia de COVID-19, y los próximos retos previstos, y de reevaluar los objetivos y los medios de la PESC; destaca que, paralelamente al desarrollo de su cooperación con socios y aliados internacionales, la Unión tiene que acelerar la toma de decisiones en materia de asuntos exteriores y su capacidad de trabajar con socios afines, fortaleciendo el multilateralismo, así como reforzar sus capacidades estratégicas para actuar, también de manera autónoma si es necesario; destaca que la Unión tiene la responsabilidad de diseñar su autonomía estratégica en materia de diplomacia, seguridad y defensa comunes, así como en relación con los asuntos económicos, sanitarios y comerciales, con el fin de hacer frente a los numerosos retos comunes a la defensa de sus intereses, normas y valores en el mundo posterior a la pandemia; insiste, en consecuencia, en la necesidad de que los Estados europeos conserven su capacidad de adoptar decisiones y de actuar por sí solos; insta a los Estados miembros a que apliquen y pongan en práctica con rapidez el nuevo reglamento para establecer mecanismos de control de las inversiones extranjeras en sectores críticos; anima a los Estados miembros de la Unión a crear un nuevo foro de cooperación multilateral, aprovechando el legado del Comité de Coordinación para el Control Multilateral de Exportaciones Estratégicas, con el fin de hacer un seguimiento y de controlar la exportación de tecnologías, los flujos comerciales y las inversiones sensibles a los Estados que constituyen motivo de preocupación;

10.  Considera que sigue existiendo un gran potencial sin explotar en lo que respecta a la combinación e integración de todos los elementos de poder coercitivo y no coercitivo de la acción exterior de la Unión para alcanzar los objetivos de la PESC; recuerda, a este respecto, que la diplomacia del Parlamento Europeo constituye un pilar importante de la política exterior de la Unión y que dispone de sus propios instrumentos y de canales distintos y complementarios; cree, por tanto, que el Parlamento Europeo debe ser reconocido como parte integrante del planteamiento «Equipo Europa» promovido por la Comisión y el SEAE; destaca, en este contexto, la importancia del Parlamento en la mediación y el apoyo a la democracia y la valiosa aportación de las Asambleas Parlamentarias a la acción exterior europea, también en materia de seguridad y defensa, así como la necesidad de impulsar sus actividades y garantizar el correcto desarrollo de su trabajo; pide al VP/AR y a los presidentes de la Comisión y del Consejo que informen permanentemente al Parlamento y que lo involucren en la acción exterior de la Unión;

11.  Considera que la voluntad de contar con una política exterior y de seguridad de la Unión sólida, autónoma y plenamente desarrollada implica también disponer de un cuerpo diplomático con las mismas características, formado desde el origen en una dimensión específicamente europea; apoya, en este sentido, los avances hacia la creación de una Escuela Diplomática Europea encargada del establecimiento de un sistema de selección y formación autónomo de los futuros diplomáticos de la Unión, en el marco de una verdadera carrera diplomática europea;

12.  Destaca que las disposiciones del TUE sobre la consulta y el suministro de información al Parlamento en el ámbito de la PESC deben traducirse en normas claras sobre la puesta en común de los documentos pertinentes, incluidos los proyectos de estrategias, de manera transparente y oportuna; expresa la necesidad de mejorar sustancialmente el modo en el que actualmente la Comisión y el SEAE transmiten al Parlamento información sensible o de carácter reservado; pide, asimismo, que se examine la manera de mejorar la calidad, el alcance y el formato de las reuniones de las comisiones y los intercambios con el SEAE y la Comisión; considera que la Declaración sobre responsabilidad política de 2010 ya no constituye una base adecuada para las relaciones entre el Parlamento y el VP/AR y que debe sustituirse por un acuerdo interinstitucional para mejorar los derechos de control democrático del Parlamento, de conformidad con los Tratados; recuerda, asimismo, que ha solicitado una revisión de la Decisión del Consejo por la que se crea el SEAE;

13.  Lamenta la falta de avances en la mejora del proceso de toma de decisiones en asuntos de la PESC, lo que repercute en la eficiencia, la rapidez y la credibilidad de la acción de la Unión y en la toma de decisiones en la escena internacional; pide a los Estados miembros que inicie con carácter de urgencia un debate sobre la posibilidad de pasar de la unanimidad a la votación por mayoría cualificada al menos en determinados ámbitos de la PESC, como las cuestiones relacionadas con los derechos humanos y las sanciones, como medio concreto para fortalecer la influencia de la Unión en la escena mundial;

14.  Acoge con satisfacción la adopción de un nuevo régimen mundial de sanciones de la Unión en materia de derechos humanos (una ley de la Unión similar a la Ley Magnitski), que permite a la Unión imponer sanciones específicas a los responsables de violaciones y abusos graves de los derechos humanos en todo el mundo; recomienda que en el futuro se amplíe el ámbito de aplicación del régimen de sanciones para incluir los actos de corrupción;

15.  Pide que se revisen las listas de equipos cuya exportación está prohibida a terceros países a fin de evitar situaciones en las que los Estados miembros proporcionen instrumentos, financiados con fondos de la Unión, que en última instancia se utilizan para oprimir a los ciudadanos;

16.  Apoya un debate a escala de la Unión para examinar nuevos formatos de cooperación como, por ejemplo, un Consejo Europeo de Seguridad, ya que ya va siendo hora de establecer formalmente formatos e instituciones eficaces para mejorar la coherencia y la influencia de la política exterior y de seguridad de la Unión; cree que esta idea debe debatirse en el marco de la Conferencia sobre el Futuro de Europa y reitera, asimismo, su llamamiento a favor de la creación de un Consejo de ministros de Defensa;

17.  Hace hincapié en que la Unión se ha comprometido a reforzar el papel de las Naciones Unidas en la escena internacional y subraya, en este contexto, la necesidad de reformar el sistema de Naciones Unidas, de forma que se refuerce la coherencia de las actuaciones de todas las agencias, organizaciones y programas para garantizar el adecuado cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030; pide una vez más a los Estados miembros que apoyen reformas en relación con la composición y el funcionamiento del Consejo de Seguridad para hacerlo más eficaz y operativo, lo que reviste carácter esencial para velar por la paz mundial, dotándolo con un programa que vaya más allá de la seguridad militar y que incluya el flujo de personas refugiadas y desplazadas, la seguridad alimentaria, el cambio climático o la lucha contra las pandemias;

18.  Destaca la vital importancia que la Unión tiene en la colaboración en los procesos democráticos y electorales que se están realizando y en salvaguardar la transparencia y la legitimidad de los mismos;

19.  Reconoce que la estabilidad, la seguridad y la prosperidad de los Estados de los Balcanes Occidentales y de los Estados vecinos del este y del sur de Europa afectan directamente a la propia estabilidad y seguridad de la Unión y de sus Estados miembros así como a su reputación como actor geopolítico de carácter mundial; subraya que la Unión es, de hecho, el mayor socio comercial y el principal inversor para los Estados de los Balcanes Occidentales y de la Asociación Oriental; pide a la Unión que asuma su responsabilidad estratégica en los Estados vecinos de la Unión y que desempeñe un papel más oportuno, activo, unificado y eficaz en la mediación y la resolución pacífica de las tensiones y conflictos en curso así como en la prevención de futuros conflictos en los Estados vecinos; considera que esto puede lograrse concediendo la prioridad a los esfuerzos de consolidación preventiva de la paz, incluida la diplomacia preventiva y los mecanismos de alerta temprana, reforzando la cooperación bilateral y apoyando a las fuerzas democráticas y el Estado de Derecho, creando incentivos positivos para la estabilización socioeconómica y el desarrollo y reforzando la resiliencia de las sociedades, sobre la base de unos recursos presupuestarios adecuados; reitera su firme apoyo al Formato de Normandía, a la Conferencia de Berlín sobre Libia y al Grupo de Minsk;

20.  Reitera su compromiso con la ampliación como política transformadora clave de la Unión y acoge con satisfacción la metodología revisada de la Comisión y su mayor énfasis en la naturaleza política del proceso de ampliación; apoya la perspectiva europea para los Estados de los Balcanes Occidentales y acoge con satisfacción la reafirmación del apoyo inequívoco de los Estados miembros de la Unión a tal perspectiva, como se recoge en la Declaración de Zagreb de 6 de mayo de 2020, así como la decisión de iniciar las negociaciones de adhesión con Albania y Macedonia del Norte; pide al Consejo y a la Comisión que pongan en marcha sin demora las conferencias intergubernamentales con estos dos Estados y, de manera más general, que aceleren el proceso de adhesión, ya que los Estados de los Balcanes Occidentales forman parte geográfica, histórica y culturalmente de Europa; insta a Bulgaria, en particular, a que deje de oponerse a la apertura de la conferencia intergubernamental con Macedonia del Norte; subraya que la integración de estos Estados asociados en la Unión tiene una importancia fundamental para la estabilidad y la seguridad del continente en su conjunto así como para la influencia de la Unión en la región y fuera de ella; destaca que el proceso de adhesión debe aportar una transformación democrática, económica y ecológica sostenible y una convergencia social y asegurar unas buenas relaciones de buena vecindad y la cooperación regional; recuerda que el proceso de ampliación se basa en el mérito en el marco de una condicionalidad estricta y justa, de conformidad con los criterios de Copenhague; reitera que la adopción de reformas debe reflejarse sobre el terreno y destaca la necesidad de proporcionar parámetros de referencia en materia de adhesión claros, transparentes y coherentes, así como apoyo político, financiero (IAP III) y técnico continuo a lo largo de todo el proceso, con una medición clara de los progresos realizados; destaca que Estados candidatos y candidatos potenciales deben ajustarse a las declaraciones pertinentes del VP / AR en nombre de la Unión y a las decisiones del Consejo;

21.  Celebra los resultados de la cumbre de la Unión celebrada con los Estados de la Asociación Oriental y espera que los seis Estados se comprometan realmente con los procesos de reforma necesarios para construir sociedades más democráticas, prósperas, justas, estables y próximas a los valores y principios fundamentales de la Unión; recalca que la cooperación con los Estados de la Asociación Oriental y otros Estados vecinos de la Unión debe ser una prioridad para la PESC, debido al interés vital de la Unión en el desarrollo y la democratización de estos Estados; pide a la Comisión y al SEAE que sigan reforzando los vínculos económicos y de conectividad y utilizando acuerdos comerciales y de asociación, el acceso al mercado único y contactos interpersonales profundizados, también mediante la facilitación y la liberalización de visados cuando se cumplan todos los requisitos; subraya que lo anterior podría servir de incentivo para fomentar las reformas democráticas y la adopción de reglas y normas de la Unión; pide a la Unión que haga una diferenciación específica entre los Estados de la Asociación Oriental, basada en el principio de «más por más» y «menos por menos»; reconoce la experiencia y los conocimientos especializados únicos de los Estados de la Asociación Oriental, incluida su contribución a las misiones, grupos de combate y operaciones de la política de seguridad y defensa común de la Unión, y pide que se profundice la cooperación entre la Unión y la Asociación Oriental en las políticas de defensa relacionadas con la Unión;

22.   Apoya las demandas del pueblo de Bielorrusia de libertad, democracia y dignidad, así como de celebrar nuevas elecciones presidenciales libres y justas; reconoce el importante papel del Consejo de Coordinación, como representante del pueblo de Bielorrusia manifestante; condena enérgicamente la violenta represión de los manifestantes pacíficos y acoge con satisfacción la adopción de sanciones contra el régimen de Lukashenka, incluido el propio Aliaksandr Lukashenka, y reitera su posición de no reconocer los resultados de las elecciones presidenciales fraudulentas del 9 de agosto de 2020; pide a la Unión que revise a fondo sus relaciones con Bielorrusia en vista de la falta de adhesión del régimen a sus propios compromisos en virtud del Derecho internacional y sus acuerdos con la Unión,y que establezca incentivos para la estabilización socioeconómica y el desarrollo y el apoyo de las fuerzas democráticas;

23.  Reitera la importancia del compromiso de la Unión con el apoyo a la soberanía, la independencia y la integridad territorial de sus socios en las fronteras reconocidas internacionalmente; manifiesta su preocupación por la proliferación de zonas de conflicto latente en las regiones más próximas a la Unión, así como por los conflictos enquistados y la ocupación de facto por parte de la Federación de Rusia de territorios pertenecientes a Estados soberanos; reitera su condena de las políticas agresivas de Rusia con respecto a Ucrania, su papel negativo en varios conflictos enquistados y la presión que ejerce contra algunos de los vecinos inmediatos de la Unión, además de las violaciones que realiza de los derechos de los tártaros de Crimea, el bloqueo del mar de Azov, la incautación continuada de los yacimientos de gas de Ucrania en el mar Negro y la violación de la integridad territorial de Georgia y Moldavia; sigue plenamente comprometido con la política de no reconocimiento de la anexión ilegal de Crimea; pide a Rusia que asuma su responsabilidad, utilice su influencia sobre los separatistas apoyados por Rusia y que aplique plenamente los compromisos contraídos en virtud de los acuerdos de Minsk; subraya la necesidad de que la Unión intensifique su actuación en la resolución pacífica de los denominados conflictos enquistados, también en el marco de un diálogo con los terceros países implicados, a fin de promover activamente soluciones basadas en las normas y los principios del Derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y el Acta Final de Helsinki de la OSCE de 1975, y de aumentar el apoyo a los civiles afectados por los conflictos, a los desplazados internos y a los refugiados; exige asimismo que la Federación de Rusia ponga fin a la ocupación de los territorios georgianos de Abjasia y la región de Tsjinvali/Osetia del Sur y que interrumpa la integración de hecho de ambas regiones en la Administración rusa;

24.  Toma buena nota del acuerdo sobre un alto el fuego total en Nagorno Karabaj y sus alrededores, firmado por Armenia, Azerbaiyán y Rusia el 9 de noviembre de 2020; confía en que este acuerdo salve vidas, tanto civiles como del personal militar, y que abra perspectivas más esperanzadoras para una solución pacífica de este conflicto sangriento; lamenta que se hayan introducido cambios en el statu quo a través de la fuerza militar y no sobre la base de negociaciones pacíficas; condena enérgicamente los asesinatos de civiles y la destrucción de instalaciones civiles y lugares de culto así como la presunta utilización de municiones en racimo en el conflicto; insta tanto a Armenia como a Azerbaiyán a que ratifiquen sin más dilación la Convención sobre Municiones en Racimo, que prohíbe completamente su uso; subraya que todavía no se ha celebrado un acuerdo duradero y que el proceso para alcanzar la paz y determinar el futuro estatuto jurídico de la región debe estar dirigido por los copresidentes del Grupo de Minsk y basarse en los principios básicos del Grupo; destaca la urgente necesidad de garantizar que la ayuda humanitaria pueda llegar a las personas necesitadas, que se garantice la seguridad de la población armenia y su patrimonio cultural en Nagorno Karabaj y que se permita a los desplazados internos y a los refugiados volver a sus antiguos lugares de residencia; pide que se investiguen debidamente todas las denuncias de crímenes de guerra y que los responsables sean llevados ante la justicia; pide que la Unión desempeñe un papel más importante en la resolución del conflicto y que no deje el destino de la región en manos de otras potencias;

25.  Acoge con satisfacción la próxima Comunicación conjunta de la Comisión y del alto representante sobre una asociación renovada con los países vecinos meridionales; pide a la Unión que reconozca las características específicas de cada uno de los Estados del sur del Mediterráneo en sus políticas relativas a la región; pide a la Unión que refuerce la cooperación con agentes regionales como la Liga Árabe, la Unión Africana y la Unión por el Mediterráneo y que apoye activamente la cooperación intrarregional entre los Estados de la vecindad meridional, como instrumento indispensable para la seguridad y el desarrollo económico sostenible; subraya la necesidad de reforzar las relaciones de la Unión con los Estados del norte de África; lamenta que, pasados 25 años desde la puesta en marcha del llamado Proceso de Barcelona, todavía no haya culminado la construcción de un espacio común de prosperidad, estabilidad y libertad con los Estados mediterráneos de la vecindad meridional; apoya plenamente el Proceso de Berlín y todas las iniciativas de las Naciones Unidas encaminadas a encontrar una solución política global a la crisis de Libia;

26.  Hace hincapié en la necesidad de que la Unión preste más atención al actual conflicto en Siria y se esfuerce por llevar ante la justicia a los miembros del régimen sirio y a sus aliados, en particular de Rusia e Irán, responsables de numerosos crímenes de guerra cometidos desde 2011;

27.  Opina que la Unión debe seguir desempeñando un papel proactivo en relación con el proceso de paz en Oriente Próximo y la celebración de un acuerdo entre las partes, también sobre cuestiones relativas al acuerdo sobre el estatuto definitivo, que tenga en cuenta, en particular, la necesidad de preservar las condiciones sobre el terreno para una solución pacífica en forma de dos Estados, basada en las fronteras de 1967, con Jerusalén como capital de ambos Estados y un Estado de Israel seguro y un Estado palestino independiente, democrático, contiguo y viable conviviendo en paz y seguridad, sobre la base del derecho de autodeterminación y del pleno respeto del Derecho internacional;

28.  Acoge con satisfacción los Acuerdos de Abraham que normalizaron las relaciones diplomáticas entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos y Baréin; elogia, en este sentido, el papel de los Estados Unidos en relación con la facilitación de los Acuerdos de Abraham; señala que Estados árabes como Egipto o Jordania, que mantienen relaciones diplomáticas con Israel desde hace años, han desempeñado un papel significativo en la promoción del diálogo sobre el proceso de paz en Oriente Próximo, también en materia de seguridad y estabilidad; subraya la importancia constante de invertir en negociaciones significativas entre Israel y Palestina; celebra que una de las bases de los Acuerdos de Abraham ha sido el cese de los planes de anexión en Cisjordania y pide a todas las partes que lo respeten;

29.  Acoge con satisfacción el reciente acuerdo de los poderes políticos palestinos de celebrar elecciones legislativas y presidenciales en los próximos seis meses y hace hincapié en que las elecciones democráticas siguen siendo una prioridad clave para la Unión; destaca la necesidad de apoyar el proceso de paz en Oriente Próximo y de velar por que la labor realizada por el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS) cuente con recursos financieros adecuados, en estrecha cooperación con la comunidad internacional de donantes;

30.  Celebra el compromiso de la Unión tanto con el mantenimiento del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) como con el logro de su plena aplicación por todas las partes; destaca que este acuerdo multilateral constituye un éxito fundamental de la diplomacia europea y que sigue siendo un pilar esencial del sistema mundial de la no proliferación al servir de piedra angular de la paz, la seguridad y la estabilidad en la región, así como que redunda en interés de la Unión velar por su pleno mantenimiento y aplicación; pide a los EE. UU. que se abstengan de adoptar acciones unilaterales y contribuyan de este modo tanto a la paz y seguridad regional y mundial como a un orden mundial basado en normas; insta al VP/AR a que recurra a todos los medios políticos y diplomáticos a su alcance al objeto de proteger el PAIC; pide al VP/AR que, habida cuenta de las rivalidades existentes en la región del Golfo, intensifique el diálogo político con los Estados de la región al objeto de impulsar la desescalada y un sistema inclusivo de seguridad regional, de conformidad con los resultados de la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores del 10 de enero de 2020; solicita en este sentido al VP/AR que se plantee la posibilidad de designar un enviado especial para la región del Golfo al objeto de que resulte más fácil esta labor;

31.  Pide a Francia, Alemania y el Reino Unido, en cuanto signatarios del PAIC, así como a la Unión y a sus Estados miembros, que refuercen su unidad y su capacidad disuasoria y de resistencia frente a las sanciones secundarias por parte de terceros países, así como que implanten medidas para la defensa de los intereses legítimos de la Unión, también mediante la plena aplicación del Instrumento de Apoyo a los Intercambios Comerciales (Instex, por sus siglas en inglés); rechaza la reimposición unilateral y extraterritorial de sanciones por parte de los EE. UU. tras su retirada del PAIC, ya que socava los legítimos intereses económicos y de política exterior de la Unión, en particular al obstaculizar el comercio humanitario con Irán durante la pandemia de COVID‑19; pide a los EE. UU. que vuelvan a sumarse al PAIC sin imponer condiciones, lo cual es indisociable de instar a Irán a que vuelva a respetar plenamente los compromisos contraídos en el marco de este acuerdo; condena, a este respecto, la decisión de Irán de empezar a enriquecer uranio hasta el 20 %, lo que constituye una violación grave y directa del acuerdo nuclear;

32.  Toma nota del informe del grupo de eminentes expertos internacionales y regionales sobre Yemen de las Naciones Unidas, en el que se establece que el Gobierno de Yemen, los hutíes, el Consejo de Transición del Sur y miembros de la coalición encabezada por Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos han cometido graves violaciones de los derechos humanos internacionales y del Derecho internacional humanitario que pueden ser consideradas crímenes de guerra, como los ataques indiscriminados contra la población y las estructuras civiles; pide a la Unión y a sus Estados miembros que velen por que no queden impunes los delitos más graves dando, entre otros medios, respaldo a la remisión de la situación en Yemen a la Corte Penal Internacional; solicita a la Unión y a sus Estados miembros que adopten sanciones selectivas contra los cargos públicos de Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos que hayan participado en presuntos crímenes de guerra; insiste una vez más en su llamamiento a los Estados miembros para que pongan fin a la venta de armas a Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, un comercio que no hace más que convertirlos en cómplices de la perpetuación del conflicto y la prolongación del sufrimiento del pueblo yemení;

33.  Considera que la Unión ha de determinar con carácter urgente una mejor estrategia geopolítica y global para sus relaciones a corto, medio y largo plazo con Turquía, en particular a la vista del continuo retroceso democrático del país y su agresividad en aumento en materia de política exterior, que está redundando en una escalada de tensiones y desempeñando un papel desestabilizador que pone en peligro la paz y la estabilidad en el Mediterráneo oriental y Oriente Próximo, así como en el Cáucaso Meridional, además de su papel en los conflictos en Siria, Irak, Libia y Nagorno Karabaj;

34.  Pide que la Unión desempeñe un papel importante en el Mediterráneo una vez convertida en un actor capaz de garantizar la estabilidad en la región, también en lo que atañe a combatir la delincuencia organizada, el terrorismo y la migración irregular; destaca que la actividad legislativa en curso en relación con el Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo representa una oportunidad única para que los colegisladores de la Unión mejoren la política de asilo y migración de la Unión al objeto de depender en menor medida de Turquía;

35.  Insiste en que las negociaciones de adhesión con Turquía se han suspendido oficialmente en vista de la situación de los derechos humanos, el retroceso democrático y los desafíos a los que se enfrenta el Estado de Derecho en el país; considera que las relaciones con Turquía no han de basarse en un proceso de adhesión ilusorio y desfasado; destaca que redunda en el interés estratégico común de la Unión Europea, sus Estados miembros y Turquía el establecimiento de un entorno estable y seguro en el Mediterráneo oriental; recuerda no obstante que el diálogo esencial que ha de primar a la hora de establecer dicho entorno únicamente puede darse mediante la evitación de toda provocación unilateral, con mayor razón si se trata de acciones militares, navales o aéreas; reitera en este sentido la total solidaridad de la Unión con sus Estados miembros Grecia y Chipre;

36.  Reitera la disposición de la Unión a recurrir a todos los instrumentos y posibilidades a su alcance, incluidos los previstos en el artículo 29 del TUE y en el artículo 215 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, a fin de defender sus intereses y los de sus Estados miembros; recuerda las Conclusiones del Consejo de 14 de octubre de 2019 en las que se pide a los Estados miembros que adopten posiciones nacionales firmes en relación con su política de exportación de armas a Turquía sobre la base de las disposiciones de la Posición Común 2008/944/PESC, incluida la aplicación estricta del criterio 4 relativo a la estabilidad regional, y solicita al VP/AR y al Consejo que se planteen la posibilidad de presentar una iniciativa mediante la que se obligue a todos los Estados miembros a suspender la concesión de licencias de exportación de armas a Turquía de conformidad con dicha Posición Común; insiste en las Conclusiones del Consejo de 1 de octubre de 2020, en las que se subraya que la Unión hará uso de todos los instrumentos y opciones a su disposición, lo que incluye la imposición de un régimen de sanciones a Turquía, para defender sus intereses y los de sus Estados miembros; reitera su llamamiento al VP/AR en tanto en cuanto Turquía continúe con sus actuales actuaciones ilegales y unilaterales en el Mediterráneo oriental que son contrarias a la soberanía de los Estados miembros de la Unión y al Derecho internacional y no participe en un diálogo sobre la base de dicho Derecho; pide a los dirigentes de la OTAN que informen en los términos más enérgicos posibles a Turquía de que no tolerarán los actos de agresión del país contra otros miembros de la OTAN;

37.  Condena enérgicamente la firma de dos memorandos de entendimiento entre Turquía y Libia sobre la delimitación de zonas marítimas y sobre seguridad global y cooperación militar, los cuales están interconectados y suponen una clara violación tanto del Derecho internacional como de la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por la que se impone un embargo de armas contra Libia;

38.  Condena enérgicamente el papel desestabilizador de Turquía, el cual socava en aún mayor medida la frágil estabilidad de toda la región del Cáucaso Meridional; pide a Turquía que se abstenga de toda injerencia en el conflicto de Nagorno Karabaj, incluida la oferta de apoyo militar a Azerbaiyán, desista de estas actuaciones desestabilizadoras e impulse de manera activa la paz; condena por otra parte el traslado de combatientes terroristas extranjeros por parte de Turquía desde Siria y otros lugares a Nagorno Karabaj, como han confirmado fuentes internacionales, incluidos los Estados que copresiden el Grupo de Minsk de la OSCE; lamenta la voluntad de Turquía de desestabilizar el Grupo de Minsk de la OSCE en su afán por desempeñar un papel más determinante en el conflicto;

39.  Subraya que resulta fundamental y redunda en el interés mutuo de la Unión y del Reino Unido, en mayor medida todavía debido tanto a sus principios y valores comunes como a su proximidad geográfica y larga tradición de colaboración estratégica compartida, acordar respuestas conjuntas para afrontar los desafíos relativos a la política exterior, de seguridad y de defensa sobre la base de los principios del multilateralismo, la resolución de conflictos mediante el diálogo y la diplomacia, y el Derecho internacional, habida cuenta de que la mayoría de las amenazas internacionales afectan a ambas partes en idéntica medida; acoge con satisfacción la celebración del Acuerdo de comercio y cooperación entre la Unión y el Reino Unido, que aporta claridad y seguridad a los ciudadanos y las empresas de ambas partes; subraya que actualmente está examinando el acuerdo y tiene intención de supervisar de cerca la aplicación del acuerdo entre la Unión y el Reino Unido en todos sus detalles;

40.  Recalca que la cooperación transatlántica sigue resultando fundamental y es un aspecto primordial de la política exterior y de seguridad común de la Unión; pide que se redoblen los esfuerzos en pos del refuerzo y la renovación de la asociación transatlántica y el diálogo permanente sobre la base del respeto mutuo y de acciones concretas para el fomento del multilateralismo, el Estado de Derecho, los derechos humanos, la colaboración transatlántica en materia de seguridad y economía, y la lucha contra el cambio climático, así como que se sostenga el orden internacional basado en normas para hacer frente a los retos y crisis exteriores, de seguridad y comerciales actuales y futuros haciendo especial hincapié en la actual situación de emergencia sanitaria y los desafíos de seguridad, económicos, sociales, y políticos que conlleva;

41.  Insiste en que la asociación transatlántica debe revitalizarse para hacer frente de manera más eficaz a la pandemia y otros grandes retos internacionales, como el cambio climático; es consciente de la necesidad de establecer una nueva base para la cooperación entre la Unión y los EE. UU. frente a las aspiraciones nacionalistas, autoritarias y hegemónicas, las tensiones expansionistas en Oriente Próximo y el Golfo, la multipolaridad de los agentes económicos, que están ganando en dominancia, y la actual crisis económica a ambos lados del Atlántico; celebra la iniciativa de la Unión de entablar un diálogo transatlántico sobre China;

42.  Considera que esta asociación únicamente podrá prosperar si se basa, además de en relaciones que integren valores e intereses comunes y el respeto del Derecho internacional y de las instituciones multilaterales, en la confianza, la cual se ha visto tristemente afectada en los últimos años por acciones unilaterales excesivas que han socavado asimismo los marcos multilaterales de los que forman parte la Unión y sus Estados miembros; lamenta en este sentido las tendencias a la unilateralidad del Gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump; destaca que el debilitamiento de los vínculos entre Occidente da pie a que a los Estados iliberales llenen el vacío de liderazgo en el tablero internacional; confía en que los EE. UU. darán marcha atrás en su trayectoria de estos últimos años de retirada del orden mundial multilateral basado en normas, haciendo de este modo posible la reanudación de una estrecha unidad de acción transatlántica que se ajuste plenamente a los valores y principios comunes que la Unión y los EE. UU. comparten; insiste en la necesidad de que los Estados europeos miembros de la OTAN asuman más responsabilidades de reparto de la carga en la protección del espacio transatlántico y respondan a las nuevas amenazas híbridas; subraya que unir fuerzas con los EE. UU. en las iniciativas de consolidación de la paz en el futuro generaría mayores sinergias y permitiría dar mejor respuesta a los desafíos mundiales;

43.  Condena en los términos más enérgicos el asalto al Congreso de los Estados Unidos por parte de alborotadores incitados por las teorías de conspiración del presidente Donald Trump y las acusaciones infundadas de que las elecciones presidenciales del 3 de noviembre de 2020 estuvieron amañadas; confía en que los Estados Unidos garanticen una transferencia pacífica del poder al presidente electo Joseph Biden y a la vicepresidenta electa Kamala Harris; manifiesta su alarma por el auge del populismo y el extremismo a ambos lados del Atlántico y destaca la urgente necesidad de defender la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho a escala mundial;

44.  Pide que se mantenga una postura firme y unida con respecto a la Federación de Rusia, lo que incluye la revisión de los cinco principios políticos básicos de la Unión; solicita que se prepare una nueva estrategia UE‑Rusia, lo que constituiría un mensaje claro para el sector prodemocrático de la sociedad rusa en cuanto a la permanente disposición de la Unión a comprometerse y colaborar; pide que se refuerce el régimen de sanciones, especialmente en vista de los actuales acontecimientos en torno al intento de asesinato de Alexéi Navalny en territorio ruso con una sustancia neurotóxica militar perteneciente a la familia novichok, de formulación rusa; celebra la adopción por parte del Consejo de Asuntos Exteriores de medidas restrictivas en relación con el uso de armas químicas en el intento de asesinato de Alexéi Navalny; pide una vez más que se lleve a cabo una investigación internacional independiente sobre este envenenamiento;

45.  Insiste en que el respeto de los Acuerdos de Minsk es una condición indispensable para que se pueda producir un cambio de importancia en las relaciones entre la Unión y Rusia; lamenta el papel negativo desempeñado por Rusia en las campañas de desinformación y otras formas de guerra híbrida dirigidas contra la Unión y Occidente, con las que se pretende debilitar nuestra cohesión interna y, con ello, nuestra capacidad de actuar de manera eficaz en el tablero mundial; rechaza por otra parte los asesinatos selectivos perpetrados en el territorio de la Unión y el uso de armas químicas, así como la complicada situación interna en lo que respecta a los derechos humanos y las libertades fundamentales; subraya la necesidad de ejercer presión sobre la Federación de Rusia para que respete el Derecho internacional y los correspondientes tratados; expresa su preocupación por las reiteradas violaciones por parte de Rusia de los acuerdos y normas de control de armamento, que han desembocado en el fracaso del Tratado de eliminación de misiles nucleares de mediano y corto alcance (INF, por sus siglas en inglés), así como por las violaciones de la Convención sobre las Armas Químicas al utilizar sustancias neurotóxicas de carácter militar tanto en su territorio como en el de la Unión;

46.  Subraya que África es un importante socio estratégico en el sistema multilateral; celebra las actuales iniciativas para el replanteamiento y la considerable mejora de la estrategia UE‑África, empleando para ello un modelo que no esté basado en las relaciones entre donantes y beneficiarios, sino en una asociación conjunta y coordinada entre iguales y en el establecimiento de relaciones mutuamente beneficiosas con una conciencia clara de los intereses y responsabilidades respectivos y mutuos, con miras a establecer una asociación justa, centrada en las personas y sostenible, también en relación con los derechos humanos, la seguridad y colaboración en la lucha contra el terrorismo; destaca en este sentido la necesidad de prestar especial atención a la situación en la región del Sahel, dada la inestabilidad en aumento y las importantes repercusiones directas e indirectas que para la Unión tiene lo que ocurre en esta región; insiste en que en la política de ayuda para el desarrollo y la consolidación de los acuerdos de asociación económica haya una visión europea no solo de la solidaridad frente a la evolución de la situación en Libia, sino también de los derechos humanos; pide un enfoque e iniciativa común de la Unión para reforzar su percepción de África y su conectividad y compromiso con el continente; recuerda que la presencia y el compromiso creíble de Europa resultan fundamentales para la mitigación de los problemas humanitarios y socioeconómicos;

47.  Señala la importancia de las misiones europeas de desarrollo de capacidades y de formación para fomentar la paz, la seguridad y la estabilidad en África; insiste en la importancia que revisten las misiones y operaciones de estabilización de la Unión desplegadas en África, en particular en las regiones subsahariana y del Sahel y pide al SEAE y al Consejo que velen por que se refuercen el mandato y los recursos de las misiones de la PCSD en África, dotándolas así de los medios para seguir funcionando eficazmente al objeto de dar respuesta a los graves desafíos a los que se enfrentan; destaca que la Unión debe asumir un papel de liderazgo en la resolución pacífica y diplomática de conflictos, también a través de iniciativas de mediación y programas de desarme, desmovilización y reintegración;

48.  Considera que el fortalecimiento de la relación con América Latina y el Caribe (ALC) es fundamental para la estrategia geopolítica de la Unión en el mundo; subraya la necesidad de que la Unión refuerce los vínculos que la unen con estos Estados, que conjuntamente constituyen un tercio de los miembros de las Naciones Unidas, sobre la base de valores y principios comunes, en particular en lo que respecta a la defensa del orden multilateral basado en normas, el impulso de un programa ecológico y la lucha contra la pobreza y las desigualdades; insta a la Unión a que defienda su posición como socio preferente de los países latinoamericanos frente a la posibilidad de que otros actores geopolíticos ocupen un espacio cada mayor en la región;

49.  Pide en este sentido un compromiso específico y multidimensional con la región que se vea respaldado por una narrativa común de la Unión de fomento de estrategias que ayuden a abordar conjuntamente retos compartidos como el fomento de la paz, la seguridad y la prosperidad, favoreciendo al mismo tiempo un frente común ante las amenazas que plantea el cambio climático; destaca la importancia que reviste América Latina para la Unión y pide que se siga considerando a esta región como de alto interés geoestratégico para la PESC mediante la participación en la promoción de la democracia y los derechos humanos en la región y la colaboración con su desarrollo económico; hace hincapié en que el respeto del Estado de Derecho y un marco político y jurídico estable, en particular la lucha contra la corrupción y la impunidad, así como el avance hacia la democracia, el respeto de los derechos humanos y el fomento de las libertades fundamentales, son piedras angulares para una integración y colaboración más intensa con los Estados de ALC; subraya la importancia de impulsar y finalizar la revisión de los acuerdos globales con Chile y México, así como del Acuerdo de Asociación UE‑Mercosur, y destaca que se trata de aliados y socios clave de la Unión; manifiesta su profunda preocupación tanto por la falta de respeto por la democracia y el Estado de Derecho como por los ataques contra líderes de la oposición elegidos democráticamente, periodistas, estudiantes y defensores de los derechos humanos, en particular los que se dedican a cuestiones ambientales, y sus abogados;

50.  Reitera su pleno apoyo al proceso de paz de Colombia y a su puesta en práctica, un paso decisivo para el futuro de los colombianos y la estabilización de la región; pide que se mantenga una posición conjunta firme frente al régimen venezolano y a las violaciones de los derechos humanos perpetradas por el régimen del presidente Nicolás Maduro, así como en relación con el régimen de sanciones, especialmente en vista de acontecimientos recientes y de las denuncias expresadas hace poco por diversos organismos, incluidas las Naciones Unidas;

51.  Hace hincapié en la importancia que reviste la adopción por parte de la Unión de una estrategia unificada, realista, eficaz, firme y más decidida en la que estén unidos todos los Estados miembros y que conforme las relaciones con la República Popular China (RPC) en interés del conjunto de la Unión, estrategia con la que se deberían buscar de manera resuelta y enérgica unas relaciones económicas más equilibradas y recíprocas basadas en los valores e intereses europeos, haciendo especial hincapié con gran intensidad en el respeto de los derechos humanos y la libertad de conciencia y de religión; subraya lo importante que resulta intentar llegar a un enfoque común en lo que a la RPC respecta con los EE. UU. y otros socios con planteamientos similares;

52.  Pide que la política de la Unión con respecto a la RPC esté basada en los siguientes principios: cooperar cuando sea posible; competir cuando sea necesario, y enfrentarse cuando sea imperativo; recuerda que la agresiva diplomacia pública de la RPC ha hecho que varios Estados pasen a depender de sus inversiones y préstamos; destaca que la Unión debe aumentar activamente su presencia y visibilidad en los Estados socios en todo el mundo como importante inversor y donante de ayuda para el desarrollo;

53.  Anima a la RPC a que asuma una mayor responsabilidad a la hora de hacer frente a los desafíos mundiales manteniendo al mismo tiempo la colaboración en los marcos multilaterales siempre que sea posible, en particular mediante la adopción de medidas y compromisos vinculantes de mayor calado tanto en materia de clima, en consonancia con los objetivos del Acuerdo de París, como de biodiversidad y respaldando las respuestas multilaterales a la pandemia de COVID‑19, por ejemplo permitiendo una investigación internacional sobre el origen de la enfermedad; lamenta la desinformación china en cuanto al origen de la pandemia de COVID‑19, su manipulación del sistema multilateral, la propagación de la influencia difamatoria china, los ciberataques y los proyectos de inversión corruptos; aplaude las eficaces medidas de Taiwán para contener la propagación del coronavirus y su solidaridad con la Unión, como prueba la donación de más de siete millones de mascarillas quirúrgicas a muchos de los Estados miembros durante la pandemia;

54.  Pide a la Comisión, al Consejo y al VP/AR que sigan informando a la RPC de que la Unión no tolerará ni las continuas violaciones de los derechos humanos en Hong Kong, el Tíbet y Sinkiang, ni el trato que da a las personas pertenecientes a minorías, así como que desempeñen un papel determinante en el tablero internacional para consolidar la autonomía de Hong Kong; condena que la adopción por parte de la RPC de la ley de seguridad nacional, que socava gravemente la gran autonomía de Hong Kong y tiene efectos perjudiciales para la independencia del poder judicial y la libertad de expresión en Hong Kong, vulnere el modelo de «un país, dos sistemas»; manifiesta su preocupación por las repercusiones de la imposición de la ley de seguridad nacional en Hong Kong en lo que respecta a las relaciones entre la RPC y Taiwán; subraya que el continuo menoscabo de la autonomía de Hong Kong por parte de Pekín no solo va en contra de las obligaciones de la RPC en virtud de los tratados bilaterales y el Derecho internacional, sino que también pone en tela de juicio el papel de Pekín como socio creíble; señala que el Parlamento Europeo tendrá en cuenta las violaciones de los derechos humanos en la China continental y en Hong Kong cuando se le pida que respalde un acuerdo global de inversiones y cualquier acuerdo comercial con la RPC en el futuro; anima a los Estados miembros a que apliquen el paquete de medidas acordado por el Consejo de Asuntos Exteriores el 28 de julio de 2020, así como la Resolución del Parlamento de 19 de junio de 2020(6); pide a la Comisión y a los Estados miembros que se opongan de manera activa a la brutal persecución de los uigures en Sinkiang, así como de otros grupos étnicos y minorías religiosas, en particular los cristianos y los tibetanos; pide a los Estados miembros y al VP/AR que adopten sanciones en virtud del régimen mundial de sanciones de la Unión en materia de derechos humanos contra los funcionarios chinos y las entidades dirigidas por el Estado responsables de organizar la política de detención masiva de uigures y trabajo forzoso en China;

55.  Recalca que la Unión seguirá atentamente la situación en Taiwán y la mejora de sus propias relaciones políticas y comerciales con la República China (Taiwán); pide a la RPC que resuelva por medios pacíficos todas las controversias fronterizas terrestres y marítimas de conformidad con el Derecho internacional y que se abstenga de toda maniobra militar provocadora tendente a desestabilizar el mar de China Meridional; subraya que el mantenimiento de la paz, la estabilidad y la libertad de navegación en la región indopacífica sigue revistiendo una importancia fundamental para los intereses de la Unión y sus Estados miembros; toma nota con gran preocupación de la reciente escalada de tensiones en la frontera entre la India y la RPC, así como en el mar de China Meridional y el estrecho de Taiwán, en particular las cada vez más provocadoras maniobras militares de China dirigidas contra Taiwán; pide a todas las partes que resuelvan sus diferencias de manera pacífica mediante un diálogo constructivo y que se abstengan de emprender acciones unilaterales para cambiar el statu quo; opina que las relaciones entre la China continental y Taiwán deben tener lugar de manera constructiva, sin iniciativas desestabilizadoras ni coacción alguna por ninguna de las partes, y que ningún cambio en dichas relaciones puede producirse en contra de la voluntad de la ciudadanía taiwanesa; pide a la Unión y a sus Estados miembros que se replanteen su política de compromiso con Taiwán y colaboren con los socios internacionales para ayudar a que la democracia en Taiwán no sufra amenazas extranjeras; solicita a la Unión y a sus Estados miembros que promuevan la adhesión de Taiwán en calidad de observador a la Organización Mundial de la Salud y la Asamblea Mundial de la Salud, así como a otras organizaciones, mecanismos y actividades internacionales, además de a la red mundial de prevención de enfermedades;

56.  Subraya la necesidad de que la Unión preste mayor atención a las regiones estratégicas que suscitan cada vez más atención internacional, como África y el Ártico, así como la región indopacífica, donde la RPC sigue una política expansionista para la que la Unión ha de establecer una respuesta coherente; señala la necesidad de seguir avanzando en la colaboración con importantes socios de ideas afines en la región indopacífica, como Japón, India, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda; celebra al respecto las iniciativas para el establecimiento de una estrategia europea para la región indopacífica sobre la base de los principios y valores de la Unión, en la cual puede haber ejercicios militares conjuntos de Australia y la OTAN en el Pacífico; opina que, en el marco de una estrategia coherente con respecto a la RPC en la que la Unión y los Estados miembros muestren oposición juntos cuando sea necesario, la Unión debe tratar de colaborar más estrechamente con los Estados de la región y otras democracias, para lo cual debería utilizarse al máximo la estrategia de conexión de la Unión; advierte de las iniciativas de la RPC al objeto de hacer sentir en mayor medida su poder en la región, en particular en Taiwán, lo que ha derivado en disputas fronterizas con muchos de sus vecinos;

57.  Subraya la necesidad de aprovechar las posibilidades existentes para avanzar en la mejora de las relaciones entre la Unión y la India habida cuenta de la evolución de la región y el importante papel que tanto en esta como a escala mundial desempeña este país;

58.  Acoge con satisfacción la inclusión de una comunicación conjunta sobre el Ártico en el programa de trabajo de la Comisión para 2021; estima necesario que la Unión disponga de una estrategia para el Ártico;

Refuerzo de las capacidades y los medios de la Unión en el marco de la PESC

59.  Subraya su apoyo a la definición y promoción progresivas de una política de defensa común tendente al refuerzo de la PCSD y sus objetivos y misiones con arreglo a los Tratados en pos de una verdadera unión en materia de defensa en la que se reconozca la situación constitucional concreta de los Estados neutrales y que esté basada en objetivos estratégicos claros y orientada hacia la seguridad de las personas y la paz sostenible; celebra en este sentido la iniciativa para la adopción de una brújula estratégica en 2022; hace hincapié en la necesidad de avanzar en la mejora de las relaciones entre la Unión y la OTAN destacando tanto su compatibilidad como su pertinencia estratégica mutua; pide a los Estados europeos que inviertan más en sus capacidades de defensa, reequilibren las responsabilidades dentro de la OTAN y sean socios de los EE. UU. de una manera más compensada; es consciente de la contribución de las misiones y operaciones de la PCSD a la paz, la seguridad y la estabilidad internacionales; aplaude los avances en el establecimiento del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz; insiste en la necesidad tanto de no quedarse en las declaraciones y pasar a los hechos, en particular proporcionando a la Unión una base industrial de defensa verdaderamente europea mediante un fondo europeo de defensa dotado del presupuesto necesario, como de lograr una aplicación más rápida y coherente de la Cooperación Estructurada Permanente trabajando en pro de la autonomía estratégica de la Unión al permitirle impulsar un mercado interior más integrado en lo que respecta al material de defensa; subraya la importancia de realizar consultas en las que puedan participar todas las partes interesadas con miras a fomentar una cultura estratégica común en materia de seguridad y defensa;

60.  Recuerda que la participación de la mujer en los procesos de paz y seguridad puede desempeñar un papel importante a la hora de garantizar el buen resultado y la sostenibilidad de los acuerdos de paz, así como la durabilidad y la calidad de la paz; subraya que los compromisos y las declaraciones relativos al impulso tanto de la agenda sobre las mujeres, la paz y la seguridad como de la igualdad de representación de las mujeres en la política exterior y de seguridad a menudo no pasan de quedarse en meras palabras, sin buscar ni garantizar realmente su aplicación, lo que deriva en los escasos avances en los objetivos de dicha agenda a escala mundial; recuerda que los resultados en materia de resolución de conflictos son mejores cuando se respetan la paridad y la igualdad de género a lo largo del proceso y pide que haya una mayor tanto participación, en particular en los procesos de toma de decisiones, como presencia en puestos de gestión por parte de las mujeres en las misiones de la PCSD; pide por otra parte una integración más sistemática de la perspectiva de género en dichas misiones, que haya garantías en cuanto a la formación en materia de igualdad de género y sobre las mujeres, la paz y la seguridad para todo el personal militar y civil que despliegue la Unión, incluidos los directivos de nivel medio y alto del SEAE y los jefes y comandantes de las misiones y operaciones de la PCSD, y que se contribuya de manera activa a la aplicación de la Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre las mujeres, la paz y la seguridad; solicita que se establezcan objetivos específicos y mensurables en relación con la diversidad y la presencia de mujeres en puestos directivos en el SEAE, entre otros, el objetivo de llegar a un 50 % de mujeres en puestos directivos en cuanto jefas de delegación, representantes especiales de la Unión y jefas de misiones y operaciones de la PCSD; pide que el próximo Plan de Acción en materia de Género III y el Plan de acción sobre las mujeres, la paz y la seguridad queden reflejados en planes de acción nacionales, incluida una evaluación intermedia, y que el Plan de Acción en materia de Género III incluya como anexo el Plan de acción sobre las mujeres, la paz y la seguridad;

61.  Subraya que la Unión debe asumir un papel de líder mundial en la lucha contra las consecuencias de la pandemia, para lo que resultan necesarios recursos financieros suficientes; destaca la necesidad de un marco financiero plurianual (MFP) con mayores aspiraciones en el ámbito de la acción exterior y la defensa, en particular un aumento de las asignaciones para la PESC, el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (IVDCI), el Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP III), el Fondo Europeo de Defensa (FED) y la movilidad militar, y pide al Consejo que consiga la pronta aprobación del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz; lamenta los recortes propuestos por el Consejo en relación con los instrumentos de financiación de la acción exterior en el nuevo MFP, así como la falta de financiación a través del paquete de medidas de recuperación Next Generation EU; subraya que dichos recortes pueden poner trabas al papel de la Unión en el tablero mundial y asestar un duro golpe a su capacidad para estabilizar y transformar los países en vías de adhesión; hace hincapié en que el Parlamento debe participar de manera significativa en la dirección estratégica de los programas de trabajo anuales y plurianuales y el control de los instrumentos de financiación de la acción exterior; recuerda la necesidad de aumentar considerablemente los recursos presupuestarios de la Unión para la prevención de conflictos civiles en el próximo MFP y de incrementar la financiación para la consolidación de la paz, el diálogo, la mediación y la reconciliación;

62.  Pide que se refuercen las capacidades de defensa y, al mismo tiempo, se dé prioridad a las deficiencias en materia de capacidad detectadas en el marco del Plan de Desarrollo de Capacidades (PDC) y la revisión anual coordinada de la defensa (CARD, por sus siglas en inglés), en particular mediante actividades para una intensa colaboración, como la puesta en común y uso compartido de capacidades y recursos, y la financiación suficiente tanto de proyectos útiles como de una Cooperación Estructurada Permanente (CEP) con mayores aspiraciones, el FED, la movilidad militar y el Programa Espacial Europeo; señala que estas medidas deberían asimismo redundar en beneficio de la OTAN y las relaciones transatlánticas; subraya la necesidad de que haya una mayor coherencia en cuanto a las herramientas y mecanismos de la Unión en la cooperación de esta en materia de defensa y pide en este sentido que se optimice el uso de los recursos al objeto de evitar la duplicación innecesaria de gastos e instrumentos; solicita un aumento en cuanto a apoyo y personal, así como recursos presupuestarios satisfactorios y estables, para la División de Comunicaciones Estratégicas del SEAE, a condición de que se lleve a cabo una evaluación independiente y a fondo de sus actividades pasadas y presentes; pide que se modifique el mandato de la División de Comunicaciones Estratégicas del SEAE de modo que abarque la injerencia extranjera de actores emergentes como la RPC;

63.  Insiste en su petición de un mayor apoyo a la estrategia de seguridad marítima de la Unión, ya que el mantenimiento de la libertad de navegación constituye un reto cada vez mayor tanto a escala mundial como en la vecindad; subraya que la libertad de navegación debe respetarse en todo momento; recomienda, a fin de conseguir una gestión eficaz de la información marítima mundial, que se refuerce y apoye la coordinación estructural entre las instituciones, organizaciones y autoridades nacionales, en particular haciendo posible la convergencia de los dos componentes principales, el civil y el militar, sobre los que se fundamenta el conocimiento de la situación marítima;

64.  Destaca la importancia que revisten las misiones y operaciones de la PCSD; hace hincapié en la existencia de acuerdos marco con terceros países para la participación de estos en operaciones de gestión de crisis de la Unión; señala que dichos acuerdos ponen de relieve el enfoque colectivo que preside la búsqueda de la paz y la seguridad;

65.  Llama la atención sobre las amenazas a medio y largo plazo a las que la PESC habrá de dar respuesta en el futuro, incluidos los riesgos que para la seguridad plantean los regímenes autoritarios, los agentes no estatales, el cambio climático, las ciberamenazas, los atentados con materiales químicos, biológicos, radiológicos y nucleares (QBRN), las amenazas híbridas, incluido un mayor uso de la inteligencia artificial, las campañas de desinformación, la carrera espacial y su militarización, las tecnologías emergentes, el terrorismo y los flujos migratorios descontrolados, que vienen a sumarse a los desafíos geopolíticos ya conocidos; subraya la necesidad de que la Unión avance en lo que respecta a la caracterización y el reconocimiento de las amenazas híbridas; pide a la Unión que mejore su comprensión de estas amenazas y cree una capacidad de resiliencia común; hace hincapié en que dichas amenazas únicamente pueden contrarrestarse a través de una acción coordinada y una inversión oportuna y suficiente en la investigación e innovación europea; se congratula de haber constituido la Comisión Especial sobre Inteligencia Artificial en la Era Digital en cuanto foro en el que tratar cuestiones estratégicas en materia de inteligencia artificial; considera importante que se logre una mayor vinculación entre los aspectos interno y externo de las políticas de la Unión para facilitar que estas redunden en provecho de los objetivos de la PESC, incluida la política energética de la Unión;

66.  Destaca la necesidad de impulsar en la PESC una dimensión coherente en materia de política climática, dado que el cambio climático constituye cada vez en mayor medida un multiplicador de riesgos y un elemento desestabilizador de la economía, la sociedad y la política;

67.  Acoge con satisfacción el análisis de amenazas basado en la información recabada que lleva a cabo actualmente el VP/AR como punto de partida para la futura brújula estratégica y pide que se celebre un debate en el Parlamento sobre el resultado de dicho análisis; celebra el nuevo enfoque de la Comisión de integrar la prospectiva estratégica en la definición de políticas de la Unión, también en materia de asuntos exteriores y de seguridad;

o
o   o

68.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al presidente del Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y a los Estados miembros.

(1) DO C 210 de 3.8.2010, p. 1.
(2) Textos Aprobados, P9_TA(2020)0286.
(3) Textos Aprobados, P8_TA(2019)0172.
(4) Textos Aprobados, P9_TA(2020)0054.
(5) Decisión (PESC) 2019/797 del Consejo, de 17 de mayo de 2019, relativa a medidas restrictivas contra los ciberataques que amenacen a la Unión o a sus Estados miembros (DO L 129 I de 17.5.2019, p. 13).
(6) Textos Aprobados, P9_TA(2020)0174.


Aplicación de la política común de seguridad y defensa - Informe anual 2020
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Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de enero de 2021, sobre la aplicación de la política común de seguridad y defensa – Informe anual 2020 (2020/2207(INI))
P9_TA(2021)0013A9-0265/2020

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Tratado de Lisboa,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 20 de diciembre de 2013, 26 de junio de 2015, 15 de diciembre de 2016, 22 de junio de 2017, 28 de junio de 2018, 14 de diciembre de 2018, 20 de junio de 2019, 12 de diciembre de 2019 y 21 de julio de 2020,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo de los días 25 de noviembre de 2013, 18 de noviembre de 2014, 18 de mayo de 2015, 27 de junio de 2016, 14 de noviembre de 2016, 18 de mayo de 2017, 17 de julio de 2017, 25 de junio de 2018, 17 de junio de 2019 y 17 de junio de 2020, sobre la política común de seguridad y defensa,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, relativas a la adopción de un Pacto sobre la Vertiente Civil de la PCSD,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 10 de diciembre de 2018, sobre las mujeres, la paz y la seguridad,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 19 de junio de 2017, sobre un marco para una respuesta diplomática conjunta de la UE a las actividades informáticas malintencionadas,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 7 de junio de 2018, sobre los jóvenes, la paz y la seguridad, y de 5 de junio de 2020, sobre la juventud en la acción exterior,

–  Vista la Decisión (PESC) 2019/797 del Consejo, de 17 de mayo de 2019, relativa a medidas restrictivas contra los ciberataques que amenacen a la Unión o a sus Estados miembros(1),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 10 de diciembre de 2019, sobre las acciones complementarias para aumentar la resiliencia y luchar contra las amenazas híbridas,

–  Visto el documento titulado «Una visión común, una actuación conjunta: una Europa más fuerte – Estrategia global para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea», presentado por la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) el 28 de junio de 2016,

–  Vista la Comunicación conjunta al Parlamento Europeo y al Consejo, de 28 de marzo de 2018, relativa al plan de acción sobre movilidad militar (JOIN(2018)0005),

–  Vistas las declaraciones conjuntas, de 8 de julio de 2016 y 12 de julio de 2018, del presidente del Consejo Europeo, del presidente de la Comisión y del secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN),

–  Vista la Carta de las Naciones Unidas,

–  Vista el Acta final de Helsinki de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa de 1975,

–  Vistos el conjunto común de 42 propuestas aprobado por los Consejos de la Unión y de la OTAN el 6 de diciembre de 2016 y los informes de situación, de 14 de junio de 2017 y 5 de diciembre de 2017, sobre su aplicación, así como el nuevo conjunto de 32 propuestas aprobado por ambos Consejos el 5 de diciembre de 2017,

–  Visto el quinto informe de situación, de 16 de junio de 2020, sobre la aplicación del conjunto común de propuestas aprobadas por los Consejos de la Unión y la OTAN el 6 de diciembre de 2016 y el 5 de diciembre de 2017,

–  Visto el gran impacto que tendrá la salida del Reino Unido de la Unión en las capacidades potenciales de defensa de la Unión, dado que el Reino Unido es una de las potencias militares europeas más eficaces,

–  Vista la invasión y anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia,

–  Vista la violación del espacio aéreo y de las fronteras marítimas de los Estados miembros por parte de Rusia,

–  Visto el aumento de la presencia económica y militar de China en los países mediterráneos y africanos,

–  Vista la amenaza del terrorismo interior y extranjero, principalmente de grupos como el EIIL,

–  Vistas las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, las capacidades espaciales y la informática cuántica, que presentan nuevas oportunidades para la humanidad, pero crean al mismo tiempo nuevos retos de defensa y de política exterior que exigen una estrategia clara y un consenso entre los aliados,

–  Visto el segundo informe de situación sobre las prioridades de la Unión y las Naciones Unidas para las operaciones de paz y la gestión de crisis para el período 2019-2021,

–  Vistas las Resoluciones 3212(1974), 32/15(1977), 33/15(1978), 34/30(1979) y 37/253(1983) de la Asamblea General de las Naciones Unidas,

–  Vistas las Resoluciones 353(1974), 361(1975), 367(1975), 458(1979), 541(1983), 550(1984), 649(1990), 716(1991), 750(1992), 774(1992), 789(1992), 889 (1993), 939(1994), 1032(1995), 1062(1996), 1250(1999), 2009(2011), 2095(2013) y 2174(2014) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,

–  Vistos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, y especialmente el ODS 16, cuya finalidad es promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible,

–  Vista la publicación de las Naciones Unidas de junio de 2018 titulada «Asegurar nuestro futuro común: una agenda para el desarme»,

–  Visto el Análisis n.º 09/2019 del Tribunal de Cuentas Europeo sobre la defensa europea,

–  Vistas sus Resoluciones, de 14 de diciembre de 2016(2), 13 de diciembre de 2017(3), 12 de diciembre de 2018(4) y 15 de enero de 2020(5), sobre la aplicación de la política exterior y de seguridad común,

–  Vista su Resolución, de 13 de junio de 2018, sobre las relaciones UE-OTAN(6),

–  Vista su Recomendación al Consejo y al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre la preparación del proceso de examen de 2020 del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), el control del armamento nuclear y las opciones de desarme nuclear,

–  Vista su Resolución, de 17 de septiembre de 2020, sobre las exportaciones de armamento: aplicación de la Posición Común 2008/944/PESC(7),

–  Vista su Resolución, de 14 de febrero de 2019, sobre el futuro del Tratado INF y su repercusión en la Unión(8),

–  Visto su posición, de 18 de abril de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Fondo Europeo de Defensa 2021-2027(9),

–  Vista su Recomendación al Consejo sobre la Decisión por la que se crea un Fondo Europeo de Apoyo a la Paz(10),

–  Vista su Resolución, de 12 de septiembre de 2018, sobre los sistemas armamentísticos autónomos(11),

–  Vista su Resolución, de 23 de julio de 2020, sobre las Conclusiones de la reunión extraordinaria del Consejo Europeo de los días 17 a 21 de julio de 2020(12),

–  Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A9-0265/2020),

1.  Recuerda que la Unión aspira a convertirse en un actor global en favor de la paz y la seguridad, y pide que sus actuaciones y políticas persigan el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, un multilateralismo efectivo, la cooperación, la estabilidad global y un respaldo activo al orden internacional basado en normas, el Derecho internacional, los derechos humanos y la democracia, en consonancia con los principios y valores de la Carta de las Naciones Unidas y los objetivos establecidos en el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea (TUE);

2.  Subraya que, habida cuenta de las actuales y crecientes amenazas polifacéticas para la seguridad y estabilidad mundial, regional y nacional a las que se enfrenta la Unión en un contexto extremadamente multipolar e impredecible, con potencias mundiales y regionales más asertivas y competidoras y alianzas cambiantes, solo el peso combinado de una Unión Europea fuerte y unida y sus Estados miembros, en estrecha cooperación con las democracias afines, permitirá a los agentes europeos desarrollar una política común de seguridad y defensa (PCSD) más sólida con el fin de desempeñar un papel más firme y pertinente en la escena internacional del nuevo contexto geopolítico y contribuir a la paz, la seguridad humana, el desarrollo sostenible, la prosperidad, la libertad, el respeto de los derechos y valores fundamentales y la democracia;

3.  Toma nota de que el deterioro continuado del entorno estratégico de la Unión está afectando directa o indirectamente a la seguridad de sus Estados miembros y sus ciudadanos; subraya que, en este contexto inestable e impredecible, la Unión y los Estados miembros deben desempeñar juntos un papel más importante para garantizar la seguridad de sus Estados miembros, sus ciudadanos y sus valores frente a las amenazas, los riesgos y los retos multilaterales;

4.  Toma nota del objetivo de la Unión Europea de desarrollar una autonomía estratégica europea, que es una ambición basada en la capacidad de la Unión para evaluar de forma independiente una situación de crisis y adoptar decisiones autónomas, así como en su capacidad para actuar de manera autónoma, cuando las circunstancias lo requieran, con el fin de defender sus intereses y valores, respetando plenamente las alianzas y a sus socios estratégicos pero sin olvidar el respeto del principio de complementariedad con la OTAN;

5.  Pide al VP/AR y al Consejo que elaboren una definición oficial común del concepto de autonomía estratégica y que definan muy claramente sus objetivos, recursos y medios de ejecución; considera que la capacidad de actuar de manera autónoma es un medio importante para que la Unión refuerce su acción multilateral, sea menos vulnerable a las amenazas exteriores y sea un socio más fiable en un orden multilateral basado en normas;

6.  Considera que la pandemia de COVID‑19 ha demostrado la vulnerabilidad de la Unión y su dependencia de terceros países; subraya, por tanto, la necesidad aún más importante de intensificar los esfuerzos de la Unión en favor de la autonomía estratégica en este contexto;

7.  Observa que se han realizado algunos avances en la aplicación de la PCSD; celebra que la Unión siga decidida a aumentar su presencia en el mundo y su capacidad para actuar como promotor y proveedor de seguridad a escala mundial, también a través de sus misiones y operaciones en el marco de la PCSD, con objeto de lograr una paz, estabilidad, seguridad y prosperidad sostenible, así como de contribuir activamente a la superación y resolución de conflictos en todo el mundo, en particular en la vecindad de la Unión;

8.  Acoge con satisfacción el anuncio del VP/AR de que, a finales de 2020, se presentará un análisis de las amenazas y los retos comunes que servirá de base para los debates políticos con los Estados miembros y para desarrollar una orientación estratégica; señala que esta orientación estratégica mejorará y será una guía para la aplicación del nivel de ambición de la Unión establecido en 2016 y definirá un enfoque estratégico, así como metas y objetivos específicos en los cuatro ámbitos clave, a saber, gestión de crisis, resiliencia, capacidades y asociaciones, a más tardar en 2022; destaca la necesidad de esta orientación, ya que la Unión debe desarrollar escenarios ilustrativos para las intervenciones militares y civiles y prepararse adecuadamente a nivel operativo y político; espera que la orientación estratégica, como primer paso hacia el desarrollo de una capacidad operativa independiente de la Unión, allane el camino hacia una cultura estratégica más armonizada y facilite así la toma de decisiones de la Unión;

9.  Se plantea la posibilidad de presentar sus propios informes y recomendaciones sobre los ámbitos clave de la orientación estratégica, con el fin de aportar una contribución y orientación parlamentaria, de conformidad con nuestros principios institucionales democráticos;

10.  Destaca la importancia geopolítica fundamental que reviste para la Unión una estabilidad, seguridad y prosperidad regional sostenible y la prevención de procesos desestabilizadores en sus países vecinos, ya sean orientales, meridionales o árticos; destaca el papel clave que desempeñan las operaciones EUFOR Althea y EULEX Kosovo en la promoción de la estabilidad y la seguridad mediante el refuerzo de la resiliencia de los países y el fomento del refuerzo de capacidades en una región de importancia estratégica para la Unión; acoge favorablemente la prórroga de los mandatos de las operaciones EULEX Kosovo y EUAM Ucrania, y reitera la importancia que reviste la implicación de la PCSD en los Balcanes Occidentales y la vecindad oriental; insta a que se analice la misión EUAM Ucrania de la PCSD en curso con el fin de determinar cómo puede aportar un mayor apoyo a la seguridad de Ucrania;

11.  Señala que la inestabilidad en la vecindad meridional europea, en particular en las regiones del Sahel, África Occidental y el Cuerno de África, tiene a la larga efectos colaterales negativos, en particular en la vecindad meridional de la Unión, por lo que representa un desafío directo para la gestión de las fronteras exteriores de la Unión;

12.  Constata con preocupación que las fuerzas militares de la Federación de Rusia siguen ocupando grandes áreas de Ucrania y Georgia, lo que constituye una vulneración del Derecho internacional, y siguen presentes en la República de Moldavia, y que Rusia continúa desestabilizando la paz y la seguridad en la región; manifiesta su preocupación por la magnitud sin precedentes de las campañas de desinformación financiadas por Estados en la vecindad oriental; condena una vez más la intervención militar de Rusia y su anexión ilegal de la península de Crimea, así como el mantenimiento del conflicto latente en Moldavia; insiste en la necesidad de hablar con una sola voz por lo que se refiere a la política de la Unión en este contexto;

13.  Acoge con satisfacción el cese de las hostilidades en Nagorno Karabaj y sus alrededores; destaca con preocupación la participación militar de terceros países en el conflicto y, en particular, el papel desestabilizador y la injerencia de Turquía; pide que se lleve a cabo una investigación internacional sobre la supuesta presencia de combatientes extranjeros y el uso de municiones en racimo y bombas de fósforo; pide a la Unión Europea y a los organismos internacionales que velen por que no queden impunes los crímenes de guerra cometidos en Nagorno-Karabaj ni el uso de armas prohibidas en el conflicto de Nagorno-Karabaj; insiste en la necesidad de permitir el paso de la ayuda humanitaria, de proceder sin demora al intercambio de prisioneros y víctimas y de preservar el patrimonio cultural de Nagorno-Karabaj;

14.  Manifiesta su grave preocupación por la reciente escalada de las tensiones en algunas zonas de tensión potenciales de la región del Indopacífico, como la frontera disputada entre la India y China, el mar de China Oriental y el mar de China Meridional y el estrecho de Taiwán, incluida la creciente provocación de las maniobras militares de China dirigidas contra Taiwán; pide a todas las partes afectadas que resuelvan sus diferencias por medios pacíficos que apacigüen las tensiones y que se abstengan de emprender acciones unilaterales para cambiar el statu quo; subraya la importancia que reviste el desarrollo pacífico en el estrecho de Taiwán para mantener la paz, la estabilidad y la prosperidad para China y Taiwán, así como en la región Asia-Pacífico, que sigue siendo de vital importancia para los intereses de la Unión; pide a la Unión y a los Estados miembros que reexaminen su política de compromiso con Taiwán y que colaboren con socios internacionales afines para proteger un Taiwán democrático sin amenazas extranjeras; manifiesta su preocupación por la campaña de desinformación puesta en marcha por terceros países malintencionados contra democracias de la región del Indopacífico, incluido Taiwán, con objeto de perturbar la labor de lucha contra la pandemia de COVID‑19; pide a la Unión y a sus Estados miembros que apoyen la participación significativa y pragmática de Taiwán como observador en las reuniones, los mecanismos y las actividades de la Organización Mundial de la Salud, con el fin de luchar de forma conjunta contra la crisis global de salud pública;

15.  Expresa su profunda preocupación por las actividades ilegales y las amenazas de acción militar de Turquía contra Estados miembros de la Unión en el Mediterráneo oriental y las condena enérgicamente; observa con preocupación que las acciones unilaterales dirigidas por Turquía a pesar de los esfuerzos de distensión violan el Derecho internacional y afectan directamente a la soberanía de algunos Estados miembros; reitera que la Unión está preparada para utilizar todos los instrumentos y opciones de que dispone, también en virtud del artículo 29 del TUE y el artículo 215 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), con el fin de defender sus intereses y los de sus Estados miembros; recuerda las recientes Conclusiones del Consejo sobre el Mediterráneo oriental y solicita una nueva estrategia global UE‑Turquía;

16.  Hace hincapié en que el acceso a agua potable salubre puede desencadenar conflictos graves; insiste en que la Unión debe definir una estrategia política con objeto de favorecer soluciones en estos ámbitos con un gran potencial desestabilizador, animando al mismo tiempo a los países situados en las zonas más importantes de los conflictos relacionados con el agua a que firmen el Convenio de Helsinki de 1992, completado en Nueva York en 1997, sobre la Protección y Utilización de los Cursos de Agua Transfronterizos y de los Lagos Internacionales;

Consolidar las ambiciones de la Unión Europea: reforzar la eficacia de las misiones y operaciones de la PCSD en un contexto imprevisible y desestabilizado

17.  Considera que la PCSD se basa principalmente en la capacidad de la Unión para desplegar misiones y operaciones civiles y militares en situaciones de crisis que afectan a la seguridad de la Unión y sus Estados miembros o que exigen una intervención internacional con arreglo al Derecho internacional y la Carta y las resoluciones de las Naciones Unidas; señala que la Unión tiene desplegadas en la actualidad once misiones y operaciones civiles y seis militares y que, en el caso de estas últimas, tres son misiones ejecutivas (Atalanta, Eunavfor MED Irini y EUFOR Althea) y tres no ejecutivas (EUTM Mali, EUTM Somalia y EUTM RCA); recuerda que los mandatos de las misiones de la PCSD tienen como objetivo, entre otras cosas, fomentar la reforma del sector de la seguridad, impulsar la reforma de la justicia y reforzar la formación militar y policial; recomienda que las misiones y operaciones se evalúen adecuadamente de forma periódica con el fin de determinar en qué ámbitos se podría reforzar su eficacia; destaca la importancia de que las misiones se desplieguen de manera más rápida, flexible y coherente;

18.  Observa que, lamentablemente, algunos Estados miembros siguen sin dar muestras de voluntad política para participar en las misiones y operaciones de la PCSD de manera significativa y creíble; subraya la importancia de reforzar las misiones y operaciones en lo referente tanto a recursos humanos como a mandatos; pide a los Estados miembros que aumenten su contribución en fuerzas y activos a todas las misiones y operaciones de la PCSD, abordando en particular las carencias existentes, ya que el aspecto de la financiación de las misiones y operaciones de la PCSD es crucial para su sostenibilidad, especialmente en épocas de crisis, al igual que la cuestión del posible aumento de las tensiones y los conflictos; subraya que no debe reducirse el presupuesto destinado a la PCSD;

19.  Destaca que la participación de mujeres en las misiones de la PCSD contribuye a su eficacia y aumenta la credibilidad de la Unión como defensora de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en todo el mundo; solicita una integración significativa de la perspectiva de género en la formulación de la PCSD, en particular mediante un mejor equilibrio de género en el personal y la dirección de las misiones y operaciones de la PCSD, así como la formación específica del personal desplegado; celebra que todas las misiones civiles de la PCSD hayan nombrado a un asesor en materia de género y pide a las misiones militares de la PCSD que sigan este ejemplo; anima a los Estados miembros de la Unión a que presenten candidatas para los puestos vacantes existentes; pide que todo el personal militar y civil desplegado por la Unión esté suficientemente formado en lo que se refiere a igualdad de género y la aplicación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre las mujeres, la paz y la seguridad y, concretamente, a la manera de integrar la perspectiva de género en sus tareas; lamenta que el número de mujeres que trabajan en misiones de la PCSD, y especialmente en operaciones militares, siga siendo muy bajo; insta al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) a que defienda la necesidad de un objetivo concreto y de un compromiso político para aumentar el número de mujeres en las misiones y operaciones de gestión de crisis de la Unión; insta a los Estados miembros a que estudien posibles formas de reforzar las políticas de contratación y retención y de fomentar la participación de mujeres en las misiones de consolidación y mantenimiento de la paz; hace hincapié en la necesidad de crear una nueva línea presupuestaria de la Unión que financie el puesto de asesor en materia de género en las misiones militares de la PCSD;

20.  Destaca el compromiso global de la Unión en el Sahel y el Cuerno de África a través de seis misiones civiles (EUCAP Mali, EUCAP Níger y EUCAP Somalia) y militares (EUTM Mali, EUTM Somalia, Eunavfor Atalanta y Eunavfor MED Irini);

21.  Observa que las operaciones militares de la PCSD se centran cada vez más en la formación de las fuerzas armadas (es decir, misiones de formación de la Unión) y carecen de una dimensión ejecutiva; considera que, sin que ello afecte a la dimensión no ejecutiva de estas misiones, debe reforzarse su mandato para que los asesores europeos puedan controlar, lo más cerca posible del terreno de despliegue, si los programas de formación se han aplicado y son plenamente coherentes con las necesidades operativas reales de las fuerzas armadas locales; observa que esto también permitiría una mejor prevención de la mala gestión y de casos de abusos una vez se desplieguen sobre el terreno las fuerzas formadas; subraya que esto es especialmente importante en el caso de la misión EUTM Mali, en el marco de la cual las fuerzas armadas de Mali están desplegadas en zonas muy distintas y difíciles, por lo que se impone una supervisión de la manera en que se está aplicando realmente la formación europea;

22.  Destaca que solo algunas misiones de la PCSD imparten formación sobre acoso sexual y de género, y pide al SEAE y a los Estados miembros que ofrezcan formación obligatoria para luchar contra este tipo de acoso en todas las misiones y operaciones y que velen por la protección efectiva de las víctimas y los denunciantes; pide que se actualicen las normas genéricas de conducta actualizadas para las misiones y operaciones de la PCSD de manera que incluyan el principio de tolerancia cero ante la inacción de dirigentes y administradores de la Unión frente a la violencia sexual y de género;

23.  Acoge favorablemente las Conclusiones del Consejo, de 12 de octubre de 2020, sobre la operación EUFOR Althea y la voluntad de prolongar el mandato de la operación con el fin de respaldar a las autoridades de Bosnia y Herzegovina a la hora de mantener un entorno seguro y estable con arreglo a una autorización renovada de las Naciones Unidas; reconoce los desafíos que plantea la pandemia de COVID‑19 y encomia al personal de las misiones por seguir estando plenamente operativo durante este período;

24.  Señala que la situación en materia de seguridad en Somalia es muy preocupante y constituye un factor de desestabilización en todo el Cuerno de África e incluso en otras zonas; considera, a este respecto, que el refuerzo de la misión EUTM Somalia con una capacidad de asesoramiento para las estructuras de mando permitiría influir de forma significativa en la forma en que se ejecutan las operaciones en el marco del dispositivo multilateral de asistencia militar;

25.  Apoya los esfuerzos realizados en lo que se refiere al proceso de regionalización iniciado a través de la Célula de Asesoramiento y Coordinación Regional y la decisión tomada por el Consejo el 12 de febrero de 2019 de hacer que entre en su segunda fase, reforzando así el enfoque regional de la Unión en el Sahel, en particular en la EUTM Mali al ampliar su alcance a los países del G5 del Sahel, con objeto de que la acción de la Unión resulte más eficaz y operativa a través de las fronteras nacionales del G5 del Sahel y de apoyar la cooperación transfronteriza, reforzando así la eficacia de la labor de la EUCAP Sahel Mali, la EUCAP Sahel Níger y la EUTM Mali; pide que esta misión pase a denominarse EUTM Sahel; observa que la coherencia y la cooperación en materia de seguridad con los países africanos son cruciales para lograr la estabilidad y el desarrollo a largo plazo del continente; opina que, si bien la regionalización del enfoque de la PCSD en el Sahel es pertinente, requiere una organización más clara entre las misiones civiles y militares de la PCSD ya existentes, los agentes locales y otras organizaciones internacionales (como la misión Minusma de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y la Operación Barkhane dirigida por el Ejército francés) con el fin de garantizar sinergias operativas y esfuerzos coordinados a escala de la Unión;

26.  Manifiesta su inquietud ante la campaña de desinformación contra la Unión en curso en la República Centroafricana; pide al VP/AR que adopte medidas para determinar eficazmente cuál es el origen de la campaña de desinformación y luchar contra estos ataques; acoge favorablemente la puesta en marcha de la misión EUAM RCA, destinada a apoyar la reforma del sector de la seguridad de la República Centroafricana, y la prórroga del mandato de la misión EUTM RCA; considera que la Unión debe mejorar con rapidez y eficacia sus capacidades para proporcionar equipos, como complemento de la formación que ofrecen las misiones EUCAP y EUTM; observa que el establecimiento del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz garantizaría un enfoque exhaustivo para el desarrollo de capacidades de las fuerzas de nuestros socios; subraya que son agentes extranjeros asertivos, presentes y activos, que no comparten necesariamente los principios éticos de la Unión y sus Estados miembros, quienes colman la carencia de capacidades y participan en el equipamiento de esas fuerzas, sin respetar en modo alguno el Estado de Derecho y las normas internacionales;

27.  Se muestra profundamente preocupado por el deterioro de la situación humanitaria y en materia de seguridad en la región del Sahel, donde el terrorismo está aumentando la presión sobre los países del G5 del Sahel y su vecindad, lo que agrava las tensiones políticas, étnicas y religiosas locales; subraya la importancia del apoyo prestado por las misiones y operaciones de la Unión en el Sahel a este respecto; recuerda que resulta vital mantener la inversión a largo plazo realizada por la comunidad internacional para trabajar en favor de la seguridad y la estabilidad en Mali y el Sahel; acoge con satisfacción la reanudación de las actividades de misiones y operaciones de la Unión en Mali;

28.  Solicita un nuevo enfoque a nivel operativo para la reforma del sector de la seguridad, la asistencia para la seguridad y el desarrollo de capacidades militares que incorpore las lecciones aprendidas, en particular en Mali, y haga hincapié en: a) el control democrático de todas las fuerzas de seguridad, incluidas las fuerzas armadas, b) la gobernanza democrática y transparente del sector, c) la supervisión sistemática del cumplimiento pleno y estricto por parte de todos los agentes del Derecho internacional en materia de derechos humanos y el Derecho internacional humanitario, y d) mecanismos claros para la suspensión o la retirada en caso de impunidad y violaciones continuas;

29.  Constata que el nivel de coordinación entre las misiones civiles y militares ha mejorado en tres países: Mali, República Centroafricana y Somalia; acoge favorablemente los esfuerzos coordinados de la Misión de la UE de Desarrollo de las Capacidades en Somalia (EUCAP Somalia) y la misión EUTM Somalia para acompañar el acercamiento operativo entre la policía somalí y el ejército somalí en las zonas liberadas de la influencia de Al-Shabab; destaca que el enfoque integrado de herramientas, instrumentos presupuestarios y agentes en la EUAM RCA y la EUTM RCA debe reproducirse, cuando sea pertinente, en otras misiones y operaciones de la PCSD;

30.  Acoge con satisfacción la puesta en marcha de la Operación Eunavfor MED Irini, cuyo objetivo es contribuir a la paz, la seguridad y la estabilidad sostenibles mediante el apoyo a la ejecución del embargo de armas a Libia de conformidad con la Resolución 2526 (2020) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la formación de la guardia costera libia y la lucha contra la trata de seres humanos; insta concretamente a los Estados miembros a que asignen urgentemente los activos de inteligencia, vigilancia, reconocimiento, policía y navales necesarios para reforzar las capacidades de la Operación Irini, hasta la fecha limitadas, y alienta el refuerzo de la cooperación con la operación marítima de la OTAN en curso Sea Guardian, así como la cooperación con los socios regionales; recuerda las obligaciones internacionales en materia de búsqueda y salvamento en el mar; pide al VP/AR que utilice plenamente los activos de la Unión en este ámbito, en particular los satélites de la Unión y el Centro de Inteligencia y de Situación de la Unión Europea; acoge con satisfacción los progresos que se están realizando para estabilizar la situación en Libia, y pide a la Unión que asuma un papel activo en el proceso de mediación para contribuir a sentar las bases necesarias para una Libia pacífica, estable y democrática;

31.  Toma nota de la decisión adoptada por el Consejo el 20 de junio de 2020 de prorrogar los mandatos de tres de sus misiones civiles de la PCSD: la Misión de la Unión Europea de asistencia y gestión integrada de las fronteras en Libia (EUBAM Libia), la Misión de asistencia fronteriza de la Unión Europea para el paso fronterizo de Rafah (EUBAM Rafah) y la Misión de Policía de la Unión Europea para los Territorios Palestinos (EUPOL COPPS);

32.  Pide que se sigan desarrollando y reforzando las estructuras civiles y militares de toma de decisiones y de mando y control de la Unión, garantizando al mismo tiempo la separación de las cadenas de mando militar y civil;

33.  Señala que la revisión estratégica de la Capacidad Militar de Planificación y Ejecución debe comenzar en 2020; pide al VP/AR que, dado el impacto de esta revisión en la planificación, el mando y el control de las misiones y operaciones militares, informe oportunamente al Parlamento de las opciones disponibles y elegidas; reitera que la Unión necesita una estructura de mando militar permanente y plenamente operativa para poder actuar de forma autónoma y pide, por tanto, al Consejo que establezca dicha estructura;

34.  Toma nota de los esfuerzos y progresos generales realizados en la aplicación del Pacto sobre la Vertiente Civil de la PCSD, cuyo objetivo es hacer que dicha vertiente sea más capaz, eficaz, flexible y receptiva tanto a escala nacional, mediante el desarrollo y la ejecución de planes nacionales de aplicación para aumentar las aportaciones nacionales a la vertiente civil de la PCSD, como a escala de la Unión, mediante el desarrollo de un plan de acción conjunto; solicita la aplicación integral del Pacto sobre la Vertiente Civil de la PCSD para principios del verano de 2023; toma nota de los problemas de capacidad a que debe hacer frente la vertiente civil de la PCSD en lo que respecta a la disponibilidad de un número suficiente de policías, jueces, fiscales y otros expertos del ámbito de la justicia y la seguridad civil; opina que la Unión debe proseguir su evaluación exhaustiva de las misiones civiles EUCAP Sahel Mali, EUCAP Sahel Níger, EUCAP Somalia y EUAM RCA en lo que respecta a sus mandatos, presupuestos y recursos humanos, con el fin de que sean plenamente operativas y eficaces; pide a los Estados miembros que presenten una revisión anual detallada en la que se evalúen los progresos realizados en la aplicación del Pacto sobre la Vertiente Civil de la PCSD; pide a todos los agentes pertinentes que intensifiquen la cooperación y refuercen las sinergias entre las misiones civiles y militares desplegadas en el mismo teatro de operaciones, especialmente en lo que se refiere a la movilidad y las infraestructuras digitales seguras; celebra la creación del Centro de Excelencia en la Gestión de Crisis Civiles, que comenzó a funcionar en septiembre de 2020, y anima a los Estados miembros a que participen activamente en su trabajo;

35.  Elogia la continuidad de las misiones y operaciones de la PCSD y su presencia constante a pesar del contexto muy difícil que ha provocado la pandemia de COVID‑19 y los efectos negativos de esta; pide que se evalúen a la luz de las lecciones extraídas de la pandemia de COVID‑19 el presupuesto, los recursos, la planificación y el equipamiento de las misiones y operaciones de la PCSD, con objeto de garantizar que se mantiene la eficacia operativa; subraya la importancia de que la Unión examine qué medidas adicionales se podrían adoptar para minimizar y gestionar el riesgo de infección del personal; manifiesta su profunda preocupación por el impacto amplificador negativo de la COVID‑19 en las crisis existentes, y opina que es imperativo que la Unión impida que la COVID‑19 ponga en peligro muchos años de progresos en la consolidación de la paz; observa con alarma la ola de desinformación, en particular contra las misiones y operaciones de la PCSD durante la pandemia de COVID‑19; subraya la necesidad de que la Unión refuerce sus herramientas de comunicación estratégica y su diplomacia pública, en particular en los países en los que se despliegan las misiones y operaciones de la PCSD;

36.  Reconoce la contribución de las misiones civiles y militares de la PCSD al mantenimiento de la paz y la estabilidad, el refuerzo de la seguridad internacional y el apoyo a terceros países en la lucha contra el terrorismo; insta a la Unión a que consolide sus capacidades institucionales en materia de prevención de conflictos y mediación; solicita un enfoque más proactivo para la resolución de los conflictos prolongados en la vecindad inmediata de la Unión; pide que se adopten enfoques sensibles a los conflictos y centrados en las personas en los que la seguridad humana y los derechos humanos constituyan el punto central de la intervención de la Unión;

37.  Considera que la Unión debe concentrar sus esfuerzos en las misiones y operaciones que generen el mayor valor añadido; acogería con satisfacción, por lo tanto, que se reflexionase sobre la pertinencia y la eficiencia de determinadas misiones;

38.  Solicita la rápida adopción y aplicación del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, destinado a aumentar la eficacia de las misiones de la Unión, apoyar a sus socios y contribuir a las operaciones de paz; subraya que este instrumento financiaría parte de los costes de las actividades de defensa de la Unión, incluidos los costes conjuntos de las operaciones militares de la PCSD y los relacionados con el desarrollo de las capacidades militares de los socios en los países en los que interviene la Unión, por lo que se le debe dotar de un presupuesto lo suficientemente elevado para hacer frente con eficiencia a los retos actuales relacionados con la formación, las operaciones, las misiones, los proyectos y los equipos militares, incluidas las armas, las municiones y el transporte, en plena conformidad con los ocho criterios de la Posición Común, el Derecho internacional en materia de derechos humanos y el Derecho internacional humanitario, y con disposiciones efectivas en materia de transparencia, tal como se enumeran en su Recomendación, de 28 de marzo de 2019, sobre la creación del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz; recuerda la necesidad de llevar a cabo evaluaciones de riesgos ex ante exhaustivas y de supervisar de cerca la utilización por los países beneficiarios, en particular en las regiones caracterizadas por una extrema volatilidad del panorama político y una gran permeabilidad de las fronteras nacionales, así como de establecer las salvaguardias necesarias a escala de la Unión para impedir la adquisición de esas armas por grupos terroristas y otros agentes malintencionados;

39.  Celebra que en la carta de intenciones que acompañaba al discurso sobre el estado de la Unión de 2020 se anunciara una comunicación conjunta sobre un enfoque estratégico para apoyar el desarme, la desmovilización y la reintegración de los excombatientes para 2021, así como la revisión oportuna del Concepto de la UE de apoyo al desarme, la desmovilización y la reintegración de 2006; subraya la importancia que reviste la reforma del sector de la seguridad como aspecto prioritario, en particular para nuestras misiones civiles de la PCSD, cuyo objetivo principal debe ser la aplicación del enfoque de seguridad humana; insiste en que el nuevo enfoque estratégico en lo relativo a desarme, desmovilización y reintegración debe garantizar la coherencia entre los instrumentos de la PCSD y la ayuda al desarrollo de la Unión;

Desarrollar las capacidades efectivas de la PCSD

40.  Acoge con satisfacción las iniciativas de desarrollo de capacidades de la Unión, como la revisión anual coordinada de la defensa (CARD), la Cooperación Estructurada Permanente (CEP) y el futuro Fondo Europeo de Defensa (FED), ya que pueden contribuir a lograr una mayor coherencia, coordinación e interoperabilidad en la aplicación de la PCSD, a allanar el camino hacia la realización de las misiones de Petersberg y a consolidar la solidaridad, la cohesión, la resiliencia y la autonomía estratégica de la Unión;

41.  Reconoce que la integración en las iniciativas de desarrollo de capacidades de la Unión y la participación significativa de más Estados miembros en importantes proyectos de defensa europeos dirigidos en la actualidad casi exclusivamente de forma bilateral (como el sistema futuro de combate aéreo (FCAS) y el sistema principal de combate terrestre (MGCS)) tienen una importancia vital para el éxito del proceso de integración europea en el ámbito de la defensa y aportarían un valor añadido claro a los esfuerzos europeos en favor de la mejora de la cooperación, la integración en materia de defensa y la interoperabilidad en beneficio de las misiones y operaciones de la PCSD;

42.  Señala que es crucial reforzar la coherencia, la inclusividad, la coordinación y la congruencia de todos los instrumentos de planificación de la defensa y todas las herramientas e iniciativas de desarrollo de capacidades de la Unión, de manera que generen sinergias significativas y su refuerzo mutuo, eviten la duplicación, garanticen una utilización eficiente y estratégica de los recursos, aseguren la interoperabilidad y faciliten un despliegue rápido;

43.  Pide a los Estados miembros que aumenten su gasto en defensa y aspiren a un objetivo del 2 % del PIB;

44.  Acoge con satisfacción el acuerdo alcanzado sobre el Reglamento FED, y pide la rápida adopción y creación del FED, que abordará y acelerará las prioridades comunes acordadas en materia de desarrollo de capacidades de defensa en los ámbitos aéreo, terrestre, marítimo y cibernético y, de este modo, promoverá la capacidad de la Unión para ejercer como actor global que aporta y contribuye a la seguridad a escala internacional; pide a los Estados miembros, al Consejo y a la Comisión que doten al FED de una financiación adecuada y que se centren en proyectos estructurales con un gran valor añadido, facilitando así la cooperación industrial entre los Estados miembros y la consolidación de una sólida base industrial y tecnológica de la defensa europea, fortaleciendo las capacidades técnicas, industriales y estratégicas con el fin de reforzar la capacidad de la Unión para producir y disponer de capacidades militares de forma autónoma y mantener la autonomía tecnológica de Europa a largo plazo; aboga por que las iniciativas en materia de capacidades de defensa faciliten la participación de las pequeñas y medianas empresas;

45.  Señala a la atención el carácter extremadamente sensible y estratégico de la investigación en materia de defensa y la necesidad de regular el acceso de entidades controladas por terceros no pertenecientes a la Unión a los proyectos financiados por el FED, a fin de mantener la coherencia con la ambición de la Unión relativa a la autonomía estratégica; subraya que la participación de terceros países en el FED, en algunos casos adecuados específicos y excepcionales, cuando aporte un valor añadido tecnológico y operativo probado a determinados proyectos, debe tener lugar sobre la base de una reciprocidad efectiva, no debe debilitar los intereses de seguridad estratégicos de la Unión, no debe socavar los objetivos del FED y debe enmarcarse en una supervisión estricta de su conformidad con las normas establecidas en la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Fondo Europeo de Defensa (COM(2018)0476), como el mantenimiento de la propiedad intelectual dentro de la Unión;

46.  Acoge favorablemente la revisión estratégica de la primera fase de la CEP a finales de 2020, que incluye una visión general de los progresos del programa y determina las disposiciones necesarias para lograr que la CEP sea más eficaz y se centre más en la consecución de objetivos; considera que la CEP es un instrumento que contribuye a reforzar la cooperación e integración de la Unión en materia de defensa sostenible y eficiente mediante la mejora de las capacidades y la interoperabilidad para la defensa de los Estados miembros participantes, especialmente en lo que atañe a la disponibilidad, la flexibilidad y la capacidad de despliegue de las fuerzas; recuerda que los proyectos de la CEP deben ayudar a maximizar la eficacia del gasto en defensa; considera que la CEP debe utilizarse como instrumento complementario para alcanzar los objetivos de la Unión y contribuir a los de la OTAN; celebra la reciente adopción de la Decisión relativa a la participación de terceros países en la CEP, si bien observa que cualquier participación excepcional de este tipo en proyectos individuales de la CEP debe aportar valor añadido a los Estados miembros de la Unión y a los proyectos, contribuir a reforzar la CEP y la PCSD y a cumplir compromisos más exigentes, con sujeción a requisitos políticos, de fondo y legales muy estrictos, y tener lugar con arreglo a una reciprocidad efectiva y consolidada;

47.  Pide a los Estados miembros participantes que muestren su compromiso político pleno, sus esfuerzos y su ambición estratégica para proporcionar los recursos necesarios y cumplir los compromisos comunes ambiciosos y vinculantes que han acordado, garantizando al mismo tiempo avances tangibles en la ejecución rápida y efectiva de los proyectos en curso de la CEP; recalca que los proyectos de la primera serie son sobre todo proyectos de desarrollo de capacidades que implican al mayor número posible de Estados miembros y que el carácter inclusivo de los proyectos de la CEP no debe llevar a los Estados miembros participantes a rebajar sus ambiciones; teme que los déficits de capacidades y las carencias más críticas, detectados por el proceso referente al Objetivo Principal por medio del Plan de Desarrollo de Capacidades y la revisión anual coordinada de la defensa, no se vayan a subsanar y abordar de manera adecuada o exhaustiva para llevar a cabo con éxito operaciones militares; recomienda que se lleve a cabo una revisión de los 47 proyectos actuales de la CEP con el fin de verificar los progresos realizados y determinar qué proyectos podrían agruparse, a discreción de los Estados miembros participantes; anima a los Estados miembros participantes a que se centren en los proyectos de la CEP que aporten un verdadero valor añadido con un enfoque más operativo, beneficios mutuamente beneficiosos y facilitadores estratégicos para la Unión, así como en los proyectos con una dimensión estratégica que aborde futuras amenazas para la seguridad; anima encarecidamente a los Estados miembros a que, en el marco de la reforma del sistema de grupos de combate de la Unión, estudien opciones para incluirlo en el ámbito de la CEP a fin de aumentar su capacidad operativa, modularidad y agilidad mediante el establecimiento de unidades internacionales permanentes dedicadas a cumplir misiones militares de conformidad con el artículo 43 del TUE y a mejorar la capacidad de la Unión para llevar a cabo operaciones sólidas de gestión de crisis;

Reforzar la cooperación con socios estratégicos

48.  Acoge con satisfacción los avances logrados en la cooperación entre la Unión y la OTAN desde la Declaración conjunta de Varsovia de 2016; elogia los progresos realizados en la aplicación del conjunto común de propuestas de 2016 y 2017, y en particular la intensificación del diálogo político UE-OTAN a todos los niveles, así como el diálogo estructurado sobre movilidad militar, los esfuerzos por garantizar una mayor coherencia entre los respectivos procesos de planificación de la defensa y una cooperación más estrecha en materia de ciberseguridad y defensa y en la lucha contra las amenazas híbridas y las campañas de desinformación; toma nota del nivel de cooperación entre la OTAN y la Unión para ayudar a las autoridades civiles a contener y detener la propagación de la pandemia de COVID‑19; pide a la Unión y a la OTAN que sigan potenciando la cooperación que les refuerza mutuamente, incluso entre misiones y operaciones, y que profundicen su Asociación Estratégica; destaca la importancia de seguir reforzando la asociación entre la Unión y la OTAN en el ámbito de la movilidad militar; insiste en la importancia de organizar y realizar entrenamientos y ejercicios conjuntos entre las fuerzas armadas europeas, así como ejercicios paralelos y coordinados entre la Unión y la OTAN;

49.  Acoge favorablemente, en este contexto, la operación Atlantic Resolve y la Presencia Avanzada Reforzada de la OTAN en el continente europeo, y reconoce la importancia de las tropas de la OTAN en los esfuerzos por frenar nuevas agresiones por parte de Rusia y proporcionar un apoyo crucial en caso de conflicto;

50.  Recuerda que la OTAN sigue constituyendo la piedra angular de la defensa colectiva de los Estados miembros que también son miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, como se reconoce explícitamente en el TFUE; considera que la cooperación entre la Unión y la OTAN debe ser complementaria y tener plenamente en cuenta las características específicas y funciones respectivas, y no debe reproducir ni sustituir estructuras sin necesidad; recuerda que la cooperación en materia de defensa es uno de los pilares de la cooperación transatlántica y sigue siendo fundamental para la seguridad mutua de los países aliados y socios, y reitera, por consiguiente, la necesidad de forjar unas relaciones más sólidas; recuerda que, con arreglo al principio del «conjunto único de fuerzas», el desarrollo de las capacidades de defensa de la Unión no supone una amenaza competitiva para la Alianza y beneficiará a los países que participan tanto en la PCSD como en la OTAN; señala que una cooperación de la Unión más eficaz en materia de seguridad y defensa debe considerarse un factor que refuerza el pilar europeo de la OTAN y que contribuye a que la Unión asuma un papel más destacado a la hora de garantizar su propia seguridad; opina que las iniciativas en materia de capacidades deben garantizar la interoperabilidad con los aliados y facilitar un despliegue rápido; constata con preocupación que algunas divergencias han socavado la solidaridad de la Alianza tras las acciones turcas en el Mediterráneo oriental;

51.  Subraya la necesidad de reforzar el papel de la Unión como proveedor de protección marítima y la resiliencia de la Unión y sus Estados miembros frente a situaciones de crisis en sus aguas territoriales, así como la importancia de definir una estrategia marítima coherente destinada a luchar contra los operadores marítimos ilegales no estatales; considera necesario armonizar las normas de intervención y de equipamiento y reforzar la formación del personal con el fin de llevar a cabo acciones coordinadas y unitarias en operaciones europeas e internacionales o en caso de crisis, sucesos e incidentes marítimos; subraya la necesidad de que la Unión y la OTAN cooperen para adoptar un enfoque común eficaz ante las amenazas para la seguridad marítima, como la delincuencia transfronteriza y organizada, incluidas las redes de delincuencia organizada que propician la trata de seres humanos, el tráfico de armas y drogas, el contrabando y la piratería marítima;

52.  Apoya firmemente la Asociación Estratégica entre la Unión y las Naciones Unidas para la gestión de crisis y las operaciones civiles, policiales y militares de mantenimiento de la paz; acoge con satisfacción los avances logrados en la ejecución de las ocho prioridades de la Unión y las Naciones Unidas para el período 2019-2021 definidas y acordadas conjuntamente para las operaciones de paz y la gestión de crisis; insta a los Estados miembros a que contribuyan en mayor medida al mantenimiento de la paz por parte de las Naciones Unidas, y pide a las instituciones de la Unión que les asistan a este respecto; constata que se han logrado algunos avances en lo que respecta a la mejora de la cooperación entre misiones y operaciones sobre el terreno, en particular mediante la firma, el 29 de septiembre de 2020, del Acuerdo Marco UE-Naciones Unidas con vistas a la prestación de apoyo mutuo en el contexto de sus respectivas misiones y operaciones sobre el terreno, la agenda sobre la mujer, la paz y la seguridad —que contribuye a la aplicación del Plan de Acción de la UE sobre la mujer, la paz y la seguridad—, la prevención de conflictos y los progresos a nivel político y estratégico; pide a la Unión y a las Naciones Unidas que sigan estudiando las posibilidades de establecer una cooperación más estrecha, especialmente en teatros de operaciones conjuntos, en ámbitos como la planificación de la transición de las misiones, los acuerdos de apoyo sobre el terreno, el intercambio de información fuera de las zonas de las misiones y la planificación de contingencias a efectos de la COVID‑19, así como en los ámbitos del clima y la defensa;

53.  Reitera que, a pesar del Brexit, el Reino Unido sigue siendo un socio estratégico cercano de la Unión y sus Estados miembros y que es esencial mantener una cooperación en materia de defensa y seguridad fuerte, estrecha y especial entre la Unión y el Reino Unido, ya que la Unión y el Reino Unido comparten el mismo entorno estratégico y las mismas amenazas para su paz y seguridad; anima al Reino Unido a participar en misiones y operaciones de la PCSD, en operaciones de gestión de crisis, en el desarrollo de capacidades de defensa, en las agencias pertinentes de la Unión y en proyectos en el marco de la CEP, dentro del respeto de la autonomía de decisión de la Unión, la soberanía del Reino Unido y el principio de equilibrio de los derechos y las obligaciones, sobre la base de una reciprocidad efectiva y en el marco de una contribución financiera justa y adecuada; toma nota de la retirada del Reino Unido de la PCSD el 31 de diciembre de 2020; pide que se establezcan procedimientos de sustitución rápida a fin de garantizar la continuidad de las misiones y operaciones de la PCSD en las que el personal británico desplegado desempeñaba funciones importantes;

54.  Pide a la Unión que mantenga una cooperación más estrecha con las fuerzas regionales existentes, como la Unión Africana, la Cedeao, la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental y el Consejo Ártico, así como con países afines no pertenecientes a la OTAN;

55.  Solicita una aplicación más sistemática de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre las mujeres, la paz y la seguridad, dado que hace veinte años que se adoptó, y un refuerzo de la agenda de la Unión sobre la mujer, la paz y la seguridad; solicita una integración significativa de la perspectiva de género en la formulación de la PCSD, en particular mediante un mejor equilibrio de género en el personal y la dirección de las misiones y operaciones de la PCSD, así como la formación específica del personal desplegado;

56.  Pide que se aplique la Resolución 2250 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre juventud, paz y seguridad y que se integre de manera significativa a la juventud y sus perspectivas en los análisis de los conflictos en los que se basa el apoyo prestado por las misiones y operaciones de la PCSD; pide que la Unión adopte medidas para mejorar las oportunidades de participación significativa de los jóvenes en el mantenimiento y la promoción de la paz y la seguridad;

57.  Hace un llamamiento a la Unión para que aborde las amenazas constantes y crecientes para la protección y conservación del patrimonio cultural y persiga el contrabando de tesoros culturales, especialmente en las zonas de conflicto; señala que privar a las sociedades de su patrimonio cultural y de sus raíces históricas las hace más vulnerables a la radicalización y más permeables a las ideologías yihadistas; pide que la Unión desarrolle una estrategia amplia para conjurar estas amenazas;

Reforzar la resiliencia y la preparación de la Unión

58.  Observa con preocupación que algunos agentes mundiales y un número cada vez mayor de agentes regionales están eludiendo o intentando destruir deliberadamente el orden internacional basado en normas, el multilateralismo y los valores de la paz sostenible, la prosperidad y la libertad, que corresponden a las bases sobre las que se construye la Unión Europea; señala que la pandemia de COVID‑19 ha revelado nuevas fragilidades y tensiones globales y ha agravado las que ya existían; destaca que la pandemia ha reforzado el apoyo público a una Unión menos dependiente del resto del mundo, mejor protegida y capaz de actuar con independencia; pide que la Unión Europea desempeñe un papel más importante en la escena internacional y solicita una mayor unidad, solidaridad y resiliencia europea y una política exterior más cohesiva en la que el multilateralismo efectivo sea un elemento central; acoge con satisfacción las Conclusiones del Consejo de junio de 2020 en las que se aboga por una Unión Europea fuerte que promueva la paz y la seguridad y proteja a sus ciudadanos;

59.  Destaca el importante papel que han desempeñado las fuerzas armadas durante la pandemia de COVID‑19, y acoge con satisfacción la asistencia militar prestada a las autoridades civiles, sobre todo para la instalación de hospitales de campaña, el transporte de pacientes y la entrega y distribución de equipos; considera que esta valiosa aportación ha demostrado la importancia de tener en cuenta las lecciones extraídas para reforzar los activos y capacidades militares de los Estados miembros en apoyo del Mecanismo de Protección Civil de la Unión, un instrumento fundamental para hacer frente a las situaciones de emergencia, así como con fines de asistencia humanitaria; considera asimismo que, para hacer frente con eficacia a las crisis sanitarias, es esencial preparar al personal médico militar de los Estados miembros para que pueda participar rápidamente; reitera la importancia de la asistencia mutua y la solidaridad, en consonancia con el artículo 42, apartado 7, del TUE y el artículo 222 del TFUE;

60.  Subraya la importancia de la movilidad militar; considera necesario avanzar y facilitar la plena movilidad militar en toda Europa y pide, por tanto, que se simplifiquen y armonicen los procedimientos para que los Estados miembros puedan actuar con mayor rapidez, ya que la movilidad militar es beneficiosa para la gestión de crisis civiles; insiste en la importancia de disponer de un presupuesto adecuado para los proyectos de movilidad militar; celebra que el proyecto de movilidad militar forme parte de la CEP; insiste en la necesidad de establecer mecanismos europeos destinados a facilitar el uso transfronterizo de capacidades logísticas militares para hacer frente a tales situaciones de emergencia, con el fin de propiciar mayores niveles de coordinación, sinergia, solidaridad y apoyo; insiste en que, en épocas de pandemias y crisis semejantes, se podría extender una asistencia y una solidaridad similares, entre otros, a los países socios de la vecindad inmediata de la Unión; destaca la necesidad de reforzar la preparación de la Unión de cara a amenazas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares y las capacidades necesarias a tal fin; subraya la necesidad de intensificar la vigilancia y la protección de las infraestructuras vitales y críticas, y especialmente los cables submarinos de fibra óptica para internet;

61.  Considera que es importante velar por que exista una vinculación más adecuada entre los aspectos internos y externos de las políticas de la Unión con el fin de garantizar que dichas políticas actúen en pro de los objetivos de la política exterior y de seguridad común, incluida la política energética de la Unión;

62.  Considera fundamental proteger todos los puntos débiles de la Unión con objeto de garantizar una defensa común eficaz de los ciudadanos europeos; observa con preocupación la creciente militarización de la península de Crimea y los intentos por parte de la Federación de Rusia de desestabilizar la región del mar Negro, y constata que esta situación dio lugar al reconocimiento de la vulnerabilidad del flanco oriental de la Alianza del Atlántico Norte en la Cumbre de la OTAN celebrada en Gales en 2014; pide que la Unión reconozca la vulnerabilidad de los Estados miembros de Europa oriental a fin de reforzar la defensa europea, y que desarrolle, junto con la OTAN, una estrategia global para la seguridad y defensa del flanco oriental;

Contrarrestar y prevenir proactivamente las amenazas híbridas

63.  Acoge con satisfacción el conjunto de prioridades y directrices adoptadas para la cooperación de la Unión en el ámbito de la lucha contra las amenazas híbridas y el refuerzo de la resiliencia frente a tales amenazas, incluida la lucha contra la desinformación, la guerra híbrida, el espionaje, las noticias falsas y la propaganda, así como el establecimiento de un Sistema de Alerta Rápida para facilitar la cooperación con el G‑7 y la OTAN; invita a la Unión y a sus Estados miembros a desarrollar y reforzar la seguridad de sus sistemas de información y comunicación, incluidos los canales de comunicación seguros; subraya la importancia y la urgencia de que la Unión refuerce e invierta más en su comunicación estratégica y de que sus capacidades pasen a ser más resilientes para abordar y disuadir de cualquier injerencia extranjera que suponga una amenaza para su sistema democrático, su soberanía y sus ciudadanos; subraya el importante papel que desempeña el Grupo de Trabajo East StratCom, reconoce la importante labor realizada en el marco del proyecto EUvsDisinfo y solicita un apoyo presupuestario y político adicional para seguir mejorando su capacidad para frenar la desinformación e informar sobre las medidas y políticas de la Unión;

64.  Subraya la urgente necesidad de que la Unión adopte una estrategia más firme para detectar y luchar de forma proactiva contra las campañas agresivas y malintencionadas de desinformación orquestadas contra ella por terceros países y agentes no estatales; destaca la necesidad de revisar el mandato del equipo de comunicación estratégica del SEAE con miras a hacer frente a las injerencias extranjeras e implicar a los verificadores de datos, los investigadores, las empresas emergentes y las organizaciones de la sociedad civil; insiste en la necesidad de dotar de personal y financiación suficientes a todos los servicios de la Unión que se ocupan de la injerencia y la desinformación extranjeras a fin de detectar, investigar y contrarrestar mejor los intentos de injerencia en los procesos democráticos de la Unión o las actuaciones de la Unión en el extranjero; subraya la importancia de cooperar con los países socios, y especialmente los vecinos inmediatos de la Unión, y de ayudarlos en sus esfuerzos por abordar y contrarrestar las injerencias extranjeras malintencionadas, en particular la desinformación y la propaganda, ya que, en muchos casos, esos actos tratan de desviar a estos países de la senda de las reformas prodemocráticas y de atacar los valores e ideales europeos;

65.  Acoge favorablemente la adopción por el Consejo de una decisión que, por primera vez, permite a la Unión imponer medidas restrictivas específicas para disuadir y responder a los ciberataques que constituyen una amenaza externa para la Unión y sus Estados miembros, incluidos los ciberataques contra terceros países u organizaciones internacionales, e imponer sanciones a las personas o entidades responsables de los ciberataques; subraya la necesidad de mejorar el sistema de restricción de visados como parte del mecanismo de sanciones de la Unión, haciendo uso de los procedimientos de visados biométricos para evitar que las entidades que participan en la guerra híbrida viajen a la Unión con una identidad falsa; destaca la urgente necesidad de seguir integrando los aspectos cibernéticos en los sistemas de gestión de crisis de la Unión; subraya que una cooperación más estrecha en lo tocante a la prevención y la lucha contra los ciberataques es esencial en esta época de especial vulnerabilidad, con el fin de promover la seguridad y estabilidad internacional en el ciberespacio; celebra los excelentes progresos logrados a este respecto por el proyecto del Equipo de Respuesta Telemática Rápida en el ámbito de la Ciberseguridad de la CEP; pide que se refuerce el apoyo a la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad y solicita una sólida coordinación con el Centro de Excelencia para la Ciberdefensa Cooperativa de la OTAN a este respecto; solicita una mayor coordinación de la Unión para establecer una atribución colectiva de responsabilidades por los incidentes cibernéticos malintencionados, así como una cooperación más estrecha con organizaciones internacionales y países afines; muestra su especial preocupación por la continua detección de ciberataques o intrusiones a pequeña escala en los sistemas de infraestructuras críticas que permanecen inactivos pero que pueden tener un gran impacto; insta a los Estados miembros a que prevean redundancias en todos los niveles de sus sistemas de infraestructuras críticas, como la generación de electricidad y las comunicaciones estratégicas;

66.  Reconoce la importancia cada vez mayor de las capacidades de inteligencia cibernética y automatizada, y subraya que estas capacidades representan una amenaza para todos los Estados miembros y las instituciones de la Unión; insta a todas las instituciones de la Unión y a los Estados miembros a que sigan mejorando sus tecnologías cibernéticas y automatizadas, y alienta una mayor cooperación en relación con estos avances tecnológicos;

67.  Subraya la importancia de adquirir capacidades en informática cuántica y destaca la necesidad de reforzar la cooperación entre la Unión y los Estados Unidos en este ámbito, con el fin de garantizar que la informática cuántica se aplique primero entre socios que mantienen buenas relaciones y respaldan los mismos objetivos;

68.  Toma nota de la importancia cada vez mayor de la seguridad del espacio y de los satélites; destaca la importancia del Centro de Satélites de la Unión Europea (Satcen) y encarga a esta agencia que analice y presente un informe sobre la seguridad y/o las vulnerabilidades de los satélites de la Unión y de los Estados miembros en lo que respecta a la basura espacial, los ciberataques y los ataques directos con misiles;

Dotar a la Unión de los medios para aplicar la PCSD

69.  Subraya que para garantizar que la Unión disponga de la fuerza y la capacidad para promover la paz y la seguridad dentro de sus fronteras y en el mundo son esenciales unos niveles adecuados de recursos financieros, personal y activos; pide a los Estados miembros que muestren su voluntad política de estar a la altura de las ambiciones europeas en el ámbito de la defensa y que cumplan sus compromisos;

70.  Lamenta la falta de ambición del Consejo Europeo en lo que se refiere a la asignación de recursos en el marco financiero plurianual (MFP) para las iniciativas de seguridad y defensa; insta a la Comisión a que presente y aplique un ambicioso programa de trabajo estratégico para el FED (tanto relacionado como no relacionado con la investigación) concebido para reforzar las acciones de colaboración y la cooperación transfronteriza en toda la Unión, y para la movilidad militar, con el fin de ayudar a los Estados miembros a actuar con mayor rapidez y eficacia, también mediante la financiación de infraestructuras de transporte de doble uso y la simplificación de los trámites diplomáticos y las normas aduaneras; pide que la Unión construya su propio sistema de defensa contra misiles balísticos, así como un sistema de defensa aérea estratégica integrado y de múltiples capas, diseñado también para combatir los misiles hipersónicos; recuerda que los ciudadanos europeos han pedido de manera clara y sistemática que la Unión refuerce su papel en la consecución de una estabilidad y una seguridad sostenibles y que esto solo puede lograrse con los medios financieros necesarios y un MFP ambicioso en el ámbito de la acción exterior y la defensa;

71.  Advierte del peligro que representa la falta de ambición para financiar las iniciativas de defensa europea en el MFP, combinada con recortes significativos y descoordinados en los presupuestos nacionales de defensa como consecuencia de la crisis de la COVID‑19; subraya la necesidad de que los Estados miembros asignen los recursos financieros necesarios a escala nacional para dotar a la Unión de la capacidad de actuar como agente global en favor de la paz; comparte, en este sentido, la evaluación del Tribunal de Cuentas Europeo en el sentido de que «los Estados miembros de la UE distan mucho de poseer las capacidades militares necesarias para satisfacer el nivel de ambición militar de la UE»;

72.  Recuerda que, aunque los proyectos e iniciativas europeos comunes en materia de defensa son fundamentales para abordar las deficiencias en los ámbitos de la I+D relacionada con la defensa, la puesta en común de recursos y la coordinación de esfuerzos, el grueso de los activos de defensa utilizados en las misiones de la PCSD lo siguen produciendo los Estados miembros y se sigue pagando con cargo a los presupuestos nacionales de defensa;

73.  Insta a los Estados miembros a que cumplan su compromiso oficial a nivel del Consejo y asuman la responsabilidad de las decisiones adoptadas en el seno del Consejo de desplegar misiones civiles y militares proporcionando a la Unión el personal y las capacidades necesarias para alcanzar los objetivos que hayan acordado unánimemente y, de este modo, cumplir su compromiso con una Unión Europea más segura;

74.  Destaca el valor de la participación internacional en las misiones y operaciones de la PCSD como refuerzo de las capacidades europeas y pide que se consolide la aplicación de los acuerdos marco de participación existentes, fomentando el carácter colectivo de las contribuciones a la paz y la seguridad;

75.  Toma nota del importante trabajo realizado por el Satcen y subraya que la Unión debe disponer de recursos adecuados en los ámbitos de las imágenes espaciales y la obtención de información; hace hincapié en que el Satcen debe contar con financiación estructural de la Unión para poder seguir contribuyendo a las actuaciones de la Unión, y en particular para proporcionar imágenes vía satélite de alta resolución para apoyar las misiones y operaciones de la PCSD;

Establecer una ambiciosa agenda de la Unión para el control mundial de armas, la no proliferación y el desarme

76.  Observa con alarma las amenazas que se ciernen actualmente sobre los valores internacionales y el Estado de Derecho, así como la potencial erosión en el futuro de los esfuerzos mundiales en el ámbito de la no proliferación y el desarme; teme que el incumplimiento de importantes tratados de control de armamento, la retirada de dichos acuerdos o el hecho de no prorrogarlos perjudiquen gravemente a los regímenes internacionales de control de armamento que han permitido tener décadas de estabilidad, socaven las relaciones entre los Estados con armas nucleares, puedan constituir un peligro directo para la seguridad europea, en particular en lo que respecta a la ausencia de normas que regulen y reduzcan las armas nucleares tácticas de corto y medio alcance, y puedan conducir a nuevas carreras armamentísticas nucleares; subraya que urge restablecer la confianza transfronteriza;

77.  Observa con preocupación la normalización de una retórica peligrosa en relación con la utilidad de las armas nucleares; reitera que la paz y la seguridad internacionales se fortalecen en un mundo en el que no existen ni proliferan las armas nucleares y que el desarme implica no solo la reducción del número de ojivas activas, sino también la reducción del papel militar y político asignado a este tipo de armas;

78.  Reafirma su pleno apoyo al compromiso de la Unión y sus Estados miembros con el TNP como piedra angular del régimen de no proliferación y desarme nucleares; reitera sus llamamientos para que antes de la 10.ª Conferencia de Examen del TNP se adopte una firme posición común de la Unión en la que se exija la adopción de medidas concretas y efectivas durante la Conferencia, que constituirían un elemento clave para preservar la estabilidad estratégica y evitar una nueva carrera armamentística;

79.  Reitera su profundo pesar por la retirada de los Estados Unidos y la Federación de Rusia del Tratado de eliminación de misiles nucleares de mediano y corto alcance (INF); señala la responsabilidad de Rusia por el fracaso del Tratado, ya que lo ha incumplido de forma sistemática; lamenta que el fin del Tratado pueda conducir a una escalada de las tensiones y a un aumento de las amenazas y riesgos nucleares y militares, poniendo en peligro al mismo tiempo el futuro de los regímenes de control de armamento; destaca su firme oposición a una nueva carrera armamentística entre los Estados Unidos y la Federación de Rusia y a sus posibles consecuencias para Europa, así como a una remilitarización en territorio europeo; insta al Consejo y al VP/AR a que pongan en marcha una iniciativa liderada por la Unión destinada a impulsar la conversión del Tratado INF en un tratado multilateral;

80.  Recuerda que los regímenes internacionales eficaces de control de armamento, desarme y no proliferación constituyen una piedra angular de la seguridad y estabilidad europea y mundial;

81.  Exhorta a los Estados Unidos y a la Federación de Rusia a seguir avanzando en las negociaciones sobre la prórroga del Nuevo Tratado START, que expirará en febrero de 2021; considera que una prórroga del Tratado daría a ambas partes signatarias más tiempo para proseguir las negociaciones con miras a acordar un nuevo instrumento de control de armamento; aboga por la participación inmediata de otros Estados, especialmente de China, en cualquier tratado existente (como el Nuevo Tratado START, el Tratado INF y el Tratado de Cielos Abiertos) o en futuras negociaciones sobre instrumentos de control de armamento nuclear;

82.  Deplora el cumplimiento selectivo por parte de Rusia de sus obligaciones en virtud del Tratado de Cielos Abiertos; expresa su profundo pesar por la decisión adoptada por los Estados Unidos de retirarse del Tratado de Cielos Abiertos, un importante instrumento de control de armamento que ha contribuido a la generación de confianza y a proporcionar a los Estados más pequeños una valiosa capacidad para supervisar y verificar las actividades militares de sus vecinos; pide a las demás partes signatarias que continúen aplicando el Tratado, garantizando al mismo tiempo que este siga siendo funcional y útil; pide a Estados Unidos que revoque su decisión de retirarse del Tratado de Cielos Abiertos;

83.  Acoge favorablemente la aportación financiera de la Unión a los proyectos y actividades de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ); celebra la adopción por el Consejo de un régimen de sanciones horizontal para hacer frente al creciente uso y a la proliferación de armas químicas; condena el reciente uso de armas químicas y opina que el hecho de que no se rindan cuentas por estos incidentes socava las normas internacionales contra las armas químicas; pide que la Unión tome la iniciativa de abordar la cuestión de la impunidad en el uso de armas químicas y estudie la manera de reforzar la OPAQ para garantizar una atribución de responsabilidades rápida y precisa y unos mecanismos de respuesta eficaces; pide que la Unión prosiga con sus esfuerzos por contrarrestar la proliferación y el uso de armas químicas y apoye la prohibición mundial de este tipo de armamento conforme a lo dispuesto en la Convención sobre las Armas Químicas;

84.  Manifiesta su profunda preocupación por el intento de asesinato del destacado líder opositor ruso Alexéi Navalny mediante un agente neurotóxico prohibido, lo que, con arreglo a la Convención sobre las Armas Químicas, se considera uso de un arma química y, como tal, constituye una grave violación de las normas internacionales; solicita una investigación internacional independiente de los hechos; celebra la decisión del Consejo de imponer sanciones para exigir que rindan cuentas todos los responsables de la intoxicación;

85.  Pide al VP/AR que presente propuestas para reforzar los conocimientos especializados disponibles en materia de no proliferación y control armamentístico en la Unión y para velar por que esta asuma un papel sólido y constructivo en el desarrollo y el refuerzo de la arquitectura mundial basada en normas en materia de no proliferación, control armamentístico y desarme; acoge con satisfacción la designación de un nuevo enviado especial en materia de no proliferación y desarme a este respecto; es consciente de que se necesitan urgentemente nuevos acuerdos internacionales en el ámbito del control de armamento; declara que, en el contexto de la disuasión nuclear, el desarrollo de misiles hipersónicos puede socavar los principios de la destrucción mutua asegurada y pide, por lo tanto, que, por iniciativa de la Unión, se elabore un tratado mundial de control de armamento que contemple el uso, el alcance, la velocidad, la doctrina, la inspección de las cargas útiles nucleares y la colocación de sistemas de armas hipersónicas cerca de las costas;

86.  Reitera su pleno compromiso con el mantenimiento de regímenes internacionales eficaces de control de armamento, desarme y no proliferación como piedra angular de la seguridad mundial y europea; insiste en que apoya plenamente la labor de la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas y la Agenda de las Naciones Unidas para el desarme; reitera su compromiso con la aplicación de políticas concebidas para avanzar en la reducción de todos los arsenales nucleares;

87.  Acoge con satisfacción las Conclusiones del Consejo sobre la revisión de su Posición Común 2008/944/PESC, de 8 de diciembre de 2008, por la que se definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares(13); está firmemente convencido de que, dado que la Unión es cada vez más ambiciosa en el ámbito de la defensa, se requiere una mayor convergencia, transparencia y coherencia en las políticas de exportación de armas de los Estados miembros, así como el refuerzo de la supervisión pública; pide a los Estados miembros que salven sus diferentes interpretaciones de la Posición Común y cumplan plenamente sus ocho criterios y, en particular, que apliquen estrictamente el criterio 4 sobre la estabilidad regional y pongan fin a toda exportación de equipos militares que pueda utilizarse contra otros Estados miembros; acoge con satisfacción los esfuerzos realizados para aumentar la transparencia y el control público y parlamentario de las exportaciones de armas; pide que se realicen esfuerzos conjuntos para mejorar las evaluaciones de riesgos, las comprobaciones de los usuarios finales y las verificaciones posteriores a los envíos;

88.  Insta a los Estados miembros a que respeten el Código de Conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas; reitera que todos los Estados miembros deben aplicar de forma estricta las normas establecidas en la Posición Común 2008/944/PESC del Consejo; recuerda que los Estados miembros se comprometieron a mantener posiciones nacionales firmes en relación con su política de exportación de armas a Turquía sobre la base de las disposiciones de la Posición Común 2008/944/PESC, incluida la aplicación estricta del criterio 4 relativo a la estabilidad regional; reitera sus llamamientos al VP/AR para que, mientras Turquía prosiga con sus actuales actuaciones ilegales y unilaterales en el Mediterráneo oriental, que son contrarias a la soberanía de los Estados miembros (en particular de Grecia y Chipre) y al Derecho internacional, y no participe en un diálogo basado en el Derecho internacional, presente una iniciativa en el Consejo para que todos los Estados miembros pongan fin a la exportación de armas para todos los tipos de equipos militares a Turquía, incluidas las armas, las armas de doble uso y los conocimientos técnicos correspondientes, de conformidad con la Posición Común;

89.  Acoge con satisfacción las actividades de la Unión destinadas a apoyar la universalización del Tratado sobre el Comercio de Armas, e insta a todos los principales países exportadores de armamento a firmarlo y ratificarlo lo antes posible;

90.  Señala que los avances tecnológicos en el ámbito de la inteligencia artificial plantean nuevos retos éticos; pide que la Unión asuma el liderazgo en las iniciativas mundiales encaminadas a establecer un marco regulador global que garantice un control humano significativo de las funciones esenciales de selección y ataque de objetivos en el desarrollo y uso de armas basadas en la inteligencia artificial; pide al VP/AR, a los Estados miembros y al Consejo Europeo que adopten una posición común sobre los sistemas de armas autónomos que garantice un control humano significativo sobre las funciones esenciales de estos sistemas; insiste en la necesidad de entablar negociaciones internacionales sobre una definición común y un marco para el uso de armas con cierto grado de autonomía, y solicita la adopción de un instrumento jurídicamente vinculante que prohíba las armas autónomas letales sin un control humano significativo;

91.  Pide que la Unión asuma el liderazgo en las iniciativas mundiales encaminadas a establecer un sistema mundial exhaustivo y eficaz de control de armamento en lo que respecta a la proliferación de la tecnología de misiles y vehículos de combate no tripulados;

Garantizar la supervisión democrática, la legitimidad y el compromiso integrador

92.  Subraya la necesidad de que el Parlamento aborde todos los asuntos de defensa de manera coherente; pide que se reevalúe y amplíe el mandato de la Subcomisión de Seguridad y Defensa a la vista del creciente número de iniciativas de defensa a escala de la Unión y de la creación de la DG DEFIS de la Comisión;

93.  Acoge favorablemente los intercambios periódicos de puntos de vista con el VP/AR sobre cuestiones relacionadas con la PCSD, y pide al VP/AR que vele por que se tengan debidamente en cuenta las opiniones del Parlamento; subraya la necesidad de garantizar que los representantes especiales de la Unión, los enviados especiales y los comandantes de las misiones y operaciones impartan sesiones informativas periódicas; considera que debe consultarse previamente al Parlamento acerca de la planificación estratégica de las misiones de la PCSD, los cambios en sus mandatos y los planes para ponerles fin; solicita la plena aplicación del artículo 36 del TUE;

94.  Subraya la necesidad de desarrollar una cooperación cada vez más estrecha respecto a los asuntos de la PCSD con los Parlamentos nacionales, con el fin de garantizar mayores niveles de rendición de cuentas, transparencia y control;

95.  Reitera la importancia de mejorar las herramientas de que dispone la sociedad civil para garantizar su participación significativa y sustancial en la formulación de la política en materia de defensa y su supervisión efectiva;

o
o   o

96.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al secretario general de las Naciones Unidas, al secretario general de la OTAN, a las agencias de la Unión en los ámbitos de la seguridad y la defensa y a los Parlamentos nacionales de los Estados miembros.

(1) DO L 129 I de 17.5.2019, p. 13.
(2) DO C 224 de 27.6.2018, p. 50.
(3) DO C 369 de 11.10.2018, p. 36.
(4) DO C 388 de 13.11.2020, p. 91.
(5) Textos Aprobados, P9_TA(2020)0008.
(6) DO C 28 de 27.1.2020, p. 49.
(7) Textos Aprobados, P9_TA(2020)0224.
(8) Textos Aprobados, P8_TA(2019)0130.
(9) Textos Aprobados, P8_TA(2019)0430
(10) Textos Aprobados, P8_TA(2019)0330.
(11) DO C 433 de 23.12.2019, p. 86.
(12) Textos Aprobados, P9_TA(2020)0206.
(13) DO L 335 de 13.12.2008, p. 99.


Derechos humanos y democracia en el mundo y política de la Unión Europea al respecto - Informe anual 2019
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Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de enero de 2021, sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo y la política de la Unión Europea al respecto – Informe anual 2019 (2020/2208(INI))
P9_TA(2021)0014A9-0259/2020

El Parlamento Europeo,

–  Vistos la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) y otros tratados e instrumentos de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos,

–  Visto el Convenio Europeo de Derechos Humanos,

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»),

–  Visto el pilar europeo de derechos sociales, en particular sus principios 2, 3, 11 y 17,

–  Vistos los artículos 2, 3, 8, 21 y 23 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

–  Vistos los artículos 17 y 207 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Vista la Estrategia global para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea, presentada el 28 de junio de 2016,

–  Vistos los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible,

–  Vistos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y las Observaciones generales del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,

–  Vistos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y las Observaciones generales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas,

–  Vistas la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas y las recomendaciones generales del Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas,

–  Vistos la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CNUDN), de 20 de noviembre de 1989, y sus dos Protocolos Facultativos, adoptados el 25 de mayo de 2000,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 30 de marzo de 2007,

–  Vista la Declaración Política de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el VIH y el SIDA: En la vía rápida para acelerar la lucha contra el VIH y poner fin a la epidemia del SIDA para 2030, adoptada el 8 de junio de 2016,

–  Vista la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, adoptada el 18 de diciembre de 1992,

–  Vista la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 22 de diciembre de 2018, sobre un llamamiento mundial para la adopción de medidas concretas para la eliminación total del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia y para la aplicación y el seguimiento generales de la Declaración y el Programa de Acción de Durban,

–  Vista la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de designar el 22 de agosto Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia Motivados por la Religión o las Creencias, adoptada el 28 de mayo de 2019,

–  Vista la Resolución 2467 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 29 de abril de 2019, sobre la violencia sexual en los conflictos,

–  Vistos la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el Planteamiento estratégico de la UE sobre las mujeres, la paz y la seguridad 2019-2024,

–  Vista la Iniciativa Spotlight de la Unión y las Naciones Unidas, sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas,

–  Vistos la Plataforma de Acción de Pekín, el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, y los resultados de las respectivas conferencias de revisión,

–  Visto el Convenio n.º 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de 21 de junio de 2019, sobre la violencia y el acoso,

–  Vista la Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo, de 21 de junio de 2019,

–  Visto el Memorando de Entendimiento de 16 de agosto de 2019 relativo a la cooperación entre el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,

–  Vistos el Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales del Consejo de Europa y la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, adoptada el 5 de noviembre de 1992,

–  Visto el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (en lo sucesivo, «Convenio de Estambul»), de 11 de mayo de 2011, que no ha sido ratificado por todos los Estados miembros,

–  Vistos el Plan de Acción sobre derechos humanos y democracia (2015-2019) - «Mantener los derechos humanos entre las prioridades de la agenda de la UE», de 28 de abril de 2015 (JOIN(2015)0016), adoptado por el Consejo el 20 de julio de 2015, y su revisión intermedia de junio de 2017 (SWD(2017)0254),

–  Visto el Plan de Acción de la UE para los Derechos Humanos y la Democracia (2020-2024), adoptado por el Consejo el 17 de noviembre de 2020,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo de 18 de febrero de 2019 sobre las prioridades de la UE para 2019 en los foros de las Naciones Unidas sobre derechos humanos,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo de 17 de junio de 2019 sobre la actuación de la UE para reforzar el multilateralismo basado en normas,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo de 15 de julio de 2019 sobre las prioridades de la UE en las Naciones Unidas y en el 74.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo sobre Nicaragua, de 14 de octubre de 2019,

–  Vistas las directrices de la Unión para promover y proteger el disfrute de todos los derechos humanos por parte de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), adoptadas el 24 de junio de 2013,

–  Vistas las orientaciones de la UE sobre el fomento y la protección de la libertad de religión y creencias, adoptadas el 24 de junio de 2013,

–  Vistas las Directrices de la UE sobre la pena de muerte, actualizadas por el Consejo el 12 de abril de 2013, sobre la libertad de expresión en línea y fuera de línea, adoptadas por el Consejo el 12 de mayo de 2014, y sobre los defensores de los derechos humanos, adoptadas por el Consejo el 14 de junio de 2004,

–  Vistas las Directrices de la UE en materia de derechos humanos relativas a la no discriminación en la política exterior, adoptadas por el Consejo el 18 de marzo de 2019,

–  Vistas las Directrices de la UE en materia de derechos humanos relativas al agua potable y al saneamiento, adoptadas por el Consejo el 17 de junio de 2019,

–  Vista la Revisión de 2019 de las Directrices sobre la política de la Unión Europea frente a terceros países en relación con la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, adoptadas por el Consejo el 16 de septiembre de 2019,

–  Vistas la Comunicación de la Comisión, de 6 de octubre de 2020, titulada «Comunicación de 2020 sobre la política de ampliación de la UE» (COM(2020)0660), y la agenda geopolítica de la legislatura UE 2019-2024,

–  Visto el Estudio de la Comisión de junio de 2020 «Legal gender recognition in the EU: the journeys of trans people towards full equality» (Reconocimiento legal del género en la UE: el camino de las personas trans hacia la igualdad plena),

–  Vistas la Comunicación conjunta de la Comisión, de 25 de noviembre de 2020, titulada «Plan de acción en materia de género de la UE (GAP) III – un ambicioso programa para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en la acción exterior de la UE» (JOIN(2020)0017), y las Conclusiones de la Presidencia del Consejo, de 16 de diciembre de 2020, sobre el Plan de acción en materia de Género III,

–  Vista la encuesta EU-LGBTI II «A long way to go for LGBTI equality» (Un largo camino por recorrer hacia la igualdad LGBTI+) de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), de 14 de mayo de 2020,

–  Vista la Decisión del Defensor del Pueblo Europeo, de 30 de julio de 2020, sobre la función del enviado especial de la Unión para la promoción de la libertad de religión o creencias fuera de la Unión,

–  Vistos los informes del enviado especial de la Unión para la promoción de la libertad de religión o creencias fuera de la Unión y los informes del Intergrupo del Parlamento Europeo sobre libertad de religión y de creencias y tolerancia religiosa,

–  Visto el Informe anual de la UE sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo en 2019,

–  Vista su Resolución, de 13 de septiembre de 2017, sobre la corrupción y los derechos humanos en terceros países(1),

–  Vista su Resolución, de 3 de julio de 2018, sobre la violación de los derechos de los pueblos indígenas en el mundo, incluido el acaparamiento de tierras(2),

–  Vista su Resolución, de 15 de enero de 2019, sobre las Directrices de la UE y el mandato del enviado especial de la Unión para la promoción de la libertad de religión o creencias fuera de la Unión(3),

–  Vistas su Resolución, de 15 de enero de 2020, sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo y la política de la UE al respecto – Informe anual 2018(4), y sus resoluciones previas sobre informes anuales anteriores,

–  Vistas todas sus resoluciones sobre violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho (conocidas como resoluciones de urgencia) aprobadas en 2019 de conformidad con el artículo 144 de su Reglamento interno,

–  Visto su Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, que en 2019 se otorgó a Ilham Tohti, defensor de los derechos humanos uigur, profesor de economía, y preso político retenido en China, que aboga por los derechos de la minoría uigur china,

–  Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

–  Vista la opinión de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A9-0259/2020),

A.  Considerando que la celebración en 2019 del 10.º aniversario de la Carta ha recordado a la Unión su compromiso declarado y su obligación, basada en el Tratado, de emprender decididamente acciones de protección, promoción y cumplimiento de los derechos humanos, tanto dentro como fuera de sus fronteras; que, en dicha ocasión, la UE reafirmó su compromiso de seguir siendo un actor influyente en la escena mundial y de continuar desempeñando un papel destacado como defensor mundial de la democracia y los derechos humanos;

B.  Considerando que la igualdad de género es un valor fundamental de la Unión y el derecho a la igualdad de trato y la no discriminación es un derecho fundamental consagrado en los Tratados y en la Carta, y que, por consiguiente, la perspectiva de género debe implementarse e integrarse como principio horizontal en todas las actividades y políticas de la Unión;

C.  Considerando que los cristianos son el grupo religioso más perseguido del mundo, constituyendo el 80 % de todos los creyentes religiosos perseguidos; que dicha persecución va desde la discriminación rutinaria en lo que a la educación, el empleo y la vida social se refiere hasta limitaciones de toda forma de expresión e, incluso, ataques físicos contra comunidades cristianas, lo que prácticamente responde a la definición internacional de genocidio aprobada por las Naciones Unidas;

D.  Considerando que la Declaración y Plataforma de Acción de Pekín 1995 lleva ya 25 años poniendo de relieve la importancia de la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres, así como de su participación en pie de igualdad en el proceso decisorio y el proceso democrático para la consolidación de la democracia;

E.  Considerando que la falta de mujeres en el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) incrementa el riesgo de que haya sesgos; que la educación científica es importante para adquirir capacidades, conseguir un trabajo digno y poder optar a los empleos del futuro, y también para acabar con los estereotipos de género que consideran estos ámbitos típicamente masculinos, con el fin de que las mujeres puedan así disfrutar plenamente de sus derechos humanos;

F.  Considerando que, durante la celebración del 30.º aniversario de la CNUDN en noviembre de 2019, la Unión subrayó su compromiso de desarrollar una estrategia global sobre los derechos del niño y los derechos de los padres y de situar estos en el centro de las políticas de la Unión; que el Parlamento organizó el 20 de noviembre de 2019 una conferencia específica, en la que se abordaron varias cuestiones, como los retos para la protección de los derechos del niño en un mundo digital en constante transformación —en particular por lo que respecta a la prohibición del acceso a pornografía infantil y a la lucha contra el acoso y la violencia—, la superación de las barreras al pleno disfrute de los derechos de los niños, y la consideración de la naturaleza cambiante de los conflictos armados y su impacto en el futuro de los niños y en su desarrollo, educación y vida posterior, al tiempo que se tuvieron en cuenta las declaraciones realizadas por los niños en el debate;

G.  Considerando que la crisis desencadenada por la pandemia mundial de la COVID-19, el modo en que los Estados han respondido a dicha pandemia, el agravamiento de las desigualdades y las penurias que ha causado, en particular a los grupos más vulnerables y marginados, así como a las mujeres, y su impacto en las relaciones internacionales, el orden internacional basado en normas y los conflictos, tienen implicaciones a largo plazo en todas las cuestiones que atañen al respeto de los derechos humanos;

H.  Considerando que, a modo de ejemplo, la crisis causada por la pandemia ha llevado a la mayoría de los países a adoptar medidas de emergencia, recortando las libertades para ejercer numerosos derechos humanos, entre los que destacan las libertades de circulación y reunión, o a establecer nuevos medios de vigilancia para evitar la transmisión del virus de la COVID-19; que dichas medidas han planteado legítimamente cuestiones relativas a su necesidad, legalidad, proporcionalidad, carácter no discriminatorio, duración e implicaciones, en un espíritu de salvaguarda de las libertades fundamentales a corto y largo plazo; que la pandemia también ha ido acompañada de otras tendencias negativas que socavan la democracia y reducen el espacio de la sociedad civil en algunos países;

I.  Considerando que la recesión mundial provocada por la pandemia puede llevar a los gobiernos a dar prioridad a estimular la actividad económica y atraer inversiones; destaca que esto no debe producirse a expensas de su ambición en términos de objetivos políticos y normas para otros ámbitos, como la protección de los derechos humanos, la acción por el clima y la lucha contra la pobreza, en particular la de los niños y sus familias;

J.  Considerando que el auge a nivel mundial de movimientos autoritarios y populistas entraña una amenaza para los valores y principios en los que se fundamenta la Unión;

K.  Considerando que los regímenes antiliberales se alejan cada vez más del camino de las democracias maduras y de las normas democráticas occidentales, asentándose en posiciones que dan lugar a violaciones continuas y deliberadas de los derechos humanos; que estos regímenes antiliberales restringen los derechos y las libertades fundamentales, ofreciendo así una falsa apariencia de legitimidad electoral, en unas elecciones que no pueden considerarse libres, justas o transparentes;

L.  Considerando que las emergencias ambientales, incluidos el cambio climático y la deforestación, son el resultado de acciones humanas y dan lugar a violaciones de los derechos humanos no solo de las personas directamente afectadas, sino también de la humanidad en su conjunto; que es importante tomar conciencia del vínculo entre los derechos humanos y la protección del medio ambiente; que garantizar el acceso al agua es crucial para calmar las tensiones en determinadas regiones;

M.  Considerando que una mayor coherencia entre las políticas interiores y exteriores de la Unión, y también entre las propias políticas exteriores de la Unión, constituye un requisito indispensable para el éxito y la eficacia de la política de la Unión en materia de derechos humanos; que las políticas de apoyo a los derechos humanos, la democracia, el Estado de Derecho y la lucha contra la impunidad deben integrarse en todas las demás políticas de la Unión con una dimensión exterior, como el desarrollo, la migración, la seguridad, la lucha contra el terrorismo, los derechos de la mujer y la igualdad de género, la ampliación y el comercio; que una mayor coherencia debería permitir a la Unión responder con mayor rapidez a las violaciones de los derechos humanos en fases tempranas y ser un actor más creíble en materia de derechos humanos a nivel mundial;

N.  Considerando que el pleno respeto de los derechos humanos y de las normas europeas entre los socios y vecinos de la Unión, incluida la gestión de la crisis de los refugiados y el tratamiento de la migración, es una de las principales prioridades de la Unión; que la situación de los derechos humanos, afectada por la pandemia de COVID-19, es motivo de preocupación en los países vecinos, que deben adoptar medidas adecuadas al respecto y trabajar en consonancia con sus respectivas sociedades civiles, entre las que se encuentran personas proeuropeas y democráticas;

O.  Considerando que cada vez más países, en particular en Asia, Oriente Medio, África y América Latina, han recurrido a las prohibiciones de viajar para evitar que defensores de los derechos humanos (DDH) asistiesen a eventos internacionales;

Derechos humanos y democracia: tendencias generales y retos fundamentales

1.  Celebra las respuestas a la pandemia de la COVID-19 de aquellos Estados que han establecido los derechos a la vida y la salud como sus imperativos fundamentales; subraya que, al mismo tiempo, es fundamental garantizar a las personas un nivel de vida adecuado; hace hincapié en que todas las medidas de respuesta a la pandemia deben basarse en los derechos humanos y los principios de no discriminación, y deben salvaguardar el progreso hacia la consecución de los ODS;

2.  Destaca la necesidad de velar por el pleno respeto de los derechos humanos, y la adhesión al principio de que los derechos humanos son universales, inalienables, indivisibles e interdependientes y están interrelacionados, y condena todo intento de relativizarlos;

3.  Expresa su grave preocupación respecto al menoscabo de las normas en materia de democracia y derechos humanos y del disfrute de las libertades fundamentales que la crisis ha causado en algunos países; considera que este retroceso obedece principalmente al aumento del autoritarismo, así como a las devastadoras consecuencias económicas y sociales de la crisis y a su uso como pretexto para manipular las instituciones del Estado y los calendarios electorales, suprimir las actividades de los DDH, en particular los defensores de las minorías, los opositores políticos, los medios de comunicación y los representantes de la sociedad civil, y restringir las libertades fundamentales y los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas o grupos expuestos a la discriminación, como las minorías religiosas y de creencias y las personas LGBTI, para atender fines no relacionados con la pandemia; destaca, a este respecto, el aumento de la incitación al odio, basada en la raza, el origen étnico, la religión o la casta, la desinformación, la selección de grupos vulnerables acusados de propagación del virus, el aumento de la violencia doméstica y de género y la desigualdad de género; manifiesta su preocupación por los casos de discriminación en la distribución de la ayuda relacionada con la pandemia de COVID-19; rechaza cualquier denegación de ayuda en cualquier circunstancia, también por motivos religiosos; subraya asimismo el recurso, en contravención de los derechos humanos, a tecnologías digitales encaminadas a contener la pandemia mediante el seguimiento de los ciudadanos y la extracción de sus datos privados;

4.  Afirma que los Estados deben abstenerse de explotar la pandemia de COVID-19 para consolidar el poder autoritario, debilitar la democracia y el Estado de Derecho o pisotear los derechos humanos; manifiesta su profunda preocupación por el agravamiento de las medidas adoptadas por los regímenes autoritarios, destinadas a reprimir la disidencia y reducir el margen de acción de la sociedad civil; subraya la importancia de la sociedad civil, cuya existencia permite responder de manera flexible, oportuna y eficaz a los regímenes que vulneran el Derecho internacional, los derechos humanos y los principios democráticos; expresa su inquietud por el hecho de que las medidas de emergencia relacionadas con la COVID-19 no suelen ir acompañadas de obligaciones claras de revocarlas una vez finalizada la crisis;

5.  Recuerda que el acceso universal a la asistencia sanitaria es un derecho humano y apoya todo avance hacia la cobertura sanitaria universal como algo esencial para el desarrollo sostenible; acoge con satisfacción la respuesta general a la pandemia de la COVID-19 por parte de la Unión, basada en el enfoque «Team Europe», que se centra en expresar solidaridad y ofrecer asistencia tangible a los asociados, en particular a los países más vulnerables y afectados;

6.  Observa con preocupación las deficiencias del sistema sanitario en muchos Estados, que socavan el derecho de las personas a la salud física y mental y a su tratamiento, así como las deficiencias en las medidas preventivas para evitar la contaminación, en las medidas relativas al agua y sanitarias, en la información y en la no discriminación en el acceso y los derechos; acoge con satisfacción la declaración de la Comisión de que la vacuna contra la COVID-19 debe ponerse a disposición de todo el mundo y que la Unión hará todo lo posible para ello;

7.  Recuerda que, en el contexto de la pandemia de la COVID-19, los Estados deben velar por que sus respuestas incluyan un enfoque intersectorial y que tenga en cuenta las cuestiones de género, a fin de garantizar los derechos de todas las mujeres y niñas a vivir sin discriminación ni violencia y a acceder a los servicios esenciales de salud sexual y reproductiva que necesitan;

8.  Recuerda que la pandemia también ha dado lugar a una disminución del control y la documentación de las violaciones de los derechos humanos a escala mundial; apoya los esfuerzos realizados a escala internacional por evaluar las diversas respuestas nacionales a la pandemia en lo que atañe a las restricciones de las libertades políticas, sociales y económicas, por trabajar en pos del establecimiento de un marco conjunto basado en los derechos humanos que sirva de fundamento para las futuras respuestas a crisis sanitarias; acoge con satisfacción, en este contexto, el desarrollo del «Global Monitor» por parte de la Comisión y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IIDAE);

9.  Denuncia enérgicamente los numerosos casos de discriminación, intolerancia, persecución y asesinatos por motivos de raza, etnia, nacionalidad, clase social, casta, religión, creencias, lengua, edad, género, orientación sexual, identidad de género, expresión del género y características sexuales que siguen produciéndose en muchos países y sociedades; deplora los ataques contra personas o comunidades con declaraciones y acciones intolerantes y llenas de odio; considera inaceptable la prevalencia del racismo, el antisemitismo y la xenofobia en muchos países; insiste en que los gobiernos de todo el mundo condenen claramente y adopten un enfoque de tolerancia cero frente al racismo y la discriminación;

10.  Subraya la enorme y creciente amenaza para los derechos humanos que suponen el cambio climático, la destrucción del medio ambiente y la pérdida de biodiversidad, al privar a las personas del derecho fundamental a la vida, debido en particular a un mayor nivel de hambre en el mundo, a las desigualdades económicas y sociales, a las restricciones al acceso al agua, y a las muertes adicionales por desnutrición y la mayor propagación de enfermedades; subraya que el cambio climático también socava el disfrute de otros derechos humanos, como el derecho a la seguridad alimentaria, al agua potable y al saneamiento, a la salud, a una vivienda adecuada, a la autodeterminación, al trabajo y al desarrollo; atrae la atención, además, sobre los riesgos que plantea el cambio climático para la paz y la seguridad, ya que la inseguridad alimentaria y la escasez de agua pueden dar lugar a una competencia por los recursos naturales y, posteriormente, a la inestabilidad y los conflictos entre los Estados, y en cada uno de ellos; llama especialmente la atención sobre el vínculo existente entre la explotación de recursos naturales y la financiación de conflictos, guerras y actos violentos, directa o indirectamente, también por parte de algunos actores del sector privado; destaca que los países menos desarrollados son los más vulnerables al cambio climático, ya que les resulta más difícil soportar sus impactos devastadores, a pesar de que producen menos gases de efecto invernadero que los países más ricos, que tienen menos probabilidades de verse tan afectados por el cambio climático;

11.  Afirma que la promoción y la protección de los derechos humanos y la acción por el clima y el medio ambiente están interrelacionadas, porque, en particular, el derecho internacional en materia de derechos humanos proporciona acceso a recursos y medios jurídicos para reparar los daños causados por el cambio climático, aplicar medidas de lucha contra el cambio climático, y procurar que los Estados, las empresas y las personas rindan cuentas por sus respuestas al cambio climático y por llevar a cabo acciones que contribuyan a una mayor degradación del medio ambiente;

12.  Destaca que la biodiversidad y los derechos humanos están interrelacionados y son interdependientes, y recuerda las obligaciones en materia de derechos humanos de los Estados respecto a la protección de la biodiversidad de la que dependen esos derechos, en particular previendo la participación de los ciudadanos en las decisiones relativas a la biodiversidad y facilitando el acceso a un recurso efectivo en los casos de pérdida y degradación de la biodiversidad; manifiesta su apoyo a los incipientes esfuerzos normativos a escala internacional en relación con los delitos contra el medio ambiente; anima, a este respecto, a la Unión y a los Estados miembros a promover el reconocimiento del ecocidio como delito internacional en virtud del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI);

13.  Subraya la necesidad de prestar especial atención a la ayuda a las personas desplazadas por motivos relacionados con el medio ambiente y el clima; considera que es importante trabajar a escala internacional para establecer una definición del concepto de «desplazados medioambientales» en el contexto de las Naciones Unidas, a fin de crear un marco jurídico internacional y de adoptar un enfoque común para proteger a las personas que se ven obligadas a abandonar el lugar en el que viven; reconoce que las repercusiones medioambientales del cambio climático pueden intensificar los desplazamientos forzosos, e insiste, por lo tanto, en la necesidad de aplicar rápidamente políticas que permitan reducir los efectos del cambio climático de conformidad con el Acuerdo de París;

14.  Expresa una gran preocupación por la deforestación, la minería ilegal y la producción de drogas ilícitas, en particular en el Amazonas en 2019, dado que los bosques contribuyen a atenuar el cambio climático mediante la absorción y el almacenamiento de dióxido de carbono; subraya que los pueblos indígenas han sido a menudo las primeras víctimas de la deforestación, lo que pone en peligro sus derechos a la tierra, entre otros, y el acceso a recursos vitales; subraya, a este respecto, el derecho a determinar y establecer prioridades y estrategias para su autodesarrollo y para la utilización de sus tierras, territorios y otros recursos; subraya que la impunidad de las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas es una fuerza impulsora de la deforestación y, por lo tanto, considera esencial que se rindan cuentas de esas violaciones; observa que la explotación ilegal de los recursos naturales puede tener graves repercusiones negativas en los derechos sociales, económicos, culturales, civiles y políticos de las comunidades locales, incluido el derecho fundamental de los pueblos a la autodeterminación y el principio de soberanía permanente sobre sus recursos naturales;

15.  Acoge con satisfacción las crecientes aspiraciones y movilizaciones de los ciudadanos, en particular de las generaciones más jóvenes, a favor de cambios políticos y sociales favorables al respeto de los derechos humanos, el buen gobierno democrático, la igualdad y la justicia social, una acción por el clima más ambiciosa y una mejor protección del medio ambiente; destaca la aparición en 2019 de movimientos de protesta masivos en todas las regiones del mundo que reflejan estas aspiraciones, reclamando cambios en el orden institucional y económico de las sociedades y medidas para combatir el cambio climático, y apoyando el desarrollo de una sociedad global más equitativa; condena el hecho de que, en muchos países, se niegue a la gente el derecho a manifestarse pacíficamente, con medidas legales, administrativas y de otro tipo, como la represión de las manifestaciones mediante el uso de la fuerza, la intimidación y la detención arbitraria; destaca que en 2019 se detuvo a cientos de manifestantes pacíficos, muchos de los cuales fueron objeto de malos tratos y detenciones arbitrarias y tuvieron que pagar cuantiosas multas en juicios en los que no se garantizaron unas normas mínimas de procedimiento; destaca la importancia de mantener el carácter pacífico de las acciones de protesta y expresa su preocupación por algunos grupos marginales que han estado aprovechando la oportunidad que ofrecen las manifestaciones y expresiones de los movimientos sociales para llevarlas a cabo mediante la violencia y la perturbación de la vida cotidiana; pide a los Gobiernos que no utilicen una fuerza desproporcionada contra manifestantes pacíficos y que exijan responsabilidades a todos los autores de estos actos;

16.  Considera esenciales las respuestas políticas a las demandas legítimas de las sociedades, las familias y los ciudadanos basadas en un diálogo integrador que conduzca a un cambio positivo; condena, por otra parte, la represión de los movimientos pacíficos, en particular mediante el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes de seguridad, que determinados gobiernos han infligido a sus poblaciones con el fin de sofocar las voces disidentes o críticas;

17.  Destaca que se sigue recurriendo sistemáticamente en todo el mundo a los asesinatos, a los ataques físicos y difamatorios, al encarcelamiento, a las amenazas de muerte, al acoso, a la intimidación y a las restricciones a la libertad de expresión contra los DDH, incluidas las mujeres defensoras de los derechos humanos, los defensores de los derechos religiosos y de creencias, las comunidades locales, los grupos indígenas, los defensores del medio ambiente y de la tierra, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y los activistas de la sociedad civil, los denunciantes y los periodistas; señala que las mujeres DDH se enfrentan a amenazas específicas de género;

18.  Manifiesta su profunda preocupación por el uso que se hace en algunos países de legislación represivas en materia de ciberseguridad y lucha contra el terrorismo para reprimir a los DDH; destaca la existencia de tendencias políticas hacia un nacionalismo más profundo y el uso indebido de la religión para obtener beneficios políticos, lo que genera intolerancia;

19.  Subraya que es obligación de las instituciones de la Unión apoyar activamente a las organizaciones y las personas que se dedican a defender la democracia y los derechos humanos; pide justicia y rendición de cuentas por todos los ataques contra los DDH; pide a la Unión que apoye y proteja a los DDH en toda su diversidad; subraya en este sentido la importancia de la acción del Parlamento para que se oigan sus voces y presionar a las autoridades de terceros países para que liberen inmediata e incondicionalmente a los DDH detenidos por su activismo; apoya la labor de las fundaciones políticas europeas en el fortalecimiento de los procesos democráticos y el fomento de una nueva generación de líderes políticos en todo el mundo;

20.  Manifiesta su profunda preocupación por la persistencia de la lacra de las guerras y los conflictos militares y por la ocupación o anexión prolongadas de territorios, que dan lugar a graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, en particular los genocidios, las matanzas masivas, los desplazamientos forzados de poblaciones civiles, incluidas las minorías religiosas y el uso de la violencia sexual contra los civiles, en particular contra las mujeres y los niños; condena firmemente la implicación de potencias dictatoriales y autoritarias en guerras subsidiarias y subraya que las soluciones políticas constituyen un requisito previo para una paz sostenible; expresa su profunda preocupación por las crecientes tensiones políticas internacionales y, en determinadas regiones del mundo, por el aumento de la actividad de grupos armados no estatales y organizaciones terroristas y el desarrollo de la violencia sectaria;

21.  Lamenta el hecho de que, si bien las Naciones Unidas celebraron su setenta y cinco aniversario en 2020, diversos gobiernos inspirados en actitudes identitarias hayan adoptado medidas para contrarrestar el multilateralismo y los esfuerzos de cooperación internacional en favor de la paz, la resolución de conflictos y la protección de los derechos humanos sobre la base de los fines y principios de la DUDH, el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y el Acta final de Helsinki; critica la falta de un liderazgo internacional conjunto de los países democráticos para responder sistemáticamente a las graves violaciones del derecho internacional en materia de derechos humanos y unir fuerzas para promover los derechos humanos y la democracia, y para sostener los sistemas internacionales basados en normas, e insta a la Unión y a los Estados miembros a llenar este vacío de liderazgo;

22.  Deplora la difícil situación de los migrantes y refugiados en todo el mundo, y en particular de las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y enfermedades crónicas, las personas con orientaciones sexuales diversas, las personas pertenecientes a minorías étnicas, religiosas y de creencias perseguidas, que se encuentran entre los más vulnerables; señala que, según se estima, el número de migrantes internacionales en 2019 ascendió a casi 272 millones(5), lo que equivale al 3,5 % de la población mundial, de los cuales más de 20 millones eran refugiados(6), y que en los dos últimos años han tenido lugar procesos de desplazamiento y migración a gran escala; toma nota del aumento de solicitantes de asilo en 2019 que solicitaron protección internacional en los Estados miembros de la UE-27(7) como consecuencia de las prácticas represivas y las violaciones de sus derechos humanos causadas, entre otros, por los regímenes dictatoriales que ostentan ilegalmente el poder político; denuncia las medidas políticas que menoscaban los derechos humanos de migrantes y refugiados y ponen en riesgo su seguridad y sus vidas; denuncia enérgicamente los casos de discriminación, intolerancia, persecución y asesinatos relacionados con la migración o el estatuto de refugiado; rechaza la tendencia negativa hacia el acoso y la criminalización de la labor de quienes defienden los derechos humanos de los migrantes y los refugiados y les prestan asistencia;

23.  Acoge con satisfacción el hecho de que los esfuerzos por promover los derechos de las mujeres y las niñas hayan adquirido mayor relevancia en todo el mundo; observa, sin embargo, que ningún país del mundo ha logrado aún la igualdad de género;

24.  Destaca la persistencia de la violencia generalizada por razones de género, incluido el feminicidio, y la discriminación en todas las regiones del mundo, que se derivan de la desigualdad de género, normas de género y dinámicas de poder desiguales, prácticas culturales como la discriminación basada en la casta y de sistemas, políticas y prácticas jurídicos discriminatorios consolidados, así como de actos de propaganda y desinformación que menoscaban los derechos de las mujeres; condena la explotación de las mujeres mediante la trata de seres humanos y todas las formas de violencia de género, incluida la violencia sexual, física y psicológica, que son las formas más generalizadas y sistemáticas de violación de los derechos humanos;

25.  Destaca, además, el uso de la violencia sexual contra las mujeres a causa de sus opiniones, religión, orientación filosófica o sexual, o su activismo en defensa de los derechos humanos; subraya que las mujeres y las niñas de minorías étnicas, religiosas y de creencias son doblemente vulnerables a la violencia y la discriminación basadas en el género; recuerda que la violencia contra las mujeres lesbianas y bisexuales en forma de «violación correctiva» sigue siendo un problema sistémico en algunos países debido al estigma social y a sistemas jurídicos discriminatorios;

26.  Condena la actual involución en materia de igualdad de género y de derechos de las mujeres, incluidos todos los intentos de hacer retroceder los derechos y las protecciones existentes en el ámbito de la salud y derechos sexuales y reproductivos, así como la legislación, las políticas y las prácticas que siguen negando o restringiendo esos derechos en muchos países del mundo; condena, a ese respecto, la denegación del acceso a una educación sexual amplia, asequible y de alta calidad, a servicios de planificación familiar, a anticonceptivos modernos, a la interrupción legal y segura del embarazo y a la asistencia sanitaria materna, así como los abusos y malos tratos a las mujeres en los centros de atención de la salud materna y antes y después del parto, así como las prácticas coercitivas de salud sexual y reproductiva que no respetan el consentimiento libre e informado de las mujeres; destaca la necesidad de proteger a los padres en situación de vulnerabilidad, en particular en el caso de familias monoparentales y de familias numerosas, para ayudarles a evitar la pobreza y la exclusión social; señala la necesidad de crear un entorno y unas condiciones sociales y económicas que permitan a los padres continuar su desarrollo profesional;

27.  Destaca la necesidad de proteger a las madres en situación de vulnerabilidad, en particular a las madres solteras, para evitar la pobreza y la exclusión social; señala la necesidad de crear un entorno y unas condiciones sociales y económicas que permitan a las madres continuar su desarrollo profesional;

28.  Condena asimismo a los Gobiernos en todo el mundo que se oponen a las demandas de igualdad de derechos de las mujeres, o alientan reacciones negativas contra estas peticiones; subraya el papel destacado que desempeñan las mujeres mediante su activismo en los movimientos políticos y sociales, y deplora el elevado peaje que han pagado al ser víctimas de la violencia causada por una represión brutal o una guerra, así como de la explotación sexual durante los conflictos armados;

29.  Expresa su profunda preocupación por la continuación de los graves abusos de los derechos humanos cometidos contra menores en todo el mundo en 2019, el año del 30.º aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que consisten, en concreto, en el trabajo infantil, los matrimonios precoces y forzados, la trata y la explotación de menores, el empleo de niños soldado en conflictos armados, el abuso sexual y la prostitución de menores, la separación familiar y la detención de menores por motivos relacionados con la inmigración, así como los problemas a los que se enfrentan las niñas en términos de violencia sexual y de género, los embarazos prematuros, la infección por el VIH y la deserción escolar; considera lamentable que en este contexto de la pandemia numerosos niños y jóvenes hayan tenido que aceptar empleos para satisfacer las necesidades básicas y mantener sus hogares y que, como resultado, hayan abandonado la escuela; subraya que este desarrollo no deseado es una regresión en términos de educación escolar de los niños;

30.  Expresa su profundo pesar y su condena por los atentados terroristas y bombardeos perpetrados en el primer semestre de 2019 contra creyentes y sus lugares de culto que se deben preservar y proteger; observa con alarma que estos terribles actos coincidieran con campañas de odio fomentadas por determinados líderes políticos y grupos terroristas que pretenden negar o limitar el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión o creencias; insta a los Estados a que promuevan la libertad de pensamiento, conciencia, religión o creencias y protejan a los grupos minoritarios religiosos o de creyentes vulnerables, adoptando medidas rápidas contra los autores de actos de violencia o de incitación al odio;

Situar la promoción y la protección de la democracia y los derechos humanos en el centro de la política exterior de la UE

31.  Recuerda que la Unión se fundamenta en los valores del respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, solidaridad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, como se recoge el artículo 2 del TUE; subraya que promover estos valores externamente, avanzando en la democracia, el Estado de Derecho, la universalidad y la indivisibilidad de los derechos humanos y el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional, constituye el núcleo de la política exterior y de seguridad común de la Unión, de conformidad con el artículo 21 del TUE y el interés estratégico de la Unión, y debe reflejarse, de manera efectiva y coherente, en todos los ámbitos de las relaciones de la Unión con países no pertenecientes a la Unión;

32.  Subraya la importancia de los esfuerzos del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y la Comisión por hacer frente y responder de manera contundente y enérgica a las violaciones de los derechos humanos dondequiera que se produzcan, incluso en los países asociados cercanos, y de que consoliden de manera continua la sensibilización y el conocimiento de los funcionarios de la Unión y sus Estados miembros en lo que atañe a los derechos humanos y a la igualdad de género; recuerda que el compromiso efectivo y un diálogo significativo con la sociedad civil es la piedra angular del éxito de la política de derechos humanos; pide a todas las delegaciones de la Unión y a sus correspondientes puntos de contacto para los derechos humanos que respeten en todos los casos su obligación de reunirse con los DDH, incluidas las mujeres DDH, y miembros de la sociedad civil, visitar a los activistas, a los miembros de la disidencia democrática y a los DDH detenidos, hacer un seguimiento de sus juicios y abogar por su protección sobre el terreno; pide asimismo a las delegaciones de la Unión que faciliten estas acciones cuando sean diputados al Parlamento Europeo quienes intenten realizarlas en el marco de las misiones oficiales del Parlamento Europeo; subraya la importancia de abordar no solo las consecuencias sino también las causas fundamentales de las violaciones de los derechos humanos;

Labor de la Unión a escala multilateral

33.  Insta a la Unión y a los Estados miembros a que elaboren una estrategia explícita para contrarrestar la creciente retirada y retroceso de los Estados en el marco internacional de los derechos humanos, en consonancia con los compromisos declarados con el multilateralismo en el Plan de Acción para los derechos humanos y la democracia, así como los intentos a nivel internacional de socavar el concepto de derechos humanos establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; resalta su opinión de que el derecho internacional en materia de derechos humanos y la promesa de alcanzar los ODS de aquí a 2030 deben seguir constituyendo las piedras angulares; recomienda que la Unión prosiga con sus esfuerzos colaborando con países y partes interesadas que puedan o no compartir los mismos valores que la Unión, con el fin de preservar o desarrollar normas internacionales en el ámbito de los derechos humanos, de conformidad con el artículo 21 del TUE;

34.  Pide a los Estados miembros que doten de mayor eficacia a la política exterior y de seguridad de la Unión mediante el uso de la regla de votación por mayoría cualificada en el Consejo, en especial cuando se trate de asuntos relacionados con los derechos humanos, en particular de las cuestiones comprendidas en el Plan de Acción de la Unión para los derechos humanos y la democracia y para la adopción de sanciones; pide a los Estados miembros que participen con una voz única y firme de la UE en los foros multilaterales y actúen al unísono cuando se enfrenten a crisis que pongan en tela de juicio los valores e intereses fundamentales de la Unión, ya que esta es la única manera en que la Unión puede desempeñar un papel de liderazgo en la escena internacional y utilizar su influencia para lograr cambios positivos y respuestas mejor coordinadas a los retos globales, principalmente la promoción y la protección de los derechos humanos, así como los desafíos relacionados con el medio ambiente y el clima;

35.  Reitera que el reconocimiento de la Unión en la escena mundial así como su credibilidad y eficacia dependen de que sus valores fundamentales, en particular los del respeto de la libertad la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho y la igualdad, resulten creíbles en el exterior, y esto solo será posible si la Unión garantiza la coherencia interna y externa de sus políticas en estas materias; pide a la Unión y a sus Estados miembros que den ejemplo, defiendan estrictamente los derechos humanos, garanticen la coherencia en la defensa y el respeto de sus valores y garanticen un entorno propicio para la sociedad civil;

36.  Deplora el hecho de determinados regímenes autoritarios hayan abusado de las instituciones multilaterales, tratando de neutralizar las instituciones y los mecanismos multilaterales de derechos humanos en su capacidad de hacer que los Estados rindan cuentas por las violaciones de los derechos humanos; pide a la Unión y a sus Estados miembros que trabajen con aliados democráticos de ideas afines en apoyo de una reforma de las instituciones multilaterales con vistas a hacerlas más resistentes a la influencia negativa de los regímenes autoritarios; deplora, asimismo, el hecho de que los escaños del Consejo de Derechos Humanos (CDHNU) estén a menudo ocupados por países con un historial demostrado de graves violaciones de los derechos humanos, y pide a los Estados miembros de la Unión que sean extremadamente cautelosos en sus pautas de votación y que eviten apoyar a países candidatos a ser miembros del CDHNU que violan claramente los derechos humanos;

37.  Considera que los diálogos sobre derechos humanos con terceros países pueden constituir un instrumento útil para implicar a ambos interlocutores en la promoción y la protección de los derechos humanos, siempre que estén centrados en obtener resultados y se revisen periódicamente; recuerda que las Directrices de la UE en materia de diálogo sobre derechos humanos con terceros países contienen una lista de criterios para iniciar el diálogo, incluidas «la voluntad del gobierno de mejorar la situación, [...] la adhesión del gobierno a los convenios internacionales en materia de derechos humanos, [...] la voluntad del gobierno de cooperar con los procedimientos y mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas y [...] la actitud del gobierno respecto de la sociedad civil»; pide al SEAE que lleve a cabo una evaluación periódica de cada diálogo, según lo previsto en las Directrices de la UE; insiste en la importancia de que, en el contexto de los diálogos sobre derechos humanos, se planteen casos concretos y se garantice un seguimiento y una transparencia adecuados en relación con dichos casos;

Representante Especial de la UE para los Derechos Humanos

38.  Acoge con satisfacción el nombramiento, el 28 de febrero de 2019, de Eamon Gilmore como representante especial de la UE (REUE) para los Derechos Humanos; reitera que el nombramiento del REUE ha de ser objeto de una audiencia previa en el Parlamento; anima al REUE a proseguir sus acciones diplomáticas para mejorar la eficacia de la política de la Unión en materia de derechos humanos, a consolidar alianzas internacionales para promover la agenda en dicha materia, y a convencer a interlocutores de todo el mundo para que adopten y apliquen políticas que se ajusten a los más altos estándares de democracia, derechos humanos, el Estado de Derecho y buena gobernanza, así como al derecho y las normas internacionales, en particular el derecho humanitario internacional y la justicia penal internacional; recomienda, además, que el REUE redoble sus esfuerzos por garantizar la coherencia interna de la Unión en la definición y la ejecución de su política exterior en lo que atañe a los derechos humanos; insiste en que sus informes periódicos al Consejo también se compartan con el Parlamento; pide a la Unión que refuerce la visibilidad del REUE y la transparencia de sus actividades y misiones, entre otras cosas, mediante una sección específica en el sitio web del SEAE, que lo convierta en un puesto permanente con recursos adecuados y capacidad para hablar públicamente con el fin de informar de los logros de las visitas a terceros países, y comunicar las posiciones de la Unión sobre cuestiones relacionadas con los derechos humanos, como parte de una reforma general de la función del REUE;

Acuerdos internacionales

39.  Reitera su petición de que las cláusulas sobre derechos humanos se incluyan sistemáticamente en todos los acuerdos internacionales entre la UE y países terceros, en particular los acuerdos comerciales y de asociación, y de que estos se apliquen y supervisen debidamente, incluso mediante criterios de referencia cuantificables y evaluaciones periódicas del impacto, con la participación del Parlamento y la sociedad civil; subraya que estas cláusulas deben establecer mecanismos para garantizar su aplicación efectiva y procedimientos que formulen las consecuencias inequívocas y creíbles derivadas de los incumplimientos de los acuerdos, incluida la suspensión o, como último recurso, la retirada de la Unión de los mismos; pide que se mejore la coordinación y la comunicación entre los agentes especializados responsables de los ámbitos de política pertinentes, como el comercio y los derechos humanos, a fin de integrar más eficazmente los aspectos relativos a los derechos humanos en la política comercial y de inversiones; insta a que se establezcan mecanismos independientes de supervisión de los derechos humanos en relación con los acuerdos de comercio e inversión extranjera, así como un mecanismo independiente de reclamación, con el fin de proporcionar a los ciudadanos afectados y a las partes interesadas locales un recurso efectivo a la reparación;

40.  Subraya que la promoción y la protección de la democracia y los derechos humanos en terceros países pueden lograrse de manera efectiva mediante el uso de la condicionalidad en los incentivos económicos y políticos de la Unión, como el acceso a la financiación de la Unión, la concesión del sistema de preferencias generalizadas (SGP) y de otras facilidades arancelarias y la concesión de la exención de visado Schengen de la Unión; recuerda en este contexto que, de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1806, la Comisión debe supervisar e informar periódicamente al Parlamento Europeo, también sobre la situación de los derechos humanos en los terceros países beneficiarios de la exención de visado y debe suspender dicha exención en caso de que se produzcan violaciones en el país de que se trate;

Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional

41.  Pide la ejecución de un presupuesto adecuado para las actividades y el apoyo destinados a promover y proteger la democracia y los derechos humanos, en el marco del Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (IVDCI), con el fin de adecuarse al nivel del compromiso y la ambición de la Unión;

42.  Pide a la Comisión que supervise e incluya, como parte de su informe anual sobre la consecución de los objetivos del IVDCI, un capítulo sobre el respeto de los derechos humanos y el cumplimiento del artículo 8 - «Principios generales del Instrumento» por parte de los países asociados que se benefician de su financiación; pide a la Comisión que proponga medidas apropiadas, incluidas la suspensión de la financiación de la Unión a los agentes estatales y la reorientación de la ayuda hacia la sociedad civil, en caso de violación grave de los derechos humanos o de vulneración de los principios del IVDCI por parte de sus beneficiarios; pide una mayor transparencia en lo que respecta a las disposiciones relacionadas con los derechos humanos en los acuerdos de financiación y una aclaración del mecanismo y los criterios de suspensión de esos acuerdos en caso de violación de los derechos humanos, los principios democráticos y el Estado de Derecho y en casos graves de corrupción; pide a la Comisión que se abstenga estrictamente de utilizar el apoyo presupuestario a gobiernos de terceros países como modalidad operativa en los países que son testigos de violaciones generalizadas de los derechos humanos y de represión de los DDH;

43.  pide a la Unión que proceda con especial cuidado en la evaluación y la prevención de cualquier violación relacionada con sus propias políticas, proyectos y operaciones de financiación en terceros países, entre otras cosas creando un mecanismo de reclamación para personas o grupos de personas que consideren que sus derechos han sido vulnerados por las actividades de la Unión en esos países;

44.  Acoge con satisfacción la inestimable ayuda que se aporta a las organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo en el marco del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos, que constituyó el principal instrumento de la Unión para la aplicación de su política exterior de derechos humanos; pide un aumento de la financiación destinada a la sociedad civil y los derechos humanos en el instrumento mundial que le suceda;

45.  Pide a la Comisión que establezca, en cooperación con el SEAE, un marco para que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) informe anualmente de sus operaciones fuera de la Unión por lo que respecta al cumplimiento de los principios generales que guían la acción exterior de la Unión a que se refieren el artículo 21 del TUE, el Marco estratégico y el Plan de acción de la UE sobre derechos humanos y democracia; insta a la Comisión a garantizar que los proyectos apoyados por el BEI estén en consonancia con la política y los compromisos de la Unión en materia de derechos humanos y que existan mecanismos de rendición de cuentas para que las personas denuncien violaciones relacionadas con las actividades del BEI; pide al BEI que prosiga sus esfuerzos para transformar su política sobre normas sociales en una política de derechos humanos en el ámbito de la banca; pide la introducción de criterios de referencia en materia de derechos humanos en las evaluaciones de los proyectos;

Plan de acción de la UE sobre Derechos Humanos y Democracia

46.  Celebra la adopción del Plan de acción de la UE sobre Derechos humanos y Democracia 2020-2024; expresa su decepción por el hecho de que el SEAE no haya prestado la debida atención a la oferta del Parlamento y su Subcomisión de Derechos Humanos de contribuir activamente a la preparación del plan de acción, en un espíritu de buena cooperación interinstitucional;

47.  Pide al SEAE y a la Comisión que consulten periódicamente a la sociedad civil y entablen un diálogo estructurado y regular con los órganos competentes del Parlamento sobre la aplicación del nuevo plan de acción, con el fin de que el Parlamento pueda desempeñar su papel en las actividades del plan de acción, en particular a través de la diplomacia parlamentaria, y pueda ejercer eficazmente su función de control; recomienda que se establezca un conjunto de parámetros de referencia e indicadores de progreso con el fin de supervisar eficazmente la ejecución del plan de acción; pide al SEAE que informe de los avances realizados en la consecución de los objetivos del plan de acción con arreglo a estos parámetros de referencia; solicita al SEAE que lleve a cabo un seguimiento periódico de las resoluciones y los debates del Parlamento que sean pertinentes para la ejecución del plan de acción; insiste en que los Estados miembros asuman la responsabilidad del plan de acción y contribuyan al informe anual sobre su aplicación informando sobre sus propias actividades realizadas en el marco de este documento estratégico;

Responder a los retos globales en materia de derechos humanos y democracia

Gobernanza democrática y espacio para la sociedad civil

48.  Considera que la gobernanza democrática y el Estado de derecho son objeto de ataques a nivel mundial debido a una combinación de factores entre los que figuran el auge del autoritarismo, el aumento de las desigualdades y de la pobreza, la presión sobre la sociedad civil, la proliferación de noticias falsas, la desinformación, las ciberamenazas y la guerra híbrida, la injerencia política y las campañas llevadas a cabo por agentes externos, la pérdida de credibilidad de las autoridades públicas, la polarización de las sociedades y el debilitamiento de las organizaciones colectivas que defienden el interés público; destaca asimismo que los ataques a la libertad de los medios de comunicación y los intentos de manipular el discurso público difundiendo noticias falsas en las redes sociales nunca han sido tan frecuentes ni tan fuertes; expresa su preocupación por el hecho de que las prácticas autoritarias, como la estigmatización de los actores de la sociedad civil como «agentes extranjeros», se están copiando y difundiendo a nivel mundial;

49.  Pide a la Unión y a sus Estados miembros que sigan apoyando el fortalecimiento de instituciones democráticas y los procesos electorales transparentes y creíbles en todo el mundo, que fomenten y propicien el debate democrático, combatan las desigualdades, apoyen el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y el diálogo entre los diferentes segmentos de la sociedad, combatan la corrupción y la impunidad, y fortalezcan la independencia e imparcialidad del poder judicial y del mecanismo de rendición de cuentas; pide a la Unión que intensifique aún más sus esfuerzos en materia de observación electoral y una cooperación más estrecha con las organizaciones internacionales, especialmente con las de especial relevancia, como la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa;

50.  Hace hincapié en que la corrupción y los abusos de los derechos humanos están intrínsecamente vinculados; pide a la Unión que integre la lucha contra la corrupción en su agenda de derechos humanos; reitera el deber de la Unión de proteger a las asociaciones anticorrupción, a los periodistas de investigación y a los denunciantes que trabajan para sacar a la luz los casos de corrupción y fraude;

Acción por el clima y derechos humanos

51.  Afirma que la promoción y la protección de los derechos humanos y la acción por el clima y el medio ambiente están interrelacionadas, porque, en particular, el derecho internacional en materia de derechos humanos proporciona vías judiciales para reparar los daños causados por el cambio climático, aplicar medidas de lucha contra este fenómeno, y hacer que los Estados, en particular los más contaminantes, las empresas y los responsables políticos rindan cuentas por sus respuestas al cambio climático;

52.  Apoya un enfoque inclusivo y basado en los derechos para impulsar la acción por el clima, que garantice la participación pública y el acceso a la justicia en la adopción, aplicación y revisión de decisiones políticas relacionadas con el cambio climático y sus consecuencias; afirma que la lucha contra el cambio climático va acompañada del apoyo y la protección de quienes defienden el planeta y sus recursos naturales, incluidos los defensores de la tierra y el medio ambiente y las comunidades indígenas;

Enfoque de la UE respecto a los conflictos, asunción de responsabilidades por las violaciones de los derechos humanos y lucha contra la impunidad

53.  Subraya la complejidad de los conflictos modernos, que a menudo se desarrollan a escala nacional o regional, a veces en forma de ataques híbridos o cibernéticos, en los que participan numerosas partes, incluidas organizaciones terroristas y agentes no estatales, y tienen consecuencias humanitarias desastrosas, en particular debido a las dificultades para distinguir entre combatientes y no combatientes; pide que la Unión refuerce su respuesta a los conflictos, abordando sus causas profundas, invirtiendo en esfuerzos de prevención y mediación de conflictos, procurando y manteniendo un espacio para las soluciones políticas, creando asociaciones y alianzas con países y organizaciones regionales afines, prestando más apoyo a misiones civiles o militares destinadas a mantener la paz, y promoviendo iniciativas de generación de confianza entre las partes beligerantes; pide asimismo a la Unión que garantice la integración de la perspectiva de género en todos estos esfuerzos, aumentando el papel de las mujeres y los jóvenes en la prevención y resolución de conflictos, así como en el mantenimiento de la paz, la ayuda humanitaria y las operaciones de reconstrucción tras los conflictos, la justicia transicional y la promoción de los derechos humanos y las reformas democráticas; pide igualmente a la Unión que aborde la trata de seres humanos y la violencia sexual y de género, y que garantice un acceso constante a servicios sanitarios esenciales que salvan vidas; insiste en la importancia de garantizar la coherencia de la política de la Unión en relación con las situaciones de ocupación o anexión de territorios; recuerda que el Derecho internacional humanitario debe guiar la política de la Unión en relación con todas estas situaciones, también en los casos de ocupación prolongada;

54.  Pide a todos los Gobiernos que concedan un acceso sin restricciones a todos sus territorios a los observadores internacionales, incluidos el REUE para los derechos humanos, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y los procedimientos especiales de las Naciones Unidas; subraya la importancia de facilitar un acceso sin restricciones a las principales organizaciones humanitarias internacionales y los observadores internacionales a las zonas afectadas por conflictos y agresiones militares en curso;

55.  Pide a los Estados miembros que se atengan estrictamente a las disposiciones del artículo 7 del Tratado de las Naciones Unidas sobre el Comercio de Armas relativo a la exportación y la evaluación de las exportaciones y de la Posición Común de la UE sobre exportaciones de armas, mediante el rechazo de toda transferencia de armas y equipos de vigilancia que pueda dar lugar al riesgo de que el Estado importador cometa o facilite violaciones de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, también en el contexto del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz;

56.  Pide a los Estados miembros que establezcan un pilar de derechos humanos en el marco del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz que incluya, entre otras cosas, el objetivo de capacitar y apoyar a la sociedad civil, también a través de programas con fondos asignados específicamente al apoyo de los DDH como contribuyentes a la consolidación de la paz; pide a los Estados miembros que consideren la posibilidad de incluir salvaguardias y evaluaciones de impacto obligatorias en materia de derechos humanos en el futuro Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, incluido el cumplimiento de un sólido marco político de diligencia debida en materia de derechos humanos (DDDH) en cuestiones de defensa y seguridad, inspirado en la política de las Naciones Unidas en materia de DDDH;

57.  Reafirma su apoyo inquebrantable a la CPI, e insta a los Estados Partes en el Estatuto de Roma a proporcionar a la CPI los recursos financieros adecuados para que pueda cumplir sus funciones en el ámbito de su mandato; pide a la CPI que prosiga su labor con imparcialidad e independencia; pide a la Unión y a sus Estados miembros que alienten a todos los miembros de las Naciones Unidas a ratificar y aplicar el Estatuto de Roma; pide a los firmantes del Estatuto de Roma que cooperen con la CPI; considera que los ataques contra la CPI son sumamente lamentables y, por último, condena las sanciones individuales impuestas a su personal, en particular las aplicadas contra el fiscal jefe de la CPI, que son inaceptables; pide a los Estados Partes que adopten medidas concretas para lograr la supresión de dichas sanciones y apoyar a los afectados por ellas; subraya que la CPI es la única institución internacional que posee la capacidad de procesar algunos de los delitos más terribles del mundo y de defender a las víctimas que carecen de otro recurso; reconoce el trabajo de la evaluación de expertos independientes, encargados de identificar las esferas que deben reformarse, y pide a la CPI que adopte todas las medidas necesarias para mejorar su desempeño, eficacia y efectos positivos, en particular en relación con las comunidades y las víctimas afectadas por su labor; pide a la Unión y a los Estados miembros que sigan protegiendo la independencia e imparcialidad de la CPI frente a ataques encaminados a obstaculizar el funcionamiento de la justicia penal internacional; pide a la Comisión y al SEAE que exploren nuevas vías y propongan nuevos instrumentos para contribuir a la lucha contra los delitos internacionales y ayudar a que las víctimas de infracciones del Derecho internacional de derechos humanos y del Derecho internacional humanitario tengan acceso a la justicia internacional y obtengan amparo y reparación, también mediante la creación de capacidades en los Estados miembros y terceros países para aplicar el principio de jurisdicción universal en sus ordenamientos jurídicos nacionales;

58.  Reitera su petición al alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión (AR/VP) de que nombre a un representante especial de la Unión en materia de Derecho humanitario internacional y justicia internacional con el mandato de fomentar, integrar transversalmente y representar el compromiso de la Unión en favor de la lucha contra la impunidad;

59.  Pide a los Estados miembros y a la Red de la UE de Cooperación contra el Genocidio que apoyen al equipo de investigaciones de las Naciones Unidas en la recopilación, conservación y almacenamiento de pruebas de los crímenes que se están perpetrando o se acaban de perpetrar para que no desaparezcan;

60.  Expresa la necesidad de garantizar la justicia para todas las víctimas de infracciones del Derecho internacional de derechos humanos y del Derecho internacional humanitario y, a la luz de todos los conflictos armados actuales, pide el cese inmediato de las hostilidades; subraya que la comunidad internacional tiene la responsabilidad de poner fin a la impunidad y a las graves violaciones que se han cometido en diversos países;

61.  Manifiesta su profunda preocupación por el uso de la violencia sexual y de género como arma de guerra; subraya que el Estatuto de Roma considera que los delitos sexuales y la violencia de género son crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o elementos constitutivos de genocidio o tortura; pide una acción concertada para poner fin al uso de la violencia sexual como arma de guerra; acoge con satisfacción la Resolución 2467 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) sobre la violencia sexual en situaciones de conflicto y todas las resoluciones conexas de este órgano, empezando por la 1325 del CSNU sobre las mujeres, la paz y la seguridad, que afirma el compromiso del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de prevenir el uso de la violencia sexual como táctica de guerra y terrorismo recurriendo a todos los medios a su disposición, incluidas las sanciones y otras medidas específicas contra los infractores; subraya la necesidad de garantizar que a las mujeres víctimas de violaciones de guerra se les presten todos los servicios y la asistencia médica y psicológica necesarios y seguros, incluido el aborto seguro, según lo previsto en el Derecho internacional humanitario; pide a la Unión que luche contra la impunidad de las violaciones de los derechos sexuales y reproductivos en contextos de conflicto y apoya los derechos de las mujeres y las niñas a la verdad, las vías de recurso eficaces y las reparaciones por violaciones de estos derechos; acoge con satisfacción, por otra parte, que Naciones Unidas creara el 30 de octubre de 2019 un Fondo Mundial para Sobrevivientes de Violencia Sexual en Conflictos, con el fin de ayudarles a acceder a las reparaciones pertinentes;

62.  Recuerda los informes de las Naciones Unidas de evaluación de las actividades de aplicación de normas y asistencia correctiva en materia de explotación y abusos sexuales cometidos por los funcionarios de las Naciones Unidas y el personal asociado en operaciones de mantenimiento de la paz; subraya la necesidad de que las Naciones Unidas, los Estados miembros de la Unión y los órganos de la política común de seguridad y defensa de la Unión investiguen, enjuicien y sentencien sin dilación y con la mayor firmeza al personal de las Naciones Unidas, de los Estados miembros y de la Unión que hayan cometido actos de violencia sexual; recuerda la necesidad de reformar las estructuras correspondientes para acabar con la impunidad del personal de las Naciones Unidas y de la Unión, estableciendo mecanismos transparentes de vigilancia y rendición de cuentas que funcionen correctamente; considera inaceptable que la actuación legal contra los presuntos abusos siga siendo en la actualidad puramente voluntaria y dependa del país que ha puesto a disposición las tropas; expresa su convencimiento de que los graves delitos de esta naturaleza también podrían reducirse y prevenirse mediante la formación y la educación; recuerda que urge evitar estos delitos en el futuro, también para recuperar la confianza de las poblaciones locales en las operaciones internacionales de mantenimiento de la paz;

63.  Pone de relieve el vínculo entre las violaciones de los derechos humanos y la impunidad generalizada y la falta de rendición de cuentas en las regiones y países afectados por conflictos o caracterizados por actos de intimidación, discriminación, acoso y agresión, secuestro, brutalidad policial, detenciones arbitrarias, casos de tortura y asesinatos que responden a motivaciones políticas; pide a la Unión que apoye medidas destinadas a luchar contra la impunidad y promover la rendición de cuentas en países en los que la dinámica de la impunidad recompensa a los máximos responsables y deja desamparadas a las víctimas;

64.  Lamenta que sea necesario expulsar a la ganadora del Premio Sájarov, Aung San Suu Kyi, de la Comunidad del Premio Sájarov, pero celebra la decisión como respuesta a su falta de acción y a su aceptación de los crímenes que se están cometiendo contra la comunidad rohinyá en Birmania;

65.  Expresa su preocupación por el hecho de que se produzcan ejecuciones extrajudiciales, torturas y otras violaciones de los derechos humanos en nombre de la lucha contra las drogas ilegales; reitera que la lucha contra la delincuencia no justifica ninguna violación de los derechos humanos y pide una recopilación de mejores prácticas que impliquen un enfoque de minimización de los daños basado en el Estado de Derecho;

66.  Elogia la labor y la contribución a la lucha contra la impunidad de Agnès Callamard, relatora especial de las Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, en la realización de investigaciones sobre presuntos casos de asesinatos extrajudiciales en 2019, por ejemplo, sobre el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, viéndose sometida a intimidaciones y amenazas;

67.  Apoya las reformas del poder judicial para garantizar su imparcialidad e independencia, incluidas las que tratan cuestiones relacionadas con la contratación y el nombramiento de jueces, la corrupción y los prejuicios de género dentro del poder judicial;

68.  Pide la adopción y ejecución urgentes de un mecanismo global de sanciones en materia de derechos humanos de la UE que sea autónomo, flexible y reactivo, la denominada Ley Magnitski, como parte esencial del conjunto actual de instrumentos de política exterior y derechos humanos de la Unión, lo que reforzaría el papel de la Unión como agente global en materia de derechos humanos, permitiendo la imposición de sanciones específicas contra las personas y los actores estatales y no estatales y otras entidades responsables o cómplices de violaciones graves de los derechos humanos, incluidos los delitos de corrupción sistemática relacionada con violaciones de los derechos humanos; acoge favorablemente la adopción de mecanismos de sanción de alcance mundial en materia de derechos humanos en un número cada vez mayor de países; destaca la importancia de que este sistema esté sujeto al mecanismo de control jurisdiccional de la Unión; destaca la necesidad de asignar recursos suficientes para posibilitar su ejecución efectiva; pide la creación de un comité consultivo a escala de la UE con la participación del Parlamento; destaca que ese mecanismo contribuirá a combatir las violaciones de los derechos humanos, a luchar contra la impunidad y a proteger a los activistas y defensores de los derechos humanos en todo el mundo, así como para reafirmar la importancia de que la Unión actúe con eficacia en relación con las sanciones relativas a los derechos humanos, lo que, por consiguiente, significa que se debe recurrir a la votación por mayoría cualificada; celebra la adopción de la decisión del Consejo relativa a medidas restrictivas específicas destinadas a impedir y contrarrestar los ciberataques que constituyen una amenaza externa para la Unión y sus Estados miembros;

69.  Considera que el brote mundial de COVID-19 no debe utilizarse como pretexto para socavar los regímenes de sanciones; destaca, no obstante, que las sanciones no deben impedir la prestación de asistencia humanitaria, incluida la asistencia médica, en consonancia con el Derecho internacional humanitario;

Defensores de los derechos humanos

70.  Condena los asesinatos, las detenciones arbitrarias, la tortura, la persecución, el acoso, la intimidación, el chantaje, la vigilancia digital y física remota y las campañas de difamación contra los DDH, sus familias y abogados, así como contra quienes apoyan y simpatizan con ellos; señala con gran preocupación el creciente número de DDH en el ámbito de la tierra y el medio ambiente que fueron asesinados o atacados violentamente en 2019 por defender los recursos naturales y los derechos de las personas a vivir en un entorno seguro y saludable; observa que en algunas partes del mundo estos ataques han alcanzado niveles peligrosos; destaca en este contexto la particular vulnerabilidad de los DDH y la necesidad de una protección adecuada que les permita llevar a cabo su vital labor sin sufrir acoso ni persecución; subraya el papel que pueden desempeñar las organizaciones confesionales a la hora de responder a las crisis humanitarias, promover la paz, la justicia y el respeto de los derechos humanos, abordar la no violencia y actuar como mediadores en las negociaciones para resolver conflictos;

71.  Muestra una especial preocupación por el aumento del número de sentencias pronunciadas sin las garantías mínimas de juicio justo establecidas por el Derecho internacional; pide a la Unión que siga recurriendo a la cooperación y la diplomacia para garantizar que se respete plenamente el derecho a un juicio justo para todas y cada una de las personas;

72.  Pide el cese de todos los ataques contra los DDH, la liberación de todas las personas que hayan sido detenidas arbitrariamente y que se haga rendir cuentas a los responsables; pide a la Unión y a sus Estados miembros que desarrollen una visión estratégica de alto nivel para contrarrestar los crecientes ataques mundiales contra los DDH, incluso mediante la adopción de firmes conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores en las que los Ministros de Asuntos Exteriores pidan a la Unión una acción mundial ambiciosa en defensa de los DDH; pide a las instituciones de la Unión que refuercen su apoyo a los DDH como elemento clave e integral de la política exterior de la Unión en materia de derechos humanos; subraya que el diálogo político y la colaboración con las autoridades de países terceros, la observación de juicios, las reuniones con los DDH en las visitas a los países, las visitas a los DDH detenidos, el apoyo a la reubicación y las declaraciones públicas son elementos esenciales para la ejecución de esta política; pide a la Unión y a sus Estados miembros que redoblen sus esfuerzos actuando de una manera más unida y utilizando estos instrumentos de un modo coherente y uniforme, con independencia del país de que se trate, en los casos en que se hayan violado los derechos de los DDH; pide a la Unión y a sus Estados miembros que, con este espíritu, publiquen anualmente las conclusiones del Consejo sobre los DDH en las que se haga balance de su actuación en este ámbito y se establezcan compromisos estratégicos para los DDH al más alto nivel; destaca la acción continuada en 2019 del Parlamento y su Subcomisión de Derechos Humanos para apoyar a los DDH y llamar la atención respecto a la situación de estos, incluidos los galardonados y candidatos al Premio Sájarov, en particular cuando se encuentran en peligro o se enfrentan a violaciones de sus derechos;

73.  Pide a la Unión que garantice el acceso de las mujeres DDH que se enfrentan a la violencia de género a mecanismos de protección y recursos, que las apoye políticamente, que aumenten las asignaciones financieras para las organizaciones independientes de la sociedad civil que promueven los derechos de las mujeres y las niñas, y que adopte como anexo a las Directrices de la UE sobre los DDH, un conjunto de instrumentos que ofrezca medidas prácticas para que la Unión responda mejor a las necesidades de las mujeres DDH en todo el mundo;

74.  Pide a la Unión y a sus Estados miembros que eleven el nivel de ambición para garantizar la liberación de los DDH encarcelados, incluidos los casos emblemáticos de DDH encarcelados que ilustran la forma en que los Gobiernos represivos de todo el mundo utilizan sistemáticamente la ley en un intento de difamar y silenciar a los DDH; destaca que entre estos casos figuran galardonados con el Premio Sájarov del Parlamento Europeo y finalistas;

75.  Insta a las delegaciones de la Unión y a las representaciones de los Estados miembros a que sigan recurriendo a la diplomacia pública y a las iniciativas para plantear los casos de los DDH y, cuando proceda, a que faciliten la expedición de visados de emergencia y proporcionen alojamiento temporal en los Estados miembros de la Unión;

76.  Pide a la Unión y a sus Estados miembros que mejoren el acceso a los visados de la Unión para la reubicación de corta duración de los DDH, en particular mediante la inclusión de instrucciones en el Manual de visados de la UE sobre la concesión de facilidades a los DDH y a sus familiares, y que trabajen para modificar los instrumentos jurídicos en materia de visados, en particular el Código de visados;

77.  Acoge con satisfacción la renovación en noviembre de 2019 por otros tres años del mecanismo de la UE para los DDH denominado ProtectDefenders.eu; recuerda la importancia de este mecanismo a la vista de las crecientes necesidades y de la diversidad de problemas que afrontan los DDH; pide que se refuerce este mecanismo y su reevaluación constante de acuerdo con sus necesidades;

Derechos de la mujer e igualdad de género

78.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen de manera coherente la estrategia de igualdad de género tanto dentro como fuera de la Unión y que adopten medidas eficaces y concretas para contrarrestar las reacciones negativas contra los derechos de las mujeres, la igualdad de género y la salud y derechos sexuales y reproductivos;

79.  Recuerda que la salud y derechos sexuales y reproductivos y una educación sexual adecuada son derechos humanos; pide a la Unión y a los Estados miembros que reafirmen los derechos inalienables de las mujeres a la integridad corporal, la dignidad y la autonomía en la toma de decisiones, que defiendan la universalidad e indivisibilidad de todos los derechos humanos en todos los contextos, y que defiendan y promuevan en particular los que están más amenazados, como la salud y los derechos sexuales y reproductivos;

80.  Acoge con satisfacción las Conclusiones de la Presidencia del Consejo, respaldadas por veinticuatro Estados miembros, sobre el plan de acción de la Unión para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en las relaciones exteriores para 2021-2025 (Plan de acción en materia de género III), con fuertes compromisos y acciones en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos; pide a este respecto que se refuerce el apoyo de la Unión a terceros países, especialmente a los países candidatos y a los países vecinos, que apliquen nuevas políticas y cambios legislativos con vistas a adecuar los marcos jurídicos nacionales a los compromisos internacionales y de los ODS en lo que atañe a los derechos de las mujeres y la igualdad de género, a prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y las niñas, a proteger a las mujeres DDH, a promover la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, a proporcionar a los jóvenes una educación sexual exhaustiva y de base científica, a permitir que las niñas y las jóvenes puedan efectuar con seguridad su transición a la edad adulta y a prevenir y poner fin a la violencia sexual y de género, la mutilación genital femenina y otras prácticas nocivas, incluido el matrimonio precoz y forzoso;

81.  Pide, además, a la Unión y a los Estados miembros que promuevan la igualdad de género y la salud y los derechos sexuales y reproductivos en todas sus acciones exteriores, también en foros multilaterales y bilaterales, prestando especial atención a los grupos marginados o vulnerables, como las personas LGBTI, y el objetivo de lograr una cobertura sanitaria universal a través de intervenciones relacionadas con la salud y los derechos sexuales y reproductivos y el VIH;

82.  Alienta a que se vaya más allá del simple hecho de abordar las causas profundas de las desigualdades estructurales entre los géneros, garantizando la igualdad de oportunidades y fortaleciendo la participación de las mujeres;

83.  Señala la necesidad de crear un entorno y unas condiciones sociales y económicas que permitan a los padres continuar su desarrollo profesional;

84.  Pide a los Estados miembros que adopten un enfoque común y cooperen con las instituciones internacionales para obtener datos nuevos, comparables y desglosados, así como para desarrollar intervenciones políticas y legislativas específicas para combatir las violaciones de los derechos humanos, y pide a la Comisión que incluya compromisos y criterios de referencia para erradicar la mutilación genital femenina en sus negociaciones y acuerdos de cooperación con los países en cuestión;

85.  Recuerda que el Convenio de Estambul, como primer tratado universalmente vinculante que combate la violencia contra las mujeres y las niñas y la violencia doméstica, establece el punto de referencia para las normas internacionales que se deben ratificar y aplicar; reitera que la adhesión de la Unión al Convenio de Estambul ha sido reconocida como una prioridad clave de la Estrategia de la Unión para la igualdad de género 2020-2025; pide a la Unión y a todos sus Estados miembros que aún no lo hayan hecho que ratifiquen y apliquen el Convenio de Estambul lo antes posible; pide a la Unión que colabore con otros países con el fin de intensificar sus acciones en los ámbitos de la educación, la asistencia sanitaria y los servicios sociales, la recogida de datos, la financiación y la programación, y para prevenir y responder mejor a la violencia sexual y de género en todo el mundo;

86.  Subraya que las mujeres y niñas migrantes y refugiadas que necesitan protección deben considerarse titulares de derechos;

87.  Alaba los progresos de la Iniciativa Spotlight de la Unión y las Naciones Unidas; pide a la Comisión que vele por que los proyectos patrocinados por la Iniciativa aborden las causas profundas de las violaciones de los derechos humanos de las mujeres, incluida la perpetuación de estereotipos perniciosos basados en el género;

Derechos del menor

88.  Reitera su llamamiento a la Unión y a sus Estados miembros para que intensifiquen su cooperación y su diálogo con los terceros países, teniendo como prioridad los derechos y la protección de los niños, con el objetivo de hacer respetar los derechos de los niños en todo el mundo y de que ningún niño se quede atrás; insta en este sentido a la Unión y a sus Estados miembros a que colaboren con los países asociados y comprometan más recursos financieros, en particular en el marco de la ayuda oficial al desarrollo, con el fin de hacer frente a los retos mundiales en materia de salud y educación de los niños, incluido el derecho a la educación en las respectivas lenguas maternas, la erradicación del trabajo infantil, la lucha contra la violencia, los abusos sexuales y el matrimonio precoz y forzoso, la trata y la explotación, y el reclutamiento y el uso en conflictos armados, de los que millones de niños son víctimas; recuerda que los intereses primordiales del niño incluyen la protección, el cuidado y la seguridad del niño en un entorno que le permita crecer con el apoyo y la protección que necesita, y en el que sus necesidades primarias estén cubiertas; subraya que la educación es una herramienta esencial para luchar contra la discriminación y la violencia contra las mujeres y los niños; pide que se adopten medidas para facilitar el acceso de los niños a la educación;

89.  acoge con satisfacción la atención prestada a las acciones de la Unión en materia de protección y promoción de los derechos de los niños con ocasión del 30.º aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, y reitera su llamamiento a la Comisión para que examine el modo en que la Unión, como organismo, pueda acceder a la Convención;

Derechos de las personas con discapacidad

90.  Acoge con satisfacción las ratificaciones en 2019 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Protocolo facultativo; destaca la importancia de tener plenamente en cuenta las necesidades específicas de las personas con discapacidad; pide a la Unión que integre la lucha contra la discriminación por discapacidad en su acción exterior y sus políticas de ayuda al desarrollo, junto con la lucha por la igualdad de acceso al mercado de trabajo y el acceso a la educación y la formación, y que promueva soluciones que faciliten la participación de las personas con discapacidad en la sociedad; reitera la importancia de la aplicación efectiva de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tanto por parte de los Estados miembros de la UE como por sus instituciones, especialmente en lo que respecta a las obligaciones de la Unión en materia de ayuda humanitaria y cooperación internacional en todas las políticas pertinentes de la Unión; subraya la importancia de la no discriminación y la necesidad de integrar de manera creíble la consideración del principio de accesibilidad universal, y de garantizar el respeto de todos los derechos de las personas con discapacidad;

Derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

91.  Condena la estigmatización, la detención arbitraria, la tortura, la persecución y los asesinatos de personas LGBTI y la incitación a la violencia contra ellas; considera lamentable la creciente evolución divergente entre los países que avanzan hacia una mejor protección de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), en particular mediante la despenalización de la homosexualidad, y los que socavan tales derechos y dejan el campo libre para la persecución, la discriminación y la estigmatización de las personas LGTBI; cree que las prácticas y actos de violencia contra personas motivados por la orientación sexual real o percibida de las víctimas, su identidad de género, su expresión de género o sus características sexuales no deben quedar impunes y deben ser erradicados;

92.  Pide a la Unión que desempeñe un papel de liderazgo en la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la discriminación y la estigmatización de las personas LGBTI, la llamada terapia de conversión, la mutilación genital y la esterilización forzosa de las personas transgénero; pide, además, que la Unión utilice todos los instrumentos diplomáticos a su disposición para abogar por la despenalización de las relaciones sexuales consentidas entre parejas del mismo sexo, y que dé ejemplo en la lucha contra la violencia y la discriminación basadas en la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características sexuales mediante la aplicación efectiva de la nueva estrategia de igualdad de los LGBTI+, tanto dentro como fuera de la Unión; pide a la Unión y a los Estados miembros que apliquen de manera exhaustiva y coherente las Directrices de la Unión para promover y proteger el disfrute de todos los derechos humanos por parte de las personas LGBTI en toda su política exterior;

93.  Destaca que la pandemia de COVID-19 ha afectado duramente a las comunidades LGBTQI+, debido a un aumento de la violencia de género contra las personas LGBTQI+ que se vieron obligadas a confinarse o a regresar a familias y hogares discriminatorios, a un aumento del desempleo y de la falta de vivienda, a la imposibilidad de acceder a tratamientos médicos vitales, como los servicios de VIH y a la atención médica relacionada con la transición, dando lugar a una mayor utilización de chivos expiatorios; pide que se incluya a las personas LGBTI en los programas de ayuda por la COVID-19;

Pueblos indígenas

94.  Observa con enorme preocupación el sufrimiento y la vulnerabilidad de las comunidades y personas indígenas que se derivan, entre otras cosas, de las consecuencias del cambio climático y la pandemia de COVID-19, y la pérdida de sus tierras y medios de vida debido a las actividades empresariales y los daños asociados; lamenta el hecho de que los pueblos indígenas sigan enfrentándose a situaciones de discriminación y persecución generalizadas y sistemáticas en todo el mundo, incluidos los desplazamientos forzosos, las detenciones arbitrarias y el asesinato de defensores de los derechos humanos y de las tierras; recomienda que la Unión y sus Estados miembros incluyan referencias a los pueblos indígenas y a los derechos que contempla la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en los marcos pertinentes y emergentes en materia de diligencia debida, y que velen por que las empresas multinacionales rindan cuentas en caso de incumplimiento de sus obligaciones;

95.  Reitera el llamamiento dirigido a la Unión, a sus Estados miembros y a sus socios de la comunidad internacional para que adopten todas las medidas necesarias para el reconocimiento, la protección y la promoción de los derechos de los pueblos indígenas, como los que les asisten a su lengua, sus tierras, territorios y recursos; celebra el trabajo realizado por la sociedad civil y las ONG en torno a estas cuestiones; reafirma la necesidad de crear un mecanismo de reclamación para la presentación de quejas sobre violaciones y abusos de los derechos de los pueblos indígenas derivados de las actividades de las empresas multinacionales; recuerda su decisión de designar a un ponente permanente sobre los pueblos indígenas en el Parlamento, con el objetivo de supervisar la situación de estos pueblos en lo que se refiere a los derechos humanos; pide a los países que ratifiquen las disposiciones del Convenio n.º 169 de la OIT, de 27 de junio de 1989, sobre pueblos indígenas y tribales;

96.  Insta a los Gobiernos a que elaboren políticas de desarrollo y medioambientales que respeten los derechos económicos, sociales y culturales, y que sean inclusivas respecto de los pueblos indígenas y las poblaciones locales, de acuerdo con los ODS de las Naciones Unidas;

Racismo, discriminación, xenofobia y formas conexas de intolerancia

97.  Acoge con satisfacción que el Consejo adoptara en 2019 las Directrices de la UE en materia de derechos humanos relativas a la no discriminación en la política exterior; pide a la Unión y a sus Estados miembros que utilicen todas las herramientas a su disposición para garantizar que los responsables de las violaciones de derechos por motivos de discriminación basada en la raza, la casta (empleo y ascendencia), la religión, el origen étnico o nacional tengan que rendir cuentas de sus acciones;

98.  Observa con gran preocupación el alcance y las consecuencias de la jerarquía del sistema de castas, la discriminación basada en la casta y la perpetuación de las violaciones de los derechos humanos por razón de la casta, entre ellas la denegación del acceso a la tutela judicial o al empleo, la segregación, la pobreza y la estigmatización permanentes y las barreras por razón de casta al ejercicio de derechos humanos básicos y al fomento del desarrollo humano; reitera su llamamiento para que se desarrolle una política de la Unión sobre la discriminación por razón de casta; reitera su llamamiento a la Unión y a sus Estados miembros para que redoblen sus esfuerzos y apoyen las iniciativas en las Naciones Unidas y en las delegaciones y las misiones en terceros países para erradicar la discriminación por razón de casta;

99.  Recuerda la importancia de apoyar activamente las iniciativas inclusivas y antirracistas, especialmente teniendo en cuenta el aumento de los ataques xenófobos y racistas en todo el mundo, en el contexto de los crecientes llamamientos a la justicia social que inspiraron una ola de protestas en todo el mundo;

100.  Reitera el papel fundamental de la educación en la deconstrucción de los prejuicios y estereotipos y en la promoción de la tolerancia, la comprensión y la diversidad, y destaca que la educación es un instrumento clave para poner fin a la discriminación estructural y al racismo en nuestras sociedades; pide a los Estados miembros que promuevan políticas contra la discriminación en todos los ámbitos; considera que la lucha contra el racismo es una cuestión horizontal y que debe tenerse en cuenta en todos los ámbitos de la política de la Unión;

101.  Pide a todas las Delegaciones de la Unión y a sus correspondientes puntos de contacto para los derechos humanos que respeten en todos los casos su obligación evaluar y analizar la situación de la no discriminación y que los incluyan en sus estrategias nacionales de derechos humanos y democracia de la Unión, en el capítulo relativo a la no discriminación y la exclusión, así como en sus partes correspondientes sobre los motivos específicos de discriminación o dedicadas a grupos discriminados; subraya que las actualizaciones con respecto a la situación de la no discriminación en los informes anuales de ejecución de las estrategias nacionales de derechos humanos y democracia y los informes de los jefes de misión son vitales para la preparación y la orientación de los diálogos sobre los derechos humanos y que las directrices también establecen que la Unión debe fomentar y apoyar la participación activa de la sociedad civil en los foros y mecanismos multilaterales en relación con la discriminación basada en la casta (empleo y ascendencia);

Minorías nacionales, étnicas y lingüísticas

102.  Deplora el hecho de que muchos países, a pesar de sus obligaciones y compromisos internacionales en materia de protección de las minorías, estén aplicando una política de asimilación forzosa de las minorías nacionales, étnicas y lingüísticas ignorando sus derechos fundamentales y humanos;

103.  Pide a los Gobiernos de los países socios de la Unión que respeten los derechos humanos fundamentales de las minorías nacionales, étnicas y lingüísticas, incluidas su cultura, lengua, religión, tradiciones e historia, con el fin de preservar las culturas y la diversidad; reitera la necesidad de cumplir las obligaciones y los compromisos que han asumido en virtud de los tratados y acuerdos internacionales, así como las recomendaciones del Consejo de Europa;

Libertad de pensamiento, conciencia, religión o creencias

104.  Se muestra consternado por la cifra de asesinatos, atentados y actos de persecución, discriminación, acoso e incitación a la hostilidad que se produjeron, y por el número de restricciones a los derechos que se impusieron en 2019 contra personas y grupos objeto de tales restricciones por su religión, sus creencias, su ateísmo o agnosticismo; reafirma su apoyo a las víctimas de la violencia basada en la religión o las creencias, y su compromiso con la erradicación de este tipo de violencia; subraya la necesidad de prestar especial atención a la situación de los grupos religiosos perseguidos en todo el mundo, que se enfrentan a discriminación, amenazas, leyes contra la blasfemia, leyes contra la conversión, demolición de sus lugares de culto, violencia, esclavitud, violaciones, desapariciones forzadas, ejecuciones y genocidio; subraya la necesidad de prestar especial atención, entre otras cosas, a la situación de los cristianos perseguidos en todo el mundo, que constituyen la gran mayoría de los grupos religiosos que se enfrentan a discriminación, violencia y muerte;

105.  Expresa además su preocupación por el uso indebido y la instrumentalización de la religión para menoscabar otros derechos humanos, incluidos la salud y los derechos sexuales y reproductivos y los derechos de las personas LGBTI; lamenta que algunos países ya tengan, apliquen o pretendan introducir leyes penales que castiguen la blasfemia, la conversión o la apostasía; hace hincapié en que la libertad de religión o creencias incluye el derecho a no creer, a profesar opiniones teístas, no teístas, agnósticas o ateas, así como el derecho a la apostasía;

106.  Pide a la Comisión, al SEAE y a los Estados miembros que apliquen las Directrices de la UE para la promoción y protección de la libertad de religión o creencias; reitera su llamamiento al Consejo y a la Comisión para que lleven a cabo una evaluación transparente y exhaustiva de la eficacia y el valor añadido del cargo de enviado especial antes de iniciar el proceso de renovación de este mandato y cargo por parte de la Comisión; insiste en que, tras la evaluación, su trabajo debe contar con los recursos adecuados para mejorar la eficacia de la Unión en este ámbito; lamenta el retraso en la realización de esta evaluación; pide a la Comisión que garantice la transparencia en el nombramiento, el mandato, las actividades y las obligaciones de informar del próximo enviado especial de la Unión y que asegure su compromiso con la universalidad, indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos y de los valores europeos; recuerda a la Comisión la necesidad de apoyar adecuadamente el mandato institucional, la capacidad y las obligaciones del enviado especial;

107.  Acoge con satisfacción el intercambio mundial sobre religión en la sociedad, lanzado por la AR/VP en Bruselas el 6 de septiembre de 2019; recomienda, no obstante, que se preste la misma atención a las relaciones interreligiosas e interreligiosas; aboga en este sentido por el desarrollo del apoyo de la UE al diálogo interreligioso a escala local con el objetivo de luchar contra el extremismo y la incitación al odio; pide además que la consideración de los objetivos de promoción y protección de la libertad de pensamiento, conciencia, religión o creencias se integre en una gama más amplia de actividades de la UE relacionadas con los derechos humanos;

108.  Reitera la importancia que concede a la libertad académica e insta a la Unión y a los Estados miembros a que intensifiquen sus esfuerzos diplomáticos mediante la colaboración bilateral y multilateral en relación con las amenazas o los ataques a la libertad académica por parte de agentes estatales y no estatales, en particular los ataques violentos contra instituciones y miembros de la comunidad educativa superior, así como las políticas o prácticas discriminatorias, las restricciones o presiones indebidas sobre la investigación o la expresión, y el enjuiciamiento o la detención ilegales; pide al SEAE y a la Comisión que vuelvan a examinar los mecanismos de apoyo y protección existentes para los DDH a fin de desarrollar la capacidad de identificar y prestar asistencia, incluida la protección y el apoyo de emergencia, en los casos de ataques a la libertad académica; pide a la Comisión que asegure un apoyo constante y de alto nivel al el Centro Interuniversitario Europeo para los Derechos Humanos y la Democratización y al Campus Mundial de Derechos Humanos y Democracia, como rasgo distintivo del apoyo de la Unión a la educación sobre derechos humanos a nivel mundial;

Libertad de expresión, libertad de prensa y derecho a la información

109.  Condena el asesinato, el secuestro, el encarcelamiento, el acoso, la intimidación y los ataques, también por medios físicos y judiciales, de que han sido víctimas muchos periodistas, blogueros y denunciantes de irregularidades, así como el control o el bloqueo de internet y de los medios de comunicación; recuerda que la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación son pilares esenciales de una sociedad democrática; reconoce la importancia del derecho a la información en las sociedades modernas, también en la lengua materna de todas las comunidades étnicas, y el papel que desempeñan todas las formas de comunicación en el desarrollo de una cultura de pluralismo; recuerda que los medios de comunicación deben respetar el principio de no discriminación;

110.  Denuncia los intentos de algunos regímenes y autoridades de eliminar o restringir los derechos a la libertad de expresión o a la libertad de prensa, que justifican ilegítimamente como necesarios para reforzar la seguridad o la salud pública, o luchar contra el terrorismo, la difamación, el insulto o la blasfemia; destaca la nueva oleada de censura, por parte de algunos gobiernos, que están aprovechando la lucha contra las noticias falsas durante la pandemia de COVID-19 como excusa;

111.  Condena la desinformación y los ataques propagandísticos contra las minorías y que tienen por objeto deslegitimar los valores que la Unión defiende en todo el mundo; muestra su preocupación por el aumento de los discursos de odio y la incitación a la violencia en la comunicación en línea y fuera de línea, ya que constituyen una amenaza directa al Estado de Derecho y a los valores consagrados en los derechos humanos; observa que la creciente polarización social y política exacerbada por los algoritmos de las redes sociales que recurren a técnicas de seducción mental alimenta el radicalismo, inhibe por completo el pensamiento crítico, hace imposible el diálogo y allana el camino al extremismo;

112.  Recomienda que se establezcan las mejores salvaguardias posibles contra la difusión de la desinformación y la propaganda hostil mediante la articulación de un marco jurídico tanto a escala de la Unión como internacional que responda a las amenazas híbridas, incluida la guerra cibernética y de la información; sigue apoyando las iniciativas que contribuyen a distinguir entre noticias falsas y desinformación propagandística, por un lado, y la información recogida como parte de un trabajo independiente y genuino realizado por periodistas, por otro;

113.  subraya los casos de concentración de los medios de comunicación en manos de particulares, así como la falta de transparencia por lo que respecta a la propiedad de los medios de comunicación, que limitan el pluralismo, que es esencial para el acceso a una información imparcial;

114.  Condena firmemente los procedimientos judiciales injustificados contra periodistas con el objetivo de hacerlos quebrar (demandas estratégicas contra la participación pública) y silenciarlos, en particular en los casos de corrupción; subraya la necesidad de establecer plataformas que emitan una alerta temprana cuando haya periodistas en peligro, así como plataformas que protejan su trabajo de modo que otros periodistas puedan proseguir las investigaciones en curso sin interrumpirlas por temor a las consecuencias jurídicas;

115.  Recuerda que todo límite a la libertad de expresión o a la libertad de prensa debe atender un fin legítimo en consonancia con las obligaciones internacionales consagradas en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

116.  Pide a la Unión que haga todo lo posible por proteger la libertad de expresión, la libertad de los medios de comunicación y a quienes intentan defenderla; pide a la Unión y a los Estados miembros que condenen cualquier medio de intimidación física o judicial utilizado contra periodistas con la intención de silenciarlos; insta al representante especial de la Unión Europea a que preste especial atención a la protección de la libertad, la independencia y el pluralismo de los medios de comunicación en todo el mundo; destaca la importancia de garantizar la aplicación efectiva y sistemática de las Directrices de la UE sobre derechos humanos relativas a la libertad de expresión en Internet y fuera de Internet, y de efectuar un seguimiento periódico de su impacto;

117.  Destaca el cambio continuo en el entorno de los medios de comunicación y el uso creciente de las redes sociales en todo el mundo; subraya los retos y riesgos que plantea esta evolución en lo que atañe a las violaciones de la libertad de expresión en línea y fuera de línea, la censura, la protección de datos, la incitación al odio, el acoso y la seguridad de los periodistas y los denunciantes de irregularidades, entre otros factores; pide a la Comisión que supervise las políticas y prácticas de las empresas de las redes sociales, en particular sus herramientas de autorregulación, que tienen implicaciones en el ejercicio de la libertad de expresión en todo el mundo, y que presente propuestas de cambios de políticas o de legislación cuando proceda;

Pena de muerte, tortura y otras formas de malos tratos

118.  Condena el uso de la tortura, los tratos inhumanos o degradantes y la pena de muerte, que siguen practicándose en muchos países de todo el mundo; pide a los países que aún no lo hayan hecho que adopten de forma inmediata una moratoria de la pena de muerte como paso previo a su abolición; acoge con satisfacción la evolución positiva en 2019 en cuanto al debilitamiento del apoyo político al mantenimiento de la pena de muerte en algunos países que no la han abolido; deplora, no obstante, las decisiones de algunas autoridades judiciales nacionales que han dado lugar a un incremento de las ejecuciones en comparación con años anteriores; pide a la Unión que siga condenando sistemáticamente el uso de la pena de muerte, y que emprenda campañas de comunicación contra la pena de muerte en todo el mundo; insta a la Unión y a sus Estados miembros a defender la abolición en todos los foros internacionales y a abogar por el apoyo más amplio posible a esta postura;

119.  Reafirma su compromiso de prohibir la tortura en todo el mundo, apoyando a las víctimas y exigiendo responsabilidades a los torturadores; acoge con satisfacción la actualización de las Directrices sobre la política de la UE frente a terceros países en relación con la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; insta a todos los Estados miembros y a otros países que no lo hayan hecho aún a ratificar el Convenio de Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y su Protocolo facultativo, cuyo 35.º aniversario se celebró en 2019; reconoce la importancia de las organizaciones de la sociedad civil y de los DDH en la lucha contra la tortura y otras formas de malos tratos;

Lucha contra la esclavitud moderna y la trata de seres humanos

120.  Pide una respuesta internacional más firme para erradicar la esclavitud moderna y la trata de seres humanos y sus redes, con el establecimiento de nuevas obligaciones de diligencia debida para que las empresas identifiquen, evalúen, erradiquen, prevengan y mitiguen tales situaciones y cooperen con las autoridades para mejorar las políticas penales contra los traficantes y los que explotan la esclavitud moderna o se benefician de ella; recuerda que estas condiciones laborales inaceptables socavan la dignidad humana y los derechos humanos fundamentales; pide a los Estados que no lo hayan hecho aún que ratifiquen los convenios de la OIT relativos a la lucha contra estas lacras y el trabajo infantil;

Derechos económicos, sociales y culturales

121.  Pide a la Unión que redoble sus esfuerzos para la promoción y la protección de los derechos económicos, sociales y culturales a través de la política y la acción exteriores de la Unión, en particular, haciendo un uso efectivo de las cláusulas sobre derechos humanos de los acuerdos internacionales, incluidas las disposiciones sobre trabajo, e invirtiendo en la cultura y la educación como vectores de un cambio duradero; acoge con satisfacción la adopción del Convenio de la OIT sobre la violencia y el acoso, que contiene nuevas normas internacionales del trabajo vinculantes y esenciales para desterrar estas lacras del ámbito del trabajo y proteger a las víctimas; hace hincapié en la necesidad de una protección específica de las madres en el trabajo, durante y después de su embarazo, también en relación con la salud materna, el permiso y las prestaciones de maternidad, la protección del empleo y la no discriminación, y la lactancia materna;

122.  Denuncia que sigan produciéndose violaciones de los derechos de los trabajadores y los sindicatos en todo el mundo y que la libertad de asociación, el derecho a la negociación colectiva, el derecho a la información, la consulta y la participación y a emprender acciones colectivas, así como el derecho a una remuneración justa, a condiciones laborales dignas y a la salud y la seguridad en el lugar de trabajo constituyan el núcleo de esas violaciones;

123.  Recuerda que el acceso a la cultura y la educación son derechos fundamentales; señala la importancia de la diplomacia cultural para promover los valores de paz y respeto de los derechos humanos; pide a la Unión que integre la cultura, la educación y los derechos conexos pertinentes de su política de derechos humanos en sus relaciones exteriores;

Empresas y derechos humanos

124.  Acoge con satisfacción los intentos de varias empresas europeas de aplicar sus políticas de responsabilidad empresarial para respetar los derechos humanos y aplicar las diversas políticas y leyes vigentes para fomentar o exigir la diligencia debida en diversos Estados miembros; pide a las empresas con sede en la Unión que asuman su responsabilidad empresarial y cumplan las reglas y normas éticas aplicables en el marco del mercado único de la Unión;

125.  Pide la creación de un instrumento obligatorio de la Unión de diligencia debida en materia de derechos humanos y de medio ambiente que exija a las empresas participar activamente en la identificación, evaluación, mitigación, prevención y notificación de cualquier impacto adverso de sus actividades y cadenas de suministro en los derechos humanos, aplicable a los órganos corporativos y los directivos y ejecutivos empresariales en caso de infracción, y facilitando a las víctimas el acceso a la justicia y la reparación; acoge con satisfacción el anuncio de que la propuesta de la Comisión incluirá un régimen de responsabilidad; pide, por tanto, a la Comisión que estudie la posibilidad de incluir otros tipos de responsabilidad, incluida la responsabilidad penal, por las violaciones más graves;

126.  Recomienda que se incluya un deber legal de diligencia como elemento específico de este instrumento, con el fin de evitar la esclavitud moderna y el trabajo infantil por parte de las empresas en sus cadenas de suministro en el extranjero; recomienda que el requisito de transparencia forme parte del instrumento de diligencia debida para facilitar la capacidad de las víctimas de acceder a la reparación; pide que se establezcan mecanismos eficaces para proteger de represalias a quienes presentan quejas, incluida la aprobación de una legislación para disuadir de las demandas estratégicas contra la participación pública; recuerda las múltiples violaciones de los derechos humanos que pueden producirse en relación con la explotación de los recursos naturales;

127.  Subraya la importancia de que todos los países apliquen plenamente los Principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, y pide a los Estados miembros de la Unión que aún no hayan adoptado planes de acción nacionales en materia de empresas y derechos humanos que lo hagan a la mayor brevedad; anima a la Unión y a sus Estados miembros a participar de forma constructiva en la labor del grupo de trabajo intergubernamental de las Naciones Unidas sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a derechos humanos;

128.  Subraya la necesidad de establecer un instrumento internacional vinculante que regule, en el Derecho internacional de los derechos humanos, las actividades de las sociedades multinacionales y transnacionales y otras empresas;

Nuevas tecnologías y derechos humanos

129.  Manifiesta su preocupación por el uso, en respuesta a la pandemia de la COVID-19, de diversas herramientas basadas en datos e impulsadas por las nuevas tecnologías; subraya los riesgos, a menudo difíciles de percibir, que estas entrañan en lo que se refiere al ejercicio de libertades fundamentales, el abuso de poder y una mayor vulnerabilidad ante ciberataques cuando no se establecen medidas de salvaguarda técnicas y jurídicas eficaces; manifiesta su preocupación por el uso que se hace en la actualidad de la tecnología para vigilar y limitar la libertad de expresión y como instrumento de acoso; pide a la Unión, como líder en la formulación de estándares sobre privacidad y protección de datos a escala global, que establezca nuevas normas y buenas prácticas para su uso dentro de la Unión y como soluciones para su emulación en todo el mundo, con el fin de evitar efectos potencialmente nocivos de las nuevas herramientas basadas en los datos;

130.  Recuerda su Resolución, de 27 de febrero de 2014, sobre el uso de drones armados(8) y expresa su constante preocupación por la utilización de drones armados fuera del marco jurídico internacional; pide, una vez más, a la Unión que elabore con urgencia un marco jurídico vinculante para el uso de drones armados de forma que se garantice que los Estados miembros, en cumplimiento con sus obligaciones legales, no perpetren asesinatos selectivos ilegales ni faciliten dichos asesinatos por parte de terceros países; pide, asimismo, a la Comisión que mantenga al Parlamento debidamente informado acerca del uso de fondos de la Unión para proyectos de investigación y desarrollo asociados con la fabricación de drones; pide la evaluación del impacto en los derechos humanos de futuros proyectos de desarrollo de drones; recuerda su Resolución, de 12 de septiembre de 2018, sobre los sistemas armamentísticos autónomos(9); insta al AR/VP y a los Estados miembros a que prohíban el desarrollo, la producción y el uso de armas plenamente autónomas que carezcan de un control humano significativo sobre las funciones críticas de selección y ataque de los objetivos; insiste en que se inicien negociaciones a escala internacional para establecer un instrumento jurídicamente vinculante que prohíba las armas autónomas letales sin control humano significativo; insta al AR/VP y a los Estados miembros a que adopten una posición común para las negociaciones internacionales a este respecto;

Migrantes y refugiados

131.  Insta a los gobiernos a participar en la formulación de respuestas basadas en el respeto de los derechos humanos y la dignidad, y de soluciones para abordar la vulnerabilidad de los migrantes y refugiados y su necesidad de protección, en consonancia con los principios de solidaridad y asociación, aclarando al mismo tiempo las vías jurídicas adecuadas y accesibles para la migración; pide a la Unión y a los Estados miembros que aborden las causas profundas de la migración que hacen que las personas, los individuos y las familias se sientan obligados a abandonar su país de origen por no poder vivir en un entorno digno y seguro;

132.  Insiste en la necesidad de luchar contra las organizaciones y personas delincuentes que trafican con seres humanos; lamenta la situación sombría a la que se enfrentan los refugiados en los campamentos de refugiados, su falta de perspectivas, los largos períodos de espera en la tramitación de las solicitudes de asilo y el problema del acceso a la asistencia médica básica y, en el caso de los niños, a la educación; insta a que se encuentren alternativas al internamiento de migrantes y refugiados que no impliquen la privación de la libertad y rechaza, en este contexto, cualquier trato inhumano o degradante a los migrantes; subraya la importancia de respetar los derechos humanos al realizar los reconocimientos médicos obligatorios y hace hincapié en que se debe garantizar a todos los solicitantes de asilo y a los migrantes el acceso a los servicios esenciales, incluida una atención sanitaria completa; incide en la importancia de defender el derecho de asilo en todo el mundo;

133.  Pide a las autoridades competentes de los Estados miembros de la Unión que traten con buena voluntad y diligencia a las personas que solicitan el estatuto de refugiado y que, de conformidad con los principios del Estado de Derecho, apoyen la reagrupación familiar con vistas a poner fin a situaciones en las que los refugiados se encuentran separados de sus familiares cercanos, en particular los hijos;

Apoyo a la democracia

134.  Pide a la Unión que aumente su apoyo al activismo cívico democrático, que ha crecido desde 2019 en el contexto del auge del populismo, los nacionalismos y los regímenes autoritarios; pide a la Comisión y al Consejo que refuercen los programas de apoyo a la democracia de la Unión a nivel mundial, fomentando los procesos ascendentes prodemocráticos y fortaleciendo la resiliencia de las instituciones; destaca, en este sentido, las actividades de apoyo a la democracia llevadas a cabo por el Parlamento, incluidos los programas de seguimiento electoral, mediación y formación y tutoría, que han de adaptarse a la evolución de la situación de los países asociados, teniendo en cuenta al mismo tiempo los trasfondos culturales y nacionales de los terceros países participantes a fin de reforzar el diálogo y la asociación con ellos; apoya el llamamiento que figura en las Conclusiones del Consejo, de 14 de octubre de 2019, sobre la democracia y en el Plan de Acción de la UE para los Derechos Humanos y la Democracia 2020-2024 para promover un enfoque más flexible, innovador, a largo plazo y que tenga en cuenta la dimensión de los conflictos para apoyar la democracia; celebra y, en este contexto, alienta y apoya la labor de las organizaciones independientes que funcionan sobre la base de los valores fundamentales de la Unión y fomentan la transición democrática en el mundo;

135.  Se compromete a promover una mayor transparencia de los procesos democráticos, en particular de la financiación de las campañas políticas y temáticas por parte de diversos agentes no estatales;

o
o   o

136.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al secretario general de las Naciones Unidas, al presidente del 75.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, al presidente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a los jefes de las Delegaciones de la Unión.

(1) DO C 337 de 20.9.2018, p. 82.
(2) DO C 118 de 8.4.2020, p. 15.
(3) DO C 411 de 27.11.2020, p. 30.
(4) Textos Aprobados, P9_TA(2020)0007.
(5) Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2020 – Organización Internacional para las Migraciones (https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf).
(6) Según datos publicados por ACNUR (https://www.unhcr.org/refugee-statistics/download/?url=fd4J).
(7) Estadísticas de Asilo - Eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Asylum_statistics/es).
(8) DO C 285 de 29.8.2017, p. 110.
(9) DO C 433 de 23.12.2019, p. 86.

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