El Parlamento Europeo,

–  Vistos el artículo 310, apartado 6, y el artículo 325, apartado 5, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 61 del Reglamento (UE, Euratom) n.º 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión(1) (el «Reglamento Financiero»),

–  Vistas las Orientaciones de la Comisión sobre cómo evitar y gestionar las situaciones de conflicto de intereses con arreglo al Reglamento Financiero(2),

–  Vistas sus anteriores Decisiones y Resoluciones sobre la aprobación de la gestión de la Comisión en los ejercicios 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019,

–  Vistas su Resolución, de 13 de diciembre de 2018, sobre los conflictos de intereses y la protección del presupuesto de la Unión en la República Checa(3) y su Resolución, de 19 de junio de 2020, sobre la reapertura de la instrucción contra el primer ministro de la República Checa por uso indebido de fondos de la Unión y posibles conflictos de intereses(4),

–  Vistas las misiones de información a la República Checa realizadas por la Comisión de Control Presupuestario del 26 al 27 de marzo de 2014 y del 26 al 28 de febrero de 2020,

–  Visto el informe final de noviembre de 2019 sobre la auditoría del funcionamiento de los sistemas de gestión y control existentes para evitar los conflictos de intereses en Chequia, elaborado por las Direcciones Generales de Política Regional y Urbana (REGIO) y de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión (EMPL) de la Comisión y publicado el 23 de abril de 2021,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2020, sobre un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión(5),

–  Visto el Informe de la Comisión sobre el Estado de Derecho en 2020, y en particular su capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Chequia (SWD(2020)0302),

–  Visto el Informe provisional de cumplimiento de la Cuarta Ronda de Evaluación del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) relativo a la República Checa, adoptado en su 84.ª reunión plenaria de diciembre de 2019,

–  Visto el informe por país correspondiente a Chequia de 2020 (SWD(2020)0502), de 26 de febrero de 2020, que acompaña a la Comunicación de la Comisión titulada «Semestre Europeo 2020: Evaluación de los avances en lo que respecta a las reformas estructurales y la prevención y la corrección de los desequilibrios macroeconómicos, y resultados de los exámenes exhaustivos conforme al Reglamento (UE) n.º 1176/2011» (COM(2020)0150),

–  Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

–  Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Control Presupuestario,

A.  Considerando que los artículos 61 y 63 del Reglamento Financiero, el artículo 24 de la Directiva 2014/24/UE sobre las normas de contratación pública para evitar conflictos de intereses, los artículos 144 y 145 del Reglamento sobre Disposiciones Comunes para los fondos de gestión compartida, el Reglamento (UE) n.º 1303/2013, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y la ley checa n.º 159/2006 relativa a los conflictos de intereses, en su versión modificada el 29 de noviembre de 2016, establecen obligaciones específicas y proporcionan los instrumentos para abordar eficazmente las situaciones de conflicto de intereses;

B.  Considerando que Agrofert es un conglomerado creado y constituido por el primer ministro checo Andrej Babiš y compuesto por más de 230 empresas; que se ha revelado que Andrej Babiš es uno de los titulares reales de Agrofert, la empresa que controla el Grupo Agrofert, que incluye, entre otros, algunos importantes medios de comunicación checos, a través de los fondos fiduciarios AB private trust I y AB private trust II, de los que es igualmente el titular real;

C.  Considerando que en enero y febrero de 2019 se llevó a cabo una auditoría coordinada exhaustiva a cargo de varios servicios de la Comisión (DG REGIO/DG EMPL, DG AGRI (DG asociada)) sobre la aplicación del Derecho nacional y de la Unión; que una auditoría en curso de la DG AGRI está examinando presuntos conflictos de intereses en la ejecución de la política agrícola común en Chequia;

D.  Considerando que en abril de 2021 la Comisión publicó una versión debidamente expurgada del informe final de auditoría sobre la ejecución legal de los Fondos EIE, verificado por la DG EMPL y la DG REGIO; que aún no se ha publicado el segundo informe de auditoría de la DG AGRI;

E.  Considerando que el informe de auditoría publicado pone de manifiesto graves carencias en el sistema de gestión y control(6) en la República Checa y deficiencias que deben subsanarse mediante correcciones financieras;

F.  Considerando que el informe de auditoría de la DG REGIO detectó tres subvenciones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional que infringían la legislación checa y el Reglamento sobre Disposiciones Comunes de la Unión;

G.  Considerando que aún está en curso la investigación penal sobre el primer ministro Babiš, iniciada a raíz del informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) sobre la utilización irregular de subvenciones de la Unión destinadas a pequeñas empresas, que se cerró inicialmente y posteriormente se reabrió y que fue objeto de una Resolución del Parlamento, de 19 de junio de 2020;

H.  Considerando que, transcurrido un año, la Comisión aún no ha dado una respuesta exhaustiva a la solicitud del Parlamento de cuantificar el importe total de las subvenciones recibidas por las entidades del Grupo Agrofert;

I.  Considerando que, después de las Resoluciones del Parlamento de diciembre de 2018 y junio de 2020 sobre el conflicto de intereses del primer ministro Babiš y más de dos años después del comienzo de las auditorías de la Comisión, la situación en torno al conflicto de intereses del primer ministro Babiš sigue sin estar resuelta;

J.  Considerando que los Estados miembros solo pueden garantizar la buena gestión financiera si las autoridades públicas actúan conforme a la ley, tanto nacional como de la Unión, y si los servicios de investigación y el Ministerio Fiscal persiguen eficazmente las conductas delictivas originadas por casos de conflicto de intereses tratados de forma incorrecta;

K.  Considerando que, en virtud del artículo 3, letra b), del Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092, no garantizar la ausencia de conflictos de interés se podrá considerar indicio de vulneración de los principios del Estado de Derecho;

L.  Considerando que disponer de políticas y normas concretas para evitar y tratar los conflictos y la apariencia de conflictos de interés constituye una parte esencial de la buena gobernanza y la buena gestión financiera;

M.  Considerando que la misión de la Comisión de Control Presupuestario en febrero de 2020 reveló limitaciones preocupantes en el marco jurídico que dificultan el trabajo eficiente y eficaz de la Oficina superior de auditoría nacional, al impedirle controlar la regularidad y el rendimiento del gasto público a nivel regional y local o efectuar controles de los beneficiarios finales sobre el terreno;

1.  Acoge con satisfacción la publicación del informe final de auditoría de las Direcciones Generales REGIO y EMPL sobre el funcionamiento de los sistemas de gestión y control existentes para evitar conflictos de intereses en Chequia, tras reiteradas peticiones del Parlamento, que confirman el actual y continuo conflicto de intereses del primer ministro Babiš en relación con el conglomerado Agrofert, confirmando así la posición del Parlamento expresada en anteriores Resoluciones e informes de aprobación de la gestión;

2.  Celebra que las Direcciones Generales REGIO y EMPL reconozcan el importante interés público en la transparencia e información acerca de esta situación excepcional como motivo razonable para la publicación; lamenta, no obstante, que las conclusiones solo se hayan publicado en abril de 2021, a pesar de que el informe final de auditoría se envió a las autoridades checas en noviembre de 2019 y que la Comisión recibió respuestas en mayo de 2020; insta a la DG AGRI a acelerar su procedimiento de auditoría y su seguimiento y a publicar su informe final de auditoría sin demora injustificada; solicita que se preste especial atención a los pagos efectuados a empresas que fueran propiedad, de manera directa o indirecta, del primer ministro Babiš o de otros miembros del Gobierno checo;

3.  Considera lamentable que los procedimientos de auditoría y los procedimientos contradictorios, así como los procedimientos para la aplicación de correcciones financieras, se prolonguen actualmente durante varios años; insta a la Comisión a revisar las normas de los procedimientos de auditoría y de corrección financiera con el fin de permitir que las conclusiones y la recuperación de los fondos de la Unión pagados indebidamente se produzcan de forma más oportuna; reitera su petición a la Comisión para que publique todos los documentos relacionados con el caso del conflicto de intereses del primer ministro checo;

4.  Manifiesta su profunda preocupación por las conclusiones del informe de auditoría según las cuales:

5.  Observa que, a partir del 1 de junio de 2021, la ley checa n.º 37/2021 SB., relativa al registro de titulares reales, ha transpuesto finalmente al Derecho nacional la 5ª Directiva contra el blanqueo de capitales, que exige la creación de registros accesibles al público para las sociedades, los fideicomisos y otros regímenes jurídicos; recuerda que el plazo de transposición de esta Directiva expiró el 10 de enero de 2020; critica enérgicamente que Chequia haya transpuesto la 5.ª Directiva contra el blanqueo de capitales con un retraso tan enorme; señala que el primer ministro Babiš está inscrito en el registro checo de titulares como titular real indirecto de Agrofert desde el 1 de junio de 2021; critica enérgicamente la declaración del Ministerio de Justicia checo, en la que se afirma que pueden seguir pagándose a Agrofert las subvenciones a pesar de que Andrej Babiš figure como titular real de Agrofert en Chequia;

6.  Insiste en que un conflicto de intereses al más alto nivel del Gobierno de un Estado miembro, confirmado ahora con la publicación el 23 de abril de 2021 del informe final de la Comisión sobre la auditoría del funcionamiento de los sistemas de gestión y control existentes para evitar los conflictos de intereses en la República Checa, no puede tolerarse y debe abordarse de forma completa por medio de:

7.  Acoge con satisfacción el anuncio de que la Fiscalía Europea llevará a cabo una investigación imparcial y basada en hechos sobre el conflicto de intereses; toma nota de la declaración emitida por la fiscalía competente según la cual el caso cumple las condiciones de jurisdicción obligatoria de la Fiscalía Europea de reciente creación en virtud del Reglamento pertinente de la Unión Europea, a la que debe transmitirse sin demora;

8.  Lamenta que las conclusiones de la auditoría confirmen la existencia de graves deficiencias sistémicas en el funcionamiento del sistema de gestión y control y, en particular, en la detección de conflictos de intereses; deplora que la ineficacia de los controles cruzados y unos procesos y estructuras opacos dificulten la fiabilidad de la prevención y la detección de conflictos de intereses en la República Checa;

9.  Manifiesta su profunda preocupación por que, incluso después de la entrada en vigor de los artículos 61 y 63 del Reglamento Financiero en 2018, se mantiene la deficiencia de los sistemas de gestión y control en lo que se refiere a evitar conflictos de intereses y que las autoridades checas han adoptado medidas escasas e insuficientes para garantizar el cumplimiento;

10.  Deplora los intentos del Gobierno checo de legalizar el conflicto de intereses del primer ministro Babiš a través de una ley propuesta al comienzo de la crisis de la COVID-19, en marzo de 2020, en lugar de resolver el propio conflicto de intereses;

11.  Espera que las autoridades nacionales apliquen todas las recomendaciones solicitadas, destinadas, entre otras cosas, a mejorar el sistema de gestión y control y a verificar todas las subvenciones concedidas después del 9 de febrero de 2017 que puedan infringir la ley relativa a los conflictos de intereses;

12.  Pide a la Comisión que informe al Parlamento sobre la aplicación de las recomendaciones de la auditoría por parte del Gobierno checo, en particular por lo que se refiere al control de todos los fondos concedidos al Grupo Agrofert que no formaban parte de la muestra de auditoría;

13.  Manifiesta su profunda preocupación por la debilidad de marco regulador general, que hace difícil identificar sistemáticamente los titulares reales de las entidades que reciben fondos de la Unión; recuerda que la Comisión ha confirmado haber realizado pagos de la PAC a empresas pertenecientes al Grupo Agrofert, así como a otras empresas cuyo titular real es el primer ministro Babiš en algunos otros Estados miembros, aunque no es capaz de identificar de forma exhaustiva a todos los operadores económicos que se beneficiaron; insiste en que se espera que la Comisión proporcione a la autoridad responsable de la aprobación de la gestión una visión completa y fiable de todos los pagos efectuados a empresas del Grupo Agrofert y a las empresas con el mismo titular real en todos los Estados miembros durante los ejercicios 2018 y 2019; pide a la Comisión que también incluya información sobre el ejercicio 2020; considera que esto muestra la necesidad urgente de que la Comisión, en cooperación con las agencias nacionales, elabore un formato normalizado y de acceso público para la divulgación de los beneficiarios finales de los desembolsos de la PAC;

14.  Toma nota de la reciente corrección de las inscripciones en el registro de titulares reales de empresas (Transparenzregister), donde ahora figura el primer ministro Babiš como titular y accionista de una filial de Agrofert en Alemania; reitera que el primer ministro Babiš figura como una de las seis personas activas con influencia o control significativos sobre los administradores de un fideicomiso relacionado con la filial de Agrofert denominada GreenChem Solutions Ltd. en el Reino Unido; pide a todos los Estados miembros donde estén activas filiales de Agrofert que revisen el registro de titulares reales a este respecto;

15.  Lamenta que las entidades del Grupo Agrofert sigan recibiendo pagos en virtud del primer pilar de la PAC; recuerda que la ley checa sobre conflictos de intereses prohíbe conceder subvenciones, incluidos los pagos directos de la PAC, a empresas en las que un funcionario público o una entidad controlada por un funcionario público tenga una participación del 25 % o mayor; destaca las serias dudas sobre la independencia de las autoridades checas que deciden sobre la subvencionabilidad y el control de los pagos agrícolas directos; identifica indicadores de riesgo en el hecho de que las empresas que forman parte del Grupo Agrofert sigan recibiendo esos fondos en infracción de la ley checa relativa a los conflictos de intereses;

16.  Toma nota de que la legislación checa vigente en materia de conflictos de intereses desde 2006 presenta graves lagunas y carencias significativas en su aplicación, lo que ha permitido el establecimiento y el crecimiento de estructuras oligárquicas profundas; lamenta que la misión de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento en febrero de 2020 descubriera graves deficiencias en los sistemas para evitar, detectar y resolver conflictos de intereses en Chequia;

17.  Manifiesta su asombro por los enfoques aparentemente diferentes en relación con infracciones similares de la ley checa sobre conflictos de intereses y del artículo 61 del Reglamento Financiero por parte de las DG REGIO y EMPL y la DG AGRI; si bien las DG REGIO y EMPL consideran que una infracción de la ley checa sobre conflictos de intereses constituye una infracción del artículo 61, apartado 2, del Reglamento Financiero, la DG AGRI no parece aplicar la misma lógica; señala, además, que los controles de admisibilidad de los pagos basados en derechos (pagos directos) también incluyen un elemento de toma de decisiones en la verificación; hace hincapié en que esta decisión de verificación puede verse afectada por un conflicto de intereses; pide a la Comisión que facilite al Parlamento una explicación jurídica detallada de las diferentes repercusiones de las violaciones de la legislación nacional en materia de conflictos de intereses y del artículo 61 del Reglamento Financiero, y que incluya una explicación detallada sobre la manera en que la Comisión garantiza que las decisiones de verificación de los pagos basados en derechos no se vean afectadas por un conflicto de intereses;

18.  Manifiesta su asombro por la evaluación de la Comisión en el sentido de que el ministro de Agricultura checo no se encuentra en una situación de conflicto de intereses, a pesar de que miembros de su familia perciben considerables importes en concepto de subvenciones agrícolas y que se encarga al mismo tiempo de la programación y ejecución de programas agrícolas en el marco de la PAC; pide a la Comisión que comparta esta evaluación con el Parlamento; pide a la Comisión que garantice una interpretación y aplicación uniformes del artículo 61 del Reglamento Financiero;

19.  Pide a la Comisión que evalúe la eficacia del artículo 61 del Reglamento Financiero a la hora de prevenir o revelar y resolver con éxito los casos de conflicto de intereses cuando se produzcan y, en su caso, presente propuestas en el contexto de la próxima revisión del Reglamento Financiero para reforzar aún más las normas que rigen los conflictos de intereses, prestando especial atención a las definiciones, el alcance (quién está cubierto), la identificación de las funciones o actividades sensibles en situación de riesgo, las «situaciones que puedan percibirse objetivamente como conflicto de intereses» y las obligaciones en caso de conflicto de intereses; recuerda que el artículo 61 del Reglamento Financiero no distingue entre los diferentes tipos de pagos con cargo al presupuesto de la Unión y que la mera posibilidad de utilizar una posición derivada del conflicto de intereses es un indicador suficiente;

20.  Expresa su preocupación por la interpretación restrictiva del artículo 61 del Reglamento Financiero por parte del organismo pagador agrícola de la República Checa (el Fondo Estatal de Intervención Agrícola), que considera que no es aplicable a los miembros del Gobierno; reitera la preocupación del Parlamento en relación con una serie de deficiencias detectadas en la gestión del organismo pagador agrícola de la República Checa, en particular la falta de independencia del Consejo de Supervisión, como se subraya en el informe del Parlamento sobre su misión a la República Checa en febrero de 2020(7); pide a la Comisión que abra un procedimiento de auditoría para garantizar la buena gestión del organismo;

21.  Considera que las orientaciones de la Comisión sobre cómo evitar y gestionar las situaciones de conflicto de intereses con arreglo al Reglamento Financiero son un instrumento importante para reforzar aún más las medidas destinadas a proteger el presupuesto de la Unión contra el fraude y las irregularidades; pide a la Comisión que sensibilice y promueva una interpretación y una aplicación uniformes de las normas para evitar conflictos de intereses, incluidos pagos directos en el marco del primer pilar de la PAC, y que supervise el funcionamiento independiente de los organismos pagadores y las estructuras de auditoría a este respecto; pide a la Comisión que facilite a las autoridades de los Estados miembros afectados otros ejemplos prácticos, sugerencias y recomendaciones para ayudarles a evitar conflictos de intereses;

22.  Reitera que los ciudadanos y los contribuyentes checos no deben pagar ni sufrir ninguna consecuencia derivada del conflicto de intereses del primer ministro Babiš, y que las empresas pertenecientes al grupo Agrofert deben reembolsar todas las subvenciones recibidas ilegalmente del presupuesto de la Unión o del presupuesto nacional de la República Checa; insta a las autoridades checas a que recuperen todas las subvenciones indebidamente abonadas a cualquier entidad del Grupo Agrofert;

23.  Insiste en que debe suspenderse el desembolso de fondos, bien con cargo al presupuesto de la Unión o al presupuesto nacional de la República Checa, a las empresas controladas en última instancia por el primer ministro Babiš o miembros del Gobierno checo, hasta que se resuelvan completamente los casos de conflicto de intereses;

24.  Insta al Gobierno checo a que mejore la equidad general de la distribución de las subvenciones de la Unión y a que establezca un sistema que garantice una transparencia total y completa en la distribución de los fondos de la Unión; observa con preocupación que, según la información de que dispone la Comisión, no se han adoptado decisiones que modifiquen el sistema checo de pagos directos desde su creación en 2014 ni para crear un mecanismo eficaz contra los conflictos de intereses;

25.  Recuerda que, como parte del proyecto denominado «Nido de cigüeña», Agrofert creó artificialmente una empresa de tamaño medio, que siguió bajo el control de Agrofert, con el fin de obtener fondos destinados a pequeñas y medianas empresas por un total aproximado de dos millones de euros; considera inaceptable que, después de las investigaciones constataran graves irregularidades en el proyecto «Nido de cigüeña», las autoridades checas retiraran el proyecto de la financiación de la Unión con el objetivo de financiarlo con cargo al presupuesto nacional, trasladando la carga financiera a los contribuyentes checos; considera que esto constituye una confirmación de que las autoridades checas no convencieron a la Comisión de la legalidad y regularidad de esos pagos; lamenta que esto signifique que la OLAF ya no tiene derecho a investigar y que solo la Fiscalía nacional pueda presentar acusaciones; expresa su profunda preocupación por el hecho de que la Fiscalía checa archivara temporalmente el proceso y, posteriormente, reabriera el caso; pide a las autoridades checas que informen lo antes posible a las instituciones de la Unión del resultado de la instrucción en relación con el proyecto «Nido de cigüeña»;

26.  Toma nota de que la policía checa recomendó por segunda vez que se imputara al primer ministro Babiš un presunto fraude por un importe aproximado de 2 millones EUR en relación con las investigaciones en torno al proyecto «Nido de cigüeña»; observa que el fiscal supervisor, Jaroslav Šaroch, que en septiembre de 2019 había decidido inicialmente archivar el caso, es responsable de decidir sobre la propuesta de acusación; recuerda que el entonces fiscal general Pavel Zeman, que ha dimitido de su cargo recientemente, ordenó el 4 de diciembre de 2019 la reapertura del caso, alegando deficiencias en la valoración jurídica del fiscal Šaroch;

27.  Manifiesta su profunda preocupación por la presión política ejercida contra los medios de comunicación independientes y las instituciones independientes en la República Checa, que ha sido puesta de manifiesto recientemente por la dimisión del fiscal general, que declaró haber recibido presiones del ministro de Justicia como motivo de su dimisión;

28.  Pide a la Comisión que estudie las vulnerabilidades del sistema judicial checo y que ponga en marcha las medidas necesarias; pide a la Comisión que examine y analice cuidadosamente si se han retirado o cerrado prematuramente otros casos relacionados con miembros del Gobierno checo debido a posibles presiones; pide a la Comisión que mantenga informado al Parlamento sin demora injustificada de sus resultados y conclusiones;

29.  Manifiesta su preocupación por los informes según los cuales el Gobierno checo ya ha pagado más de 150 000 000 CZK a Agrofert con cargo al presupuesto nacional checo durante el período auditado(8); dado que esto puede constituir ayuda estatal ilegal y comprometer la competencia leal en el mercado único de la Unión, así como su integridad, pide a la Comisión que investigue escrupulosamente estos casos de financiación con cargo al presupuesto nacional e informe al Parlamento sobre las conclusiones de la investigación y las medidas adoptadas;

30.  Condena la práctica de retirar proyectos de la financiación de la Unión para financiarlos a cargo del presupuesto nacional tras la detección de irregularidades por parte de la Comisión o del Tribunal de Cuentas Europeo; pide a la Comisión que supervise de cerca y lleve a cabo un análisis jurídico pormenorizado de estos casos, prestando especial atención a las posibles infracciones de las normas sobre ayudas estatales;

31.  Lamenta los comentarios públicos realizados por el primer ministro Babiš en respuesta a la publicación del informe final de auditoría de las DG REGIO y EMPL(9); considera inaceptable que los auditores de la Comisión sean calificados de «mafia» por un miembro del Consejo Europeo;

32.  Condena las observaciones difamatorias del primer ministro Babiš contra las agencias de noticias que informan sobre su conflicto de intereses y las operaciones de sus empresas; señala, a este respecto, sus comentarios negativos sobre el diario Deník Referendum en el Parlamento checo en noviembre de 2020;

33.  Manifiesta su profunda preocupación por el bajo nivel de cumplimiento de las recomendaciones del GRECO contenidas en el Informe de la Cuarta Ronda de Evaluación: solo una de las catorce recomendaciones se ha aplicado satisfactoriamente, siete se han aplicado parcialmente y las seis restantes no se han aplicado en absoluto;

34.  Insta a todos los Estados miembros a que prohíban los casos de pagos de subvenciones por valor de cientos de millones de euros a personas físicas en el marco del nuevo marco financiero plurianual (MFP) y a que avancen hacia la posición del Parlamento de garantizar la plena transparencia y la posibilidad de agregar pagos, así como procedimientos digitales de seguimiento y auditoría a través de las fronteras de los Estados miembros en los programas en régimen de gestión compartida;

35.  Pide al Consejo que, en las negociaciones en curso sobre el Reglamento de la PAC, preste la debida atención a la eficacia presupuestaria y a una distribución más justa y transparente de los pagos directos, que avance hacia la posición del Parlamento de establecer límites específicos por persona física para ambos pilares de la PAC, así como la degresividad, la limitación obligatoria y los pagos redistributivos para garantizar una percepción positiva de la PAC en general por parte de los ciudadanos de la Unión; hace hincapié en que las negociaciones en el Consejo no deben verse afectadas por conflictos de intereses y en que ningún ministro, miembro o representante de un Gobierno nacional debe participar en las negociaciones mientras se vea afectado por un conflicto de intereses; considera inaceptable que el primer ministro Babiš, siendo el titular real del Grupo Agrofert, haya participado en las negociaciones sobre la PAC y luchado contra la limitación de las subvenciones; subraya enérgicamente que los límites máximos por persona física para el primer y segundo pilar de la PAC deben aplicarse de manera uniforme, también a los miembros de los Gobiernos nacionales, a fin de evitar que negocien en el Consejo en beneficio propio;

36.  Desaprueba firmemente las estructuras oligárquicas que aprovechan los fondos agrícolas y de cohesión de la Unión, con el resultado de que una pequeña minoría de beneficiarios reciben la gran mayoría de los fondos de la Unión, y pide a la Comisión, al Consejo y al Consejo Europeo que eviten promover tales estructuras que están reduciendo la competitividad de los pequeños y medianos agricultores y de las explotaciones familiares, que deberían ser los principales beneficiarios de la PAC;

37.  Insiste en su seria preocupación por el hecho de que el primer ministro Babiš se encuentre en un conflicto de intereses al tiempo que participa en la toma de decisiones sobre la adaptación de la PAC a los objetivos generales de la política climática europea, ya que los intereses empresariales del grupo Agrofert podrían prevalecer sobre el interés público en apoyar una agricultura más sostenible y limitar los efectos negativos del cambio climático;

38.  Considera que la ausencia de medidas por parte del Gobierno checo para abordar los conflictos de intereses del primer ministro Babiš repercute negativamente en el funcionamiento de las autoridades públicas checas, incluidas las autoridades policiales y judiciales y los sistemas de gestión y control, así como en el cumplimiento de la legislación de la Unión;

39.  Pide a la Comisión que evalúe la situación mencionada, junto con la influencia del primer ministro Babiš en los medios de comunicación checos y en el sistema judicial, con vistas a detectar infracciones del Estado de Derecho y, si se confirma y sobre la base de sus conclusiones, active a su debido tiempo el mecanismo de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión;

40.  Mantiene su preocupación por la creciente concentración de la propiedad de los medios de comunicación en manos de unos pocos oligarcas(10);

41.  Observa que se están llevando a cabo investigaciones y auditorías, tanto a nivel nacional como europeo, sobre posibles conflictos de intereses y el uso de fondos de la Unión; manifiesta su inquietud por las preocupaciones expresadas en el informe de la Comisión sobre el Estado de Derecho en 2020, de que los casos de corrupción de alto nivel no sean suficientemente perseguidos y que se han detectado algunas lagunas en los marcos destinados a garantizar la integridad de los parlamentarios;

42.  Pide al Consejo y al Consejo Europeo que adopten todas las medidas necesarias y adecuadas para prevenir los conflictos de intereses, de conformidad con el artículo 61, apartado 1, del Reglamento Financiero; expresa su preocupación por el hecho de que el primer ministro checo haya participado activamente, y lo siga haciendo, en las negociaciones sobre el presupuesto y los programas de la Unión mientras se encuentra en situación de conflicto de intereses; pide al Consejo y al Consejo Europeo que expliquen al Parlamento cómo tienen previsto tener en cuenta la participación del primer ministro Babiš en la toma de decisiones relativa al presupuesto de la PAC y de la Unión, y qué medidas van a adoptar, tras la conclusión de los informes de auditoría de la Comisión;

43.  Considera que el caso del conflicto de intereses del primer ministro Babiš también confirma la urgente necesidad de establecer un sistema digital interoperable de información y supervisión de las finanzas de la Unión; lamenta profundamente que los colegisladores no hayan alcanzado un acuerdo satisfactorio sobre las disposiciones que establecen la interoperabilidad de los sistemas informáticos, lo que permitiría una información normalizada y uniforme y fomentaría la cooperación; pide un esfuerzo de todos los actores pertinentes para buscar soluciones igualmente eficaces en aras de una mejor rendición de cuentas;

44.  Pide a la Comisión que vele por que las disposiciones del Reglamento Financiero sobre conflictos de intereses, también en el caso del conflicto de intereses del primer ministro Babiš, se apliquen plenamente en la ejecución del MFP 2021-2027 y de Next Generation EU, de modo que no se realicen pagos a empresas que sean directa o indirectamente propiedad del primer ministro Babiš(11); pide un examen más minucioso de cualquier posible conflicto de intereses, así como de otros elementos relativos al Estado de Derecho, en los planes nacionales de recuperación;

45.  Hace especial hincapié en que los diputados al Parlamento Europeo deben poder llevar a cabo su trabajo sin amenazas y en que los Gobiernos nacionales son responsables de garantizar su protección en sus países de origen;

46.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Consejo y al Gobierno y a las dos Cámaras del Parlamento de la República Checa.

(1) DO L 193 de 30.7.2018, p. 1. (2) DO C 121 de 9.4.2021, p. 1. (3) DO C 388 de 13.11.2020, p. 157. (4) Textos Aprobados, P9_TA(2020)0164. (5) DO L 433 I de 22.12.2020, p. 1. (6) El informe final de auditoría detectó graves deficiencias en el diseño del sistema de control para evitar conflictos de intereses, como demuestran las siete infracciones del artículo 4c de la ley checa relativa a los conflictos de intereses y la alta tasa de error del 96,7 % en la muestra auditada. (7) Informe sobre la misión de investigación de la Comisión de Control Presupuestario (CONT) a la República Checa, del 26 al 28 de febrero de 2020. (8) iROZHLAS: Penam, Lovochemie, Cerea. Česko vyplatilo Agrofertu podle Bruselu na dotacích neoprávněně 155 milionů (Penam, Lovochemie, Cerea. Según Bruselas, Chequia ha pagado a Agrofert 155 000 000 en subvenciones ilegales), 27 de abril de 2021. (9) Euractiv: Czech PM slams EU Commission auditors as ‘mafia’ (El primer ministro checo tacha de «mafia» a los auditores de la Comisión Europea), 26 de abril de 2021. (10) Reporteros sin Fronteras: República Checa, https://rsf.org/es/republica-checa [consultado el 2.6.2021]. (11) La lista de empresas y proyectos aprobados por el Gobierno checo para recibir financiación del Fondo de Transición Justa incluye más de 6 000 000 000 CZK para Lovochemie, una empresa que forma parte del grupo Agrofert, anteriormente gestionada por el actual ministro checo de Medio Ambiente, Richard Brabec.