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Procedimiento : 2020/2027(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A9-0112/2021

Textos presentados :

A9-0112/2021

Debates :

PV 19/05/2021 - 11
PV 19/05/2021 - 13
CRE 19/05/2021 - 11
CRE 19/05/2021 - 13

Votaciones :

PV 20/05/2021 - 20

Textos aprobados :

P9_TA(2021)0259

Textos aprobados
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Jueves 20 de mayo de 2021 - Bruselas
Responsabilidad de las empresas por los daños medioambientales
P9_TA(2021)0259A9-0112/2021

Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de mayo de 2021, sobre la responsabilidad de las empresas por los daños medioambientales (2020/2027(INI))

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales(1) (Directiva sobre responsabilidad medioambiental, o DRM),

–  Vista la Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal(2) (Directiva sobre delitos contra el medio ambiente, o DMP),

–  Visto el informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 14 de abril de 2016, en el marco del artículo 18, apartado 2, de la Directiva 2004/35/CE, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales (COM(2016)0204),

–  Vistos los artículos 4 y 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Visto el artículo 37 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»),

–  Vista la modificación de la Directiva 2004/35/CE mediante la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas(3), la Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al almacenamiento geológico de dióxido de carbono(4) y la Directiva 2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, sobre la seguridad de las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro(5),

–  Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 14 de abril de 2016, titulado «REFIT Evaluation of the Environmental Liability Directive» (Evaluación REFIT de la Directiva sobre responsabilidad medioambiental) (SWD(2016)0121), que acompaña al informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo en el marco del artículo 18, apartado 2, de la Directiva 2004/35/CE, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales,

–  Visto el documento briefing del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (EPRS), de 6 de junio de 2016, titulado «The implementation of the Environmental Liability Directive: a survey of the assessment process carried out by the Commission» (La aplicación de la Directiva sobre responsabilidad medioambiental: examen del proceso de evaluación realizado por la Comisión),

–  Visto el estudio de su Departamento Temático de Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales, de 15 de mayo de 2020, titulado «Environmental liability of companies» (Responsabilidad medioambiental de las empresas),

–  Visto el estudio de la Comisión Europea de mayo de 2020 titulado «Improving financial security in the context of the Environmental Liability Directive» (Mejora de la garantía financiera en el marco de la Directiva sobre responsabilidad medioambiental),

–  Visto el documento del Comité Económico y Social Europeo, de 11 de diciembre de 2019, titulado «Evaluación de la Directiva relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal»,

–  Visto el documento briefing del EPRS de octubre de 2020 titulado «Environmental liability of companies - Selected Possible Amendments of the ELD» (La responsabilidad medioambiental de las empresas: algunas posibles modificaciones de la DRM),

–  Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 28 de octubre de 2020, de evaluación de la Directiva sobre delitos contra el medio ambiente (SWD(2020)0259),

–  Vistas las conclusiones y recomendaciones de marzo de 2016 de la European Union Action to Fight Environmental Crime (Efface),

–  Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

–  Vistas las opiniones de la Comisión de Desarrollo, de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A9‑0112/2021),

A.  Considerando que, con arreglo al artículo 191, apartado 1, del TFUE, la política de la Unión en el ámbito del medio ambiente contribuirá a alcanzar objetivos como la protección de la salud de las personas, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente, el fomento de la utilización prudente y racional de los recursos naturales, y el fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los problemas mundiales o regionales del medio ambiente;

B.  Considerando que, conforme al artículo 37 de la Carta, es obligatorio que en las políticas de la Unión se integren y garanticen, conforme al principio de desarrollo sostenible, un nivel elevado de protección del medio ambiente y la mejora de su calidad;

C.  Considerando que la estrategia medioambiental coordinada de la Unión fomenta la cooperación y garantiza que las políticas de la Unión sean coherentes entre sí; que el Pacto Verde Europeo establece la meta de la contaminación cero, que debe lograrse mediante una estrategia transversal para proteger la salud de los ciudadanos de la Unión frente a la contaminación y la degradación del medio ambiente, siendo asimismo exigible una transición justa que no deje a nadie atrás;

D.  Considerando que una conducta empresarial responsable entraña que las empresas tomen debidamente en consideración las cuestiones medioambientales; que garantizar la responsabilidad por daños medioambientales es clave para que las empresas europeas sean más sostenibles a largo plazo; que este logro guarda una estrecha relación con el desarrollo de legislación conexa sobre la diligencia debida de las empresas, la responsabilidad social de estas y la gobernanza empresarial sostenible; que la responsabilidad ha de ser conforme con el Derecho nacional;

E.  Considerando que los daños medioambientales, las sustancias químicas peligrosas y nocivas y el cambio climático pueden suponer riesgos notables para la salud de las personas por la contaminación del aire, del suelo y del agua;

F.  Considerando que la DRM coexiste con otros instrumentos y disposiciones sobre responsabilidad, tanto a nivel de la Unión como de los Estados miembros; que los incidentes que dan lugar a responsabilidades en virtud de la DRM pueden desencadenar, en paralelo, acciones judiciales penales, civiles o administrativas, generando incertidumbre e inseguridad jurídica tanto para las empresas como para los posibles perjudicados;

G.  Considerando que en el informe de la Comisión de 2016 sobre responsabilidad medioambiental se señala que, no obstante las ventajas que ha traído consigo la DRM en el proceso de mejora de la coherencia desde el punto de vista jurídico a nivel de la Unión, esta sigue haciendo frente a la fragmentación de la normativa en este ámbito y la heterogeneidad desde una perspectiva jurídica y práctica;

H.  Considerando que las definiciones de «daño medioambiental» y «operador» vigentes conforme a la DRM han sido objeto de distintos análisis que han puesto de manifiesto dificultades para su interpretación; que hay variedad en cuanto a la interpretación y aplicación del umbral a partir del cual un daño medioambiental pueda considerarse «significativo», por lo que ha de aclararse mejor;

I.  Considerando que se ha detectado un incremento del número de casos en los que las víctimas de la contaminación causada por filiales de empresas europeas que operan fuera de la Unión han tratado de interponer demandas en materia de responsabilidad medioambiental contra las empresas matriz ante los órganos jurisdiccionales de la Unión;

J.  Considerando que los regímenes de responsabilidad relativos a la contaminación difusa en la legislación de la Unión están fragmentados;

K.  Considerando que en la DRM se estableció un marco de responsabilidad medioambiental basado en el principio de «quien contamina paga» para la prevención y la reparación de los daños medioambientales; que la DRM complementa los principales elementos de la legislación medioambiental de la Unión, a que está directa o indirectamente vinculada, en particular la Directiva sobre los hábitats(6), la Directiva sobre las aves silvestres(7), la Directiva marco sobre el agua(8), la Directiva marco sobre la estrategia marina(9) y la Directiva sobre seguridad en las operaciones mar adentro(10);

L.  Considerando que en el informe de la Comisión de 2016 sobre responsabilidad medioambiental se recomendaba a todos los Estados miembros que se comprometieran a «registrar datos sobre incidentes relacionados con la DRM y publicar registros relativos a esa Directiva, si no lo han hecho ya»(11); que, pese a ello, solo siete Estados miembros cuentan con un registro público de casos DRM, mientras que otros cuatro Estados miembros tienen registros no públicos; que varios Estados miembros recogen información cubierta por otros elementos de la legislación de la Unión, pero no específicamente por la DRM, o cuentan con registros de ámbito más amplio o distinto, y que varios Estados miembros recaban datos a nivel regional; que otros catorce Estados miembros no cuentan con ninguna base de datos de incidentes medioambientales ni de casos DRM; que la aplicación de la DRM está marcada por un notable grado de flexibilidad para los Estados miembros que tiene su base en la fragmentación de la normativa y la heterogeneidad desde una perspectiva tanto jurídica como práctica;

M.  Considerando que la mayor parte de los Estados miembros no parecen tener previstos en sus legislaciones instrumentos de garantía financiera obligatorios, mientras que varios países sí los exigen(12); que, cuando se han puesto en práctica, estos instrumentos parecen haber demostrado su valía, quedando así de manifiesto la necesidad de evaluar la introducción de un sistema de garantía financiera obligatorio;

N.  Considerando que, si bien en la mayoría de los mercados existe una cobertura de seguro suficiente, también en lo que respecta a las medidas reparadoras complementarias y compensatorias, la demanda suele ser escasa debido a la falta de incidentes notificados, la aplicación deficiente de la normativa y una evolución más lenta en los mercados incipientes(13); que ello no es óbice por sí solo para la introducción de garantías financieras obligatorias;

O.  Considerando que la insolvencia de los operadores como consecuencia de accidentes graves sigue suponiendo un problema en la Unión; que la Comisión debería analizar los marcos nacionales y normativos vigentes y adoptar un planteamiento europeo armonizado de modo que las consecuencias de la insolvencia de las empresas no repercutan en los contribuyentes;

P.  Considerando que la disponibilidad de instrumentos de garantía financiera ha aumentado significativamente desde la adopción de la DRM;

Q.  Considerando que, habiéndola ya adoptado, a partir del 25 de junio de 2023 los Estados miembros aplicarán la Directiva (UE) 2020/1828 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2020, relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores(14), por la que se deroga la Directiva 2009/22/CE;

R.  Considerando que en algunos casos los miembros de los consejos de administración de las empresas, aun siendo conocedores de la existencia de actividades con una elevada probabilidad de provocar daños medioambientales, siguen orientando sus decisiones hacia los beneficios en detrimento de las conductas responsables y del medio ambiente;

S.  Considerando que una revisión de la DRM debe implicar necesariamente la búsqueda de un punto de equilibrio entre los intereses de las empresas y la protección del medio ambiente;

T.  Considerando que el Parlamento Europeo ha adoptado estos últimos años un papel activo para impulsar un régimen de responsabilidad por los daños medioambientales y en materia de derechos humanos que se produzcan en terceros países, en particular mediante la adopción de su Resolución, de 25 de octubre de 2016, sobre la responsabilidad de las empresas por violaciones graves de los derechos humanos en terceros países(15);

U.  Considerando que mediante un mandato a la Comisión debería quedar garantizado el cumplimiento de las disposiciones relativas al establecimiento o el mantenimiento de la igualdad de condiciones en materia de medio ambiente en los acuerdos comerciales de la Unión en aquellos casos en los que dichas disposiciones formen parte de un acuerdo de este tipo;

V.  Considerando que la Agencia Europea de Medio Ambiente está estudiando cómo se reparten los riesgos y los beneficios medioambientales dentro de la sociedad; que en el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático de 2015 se hace hincapié en la importancia de tomar en consideración los derechos de las personas vulnerables; que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha publicado recientemente unos principios marco sobre los derechos humanos y el medio ambiente que aclaran las obligaciones en materia de derechos humanos de los Estados en relación con un medio ambiente limpio, saludable y sostenible; que, por otra parte, en las Naciones Unidas está siendo objeto de negociación un sistema de responsabilidad de las empresas en casos de violación de los derechos humanos;

W.  Considerando que las repercusiones de los daños y la delincuencia medioambientales no solo perjudican a la biodiversidad y al clima, sino también a los derechos humanos y a la salud de las personas; que se han de tener en cuenta en un examen los riesgos del carácter transfronterizo de los daños medioambientales, la delincuencia organizada grave y la corrupción, junto con los riesgos para los derechos humanos y el medio ambiente;

X.  Considerando que en el Principio 21 de la Declaración de Estocolmo y el Principio 2 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo se reconoce el derecho soberano de los Estados a aprovechar sus recursos según lo dispuesto en sus propias políticas medioambientales, pero también la responsabilidad de velar por que las actividades dentro de su control o territorio nacional no causen daños medioambientales en otros Estados o en zonas que estén fuera de los límites de su competencia territorial;

Observaciones generales

1.  Celebra las iniciativas de la Comisión para evaluar y subsanar brechas en la aplicación de la DRM y la DMP en los distintos Estados miembros;

2.  Lamenta que el margen de valoración que se dispone en la DRM, la falta de concienciación e información acerca de esta Directiva, la insuficiencia de los recursos y los conocimientos especializados, y la debilidad de los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la gobernanza efectiva a nivel nacional, regional y local se han traducido en deficiencias en la aplicación, una considerable variabilidad entre Estados miembros en cuanto a la aplicación de la DRM y la garantía de su cumplimiento, en especial en lo relativo al número de casos, y condiciones de competencia desiguales entre los operadores; deplora que estos fallos repercutan asimismo en la aplicación de la DMP; opina, por consiguiente, que procede redoblar los esfuerzos para garantizar la armonización normativa en la Unión y una mayor confianza de la ciudadanía en la efectividad de su legislación al objeto de mejorar la eficiencia de las medidas de prevención y reparación de los daños medioambientales y hallar el punto de equilibrio adecuado entre los intereses de las empresas y la protección del medio ambiente;

3.  Celebra la creación del Foro de Cumplimiento y Gobernanza Medioambiental, que agrupa los profesionales con responsabilidades en el ámbito de la garantía de cumplimiento de la normativa medioambiental, como seguimiento del plan de acción de la Comisión de 2018(16) y del programa de trabajo 2020‑2022 para la mejora del cumplimiento y la gobernanza en materia medioambiental que el Foro respaldó en febrero de 2020(17);

4.  Lamenta que en muchos de los Estados miembros los presupuestos de los servicios de inspección medioambiental se hayan reducido o congelado por la crisis financiera y que incluso para los organismos grandes y con buena dotación de medios pueda resultar difícil generar de forma independiente conocimiento en cuanto a las mejores maneras de garantizar el cumplimiento; opina en consecuencia que es necesario un mayor apoyo a nivel de la Unión, por ejemplo mediante portales informativos accesibles, redes de uso común (redes de la Unión para profesionales), información y orientación sobre buenas prácticas, programas de formación complementaria para jueces y juristas sobre las particularidades de la legislación y la delincuencia medioambientales a escala nacional y de la Unión, material de formación y orientación sobre capacitación de manera coordinada con las autoridades nacionales, ya que todo ello podría servir para incrementar la presión sobre las empresas que sean «ovejas negras» y beneficiar a las cumplidoras, y favorecería que las partes interesadas, los operadores y la ciudadanía fueran más conscientes de la existencia del régimen de la DRM y su aplicación, contribuyendo así a una mejor prevención y reparación de los daños medioambientales;

5.  Deplora que los delitos contra el medio ambiente sean una de las formas más rentables de actividad delictiva transnacional; pide en consecuencia a la Comisión y a los Estados miembros que asignen los recursos financieros y humanos oportunos para prevenir, investigar y enjuiciar los delitos contra el medio ambiente, y que refuercen los conocimientos especializados de las autoridades correspondientes, incluidos fiscales y jueces, con vistas a enjuiciar y sancionar la delincuencia medioambiental de manera más eficaz; solicita en este sentido a los Estados miembros que creen unidades especializadas o refuercen las ya existentes dentro de sus servicios policiales nacionales a un nivel adecuado para la investigación de los delitos contra el medio ambiente; pide por otra parte a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que todos los Estados miembros dispongan de procedimientos adecuados de gestión de crisis medioambientales a nivel tanto nacional como transnacional y anima a los Estados miembros a que utilicen equipos conjuntos de investigación y el intercambio de información en los casos de delincuencia medioambiental transnacional, lo que hace más fácil la coordinación de las investigaciones y los enjuiciamientos llevados a cabo de forma paralela en varios Estados miembros;

6.  Considera que una de las diversas causas de la armonización insuficiente de la DRM es que no se disponga el seguimiento de un procedimiento administrativo normalizado para la notificación a las autoridades competentes de un peligro inminente o un daño medioambiental efectivo; lamenta en consecuencia que no exista la obligación de publicar estas notificaciones ni información sobre la forma en que se tratan tales casos; observa que hay Estados miembros que se han dado cuenta de esta ausencia en su legislación nacional y, en consecuencia, han establecido bases de datos de notificaciones, incidentes y casos; indica no obstante que esta práctica varía sobremanera de un Estado miembro a otro y tiene un carácter bastante limitado;

7.  Señala la necesidad de recoger bajo el control de un grupo de trabajo DRM de la Unión datos fiables sobre los incidentes medioambientales que dan lugar a la aplicación de la DRM u otros instrumentos administrativos, civiles o penales, así como de publicar los datos pertinentes; pide a la Comisión que estudie debidamente la situación para determinar si una combinación de diversos instrumentos jurídicos resulta adecuada para responder a los daños al medio ambiente o si siguen existiendo lagunas que deban colmarse; insiste en la correcta aplicación de la DRM animando a los Estados miembros a que registren los datos en cuanto a los incidentes relacionados con esta, a hacer públicos los correspondientes registros y a recabar los datos necesarios para verificar que la aplicación de esta Directiva en su territorio es eficaz y eficiente al objeto de aumentar la confianza en el sistema de la DRM y la mejora de su ejecución;

8.  Destaca que, en casi todos los casos DRM, los operadores colaboran con las autoridades administrativas para lograr la descontaminación; observa no obstante que, si bien el coste medio de las medidas reparadoras es de 42 000 euros(18), en algunos casos destacados este importe fue notablemente superior; lamenta por tanto que en dichos casos, debido a la insolvencia del operador, resultara imposible recuperar los costes, que debieron en consecuencia ser sufragados por el Estado y, por ende, los contribuyentes, lo que debe evitarse en el futuro;

9.  Toma nota de que en los Estados miembros hay pocas empresas que sean llevadas a juicio por asuntos medioambientales, si bien se ha constatado que se cometen delitos a los efectos de la DMP; señala en este sentido que ni la Comisión ni los Estados miembros han por el momento analizado o aclarado de manera global cuáles son los motivos por los que se da esta situación;

Recomendaciones

10.  Pide que se revise lo antes posible la DRM y se transforme en un reglamento plenamente armonizada; hace al mismo tiempo hincapié en la necesidad de actualizar la DRM y armonizarla con otros textos legislativos de la Unión que tienen por objeto la protección del medio ambiente, incluida la DMP; destaca que las divergencias en la ejecución y aplicación de las normas de la Unión sobre responsabilidad de las empresas por daños medioambientales no ofrecen actualmente unas condiciones de competencia equitativas para la industria de la Unión, lo que distorsiona el correcto funcionamiento del mercado interior de esta; pide que se redoblen los esfuerzos en pro de una mejor armonización en lo que a la aplicación de la DRM en los Estados miembros respecta;

11.  Pide que se actualice la DMP tras una exhaustiva evaluación de impacto que debería abarcar, entre otros aspectos, su ámbito de aplicación, teniendo al mismo tiempo en cuenta nuevos tipos y patrones de delincuencia medioambiental; recalca por otra parte la necesidad de lograr de manera eficaz el cumplimiento de la legislación vigente;

12.  Toma nota del creciente compromiso de los Estados miembros de trabajar en pro del reconocimiento del ecocidio a escala nacional e internacional; pide a la Comisión que estudie la pertinencia del ecocidio en el marco del Derecho y la diplomacia de la Unión;

13.  Pide a la Comisión que facilite más aclaraciones y orientaciones a los fiscales y las autoridades nacionales competentes sobre los términos jurídicos fundamentales de la DMP y que desarrolle una clasificación armonizada de los delitos contra el medio ambiente;

14.  Subraya la importante función que desempeñan en la mejora de la eficacia de la aplicación de las Directivas los mecanismos no vinculantes, como los documentos de orientación sobre las interpretaciones de los términos jurídicos empleados tanto en la DRM como en la DMP, la evaluación de los daños o la información sobre las prácticas sancionadoras en los Estados miembros y la comparación entre ellas; destaca la necesidad de introducir medidas reguladoras mucho más oportunas y estrictas en los Estados miembros;

15.  Considera que la aplicación debe ser armonizada y que debe crearse un grupo de trabajo DRM de la Unión, integrado por expertos altamente cualificados y funcionarios de la Comisión, para, por un lado, asistir a los Estados miembros en la ejecución y aplicación de la Directiva cuanto estos lo soliciten y, por otro, para apoyar y asesorar a las víctimas de daños medioambientales en cuanto a las posibles acciones legales a escala de la Unión (comparable al servicio Solvit);

16.  Considera que el marco revisado debe prever una mejora de la recogida de datos a escala de la Unión, así como del intercambio de información, la transparencia y el intercambio de mejores prácticas entre los Estados miembros, con el apoyo del grupo de trabajo DRM de la Unión;

17.  Recomienda que el futuro grupo de trabajo DRM de la Unión apoye la aplicación de un sistema de seguimiento global que permita a las autoridades competentes disponer de un conjunto de herramientas eficaz para supervisar y hacer cumplir la legislación medioambiental;

18.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, con el respaldo del grupo de trabajo DRM de la Unión, establezcan sistemas de protección y apoyo para las víctimas de daños medioambientales y garanticen su pleno acceso a la justicia, a la información y a indemnizaciones; hace hincapié en la función que desempeñan las ONG medioambientales en la sensibilización y en la detección de posibles infracciones de la legislación medioambiental nacional y de la Unión;

19.  Pide a la Comisión que evalúe la eficacia de los mecanismos rápidos de reclamación con vistas a garantizar una indemnización rápida para las víctimas en casos de insolvencia, que pueden dar lugar a más daños;

20.  Acoge con satisfacción la adopción de la Directiva (UE) 2020/1828;

21.  Apunta que actualmente se está revisando el Reglamento de Aarhus(19); reitera que el Reglamento de Aarhus permite el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, y, por tanto, el control público de los actos de la Unión que afectan al medio ambiente; destaca que el Reglamento de Aarhus incluye la DRM;

22.  Hace hincapié especialmente en el papel de los defensores de los derechos humanos en relación con el medio ambiente que luchan por los derechos y las libertades fundamentales en lo que se refiere al disfrute de un medio ambiente seguro, saludable y sostenible, y condena enérgicamente cualquier forma de violencia, amenaza, acoso o intimidación perpetrada contra ellos, también cuando su finalidad sea socavar en un marco procedimental sus esfuerzos para exigir la rendición de cuentas de quienes causen daños medioambientales; pide a los Estados miembros que garanticen una investigación y un enjuiciamiento adecuados y eficaces de esos actos;

23.  Respalda los actuales requisitos de presentación de información también sobre cuestiones no financieras; observa, no obstante, que hasta ahora solo las grandes empresas han tenido la obligación legal de proporcionar dicha información; pide a la Comisión que, en la próxima revisión de la Directiva sobre divulgación de información no financiera(20), haga hincapié en hacer cumplir dichos requisitos de presentación de información en caso de incumplimiento;

24.  Considera que la mayoría de las definiciones de la DRM, en particular la de «daño medioambiental» y la de «operador», debería precisarse mejor y, en su caso, ampliarse de manera que la Directiva sea justa y transparente para todas las partes interesadas pertinentes y se mantenga a tono con la rápida evolución de los contaminantes; acoge pues con satisfacción los actuales esfuerzos por elaborar un documento común de entendimiento (DCU) sobre las definiciones y conceptos clave de la DRM; lamenta, no obstante, que la Comisión y los grupos de expertos gubernamentales sobre la DRM no hayan llegado a un acuerdo sobre el formato del DCU, de manera que este sigue siendo un documento elaborado por la consultoría contratada por la Comisión para apoyar el programa de trabajo plurianual (PTP) de la DRM para el período 2017-2020;

25.  Opina que la revisión de la DRM debe ajustarse al Acuerdo de París sobre el Cambio Climático a fin de salvaguardar tanto los intereses de los ciudadanos de la Unión como el medio ambiente; reconoce el valor intrínseco del medio ambiente y de los ecosistemas y su derecho a una protección eficaz;

26.  Toma nota de la fragmentación de los regímenes de responsabilidad relativos a la contaminación difusa en la legislación de la Unión; pide a la Comisión que lleve a cabo un estudio sobre la manera en que los distintos regímenes de responsabilidad de la Unión abordan la contaminación difusa;

27.  Señala que las divergencias en las interpretaciones y la aplicación de los criterios del anexo I de la DRM, que desarrollan la definición de «daño medioambiental» establecida en el artículo 2, punto 1, letra a), de la DRM, son una de las razones de la incoherencia en la aplicación de la Directiva; reclama, por tanto, una aplicación más coherente y más aclaraciones y orientaciones respecto de los criterios, en particular sobre qué constituye «daños significativos» en el contexto de la DRM;

28.  Pide a la Comisión que evalúe si la ampliación del alcance de la DRM y de las actividades enumeradas en su anexo III podría limitar los daños a corto y largo plazo al medio ambiente, la salud humana y la calidad del aire; pide asimismo a la Comisión que valore si el enfoque del principio de precaución asume adecuada y eficazmente la consecuencias o riesgos potencialmente peligrosos;

29.  Insta a la Comisión y al Consejo a que consideren prioritarios los delitos contra el medio ambiente; pide a la Comisión que haga pleno uso del artículo 83, apartado 2, del TFUE y considere la posibilidad de adoptar una directiva marco general sobre infracciones medioambientales y sanciones efectivas y proporcionadas, en la que se definan las conductas que se han de castigar, la naturaleza de las infracciones, los tipos de delito, los regímenes de indemnización, las medidas de restauración y las sanciones mínimas, incluida la responsabilidad general de las personas jurídicas y físicas; pide a la Comisión que evalúe la posibilidad de incluir los delitos contra el medio ambiente entre las categorías de delitos a que se refiere el artículo 83, apartado 1, del TFUE;

30.  Estima que las medidas de prevención globales y efectivas y las sanciones penales de carácter disuasivo y proporcionado son importantes elementos disuasorios contra el daño medioambiental; deplora la baja tasa de detección, investigación, enjuiciamiento y condena de la delincuencia medioambiental; considera, además, que, de conformidad con el principio de «quien contamina paga», las empresas deben hacerse cargo de todos los costes del daño medioambiental que causen directamente, a fin de que tengan incentivos para internalizar las externalidades medioambientales y evitar externalizar los costes;

31.  Subraya que el daño medioambiental debe conllevar la responsabilidad administrativa, civil y penal de las empresas responsables, de conformidad con el principio non bis in idem; observa que estas formas de responsabilidad coexisten con otros regímenes de responsabilidad en el Derecho mercantil, como el derecho en materia de protección de los consumidores o el derecho de la competencia;

32.  Expresa su preocupación por la alta incidencia de los delitos contra el medio ambiente, ya que las estimaciones combinadas de la OCDE, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) e Interpol sobre el valor monetario de la totalidad de los delitos contra el medio ambiente indican que dichos delitos constituyen el cuarto tipo de delito en importancia a escala internacional; reconoce la relación directa o indirecta entre los delitos contra el medio ambiente y la delincuencia transnacional organizada y la corrupción(21); pide a Europol que actualice el estudio elaborado en 2015(22) y facilite periódicamente datos actualizados; señala que el embargo preventivo y el decomiso de los productos de los delitos, incluidos los delitos contra el medio ambiente, son medios esenciales para luchar contra la delincuencia organizada, y destaca la importancia de utilizar dichos productos también con fines sociales para reparar los daños causados y mejorar el estado del medio ambiente;

33.  Solicita a la Comisión que estudie la posibilidad de ampliar el mandato de la Fiscalía Europea, una vez que esté plenamente asentada y sea totalmente operativa, con el fin de que cubra los delitos contra el medio ambiente;

34.  Pide a Europol y a Eurojust que refuercen la documentación, la investigación y el enjuiciamiento de los delitos contra el medio ambiente; pide a la Comisión, a Europol y a Eurojust que presten más apoyo y prevean una estructura más eficaz e institucionalizada para las redes existentes de profesionales, cuerpos policiales y de seguridad transfronterizos, organismos medioambientales y fiscales especializados, como la Red Europea de Fiscales para el Medio Ambiente y el Foro de Jueces para el Medio Ambiente de la Unión Europea;

35.  Hace hincapié en la importancia de la formación electrónica dirigida a los agentes encargados de hacer cumplir la ley en el contexto de la delincuencia medioambiental, y pide a la CEPOL que intensifique su formación en ese ámbito;

36.  Destaca la importancia de reforzar la Red Europea de Lucha contra la Delincuencia Medioambiental (EnviCrimeNet) de Europol a escala nacional y de la Unión para permitir que se lleven a cabo investigaciones independientes y eficaces para luchar contra los delitos medioambientales;

37.  Destaca que el régimen de responsabilidad medioambiental de la Unión debe respetar la coherencia de las políticas en favor del desarrollo y el principio de «no ocasionar daños»;

38.  Pide a la Comisión que valore si sería adecuado introducir un régimen de responsabilidad secundaria, a saber, la responsabilidad parental y en cadena por los daños causados a la salud humana y el medio ambiente(23), y que lleve a cabo una evaluación de la situación actual de responsabilidad de las filiales que operan fuera de la Unión, que incluya posibles mejoras en los casos de daños medioambientales;

39.  Acoge con satisfacción el anuncio de la Comisión de que su propuesta sobre diligencia debida de las empresas y responsabilidad corporativa incluirá un régimen de responsabilidad y considera que, para que las víctimas puedan obtener una reparación efectiva, las empresas deben asumir responsabilidades, de conformidad con la legislación nacional, por el daño que las empresas bajo su control hayan causado o al que hayan contribuido por actos u omisiones, cuando estas hayan cometido violaciones de los derechos humanos o hayan causado daños medioambientales, a menos que la empresa pueda demostrar que actuó con la prudencia pertinente de conformidad con sus obligaciones de diligencia debida y que adoptó todas las medidas razonables para prevenir dicho daño;

40.  Opina que los casos de defensa basada en la autorización o en los avances técnicos y científicos con arreglo a la DRM solo deben mantenerse cuando la empresa pueda probar que le habría sido imposible conocer el riesgo de su actividad (inversión de la carga de la prueba); pide, por tanto, que en el régimen revisado de responsabilidad medioambiental se limite el ámbito de aplicación de la defensa basada en la autorización o en los avances técnicos y científicos con el fin de incrementar su eficacia, en consonancia con el principio de «quien contamina paga»;

41.  Pide a la Comisión que estudie la posibilidad de armonizar la DRM con la legislación sobre responsabilidad civil de los consejos de administración para aquellos casos en los que pueda establecerse una relación causa‑efecto entre la acción u omisión de un consejo de administración y el daño medioambiental tal como está definido en la DRM, también cuando dicho daño se deriva de actividades contaminantes realizadas para maximizar los beneficios de la empresa y las bonificaciones de sus miembros(24);

42.  Destaca que los costes derivados de los daños medioambientales que deben sufragar los contribuyentes y los operadores responsables podrían reducirse en gran medida mediante el uso de instrumentos de garantía financiera; observa, no obstante, que la DRM no prevé un sistema de garantía financiera obligatorio;

43.  Pide a la Comisión que evalúe la introducción de un sistema de garantía financiera obligatorio —cobertura de seguro, garantías bancarias, agrupaciones de empresas, valores y obligaciones o fondos—, con un umbral máximo por caso, destinado a evitar que los contribuyentes deban soportar los costes derivados de la reparación de los daños medioambientales; pide a la Comisión, además, que desarrolle una metodología armonizada a escala de la Unión para el cálculo del umbral de responsabilidad máximo, que tenga en cuenta la actividad y las repercusiones sobre el medio ambiente; hace hincapié en la necesidad de garantizar la obtención de una compensación financiera, aun en caso de insolvencia del operador responsable;

44.  Pide a la Comisión que elabore un estudio sobre la introducción de un sistema de compensación financiera de la DRM, a escala nacional o de la Unión, para los casos en que las medidas correctoras disponibles resulten insuficientes dado el alcance del daño; hace hincapié en que en los debates correspondientes se deben abordar, entre otras cuestiones, posibles maneras de cuantificar los daños medioambientales;

45.  Considera que, puesto que el objeto de la DRM es evitar y reparar los daños medioambientales, un futuro Reglamento (Reglamento de responsabilidad medioambiental) debería ser aplicable a todas las empresas que operan en la Unión, independientemente de dónde se hayan constituido o estén radicadas, y que es necesario aplicar un enfoque holístico y de reciprocidad para atender las necesidades de las empresas en una economía global; considera también que la aplicación del futuro Reglamento debería ampliarse a cualquier entidad que reciba fondos europeos, nacionales o regionales y que cause o pueda causar algún daño medioambiental en el desarrollo de sus actividades;

46.  Acoge con satisfacción el hecho de que un número creciente de empresas europeas persiga el objetivo de la creación de valor sostenible y pide a todas las empresas que persigan una triple línea de acción;

47.  Reconoce que la transición a métodos de producción más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente puede resultar muy lenta y costosa, y señala la importancia de la seguridad jurídica y administrativa para las empresas afectadas;

48.  Recuerda que la Unión debe impulsar un nivel elevado de protección del medio ambiente en su propio territorio y hacer todo lo que esté en sus manos para impedir daños medioambientales en terceros países ocasionados por empresas con sede en los Estados miembros de la Unión; recuerda, igualmente, que no existe ningún instrumento jurídico de la Unión que aborde la posibilidad de llevar a juicio a empresas europeas en el extranjero por delitos contra el medio ambiente o actividades que causen daños medioambientales; pide a la Unión que anime a las empresas matriz a que adopten enfoques sostenibles y responsables en su cooperación con terceros países, de conformidad con las normas internacionales en materia de derechos humanos y de medio ambiente, y a que se abstengan de emprender estrategias de inversión que conduzcan directamente a resultados peligrosos; anima a la Comisión a que ofrezca incentivos a las empresas que adopten voluntariamente políticas de sostenibilidad que vayan más allá de las normas en materia de medio ambiente y biodiversidad establecidas en la legislación para evaluar dichas políticas, desarrollando así mejores prácticas y constituyendo un ejemplo a seguir para otras empresas;

49.  Pide a la Comisión que vele por que se apliquen y se hagan cumplir plenamente las disposiciones relativas a la biodiversidad en todos los acuerdos comerciales, en particular a través de su alto responsable de la Aplicación de la Política Comercial; considera que la Comisión debería evaluar mejor el impacto de los acuerdos comerciales en la biodiversidad, con medidas de seguimiento para reforzar las disposiciones sobre biodiversidad contempladas en los acuerdos existentes y futuros, cuando proceda;

50.  Pide a la Comisión que garantice el cumplimiento de las disposiciones relativas al establecimiento o el mantenimiento de la igualdad de condiciones en materia de medio ambiente en los acuerdos comerciales de la Unión, cuando dichas disposiciones formen parte de un acuerdo de este tipo;

51.  Opina que, en los casos preestablecidos de polución extremadamente generalizada, el problema debe ser subsanado no solo mediante instrumentos de responsabilidad medioambiental, sino también de muchos otros tipos, como medidas administrativas, sanciones financieras y en algunos casos acciones penales;

52.  Pide a la Comisión que imponga la aplicación de las sanciones establecidas en virtud de la DMP;

53.  Pide a la Comisión, en este sentido, que vele por que la responsabilidad social de las empresas en la prevención y corrección de daños medioambientales se tenga en cuenta en los contratos públicos y la asignación de fondos públicos;

54.  Pide a la Comisión que presente sin más demora una propuesta de inspecciones medioambientales a escala de la Unión, tal como sugirió el Foro de Cumplimiento y Gobernanza Medioambiental en la novena acción de su programa de trabajo, pero opina que no basta con una recomendación de establecimiento de criterios mínimos para las inspecciones;

55.  Pide a la Comisión que promueva la acción de la Unión, sus Estados miembros y la comunidad internacional encaminada a intensificar la lucha contra la delincuencia medioambiental; pide a la Comisión y a los Estados miembros que fomenten la concienciación al respecto y promuevan soluciones en los foros internacionales;

56.  Sugiere que la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de abril de 2001(25), que explica con detalle cómo deben llevarse a cabo las inspecciones medioambientales, se actualice en caso necesario y se traslade a un Reglamento o documento vinculante;

57.  Pide a la defensora del pueblo europea que preste más atención a las cuestiones relacionadas con el acervo en materia de medio ambiente;

58.  Considera que no debe permitirse que las empresas condenadas por delitos contra el medio ambiente se beneficien de las medidas previstas para los declarantes inscritos en el Registro de transparencia durante un período apropiado pero limitado; sugiere, a tal efecto, que se revisen el ámbito de aplicación y el código de conducta del Registro de transparencia, a fin de incluir disposiciones relativas a la eliminación temporal de las empresas condenadas por delitos contra el medio ambiente;

59.  Señala que el tratamiento confidencial de la información relacionada con los efectos de las actividades industriales, junto con las dificultades que conlleva el control y la detección de prácticas como el vertido ilegal de sustancias o residuos en el mar, así como la desgasificación y el vertido de petróleo de los buques, puede dar lugar a un aumento del número de infracciones de la legislación relativa a la contaminación del agua; subraya, por consiguiente, que los Estados miembros deben publicar la información pertinente para facilitar la evaluación de una posible relación causal entre las operaciones industriales y los daños al medio ambiente;

60.  Apoya el llamamiento de las Naciones Unidas para que se reconozca mundialmente a escala de las Naciones Unidas el derecho a un medio ambiente seguro, limpio, sano y sostenible;

61.  Recuerda que el aumento mundial de la delincuencia medioambiental es una amenaza creciente para la consecución de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y que las poblaciones de los países en desarrollo dependen directamente del medio ambiente para su seguridad alimentaria, sanitaria y económica; lamenta que la degradación de la biodiversidad como consecuencia de la delincuencia medioambiental y la pérdida de recursos resultante intensifiquen su vulnerabilidad;

62.  Pide que se refuerce el apoyo a las autoridades locales y a los Gobiernos de los países en desarrollo para que armonicen la legislación y las políticas nacionales con las normas medioambientales internacionales; destaca la necesidad de apoyar a la sociedad civil y los agentes locales de terceros países y países en desarrollo para que las autoridades gubernamentales rindan cuentas por los daños medioambientales permitidos o respaldados por el Estado que hayan ocasionado las empresas privadas y públicas;

o
o   o

63.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO L 143 de 30.4.2004, p. 56.
(2) DO L 328 de 6.12.2008, p. 28.
(3) DO L 102 de 11.4.2006, p. 15.
(4) DO L 140 de 5.6.2009, p. 114.
(5) DO L 178 de 28.6.2013, p. 66.
(6) Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DO L 206 de 22.7.1992, p. 7).
(7) Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres (DO L 20 de 26.1.2010, p. 7).
(8) Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DO L 327 de 22.12.2000, p. 1).
(9) Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, por la que se establece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino (DO L 164 de 25.6.2008, p. 19).
(10) Directiva 2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, sobre la seguridad de las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro (DO L 178 de 28.6.2013, p. 66).
(11) COM(2016)0204, p. 11.
(12) Outcome of the Specific Contract 'Support for the REFIT actions for the ELD – phase 2' (Resultados del contrato específico «Apoyo a las acciones REFIT para la DRM - fase 2»); Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Bruselas, 2019, pág. 17.
(13) REFIT Evaluation of the Environmental Liability Directive (Evaluación REFIT de la Directiva sobre responsabilidad medioambiental), pág. 47.
(14) DO L 409 de 4.12.2020, p. 1.
(15) DO C 215 de 19.6.2018, p. 125.
(16) Comunicación de la Comisión, de 18 de enero de 2018, sobre las acciones de la UE para mejorar el cumplimiento y la gobernanza medioambiental (COM(2018)0010).
(17) Environmental Compliance and Governance Forum, Endorsed work programme 2020-2022 to improve environmental compliance and governance (Programa de trabajo 2020‑2022 respaldado por el Foro de Cumplimiento y Gobernanza Medioambiental para la mejora del cumplimiento y la gobernanza en materia medioambiental); Comisión Europea, Bruselas, 2020.
(18) Environmental liability of companies (Responsabilidad medioambiental de las empresas); Departamento Temático de Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales, Parlamento Europeo, Bruselas, 2020, p. 110.
(19) Propuesta de la Comisión de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de octubre de 2020, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (COM(2020)0642).
(20) Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información no financiera e información sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos (DO L 330 de 15.11.2014, p. 1).
(21) Véase el informe de EFFACE «Organised Crime and Environmental Crime: Analysis of International Legal Instruments» (Delincuencia organizada y medioambiental: Análisis de los instrumentos jurídicos internacionales) (2015), o el estudio «Transnational environmental crime threatens sustainable development» (La delincuencia medioambiental transnacional amenaza el desarrollo sostenible) (2019).
(22) Europol, «Report on Environmental Crime in Europe» (Informe sobre la delincuencia medioambiental en Europa), 5 de junio de 2015.
(23) Véase, por ejemplo, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 10 de septiembre de 2009, Akzo Nobel NV y otros / Comisión de las Comunidades Europeas, C-97/08 B, ECLI:EU:C:2009:536.
(24) Por ejemplo, el escándalo del Dieselgate y el caso del presidente de Volkswagen.
(25) Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de abril de 2001, sobre criterios mínimos de las inspecciones medioambientales en los Estados miembros (DO L 118 de 27.4.2001, p. 41).

Última actualización: 9 de septiembre de 2021Aviso jurídico - Política de privacidad