El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Armenia y Azerbaiyán,

–  Vistas la reunión del Consejo de Asociación UE-Armenia del 17 de diciembre de 2020 y la reunión del Consejo de Cooperación UE-Azerbaiyán del 18 de diciembre de 2020 y sus conclusiones respectivas,

–  Vistos la Carta de la Naciones Unidas, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Convenio de Ginebra (III) relativo al trato debido a los prisioneros de guerra,

–  Vista la declaración trilateral de alto el fuego, de 9 de noviembre de 2020, realizada por Armenia, Azerbaiyán y Rusia, con efecto el 10 de noviembre de 2020,

–  Visto el informe de Human Rights Watch, de 19 de marzo de 2021, titulado «Azerbaijan: Armenian POWs Abused in Custody» (Azerbaiyán: prisioneros de guerra armenios maltratados),

–  Vista la declaración de la Unión, de 28 de abril de 2021, sobre los prisioneros del reciente conflicto entre Armenia y Azerbaiyán,

–  Vistas las declaraciones de los copresidentes del Grupo de Minsk de la OSCE, de 25 de octubre de 2020, 30 de octubre de 2020, 14 de diciembre de 2020, 13 de abril de 2021 y 5 de mayo de 2021,

–  Vista la notificación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al Comité de Ministros del Consejo de Europa, de 9 de marzo de 2021, de conformidad con el artículo 39 del Reglamento del Tribunal, de medidas cautelares en relación con el reciente conflicto armado entre Armenia y Azerbaiyán,

–  Vistos el artículo 144, apartado 5, y el artículo 132, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que desde la primera guerra de Nagorno Karabaj entre 1988 y 1994, la comunidad internacional ha estado intentando negociar un acuerdo de paz duradero y global para el conflicto de Nagorno Karabaj, bajo la dirección de los copresidentes del Grupo de Minsk de la OSCE;

B.  Considerando que el último conflicto armado entre Armenia y Azerbaiyán, del 27 de septiembre al 10 de noviembre de 2020, se cobró la vida de más de 5 000 soldados y provocó cientos de heridos y muertos y miles de desplazados entre la población civil; que sigue atormentando a la población debido a la falta de información sobre el paradero de familiares, el retorno solo de algunos prisioneros de guerra y otras personas privadas de libertad, problemas con la entrega de restos humanos, los obstáculos para acceder a la ayuda humanitaria y la destrucción de infraestructuras básicas;

C.  Considerando que la población afectada en el curso de este conflicto de larga duración ya ha padecido un sufrimiento excesivo; que, en general, el conflicto ha provocado un número de víctimas civiles elevado e inaceptable;

D.  Considerando que las hostilidades finalizaron tras 44 días después de un acuerdo sobre un alto el fuego total en Nagorno Karabaj y sus alrededores entre Armenia, Azerbaiyán y Rusia, firmado el 9 de noviembre de 2020 y que entró en vigor el 10 de noviembre de 2020;

E.  Considerando que el punto 8 de la declaración trilateral de alto el fuego estipula que deben intercambiarse los prisioneros de guerra, los rehenes y otras personas privadas de libertad, así como los restos de los muertos; que esos intercambios deben efectuarse según el principio de «todos por todos»;

F.  Considerando que tanto Armenia como Azerbaiyán son partes en el Convenio de Ginebra (III) relativo al trato debido a los prisioneros de guerra, cuyo artículo 118 estipula que los prisioneros de guerra serán puestos en libertad y repatriados sin demora, después del fin de las hostilidades; que el artículo 13 del Convenio de Ginebra (III) estipula que los prisioneros de guerra deberán ser tratados en todas circunstancias humanamente y que queda prohibido y será considerado como grave infracción del Convenio, cualquier acto u omisión ilícita por parte de la potencia en cuyo poder se encuentren los prisioneros que acarree la muerte o ponga en grave peligro la salud de un prisionero de guerra en su poder; que el Convenio también protege a los prisioneros de guerra contra actos de violencia o intimidación, contra insultos y contra la curiosidad pública;

G.  Considerando que el personal militar y los civiles apresados antes y después del alto el fuego gozan de estatutos diferentes con arreglo al Derecho internacional; que, por un lado, el personal militar capturado antes y después del alto el fuego debe ser reconocido como prisionero de guerra y se beneficia de protección en virtud de los Convenios de Ginebra; que, por otro lado, los civiles privados de libertad durante el conflicto deben ser reconocidos como personas protegidas y también están protegidos en virtud de los Convenios de Ginebra; que los civiles apresados tras el alto el fuego están, en cambio, protegidos por el Derecho internacional de los derechos humanos;

H.  Considerando que, desde que las hostilidades se suspendieron, se han efectuado varios intercambios de prisioneros, tanto militares como civiles, el último el 4 de mayo de 2021;

I.  Considerando que, según informes preocupantes, Azerbaiyán mantiene en cautividad aproximadamente a 200 armenios; que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) afirmó que ha recibido quejas relativas a 249 armenios capturados por Azerbaiyán; que el TEDH ha aplicado medidas cautelares con respecto a los 229 armenios, y que 183 siguen en vigor; que el TEDH concluyó el 9 de marzo de 2021 que Azerbaiyán ha incumplido las medidas y consideró la información facilitada demasiado general y limitada; que las autoridades azerbaiyanas reconocieron tener a 72 armenios en cautividad; que Azerbaiyán no ha presentado ninguna información al TEDH en relación con otras 112 personas; que se ignora el destino del resto de prisioneros de guerra armenios; que desde el cese de las hostilidades, 73 prisioneros de guerra y civiles armenios han sido repatriados a Armenia;

J.  Considerando que el TEDH también ha recibido quejas en relación con 16 azerbaiyanos supuestamente capturados por Armenia, doce de los cuales fueron repatriados en diciembre de 2020; que el TEDH suspendió su examen de conformidad con el artículo 39 en relación con las otras cuatro personas, dado el carácter de la información recibida del Gobierno de Armenia;

K.  Considerando que existen denuncias creíbles de que personal militar y civiles armenios también han sido capturados desde el cese de las hostilidades el 10 de noviembre de 2020; que las autoridades azerbaiyanas alegan que esos rehenes y prisioneros son terroristas y no merecen el estatuto de prisioneros de guerra con arreglo al Convenio de Ginebra;

L.  Considerando que Human Rights Watch informó el 19 de marzo de 2021 de que la policía y las fuerzas armadas azerbaiyanas habían maltratado a prisioneros de guerra armenios, sometiéndolos a tratos crueles y degradantes y a torturas en el momento de su captura, durante su traslado o durante su estancia en diversos centros de reclusión; que las fuerzas azerbaiyanas han utilizado la violencia para arrestar civiles y los han sometido a torturas y condiciones de detención inhumanas y degradantes, provocando la muerte de al menos dos prisioneros en poder de Azerbaiyán; que las fuerzas azerbaiyanas detuvieron a esos civiles incluso sin pruebas de que constituyeran una amenaza para la seguridad que pudiera justificar su detención con arreglo al Derecho humanitario; que Azerbaiyán niega las acusaciones de que los prisioneros de guerra armenios hayan sido sometidos a tratos que violen los Convenios de Ginebra;

M.  Considerando que existen vídeos difundidos en internet y en las redes sociales que muestran supuestamente pruebas de abusos y malos tratos a cautivos por parte de miembros de las fuerzas armadas de ambas partes; que no hay indicios de que las autoridades azerbaiyanas o armenias hayan llevado a cabo investigaciones rápidas, públicas y eficaces de esos incidentes, o que las investigaciones, si las hubo, hayan dado lugar a acciones penales; que existen acusaciones de que los prisioneros de guerra y otras personas protegidas han sido objeto de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y profanación de cadáveres;

N.  Considerando que el 17 de mayo de 2021, la Comisión anunció la asignación de diez millones de euros adicionales de ayuda humanitaria para ayudar a los civiles afectados por el reciente conflicto en Nagorno Karabaj y sus alrededores, lo que lleva la ayuda de la Unión a las personas necesitadas desde el comienzo de las hostilidades en septiembre de 2020 a más de 17 millones de euros;

O.  Considerando que todas las partes deben facilitar mapas actualizados de los campos de minas para permitir a los civiles retornar a las antiguas regiones de conflicto;

P.  Considerando que el «Parque de Trofeos Militares» inaugurado en Bakú el 12 de abril de 2021 muestra al parecer equipo militar armenio, maniquís de cera que representan a soldados armenios muertos o moribundos y modelos de prisioneros de guerra armenios encadenados en una celda, lo que puede percibirse como una glorificación de la violencia y podría incitar un mayor sentimiento de hostilidad, discurso de odio o incluso trato inhumano hacia los prisioneros de guerra restantes y otros prisioneros civiles armenios, perpetuando así la atmósfera de odio y contradiciendo las declaraciones oficiales de reconciliación;

Q.  Considerando que el 12 de mayo de 2021 tropas de Azerbaiyán entraron temporalmente en el territorio de Armenia, lo que representa una violación de la integridad territorial de Armenia y del Derecho internacional; que esta violación del territorio soberano de Armenia se produce tras unas declaraciones preocupantes de representantes azerbaiyanos, incluido el presidente, que parecían plantear reivindicaciones territoriales y amenazar con el uso de la fuerza, socavando así los esfuerzos para conseguir seguridad y estabilidad en la región;

R.  Considerando que, durante los últimos meses, se ha producido la repatriación de restos humanos y la prestación de ayuda humanitaria a las poblaciones gravemente afectadas por el conflicto;

S.  Considerando que son necesarios esfuerzos renovados para crear confianza entre ambos países y avanzar hacia una paz sostenible;

1.  Exige la liberación inmediata e incondicional de todos los prisioneros armenios, tanto civiles como militares, capturados durante el conflicto y después de él, y que Azerbaiyán se abstenga de realizar detenciones arbitrarias en el futuro; insta a las partes a que apliquen íntegramente la declaración trilateral de alto el fuego de 9 de noviembre de 2020, que prevé el intercambio de prisioneros de guerra, rehenes y otras personas privadas de libertad, así como de los restos mortales de los caídos durante las hostilidades;

2.  Lamenta la violencia que se produjo durante la última guerra entre Armenia y Azerbaiyán por Nagorno Karabaj; manifiesta su solidaridad con las víctimas y sus familias; lamenta la violación del alto el fuego, que ha agravado el sufrimiento humano, la pérdida de vidas humanas y la destrucción; condena todos los ataques contra la población civil y recuerda la obligación de proteger la vida de los civiles que incumbe a los Estados en virtud del Derecho internacional humanitario;

3.  Insta al Gobierno de Azerbaiyán a comunicar listas exhaustivas de todas las personas que tiene prisioneras en relación con el conflicto armado y a que facilite información sobre su paradero —también en el caso de los fallecidos tras su captura— y estado de salud;

4.  Recuerda que no divulgar información sobre la suerte corrida por las personas desaparecidas y sobre su paradero puede ser constitutivo de desapariciones forzadas, contra las que Azerbaiyán y Armenia se han comprometido a luchar; pide a todas las partes que aclaren la suerte corrida por los desaparecidos y su paradero, y que traten los cadáveres con dignidad;

5.  Exige que el Gobierno de Azerbaiyán respete las garantías jurídicas, permita el acceso de abogados, médicos y defensores de los derechos humanos a los prisioneros armenios y facilite la comunicación de estos con sus familiares;

6.  Muestra su profunda preocupación por los informes creíbles según los cuales los prisioneros de guerra y otros ciudadanos armenios privados de libertad han estado o están recluidos en condiciones degradantes, y han sido sometidos a tratos inhumanos y torturas en el momento de su captura o durante su reclusión; condena todos los casos de tortura y desaparición forzada, incluidos los cometidos durante el conflicto armado, así como los malos tratos y la profanación de cadáveres;

7.  Pide a las autoridades azerbaiyanas que velen por que las personas que siguen privadas de libertad gocen de toda la protección requerida por el Derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, incluida la ausencia de tortura y de tratos inhumanos; pide a las autoridades armenias y azerbaiyanas que lleven a cabo investigaciones independientes, rápidas, públicas y eficaces y que enjuicien todas las denuncias creíbles de infracciones graves de los Convenios de Ginebra, otras vulneraciones del Derecho internacional y crímenes de guerra, con el fin de hacer que los responsables rindan cuentas y conseguir reparación para las víctimas, posiblemente con la ayuda de una misión internacional específica; pide al Gobierno de Azerbaiyán que coopere plenamente con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la investigación de la autenticidad de las denuncias de tratos deshumanizantes sufridos por prisioneros armenios y que exija cuentas a los responsables;

8.  Recuerda que hasta el momento no se ha publicado información fiable sobre los prisioneros de guerra y otros ciudadanos azerbaiyanos privados de libertad en Armenia;

9.  Recuerda a todas las partes en conflicto su obligación de respetar el Derecho internacional humanitario, que prohíbe la tortura y otros tratos degradantes o inhumanos, y reitera que la tortura y los malos tratos infligidos a prisioneros de guerra constituyen crímenes de guerra;

10.  Condena enérgicamente el incidente que tuvo lugar el 9 de abril de 2021, en el que las autoridades azerbaiyanas enviaron vacío un avión que debía repatriar a prisioneros armenios; considera que se trata de un acto de una insensibilidad extrema y que, además, constituye una muestra de la actitud humillante con la que Azerbaiyán trata habitualmente a los prisioneros armenios y sus familias;

11.  Insiste en la urgente necesidad de abstenerse de toda retórica o actuación hostil que pueda interpretarse como incitación al odio, violencia pura y simple o apoyo a la impunidad, o que pueda poner en peligro los esfuerzos por crear y promover un clima propicio a la confianza y la reconciliación, a la cooperación y a una paz sostenible;

12.  Pide al Gobierno de Azerbaiyán que coopere plenamente con el Tribunal Europeo de Derechos humanos en la cuestión de los prisioneros armenios y que cumpla las medidas cautelares del Tribunal, que ordenó a Azerbaiyán que facilitara información pormenorizada sobre las condiciones de reclusión de los prisioneros, su estado de salud y las medidas adoptadas para su retorno;

13.  Muestra su convencimiento de que el intercambio de todos los prisioneros y los restos de los fallecidos y la solución definitiva de esta cuestión representan una emergencia humanitaria, especialmente para las familias de los afectados, y constituirían una primera medida, absolutamente necesaria, de fomento de la confianza que traería un principio de estabilidad a la región;

14.  Pide al Gobierno de Azerbaiyán que garantice el acceso libre y sin restricciones a los presos por parte de las organizaciones internacionales pertinentes, como el Comité Internacional de la Cruz Roja y el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes;

15.  Destaca la urgente necesidad de lograr que la ayuda humanitaria llegue a quienes la necesitan, que se garantice la seguridad de la población armenia y su patrimonio cultural en Nagorno Karabaj y que se permita el retorno de los desplazados internos y los refugiados a sus antiguos lugares de residencia;

16.  Insiste con firmeza en que ambas partes se abstengan de toda acción que destruya el patrimonio armenio en Azerbaiyán y el patrimonio azerí en Armenia; pide la plena restauración de los monumentos demolidos y una mayor participación de la comunidad internacional en la protección del patrimonio mundial en la región;

17.  Recuerda los esfuerzos de la comunidad internacional, encabezados por los copresidentes del Grupo de Minsk de la OSCE, por encontrar una solución pacífica, duradera, global y sostenible sobre la base de los Principios Básicos de la OSCE de 2009 (no utilización de la fuerza, integridad territorial e igualdad de derechos y autodeterminación de los pueblos) con el objetivo de determinar el estatuto futuro de la región de Nagorno Karabaj; recuerda que esto solo puede lograrse a través de una solución política negociada con un auténtico compromiso de todas las partes interesadas; pide a las partes que reanuden el diálogo político de alto nivel lo antes posible, bajo los auspicios de los copresidentes del Grupo de Minsk de la OSCE; pide a los Gobiernos armenio y azerbaiyano, así como a los mediadores internacionales, que incluyan sistemáticamente a las mujeres en el proceso de paz y consulten a las defensoras de los derechos humanos;

18.  Lamenta que los Estados miembros de la Unión que participan en el Grupo de Minsk de la OSCE no estuvieran presentes en la negociación del acuerdo de alto el fuego, y que la Unión no mostrara su liderazgo llevando a la mesa de negociación a dos de sus socios orientales más apreciados;

19.  Lamenta la apertura del denominado Parque de Trofeos en Bakú, que se abrió al público el 14 de abril de 2021, ya que exacerba aún más antiguos sentimientos hostiles y merma la confianza mutua entre Armenia y Azerbaiyán; insta, por tanto, a su clausura inmediata;

20.  Pide al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) y a la Comisión que ofrezcan toda la asistencia necesaria tanto a Armenia como a Azerbaiyán para consolidar el alto el fuego y apoyar todos los esfuerzos encaminados a la estabilidad, la reconstrucción, el fomento de la confianza y la rehabilitación posbélica, y que sigan con atención la aplicación de las disposiciones del alto el fuego, especialmente en lo que se refiere a su mecanismo de supervisión; pide al Servicio Europeo de Acción Exterior, a la Comisión y a los Estados miembros que aumenten su apoyo a la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos y su cooperación con ellos, en particular en lo relativo a las restricciones impuestas a su labor; considera que el representante especial de la Unión Europea para el Cáucaso Meridional tiene un importante papel que desempeñar a este respecto;

21.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que sigan apoyando la prestación de ayuda humanitaria urgente y la labor de las organizaciones internacionales en este ámbito y en el de la protección del patrimonio cultural y religioso, y que respalden a las organizaciones de la sociedad civil de Armenia y Azerbaiyán que realmente contribuyan a la reconciliación;

22.  Pide al VP/AR que, junto con los Estados miembros, también aborde la seguridad, la estabilidad y la cooperación regional en el Cáucaso Meridional en la próxima cumbre de la Asociación Oriental que se celebrará en otoño de 2021;

23.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al secretario general de las Naciones Unidas, a la secretaria general de la OSCE, a los copresidentes del Grupo de Minsk, al presidente, el Gobierno y el Parlamento de Armenia y al presidente, el Gobierno y el Parlamento de Azerbaiyán.