El Parlamento Europeo,

–  Vistos la Comunicación de la Comisión, de 6 de octubre de 2020, sobre la política de ampliación de la UE (COM(2020)0660) y el Informe de 2020 sobre Turquía que la acompaña (SWD(2020)0355),

–  Visto el marco de negociación con Turquía, de 3 de octubre de 2005, y el hecho de que la adhesión de Turquía a la Unión, al igual que en el caso de todos los países candidatos, depende del pleno cumplimiento de los criterios de Copenhague y la necesidad de normalizar sus relaciones con todos los Estados miembros de la Unión, incluida la República de Chipre,

–  Vistos la Comunicación de la Comisión, de 29 de mayo de 2019, sobre la política de ampliación de la UE (COM(2019)0260) y el Informe de 2019 sobre Turquía que la acompaña (SWD(2019)0220),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 5 de febrero de 2020, titulada «Mejorar el proceso de adhesión: una perspectiva creíble de la UE para los Balcanes Occidentales» (COM(2020)0057),

–  Vistas la Declaración de la Comunidad Europea y sus Estados miembros de 21 de septiembre de 2005, como respuesta a la declaración presentada por Turquía con ocasión de la firma del Protocolo Adicional al Acuerdo de Ankara el 29 de julio de 2005, que incluye una disposición según la cual el reconocimiento de todos los Estados miembros es un elemento esencial de las negociaciones, y la necesidad de que Turquía proceda a la normalización de sus relaciones con todos los Estados miembros y aplique íntegramente el Protocolo adicional para extender el Acuerdo de Ankara a todos los Estados miembros, eliminando todos los obstáculos a la libre circulación de mercancías, incluidas las restricciones de medios de transporte, sin prejuicios ni discriminaciones,

–  Vistos el artículo 46 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que establece que las partes contratantes se comprometen a acatar las sentencias definitivas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en los litigios en que sean partes, y, por consiguiente, la obligación de Turquía de ejecutar todas las sentencias de los tribunales europeos, incluido el TEDH,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 26 de junio de 2018 y 18 de junio de 2019, sobre el proceso de ampliación/estabilización y asociación, las Conclusiones del Consejo, de 15 de julio y 14 de octubre de 2019, sobre las actividades ilegales de perforación de Turquía en el Mediterráneo oriental, las Conclusiones del Consejo Europeo, de 12 de diciembre de 2019, 1 y 2 de octubre de 2020 y 15 y 16 de octubre de 2020, las declaraciones de los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión, de 15 de mayo de 2020 y 14 de agosto de 2020, sobre la situación en el Mediterráneo oriental, los resultados de la reunión informal de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión en Gymnich, de 27 y 28 de agosto de 2020, y todas las conclusiones anteriores pertinentes del Consejo y del Consejo Europeo,

–  Vista la declaración de la UNESCO de 10 de julio de 2020 sobre Santa Sofía, Estambul,

–  Vista la Comunicación conjunta de la Comisión y del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 22 de marzo de 2021, titulada «Situación de las relaciones políticas, económicas y comerciales entre la UE y Turquía» (JOIN(2021)0008),

–  Visto el informe de la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, de 19 de febrero de 2020, tras su visita a Turquía del 1 al 5 de julio de 2019,

–  Vistas las Resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) sobre Chipre, en particular la Resolución 550 (1984) y la Resolución 789 (1992),

–  Vista la Declaración UE-Turquía de 18 de marzo de 2016,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 30 de abril de 2020, titulada «Cuarto informe anual sobre el Mecanismo para los refugiados en Turquía» (COM(2020)0162),

–  Vistos la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2020 publicada por Reporteros sin Fronteras, en la que Turquía figura en el puesto 154 entre 180 países, y el Informe de 2020 sobre Turquía del Índice de Transformación de la Fundación Bertelsmann,

–  Vista su Resolución, de 15 de abril de 2015, sobre el centenario del genocidio armenio(1),

–   Vistas las opiniones de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, en particular las de los días 10 y 11 de marzo de 2017 sobre las modificaciones de la Constitución adoptadas por la Gran Asamblea Nacional el 21 de enero de 2017, y sometidas a referéndum nacional el 16 de abril de 2017, sobre las medidas previstas en los recientes Decretos Leyes de excepción relativos a la libertad de los medios de comunicación, así como a las obligaciones, las competencias y el modo de funcionamiento de los juzgados de paz en materia de Derecho penal, las de 6 y 7 de octubre de 2017 sobre las disposiciones del Decreto Ley n.º 674 de 1 de septiembre de 2016 sobre el ejercicio de la democracia local en Turquía, las de 9 y 10 de diciembre de 2016, sobre los Decretos Ley de excepción n.º 667-676, aprobados tras el fracasado golpe de Estado de 15 de julio de 2016, y las de 14 y 15 de octubre de 2016 sobre la suspensión del artículo 83, párrafo segundo, de la Constitución (inviolabilidad parlamentaria),

–  Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Turquía, en particular la de 13 de marzo de 2019, sobre el Informe de 2018 de la Comisión sobre Turquía(2), de 19 de septiembre de 2019, sobre la situación en Turquía, en particular la destitución de alcaldes elegidos(3), de 24 de octubre de 2019, sobre la operación militar turca en el nordeste de Siria y sus consecuencias(4), de 17 de septiembre de 2020, sobre la preparación de la reunión extraordinaria del Consejo Europeo, centrada en la peligrosa escalada de las tensiones y el papel de Turquía en el Mediterráneo oriental(5), y de 26 de noviembre de 2020, sobre la escalada de tensiones en Varosha tras las acciones ilegales de Turquía y la necesidad urgente de reanudar las conversaciones(6),

–  Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

–  Vista la opinión de la Comisión de Presupuestos,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A9-0153/2021),

A.  Considerando que Turquía está vinculada a la Unión por un Acuerdo de Asociación desde 1964(7) y que en 1995 se creó una unión aduanera; que el Consejo Europeo concedió a Turquía el estatuto de país candidato en diciembre de 1999 y que las negociaciones de adhesión se iniciaron en octubre de 2005; que, por ende, Turquía disfruta desde 1999 del modelo de relaciones más ambicioso y mutuamente exigente que puede ofrecer la Unión a un país, es decir, el estatuto de candidato a convertirse en miembro de la Unión; que Turquía es un país candidato a la adhesión y un importante socio de la Unión y se espera que cumpla los criterios de Copenhague y muestre el máximo nivel de exigencia en materia de democracia, respeto de los derechos humanos y Estado de Derecho, incluido el cumplimiento de los convenios internacionales a los que se ha adherido la Unión; que esto presupone la necesidad de comprometerse, de forma tangible, en el marco de la dinámica del proceso de adhesión, con las reformas requeridas en los distintos capítulos abiertos y la necesidad, por tanto, de adaptarse progresivamente al acervo de la UE y de aproximarse desde todos los puntos de vista a los valores, intereses, normas y políticas de la Unión; que el hecho de ser un país candidato conlleva la necesidad de desarrollar y mantener buenas relaciones de vecindad con la Unión y sus Estados miembros indistintamente; que, como país candidato, y en el marco del proceso de adhesión, Turquía emprendió una serie de reformas importantes que durante un período de tiempo dieron la esperanza de que se estaba avanzando hacia la adhesión; que, durante todos estos años, el proceso de adhesión ha sido respaldado firmemente por la Unión tanto a nivel político como financiero;

B.  Considerando que el respeto de los principios del Estado de Derecho y del Derecho internacional, incluidos, en particular, la separación de poderes y la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, la libertad de asociación y de protesta pacífica, la libertad de expresión y los derechos de las minorías étnicas y otras minorías y comunidades, es un componente fundamental de las buenas relaciones entre la Unión y Turquía;

C.  Considerando que un análisis de los informes de la Comisión sobre Turquía desde 2014 y, en particular, de los informes de 2019 y 2020, revela que, lamentablemente, Turquía se ha distanciado cada vez más y rápidamente del respeto de los valores y el marco democrático de la Unión, a diferencia de lo que se espera de un país candidato, no solo con el retroceso democrático interno, sino también con las maniobras agresivas en su política exterior, incluidas las acciones ilegales contra Estados miembros de la Unión; que estos informes afirman que Turquía no aplicó las recomendaciones de los informes anteriores, lo que muestra una falta de compromiso por el lado turco y pone en duda su deseo de adhesión; que otras instituciones relevantes como el Consejo de Europa y organizaciones internacionales de derechos humanos también comparten la evaluación crítica de un retroceso generalizado en Turquía y muestran su preocupación al respecto; que también han quedado reflejadas en el creciente número de asuntos y sentencias críticas dictadas por el TEDH; que este retroceso se ha observado en tres ámbitos principales: el deterioro del Estado de Derecho y los derechos fundamentales, el marco institucional y las reformas conexas, y una política exterior que es cada vez más conflictiva y se inclina hacia las opciones militares en lugar del diálogo y la diplomacia; que en estos tres ámbitos se ha producido una divergencia clara con respecto a las normas, políticas e intereses de la Unión;

D.  Considerando que en su anterior informe anual, el Parlamento subrayó su preocupación por la situación en Turquía y el grave retroceso, pidió a Turquía que se abstenga de toda acción que viole la soberanía y los derechos soberanos de los Estados miembros de la Unión, así como de provocaciones que afectan a las posibilidades de un diálogo constructivo y sincero, y pidió a la Comisión y a los Estados miembros que suspendieran formalmente las negociaciones de adhesión con Turquía, de conformidad con el marco de negociación; que el Parlamento reitera su compromiso, no obstante, con el diálogo democrático y político con Turquía; que el Parlamento pidió en repetidas ocasiones la apertura del capítulo 23 sobre el poder judicial y los derechos fundamentales y el capítulo 24 sobre la justicia, la libertad y la seguridad, en un momento en que el Gobierno turco se había comprometido a llevar a cabo serias reformas; que el Parlamento ha recortado sustancialmente la ayuda de preadhesión concedida a Turquía, en vista del retroceso democrático y la incapacidad de respetar el Estado de Derecho; que la Comisión ha indicado que, en términos de recursos financieros para los programas en Turquía, la Unión ofrece actualmente el apoyo mínimo a la sociedad civil y las partes interesadas pertinentes, como los periodistas y los defensores de los derechos humanos;

E.  Considerando que, a pesar de esta posición de principio del Parlamento y de la situación general actual, el Consejo Europeo, en sus Conclusiones de 1 y 2 de octubre de 2020, ofreció a Turquía un programa renovado, completo y positivo siempre que este país siga desplegando esfuerzos constructivos para detener las actividades ilegales con respecto a Grecia y Chipre, se realicen concesiones mutuas, se rebajen las tensiones y se ponga fin a la conducta agresiva en un nuevo intento de restablecer las relaciones entre las dos partes; que, en las mismas Conclusiones, el Consejo Europeo reafirmó que, en caso de que se reanuden las acciones unilaterales o las provocaciones en violación del derecho internacional, la Unión hará uso de todos los instrumentos y opciones a su disposición, de acuerdo entre otros con el artículo 29 del TUE y el artículo 215 del TFUE, para defender sus intereses y los de sus Estados miembros, y adoptará las decisiones correspondientes; que Turquía ha acordado recientemente retomar las conversaciones exploratorias con Grecia a fin de abordar las cuestiones pendientes que afectan a las relaciones entre Turquía y Grecia y las relativas a los derechos soberanos de Grecia; que se trata de un avance positivo que puede marcar el principio de un nuevo período de diálogo y cooperación entre Turquía y la Unión y sus Estados miembros; que más iniciativas y avances positivos y, por encima de todo, acciones reales, más allá de las declaraciones, por parte de Turquía, contribuirían en gran medida a un entendimiento renovado sobre el futuro de las relaciones bilaterales; que, en estas circunstancias, es importante promover la confianza mutua y un ámbito de reflexión más amplio sobre las futuras relaciones entre Turquía y la Unión, así como permitir que la diplomacia cumpla las aspiraciones y las expectativas con respecto a las relaciones entre la Unión y Turquía, al mismo tiempo que se mantiene un alto nivel de vigilancia y diálogo sobre la situación de los derechos humanos en Turquía;

Evaluación general del proceso de adhesión

1.  Toma nota con preocupación del distanciamiento continuo y cada vez mayor de Turquía con respecto a las normas y valores europeos en los últimos años, a pesar de ser un país candidato; observa, además, que, las acciones unilaterales de Turquía en el Mediterráneo oriental, así como declaraciones firmes y, en ocasiones, provocadoras contra la Unión y sus Estados miembros, han conllevado que las relaciones entre Turquía y la Unión se encuentren en uno de los peores momentos de su historia, con un grado de deterioro tal que ambas partes han de replantearse a fondo el actual marco de relaciones, a fin de restaurar el diálogo en un contexto de confianza mutua y cooperación a fin de resolver eficazmente las causas fundamentales de los conflictos actuales;

2.  Observa que la falta de voluntad política de Turquía para aplicar las reformas exigidas en el marco del proceso de adhesión y su incapacidad de abordar las graves preocupaciones de la Unión por el Estado de Derecho y los derechos fundamentales han perjudicado profundamente el proceso de adhesión y sus perspectivas, y han llevado a una relación entre la Unión y Turquía cada vez más basada en los intercambios comerciales e influida por las circunstancias, que tiene poco que ver con la lógica del formato original de armonización gradual con unos parámetros de referencia predeterminados; observa que, como consecuencia, en el marco de las negociaciones de adhesión, solo se habían abierto dieciséis de los treinta y cinco capítulos y solo se cerró provisionalmente un capítulo; destaca que, en efecto, las negociaciones de adhesión de Turquía se encuentran lamentablemente en punto muerto;

3.  Manifiesta su profunda preocupación por que, con el paso de los años, la falta de avances en materia de convergencia por parte de Turquía ha provocado un repliegue absoluto caracterizado por una regresión importante en tres ámbitos principales: i) retroceso en cuanto al Estado de Derecho y los derechos fundamentales, ii) la adopción de reformas institucionales regresivas y iii) la ejecución de una política exterior beligerante y basada en la confrontación, también hacia la Unión y sus Estados miembros, especialmente Grecia y Chipre; expresa su preocupación, asimismo, por que esta regresión vaya acompañada cada vez en mayor medida de un discurso crítico explícito y, en ocasiones, agresivo, en contra de la Unión mostrado por altos cargos del Gobierno, entre ellos el presidente, amplificado en el país por los medios de comunicación afines al Gobierno; pide, en este contexto, a Turquía que vuelva a evaluar y demuestre de forma creíble la sinceridad de su compromiso con unas relaciones y una armonización más estrechas con la Unión y la vía de adhesión de la Unión, ya que es elemento indispensable de la viabilidad de todo el proceso de adhesión;

4.  Subraya que ninguno de los incentivos que la Unión pueda ofrecer podrá sustituir jamás a la necesaria voluntad política en Turquía de garantizar el respeto de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales y de adherirse finalmente a la Unión; recuerda que el proceso de adhesión es un proceso basado en los méritos que depende de un progreso objetivo y un compromiso tangible con los criterios de Copenhague, las relaciones de buena vecindad con los Estados miembros de la Unión y con los valores de la Unión; reconoce la estrategia persistente de apertura y buena voluntad adoptada por la Unión, que se ha materializado recientemente en el programa positivo renovado presentado por el Consejo Europeo en octubre de 2020; reconoce asimismo los esfuerzos diplomáticos actuales de la Unión destinados a reavivar la capacidad de diálogo real y eficaz con Turquía;

5.  Reconoce que la ausencia de resultados en un proceso de adhesión cada vez más estancado ha contribuido a la fatiga experimentada en ambos lados y a un desapego progresivo y una creciente indiferencia por parte de las autoridades turcas hacia los resultados del procedimiento de seguimiento de los avances de la Comisión y las resoluciones del Parlamento; recuerda, en este contexto, que el Consejo continuó bloqueando la apertura del capítulo 23 sobre el poder judicial y los derechos fundamentales y el capítulo 24 sobre la justicia, la libertad y la seguridad, en un momento en que el Gobierno turco se había comprometido a llevar a cabo serias reformas (si bien nunca llegó a hacerlo) y debe utilizar parámetros de referencia claros; destaca, sin embargo, que el bloqueo del Consejo no puede constituir una excusa para el retroceso sufrido en los últimos años; opina que el proceso de adhesión se ha convertido en un fin en sí mismo;

6.   Lamenta que, desde el último informe del Parlamento, la situación, lejos de mejorar, se ha deteriorado todavía más con respecto a la política interior, institucional y exterior; insiste firmemente, por tanto, en que si no se revierte urgentemente la actual tendencia negativa, la Comisión debe recomendar, de conformidad con el marco de negociación de octubre de 2005, la suspensión formal de las negociaciones de adhesión con Turquía a fin de que ambas partes revisen, de manera realista y a través de un diálogo de alto nivel global, la idoneidad del marco actual y su capacidad de funcionamiento o, si procede, exploren nuevos modelos para las relaciones futuras; reconoce que, en cualquier caso, las negociaciones deben desarrollarse de buena fe y no deben desviarse ni anularse solamente debido a motivos culturales o religiosos;

7.  Lamenta la actual falta de entendimiento entre la Unión y Turquía, pero reitera su firme convicción de que Turquía es un país con importancia estratégica en los ámbitos político, económico y de la política exterior, un socio clave para la estabilidad de toda la región, y aliado con el que la Unión desea mantener las mejores relaciones posibles, también dentro de la OTAN, con vistas a crear un entorno estable y seguro en el Mediterráneo oriental sobre la base del buen diálogo, el compromiso, el respeto y la confianza mutua; reafirma su interés en mantener una alineación estratégica y una cooperación constructiva basada en valores e intereses compartidos en ámbitos como la política exterior y la seguridad, la economía, el comercio, la migración, el cambio climático y la digitalización; lamenta que todas estas perspectivas de una relación positiva se vean frustradas por la actual política de los dirigentes de Turquía, entre otras cosas por la actitud desestabilizadora de este país en la región y por sus acciones unilaterales que hacen caso omiso del Derecho internacional;

8.  Expresa su voluntad de reforzar y profundizar el conocimiento y la comprensión mutuos entre las sociedades turca y de los Estados miembros de la Unión promoviendo el crecimiento cultural y los intercambios socioculturales y combatiendo todas las manifestaciones de intolerancia y prejuicios sociales, étnicos, religiosos o culturales; reitera firmemente que la Unión y sus Estados miembros son, ante todo, amigos y socios de Turquía y el pueblo de Turquía, con quienes la Unión comparte profundos vínculos comerciales, culturales e históricos; expresa su pleno compromiso con el apoyo a la sociedad civil independiente de Turquía sean cuales sean las circunstancias y el marco en el que se puedan configurar las relaciones en el futuro; considera, no obstante, que el proceso de adhesión seguiría siendo el instrumento más poderoso para ejercer presión en el plano normativa sobre el Gobierno turco y entablar un diálogo constructivo con él y que también es el mejor marco para apoyar las aspiraciones democráticas y proeuropeas de la sociedad turca y promover la convergencia con la Unión y sus Estados miembros en el ámbito político y normativo, incluidos los derechos fundamentales y los valores democráticos; subraya que una relación puramente comercial difícilmente contribuirá a que Turquía avance hacia un modelo más democrático, que requerirá voluntad política al más alto nivel político;

9.  En este contexto, destaca la necesidad de garantizar, paralelamente con una capacidad de diálogo a nivel institucional, unos vínculos funcionales estrechos con la sociedad turca; insta, por tanto, a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior (EEAS) a dar prioridad a la dinámica sociedad civil de Turquía y a sus esfuerzos a favor de la democracia y a seguir apoyando a las organizaciones de la sociedad civil turca mediante los instrumentos financieros pertinentes, en particular el Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IAP), dado que estas organizaciones podrían contribuir a generar la voluntad política necesaria para sentar unas sólidas bases para el proceso de integración en la Unión; reitera, en este contexto, su petición de que la Unión gestione los fondos del IAP destinados a las reformas políticas en Turquía, y que estos fondos se sigan centrando en la promoción del diálogo y en el apoyo a la sociedad civil, los agentes no estatales y los contactos entre personas, mientras el país no avance en materia de democracia, Estado de Derecho y derechos humanos; alienta a crear un mecanismo nuevo e inmediato de diálogo constructivo con la sociedad civil turca a fin de reforzar la confianza mutua y sostener las aspiraciones democráticas y proeuropeas de la sociedad turca, apoyando un intercambio concentrado en particular en la democratización, los derechos humanos, el Estado de Derecho, la buena gobernanza, el desarrollo sostenible, y la transición ecológica y digital, que cuente al mismo tiempo con financiación adecuada de la Unión para obtener resultados eficaces; pide a la Comisión y al SEAE que sigan apoyando a los jóvenes turcos a través de la participación ampliada en el programa Erasmus + y las becas Jean Monnet para respaldar, entre otras, la cooperación en materia de investigación y la lucha común contra el cambio climático y proteger el medio ambiente y el empoderamiento de la mujer en la sociedad y las empresas;

Estado de Derecho y derechos fundamentales

10.  Manifiesta su profunda preocupación por el grave retroceso de las libertades fundamentales, que se plasma en la deteriorada situación de los derechos humanos en Turquía y la continua erosión de la democracia y del Estado de Derecho, en violación de los criterios de Copenhague;

11.  Considera que los derechos y las libertades fundamentales, un ámbito esencial que constituye el núcleo del proceso de adhesión, no pueden desvincularse ni aislarse de las relaciones en términos generales y que siguen siendo los principales obstáculos para avanzar en relación con un programa positivo que pueda ofrecerse a Turquía, que también debe depender del pleno respeto del Derecho internacional y el principio fundamental de buena vecindad y cooperación regional;

12.   Subraya que el deterioro de las libertades fundamentales en Turquía precede al período del estado de excepción declarado tras el intento de golpe de Estado de 2016, acto del que reitera su firme condena; considera que ante unas circunstancias excepcionales, como un intento de golpe de Estado, la adopción de medidas extraordinarias está justificada, pero que estas deben ser proporcionales y limitadas en el tiempo y en su ámbito de aplicación; observa con profunda preocupación que, a pesar del levantamiento formal del estado de excepción en julio de 2018, se ha incorporado a la legislación un sinfín de disposiciones jurídicas y elementos restrictivos del estado de excepción, con lo que el impacto del estado de excepción en la democracia y los derechos fundamentales sigue siendo importante, pese a que la amenaza a sus propia existencia desapareció afortunadamente hace mucho tiempo;

13.  Lamenta profundamente que esta forma represiva de gobernanza se haya convertido en una política de Estado deliberada, implacable y sistemática, que se aplica a todas las actividades críticas, como el activismo político pacífico sobre cuestiones de interés para el pueblo kurdo y aleví, las protestas y manifestaciones pacíficas llevadas a cabo por extrabajadores del sector público, activistas por los derechos de la mujer y de las personas LGTBI y víctimas del estado de excepción, o incluso a acontecimientos que tuvieron lugar antes del intento de golpe de Estado, como las protestas del parque de Gezi;

14.  Lamenta que las actuales disposiciones antiterroristas, que son excesivamente difusas, y el abuso de las medidas antiterroristas se hayan convertido en la columna vertebral de esta política de Estado de represión de los derechos humanos y de cualquier voz crítica en el país, con la cooperación cómplice de un poder judicial que no puede o no quiere frenar los abusos del orden constitucional; lamenta que este concepto amplio de terrorismo contravenga el principio básico de responsabilidad individual mediante acusaciones genéricas colectivas; observa con gran preocupación el continuo encarcelamiento en masa de personas, como periodistas, defensores de los derechos humanos y opositores políticos, condenados o en prisión provisional por cargos relacionados con el terrorismo, en particular por la supuesta pertenencia a una organización terrorista, sobre la base de pruebas escasas; manifiesta su seria preocupación por que, como se indicó durante la aprobación del examen periódico universal, las autoridades turcas no tienen planes de revisar la Ley contra el terrorismo; insta, por consiguiente, a Turquía a que armonice su legislación en materia de lucha contra el terrorismo con las normas internacionales para garantizar la protección efectiva de los derechos y las libertades fundamentales y la proporcionalidad y la igualdad ante la ley; reconoce que Turquía tiene preocupaciones legítimas en materia de seguridad y el derecho a luchar contra el terrorismo; hace hincapié, no obstante, en que debe hacerlo desde el pleno respeto del Estado de Derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales; reitera su firme condena inequívoca de los ataques terroristas violentos por parte del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), que está incluido desde 2002 en la lista de la Unión de organizaciones terroristas; transmite sus sinceras condolencias a los ciudadanos turcos y en particular a las familias de los trece ciudadanos turcos asesinados en los ataques terroristas en Gara (Irak) en febrero de 2021;

15.  Lamenta profundamente que las disposiciones y las medidas antiterroristas de Turquía hayan mantenido numerosas restricciones de emergencia y, por lo tanto, sigan afectando de manera adversa a los derechos humanos y las libertades fundamentales, entre otras cosas restringiendo las garantías procesales, prolongando la duración de la prisión provisional y permitiendo la continuación de los despidos de funcionarios públicos por presuntos vínculos con organizaciones terroristas;

16.  Manifiesta su gran preocupación por que el movimiento racista y de extrema derecha Ülkücü, conocido como los «Lobos Grises» y estrechamente vinculado al partido MHP (Partido del Movimiento Nacionalista), se esté extendiendo por la propia Turquía, pero también por Estados miembros de la Unión; pide a la Unión y a sus Estados miembros que estudien la posibilidad de agregar a los Lobos Grises a la lista de terroristas de la Unión y de prohibir sus asociaciones y organizaciones en países de la Unión, vigilar estrechamente sus actividades y combatir su influencia, que resulta especialmente amenazante para personas de origen kurdo, armenio o griego, y para cualquiera al que consideren un oponente;

17.  Considera que la erosión del Estado de Derecho y la falta sistemática de independencia por parte del poder judicial siguen siendo dos de las cuestiones más acuciantes y preocupantes; condena el refuerzo del control ejercido por el poder ejecutivo y la presión política que afecta a la labor de los jueces, fiscales, abogados y colegios de abogados; manifiesta su profunda preocupación por el agravamiento de los problemas estructurales relativos a la falta de independencia institucional del poder judicial a favor del poder ejecutivo; señala que la falta de independencia del poder judicial, junto con el efecto paralizador de los despidos en masa llevados a cabo por el Gobierno en los últimos años, constituyen una grave amenaza para el Estado de Derecho y menoscaban la capacidad del conjunto del poder judicial para ofrecer un recurso efectivo contra las violaciones de los derechos humanos, tanto con respecto a las medidas adoptadas en el marco del estado de excepción como en general; observa con preocupación que, en este contexto, la estrategia de reforma del poder judicial y los tres paquetes legislativos posteriores no podrán lograr los objetivos declarados, especialmente si no se traducen en cambios reales en el comportamiento de los fiscales públicos y si las resoluciones judiciales siguen contraviniendo las normas internacionales; subraya la necesidad de llevar a cabo una profunda reforma de los poderes legislativo y judicial con el fin de mejorar el acceso al sistema judicial, aumentar su eficacia y proporcionar una mejor protección del derecho a un juicio justo dentro de un plazo razonable;

18.  Condena la destitución, los traslados a gran escala y el apartamiento forzoso de aproximadamente el 30 % de los jueces y fiscales turcos, que ha causado un declive preocupante de la calidad general de las decisiones judiciales, además de un nivel preocupante de intimidación y autocensura; recuerda que todo despido y nombramiento en el poder judicial debe estar sujeto a un control especialmente riguroso, que debe prohibirse al poder ejecutivo interferir o intentar influir en el poder judicial y que el nombramiento de jueces debe respetar los principios de independencia e imparcialidad; lamenta profundamente que, durante la aprobación del resultado del examen periódico universal en octubre de 2020, Turquía se negase a aceptar las recomendaciones de introducir una enmienda constitucional para que el Consejo de Jueces y Fiscales (Hâkimler ve Savcılar Kurulu – HSK) sea independiente del Ejecutivo; pide que se subsanen las deficiencias en la estructura y el proceso de selección de miembros de este Consejo con el fin de garantizar su independencia y poner fin a sus decisiones arbitrarias;

19.  Manifiesta su profunda preocupación por la situación de los abogados en Turquía, puesto que en los últimos años cientos de ellos han sido y siguen siendo acosados, detenidos, procesados y condenados en relación con su actividad profesional y por representar a sus clientes; comparte las preocupaciones expuestas en el dictamen de la Comisión de Venecia aprobado en octubre de 2020 sobre las enmiendas introducidas en julio de 2020 en la Ley de abogacía de 1969, en particular la creación de múltiples colegios de abogados en la misma ciudad; destaca que esto dará lugar a una mayor politización de la profesión jurídica, provocando una incompatibilidad con el requisito de imparcialidad de la profesión jurídica y poniendo en peligro la independencia de los abogados; considera que esta reforma jurídica puede suponer nuevo golpe al funcionamiento del poder judicial y un intento de dejar sin poder a los colegios de abogados existentes y erradicar las voces críticas que aún quedan; insta a las autoridades turcas a que respeten la independencia de los abogados y a que les permitan desempeñar su trabajo libremente de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos; pide la puesta en libertad inmediata e incondicional de todos los abogados detenidos únicamente por ejercer su profesión jurídica;

20.  Lamenta la muerte de la abogada Ebru Timtik después de 238 días en huelga de hambre para exigir un juicio justo tras su condena por presunta pertenencia a organización terrorista mientras su recurso estaba pendiente en el Tribunal de Casación; recuerda que es el cuarto preso que ha muerto en 2020 como consecuencia de una huelga de hambre para exigir un juicio justo, tras la muerte de Helin Bölek e İbrahim Gökçek, dos músicos de la banda Grup Yorum, y Mustafa Koçak; espera que el juicio que se está celebrando contra tres agentes de policía acusados del asesinato del abogado de derechos humanos kurdo Tahir Elçi revele finalmente todas las circunstancias que rodearon su muerte y haga justicia en su caso;

21.  Expresa su profunda preocupación por la falta de respeto por parte del poder judicial y ejecutivo turco en relación con las sentencias del TEDH y el incumplimiento cada vez más frecuente de las sentencias del Tribunal Constitucional por parte de las instancias inferiores; reconoce que ha habido casos en los que el poder judicial turco ha vuelto a juzgar a presos a raíz de una decisión del TEDH; observa con preocupación, sin embargo, que estos nuevos juicios a menudo no cumplen las normas sobre un juicio justo reconocidas internacionalmente, como en el caso de İlhan Sami Çomak; pide a Turquía que garantice el pleno respeto del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el cumplimiento de las sentencias y resoluciones pertinentes del TEDH y que coopere con el Consejo de Europa con el fin de reforzar el Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales; espera que el TEDH pueda priorizar y acelerar el pronunciamiento de sentencias en las numerosas causas turcas pendientes en el tribunal, incluida la del periodista Hanım Büşra Erdal; acoge con satisfacción la reciente sentencia del TEDH en la causa del destacado escritor Ahmet Altan, que estaba pendiente desde 2017, y en la que dictaminó que, entre otras cosas, se habían violado sus derechos a la libertad y a la seguridad, así como a la libertad de expresión; acoge con satisfacción su posterior puesta en libertad después de que el Tribunal de Casación de Turquía revocara la sentencia dictada contra él y pide una vez más a las autoridades turcas competentes que apliquen rápidamente todas las demás sentencias del TEDH; observa que el poder judicial turco tampoco respeta las decisiones adoptadas por mecanismos de las Naciones Unidas como el Comité de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria;

22.  Lamenta las condiciones de detención de Fabien Azoulay, ciudadano francés detenido y condenado en Turquía, que lleva más de cuatro años preso y actualmente se halla en la prisión de Giresun, donde ha sido sometido a violencia física y repetidos abusos, así como los intentos de obligarlo a convertirse al Islam; condena enérgicamente los motivos homófobos y antisemitas subyacentes a sus repetidos abusos; insta a las autoridades turcas a que adopten sin demora todas las medidas necesarias para garantizar su protección y su traslado a su país de origen;

23.  Observa con preocupación la ausencia de vías de recurso para los despidos a gran escala que afectaron a numerosas personas, como más de 152 000 funcionarios públicos, incluidos profesores, médicos, académicos, abogados, jueces y fiscales, que fueron despedidos de forma arbitraria y a los que se prohibió permanentemente trabajar en el sector público o incluso en el conjunto de su profesión; destaca que muchos de estos despidos siguen teniendo efectos devastadores en las personas afectadas y sus familias, entre ellos un estigma social y profesional duradero; alberga serias dudas respecto al funcionamiento eficaz de la Comisión de Investigación sobre las Medidas del Estado de Excepción (CoSEM) como vía interna de recurso debido a su falta de independencia, imparcialidad y eficiencia; observa que las anulaciones arbitrarias de pasaportes, a pesar de algunas mejoras graduales, siguen constituyendo una importante limitación injustificada de la libre circulación de las personas afectadas; pide a las autoridades turcas que respeten los derechos de defensa de las personas despedidas y garanticen un procedimiento de evaluación en consonancia con las normas internacionales;

24.  Manifiesta su consternación por las declaraciones realizadas por máximos representantes del Ejecutivo y la coalición gobernante sobre la posible reinstauración de la pena de muerte, que Turquía abolió en 2004; advierte de que esta maniobra lamentable no solo contravendría los compromisos internacionales vigentes de Turquía, sino que sería incompatible con el proceso de adhesión a la Unión;

25.  Reitera la importancia de la libertad e independencia de los medios de comunicación como uno de los valores fundamentales de la Unión y una piedra angular de cualquier democracia; expresa su profunda preocupación por las medidas desproporcionadas y arbitrarias que restringen la libertad de expresión, la libertad de los medios de comunicación y el acceso a la información en Turquía, en medio de una asfixiante falta de pluralismo en los medios, que con frecuencia utilizan indebidamente la legislación contra el terrorismo con el objetivo de acallar las críticas; insta a Turquía a que garantice la libertad de las plataformas de redes sociales con carácter prioritario, en particular con la reforma del artículo 299 de su código penal (insultos al presidente), del que se abusa sistemáticamente para perseguir a escritores, reporteros, columnistas y editores, y a que libere y absuelva de forma inmediata a todos los periodistas, escritores y usuarios de redes sociales detenidos ilegalmente por ejercer su profesión y sus derechos civiles; observa que, aunque el año pasado el número de periodistas encarcelados se redujo de 160 a alrededor de 70, sigue siendo una cifra muy alta y un motivo de seria preocupación, y que, demasiado a menudo, se envía a personas a prisión de forma infundada; pide a las autoridades turcas que muestren tolerancia cero con todos los incidentes de abusos físicos e insultos o amenazas dirigidos contra periodistas y que permitan que se reabran los medios de comunicación que han sido cerrados arbitrariamente; expresa su profunda preocupación por la decisión del tribunal provincial de Estambul, de 20 de octubre de 2020, de anular la absolución anterior y volver a juzgar al representante de Reporteros sin Fronteras en Turquía, Erol Önderoğlu, al defensor de los derechos humanos Şebnem Korur Fincancı y al escritor y periodista Ahmet Nesin, acusados de varios delitos, en particular de difundir propaganda terrorista, por su participación en una campaña solidaria con un periódico, y que se enfrentan a una pena de hasta catorce años y medio de prisión;

26.  Expresa su preocupación por el impacto negativo que tendrá la Ley de regulación de publicaciones en internet y represión de delitos cometidos por medio de dichas publicaciones de julio de 2020 en la libertad de expresión, puesto que impone nuevas obligaciones draconianas a los proveedores de medios sociales, permite al Gobierno censurar el contenido en internet y prevé nuevos motivos para el procesamiento de usuarios de redes sociales; señala el levantamiento de la prohibición que pesaba sobre Wikipedia, pero hace hincapié en que siguen bloqueados más de 400 000 sitios web y siguen vigentes varias restricciones de uso de los medios sociales;

27.  Manifiesta su profunda preocupación por la falta de independencia e imparcialidad de entidades públicas como el Consejo Supremo de Radio y Televisión (RTÜK) y la Agencia de Publicidad en Prensa (BİK), que se están utilizando como herramienta para suspender de forma arbitraria, prohibir, multar o ahogar económicamente a medios de comunicación considerados críticos con el Gobierno, lo que permite un control casi total de los medios de comunicación; lamenta la anulación en 2019 de más de setecientas acreditaciones de prensa por parte de la Dirección de Comunicación de la Presidencia y las dificultades que se encuentran los periodistas locales e internacionales mientras realizan su trabajo;

28.   Se congratula de la existencia de una sociedad civil vibrante, plural, comprometida y heterogénea en Turquía, a pesar de la importante represión política, ya que es una de las pocas instancias de control del Gobierno turco que siguen ejerciendo su función y que tiene posibilidades de ayudar al país a hacer frente a sus profundos problemas políticos y sociales; expresa su profunda preocupación por otro retroceso más que afecta a la libertad de reunión y a la libertad de asociación y denuncia el cierre arbitrario de organizaciones de la sociedad civil, incluidas destacadas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y medios de comunicación; condena, en este contexto, la nueva Ley para prevenir la financiación de la proliferación de las armas de destrucción masiva, de diciembre de 2020, que otorga al Ministerio del Interior y al presidente de Turquía amplios poderes para restringir las actividades de las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones comerciales, los grupos y las asociaciones independientes, y parece estar enfocado a limitar, restringir y controlar aún más a la sociedad civil; apoya firmemente el llamamiento de varios representantes especiales de las Naciones Unidas al Gobierno de Turquía para que revise su legislación a fin de garantizar el cumplimiento con las obligaciones internacionales del país en materia de derechos humanos; pide a Turquía que considere a las voces críticas o disidentes, incluidos los defensores de los derechos humanos, académicos y periodistas, como valiosos contribuyentes al diálogo social y no como fuerzas desestabilizadoras;

29.  Lamenta el enorme deterioro de la libertad académica en Turquía, en particular la continua vulneración de los derechos de los Académicos por la Paz, pese a la decisión del Tribunal Constitucional de julio de 2019, y las modificaciones de la Ley del Consejo de Educación Superior de Turquía, que añade medidas restrictivas adicionales a las ya vigentes;

30.  Condena la violenta represión por parte de las autoridades turcas de las protestas derivadas del nombramiento por parte del Gobierno del rector de la Universidad Boğaziçi; manifiesta su consternación por la detención masiva de estudiantes, el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía en las manifestaciones pacíficas, la decisión del gobernador de Estambul de prohibir selectivamente todo tipo de reuniones y manifestaciones en los alrededores de la universidad, la consideración de los manifestantes —principalmente estudiantes, antiguos alumnos y académicos— como terroristas y los ataques a los grupos LGBTI; pide a Turquía que retire los cargos y ponga en libertad a las personas detenidas arbitrariamente por el ejercicio de su derecho de reunión pacífica;

31.  Insta a Turquía a que se abstenga de detener y procesar a periodistas y defensores de los derechos humanos con el fin de intimidarles o disuadirles de informar libremente sobre cuestiones relativas a los derechos humanos; insta a Turquía a que investigue con prontitud y de manera independiente los casos denunciados de intimidación y acoso de defensores de los derechos humanos, periodistas, académicos y activistas de la sociedad civil, y a que exija cuentas a los responsables de estos abusos;

32.  Manifiesta su profunda preocupación por la presión continuada y los ataques permanentes de los que son objeto los partidos de la oposición en Turquía, incluida la condena de miembros de la posición y los abusos de los recursos financieros y las competencias administrativas del Estado por parte del Gobierno en ejercicio, que socavan el funcionamiento adecuado de un sistema democrático; pide a los principales partidos turcos que prosigan sus esfuerzos democráticos y parlamentarios para promover la vía europea para Turquía en las leyes y la Constitución del país;

33.  Observa con gran preocupación el modo en el que el Partido Democrático Popular (HDP), incluidas sus organizaciones juveniles, ha estado en el punto de mira de las autoridades turcas de manera específica y permanente; condena firmemente el auto de acusación presentado por el fiscal del Tribunal de Casación de Turquía ante el Tribunal Constitucional para solicitar de la disolución del HDP y la inhabilitación política de más de 600 miembros del HDP; subraya que, además de constituir un grave error político a medio plazo, esto representaría un golpe irreversible al pluralismo y a los principios democráticos que dejaría a millones de votantes de Turquía sin representación; condena enérgicamente que sigan detenidos desde noviembre de 2016 Figen Yüksekdağ y Selahattin Demirtaș, antiguos copresidentes del HDP y este último también líder de la oposición y excandidato presidencial, y Gülten Kışanak, la antigua alcaldesa de Diyarbakır; recuerda la sentencia del TEDH sobre el caso de Demirtaş, de 20 de noviembre de 2018, confirmada por la sentencia de su Gran Sala, de 22 de diciembre de 2020, en la que se insta a las autoridades turcas a que lo liberen inmediatamente; expresa su consternación por el incumplimiento continuado de esta sentencia vinculante del TEDH; condena la reciente decisión del Tribunal Penal de Primera Instancia n.º 46 de Estambul de condenar a Selahattin Demirtaş a tres años y medio de prisión por supuestos insultos al presidente, una de las penas más largas impuestas hasta ahora por tales cargos; lamenta que el 7 de enero de 2021, el 22.º Tribunal Superior de lo Penal de Ankara aceptara otra acusación contra un total de 108 políticos, entre ellos Demirtaş y Yüksekdağ, por su presunto papel en las protestas de Kobane de octubre de 2014, a pesar de que se basa en los mismos hechos e incidentes que la Gran Sala ya consideró que constituían motivos insuficientes para su detención; condena, asimismo, la revocación recurrente del estatuto parlamentario de diputados de la oposición, que perjudica seriamente la imagen del parlamento como institución democrática; manifiesta su preocupación por la preparación de investigaciones por parte del Fiscal General de Ankara para levantar la inmunidad parlamentaria de otros nueve diputados del HDP —incluidos Pervin Buldan, el actual copresidente del HDP, Meral Danış Beştaş, Hakkı Saruhan Oluç, Garo Paylan, Hüda Kaya, Sezai Temelli, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Pero Dündar y Fatma Kurtulan— para que puedan ser procesados por su supuesto papel en las protestas de 2014 en Kobane; destaca el caso de Cihan Erdal, miembro de la sección juvenil del Partido de la Izquierda Verde turco que, mientras visitaba temporalmente Turquía para ver a su familia, fue detenido el 25 de septiembre de 2020 por el único motivo de haber sido miembro del HDP seis años antes de su detención; condena la decisión de despojar a Ömer Faruk Gergerlioğlu, diputado del HDP, de su escaño y su inmunidad parlamentaria y su posterior detención en las instalaciones de la Gran Asamblea Nacional de Turquía; considera que esta decisión es una represalia por su activismo en defensa de los derechos humanos, en particular por haber presentado ante el parlamento testimonios generalizados de registros corporales y acoso en las prisiones y bajo custodia policial y haber iniciado una campaña en los medios sociales contra estas acciones;

34.  Manifiesta su profunda preocupación por la presión gradualmente creciente sobre el principal partido de la oposición (CHP) y su líder, Kemal Kılıçdaroğlu, incluida la confiscación de folletos del partido por orden judicial, la solicitud de la suspensión de la inmunidad contra el líder por sus declaraciones políticas, o las amenazas proferidas públicamente contra él o incluso los ataques físicos; reitera su grave preocupación por el continuo acoso político y judicial de Canan Kaftancıoğlu, presidenta provincial del CHP en Estambul, que fue condenada en septiembre de 2019 a casi diez años de prisión por un caso que obedece a motivos políticos, sobre la que está pendiente una decisión del Tribunal Supremo, y que fue procesada en diciembre de 2020, enfrentándose a una pena de otros diez años en una nueva causa política, que también afecta paralelamente a cuatro periodistas del periódico Cumhuriyet; acoge con satisfacción el hecho de que Enis Berberoğlu, diputado del CHP, haya recuperado su escaño y su inmunidad parlamentaria a raíz de una segunda sentencia del Tribunal Constitucional del 21 de enero de 2021, dado que los tribunales inferiores no habían respetado su sentencia anterior;

35.  Pide a las autoridades pertinentes de Turquía que pongan en libertad a todos los defensores de los derechos humanos, periodistas, abogados, académicos y otras personas que han sido detenidas sobre la base de cargos infundados y que les permitan realizar su trabajo sin amenazas ni obstáculos en cualquier circunstancia; pide a la Comisión y a los Estados miembros que aumenten la protección y el apoyo a los defensores de los derechos humanos que corren peligro en Turquía, también mediante subvenciones de emergencia; condena la decisión del Tribunal Regional de Apelación de Estambul de ratificar las largas penas de prisión impuestas a cuatro defensores de los derechos humanos en el asunto Büyükada por cargos relacionados con terrorismo, pese a la ausencia de pruebas de actividad delictiva y el hecho de que las acusaciones contra estos acusados han sido refutadas reiteradamente, incluso por las propias pruebas del Estado; considera este caso otro ejemplo del entorno hostil contra las organizaciones de la sociedad civil y la influencia recurrente del discurso político virulento que da lugar a decisiones judiciales sesgadas; condena la nueva detención del escritor Ahmet Altan en noviembre de 2019 solo una semana después de que fuese puesto en libertad tras más de tres años en prisión provisional; expresa su profunda preocupación por el acoso contra Öztürk Türkdoğan, una reconocida figura de los derechos humanos y copresidente de İnsan Hakları Derneği (la Asociación de Derechos Humanos, İHD), que fue detenido recientemente durante una redada en su domicilio en relación con una investigación clasificada y fue posteriormente puesto en libertad;

36.  Condena enérgicamente que Osman Kavala, figura destacada y respetada de la sociedad civil, fuese detenido de nuevo pocas horas después de su absolución en febrero de 2020 y que lleve en prisión más de tres años por cargos falsos, lo que constituye una flagrante negativa a acatar la sentencia firme del TEDH, y el posterior llamamiento del Comité de Ministros del Consejo de Europa; considera que la nueva causa y acusación contra él y el académico estadounidense Henri Barkey —por espiar e intentar presuntamente derrocar el orden constitucional de Turquía— son infundadas y carentes de pruebas y, por lo tanto, responden a motivaciones políticas; muestra su profunda estupefacción por las recientes decisiones judiciales, como la sentencia del 22 de enero de 2021 del Tribunal de Apelación de Estambul por la que se anula la sentencia absolutoria anterior, la sentencia en el nuevo juicio del caso del Parque Gezi y la decisión del Tribunal de Estambul, de 5 de febrero de 2021, de agrupar este caso recién reabierto con el otro caso de espionaje, haciendo caso omiso de la sentencia del TEDH; subraya que el TEDH ya emitió sentencia en el caso de Gezi y que, por tanto, la agrupación de ambos casos hace que la continuación de la prisión preventiva sea aún más absurda e ilegal; manifiesta su consternación por la decisión del Consejo de Jueces y Fiscales (HSK) de investigar a los tres jueces del 30.º Tribunal Penal de Estambul que en febrero de 2020 absolvieron a Kavala y al resto de acusados en el juicio sobre el parque de Gezi por falta de pruebas; muestra su consternación al comprobar que, por otro lado, el exfiscal adjunto de Estambul, Hasan Yılmaz, responsable del segundo auto de acusación contra Kavala, ha sido nombrado posteriormente viceministro de Justicia;

37.  Expresa su profunda preocupación por las continuas acusaciones de detenciones violentas, palizas, tortura, maltrato y trato cruel, inhumano o degradante bajo custodia policial y militar y en prisión, así como por los casos de desapariciones forzadas en los últimos cuatro años, por el hecho de que los fiscales no lleven a cabo investigaciones significativas de estas acusaciones y por la cultura generalizada de impunidad de los miembros de las fuerzas de seguridad y los funcionarios públicos implicados; pide al Gobierno turco que aclare la suerte de los cientos de personas desaparecidas y que dé por fin un respuesta a las Cumartesi Anneleri («Madres de los Sábados»), que se han reunido ya más de ochocientas veces para pedir justicia; insta a las autoridades turcas a que investiguen las denuncias persistentes y creíbles de tortura y maltrato bajo custodia y a que exijan cuentas a los responsables; pide a Turquía que se adhiera a una política de tolerancia cero de la tortura; pide a Turquía que ponga fin a toda detención en régimen de incomunicación y en lugares no oficiales; manifiesta su consternación por las denuncias de detenciones de mujeres embarazadas y puérperas e insta a Turquía a liberarlas y a poner fin a la práctica de detenerlas justo antes o inmediatamente después de dar a luz; señala la desaparición del antiguo funcionario público Yusuf Bilge Tunç, que se denunció en agosto de 2019; manifiesta su gran preocupación por las crecientes denuncias de utilización sistemática y abusiva de registros corporales humillantes en lugares de detención y prisiones, sobre todo a las sospechosas y las detenidas;

38.  Expresa su preocupación por la nueva legislación, según la cual la policía turca podrá utilizar material militar, en particular armamento pesado y equipos del servicio secreto, para lidiar con los incidentes y los actos públicos que amenacen la seguridad nacional, sin procedimientos adicionales;

39.  Observa que, en vista de la pandemia de COVID-19, un paquete legislativo preveía la libertad condicional anticipada de hasta 90 000 presos, que excluía sin embargo de forma discriminatoria a los que se encuentran en prisión provisional por presuntos delitos relacionados con el terrorismo, entre ellos abogados, periodistas, políticos y defensores de los derechos humanos, puesto que no pueden acogerse a la puesta en libertad anticipada con arreglo a estas medidas;

40.  Condena cualquier extradición forzosa, secuestro o sustracción de ciudadanos turcos que residen fuera de Turquía por razones políticas, en violación de los principios del Estado de Derecho y los derechos humanos; expresa su honda preocupación por el uso que hace el Gobierno turco de su influencia para asegurarse la devolución forzosa de sus ciudadanos en contravención del Derecho internacional, socavando en algunos casos los procedimientos jurídicos nacionales de extradición, e insta a la Unión a abordar esta cuestión; condena todos los intentos de uso de la violencia, el acoso o la presión contra miembros de la oposición y políticos de origen turco, además de contra intelectuales, políticos y activistas en general en Europa;

41.  Expresa su preocupación por que el Defensor del Pueblo y la Institución para los Derechos Humanos y la Igualdad de Turquía no cumplen los criterios de los Principios de París y las Recomendaciones de política general n.os 2 y 7 de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia en cuanto a estatuto, estructura, función, actividades, independencia financiera y operativa, independencia e idoneidad de los miembros del consejo y composición;

42.  Toma nota del plan de acción en materia de derechos humanos adoptado recientemente, que se aplicará durante un período de dos años, que promete una serie de reformas legales y contiene nueve metas principales, cincuenta objetivos y casi cuatrocientas acciones, que van desde compromisos específicos y técnicos hasta, en gran medida, declaraciones generales y ambiguas; subraya que, aunque el plan de acción pretende abordar cuestiones clave, como la independencia judicial, las libertades de expresión y asociación y la protección de los grupos vulnerables, no llega a abordar las principales deficiencias de la situación de los derechos humanos y el Estado de Derecho en Turquía, ya que no incluye acciones destinadas a revertir el abuso de los cargos relacionados con el terrorismo, poner fin a las detenciones arbitrarias o garantizar el cumplimiento de las sentencias del TEDH, entre otras preocupaciones esenciales; considera que todo plan de acción supondrá una oportunidad de mejorar la situación actual si se traduce en soluciones reales y creíbles que aborden la amplia variedad de desafíos en el ámbito de los derechos humanos y el Estado de Derecho; insta al Gobierno de Turquía a ofrecer un calendario más claro para su aplicación eficaz y a que involucre a las organizaciones de la sociedad civil y a las partes interesadas pertinentes en el diseño de cualquier política relevante a este respecto;

43.  Expresa su preocupación por el nivel de corrupción generalizada en Turquía; destaca que los informes de la Comisión indican que no se constató ningún indicio de progreso en la corrección de las numerosas lagunas del marco turco de lucha contra la corrupción y pide a Turquía que presente una estrategia y un plan de acción eficaces contra la corrupción; observa que la rendición de cuentas y la transparencia de las instituciones públicas deben mejorar; observa que Turquía ha logrado avances limitados en la lucha contra la delincuencia organizada; pide a Turquía que armonice su legislación en materia de protección de datos con las normas europeas para posibilitar la cooperación con Europol y mejorar la normativa relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la ciberdelincuencia;

44.  Continúa profundamente preocupado por la situación en el sudeste de Turquía y por la cuestión kurda, en lo que respecta a la protección de los derechos humanos, la libertad de expresión y la participación política, que reciben menos atención de la que merecen; expresa su preocupación por las restricciones a los derechos de los periodistas y defensores de los derechos humanos que trabajan sobre la cuestión kurda y por la continua presión sobre los medios de comunicación, instituciones y expresiones culturales y lingüísticas kurdos en todo el país, que limitan todavía más los derechos culturales; expresa su preocupación por que la incitación de odio y las amenazas contra los ciudadanos de origen kurdo siguen siendo un grave problema; destaca la urgencia de reanudar un proceso político creíble que implique a todas las partes pertinentes y las fuerzas democráticas y que conduzca a una solución pacífica de la cuestión kurda; expresa su especial preocupación por la persistente situación desfavorecida de las mujeres kurdas, agravada por los prejuicios por su identidad étnica y lingüística, que ocasiona que se las margine aún más respecto de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; pide a Turquía que garantice el pleno acceso a la igualdad de derechos y de oportunidades para las mujeres kurdas; pide a Turquía que investigue rápidamente todas las graves acusaciones de violaciones de los derechos humanos, asesinatos y desapariciones forzadas, y que permita que los observadores internacionales lleven a cabo actividades de supervisión independientes; expresa su preocupación por las recientes redadas y detenciones masivas en Diyarbakır, que afectan a abogados, políticos y activistas de los derechos civiles, y por el encarcelamiento de cinco figuras de la sociedad civil, incluido el Dr. Șeyhmus Gökalp, alto miembro honorario de la Asociación Médica Turca (TTB); exige a Turquía que garantice que se investiguen de forma rápida, independiente e imparcial las denuncias de torturas a dos aldeanos de Van, Servet Turgut y Osman Şıban, tras haber sido detenidos por la Gendarmería el 11 de septiembre de 2020, que provocaron la muerte del primero y heridas graves al segundo;

45.  Insta al Gobierno de Turquía a que proteja los derechos de las minorías y de los grupos vulnerables, incluidas las mujeres y los niños, las personas LGBTI, los refugiados, las minorías étnicas, como los romaníes, los ciudadanos turcos de ascendencia griega y armenia y las minorías religiosas, como los cristianos, los judíos o los alevíes; por consiguiente, pide a Turquía que ponga en marcha urgentemente una exhaustiva legislación contra la discriminación, que incluya una prohibición de toda discriminación por motivos de origen étnico, religión, lengua, ciudadanía, orientación sexual e identidad de género, y medidas de lucha contra el racismo, la homofobia y la transfobia;

46.  Condena enérgicamente la decisión del Gobierno de Turquía de retirarse del Convenio de Estambul, alejando a Turquía de las normas internacionales y de la Unión y poniendo gravemente en cuestión sus compromisos de prevención de la violencia contra las mujeres y de promoción de los derechos de las mujeres, lo que constituye una clara señal del grave deterioro de los derechos humanos en el país; considera esta decisión incomprensible, ya que el Convenio no ha cambiado desde que Turquía fue el primer país en firmarlo y ratificarlo, además de peligrosa, dado que la violencia contra las mujeres ha aumentado durante la pandemia y existe una elevada tasa de feminicidios en el país; pide al Gobierno de Turquía que la revoque urgentemente; pide que toda nueva relación con Turquía se base en los valores democráticos fundamentales, incluido el respeto de los derechos de las mujeres; continúa preocupado tanto por la prevalencia y la gravedad de la violencia contra las mujeres en la sociedad turca —que incluye los denominados crímenes de honor, matrimonios infantiles ilegales y abusos sexuales—, como por la reticencia de las autoridades turcas a castigar a los autores de estos actos de violencia fundamentada en el sexo de la víctima; rechaza cualquier disposición jurídica que pueda permitir en el futuro la suspensión de condenas a los violadores por delitos sexuales contra menores siempre que se casen con sus víctimas; insta a las autoridades turcas a que redoblen sus esfuerzos en la lucha contra el trabajo infantil, que ha disminuido en los últimos años pero sigue siendo notable en Turquía, y contra cualquier forma de abuso infantil; lamenta el continuo nivel extremadamente bajo de representación de mujeres en el Gobierno y el Parlamento, con solo un 17,3 %, en instancias locales o, en general, en cualquier puesto de toma de decisiones;

47.  Expresa su profunda preocupación por las violaciones de los derechos humanos de las personas LGBTI, en particular las agresiones físicas, las prolongadas prohibiciones de los desfiles del orgullo por todo el país o las restricciones a las libertades de reunión, asociación y expresión; recuerda que Turquía es uno de los países con las tasas más elevadas de asesinatos de personas transgénero; condena el discurso homófobo y la incitación al odio por parte de altos funcionarios del Gobierno, incluido el jefe de la Dirección de Asuntos Religiosos (Diyanet), la institución del Defensor del Pueblo o el presidente de la Media Luna Roja de Turquía; pide a las autoridades turcas que redoblen sus esfuerzos para impedir los delitos de odio, los prejuicios y la desigualdad social de género; recuerda que la legislación sobre incitación al odio de Turquía no es conforme con la jurisprudencia del TEDH;

48.  Lamenta profundamente la conversión de monumento histórico-religioso de Santa Sofía en una mezquita sin previo diálogo, lo que podría violar la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural de la Unesco, firmada por Turquía; pide al Gobierno de Turquía que reconsidere esta decisión y la revoque para respetar plenamente el carácter histórico y cultural de los monumentos y símbolos culturales y religiosos, especialmente los incluidos en la lista de lugares Patrimonio Mundial de la Unesco; recuerda que Santa Sofía es un lugar de culto abierto a todas las comunidades y religiones y reclama a la Unesco que adopte medidas adecuadas para salvaguardar este lugar, que es Patrimonio Mundial; insiste en que la decisión sobre Santa Sofía erosiona los esfuerzos de diálogo y cooperación entre las comunidades religiosas, así como el tejido social plural y multicultural de Turquía; lamenta que la Iglesia de Cora también haya sido convertida de museo a mezquita en los últimos meses;

49.  Pide a las autoridades turcas que promuevan reformas decididas y eficaces en el ámbito de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión permitiendo a las comunidades religiosas adquirir personalidad jurídica y aplicando de las recomendaciones de la Comisión de Venecia sobre el estatuto de las comunidades religiosas, todas las sentencias del TEDH y las Resoluciones del Consejo de Europa pertinentes, incluidas las relativas a la población griega ortodoxa en las islas de Gökçeada (Imbros) y Bozcaada (Tenedos); lamenta las acciones contra los monjes de Mor Gabriel y otros monasterios del sudeste de Turquía y reitera su petición a Turquía de que respete la importancia del patriarca ecuménico para los cristianos ortodoxos de todo el mundo, de que reconozca su personalidad jurídica y de que permita el uso público del título eclesiástico del patriarca ecuménico; destaca la necesidad de eliminar las restricciones relativas a la formación, nombramiento y sucesión de clérigos, permitir la reapertura del seminario de Halki y retirar todos los obstáculos a su correcto funcionamiento;

50.  Pide a Turquía que coopere con las organizaciones internacionales pertinentes, en particular con el Consejo de Europa, para prevenir y combatir el tráfico ilícito y la destrucción de patrimonio cultural; destaca la importancia de continuar el diálogo con las organizaciones internacionales pertinentes y la Unión sobre la conservación del patrimonio cultural y religioso;

51.  Expresa su preocupación por los uigures que viven en Turquía, que cada vez corren más riesgo de sufrir detenciones y deportaciones a otros países que, a su vez, podrían entregarlos a China, donde podrían sufrir una grave persecución;

52.  Pide la aplicación efectiva del segundo plan de acción y de la estrategia nacional de integración de la población romaní, con un enfoque más inclusivo respecto de la sociedad civil, el refuerzo de la perspectiva de género, la mejora de la cooperación con las autoridades locales y la asignación de los recursos necesarios;

53.  Destaca que la libertad sindical y el diálogo social son vitales para el desarrollo de una sociedad pluralista; lamenta, a este respecto, las deficiencias legislativas en materia de derechos laborales y sindicales, y subraya que el derecho a organizarse, el derecho a la negociación colectiva y el derecho de huelga son derechos fundamentales de los trabajadores; expresa su preocupación por la persistencia de una fuerte discriminación antisindical en los empleadores y por los despidos, el acoso y las detenciones a los que se siguen enfrentando los administradores y miembros de algunos sindicatos; pide a las autoridades turcas que cumplan las normas laborales fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo con las que se ha comprometido el país;

54.  Reclama a Turquía que siga avanzando en su armonización con las directivas y el acervo de la Unión en materia de medio ambiente y acción por el clima, y que ratifique el Acuerdo de París sobre el cambio climático; alaba la labor de los defensores de los derechos medioambientales en Turquía y advierte del impacto ambiental de los principales proyectos de infraestructuras públicas ejecutados en los últimos años, incluido el tercer aeropuerto de Estambul, el de mayor tamaño, y el tercer puente sobre el Bósforo; expresa su especial preocupación por la potencial destrucción ecológica que podría causar el proyecto del canal de Estambul; destaca que se han incoado varios procedimientos judiciales contra la evaluación de impacto ambiental (EIA) positiva de este proyecto, y pide que se realicen evaluaciones de impacto ambiental independientes, junto con procedimientos transparentes de contratación pública y procesos adecuados e inclusivos de consulta pública; pide a Turquía que complete su armonización con la Directiva de la Unión sobe la EIA(8), también de las disposiciones que exigirían llevar a cabo consultas transfronterizas con los países vecinos; reitera su llamamiento al Gobierno turco para que suspenda sus planes sobre la central nuclear de Akkuyu, que se ubicará en una región proclive a terremotos graves, lo que no solo supone una amenaza importante para Turquía, sino también para la región del Mediterráneo; solicita, por consiguiente, al Gobierno turco que se adhiera al Convenio sobre la evaluación del impacto ambiental en un contexto transfronterizo (Convenio de Espoo), por el que las partes se comprometen a notificarse y consultarse recíprocamente en relación con los grandes proyectos que contemplen y que pudieran tener un importante impacto adverso en el medio ambiente más allá de sus fronteras; a tal efecto, solicita al Gobierno turco que involucre, o al menos consulte, a los Gobiernos de los países limítrofes, en lo que respecta a nuevos avances en el proyecto de Akkuyu;

Marco institucional

55.  Manifiesta su preocupación por la consolidación de una interpretación autoritaria del sistema presidencial; expresa su profunda preocupación por que el poder siga estando hipercentralizado en la Presidencia, en detrimento no solo del Parlamento, sino también del propio Consejo de Ministros, bajo la configuración constitucional reformada, lo que no garantiza una separación sólida y eficaz de competencias entre el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial; observa, a este respecto, la preocupación respecto de la separación de poderes que plantea la Comisión de Venecia en su opinión sobre las modificaciones de la Constitución de Turquía; lamenta las actuales limitaciones en el sistema de contrapoderes que hacen falta para una rendición de cuentas democrática y efectiva del poder ejecutivo, y, en particular, la falta de rendición de cuentas de la Presidencia; expresa su preocupación por la creciente influencia de la Presidencia sobre instituciones y órganos reguladores estatales, que deben seguir siendo independientes; expresa su especial preocupación por la marginación del Parlamento, que ha visto cómo, mediante decretos presidenciales, se socavaban en gran medida sus funciones legislativas y de control y se vulneraban de manera reiterada sus prerrogativas; pide la revisión de la actual configuración y ejecución presidenciales, conforme a los principios de democracia a que se refieren las recomendaciones de 2017 de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa;

56.  Recuerda que el umbral electoral del 10 % —el más elevado entre los países miembros del Consejo de Europa— no es conforme con la jurisprudencia del TEDH y reduce las oportunidades de representación de grandes grupos del electorado; expresa su preocupación por las declaraciones públicas sobre posibles reformas electorales que podrían obstaculizar aún más la entrada y participación de partidos políticos en el Parlamento y la eventual formación de mayorías parlamentarias; pide a Turquía que mejore a todos los niveles el clima general para las elecciones en el país, garantizando unas condiciones equitativas y justas para todos los candidatos y partidos y alineándose con las recomendaciones de la Comisión de Venecia y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) en lo que respecta a subsanar las brechas en el marco electoral y a su llamamiento para revocar las decisiones que no sean coherentes con la legislación y las normas internacionales;

57.  Observa con preocupación que el sistema de funcionariado sigue estando marcado por el partidismo y la politización y que, junto con el control presidencial excesivo en todos los niveles de la maquinaria estatal, ha dado lugar a un declive general en la eficiencia, la capacidad y la calidad de la administración pública; pide a Turquía que adopte medidas para restablecer un sistema de promoción competitivo y basado en los méritos, que garantice la transparencia y la rendición de cuentas de la administración;

58.  Expresa su profunda preocupación por el uso cada vez más frecuente por parte de la élite gobernante de un discurso excesivamente nacionalista e incendiario, que el espectro político del país comparte ampliamente, ya que suscita cada vez con mayor frecuencia actitudes hostiles en relación con la Unión, sus Estados miembros y los países vecinos; manifiesta su preocupación por la profunda polarización de la política turca, acentuada por el nuevo sistema presidencial, y por el creciente uso de discursos populistas polarizados que dividen aún más a la sociedad turca y lastran el diálogo y la reconciliación entre las partes; manifiesta su preocupación por el peso creciente del conservadurismo religioso en la vida política, que contrasta con la duradera tradición secular del país; expresa su preocupación, en este sentido, por el aumento del papel y de los recursos de la Dirección de Asuntos Religiosos (Diyanet) en todas las esferas de la vida pública turca, incluida la educación, y también en el extranjero, en particular con una importante presencia en Europa;

59.  Expresa su honda preocupación por el grave impacto para la política y la democracia a nivel local de las recientes decisiones adoptadas por las autoridades turcas; condena enérgicamente la destitución y el encarcelamiento de al menos 47 alcaldes democráticamente elegidos (como los alcaldes de Diyarbakir, Van, Mardin y, más recientemente, Kars) sobre la base de pruebas cuestionables y, en particular, su sustitución arbitraria por administradores no electos nombrados por el Gobierno central; cree firmemente que estas decisiones ilegales constituyen un ataque directo a los principios más básicos de la democracia, que priva a millones de votantes de su representación democráticamente elegida; pide a Turquía que devuelva a los alcaldes destituidos a su cargo;

60.  observa las medidas políticas, financieras, legislativas y administrativas adoptadas por el Gobierno para paralizar municipios gobernados por alcaldes de partidos de la oposición en Estambul, Ankara, Esmirna y el sudeste; condena la decisión del Consejo Electoral Supremo (YSK) de volver a celebrar las elecciones a la alcaldía de Estambul y la negativa a nombrar alcaldes a los candidatos del HDP ganadores en favor de los candidatos del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) que quedaron en segunda posición, socavando el respeto a la legalidad e integridad de los procesos electorales y la independencia de dicha institución frente a la injerencia política;

Relaciones más amplias entre la Unión y Turquía y política exterior turca

61.  Recuerda el importante papel que ha desempeñado y aún desempeña Turquía al acoger a casi 4 millones de refugiados, de los cuales 3,6 millones son refugiados sirios y alrededor de 360 000 son refugiados y solicitantes de asilo registrados procedentes de otros países, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y recuerda que constituyen la comunidad de refugiados más grande del mundo; observa que los desafíos a la hora de abordar esta crisis se han incrementado por la pandemia de la COVID-19; alaba los esfuerzos acometidos por todas las autoridades implicadas, en especial los municipios, para mejorar la integración de la población refugiada; considera que la Unión debe seguir prestando el apoyo necesario a los refugiados sirios y a las comunidades de acogida en Turquía, también mediante el apoyo continuo a los programas pertinentes de las Naciones Unidas dirigidos a las comunidades de refugiados en Turquía; apoya una evaluación objetiva, incluida una evaluación de impacto en los derechos humanos, de la Declaración UE-Turquía y la cooperación UE-Turquía en cuestiones relativas a refugiados, solicitantes de asilo y migración, y subraya la importancia del respeto por ambas partes de sus compromisos y de los derechos fundamentales como parte de su aplicación; insiste en que no se puede aceptar la instrumentalización de los migrantes y refugiados como una herramienta de carácter político y de chantaje; condena rotundamente, en este contexto, el uso por parte de Turquía de la presión migratoria de marzo de 2020 con fines políticos, cuando las autoridades turcas, valiéndose de información engañosa, animaron activamente a los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo a tomar la ruta terrestre hacia Europa a través de Grecia; observa que, a la espera de la aplicación plena y efectiva del Acuerdo de Readmisión entre la Unión y Turquía(9) respecto de todos los Estados miembros, deben aplicarse adecuadamente los acuerdos bilaterales de readmisión vigentes y las disposiciones contenidas en acuerdos y convenios similares con los Estados miembros; recuerda que los refugiados sirios solo deben ser repatriados a Siria si deciden irse voluntariamente y pueden volver a sus comunidades de origen;

62.  Reitera su llamamiento expresado en su Resolución de 15 de abril de 2015 y alienta una vez más a Turquía a que reconozca el genocidio armenio, allanando así el camino hacia una verdadera reconciliación entre los pueblos turco y armenio; pide a Turquía, en este sentido, que se abstenga de toda propaganda y discurso de odio contra los armenios y que cumpla plenamente sus obligaciones de proteger el patrimonio cultural armenio y otros patrimonios culturales;

63.  Expresa su firme convicción de que solamente se podrá atajar la pandemia de COVID-19 mediante la cooperación mundial; cree, en este sentido, que podría seguir profundizándose en la cooperación entre la Unión y Turquía, también con respecto al establecimiento de cadenas de suministro sostenibles; acoge con satisfacción el papel positivo de Turquía a la hora de suministrar equipos de protección a varios Estados miembros y otros países; expresa su preocupación por el uso inadecuado de los decretos presidenciales y las decisiones ministeriales, que erosionan aún más el principio de legalidad en las decisiones adoptadas para abordar la emergencia de la pandemia de COVID-19; critica los ataques de las autoridades turcas a la Asociación Médica Turca, con el objetivo de silenciar las preguntas críticas sobre la gestión de la pandemia de COVID-19 por parte del Gobierno; condena la instrumentalización del sistema judicial, las detenciones ilegales, el acoso y las investigaciones penales sin fundamento contra periodistas que han informado de la preocupación por la gestión de la pandemia por parte de Turquía; observa que la pandemia de COVID-19 ha incrementado rápidamente las tasas de desempleo y pobreza en Turquía;

64.  Subraya que la modernización de la unión aduanera resultaría beneficiosa para ambas partes y que mantendría a Turquía anclada desde el punto de vista económico y normativo a la Unión, además de crear una oportunidad renovada para un diálogo y una cooperación positivos, proporcionar un mejor marco normativo para las inversiones de la Unión en Turquía, incluido un mecanismo de solución de controversias, y ser un catalizador para la creación de más empleo tanto en la Unión como en Turquía y para los proyectos de cooperación del Pacto Verde Europeo; destaca que, en las circunstancias actuales, que incluyen la creciente lista de derivas de Turquía respecto de sus obligaciones actuales, el hecho de que la Unión y Turquía estén enfrentadas en la Organización Mundial del Comercio o los inaceptables llamamientos al boicot de Estados miembros de la Unión, parece que una modernización de la unión aduanera sería especialmente difícil, pero cree que debería dejarse una puerta abierta para facilitar los esfuerzos constructivos y el diálogo renovado sobre todas las cuestiones pendientes y explorar las condiciones para una modernización de la unión aduanera; reitera que esta modernización debería basarse en unas condiciones estrictas en materia de derechos y libertades fundamentales, como describen los criterios de Copenhague sobre las relaciones de buena vecindad con la Unión y sus Estados miembros y en su aplicación no discriminatoria; recuerda, en este sentido, que la unión aduanera actual no podrá desarrollar todo su potencial hasta que Turquía aplique en su integridad el Protocolo Adicional para ampliar el Acuerdo de Ankara hacia todos los Estados miembros sin reservas y de forma no discriminatoria respecto a todos los Estados miembros, y hasta que se solucionen todas las actuales barreras comerciales;

65.  Sigue apoyando el proceso de liberalización del régimen de visados una vez que se hayan cumplido las condiciones establecidas; señala que la liberalización de visados constituiría un importante paso para facilitar los contactos interpersonales y que reviste una gran importancia, en particular para los estudiantes, los académicos, los representantes empresariales y las personas con vínculos familiares en los Estados miembros de la Unión; acoge con satisfacción la circular presidencial de mayo de 2019 que reclama acelerar las gestiones, pero insiste en que se han producido muy pocos avances reales respecto de los seis criterios pendientes que todavía debe cumplir Turquía; pide al Gobierno turco que cumpla plenamente esos criterios de forma no discriminatoria, incluido con respecto a todos los Estados miembros, y que se centre en especial en la Ley contra el terrorismo y la Ley de protección de datos;

66.  Señala la importancia que reviste para Turquía, la Unión y sus Estados miembros mantener una cooperación y un diálogo estrechos en materia de política exterior y cuestiones de seguridad; reconoce que, como derecho de cualquier país soberano, Turquía puede desarrollar su propia política exterior de acuerdo con sus intereses y objetivos; considera, no obstante, que, como país candidato a la adhesión a la Unión, Turquía debe procurar armonizar cada vez más su política exterior con la de la Unión, conforme a la política exterior y de seguridad común (PESC); lamenta profundamente que, por el contrario, Turquía haya decidido reiteradamente actuar de manera unilateral y chocar continuamente con las prioridades de la Unión en numerosas cuestiones de asuntos exteriores y que, como consecuencia de ello, el porcentaje de armonización de Turquía con la PESC en la actualidad se ha reducido hasta solo el 14 %; alienta a Turquía a desarrollar una estrecha cooperación y una mayor armonización con la política exterior, la defensa y la cuestiones de seguridad de la Unión, incluida la cooperación en la lucha contra el terrorismo; recuerda que Turquía es miembro de la OTAN desde hace mucho tiempo y se encuentra en una ubicación geoestratégica fundamental para mantener la seguridad regional y reforzar la seguridad europea; subraya que, como aliado de la OTAN, debe alentarse a Turquía a actuar de conformidad con el Tratado de la OTAN, que establece que los miembros, en sus relaciones internacionales, deben abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza en cualquier forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas; observa, asimismo, que los Estados miembros de la Unión y Turquía continúan cooperando en cuestiones de importancia estratégica (militar) en el marco de la OTAN; recuerda, por otra parte, que la Unión y la OTAN siguen siendo los socios más fiables para Turquía en la cooperación en materia de seguridad internacional y pide a Turquía que mantenga la coherencia política en materia de política exterior y de seguridad, con arreglo a su condición de miembro de la OTAN y de país candidato a la adhesión a la Unión, y que vuelva a comprometerse plenamente con la OTAN como su única piedra angular en materia de seguridad; reclama un diálogo transatlántico sobre las relaciones con Turquía con el nuevo Gobierno estadounidense, con miras a adoptar una política conjunta en relación con Turquía, destinada a reforzar nuestra cooperación y la convergencia de valores e intereses;

67.  Insiste en que, cualesquiera que sean las reclamaciones de Turquía, estas deben defenderse mediante la diplomacia y el diálogo, sobre la base del Derecho internacional, y que cualquier intento de presionar a otros países mediante el uso de la fuerza, las amenazas o la retórica hostil e insultante, especialmente hacia la Unión y sus Estados miembros, es inaceptable e impropio de un país candidato a la adhesión a la Unión; pide a la Comisión y al alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión (AR/VP), en este sentido, que mantengan una postura firme frente a los discursos abusivos contra la Unión y sus Estados miembros proferidos por representantes del Gobierno turco;

68.  Manifiesta su profunda preocupación por la conducta ilegal y sin precedentes contra los Estados miembros de la Unión por parte de Turquía, un país candidato a la adhesión a la Unión, en el Mediterráneo oriental, y por los riesgos de seguridad y estabilidad conexos; condena enérgicamente las actividades ilegales de Turquía en aguas griegas y chipriotas, así como sus violaciones del espacio aéreo nacional griego, incluidos los sobrevuelos sobre zonas habitadas, y de sus aguas territoriales, que violan tanto la soberanía como los derechos soberanos de un Estado miembro de la Unión y el Derecho internacional; manifiesta su plena solidaridad con Grecia y la República de Chipre; reitera el derecho de la República de Chipre a celebrar acuerdos bilaterales relativos a su zona económica exclusiva (ZEE) y a explorar y explotar sus recursos naturales con pleno respeto del derecho internacional pertinente; expresa su grave preocupación por las actividades turcas de pesca ilegal en aguas territoriales griegas del mar Egeo y por las actividades de pesca no declaradas y no reglamentadas de las flotas pesqueras turcas en aguas internacionales del mar Egeo y del Mediterráneo oriental; insta a Turquía y a todas las partes implicadas a que participen de buena fe en la resolución pacífica de los conflictos y a que se abstengan de toda acción o amenaza unilateral o ilegal; insiste en que solo puede lograrse una solución sostenible de los conflictos mediante el diálogo, la diplomacia y las negociaciones, con un espíritu de buena voluntad y en consonancia con el Derecho internacional; pide a todas las partes que asuman un verdadero compromiso colectivo y negocien la delimitación de las ZEE y de la plataforma continental de buena fe, respetando plenamente el Derecho internacional y el principio de buenas relaciones entre vecinos; observa con pesar que aún no se ha retirado el casus belli declarado contra Grecia en 1995 por la Gran Asamblea Nacional Turca; acoge con satisfacción la nueva ronda de conversaciones exploratorias entre Grecia y Turquía, tras un paréntesis de cinco años, que pretende abordar, entre otras cosas, la delimitación de la plataforma continental y la ZEE, en consonancia con el Derecho internacional; reitera su llamamiento al Gobierno turco para que firme y ratifique la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que forma parte del acervo de la Unión Europea; acoge con satisfacción y apoya plenamente la propuesta del Consejo Europeo de una Conferencia multilateral sobre el Mediterráneo oriental a fin de proporcionar una plataforma para la resolución de disputas mediante el diálogo y pide al AR/VP que la ponga en marcha lo antes posible; reitera su llamamiento al Consejo para que se disponga a elaborar una lista de sanciones restrictivas adicionales, por sectores y específicas, si no se registran avances significativos o perspectivas renovadas en el diálogo con Turquía; observa que las Conclusiones del Consejo de 15 de julio de 2019, en vista de las constantes y renovadas actividades ilegales de perforación realizadas por Turquía, por las que se decidió no celebrar por el momento el Consejo de Asociación ni las reuniones ulteriores de los diálogos de alto nivel entre la Unión y Turquía, junto con la Decisión (PESC) 2019/1894 del Consejo, de 11 de noviembre de 2019, relativa a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de las actividades de perforación no autorizadas de Turquía en el Mediterráneo oriental(10), constituyeron los primeros ejemplos en los que estas reacciones se consideraron necesarias a la vista de la conducta de un país candidato; insta a Turquía a que participe en la resolución pacífica de las disputas y se abstenga de toda acción o amenaza unilateral e ilegal, ya que ello tiene un impacto negativo en las relaciones de buena vecindad con la Unión y sus Estados miembros; pide al AR/VP que considere la posibilidad de nombrar un enviado especial de la Unión Europea para el Mediterráneo oriental a fin de facilitar el acercamiento diplomático a Turquía;

69.  Condena enérgicamente la declaración del presidente de la Asamblea Nacional turca según la cual Turquía podría retirarse mediante un simple decreto presidencial de la Convención de Montreux, un importante acuerdo internacional que regula la libre navegación internacional en los estrechos de los Dardanelos y del Bósforo; señala que esta declaración sigue a los esfuerzos anteriores de Turquía por cuestionar la validez del Tratado de Paz de Lausana y, de este modo, socavar la paz y la estabilidad internacionales en la zona en general, incluidos, en particular, los países vecinos de Turquía;

70.  Condena enérgicamente la reapertura parcial ilegal de Varosha en la ciudad de Famagusta, lo que socava la confianza mutua y, por lo tanto, la perspectiva de reanudación de conversaciones directas sobre la resolución de la cuestión chipriota en todas sus vertientes, empeorando la situación sobre el terreno, agravando la división y fijando la partición permanente de Chipre; advierte contra cualquier cambio en el statu quo de Varosha que vulnere las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; pide a Turquía que revoque inmediatamente sus acciones y se abstenga de cualquier otra acción unilateral que pueda aumentar la tensión en la isla, acatando el reciente llamamiento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; pide a Turquía que retire sus tropas de Chipre, transfiera el sector de Varosha a sus habitantes legítimos bajo la administración temporal de las Naciones Unidas conforme a la resolución 550 (1984) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y se abstenga de llevar a cabo acciones que alteren el equilibrio demográfico de la isla mediante una política de asentamientos ilegales; reitera su llamamiento a Turquía para que se comprometa y contribuya a una solución global, conforme con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en particular sobre la restitución de la propiedad y la conservación de los lugares religiosos; lamenta que las más altas autoridades turcas hayan respaldado la solución de dos Estados con fines políticos y nacionalistas, e insta al Gobierno de Turquía a que se avenga de forma tangible al llamamiento del secretario general de las Naciones Unidas; insta a las partes afectadas a reanudar lo antes posible las negociaciones sobre la reunificación de Chipre bajo los auspicios del secretario general de las Naciones Unidas, en el punto en que se abandonaron y sobre la base de los acuerdos ya alcanzados en el proceso de Crans-Montana de 2017; pide a la Unión y a sus Estados miembros que desempeñen un papel más activo para que las negociaciones lleguen a buen término; reitera su apoyo a una solución justa, global y viable basada en una federación bicomunal y bizonal con una sola personalidad jurídica internacional, una sola soberanía y una sola ciudadanía en la que se garantice la igualdad política entre ambas comunidades, tal como se define en las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de conformidad con el Derecho internacional y el acervo de la Unión y sobre la base del respeto de los principios en los que esta se fundamenta; está firmemente convencido de que una solución sostenible de los conflictos solo puede lograrse mediante el diálogo, la diplomacia y las negociaciones con un espíritu de buena voluntad y en consonancia con el Derecho internacional; cree firmemente que la resolución duradera del problema chipriota beneficiaría a todos los países de la región; subraya la necesidad de que el acervo de la Unión se aplique en toda la isla una vez que se resuelva el problema chipriota, y la importancia de implicarse con las fuerzas democráticas de la comunidad turcochipriota; elogia la importante labor realizada por el Comité sobre Personas Desaparecidas bicomunitario, que se ocupa de personas desparecidas tanto turcochipriotas como grecochipriotas, y reitera su agradecimiento por que, desde hace algunos años, se haya concedido un mejor acceso a todos los lugares pertinentes, incluidas las zonas militares; pide a Turquía que ayude al Comité sobre Personas Desaparecidas proporcionándole información de sus archivos militares; lamenta la reiterada negativa de Turquía a cumplir la legislación en materia de aviación y a establecer un canal de comunicación entre los centros de control de tráfico aéreo de Turquía y de la República de Chipre, cuya ausencia entraña riesgos y amenazas reales para la seguridad, identificados por la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) y por la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas; considera que, en este ámbito, Turquía podría demostrar su compromiso con las medidas de fomento de la confianza y pide a Turquía que colabore aplicando íntegramente la legislación de la Unión en materia de aviación; recuerda su posición, expresada en anteriores Resoluciones, sobre la presentación de una iniciativa en el Consejo para que todos los Estados miembros de la Unión suspendan la concesión de licencias de exportación de armas a Turquía, de conformidad con la Posición Común 2008/944/PESC del Consejo;

71.  Condena enérgicamente las intervenciones militares turcas en Siria, que constituyen violaciones graves del Derecho internacional y corren el riesgo de socavar la estabilidad y la seguridad de la región en su conjunto; pide al Gobierno turco que ponga fin a su ocupación ilegal del norte de Siria y Afrin y que retire sus fuerzas militares y paramilitares subsidiarias; reitera que las preocupaciones en materia de seguridad no pueden justificar acciones militares unilaterales en un tercer país; recuerda que para la cuestión de Idlib no puede haber una solución duradera de carácter militar, solamente político; expresa su honda preocupación por el traslado de combatientes y mercenarios de grupos yihadistas radicados en el norte de Siria a Libia y al conflicto de Nagorno Karaba, y lo condena enérgicamente; pide a las autoridades turcas que creen las condiciones adecuadas para que las comunidades desplazadas dentro de Siria puedan volver a sus hogares y que les permitan hacerlo;

72.  Pide a Turquía que mantenga su compromiso con la resolución pacífica del conflicto en Libia bajo los auspicios de las Naciones Unidas y que se adhiera plenamente al embargo de armas impuesto por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; alaba la labor de la Operación Militar de la Unión Europea en el Mediterráneo (EUNAVFOR MED IRINI) y sus esfuerzos por preservar el embargo de armas impuesto y evitar la trata de seres humanos y el tráfico de drogas; lamenta que, al menos en dos ocasiones, Turquía se haya negado a permitir que el personal de la EUNAVFOR MED IRINI inspeccione buques que viajaban de Turquía a Libia; pide, por consiguiente, a Turquía que coopere plenamente con la EUNAVFOR MED IRINI, que opera conforme a las Resoluciones 2292 y 2526 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, vinculantes para todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, incluida la República de Turquía; pide al Consejo que entable la cooperación entre la EUNAVFOR MED IRINI y la Operación Sea Guardian de la OTAN, a fin de asegurar que la EUNAVFOR MED IRINI goza del personal y de los activos necesarios para realizar con eficacia su tarea principal de vigilancia de las actividades en tierra, en el mar y en el tráfico aéreo y de contribución a la plena aplicación del embargo de armas impuesto por todos los países; insiste en la necesidad de mantener el alto el fuego y de una retirada inmediata e incondicional de todas las fuerzas y mercenarios de otros países de la totalidad del territorio libio, de conformidad con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; condena enérgicamente la firma de dos memorandos de entendimiento entre Turquía y Libia sobre la delimitación de zonas marítimas y sobre seguridad global y cooperación militar, que están interconectados y suponen una clara violación del Derecho internacional y de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

73.  Condena el hecho de que, en lugar de abogar por el cese de la violencia y la reanudación de unas negociaciones pacíficas sobre la base del apoyo a los esfuerzos de los copresidentes Grupo de Minsk de la OSCE, Turquía optara, por su parte, por brindar apoyo incondicional a las acciones militares de Azerbaiyán en el reciente conflicto de Nagorno Karabaj, recurriendo de este modo a una retórica provocativa que alimenta las tensiones en lugar de reducirlas; condena el traslado de combatientes extranjeros desde Siria y otros lugares a Nagorno Karabaj, como han confirmado los países copresidentes del Grupo de Minsk de la OSCE, y pide a Turquía que se abstenga de cualquier actividad y declaración que pueda exacerbar aún más las tensiones en la región del Cáucaso Meridional y que respalde el diálogo internacional y el proceso de paz bajo los auspicios del Grupo de Minsk de la OSCE;

74.  Pide a la división StratCom del SEAE que documente las sospechas de desinformación turca dirigidas a la Unión, en especial en África y en la región de Oriente Medio y norte de África, y que comunique sus hallazgos al Parlamento Europeo;

Perspectivas para las relaciones entre la Unión y Turquía

75.  Considera que ha llegado el momento de reflexionar seriamente sobre el estado de las relaciones de la Unión con Turquía y de elaborar una estrategia global, unificada y coherente a medio y largo plazo entre todas las instituciones de la Unión y los Estados miembros; insta a Turquía a que se implique en un diálogo constructivo y de buena fe, que incluya cuestiones en materia de política exterior en las que Turquía y la Unión han estado enfrentadas, con el fin de volver a entenderse con la Unión, reanudar el diálogo y la cooperación en las relaciones de buena vecindad y retomar el proceso de reformas en Turquía, con especial referencia al ámbito de los derechos fundamentales; considera que la Unión debe seguir buscando todas las posibilidades de diálogo, entendimiento común y convergencia con Turquía, pero reitera que, en su defecto, y en caso de que se reanuden las acciones unilaterales o las provocaciones en violación del Derecho internacional, la Unión debe hacer uso de todos los instrumentos y las opciones a su disposición, incluidas las sanciones selectivas como último recurso, que no deben tener repercusiones negativas para el pueblo turco, la sociedad civil o los refugiados en Turquía;

76.  Considera que la Unión no debe confundir Turquía con las políticas de su actual Gobierno, por lo que subraya que la Unión debe seguir manteniendo su compromiso de apoyo a la sociedad civil al objeto de proteger y promover los valores y principios democráticos, los derechos humanos y el Estado de Derecho, teniendo en cuenta la fuerte vocación proeuropea y la identidad europea de la sociedad turca en general; pide a todas las instituciones de la Unión, en particular al Consejo, en este sentido, que sitúen la dimensión de los derechos humanos y la situación de las libertades fundamentales y del Estado de Derecho en Turquía en el centro de las acciones que dirija a este país; toma nota de la reciente Comunicación conjunta sobre la situación de las relaciones políticas, económicas y comerciales entre la UE y Turquía (JOIN(2021)0008) como resumen sucinto de la situación actual; lamenta que el retroceso de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales en Turquía no se haya abordado suficientemente en las Conclusiones del Consejo Europeo de marzo de 2021; subraya que la dimensión del Estado de Derecho y de los derechos humanos debe ocupar el núcleo duro de la evaluación de nuestra política hacia Turquía; por consiguiente, pide a la Comisión y al Consejo que introduzcan la dimensión de los derechos humanos y del Estado de Derecho como uno de los criterios clave a la hora de diseñar los próximos pasos posibles en las relaciones entre la Unión y Turquía; destaca que hacerlo podría contribuir a invertir el retroceso de las libertades fundamentales observado últimamente en Turquía y enviaría un mensaje alentador a la gran parte proeuropea y prodemocrática de la sociedad turca;

77.  Considera que tanto la Unión como Turquía son conscientes de la necesidad y la importancia de buscar una actitud constructiva y respetuosa en sus relaciones, que la mejora de la comunicación y del diálogo a todos los niveles es fundamental para restablecer una relación de confianza mutua entre la Unión y Turquía capaz de sentar bases sólidas y duraderas que permitan un desarrollo constructivo, una mejora constante en la vida de sus ciudadanos y el mantenimiento de la paz; cree que es necesario reforzar otros canales de comunicación, también entre los municipios, en apoyo del trabajo realizado por el Comité de las Regiones en este sentido, y en el ámbito del mundo académico, la cultura y el periodismo; pide un esfuerzo común por parte de todas las instituciones y Estados miembros de la Unión para adoptar medidas concretas a este respecto y pide a la Comisión que informe de dichas medidas en su próximo informe sobre las relaciones entre la Unión y Turquía; observa que la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Turquía celebró por última vez su 78.ª reunión en Ankara los días 19 y 20 de diciembre de 2018; lamenta este período de inactividad injustificada de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Turquía y expresa, por tanto, su esperanza de que se reanuden rápidamente las reuniones entre la Gran Asamblea Nacional de Turquía y el Parlamento Europeo, en el marco de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Turquía, que constituye un importante marco para el debate y la distensión;

78.  Solicita una reunión de los líderes de la Unión y de Turquía tras un verdadero proceso de distensión, con el fin de revisar el actual marco de las relaciones o de explorar modelos nuevos y más eficaces para las relaciones entre la Unión y Turquía;

79.  Cree que, como paso necesario para mejorar el estado general de las relaciones, ambas partes deben atenerse a un lenguaje respetuoso, esforzarse por combatir los prejuicios y las ideas equivocadas existentes y permitir una presentación más objetiva y completa de la imagen de la otra parte en las respectivas opiniones públicas, revirtiendo el deterioro de las percepciones mutuas; pide a la Comisión, en este sentido, que ponga en marcha una estrategia de comunicación para la sociedad turca encaminada a sensibilizar sobre la Unión, facilitando información objetiva sobre sus políticas y restableciendo la percepción de los ciudadanos turcos respecto de la Unión; destaca que una retórica beligerante y agresiva solamente refuerza las posiciones extremas por ambas partes y que un enfoque basado meramente en la confrontación solo beneficia a aquellos que tienen por objetivo separar a Turquía de la Unión;

o
o   o

80.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al presidente del Consejo Europeo, al presidente del Consejo y a la presidenta de la Comisión, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, así como al presidente, al Gobierno y al Parlamento de la República de Turquía, y pide a la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior que traduzcan el Informe de 2020 de la Comisión y la presente Resolución al turco y remitan una copia al Parlamento.

(1) DO C 328 de 6.9.2016, p. 2. (2) DO C 23 de 21.1.2021, p. 58. (3) Textos Aprobados, P9_TA(2019)0017. (4) Textos Aprobados, P9_TA(2019)0049. (5) Textos Aprobados, P9_TA(2020)0230. (6) Textos Aprobados, P9_TA(2020)0332. (7) Acuerdo de 12 de septiembre de 1963 por el que se crea una asociación entre la Comunidad Económica Europea y Turquía (DO L 361 de 31.12.1977, p. 29). (8) Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, DO L 26 de 28.1.2012, p. 1. (9) Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Turquía sobre readmisión de residentes ilegales (DO L 134 de 7.5.2014, p. 3). (10) DO L 291 de 12.11.2019, p. 4.